800 Criterios Jurisprudenciales Procesales Penales Que Todo Abogado Debe Conocer

r»«eN(yiEUX»uKro» Dt&CnkMOCA

800

CRITERIOS

pcí'Ialee;

QUE TODO ABOGADO DEBE CONOCER

DIVISIÓN DE ESTUDIOS JURÍDICOS DE GACETA JURÍDICA

800

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

PROCESALES P£j JALES QUE TODO ABOGADO DEBE CONOCER ESTUDIO INTRODUCTORIO

CÉSAR SAN MARTÍN CASTRO

[MACETA bte^JURiPSCA

Av. Aligamos Oeste N° 526, Uro. Miraflores Miraílores, Lima - Perú / S-(01) 710-8900 www.gacetajuridica.com.pe

800 CRITERIOS JURISPRUDENCIALES PROCESALES PENALES QUE TODO ABOGADO DEBE CONOCER © División de Estudios Jurídicos de Gaceta Jurídica © Gaceta Jurídica S.A. Edición al cuidado de:

Manuel Muro Rojo Con la colaboración de:

Magaly López Arenas Primera edición: octubre 2019 2280 ejemplares Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú 2019-15679 ISBN: 978-612-311-675-0 Registro de proyecto editorial 31501221901131

Prohibida su reproducción total o parcial D. Leg. N° 822 Diagramación de carátula: Martha Hidalgo Rivero Diagramación de interiores: Jennifer P. Gutiérrez Arroyo

Gaceta Jurídica S. A. Av. Angamos Oeste N° 526, Urb. Miraflores Miraflores, Lima - Perú Central Telefónica: (01)710-8900 E-mail: [email protected] www.gacetajuridica.com.pe Impreso en: Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. San Alberto N° 201, Surquillo Lima - Perú Noviembre 2019 Publicado: diciembre 2019

ESTUDIO INTRODUCTORIO

LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES COMO PAUTAS DE ORIENTACIÓN INTERPRETATIVA Por: César SAN MARTÍN CASTRO En el ámbito del Derecho Penal rige preponderantemente el principio de legalidad, de manera tal que solo el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo -este último mediante delegación de funciones- pueden determinar la creación de los tipos penales. Sin embargo, el orden jurídico no está constituido únicamente por un mero orden legal, sino que, antes bien, todas las normas -ya sean constitucionales, infraconstitucionales y supranacionales- deben ser interpretadas para su aplicación racional y eficaz; de esta manera la aplicación de principios no explícitos en la ley es compatible con el principio de legalidad, pues este no debe ser entendido como una interpretación literal de la ley, sino que la mencionada aplicación de la ley requiere una consideración referente a los valores fundamentales del ordenamiento jurídico, teniendo como último referente el respeto irrestricto a la dignidad del ser humano.

Nuestro ordenamiento jurídico, desde luego y en implícito reconocimiento a lo ante­ riormente expuesto, consagra una importancia trascendental a las decisiones de los tribunales. Este reconocimiento ha evolucionado desde una afiliación más o menos explícita al modelo de la jurisprudencia -propio del sistema del dviUaw- hasta la incor­ poración del modelo del precedente o del stare c/ec/5/5-fundamento del sistema del

common law-. En este orden de ideas, es de afirmar que la jurisprudencia tiene una función nomofiláctica, que busca fijar la interpretación más razonable del Derecho objetivo; y, fun­ damentalmente, una función uniformizadora de la jurisprudencia de los tribunales. En esta misma perspectiva, la jurisprudencia vinculante busca establecer preceden­ tes para que estos expresen seguridad jurídica en la interpretación y aplicación de los preceptos legales, en cuya virtud se consolide la tutela del derecho a la igualdad para los justiciables. Es así que, en el contexto actual, se le ha reconocido una importancia fundamental a la jurisprudencia, de tal modo que no es posible defender un caso, o resolver el mismo, sin conocer los pronunciamientos que sobre el objeto de dicho caso hayan emitido los tribunales jurisdiccionales.

Así, por un lado, los abogados, jueces y fiscales deben conocer lo que la jurispruden­ cia haya dicho sobre los temas que día a día ven en su quehacer laboral, y especial­ mente deben saber determinar los alcances de tales pronunciamientos, con el objetivo de dar una solución adecuada a los problemas planteados. Y, por otro lado, los estu­ diantes de Derecho deben conocer cómo los aspectos teóricos que aprenden en cla­ ses son aplicados en la realidad, en casos concretos, con lo que podrán complemen­ tar su formación.

5

ESTUDIO INTRODUCTORIO

Cabe precisar que los criterios jurisprudenciales no solo constituyen pautas de orien­ tación interpretativa sobre determinados institutos, sino que muchas veces se convier­ ten en criterios de obligatorio cumplimiento por contener lineamientos vinculantes para los operadores jurídicos.

Sobre este aspecto, tenemos que son varias las pautas legislativas que en orden a la jurisdicción ordinaria se siguen al respecto, en este caso radicadas en las decisiones de la Corte Suprema:

i)

El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) estipula que, en principio, no cualquier sentencia del Tribunal Supremo puede ser calificada de doctrina juris­ prudencial ni vincular a los tribunales inferiores. Solo lo serán aquellas ejecutorias que trimestralmente la propia Sala Suprema define y únicamente en el ámbito con­ creto -ratío deddendi- que ella misma disponga. La obligatoriedad de los fallos, sin embargo, no es absoluta, pues los jueces y magistrados pueden apartarse de su sentido siempre que lo motiven expresa y especialmente.

¡i) El artículo 80.4 de la LOPJ, modificado por el artículo 2 de la Ley N° 27645, también permite al Supremo Tribunal instituir fallos vinculantes. Para esto se requiere que tri­ mestralmente así lo acuerde la Sala Plena de la Corte Suprema. En este caso, pare­ ciera que ya no cabe que un órgano jurisdiccional inferior pueda apartarse de este tipo de sentencias, pues esa posibilidad, excepcional por su propia naturaleza, solo es viable en los supuestos del artículo 22 de la LOPJ antes citado. El artículo 301-A del Código Procesal Penal (CPP), introducido por el Decreto Legis­ lativo N° 959, a semejanza del artículo Vil del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, estipuló que la Sala Penal de la Corte Suprema, cuando así lo consi­ dere conveniente, puede establecer en una sentencia en particular que una deter­ minada interpretación de la norma jurídica sea vinculante. Esto último significa, ni más ni menos, la afiliación de la ley al modelo del stare decisis, en tanto que los jueces inferiores -Juzgados Penales y Salas Penales Superiores- están obligados a seguir sus directivas. Cabe acotar que similar disposición se encuentra en el artículo 400 del CPP y que, a su vez, está reforzada con un motivo de casación especí­ fico: que el tribunal se aparte de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema (artículo 429.5 del CPP), como reconocimiento de los principios de igual­ dad en la aplicación judicial de la ley y de nomofilaquia, en tanto metas esenciales o tarea privilegiada de todo Tribunal Supremo.

Con ello queda suficientemente clara la importancia que tiene la jurisprudencia y, en ese sentido, sin duda alguna, los libros que sistematizan y ordenan los diversos pro­ nunciamientos jurisprudenciales de las diversas instancias constitucionales y judicia­ les constituyen una herramienta de suma utilidad para todos los operadores del sis­ tema de justicia.

En esa línea se ubica el presente libro, que no solo recopila, sino que sistematiza una cantidad muy importante de pronunciamientos jurisprudenciales sobre el Derecho Procesal Penal. Estamos ante una obra de una innegable utilidad práctica, que se cons­ tituirá en materia de consulta obligada para todos los operadores jurídicos.

6

ESTUDIO INTRODUCTORIO

Particularmente, con esta obra los abogados y fiscales sabrán cómo el órgano decisor, especialmente el de máxima instancia como lo es la Corte Suprema, viene resolviendo los tópicos problemáticos que llegan a su sede y, a su vez, los jueces penales conta­ rán con un instrumento de consulta que les permita evitar la emisión de decisiones en oposición a los criterios jurisprudenciales de la máxima instancia de la justicia ordina­ ria, y evitar también -porque hay que reconocerlo- la posibilidad de emitir decisiones contradictorias, afectando el principio de predictibilidad y la seguridad jurídica.

Otro de los aspectos a resaltar de esta obra es que se ha buscado extraer el criterio jurisprudencial que muestre la decisión que la jurisdicción ha tomado sobre las diver­ sas materias del Derecho Procesal Penal; todo lo cual hace que la obra se aleje de las generalidades y, por el contrario, brinde una respuesta concreta y precisa sobre el tópico procesal penal de que se trate. Así, por ejemplo, se apreciará cómo los princi­ pios del Derecho Procesal Penal pisan tierra y emergen como garantías reales y efec­ tivas ante el poder punitivo. De igual manera, quedan en evidencia los supuestos de aplicación de figuras tales como los medios técnicos de defensa, las medidas coerci­ tivas, la admisión, actuación y valoración del material probatorio, entre otros muchos temas que se abordan en este trabajo.

Por último, cabe agregar que la pauta sistematizadora que se utiliza en esta obra se adecúa al orden que determina el Código Procesal Penal de 2004 para las diversas ins­ tituciones jurídicas procesales penales que regula el citado cuerpo normativo. Con ello se consigue que el lector pueda realizar una consulta más rápida y ágil sobre el tema que desee conocer.

§

1

CAPITULO 1 PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL LA JUSTICIA PENAL La finalidad del proceso penal es la solución del conflicto en el marco de JOOl un debido proceso [L]a finalidad del proceso penal es principalmente la solución de conflictos mediante el pronunciamiento de una decisión, que sea el resultado de un con­ junto coordinado y concatenado de actos procesales donde se hayan cumplido con el mínimo de garantías constitucionales y procesales, pues el justiciable tiene derecho a obtener una decisión judicial motivada, razonada, congruente y res­ petuosa del derecho de defensa, imponiéndole como obligación al operador de justicia analizar los fundamentos de hecho controvertidos en el proceso, para determinar cuáles fueron los hechos alegados, cuáles fueron rebatidos por el acusado, para posteriormente fijarlos a través de la valoración de los medios pro­ batorios aportados por las partes, estableciendo las normas jurídicas que aplicará al caso en concreto y donde subsumirá los hechos fijados. Casación: Concordancia:

N° 281-201 l-Moquegua (16/08/2012). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 8 TP art. I Justicia penal

El principio de legalidad procesal es integrante del debido proceso y J002 establece que los principios procesales son derivados de la Constitución y el propio Código Un principio determinante y base del debido proceso, es el de legalidad proce­ sal (...). La ley es la que en primer lugar informa y es la fuente primordial del orde­ namiento procesal penal. Si esta define acabadamente la situación procesal per­ tinente, si no existen lagunas jurídicas, entonces no cabe acudir a otra norma en vía supletoria o de integración analógica. Los principios del proceso penal nacio­ nal, siempre derivados de la Constitución y del propio Código -entre ellos los de contradicción, oralidad y publicidad-, desde luego, han de ser utilizados como fundamento de interpretación de la normas procesales y, en defecto de norma, pueden aplicarse directamente.

9

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

Casación:

Concordancia:

lili

N° 52-2009-Arequ¡pa (13/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 TPart. I Justicia penal

El debido proceso es una garantía general que dota de rango constitu­ cional a todas aquellas garantías específicas no reconocidas expresa­ mente en la Constitución Esta garantía se encuentra reconocida, conjuntamente con la de tutela jurisdic­ cional, en el inciso tres del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Polí­ tica, y por ser una garantía general dota de rango constitucional a todas aquellas garantías específicas no reconocidas expresamente en la Carta Política, pero que están destinadas a asegurar que el proceso penal se configure como un proceso justo. Por ello se dice que se trata de una cláusula de carácter residual o subsidia­ rio, en cuya virtud comprende fundamentalmente las garantías de justicia especí­ ficas previstas en la legislación ordinaria y en los Instrumentos Internacionales de Derecho Humanos. No resulta por tanto correcto, incluir en el derecho al debido proceso a las cláusulas de garantías específicas ya contenidas en la Constitución. Casación:

Concordancia:

J004

N° 14-2009-La Libertad (05/02/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 7 TP art. I Justicia penal

El principio de seguridad jurídica es una garantía de todo el ordena­ miento Jurídico El principio de la seguridad jurídica es un principio que puede derivarse de diver­ sas disposiciones constitucionales (tales como el artículo 2, inciso 24, parágra­ fos a y d; artículo 139, inciso 3 de la ConstituciónjrSiendo definida como la garan­ tía que informa a todo el ordenamiento jurídico y consolida la interdicción de la arbitrariedad, pues permite afirmar la predictibilidad de las conductas (en espe­ cial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos previamente determina­ dos por el Derecho. Recurso de Nulidad; N° 135-2015-lca (13/06/2016). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 1.6 Concordancia: TP art. I Justicia penal

El principio de gratuidad en la administración de Justicia procura sal­ vaguardar la igualdad entre las partes y la igualdad de armas (doctrina legal vinculante) Cabe afirmar que el principio de gratuidad en la administración de justicia se constituye en un mecanismo de realización del principio-derecho de igualdad, establecido en el artículo segundo inciso segundo de la Constitución Política del

LA JUSTICIA PENAL

CAR

1

Estado, por cuanto debe procurarse que las diferencias socioeconómicas entre los ciudadanos no sean trasladadas al ámbito del proceso judicial, en el cual las controversias deben ser dilucidadas con pleno respeto al principio de igualdad entre las partes y a la igualdad de armas, de modo que el hecho de que una de ellas cuente con mayores recursos económicos que la otra no devenga necesa­ riamente en una ventaja que determine que la autoridad jurisdiccional vaya a resolver a su favor. Casación: Concordancia:

N° 171-2011-Lima (16/08/2012). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 12 TP art. I Justicia penal

Constituye una afectación al debido proceso cuando el proceso se rea­ J006 liza por Jueces y fiscales sin rostro Que si bien en sede preliminar e intermedia los testigos (...) sindicaron de alguna forma la pertenencia del encausado a dicha organización, estas, en el caso de (...) se dieron -en etapa preliminar (...), respectivamente- frente a fiscales con iden­ tidad secreta denominados "sin rostro"; que en este sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sostenido que los actos judiciales desarrollados por jueces y fiscales con identidad secreta conllevan (...) una serie de restricciones que los hacen violatorios del debido proceso legal; que, por consiguiente, dichas testimoniales carecen de valor probatorio y, por tanto, de virtualidad procesal. Recurso de Nulidad: N° 3534-2009-Lima (20/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3. Concordancia: TP art. I Justicia penal

Debe reducirse la pena del condenado si su proceso duró más de lo J007 debido Es evidente que el plazo transcurrido es excesivo, por lo que, a la luz de la juris­ prudencia sistemática en torno a este tema y del control de convencionalidad, correspondería efectuar una rebaja proporcional en las penas impuestas, que compense la dilación del proceso. Recurso de Nulidad: N° 2089-2017-Lima (28/02/2018). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 1. Concordancia: TP art. I Justicia penal

Expedición de copias de la carpeta fiscal es gratuita si se acredita esca­ J008 sos recursos del beneficiario Cabe afirmar que el principio de gratuidad en la administración de justicia se constituye en un mecanismo de realización del principio-derecho de igualdad,

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

establecido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, por cuanto debe procurarse que las diferencias socioeconónnicas entre los ciudada­ nos no sean trasladadas al ánnbito del proceso judicial, en el cual las controversias deben ser dilucidadas con pleno respeto al principio de igualdad entre las partes y a la igualdad de armas, de modo que el hecho de que una de ellas cuente con mayores recursos económicos que la otra no devenga necesariamente en una ventaja que determine que la autoridad jurisdiccional vaya a resolver a su favor. Consideraciones por las que debemos fijar como criterio rector que: el Minis­ terio Público expida copias de las actuaciones principales, siempre y cuando la defensa técnica cumpla con acreditar la condición específica del beneficiario y adjuntar la verificación socioeconómica del beneficiario. Casación:

Concordancia:

N° 172-2011 -Lima (17/07/2012). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 11,12 y 13 TP art. I Justicia penal

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA J009

La garantía de la presunción de inocencia implica que solo se puede condenar con la existencia de pruebas vinculadas referidas a los hechos objeto de imputación Uno de los elementos que integra el contenido esencial de la presunción de ino­ cencia como regla de prueba es que la actividad probatoria realizada en el pro­ ceso sea suficiente -primer párrafo del artículo dos del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal- Ello quiere decir, primero que las pruebas -así conside­ radas por la ley y actuadas conforme a sus disposiciones- estén referidas a los hechos objeto de imputación -al aspecto objetivo de los hechos-y a la vincula­ ción del imputado a los mismos, y segundo, que las pruebas valoradas tengan un carácter incriminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo condenatorio. Casación: Concordancia:

J010

N° 10-2007-Trujillo (29/01/2008). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 TP art. 11 Presunción de inocencia

Corresponde a los tribunales de mérito -primera y segunda instanciasla valoración de la presunción de inocencia Corresponde a los Tribunales de Mérito -de primera instancia y de apelación- la valoración de la prueba respecto a la presunción de inocencia, de suerte que úni­ camente está reservado a este Tribunal de Casación apreciar si de lo actuado en primera y segunda instancia, en atención a lo expuesto en el fallo de vista, la exis­ tencia de un auténtico vacío probatorio.

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Casación:

Concordancia:

CAR

1

N° 14-2009-La Libertad (05/02/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 TP art. II Presunción de inocencia

Principio del in dubio pro reo opera en el área de valoración de la prueba J011 y no es susceptible de control casatorio Cuestiona propiamente el carácter incriminatorio de los referidos elementos de prueba -sindicación de las menores agraviadas- y su vinculación con los mis­ mos, aspectos que están directamente relacionados con la suficiencia de la acti­ vidad probatoria y, por ende, con la garantía de presunción de inocencia -cuyo contenido esencial implica que la actividad probatoria realizada en el proceso sea suficiente, es decir, primero, que las pruebas estén referidas a los hechos objeto de imputación y a la vinculación del imputado a los mismos, y, segundo, que las pruebas valoradas tengan un carácter incriminatorio y, por ende, que pue­ dan sostener un fallo condenatorio-, no al ¡n dubio pro reo-principio de carác­ ter procesal, que funciona en el área de valoración de la prueba, que es de exclu­ siva incumbencia del Tribunal de mérito y no susceptible de control casatorio- y menos está vinculada a la garantía del debido proceso. Casación:

Concordancia:

N° 49-2009-Tacna (23/04/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 10. TP art. II Presunción de inocencia

Cuando existe equilibrio entre pruebas de cargo y descargo es de apli­ cación el principio del in dubio pro reo Que frente a la directa imputación de las agraviadas y la no menos firme negativa de los imputados, y aun cuando no constan datos previos que revelen la realidad de una sindicación basada en el error o en motivos espurios, también se tiene que la versión de los imputados están avaladas por constancias de trabajo, no cabe otra conclusión razonable que entender que se presenta un equilibrio de pruebas de cargo y de descargo, lo que hace viable aplicar el principio del in dubiopro reo y, por tanto, aprobar la sentencia absolutoria al no haberse enervado, más allá de toda duda razonable, la presunción constitucional de inocencia (...). Recurso de Nulidad: N° 2266-2019-lca (28/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Concordancia: TP art. II Presunción de inocencia

lili

CAP.

1

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

El principio del in dubio pro reo es una norma de interpretación El principio in dubio pro reo se dirige al Juzgador como una norma de interpreta­ ción, para establecer aquellos casos en que se ha desarrollado una actividad pro­ batoria normal, si las pruebas dejasen una duda en el ánimo del Juzgador sobre la existencia de la culpabilidad del procesado, deberá por humanidad y por justi­ cia absolvérsele, situación que se evidencia en el presente caso. Recurso de Nulidad: N° 3324-2010-P¡ura (31/01/2012). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Concordancia: TP art. II Presunción de inocencia

J014

Presunción de inocencia y principio in dubio pro reo inciden en la valora­ ción probatoria del juez Tanto la presunción de inocencia como la favorabilidad por duda (/n dubio pro reo), inciden en la valoración probatoria del juez ordinario. En el primerease, bajo una perspectiva objetiva, supone que a falta de pruebas aquella no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume; y, en el segundo caso, bajo una perspec­ tiva subjetiva, supone que la actuación probatoria no ha sido suficiente para des­ pejar la duda respecto a la responsabilidad atribuida. Recurso de Nulidad: N° 1224-2017-Cuzco (04/04/2018). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 3.9 Concordancia: TP art. II Presunción de inocencia

J015

Examen de la presunción de inocencia importa un triple control En atención a la relación entre motivación fáctica y presunción de inocencia, es de acotar que el examen de esta última garantía importa un triple control; jui­ cio sobre la prueba, juicio sobre la suficiencia y juicio sobre la motivación y su razonabilidad. Casación: Concordancia:

J 016

N° 129-2017-Lambayeque (04/10/2017). Sala Penal Permanente. Fundamento 1 TP art. II Presunción de inocencia

Se considera insuficiencia probatoria cuando no se logre demostrar todo lo que se imputa Siempre que la prueba no logre demostrar todo lo que se imputa, estaremos ante un supuesto de insuficiencia probatoria que exige la absolución en virtud del derecho a la presunción de inocencia. Una solución contraria solo desem­ bocaría en infracción de norma constitucional y convencional que acarrea la nulidad de la sentencia, si es cuestionada en sede constitucional; o incluso la

14

condena del Estado peruano por infracción a la Convención interamericana de Derechos Humanos. Recurso de Nulidad: N° 349-2016-L¡ma Sur (09/10/2017). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 4 Concordancia: TP art. II Presunción de inocencia

Si las pruebas de cargo y de descargo guardan equilibrio, debe aplicarse el principio /n dubio pro reo

lili

Existe, pues, una duda fundada en relación a la entidad de prueba de cargo, que debe tener un alcance razonable para enervar la presunción de inocen­ cia y legitimar una sentencia condenatoria. Las pruebas de descargo guar­ dan equilibrio con las de cargo, luego, no cabe sino aplicar el principio del in dubio pro reo, como regla de juicio, ni superada en el presente caso, de la presunción de inocencia: convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable. Recurso de Nulidad: N° 130-2015-Lima (18/05/2016). Sala Penal Transitoria. Fundamento 6 Concordancia: TP art. II Presunción de inocencia

NE BIS IN IDEM El principio de ne bis in Ídem es aplicable también a los autos que ponen J018 fin al proceso El principio de nebisinidemv}Qse circunscribe únicamente a las sentencias defi­ nitivas sino que comprende todos ios autos que ponen final proceso. Es así que la resolución de sobreseimiento y la declaración de consentimiento ostentan la condición jurídica de cosa juzgada cuyo carácter es inimpugnable, inmutable e inoponible, por las razones expuestas. En consecuencia, se debe declarar no haber nulidad en la resolución cuestionada. Recurso de Nulidad: Concordancia:

N° 135-2015-lca (13/06/2016). Sala Penal Transitoria. Fundamento 1.6 TP art. III Interdicción de la persecución penal múltiple

El principio del ne bis in Ídem tiene mayor amplitud que la cosa Juzgada J019 En doctrina se reconoce el principio del ne bis in ¡dem, el mismo que posee mayor amplitud que el de la cosa juzgada, pues no solo comporta la prohibi­ ción de una persecución subsiguiente -esto es cuando la imputación ya ha sido materia de pronunciamiento final por parte del órgano jurisdiccional-; sino que

CAP.

1

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

también se encuentra referido a la prohibición de una persecución paralela, es decir que la persona sea perseguida al mismo tiempo en dos procesos diferentes. Casación:

Concordancia:

J020

N° 215-2011-Arequipa (12/06/2012). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5.2 TP art. III Interdicción de la persecución penal múltiple

No se pueden aplicar múltiples normas sancionadoras a una misma persona o enjuiciarla por el mismo hecho que cuenta con cosa Juzgada El derecho a no ser sancionado dos veces por un mismo hecho o el de no ser procesado dos veces es parte de la garantía genérica del debido proceso y tiene íntima relación con los principios de legalidad y de proporcionalidad, por lo que no se puede aplicar múltiples normas sancionadoras a una misma per­ sona o enjuiciarla por el mismo hecho por el cual se expidió una resolución con efecto de cosa juzgada; que este principio resulta de aplicación cuando concu­ rren los presupuestos de identidad de hecho, identidad de sujeto y unidad de fundamento. Recurso de Nulidad: N° 561-2011-Lima Sur (18/05/2016). Sala Penal Transitoria Concordancia: TP art. III Interdicción de la persecución penal múltiple

J021

El principio de imputación necesaria requiere una verificación de los elementos y los presupuestos de la imputación penal por el órgano jurisdiccional La imputación que se alude, supone la atribución de un hecho punible, fun­ dado en el factum correspondiente, así como en la legis atinente y sostenido en la prueba, presupuestos que debe ser inescrupulosamente verificados por el órgano jurisdiccional que ejerciendo la facultad de control debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los cargos sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar juicios razonables. No es suficiente la simple enunciación de los supuestos de hecho contenidos en las normas penales; estos deben tener su correlato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados. Recurso de Nulidad: N° 956-2011 -Ucayali (21/03/2012). Sala Penal Transitoria. Prece­ dente vinculante: fundamentos 4 y 5 Concordancia: TP art. IV Titular de la acción penal TP art. IX Derecho de defensa

16

COMPETENCIA JUDICIAL

CAP.

El principio acusatorio le otorga la atribución al Ministerio Público para acusar La primera de las características del principio acusatorio guarda directa relación con la atribución del Ministerio Público, reconocida en el artículo ciento cin­ cuenta y nueve de la Constitución Política del Estado, de ejercitar la acción penal, siendo exclusiva su potestad de incoar la acción penal y de acusar, por lo que a falta de esta, el proceso debe llegar a su fin; que, siendo así, la inexistencia de acu­ sación impide cualquier emisión de sentencia condenatoria, máxime si en el caso de autos, la Fiscal Adjunta Suprema en lo Penal tuvo la opción de revocar el dic­ tamen (...) o en todo caso, solicitar la ampliación de la instrucción; en consecuen­ cia, al haberse desistido la titular de la acción penal de formular acusación, el pro­ ceso debe llegar a su fin. Recurso de Nulidad: N° 1764-2009-Cusco (06/07/2010). Sala Penal Transitoria. Funda­ mentos 4 y 5 Concordancia: TP art. IVTitular de la acción penal

Juez pierde la imparcialidad al anular un fallo con el pretexto de conti­ J023 nuar la búsqueda de la verdad Pensar que se puede anular una sentencia para reiniciar la fase probatoria o ampliarla implica desconocer la carga probatoria que pesa sobre el Ministerio Público, supone además una infracción a la imparcialidad judicial que exige al Juzgador no tomar partido ni por la parte acusadora ni por la parte acusada. Un juez que anula un fallo so pretexto de continuar la búsqueda de la verdad, es un juez que toma la actitud de una parte procesal, ya sea de la defensa o de la parte acusadora, y con ello pierde su imparcialidad y desconoce la carga probatoria que en el proceso penal recae en el Ministerio Público. Recurso de Nulidad: N° 349-2016-Lima Sur (09/10/2017). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 15 Concordancia: TP art, IVTitular de la acción penal

COMPETENCIA JUDICIAL Las normas de competencia son un presupuesto procesal de la garantía J024 procesal del juez legal (precedente vinculante) Que, ahora bien, el segundo párrafo del numeral tres del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución, consagra entre otras garantías procesales la del Juez legal -denominado por un sector de la doctrina "Juez natural", bajo el enun­ ciado "ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley (...)"; que la predeterminación legal del Juez no es otro que el Juez

CAP.

1

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

territorial, objetiva y funcionalmente competente, de modo tal que las normas sobre competencia se erigen en un auténtico presupuesto procesal, aun cuando es de rigor aclarar que no necesariamente, por ejemplo, el incumplimiento de las reglas sobre competencia territorial vulneran esta garantía, salvo -desde luegoque infrinjan la independencia judicial o el derecho al debido proceso. Recurso de Nulidad: N° 2448-2005-Lima (12/09/2005). Sala Penal Permanente. Prece­ dente vinculante: fundamento 6 Concordancia: TP art. V Competencia judicial TP art. IX Derecho de defensa

J025

Juez penal tiene control de legalidad sobre el ejercicio de la acción penal Ante una denuncia penal y conforme ha sostenido el tratadista San Martín Castro: "El Juez Penal tiene un control de legalidad sobre el ejercicio de la acción penal, por lo que el procesamiento de quien resulte emplazado por el Fiscal requiere autorización o decisión judicial. Sin embargo, esa autorización o resolución judi­ cial no es automática, el Juez no actúa como simple receptor del procesamiento dispuesto por el Ministerio Público. En su misión de garante de ios derechos indi­ viduales de las personas especialmente de quienes están sujetas a una persecu­ ción penal, el juez debe evaluar si la promoción de la acción penal se amolda a los requisitos que establece la ley procesal, es decir, le corresponde un papel de defensor del ordenamiento jurídico". Expediente:

Concordancia:

J 026

N° 34432-2010-1 (14/09/2011). Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Fundamento IV.4.1 TP art. V Competencia judicial

Derecho a ser Juzgado por un juez o tribunal independiente e imparcial El derecho a ser juzgado por un juez o tribunal independiente e imparcial es una garantía fundamental del debido proceso. Si bien la independencia y la imparcia­ lidad están relacionadas, ambas tienen un contenido jurídico propio. En ese sen­ tido, la Corte Interamericana ha precisado que "uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independen­ cia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. Expediente:

Concordancia:

N° 00156-2012-PHC/TC-Lima (08/08/2012). Tribunal Constitucional. Fundamento 49 TP art. V Competencia judicial

ULTRAACTIVIDAD BENIGNA PROCESAL

CAP. 1

ULTRAACTIVIDAD BENIGNA PROCESAL El principio de ultraactividad favorable al reo está vinculada a la norma J027 penal y no procesal El procesado recurrente al respecto, considera que debe aplicarse el principio de ultraactividad favorable de la norma procesal penal, conforme a la reiterada juris­ prudencia del Tribunal Constitucional. No obstante, es de señalarse que el tema propuesto no reviste especial interés casacional que amerite efectuar pronun­ ciamiento a este Supremo Tribunal, no solo porque la aplicación del principio de ultractividad benigna está taxativamente regulada en el artículo ocho [Vil] del Código Penal, sino además, porque está establecido que la aplicación favorable al reo solo está vinculada a la norma penal y no procesal, siendo esta última de aplicación inmediata a su vigencia Casación:

Concordancia:

N° 142-2015-Lima (21/08/2015). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 TP art. Vil Vigencia e interpretación de la ley procesal penal

LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA La prueba irregular es una modalidad de la prueba ilícita

J028

En ese sentido, se debe precisar la distinción de la prueba cuya ilicitud se origina en la infracción de una norma legal procesal ordinaria o infraconstitucional -la cual a su vez puede formar parte, como una expresión específica, del conjunto de garantías derivadas de otro derecho fundamental- sea para su obtención o práctica, esto es aquella cuyo desarrollo no se ajusta a las previsiones o al proce­ dimiento previsto en la ley. En este supuesto nos referimos a una prueba irregu­ lar, la cual no es una categoría distinta de la prueba ilícita, sino una modalidad de esta última. Casación: Concordancia:

N° 591-2015-Huánuco (17/05/2017). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 15 TP art. VIII Legitimidad de la prueba

La comunicación entre dos personas no es prueba ilícita si se cumplen J029 los requisitos necesarios No se está ante una prueba prohibida: i) Tanto porque se trató de una conversa­ ción entre dos personas, una de las cuales era el interlocutor que aceptó efectuar esa llamada, no intervino un tercero ajeno a la conversación, por lo que existe una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, y el contenido de la conversación no era íntimo o privado; ii) cuanto porque se está ante un delito

19

CAP. 1

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

de tracto sucesivo por lo que no se indujo al imputado a delinquir, iii) Tratándose de una conversación entre dos personas -una de las cuales aceptó la grabaciónno se necesitaba autorización judicial -la espontaneidad de uno de los interlocu­ tores no está en discusión- iv) No es ilícito por lo demás, que la autoridad inste a uno de los imputados a tener una conversación con otro de los partícipes en el delito y que esa conversación se grabe. Recurso de Nulidad: N° 2076-2014- Lima Norte (26/04/2016). Sala Penal Transitoria. Fun­ damento 6 Concordancia: TP art. VIII Legitimidad de la prueba

lili La prueba prohibida garantiza a las personas que el medio probatorio obtenido mediante la vulneración de algún derecho fundamental sea excluido

En la sentencia recaída en el Expediente N° 00655-2010-PHC/TC, este Tribu­ nal Constitucional dejó sentado que la prueba prohibida es un derecho fun­ damental que no se encuentra expresamente contemplado en la Constitu­ ción, que garantiza a las personas que el medio probatorio obtenido mediante la vulneración de algún derecho fundamental sea excluido en cualquier clase de procedimiento o proceso para decidir la situación jurídica de una persona, o que prohíbe que este tipo de prueba sea utilizada o valorada para decidir la situación jurídica de una persona. En este sentido, debe destacarse que la admisibilidad del medio probatorio en cualquier clase de procedimiento o pro­ ceso no se encuentra únicamente supeditada a su utilidad y pertinencia, sino también a su licitud. También se ha considerado que la prueba prohibida es un límite al ejercicio del derecho fundamental a la prueba. A este respecto, en la STC 06712-2005-PHC/ TC, este Tribunal precisó, entre otras cosas, que el medio probatorio debe ser lícito, es decir que no "pueden admitirse medios probatorios obtenidos en con­ travención del ordenamiento jurídico", pues se trata de supuestos de prueba prohibida. En sentido similar, en la RTC 02333-2004-HC/TC este Tribunal destacó que "el derecho a la prueba se encuentra sujeto a determinados principios, tales como que su ejercicio se realice de conformidad con los valores de pertinencia, utilidad, oportunidad y licitud. Ellos constituyen principios de la actividad proba­ toria y, al mismo tiempo, límites a su ejercicio, derivados de la propia naturaleza del derecho. Expediente:

Concordancia:

20

N° 01601-2013-PHC/TC (15/08/2015). Sala Primera del Tribunal Constitucional. Fundamentos 20 y 21 TP art. VIII Legitimidad de la prueba

DERECHO DE DEFENSA

CAR

Ausencia del fiscal resta credibilidad a la diligencia y la autorización judicial Que como mediaron acciones de inteligencia y se contaba con información ade­ cuada del lugar utilizado para acciones de tráfico de drogas, la ausencia del fiscal resta credibilidad a la diligencia y, en especial, la autorización judicial, que incluso le resta legitimidad que es anterior y prerrequisito de la fiabilidad probatoria.

En efecto, los imputados han negado autorización personal para la entrada y registro del inmueble, por lo que la carga de la prueba recae en la policía. No hay evidencia objetiva externa, distinta de la versión de los propios efectivos poli­ ciales, que confirme que los titulares del derecho de exclusión permitieron el ingreso y registro del predio. Recurso de Nulidad: N° 1589-2013-Lima (06/08/2013). Sala Penal Transitoria. Fundannento 8 Concordancia: TP art. VIII Legitimidad de la prueba

El derecho de defensa se efectiviza a través de un proceso dialéctico, por el cual la sospecha es sometida a debate inculpatorio y exculpatorio

liBI

El inciso catorce del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución reconoce la garantía de defensa procesal. Es una garantía, desarrollada legalmente en el artículo IX del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal, que importa que todo justiciable pueda tomar posición frente a los reproches o cargos formu­ lados en su contra y que se consideren en la obtención de la sentencia los pun­ tos de vista sometidos a discusión; es decir, permite instrumentalmente el escla­ recimiento de la sospecha mediante un proceso dialéctico, en el que se pone a debate aspectos inculpatorios y exculpatorios, así como los argumentos y contra argumentos ponderados entre sí. Casación:

Concordancia:

N° 14-2009-La Libertad (05/02/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 9 TP art. II Presunción de inocencia TP art. IX Derecho de defensa

El derecho de defensa es un derecho-regla de la tutela procesal efectiva La defensa de una persona es un elemento también clave de la configuración de la tutela procesal efectiva, puesto que un proceso no puede considerarse como respetuoso de la persona si no se le permite la posibilidad de presentar sus argu­ mentos, estrategia y elementos de respaldo jurídico necesarios. Así la defensa también es un derecho-regla de la tutela procesal efectiva.

lili

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

Casación:

Concordancia:

J034

N° 281-201 l-Moquegua (16/08/2012). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.2 TP art. IX Derecho de defensa

La parte civil no goza del derecho de defensa La parte civil cuestiona el extremo de la sentencia que absuelve a [los encausa­ dos] de la acusación fiscal formulada por los delitos de terrorismo y terrorismo agravado; al respecto, se tiene que a los referidos encausados, en el juicio oral, se les desvinculó del tipo penal de la acusación escrita y se recalificó sus conductas como autores del delito de afiliación terrorista, situación que no vulneró el dere­ cho de defensa de la parte agraviada como se alega, pues este derecho consti­ tucional lo ejercita el imputado y su abogado defensor, ya sea de forma verbal o escrita, ante la autoridad competente, por lo tanto, ese derecho no es atribuidle a la parte civil, a quien no se le imputa la comisión del delito, todo lo contrario, es la víctima de esa acción ilícita. Recurso de Nulidad: N° 4728-2006-L¡ma (14/05/2006). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 10 Concordancia: TP art. IX Derecho de defensa

J035

Afectación de la garantía genérica de la tutela Jurisdiccional y la garantía de defensa procesal cuando hay falta de actuación probatoria Que, en tal sentido, es claro advertir tanto la vulneración a la garantía de moti­ vación, que integra el contenido constitucionalmente garantizado de la garantía genérica de la tutela jurisdiccional, como la garantía de la defensa personal, espe­ cíficamente del derecho fundamental a la prueba; que existe falta de actuación probatoria que corrobore acabadamente los conceptos sobre los que se habría efectuado la apropiación del dinero por parte de los encausados y a cuánto ascendería el perjuicio que se sostiene se ocasionó a la agraviada, así como a los caudales de que fuente de financiamiento se le dio una aplicación definitiva dife­ rente para la que estaba destinada afectando el servicio o la función encomen­ dada, a fin de establecer válidamente con certeza la responsabilidad o inocencia de los encausados respecto de los ilícitos materia de imputación. Recurso de Nulidad: N° 5035-2008-Apurímac (28/09/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Concordancia: TP art. IX Derecho de defensa

garantía de la defensa procesal se afecta cuando no existe conexión lili La lógica jurídica entre hechos y una relación de evidencias En la acusación solo existe un detalle de hechos y una relación de evidencias, sin la necesaria conexión lógico-jurídica, así como tampoco la correspondiente

DERECHO DE DEFENSA

CAP. 1

argumentación en torno a la relevancia típica de las mismas, lo que impide un conocimiento adecuado de los cargos -que involucra conocimiento del hecho, de las evidencias y del derecho invocado-, es evidente que se ha restringido irra­ zonablemente la garantía de defensa procesal (...) presupuesto de esta garantía es el conocimiento de la acusación, el cual entraña el acceso no solo a los materiales de hecho que justifican los cargos, sino que estos últimos tengan determinadas condiciones que permitan la eficacia del mismo, tales como que se describa con precisión los hechos objeto de imputación, se mencione razonadamente los ele­ mentos de convicción pertinentes, y se incorpore el derecho objetivo invocado. Recurso de Nulidad: N° 3013-2009-Apurímac (13/09/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Concordancia: TP art. IX Derecho de defensa

Omisión de valorar motivadamente las pruebas aportadas por las par­ J037 tes vulnera el derecho a la prueba y el debido proceso De los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba uno está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De lo cual se deriva una doble exigencia para el Juez; en primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo establecido en las leyes pertinentes; en segundo lugar, la exigencia de que dichas pruebas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razona­ bles. Por ello, la omisión injustificada de la valoración de una prueba aportada por las partes, respetando los derechos fundamentales y las leyes que la regulan, comporta una vulneración del derecho fundamental a la prueba y, por ende, al debido proceso. Casación:

Concordancia:

N° 281-201 l-Moquegua (16/08/2012). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.2 TP art. IX Derecho de defensa

El derecho a la prueba comprende el ofrecer los medios probatorios per­ tinentes (doctrina Jurisprudencial vinculante) No obstante, es menester considerar que el derecho a la prueba apareja la posi­ bilidad de postular, dentro de los límites y alcances que la Constitución y las leyes reconocen, los medios probatorios pertinentes para justificar los argumentos que el justiciable esgrima a su favor. Por ello, no se puede negar la existencia del derecho fundamental a la prueba. Constituye un derecho básico de los jus­ ticiables producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pre­ tensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en

23

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

un proceso o procedimiento tienen el derecho de producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. Casación:

Concordancia:

J 039

N° 281-201 l-Moquegua (16/08/2012). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.3 TP art. IX Derecho de defensa

El derecho a la prueba exige que el juez valore las pruebas ofrecidas (doctrina legal vinculante) De los elementos que forman parte del contenido del derecho a la prueba uno está constituido por el hecho de que las pruebas actuadas dentro del proceso penal sean valoradas de manera adecuada y con la motivación debida. De lo cual deriva una doble exigencia para el Juez; en primer lugar, la exigencia del Juez de no omitir la valoración de aquellas pruebas que son aportadas por las partes al proceso dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales y a lo esta­ blecido en las leyes pertinentes; segundo lugar, la exigencia de que dichas prue­ bas sean valoradas motivadamente con criterios objetivos y razonables. Casación:

Concordancia:

J 040

N° 281-2011-Moquegua (16/08/2012). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.3 TP art. IX Derecho de defensa

No se vulnera el derecho de defensa si se deniega la participación del abogado interconsulta por no ser asociado del estudio jurídico que patro­ cinaba al procesado No obstante, no se advierte transgresión al derecho de defensa del recurrente, pues el abogado de su elección, encargado de ejercer su derecho de defensa, que solo puede ser uno conforme al artículo ochenta y dos del Código Proce­ sal Penal, realizó su defensa con normalidad. Además, el recurrente consintió la resolución que denegaba la participación del abogado interconsulta, conforme consta a fojas ciento dieciocho, es más, la defensa continuó, el juicio oral con nor­ malidad, no dejando en estado de indefensión ai recurrente, incluso presentó dos abogados defensores, conforme consta a fojas ciento diecisiete, advirtiéndose que su derecho de defensa fue garantizado en el proceso seguido en su contra. Casación: Concordancia:

J041

N° 197-2011-Puno (13/06/2013). Fundamento 13 TP art. IX Derecho de defensa Art. 82 Designación de abogado defensor

Se vulnera el derecho de defensa por una notificación omitida o errónea La de defensa procesal, uno de cuyos derechos instrumentales es la de dar opor­ tunidad efectiva a las partes para que puedan ejercer sus derechos e intereses

DERECHO DE DEFENSA

CAP.

1

legítimos -formulando, dentro de la ley, peticiones, medios de defensa técnica, medios de prueba, oposiciones y alegaciones finales- para lo cual el procedi­ miento respectivo, en sus pasos esenciales, debe ser materia de previa notifi­ cación -las resoluciones que impulsen el procedimiento, como es elemental, deben ser notificadas a las partes que tomen conocimiento del estado de la causa y puedan actuar en su consecuencia- El incumplimiento de estas exigen­ cias básicas, sin duda, afecta la eficacia del proceso y conlleva a su nulidad, en tanto en cuanto no sea posible una subsanación del acto viciado. Recurso de Nulidad: N° 2490-2016-Lima (15/12/2016). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 3 Concordancia: TP art. IX Derecho de defensa

Existe vulneración al derecho de defensa si no se permite al imputado J042 conferenciar con su abogado El uso de la videoconferencia, per se, no resulta incompatible con los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación (principios del juicio oral). No obstante su utilización -cuando corresponda- no puede significar una vul­ neración de garantías básicas del proceso penal, como sucede con el derecho de defensa; lo cual, se presentaría si no se permite que el acusado conferencie con su abogado defensor en el lugar donde se encuentre y/o que sea asesorado por el mismo. Contrariamente, un órgano jurisdiccional que garantiza el respeto de derechos procesales básicos como el referido coadyuva a que la legitimidad de la videoconferencia se optimice. Recurso de Nulidad: N° 999-2016-Loreto (20/06/2017). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6.2.6 Concordancia: TP art. IX Derecho de defensa

El derecho de defensa en su vertiente de ofrecer medios probatorios J043 no puede ser restringido por incumplimiento parcial de una formalidad El Juez de Investigación Preparatoria, debe garantizar que las partes procesales ingresen al juicio oral con los medios de prueba necesarios para acreditar su pre­ tensión o contradecirla. La negación fundada en razones estrictamente formalis­ tas o que surjan de un error no constituye justificación suficiente para limitar el derecho al ofrecimiento de pruebas que le asiste a los sujetos procesales. Casación:

Concordancia:

N° 864-2016-Del Santa (27/09/2017). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5.4 TP art. IX Derecho de defensa

25

PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

Se vulnera el derecho de defensa cuando no se corre traslado la impug­ nación del Ministerio Público La Sala Superior inobservó lo prescrito en los numerales 1 y 2 del artículo 420 del Código Procesal Penal, debido a que admitió el recurso de apelación inter­ puesto por el representante del Ministerio Público sin correr traslado a las partes procesales por el plazo de 5 días, a fin de otorgarles la oportunidad de contra­ decir lo alegado por el impugnante, plazo prudencial para preparar la estrategia de defensa que debe tener todo justiciable; no obstante, la referida Sala consi­ deró que, por "tratarse de un proceso urgente", que no está previsto en el nuevo Código Procesal Penal, señaló fecha para la audiencia pública, decisión que si bien fue notificada al investigado, sin embargo, esta es defectuosa al vulnerarse su derecho de defensa, ai no transcurrir dicho plazo conforme a ley, teniendo 2 días de los 5 computado por la ley procesal. Casación: Concordancia:

J045

N° 326-2016-Lambayeque (23/11/2016). Sala Penal Permanente. Fundamento 5.4 TP art. IX Derecho de defensa

Se debe garantizar el derecho a la prueba pertinente si ha sido ofrecida conforme a las formalidades y el momento procesal Que el derecho a la prueba pertinente está ligado al derecho de defensa. No se puede ejercer tal derecho si no se permite a las partes llevar al proceso los medios que puedan justificar los hechos que han alegado; siempre que a) la prueba haya sido solicitada en la forma y momento procesalmente establecido, b) sea pertinente, es decir, debe argumentarse de forma convincente y adecuada el fin que persigue, y c) que la prueba sea relevante. Casación:

Concordancia:

J046

N° 09-2007-Huaura (18/02/2008). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 TP art. IX Derecho de defensa

El tiempo para preparar la defensa es razonable tratándose de un medio de prueba conocido por el abogado defensor El aludido diagnóstico no fue sorpresivo para la defensa del imputado, pues del mismo ya se había venido defendiendo, siguiendo una línea argumentativa uni­ forme y coherente de que no era autor del abuso sexual; que, además, revisa­ das las actas de las sesiones de audiencia privada, fluye que después de haberse recabado el reconocimiento médico ampliatorio y leída las conclusiones del mismo, se suspendió la continuación de la misma para que los autores de dicho informe médico pudieran ser interrogados precisamente por el abogado defen­ sor del encausado; que, no era necesario otorgarle más tiempo que el conce­ dido, pues no era un medio de prueba sorpresivo ni mucho menos ajeno a los

DERECHO DE DEFENSA

CAP.

1

argumentos incriminatorios o que no hayan sido objeto de cuestionamiento por parte del abogado defensor del imputado a lo largo de todo el proceso. Casación:

Concordancia:

N° 77-2012-Cusco (26/06/2013). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 12 TP art. IX Derecho de defensa

El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo (doctrina J047 legal vinculante) Si bien el imputado es el sujeto del proceso que suele estar en la mejor posición para efectuar aportes probatorios respecto del hecho que se le atribuye, no obs­ tante ello, su colaboración únicamente puede obtenerse a partir de una actitud estrictamente voluntaria, lo que constituye una de las notas distintivas del pro­ ceso penal moderno en contraposición a la metodología inquisitiva dominante en el pasado, donde el objetivo primordial de las actuaciones judiciales en mate­ ria criminal consistía en lograr la confesión del acusado. Si bien hablamos aquí del derecho a no declarar, la garantía contra la autoincriminación comprende más latamente la liberación de la obligación de suministrar al adversario armas que sean empleadas contra uno mismo. Casación: Concordancia:

N° 375-2011-Lambayeque (18/06/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 9 TP art. IX Derecho de defensa

Derecho de no declarar contra sí mismo entronca en una de las manifes­ J048 taciones más claras del derecho a la presunción de inocencia (...) El derecho a no declarar contra sí mismo, a no autoinculparse o autoincriminarse, entronca en una de las manifestaciones más claras del derecho a la pre­ sunción de inocencia, cual es la que sitúa en la acusación la carga de la prueba, que no puede desplazarse hacia el imputado haciendo recaer en él la obliga­ ción de aportar evidencias que conduzcan a desvirtuar su responsabilidad. Son diversas las previsiones supranacionales que complementan esta prescripción, el moderno Derecho de los tratados de rango constitucional exhibe diversas cláu­ sulas con fórmulas aún más explícitas. Este es el caso del artículo 8.2.g, de la Con­ vención Americana sobre Derechos Humanos, donde se consagra el derecho a no se obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. Casación:

Concordancia:

N° 375-2011-Lambayeque (18/06/2013). Sala Penal Permanente. Fundamento 9. TP art. IX Derecho de defensa

27

CAPITULO 2 LA ACCIÓN PENAL ASPECTOS GENERALES A través de la acción penal se garantiza una función acusadora impar­ J049 cial y objetiva La titularidad de la acción penal le corresponde al fiscal, pues es él el perseguidor público o requirente de la acción penal a través del cual se garantiza una función acusadora imparcial y objetiva, independiente del órgano judicial. Precisamente, el principio acusatorio supone, entre otros aspectos, la atribución de la función acusadora a un órgano distinto al órgano jurisdiccional. Es decir, la separación de funciones y roles entre los órganos públicos encargados de acusar (fiscales) y los encargados de juzgar y decidir la causa penal (jueces) (...). Recurso de Nulidad: N° 1299-2011 -Loreto (06/03/2012). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 6 Concordancia: Art. 1 Acción penal

En los delitos en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar no J050 es de aplicación el principio de oportunidad (doctrina legal vinculante) La naturaleza del delito, los bienes jurídicos comprometidos, los motivos de su incorporación como delito, los tratados internacionales y la innegable realidad de su presencia en la sociedad como acto precedente a resultados más lesivos, especialmente, en lo que atañe a la mujer, hace sumamente evidente el interés público gravemente comprometido que está detrás de la investigación, procesa­ miento y efectiva sanción de los perpetradores de este delito. Este contexto hace inviable la aplicación del principio de oportunidad según los supuestos contem­ plados en los literales b y c, del inciso 2, del artículo 2 del Código Procesal Penal. Por consiguiente, la aplicación del principio de oportunidad y/o acuerdo reparatorio en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar desnaturaliza el objetivo mismo de la Ley N° 30364, por lo que la interpretación y aplicación que se realice del artículo 2, inciso 6, del Código Procesal Penal debe

29

CAR

2

LA ACCIÓN PENAL

encontrarse necesariamente en coherencia con las demás normas del ordena­ miento jurídico y, principalmente, con los dispositivos internacionales a los que el Perú está obligado. Desde esa perspectiva, resulta como única interpretación posible que las modalidades establecidas en los artículos 122, inciso 3, literales c), d) y e); y 122-B del Código Penal, circunscriptas a lesiones y agresiones en contex­ tos de violencia de género y violencia intrafamiliar, no son susceptibles de nin­ gún tipo de conciliación y, consecuentemente, de ningún acuerdo reparatorio. Amerita precisar que, por los mismos fundamentos, no es posible que los jue­ ces de paz, que intervienen por mandato de la Ley N° 30364, realicen acuerdos conciliatorios en las denuncias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar.

En suma, todo acto que califique como delito de agresiones contra las mujeres e integrantes del grupo familiar viene gobernado por un actual e intenso interés público. Asimismo, en virtud de una interpretación coherente con las demás nor­ mas en la materia, hacen inaplicable el principio de oportunidad y, dentro de él, asimismo, el acuerdo reparatorio, ya sea extra o intraproceso. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J051

N° 09-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamentos 33, 44 y 45 Art. 2 Principio de oportunidad

Para que proceda el principio de oportunidad debe existir un mínimo análisis por parte del órgano jurisdiccional La aplicación del principio de oportunidad no resulta ser automática, esto es no procede ante la sola invocación del justiciable, sino que debe existir un mínimo análisis por parte del órgano jurisdiccional a fin de determinarse en cada caso concreto si resulta arreglado o no aceptar tal petición. Casación: Concordancia:

J052

N° 168-2012-Amazonas (10/08/2012) Art. 2 Principio de oportunidad

La acusación materializa el principio de imputación necesaria De tal modo, sin discusión se acepta que con la acusación se materializa el prin­ cipio de imputación necesaria, y es deber legal del órgano jurisdiccional con­ trolar este aspecto. En efecto, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ha establecido como precedente vinculante lo siguiente: a) la imputación necesa­ ria supone la atribución de un hecho punible, fundado en el factum correspon­ diente, así como en la ¡egisatinente y sostenida en la prueba, presupuestos que deben ser inescrupulosamente verificados por el órgano jurisdiccional que, ejerciendo la facultad de control, debe exigir que la labor fiscal sea cabal, que la presentación de los cargos sea puntual y exhaustiva, que permita desarrollar

30

CUESTIÓN PREVIA

CAP.

juicios razonables, b) no es suficiente la simple anunciación de los supuestos de hechos contenidos en las normas penales, pues estos deben tener su corre­ lato fáctico concreto, debidamente diferenciado y limitado respecto de cada uno de los encausados, tanto más cuando se trata de delitos de infracción de deber, en los que las conductas están íntimamente vinculadas al cargo que desempeñan y la función que le es confiada. A diferencia de la disposición de formalización de la investigación preparatoria, en la que se exige una "sospe­ cha ¡nidal simple", aquí en la acusación se exige una "sospecha suficiente" ple­ namente controlable. Expediente:

Concordancia:

*N 00004-2015-48-5201-JR-PE-01 (09/10/2017). Sala Penal Nacio­ nal de Apelaciones Especializada en Delitos de Corrupción. Funda­ mento 4 Art. 3 Comunicación al juez de la continuación de la Investigación

CUESTIÓN PREVIA La identificación del imputado como presupuesto procesal de la impu­ JÓ53 tación penal requiere la información que señala el Código Civil (prece­ dente vinculante) La individualización de imputado, por imperio, de los artículos 19 al 22 del Código Civil, importa que a la persona a quien se atribuye un hecho delictuoso determinado se la identifique con el nombre y sus apellidos, de los padres -si es hijo matrimonial- o progenitores que los hayan reconocido -si es hijo extra­ matrimonial- o adoptantes -si es adoptado-, según el caso. Cualquier determi­ nación sobre el particular importa un problema probatorio que debe merecer la decisión judicial correspondiente en el modo y forma de ley. A los efectos de la inculpación penal, que da lugar a la primer resolución judicial de imputación, basta esa referencia completa para estimar cumplido el mencionado requisito de admisibilidad. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 7-2006/CJ-116 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 7 Art. 4 Presupuesto

La ausencia de la inscripción de una persona en el Reniec solo es un dato J054 indiciarlo para la identificación del imputado (precedente vinculante) Si bien la inscripción de una persona en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil prueba con suficiencia la existencia y la propia identificación de una persona, su ausencia -por lo demás, no extraña en nuestro país- no puede sig­ nificar que se ha incumplido el requisito de individualización del imputado a los fines del procesamiento penal. La no inscripción de una persona ante el RENIEC

2

LA ACCIÓN PENAL

es solo un dato indiciado que el Juez debe tomar en cuenta para la valoración general del procesamiento penal -y, en su caso, para la orden judicial de deten­ ción y la consiguiente requisitoria-, pero no constituye prueba privilegiada que acredita sin más que se trata de un individuo incierto o no individualizado. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 7-2006/CJ-116 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 9 Art. 4 Presupuesto

j 055 La cuestión previa no es procedente ante la inexistencia de registro en el Reniec o precisión de su número de documento nacional de identidad (precedente vinculante) En tal virtud, si se plantea una cuestión previa basada en el hecho exclusivo que el imputado no se encuentra inscrito en el RENIEC o no se ha consignado el número del Documento Nacional de Identidad, tal planteamiento carece de sus­ tancia o mérito procesal para acogerlo. De igual manera, el Juez Penal no podrá devolver la denuncia fiscal formalizada por ese solo mérito al Fiscal Provincial. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 7-2006/CJ-116 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 10 Art. 4 Presupuesto

j 056 La Superintendencia debe emitir informe técnico sobre el objeto del pro­ ceso penal que se interponga contra una empresa del sistema financiero La Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros (...) señala que constituye un requisito de procedibilidad, que la autoridad de la Superintenden­ cia emita un informe técnico concerniente al objeto del proceso penal de toda denuncia que se interponga contra una empresa del Sistema Financiero y de Seguros o sus representantes; es decir, antes de iniciar debidamente el proceso judicial; sin embargo, tal norma debe interpretarse con relación a las normas con­ tenidas en la referida Ley, las cuales se tratan sobre delitos financieros, que para el caso de autos se establece que la estafa y el fraude procesal constituyen delitos comunes los cuales no se encuentran comprendidos dentro de los delitos finan­ cieros; por lo que deviene en infundada la cuestión previa. Recurso de Nulidad: N° 1660-2010-Lambayeque (08/06/2013). Sala Penal Permanente. Fundamento 9 Concordancia: Art. 4 Cuestión previa

CUESTIÓN PREJUDICIAL

CAP.

CUESTIÓN PREJUDICIAL La cuestión prejudicial actúa ante la necesidad de determinar el carác­ J057 ter delictuoso del hecho en la vía extrapenal La cuestión prejudicial es un medio técnico de defensa que resulta operante cuando fuera necesaria una declaración en vía extrapenal acerca del carácter delictuoso del hecho incriminado, lo que supone que el /ácfí/m denunciado se encuentre vinculado a cuestiones de carácter civil o administrativo que previa­ mente deban ser resueltos para la continuación del proceso judicial penal. Casación:

Concordancia:

N° 11-2011-Huaura (09/11/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 5 Cuestión prejudicial

Cuestión prejudicial es operante cuando se necesita una declaración J058 extrapenal La cuestión prejudicial es un medio técnico de defensa que resulta operante cuando fuera necesaria una declaración en vía extrapenal acerca del carác­ ter delictuoso del hecho incriminado, lo que supone que el factum denun­ ciado se encuentre vinculado a cuestiones de carácter civil o administrativo que previamente deban ser resueltos para la continuación del proceso judi­ cial penal. Casación: Concordancia:

N° 11-2011-Huaura (09/11/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 5 Cuestión prejudicial

EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN El juez al evaluar la procedencia de una excepción de improcedencia de J059 acción solo debe analizar los hechos contenidos en la imputación formal Para deducir una excepción de improcedencia de acción se debe partir de los hechos descritos en la Disposición Fiscal de Formalización de la investigación Preparatoria. A su vez, el Juez, ai evaluar dicha excepción, solo debe tener en cuenta los hechos incorporados por el fiscal en el acto de imputación perti­ nente. En efecto, se concreta por su propia configuración procesal, en el juicio de subsunción normativa del hecho atribuido a un injusto penal o a la punibilidad, en tanto categorías del delito, distintas de la culpabilidad, tanto como jui­ cio de imputación personal cuanto por ámbito de examen de su correlación con la realidad.

I

LA ACCIÓN PENAL

Casación:

Concordancia:

J060

N° 407-2015-Tacna (07/07/2016). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 5 Art. 6 inc. I.b Excepciones

No es un presupuesto que la excepción de improcedencia de acción sea interpuesta por el imputado si previamente se incorpora a la persona jurídica que representa (doctrina legal vinculante) El inciso dos del artículo 6 del Código Procesal Penal, señala que si se declara fun­ dada, el proceso será sobreseído definitivamente. Este medio técnico de defensa, como refiere el artículo 7 del Código Procesal Penal, se plantean una vez que el fiscal haya decidido continuar con las investigaciones preparatorias y se resolve­ rán necesariamente antes de culminar la Etapa Intermedia, pudiendo ser decla­ rados de oficio. Es decir, no se establece que para que el imputado interponga este medio técnico de defensa, la persona jurídica a la que representaría, haya sido incorporada al proceso como sujeto procesal, por lo que, no constituye un presupuesto. Casación: Concordancia:

J061

N° 134-2015-Ucayali (07/07/2016). Sala Penal Transitoria. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 33 Art. 6 inc. 1 .b Excepciones

En la correspondencia jurídica de la identificación del objeto fáctico se exige el hecho considerado por el fiscal o por el que emerge con claridad de la evidencia Ei examen a efectuar por el juez frente a la formulación de este medio técnico de defensa [improcedencia de acción] no está en discusión, será siempre un jui­ cio jurídico de tipicidad, esto es, de compatibilidad entre un hecho planteado y el supuesto normativo de prohibición contenido en la Ley penal. La problemá­ tica reside en la identificación del objeto fáctico cuya correspondencia jurídica se exige; el hecho considerado por el Fiscal Provincial o el que emerge con clari­ dad de la evidencia. Casación: Concordancia:

lili

N° 388-2012-Ucayali (12/09/2013). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3.1 Art. 6 Excepciones

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA

CAP.

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA La cosa Juzgada tiene una eficacia negativa que se remite a la regla esta­ J062 blecida en el Código Penal (precedente vinculante) El Código Penal en su artículo 78, sobre las formas de extinción de la acción penal y la pena, señala: "La acción penal se extingue: (...) 2. Por la autoridad de cosa juz­ gada". Esta norma hace referencia a la denominada eficacia negativa de la cosa juz­ gada, es decir, impide una nueva sentencia sobre el mismo objeto penal enjuiciado con anterioridad; evita que una misma persona pueda ser enjuiciada dos veces por los mismos hechos en tanto se trate de un enjuiciamiento jurídico homogéneo. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2006/CJ-l 16 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 9 Art. 6 Excepciones

Los autos de sobreseimiento también tienen calidad de cosa Juzgada J063 según las reglas del Código Penal (precedente vinculante) Más precisamente, el mismo Código en su artículo 90 afirma que: "Nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible sobre el cual se falló definitivamente". Todas las resoluciones que ponen fin al proceso producen el efecto de cosa juzgada una vez firmes, precisión en laque se incluyen ios autos de sobreseimiento en tanto se los considera como negación anticipada del dere­ cho de penar del Estado. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2006/CJ-l 16 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 10 Art. 6 Excepciones

La cosa juzgada establece como su límite subjetivo la misma identidad J064 del condenado y no del acusador (precedente vinculante) Ello significa, en cuanto a los límites subjetivos de la cosa juzgada, que la única identidad que cabe entender es la pasiva o dei condenado, esto es, a quien se le atribuye el hecho punible materia de condena firme -nunca la activa o del acu­ sador- (en el proceso penal se busca la declaración de que existe el deber y el derecho de castigar, de imponer penas; este deber-derecho incide directa y sola­ mente sobre la persona del acusado, lo que por razones de certeza y seguridad jurídicas prohíbe la extensión subjetiva de la eficacia de la cosa juzgada penal a un tercero, distinto del imputado). Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2006/CJ-l 16 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 11 Art. 6

CAP.

J065

2

LA ACCIÓN PENAL

La cosa juzgada en su límite objetivo requiere que se trate de un mismo hecho y en calificaciones jurídicas homogéneas (precedente vinculante) Respecto a los límites objetivos de la cosa juzgada, se requiere que se trate tanto del mismo suceso histórico -identidad de una conducta que sucedió en la rea­ lidad externa- (hechos que han sido objeto de la acusación y posterior juicio), cuanto del mismo fundamento -que se subsuma en tipos penales o administra­ tivos de carácter homogéneo-. Esto último -la denominada "consideración pro­ cesal del hecho"- debe entenderse desde una perspectiva amplia, de suerte que comprenda los concursos de leyes y reales de delitos o de ilícitos administrativos, con exclusión de los supuestos de delitos continuados y concursos ideales en que el bien jurídico fuera heterogéneo. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J066

N° 4-2006/CJ-116 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 11 Art. 6 Excepciones

Límites objetivos de la cosa juzgada es la triple identidad Que el Acuerdo Plenario de las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República número cuatro - dos mil seis/CJ ciento - dieciséis, del trece de octubre de dos mil seis, respecto a los límites objetivos de la cosa juzgada, estableció que esta "requiere que se trate tanto del mismo suceso histórico -identidad de una conducta que sucedió en la realidad externa- (hechos que han sido objeto de la acusación y posterior juicio), cuanto del mismo fundamento -que se subsuma en tipos penales o administrativos de carácter homogéneo-; que esto último -la denominada "consideración procesal del hecho"- debe entenderse desde una perspectiva amplia, de suerte que comprenda los concursos de leyes reales de delitos o de ilícitos administrativos con exclusión de los supues­ tos de los delitos continuados y concursos ideales en que el bien jurídico sea heterogéneo. Recurso de Nulidad: N° 3232-2009-Lima (11/03/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Concordancia: Art. 6 Excepciones

J067

Cosa juzgada civil se extiende por excepción erga ommes a sujetos no litigantes Si en sede civil se declara ilícito un hecho, es obvio que bajo ninguna circunstan­ cia se puede dar lugar a un proceso penal. La cosa juzgada civil no solo se refiere a las mismas partes de un eventual proceso penal, sino que se extiende, por excepción, erga ommes, a sujetos no litigantes.

36

OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

Casación: Concordancia:

CAP. 2

N° (1027-2016-lca) (13/02/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Fundamento 2 Art. 8 Recurso de apelación

OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LOS MEDIOS DE DEFENSA Vicio procesal que advierta el juez y se refiera a un medio de defensa J068 queda sujeto al criterio del órgano jurisdiccional, ello no lo exime o libera de motivar su decisión El artículo siete del Código Procesal Penal de dos mil cuatro establece un catá­ logo de medios de defensa. Precisa que lo son la cuestión previa, la cues­ tión prejudicial y las excepciones (cfr. artículo seis del mismo cuerpo norma­ tivo). En los procesos penales por ejercicio público de la acción se establece que la oportunidad para plantear los medios de defensa es durante la inves­ tigación preparatoria, específicamente a partir del momento en que el Fiscal decide continuar con la investigación preparatoria y, asimismo, se prevé que, una vez planteado el medio de defensa, este es resuelto, a lo más, durante la etapa intermedia (antes de su culminación). Respecto a la cuestión previa y a las excepciones, el referido precepto normativo también permite que sean deducidos durante la etapa intermedia. Por su parte, el artículo ocho de la indi­ cada normativa procesal precisa el trámite de los medios de defensa en aten­ ción al momento en que se deduzcan (Investigación preparatoria o etapa inter­ media). 2.4. Los medios de defensa señalados en el considerando precedente también pueden ser declarados de oficio [numeral tres, del artículo siete, del Código Procesal Penal de dos mil cuatro]. Al respecto, es de indicar que si bien normativamente no se prevé taxativamente la etapa procesal en que es posi­ ble la referida declaratoria de oficio, debe entenderse -en consonancia con la lógica subyacente en el sistema procesal acusatorio adoptado por el Código Procesal Penal de dos mil cuatro, cuya nota central radica en la proscripción de que las funciones de acusar y juzgar se realicen por un mismo órgano, lo cual presupone que, antes del juzgamiento imparcial, cualquier vicio procedimental o defecto de la acción, ajeno en lo sustancial a la plenarial determinación de responsabilidad penal del acusado que se trate (fondo u objeto del pro­ ceso penal), debe haber sido saneado o depurado hasta la etapa intermediacorno regla, que es el Juez de la Investigación Preparatoria el llamado a decla­ rar, de ser el caso, de oficio de los medios de defensa, desde la formalización de la investigación preparatoria hasta antes de que culmine la etapa interme­ dia. Para tal efecto, el vicio procesal o el respectivo defecto referido a la acción, que advierta dicho Juez y se refiera aun medio de defensa, debe constar feha­ cientemente, ser flagrante, manifiesto o evidente. Si bien dicha consideración

37

CAP. 2

LA ACCIÓN PENAL

queda sujeta al criterio del órgano jurisdiccional, ello no lo exime o libera de motivar su decisión. Apelación:

Concordancia:

38

N° 15-2017- Lima (14/03/2018). Sala Penal Nacional Permanente. Fundamento 2.3 y 2.4 Art. 7 Oportunidad de los medios de defensa

CAPITULOS LA ACCIÓN CIVIL El fundamento de la denominada "responsabilidad civil ex delicio" lo j ggg constituye el menoscabo material o moral producido por la actuación ilícita (doctrina legal vinculante) oo El fundamento de la denominada "responsabilidad civil ex delicio" lo constituye el menoscabo material o moral producido por la actuación ilícita -las singularida­ des de antijuricidad y tipicidad específicas de lo penal en ningún caso caracteri­ zan la obligación de reparar a la que nada añaden dichas circunstancias-. La obli­ gación de reparar nace como consecuencia de la producción de un daño ilícito y atribuidle al sujeto mediante el oportuno criterio de imputación. En cuanto ai contenido de la obligación, en la responsabilidad civil pura como en la ex delicio lo único que se comprende es el restablecimiento del desequilibrio patrimonial que la infracción ha ocasionado; y ambas responden a una única finalidad, que no es otra que la de atender a un interés privado como es el de reparar el menos­ cabo patrimonial o moral producido en la esfera jurídico-privada de un sujeto particular. Luego, la responsabilidad civil ex delicio y la extracontractual son una única institución, y su ejercicio importa una única acción civil, aunque con la posibilidad de un concurso de normas -las del Código Civil y las reguladas en el Código PenalAcuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 04-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 26 Art. 11 Ejercicio y contenido de la acción civil

La acción penal y la acción civil derivadas del hecho delictivo tienen una j 070 indudable autonomía (doctrina legal vinculante) La acción penal y la acción civil derivadas del hecho delictivo tienen una indu­ dable autonomía, sin que por tanto la respuesta penológica de la norma penal condicione ni afecte, en su caso, ni la existencia ni a la cuantía de la correspon­ diente obligación indemnizatoria. Por consiguiente, la responsabilidad civil "ex delicio", cualquiera que sea la vía procesal elegida para su reclamación no exige para su efectividad la prueba de la existencia del daño o del perjuicio causados por los hechos perpetrados. Incluso, como el Código Procesal Penal reconoce.

3

LA ACCIÓN CIVIL

la perspectiva civil del hecho objeto del proceso permite apreciar y calificar sus efectos que los mismos se deriven de manera plenamente autónoma, ya que fuera del supuesto de declaración de que el hecho no existió, esto es, salvo el caso de declararse probado que el acto o la omisión no existió objetivamente, el órgano jurisdiccional tiene facultad no solamente para encuadrar el hecho espe­ cífico en el ámbito de la culpa extracontractual, sino también para apreciar las pruebas obrantes en juicio y sentar sus propias deducciones en orden a la reali­ dad Láctica. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 04-2019/CIJ-116(10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 26 Art. 11 Ejercicio y contenido de la acción civil

ilü El perjudicado por el delito tiene la potestad, indistinta, de incoar la

acción civil en el proceso penal o recurrir al proceso civil (doctrina legal vinculante) La acción civil exdelicto en el proceso penal, ejercitada por el perjudicado por el delito o, en su defecto, por el Ministerio Público, genera un proceso civil acumu­ lado al proceso penal, una acumulación heterogénea de acciones (penal y civil), bajo propios criterios de imputación jurídica. El perjudicado por el delito tiene la potestad, indistinta, de incoar la acción civil en el proceso penal o recurrir al proceso civil, como dispone el artículo 12, apartado 1, del CPP. La relación entre objeto penal y objeto civil estriba en que se trata de unos mismos hechos come­ tidos por una misma persona (dos objetos interrelacionados en un mismo pro­ cedimiento), a partir de los cuales se fijan las consecuencias jurídicas que cada Derecho material prevé. La opción de acudir a una u otra vía (proceso penal o proceso civil) fija, por tanto, una litis pendencia -de ahí, que salvo excepciones legalmente previstas, escogida una vía se cierra la otra (artículo 12, apartados 1 y 2, del CPP)-. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J 072

N° 04-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 26 Art. 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad de la acción civil

Ejercicio de la acción civil exdelicto es autónomo respecto de la acción penal (doctrina legal vinculante) El artículo 12, apartado 3, del Código Procesal Penal, define un marco de auto­ nomía para el ejercicio de la acción civil exdelicto respecto de la acción penal. Señala sobre el particular que "La sentencia absolutoria o el auto de sobresei­ miento no impedirá ai órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda". El titular de la acción civil es el perjudicado por el hecho ¡lícito, es decir, el que sufrió el daño respectivo, como acota el artículo 11 del Código Procesal Penal. El Ministerio

OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

CAP.

3

Público, en estos casos, tiene una legitimación derivada o por sustitución proce­ sal. Portal razón es que el artículo 11, numeral 1, del citado Código estipula que "[...] si el perjudicado se constituye en actor civil, cesa la legitimación del Ministe­ rio Público para intervenir en el objeto civil del proceso". Acuerdo Plenario:

Concordancia;

N° 04-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 27 Art. 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad de la acción civil

En caso de sobreseimiento^ el fiscal debe pronunciarse sobre la repara­ J073 ción civil (doctrina legal vinculante) Como se trata de una acción civil, de derecho privado, rige el principio de roga­ ción o dispositivo. Solo puede mediar un pronunciamiento civil en la resolución judicial si ha sido pedida por la parte legitimada (artículo 98 del Código Pro­ cesal Penal). Empero, en caso de sobreseimiento, si no existe actor civil consti­ tuido en autos, es evidente, al mediar distintos criterios de imputación para defi­ nir la responsabilidad civil, que corresponde, previamente, instar al Fiscal -si no lo hubiera hecho- una definición específica sobre este ámbito -no se le obliga que requiera una reparación civil, sino que se pronuncie sobre ella—. oo Recuérdese que se trata de una acumulación heterogénea de acciones, penal y civil -salvo renuncia expresa del perjudicado por el daño o su precisa indica­ ción de que accionará en la vía civil en un proceso independiente-, por lo que es pertinente exigir que la requisitoria del fiscal, si no se incorporó el perjudicado como actor civil, sea integral; esto es, comprenda lo penal y lo civil. En caso exista actor civil constituido en autos, ante el requerimiento no acusatorio, y más allá de la oposición que pueda plantear contra este ámbito del proceso jurisdiccional, tendrá que pedírsele, igualmente, un pronunciamiento expreso acerca del objeto civil para someterlo a contradicción. Acuerdo Plenario:

Concordancia;

N° 04-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 28 Art. 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad de la acción civil

De manera excepcional el ejercicio de la acción civil derivada del hecho J074 punible corresponde al Ministerio Público La garantía de tutela jurisdiccional de la víctima debe ser respetada en el pro­ ceso penal, bajo un sistema como el francés -que sigue nuestro Código Procesal Penal-, que prevé el proceso civil acumulado al penal. Lo que el nuevo Estatuto Procesal matiza es que el fiscal es, como se apuntó, un sustituto derivado que solo intervendrá en el objeto civil cuando el perjudicado decide formalmente no introducir la pretensión civil o indica expresamente que ejercerá la acción civil en

41

CAR

3

LA ACCIÓN CIVIL

un proceso civil aparte (artículo 12, apartado 1, del Código Procesal Penal). Por ende, salvo estas excepciones, el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público (artículo 11, apartado 1, primera ora­ ción, del Código Procesal Penal).

oo Es obvio que si no existe actor civil constituido en autos, la legitimación activa la tiene el Ministerio Público. Por ello, en su requerimiento -acusatorio o no acu­ satorio- debe incorporar una sección dedicada al objeto civil. Corresponde al juez, como titular de la función jurisdiccional y garante del cumplimiento de los presupuestos procesales respectivos, examinar la requisitoria escrita del fiscal y, en su caso, de oficio, devolverla si falta un planteamiento explícito sobre este ámbito civil. Es claro que si el fiscal pide una reparación civil, a pesar del requeri­ miento de sobreseimiento, debe ofrecer la prueba pertinente para su actuación, bajo el principio de contradicción, en el juicio oral. oo No existen mayores inconvenientes cuando la requisitoria escrita del fiscal es acusatoria. Si el perjudicado no se constituyó en actor civil, el fiscal debe introdu­ cir motivadamente la pretensión civil (causa de pedir y petición), con la solicitud probatoria que corresponda -el derecho indemnizatorio de la víctima debe ser garantizado en todo momento- El órgano jurisdiccional garantizará un debate contradictorio ai respecto y en la sentencia, así emita una absolución penal, tam­ bién debe pronunciarse sobre el objeto civil; no hacerlo importará una vulnera­ ción del principio de exhaustividad. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J075

N° 04-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 29 Art. 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad de la acción civil

Para fijar la reparación civil no es obstáculo que el Código Procesal Penal contenga reglas más precisas (doctrina legal vinculante) No es obstáculo a todos estos efectos que no existan reglas más precisas en el Código Procesal Penal. Este Cuerpo de Leyes, unido al Código Penal, incorporó dos directivas legales fundamentales: (i) la autonomía de la acción civil frente a la penal; y, (ii) la necesidad de un pronunciamiento expreso sobre la materia. Se reconoce, por tanto, la posibilidad real de que pese a un sobreseimiento o una absolución -en función a los diferentes criterios de imputación del Derecho Penal y el Derecho Civil- corresponda imponer una reparación civil.

oo En la etapa intermedia, en la audiencia preliminar respectiva, será de rigor cui­ dar que las partes se pronuncien sobre el particular y, en su caso, que se ofrez­ can las pruebas que correspondan (pruebas y contrapruebas) -función de saneamiento procesal propia de la etapa intermedia- Es necesario, como ya se indicó, un pedido expreso de la parte legitimada, un trámite contradictorio y

OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

CAP.

3

una decisión específica del órgano jurisdiccional sobre el objeto civil, al igual que sobre el objeto penal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 04-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 30 Art. 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad de la acción civil

La admisión y procedencia de la pretensión civil corresponden ai juez J076 de la investigación preparatoria y su fundabilidad, al juez penal (doctri­ nal legal vinculante) La competencia funcional para definir, con la intervención de las partes legitima­ das, las bases de la pretensión civil -admisibilidad y procedencia- y la admisión de los medios de prueba corresponden, como es lógico, al Juez de la Investiga­ ción Preparatoria en cuanto tiene el señorío de la etapa intermedia. Acto seguido, la decisión acerca de la fundabilidad o no de la reparación civil incumbe al Juez Penal en el curso de la audiencia correspondiente. Si el Fiscal introdujo la pre­ tensión penal y la pretensión civil en su acusación el Juez Penal, unipersonal o colegiado, corresponderá decidir al Juez Penal competente según la entidad del delito acusado (confróntese: artículo 28, numerales 1 y 2, del CPP). Empero, si clausurada la pretensión penal tras el auto de sobreseimiento y, por tanto, admi­ tida y declarada procedente, cuando sea de rigor, la pretensión civil en la etapa intermedia -con la definición de los medios de prueba que deberán actuárse­ os de reiterar que en el acto oral solo se debatirá -actuación probatoria y alega­ ción sobre ella- la pretensión civil -con la intervención como parte demandante del actor civil o, en su defecto, del Ministerio Público, según correspondiere- En estos casos la competencia funcional siempre estará a cargo del Juez Penal Uni­ personal, que es la pauta seguida en la justicia civil: solo un juez conoce en pri­ mera instancia de la pretensión civil. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 04-2019/CU-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 31 Art. 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad de la acción civil

Al emitirse una sentencia penal condenatoria firme, el derecho a solici­ J077 tar el pago de la reparación civil por la parte agraviada no se canaliza a través de una acción (doctrina legal vinculante) Sobre ese tema es indudable que al emitirse una sentencia penal condenato­ ria y quedar firme (consentida o ejecutoriada), el derecho a solicitar el pago de la reparación civil por la parte agraviada no se canaliza a través de una "acción" en el concepto procesal y común del término jurídico actualmente aceptado (como derecho público subjetivo y abstracto de todo ciudadano para solicitar justicia ante el órgano jurisdiccional).

43

LA ACCIÓN CIVIL

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J078

N° 04-2019/C1J-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 46 Art. 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad de la acción civil

La caducidad del pago de la reparación civil no está regulada en el pro­ ceso penal ordinario ni el Código Procesal Penal (doctrina legal vinculante) Es necesario aclarar que la caducidad del pago de la reparación civil no está regu­ lada en el proceso penal ordinario de 1940 ni en el Código Procesal Penal de 2004. Por tanto, no puede aplicarse un plazo legal establecido para la prescrip­ ción, que admite interrupciones, como uno de caducidad frente a una situación fáctica no prevista legalmente para tal fin. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J079

N° 04-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 47 Art. 12 Ejercicio alternativo y accesoriedad de la acción civil

El órgano jurisdiccional puede pronunciarse sobre la acción civil incluso cuando exista sobreseimiento o sentencia absolutoria (doctrina legal) Sin lugar a dudas, la modificación más importante del Código Procesal Penal en el ámbito de la acción civil incorporada al proceso penal se ubica en el artículo 12, apartado 3), del referido Código, que estipula que la sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento no impedirán al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda. Esto significa, en buena cuenta, que cuando se sobresee la causa o se absuelve al acusado no necesariamente la Jurisdicción debe renunciar a la reparación de un daño que se ha producido como consecuencia del hecho que constituye el objeto del proceso, incluso cuando ese hecho -siempre ilícito- no puede ser calificado como infracción penal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J080

N° 5-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 7 Art. 12 inc. 3 Acción civil

Absolución del acusado no impide imponerle una reparación civil El juez penal, pues tiene, debido a la promoción conjunta de la acción civil y la penal, dos aspectos totalmente independientes, no condicionados, sobre los cuales deberá pronunciarse, toda vez que si se imposibilita el pronunciamiento o se prueba la ausencia de responsabilidad, deberá cumplir ineludiblemente con su deber de pronunciarse sobre el extremo civil. El artículo doce del Código Pro­ cesal Penal habilita la posibilidad de que el Juzgador emita pronunciamiento sobre la responsabilidad civil de una persona involucrada en un proceso penal a

OPORTUNIDAD Y TRÁMITE DE LOS MEDIOS DE DEFENSA

CAP.

3

pesar de que su responsabilidad por el delito -entiéndase acción típica antijurí­ dica y culpable- no se haya declarado por no cumplirse con los estándares míni­ mos de condena. Casación:

Concordancia:

N° 240-2011-Arequipa (20/09/2012). Sala Penal Permanente. Fun­ damentos 3.3.1 y 3.3.2 Art. 12 Acción civil

Reparación civil debe fijarse en la sentencia absolutoria

J081

(...) El inciso 3 del artículo 12 del Código Procesal Penal, establece que "la sen­ tencia absolutoria (...) no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil, derivada del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda" por tanto, correspondía al Juez Unipersonal fijar en la sentencia absolutoria de primera instancia, el monto por concepto de reparación civil, tomando en cuenta ¡a pretensión civil fijada por la querellante en la denuncia de parte (...). Casación: Concordancia:

N° Casación N° 179-2011 -Arequipa (20/01/2012). Sala Penal Perma­ nente. Fundamento 4 Art. 12 Acción civil

45

CAPITULO 4 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA COMPETENCIA La competencia involucra aspectos legales

J082

El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente N° 0333-2005AA/TC, ha establecido que "la competencia (...) es una cuestión que, al involu­ crar aspectos legales, deberá ser resuelta en la vía judicial ordinaria C-)L Por tanto, el cuestionamiento en torno a que el proceso penal contra el demandante debe­ ría ser conocido por el juez penal especial conforme a las Resoluciones Adminis­ trativas N° 024-2001-CT-PJ y N° 154-2004-CE-PJ, y no por el juez emplazado, no puede ser de conocimiento de la justicia constitucional, por ser un asunto de mera legalidad. Expediente: Concordancia:

N° 03460-2013- PHC/TC (08/08/2014). Sala Primera del Tribunal Constitucional. Fundamento 2 Art. 20 Efectos de las gestiones de competencia

Es competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema conocer los recur­ J083 sos de casación interpuestos contra las sentencias de autos expedidos en segunda instancia El inciso uno del artículo 26 de nuevo Código Procesal Penal establece que a la Sala Penal de la Corte Suprema le compete conocer del recurso de casación interpuesto contra las sentencias y autos expedidos en segunda instancia por las Salas Penales de las Cortes Superiores. Este recurso extraordinario tiene tres fina­ lidades esenciales:

1. La función nomofiláctica o control de legalidad, que supone la competen­ cia de la Corte Suprema de verificar que los órganos jurisdiccionales infe­ riores efectúen un correcta interpretación y aplicación de la ley a los fallos judiciales, sean estas de carácter sustantivo o adjetivo en materia penal: con esta finalidad se busca la seguridad jurídica y la igualdad de los ciudadanos ante la ley.

CAP.

4

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

2. La función unificadora pues a través de la unificación de la jurisprudencia nacional con efectos vinculantes se busca obtener una justicia más prede­ cible y menos arbitraria. Asimismo, persigue que se garanticen la certeza y seguridad jurídica, el interés social y la permanencia del postulado igualitario. 3. En menor medida garantiza la tutela de garantías constitucionales, sean estas de carácter procesal (logicidad en la motivación, debido proceso, derecho de defensa, presunción de inocencia, entre otros) o sustantiva (principio de lega­ lidad, derecho a la intimidad). Casación:

Concordancia:

J084

N° 73-2011-Puno (19/04/2012). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 19 Art. 26 Competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema

Dirección del órgano jurisdiccional de la ejecución de sentencias Que el proceso penal de ejecución, como corresponde a su naturaleza jurisdic­ cional, está bajo la dirección del órgano jurisdiccional. La ejecución de lo juzgado integra la potestad jurisdiccional, de suerte que, conforme a la garantía de la eje­ cución, que integra el principio de legalidad penal (artículo 2 apartado f veinti­ cuatro, literal d de la Constitución), la ejecución de la pena será intervenida judi­ cialmente que traduce la idea de control judicial de su cumplimiento (artículo VI del Título Preliminar del Código Penal). Ello es así en cumplimiento de la garantía judicial de tutela jurisdiccional efectiva (artículo 139 apartado tres de la Constitu­ ción), que impone la existencia de un control jurisdiccional sobre toda la fase de ejecución en atención a los derechos e intereses legítimos que pueden ser afec­ tados. El Poder Judicial no puede renunciar a este ámbito del proceso penal, des­ tinado precisamente a la realización judicial de las consecuencias jurídicas, civiles y penales, establecidas en la sentencia firme que se erige en título de ejecución dar cumplimiento al mandato establecido en la sentencia y la forma como inter­ viene en este tipo de proceso es la trazada por la Ley ordinaria. Casación: Concordancia:

J085

N° 79-2009-Piura (17/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Art. 29 Competencia de los juzgados de la investigación preparatoria

La transferencia de competencia penal es una excepción a la regla de que el delito debe investigarse y juzgarse en el lugar donde se cometió La transferencia de la competencia penal se encuentra regulada por los artículos 39,40 y 41 del Código Procesal Penal; que conforme a la Ley N° 28482, se hallan vigentes a nivel nacional. La regla general señala que cada delito debe investi­ garse y juzgarse en el lugar donde se cometió, conforme a las pautas y orden pre­ vistos en el artículo 21 del Código Procesal Penal; entonces, la transferencia de la

LA INHIBICIÓN

CAP. 4

competencia penal viene a construir una suerte de excepción a la regla de com­ petencia antes mencionada. En virtud de ella, la competencia penal para conocer un proceso se traslada del órgano jurisdiccional al que le corresponde, a otro, por razones de urgencia o necesidad muy puntuales previstas en la Ley. Transferencia de Competencia: N° 5-2012-Puno (14/08/2012). Sala Penal Permanente. Fundamento 4 Concordancia: Art. 39 Procedencia de transferencia de la competencia

Sala Penal Superior resuelve la contienda de competencia por inhibición J086 Si bien conforme al artículo 43, inciso 2 del Código Procesal Penal corresponde a la Sala Penal Superior resolver la contienda de competencia por inhibición; sin embargo se advierte que en el caso concreto ya existe un pronunciamiento en razón de un recurso de apelación. Al disentir con dicho pronunciamiento y en aplicación del principio de celeridad procesal, este Supremo tribunal resuelve que en el presente caso es de aplicación la segunda disposición complementa­ ria transitoria de la Ley N° 30077. Contienda de Competencia: Concordancia:

N° 12-2015-Huánuco (12/08/2015). Sala Penal Permanente Art. 43 Contienda de competencia por inhibición

LA INHIBICIÓN Los integrantes del Tribunal Superior no pueden impugnar una resolu­ J087 ción de inhibición por no ser parte ni terceros legitimados en un proceso Siendo la queja uno de los recursos diseñados para las partes legitimadas, es de determinar si la señora Juez Superior es parte del proceso; que el artículo trescientos cincuenta y cinco del Código Procesal Civil -de aplicación supleto­ ria- señala que "mediante los medios impugnatorios las partes o terceros legi­ timados solicitan que se anule o revoque, total o parcialmente, un acto proce­ sal presuntamente afectado por vicio o error"; que, en el caso de autos, la señora Juez Superior no es parte de la causa que se inhibe, tampoco tercero legitimado, por cuanto la calidad de tercero legitimado solo incumbe a aquellas personas respecto de las cuales una decisión judicial afecta sus derechos e intereses legí­ timos, que, al haberse descartado que la señora Juez Superior ostenta la calidad de parte legitimada para hacer uso de los recursos legales, no es posible revisar sus argumentos de fondo. Recurso de Queja:

Concordancia:

N° 1387-2009-Lima (30/03/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Art. 53 Inhibición

49

4

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La intervención anterior de un juez supremo que anula una absolución no constituye causal para su posterior inhibición En su pedido de abstención -entiéndase como inhibición- invoca como sus­ tento un presunto adelanto de opinión respecto a la causa que se le remitió para dirimirla (...), pues refiere que como integrante de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, suscribió la Ejecutoria Suprema (...) que declaró nula la sen­ tencia absolutoria al no haberse compulsado adecuadamente el caudal probato­ rio; que, sin embargo, del análisis de la citada Ejecutoria no se advierte tal circuns­ tancia. Que, en efecto, los argumentos del citado Magistrado estriban en que la Sala Penal Superior no realizó una correcta apreciación de los hechos y tampoco compulsó correctamente las pruebas las que en modo alguno significan un pro­ nunciamiento sobre el fondo del asunto -responsabilidad o no del acusado-; tanto más, si dicho motivo no está previsto como causal del apartamento. Inhibición:

Concordancia:

J089

N° 02-2010-Lima (05/07/2010). Sala Penal Permanente. Fundamen­ tos 3 y 4 Art. 53 Inhibición

La garantía de imparcialidad conforme a la jurisprudencia supranacional abarca las dimensiones subjetiva y objetiva Conforme a lo establecido por el Tribunal Europeo de Derechos Elumanos (Caso Piersack C. Bélgica), respecto al Magistrado que habrá de conocer y resolver un caso concreto, deben verificarse dos tipos de condiciones: i) imparcialidad sub­ jetiva; que se refiere a su convicción personal respecto del caso concreto y las partes; siendo que la imparcialidad personal de un Magistrado se presume hasta que se prueba lo contrario (...); y, ii) imparcialidad objetiva; referido, a si el Juz­ gador ofrece las garantías suficientes para excluir cualquier duda razonable res­ pecto de la corrección de su actuación; siendo que para que el Juez se aparte del conocimiento del proceso en dicho caso, tendrá que determinarse si existen hechos ciertos que, por fuera de la concreta conducta personal del Juez, permi­ tan poner en duda su imparcialidad (...). Casación:

Concordancia:

J090

N° 106-2010-Moquegua (03/05/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Art. 53 Inhibición

Garantía de imparcialidad impide que el tribunal que anuló un auto de sobreseimiento emita sentencia condenatoria en el mismo proceso Que, siendo ello así, al ser los mismos magistrados los que revocaron la resolu­ ción del Juez de la Investigación Preparatoria que declaró de oficio el sobresei­ miento de la causa, y los que luego en segunda instancia emitieron la decisión final condenatoria (revocando una sentencia absolutoria, para lo cual también

RECUSACIÓN

CAR

4

incidieron en la tipicidad), en el presente caso no se cumplió con la imparcia­ lidad objetiva que debe tener todo Juez o tribunal para resolver un caso con­ creto, dado que, antes de que emitieran su decisión final ya tenían una posición respecto a los hechos investigados, lo cual resulta ser un hecho concreto que genera duda de imparcialidad en perjuicio del encausado. Casación: Concordancia:

N° 106-2010-Moquegua (03/05/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 7 Art. 53 Inhibición

La inhibición constituye el apartamiento voluntario que realiza el juez al J091 conocimiento de un proceso La inhibición constituye el apartamiento voluntario, que realiza el Juez, al conoci­ miento de un proceso, cuando advierte que está incurso en alguna de las causa­ les de recusación previstas en el artículo 29 del Código de Procedimientos Pena­ les; que planteada esa excusa por un Juez Superior, son los demás miembros del Colegiado quienes deben emitir un pronunciamiento al respecto, cuya decisión no puede ser cuestionada por aquel. Recurso de Nulidad: N° 2810-2011-Lima (19/01/2012). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 2 Concordancia: Art. 53 Inhibición

RECUSACIÓN La recusación es una institución procesal que garantiza la imparcialidad J092 judicial (doctrina legal) La recusación es una institución procesal de relevancia constitucional. Garan­ tiza, al igual que la abstención o inhibición, la imparcialidad judicial, esto es, la ausencia de perjuicio; y, como tal, es una garantía específica que integra el debido proceso penal -numeral tres del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución- Persigue alejar del proceso a un Juez que, aun revistiendo las características de ordinario y predeterminado por la ley, se halla incurso en cier­ tas circunstancias en orden a su vinculación con las partes o con el objeto del proceso -el thema decidendi- que hacen prever razonablemente un deterioro de su imparcialidad. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N°3-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente yTransitoria. Doctrina legal: fundamento 6 Art. 54 Causales de recusación

51

4 J093

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

La imparcialidad tiene la dimensión subjetiva relativa a la formación de la convicción personal del Juez y objetiva que son las garantías que deben ofrecer el órgano Jurisdiccional (doctrina legal) La imparcialidad, ha quedado consagrada por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, seguida por la Corte Interamericana de Derechos Huma­ nos -así, Sentencia Piersack contra Bélgica, del uno de octubre de mil novecien­ tos ochenta y dos; y. Sentencia Herrera Ulloa contra Costa Rica, del dos de julio de dos mil cuatro, párrafo ciento setenta- tiene, dos dimensiones, una de carác­ ter subjetivo y vinculada con las circunstancias del Juzgador, con la formación de su convicción personal en su fuero interno en un caso concreto -test subjetivo-; y otra objetiva, predicable de las garantías que debe ofrecer el órgano jurisdic­ cional y que se establece desde consideraciones orgánicas y funcionales (la pri­ mera debe ser presumida mientras no se demuestre lo contrario; y, la segunda reclama garantías suficientes para excluir cualquier duda legítima sobre su impar­ cialidad) -test objetivo-. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J094

N° 3-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 6 Art. 53 Causales de recusación

La duda en la imparcialidad del Juzgador debe Justificarse objetivamente (doctrina legal) Como precisa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia Hauschildt contra Dinamarca del veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, lo relevante es que los temores estén objetivamente justificados, deben alcanzar una cierta consistencia -no basta la simple opinión del acusado o de la parte recusante-; y, la respuesta de si existe parcialidad o no varía según las cir­ cunstancias de la causa, a cuyo efecto debe valorarse la entidad o naturaleza y las características de las actuaciones procesales realizadas por el Juez. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J095

N° 3-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 7 Art. 53 Causales de recusación

No basta las meras presunciones de imparcialidad, sino que debe acre­ ditarse con indicios objetivos y razonables (doctrina legal) En estos supuestos se está ante una causal de imparcialidad subjetiva, en cuya virtud se entiende que la convicción personal del Juez como conse­ cuencia de la aludida acción legal le restaría apariencia de imparcialidad. Pero, como ya se anotó, la imparcialidad subjetiva se presume salvo prueba en contrario; en consecuencia, no basta la sola afirmación de la interposición de la demanda o queja ni la presentación del documento en cuestión para

RECUSACIÓN

CAP. 4

estimar lesionada la imparcialidad judicial. Se requiere, por consiguiente, indi­ cios objetivos y razonables que permitan sostener con rigor la existencia de una falta de imparcialidad. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 3-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 53 Causales de recusación

El grado de acreditación de la parcialidad del Juzgador es la verosimili­ J096 tud (doctrina legal) El Tribunal, en este caso, debe realizar una valoración propia del específico motivo invocado y decidir en función a la exigencia de la necesaria confianza del sistema judicial si el Juez recusado carece de imparcialidad; debe examinar, en conse­ cuencia, la naturaleza de los hechos que se le atribuyen como violatorios de la Constitución o del ordenamiento judicial, y si su realización, en tanto tenga visos de verosimilitud, pudo o no comprometer su imparcialidad. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 3-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 53 Causales de recusación

El solo hecho de que el juez haya resuelto incidentes anteriores no es J097 causal de duda de parcialidad El hecho de que la Juez Superior recusada haya integrado el Colegiado que resolvió tales medios técnicos de defensa no puede ser fundamento para dudar de la imparcialidad, puesto que en dichas articulaciones no se valoró ni mucho menos se emitió pronunciamiento sobre el fondo de la controversia, supuesto que se determina exclusivamente al momento de emitir la senten­ cia correspondiente. Recurso de Nulidad: N° 3050-2010-Lima (01/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Concordancia: Art. 53 Causales de recusación

Se vulnerará el principio de imparcialidad si los Jueces resolvieron una J098 acción de garantía constitucional a favor de los acusados Que de la revisión de las copias que forman el presente cuaderno se advierte que se habría vulnerado el principio de imparcialidad, el mismo que constituye una garantía constitucional -incisos uno y tres del artículo ciento treinta y nueve, de la Constitución Política del Estado-; que el referido principio exige que todo Juez en relación con el cual pueda haber razones legítimas para dudar de su imparcialidad debe abstenerse de conocer el caso, dado a que lo observado es

53

CAR 4

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

la confianza que los tribunales deben inspirar a la sociedad; que, en particular, de autos se aprecia que el Tribunal que confirmó la sentencia de primera instancia resolvió con antelación a esta la acción de garantía que el agraviado promovió a su favor, lo cual denotaría que los magistrados se habrían formado una idea sobre la posible responsabilidad del imputado, con lo que se violentó dicho principio. Recurso de Queja: Concordancia:

N° 44-2010-Cañete (12/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Art. 53 Causales de recusación

J099 Si un integrante de la Sala Penal de Apelaciones declara la inadmisibili­ dad de un recurso, no es causal de recusación Si el encausado (...) recusó a los integrante de la Sala Penal de Apelaciones que cuestiona antes de que emitieran la sentencia de vista materia de casación, soli­ citud que fue declara inadmisible por extemporánea mediante resolución supe­ rior emitida por un Colegiado Penal distinto (...), sin embargo, ello no es óbice para que esta Suprema Sala Penal salvaguarde el debido proceso y el derecho constitucional a un Juez imparcial que tiene el encausado recurrente, más aún, si no hubo pronunciamiento de fondo respecto a la solicitud de recusación antes aludida. Casación:

Concordancia:

J100

N° 106-2010-Moquegua (03/05/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 8 Art. 53 Causales de recusación

La contaminación procesal como motivo de recusación requiere condi­ ciones en el juez que generen prejuicios Que es de tener presente que el motivo genérico denominado "contaminación procesal" surge de la razonable impresión de que el contacto anterior con la causa, según -claro está- la entidad de ese contacto, que puede influir en la cali­ ficación y en la culpabilidad de los presuntos autores, está en condiciones de ori­ ginar en el ánimo del Juez prejuicios y prevenciones respecto de la culpabilidad del imputado -de las partes acusadas en general-, quebrándose así la imparcia­ lidad objetiva y, en consecuencia, el derecho a ser juzgado por un Juez imparcial que es inherente a un debido proceso jurisdiccional. Casación:

Concordancia:

N° 674-2015-Arequipa (20/10/2016). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 5 Art. 53 Causales de recusación

RECUSACIÓN

CAP. 4

Es posible recusar al Juez por haber resuelto anteriormente un caso J101 conexo en otro proceso penal Si bien el fundamento de la abstención y recusación -antes indicado- está resi­ denciado en un mismo proceso, es posible entender que tal situación lesiva a la imparcialidad también puede presentarse cuando se trata de hechos conexos, en los que unos hechos están relacionados entre sí o cuando un hecho presu­ pone la afirmación de uno anterior, que es el que se juzgó o instruyó con ante­ rioridad. Por consiguiente, debe examinarse con cuidado la relación existente y establecer si la anterior actividad del Juez pudo provocar prejuicios o impresio­ nes en el ánimo del Juzgador de cara al proceso subsiguiente. Casación; Concordancia;

N° 674-2015-Arequipa (20/10/2016). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 5 Art. 54 Causales de recusación

El fijar con celeridad el inicio de Juicio oral no afecta el derecho a la impar­ J102 cialidad de los Jueces competentes La referida actuación funcional de los Magistrados recusados al fijar con celeridad la fecha para el inicio del juicio oral no expresa afectación al deber de imparcia­ lidad ni una lesión consiguiente de los derechos e intereses legítimos del encau­ sado en tanto no supone in inadecuado ejercicio de la función jurisdiccional, sino por el contrario corresponde a la exteriorización del respeto a las garantías míni­ mas del debido proceso; que la presunta animadversión que a su juicio le tienen las citadas Magistradas por los referidos actos efectuados en su gestión edil que ocasionaron incomodidad a sus parientes constituyen circunstancias extra pro­ ceso que no se encuentran escoltadas de razones y evidencias que permitan inferir una vinculación incompatible con este. Recurso de Nulidad; N° 3436-2010-Lambayeque (29/10/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 3 Concordancia; Art. 54 Causales de recusación

La interposición de la recusación en segunda instancia debe realizarse J103 en el plazo de tres días (doctrina legal vinculante) Que debe interpretarse sistemáticamente y teológicamente el inciso segundo del artículo 54 del Código Procesal Penal referido a que la recusación será inter­ puesta dentro de los tres días de conocida la causal que se invoque, con el inciso 3 del mismo dispositivo e inclusive la última parte del inciso segundo del mismo artículo (...): a) De tal forma que en segunda instancia también corres­ ponde computar el plazo de recusación dentro de los 3 días de conocida la cau­ sal que se invoque; b) correspondiendo a la parte recusante demostrar tal fecha de conocimiento reciente de la causal que invoca, cumpliendo con la diligencia

55

4

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

profesional, que permite el equilibrio entre garantías y eficiencia, para no afectar el derecho de defensa de la contraparte, generando incidencias que dilaten la solución del proceso cuando ya precluyó tal derecho. Casación:

Concordancia:

J104

N° 458-2015-Cajamarca (03/05/2017). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamentos 7 y 8 Art. 54 Requisitos de la recusación

La sola demora en la expedición de copias a los justiciables no puede ser considerada causal de recusación No es posible concluir, con plena convicción, que -sea porque existió demora en la atención del requerimiento de copias de los actuados procesales o porque dicha petición fue denegada- los señores jueces superiores recusados, hayan actuado prejuiciados, es decir, motivados por ánimos espurios con el único y evi­ dente propósito de lesionarlos derechos fundamentales de los recusantes. Recurso de Nulidad: N° 1217-2018-Lima (28/01/2019). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Concordancia: Art. 53 Causales de recusación

J105

Los cuestionamientos sobre resoluciones judiciales que decidan medidas de coerción personal no acreditan duda sobre la imparcialidad Las pruebas documentales incorporadas en la recusación formalizada, per se, no tienen mérito para acreditar algún escenario de duda sobre la imparciali­ dad judicial. Las resoluciones judiciales ofrecidas como elementos de convicción versan sobre medidas coercitivas de naturaleza personal (prisión preventiva) y real (incautación). En lo pertinente, los cuestionamientos a tales resoluciones debieron ser canalizadas a través de la impugnación correspondiente, esto es, mediante los recursos de apelación y nulidad, y no por intermedio de una recu­ sación, como se pretende. Recurso de Nulidad: N’ 1217-2018-Lima (28/01/2019). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Concordancia: Art. 53 Causales de recusación

J106

Contaminación procesal influye en la calificación y la culpabilidad de los presuntos autores Que, es de tener presente que el motivo genérico denominado "contamina­ ción procesal" surge de la razonable impresión de que el contacto anterior con la causa, según claro está la entidad de ese contacto, que puede influir en la cali­ ficación y en la culpabilidad de ios presuntos autores, está en condiciones de ori­ ginar en el ánimo del Juez prejuicios y prevenciones respecto de la culpabilidad

RECUSACIÓN

CAP.

4

del imputado de las partes acusadas en general, quebrándose así la imparciali­ dad objetiva y en consecuencia, el derecho a ser juzgado por un Juez imparcial que es inherente a un debido proceso jurisdiccional.

Si bien el fundamento de la abstención y recusación antes indicado está resi­ denciado en un mismo proceso, es posible entender que tal situación lesiva a la imparcialidad también puede presentarse cuando se trata de hechos cone­ xos, en los que se juzgó o intuyó con anterioridad. Por consiguiente, debe exa­ minarse con cuidado la relación existente y establecer si la anterior actividad del juez pudo provocar prejuicios o impresiones en el ánimo del juzgador de cara al proceso subsiguiente. Casación;

Concordancia:

N° 674-2015-Arequ¡pa (20/10/2016). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 5 Art. 53 Inhibición

La recusación es un derecho de las partes procesales con la cual solicita J107 el apartamiento del conocimiento de los jueces en quienes se vea afec­ tada la imparcialidad Que, el instituto jurídico de la recusación es concebido conno un derecho de las partes procesales para solicitar el apartamiento del conocimiento o intervención en un determinado proceso los Jueces en quienes concurra alguna circunstancia que afecte su necesaria imparcialidad u objetividad, cuyo fundamento radica en la necesidad de asegurar un juicio con todas las garantías; por lo tanto, el ejerci­ cio del derecho a un juez imparcial implica que el recusante sustente en razones justificadas su pretensión, pues no basta con expresar temores de ausencia de imparcialidad en abstracto, sino que aquella desconfianza u opinión debe rela­ cionarse consistentemente con el caso concreto Recurso de Nulidad: N° 1037-2011 -Lima (22/06/2012). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 2 Concordancia: Art. 54 Requisitos de la recusación

57

CAPITULOS SUJETOS PROCESALES MINISTERIO PÚBLICO Formalizar denuncia o emitir acusación fiscal, en principio, no constitu­ J108 yen medidas que en sí mismas restrinjan la libertad personal Se alega en la demanda que los fiscales emplazados se apersonaron a las ins­ talaciones de la Municipalidad Distrital de Jesús María, a fin de intervenir diver­ sas áreas administrativas e incautar determinada documentación obrante en los archivos. Y, en ese sentido se refiere que, habiendo solicitado al fiscal demandado que les muestre la resolución fiscal que autorizaba dicha intervención, este contestó que para dicha diligencia bastaba con su sola presencia por la investidura que ostentaba, que no era necesario mostrarle resolución alguna; y que iba a regis­ trar la oposición a la exhibición, disponer su inmediata detención y emprender las acciones legales correspondientes. Por ello, se solicita ejercer control constitu­ cional sobre esta actuación fiscal y decretarla irregular.

Al respecto, cabe recordar lo que este Tribunal a través de su jurisprudencia ha precisado en el sentido de que si bien es cierto la actividad del Ministerio Público se encuentra vinculada al principio de interdicción de la arbitrariedad y al debido proceso, también lo es que, al formalizar denuncia o al emitir acusación fiscal, tales actuaciones en principio no constituyen medidas que en sí mismas restrin­ jan la libertad personal, ello, por cuanto se ha señalado que las actuaciones del Ministerio Público son postulatorias y en ningún caso decisorias sobre lo que la judicatura resuelva (Cfr. RRTC N°s 7961-2006-PHC, 5570-2007-PHC, 2688-2008PHC, 5020-2009-PHC, 2296-2010-PHC, 0985-2012-PHC, 3525-2013-PHC, 23892014-PHC, solo algunas). En consecuencia, dado que la imposición de las medi­ das que restringen o limitan la libertad personal es típica de los jueces, y que, por lo general, actos del Ministerio Público no suponen una incidencia negativa directa y concreta en la libertad personal, a juicio del Tribunal no corresponde realizar control constitucional de los actuaciones de los fiscales a través del pro­ ceso de hábeas corpus cuando solo se cuestione citaciones para recibir decla­ raciones indagatorias, apertura de investigaciones, formulación de denuncias.

59

CAR 5

SUJETOS PROCESALES

realización de intervenciones, entre otros cuestionamientos similares, debido a que la procedencia del hábeas corpus está condicionada a que la amenaza o vio­ lación del derecho conexo constituya una intervención directa y concreta en el derecho a la libertad personal.

Por tanto, este Tribunal debe señalar que la diligencia de exhibición de docu­ mentos realizada por el fiscal emplazado el día 2 de febrero de 2011 no conllevó incidencia negativa alguna en la libertad individual de los recurrentes y de la favorecida, por lo que, al no ser posible un control constitucional sobre tal actua­ ción fiscal a través del hábeas corpus, corresponde el rechazo de este extremo de la demanda en aplicación de la causal de improcedencia contenida en el artículo 5 inciso 1 del Código Procesal Constitucional. Expediente:

Concordancia:

J109

N° 03737-2013-PHC/TC (09/12/2015). Pleno del Tribunal Constitu­ cional. Fundamentos 6 al 8 Art. 60 Funciones del Ministerio Público

El ejercido de la acción penal y la formulación de una pretensión punitiva son prerrogativas ejercidas a instancia privativa del Ministerio Público El ejercicio de la acción penal y la formulación de una pretensión punitiva, son prerrogativas ejercidas a instancia privativa del Ministerio Público, como órgano constitucional público especializado. La obtención de la verdad requiere del cumplimiento de vías formalizadas, por lo tanto, la persecución delictiva debe ser promovida por organismos oficiales del Estado, no quedando librada a la volun­ tad del lesionado en el delito. Esto implica que el Estado no tiene únicamente la pretensión penal material, sino también el derecho y la obligación de perse­ guir penalmente (ROXIN, Claus (2002). Derecho Procesa! Pena!. Buenos Aires: Edi­ tores del Puerto, p. 83). De ello se derivan dos tipos de beneficios: De un lado, constituye una garantía de que las investigaciones se realicen en forma debida y correcta, mediante la actuación de las diligencias convenientes para la compro­ bación del delito, en un escenario formal de averiguación. Y de otro lado, cum­ ple una finalidad proteccionista, es decir, se busca que las investigaciones, como parte de la persecución delictiva, se realicen con la mayor moderación posible, legitimando el resultado de la indagación criminal y la posible aplicación de una consecuencia jurídico-penal. Con ello, se busca abstraer a la parte ofendida en el delito, de la posibilidad de ejercer justicia de modo particular [método autocompositivo]; encomendándosele dicha facultad a órganos dotados de imparcialidad y legitimidad pública: Ministerio Público y Poder Judicial, personificados en el Fis­ cal y el Juez [método heterocompositivo]. Y es que el delito, con arreglo al prin­ cipio de intervención mínima, ha de ser siempre indisponible, perteneciendo al Estado su persecución, aunque el sujeto pasivo de la acción no muestre volun­ tad favorable. De ahí que se conciba al delito como un fenómeno público, y no un acto privado (ASENCIO MELLADO, José María (2016). Derecho Procesal Penal

60

MINISTERIO PÚBLICO

CAP. 5

Estudios Fundamentales. Lima: Fondo editorial del Instituto Peruano de Crimino­ logía y Ciencias Penales (INPECCP), p. 36) Recurso de Nulidad: N° 1969-2016-Lima Norte (01/12/2016). Sala Penal Permanente. Fundamento 6 Concordancia: Art. 60 Funciones del Ministerio Público

Ministerio Público vigila e interviene en la investigación del delito desde Jilo la etapa policial (...) Que, el artículo 159 de la Constitución Política del Perú, establece las atribu­ ciones y funciones que se le confiere al Ministerio Público. Entre estas, la titulari­ dad de la Acción Penal, esto es, el ejercicio de la acción penal de oficio o a peti­ ción de parte y la conducción de la investigación del delito, desde su inicio. Por su lado, la Ley Orgánica del Ministerio Público, señala en el artículo 11 que dicha ins­ titución es la titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio, a instan­ cia de la parte agraviada o por acción popular. Asimismo, en el artículo 9 indica, que el Ministerio Público vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial. De igual forma, el inciso 1) del artículo IV del Título Preliminar del Código Procesal Penal establece que: "El Ministerio Público es el titular del ejer­ cicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Asume la conducción de la investigación desde su inicio (...). Casación:

Concordancia:

N° 134-2012-Áncash (13/08/2013) Sala Penal Permanente. Funda­ mento 1 Art. 60 Funciones del Ministerio Público

Por el principio acusatorio corresponde a la Fiscalía investigar, inculpar Jin formalmente al imputado, acusar y sostener la acusación Que, en efecto, rigen el principio acusatorio que integra el contenido constitucio­ nalmente garantizado del debido proceso y define el objeto procesal y el prin­ cipio institucional de jerarquía. Por el primero, corresponde a la Fiscalía no solo investigar, inculpar formalmente al imputado, acusar, sostener la acusación y, en su caso, mantener el recurso para su absolución por el Tribunal de Revisión. Si no hay acusación y no se mantiene el recurso hasta el final, en la propia sede recursal, este decae. Por el segundo, la posición del superior en grado prima sobre la expuesta en la sede anterior por el fiscal inferior. Recurso de Nulidad: N° 1347-2013-Lima (01/04/2014). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 4 Concordancia: Art. 61 Atribuciones y obligaciones del Ministerio Público

61

SUJETOS PROCESALES

J112

Diligencias policiales sin participación de la Fiscalía no tienen solvencia probatoria Las diligencias policiales sin participación del Ministerio Público no tienen solven­ cia probatoria para determinar la responsabilidad penal del justiciable, máxime si la menor agraviada se retractó de la imputación policial en el Plenario dejando incólume la presunción de inocencia con la cual ingresó al escenario procesal el encausado; siendo acertado la absolución venida en grado. Recurso de Nulidad: N° 2735-2014-Puno (04/02/2016). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Concordancia: Art. 67 Función de investigación de la policía

J113

La finalidad de la audiencia de tutela es ejercer control Jurisdiccional sobre el respeto de los derechos o las garantías del imputado (doctrina legal) La finalidad esencial de la audiencia de tutela es, entonces, la protección, res­ guardo y consiguiente efectividad de los derechos del imputado reconocidos por la Constitución y las leyes. El Juez de la Investigación Preparatoria se erige en un Juez de Garantías durante las diligencias preliminares y la investigación preparatoria ejerciendo su función de control de los derechos ante la alegación del imputado de que se ha producido la vulneración de uno o varios de sus derechos reconocidos específicamente en el artículo 71 del NCPP, responsabili­ zando ai Fiscal o a la Policía del agravio. Su finalidad esencial consiste en que el Juez determine, la vulneración al derecho o garantía constitucional prevista en la citada norma y realice un acto procesal dictando una medida de tutela correc­ tiva -que ponga fin ai agravio-, reparadora -que lo repare, por ejemplo, subsa­ nando una omisión- o protectora. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

JIM

N° 4-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 11 Art. 71.4 Audiencia de tutela

La tutela de derechos es residual ante la inexistencia de una vía inde­ pendiente para cuestionar disposiciones o requerimientos que vulne­ ren derechos o garantías (doctrina legal) Aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneran derechos funda­ mentales constitucionales pero que tienen vía propia para la denuncia o con­ trol respectivo, no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutela. En efecto, ocurre que el NCPP ha establecido en varios casos mecanismos especí­ ficos para ventilar asuntos relativos a los derechos básicos del imputado, como sucede con las audiencias de control del plazo de las diligencias preliminares o

EL IMPUTADO Y EL ABOGADO DEFENSOR

CAP.

de la investigación preparatoria formalizada (artículos 334.1, 343.2) o con aquella que sustancia el reexamen de la intervención de las comunicaciones telefónicas o análogas (artículo 231.3). Por ello no es errado afirmar que la audiencia de tutela es residual, esto es, opera siempre que el ordenamiento procesal no especifique un camino determinado para la reclamación por un derecho afectado. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 13 Art. 71.4 Audiencia de tutela

El juez se encuentra legitimado para realizar un examen de admisibili- j n 5 dad de la solicitud de tutela de derechos (doctrina legal) Debe de realizar una calificación del contenido de la solicitud porque eventual­ mente el agravio puede constituirse en irreparable si se cita a audiencia, por lo que en este caso excepcionalmente puede resolver de manera directa y sin audiencia. Asimismo, no está obligado a convocar a audiencia de tutela en los casos que aprecie manifiesta intención del imputado o de su abogado defen­ sor de obstruir la labor de investigación de la fiscalía en vez de debatir sobre la existencia de un agravio de derechos. El Juez, por tanto, está habilitado para rea­ lizar un control de admisibilidad de la petición respectiva y, en su caso, disponer el rechazo liminar, cuidando siempre de verificar cada caso en particular para no dejaren indefensión al imputado. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 15 Art. 71.4 Audiencia de tutela

Si se advierte por la tutela de derechos que los actos de investigación jug han vulnerado derechos o garantías constitucionales, pueden ser exclui­ dos (doctrina legal) Si bien los actos de investigación realizados por el Ministerio Público gozan de amparo legal por tratarse de la autoridad pública encargada de la persecución del delito, ello no implica que sean inatacables o incuestionables, puesto que han de sujetarse a la ley y al principio de objetividad. Es decir, estos actos de investi­ gación podrán quedar viciados o excluidos, según el caso, si se vulneraron dere­ chos fundamentales que se encuentran recogidos en el artículo 71 NCPP, esto es, si por ejemplo se efectuó su detención sin haberle puesto en conocimiento al imputado de los derechos fundamentales que le asisten, por lo que el Juez en audiencia de tutela dictará las medidas que correspondan de acuerdo a ley. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 16 Art. 71.4 Audiencia de tutela

5 J117

SUJETOS PROCESALES

Se puede excluir material probatorio obtenido ilícitamente vía audien­ cia de tutela de derechos (doctrina legal) A través de la audiencia de tutela se podrá solicitar la exclusión del material pro­ batorio obtenido ¡lícitamente -en los casos en que esta sea la base de sucesivas medidas o diligencias- siempre que no exista una vía propia para alcanzar este propósito y que tenga que ver con la afectación o vulneración de alguno de los derechos fundamentales del imputado reconocido en el artículo 71 NCPP. Lo anotado hace viable que en la Audiencia de tutela se cuestionen los elementos probatorios obtenidos mediante procedimientos ilegales o viciosos y que una vez comprobada su ilicitud el Juez determine su exclusión, como medida correc­ tiva o de protección. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J118

N° 4-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 17 Art. 71.4 Audiencia de tutela

La audiencia de tutela solo puede hacerse efectiva en las diligencias pre­ liminares y la investigación preparatoria (doctrina legal) La Tutela de Derechos es una garantía de específica relevancia procesal penal, que puede usar el imputado cuando ve afectado y vulnerado uno o varios dere­ chos establecidos específicamente en el artículo 71 del NCPP, quien puede acu­ dir al Juez de Investigación Preparatoria para que controle judicialmente la legi­ timidad y legalidad de los actos de investigación practicados por el Ministerio Público y repare, de ser el caso, las acciones u omisiones que generaron el que­ brantamiento del derecho de las partes procesales. La vía de tutela judicial solo podrá hacerse efectiva durante las diligencias preliminares y en la investigación preparatoria propiamente dicha. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J119

N° 4-2010/CJ-116 (16/11 /2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 19 Art. 71.4 Audiencia de tutela

La audiencia de tutela procede ante vulneración de derechos y garan­ tías constitucionales en las diligencias preliminares o la investigación preparatoria Cuando se considere que de las diligencias preliminares o que en la investigación preparatoria no se ha dado cumplimiento a estas disposiciones (relativas a sus derechos), o que sus derechos no son respetados, o que es objeto de medidas limitativas de derechos indebidos o de requerimientos ¡legales, puede acudir en vía de tutela al Juez de la Investigación Preparatoria para que subsane la omisión o dicte las medidas de corrección o de protección que corresponda; esta solici­ tud la resolverá este mismo Juez previa audiencia, en la cual el abogado defensor

EL IMPUTADO Y EL ABOGADO DEFENSOR

CAP.

expondrá los argumentos por los cuales cree que su patrocinado ha sido afec­ tado en sus derechos; le seguirá en turno el fiscal con sus alegaciones de des­ cargo, y el Juez resolverá al final. Casación:

Concordancia:

N° 14-2010-La Libertad (05/07/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 8 Art. 71 Derechos del imputado

La ejecución de las resoluciones judiciales no es derecho amparable vía J120 audiencia de tutela de derechos Siendo que con anterioridad ya se ha determinado que derechos pueden ser objeto de tutela, el derecho de ejecución de las resoluciones judiciales (com­ prendido dentro de la tutela procesal efectiva) no ha sido considerado dentro de dicho listado cerrado, por lo cual discrecionalmente los órganos jurisdiccionales no pueden incorporar nuevos supuestos de procedencia, al dejar abierta la posi­ bilidad de que se haga un uso abusivo, ilegítimo, se desnaturalice la figura de tutela y se permita el órgano jurisdiccional un control total tanto de las actuacio­ nes de la Policía como del Ministerio Público. Casación: Concordancia:

N° 136-2013-Tacna (11/06/2014). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 3.4,3.6 y 3.10 Art. 71 Derechos del imputado

La audiencia de tutela de derechos no es procedente en caso se haya J121 dado por concluida la etapa de investigación preparatoria De lo señalado, se colige que la audiencia de tutela está regulada de manera res­ trictiva, es decir, solo procederá en ciertos casos de afectación de derechos (los regulados en el artículo setenta y uno del Código Procesal Penal) del imputado, y dentro de la fase de investigación del proceso: diligencias preliminares o investi­ gación preparatoria propiamente dicha. Por consiguiente, concluida la investiga­ ción preparatoria ya no será admisible una tutela de derechos. Casación:

Concordancia:

N° 1142-2017-Huancavelica (25/05/2018). Sala Penal Permanente. Fundamento 17 Art. 71 Derechos del imputado

Los órganos jurisdiccionales no pueden incorporar nuevos derechos que J122 puedan ser objetos de tutela La tutela de derechos como institución procesal, tiene una finalidad protectora del imputado, quien en su calidad de parte acusada se ve sometido al aparato estatal durante la investigación del delito a cargo de la Policía Nacional del Perú y

CAP. 5

SUJETOS PROCESALES

el Ministerio Público, que por el especial papel que desempeñan en la lucha con­ tra la criminalidad, en ciertos casos, incurren en excesos o negligencias, las cua­ les no pueden adjudicarse gratuitamente al procesado, por ello, el legislador ha establecido esta institución procesal para que sea el Juez quien controle estas falencias en el propio aparato estatal. No obstante, no toda afectación se puede reclamar a través de la audiencia de tutela de derechos, por cuanto, al ser una ins­ titución procesal, el legislador y la jurisprudencia han establecido mecanismos específicos para determinados actos. Casación: Concordancia:

J123

N° 14-2010-La Libertad (05/07/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 3.4 Art. 71 Derechos del imputado.

La contumacia y la ausencia constituyen instituciones que influyen en la intensificación de medidas de coerción personales (precedente vinculante) Lo relevante de ambas instituciones: contumacia y ausencia, de configuración legal, a las que se anudan variados efectos procesales que incluso entrañan una intensificación de las medidas de coerción personales, es que se requiere de una resolución judicial motivada que declare el estado de ausencia o contumacia del imputado, la cual importa una verdadera obligación judicial que habrá de dic­ tarse cuando se cumplan escrupulosamente los presupuestos materiales estipu­ lados por la ley procesal, y que a su vez se erige en condición necesaria para dic­ tar las medidas de coerción limitativas de la libertad del imputado. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J124

N° 5-2006/CJ-116 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 8 Art. 79 inc. 6 Contumacia y ausencia

La declaración de contumacia o ausencia implica la detención del proce­ sado (precedente vinculante) La indicada resolución judicial tiene una naturaleza constitutiva, ya que por ella se crea el estado de ausente o contumaz, al que va ligado normalmente la adop­ ción de medidas provisionales personales. La declaración de contumacia cons­ tituye una situación procesal que legitima al Juez para ordenar la detención del procesado renuente a acatar el cumplimiento de determinados mandatos procesales. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

66

N° 5-2006/CJ-116 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 8 Art. 79 inc. 3 Resolución de contumacia y ausencia

EL IMPUTADO Y EL ABOGADO DEFENSOR

CAP.

La contumacia significa un apartamiento voluntario del procesado (pre­ J125 cedente vinculante) El contumaz, en términos generales, es el imputado que conoce su condición de tal y que está o estará emplazado al proceso para que responda por concretos cargos penales, y pese a ello deja de concurrir, se aparta voluntariamente del pro­ ceso (el encausado es consciente de la existencia de un proceso penal dirigido contra él y decide no acudirá la llamada del órgano jurisdiccional). Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 5-2006/CJ-116 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 9 Art. 79 inc. 1 Causales de contumacia

El órgano jurisdiccional para determinar la contumacia debe examinar J126 el correcto emplazamiento (precedente vinculante) En tal virtud, el órgano jurisdiccional deberá examinar cuidadosamente el debido emplazamiento al imputado, la correcta notificación, y sobre esa base proceder en su consecuencia (el Tribunal Constitucional en la Sentencia N° 3411-2006-HC/ TC, del 12/05/2006, ha insistido en que si no se notifica debidamente al imputado no es legítimo declararlo reo contumaz). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2006/CJ-116 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 12 Art. 79 inc. 1 Causales de contumacia

Para la contumacia debe determinarse la persistencia en la incompare­ J127 cencia (precedente vinculante) Para la declaración de contumacia, acto seguido, es central la nota de "persisten­ cia" en la incomparecencia voluntaria del acusado al acto oral, la cual significa mantenerse firme o constante en una cosa o, más concretamente, ante el empla­ zamiento judicial, es decir, no cumplirlo deliberadamente. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2006/CJ-116 (13/10/2006). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 12 Art. 79 inc. 1 Causales de contumacia

La declaración de ausencia no puede justificar la restricción de ejercer el J128 derecho a la prueba (precedente vinculante) Que si bien es cierto el imputado tenía la condición de reo ausente, ello en modo alguno puede limitar su derecho a la prueba pertinente, en tanto se trata de un elemento de carácter instrumental que integra el contenido esencial del derecho de defensa reconocido en el inciso catorce del artículo ciento treinta y

CAP. 5

SUJETOS PROCESALES

nueve de la Constitución Política, sin que desde el principio de proporcionali­ dad pueda justificarse impedir toda solicitud de prueba por la mera condición de reo ausente, pues se introduce un factor disciplinario ajeno por completo a la función y razón de ser de la actividad probatoria, solo limitable por razones de estricta pertinencia y legalidad (vinculada a la regla de pertinencia, en tanto que lo ilegal es en sí mismo impertinente), así como por motivos de conducen­ cia y utilidad (que responden a la regia de necesidad de la prueba), y de opor­ tunidad procesal. Recurso de Nulidad: N° 1768-2006-Loreto (12/07/2006). Sala Penal Permanente. Prece­ dente vinculante: fundamento 3 Concordancia: Art. 79 inc. 2 Declaración de ausencia

LAS PERSONAS JURÍDICAS J129

Las consecuencias accesorias deben aplicarse en el proceso penal con­ forme a las garantías constitucionales (doctrina legal) En lo que atañe a nuestro sistema jurídico las consecuencias accesorias, por su efectividad sancionadora, deben, también, aplicarse en el marco de un proceso penal con todas las garantías. La persona jurídica, entonces, tiene que ser empla­ zada y comparecer ante la autoridad judicial por su apoderado judicial con abso­ luta capacidad para ejercer plenamente el conjunto de los derechos que dimanan de las garantías de defensa procesal -derecho de conocimiento de los cargos, de asistencia letrada, de defensa material o autodefensa, de no autoincriminación y al silencio, de prueba, de alegación, y de impugnación- y de tutela jurisdiccional -en especial, derecho a una resolución fundada y congruente basada en el dere­ cho objetivo y derecho a los recursos legalmente previstos-. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J130

N° 7-2009/CJ-l 16 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 20 Art. 90 Incorporación al proceso

Derecho a no ser condenado en ausencia constituye una garantía típica El derecho a no ser condenado en ausencia se encuentra reconocido en el artículo 139.12 de la Constitución. Se trata de una garantía típica que conforma el debido proceso penal y que guarda una estrecha relación con el derecho de defensa. Expediente: Concordancia:

68

N° 01691-2010-PHC/TC (09/12/2015).Tribunal Constitucional. Fun­ damento 8 Art. 79 Contumacia y ausencia

LAS PERSONAS JURÍDICAS

CAR 5

Valoración de la declaración del imputado

J131

Se advierte que como única prueba de este hecho el ilícito imputado, la volun­ tariedad del sujeto, se tiene la declaración de los mismos procesados. Si se toma como verdaderas sus declaraciones, naturalmente se tiene que reconocer ese carácter al íntegro de las mismas pues resultaría arbitrario considerar verdadero aquello que les incrimina y falso aquello que los exculpa siendo la fuente de prueba su propio testimonio. Recurso de Nulidad: N° 1623-2014-Lima (20/10/2015). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 7 Concordancia: Art. 87 Instrucciones preliminares

Declaración de un coimputado

J132

Es un presupuesto para destruir la presunción de inocencia, que la prueba de cargo de signo incriminatorio genere convicción sobre la participación del acu­ sado en el hecho punible; que, en tal sentido, la declaración de un coimputado para ser considerada como prueba idónea, a efectos de destruir la presunción iuris tantum de inocencia y generar certeza en el juzgador, debe reunir entre otros requisitos además de la ausencia de incredibilidad subjetiva la verosimili­ tud, persistencia y concordancia en la incriminación, es decir, tiene que corro­ borarse entre sí y con otros elementos de prueba o indicios, tal como lo exige el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116. Recurso de Nulidad: N° 1004-2010-Tacna (27/04/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Concordancia: Art. 89 Tratamiento y pluralidad de imputados

La incorporación de la persona jurídica al proceso penal puede ser J133 para afrontar responsabilidades de la pretensión penal o civil (doctrina legal) Al respecto, el NCPP ya considera a la persona jurídica como un nuevo sujeto pasivo del proceso penal en el Titulo III, de la Sección IV, del Libro Primero. Pero ya no para afrontar únicamente eventuales responsabilidades indemnizatorias, directas o subsidiarias, sino para enfrentar imputaciones directas o acumulativas sobre la realización de un hecho punible y que pueden con­ cluir con la aplicación sobre ella de una sanción penal en su modalidad espe­ cial de consecuencia accesoria. Esta orientación legislativa, además, dispone, para todo ello, la realización de un proceso penal de corte unitario que com­ prenderá tanto a personas naturales como jurídicas, aunque con formulación de cargos y requerimientos diferenciados en atención a la naturaleza particu­ lar del sujeto imputado y de las necesidades específicas del thema probandum que le conciernen.

SUJETOS PROCESALES

Acuerdo Plenario: Concordancia:

J134

N° 7-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal; fundamento 20 Art. 90 Incorporación al proceso

El requisito esencial para la incorporación de la persona jurídica es ser plausible de aplicársele las consecuencias accesorias (doctrina legal) En él se fijan ios presupuestos necesarios para el ennplazamiento y la incorpora­ ción fornnal de una persona jurídica en un proceso penal. Al respecto, el presu­ puesto esencial que exige dicha norma se refiere a la aplicación potencial sobre el ente colectivo de alguna de las consecuencias accesorias que contemplan los artículos: 104 y 105 CP. Esta disposición también concede al Fiscal legitimación exclusiva para requerir ante la autoridad judicial dicho emplazamiento e incorpo­ ración procesal. Tal norma, por lo demás, no obsta a que, respecto del artículo 104 CP y en sus estrictos marcos, el actor civil tenga legitimación activa conforme a la concordancia de los artículos 110,104 y 105 NCPP. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J135

N° 7-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 21 Art. 90 Incorporación al proceso

Se establece como requisito para la incorporación de la persona jurídica que sea postulada antes de culminadas las investigaciones (doctrina legal) El artículo 91 NCPP disciplina la oportunidad y la tramitación del emplazamiento e incorporación procesal de la persona jurídica como parte procesal. Esta norma señala que la solicitud de emplazamiento del Fiscal se debe formular ante el Juez de la Investigación Preparatoria, luego de comunicarle su decisión formal de con­ tinuar con las investigaciones y hasta antes de que se declare concluida la inves­ tigación preparatoria. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J136

N° 7-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 21 Art. 90 Incorporación al proceso

La solicitud de incorporación de la persona Jurídica debe contener su identificación, su domicilio, la precisión circunstanciada de los hechos y la cadena de atribución (doctrina legal) En este artículo se detallan también los datos básicos de identificación que deberá contener la solicitud fiscal y que son los siguientes: (i) La identificación de la persona jurídica (razón social, naturaleza, etcétera), (ii) El domicilio de la per­ sona jurídica (sede matriz o filiales). La solicitud, además, debe señalar, de modo circunstanciado, los hechos que relacionan a la persona jurídica con el delito

LAS PERSONAS JURÍDICAS

CAP. 5

materia de investigación. Por tanto, se debe referir la cadena de atribución que la conecta con acciones de facilitación, favorecimiento o encubrimiento del hecho punible. Y, en base a todo ello, se tiene que realizar la fundamentación jurídica que justifique incluir al ente colectivo en el proceso. Acuerdo Plenario; Concordancia;

N° 7-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 21 Art. 90 Incorporación al proceso

Incorporación de personas jurídicas al proceso penal exige verificar la J137 aplicación potencial de consecuencias accesorias contra ellas Que, el nuevo Código Procesal Penal, a diferencia del Código de Procedimien­ tos Penales, sí establece de manera clara normas relativas a la persona jurídica y a su rol en el proceso penal de conformidad a los artículos noventa y noventa y tres, legislando así aspectos específicos vinculados con la capacidad procesal, los derechos y garantías reconocidas a las personas jurídicas, así como sobre la acti­ vidad procesal que estas puedan desplegar. Que, el presupuesto esencial para la identificación y emplazamiento de una persona jurídica como parte procesal, es la aplicación potencial que esta tenga sobre el ente colectivo de alguna de las consecuencias accesorias que contemplan los artículos ciento cuatro y ciento cinco del Código Penal. Casación;

Concordancia;

N° 296-2011-Tacna (10/12/2012). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 10 y 11 Art. 90 Incorporación al proceso

La persona Jurídica puede ejercer todas sus facultades cuando sea debi­ J138 damente incorporada al proceso (doctrina legal vinculante) Una vez incorporada la persona jurídica, goza de todos los derechos y garantías del imputado, así lo configura el artículo 93 del Código Procesal Penal. En con­ clusión, no existe otro efecto que se genere de su incorporación, menos la legiti­ midad procesal de las personas naturales imputadas para interponer los medios técnicos de defensa y otros que les franquea la ley, como señalamos en el consi­ derado vigésimo. Casación;

Concordancia;

N° 134-2015-Ucayali (16/08/2016). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 27 Art. 90 Incorporación al proceso

71

SUJETOS PROCESALES

EW J139

El actor civil es el agraviado o el sujeto pasivo del delito que ha sufrido el daño indemnizable (doctrina legal) Actor civil es el perjudicado que ejerce su derecho de acción civil dentro del pro­ ceso penal. Es decir, es quien ha sufrido en su esfera patrimonial los daños pro­ ducidos por la comisión del delito, siendo titular, frente al responsable civil, de un derecho de crédito, bien a título de culpa, bien por la simple existencia de una responsabilidad objetiva que pudiera surgir con ocasión de la comisión de un delito. Dicho de otro modo, se define al actor civil como aquella persona que puede ser el agraviado o sujeto pasivo del delito, es decir quien directamente ha sufrido un daño criminal y, en defecto de él, el perjudicado, esto es, el sujeto pasivo del daño indemnizable o el titular del interés directa o inmediatamente lesionado por el delito, que deduce expresamente en el proceso penal una pre­ tensión patrimonial que trae a causa de la comisión de un delito. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J140

N° 5-2011/Cj-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 11 Art. 91 Constitución

Persona Jurídica constituida al proceso como tercero civilmente responsable El recurrente otorga un alcance interpretativo incorrecto al artículo noventa del Código Procesal Penal, ya que dicho dispositivo se ubica en un título distinto al que corresponde al sujeto procesal tercero civilmente responsable, y regula pro­ cesalmente la incorporación de personas jurídicas susceptibles de ser sanciona­ das conforme a lo dispuesto por los artículos 104 y 105 del Código Penal. Casación: Concordancia:

J141

N° 182-2012-Cajamarca (15/08/2013). Sala Penal Permanente Art. 90 Incorporación al proceso

El actor civil tiene facultades para aportar elementos que acrediten y aseguren el pago de la reparación civil (doctrina legal) El citado artículo 98 del Código Procesal Penal establece como premisa inicial que el actor civil es el titular de la acción reparatoria, y luego precisa que esta acción solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado del delito. No debe olvi­ darse que la naturaleza de la acción reparatoria es fundamentalmente patrimo­ nial y es por ello la denominación del titular de ella; "actor civil". Este deberá, en primer término, sustentar en el proceso cómo es que ha sido perjudicado por la conducta imputada al investigado y cómo el daño sufrido puede ser resarcido. Si bien en muchos casos se admite que hay un componente moral en la colabo­ ración del actor civil en el proceso a fin de aportar con elementos que permitan

EL ACTOR CIVIL

CAP. 5

probar la comisión del ilícito, lo cierto es que todas las facultades de este apun­ tan formalmente a la acreditación, aseguramiento y pago de una reparación civil. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2011 /CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 13 Art. 98 Titular de la acción civil

Para la constitución de actor civil se requiere la individualización del tipo J142 y el alcance del daño sufrido (doctrina legal) Como se advierte del parágrafo precedente, si bien se está frente a una preten­ sión de índole resarcitoria, la Ley procesal exige que el perjudicado -que ejerce su derecho de acción civil- precise específicamente el quantum indemnizatorio que pretende. Ello conlleva que individualice el tipo y alcance de los daños cuyo resarcimiento pretende y cuánto corresponde a cada tipo de daño que afirma haber sufrido. Con esta medida la norma procesal persigue dar solución a un problema sumamente grave en nuestro ordenamiento judicial pues con el trans­ currir del tiempo la práctica tribunalicia revela que los montos dinerarios que se establecen por concepto de reparación civil en sede penal son relativamente menores y no guardan relación ni proporción con el hecho que forma parte del objeto procesal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 15 Art. 100 Requisitos de constitución

La oportunidad de constitución de actor civil es luego de emitirse la dis­ J143 posición de formalización de investigación preparatoria (doctrina legal) Es de descartar la primera posibilidad fundamentalmente porque, como bien se sabe, al momento que se vienen realizando las diligencias preliminares el Minis­ terio Público aún no ha formulado la inculpación formal a través de la respec­ tiva Disposición Fiscal; esto es, no ha promovido la acción penal ante el órgano jurisdiccional, por lo que mal podría acumularse a ella una pretensión resarci­ toria en ausencia de un objeto penal formalmente configurado. Por lo demás, debe quedar claro que con la formalización de la Investigación Preparatoria pro­ piamente dicha el Fiscal recién ejerce la acción penal, acto de postulación que luego de ser notificado al Juez de la Investigación Preparatoria (artículos 3 y 336.3 del Código Procesal Penal) permite el planteamiento del objeto civil al proceso penal incoado. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 17 Art. 100 Requisitos de constitución

73

s J144

SUJETOS PROCESALES

Procede la constitución en actor civil hasta antes de que el fiscal emita la disposición de conclusión de la investigación preparatoria (doctrina legal vinculante) Se advierte que el fiscal a cargo, mediante resolución seis guión dos mil doce, del veintinueve de marzo de dos mil quince, dio por concluida la investigación preparatoria formal seguida; por lo que resulta posible y admisible la constitu­ ción como actor civil solicitada por la Procuradora Pública ante el Tercer Juzgado Penal; puesto que se encuentra dentro del periodo establecido por la norma. En ese mismo sentido, se advierte que el Tribunal de Apelación realizó una errónea aplicación del artículo 343 del Código Procesal Penal, al considerar que para los efectos del pedido de constitución en actor civil no se observa la fecha en que se emitió la disposición fiscal de conclusión de investigación preparatoria, sino cuando esta ha concluido de manera real u objetiva. Casación:

Concordancia:

J145

N° 613-2015-Puno (03/07/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 11 y 12 Art. 101 Oportunidad de constitución de actor civil

La constitución de actor civil debe realizarse en una audiencia que garan­ tice el principio de contradicción (doctrina legal) Resulta entonces que el trámite de la constitución en actor civil tendría que rea­ lizarse necesariamente mediante audiencia, en cumplimiento de los principios procedimentales de oralidad y publicidad, y el principio procesal de contradic­ ción establecidos en el artículo 1.2 del Título Preliminar del Código Procesal Penal. Debe entenderse, desde esta perspectiva, que el plazo de tres días fijado en el artículo 202.1 de la Ley Procesal Penal se refiere al paso de expedición de la reso­ lución correspondiente -que en el caso del artículo 8 es de dos días de celebrada la audiencia como plazo máximo-, pero esta debe proferirse, como paso poste­ rior, de la realización de la audiencia. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J146

N° 5-201 l/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente yTransitoria. Doctrina legal: fundamento 19 Art. 102 Trámite de la constitución de actor civil

La audiencia de constitución de actor civil se realiza en todos los casos y no solo frente a una oposición de una parte procesal (doctrina legal) Por consiguiente, no es posible deducir de la ley que la audiencia solo se lle­ vará a cabo ante la oposición de una parte procesal, pues tal posibilidad no está reconocida por el Código Procesal Penal y sería contraria al principio de lega­ lidad procesal. No obstante ello, la vulneración del derecho objetivo no nece­ sariamente produce nulidad de actuaciones, pues esta tiene como presupues­ tos no solo la vulneración de la ley sino principalmente la generación de una indefensión material a las partes procesales o la absoluta desnaturalización del

EL ACTOR CIVIL

CAR 5

procedimiento lesiva a los principios y garantías que le son propios e insustitui­ bles. La nulidad, pues, está condicionada a las infracciones de relevancia consti­ tucional se anotan. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 5-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 19 Art. 102 Trámite de la constitución de actor civil

La concurrencia de procuradores en un mismo proceso penal, en repre­ J147 sentación de intereses públicos (doctrina legal) No cabe admitir, en el supuesto relativo a un solo agraviado (v. gr. una munici­ palidad), la intervención simultánea y múltiple de procuradores, salvo en caso de perpetración de distintos delitos, cuya persecución integra a diversos procura­ dores, aunque cabe la coordinación entre estos. Fuera de ese marco, se generan efectos en materia de ofrecimiento y actuación probatoria, alegaciones y recur­ sos; el principio de igualdad de armas corre riesgo de ser afectado. La designa­ ción de un solo procurador concentrará el ejercicio defensivo y, al mismo tiempo, evitará la probabilidad de proliferación de audiencias de constitución de actor civil en las diversas Cortes Superiores, en las que se encuentra vigente el nuevo Código Procesal Penal, lo que repercutirá a su vez a favor de la programación de audiencias de otro tipo. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2012/CJ-116 (24/01/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamentos 13 y 14 Art. 98 Constitución y derechos Art. 99 Concurrencia de peticiones Art. 100 Requisitos para constituirse en actor civil

La apelación interpuesta del actor civil respecto a la absolución del impu­ J148 tado no es procedente si el fiscal superior expresa conformidad con el fallo (doctrina legal vinculante) Estando a lo expuesto, se debe tener en consideración que emitida una senten­ cia absolutoria, y leída la misma en audiencia pública o privada (según el caso), cuando el único impugnante sea el actor civil, y el Fiscal Provincial exprese su conformidad con la misma, deberá verificarse si el Fiscal Superior, al momento de llevarse a cabo la audiencia de apelación, reitera su conformidad con la sentencia absolutoria. Siendo ello así, este Supremo Tribunal considera que la Sala de Ape­ laciones no tiene más que confirmar la absolución. Casación:

Concordancia:

N° 413-2014-Lambayeque (07/04/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 21 y 22 Art. 104 Facultades del actor civil

5 J149

SUJETOS PROCESALES

El actor civil tiene los mismos derechos que le asisten al agraviado (doc­ trina legal vinculante) El artículo ciento cuatro del Código Procesal Penal establece que las facultades del actor civil son: deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación y de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer recursos impugnatorios que la Ley prevé; correspondiendo precisar que sin perjuicio de aquellos derechos, también le son atribuidos los derechos que le asiste al agraviado; así, tenemos que el artículo noventa y cinco de la citada norma señala como derechos -entre otros- en su inciso d) impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Casación: Concordancia:

J150

N° 353-2011-Arequipa (04/06/2013). Sala Penal Permanente. Doc­ trina Jurisprudencial vinculante: fundamento 15 Art. 104 Facultades del actor civil

La Procuraduría Pública se encuentra legitimada para representar al Estado como actor civil (doctrina legal vinculante) Asimismo, en los procesos penales, el Estado -como ente legitimado para repre­ sentar a la Sociedad- ejerce la defensa de sus intereses a través de los Procurado­ res Públicos, en virtud del artículo 47 de la Constitución Política del Perú, según el cual: "La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procurado­ res Públicos conforme a ley (...)". El Procurador Público es un abogado inscrito en un Colegio de Abogados que ejerce la representación del Estado en un proceso judicial en defensa de sus derechos e intereses; es por esta razón que la repre­ sentación de la Sociedad agraviada, en este caso, debe ser ejercida por el Procu­ rador Público respectivo. Casación:

Concordancia:

J151

N° 103-2017-Junín (15/08/2017). Segunda Sala Penal Transitoria. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 20 Art. 98 Constitución y derechos

El Ministerio Público no puede asumir la condición de actor civil en casos de delitos cuyo agraviado sea la sociedad (doctrina legal vinculante) Comprender a la Sociedad como agraviada no resultará adecuado para los fines del proceso, por cuanto nadie la defenderá respecto de su pretensión civil y estará limitada en los derechos que asisten a todo agraviado. En efecto, si se niega al Estado la representación de la Sociedad, como sostuvo el Juez de Investigación Preparatoria; el Ministerio Público asumiría su representación y tendría que constituirse en actor civil para ejercer sus derechos como agra­ viado. El Ministerio Público no podría solicitar su constitución en actor civil, por cuanto asumiría dos posiciones procesales; una de persecutor y otra de actor civil; el persecutor no puede ser agraviado a la vez, salvo el caso de la querella

EL ACTOR CIVIL

CAR

5

de particulares. Entonces, lo racional y práctico es considerar al Estado como agraviado, en todos los delitos cuyos agraviados no sean personas naturales o jurídicas. Casación:

Concordancia:

N° 103-2017-Junín (15/08/2017). Segunda Sala Penal Transitoria. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 2 Art. 98 Constitución y derechos

Procuradores deben sustituir a los fiscales en los procesos donde se con­ J152 sideraba como agraviada a la sociedad (doctrina legal vinculante) 1) En todos los procesos penales donde figura como agraviada la Sociedad, sin perjuicio de modificarse el auto de apertura de instrucción, o, en su caso la Dis­ posición Fiscal de Formalización de Investigación Preparatoria, precisando al Estado como agraviado; el representante legal será el Estado, que se apersonará al proceso a través de sus Procuradores correspondientes, teniendo todos los derechos del agraviado y actor civil, según sea el caso. 2) En todos los delitos en que el agraviado no sea una persona natural o jurídica; tendrá tal condición, el Estado, como Sociedad políticamente organizada. Casación: Concordancia:

N° 103-2017-Junín (15/08/2017). Segunda Sala Penal Transitoria. Doctrina Jurisprudencial vinculante: fundamento 23 Art. 98 Constitución y derechos

Agraviado es aquel que resulta directamente afectado por un delito

J153

Entendemos por agraviado, aquel que resulta directamente ofendido por un delito o perjudicado por las consecuencias del mismo; teniendo entre otros dere­ chos, el de impugnar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria. Asimismo, por su condición de perjudicado, en un proceso penal podrá ejercer su acción reparatoria, para lo cual debe estar legitimado, debiéndose constituir en actor, a efec­ tos de poder reclamar la reparación, y en su caso los daños y perjuicios produci­ dos por el delito. Casación: Concordancia:

N° 342-2011-Cusco (02/07/2013). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4.4 Art. 94 Definición

El actor civil es una institución que ha generado interpretaciones J154 contradictorias El actor civil, en cuanto parte procesal, presenta una configuración jurídica de suma importancia, en la medida que esta institución ha generado interpretacio­ nes contradictorias que con el tiempo han ido encontrando su cauce mediante las decisiones que han venido profiriendo los Juzgados y Salas, pero que al parecer

CAP, 5

SUJETOS PROCESALES

no gozan de unánime respaldo. Así las cosas, corresponde a este Supremo Tri­ bunal en aras de garantizar la igualdad en la aplicación judicial del derecho obje­ tivo y la vigencia del valor seguridad jurídica, dictar Acuerdo Plenario que fije los alcances de los puntos en conflicto. Casación:

Concordancia:

N° 62-2010-Lambayeque (10/02/2011). Sala Penal Permanente. Fundamento 6 Art. 98 Constitución y derechos

EL QUERELLANTE PARTICULAR J155

Intervención del fiscal en delitos privados En ios delitos contra el honor cometidos mediante órganos de comunicación social, el Fiscal Supremo solo interviene como simple auxiliar ilustrativo. Existe, pues, una coincidencia del acusador y acusado con el ofendido y el ofensor, produciéndose así un paralelismo entre partes en sentido material y formal, las características anotadas devienen en líneas directrices a fin de valorar la correcta o incorrecta actividad probatoria y argumental exigible al sujeto monopólico de la acción penal, esto es, el querellante. Recurso de Nulidad: N° 182-2010-Lima (25/04/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Concordancia: Art. 107 Derechos del querellante particular

EL TERCERO CIVIL J156

Se puede incorporar al tercero civilmente responsable hasta antes de la conclusión formal de la investigación preparatoria El impulso negligente o la falta de respuesta en su oportunidad del órgano juris­ diccional a la solicitud de una de las partes procesales, no puede incidir en per­ juicio del actor civil, quien llegó a realizar su pedido antes que concluya defi­ nitivamente la etapa de investigación preparatoria, en ese sentido, la conducta procesal omisiva del operador judicial no puede afectar al agraviado en su pre­ tensión de ver resarcido económicamente el perjuicio que se le pudo haber causado; máxime (...), tiene como pilar fundamental la oralidad y contradicción garantizado en el juzgamiento donde las partes procesales pueden hacer valer su derecho a la defensa (...) tampoco se ha vulnerado el principio de preclusión de los actos procesales, toda vez, que la solicitud de incorporación de tercero civilmente responsable como ya se ha sostenido se hizo en la oportunidad pro­ cesal correspondiente.

78

EL TERCERO CIVIL

Casación: Concordancia:

CAP.

N° 79-2010-La Libertad (24/05/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 7 Art. 100 Requisitos para constituirse en actor civil Art. 101 Oportunidad de la constitución en actor civil Art. 102 Trámite de la constitución en actor civil Art. 111 Citación a personas que tengan responsabilidad civil

Para incorporar como tercero civil responsable se requiere de subordinación J157 Sobre la subordinación, se descarta la exigencia de un vínculo legal, es suficiente corroborar que exista una relación, de dependencia o jerarquía, incluso, como señala Moreno Catena, de hecho, sin importar que sea circunstancial, onerosa o gratuita. En cuanto al ejercicio de cargo o el cumplimiento de un deber, el com­ portamiento ilícito debe haberse ejecutado mientras se desarrollaba o cumplía un rol encomendado por persona natural o, en el caso de una persona jurídica, un rol institucional. Casación: Concordancia:

N° 547-2016-Cusco (10/04/2019). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 8 Art. 111.2 Requisitos para incorporar a tercero civil

No existe norma que excluya a las instituciones públicas de la calidad de J158 terceros civilmente responsables La naturaleza jurídica del Tercero Civilmente Responsable es totalmente distinta, y como tal los alcances de su actuación procesal han sido regulados separada­ mente en el título V, cuya conexión con el proceso es únicamente en el aspecto reparatorio. No existe pues norma que excluya de responsabilidad resarcitoria solidaria a las instituciones públicas que ocasionen daños a terceros a tra­ vés de sus dependientes y el artículo noventa del Código Procesal Penal no le es aplicable. Casación: Concordancia:

N° 182-2012-Cajamarca (15/08/2013). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 12 Art. 111 Requisitos para incorporar a tercero civil

La conducta procesal omisiva del operador judicial no puede afectar al J159 agraviado en su pretensión de ser resarcido El impulso negligente o la falta de respuesta en su oportunidad jurisdiccional o la solicitud de uno de las partes procesales, no puede incidir en perjuicio del actor civil, quien llegó a realizar su pedido antes que concluya definitivamente la etapa de investigación preparatoria, en ese sentido, la conducta procesal omisiva del operador judicial no puede afectar al agraviado en su pretensión de ser resarcido económicamente el perjuicio que se le pudo haber causado; máxime, si como se

CAP. 5

SUJETOS PROCESALES

ha señalado precedentemente el nuevo modelo procesal penal tiene como pilar fundamental la oralidad y contradicción garantizado en el juzgamiento donde las partes procesales pueden hacer valer su derecho a la defensa y en todo caso, tampoco se ha vulnerado el principio de preclusión de los actos procesales, toda vez, que la solicitud de incorporación de tercero civilmente responsable como ya se ha sostenido se hizo en lo que oportunidad procesal correspondiente. Casación: Concordancia:

N° 79-2010-La Libertad (24/05/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 7 Art. 111 Citación a personas que tengan responsabilidad civil

CAPITULO 6 LAS ACTUACIONES PROCESALES Es necesario que las resoluciones emitidas en las incidencias (autos) estén jigo íntegramente documentadas por escrito (doctrina legal vinculante) Las resoluciones emitidas en las incidencias (los autos) han de estar íntegramente documentadas por escrito, con excepción de los casos que refiere el numeral décimo del Acuerdo Plenario número seis guión dos mil once diagonal CJ guión ciento dieciséis, del seis de diciembre de dos mil once con la precisión hecha en el numeral décimo tercero de dicho Acuerdo, sin perjuicio de la oralización de la decisión, como ya se ha establecido en el pronunciamiento casacional número sesenta y uno guión dos mil nueve ya referido. Casación: Concordancia:

N° 159-2011-Huaura (22/05/2012). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamentos 3.11 y 3.12 Art. 121 Invalidez del acta Art. 123 Resoluciones judiciales Art. 124 Error material, aclaración y adición Art. 125 Firma

FORMALIDADES El Estado debe garantizar a las personas analfabetas un proceso en mejo- j 151 res condiciones para que puedan exigir de manera efectiva el respeto de sus derechos Ahora bien, en el marco de las relaciones procesales, es decir, tratándose de controversias judiciales, el Estado tiene la obligación de procurar a las personas analfabetas una protección especialmente garantista, ello, por cuanto, al estar desnaturalizada su capacidad de comprensión por no contar con las herramien­ tas cognitivas necesarias, tal condición especial las coloca en una situación de desventaja frente a la otra parte. Con dicha protección, el Estado no solo justifica su inacción social en materia educativa, sino que habilita la posibilidad de que las personas analfabetas asistan a un proceso en mejores condiciones y puedan exi­ gir de manera efectiva el respeto de sus derechos

CAP. 6

LAS ACTUACIONES PROCESALES

En tal sentido, a partir del contenido del derecho al debido proceso y del deber constitucional de garantizar la defensa de las personas enjuicio, más aún, cuando se existe una relación que bien puede ser expresada en el derecho de las per­ sonas analfabetas a no dejar de ser asistidas por un abogado y, por tanto, a reci­ bir una debida defensa acorde a su condición en los procesos judiciales. Es decir, se puede considerar, sin necesidad de apelar a la cláusula de los derechos no enumerados o derechos no escritos recogida en el artículo 3 de la Constitución que está reservada solo para aquellas especiales y novísimas situaciones que supongan la necesidad del reconocimiento de un derecho que requiera de una protección al más alto nivel y que, en modo alguno, pueda considerarse que está incluido en el contenido de algún derecho constitucional ya reconocido en forma explícita (Cfr. STC N° 0895-2001-AA, f. j. 5); que el derecho de defensa supone la existencia del derecho que tienen las personas analfabetas a no dejar de ser asistidas por un abogado y, por tanto, a recibir una debida defensa acorde a su condición en los procesos judiciales. (...) Al respecto el Tribunal observa que las autoridades jurisdiccionales no otor­ garon una debida tutela en la medida que no ofrecieron las garantías necesarias, a fin de que el derecho de defensa de la recurrente en su calidad de analfabeta y quechuahablante se encuentre plenamente protegido. En opinión del Tribunal, la autoridad judicial debió asignar un intérprete a la favorecida para que pueda comunicarse correctamente y sin limitaciones con el objeto de que pueda ser oída en el proceso; asimismo, debió exhortar al abogado para que no deje de asistir a ninguna de las audiencias y le comunique a la favorecida todo lo ocu­ rrido en cada una de las etapas del proceso, dejando expresa constancia de ello. Expediente: Concordancia:

J162

N° 142-2015-Lima Art. 114 Idioma

La utilización del sistema de videoconferencia constituye un instru­ mento tecnológico que coadyuva a los fines del proceso, pero debe ser excepcional Ajuicio de este Tribunal, el sistema de videoconferencia no impide que el proce­ sado y el juzgador puedan comunicarse oralmente; antes bien, posibilita la inte­ racción y el diálogo entre las partes, pudiéndose observar que cuando se rea­ liza bajo las condiciones técnicas adecuadas no obstaculiza la mejor percepción sensorial. Asimismo, en la medida que se permita el acceso al contenido de las audiencias no se afecta la publicidad. Mientras que, respecto de la contradicción, se aprecia que con las partes comunicadas en tiempo real, estas pueden expre­ sarse fluidamente, tal y como si estuvieran presentes físicamente el procesado y el juzgador en el mismo ambiente. Por ello, este Tribunal considera que la utilización del sistema de videoconferen­ cia no transgrede, prima facie, los principios referidos, constituyéndose, más bien, en un instrumento tecnológico que coadyuva a los fines del proceso.

82

FORMALIDADES

CAP. 6

Corresponde analizar ahora si con el uso del sistema de videoconferencia se lesiona el principio de inmediación como elemento del derecho a la prueba. Al respecto, el Tribunal aprecia que el sistema de videoconferencia permite la comunicación bidireccional y simultánea de la imagen y sonido, en tiempo real, sin obstaculizar la percepción sensorial que puedan tener las partes de las pruebas, admitiendo la interacción visual y auditiva. Por ende, este meca­ nismo tecnológico no puede ser rechazado por el hecho de que literalmente "no se encuentre presente físicamente" una persona, pues dicho sistema tiene el efecto de adecuar la audiencia de tal manera que puede considerarse al pro­ cesado presente activamente. En ese sentido, el Tribunal considera que su utili­ zación no es incompatible con el principio de inmediación que informa al pro­ ceso penal.

No obstante, el Tribunal considera que la utilización de la videoconferencia no debe ser la regla general sino una medida de empleo excepcional, en los térmi­ nos que la ley procesal penal le asigna, y siempre que no impida la interacción directa, personal y cercana de un medio probatorio que tenga directa incidencia en cuestiones de hecho relacionadas a la declaración de inocencia o culpabili­ dad del procesado. Existirán algunos casos en los que su uso deberá ser excluido por existir la necesidad de la presencia física de las partes, lo cual se deberá eva­ luar en el caso concreto. Expediente:

Concordancia:

N° 02738-2014-PHC/rC-ICA (30/07/2015). Tribunal Constitucional. Fundamentos 18 al 21 Art. 119-A Audiencia

El dejar incontestada la pretensión penal constituye la vulneración del J163 derecho a la motivación de las resoluciones fiscales La debida motivación de las resoluciones fiscales es la garantía del denunciante del ilícito penal frente a la arbitrariedad fiscal, asegurándole a quien denuncia un delito que las decisiones que adopten los representantes del Ministerio Público no estén sustentadas en el mero capricho de los fiscales, sino en datos objeti­ vos que proporciona el ordenamiento jurídico o en los que se deriven del caso. El dejar incontestada la pretensión penal, o el desviar la decisión del marco del debate fiscal generando indefensión, constituiría vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones fiscales. Expediente: Concordancia:

N° 07132-2013-PA/TC (18/12/2015). Tribunal Constitucional. Fun­ damento 4 Art. 122 Actos del Ministerio Público

83

LAS ACTUACIONES PROCESALES

LAS DISPOSICIONES Y LAS RESOLUCIONES La resolución oral emitida en audiencia preliminar que no sea juicio oral debe ser dictada antes de finalizar la audiencia (doctrina legal vinculante)

J164

Si las audiencias se llevan a cabo bajo una lógica de concentración y, además, de continuidad -en las denominadas "audiencias preliminares", fuera de la audien­ cia principal o de enjuiciamiento, por su propia naturaleza, no se permite su sus­ pensión, aunque es obvio que es posible admitir excepciones fundadas en una causa objetiva y razonable-, es inevitable concluir que la resolución será oral si se dicta antes de finalizar la audiencia. Esta no puede suspenderse para otro día con el solo propósito de dictar una resolución oral o de realizar un acto procesal intrascendente que muy bien pudo hacerse en el curso de la audiencia; un pro­ nunciamiento diferido exige, entonces, una resolución escrita. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 6-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 9 Art. 123 Resoluciones judiciales

Se precisan los tipos de resoluciones judiciales establecidos en el Código Procesal Penal (doctrina legal vinculante)

J165

El artículo Í23 NCPP clasifica las resoluciones judiciales según su objeto -enten­ dido desde una perspectiva material- en: decretos, autos y sentencias. Los autos se dictan, siempre que lo disponga el citado Código, previa audiencia con inter­ vención de las partes; las sentencias, por su lado, tienen un régimen propio fijado en los títulos correspondientes, todas, a excepción de la sentencia en el proceso por faltas que autoriza las denominadas sentencias in voce u orales, son escritas. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2011 /CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 7 Art. 123 Resoluciones judiciales

Solo los Justiciables de escasos recursos están exonerados de pagar tasas judiciales por la expedición de copias simples o certificadas (doctrina legal vinculante)

J166

Estando a lo antes expuesto, habiéndose establecido bajo los criterios de una norma que la expedición de copias -simples o certificadas- por parte del Minis­ terio Público deberá estar sujeta al cobro de una tasa judicial, no vulnera el derecho a la gratuidad de la administración de justicia que le asiste a todo jus­ ticiable, en tanto que dicho cobro será motivo de exención siempre que el soli­ citante acredite la condición específica del beneficiario y adjunte la verificación socioeconómica de este, respecto a que no cuenta con recursos económicos

L

LAS DISPOSICIONES Y LAS RESOLUCIONES

CAR

necesarios para efectuar dicho pago; por tanto, este criterio deberá ser conside­ rado en adelante como doctrina jurisprudencial de cumplimiento obligatorio. Casación: Concordancia:

N° 171-2011-Lima (16/08/2012). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 13 Art. 134 Contenido del expediente fiscal

La motivación de los pronunciamientos del Ministerio Público es exigi- J167 ble en caso de peticiones, impugnaciones o requerimientos, mas no en ratificación de sobreseimiento (doctrina legal vinculante) Si bien se exige a ios representantes del Ministerio Público una motivación ade­ cuada y coherente de sus pronunciamientos; sin embargo, dicha norma no es aplicable al caso concreto, pues su actuación procesal no se circunscribe a una petición formulada por el fiscal superior, al no ser parte recurrente en sede de apelación, sino a una ratificación del pedido de requerimiento de sobreseimiento que solicitó el fiscal provincial a causa de su abstención de pronunciamiento. Casación:

Concordancia:

N° 475-2013-Tacna (17/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.2.6.1.3 Art. 122 Actos del Ministerio Público

La integración o la adición del fallo debe solicitarse dentro de los pla­ J168 zos legales Que no obstante ello para garantizar el derecho de defensa, a su solicitud, se le concedió el uso de palabra en la vista de la causa para que los abogados desig­ nados formularon alegaciones de defensa, sin embargo, estos no concurrieron a la audiencia conforme se advierte de la constancia emitida por la señora Rela­ tora (...); que siendo esto así mal podría solicitar la integración del fallo y que se le absuelva del delito después de haber transcurrido más de treinta días de la vista de causa. Recurso de Nulidad: N° 1960-2009-Cusco (21/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Concordancia; Art. 124 inc. 2 Error material, aclaración y adición

Error material subsanable no genera indefensión en el encausado ni vul­ J169 neración de la debida motivación Se trata de un simple error estructural o material imputable a la Sala Penal de Apelaciones, que no genera indefensión en el encausado y vulneración de la garantía de la debida motivación de las resoluciones judiciales; por cuanto la sen­ tencia de segunda instancia si contiene una motivación razonada y suficiente

CAR 6

LAS ACTUACIONES PROCESALES

sobre la responsabilidad penal del encausado, pues el error al que se hace refe­ rencia no es uno que determine de modo alguno el curso de su responsabilidad pues se trata de un error material subsanable. Casación: Concordancia:

J170

N° 270-2011 -Huaura (10/04/2012). Fundamento 8 Art. 124 Error material, aclaración y adición

El fiscal tiene la facultad de solicitar la conducción compulsiva en casos concretos (doctrina legal vinculante) Configurada, constitucionalmente y legalmente, la obligación del Ministerio Público, y de su ayudante principal, la Policía Nacional, se erige como facultad del ente persecutor la conducción compulsiva dispuesta por el fiscal; en efecto (...), traducida en la facultad de ordenar la conducción compulsiva de quien hace caso omiso a su citación, orden de la fiscalía que debe ejecutar la policía contra quien se niega a concurrir para prestar su declaración, siempre y cuando haya sido váli­ damente notificado; debiendo puntualizarse que es una medida provisional con la finalidad de que se cumpla el mandato, por tanto, no se vulnera ningún dere­ cho constitucional del imputado, solo se le notifica para que concurra a prestar su declaración ante el despacho fiscal, y si decide no declarar debe constar en acta. Casación:

Concordancia:

N° 375-2011-Lambayeque (18/06/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 7 Art. 126 Poder coercitivo

LAS NOTIFICACIONES Y LAS CITACIONES J171

La citación como acto procesal le corresponde al órgano estatal encar­ gado de dirigir la etapa correspondiente (doctrina legal vinculante) La norma general, ubicada en el capítulo "Actos procesales", es el artículo 129, del CPP citado. Esta norma permite señalar que la citación, durante el proceso penal, puede corresponder a diversos órganos estatales, en función a la etapa o rol del sujeto procesal. Ministerio Público u órgano jurisdiccional. La investigación pre­ paratoria está a cargo del fiscal. Por ello es que el personal del Ministerio Público le corresponda citar a testigos y peritos. Las etapas intermedia y juicio oral se rea­ lizan bajo la conducción del órgano judicial respectivo, siendo lo pertinente que los testigos y peritos sean citados por el órgano jurisdiccional. Acuerdo Plenario: Concordancia:

86

N° 5-2012/CJ-l 16 (29/01/2013). Sala Penal Permanente y Transito­ ria. Doctrina legal vinculante: fundamento 13 Art. 127 Notificación Art. 129 Citaciones

LAS NOTIFICACIONES Y LAS CITACIONES

CAP.

No es correcta la interpretación que señala que la obligación de citar a J172 testigos o peritos le corresponde a la parte procesal que los ofreció (doc­ trina legal vinculante) Sin embargo, un sector de los operadores jurídicos señalan que en el juicio oral quien debe citar a testigos y peritos es la parte que los ofreció, basándose en el apartado 5, del artículo 355, del CPP, que establece:"(...) será obligación del Minis­ terio Público y de los demás sujetos procesales coadyuvar, en la localización y comparecencia de los testigos o peritos que hayan propuesto". Esta interpreta­ ción no es correcta, desde los métodos sistemático -que consiste en seleccio­ nar del sistema jurídico todas las normas que sean concordantes para establecer la solución que encuentre equilibrio entre garantías y eficiencia- y teieológico -que pretende llegar a la interpretación de la norma a través del fin de la misma, buscando el por qué fue incorporado al ordenamiento jurídico-, que regulan la actividad procesal penal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2012/CJ-116 (29/01/2013). Sala Penal Permanente y Transito­ ria. Doctrina legal: fundamento 14 Art. 127 Notificación Art. 129 Citaciones Art. 355 Auto de citación a juicio

Los fiscales tienen la obligación de citar a testigos, peritos e intérpretes J173 en la investigación preparatoria (doctrina legal vinculante) Pero la citación a juicio de testigos y peritos no es una actuación procesal que competa a ios fiscales, en su condición de titulares del ejercicio público de la acción penal; como sí lo es notificar el archivo de la denuncia o el secreto de la investigación. Por último, esta norma señala que los fiscales, en el ejercicio de sus funciones, están facultados para citar a las víctimas, testigos, peritos, intérpretes y depositarios; por lo que debe entenderse que solo lo hará en la etapa de investi­ gación que dirige y, por lo tanto, está a cargo su concreción. De una apreciación sistemática de las normas que regulan esta actividad, es claro que corresponde al Juzgado Unipersonal o Colegiado citar a los testigos y peritos. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2012/CJ-116 (29/01/2013). Sala Penal Permanente y Transito­ ria. Doctrina legal: fundamentos 15.A.3 y 15.A.4 Art. 127 Notificación Art. 129 Citaciones Art. 355 Auto de citación ajuicio

La notificación judicial se realiza para salvaguardare! derecho de defensa J174 del imputado (doctrina legal vinculante) En ese orden de ideas está circunscrito dentro de todo proceso la notificación judicial (acto procesal cuyo principal objetivo es que las partes intervinientes en

CAP.

6

LAS ACTUACIONES PROCESALES

un proceso judicial tomen conocimiento de las resoluciones judiciales emitidas en el marco del mismo, a fin de que estas puedan ejercer su derecho a la defensa, en el ámbito del debido proceso). En ese sentido, desde una perspectiva de con­ tenido y aplicación del debido proceso, se puede decir que los actos judiciales deben tener como requisito de validez la notificación, con la finalidad de que el procesado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los pronunciamien­ tos y diligencias judiciales. Casación:

Concordancia:

J175

N° 326-2016-Lambayeque (23/11/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.4.3 Art. 127 Notificación

Actos procesales deben tener como requisito de validez la notificación judicial Está circunscrito dentro de todo proceso la notificación judicial [acto proce­ sal cuyo principal objetivo es que las partes intervinientes en un proceso judi­ cial tomen conocimiento de las resoluciones judiciales emitidas en el marco del mismo, a fin de que estas puedan ejercer su derecho a la defensa, en el ámbito del debido proceso]. En ese sentido, desde una perspectiva de contenido y apli­ cación del debido proceso, se puede decir que los actos judiciales deben tener como requisito de validez la notificación, con la finalidad de que el procesado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los pronunciamientos y diligen­ cias judiciales; pero solo en el caso de que se apliquen sanciones o se restrinjan derechos de la persona, pues incumplir este requisito vulnerará además el dere­ cho de defensa. Casación:

Concordancia:

N° 326-2016-Lambayeque (23/11/2016). Sala Penal Permanente. Fundamento 3.4.3 Art. 127 Notificación

LA NULIDAD J176

La nulidad debe encuadrarse dentro de alguno de los supuestos corres­ pondientes a las nulidades absoluta o relativa En cuanto la manifestación referencial de la menor agraviada (...) se consignó la presencia de su hermana mayor cuando en el documento no aparece su firma ni su huella digital, sin embargo, esta sostuvo que sí firmó e imprimió su impre­ sión dactilar. La defensa plantea (...) entiende su nulidad. La nulidad como insti­ tución está regulada en el título III -artículos ciento cuarenta y nueve a ciento cincuenta y cuatro- del Código Procesal Penal, según la misma, en este caso concreto, no estaríamos ante una nulidad absoluta por cuanto no se encuadra en ninguno de los supuestos que observa el artículo ciento cincuenta, así como

LA NULIDAD

CAR

6

a lo previsto en el artículo ciento veintiuno que regula la invalidez del acta, pues en este caso sí hay certeza sobre las personas que han intervenido está firmado por el Fiscal que participó en dicha diligencia garantizando el trato adecuado de la menor de edad. Casación:

Concordancia:

N° 06-2009-La Libertad (04/12/2009). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 3 Art. 154 Nulidad absoluta Art. 121 Validez del acta

La taxatividad de las nulidades procesales no limita el poder nulifi­ J177 cante de los órganos jurisdiccionales frente a vulneraciones de garan­ tías supremas La necesidad de agotar el esclarecimiento de los cargos objeto de acusación fis­ cal a través del correspondiente debate pericial tiene sustento constitucional y legal. No se ha vulnerado, por tanto, la garantía genérica del debido proceso, antes bien la anulación decretada afianza esa garantía y el principio de justicia material. La doctrina jurisprudencial que dimana de esta Ejecutoria no puede ser la que pretende el recurrente. Por el contrario, si bien se afirma la vigencia de los principios de taxatividad y trascendencia en materia de nulidades pro­ cesales, es claro que cuando se vulneran garantías supremas, entre ellas, la que fluye del principio de justicia material que exige el debido esclarecimiento de los hechos acusados (...), es indispensable la declaración de nulidad del fallo de pri­ mera instancia. Casación: Concordancia:

N° 22-2009-La Libertad (23/06/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 14 Art. 150 causales de nulidad

La nulidad se produce siempre y cuando adolezca de una circunstancia J178 esencial fijada en la ley de procedimiento como absolutamente indispen­ sable para que el acto produzca sus efectos normales La nulidad procesal se define como la sanción de ineficacia cuando el acto pro­ cesal careciera de los requisitos indispensables para la obtención de su finali­ dad mediante el cual se priva de un acto o actuación en el proceso de sus efec­ tos normales previstos en la Ley; asimismo, esta se produce siempre y cuando adolezca de una circunstancia esencial fijada en la ley de procedimiento como absolutamente indispensable para que el acto produzca sus efectos normales se tiene que acreditar estar perjudicando con el acto procesal viciado, el mismo que tiene que tener interés propio y específico con relación a su pedido, lineamiento que se encuentra regulado supletoriamente en los artículos 171 ai 178 del Código Procesal Civil.

89

CAP. 6

LAS ACTUACIONES PROCESALES

Recurso de Nulidad: N° 1478-2010-Lima (21/01/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 7 Concordancia: Art. 149Taxat¡vidad

J179

Las inobservancias de las normas procesales sancionadas con nulidad deben precisarse en el recurso anulatorio Que, aun cuando el Fiscal Superior alegó inobservancia de normas procesales sancionadas con nulidad, no indicó cuál o qué normas estaban sancionadas con dicho efecto nulidad absoluta o relativa, todo vez, que la inobservancia del con­ tenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución se han desvirtuado con las consideraciones precedentes Casación:

Concordancia:

90

N° 213-2011-Lambayeque (27/01/2012). Sala Penal Permanente. Fundamento 6 Art. 150 Nulidad absoluta

CAPITULO? LA PRUEBA VALORACIÓN DE LA PRUEBA Las omisiones en la apreciación de los hechos no necesariamente impli­ J180 can la nulidad de la sentencia Las omisiones en la apreciación de determinados hechos que integran el suceso fáctico global -lo significativo es el hecho procesal: que es el acontecimiento his­ tórico unitario, según una interpretación naturalista, sometido al órgano judicial a través de la acusación, en tanto conforma una unidad según la concepción cul­ tural- no necesariamente ocasionan la nulidad de la sentencia de instancia. Si el suceso histórico fue debidamente introducido al debate oral por la Fiscalía (como en efecto así ocurrió), si la defensa se pronunció por la totalidad del hecho proce­ sal, si el juicio -actuación de la prueba y alegación sobre ella- comprendió este marco fáctico, tal omisión muy bien puede ser integrada por el Tribunal Superior en vía de apelación. Casación: Concordancia:

N° 1394-2017-Puno (26/07/2018). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Art. 158 Valoración

La valoración de la prueba debe seguir las lógicas de actuación en casos J181 de estructuras de organización criminal La valoración de la prueba debe asumir esos criterios de imputación, objetiva y subjetiva. La inferencia probatoria que corresponde, luego de extraer el ele­ mento de prueba y ordenar la información que resulte de ella, debe asumir las lógicas de actuación de una organización criminal y las máximas de experiencia producto del conocimiento y de la criminalística configurada para esta modali­ dad de injusto. Recurso de Nulidad: N° 3227-2014-L¡nna (24/07/2016). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 15 Concordancia: Art. 158 Valoración

91

7 J182

LA PRUEBA

Se precisa el estándar o el grado de convicción para diversos estadios del proceso penal (doctrina legal vinculante) Para iniciar diligencias preliminares solo se exige elementos de convicción que sostengan una "sospecha inicial simple", para formalizar la investigación prepa­ ratoria se necesita "sospecha reveladora", para acusar y dictar el auto de enjuicia­ miento se precisa "sospecha suficiente" y, para proferir auto de prisión preventiva se demanda "sospecha grave" -la sospecha más fuerte en momentos anteriores al pronunciamiento de una sentencia- La sentencia condenatoria requiere ele­ mentos de prueba más allá de toda duda razonable. Sent Píen. Cas.:

Concordancia:

J183

N° 1 -2017/CIJ-433 (11/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 29.F Art. 158 Valoración

Las máximas de experiencia admiten prueba en contrario Debe tenerse en cuenta que las máximas de experiencia no operan a manera de axiomas o verdades absolutas que inadmiten prueba en contrario. En cier­ tos casos puede llegar a acreditarse fehacientemente su inaplicación o, cuando menos, ponerse en sería duda su aplicación. Recurso de Nulidad: N° 58-2017-L¡ma (05/09/2017). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4.4 Concordancia: Art. 158 Valoración

J184

Fase de valoración y valoración en sentido estricto La valoración de la prueba cuenta con dos fases en las que el juez debe tener en cuenta criterios distintos: (i) La primera fase de la valoración es meramente un con­ trol de legalidad sobre la existencia o no de actividad probatoria lícita (juicio de va lora bi Iidad), y en caso de su existencia, si esta tiene un sentido incriminatorio. (ii) La segunda fase es ya de la valoración en sentido estricto, cuyo objeto es deter­ minar tanto si existen elementos de prueba de cargo o incriminatorio y, luego, si tal prueba existente es suficiente o no para condenar. El sistema de valoración de prueba que ha acogido nuestra legislación procesal es el de la sana crítica. Un sis­ tema de sana crítica o valoración racional de la prueba no limita la posibilidad de establecer criterios determinados para la valoración, por el contrario, estos servi­ rían de pautas para el juez que, apoyado en un conocimiento sobre la ciencia o la técnica, resolverá sobre la base de un sistema de valoración regido por verdade­ ros criterios de conocimiento que garanticen a la vez un adecuado juzgamiento. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

92

N° 4-2015/CJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Fundamentos 15 y 16 Art. 172 Procedencia

VALORACIÓN DE LA PRUEBA

CAP.

7

Las pericias institucionales no requieren de ratificación si la parte a quien J185 la perjudica no insiste en esa diligencia Que el análisis de las sentencias cuestionadas, en especial la vista, permite sos­ tener que se realizó un examen de los puntos impugnativos y, antes, en sede de primera instancia, del objeto procesal correspondiente, se valoró las pericias médico-legales y el informe radiológico, pruebas idóneas y pertinente para acre­ ditar la realidad de las lesiones. Asimismo, se tomó como punto de razonamiento la versión de la agraviada y lo que expresó la encausada, deduciendo, sin vulne­ rar las reglas de la lógica y de las máximas de la experiencia, que la acusada atacó a la agraviada y le ocasionó las lesiones ya referidas. La sentencia de vista es con­ gruente porque ha respondido los puntos impugnativos de la recurrente, y la motivación al pronunciarse sobre la prueba es completa y no arbitraria., siem­ pre y cuando lo que se cuestione sea el aspecto perceptivo pero no su lado téc­ nico, que requiere una pericia de parte. No hacen falta más pruebas para estimar que el proceso fue justo y equitativo, y se evitó la indefensión material a la parte acusada. Recurso de Queja:

Concordancia:

N° 85-2013-L¡ma (12/11/2013). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 3 Art. 158 Valoración

Valoración de la prueba personal

J186

La valoración de la prueba personal una vez que esta sea considerada regular­ mente obtenida, bajo los principios que permiten su consideración como tal, esto es por su práctica en condiciones de regularidad y bajo los principios de inmediación, oralidad y contradicción efectiva, se desarrollará en dos fases: a) La percepción directa de la prueba, b) Su estructura racional: razonamiento. La primera está regida por la inmediación del Tribunal ante el que se desarrolla la prueba personal, lo que trasmite seguridad de lo que en el juicio se ha dicho. En cambio, la segunda aparece como un proceso interno del juzgador por el que se forma su convicción a través de lo directamente percibido, incorporado a esa percepción los criterios de la ciencia, de la experiencia y de la lógica que le lle­ ven a la convicción. Casación:

Concordancia:

N° 13-2011 -Arequipa (13/03/2012). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 160 Valor de prueba de la confesión

93

LA PRUEBA

UTILIZACIÓN DE LA PRUEBA J187

La exclusión de la prueba irregular se determinará según el grado de afec­ tación del derecho fundamental (doctrina legal vinculante) Empero, la existencia de una prueba irregular no implica la exclusión automática de las pruebas actuadas con posterioridad o como resultado de ella. Así se infiere de lo establecido en el artículo ciento cincuenta y nueve, del Código Procesal Penal, el cual impone al Juzgador la prohibición de valorar las pruebas obtenidas directa o indirectamente siempre que se hayan obtenido con vulneración del contenido esencial de los derechos fundamentales de la persona. Consecuente­ mente, el aspecto relevante para determinar la exclusión de una prueba derivada de la prueba irregular es la intensidad de afectación del derecho fundamental. Casación:

Concordancia:

J188

N° 591-2015-Huánuco (17/05/2017). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 19 Art. 159 Utilización de la prueba

El juez no podrá utilizar la prueba ilícita obtenida de una actividad de búsqueda de pruebas La ilicitud constitucional de una actividad de búsqueda de pruebas -lo más importante, que no la única, en orden al régimen jurídico de la prueba ilícita— por infringir las reglas de protección dispensadas por la Ley fundamental y, con­ currentemente, la garantía del debido proceso, determina la inutilización de las mismas, es decir, su ineficacia jurídica o exclusión como prueba para sustentar una sentencia y, ante, cualquier otra decisión jurisdiccional. La inutilización, asi­ mismo, no solo se concreta en la prueba originaria sino también se extiende a las pruebas derivadas. Esta es la regla general y básica del derecho probatorio penal en un Estado Constitucional. Recurso de Nulidad: N° 817-201 ó-Lirna (20/11/2017). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 7 Concordancia: Art. 159 Utilización de la prueba

PRUEBA INDICIARIA J189

La prueba indiciaría requiere de una motivación razonable de cada uno de sus componentes (doctrina legal vinculante) Al indicio, (a) este -hecho base- ha de estar plenamente probado -por los diver­ sos medios de prueba que autoriza la ley-, pues de lo contrario sería una mera sospecha sin sustento real alguno, (b) deben ser plurales, o excepcionalmente

PRUEBA INDICIARIA

CAP.

7

únicos pero de una singular fuerza acreditativa, (c) también concomitantes al hecho que se trata de probar-los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son-, y (d) deben estar interrelacio­ nados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia -no solo se trata de suministrar indicios, sino que estén imbricados entre si­ Recurso de Nulidad: N° 1912-2005-Piura (06/09/2005). Sala Penal Permanente. Doctrina legal vinculante: fundamento 4 Concordancia: Art. 158 ¡nc. 3 Prueba indiciarla

La conexión en la prueba indiciaría debe superar las meras sospechas o J190 conjeturas En el presente caso no se advierte conexión entre el hecho indiciarlo y el que se trata de demostrar, en atención a que no existe contra el encausado (...) una sin­ dicación directa que lo vincule como autor o partícipe del robo agravado con subsecuente muerte (...) que de la testimonial (...) solo se desprenden sospechas o conjeturas que no son base suficiente para inferir razonablemente la respon­ sabilidad penal del imputado, pues aun cuando esta prueba personal acreditaría que el citado encausado estuvo en poder del referido vehículo, ello no permite Inferir razonablemente su participación en el robo, al no existir una incriminación que lo vincule directamente con este hecho; que no consta en autos material probatorio suficiente e inequívoco que autorice a tener objetivamente acepta­ bles las conclusiones en que se obtuvo el convencimiento que condujo a la sen­ tencia de condena. Recurso de Nulidad: N° 4901 -2009-Ayacucho (6/07/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Concordancia: Art 158 inc. 3 Prueba ¡ndiciaria

los indicios no pueden ser simples sospechas o conjeturas sin ningún J191 sustento fáctico y probatorio La particular relevancia que tiene la necesidad de exteriorizar los datos o hechos objetivos que puedan calificarse de indicios de la existencia del delito y la cone­ xión de la persona acusada con el mismo radica en que los indicios son algo más que las simples sospechas, pues tienen que apoyarse en datos objetivos y contrastables plenamente probados, así como tener una base legal sobre la comi­ sión del hecho delictivo y de la vinculación del imputado con el mismo -ele­ mentos subjetivos indiciarlos-; que, la sentencia condenatoria no se sustenta en auténticos indicios o datos objetivos concretos y materiales dotados de significa­ ción suficiente para proporcionar una base real de la que pueda inferirse lógica­ mente más allá de las simples sospechas, suposiciones o conjeturas.

95

CAP.

7

LA PRUEBA

Recurso de Nulidad: N° 4901-2009-Ayacucho (06/07/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 6 Concordancia: Art. 158 ¡nc. 3 Prueba indiciaría

J192

La prueba indiciaría puede enervar la presunción de inocencia si se cum­ plen con los presupuestos estrictos para su valoración La enervación del principio de presunción de inocencia se puede lograr no solo mediante las pruebas directas sino, principalmente, mediante la prueba por indi­ cios que así, respecto al indicio: i) este -hecho base- ha de estar plenamente probado -por los diversos medios de prueba que autoriza la ley-, pues de lo contarlo sería una mera sospecha sin sustento real, ii) deben ser plurales o excep­ cionalmente únicos, pero de una singular fuerza acreditativa, iii) han de ser con­ comitantes al hecho que se trata de probar -los indicios deben ser periféricos respecto al dato fáctico a probar, y desde luego no todos lo son-, y iv) deben estar interrelacionados, cuando sean varios, de modo que se refuercen entre sí y que no excluyan el hecho consecuencia -no solo se trata de suministrar indicios, sino que también estén imbricados entre sí-. Recurso de Nulidad: N° 3594-2009-lca (23/07/2010). Sala Penal Pernnanente. Funda­ mento 4 Concordancia: Art. 158 inc. 3 Prueba indiciaría

J193

Los límites de los controles casacionales de la prueba indiciaría corres­ ponden a la acreditación de indicios probados y la racionalidad de la inferencia El primero se refiere a la acreditación de los indicios declarados probados por la Sala Sentenciadora, pues si lo han sido mediante prueba directa no es posi­ ble su cuestionamiento, ya que tanto el principio de inmediación -ya señaladoy la propia naturaleza del recurso de casación impiden que no se pueda entrar en el ámbito valorativo fáctico propio de tribunal sentenciador. El segundo, refe­ rido al control de la racionalidad de la inferencia, no implica la sustitución del cri­ terio valorativo del órgano jurisdiccional de mérito por este órgano de casación. La ponderación de elementos incriminatorios y de descargo debe ser respetada, pues constituye el núcleo de la función enjuiciadora de dichos órganos jurisdic­ cionales, siempre que responda a las reglas de la lógica, las máximas de experien­ cia y los conocimientos científicos. Casación:

Concordancia:

96

N° 300-2018-Sullana (04/12/2018). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 8 Art. 158.3 Prueba indiciarla

PRUEBA INDICIARIA

CAR 7

Las conclusiones incriminatorias en la prueba indiciaría solo pueden J194 tenerse por válidas si cumplen con los presupuestos exigidos 1. Que los hechos indicadores o hechos -base sean varios y viertan sobre el hecho objeto de imputación o nuclear- deben estar, por lo demás, interrela­ cionados y ser convergentes: deben reforzarse entre sí y ser periféricos o con­ comitantes con el hecho a probar; 2. Que los indicios estén probatoriamente bien y definitivamente acreditados; 3. Que la inferencia realizada a partir de aquellos, por su suficiencia, sea racional, fundada en máximas de experien­ cia fiables -entre los hechos indicadores y su consecuencia-, el hecho indi­ cado, debe existir una armonía que descarte toda irracionalidad de modo que la deducción pueda considerarse lógica: el enlace ha de ser preciso y directo y, 4. Que cuente con motivación suficiente, en cuya virtud el órgano jurisdiccio­ nal deberá expresar en la motivación los grandes hitos o líneas que lo condu­ jeron a la deducción. Casación: Concordancia:

N° 628-2015-Lima (05/05/2016). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento jurídico 5 Art. 158 inc. 3 Valoración

La inferencia argumentada por el juez es una garantía de racionalidad J195 para la valoración de la prueba indiciaría Estas exigencias constituyen estándares racionales en la estimación del valor pro­ batorio de la prueba por indicios; no obstante, son la racionalidad de las inferen­ cias formuladas por el Juez las que garantizan la equidad y la fiabilidad. Por consi­ guiente, cuando las inferencias son fiables, la prueba por indicios puede tener el mismo valor probatorio que cualquier otro tipo de pruebas. Casación: Concordancia:

N° 675-2016-lca (11/04/2019). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 14 Art. 158 inc. 3 Valoración

El esquema operativo de la prueba indiciaría está compuesto por el indi­ J196 cio, la inferencia lógica y el hecho consecuencia o inferido En primer lugar, se deberán identificar los distintos indicios o datos incriminatorios, en función a las exigencias de fiabilidad y pertinencia, y a partir de la acti­ vidad probatoria realizada. Y en segundo lugar, una vez acreditado el indicio, podrá construirse un juicio de inferencia, cuya razonabilidad debe estar susten­ tada en las máximas de experiencia, reglas de la lógica o principios científicos. Además, la caracterización de la prueba indiciaría da cuenta de que se trata de una prueba de naturaleza compleja, con una estructura disgregada en tres ele­ mentos relacionados entre sí: El indicio, la inferencia lógica y el hecho conse­ cuencia o inferido.

97

CAP. 7

LA PRUEBA

Recurso de Nulidad: N° 2255-2015-Ayacucho (17/05/2016). Sala Penal Permanente. Fundamento 13 Concordancia: Art. 158 inc. 3 Valoración prueba indiciaría

J197

La prueba por indicios requiere que los indicios se encuentren plena­ mente probados (doctrina legal vinculante) La prueba por indicios -que, por lo demás, es clásica y no solo es exclusiva de esta modalidad criminal- aparece, entonces, como el método más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, como se anotó, único posible para tener acredi­ tada su comisión (verbigracia: STSE 738/2006, de 4 de julio). Ello, en ningún caso, puede entenderse como una relajación de las exigencias probatorias, sino como otra forma de probanza que puede conducir al siempre exigióle grado de cer­ teza objetiva preciso para un pronunciamiento penal condenatorio (verbigracia: STSE 247/2015, de 28 de abril). Cada uno de los indicios, como tales, deben estar plenamente probados y no es admisible que sean simples productos de una cadena de conjeturas o sospechas, es decir de suposiciones no corroboradas a plenitud (verbigracia: STSE 928/2006, de 5 de octubre). Sent. Píen. Cas.: Concordancia:

J198

N° 1-2017/CU-433 (11/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 22 Art. 158 inc. 3 Valoración prueba indiciarla

La prueba indiciaría puede superar el estándar de más allá de toda duda razonable (doctrina legal vinculante) Muchos pueden ser los indicios ciertos, graves, interrelacionados que, a partir de una inferencia precisa y argumentalnaente sólida -con pleno respeto de las reglas de la sana crítica (principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos: artículo 393, apartado 2, del CPP)-, y sin prueba de lo contrario -no desvirtuados por otras pruebas, entre los que se incluyen los con­ traindicios-, pueden establecer la comisión del delito de lavado de activos. Sent. Píen. Cas.:

Concordancia:

J199

N° 1 -2017/CIJ-433 (11/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 22 Art. 158 inc. 3 Valoración prueba indiciarla

Se confirman los criterios para la valoración de la prueba indiciaría esta­ blecidos en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CIJ-433 Agrega que muchos pueden ser los indicios ciertos, graves, interrelacionados que, a partir de una inferencia precisa y argumentalmente sólida -con pleno res­ peto de las reglas de la sana crítica (principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicos: art. 393, apartado 2, del CPP)-, y sin

98

PRUEBA INDICIARIA

CAP. 7

prueba de lo contrario -no desvirtuados por otras pruebas entre los que se inclu­ yen los contraindicios- pueden establecer la comisión del delito de lavado de activos. Casación:

Concordancia:

N° 675-2016-lca (11/04/2019). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 17 Art. 158.3 Valoración prueba indiciarla

99

CAPÍTULO 8 MEDIOS DE PRUEBA CONFESIÓN No es posible alegar confesión sincera cuando durante toda la instruc­ J200 ción se alegó inocencia y recién después del trámite de conclusión anti­ cipada se asume la responsabilidad Y el hecho de que no existió una confesión sincera, ya que la asunción de res­ ponsabilidad penal durante la sesión de audiencia (...), del diez de julio de dos mil nueve -posterior al trámite de conclusión anticipada-, fue consecuencia del material probatorio que corroboró su vinculación con el evento criminal, ya que en el curso del proceso invocó inocencia en los hechos juzgados. Recurso de Nulidad: N° 3822-2009-Junín (12/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Concordancia: Art. 161 Confesión sincera

La confesión sincera es una institución que establece el beneficio pre- J201 mial de disminución de pena (doctrina legal vinculante) Con carácter previo, es pertinente precisar sobre esta institución lo siguiente: (i) Se está ante un supuesto de menor punibilidad, contemplado en el Código Procesal Penal, lo cual, por cierto, no le resta su carácter sustantivo, y genérico para todas las figuras delictivas, (ii) Es, además, una institución de abolengo anglosajón que busca introducir un derecho premial supuestamente encaminado a fortalecer la justicia, (iii) La aminoración que prevé la norma debe computarse a partir de la pena final obtenida, pues de lo contrario perdería su razón de ser, cual es beneficiar a aquellos delincuentes que han mostrado su voluntad de colaborar con la justicia (VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Fernando. Derecho Pena/. Parte general. Bogotá, 1997, p. 708). Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2016/CJ-116 (12/06/2017). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 17 Art 161 Confesión sincera

101

CAR J202

8

MEDIOS DE PRUEBA

La confesión sincera debe ser veraz y no contener falencias que dificul­ ten la investigación (doctrina legal vinculante) La confesión, en su aspecto nuclear, importa el reconocimiento que hace el imputado de su participación en una actividad delictiva. La confesión supone una especie de premio a quien colabora con la justicia en el descubrimiento de un hecho que tiene relevancia penal y que le afecta como responsable. Como tal, es inaceptable una confesión no veraz (se proporciona una versión de lo ocu­ rrido que no se corresponde con la realidad); por tanto, esta debe ajustarse a la realidad (no debe ser sesgada ni ocultar datos de relevancia), no debe contener desfiguraciones o falencias que perturben la investigación, y debe ser persistente (mantenerse a lo largo de todo el procedimiento). Acuerdo Plenario: Concordancia:

J203

N° 4-2016/CJ-116 (12/06/2017). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 19 Art. 161 Confesión sincera

No es confesión sincera si se ofrecen datos obvios o evidentes en la inves­ tigación (doctrina legal vinculante) No es confesión cuando se reconoce lo evidente, cuando no se aporta dato alguno para el curso de la investigación; lo que se debe aportar, en suma, son datos de difícil comprobación (SSTSE N° 43/2000, de 25 de enero; N° 1506/2002, de 19 de setiembre; N° 1346/2009, de 29 de diciembre; y, N° 817/1998, de 15 de junio). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J204

N° 4-2016/CJ-116 (12/06/2017). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 19 Art. 161 Confesión sincera

La confesión sincera no procede cuando exista flagrancia delictiva o prueba evidente en la investigación (doctrina legal vinculante) Las dos primeras excepciones, así catalogadas por la ley, son las de flagrancia delictiva y prueba evidente de los hechos y de la intervención del imputado en su comisión. En pureza, son más bien reglas esclarecedoras que integran la pro­ pia noción de confesión en clave de colaboración con la justicia. Se trata de for­ mas de admisión de cargos irrelevantes para el curso de la investigación, pues sin necesidad de la confesión el hecho está probado sobre la base de las propias condiciones de la flagrancia delictiva o de una actividad probatoria ya consoli­ dada. Tal confesión, por consiguiente, no aporta nada al esclarecimiento de los hechos: no hay confesión de lo evidente. Estas precisiones están estrictamente vinculadas con el fundamento político-criminal de la institución de la confesión sincera.

102

CONFESIÓN

Acuerdo Plenario: Concordancia:

CAP. 8

N° 4-2016/CJ-l 16 (12/06/2017). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 20 Art. 161 Confesión sincera

La confesión sincera es procedente independientemente de la agra­ J205 vación de pena por reincidencia o habitualidad (doctrina legal vinculante) Desde el derecho fundamental a la igualdad ante la ley, no existe un factor o pauta de diferenciación objetiva y razonable entre la confesión y la condición de reincidente o habitual del confesante, que permita excluir a estos últimos de la atenuación de la pena. La agravación de la pena, en el segundo caso, está en función a un dato exclusivamente personal del imputado en relación con el delito cometido (...), esa ausencia de relación entre una y otra consecuencia jurídico-penal -del criterio selectivo y diferenciador- torna injustificada constitucio­ nalmente esta exclusión. No puede haber un tratamiento diferente si las circuns­ tancias de exclusión responden a supuestos que no se refieren al objeto de la norma: colaborar con la justicia. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2016/CJ-l 16 (12/06/2017). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 22 Art. 161 Confesión sincera

La norma relativa a la confesión sincera no debe ser aplicada en lo refe­ J206 rente a la exclusión de este beneficio premial para reincidentes y habi­ tuales (doctrina legal vinculante) En efecto, y siguiendo las pautas metodológicas aceptadas por el Tribunal Constitucional en la STC Exp. N° 12-2006-AI, f. j. 32, de 15/12/2006, la limita­ ción que entraña el citado artículo 161 del Código Procesal Penal al derecho de los reincidentes y habituales de acogerse a una disminución de la pena por su cooperación con la justicia, no es idónea para lograr el apoyo del impu­ tado al esclarecimiento de la justicia (...). En consecuencia, el artículo 161 del Código Procesal Penal, en cuanto excluye de la disminución de pena por con­ fesión a los reincidentes y habituales, no debe ser aplicado por los jueces ordi­ narios por vulnerar el derecho a la igualdad y el principio de proporcionalidad en relación con los derechos afectados por una indebida exclusión de la ami­ noración de pena. Acuerdo Plenario; Concordancia:

N° 4-2016/CJ-116 (12/06/2017). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 23 Art. 161 Confesión sincera

103

CAP. 8 J207

MEDIOS DE PRUEBA

La reducción de la pena no puede llegar a una sexta parte (...) los rasgos esenciales comunes entre la terminación anticipada y la conformi­ dad procesal derivan del hecho que están incardinadas en criterios de oportuni­ dad y aceptación de cargos (...) si bien es cierto la oportunidad procesal en que se llevan a cabo los controles judiciales que impartan y la mayor intensidad de colaboración de la primera frente a la segunda, no son los mismos, tales diferen­ cias no eliminan la semejanza existente y su común punto de partida (...) el prin­ cipio de proporcionalidad que informa la respuesta punitiva del Estado, la indi­ vidualización de la pena, impone una atenuación menor en los supuestos de conformidad. No es lo mismo culminar la causa en sede de instrucción, ponién­ dole fin anticipadamente, que esperar su culminación y el inicio del juicio oral, como sucede en la conformidad por oposición a la terminación anticipada. En consecuencia, la reducción de la pena no puede llegar a una sexta parte, ha de ser siempre menor de ese término. Casación:

Concordancia:

N" 1392-2011-Lima (15/05/2012) Sala Penal Permanente. Fundamentó 5. Art. 161 Efecto de la confesión sincera

EL TESTIMONIO J208

La valoración del testigo de referencia u oídas se encuentra supeditada a un juicio de credibilidad sobre el testigo fuente Es evidente afirmar -como lo reconoce la doctrina procesalista- que los testi­ gos de referencia u oídas tienen un carácter supletorio y un peso más relativizado, respecto del juicio de credibilidad, que el testigo fuente o presencial; de ahí que, siempre se requiere que se revele la identidad de este último y se ago­ ten los medios para que aquel preste su testimonio. Si se entiende, además, que el valor del testimonio de referencia no solo está ligado al crédito que su versión pueda merecer, sino que apunta a reafirmar una prueba directa en sus compo­ nentes de veracidad y competencia a partir de la información que el testigo ha recibido de segunda mano. Recurso de Nulidad: N° 173-2012-Cajamarca. Sala Penal Transitoria. Fundamento 3 Concordancia: Art. 158 Valoración Art. 166 inc. 2 Contenido de la declaración

J209

La valoración de la declaración testimonial debe incidir en el testimo­ nio más que en las emociones del declarante (doctrina legal vinculante) En este sistema la prueba personal debe valorarse, más que sobre la base de las emociones del declarante, sobre el testimonio del mismo, así se analiza: i) La

104

EL TESTIMONIO

CAP.

8

coherencia de los relatos, empezando por la persistencia en su incriminación, sin contradicciones, ii) La contextualización del relato, es decir, que ofrezca detalles de un marco o ambiente en que se habrían desarrollado los hechos del relato, iii) Las corroboraciones periféricas, como otras declaraciones, hechos que suce­ dieran al mismo tiempo, etc. iv) Existencia de detalles oportunistas a favor del declarante. Casación: Concordancia:

N° 96-2014-Tacna (25/05/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 6 Art. 158 Valoración

El testimonio debe valorarse según los criterios establecidos en el Acuerdo J210 Plenario N° 2-2005/CJ-116 (doctrina legal vinculante) Debe cumplir los siguientes requisitos: i) Ausencia de incredibilidad subjetiva; esto es, que existan relaciones, entre agraviado e imputado, basadas en el odio, resen­ timientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposi­ ción, que le nieguen aptitud para generar certeza, ii) Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que la doten de aptitud probatoria, iii) Persistencia en la incriminación; es decir, que la sindica­ ción sea permanente. El cambio de versión no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de sus declaraciones se hayan sometido a debate y análisis, el Juzgador puede optar por la que considere adecuada. Casación; Concordancia;

N° 96-2014-Tacna (25/05/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 7 Art. 158 Valoración

La perseverancia sustancial de las testimoniales exige coincidencia en J211 cuestiones importantes y esenciales Su participación se deduce en una prueba directa como es la declaración del agraviado y los testigos, las que han sido persistentes y ausentes de modificacio­ nes en cuanto a la incriminación contra el imputado; que se trata de una cons­ tancia material en la imputación, valoradle no como un aspecto meramente formal de repetición de una lección aprendida, sino en la perseverancia sustan­ cial de las diversas declaraciones; que las contradicciones secundarias y sin tras­ cendencia no son suficientes para destruir la tesis incriminatoria expuesta por la Fiscal en su acusación y restarle credibilidad a la versión, en tanto en cuanto la persistencia en la imputación no exige que los diversos testimonios sean absolu­ tamente coincidentemente en cuestiones accesorias, sino en cuestiones impor­ tantes y esenciales.

105

CAP. 8

MEDIOS DE PRUEBA

Recurso de Nulidad Concordancia:

J212

N° 272-2010 (22/07/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 3 Art. 158 Valoración

No bastan declaraciones reiterativas, sino corroboración periférica para su eficacia probatoria No basta que las declaraciones hayan sido reiterativas pues deben estar rodea­ das de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo, que la doten de aptitud probatoria, lo que no ha ocurrido en autos, ya que las anotadas declara­ ciones no han sido corroboradas con prueba alguna; que, en tal virtud, su abso­ lución se encuentra arreglada a ley. Recurso de Nulidad: N° 3682-2019-La Libertad (21/10/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 3 Concordancia: Art. 158 Valoración

J213

La persistencia de la incriminación implica coincidencia en aspectos importantes y esenciales en la declaración Que en el nuevo juicio oral el Tribunal debe tener en cuenta que la persistencia en la incriminación se trata de una constancia material en la imputación, valorable no como un aspecto meramente formal de repetición de una lección apren­ dida, sino en la perseverancia sustancial de diversas declaraciones; que las con­ tradicciones secundarias y sin trascendencia no son suficientes para destruir la tesis incriminatoria expuesta por el Fiscal y restarle credibilidad a la versión, en tanto en cuanto la constancia en la imputación no exige que los diversos testi­ monios sean absolutamente coincidentes en cuestiones accesorias, sino en cues­ tiones importantes y esenciales. Recurso de Nulidad: N° 4224-2009-Áncash (26/10/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Concordancia: Art. 158 Valoración

J214

La contundencia de la prueba testimonial y los probados indicios de cargo no pueden verse enervados con una prueba pericial de descargo La contundencia de la prueba testimonial (directa) y los probados indicios de cargo no pueden verse enervados frente a los posibles escenarios que arroja una prueba pericial de descargo basada en probabilidades, con cuestionamientos razona­ bles y que, esencialmente, no alcanzan para eliminar lo afirmado por los testigos. Recurso de Nulidad: N° 1658-2014-Lima (15/03/2016). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 11.1 Concordancia: Art. 162 Capacidad para rendir testimonio

EL TESTIMONIO

CAP. 8

El valor probatorio del testimonio de referencia se robustece al abrigo J215 de otros elementos que se incorporen al proceso El imputado en sede policial y en sus declaraciones prestadas en el sumario y en el plenario niega persistentemente los cargos y señala que los tres testi­ gos de cargo son amigos de la familia del agraviado (...) Es de puntualizar que en el recurso acusatorio formalizado se menciona la existencia de un móvil delictivo y se da crédito a las declaraciones de testigos de referencia. No se ha encontrado el vehículo, no existe prueba que vincule al acusado con el coche ni algún bien del occiso sea del propio carro u otro; tampoco se ha ubicado el arma con el que se mató al agraviado ni, por ende, puede relacionársele con el acusado. Es evidente afirmar como lo reconoce la doctrina procesalista que los testigos de referencia u oídas tienen un carácter supletorio y un peso más relativizado, respecto del juicio de credibilidad, que el testigo fuente o presen­ cial; de ahí que siempre se requiere que se revele la identidad de este último y que se agoten ios medios para que aquél preste su testimonio. El problema persecutorio que presenta pasa por su fiabilidad y por su contenido, en rela­ ción con los hechos que son objeto de enjuiciamiento. Los testigos (...) en el acto oral (...) han expresado que el propio imputado les dijo que había man­ dado a matar al agraviad, pero tal cita es negada por el acusado. (...) El valor probatorio del testimonio de referencia se robustece al abrigo de otros ele­ mentos que se incorporen al proceso, auxilio sin el cual su peso es práctica­ mente nulo; no es admisible como prueba única para desvirtuar la presunción de inocencia. Recurso de Nulidad; N° 173-2012 (22/01/2013). Sala Penal Transitoria. Fundamento 3 Concordancia: Art. 166 Contenido de la declaración

En los delitos sexuales debe rechazarse cualquier perjuicio o estereotipo J216 con base en el género que lesione la dignidad humana En cuanto a los delitos sexuales, como categoría especial y a partir de sus propias particularidades, es de rechazar para evaluarlos en sede judicial cualquier prejui­ cio o estereotipo con base en el género que suponga un atentado contra la dig­ nidad de la víctima femenina. Este criterio judicial exige, desde una perspectiva objetiva, que se lleve a cabo una adecuada apreciación y selección de la prueba a fin de neutralizar la posibilidad de que se produzca algún defecto que lesione la dignidad humana y sea fuente de impunidad. Acuerdo Plenario; Concordancia:

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011) Sala Penal Permanente Transitoria. Fundamentos Art. 171 Testimonios especiales

107

MEDIOS DE PRUEBA

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA J217

La declaración de la víctima puede desvirtuar la presunción de inocen­ cia (doctrina legal vinculante) Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único tes­ tigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico testís unus testís nullus, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtuali­ dad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J218

N° 2-2005/CJ-116 (30/09/2005). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 10 Art. 158 Valoración

Las garantías de certeza de la declaración de la víctima para su valora­ ción probatoria (doctrina legal vinculante) a. Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen apti­ tud para generar certeza, b. Verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corro­ boraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria, c. Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el lite­ ral c) del párrafo anterior. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J219

N° 2-2005/CJ-116 (30/09/2005). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 10 Art. 158 Valoración

La declaración del agraviado requiere de garantías de certeza para ser considerada como prueba de cargo válida La sola declaración del agraviado tiene entidad para ser considerada prueba de cargo válida, para es necesario que se cumplan ciertas garantías de certeza, como es la verosimilitud del relato incriminador, es decir, que por lo menos se encuen­ tre corroborado mínimamente en sus aspectos periféricos; que este requisito no aparece cumplido, pues el sentenciado (...) al aceptar su responsabilidad aseveró que actuó solo sin el concurso de otra persona, a lo que debe agregarse que la declaración del agraviado, en el sentido que mordió y lanzó una patada a una de sus atacantes, no está corroborada en el caso de la encausada (...) ya que el cer­ tificado médico (...) concluye que el examen que se le practicó no presentaba

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA

CAP. 8

lesiones traumáticas externas recientes (...) por tanto, la sindicación del agraviado carece de aptitud probatoria para un juicio de condena. Recurso de Nulidad: N° 4903-2009 (03/11 /2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 7 Concordancia: Art. 158 Valoración

Se debe excluir de valoración la declaración de la víctima que contenga J220 una motivación de venganza Según los criterios jurisprudenciales indicados existen pautas definidas y cuasi tasadas en la valoración de la declaración de la víctima, que en esencia exigen la exclusión de alguna motivación gratuita o de venganza para la imputación, además de elementos adicionales de verificación de dicha declaración, como claramente aparecen expuestos en las exposiciones de los hechos de las dos sentencias. Casación;

Concordancia;

N° 06-2009-La Libertad (04/12/2009). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 6 Art. 158 Valoración Art II Título Preliminar

La falta de sindicación uniforme y coherente es suficiente para que la J221 declaración de la víctima no tenga eficacia probatoria La declaración de la víctima solo puede servir de fundamento a una decisión judi­ cial de condena cuando reúne los requisitos de precisión de los hechos, cohe­ rencia narrativa, persistencia en la sindicación y verosimilitud de su contenido; que en el presente caso, el menor agraviado no ha sostenido una sindicación uniforme y coherente, puesto que en la (...) diligencia de reconocimiento físico, el agraviado hasta en dos oportunidades no sindicó al encausado sino a su her­ mano, y recién en una tercera oportunidad lo reconoce, lo que resta mérito pro­ batorio a esta grave denuncia; que asimismo, no concurren datos objetivos que consoliden la inculpación pues solo se advierten declaraciones de testigos referenciales -progenitores del menor agraviado- quienes sindican al encausado como responsable en función de la imputación efectuada por su menor hijo. Recurso de Nulidad: N° 1376-2010 (15/11 /2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 10 Concordancia: Art. 158 Valoración

Se otorga valoración probatoria a las declaraciones del agraviado en J222 sede policial Cuarto: Que si bien el agraviado en su declaración preventiva (...) y en la diligencia de confrontación (...) pretendió excluir al encausado del hecho que inicialmente le imputó, es claro advertir la intención deliberada de favorecerlo con afirmaciones

109

CAR 8

MEDIOS DE PRUEBA

carentes de congruencia y seriedad que en modo alguno pueden restar virtua­ lidad incriminatoria a las primigenias diligencias antes analizadas, sobre todo si desde una óptica imparcial ellas contienen declaraciones e impresiones espon­ táneas e inmediatas del agraviado sobre lo ocurrido sin que se encuentre conta­ minado con algún interés en particular ajeno a su propio perjuicio Recurso de Nulidad: N° 2398-2009 (19/10/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 24 Concordancia: Art. 158 Valoración

J223

La retractación de la víctima en los delitos sexuales puede ser superada si la declaración cumple con las garantías de certeza (doctrina legal vinculante) La retracción como obstáculo al juicio de credibilidad se supera en la medida en que se trate de una víctima de un delito sexual cometido en el entorno familiar o entorno social próximo. En tanto en cuanto se verifique (i) la ausencia de incredibi­ lidad subjetiva -que no existan razones de peso para pensar que prestó su decla­ ración inculpatoria movidos por razones tales como la exculpación de terceros, la venganza, la obediencia, lo que obliga a atender a las características propias de la personalidad del declarante, fundamentalmente a su desarrollo y madurez men­ tal-, y (ii) se presenten datos objetivos que permitan una mínima corroboración periférica con datos de otra procedencia -la pluralidad de datos probatorios es una exigencia de una correcta y segura valoración probatoria, sin perjuicio de que la versión de la víctima (iii) no sea fantasiosa o increíble y que (iv) sea coherenteAcuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 1-2011/CJ-l 16 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 24 Art. 158 Valoración

J224 La declaración de la víctima en los delitos sexuales se flexibiliza por el contexto emocional y explica la ausencia de uniformidad (doctrina legal vinculante) A los efectos del requisito de (v) uniformidad y firmeza del testimonio inculpatorio ha de flexibilizarse razonablemente. Ha de tenerse en cuenta que la exce­ siva extensión temporal de las investigaciones genera espacios evolutivos de sentimientos e ideas tras la denuncia, pues a la rabia y el desprecio que motivó la confesión de la víctima se contraponen sentimientos de culpa por denun­ ciar a un familiar, o a una persona estimada. No es infrecuente reproches con­ tra la víctima por no cumplir con el mandato de mantener unido al grupo fami­ liar, así como vivencias, en algunos casos, de las dificultades por las que atraviesa la madre para sostener económicamente a los miembros de la familia. Todo ello genera una sensación de remordimiento de la víctima por tales consecuen­ cias, a lo que se suma, en otros casos, la presión ejercida sobre esta por la fami­ lia y por el abusador, todo lo cual explica una retractación y una ausencia de uniformidad.

110

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA

Acuerdo Plenario: Concordancia:

CAP.

N° 1-2011 /CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 24 Art. 158 Valoración

La retractación de los cargos debe merituarse a través de la testimonial J225 y no mediante declaración jurada Si bien (...) corre una declaración jurada de la agraviada, en la que se retracta de los cargos, esta carece por entero de eficacia procesal porque en puridad con­ tiene una declaración que solo puede realizarse a través del medio de prueba de la testimonial, documento que incluso por su simpleza y falta de explicaciones no puede generar duda de lo que anteriormente y de modo uniforme expreso ante la autoridad penal. Recurso de Nulidad: N° 4386-2009-Lima (05/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Concordancia: Art. 158 Valoración

La evaluación interna de la retractación de la víctima requiere apreciar J226 la solidez, coherencia y razonabilidad de su declaración (doctrina legal vinculante) La validez de la retractación de la víctima está en función de las resultas tanto de una evaluación de carácter interna como externa. En cuanto a la primera, se trata de indagar: a) la solidez o debilidad de la declaración incriminatoria y la corrobo­ ración coetánea -en los términos expuestos- que exista; b) la coherencia interna y exhaustividad del nuevo relato y su capacidad corroborativa; y, c) la razonabi­ lidad de la justificación de haber brindado una versión falsa, verificando la pro­ porcionalidad entre el fin buscado -venganza u odio- y la acción de denunciar falsamente. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 26 Art. 158 Valoración

La evaluación externa de la retractación de la víctima abarca el contacto J227 del procesado con la víctima y las consecuencias negativas de la denun­ cia (doctrina legal vinculante) Respecto de la perspectiva externa, se ha de examinar: d) los probados contac­ tos que haya tenido el procesado con la víctima o de su objetiva posibilidad, que permitan inferir que la víctima ha sido manipulada o influenciada para cambiar su verdadera versión; y, e) la intensidad de las consecuencias negativas genera­ das con la denuncia en el plano económico, afectivo y familiar. A estos efectos.

CAP. 8

MEDIOS DE PRUEBA

el propio relato de la víctima se erige en la herramienta más sólida para advertir estos indicadores, al igual que la información que puedan proporcionar sus fami­ liares cercanos Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J228

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 26 Art. 158 Valoración

El consentimiento de la víctima solo puede probarse y no inferirse de palabras, silencio o falta de resistencia (doctrina legal vinculante) Por otro lado, en reglas que se explican por sí solas, cuya legitimidad fluye de lo anteriormente expuesto, es del caso insistir en la aplicación de los literales a) al c) de la Regla 70 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Inter­ nacional. Son las siguientes: A. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando la fuerza, la amenaza de la fuerza, la coacción o el aprovechamiento de un entorno coercitivo hayan disminuido su capacidad para dar un consentimiento voluntario y libre. B. El consentimiento no podrá inferirse de ninguna palabra o conducta de la víctima cuando esta sea incapaz de dar un consentimiento libre. C. El consentimiento no podrá infe­ rirse del silencio o de la falta de resistencia de la víctima a la supuesta violen­ cia sexual. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J229

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 27 Art. 158 Valoración

La admisión de la prueba en los delitos sexuales sigue el mismo régi­ men establecido en el proceso penal común (doctrina legal vinculante) La selección y admisión de la prueba en el proceso penal se informa del princi­ pio de pertinencia de la prueba -de expresa relevancia convencional-, así como los principios de necesidad -que rechaza la prueba sobreabundante o redun­ dante-, conducencia o idoneidad, y utilidad o relevancia. El primero exige la vinculación lógico-jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal circunstancia no cambia para el caso del procesamiento de delitos sexuales, donde es en función de las particularidades situacionales del hecho sexual que se distingue, escoge y prefiere entre los distintos medios de prueba que se tie­ nen al alcance para determinar, confirmar o rechazar la tesis inculpatoria objeto de prueba. Acuerdo Plenario: Concordancia:

112

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 29 Art. 158 Valoración

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA

CAP.

8

Si la agresión sexual ha sido mediante amenaza no es exigióle que el exa­ J230 men médico legal arroje lesiones (doctrina legal vinculante) El Juez atenderá, en concreto, las particularidades de cada caso para establecer la relevancia de la prueba como consecuencia de la declaración de la víctima o testigo, y la adecuará a la forma y circunstancias en que se produjo la agresión sexual (unida a su necesidad -aptitud para configurar el resultado del procesoy a su idoneidad -que la ley permite probar con el medio de prueba el hecho por probar-). A manera de ejemplo, si para el acceso carnal medió únicamente grave amenaza -en cuyo caso ni siquiera requiere algún grado de resistenciano es exigióle que el examen médico arroje lesiones paragenitales que eviden­ cien resistencia física por parte de la víctima. Se ha de acudir a otros medios de corroboración, tal es el caso de la pericia psicológica, u otras que se adecúen a las peculiaridades del hecho objeto de imputación. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 31 Art. 158 Valoración

El principio de idoneidad de la prueba penal rige en la valoración de la J231 prueba en delitos sexuales (doctrina legal vinculante) Así la problemática que advierte respecto a la indebida valoración de la pericia médico legal que no consigna lesiones paragenitales y/o himeneales, se despeja sin más a través de una atenta aplicación del principio de idoneidad de la prueba penal en relación a las circunstancias y medios empleados por el agresor para conseguir el quiebre de la voluntad de la víctima. Si los medios delictivos con­ sisten en la amenaza, la penetración vaginal fue incompleta, o la agresión sexual radicó en la práctica genitalica-bucal, resulta absurdo admitir a trámite la referida prueba técnica, actuarla y, menos, valorarla. Será la declaración de la víctima la que, finalmente oriente la dirección de la prueba corroborativa. De este modo, se desmitifica la prueba médico forense como una prueba de actuación obligatoria ante la sola mención del tipo legal imputado.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 32 Art. 158 Valoración

El examen médico legal será trascendente en el contexto de la agresión J232 sexual (doctrina legal vinculante) Lo expuesto no importa disminuir el alcance probatorio de la pericia médicolegal, sino identificar el contexto en la que sus conclusiones adquieren real vincu­ lación y potencialidad con la acción delictiva objeto de imputación. Dicha prueba pericial será trascendente cuando se atribuya -usualmente por parte de la propia víctima- el empleo de agresión física, penetración violenta o sangrado producto

113

CAP. 8

MEDIOS DE PRUEBA

de los hechos, las que no evidenciarse, pese a la inmediatez de la actuación de la pericia, será relevante para debilitar el alcance de la declaración de la víctima o considerar la ausencia de corroboración. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J233

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 33 Art. 158 Valoración

Las pruebas referidas al comportamiento sexual de la víctima afectan su derecho a la intimidad si resultan irrazonables y desproporcionadas (doctrina legal vinculante) El principio de pertinencia y el derecho constitucional de la víctima a que se proteja su derecho a la intimidad transforman las pruebas solicitadas para inda­ gar respecto a su comportamiento sexual o social, anterior o posterior al evento criminal acaecido, en pruebas constitucionalmente inadmisibles, cuando impli­ quen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima. Este sería el caso cuando se indaga genéricamente sobre el comporta­ miento sexual o social de la víctima, previo o posterior a los hechos objeto de investigación o enjuiciamiento -esta es la base de la regla 71 de las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional- Por el contrario, ningún reparo se advierte en los actos de demostración y de verificación de las circuns­ tancias en que se realizó la agresión sexual imputada. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J234

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 34 Art. 158 Valoración

Debe realizarse un examen de ponderación de las pruebas que afectan el derecho a la intimidad de la víctima (doctrina legal vinculante) La regla expuesta, en clave de ponderación, está limitada por la garantía genérica de defensa procesal y en el principio de contradicción. Frente a un conflicto entre ambos derechos fundamentales y garantías constitucionales, para proceder a la indagación íntima de la víctima, en principio prohibida (Regla 71 ya citada), deberá identificarse una vinculación lógica entre la prueba indagatoria restrictiva de la vida íntima y la tesis defensiva correspondiente, por lo que dicho examen solo cabría si (i) tal indagación está dirigida a demostrar que el autor del ilícito es otra persona y no el procesado; (ii) o si como, consecuencia de impedir esa inda­ gación, se vulnera gravemente la garantía de defensa del imputado. Por ejemplo, cuando este trate de acreditar anteriores o posteriores contactos sexuales con la víctima que acrediten de ese modo el consentimiento del acto. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

114

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 35 Art. 158 Valoración

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA

CAP. 8

El Juez Penal podrá solicitar la declaración en Juicio de la víctima si se J235 cumplen supuestos excepcionales (doctrina legal vinculante) Excepcionalmente, el Juez Penal, en la medida que así lo decida podrá disponer la realización de un examen a la víctima en juicio cuando estime que tal declara­ ción o exploración pre procesal de la víctima: a) no se ha llevado conforme a las exigencias formales mínimas que garanticen su derecho de defensa; b) resulte incompleta o deficiente; c) lo solicite la propia víctima o cuando esta se haya retractado por escrito; d) ante lo expuesto por el imputado y/o la declaración de otros testigos sea de rigor convocar a la víctima para que incorpore nueva infor­ mación o aclare sectores oscuros o ambiguos de su versión; e) evitarse el con­ tacto entre víctima y procesado, salvo que el proceso penal lo requiera.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 38 Art. 171 inc. 3 Testimonios especiales

La declaración de la víctima es suficiente para desvirtuar la presunción J236 de inocencia si reúne los requisitos de coherencia, persistencia, solidez y ausencia de incredibilidad subjetiva Los delitos contra la libertad sexual se constituyen generalmente como delitos clandestinos, secretos o de comisión encubierta, pues se perpetran en ámbitos privados, sin la presencia de testigos, por lo que el solo testimonio de la víctima se eleva a la categoría de prueba con contenido acusatorio suficiente para enervar la presunción de inocencia del imputado, pero siempre que reúna los requisitos de coherencia, persistencia, solidez y ausencia de incredibilidad subjetiva, y que no se vulnere el derecho a un proceso con las debidas garantías procesales. Recurso de Nulidad: N° 4687-2009-Lima (07/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ Concordancia:

mento 3 Art. 158 Valoración Art. 171 inc. 3 Testimonios especiales

La declaración de la víctima genera convicción si cumple con los crite­ J237 rios de credibilidad Pues la declaración de la víctima es precisa, concreta y detallada en pormeno­ res sexuales que sugieren una verdadera experiencia vivida por ella, y además el relato se desarrolla sin contradicciones internas y con secuencias lógicas entre sí, de manera persistente y sin modificaciones en lo sustancial; que, asimismo, esta versión está avalada por corroboraciones periféricas y testimonios, que aun cuando no versan sobre el núcleo central de la acción típica, sin embargo con­ firman una serie de aspectos que dotan de verosimilitud a dicha declaración (...) por tanto, la valoración y apreciación del material probatorio y razonamiento del

115

MEDIOS DE PRUEBA

Tribunal Superior en la sentencia, en torno a los juicios de hecho y de derecho, es correcto -no se aprecia falta de lógica alguna en la estructura racional de esa valoración-,y no evidencia la vulneración de la presunción de inocencia. Recurso de Queja: Concordancia:

J238

N° 1102-2009-L¡ma (06/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 158 Valoración Art. 171 inc. 3 Testimonios especiales

La declaración de la víctima que no cumple con los presupuestos del Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116 no desvirtúa la presunción de inocencia Por regla general. Por regla general, en este tipo de delitos, el único testigo de los hechos es la propia agraviada; sin embargo, considerando que la tesis del Fis­ cal se basa medularmente en la sindicación de la agraviada, debemos de apoyar­ nos en lo que en doctrina se conoce como "declaración testifical de la víctima"; siendo así recurriremos a las exigencias establecidas en el Acuerdo Plenario N.° 02-2005/CJ-116; pues en caso, la versión de la agraviada no se encuentre dentro de los presupuestos de las garantías de certeza, esta no tendría valor probatorio alguno, ni podría en caso alguno destruir el principio constitucional de la presun­ ción de inocencia que le asiste al acusado. Recurso de Nulidad: N°1650-2016-Lima Norte (07/06/2017). Segunda Sala Penal Transi­ toria. Fundamento 9 Concordancia: Art. 158 Valoración

J239

Si la declaración de la agraviada no cumple con los requisitos de credi­ bilidad, no puede sustentar una condena Que la versión de la agraviada® no tiene un punto de apoyo objetivo, distinto de su propia exposición -elementos periféricos corroborantes, que por cierto es dis­ tinto de la coherencia y rigor lógico de la versión de la víctima, que es un requi­ sito subjetivo-, que consolide ios cargos, tanto más si el imputado, primero, negó el hecho, y, segundo, adujo que el día en que habría ocurrido la violación sexual ya no laboraba con los padres de la agraviada, dato último que no ha sido ener­ vado en modo alguno -y que merecía ser refutado por la acusación-; y (ii) no ha sido constante en el tiempo en relación a la fecha de los hechos, dato último vital para concretar los cargos y definir si en esa ocasión el imputado trabajo o no con sus padres, en cuyo ámbito tuvo lugar la violación; que, en tal virtud, la prueba de cargo no es suficiente para enervar la presunción de inocencia del imputado. Recurso de Nulidad: N° 64-2010-San Martín (06/07/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 7 Concordancia: Art. 158 Valoración

116

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA

CAP. 8

Se confirman los estándares para la valoración de la declaración de la J240 víctima conforme al Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116 Su valoración debe reunir los siguientes requisitos: i) ausencia de incredibilidad subjetiva, esto es, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en odio, resentimiento, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que le nieguen aptitud para generar certeza; ii) verosimilitud, que no solo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria; iii) persistencia en la incriminación, es decir, que la sindicación sea permanente. Tales estándares se hallan desarrollados en el Acuerdo Plenario número dos-dos mil cinco/CJ-ciento dieciséis; asimismo, la judicatura nacional en reiterada jurisprudencia ha cumplido con emitir pronun­ ciamiento observando el citado acuerdo plenario.

Recurso de Nulidad: N° 352-2018-Áncash (28/08/2018). Sala Penal Permanente. Funda­ Concordancia:

mento 5 Art 158 Valoración

La corroboración periférica exige datos del hecho que aporten indicios J241 razonables La corroboración periférica, empero, no exige pruebas autónomas sobre aspec­ tos propios del hecho juzgado, sino datos acerca de circunstancias que rodean al hecho que aporten indicios razonables de la veracidad de la información pro­ porcionada por la víctima -se puede acudir a declaraciones referenciales, peri­ cias psicológicas u otras-. Casación:

Concordancia:

N° 1394-2017-Puno (26/07/2018). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 158 Valoración

Las corroboraciones de la declaración del testigo víctima sirven como J242 elementos de valoración En los denominados "delitos de clandestinidad", resulta determinante la declara­ ción del testigo-víctima y la existencia de corroboraciones periféricas externas que abonen la versión incriminadora -el tríptico de falta de credibilidad subjetiva del testigo, verosimilitud de su declaración y persistencia de la misma, no consti­ tuyen desde luego condiciones para la validez de la declaración, sino meros ins­ trumentos funcionales o guías de referencia para su valoración y contrasteCasación:

Concordancia:

N° 1179-2017-Sullana (10/05/2018). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Art. 158 Valoración

117

8

MEDIOS DE PRUEBA

Los motivos espurios o antagonismo resta credibilidad a la declaración del testigo víctima Los motivos espurios o el antagonismo capaz de restar credibilidad a la decla­ ración de la víctima y de la testigo denunciante deben estar relacionados con hechos anteriores al supuesto delictivo, de forma que la versión de aquellas sea consecuencia de haber urdido la trama delictiva. No existe, automáticamente, con motivo del delito cometido en su agravio una pérdida de fiabilidad en el tes­ timonio de las víctimas. Casación: Concordancia:

N° 1179-2017-Sullana (10/05/2018). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Art. 158 Valoración

PERICIA PSICOLÓGICA DE LA VÍCTIMA Y CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO J244

El cuestionamiento por la cantidad de peritos designados debe ser con­ forme a la normativa establecida Que el informe pericial y el examen a la perito psicóloga, al que el imputado y su defensa no se opusieron oportunamente -en el momento de su actuaciónsi bien se realizó con un solo perito, tal circunstancia, que da cuenta de un posi­ ble defecto procesal, no tiene entidad para invadirlo, inutilizarlo o anularlo, sino en todo caso para relativizarlo, tanto más si la legislación sobre violencia familiar acepta ese tipo de informes de carácter institucional -artículo veintinueve del Texto Único Ordenado de la Ley de Protección frente a la Violencia Familiar- y la modificación de la persecución procesal de los delitos sexuales -Ley numero veintisiete mil ciento quince, artículo tres- incluso permite pericias medico lega­ les actuadas por un solo profesional médico. Recurso de Nulidad: N° 3774-2009-Apurímac (01/07/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Concordancia: Art. 171 inc. 3 Testimonios especiales Art. 173 Nombramiento

J245

Se debe realizar la declaración de la víctima menor de edad en Cámara Gesell a fin de evitar la revictimización o victimización secundaria (doc­ trina legal vinculante) A efectos de evitar la victimización secundaria, en especial de los menores de edad, mermando las aflicciones de quien es pasible de abuso sexual, se debe tener en cuenta las siguientes reglas: a) Reserva de las actuaciones judiciales; b) Preservación de la identidad de la víctima; c) Promover y fomentar la actua­ ción de única declaración de la víctima. Esta regla es obligatoria en el caso de

PERICIA PSICOLÓGICA DE LA VÍCTIMA Y CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

CAP. 8

menores de edad, valiéndose para ello de las directivas establecidas por el Minis­ terio Público en la utilización de la Cámara Gesell, especialmente respecto a la completitud, exhaustividad y contradicción de la declaración. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 38 Art, 171 inc. 3 Testimonios especiales

La declaración de la víctima menor de edad en Cámara Gesell se rige bajo J246 las reglas procesales de la prueba anticipada (doctrina legal vinculante) La irrepetibilidad o indisponibilidad en su actuación radica en el retraso de la misma hasta el juicio oral, dada la corta edad de los testigos y las inevitables modificaciones de su estado psicológico, así como un eventual proceso de repre­ sión psicológica. Su registro por medio audiovisual es obligatorio. De modo tal que, si a ello se agrega la nota de urgencia -que autoriza a las autoridades pena­ les distintas del Juez del Juicio para su actuación (artículos 171.3 y 337.3.a NCPP)de no existir cuestionamientos relevantes a la práctica probatoria, sea posible su incorporación al juicio a través de su visualización y debate. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 1-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria, Doctrina legal vinculante: fundamento 38 Art. 171 inc. 3 Testimonios especiales

La declaración del menor de edad debe realizarse en Cámara Gesell J247 (doctrina legal vinculante) En el proceso penal sea necesario que la declaración de menores sea guiada por un tercero especializado, como un psicólogo, por lo que se deberán seguir los pasos de una toma de declaración en Cámara Gesell (ver Guía de Procedimiento para la Entrevista Única de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas de abuso sexual, explotación sexual y trata con fines de explotación sexual del año dos mil diez), de no ser posible, por el Juez.

Casación: Concordancia:

N° 33-2014-Ucayali (28/10/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 25 Art. 171 inc. 3 Testimonios especiales

La declaración del menor de edad de edad en Cámara Gesell debe reali­ J248 zarse con todos los equipamientos e instrumentos necesarios (doctrina legal vinculante) Debe considerarse que la entrevista sea realizada en los ambientes adecuados y con los artefactos de captación de imagen y sonido en perfecto funcionamiento, a fin que sea preservada. Antes de la entrevista, las partes y el entrevistador se

119

CAP.

8

MEDIOS DE PRUEBA

deben reunir con los padres o responsables del niño, niña o adolescente, con la finalidad de obtener sus generales de ley, información preliminar del suceso, las condiciones familiares de aquella y demás información que resulte pertinente para la realización de la entrevista. El entrevistador debe saber los puntos sobre los cuales debe versar la entrevista, los cuales son propuestos por las partes con la intervención del Juez.

Casación: Concordancia:

J249

N° 33-2014-Ucayal¡ (28/10/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 26 Art. 171 inc. 3 Testimonios especiales

En caso de suspensión de la declaración de menor de edad en Cámara Gesell debe ser reprogramada en el más breve término (doctrina legal vinculante) Si al inicio o durante la entrevista surgen motivos justificados que impidan su desarrollo, se suspende y reprograma la diligencia lo más pronto posible, a fin de asegurar la uniformidad y espontaneidad de la información a ser proporcionada por el niño, niña o adolescente.

Casación: Concordancia:

J250

N° 33-2014-Ucayali (28/10/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 27 Art. 171 inc. 3 Testimonios especiales

La declaración de menor en Cámara Gesell debe realizarse con pautas definidas previamente por el entrevistador (doctrina legal vinculante) i) Abordar en la narración de los hechos: fecha, hora, personas que se halla­ ban presentes, descripción del lugar del hecho y de la agresión sexual, si en esta hubo acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o si se realizaron otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías o si se produjeron tocamientos indebidos en sus partes ínti­ mas; iii) Identificación del imputado, señas particulares: tatuajes, cicatrices, cor­ tes, quemaduras, etc., discapacidad física o mental, lenguaje, actitud, etc. iv) No mencionar el nombre o apellido del procesado antes, durante o después de la entrevista, salvo que el entrevistado lo mencione, v) Evitar inducir la descrip­ ción de la persona, vi) Las circunstancias vinculadas al acercamiento y abordaje del investigado, vii) No formular preguntas que atenten contra la dignidad del niño, niña y adolescente.

Casación: Concordancia:

120

N° 33-2014-Ucayali (28/10/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 28 Art. 171 inc. 3 Testimonios especiales

PERICIA PSICOLÓGICA DE LA VÍCTIMA Y CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

CAP.

Las preguntas no pueden ser ambiguas, capciosas o sugestivas en la declaración del menor en Cámara Gesell (doctrina legal vinculante) i) Debe propiciarse la espontaneidad del relato, ii) Estructurar preguntas que puedan comprenderse fácilmente, iii) Permitir que el niño, niña y adolescente cuente con tiempo suficiente para responder las interrogantes que se le formu­ lan. iv) Formular preguntas que no sean ambiguas, capciosas o sugestivas y evi­ tar aquellas que induzcan a eludir la respuesta y adoptar actitudes negativas v) Evitar hablar de sí mismo, vi) Evitar expresar verbal o gestualmente acuerdo o desacuerdo con la declaración efectuada por el niño, niña o adolescente, vii) Evi­ tar comparaciones, viii) Se abstendrá de interrumpir al evaluado sin justificación (solo se acepta la interrupción si tiene un fin específico), ix) No usar terminología que el niño, niña o adolescente no pueda comprender, x) Evitar hablar de temas irrelevantes para el caso. Casación:

Concordancia:

N° 33-2014-Ucayal¡ (28/10/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 29 Art. 171 inc. 3 Testimonios especiales

La pericia psicológica en los delitos contra la libertad sexual tiene como J252 utilidad el establecer el grado de credibilidad del testimonio (doctrina legal vinculante) Una de las pruebas que se puede utilizar al acontecer delitos contra la liber­ tad sexual es la pericia psicológica sobre la credibilidad del testimonio. Esta se encuentra orientada a establecer el grado en que cierto relato específico res­ pecto de los hechos investigados cumple, en mayor o menor grado, con cri­ terios preestablecidos que serían característicos de relatos que dan cuenta de forma fidedigna respecto de cómo sucedieron los hechos (unidad especializada en delitos sexuales y violentos, fiscalía nacional del ministerio público: Evalua­ ción pericial psicológica de credibilidad de testimonios, Santiago de Chile, 2008, p. 37).

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-l 16 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 28 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

La valoración de la pericia psicológica debe evaluar la existencia de fac­ J253 tores que afecten el testimonio (doctrina legal vinculante) En ese sentido, la valoración de este medio de prueba pericial, debe ser reali­ zada de forma rigurosa, de ahí que el Juez al evaluar al perito debe preguntar y verificar lo siguiente (De Gregorio Bustamente, Alvaro: Abuso sexual infantil.

CAP. 8

MEDIOS DE PRUEBA

Denuncias falsas y erróneas. Ornar Favale ediciones jurídicas, Buenos Aires, 2004, p. 208.): A) El evaluado tiene capacidad para testimoniar. B) Puede apor­ tar un testimonio exacto, preciso y detallado sobre los hechos cuya comisión se estudia. C) Puede ser sugestionado, inducido y llevado a brindar relatos y testimonios inexactos o por hechos falsos. D) Puede mentir sobre los hechos de violación sexual. E) Tiene capacidad y discernimiento para comprender lo que se le pregunta. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J254

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 29 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

El análisis de credibilidad del testimonio debe abarcar el nivel cognitivo de la persona y el componente motivacional (doctrina legal vinculante) Para realizar un análisis de credibilidad, resulta necesario efectuar evaluaciones a los sujetos que vierten el relato, atendiendo a dos niveles: A) Cognitivos de la persona, que redundan en su habilidad para relatar los hechos con precisión y exactitud. Considera de manera particular los factores generales que influyen en la adquisición, retención, recuperación y comunicación verbal de la informa­ ción (exactitud). B) Al componente motivacional que se refiere a la voluntad para explicar los hechos de modo apegado o no a la realidad. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J255

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 30 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

La valoración de la pericia psicológica requiere que haya sido prestada de forma legal, conforme a las garantías procesales y su análisis corres­ ponde a los jueces (doctrina legal vinculante) Sin embargo, es pertinente precisar: Primero, que la valoración de esa modalidad de pericia psicológica presupone una declaración prestada en forma legal, y con todas las garantías procesales y constitucionales. Segundo, que el análisis crítico del testimonio es una tarea consustancial a la responsabilidad de valorar y resol­ ver de los jueces, cuyo criterio no puede ser sustituido por especialistas que solo pueden diagnosticar sobre la personalidad en abstracto pero no sobre su com­ portamiento en el caso concreto, por lo que el informe psicológico solo puede servir de apoyo periférico o mera corroboración -no tiene un carácter defini­ tivo-, pero no sustituir la convicción sobre la credibilidad del testigo.

122

PERICIA PSICOLÓGICA DE LA VÍCTIMA Y CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

CAP.

8

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante; fundamento 31 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

El informe pericial psicológico ayuda al juez a formar su criterio y no para J256 decidir si un testimonio es verdadero o falso (doctrina legal vinculante) Tercero, que el juicio del psicólogo solo puede ayudar al Juez a conformar su cri­ terio sobre la credibilidad del testigo; y, su informe, al contrastar las declaraciones de la víctima -menor de edad, sustancialmente- con los datos empíricos elabora­ dos por la psicología, si existen o no elementos que permitan dudar de su fiabili­ dad. Cuarto, que el informe pericial no puede decir, ni se les pide que lo hagan, si las declaraciones se ajustan o no a la realidad, la cual es tarea del órgano jurisdic­ cional que entre otros elementos contará con su percepción directa de las mani­ festaciones y con el juicio del psicólogo sobre la inexistencia de datos que permi­ tan suponer fabulación, inducción, invención o manipulación (conforme: STS de 29 de octubre de 1996, de 16 de mayo de 2003, y de 488/2009, de 23 de junio).

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 31 Art, 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

Los delitos sexuales suponen un daño psicológico a la víctima que puede J257 ser apreciado por el Juez (doctrina legal vinculante) El delito de violación sexual genera un daño psicológico en la víctima que implica a su vez lesiones psíquicas agudas producidas por un delito violento -que en algunos casos puede requerir con el paso del tiempo de un apoyo social o un tratamiento psicológico adecuado- y por otro, a las secuelas emocionales que persisten en forma crónica como consecuencia del suceso sufrido y que interfie­ ren negativamente en su vida cotidiana (Echeburua, Enrique/ Amor, Pedro/ De Corral, Paz, "Evaluación del daño psicológico de las víctimas de delitos violentos", en Psicothema. Vol. 14(2002), pp. 139 y 140). Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 32 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

123

8 j 258

MEDIOS DE PRUEBA

La lesión psíquica que puede ser advertible en la pericia psicológica son los transtornos adaptativos, estrés postraumático o la descompensación de personalidad (doctrina legal vinculante) La lesión psíquica incapacita significativamente para hacer frente a los requeri­ mientos de la vida ordinaria a nivel personal, laboral, familiar o social, por tanto su presencia es medidle. Las lesiones más frecuentes son los trastornos adaptativos, el trastorno de estrés postraumático o la descompensación de una personalidad anómala. El trastorno de estrés postraumático, común en los delitos de violencia sexual según la Organización Mundial de la Salud, es una alteración psíquica que aparece cuando la persona ha sufrido una agresión física o una amenaza para la vida propia o de otra persona. Asimismo, cuando la reacción emocional experi­ mentada implica una respuesta intensa de miedo, horror o indefensión (Asensi Pérez, Laura Fátima: "La prueba pericial psicológica en asuntos de violencia de género", en Revista internauta de Práctica Jurídica N° 21, enero-junio de 2008, p. 19). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

j 259

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 33 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

La pericia psicológica es el medio de prueba idóneo para identificar el daño psicológico del delito sexual (doctrina legal vinculante) De otro lado, las secuelas emocionales que se presentan se refieren a la esta­ bilización del daño psíquico, es decir, a una discapacidad permanente que no remite con el paso del tiempo ni con un tratamiento adecuado; es una altera­ ción irreversible en el funcionamiento psicológico habitual (Echeburua, Enri­ que/ Amor, Pedro/ De Corral, Paz, "Evaluación del daño psicológico de las vícti­ mas de delitos violentos", en Psicothema. Vol. 14 (2002), p. 140). Por esta razón, la pericia psicológica forense es la idónea para determinar el daño causado. Ella es un procedimiento metodológico, realizado por un perito psicológico, con la finalidad de esclarecer la conducta y determinar el estado de salud mental de personas implicadas en procesos de investigación policial y/o judicial (Policía Nacional del Perú: Manual de Criminalística, Dirección de Criminalística, Lima, 2006, p. 356). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

■

N° 4-2015/CU-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 34 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

PERICIA PSICOLÓGICA DE LA VÍCTIMA Y CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO

CAR

La pericia psicológica en los delitos sexuales debe seguir el procedimiento establecido para su eficacia (doctrina legal vinculante) La referida pericia se basa en un procedimiento establecido: i) observación de la conducta, se debe registrar indicadores como tics, movimientos o temblores del cuerpo, etcétera, ii) historia clínica psicológica, que es un documento biográ­ fico del pariente basado en sus vivencias y experiencias, así como de la familia; esencialmente deben anotar datos de la filiación y el problema actual, iii) examen mental que es una herramienta que permite detectar alguna patología mental la que será corroborada con los otros instrumentos, iv) reactivos psicométricos (pruebas psicológicas). Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 35 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

Se establece la acreditación del profesional especializado en psicología J261 y el desarrollo conforme a los estándares como criterios de valoración (doctrina legal vinculante) A) La acreditación del profesional que suscribió el informe documentado, grado académico en la especialidad, especialización en psicología forense o similar. B) De ser posible, es necesario que se grabe la entrevista y se detalle cómo se llevó a cabo. C) Evaluar si se efectuó de conformidad con los estándares de la Guía de Procedimiento para la Evaluación Psicológica de Presuntas Víctimas de Abuso y Violencia Sexual Atendidas en Consultorio del Ministerio Público de 2013, aunque esto no implica que no se deba de evaluar los demás criterios, pues este es solo un dato indidario de la validez de la prueba pericial psicológica forense. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 36 Art 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

Se establece como criterio de valoración de la pericia psicológica que se J262 desarrolle la teoría usada y aceptada por la comunidad científica (doc­ trina legal vinculante) D) Como se advirtió, es importante que el Juez al momento de evaluar al perito pregunte sobre la relevancia y aceptación de la comunidad científica de la teo­ ría usada, por ejemplo, en el uso de reactivos psicométricos, como el test de la Figura Humana de E. M Kopitz, test de la Figura Humana de Karen Machover test

8

MEDIOS DE PRUEBA

de la Familia, test de la Casa, test del Árbol, etcétera; y como es que el uso de estos apoya la conclusión a la que arribó.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 36 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

J 263 Es criterio de valoración de la pericia psicológica en delitos sexuales que el juez pregunte el grado de error del diagnóstico realizado (doc­ trina legal vinculante) E) El Juez debe preguntar sobre el posible grado de error de las conclusiones a las que ha llegado el perito, debiéndose valorar que los sujetos en estas prue­ bas tienden a responder con sinceridad los cuestionarios que se les hacen, pero existen excepciones que conviene controlar, así el único uso de autoinformes no es apto para el diagnóstico de los trastornos de personalidad, pues en compa­ ración con las entrevistas clínicas tienden a ocultar o exagerar los síntomas del paciente. Al contrario, las técnicas proyectivas son más difícil de falsear porque son pruebas enmascaradas Asimismo, se ha señalado que las pruebas proyecti­ vas tienen una ventaja significativa en relación al resto de pruebas psicológicas y es que no están intermediadas por el lenguaje, a diferencia, por ejemplo, de los cuestionarios. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CU-116 (2/10/2015). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 36 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 171 inc. 3 Testimonios Especiales Art. 378 inc. 3 Testigo menor de edad

PERICIA ANTROPOLÓGICA EN CASOS DE DELITOS SEXUALES J 264 Los jueces pueden solicitar la realización de pericias antropológicas en casos vinculados a comunidades nativas o ronderiles (doctrina legal vinculante) Al respecto, el Protocolo de Actuación en Procesos Judiciales que involucren a Ponderes ha establecido en las Reglas de Actuación N® VIII (9 y 10) lo siguiente: "Si ios jueces requieren información especializada para la valoración de los aspec­ tos culturales del caso, solicitarán la realización de peritajes antropológicos-jurídicos a cargo de profesionales especializados e informes ilustrativos a las autorida­ des comunales y ronderas. Los jueces podrán solicitara las organizaciones de los

PERICIA ANTROPOLÓGICA EN CASOS DE DELITOS SEXUALES

CAP.

8

comuneros o fonderos involucrados en el proceso la información adicional que consideren pertinente para comprender mejor el contenido cultural y la natura­ leza de los hechos controvertidos. Los jueces no podrán realizar o aceptar conci­ liaciones que vulneren derechos fundamentales, especialmente en casos de vio­ lencia familiar o violencia sexual.

Acuerdo: Concordancia:

N° 1-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 12 Art. 172 Procedencia de la pericia Art. 178 Contenido del informe pericial Art. 378 Examen a peritos

La pericia antropológica siendo obligatoria para la aplicación del artículo J265 15 del Código Penal, debe centrarse en el origen y validez actual de la costumbre invocada (doctrina legal vinculante) La pericia antropológica es obligatoria e imprescindible, en todos los casos, para decidir la aplicación del artículo 15 del Código Penal. El órgano jurisdiccional debe, además, supervisar que la pericia sea practicada por un profesional idóneo y con experiencia acreditada en la materia. En cuanto a su contenido y alcances, la pericia antropológica debe de centrarse en el origen de la costumbre Invocada y en su validez actual, procurando auscultar la presencia de vetas de ilustración en el entorno cultural de los sujetos involucrados, las cuales evidencien procesos de cuestionamiento o rechazo del sometimiento de menores de catorce años a prácticas sexuales tempranas. Acuerdo:

Concordancia:

N° 1-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente/Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 172 Procedencia de la pericia Art. 178 Contenido del informe pericial Art. 378 Examen a peritos

La pericia antropológica debe informar sobre la existencia de formas de J266 sanción existentes en la costumbre invocada (doctrina legal vinculante) Asimismo, sobre la existencia de normas, procedimientos o formas de sanción que se apliquen a las agresiones sexuales en agravio de niñas y adolescentes o que no brinden a estas una tutela jurisdiccional efectiva o que discriminen su acceso a la justicia.

Acuerdo: Concordancia:

N° 1 -2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 172 Procedencia de la pericia Art. 178 Contenido del informe pericial Art. 378 Examen a peritos

127

MEDIOS DE PRUEBA

J267

Es impertinente descalifícar a la víctima que se consigne en el informe pericial antropológico (doctrina legal vinculante) El Juez competente debe también advertir al perito sobre lo impertinente de todo contenido o conclusión pericial que pronuncie por aspectos de carácter jurídico o de naturaleza procesal o punitiva, o que descalifique a la víctima. Acuerdo:

Concordancia:

J268

N° 1-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 172 Procedencia de la pericia Art. 178 Contenido del informe pericial Art. 378 Examen a peritos

La pericia antropológica debe seguir un determinado procedimiento y método definido en las guías metodológicas (doctrina legal vinculante) Es pertinente, pues, recomendar que las pericias antropológicas se estructu­ ren siguiendo un orden metodológico y expositivo homogéneo. Para ello, por ejemplo, es recomendable la estructura referida por la "Guía Metodológica para la Elaboración de Peritajes Antropológicos en causas Indígenas" elaborada por Guevara Gil y cuyos aportes principales se transcriben a continuación y se incor­ poran con sentido orientador en este Acuerdo Plenario (Conforme Guevara Gil, Armando - Verona, Aarón - Vergara, Roxana (Editores): El peritaje antropológico. Entre la reflexión y la práctica. Pontificia Universidad Católica del Perú, Departa­ mento Académico de Derecho, Lima 2015, p. 221 y ss.). Acuerdo: Concordancia:

J269

N° 1 -2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 172 Procedencia de la pericia Art. 178 Contenido del informe pericial Art. 378 Examen a peritos

La pericia antropológica debe contener mínimamente los criterios esta­ blecidos en la "Guía Metodológica para la Elaboración de Peritajes Antro­ pológicos en causas Indígenas" (doctrina legal vinculante) 1 .-"La primera parte debe incluir la descripción de la preparación del peritaje, la actuación de los métodos y técnicas de investigación, y el ordenamiento de los datos en función de la consulta hecha y del problema señalado por el Juez o fis­ cal. 2. La segunda parte debería considerar los puntos sobre los que versará el peritaje, ordenados de acuerdo a la lógica de los hechos y fundados en los prin­ cipios de la investigación antropológica. 3. La última parte deberá incluir la con­ clusión del peritaje; es decir, la opinión o dictamen del perito sobre la consulta formulada por el magistrado. En este punto también podrá apoyarse en las fuen­ tes secundarias consultadas y en todo el material (escrito o visual) recopilado que le sirve de fundamento para sustentar su dictamen".

PERICIA ANTROPOLÓGICA EN CASOS DE DELITOS SEXUALES

Acuerdo: Concordancia:

CAR

N° 1 -2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 172 Procedencia de la pericia Art. 178 Contenido del informe pericial Art. 378 Examen a peritos

La estructura formal e interna del informe pericial antropológico debe J270 seguir las propuestas de la "Guía Metodológica para la Elaboración de Peritajes Antropológicos en causas Indígenas" (doctrina legal vinculante) En cuanto a su sistemática formal e interna, las pericias antropológicas, siguiendo la propuesta del citado documento orientador, debe configurarse observando el siguiente esquema: a) La procedencia b) Los antecedentes c) El nombre del pro­ cesado d) El motivo del análisis e) El método de análisis y las técnicas usadas f) Los resultados g) Las observaciones h) Las recomendaciones i) Las conclusiones.

Acuerdo: Concordancia:

N° 1 -2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 172 Procedencia de la pericia Art. 178 Contenido del informe pericial Art. 378 Examen a peritos

Para la valoración de la pericia antropológica deben tomarse en con­ J271 i sideración otros medios de prueba idóneos (doctrina legal vinculante) La necesaria incorporación y valoración de otros medios de prueba idóneos para contrastar, complementar o posibilitar una mejor valoración judicial de las con­ clusiones de relevancia intercultural aportadas por las pericias antropológicas. Por ejemplo, la autoridad judicial a cargo del caso puede solicitar o aceptar infor­ mes {amicus curiaé) o testimonios complementarios o supletorios provenientes de las autoridades comunales o ronderiles, que coadyuven a la validación, con­ traste crítico o reemplazo de las pericias antropológicas requeridas.

Acuerdo: Concordancia:

N° 1 -2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 172 Procedencia de la pericia Art. 178 Contenido del informe pericial Art. 378 Examen a peritos

Los medios de prueba aportados para la valoración de la pericia antro­ J272 pológica deben ser pertinentes y útiles para la aplicación del artículo 15 del Código Penal (doctrina legal vinculante) La pertinencia y conducencia de estos medios debe ser flexible y solo ser sope­ sados por su utilidad y necesidad para la evaluación o decisión adecuada sobre

8

MEDIOS DE PRUEBA

la legitimidad de invocar o aplicar los efectos regulados por el artículo 15 del Código Penal. Sin embargo, y en todo caso, el órgano jurisdiccional debe abste­ nerse de resolver sobre la aplicación de dicha norma penal si no cuenta con nin­ gún medio de prueba de naturaleza intercultural idóneo para ello.

Acuerdo:

Concordancia:

J273

N° 1 -2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 172 Procedencia de la pericia Art. 178 Contenido del informe pericial Art. 378 Examen a peritos

El razonamiento y argumentación de las decisiones judiciales en casos de la aplicación del artículo 15 del Código Penal debe ser conforme a las normas, reglas y principios de la legislación nacional e interna­ cional (doctrina legal vinculante) La inserción en el razonamiento y argumentación de las decisiones judiciales, de la doctrina internacional y nacional sobre enfoque de género, interés superior del niño y compensación de la vulnerabilidad de las mujeres, niñas y adolescen­ tes en contextos pluriculturales. Los jueces deben insertar en su razonamiento y toma de decisiones jurisdiccionales, sobre todo en aquellos casos sobre la efec­ tividad del artículo 15 del Código Penal, las normas, reglas y principios vinculan­ tes regulados por la legislación internacional y nacional alusiva a la proscripción de toda forma de discriminación y violencia física o sexual contra la mujer y los menores de edad. Asimismo, los jueces ordinarios deben considerar también los efectos jurídicos, culturales y sociales de la prevalencia del interés superior del niño en condiciones de vulnerabilidad.

Acuerdo:

Concordancia:

N° 1-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 172 Procedencia de la pericia Art. 178 Contenido del informe pericial Art. 378 Examen a peritos

DECLARACIÓN DEL COACUSADO J274

El coimputado que brinda su declaración tiene la misma condición del testigo pero debe ser valorada según su credibilidad (precedente vinculante) Cuando declara un coimputado sobre un hecho de otro coimputado, y que a la vez se trata de hechos propios ya que ellos mismos los han cometido conjuntamente, por lo que su condición no es asimilable a la del testigo, aun cuando es de reconocer que tal testimonio puede ser utilizado para formar la

DECLARACIÓN DEL COACUSADO

CAP.

convicción judicial -no existe por ese hecho descalificación procedimentalcorresponde valorar varias circunstancias, que se erigen en criterios de credi­ bilidad -no de mera legalidad-, y que apuntan a determinar si existen datos relevantes que las desnaturalizan, situaciones que explicarían que el coimpu­ tado pudiese mentir.

Acuerdo Plenario.

Concordancia:

N° 2-2005-CJ-116 (30/09/2005). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 8 Art. 158 inc. 2. Declaración del coacusado

La declaración del coimputado debe ser valorada subjetivamente según su personalidad y posibles motivaciones, a fin de determinar su credibi­ lidad (precedente vinculante) Desde la perspectiva subjetiva, ha de analizarse la personalidad del coimpu­ tado, en especial sus relaciones con el afectado por su testimonio. También es del caso examinar las posibles motivaciones de su delación, que estas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales, que por su entidad están en condiciones de restarle fuerte dosis de credibilidad. Asimismo, se tendrá del cuidado de adver­ tir si la finalidad de la declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 2-2005-CJ-116 (30/09/2005). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 9 Art. 158 inc. 2. Declaración del coacusado

La valoración objetiva de la declaración del coimputado requiere que J276 sea corroborada con otros medios de prueba (precedente vinculante) Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato incriminador esté míni­ mamente corroborado por otras acreditaciones indiciarías en contra del sindi­ cado que incorporen algún hecho, dato o circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido incriminador. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 2-2005-CJ-116 (30/09/2005). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 9 Art. 158 inc. 2. Declaración del coacusado

La declaración del coimputado debe ser coherente y sólida (precedente J277 vinculante) Asimismo, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado; y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones.

131

CAP. 8

MEDIOS DE PRUEBA

la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, y en la medida en que el conjunto de las declaraciones del mismo coimputado se hayan sometido a debate y análisis, el Juzgador puede optar por la que consi­ dere adecuada.

Acuerdo Píenario:

Concordancia:

J278

N° 2-2005-CJ-116 (30/09/2005). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 9 Art. 158 inc. 2. Declaración del coacusado

Las reglas de valoración de la declaración del coacusado establecidas en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116 deben ser adaptadas al caso con­ creto (precedente vinculante) Los requisitos expuestos, como se ha anotado, deben apreciarse con el rigor que corresponde. Se trata, sin duda, de una cuestión valorativa que incumbe al órgano jurisdiccional. Corresponde ai Juez o Sala Penal analizarlos ponderada­ mente, sin que se trate de reglas rígidas sin posibilidad de matizar o adaptar al caso concreto.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

J279

N° 2-2005-CJ-116 (30/09/2005). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Precedente vinculante: fundamento 11 Art. 158 inc. 2. Declaración del coacusado

La declaración del coimputado debe estar mínimamente corroborada La indicada declaración quede "mínimamente corroborada"; esto es, que cons­ ten en autos la existencia de hechos, datos o circunstancias externas -localizados, como es obvio, fuera de las declaraciones en cuestión- que avalen de manera genérica la veracidad de la declaración, lo cual ha de hacerse caso por caso. Se trata, es preciso enfatizarlo, de datos empíricos tácticos de carácter externo, ajenos a la voluntad del coacusado incriminante, que no coinciden con el hecho impu­ tado, ni en su alcance ni en la fuente, pero que interfiere con él por formar parte del mismo contexto. Por lo demás, el que exista una manifestación de varios acu­ sados coincidentes en su contenido de imputación contra un tercero -el encau­ sado en este caso- no evita la necesaria exigencia de corroboración procedente de un dato externo. Recurso de Nulidad: N° 1885-2009 (06/10/2010). Salas Penales Permanente y Transito­ Concordancia:

132

ria. Fundamento 6 Art. 158 inc. 2. Declaración del coacusado

LA PERICIA

CAP.

8

LA PERICIA Procede la anulación de la sentencia porque el juez no dispuso de oficio J280 la realización de debate pericial Así, del tenor de la sentencia de vista, de su propia fundamentación, se advierte que no es posible un fallo de mérito sin antes agotar el esclarecimiento en su ámbito científico o pericial. El debate pericial, en estas condiciones, es inevita­ ble; su pertinencia y utilidad están plenamente justificadas. Por tanto, su ausen­ cia vicia la sentencia de primera instancia por sustentarse en pruebas diminutas y cuya responsabilidad era ampliarlas con arreglo a una expresa autorización legal, lo que evita por cierto vulnerar la garantía de imparcialidad judicial, el principio acusatorio y el derecho de defensa.

Casación:

Concordancia:

N° 22-2009-La Libertad (23/06/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 13 Art. 181 Requerimiento de informes Art. 378 inc. 7 Examen de testigos y peritos

Es necesaria la realización de un debate pericial en tanto existen J281 contradicciones Es necesario que en la siguiente etapa del proceso penal se esclarezcan los hechos imputados, en cuya oportunidad a efectos de superar las aparentes dis­ crepancias entre las conclusiones de las pruebas de cargo y las ofrecidas por la defensa de los encausados se realizará un debate pericial y luego se determinará si en efecto de las conductas y actos realizados por los encausados fluye la exis­ tencia de acuerdos con fines colusorios a efectos de defraudar a la agraviada; que, en consecuencia, a fin de garantizar efectivamente los principios básicos del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, debe anularse el auto recurrido.

Recurso de Nulidad: N° 4870-2009 (22/10/2010), Sala Penal Permanente. Fundamento 3 Concordancia: Art. 181 inc. 2 Debate pericial Art. 378 inc. 7 Examen de testigos y peritos

El Juez debe ordenar pericia oficial cuando existen pericias contables J282 contradictorias Se advierte también que el Colegiado Superior omitió ordena la realización de un peritaje, a partir de las contradicciones que habrían entre las pericias de parte existentes; por ello, este nuevo Colegiado Superior deberá ordenar la realización de una pericia oficial por parte de peritos inscritos en el REPEJ; asimismo, deberá analizar su balance patrimonial, posteriormente, estos peritos deberán concurrir al juicio oral, para explicar al detalle, sus conclusiones.

133

MEDIOS DE PRUEBA

Recurso de Nulidad; N° 2082-2013-Lima (14/01/2015). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 12.3.3 Concordancia: Art. 181 Requerimiento de informes

J283

La declaración autoincriminatoria efectuada por el acusado ante un perito psicológico no es fuente de prueba Respecto a la valoración del relato formulado por el encausado ante el perito psicológico, debe indicarse que si bien aquella declaración en la cual aceptó haber ultrajado a la menor agraviada se dio ante un perito psicológico y eviden­ temente sin la presencia del representante del Ministerio Público ni de su abo­ gado defensor, pues no se trata propiamente dicho de una declaración judicial, al tener como objetivo determinar el perfil psicológico del examinado; ello no sig­ nifica que no constituya una fuente de prueba que no pueda tomarse en consi­ deración como uno de todos los indicios existentes en el caso de autos.

Casación:

Concordancia:

J284

N° 407-2012-Arequipa-Auto de calificación (25/01/13). Sala Penal Permanente. Fundamento 7 Art. 172 Procedencia de la pericia

La valoración de la pericia consta del control de legalidad y la valoración en sentido estricto (doctrina legal vinculante) La valoración de la prueba cuenta con dos fases en las que el Juez debe tener en cuenta criterios distintos: (i) La primera fase de la valoración es meramente un control de legalidad sobre la existencia o no de actividad probatoria lícita (juicio de valorabilidad), y en caso de su existencia, si esta tiene un sentido incriminatorio. (ii) La segunda fase es ya de la valoración en sentido estricto, cuyo objeto es determinar tanto si existen elementos de prueba de cargo o incriminatorio y, luego, si tal prueba existente es suficiente o no para condenar. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J285

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 15 Art. 158 Valoración de la prueba

La sana crítica constituye el sistema de valoración adecuado para la valo­ ración de la pericia (doctrina legal vinculante) El sistema de valoración de prueba que ha acogido nuestra legislación proce­ sal es el de la sana crítica. Un sistema de sana crítica o valoración racional de la prueba no limita la posibilidad de establecer criterios determinados para la valo­ ración, por el contrario, estos servirían de pautas para el Juez que, apoyado en un conocimiento sobre la ciencia o la técnica, resolverá sobre la base de un sistema de valoración regido por verdaderos criterios de conocimiento que garanticen a la vez un adecuado juzgamiento.

LA PERICIA

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

CAR

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 158 Valoración de la prueba

Las opiniones periciales no obligan al juez, pero este debe fundamentar J286 ya sea su aceptación o rechazo (doctrina legal vinculante) Las opiniones periciales no obligan al Juez y pueden ser valoradas de acuerdo a la sana crítica; sin embargo, el Juez no puede "descalificar" el dictamen peri­ cial desde el punto de vista científico, técnico, artístico ni modificar las conclu­ siones del mismo fundándose en sus conocimientos personales. En consecuen­ cia, el Juez deberá fundamentar coherentemente tanto la aceptación como el rechazo del dictamen, observando para ello las reglas que gobiernan el pen­ samiento humano; lo que generará, asimismo, la posibilidad de un control ade­ cuado de sus decisiones. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 17 Art. 158 Valoración de la prueba

La fuerza de convicción de los informes periciales científico-técnicos es J287 mayor a las pericias de otra naturaleza (doctrina legal vinculante) El Juez, en suma, no está vinculado a lo que declaren los peritos; él puede formar su convicción libremente. Ahora bien, es indudable la fuerza de convicción que tienen los informes periciales, especialmente los de carácter estrictamente cientí­ fico técnico. Más discutible pueden resultar los de otra naturaleza (pericias médi­ cas, o psicológicas, o contables), pero, en cualquier caso, siempre suelen ser la prueba de cargo, es decir, la fundamental para enervar la presunción de inocencia. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-l 16 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 17 Art. 158 Valoración de la prueba

Las pericias no expresan la verdad inconvertible de un hecho, sino que J288 pueden ser desestimadas por una valoración conjunta con otros medios de prueba (doctrina legal vinculante) Las pericias no son en sí mismas la manifestación de una verdad incontroverti­ ble (STSE 997/1997, de 8 de julio). No se puede conferirá priori valor superior a un medio de prueba sobre otro, por lo que si respecto a un tema concreto se hubie­ ren llevado a cabo distintas pruebas, además de la pericial, con resultado dife­ rente, claro es que entonces se reconoce al órgano jurisdiccional la facultad de realizar la conjunta valoración de la prueba, que permite estimar eventualmente que la verdad del hecho no es la que aparece expuesta por la prueba pericial

8

MEDIOS DE PRUEBA

sino la que ofrecen otros medios probatorios. Igual pauta metodológica tendrá lugar cuando el Juez razonablemente discrepe de todo o de parte del contenido pericial (STSE 1/1997, de 28 de octubre). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J289

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 17 Art. 158 Valoración de la prueba

Es contrario a las reglas de racionalidad un apartamiento de las conclu­ siones de la pericia sin expresar fundamento (doctrina legal vinculante) Sin embargo, es igualmente plausible que si el Juez se aparta de la pericia sin razones que lo expliquen y justifiquen, se estará ante un razonamiento contrario a las reglas de la racionalidad. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J290

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 17 Art. 158 Valoración de la prueba

Es necesaria la valoración de la pericia conforme a los criterios de vali­ dez y fiabilidad desarrollados por la doctrina especializada (doctrina legal vinculante) Al respecto, la doctrina sobre la base de la experiencia judicial norteamericana -Caso Ereyre- ha propuesto los criterios siguientes: A) La controlabilidad y falsabiiidad de la teoría científica, o de la técnica en que se fundamenta la prueba, lo que implica que la teoría haya sido probada de forma empírica, no solo den­ tro de un laboratorio. B) El porcentaje de error conocido o potencial, así como el cumplimiento de los estándares correspondientes a la prueba empleada. C) La publicación en revistas sometidas al control de otros expertos de la teoría o la técnica en cuestión, lo que permite su control y revisión por otros expertos. D) La existencia de un consenso general de la comunidad científica interesada.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J291

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 18 Art. 158 Valoración de la prueba

El análisis de la prueba pericial por parte del Tribunal debe abarcar la metodología con la que se realizó (doctrina legal vinculante) El enfoque de un tribunal no debe ser sobre las conclusiones alcanzadas por el perito, sino sobre la metodología empleada para llegar a estas conclusiones. Y en caso que la conclusión no se desprenda de los datos que señala en su dic­ tamen, el Tribunal tiene la libertad de determinar que existe un análisis inacep­ table entre premisas y conclusión (Sanders, Joseph: "La paradoja de la relación

LA PERICIA

CAP. 8

metodológica y conclusión y la estructura de la decisión judicial en los Estados Unidos" en Derecho Probatorio contemporáneo: Pruebas científicas y técnicas forenses, Universidad de Medellín, Medellín, 2012. p. 110).

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 18 Art. 158 Valoración de la prueba

Las pericias psicológica, psiquiátrica, económica y antropológica se basan J292 en el conocimiento de las ciencias tácticas (doctrina legal vinculante) Por otro lado, integran las ciencias fácticas, las ciencias sociales: psicología, his­ toria, etc. Sus principales pericias son: la pericia psicológica, psiquiátrica (que cuando son oficiales se orientan por la Guía Psicológica Forense para la Evalua­ ción de casos en Violencia Familiar 2013, Guía Médico Legal Evaluación Física de la Integridad sexual. Guía de Procedimientos para Entrevista Única de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de Abuso Sexual, Explotación Sexual y Trata con fines de Explotación Sexual en Cámara Gesell de 2011, Guía de Procedimientos para la Evaluación Psicológica de Presuntas víctimas de Abuso y Violencia Sexual atendidas en Consultorio del año 2013 y Guía de Valoración del Daño Psíquico en Víctimas Adultas de Violencia Familiar, Sexual Tortura y otras formas de Violencia Intencional del año 2011), económica, antropológica.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 20 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 172 Procedencia de la pericia

La pericia puede obtenerse de conocimientos científicos, artísticos o téc­ J293 nicos especializados (doctrina legal vinculante) No toda pericia que se utilizará en el proceso tendrá como base conocimientos científicos, pues como enfatiza el artículo 172 del CPP, también procederá siem­ pre que, para la explicación y mejor comprensión de algún hecho, se requiera conocimiento especializado de naturaleza científica, técnica, artística o de expe­ riencia calificada. Muestra de ello es la pericia valorativa, balística, contable, grafotécnica, dactiloscópica, informes especiales de controlaría (que se guía por el lincamiento de Contraloría General de la República N° 03-2012-CG/GCAL). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-l 16 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 21 Art. 158 Valoración de la prueba Art. 172 Procedencia de la Pericia

137

8

MEDIOS DE PRUEBA

Se requiere como criterio de valoración de la pericia, la acreditación del profesional que elaboró la pericia (doctrina legal vinculante) Sobre la base de estas consideraciones, se establecen los siguientes criterios de valoración de la prueba pericial: A) La pericia como prueba compleja debe eva­ luarse en el acto oral a través, primero de la acreditación del profesional que suscribió el informe documentado: grado académico, especialización, objetivi­ dad y profesionalidad. No se debe poner el acento en que el perito es oficial o de parte. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J295

N° 4-2015/CIJ-l 16 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 22 Art. 158 Valoración de la prueba

Se requiere como criterio de valoración de la pericia de un examen del informe pericial conforme a las reglas de la lógica, metodología y cono­ cimientos científicos (doctrina legal vinculante) B) El informe debe haberse elaborado de acuerdo a las reglas de la lógica y cono­ cimientos científicos o técnicos. Especialmente, si se analiza el objeto del dicta­ men, la correlación entre los extremos propuestos por las partes y los expues­ tos del dictamen pericial, y la correspondencia entre los hechos probados y los extremos del dictamen, la existencia de contradicciones entre el informe y lo ver­ tido por el perito en el acto oral. Asimismo, que se explique el método obser­ vado, que se aporten con el dictamen pericial, los documentos, instrumentos o materiales utilizados para elaborarlos y la explicación cómo se utilizó. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J296

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 22 Art. 158 Valoración de la prueba

Se requiere como un criterio de valoración de la pericia, que el juez eva­ lúe las condiciones de su elaboración (doctrina legal vinculante) C) Evaluarse las condiciones en que se elaboró la pericia, la proximidad en el tiempo y el carácter detallado en el informe, si son varios peritos la unanimidad de conclusiones. Para una mejor estimación será preferible que se grabe la reali­ zación de la pericia, se documente y se detalle cómo se llevó a cabo.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-l 16 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 22 Art. 158 Valoración de la prueba

PRUEBA CIENTÍFICA

CAP.

Los criterios de valoración de la pericia constituyen estándares fiables de evaluación para el juez (doctrina legal vinculante) Estos criterios son necesarios, pues no es suficiente confiar solo en la libre valo­ ración del órgano judicial para garantizar que el conocimiento específico se uti­ lice válidamente y se interprete correctamente como base para decidir sobre los hechos objeto del proceso. Lo que se requiere para que las pruebas periciales válidas ofrezcan fundamentos racionales a la decisión sobre los hechos, es un análisis judicial profundo y claro de las mismas acorde con estándares fiables de evaluación (Taruffo, Michele: La prueba, Marcial Pons, Madrid, 2008, p. 100).

Acuerdo Plenario;

Concordancia;

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015), Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 23 Art. 158 Valoración de la prueba

El juez debe realizar un examen complejo de la prueba pericial que con­ J298 siste en el análisis subjetivo, fáctico y objetivo del informe pericial (doc­ trina legal vinculante) El Juez, respecto de la prueba pericial, debe realizar un examen complejo, que comprende tres aspectos: 1) Subjetivo, referidos a la persona del perito (persona­ lidad, relaciones con las partes, escuela científica a la que pertenece, nivel de per­ cepción, capacidad de raciocinio y verdadero nivel de conocimientos, entre otros). 2) Fáctico o perceptual -de existir circunscrito al examen del objeto peritado, a su modo de acercamiento a él, a las técnicas utilizadas, etc. 3) Objetivo, concretado al método científico empleado, al grado que alcanzó la ciencia, arte o técnica utilizada, a la existencia de ligazón lógica entre los diversos elementos integran­ tes del informe pericial, a la entidad de las conclusiones: indecisas o categóricas, a la calidad de las fundamentaciones o motivaciones expuestas en el dictamen. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante; fundamento 24 Art. 158 Valoración de la prueba

PRUEBA CIENTÍFICA La prueba de ADN se basa en conocimientos científicos formales J299 (doctrina legal vinculante) A efectos de la valoración de las pericias, estas son clasificadas en formales y fácticas. Forman parte de las primeras, saberes como la química, biología e ingeniería, cuya calificación es indiscutible. Así, por ejemplo, la prueba de ADN se basa en conocimientos científicos biológicos, o las pericias toxicológicas, físicas, médicas (que se guían por el Manual de Protocolos de Procedimientos Médicos Legales

8

MEDIOS DE PRUEBA

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 1998, Protocolos de Procedi­ miento Médicos Legales 1997, Guía Médico Legal Evaluación Física de la Integri­ dad sexual y Manual de Procedimientos Administrativos de la División Central de Exámenes Médicos Legales del Perú de 1995), y químicas. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J300

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 19 Art. 158 Valoración

La valoración de la prueba científica requiere de su conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica (doctrina legal vinculante) D) Si la prueba es científica, desde un primer nivel de análisis, debe evaluarse si esta prueba pericial se hizo de conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica. El Juez al momento de evaluar al perito debe exami­ nar sobre la relevancia y aceptación de la comunidad científica de la teoría uti­ lizada, y cómo es que su uso apoya la conclusión a la que arribó. De ser noto­ ria la relevancia y aceptación de la teoría, esto no será necesario. Asimismo, el Juez debe apreciar el posible grado de error de las conclusiones a las que ha lle­ gado el perito. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J301

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 22 Art. 158 Valoración

El Juzgador no puede sentenciar si no se ha actuado la prueba científica de ADN, que guarda relación directa con el hecho principal del proceso Cuando en el proceso se presenta una prueba científica de ADN que guarde una relación directa con el hecho principal que se pretende probar, esta debe actuarse en sede de instancia y en tiempo oportuno, así como efectuar su valo­ ración previa a la emisión de la sentencia. El Juzgador no puede sentenciar si no se ha efectuado la actuación probatoria de dicha evidencia científica. Lo contrario afectaría el derecho a la prueba que es consustancial al principio de inocencia. Casación:

Concordancia:

J302

N° 292-2014-Áncash (17/02/16). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 3.3.4 al 3.3.6 Art. 172 Procedencia de la pericia

Se establece que el examen de ADN es un medio de prueba científico de alta fiabilidad (doctrina legal con carácter vinculante) El examen de ADN es un medio de prueba científico de alta fiabilidad probabilística, siempre que se observen todas las condiciones para control de todas

las etapas del análisis: recojo, observación, análisis, contrastación de resultados, expresados términos probabilísticos. Es fundamental para este objetivo que se mantenga la cadena de custodia. Sent. Píen. Cas.:

Concordancia:

N° 2- 2018/CIJ-433 (18/12/2018). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal con carácter vinculante: funda­ mento 46. A. Art. 158 Valoración de la prueba

El examen científico de ADN debe seguir el procedimiento idóneo y con­ J303 forme al principio de legalidad y proporcionalidad (doctrina legal con carácter vinculante) Que como medio de prueba puede aplicarse en cualquier ámbito relacionado con la identificación de un sospechoso o de otra persona, a condición que se res­ peten los criterios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y uso del proce­ dimiento idóneo, conforme a las normas del Código Procesal Penal, en materia de búsqueda de la prueba. Sent. Píen. Cas.:

Concordancia:

N° 2- 2018/CIJ-433 (18/12/2018). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal con carácter vinculante: funda­ mento 46. B Art. 158 Valoración de la prueba

El examen de ADN es útil para la formación de la prueba penal (doctrina J304 legal con carácter vinculante) Que, en particular, en el ámbito de los delitos sexuales, el examen de ADN puede ser útil para la formación de la prueba directa o de la prueba por indicios, siem­ pre que la no exclusión del sospechoso sea corroborada con otros elementos periféricos. Sent. Píen. Cas.:

Concordancia:

N° 2- 2018/CIJ-433 (18/12/2018). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal con carácter vinculante: funda­ mento 46. C Art. 158 Valoración de la prueba

Las partes deben criticar los informes periciales de ADN (doctrina legal J305 con carácter vinculante) Que las partes procesales y, en especial, los jueces deben valorar con sentido crí­ tico ios informes periciales de ADN, conforme a las reglas de la sana crítica racio­ nal. Corresponderá su análisis individual como su examen correlacionado con otros medios de prueba.

CAP,

8

MEDIOS DE PRUEBA

Sent. Píen. Cas.:

Concordancia:

N® 2- 2018/CIJ-433 (18/12/2018). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal con carácter vinculante: funda­ mento 46. D Art. 158 Valoración de la prueba

CAREO J306

Es necesaria la confrontación en caso de contradicciones entre coimputados Que el imputado no solo no ha sido confrontado con sus coimputados -de suerte que se carece de una diligencia vital que permita contrastar versiones bajo el principio de inmediación-, sino que su negativa no ha sido enervada con medio de prueba alguna.

Recurso de Nulidad: N° 3991-2009-Áncash (25/10/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ Concordancia:

damento 5 Art. 182 Procedencia del careo

LA PRUEBA DOCUMENTAL J307

Los documentos de intervención de auditorías internas pueden ser ingre­ sados como prueba documental La intervención de Auditoría Interna del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el concurso del Director Regional de Trabajo de Lima, no es propia­ mente ilegal. Si bien no son autoridades penales, de ahí que sus diligencias no tienen el carácter de prueba preconstituida, sus constancias documentales y sus declaraciones son valoradles como tales: documentos y testimoniales, y estas corroboran los cargos formulados por la denunciante. Las filmaciones y audios no tienen un carácter público, y deben ser calificadas como documentos video­ gráficos y audiográficos realizados por iniciativa de parte, de suerte que su valor probatorio está en función a su autenticidad y a las explicaciones de quien las tomó y de los que participaron en ese acto. Recurso de Nulidad: N° 2995-2009-Lima (24/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ Concordancia:

142

mento 4 Art. 184 Incorporación Art. 185 Clases de documentos

EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS

CAR

Los informes jurídicos elaborados por expertos son considerados objeto de prueba si se refieren al análisis de instituciones, regulaciones o deci­ siones jurídicas de Derecho comparado En sentido estricto, se ha entendido tradicionalmente que la parte jurídica no puede ser objeto de prueba, pues admitir prueba sobre aspectos jurídicos podría ir contra la presunción de conocimiento del Derecho por parte del Magis­ trado. Sin embargo, dado el avance normativo actual y la alta especialización de los diversos sectores del ordenamiento jurídico, es posible admitir excepcio­ nalmente informe s de esta naturaleza, siempre que versen sobre instituciones, regulaciones o decisiones jurídicas, en el ámbito comparado, en tanto que si se trata de informes jurídicos relacionados con interpretaciones de derecho nacio­ nal no podrían tener valor probatorio. En todo caso, puede considerárseles como argumentos de defensa y tienen un valor meramente referencial.

Casación: Concordancia:

N° 23-2016-lca (16/05/2017). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 4.15 Art. 185 Clases de documentos

EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS El reconocimiento de personas tiene carácter de prueba preconstituida J309 El reconocimiento es, por su propia naturaleza -de identificación de la persona del imputado cuando no se sabe con certidumbre quién es ese imputadouna diligencia sumarial de carácter preconstituido que se debe realizar inme­ diatamente de cometido el hecho -con lo que se evita un cambio de apariencia del presunto autor, así como probables distorsiones en la memoria o recuerdo del testigo como consecuencia del transcurso del tiempo o la concurrencia de influencias ilícitas sobre él- (...).

Casación: Concordancia:

N° 03-2007-Huaura (07/11/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 8 Art. 189 ¡nc. 1 Reconocimiento de personas

El reconocimiento de personas es una diligencia de investigación que J310 necesariamente debe ser contrastado El reconocimiento de personas, es la diligencia que se realiza ante los órganos de persecución, dirigido a reconocer mediante las facultades visuales a quien se supone está involucrado en la participación de un hecho punible, sin intere­ sar el grado de participación delictiva (Almagro Nosete, Derecho Procesal, Pro­ ceso Pena!, Tomo II, Tercera Edición, Tirant lo Blanch, Valencia, mil novecientos noventa y uno, página doscientos noventa y dos). Debe tenerse presente que

CAP, 8

MEDIOS DE PRUEBA

el reconocimiento de personas es una diligencia propiamente de investigación, que por lo general se ejecuta en los dominios de la policía nacional, siendo así, este reconocimiento debe ser contrastado con una determinada relevancia pro­ batoria como la testifical o la pericia, en la medida que su identificación puede haberse logrado mediante otros medios. Casación: Concordancia:

J311

N° 87-2010-Huaura (28/04/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Art. 189 inc. 1 Reconocimiento de personas Art. 497 Regla general, excepción y recurso

El reconocimiento de personas para su validez requiere que se siga el debido procedimiento Que, los encausados al ser intervenidos, fueron llevados a la Comisaría de Barranca, en donde fueron plenamente reconocidos por la agraviada, (...) Es importante resaltar que dichos documentos se emitieron de acuerdo a los pará­ metros establecidos en la norma procesal antes aludida, pues, la agraviada pre­ viamente señaló las características físicas de los sujetos que participaron en el evento delictivo, y posterior a ello se le puso a la vista a cinco personas dentro de las cuales se encontraban los encausados; procediendo la víctima en recono­ cerlos (...) y respecto a la versión del testigo (...), es relevante, pues es quien persi­ guió a los encausados; y por quien se logró la intervención de los mismos; quien además reconoció plenamente a los encausados en su declaración; por lo que su versión corrobora el reconocimiento realizado inicialmente por la agraviada.

Casación: Concordancia:

J312

N° 87-2010-Huaura (28/04/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 189 inc. 1 Reconocimiento de personas Art. 497 Regla general, excepción y recurso

La Corte Suprema no puede reevaluar la diligencia de reconocimiento sino solo verificar si se realizó conforme a ley En consecuencia, estando a que las declaraciones de reconocimiento se han realizado de acuerdo a ley, y si bien existen contradicciones respecto a deter­ minadas características incurridas por los agraviados, las cuales son de carácter subjetivo; sin embargo, el presente recurso no puede valorar las pruebas actua­ das; sino verificar que el procedimiento realizado sea el adecuado como lo esta­ blece la norma; siendo así, en el presente proceso no se ha vulnerado la garantía constitucional del debido proceso; pues se actuó bajo los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción en la actuación probatoria; tanto más si en dichas diligencias los procesados estaban asistidos por su abogado defensor.

144

EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS

Casación:

Concordancia:

CAR

8

N° 87-2010-Huaura (28/04/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 189 Reconocimiento de personas Art. 497 Regla general, excepción y recurso

La validez y eficacia del reconocimiento fotográfico dependen del res­ J313 peto de las formalidades y garantías en su procedimiento Se cumplió con la formalidad de previamente describir las características físi­ cas del presunto autor del hecho delictivo investigado, así como se procedió en cada caso, a mostrárseles cuatro fotografías de características semejantes impre­ sas en una hoja de papel -que fueron obtenidas de fichas del Registro Nacio­ nal de Identificación y Estado Civil, incluso en ambas oportunidades las fotogra­ fías que se pusieron con la del encausado correspondían a personas diferentes.

Casación: Concordancia:

N° 78-2010-Arequipa (26/04/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 189 inc. 1 Reconocimiento de personas

La no presencia del abogado defensor en el reconocimiento fotográfico J314 no vulnera el debido proceso El hecho de que el abogado defensor del encausado Maldonado Flores no se haya encontrado presente en las diligencias de reconocimiento fotográfico, no evidencia una vulneración al debido proceso, por cuanto, es de recalcar que dichas diligencias constituían actos de investigación a efectos de identificar al presunto autor del delito investigado en base a un retrato hablado previamente confeccionado, esto es, que hasta antes de la realización de dichas diligencias no podía imputársele objetivamente a persona alguna la comisión del delito investigado.

Casación:

Concordancia:

N° 78-2010-Arequipa (26/04/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 189 Inc. 1 Reconocimiento de personas

La no objeción de la existencia de un vicio en el reconocimiento de per­ J315 sonas impide que no sea valorada Debiendo indicarse que la defensa técnica del referido encausado cuestiona la diligencia de reconocimiento físico realizado por el testigo. sustentando que en dicha oportunidad su patrocinado fue colocado entre varios efectivos poli­ ciales que no fueron elegidos por su abogado defensor y que no guardaban similitud con él, así como por el hecho que este habría sido inducido a realizar dicha sindicación, debido a que momentos previos la autoridad policial convocó a una rueda de prensa y presentó al encausado (...) como autor del delito que

145

CAP. 8

MEDIOS DE PRUEBA

se investiga; al respecto debe indicarse en primer lugar, que la designación de las personas que colaboraron en la acotada diligencia no fue objetada en dicha oportunidad por las partes procesales, conforme se advierte de la referida acta de reconocimiento. Casación: Concordancia:

146

N° 78-2010-Arequipa (26/04/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art 189 inc. 1 Reconocimiento de personas

CAPITULOS LAS PRUEBAS ESPECIALES EXAMEN MÉDICO LEGAL EN DELITOS SEXUALES La medicina legal es considera una ciencia al utilizar un método compro­ J316 bable (doctrina legal vinculante) La medicina legal es la especialidad médica que brinda los conocimientos de salud al sistema de administración de justicia nacional. Es considerada una cien­ cia ya que utiliza un método para generar un conocimiento de tal naturaleza y comprobable, el cual es frecuentemente solicitado por las autoridades compe­ tentes (Pacheco De La Cruz, José Luis/ Pacora Portella, Percy/De La CruzChamilco, Nancy/ Díaz Cubas, Noelia: Violencia y abuso sexual contra la mujer: Evaluación médico legal y clínico terapéutica de la mujer agredida física y/o sexualmente. Disponible en línea: /wwv\/.fihu-diagnostico. org.pe/revista/números/2012/octdic/189-197. html). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 24 Art. 199 Examen de lesiones y de agresión sexual

El examen médico legal tiene por objetivo evidenciar la existencia de J317 lesiones sexuales y obtener vestigios que se relacionen con el delito (doc­ trina legal vinculante) En una víctima de violación sexual, se debe establecer si ha sido objeto o pasible de desfloración vaginal, acto contranatura y de otras lesiones físicas al cuerpo. El pro­ fesional examinador, además de apreciar estas zonas físicas, deberá obtener todo vestigio material que se relacione con este delito, tal como vellos púbicos, manchas de semen y muestras de contenido vaginal y/o anal, entre otros. Siendo el pene, los dedos u otros objetos duros de superficie roma, agentes clasificados como con­ tundentes, se observarán lesiones denominadas contusas. Así, pues, las lesiones del himen relacionadas a un abuso sexual serán identificadas y evidenciadas como desgarros o laceraciones, equimosis y tumefacciones del borde himeneal.

147

LAS PRUEBAS ESPECIALES

Acuerdo Plenario: Concordancia:

J318

N° 4-2015/CU-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 25 Art. 199 Examen de lesiones y de agresión sexual

El examen proctológico implica una exploración médica del área perianal (doctrina legal vinculante) Respecto al examen proctológico, la exploración médica implica la inspección del área perianal. Se inicia en el esfínter anal, observando sus características, que pueden ser alteradas por la violación anal en el siguiente sentido: borramiento de pliegues del esfínter por edema traumático, desgarros, fisuras, despulimiento de las mucosas (Grandini Gonzalos, Javier: Medicina forense. Me. Gravv Hill, México D.F., 2010, p. 101). Acuerdo Plenario: Concordancia:

J319

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 26 Art. 199 Examen de lesiones y de agresión sexual

Para una evaluación física integral en casos de violencia sexual deben cumplirse con los requisitos mínimos (doctrina legal vinculante) a) El examen debe ser realizado por dos peritos como mínimo, en ausencia de otro y/o en caso de urgencia podrá ser realizado solo por un perito, b) Para su realización deberá ser asistido por un personal auxiliar capacitado, y de preferen­ cia femenino, c) Se podrá contar además con la presencia de cualquiera de las siguientes personas según voluntad expresa del evaluado: i) familiar, i¡) personal femenino de la PNP, iii) personal femenino acompañante (custodio, tutores, asis­ tentes sociales), d) si se realiza por un solo perito debe realizar la perennizacion del examen, previo consentimiento del evaluado, o, en su caso, de su familiar si es menor de edad, y según la logística disponible (cámara fotográfica o video cámara), e) debe contarse con un ambiente o consultorio adecuado, con buena iluminación, mobiliario e instrumental. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2015/CIJ-116 (02/10/2015). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 27 Art. 199 Examen de lesiones y de agresión sexual

EL INFORME DE CONTRALORÍA J320

El Informe de Contraloría General de la República puede ser considerado como prueba preconstituida El carácter preconstituido del Informe Especial, en cuanto auditoría de cuentas y

EL INFORME DE COMTRALORÍA

CAP. 9

técnica del Estado, constitucionalmente autónoma y encargada de supervisar la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado y de los actos de las institu­ ciones sujetas a control, como las Municipalidades, no puede ponerse en duda -el carácter procesal de informe y su preconstitución, por la propia naturaleza y complejidad de una auditoría gubernamental, que se encuentra debidamente reglada, hacen de él indisponible y urgente, que son las notas propias de la pre­ constitución probatoria y que permiten su valorabilidad por el Juez del MéritoSu valor procesal es incuestionable como tal. Recurso de Nulidad: N° 2736-2009 (27/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­

Concordancia:

mento 10 Art. 201 -A Informes técnicos oficiales especializados de Contraloría General de la República

El Informe de Contraloría es una pericia institucional

J321

Que en autos existe no solo el Informe de Verificación de la Contraloría -que pro­ piamente es una pericia institucional-, sino también tres pericias contables: la primera es de carácter preprocesal y se hizo a instancia de la policía (fojas nove­ cientos cuarenta y dos), la segunda es una pericia de parte del encausado Var­ gas Párraga (fojas seis mil setecientos noventa y cuatro), y la tercera es oficial deci­ dida por el Juez Penal (fojas seis mil ochocientos setenta y tres). Estas últimas solo se pronuncian acerca de los montos cuestionados como consecuencia de lo efectivamente realizado y, luego, paralizado, pero no se refieren a las razones que motivaron la paralización de las obras y el costo que ello implicó a la enti­ dad agraviada.

Recurso de Nulidad: N° 3108-2013-Junín (02/04/2014). Sala Penal Permanente. Funda­ Concordancia:

mento 3 Art. 201 -A Informes técnicos oficiales especializados de Contraloría General de la República

El informe de presunción de delito de defraudación tributaria de la Sunat J322 como prueba pericial goza de presunción de juris tonfum de imparciali­ dad, objetividad y solvencia El delito de defraudación tributaria y la responsabilidad penal de los encausa­ dos (...) se acreditan con el (...) Informe sobre presunción de delito defraudación tributaria realizado por la Sección de Auditoría de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y su Informe ampliatorio (...) ratificado por sus otor­ gantes (...) que esta prueba pericial que goza de una presunción juris tamtum de imparcialidad, objetividad y solvencia, si bien fue cuestionada respecto a su inexactitud, para lo cual presentaron el Informe pericial de parte (...) no obstante este documento en modo alguno resulta idóneo para desvirtuar lo inicialmente establecido, pues se limitó a reiterar los argumentos de defensa (...) sin aportar

149

CAP. 9

LAS PRUEBAS ESPECIALES

pruebas o aportar datos relevantes y no conocidos con entidad suficiente para restar seriedad al elemento probatorio antes evaluado.

Recurso de Nulidad: N° 1598-2009-Lima (03/08/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ Concordancia:

150

mento 7 Art 184 Incorporación Art. 185 Clases de documentos

CAPITULO 10 BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS PRECEPTOS GENERALES Técnicas especiales de investigación buscan detectar e investigar delitos y J323 sospechosos sin alertar a la persona o personas (doctrina legal vinculante) Ha de entenderse por técnicas especiales de investigación aquellos métodos de esclarecimiento o averiguación utilizados para reunir información aplicados por la autoridad penal con el objetivo de detectar e investigar delitos y sospechosos sin alertar a la persona o personas a la(s) que esta acción va dirigida. Son especial­ mente convenientes frente a actividades delictivas complejas para hacer frente a las organizaciones criminales y bandas criminales debido a los peligros y dificul­ tades inherentes al logro del acceso a sus operaciones y a la reunión de informa­ ción y fuentes de prueba para su utilización en los procesos penales Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 18 Título III búsqueda de pruebas de restricción de derechos

Las técnicas de investigación tradicionales reconstruyen hechos del J324 pasado (doctrina legal vinculante) Las técnicas de investigación tradicionales son aquellas que se visualizan hacia atrás, reconstruyen hechos del pasado y ofrecen al investigador los móviles y cir­ cunstancias en que se cometió el delito, así como la determinación de las perso­ nas que participaron en su comisión. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 18 Título III búsqueda de pruebas de restricción de derechos

151

CAP. 10 J325

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Las técnicas de investigación permiten obtener pruebas directas e indiciarias más certeras para comprobar los delitos de realización compleja o de alta profesionalidad delictiva (doctrina legal vinculante) Las técnicas de investigación especiales visualizan el presente y hacia adelante, a modo de extraer elementos de una organización criminal en plena operación; y comprende toda información relacionada a la agrupación criminal, como el tipo de estructura que presenta, modo de operar, identificación de miembros y colaboradores de la organización, forma de reclutamiento de nuevos miem­ bros, forma menos peligrosa para infiltrar la organización, forma de relacionarse con otros grupos criminales, examen de toma de decisiones y grado de agresivi­ dad déla organización [Rivas Guerra, Alejandro: Análisis sistemático de los métodos especiales de investigación en el régimen jurídico guatemalteco, Tesis de Licencia­ tura, Asunción de Guatemala, noviembre 2014, pp. 90-91]. Las técnicas especiales de investigación, por lo demás, permiten obtener pruebas directas e indiciarlas más certeras para comprobar los delitos de realización compleja o de alta profesionaiidad delictiva; y tienen lugar cuando las técnicas de investigación tradicio­ nales son insuficientes [Diban, Michel: Técnicas especiales de investigación. OAS/ SMS/CICAD y Comisión Nacional Antidrogas de El Salvador. Seminario Taller sobre Lavado de Activos para Jueces, Fiscales y Funcionarios encargados del Cumpli­ miento de la Ley. San Salvador - El Salvador, octubre de 2013, p. 2]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J326

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 18 Título III búsqueda de pruebas de restricción de derechos

La ley con las técnicas especiales de investigación busca abarcar el cono­ cimiento de las estructuras de organización criminal (doctrina legal vinculante) Uno de los objetivos fundamentales de la Ley, a través de las técnicas especiales de investigación, es, desde luego, abarcar el conocimiento de las estructuras de la organización, formas de operación y ámbitos de actuación e identidad de los integrantes del grupo delictivo, así como investigar y procesar no solo a las per­ sonas físicas que pertenezcan a la organización criminal, sino a las personas jurí­ dicas de las que se valgan para la realización de sus fines delictivos [confróntese: artículo 11 de la Ley Federal contra la delincuencia organizada de México, de 7 de noviembre de 1996, modificada el 7 de abril de 2017]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

152

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 18 Título III búsqueda de pruebas de restricción

PRECEPTOS GENERALES

CAP. 10

Las técnicas especiales de investigación buscan fuentes de la investiga­ J 327 ción y restringen derechos (doctrina legal vinculante) Por lo general las técnicas o actos especiales de investigación (i) se dirigen a bus­ car y adquirir las fuentes de la investigación, así como (ii) entrañan una limitación de derechos fundamentales. En algunos casos, la autorización, por ser de baja o de mediana intensidad, corre a cargo del Ministerio Público, y cuando se trata de una intervención intensa o grave en los derechos constitucionales requiere autorización judicial expresa (es el caso, por ejemplo, de la protección del domi­ cilio, del secreto postal y del secreto de las comunicaciones, de la reserva tribu­ taria y del secreto bancario). De igual manera, estas técnicas especiales tienen como nota característica que, en su mayor parte, incorporan las tecnologías de la información y la comunicación, bajo el entendido que"[...] resulta posible afir­ mar que, bien la mayoría de los delitos dejan rastros en formato digital que pue­ den ser utilizados posteriormente en la investigación criminal para la averigua­ ción de hechos y el descubrimiento de sus responsables, bien cualquier hecho delictivo puede ser investigado a través de múltiples instrumentos tecnológicos que facilitan las labores de investigación" [Ortiz Pradillo, Juan Carlos: "El impacto de la tecnología en la investigación penal y en los derechos fundamentales". En: AA. VV. (González-Cuéllar Serrano, Nicolás (director): Problemas actuales de la justi­ cia penal, Editorial Colex, Madrid, 2013, p. 317].

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 18 Título III búsqueda de pruebas de restricción

Técnicas especiales de investigación reconocidas en el Derecho compa­ J328 rado (doctrina legal vinculante) El derecho comparado reconoció no solo las técnicas especiales de investiga­ ción, referidas a la (i) "entrega circulación o entrega vigilada de bienes delicti­ vos" y al (ii) "agente encubierto y especial", aparte de la (iii) "vigilancia y observa­ ción físicas", que consiste -esta última- en someter al sospechoso a supervisión física, o seguimiento y filmaciones -incluso puede comprender la supervisión de sus cuentas bancadas o el uso de sofisticados métodos de control de las opera­ ciones-, también configuró la (iv) vigilancia electrónica, que sirve para captar las conversaciones de particulares, algunos de los cuales podrían no estar implica­ dos en la investigación, y puede ampliarse a la utilización de dispositivos de escu­ cha, interceptación telefónica o de correo electrónico, y a la utilización de dispo­ sitivos de rastreo; las (v) "operaciones encubiertas y el recurso a las operaciones 'trampa'", que es un procedimiento planeado y ejecutado, siguiendo diversas tác­ ticas, para ocultar la identidad de su autor [Rivas Guerra, Alejandro: Ob. Cit., p. 110], cuya utilidad se expresa cuando es muy difícil acceder por medios convenciona­ les a una conspiración delictiva, mientras que su objetivo es entrar en contacto con los sospechosos, de manera que los agentes de la ley puedan ser testigos

153

CAP. 10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

de prácticas delictivas y exponerlas, y desde una perspectiva más compleja crear de una entidad societaria con estos fines; y, (vi) la "supervisión de transacciones financieras" que permita identificar los movimientos de fondos ilícitos a través de instituciones financieras desde un control administrativo idóneo para tener acceso a las informaciones correspondientes para determinar el movimiento de fondos y las relaciones entre los involucrados, y de esta forma permitir que los investigadores vigilan las cuentas para localizar y determinar los movimientos y la forma en que se han dispersado los beneficios financieros de delitos complejos, entre ellos el de corrupción [confróntese: UNODC: Guia técnica de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, Nueva York, 2010, pp.201-203]. Acuerdo Plenario;

Concordancia;

J329

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 18 Título III búsqueda de pruebas de restricción

Las técnicas especiales de investigación deben ser utilizadas con ponde­ ración y con carácter subsidiario y excepcional (doctrina legal vinculante) Los principios que rigen las técnicas especiales de investigación son ocho [con­ fróntese: UNODC: Manual de Técnicas Especiales de Investigación, Agente Encubierto y Entrega Vigilada, septiembre 2005, Bolivia, pp. 13-14]. El entendido básico es que estas técnicas deben ser utilizadas con especial ponderación y teniendo pre­ sente que revisten un carácter subsidiario y excepcional, debiendo ser someti­ das a estrictos y rigurosos controles legales y judiciales [Noguera D'Argenio, María Lucía: Ob. Cit., p. 27]. Acuerdo Plenario;

Concordancia;

J330

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título III búsqueda de pruebas de restricción

Principio de legalidad como sustento de las técnicas especiales de inves­ tigación (doctrina legal vinculante) Los principios que rigen las técnicas especiales de investigación, siendo uno de ellos:

Principio de legalidad. En materia procesal penal, conforme ai artículo IV del Título Preliminar del CPP, "Las medidas que limitan derechos fundamenta­ les, salvo las excepciones previstas en la Constitución, solo podrán dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución motivada, a instancia de la parte procesal legitimada [...]". Sin embargo, la mera existencia de una autoriza­ ción legal no implica necesariamente que no esté vacía de contenido, lo que originaría que, en el caso concreto, se "legitimen" medidas de investigación desproporcionadas.

154

PRECEPTOS GENERALES

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

CAP. 10

N° 10-2019/CIJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título III búsqueda de pruebas de restricción

Principio de excepcionalidad como sustento de las técnicas especiales J331 de investigación (doctrina legal vinculante) Los principios que rigen las técnicas especiales de investigación, siendo uno de ellos:

Principio de excepcionalidad o de subsidiaridad. Ante la insuficiencia de los métodos tradicionales de investigación del hecho punible, se erigen las téc­ nicas especiales de investigación como la última salida para no dejar impune el delito; por consiguiente, se aplican en caso de ausencia o insuficiencia de fuentes de investigación o de prueba -la medida intrusiva se adopta cuando no exista otro medio de investigación del delito que sea de menor incidencia y causación de daños sobre los derechos fundamentales que inciden primor­ dialmente en el derecho a la intimidad [Nogueira D'Argenio, María Lucía: Ob. Cit., p. 17. STC 4750-2007/PHC-TC, de 9 de enero de 2009]-. Sin embargo, ello no implica agotar previamente todas las medidas de investigación, para que frente a la insuficiencia de sus resultados recién se proceda a utilizarlas. En el caso concreto, ha de analizarse si efectivamente, por la naturaleza, compleji­ dad y características de la infracción delictiva, se requiere este tipo de técnicas de investigación. Esta labor exige un juicio de comparación entre las medidas disponibles y escoger entre aquellas que tengan la misma eficacia, la menos dañina desde el punto de vista de los derechos fundamentales. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CU-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título 111 búsqueda de pruebas de restricción

Principio de proporcionalidad como sustento de las técnicas especiales J332 de investigación (doctrina legal vinculante) Los principios que rigen las técnicas especiales de investigación, siendo uno, de ellos:

Principio de proporcionalidad. Es el más característico en cualquier diligencia que vulnere los derechos fundamentales, e importa una ponderación, toma­ das en consideración todas las circunstancias del caso, entre dos intereses en conflicto: el sacrificio de los derechos e intereses afectados y el benefi­ cio que resulte para el interés público y de terceros -prohibición del excesode modo que el sacrificio de los derechos e intereses afectados no sea supe­ rior al beneficio que de su adaptación resulte para el interés público y de ter­ ceros [Marchena Gómez, Manuel - González-Cuéllar Serrano, Nicolás: Ob. Cit, p. 215]. Se ha de tomar en cuenta la gravedad del hecho -el más relevante-,

155

CAP. 10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

su trascendencia social o el ámbito tecnológico de producción, la intensidad de los indicios existentes en el caso concreto -aunque, más bien, este criterio objetivo está vinculado al principio de intervención indiciaría-, la vulnerabili­ dad de la víctima o la alarma social, y la relevancia del resultado perseguido con la restricción de derechos, siempre desde una valoración ex ante (STSE de 24 de mayo de 2017].

oo El Tribunal Constitucional Español ha manifestado que el principio de propor­ cionalidad "exige una relación ponderada de los medios empleados con el fin perseguido, para evitar el sacrificio innecesario o excesivo de los derechos funda­ mentales, cuyo contenido esencial es intangible. Este principio inherente al valor justicia y muy cercano al de igualdad se opone frontalmente a la arbitrariedad en el ejercicio de los poderes públicos, cuya interdicción proclama el artículo 9 de nuestra Constitución" (STCE 66/1985). oo Dentro de los presupuestos del principio de proporcionalidad se encuentran, como presupuesto formal el principio de legalidad y como presupuesto mate­ rial el principio de justificación teleológica. Este último introduce en el enjuicia­ miento de la admisibilidad de las intromisiones del Estado en la esfera de dere­ chos de los ciudadanos los valores que trata de salvaguardar la actuación de los poderes públicos y que precisan de gozar de la fuerza constitucional suficiente para enfrentarse a los valores representados por los derechos fundamentales res­ tringidos -analizándose el fin en sí mismo considerado y que tienda a la conse­ cución de fines legítimos- [González-Cuéllar Serrano, Nicolás: Proporcionalidad y Derechos Fundamentales en el proceso penal, Editorial INPECCP-UCLM-CENALES, Lima, 2018, p. 81).

oo Asimismo, el principio de proporcionalidad, además, requiere el cumplimiento de requisitos extrínsecos e intrínsecos. Son dos ios requisitos extrínsecos: jurisdiccionalidad de la medida en tanto se afecta de modo grave los derechos funda­ mentales, y motivación de las resoluciones judiciales [González Cuéllar Serrano, Nicolás: Ob. CIt., p. 127], oo Dentro de los requisitos intrínsecos se encuentran una serie de subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. La idoneidad es un juicio de valor de objetivos de la decisión jurídica que dispone medidas frente a los derechos fundamentales, teniendo presentes los propósitos contenidos en la determinación de la decisión para confrontarlos con los objetivos preestable­ cidos en el sistema jurídico-constitucional y así concluir si son legítimos frente a este; el resultado del juicio de idoneidad, además, determinará la duración de la medida [Marchena Gómez, Manuel - González-Cuéllar Serrano, Nicolás: Ob. Cit, p. 214]. El segundo componente es el juicio de necesidad, también deno­ minado de intervención mínima, o de subsidiariedad, que tiende a la optimi­ zación del grado de eficacia de los derechos individuales frente a las limitacio­ nes -incluso protecciones y promociones que pueden tener efectos colaterales

156

PRECEPTOS GENERALES

CAP. 10

sobre otros derechos- que pudieran imponer en su ejercicio los poderes públi­ cos -como dice la STSE de 27 de septiembre de 2016: "La valoración de la nece­ sidad dependerá fundamentalmente de la circunstancia de cada caso, y entre ellas de los cauces por los que haya discurrido la investigación, de los que se pre­ tende seguir y de las posibilidades racionales de continuar exitosamente aque­ lla"-; en buena cuenta, a los efectos de estas técnicas, solo cabe acudir a ellas"[...] si es realmente imprescindible tanto desde la perspectiva de la probable utilidad como de la cualidad de insustituible, porque ni no es probable que se obten­ gan datos esenciales, o si estos se pueden lograr por otros medios menos gra­ vosos, el principio de proporcionalidad vetaría la intervención" (STSE 844/2002, de 13 de mayo). Finalmente, el último componente es el juicio de proporciona­ lidad en sentido estricto, que mediante la utilización de las técnicas del contra­ peso de bienes o valores y la ponderación de intereses según las circunstancias del caso concreto, determina si el sacrificio de los intereses individuales que com­ porta la injerencia guarda una relación razonable o proporcionada con la impor­ tancia del interés estatal que se trata de salvaguardar. Si el sacrificio resulta exce­ sivo, la medida deberá declararse inadmisible [Londoño Ayala, César: Principio de proporcionalidad en el Derecho procesal penal, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2009, pp. 386-387]. o° En esta perspectiva, para dictar una tal medida resulta imprescindible: a. Con carácter genérico, los elementos indispensables para realizar el juicio de propor­ cionalidad. b. Los datos objetivos que pueden considerarse indicios de la posi­ ble comisión de un hecho delictivo grave [del previsto por la Ley], que deben ser accesibles a terceros, c. Los datos objetivos que puedan considerarse indicios de la posible conexión de las personas afecta por la intervención con ios hechos investigados, que no pueden consistir exclusivamente en valoraciones acerca de la persona, d. Los datos concretos de la actuación delictiva que permitan des­ cartar que se trata de una investigación meramente prospectiva, e. La fuente de conocimiento del presunto delito, siendo insuficiente la mera afirmación de que se ha realizado una investigación previa, sin especificar mínimamente cuál ha sido su contenido, ni cuál ha sido su resultado (confróntese: STSE de 18 de abril de 2013).

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título III búsqueda de pruebas de restricción

Principio de celeridad como sustento de las técnicas especiales de inves­ J333 tigación (doctrina legal vinculante) Los principios que rigen las técnicas especiales de investigación, siendo uno de ellos;

157

CAP.

10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Principio de celeridad. La aplicación de las técnicas especiales de investiga­ ción debe darse con prontitud y diligencia, por la finalidad de las mismas, y dentro del marco de la oportunidad de sus actuaciones. Incluso es posible que puedan otorgarse prórrogas, siempre que no vicie de ineficacia las fuen­ tes de investigación o de prueba que puedan recabarse. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J334

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título III búsqueda de pruebas de restricción

Principio de reserva como sustento de las técnicas especiales de investi­ gación (doctrina legal vinculante) Los principios que rigen las técnicas especiales de investigación, siendo uno de ellos:

Principio de reserva. Las técnicas especiales de investigación se dictarán y eje­ cutarán dentro de la más estricta reserva o sigilo -una de las características más importantes es no ser detectado y por ello siempre se debe procurar rea­ lizarla de forma disimulada o no detectadle, pues de otra forma, de advertirlo el sospechoso, reduciría drásticamente sus actividades ilícitas [Martínez Mar­ tínez, José: Ob. Cit,, p. 279]-. Ha de velar por seguridad de los agentes oficia­ les que las ejecutan, requerirá un férreo control y supervisión por el Ministerio Público y sus actuaciones, en aras de garantizar la confiabilidad de lo obte­ nido, deberán ser protocolizadas con el más estricto apego a las reglas corres­ pondientes -la existencia de salvaguardas en defensa de los derechos de los afectados es fundamentalAcuerdo Plenario:

Concordancia:

J335

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título III búsqueda de pruebas de restricción

Principio de pertinencia como sustento de las técnicas especiales de investigación (doctrina legal vinculante) Principio de pertinencia. Autorizada la técnica especial de investigación, su eje­ cución ha de tener en cuenta la relación costo-beneficio y la complejidad de la investigación. Solo se recabarán aquellas informaciones relevantes para el debido esclarecimiento de los hechos investigados. Este principio sirve para defi­ nir el ámbito objetivo y subjetivo y la duración de la medida; y, además, para la elección de la medida pertinente -esta es la que requiere una justificación desde el punto de vista de este principio— Acuerdo Plenario:

Concordancia:

158

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título III búsqueda de pruebas de restricción

PRECEPTOS GENERALES

CAR

Principio de especialidad como sustento de las técnicas especiales de investigación (doctrina legal vinculante) Principio de especialidad. Las técnicas especiales tienen que estar relacionadas con la investigación de un hecho delictivo concreto, las personas, el objeto de la medida planteada y los datos previos con que se cuenta en el momento en que se acuerde utilizarlas. No se pueden utilizar para investigaciones prospecti­ vas [Garcimartín Montero, Regina: Los medios de investigación tecnológicos en el proceso penal, Editorial Aranzadi, Navarra, 2018, pp. 233-34]. Los agentes oficiales -policías, fiscales y otros intervinientes legalmente autorizados- deberán ser idó­ neos, es decir, aptos o capaces, así como especializados o cualificados para lograr los objetivos de estas técnicas especiales, de suyo complejas y peligrosas.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título III búsqueda de pruebas de restricción

Principio de jurisdiccionalidad como sustento de las técnicas especiales J337 de investigación (doctrina legal vinculante) Principio de jurisdiccionalidad. El CPP optó por establecer que las autorizacio­ nes para las técnicas especiales de investigación deben provenir del Ministerio Público, al entender implícitamente que el nivel de afectación a los derechos fun­ damentales -en especial a la intimidad y la autodeterminación informativa- es de débil o mediana intensidad. Pero, en caso puedan configurar una intensidad fuerte en el núcleo esencial de los derechos fundamentales se requerirá, siempre, orden de juez competente mediante una resolución fundada. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título III búsqueda de pruebas de restricción

La incidencia más numerosa de las técnicas especiales de investigación J338 en cuanto a la utilización de la tecnología incide en el derecho a la vida privada (doctrina legal vinculante) La incidencia más numerosa de las técnicas especiales de investigación en cuanto a la utilización de la tecnología incide en el derecho a la vida privada. Por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha concebido este derecho de una manera muy amplia, de suerte que abarca múltiples aspectos de la iden­ tidad física y social de la persona. Cubre la integridad física y psicológica de una persona, la identificación de género, el nombre y la orientación sexual, así como la información sobre su salud, e incluso la identidad étnica. Protege, además, el derecho al desarrollo personal, y el derecho a establecer y desarrollar relaciones

10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

con otros seres humanos y el mundo exterior (Ortiz Pradiilo, Juan Carlos: Ob. Cit., p. 320). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-l 16(10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título III búsqueda de pruebas de restricción

j 339 Paí'a ponderar la compatibilidad de las medidas utilizadas en las técnicas especiales de investigación han de considerarse el contexto de la infor­ mación y la naturaleza de su registro (doctrina legal vinculante) Para ponderar la compatibilidad de las medidas dispuestas por la autoridad pública, las SSTEDH FriedI vs. Austria, de 31 de enero de 1995, y Peck vs. Reino Unido, de 28 de enero de 2003, [han] precisado que ha de considerarse, entre otros parámetros, el contexto específico en que la información en cuestión ha sido recopilada y conservada, la naturaleza de los registros, la forma en que se utilizarían posteriormente esos registros procesados informáticamente, así como los resultados que pueden obtenerse y su grado de afectación sobre la intimi­ dad del individuo. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Título III búsqueda de pruebas de restricción

j 340 Las medidas que establecen restricciones de derechos tienen como requi­ sito formal ser consignadas en un acta (doctrina legal vinculante) El acta es un requisito formal de toda medida instrumental restrictiva de dere­ chos. Así: 1. La intervención corporal. 2. Las pesquisas, destinadas a los rastros, efectos materiales y elementos materiales útiles para la investigación, que serán objeto de recogida y conservación; además del acta se levantarán planos de señales, descriptivos y fotográficos, y toda otra operación técnica, adecuada y necesaria al efecto. 3. El allanamiento con ulterior incautación de bienes delicti­ vos sujetos a ulterior decomiso o que se relacionen con el delito para servir de prueba del mismo. La incautación de documentos no privados. 4. La intercepta­ ción e incautación postal. 5. La intervención de comunicaciones, que importa, además del acta, la conservación de los originales de la grabación. 6. La incau­ tación de documentos privados. 7. El aseguramiento de documentos privados y documentos contables y administrativos. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 6-2012/CJ-l 16 (07/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 7 Art. 211 inc. 4 Examen corporal del imputado Art. 208 apartado 2 y 4 Pesquisas Art. 217 Allanamiento

VIDEOVIGILANCIA

CAR

Art. 227 apartado 3 Incautación de documentos no privados Art. 231 apartado 1 y 2 Intervención de comunicaciones Art. 233 apartado 3 Incautación de documentos privados Arts. 232 y 234 Aseguramiento de documentos privados, contables y administrativos

VIDEOVIGILANCIA La videovigilancia tiene como objetivo obtener fuentes de investigación j 341 o de prueba que permitan sustentar un eventual requerimiento fiscal (doctrina legal vinculante) Dentro del ordenamiento procesal penal está regulada, como una medida de búsqueda de prueba, la videovigilancia, según el capítulo I, Título III del Libro Segundo del CPP, específicamente en el artículo 207. Esta técnica especial de investigación -naturaleza derivada del artículo 14 de la Ley N° 30077- tiene como objetivo obtener fuentes de investigación o de prueba que permitan sus­ tentar un eventual requerimiento fiscal, como la prisión preventiva o alguna otra medida de coerción, así como la propia acusación y, en su caso, la sentencia si se incorpora al juicio oral como medio de prueba.

Acuerdo Plenario; Concordancia;

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

Los drones se erigen en una técnica especial de videovigilancia (doctrina 7342 legal vinculante) Los drones son un instrumento tecnológico mediante el cual se pueden obte­ ner fuentes de prueba por hechos penalmente relevantes. Se erige en una téc­ nica especial denominada "videovigilancia", que tiene (i) la capacidad de incor­ porar dentro de sí dispositivos digitales destinados a realizar tomas fotográficas y registro de imágenes (artículo 207, apartado 1, literal 'a', del CPP); y, de la misma manera, (ii) puede ser utilizado para cumplir labores de observación o para la investigación del lugar de residencia del investigado (artículo 207, apartado 1, lite­ ral 'b', del CPP). Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

CAP. 10 J343

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Las grabaciones obtenidas por los drones deben superar un filtro de constitucionalidad (doctrina legal vinculante) En orden a lograr su eficacia procesal o probatoria, las grabaciones obtenidas por los drones deben superar un filtro de constitucionalidad. Por tanto, es imperativo el cumplimiento de los siguientes cuatro requisitos:

A. Principio de legalidad. Esta modalidad de videovigilancia debe tener una pre­ via previsión legal, puesto que de lo contrario toda la información recabada se tornará ilícita. B. Principio de proporcionalidad. Ante la eventual afectación de derechos fun­ damentales, como en su caso los derechos a la imagen (artículo 2, inciso 1, de la Constitución), a la inviolabilidad de domicilio (artículo 2, inciso 9, de la Constitución), a la intimidad personal y familiar (artículo 2, inciso 7, de la Constitución), entre otros, es necesario que su utilización supere el test de proporcionalidad.

C. Autenticidad e inmediatez temporal. Una vez grabada la información que contiene medios de investigación o de prueba inculpatorios, siempre por mandato del fiscal debe seguirse el procedimiento de control previsto para la intervención de comunicaciones (concordancia, en lo pertinente, de los artículos 207, apartado 5, y 231 del CPP). Recuérdese que la orden de video­ vigilancia es una atribución del Ministerio Público -salvo cuando se afecte la libertad domiciliaria (artículo 207, apartado 3, del CPP- y el procedimiento de ejecución es el contemplado para la intervención de comunicaciones con arreglo a las reglas del artículo 231 del CPP. De Integridad. El contenido total de la videograbación o de la imagen captada a través de la videovigilancia ha de ser resguardada por el Ministerio Público, y al finalizar la medida puesta en conocimiento del juez -si la orden tuvo origen judicial- y al afectado, quien puede instar su reexamen judicial en los térmi­ nos del artículo 231, apartado 3, del CPP, sin perjuicio de solicitar la realización de las pericias de autentificación correspondientes. El afectado debe conocer el conjunto de las actas levantadas, la totalidad de las grabaciones, videogra­ baciones o fotografías obtenidas, y de las relevantes. Esto garantiza la vigen­ cia de los principios de igualdad de armas y contradicción. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J344

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 26 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

Debe garantizarse la fiabilidad del video obtenido evitando las repro­ ducciones y cuando se utilice una copia esta debe protocolizarse (doc­ trina legal vinculante) Es importante garantizar la fiabilidad de lo obtenido, lo cual se logrará con la aportación original del soporte físico donde se encuentra almacenada, lo que se

162

VIDEOVIGILANCIA

CAP. 10

justifica en la necesidad de evitar reproducciones irregulares y manipulaciones indebidas que el contenido esencial de la información obtenida -videograba­ ción y/o imagen-, con el riesgo fundado de una malinterpretación del contexto en que fue tomada [Quispe Farfán, Fany: "Uso de la videovigilancia en la investi­ gación del delito". En: Los actos de investigación contra el crimen organizado. AA.W. Cubas Villanueva, Víctor - Girao, Miguel (coordinadores), 2016, Instituto Pacífico, pp. 574-575], Lo expuesto no debe llevar a la errónea interpretación de que solo los archivos originales tienen capacidad para desvirtuar la presunción de inocencia. En caso se pretenda utilizar una copia, debe seguirse la protocolización correspondiente por quien tiene la fe pública judicial notarial.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 26 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

Material de video obtenido por drones privados se incorpora al proceso J345 como medio de prueba documental requiriéndose una pericia (doctrina legal vinculante) El requisito de la inmediatez, en los casos de utilización de drones utilizados por particulares, no implica necesariamente que, si el material obtenido no es puesto a disposición del Ministerio Público en un lapso relativamente corto, este se torne ineficaz. La inmediatez busca garantizar que los riesgos de manipula­ ción sean disminuidos considerablemente (Etxeberria Guridi, José: "Videovigilan­ cia y su eficacia en el proceso penal español". En: AA.W Cubas Villanueva, Víctor - Girao, Miguel (coordinadores). Los actos de investigación contra el crimen organi­ zado, 2016, Instituto Pacífico, p. 481). En estos casos, como su aporte se hace a tra­ vés del medio de prueba documental, siempre será necesario realizar pericias para determinar alteraciones significativas en su contenido (artículo 186, apar­ tado 2, del CPP).

oo En consonancia con lo anotado, ante los posibles sesgos cognitivos y la des­ confianza de las imágenes y filmaciones -falta de perseidad probatoria-, debe­ rán emplearse los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario 4-2015/CIJ-l 16, de 21 de junio de 2016, a través de la concreción de lo comúnmente denominado "prueba sobre prueba". Siempre es de cuidar que no se considere incontestable los productos derivados de tal práctica probatoria; los jueces deben estar pre­ parados para detectar con ayuda de peritos, salvo que la manipulación sea tan burda y fácilmente identifica ble, alteraciones de las pruebas videográficas. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/ClJ-116(10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 26 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

163

10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

El uso de drones puede implicar una vulneración del derecho a la libre personalidad y al proyecto de vida de cada individuo en específico (doc­ trina legal vinculante) Es de enfatizar que el uso de drones puede implicar una vulneración del derecho a la libre personalidad y al proyecto de vida de cada individuo en específico. La potencial injerencia tendrá diferente repercusión tratándose de investigaciones en lugares públicos o en lugares privados. Por lugar público debe entenderse aquel espacio abierto al público al que, en principio, cualquiera podría acceder libre­ mente y sin ningún tipo de autorización específica. Este posee la peculiar carac­ terística de estar supervisado por las autoridades públicas, motivo por el cual sus facultades de intervención son mucho mayores que en el caso de las propieda­ des privadas. Se trata, por ejemplo, de los parques, calles peatonales, aparcamien­ tos al aire libre, estadios deportivos, etcétera [Gordillo Pérez, Luis: "Videovigilan­ cia y derechos fundamentales: los estándares del Consejo de Europa". En: AA.VV. Abel Lluch, Xavier - Pico y Junoy, Joan - Richard González, Manuel (Directores), La prueba judicial - Desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral y contencioso-administrativa,'[omo II, Editorial La Ley, Madrid, 2011, p. 1568). No obstante, dependiendo de las circunstancias, es de advertir que un espacio privado puede convertirse en público, por ejemplo, cuando se realiza una videollamada a través de la red social Facebook y cientos de personas observan la transmisión, conociendo a través de la cámara web el interior del cuarto donde se realiza el intercambio de informa­ ción. Es por eso que caso por caso se han de analizar las circunstancias fácticas en orden a determinar si se está en un espacio público o íntimo. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J347

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 27 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

La utilización de la técnica de videovigilancia requerirá autorización judi­ cial en los supuestos en que exista una interacción entre el individuo y los otros que puede revelar la vida privada incluso en un contexto público (doctrina legal vinculante) Lo que ocurre en el espacio público no va a requerir autorización judicial para la utilización de la videovigilancia, porque implica la ausencia de manifestaciones de la intimidad o de otros derechos fundamentales conexos en espacio público. Sin embargo, la utilización de la técnica de videovigilancia o, incluso, de vigilancia directa, requerirá autorización judicial en aquellos supuestos en que exista "[...] una zona de interacción entre el individuo y los otros que puede revelar la vida privada, incluso en un contexto público" (STEDH Peck vs. Reino Unido, de 28 de enero de 2003). Entonces ha de verificarse la "expectativa razonable de la persona que está siendo investigada", y es que si bien es cierto las personas participan cons­ cientemente en actividades cotidianas en lugares públicos que pueden ser regis­ trados, la creación de una grabación permanente de tal material perteneciente al

II

VIDEOVIGILANCIA

CAP.

dominio público puede dar lugar a consideraciones vinculadas a la vida privada (STEDH P.G. et. J.H. vs. Reino Unido, de 25 de septiembre de 2001).

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 28 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

Cuando grabe conversaciones en espacios públicos, el carácter de pri­ J348 vado o no de estas marca una línea de divergencia en orden a determi­ nar si se requiere autorización judicial o no (doctrina legal vinculante) Para calificar de grave la afectación ex ante, quien busque con el dron la obten­ ción de información en espacios públicos ha de considerar una serie de variables al momento de utilizarlo. En este sentido, cuando se pretenda grabar conversa­ ciones en espacios públicos, el carácter de privado o no de estas marca una línea de divergencia en orden a determinar si se requiere autorización judicial o no. El problema radica en la dificultad para reconocer si efectivamente las conversacio­ nes son privadas o no, y ello se determinaría o posterior!. Sin embargo, al margen de entrar a considerar el contenido de las conversaciones, el carácter privado o no de las mismas en realidad estaría determinado por el comportamiento de los propios interlocutores que reflejarían su voluntad de mantener fuera de las intro­ misiones ajenas dicho contenido. Así pues, es distinta la actitud de dos personas que hablan en voz alta rodeados de varias personas, que el contexto en el cual hay dos personas que hablan en una zona apartada, pese a tratarse de un lugar público, en voz baja, etcétera [Etxeberria Guridi, José: Ob. Cit. p. 476]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 29 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

La autorización Judicial será necesaria cuando sea imprescindible ven­ J349 cer un obstáculo que haya predispuesto el titular del inmueble para sal­ vaguardar la intimidad (doctrina legal vinculante) En lo que respecta al espacio privado, no siempre lo que se desarrolle en el inte­ rior de una vivienda gozará la protección del derecho a la inviolabilidad de domi­ cilio. La STSE 453/1997, de 15 de abril de 1997, es ilustrativa al respecto. Expresó que"[...] la autorización judicial será necesaria cuando sea imprescindible vencer un obstáculo que haya predispuesto [el titular del inmueble] para salvaguardar la intimidad. Cuando, por el contrario, tal obstáculo no existe, como en el caso de una ventana que permite ver la vida que se desarrolla en el interior de un domi­ cilio, no es necesaria una autorización judicial". Asimismo, la STS 620/1997, de 5 de mayo, homologa espacios que pueden conciliar con la idea de domicilio, aun­ que no estén destinados a tal uso. Por ejemplo, los baños públicos. Así pues, se ha diferenciado la "zona común de lo que es propiamente el retrete donde se

CAP. 10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

realizan las necesidades fisiológicas" En el caso del primero no será necesaria una autorización judicial, sin embargo, para el segundo caso sí es necesaria por la afectación al núcleo más estricto de la intimidad. Como conclusión, los datos penalmente relevantes que se obtengan de la "zona común" de los baños públi­ cos solo requerirán autorización fiscal. Otro ejemplo de homologación lo consti­ tuyen los vestidores de centros comerciales. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J350

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 30 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

Videograbaciones obtenidas por drones privados se incorporan al pro­ ceso como prueba documental (doctrina legal vinculante) No solo podrán ser introducidas al proceso las videograbaciones o toma de imá­ genes que provengan de una estricta diligencia de búsqueda de pruebas como la videovigilancia, sino también aquellos otros datos que provengan del uso de civiles que operan drones de forma recreativa. Tanto en el primer como en el segundo caso, la información entrará al proceso penal a través de la prueba documental.

oo Las grabaciones efectuadas por civiles mediante drones de uso recreativo ten­ drán eficacia probatoria siempre y cuando se hayan respetado los derechos fun­ damentales implicados. Ello supone la realización de un test de proporcionalidad al momento de admitirlos como medios de prueba en la etapa intermedia. Ade­ más, como son drones operados a control remoto (necesaria manipulación por parte de un ser humano), en un eventual juicio oral debe reforzarse este medio de prueba con la declaración testimonial del piloto del dron (artículo 186, apar­ tado 1, del CPP), contextualizando el modo de obtención de la información en espacio, tiempo, modo, etcétera. oo Del mismo modo, la videofilmación obtenida por un dron operado a control remoto por un funcionario policial requiere necesariamente, además de su incor­ poración al proceso penal en la etapa intermedia, la declaración testimonial del policía en un eventual juicio oral. Dependiendo del sujeto (civil/policía) que haya obtenido la información, la valoración tendrá diferentes niveles y exigencias. Ha de extremarse con cautela los requisitos que implican la obtención de fuentes de información por parte de la Policía Nacional, pues como son funcionarios públi­ cos que tienen la obligación de conocer sus funciones y la forma de realizarlas, el filtro de admisibilidad debe ser mayor que en el caso de civiles que captan vídeos o imágenes a través de sus drones recreativos que eventualmente puedan regis­ trar la comisión de un hecho punible [Etxeberria Guridi, José: Ob. Cit, p. 480]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

166

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 31 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

VIDEOVIGILANCIA

CAR

Cuando se presenta ante el juzgador una imagen o videofilmación, no se j 351 debe caer en el error de considerar que aquello que se le muestra cons­ tituye prueba invencible (doctrina legal vinculante) La realidad existencial es infinita y la capacidad del ser humano para percibirla a través de los sentidos es limitada por su propia naturaleza humana. Cuando se presenta ante el juzgador una imagen o videofilmación, no se debe caer en el error de considerar que aquello que se le muestra constituye prueba invenci­ ble. En estos casos, la inmediación se erige sobretodo en una garantía que con­ tribuye a la formación de un discurso racional y justificado sobre los medios de prueba que el órgano jurisdiccional deberá objetivar y verter en la motivación de su resolución. Una imagen transmite hechos que van a ser objeto de prueba, por lo tanto, el juez no debe prejuzgar su contenido. Los hechos no están suce­ diendo, sino que se están reproduciendo en la Sala de Audiencias través de una filmación realizada de un modo determinado. Ninguna prueba muestra los hechos como tales hechos punibles, sino como narraciones que los reproducen. Está clara la fuerza probatoria de la filmación de la imagen y del sonido, la cues­ tión fundamental es el grado de credibilidad que se le puede dar [Bujosa Vadeli, Lorenzo: "Tecnologías de imagen y valoración de la prueba". En: AA.W. Asencio Mellado, José María (director). Justicia penal y nuevas formas de delincuencia, 2017, pp. 219-229]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 31 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

Los satélites producen información que eventualmente podrá ser utili- j 352 zada en el marco de un proceso penal contra la delincuencia (doctrina legal vinculante) El satélite, de acuerdo a la segunda acepción del Diccionario de la Real Academia española, es un vehículo espacial, tripulado o no, que se coloca en órbita alre­ dedor de la tierra o de otro astro, y que lleva aparatos apropiados para recoger información y transmitirla. Los satélites captan la luz que se refleja desde la super­ ficie de la tierra, para luego procesarla y digitalizada en una imagen. Vale decir, obtiene una imagen de tal grado de complejidad que solo puede ser producida por una computadora usando las tomas de los satélites, usualmente de superfi­ cies a gran distancia y de conocimiento complejo. Ejemplos de estas imágenes satelitales se encuentran en Google Earth, que son de mucha utilidad en el pro­ ceso penal, sobre todo para verificar recorridos o ubicaciones en determinado momento. En esta línea, los satélites producen información que eventualmente podrá ser utilizada en el marco de un proceso penal contra la delincuencia. Asi­ mismo, tiene un gran impacto en la investigación de delitos ambientales, sobre todo para conocer los daños de la minería ilegal, la deforestación de los bosques de la Amazonia, e inclusive detectar concentraciones móviles de personas vincu­ ladas a la trata de personas.

CAP. 10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Los satélites también son instrumentos tecnológicos a través de los cuales se facilita la obtención de fuentes de prueba en la lucha contra la criminalidad orga­ nizada. Asimismo, pueden ser utilizados mediante la videovigilancia para realizar tomas fotográficas y hacer seguimiento a puntos específicos del globo terrestre que tengan vinculación con la comisión de un hecho punible. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J353

N° 10-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 34 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

Criterios de admisibilidad y valoración probatoria de las imágenes obte­ nidas de los satélites (doctrina legal vinculante) No obstante las bondades que pueden ofrecer las imágenes satelitales en la persecución del delito, los jueces están poco familiarizados con esta tecnología compleja. A ello se aúna la falta de precedentes judiciales que orienten la admi­ sión y valoración de este medio probatorio sofisticado. Para superar estos proble­ mas, se plantean los siguientes criterios de admisibilidad y valoración probatoria:

A. Las imágenes satelitales deben ser recopiladas con respeto irrestricto del núcleo intangible de los derechos fundamentales, debiendo realizarse un test de proporcionalidad con el fin de determinar si la injerencia dentro del dere­ cho fundamental conculcado resulta legítima y proporcional. Las imágenes satelitales poseen capacidad técnica de vulnerar, al menos potencialmente, la vida privada de las personas. B. El Satélite PeruSat-1 puede ser utilizado en la investigación de delitos vincula­ dos con la criminalidad organizada, a través de la videovigitancia (artículo 207, apartado 1, literales 'a' y 'b' del CPP). Las imágenes satelitales se introducirán al proceso penal a través de la prueba documental, cumpliéndose además los requisitos de autenticidad, integridad, inmediatez, objetividad y exactitud.

C. Las imágenes satelitales, cumplidos los requisitos antes indicados, tienen entidad para desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados. Desde la perspectiva de la exigencia de corroboración será del caso, en función del contexto del caso, contar -si correspondiera- con prueba testifical, prueba documental de informes, otras imágenes y/o grabaciones, prueba pericial, etcétera.

D. Necesariamente el procesamiento de las imágenes satelitales implica la mani­ pulación por una serie de personas en orden a obtener la decodificación de estas. Por lo tanto, ha de seguirse con sumo cuidado el procedimiento de cadena de custodia, conforme a los parámetros establecidos en el Acuerdo Plenario 06-2012/CJ-116, para su almacenamiento, conservación y ulterior uti­ lización en el proceso penal. Deberá certificarse las circunstancias en que fue­ ron tomadas las imágenes satelitales y el trayecto que recorrieron, dada la

168

REGISTRO DE PERSONAS

CAP.

10

alta complejidad en su procesamiento. Si, razonablemente, se desconfía de la autenticidad de la imagen satelital, será del caso acudir a los medios de prueba denominados "prueba sobre prueba". Acuerdo Plenario:

Concordancia;

N° 10-2019/CIJ-116(10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 38 Art. 207 Presupuesto y ejecución de la videovigilancia

REGISTRO DE PERSONAS Diligencia de registro personal aun cuando se haya realizado sin presen­ J354 cia del fiscal es posible ser valorada Que si bien la intervención de la acusada se realizó sin la concurrencia del repre­ sentante del Ministerio, y por dicho motivo el acta de registro personal -(...)- se realizó en el local de la Dircote, ello no le resta mérito, en tanto que la acusada reconoció el contenido de la misma; que la diligencia de apertura de enco­ mienda se realizó en presencia del fiscal provincial, y del gerente de la empresa, y aun cuando no se determinó el destino final del contenido de la encomienda por la oportuna intervención policial, ello no la enervaría de responsabilidad penal, en tanto quedó probado que la documentación hallada en el interior de la enco­ mienda dirigida a su nombre era de contenido terrorista. Recurso de Nulidad: N° 2269-2009 (30/09/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 8 Concordancia: Art. 210 Registro de personas

No podrá posponerse o dilatarse el registro personal cuando el impu­ J355 tado oculte bienes relacionados con el delito (doctrina legal vinculante) En esa línea, siempre que se dé cuenta al representante del Ministerio Público, no podrá posponerse o dilatarse el registro personal cuando haya razón fundada para considerar que el intervenido oculta en su cuerpo o ámbito personal bie­ nes relacionados al delito. La referida restricción encuentra sustento, en primer lugar, en que la prolongación del registro puede contribuir a la desvinculación del citado bien de parte del intervenido, ya sea por destrucción, ocultamiento o alejamiento, mermando con ello la actividad previa a dicho registro y el registro mismo. En segundo lugar, en que la prolongación del registro personal puede traer a colación argumentos referentes a que pudo ser un tercero quien puso el bien registrado al intervenido, en lenguaje subestándar: "siembra", mermando la fuerza probatoria del registro. Casación;

Concordancia:

N° 253-2013-Puno (20/11/2014). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.2 Art. 210 Registro de personas

169

10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Solo es posible prolongar el registro de personas ante la falta de garan­ tías necesarias para su realización (doctrina legal vinculante) La prolongación del citado registro puede ser viable solo si se omite dar cuenta al representante del Ministerio Público -a excepción de los casos de flagrancia— No obstante, puede ocurrir que aun cuando se dé cuenta al representante del Ministerio Público, no concurran garantías necesarias para practicar el registro, pues este debe ser realizado en un contexto de respeto a la dignidad y pudor de la persona, ello en concordancia con el numeral 2 del artículo 210 del Código Pro­ cesal Penal, el cual precisa: "El registro se efectuará respetando la dignidad y, den­ tro de los límites posibles, el pudor de la persona. Corresponderá realizarlo a una persona del mismo sexo del intervenido, salvo que ello importe demora en per­ juicio de la investigación". Casación: Concordancia:

J 357

N° 253-2013-Puno (20/11/2014). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.3 Art. 210 Registro de personas

Existen circunstancias excepcionales para la prolongación del registro de personas (doctrina legal vinculante) Además, existen situaciones, no previstas por la norma, pero que de manera razonada posibilitan la prolongación del registro personal: a) Cuando no existan garantías para la integridad del representante del Ministerio Público y de los efec­ tivos policiales que participan en el registro, b) Cuando exista exacerbación de parte de un grupo de personas que presencia e impide el registro, poniendo en riesgo la finalidad del mismo, c) Cuando existan otras razones suficientes que se sustenten en mantener y conseguir el objetivo del registro. Casación:

Concordancia:

J358

N° 253-2013-Puno (20/11/2014). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.4 Art. 210 Registro de personas

En la prolongación del registro personal debe garantizarse la cadena de custodia hasta que se efectivice el registro personal (doctrina legal vinculante) Ahora bien, cuando concurra alguno de los supuestos referidos en el consi­ derando precedente y se efectivice la prolongación del registro personal, el representante dei Ministerio Público garantizará la cadena de custodia hasta el momento en que sea posible la realización dei registro, siendo de aplicación extensiva lo previsto en el artículo 240 del Código Procesal Penal. Además, el mismo no podrá prolongarse en demasía, sino que el tiempo debe ser razo­ nado y tener como fin encontrar el lugar con las garantías necesarias para su realización.

■H

■II

EL ALLANAMIENTO

Casación: Concordancia:

CAP.

10

N° 253-2013-Puno (20/11/2014). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.5 Art. 210 Registro de personas

EL ALLANAMIENTO No es cuestionable vía recurso de casación extraordinaria el principio de J359 proporcionalidad en la medida de allanamiento Se pretende que se desarrolle el contenido del principio de proporcionalidad como uno necesario para la expedición de la resolución autoritativa de allana­ miento. Empero, tal exigencia ya se halla prevista legalmente, según consta en el artículo doscientos tres del NCPP y artículo VI del Título Preliminar. Por ello, el planteamiento de impugnación extraordinario no satisface el interés casadonal para ser admitido, tanto más si se pretende evaluar los motivos por los que dos Tribunales ordinarios ampararon la pretensión fiscal de allanamiento, aspecto que no es recurrible vía casación excepcional. Casación:

Concordancia:

N° 428-2016-Nacional/Auto de calificación (22/02/2019). Sala Penal Permanente. Fundamentos 2.5 y 2.6 Art. 203 Presupuestos de medidas restrictivas de derechos

LA EXHIBICIÓN FORZADA Y LA INCAUTACIÓN No es posible aplicar la cadena de custodia a los procesos por delito de J360 ejercicio privado de la acción penal El procedimiento de Cadena de Custodia se encuentra regulado en el Código Procesal Penal y el Reglamento aprobado por Resolución N° 729-2006-MP-FN de fecha 15 de junio de 2006, el cual está destinado a unificar procedimientos bási­ cos y responsabilidades del representante del Ministerio Público y funcionarios, a efectos de garantizar la autenticidad y conservación de los elementos materia­ les y evidencias incorporadas en toda investigación de un hecho punible, ade­ más de la seguridad y conservación de los bienes incautados; lo cual es evidente que solo es aplicable a un proceso por delito de ejercicio público de la acción penal, mas no resulta aplicable a un proceso por delito de ejercicio privado de la acción penal. Casación:

Concordancia:

N° 63-2011-Huaura (24/04/2012). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 220 ¡nc. 5 Diligencia de secuestro o exhibición

171

10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

La regulación del CPP no reconoce el término de evidencia física sino cuerpo del delito (doctrina legal vinculante) El NCPP no utiliza la expresión, de origen anglosajón, de "evidencia física", que es definida como todo elemento tangible que permite objetivar una observa­ ción. Se ha centrado en utilizar los términos propios del derecho eurocontinental y de nuestro acervo de cultura del Derecho Procesal Penal que le es tributario. Es así que recurre a vocablos de hondo significado en nuestra dogmática proce­ sal, tales como: 1. Cuerpo del delito. 2. Vestigios y huellas del delito; rastros, efec­ tos y elementos materiales. 3. Objetos e instrumentos del delito. 4. Cosas o bienes relacionados con el delito. 5. Documentos privados y no privados, libros, compro­ bantes y documentos contables administrativos. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J362

N° 6-2012/CJ-116 (7/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 8 Art. 218 Exhibición e incautación de bienes

La noción de cuerpo del delito desde una concepción amplia abarca la persona o cosa, medios e instrumentos, efectos y elementos de convic­ ción del delito (doctrina legal vinculante) La noción "cuerpo del delito", por su concepción amplia respecto de la totalidad de diligencias de investigación, tendentes a la comprobación del delito y averi­ guación del delincuente, (...) se intenta distinguir entre (i) la persona o cosa objeto del delito (como, por ejemplo, sería el cadáver en un delito de homicidio, la caja fuerte forzada en el hurto), (ii) los medios o instrumentos a través de los cuales se cometió el delito (ejemplo, el revólver utilizado), (iii) los efectos relacionados con el delito, que serían las cosas obtenidas como consecuencia de su ejecución (ejemplo, los objetos robados), y (iv) las piezas de convicción, que serían las hue­ llas, rastros o vestigios -elementos materiales, en suma- dejados por el autor en la comisión del hecho y susceptibles de ser recogidos, y que permiten acreditar la perpetración del delito y, en ocasiones, la identificación de su autor. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J363

N° 6-2012/CJ-116 (07/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 8 Art 218 Exhibición e incautación de bienes

La cadena de custodia constituye una norma de clausura del procedi­ miento de incautación (doctrina legal vinculante) Una norma de clausura del procedimiento de incautación y, especialmente, de aseguramiento dei material incautado -el cuerpo del delito- para su debida autenticidad, es la prevista en el artículo 220, apartado 5, del NCPP, que insti­ tuye la denominada "cadena de custodia", a la que la dicha norma delega su desarrollo, a través de un Reglamento específico, a la Fiscalía de la Nación; en

LA EXHIBICIÓN FORZADA Y LA INCAUTACIÓN

CAR

tanto se trata de actos de investigación o actos de prueba materiales, con enti­ dad para esclarecer la connisión del delito e identificar y descubrir a su autor. Ade­ más, como ya se ha precisado, en otras disposiciones el NCPP impone la nece­ sidad de protección del lugar de los hechos, recogida del cuerpo del delito y levantamiento de las actas respectivas. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 6-2012/CJ-116 (07/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 9 Art. 218 Exhibición e incautación de bienes

El principio de libertad probatoria requiere que la autenticidad del cuerpo j 354 del delito se mantenga desde que se recoge hasta su actuación enjuicio (doctrina legal vinculante) Desde el principio de libertad probatoria, que la autenticidad del cuerpo del delito, de necesaria demostración, exige que el elemento de investigación uti­ lizado para justificar la acusación es el mismo objeto encontrado en el lugar de los hechos y el mismo sobre el cual -si correspondiere- se realizaron los aná­ lisis forenses o periciales, y se establecieron los vínculos o inferencias respecti­ vas, y el mismo que se exhibe en el juicio oral. Ha de garantizarse que desde que se recoge el cuerpo del delito hasta que llega a concretarse como prueba en el momento del juicio, aquello sobre lo que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el juicio del órgano jurisdiccional, es lo mismo. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 6-2012/CJ-116 (07/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 10 Art. 218 Exhibición e incautación de bienes

La autenticidad del bien recogido o incautado requiere del cumplimiento j 355 de formalidades (doctrina legal vinculante) La autenticación el NCPP establece la necesidad del levantamiento de actas que mencionen objetivamente el bien recogido o incautado -recogida del bien, cosa u objeto, y práctica documentada de la diligencia referida al cuerpo del delito— Su elaboración -a cargo mayormente de la Policía-, la búsqueda y recogida del cuerpo del delito, forman prioritariamente parte del acerbo de conocimientos y experiencias de la policía -y, residualmente, de la Fiscalía, en cuanto órganos de investigación del delito-, si cumplen los requisitos pertinentes -fijados mayor­ mente por norma reglamentaria, aunque con una base legal con la que se ha detallado en el parágrafo séptimo-, evita un procedimiento ulterior de autenti­ cación de dicha diligencia de aseguramiento de fuentes de investigación -ubi­ cación, recogida e incautación-, a través de autoautenticación, marcación, testi­ monio o pericia.

CAP. 10 Acuerdo Plenario: Concordancia:

J366

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

N° 6-2012/CJ-116 (07/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 10 Art. 218 Exhibición e incautación de bienes

La cadena de custodia constituye una quinta forma de autenticación que tiene por finalidad garantizar la integridad, conservación e inalterabili­ dad (doctrina legal vinculante) La cadena de custodia, como quinta forma de autenticación, referida al cuerpo del delito,"(...) se puede definir como aquel procedimiento de registro y control que tiene por finalidad garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de los elementos materiales de prueba (en pureza, del hecho delictivo y de su autor), tales como documentos, armas blancas y de fuego, muestras orgánicas e inor­ gánicas, proyectiles, vainas, huellas dactilares, etcétera, desde el momento de su hallazgo en la escena del crimen, considerando su derivación a los laboratorios criminalísticos forenses donde serán analizados por parte de los expertos, técni­ cos o científicos, y hasta que son acompañados y valorados como elementos de convicción (en rigor, actos de prueba) en la audiencia de juicio oral" (READI SILVA y otra, 2003:23). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J367

N° 6-2012/CJ-116 (07/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 11 Art. 218 Exhibición e incautación de bienes

La cadena de custodia es un sistema de control de diferentes fases y con participación de diversos funcionarios (doctrina legal vinculante) La cadena de custodia es, propiamente, un sistema de control que permite registrar, de manera cierta y detallada, cada paso que sigue el cuerpo del delito encontrado en el lugar de los hechos (recolección, incorporación -utilización de embalajes adecuados-, rotulación, etiquetamiento -con identificación del fun­ cionario responsable y referencias sobre el acto de hallazgo, ocupación e incau­ tación-, traslado, almacenamiento, conservación, administración y destino final), de suerte que proporciona un conocimiento efectivo del flujograma que ha seguido el bien, cosa u objeto, a través de los diferentes sistemas (policial, fiscal, laboratorio criminalístico. Instituto de Medicina Legal, u otros entes públicos o privados), hasta llegar a las instancias judiciales. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

174

N° 6-2012/CJ-116 (07/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 11 Art. 218 Exhibición e incautación de bienes

La cadena de custodia se concreta materialmente a través de formatos j 353 de registro de información que constituyen prueba documentada (doc­ trina legal vinculante) El mecanismo que expresa la cadena de custodia se concreta materialmente a través de formularios de registro de información o, como precisa el Reglamento antes citado, en "formatos de la cadena de custodia", que acompañan en todo momento al cuerpo del delito y son objeto de supervisión por el fiscal o un fun­ cionario delegado. Cada eslabón en la cadena de custodia está debidamente registrado, y de modo ininterrumpido, lo cual demuestra la totalidad del camino recorrido por el cuerpo del delito. La presentación de estos formatos evita la necesidad de hacer concurrir a quien o quienes han tenido que lidiar con el cuerpo del delito. Esta prueba documentada -el formato y documentos anexoses suficiente y más operativa que el testimonio. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2012/CJ-l 16 (07/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 12 Art. 218 Exhibición e incautación de bienes

La ruptura de la cadena de custodia puede suceder ante una irregulari- j 359 dad o acto procesal defectuoso (doctrina legal vinculante) La ruptura de la cadena de custodia -la presencia de irregularidades en su decurso- se presenta cuando en alguno de los eslabones de la cadena o de los tramos por el que transita el cuerpo del delito, se pierde la garantía de identidad entre lo incautado y lo entregado al fiscal, perito -organismos técnicos periciales, laboratorios forenses, universidades, instituciones públicas o privadas, institutos de investigación (artículo 173, apartado 2, del NCPP)- o Juez. Aquí, en principio, se está ante una irregularidad o un acto procesal defectuoso, que no determina su nulidad, inadmisibilidad o inutilización. Acuerdo Plenario;

Concordancia;

N° 6-2012/CJ-l 16 (07/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 13 Art. 220 inc. 5 Diligencia de secuestro o exhibición

La ruptura de la cadena de custodia no implica la inautenticidad del cuerpo j 370 del delito, sino que ello debe acreditarse (doctrina legal vinculante) 14. De ia ruptura de la cadena de custodia o de su omisión no sigue necesaria o automáticamente que el cuerpo del delito es inauténtico y, por consiguiente, que carece de eficacia probatoria. Recuérdese, de esta forma, que la cadena de cus­ todia es una de las modalidades para acreditar la mismidad de un bien, objeto o cosa incautado, y que solo busca facilitar la demostración de su autenticidad a través de un conjunto de formatos y procedimientos estandarizados y pro­ tocolizados; y, en otro sentido, que en materia de prueba rige el principio de libertad probatoria (artículo 157, apartado 1, del NCPP); de suerte que las partes

10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

pueden acreditar la autenticidad de la prueba material presentada por los diver­ sos medios de prueba reconocidos por la ley. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J371

N° 6-2012/CJ-l 16 (07/03/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 14 Art. 220 inc. 5 Diligencia de secuestro o exhibición

La incautación tiene como funciones el aseguramiento de fuentes de prueba e impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad (doctrina legal vinculante) En ambos casos en un acto de autoridad que limita las facultades de dominio respecto de bienes o cosas relacionadas, de uno u otro modo, con el hecho puni­ ble. En el primer caso, su función es primordialmente conservativa -de asegura­ miento de fuentes de prueba material- y, luego, probatoria que ha de realizarse en el juicio oral. En el segundo caso, su función es substancialmente de preven­ ción de ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de impedimento de obs­ taculización de la averiguación de la verdad. (...) los bienes y objetos que pueden incautarse -privación de la posesión de un bien u objeto y su consecuente indis­ ponibilidad y ocupación por la autoridad penal- cumplen en la mayoría de los casos una doble función. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J372

N° 5-2010/CJ-116 (16/11 /2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 7 Art. 218 Solicitud del Fiscal Art. 219 Contenido de la resolución

La no confirmación judicial de la incautación no genera la nulidad de la medida ni su insubsanabilidad (doctrina legal vinculante) La confirmación judicial constituye un requisito más de la incautación como acti­ vidad compleja que, sin embargo, solo persigue dotarla de estabilidad instrumen­ tal respecto de la cadena de actos que pueden sucederse en el tiempo y que de uno u otro modo dependan o partan de él. Por tanto, la tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial -al no importar la infracción de un precepto que determine la procedencia legítima de la incautación- no determina irreme­ diablemente la nulidad radical de la propia medida ni su insubsanabilidad. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 5-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 13 Art. 218 Solicitud del Fiscal Art. 219 Contenido de la resolución

LA EXHIBICIÓN FORZADA Y LA INCAUTACIÓN

CAP.

El plazo de confirmación judicial de la incautación no es un requisito de validez o eficacia (doctrina legal vinculante) El plazo para requerir la respectiva resolución jurisdiccional, en este caso, no es un requisito de validez o eficacia de la incautación -sin perjuicio de la responsa­ bilidad administrativa que acarrea ai Fiscal omiso- Su incumplimiento no está asociado, como consecuencia legaimente prevista, a específicas y severas san­ ciones procesales: nulidad absoluta o anulabilidad -requisito indispensable para anular los efectos jurídicos correspondientesAcuerdo Plenario: Concordancia:

N° 5-2010/CJ-116 (16/11 /2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 13 Art. 218 Solicitud del Fiscal Art. 219 Contenido de la resolución

Para determinar la valorabilidad de la incautación se debe realizar una J374 evaluación de legalidad de la incautación (doctrina legal vinculante) Es una condición previa para la valorabilidad de toda incautación desde la perspectiva probatoria, desde luego, no es posible utilizar como evidencia lo obtenido a través de la incautación mientras no se ha cumplido con el corres­ pondiente control jurisdiccional. Para decidir acerca de una petición con­ creta derivada o vinculada a la incautación la autoridad judicial debe realizar, con carácter previo, pero en ese mismo acto, una evaluación de legalidad de la incautación. De no ser posible el aludido examen por la necesidad de un debate más amplio, será del caso rechazar provisoriamente el requerimiento o la solicitud que, como dato esencial, se sustentó en la incautación a fin de definirla anticipadamente y, emitida la decisión respectiva, recién pronunciarse sobre su mérito. Acuerdo Plenario.

Concordancia;

N° 5-2010/CJ-116(16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 14 Art. 218 Solicitud del Fiscal Art. 219 Contenido de la resolución

El no requerimiento inmediato de la confírmación Judicial de la incauta­ J375 ción en caso de flagrancia no vulnera garantías constitucionales Que, por lo tanto, la resolución superior cuestionada de fecha quince de octubre de dos mil nueve -que confirmó la resolución de primera instancia de fecha vein­ ticinco de setiembre del mismo año, que declaró fundado el requerimiento de confirmatoria judicial de incautación solicitada por el representante del Ministe­ rio Público-, no evidencia inobservancia de garantías constitucionales de carác­ ter procesal, debido a que se encuentra conforme a lo establecido en el Acuerdo

CAP. 10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

Plenario antes anotado respecto a los temas de interés casacional admitidos en el caso sub examine.

Casación: Concordancia:

J376

N° 57-2010-La Libertad (19/04/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Art. 218 Solicitud del Fiscal Art. 219 Contenido de la resolución

Es válida y eficaz el acta de incautación que se realizó sin presencia del fiscal en caso de urgencia y riesgo en la pérdida de la información En lo pertinente se incautó a los dos acusados recurrentes armas de fuego y documentos nacionales de identidad falsos (...) y si bien en esa intervención por las propias notas de urgencia y de marcado riesgo en su obtención no contó con la presencia de un Fiscal, tal omisión en modo alguno les hace perder efica­ cia precisamente por las notas antes invocadas; no existe el menor indicio que permita sostener que la intervención fue ilegal, que se presionó a los imputados, y que el acta no refleja una actuación objetiva; que por tanto, está probada la tenencia ilegal de armas de fuego y municiones -aptas para su uso- y la tenencia de documentos falsos, aptos asimismo para ocasionar perjuicio para el sistema de registro e identidad de las personas que compete instituir y velar al Estado". Recurso de Nulidad: N° 3685-2009-Piura (08/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ Concordancia:

J377

mento 3 Art. 218 ¡nc. 2 Solicitud del Fiscal

La incautación es una medida cautelar que se acciona en los casos de fla­ grancia delictiva La incautación, instrumental o cautelar, es una medida que la realiza, la Policía o la Fiscalía, pero a continuación requiere de la decisión confirmatoria del Juez de la Investigación Preparatoria. A. En los casos de flagrancia delictiva -en las moda­ lidades reconocidas por el artículo doscientos cincuenta y nueve del Código Procesal Penal- o de peligro inminente de su perpetración, por su propia confi­ guración situacional, es obvio que la Policía debe incautar los bienes o cosas rela­ cionadas, de uno u otro modo, con el hecho punible (...) la regla es que ejecu­ tada la medida por la Policía motu proprio o por decisión de la Fiscalía, el Juez de la Investigación Preparatoria debe dictar una resolución, que pueda ser con­ firmatoria de la decisión instada por el fiscal o desaprobatoria de la incautación policial fiscal.

Casación; Concordancia:

178

N° 57-2010-La Libertad (19/04/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 3 Art. 218 Solicitud del Fiscal Art. 219 Contenido de la resolución

LA EXHIBICIÓN FORZADA Y LA INCAUTACIÓN

CAP. 10

La incautación requiere que se emita una resolución Judicial antes de su J378 ejecución o en su defecto, la subsanación es posible La regla general en la materia es que la decisión judicial se dicta sin trámite alguno el mismo día o a más tardar el día siguiente (...). La incautación siem­ pre requiere de una resolución judicial, sea antes de su ejecución (...) o des­ pués de ella (...). En el último caso, la ausencia de la intervención y ulterior reso­ lución judicial, al vulnerarse un requisito de la actividad procesal, importa un defecto cuya subsanación, empero, es posible. Un efecto distinto -de nulidad absoluta e insubsanabilidad-, en cambio, tiene el primer supuesto, atento a su especial relevancia: sin resolución judicial no puede tener lugar legalmente una incautación. Casación:

Concordancia:

N° 57-2010-La Libertad (19/04/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 3 Art. 218 Solicitud del Fiscal Art. 219 Contenido de la resolución

La confirmación judicial de la incautación requiere de un pronuncia­ J379 miento inmediato sin tardanza injustificada La confirmación judicial debe solicitarse "inmediatamente" (artículo doscien­ tos tres, inciso tres y trescientos diecisiete, inciso dos del Nuevo Código Procesal Penal). Esto último significa que entre el momento en que tiene lugar la incau­ tación y que se presenta la solicitud de confirmación judicial no debe mediar solución de continuidad. Debe realizarse enseguida, sin tardanza injustificada, lo que será apreciable caso por caso, según las circunstancias concretas del mismo. La justificación de la tardanza se examinará con arreglo al principio de proporcionalidad. Casación:

Concordancia:

N° 57-2010-La Libertad (19/04/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Art. 218 Solicitud del Fiscal Art. 219 Contenido de la resolución

La tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial no deter­ J380 mina inevitablemente la nulidad del acto procesal La confirmación judicial constituye un requisito más de la incautación como acti­ vidad compleja que, sin embargo, solo persigue dotarla de estabilidad instru­ mental respecto de la cadena de actos que pueden sucederse en el tiempo (...) Por tanto, la tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial -al no importar la infracción de un precepto que determine la procedencia legítima de la incautación- no determina irremediablemente la nulidad radical de la pro­ pia medida ni su insubsanabilidad. El plazo para requerir la respectiva resolución

179

CAP.

10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

jurisdiccional, en este caso, no es un requisito de validez o eficacia de la incau­ tación -sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que acarrea al Fis­ cal omiso- Su incumplimiento no está asociado, como consecuencia legal­ mente prevista, a específicas y severas sanciones procesales: nulidad absoluta o anulabilidad. Casación: Concordancia:

J381

N° 57-2010-La Libertad (19/04/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Art. 218 Solicitud del Fiscal Art. 219 Contenido de la resolución

No procede la devolución del bien incautado pese al archivo de la inves­ tigación fiscal si no ha sido comprendido en la investigación Ha previsto la cesación de la incautación y la devolución de los bienes a quien tenga derechos sobre los mismos una vez que se haya dictado sentencia abso­ lutoria, auto de sobreseimiento o de archivo de las actuaciones, lo que se puede realizar también a pedido de parte por las personas que se consideren propieta­ rios de buena fe de los bienes incautados y que no han intervenido en el delito investigado; sin embargo, el Ministerio Público no ha señalado que no exista la presunción de la comisión de un ilícito penal, sino que la recurrente no ha par­ ticipado en el mismo, por lo que decidió que las investigaciones deberían con­ tinuar en la Fiscalía competente por territorio. Por tanto, no se está ante la exis­ tencia formal de un pronunciamiento de archivo en referencia al bien objeto de la investigación, no cumpliéndose, los presupuestos para la devolución del bien incautado. Casación: Concordancia:

J382

N° 273-2011-Cusco (29/01/2013). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 2.5 y 2.6 Art. 222 Devolución de bienes

Solo el juez está facultado para reexaminar la incautación y devolver el bien antes del sobreseimiento o la absolución (doctrina legal vinculante) Entonces, se tiene que los vehículos incautados si bien quedan bajo custodia de la Administración Aduanera por disposición del fiscal, ello debe ser así hasta que se expida el auto de sobreseimiento, sentencia condenatoria o absolutoria pro­ veniente de resolución firme que ordene su decomiso o disponga su devolu­ ción; limitándose la función de dicha entidad a la "custodia del bien", no siendo este (sic) quien determine el futuro del bien incautado; sino que es el Juez quien reexamina y dispone la devolución del bien. Casación:

Concordancia:

180

N° 45-2012-Cusco (13/08/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 11.6 Art. 219 Resolución de incautación

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

CAR

Jueces no deben desestimar los pedidos de confirmación judicial de incau­ tación por el solo hecho de haber sido presentados "extemporáneamente" Mientras el representante del Ministerio Público no solicite la confirmatoria judi­ cial de la incautación verificada, no podrá realizar ningún acto de investigación respecto al bien o evidencia incautada; sin embargo, la tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial -al no importar la infracción de un precepto que determine la procedencia legítima de la incautación- no determina irre­ mediablemente la nulidad radical de la propia medida ni su insubsanabilidad. El plazo para requerir la respectiva resolución jurisdiccional, en este caso, no es un requisito de validez o eficacia de la incautación. Su incumplimiento no está aso­ ciado, como consecuencia legalmente prevista, a específicas y severas sanciones procesales; nulidad absoluta o anulabilidad -requisito indispensable para anular los efectos jurídicos correspondientesCasación: Concordancia:

N° 231-2011-Madre de Dios (17/05/2012). Sala Penal Permanente. Fundamento 15 Art. 218 y 219 Presupuestos y resolución de incautación

La devolución del bien incautado en razón del archivo de la investiga­ J384 ción solo procede cuando en esta se determina que aquel no es intrín­ secamente delictivo (doctrina jurisprudencial) En el caso concreto, originalmente existió una disposición de no formalización y continuación de investigación preparatoria; archivo de la investigación que fue aprobado por el Fiscal Superior, pero actualmente por los mismos hechos existe una investigación en la Fiscalía Provincial de Arequipa, por lo que sigue en dis­ cusión si el carácter del bien es intrínsecamente delictivo, por lo que de haberse descartado definitivamente tal carácter del bien, la cosa decidida del Ministerio Público debe generar seguridad jurídica penal y real y por lo tanto la devolución definitiva del bien. Casación:

Concordancia:

N° 136-2015-Cusco (04/04/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 14 Art. 222 Devolución de bienes incautados

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN No se vulneran garantías constitucionales si se condena con declaración J385 de testigo con identidad reservada La reserva de la identidad del testigo está prevista por la norma proce­ sal (artículo 248 inciso 2, apartado d del Código Procesal Penal), como una medida de protección, y si bien, era parte de la estrategia de la defensa téc­ nica del recurrente, conocer la identidad del testigo M21, la propia norma

CAP. 10

BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

procesal (artículo 250 inciso 2 del Código acotado) le otorga los mecanismos para conocer su identidad; que al no haber presentado a lo largo del pro­ ceso dicho requerimiento no se infringe su derecho de defensa, presunción de inocencia, ni mucho menos falta de imparcialidad en la valoración de dicha prueba, tanto más, si como se advierte del acta de audiencia de juicio oral, del cuatro de marzo de dos mil quince -fojas trescientos ochenta y tres-, la defensa técnica, no solo tuvo la oportunidad de oponerse a que la declara­ ción del citado testigo M21 se llevara a cabo sin la presencia del acusado, sino también de examinar al citado testigo.

Casación: Concordancia:

182

N° 539-2016-Huánuco (27/10/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Fundamento 4 Art. 250 Variabilidad de las medidas de protección

CAPITULO 11 MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL PRECEPTOS GENERALES Los autos que decidan sobre las medidas de coerción penal son refor­ J386 mables de oficio Por lo que, el cuestionamiento a la congruencia del pronunciamiento de segunda instancia no es tal, porque el órgano judicial contaba con la facultad de resolver de oficio por la naturaleza del tema, conforme al artículo 255.3 del Código Pro­ cesal Penal, que señala sobre las medidas de coerción procesal, que los autos que se pronuncian sobre estas son reformables aun de oficio, cuando varíen los supuestos que motivaron su imposición o rectificación. Casación:

Concordancia:

N° 147-2016-Lima. Sala Penal Permanente. Doctrina jurispruden­ cial vinculante: fundamento 2.3.11 Art. 255 inc. 3 Legitimación y variabilidad

DETENCIÓN POLICIAL La interpretación de la flagrancia delictiva debe ser restrictiva

J387

La flagrancia delictiva está regulada en el artículo 259 del Código Procesal Penal, según la Ley N° 29596, de veinticinco de agosto de dos mil diez. El inciso cua­ tro del citado artículo regula la denominada "flagrancia presunta". Según esta norma, existe flagrancia cuando: "El agente es encontrado dentro de las vein­ ticuatro horas después de la perpetración del delito con efectos o instrumen­ tos procedentes de aquel o que hubieren sido empleados para cometerlo o con señales en sí mismo o en su vestido que indique su probable autoría o participa­ ción en el hecho delictuoso". Por la naturaleza del acto en cuestión, que importa la privación del derecho fundamental a la libertad personal, es obvio que la indi­ cada disposición debe interpretarse restrictivamente.

183

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

Casación:

Concordancia:

J388

N° 692-2016-Lima Norte (04/05/2017). Sala Penal Permanente. Fundamento 3 Art. 259 Flagrancia delictiva

Para la existencia de flagrancia el agente debe tener los bienes delicti­ vos al momento de ser detenido o dentro de las 24 horas de su comisión El agente, en este supuesto, ha de tener los bienes delictivos (instrunnentos del delito, objetos del delito o efectos del delito) en su poder y en ese momento debe ser detenido, dentro de las veinticuatro horas de la comisión del delito. El imputado Cortez Ortega no fue reconocido por la agraviada en el momento en que ocurrió el robo en su agravio. Ella no le vio el rostro. Por eso es que no lo des­ cribió en su denuncia ni en su declaración preliminar, de suerte que llama la aten­ ción que recién lo haga en el juicio oral inmediato. Casación:

Concordancia:

J389

N° 692-2016-L¡ma Norte (04/05/2017). Sala Penal Permanente. Fundamento 3 Art. 259 Flagrancia delictiva

Para determinar la flagrancia delictiva es necesario evaluar si se cumplen con todos sus presupuestos La agraviada no había visto el rostro del imputado -ni siquiera lo describió cuando denunció el delito en su perjuicio ni cuando declaró en sede preliminarEs más: en el vehículo, cuando se efectuó el primer registro vehicular, no se halla­ ron los objetos del delito. Es verdad que la agraviada apuntó la placa del vehí­ culo y, al verlo posteriormente, luego de unas horas, identificó el coche y pidió la ayuda policial correspondiente para su captura. Pero, en atención: (i) al tiempo transcurrido; (ii) al hecho de que al imputado no se le capturó en el teatro del delito; (iii) a las protestas de inocencia de aquel; y (iv) que al momento de la pri­ mera revisión vehicular no se encontró los objetos del delito, no es posible con­ cluir que se está ante un supuesto de flagrancia presunta. Casación:

Concordancia:

J390

N° 692-2016-Llma Norte (04/05/2017). Sala Penal Permanente. Fundamento 5 Art. 259 Flagrancia delictiva

La acreditación de la flagrancia delictiva debe establecerse con base en información categórica e indubitable La flagrancia, por su propia razón de ser, requiere una acreditación de los hechos por prueba directa a partir de informaciones categóricas, procedentes del agra­ viado, de testigos presenciales o de filmaciones indubitables, que demuestren, sin necesidad de inferencias complejas, que el detenido fue quien intervino en la comisión dei delito.

LA PRISIÓN PREVENTIVA

Casación: Concordancia:

CAP.

11

N° 692-2016-Lima Norte (4/05/2017). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Art. 259 Flagrancia delictiva

LA PRISIÓN PREVENTIVA Presupuesto imprescindible de la prisión preventiva es la sospecha grave J391 (doctrina legal vinculante) Un presupuesto imprescindible de la prisión preventiva, base de las causales o motivos que le corresponde y que solo deben examinarse a continuación para su dictación y mantenimiento, dice la Comisión Interamericana de Derechos Huma­ nos (véase: Informe 2/97, de 11 de marzo de 1997, párr. 26), es el de sospecha grave y fundada, tal como está definido por el artículo 268, literal 'a', del Código Procesal Penal, a fin de determinar la fundabilidad de la pretensión de prisión pre­ ventiva del fiscal [Del Río Labarthe, Gonzalo: Prisión preventiva y medidas alternati­ vas, Instituto Pacífico, Lima, 2016, p. 164], Así se ha establecido en la Sentencia Plenaria Casatoria 1 -20017/CIJ-433, de once de octubre de 2017, FFJJ 23 y 24. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 24 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

Peligro de sospecha fuerte supone un cálculo de probabilidades sobre J392 la futura sentencia (doctrina legal vinculante) [El peligro de sospecha] supone, según escribió Calamandrei, un preventivo cálculo de probabilidades sobre el resultado de la futura resolución judicial prin­ cipal [conforme: Calderón Cerezo - Choclán Montalvo: Derecho Procesal Penal, Edi­ torial Dykinson, Madrid, 2002, p. 266]. El término "sospecha" debe entenderse, en sentido técnico jurídico, como el estado de conocimiento intermedio, de dife­ rente intensidad, a partir de datos inculpatorios obtenidos en el curso de la ave­ riguación del delito, que autorizan a dictar decisiones y practicar determinadas actuaciones. Se trata, entonces, de una conditiosine qua non de la legitimidad de la privación procesal de la libertad personal, cuya ausencia determina que la pri­ sión preventiva dispuesto sea arbitraria (SColDH caso Tibi vs. Ecuador, de 7 de septiembre de 2004). Apuntó la STEDH de 30 de agosto de 1990, caso Fox, Campbelly Hartiey vs. Reino Unido, que este requisito inserta una exigencia de racionalidad -que incluye la solidez- de los indicios y es una parte fundamental de la protección que propor­ ciona el Derecho Internacional de los Derechos Humanos contra las privaciones de libertad arbitrarias. Presupone la existencia de hechos o informes adecuados para convencer a un observador imparcial de que el individuo de que se trate

185

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

pudo haber cometido el delito. Lo que puede considerarse "racional" dependerá del conjunto de las circunstancias; es decir, que el juez debe valorarlos según las máximas de la experiencia y del normal sentido común [conforme: Gutiérrez de Cabiedes, Pablo: Lo prisión provisional, Editorial Aranzadi, Pamplona, 2004, p. 130].

Si bien la sospecha fuerte es más intensa que la sospecha suficiente, pero por lo general se sustenta sobre una base más estrecha de resultados investigativos provisionales, por lo que muy bien puede ocurrir que se dicte una orden de pri­ sión preventiva, aunque no se pueda aún decir que se llegará a la apertura del juicio oral -el curso de las investigaciones determinará si esa sospecha fuerte se mantiene o se relativiza o excluye- [Volk, Klaus: Curso Fundamental de Derecho Procesal Penal, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2016, p. 115]. Además, precisa­ mente por ello, por tratarse de un juicio de probabilidad -sujeto a la evolución de las investigaciones-, como previene Ortells Ramos, aunque subsista una duda, la prisión puede acordarse [Ortells Ramos, Manuel y otros: Derecho Jurisdiccional III Proceso Penal, Editorial Bosch, Barcelona, 1991, p. 556]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 24 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

j 393 La verificación de la sospecha fuerte requiere que exista un alto grado de probabilidad de que el imputado va a ser condenado (doctrina legal vinculante) La verificación de esta sospecha fuerte requiere, en tanto juicio de atribución del delito al imputado, el examen de las fuentes-medios de investigación o de las fuentes-medios de prueba lícitos -la licitud es un componente necesario del concepto de prueba- acopiados en el curso de la causa -principalmente por el fiscal, aunque también es de examinar los que puede presentar el imputado y su defensa-, tras cuyo análisis corresponda concluir, desde una inferencia razo­ nable, que el imputado es fundadamente sospechoso; esto es, que exista un alto grado de probabilidad de que él luego va a ser condenado -el estándar probato­ rio es particularmente alto, aunque no al nivel de la sentencia condenatoria, no se requiere certeza sobre la imputación (Sentencia casatoria 626-2013/Moquegua, de 30 de junio de 2015, FJ 24to.)-, mientras que la "sospecha suficiente" quiere decir llanamente simple existencia de la probabilidad respecto de una futura condena. O, expuesta esta causal en términos negativos, los elementos de juicio que apoyen la acusación -los extremos esenciales y necesarios de la imputación fiscal- deben ser suficientemente consistentes para considerar baja la probabi­ lidad de que el sometido a prisión preventiva acabe finalmente absuelto, y, por tanto, resulte injustificada la medida de coerción [conforme: Ferrer Beltrán, Jordi: Obra citada, p. 146].

LA PRISIÓN PREVENTIVA

Acuerdo Plenario: Concordancia:

CAP.

11

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

Para verificar la sospecha fuerte se debe realizar un juicio de probabili­ J394 dades sustentado en criterios objetivos sólidos o indicios consistentes (doctrina legal vinculante) Se ha de afirmar un juicio de probabilidad sentado en criterios objetivos sólidos o indicios consistentes (STCE 128/1995, de 26 de julio, FJ 3ro.); esto es, contar con un sistema coherente de datos graves, precisos y concordantes, y con un alto grado de confianza, consistencia, fiabilidad y credibilidad, sin llegar, por cierto, al estándar de convencimiento más allá de toda duda razonable, propio de la sen­ tencia condenatoria [conforme: Castillo Alva, José Luis: "El fumus comissi delicti y el estándar probatorio en la prisión provisional". En: Vásquez, Carmen (coordi­ nadora): Hechos y razonamiento probatorio, Zela Grupo Editorial, Lima, 2019, pp. 223-231]. Este juicio de probabilidad fuerte o alto grado de probabilidad, como enfatizaron Roxin/Schünemann, requiere asumir, con tal entidad o nivel de pro­ babilidad, de que el imputado ha cometido el hecho delictivo -como autor o como partícipe- y de que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad [Roxin, Claus - Schünemann, Bernd: Derecho Proce­ sal Penal, Ediciones Didot, Buenos Aires, 2019, pp. 374-375]. No es de recibo una medida de coerción ante un hecho no incriminado o no punible, pues la "culpa­ bilidad" indicada por esos síntomas significa condena probable y es una probabi­ lidad igual a cero cuando existan desacriminantes, causas de exclusión de la res­ ponsabilidad penal o hechos extintivos [conforme: Cordero, Franco: Obra citada, p. 404. Bernal Cuéllar - Montea legre Lynett; El Proceso Penal, Tomo 1,6ta. Edición, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2013, p. 523]. Araya Vegas denomina a este presupuesto: "mérito sustantivo" y le da el tratamiento de un presupuesto de persecución penal -que podría implicar una contraditio in terminis al reunir en una misma institución jurídica lo material y lo procesal-, y que no obstante lo entiende, correctamente, como un grado de probabilidad suficiente -fuerte, diríamos nosotros- de que el sujeto procesado cometió un hecho delic­ tivo que tiene prevista una pena privativa de libertad, así como de elementos de prueba objetivos -en puridad, elementos de investigación, que el Código deno­ mina muy ampliamente "elementos de convicción"- para determinar su vincu­ lación con el hecho atribuido [Araya Vega, Alfredo: La prisión preventiva - Trata­ miento desde los Derechos Humanos, Editorial Ideas, Lima, 2014, p. 49]. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

187

11 J395

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

El juez para determinar que existe sospecha fuerte debe haberse acer­ cado a la verdad (doctrina legal vinculante) Desde la perspectiva del juez, la probabilidad que se requiere, a diferencia de la certeza, significa un acercamiento plausible al éxito de la acción emprendida, esto es el juicio del sujeto cognoscente que estima haberse acercado al resultado buscado, el resultado de la verdad, aunque reconoce no haber alcanzado total­ mente; en otras palabras, no está convencido de estar en posesión de la verdad, pero cree que se ha aproximado a ella [Maier, Julio B.J.: Derecho Procesal Penal I, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1996, p. 843]. Los datos o elementos que apor­ tan las fuentes-medios de investigación o de prueba han de ser graves; no bas­ tan débiles probabilidades, aunque es de entender que las probabilidades no son cuantificables. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J396

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 26 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

El indicio en materia de coerción procesal es una predicción para afirmar la posibilidad de que algo suceda en el futuro (doctrina legal vinculante) El indicio en materia de coerción procesal (...) da lugar a un juicio centralmente hipotético -con cierto nivel de incertidumbre- en cuya virtud el indicio es la base fáctica -no de una comprobación, propia del indicio probatorio- de una predicción, esto es, para afirmar la posibilidad de que algo suceda en el futuro -no de que sucedió en el pasado-: no da lugar a afirmar una probabilidad tan alta que equivalga a la certeza jurídica [Pujadas Tortosa, Virginia: Obra citada, p. 210]. No se puede anticipar lo que es propio del juicio oral -si se cuenta con prue­ bas suficientes o no para dictar en su día una sentencia condenatoria contra el imputado, si habrán de prosperar o no algunas de las alegaciones autoexculpatorias que el mismo efectúa-, sino si constan en la causa datos e indicios suficien­ tes de que el imputado intervino, de uno u otro modo, en la comisión del delito atribuido. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J397

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 26 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

La prisión preventiva supone un cierto grado de desarrollo de la impu­ tación, una probabilidad concreta de que el imputado haya cometido el hecho punible (doctrina legal vinculante) El juicio de imputación, siempre de un determinado delito, requiere, por consi­ guiente, de que precisamente el hecho sea delictivo -este no puede carecer de tipicidad penal- y que, además, no se acredite la concurrencia de alguna causa

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP.

11

de exención o extinción de la responsabilidad penal (artículos 20 y 78 del Código Penal) [Gimeno Sendra, Vicente: Derecho Procesal Penal, 2da. Edición, Editorial Civitas. Pamplona, 2015, p. 684]. La prisión preventiva supone un cierto grado de desarrollo de la imputación, una probabilidad concreta de que el imputado haya cometido el hecho punible. Es, empero, un requisito indispensable pero no sufi­ ciente pues debe ser confirmado por el peligrosismo procesal [conforme: Quiroz Salazar, William: Prisión preventiva - Perspectiva constitucional, dogmática y del con­ trol de convencionalidad. Editorial Ideas, Lima, 2014, pp. 146-147]. La imputación, entonces, requiere, primero, de la existencia de un hecho constitutivo de infrac­ ción penal; y, segundo, de la existencia de un sujeto pasivo del proceso penal (de un imputado contra quien se ha dictado la inculpación formal -es decir, con mayor precisión. Disposición Fiscal de formalización de la investigación prepara­ toria-). Este análisis de alta probabilidad debe realizarse, como enfatizó la Senten­ cia Casatoria 564-2016/Loreto, de 12 de noviembre de 2018, FJ 5to., no solo a par­ tir de un alto grado de probabilidad de la comisión del delito y de la intervención del imputado, examinándose los actos de investigación de manera individual y conjunta -así, incluso, lo estableció la sentencia casatoria vinculante 626-2013/ Moquegua de 30 de junio de 2015-, sino además conforme con los criterios pro­ pios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva; y tiene como sustento que los cargos sean concretos y definan con claridad lo penalmente relevante [Sen­ tencia Casatoria 724-2015/Piura, de 15 de abril de 2016]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 27. Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

El juez debe indicar la relación indiciarla de los medios de investigación J398 o de prueba que relacionan de manera preliminar ai procesado con el hecho imputado (doctrina legal vinculante) No basta la concurrencia en el caso de meros indicios -procedimentales, claro está- o de sospechas genéricas; se exigen, pues, fuentes-medios de investiga­ ción o, en su caso, de prueba, directas o indirectas"[...] que sean plurales, coin­ cidentes en un mismo resultado, y fundadas; el juicio de alta probabilidad debe ser razonable y asentado en criterios objetivos suficientes" [Asencio Mellado, José María: Obra citada, pp. 827-828]. En suma, se precisa la existencia de datos concre­ tos indicadores de un injusto penal importante para las actuaciones de la causa, que con alta probabilidad permiten concluir, provisionalmente como es obvio, la concurrencia del hecho y de su vinculación con el imputado -que hay probabili­ dad, alta, de delito (con la presencia -agregamos- de todas sus categorías mate­ riales: tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y punibilidad, así como de los presu­ puestos procesales correspondientes) y de que el imputado es responsable del mismo- (Sentencia del Tribunal Supremo Español -en adelante, STSE- 241/2009, de 13 de marzo). El juzgador, desde luego, debe explicitar la relación indicia­ ría de aquel o aquellos medios de investigación o de prueba (preconstituida o.

189

CAP. 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

excepcionalmente, anticipada) que relacionan de manera preliminar al proce­ sado con el hecho imputado [conforme: STC 0349-2017-PHC/TC, de 21 de abril de 2017].

Acuerdo Plenario: Concordancia:

J399

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 27 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

Delito grave y el peligrosismo procesal constituyen los motivos de prisión preventiva (doctrina legal vinculante) Los motivos de prisión preventiva, que se erigen en requisitos de la prisión pre­ ventiva, son dos: (i) delito grave, y (ii) peligrosismo procesal {periculum íibertatis, que en el proceso civil se denomina periculum in mora).

Acuerdo Plenario: Concordancia:

J400

N” 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Fundamento 34 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

El pronóstico judicial sobre el fondo o mérito de las actuaciones debe asumir los criterios de medición de la pena conforme al conjunto de las disposiciones del Código Penal (doctrina legal vinculante) Delito grave. El artículo 268 del Código Procesal Penal, desde el subprincipio de proporcionalidad estricta, fijó un mínimo legal de carácter objetivo, cuantita­ tivo, en función a la pena privativa de libertad previsible para el caso concreto no de simple conminación penal abstracta- Estipuló, al respecto: "Que la san­ ción a imponerse sea superior a cuatro años de pena privativa de libertad", bajo el entendido implícito que más allá de cuatro años de pena privativa de liber­ tad siempre será efectiva (así, artículo 57 del Código Penal). El pronóstico judicial sobre el fondo o mérito de las actuaciones, siempre provisional por cierto, debe asumir los criterios de medición de la pena conforme al conjunto de las disposi­ ciones del Código Penal; y, en su caso, si se está ante un concurso ideal o real de delitos, delito continuado o concurso aparente de leyes (o unidad de ley). °° Dos [son] los ejes de este requisito: 1. Gravedad y características del delito imputado. 2. Entidad de la pena que en concreto podría merecer el imputado, a partir de las concretas circunstancias del caso y de las características personales del imputado. La valoración del legislador, respecto de la conminación penal, es desde luego determinante.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

190

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 35 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP.

11

Si el pronóstico de pena concreta no será, en ningún caso, superior a cua­ J401 tro años de privación de libertad, ya no cabe analizar el peligrosismo pro­ cesal (doctrina legal vinculante) Es de entender que, si el pronóstico de pena concreta no será, en ningún caso, superior a cuatro anos de privación de libertad, ya no cabe analizar el peligrosismo procesal y corresponderá inevitablemente dictar mandato de compare­ cencia. El juicio de proporcionalidad estricta así lo demanda, sin excepciones.

oo Otro supuesto se presenta cuando la ley no autoriza, por ejemplo, imponer pena suspendida o reserva de fallo condenatorio, pese a que la pena privativa de libertad no supere ese límite -lo que no obsta, desde luego, a las conversio­ nes autorizadas legalmente-. Estos preceptos, como es patente, solo se refieren al juicio de medición para la imposición de la pena en la sentencia, consecuente­ mente, no se opone a que durante el proceso el imputado esté en libertad, para lo cual, en todo caso, pueden imponerse determinadas restricciones, siempre si son razonables para evitar que este fugue o manipule fuentes de investigación o de prueba o que, en su día, se sustraiga a la ejecución de la pena.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 36 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

Si se trata de delitos especialmente graves, conminados con penas espe­ J402 cialmente elevadas, se ha de seguir el criterio objetivo asumido por el legislador penal (doctrina legal vinculante) Si se trata de delitos especialmente graves, conminados con penas especial­ mente elevadas -en este punto se ha de seguir el criterio objetivo asumido por el legislador penal, el mismo que está en función a la pena concreta que podría merecer el imputado en caso de condena-, como, por ejemplo: cadena perpe­ tua o pena privativa de libertad no menor de quince años, que exceden con cre­ ces los límites mínimos legalmente previstos, siempre se entenderá que es un requisito necesario pero no suficiente para imponer mandato de prisión preven­ tiva, aunque, siguiendo verbigracia a la sentencia del Tribunal Constitucional Ale­ mán, BVerfGE, 19,342 (350), invariablemente se requerirá la presencia del peligrosismo procesal; no obstante, en la verificación de su existencia, no se debe ser tan exigente para imponer el baremo de sospecha fuerte, sino será de rigor asumir el de sospecha suficiente -grado inmediatamente inferior a la sospecha fuerte[confróntese: Roxin/Schünemann: Obra citada, pp. 376-377], pues el análisis está precedido razonablemente de un dato fuerte de pena elevada, a la que el impu­ tado no es ajeno en cuanto a su conocimiento y riesgos -lo que desde ya, legal­ mente, constituye una situación constitutiva del riesgo de fuga-, y que hace más probable el peligro para el debido cauce el proceso y, por tanto, marca una pauta sólida de riesgo de fuga.

191

CAP.

11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

En igual sentido, se debe comprender bajo estas mismas consideraciones aque­ llas conductas que están vinculadas a la actuación delictiva de personas integra­ das a la criminalidad organizada, de especial preocupación por la comunidad internacional -que, como apuntó el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, se trata de un flagelo que constituye un problema mundial [Prefa­ cio. Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transna­ cional y sus protocolos. Nueva York. 2004. p. iv]-y de una obvia lesividad social que incluso ha merecido la institucionalización de diversos convenios sobre la mate­ ria, especialmente la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, de diciembre de 2000, cuyos lineamientos básicos han de seguirse en sede nacional. Cuando se menciona el grado de sospecha "suficiente", siempre en clave de eva­ luación provisoria del suceso histórico postulado por la Fiscalía, debe entenderse que su acreditación prima facie resulta probable -más probable que una futura absolución-, aunque menor que la sospecha vehemente o fuerte [Volk, Klaus: Obra citada, p. 78). Es lo que se denomina "probabilidad preponderante", no alto grado de probabilidad, propio de la sospecha fuerte o vehemente [Roxin-Shünemann: Obra citada, pp. 375 y 497]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J403

N° 01-2019/CIJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 37 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

Con la inclusión de la "vigilancia electrónica personal" es de rigor asumir una perspectiva adicional a la pena concreta del artículo 268 del Código Procesal Penal (doctrina legal vinculante) Con motivo de las ulteriores modificaciones de la legislación penal, en especial con la inclusión de la "vigilancia electrónica personal", cuyas disposiciones vigen­ tes son el Decreto Legislativo 1322, de 06/01/2017, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-JUS, de 9 de marzo de 2017, modificado por el Decreto Supremo N° 006-2018/JUS, de 14 de mayo de 2018, es de rigor asumir una perspectiva adicional a la pena concreta estatuida por el citado artículo 268 del Código Procesal Penal. En efecto, el artículo 5, apartado 1, literal a), del alu­ dido Decreto Legislativo, fijó como baremo"[...] cuando la imputación se refiera a la presunta comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a ocho años" para la vigilancia electrónica personal. La correcta interpretación de este precepto es que se refiere a la pena concreta, pues de otra forma no se enten­ dería que para el caso de los condenados el límite es, precisamente, ocho años de pena privativa de libertad impuesta (literal 'b' de dicha disposición legal). El principio-derecho de igualdad ante la ley se quebraría si se adoptan dos hare­ mos para definir una misma institución jurídica cuando se trata de identificar el límite penológico correspondiente, que obviamente debe ser el mismo para

192

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP. 11

ambos. Nada justifica razonablemente una opción distinta; ni los fundamentos ni su objetivo político criminal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 01-2019/CIJ-116(10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 38 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

Código Procesal Penal asumió la teoría de peligro de fuga y peligro de J404 obstaculización (doctrina legal vinculante) Peligrosismo procesal {periculum libertatis). Este peligrosismo, afirma Gutiérrez de Cabiedes, nos remite a los riesgos relevantes, y estos, a las finalidades constitucio­ nales legítimas de esta medida [Gutiérrez de Cabiedes, Pablo: Obra citada, p. 131], por lo que es el elemento más importante para evaluar la validez de una medida de coerción y en él se advierte mejor que en ningún otro elemento las funciones que están llamadas a cumplir las referidas medidas de coerción [Del Río Labarthe, Gonzalo: Obra citada, p. 113].

oo El Código Procesal Penal asumió la concepción o teoría de los dos peligros para justificar convencional y constitucionalmente la prisión preventiva: peligro de fuga y peligro de obstaculización. Solo se requiere la concurrencia de un peli­ gro o riesgo procesal concreto para justificar la prisión preventiva; puede ser uno u otro, sin perjuicio de que puedan concurrir (os dos peligros. Esta es la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (SSColDH de 12 de noviembre de 1997, caso Suárez Rosero vs. Ecuador, párr. 77; y de 20 de noviembre de 2014, caso Arguelles y otros vs. Argentina, párr. 120). A esto se denomina, siguiendo a Ortells Ramos, "situaciones constitutivas del riesgo", y las constancias de su consa­ gración "circunstancias acreditativas del riesgo" [Ortells Ramos, Manuel: "Para una sistematización de las medidas cautelares en el proceso penal". En: Revista Gene­ ral de Legislación y Jurisprudencia, núm. 244, tomo 254, mayo de 1998, Madrid, pp. 439 y ssj. El peligrosismo o peligro procesal fundamenta y justifica la prisión pre­ ventiva [Pérez López, Jorge: "El peligro procesal como presupuesto de la medida coercitiva personal de prisión preventiva". En: Revista Derecho y Cambio Social, Lima, 2005, p. 5. SSTC 1821-2006-PH/TC; 1091-2002-HC/TC; y, 2268-2002-HC/TC].

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 39 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

Por el periculum libertatis se establecen los fines que puede cumplir la J405 prisión preventiva (doctrina legal vinculante) oo A través del periculum libertatis se establecen precisamente los fines que puede cumplir la prisión preventiva, y representa la medida de su propia constitucionalidad. Esta prevención, por lo demás, aparta a la prisión preventiva de tener como

193

11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

función la de anticipar la pena, la de calmar la alarma social o la de ser un instru­ mento de la investigación penal -de modo que el juez estuviera facultado para ordenar el ingreso o salida del establecimiento penal en función de la actitud que adopte el investigado en el proceso, o de su disposición al esclarecimiento de los hechos- [conforme: Moreno Catena, Víctor y otros: Obra citada, pp. 325326]. Así se ha pronunciado las SSTC 3357-2003-HC/TC, de 2 de agosto de 2002; y, 791-2002-HC/TC, de 21 de junio de 2005).

oo En este mismo sentido, insiste Bruzonne, los motivos que justifican la prisión preventiva se vinculan en forma directa con los fines del proceso: averiguación de la verdad y cumplimiento del derecho material, en un contexto donde tam­ bién se reclama que la utilización de la coerción estatal sea racional, proporcio­ nada a sus fines y solo se utilice como última posibilidad para la solución del conflicto que el Derecho Penal define como delito [Bruzonne, Gustavo: "La pri­ sión preventiva en su encrucijada". En: La reforma procesal penal a diez años de su implementación en el Perú, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lima, 2016, p. 110]. Acuerdo Plenario: Concordancia:

■

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 39 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

Lineamientos para colegir razonablemente el peligro de fuga (doctrina legal vinculante) La ley sitúa estas circunstancias como pertinentes para colegir razonablemente el peligro de fuga, bajo tres lineamientos: (i) que se invoquen como tales, como justificativas del peligro; (ii) que se acrediten desde una sospecha fuerte, que no necesariamente debe ser urgente, pero a la vez los medios de investigación o de prueba adjuntados indiquen cómo así el imputado podrá eludir la acción de la justicia, que tenga la oportunidad de hacerlo -sin explicación de esto último, tampoco se podrá justificar la existencia del riesgo [Nieva Fenoll, Jordi: Obra citada, p. 286]-; y, (iii) que las inferencias probatorias, racionalmente utilizadas, autoricen a sostener la existencia del peligro concreto de fuga -no hace falta, desde luego, que si la sospecha fuerte respecto de la imputación y del riesgo de fuga constan en la causa, se requiera además que el imputado intente de veras escaparse; solo se requiere que exista el riesgo razonable de que pueda hacerlooo Cabe resaltar que en el pronóstico de peligro de fuga deben ponderarse todas las circunstancias a favor y en contra de la huida, y evitarse meras presunciones. Los hechos o datos en los que se basa este peligro -las situaciones específicas constitutivas del riesgo procesal- únicamente deben configurarse con una pro­ babilidad que se corresponda con la sospecha fuerte: no se requiere un conven­ cimiento cabal acerca de la verdad de los hechos en los que tal peligro se basa [conforme: Volk, Klaus: Obra citada, p. 113]. Así, por ejemplo, si el delito tiene pre­ vista una pena elevada, que excede con creces el mínimo legalmente previsto.

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP.

11

pero es un extranjero y carece de residencia legal en el país, cabría dictar man­ dato de prisión preventiva; igualmente, en delitos similares e integración en una organización criminal con contactos en el extranjero, por su propia dinámica delictiva, por sus contactos personales en esos países -v. gr.: lugar desde donde se proporciona la droga y/o se tiene los contactos-, es razonable estimar el per­ sistente riesgo de fuga, aun cuando tenga arraigo social en el país (confróntese: STCE 145/2001, de 18 de junio). Empero, como acotó la STEDH Stógmullervs. Aus­ tria, de 10 de noviembre de 1969, párr. 88, es claro que la simple posibilidad o facilidad que tiene el imputado para pasar la frontera no implica peligro de fuga; se requiere la concurrencia de unas circunstancias, especialmente la pena grave que se prevé, o la singular oposición del acusado a la detención, o la falta de arraigo sólido en el país, que permitan suponer que las consecuencias y riesgos de la fuga le parecerán un mal menor que la continuidad del encarcelamiento.

Acuerdo Plenario;

Concordancia;

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 42 Art. 268 Presupuestos materiales de la prisión preventiva

No es requisito de la prisión preventiva la imposición previa de la deten­ J407 ción preliminar. No es necesaria la presencia del imputado en la audien­ cia de prisión preventiva No constituye un presupuesto material de la prisión preventiva, conforme se esta­ blece en el artículo 268 del Código Procesal Penal, que el imputado se encuen­ tre sujeto a la medida de detención preliminar o en alguna otra situación proce­ sal, como puede ser una detención policial en flagrancia.

La presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva debe enten­ derse conforme a lo establecido en el artículo 261 del Código Procesal Penal, que establece que es necesaria la notificación en su domicilio real o su conduc­ ción compulsiva al juzgado cuando se encuentre detenido, mas no es necesaria su presencia; de ahí que si el Imputado no asiste a la audiencia o se encuentra no habido la audiencia se llevará a cabo. Casación;

Concordancia;

N° 01-2007-Huaura (26/07/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 4 y 5 Art. 268 Presupuestos materiales prisión preventiva

No existe impedimento para solicitar prisión preventiva si previamente J408 no han otorgado la detención preliminar Ello no da pie a inferir que siempre es del caso pedir detención preliminar en aras, luego de instar la prisión preventiva; y, menos, que si se intenta esa medida provisionalísima y el juez no la acepta, está vedado requerir la medida de pri­ sión preventiva en una oportunidad posterior de incorporarse -claro está- más

195

CAP. 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

elementos de investigación o de prueba (...) el artículo doscientos sesenta y ocho del Nuevo Código Procesal Penal que regula los presupuestos materiales para dictar dicha medida provisional personal no lo impone, ni por su propia lógica institucional podía hacerlo. Casación:

Concordancia:

J409

N° 01-2007-Huaura (26/07/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 6 Art. 261 Detención preliminar judicial Art. 268 Presupuestos materiales prisión preventiva

Para emitir la resolución de prisión preventiva debe seguirse el debido procedimiento La audiencia de prisión preventiva, regulada por los apartados uno y dos del artículo doscientos setenta y uno del Nuevo Código Procesal Penal, prevé varias exigencias para que pueda emitirse válidamente un mandato de prisión preventiva o alterna­ tivamente una medida de comparecencia restrictiva o simple -ver apartado cua­ tro- Son: a) requerimiento o solicitud del Ministerio Público; b) realización de la audiencia de prisión preventiva dentro del plazo legal de las cuarenta y ocho horas siguientes a su requerimiento; y, c) concurrencia a la audiencia del fiscal requirente, del imputado y de su defensor -si no asiste el defensor de confianza o el imputado no lo tiene se le reemplazará en el acto o interviene el defensor de oficio-. Casación: Concordancia:

J410

N° 01-2007-Huaura (26/07/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 7 Art. 268 Presupuestos materiales prisión preventiva Art. 271 Audiencia y Resolución de prisión preventiva

No es necesaria la presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva No es, pues, absoluta la necesidad de presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva; es sí, necesaria, su debida citación en su domicilio real o pro­ cesal -si lo hubiere señalado-, o su conducción al juzgado cuando esté efectiva­ mente detenido (con ello se cumple el principio de contradicción, se hace efec­ tiva la garantía de tutela jurisdiccional -en cuanto acceso al proceso- y se afirma, a su vez, la garantía de defensa procesal). Si el imputado se niega a asistir, sea por­ que huyó, porque no es habido -lo que denota imposibilidad material del juez para emplazarlo- o porque, sencillamente, no quiere hacerlo -en ejercicio de su derecho material de defensa, a su propia estrategia procesal o por simple ánimo de sustracción o entorpecimiento procesal-, la audiencia se lleva a cabo con la representación técnica del abogado defensor.

Casación:

196

N° 01-2007-Huaura (26/07/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 7

LA PRISIÓN PREVENTIVA

Concordancia:

CAR

Art. 268 Presupuestos materiales prisión preventiva Art. 271 Audiencia y resolución de prisión preventiva

La motivación del auto de prisión preventiva es conforme a las exigen­ cias del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales

J411

Si bien las resoluciones judiciales que restringen derechos fundamentales deben estar especialmente motivadas, de una interpretación sistemática de los artículos 271 y 278 del Código Procesal Penal, a la luz del bloque de constitucionalidad, mencionado anteriormente, este Supremo Tribunal entiende que la referida alu­ sión a una resolución "debidamente motivada" implica la descripción del pro­ ceso mental que llevó a la decisión, la existencia de motivación externa e interna, y la claridad de la exposición. Es de aclarar, sin embargo, que no es parte del con­ tenido esencial del derecho a la motivación de resoluciones judiciales que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. Casación:

Concordancia:

N° 70-2010-Lambayeque (26/04/2011). Sala Penal Permanente. Fundamento 11 Art. 271 Audiencia y resolución

El debate en la audiencia de prisión preventiva debe abordar cinco par­ J412 ; tes (doctrina legal vinculante) En conclusión, el debate se dividirá necesariamente en cinco partes, la existen­ cia: i) De los fundados y graves elementos de convicción, ii) De una prognosis de pena mayor a cuatro años, iii) De peligro procesal, iv) La proporcionalidad de la medida, v) La duración de la medida. El representante del Ministerio Público debe comprenderlos en su requerimiento escrito, fundamentando cada extremo con exhaustividad. Esto posibilitará que la defensa lo examine antes de la audien­ cia, se prepare y pueda pronunciarse sobre estos y que el juez analice y resuelva cada uno, dividiéndose el debate en cada uno de los cinco puntos indicados, ejerciéndose contradicción uno a uno, agotado uno se pasará al otro. Casación:

Concordancia:

N° 626-2013-IVIoquegua (30/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 24 Art. 271 Audiencia y resolución

El presupuesto de fumus delicti comissi debe ser acreditado en un grado J413 de probabilidad superior al de la formalización de investigación prepa­ ratoria (doctrina legal vinculante) Debe acreditarse mediante datos objetivos obtenidos preliminarmente y/o propia­ mente de investigación que cada uno de los aspectos de la imputación tenga una

CAP. 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

probabilidad de ser cierta. Es el llamado furnus delicti comissi, o sea la apariencia de verosimilitud del hecho delictivo y vulneración del imputado. Para la adopción de la prisión preventiva no se exige que se tenga certeza sobre la imputación, solo que exista un alto grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos, mayor al que se obtendría al formalizar la investigación preparatoria; valiéndose de toda la información oralizada y acopiada hasta ese momento (primeros recaudos).

Casación: Concordancia:

J414

N” 626-2013-Moquegua (30/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 26 y 27 Art. 268 Presupuestos

Para determinar la prognosis de pena se debe recurrir a los criterios del artículo 45-A del Código Penal (doctrina legal vinculante) El artículo cuarenta y cinco-A del Código Procesal Penal, adicionado por la Ley número treinta mil setenta y seis, establece que la pena se aplica por tercios, infe­ rior, intermedio y superior; será sobre la base de tres factores: a) Circunstancias generales atenuantes y agravantes, establecidos en el artículo cuarenta y seis, incisos uno y dos, incorporado por la Ley citada, b) Causales de disminución o agravación de la punición. Asimismo, se debe tener en cuenta la regla estable­ cida en el artículo cuarenta y cinco del Código Penal y las fórmulas de derecho premial, como confesión, terminación anticipada del proceso, conformidad del acusado con la acusación y colaboración eficaz. Este listado no es taxativo, por lo que el juez puede fundarse en otra circunstancia que modifique la pena, siem­ pre que lo justifique en la resolución. Casación:

Concordancia:

J415

N° 626-2013-Moquegua (30/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 31 Art. 268 Presupuestos

No es posible dictar una prisión preventiva en caso de prognosis de pena suspendida (doctrina legal vinculante) Será desproporcional dictar una medida de prisión preventiva a quien sería san­ cionado con una pena privativa de libertad suspendida, estableciendo el artículo cincuenta y siete del Código Penal que podría ser cuando la pena sea menor de cuatro años y no haya proclividad a la comisión de delitos.

Casación: Concordancia:

198

N° 626-2013-Moquegua (30/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 32 Art. 268 Presupuestos

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP.

11

Para acreditar el riesgo el juez debe apreciar y declarar la existencia del J416 peligro a partir de los datos de la causa (doctrina legal vinculante) Para la acreditación del riesgo el juez debe apreciar y declarar la existencia dei peligro a partir de los datos de la causa -lo que, sin duda, requiere de un com­ plemento subjetivo de muy difícil concreción-, que den cuenta de la capacidad del imputado de huir u obstruir la labor de la investigación; la probabilidad de estos peligros debe ser alta [conforme: Bernal Cuéllar - Montealegre Lynett, Obro Citado, pp. 529 y 535]. En todo caso, su determinación obliga al juez, como acota Nieva FenolI, a construir una perspectiva de futuro, así como evitando presuncio­ nes y, con mayor razón, meras conjeturas [conforme: Nieva Fenol!, Jordi: Derecho ProcesalIII, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2017, p. 285]. Acuerdo Plenario; Concordancia;

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 40 Art. 269 Peligro de fuga

Se reconocen cinco situaciones específicas constitutivas de riesgo y peli­ J417 gro de fuga (doctrina legal vinculante) Peligro de fuga. El literal c) del artículo 268 del Código Procesal Penal identificó este riesgo, siempre que sea razonable colegir, en razón a (i) los antecedentes del imputado y (ii) otras circunstancias del caso particular, que tratará de eludir la acción de la justicia -existencia de datos objetivos y sólidos, no de meras conje­ turas, es decir, signos de alta importancia inductivaoo A su vez, para calificar este peligro, el artículo 269 del citado Código reconoció cinco situaciones específicas constitutivas del referido riesgo o peligro, siempre entendidas, conforme a la primera norma, como números opertus -se trata, en todo caso, de tipologías referenciales- [confróntese: Del Río Labarthe, Gonzalo: Obro citado, p. 195]. Fijó las siguientes: 1. El arraiguen el país, determinado por su domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y de sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país -no, simplemente, de via­ jar al extranjero- o permanecer oculto. 2. La gravedad de la pena que se espera como resultado del procedimiento. 3. La magnitud del daño causado y la ausen­ cia de una actitud voluntaria para repararlo. 4. El comportamiento durante el pro­ cedimiento o en otro procedimiento anterior, en la medida que indique su volun­ tad de someterse a la persecución penal -tal vez, el criterio rector en la materia5. La pertenencia a una organización criminal o su reintegración a las mismas. oo En atención a lo expuesto, es patente que el fin primordial de este riesgo es la realización plena de la tutela jurisdiccional: la huida del imputado frustraría ño solo la futura ejecución de la pena sino, antes, el desarrollo normal del propio proceso penal [Guerra Pérez, Cristina: Lo decisión judicial de prisión preventivo. Edi­ torial Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 151]. Estas situaciones específicas cons­ titutivas del riesgo procesal son datos que la propia experiencia acredita como

199

CAP. 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

determinantes de un mayor o menor peligro, pero datos que abstractamente considerados nada significan, por lo que han de valorarse de modo individua­ lizado [Asencio Mellado, José María: Derecho Procesal Penal, 3ra. Edición, Edito­ rial Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 209]. Siempre, caso por caso. Este criterio, pues, como apunta Oré Guardia, siguiendo a Binder, es de naturaleza relacional y requiere identificar el vínculo que debe existir entre las circunstancias arriba des­ criptas y el peligro latente de que el procesado pueda efectivamente sustraerse a la acción de la justicia [Oré Guardia, Arsenio: Obra citada, p. 154]. oo De estas situaciones específicas constitutivas del riesgo de fuga resalta, desde luego, las características del delito, así como la gravedad del mismo y de la pena. Se trata de una situación inicial y fundamental -abstracta- con fuerte relevan­ cia en el pronóstico de fuga, por cuanto, como es innegable, la frustración de la acción de la Administración de Justicia se evidencia tanto por el hecho de que a mayor gravedad, más intensa cabe presumir la tentación de la huida, cuanto por el hecho de que a mayor gravedad de la acción cuya falta de enjuiciamiento se teme, mayor será el prejuicio que, en el caso de materializarse la fuga, sufrirían los fines perseguidos por la justicia, aunque pasados los primeros momentos de la investigación se necesita ponerse en relación con otros datos relativos tanto a las características del imputado -como el arraigo familiar, profesional y social, las conexiones con otros países, los medios económicos de los que dispone, etcé­ tera- (confróntese: STEDH W. vs. Suiza, de 26 de enero de 1993; y, STCE 128/1995, de 26 de julio). Acuerdo Plenario: Concordancia:

J418

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 41 Art. 269 Peligro de fuga

Los motivos justificatorios del riesgo de fuga no se pueden apreciar úni­ camente sobre la base de la gravedad de la pena posible (doctrina legal vinculante) En clave de los factores legalmente considerados para estimar el posible riesgo de fuga, se tiene que automáticamente, luego de transcurrido un lapso de tiempo razonable del inicio de la Investigación, no puede desprenderse el peligro exa­ minado en atención únicamente a la pena previsible, desde el fumus comissi delictí. Los automatismos no son de recibo -este peligro no puede ser apreciado esquemáticamente, según criterios abstractos [Roxin/Schünemann: Obra citada, p. 375]-. Tienen que agregarse, a la pena previsible y a la naturaleza del delito -sin perjuicio de analizar la entidad del aporte del imputado al hecho delictivo, si se trata de un caso de codelincuencia, organización criminal o banda criminal, y el peso de las pruebas de cargo conocidas por el imputado, su personalidad y sus circunstancias particulares-, otros factores que inciden en el peligro concreto de fuga. No tienen una significación y virtualidad autónomos para justificar en sí mismos la prisión preventiva, pues se trata de presunciones que, en cualquier

200

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAR

11

caso, pueden ser destruidas por los otros datos relevantes del proceso, y que el juez debe explicar la inexistencia de medios para conjugar tal peligro de fuga, a través, por ejemplo, del pago de caución o de una medida alternativa o de res­ tricciones [conforme: STEDH caso Tomasi vs. Francia, de TJ de agosto de 1998, párr. 40-44]. Los motivos justificatorios del riesgo de fuga no se pueden apreciar únicamente sobre la base de la gravedad de la pena posible -de ser así, la inten­ sidad en abstracto de la reacción penal conllevaría una inadmisible consecuencia procesal directa [Jauchen, Eduardo: Obra citada, p. 589]-. Deben analizarse, con las prevenciones que luego se expondrán (vid.: párr. 45), en función de un con­ junto de elementos suplementarios pertinentes y apropiados ya sea para confir­ mar la existencia de un verdadero riesgo de fuga, ya sea para hacer patente que ese riesgo es tan improbable que no puede justificar la prisión preventiva [STEDH caso Demirel vs. Turquía, de 28 de enero de 2003, párr. 59, con antecedentes en la STEDH de 8 de junio de 1995]. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N°01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 43 Art. 269 Peligro de fuga

No es suficiente que existan posibilidades de fuga, sino que habrá de J419 resultar acreditado que el procesado piensa también hacer uso de dichas posibilidades (doctrina legal vinculante) En realidad, como apunta Sánchez-Vera Gómez-Trelles, siguiendo la jurispruden­ cia alemana, la pena amenazada solo puede justificar la adopción de la prisión preventiva si de ella -y teniendo en cuenta el resto de factores- se deducen indicios bastantes de que el encausado intentará huir: pero entonces será esto último, y no una determinada pena amenazada, lo que resulta acreditado y ver­ daderamente justifica la medida en cuestión. No es suficiente que existan posi­ bilidades de fuga, sino que habrá de resultar acreditado que el encartado piensa también hacer uso de dichas posibilidades. Lo mismo que, en palabras de Dahs, nadie es acusado por el mero hecho de que posea -desde un punto de vista fác­ tico- la posibilidad de cometer un delito, no es suficiente que exista la posibilidad de huir, sino que tiene que fundamentarse normativamente, además, que exis­ ten indicios bastantes de que el imputado va a hacer uso también de dicha posi­ bilidad abstracta [Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier: Obra citada, p. 47]. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 43 Art. 269 Peligro de fuga

201

CAP.

J420

11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

Existen dos criterios de peligrosidad de fuga: criterio abstracto y criterio concreto (doctrina legal vinculante) En esta perspectiva Ortells Ramos indica que existen dos criterios de peligrosi­ dad de fuga: (i) el criterio abstracto mediante el cual la gravedad del delito y de la pena probable -que pueden ser únicos al inicio de la investigación- permite establecer razonablemente la mayor o menor tendencia del imputado a eludirla a través de la fuga -pero no es el único que debe ser utilizado por el juez ven­ cidos los actos iniciales de investigación-; y, (ii) el criterio concreto que supone valorar las circunstancias personales y sociales del imputado, dado que la com­ probación de la existencia o no de "raíces", como la familia, el trabajo, la ima­ gen social de la persona, permitirá determinar razonablemente la tendencia del imputado a rehuir el proceso penal [Ortells Ramos, Manuel y otros; Derecho Juris­ diccional III Proceso Penal, Editorial Bosch, Barcelona, 1994, p. 550], Es claro, como insisten Roxin/Schünemann, que de ninguna manera es suficiente solamente en abstracto, se entiende- un domicilio fijo del imputado para negar el peli­ gro de fuga [Obra citada, p. 375]. Y aisladamente la inexistencia de determinado arraigo no genera la aplicación automática de la prisión preventiva, para lo cual ha de valorarse las circunstancias del caso, las otras situaciones específicas cons­ titutivas del referido riesgo o peligro, siempre que no existan otras medidas que pudieran cumplir la finalidad de impedir razonablemente el riesgo de fuga (con­ forme: Sentencia casatoria vinculante 626-20134/Moquegua, de 30 de junio de 2015, FJ 40mo.). Acuerdo Plenario: Concordancia:

J421

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 43 Art. 269 Peligro de fuga

Falta de arraigo y las características concretas del procesado contribu­ yen con el peligro de fuga (doctrina legal vinculante) Los otros factores que inciden mayormente en la disposición de medios para la fuga a cargo del imputado -en los injustos de organización, los ligámenes inter­ nacionales que puedan existir, a las propias características personales del impu­ tado, a su capacidad organizativa y de acción, de actuar en un marco organi­ zado, entre otros (conforme: STCE 146/2001, de 18 de junio)-, están en función a la falta de arraigo y a las características concretas y personales del imputado -que son los datos más usados, pues a contrario sensu se entiende, lógicamente, que una situación personal muy consolidada en términos de situación familiar, laboral, económica y de bienes propios y domicilio conocido y estable del impu­ tado, así como su carencia de antecedentes, disminuyen notablemente el riesgo de fuga; aunque, por otro lado, apuntan en sentido contrario la condición de pró­ fugo, la presencia de antecedentes registrados o de haber protagonizado alguna huida o intento de fuga o haberse constituido en situación de contumacia por

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP.

11

no comparecer a los emplazamientos judiciales, o de incomparecencia injustifi­ cada a un llamamiento de la fiscalía o de los órganos jurisdiccionales-

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 43 Art. 269 Peligro de fuga

Los factores fijados en la ley y otros deben ser analizados en conjunto J422 con las condiciones personales del imputado para determinar el peligro de fuga (doctrina legal vinculante) Los factores fijados en la ley, y otros que pueden estar presentes (así, por ejemplo, la avanzada edad o salud del imputado -STCE 60/2001, de 26 de febrero- la movi­ lidad y contactos internacionales del imputado -STCE 146/2001, ya citada-, o su nacionalidad -Sentencia Corte Suprema 631-2015/Arequipa, de 21 de diciembre de 2015—), deben ser analizados en conjunto con las condiciones personales del imputado y las circunstancias del caso concreto (Sentencia Casatoria 1445-2018/ Nacional, de 11 de abril de 2019), sin perjuicio de incluir en el análisis, por ejem­ plo, como un indicio relevante de fuga el hecho de no devolver el dinero o bie­ nes del que presuntamente el imputado se habría apropiado y que podría estar usando en su provecho (STCE 14/1996, de 29 de enero, FJ 5to.).

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 44 Art. 269 Peligro de fuga

En la aplicación de la medida se exige que se ponderen más individua- J423 lizadamente circunstancias personales del preso preventivo y del caso concreto (doctrina legal vinculante) El factor tiempo -o incidencia del transcurso del tiempo- es, sin duda, en alguna medida relevante. Racionalmente los requisitos exigidos en el momento inicial de su adopción -en los primeros momentos de la investigación (debe examinarse, por tanto, desde cuándo se iniciaron las averiguaciones del Ministerio Público)— no son los mismos que los que deben exigirse con posterioridad para decretar su mantenimiento -un mayor peso adquieren en los primeros momentos, por la falta de datos, las circunstancias objetivas, tales como las características o tipo delictivo inculpado, la gravedad del delito y de la pena con que se le amenaza[confrontar: Gimeno Sendra, Vicente: Obra citada, p. 681; STCE 128/1995, de 26 de julio, EJ 4to.; STCE 44/1997, de 10 de marzo, FJ. 7mo.; 62/2005, de 14 de marzo; y, 35/2007, de 9 de marzo]. Por tanto, -atento a la jurisprudencia citada- si en un principio -momentos iniciales del procedimiento de investigación- cabe admi­ tir una motivación basada únicamente en datos objetivos, como la gravedad del delito y la posible pena, el transcurso del tiempo en la aplicación de la medida

203

CAP. 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

exige que se ponderen más individualizadamente circunstancias personales dei preso preventivo y del caso concreto.

oo La intensidad del juicio de ponderación (requisitos de la prisión preventiva vs. el derecho a la libertad del imputado) entonces varía o es diferente según el momento procesal en que deba disponer o ratificar la prisión preventiva (en igual sentido: STEDH, asunto W vs. Suiza, de 26 de enero de 1993). Esta conclusión se funda en que el mero transcurso del tiempo, al margen de propiciar la apari­ ción de circunstancias sobrevenidas, va disminuyendo el peligro de fuga puesto que si bien es cierto que la gravedad de la pena que amenaza al imputado y el tipo de delito imputado podrían constituir en un primer momento razón sufi­ ciente para afirmar un peligro efectivo y relevante de fuga, no contrarrestadle con otras medidas de aseguramiento de menor intensidad coactiva, también lo es que este argumento se debilita por el propio paso del tiempo y la consi­ guiente disminución de las consecuencias punitivas que puede sufrir el preso preventivo, en el que pasan a ser determinantes las circunstancias personales del imputado: arraigo, vinculaciones con el exterior, comportamiento procesal (STCE 62/1996, de 15 de abril, FJ 5to.). oo Empero, también es verdad, primero, que siempre, pero con un nivel menos intenso, debe examinarse el posible factor del riesgo (al peso de los mediosfuente de investigación o de prueba, al peso de la sospecha fuerte, debe agre­ garse el análisis, aunque con menores niveles de intensidad, de la personalidad del imputado y sus relaciones privadas: vínculos familiares, laborales y otros [con­ forme: Llobet Rodríguez, Javier: Prisión preventiva - Límites constitucionales, Edito­ rial Grijiey, Lima, 2016, pp. 194-195]); y, segundo, que también es posible que con el paso del tiempo no solo disminuyen las circunstancias negativas que puede sufrir el preso preventivo, bien porque pueden debilitarse los indicios que funda­ ban la culpabilidad, sino que con el avance de la investigación y la perfilación de la imputación puede ir dotando de solidez a esta, lo que podría a su vez incre­ mentar la probabilidad de una efectiva condena y, con ello, el riesgo de fuga [Odone Sanguiné: Prisión provisional y derechos fundamentales, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, p. 132. STEDH caso Blondet vs. Francia, de 5 de octubre de 2004, párr. 41. SSTCE 128/1995, de 26 de julio; 36/1996, de 11 de marzo; 44/1997, de 10 de marzo; 62/1996, de 16 de abril; 259/1996,24 de septiembre; 23/2002, de 28 de enero; 33/2002, de 8 de marzo. Informe de la CIDH 2/97, de 11 de marzo de 1997, párr. 28]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

204

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 45 Art. 269 Peligro de fuga

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP. 11

La existencia y la adscripción o reintegración del imputado a una J424 organización criminal han de estar acreditadas a nivel de sospecha fuerte (doctrina legal vinculante) El nuevo inciso 5) del artículo 269 del Código Procesal Penal, según la Ley N° 30076, de 19 de agosto de 2013, consideró como una situación específica constitutiva del referido riesgo “La pertenencia del imputado a una organización criminal o su reintegración a las mismas". Al respecto, es de tener en cuenta, pri­ mero, que la existencia y la adscripción o reintegración del imputado a una orga­ nización criminal han de estar acreditadas a nivel de sospecha fuerte, y según lo indicado en el Fundamento de Derecho Cuarto respecto a sus exigencias típi­ cas -contundencia de un dato objetivo inicial, de un delito grave- (la Sentencia Casatoria Vinculante 626-2013/Moquegua, de 30 de junio de 2015, FJ 58vo. exi­ gió que se verifiquen sus componentes). Segundo, que si bien lo criminológica­ mente aceptado es que, por lo general, se da este peligro debido a las facilidades que se tienen por parte de la delincuencia organizada para favorecer la impu­ nidad de sus miembros y que no necesariamente se requiere de una actuación propia del imputado para huir u ocultarse y, también, para obstaculizar la acti­ vidad probatoria -que, como dice la STCE 145/2001, de 18 de junio de 2001, uni­ das a otros datos concurrentes, se sobreponen al arraigo familiar y su compro­ miso de no eludir la acción de la justicia-, ello en modo alguno importa asumirlo como una presunción contra reo. Tercero, que no solo es de analizar la concreta conducta riesgosa que se le atribuye, sino que su acreditación, dado lo anterior, requiere por lo menos el nivel de una sospecha suficiente, en función a la pena esperada, a sus características personales, a sus contactos con el exterior, etcé­ tera; esta no puede funcionar como dato autónomo y suficiente en sí misma. oo El profesor Asencio Mellado indicó, sobre este punto, primero, que el precepto en cuestión no autoriza la prisión preventiva por el mero hecho de estar el impu­ tado integrado en una organización criminal; y, segundo, que es una regla cierta­ mente excepcional de aplicación restringida, y solo opera en los casos en los que, perteneciendo el imputado a una organización criminal o concurriendo la posi­ bilidad de su reintegración en la misma, a su vez, sea la propia agrupación delic­ tiva la que puede proporcionar ios medios para facilitar la fuga del imputado al proceso o, incluso, la obstaculización de la investigación [Ascencio Mellado, José María: Obra citada, p. 832]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 46 Art. 269 Peligro de fuga

La sola existencia de arraigo no supone la aplicación automática de la J425 prisión preventiva ni descarta su aplicación (doctrina legal vinculante) Esto ha sido recogido en la Resolución Administrativa número trescientos vein­ ticinco-dos mil once-P-PJ, de trece de septiembre de dos mil once, elaborado

205

11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

sobre la base de la Constitución Política del Estado, Código Procesal Penal, juris­ prudencia internacional y nacional, doctrina, etc., entonces, no existe ninguna razón jurídica para entender que la presencia del algún tipo de arraigo (criterio no taxativo) descarta, a priori, la utilización de la prisión preventiva. Tampoco la sola situación de inexistencia de arraigo genera que deba imponerse nece­ sariamente la prisión preventiva (ejemplo, ser extranjero no genera la aplica­ ción automática de la prisión preventiva), sobre todo cuando existen otras que pudieran cumplir estos fines. Por lo que este requisito debe valorarse en con­ junto con otros, para establecer si es que en un caso concreto existe o no peli­ gro de fuga. Casación: Concordancia:

J426

N° 626-2013-Moquegua (30/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 39 y 40 Art. 269 inc. 1 Peligro de fuga

La presunción de fuga no es aceptable para sustentar el pedido de pri­ sión preventiva (doctrina legal vinculante) La sola presunción de fuga no puede sustentar un pedido de prisión preventiva. Entonces, de la gravedad de la pena solo se obtiene un dato sobre el peligro de fuga, el cual debe ser valorado en conjunto con otros requisitos que también lo sustenten, así como ocurre con el arraigo. Casación:

Concordancia:

J427

N° 626-2013-Moquegua (30/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 42 y 43 Art. 269 inc. 1 Peligro de fuga

La gravedad de la pena como supuesto para determinar el peligro de fuga debe interpretarse vinculada a las circunstancias de agravación de pena (doctrina legal vinculante) En consecuencia, la única forma de interpretación no lesiva a derechos del impu­ tado es la que hace referencia a la gravedad del delito, vinculado a las circunstan­ cias que agravarían la pena a imponer. Casación:

Concordancia:

J4283

N° 626-2013-Moquegua (30/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 48 Art. 269 inc. 2 Peligro de fuga

La magnitud del daño es un criterio de reparación civil válido para deter­ minar el peligro de fuga (doctrina legal vinculante) La propia redacción de la segunda parte de este criterio, "ausencia de una acti­ tud voluntaria del imputado para reparar el daño", implica que no estamos ante

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAR

circunstancias del hecho, sino ante un criterio de reparación civil inaceptable. La reparación del agraviado poco tiene que ver con el peligro procesal; sin embargo, atendiendo a una correcta interpretación, la actitud del imputado luego de come­ tido el delito ayudará a acreditar su buena conducta en el proceso penal. Casación:

Concordancia:

N° 626-2013-Moquegua (30/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 49 y 50 Art. 269 inc. 3 Peligro de fuga

El que se le haya impuesto prisión preventiva en un proceso anterior dis- j 429 tinto no autoriza a imponérsele también en el que se tramita actualmente (doctrina legal vinculante) No son admisibles como criterios para determinarlo la actitud legítima adop­ tada por el procesado en ejercicio de algún derecho que el ordenamiento le ha reconocido, así, el hecho de no confesar el delito atribuido no puede ser consi­ derado como un mal comportamiento procesal. La segunda parte de este crite­ rio (en otro procedimiento anterior) debe ser analizado con mayor rigurosidad, pues se hace la prognosis sobre un comportamiento anterior y lejano, que debe ser evaluado de conformidad con otros presupuestos del peligro de fuga. Asi­ mismo, el hecho de que en un anterior proceso se le impuso una prisión preven­ tiva (o mandato de detención), no autoriza al juez a imponer, por su solo mérito, una en el actual proceso. Casación:

Concordancia:

N° 626-2013-Moquegua (30/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 54 Art. 269 inc. 4 Peligro de fuga

Es necesaria una precisión de los componentes de la organización cri- j 430 minal como criterio para determinar el peligro de fuga (doctrina legal vinculante) Para fundamentar este extremo no basta con indicar que existe una organización criminal, sino sus componentes (organización, permanencia, pluralidad de impu­ tados e intención criminal), así como la vinculación del procesado. Asimismo, motivar qué peligro procesal se configuraría al pertenecer a esta organización. Casación:

Concordancia:

N° 626-2013-Moquegua (30/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 58 Art. 269 inc. 5 Peligro de fuga

11 J431

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

La apariencia del delito como presupuesto de la prisión preventiva debe interpretarse conforme a los criterios de imputación objetiva y subjetiva (doctrina legal vinculante) La apariencia de delito es un presupuesto de la prisión preventiva, cuyo alcance es definido no solo desde una perspectiva sustantiva (que el hecho imputado esté regulado en la normativa penal y que sea subsumible en ella, según criterios objetivos y subjetivos), sino también procesal (la existencia de fundados y graves elementos de convicción que permitan sostener la alta probabilidad de su comi­ sión). En esa medida, la evaluación del hecho debe realizarse conforme con los criterios propios de la teoría de la imputación objetiva y subjetiva, en cuanto ai análisis de la probable realización del injusto penal. Casación:

Concordancia:

N° 564-2016-Loreto (21/12/2018). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 5. Art. 268. Presupuestos materiales

J432¡ Considerar el peligro de fuga por la sola condición de extranjero es un acto discriminatorio por razón de su nacionalidad Es cierto que los alcances del arraigo en el país también pueden valorarse desde los lazos familiares que el imputado mantiene en el exterior, más aún si es extran­ jero, situación que le permitiría abandonar el país y refugiarse en su localidad de origen cuando advierte riesgo para sí. Sin embargo, esta situación tiene que ser apreciada caso por caso. Asumiendo un peligro de fuga por la sola condición de extranjero del imputado, importaría un acto discriminatorio por razón de su nacionalidad. Cuando se acredite indubitablemente que un procesado extran­ jero tiene arraigo en el país, ello permite entender un riesgo menor de peligro de fuga, salvo que conste razonablemente otros datos de ese orden que vislumbren un sólido riesgo fundado de fuga. Casación:

Concordancia:

J 433

N° 631-2015-Arequ¡pa (21/12/2015). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento: Considerando 6 Art. 268 inc. c Presupuestos materiales Art. 269 Peligro de fuga

Peligro de obstaculización es tratar de evitar que la libertad sea aprove­ chada por el imputado para obstruir la investigación y el eventual enjui­ ciamiento (doctrina legal vinculante) Peligro de obstaculización. El literal c) del artículo 268 del Código Procesal Penal identificó este riesgo, siempre que sea razonable colegir, en razón a los antece­ dentes del imputado y otras circunstancias del caso particular, que tratará de obstaculizar la averiguación de la verdad (peligro de obstaculización) -también requerirá la existencia de datos objetivos y sólidos, no de meras conjeturas- Esta

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP. 11

segunda finalidad o requisito también tiene carácter procesal; y, en definitiva, trata de evitar que la libertad sea aprovechada por el imputado para obstruir la investigación y, especialmente, el eventual enjuiciamiento del caso, actuando de modo fraudulento sobre las pruebas del delito que pudieran obtenerse -aten­ tando ilícitamente la meta de esclarecimiento propia del proceso penal- [Guerra Pérez, Cristina: Obra citada, pp. 161 -162]. Por tanto, se trata de un motivo suficiente para disponer la prisión preventiva, pero lógicamente ha de durar el tiempo imprescindible a estos efectos (STEDH, caso Ringeinsen vs. Alemania, de 16 de julio de 1971). Acuerdo Plenario;

Concordancia;

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 47 Art. 270 Peligro de obstaculización

Situaciones específicas constitutivas del peligro de obstrucción (doctrina J434 legal vinculante) Para calificar este peligro, el artículo 270 del referido Código identificó tres situa­ ciones específicas constitutivas del citado riesgo o peligro, siempre entendidas, conforme a la primera norma, en sentido enumerativo no taxativo [LLobet Rodrí­ guez, Javier: Proceso penal comentado, 6ta. Edición, 2017, p. 402], invariablemente desde una actuación comisiva fraudulenta -así asumidas por las SSTEDH caso Clooth vs. Bélgica, de 12 de diciembre de 1991, párrs. 40 y 44; y, caso Bouchet vs. Francia, de 20 de marzo de 2001, párr. 46- Fijó las siguientes: 1. Destruirá, modi­ ficará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba -en pureza, fuentesmedios de investigación o de prueba, materiales- 2. Influirá para que coimputa­ dos, testigos (incluso víctimas) o peritos -órganos de prueba, fuentes-medios de prueba personales- informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente. 3. Inducirá a otros a realizar tales comportamientos. La sospecha fuerte de estas situaciones -datos o indicadores materiales-, por cierto, consolida que el imputado, por ello, dificultará la meta de esclarecimiento del proceso. Es inad­ misible, como enseñan Roxin - Schünemann, deducir automáticamente la exis­ tencia de este peligro a partir de la posibilidad de entorpecer que se presenta en el caso concreto; antes bien, ese peligro debe estar fundado en circunstancias determinadas [Roxin - Schünemann: Obra citada, p. 376]. Acuerdo Plenario:

Concordancia;

N° 01 -2019/CIJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 48 Art. 270 Peligro de obstaculización

Para el peligro de obstrucción no es legítimo invocar las "necesidades de j 435 la investigación" de manera general y abstracta (doctrina legal vinculante) Debe analizarse la persona, el comportamiento, las relaciones, las condiciones de vida del imputado, todo en relación con el caso concreto y el interés o posibilidad

209

CAP. 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

que tenga el imputado de obstaculizar la prueba [Llobet Rodríguez, Javier: Obra citada, p. 402]. No es legítimo invocar las "necesidades de la investigación" de manera general y abstracta; dicha justificación debe fundamentarse en un peli­ gro efectivo de que el proceso de investigación será impedido por la libertad del acusado [Informe CIDH 2/97, de 11 de marzo de 1997, párr. 34]. Se ha de valo­ rar y concluir, por parte del imputado, una capacidad y aptitud de influir en el hallazgo e integridad de los elementos de convicción, sin que sea suficiente una mera posibilidad genérica y abstracta [conforme: Asencio Mellado, José María: Obra citada, p. 829].

oo Se trata de garantizar lo que la doctrina denomina "protección pasiva" de las fuentes de investigación o de prueba y del proceso, dirigida a obtener la abs­ tención del imputado respecto de determinadas conductas consideradas legal­ mente como determinantes para afectar la actividad de investigación y de prueba [Del Río Labarthe, Got}za\o: Obra citada, p. 221].

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J436

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 49 Art. 270 Peligro de obstaculización

Fines del peligro de obstaculización (doctrina legal vinculante) Son dos los fines a los que se supedita este riesgo: (i) que las fuentes de investi­ gación o de prueba que se pretende asegurar sean relevantes para el enjuicia­ miento del objeto penal, esto es, para la decisión sobre la inocencia o culpabili­ dad del imputado, lo que excluye las fuentes de prueba tendentes a acreditar las responsabilidades civiles; y, (ii) que el peligro de la actividad ilícita del imputado o de terceros vinculados a él sea concreto y fundado, para lo cual se atenderá a la capacidad del imputado para acceder por sí o a través de terceros a las fuen­ tes de investigación o de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos, agraviados, peritos o quienes pudieran serlo [Gimeno Sendra, Vicente: Derecho Procesal Penal, Ira. Edición, Editorial Civitas, 2012, Pamplona, p. 632]. El imputado ha de tener una auténtica capacidad para, por sí solo o por medios de terceros, influir en las actividades tendentes a menoscabar las fuentes-medios de inves­ tigación o de prueba; y, además, desde la garantía de presunción de inocencia, están excluidos como condiciones determinantes del peligro de obstaculización los actos derivados del ejercicio del derecho de defensa del imputado o como respuesta a su falta de colaboración en la investigación [Asencio Mellado, José María: Derecho Procesal Penal, Obra citada, p. 212]. oo La Fiscalía debe aportar datos acerca de la existencia real del riesgo de obs­ taculización, y para tal fin aun cuando venga identificado con un pronóstico de futuro, que como tal es relativamente incierto, debe resultar real y no meramente presunto. Los grados de peligro objetivo y de peligrosidad subjetiva deben ser medidos por el juez ex ante y deben constar ante él los datos Lácticos que

210

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP.

11

evidencian la existencia real del riesgo de obstaculización (STCE 62/2005, de 14 de marzo).

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 50 Art. 270 Peligro de obstaculización

El peligro de obstaculización pretende evitar que el imputado destruya J437 huellas o vestigios materiales del delito (doctrina legal vinculante) El imputado, desde luego, no tiene la obligación de descubrir las fuentes de investigación o de prueba que puedan incriminarle o de aportarlas al proceso -el ius tacendi tiene una jerarquía constitucional enraizada en la garantía de defensa procesal y, además, la verdad no se puede obtener a cualquier precio- El pre­ cepto en cuestión pretende evitar que el imputado destruya huellas o vestigios materiales del delito, o que altere documentación que puede relacionarle con su comisión, o que se concierte con terceros o los intimide para que no declaren la verdad sobre los hechos en su contra, etcétera -en pureza, oculte medios de investigación o de prueba decisivas para el resultado del proceso-; el antídoto contra este riesgo no está destinado a mermar el derecho de defensa, no tiene el rol de instrumento de la investigación, de modo que el juez estuviera facultado para hacer saber al imputado que va a ordenar su ingreso en prisión en función de la actitud que adopte en el proceso de su disposición al esclarecimiento de los hechos [Gimeno Sendra, Vicente: Obra citada, p. 632].

oo En esta misma línea no constituyen circunstancias de las que quepa deducir el riesgo de destrucción probatoria por parte del encausado o datos que en oca­ siones son mencionados como tales, por ejemplo, la complejidad de la causa. Ello es así, explica Gutiérrez de Cabiedes, porque no denota, en modo alguno, el riesgo de destrucción probatoria. Y la imposición de tan grave medida por esta sola circunstancia resultaría, si no muestra de la impotencia del investigador, sí un instrumento de "presión" ilegítima sobre el encausado, no tan lejana de la anti­ gua confessio per torment, es decir, de "tortura indagatoria" [Gutiérrez de Cabie­ des, Pablo: Obra citada, p. 165]. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Fundamento 51 Art. 270 Peligro de obstaculización

Debilitamiento del peligro de obstaculización (doctrina legal vinculante) J438 Es claro, por lo demás, que este peligro, nunca afirmado de manera general y abstracta, se debilita, disminuye o desaparece (i) con el fin de la investigación y con la sumisión del imputado y sus cómplices a juicio -la STEDH caso Muller vs. Francia, de 17 de marzo de 1997, señaló que a partir de la culminación de

211

CAP. 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

la investigación preparatoria no era posible (en principio y según el caso con­ creto, como es obvio) estimar la existencia de riesgo para la obtención de prue­ bas del caso-; (ii) en la proporción y en la medida en que las investigaciones son efectuadas y las pruebas concluidas (SSTEDH caso Letelier vs. Francia, de 26 de junio de 1991, párr. 39; y, caso Tornas! vs. Francia, de 27 de agosto de 1998, párr. 95); o (iii) cuando las personas probablemente intimidadas o corrompidas por el imputado o terceros ya han sido interrogadas suficientemente [Informe CIDH 2/97, párr. 35]. Además, como apunta Kühne, este peligro pierde su razón de ser (iv) cuando los actos de obstaculización ya no son posibles; por ejemplo, cuando los medios de prueba ya han sido asegurados, o bien la única prueba incriminatoria que se podía falsear ya ha sido alterada [Llobet Rodríguez, Javier: Obra citada, p. 402], o cuando no tiene conocimientos ni medios para manipularlos. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 52 Art. 270 Peligro de obstaculización

j439 En el peligro de obstaculización debe evaluarse la concreta disposición del imputado a ocultar pruebas (doctrina legal vinculante) Desde las circunstancias acreditativas del riesgo de obstaculización, estas deben ser tan graves como para no poder ser evitado a través de otra medida de coer­ ción o recurriendo a la medida de seguridad procesal de protección de testigos y peritos. Debe evaluarse la concreta disposición del imputado a ocultar prue­ bas, lo que no implica pocos problemas -determinados hechos, como enseñan Roxin-Schünemann, tienen que fundamentar este peligro [Obra citada, p. 376]-. Consecuentemente, es del caso averiguar, primero, la existencia de conductas previas de destrucción de pruebas que haya podido llevar a cabo el imputado, lo que por lo general ocurre en los primeros momentos de la investigación y cuando se entera que se ha descubierto el delito; y, segundo, cuando ello no sea posible, es de analizar si por el hecho de que esté el imputado en libertad es más sencillo que oculte pruebas -inminente localización de las fuentes y la conve­ niencia de impedir que pueda acercarse a las mismas, o acreditar que se halla en curso la investigación para conseguir la averiguación de dicha localización, aún desconocida por la autoridad, pero que podría ser obstaculizada por el impu­ tado en caso de estar en libertad- [Nieva Fenoil, Jordi: Obra citada, pp. 288-289]. Acuerdo Plenario: Concordancia:

212

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 53 Art. 270 Peligro de obstaculización

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP. 11

El peligro de obstaculización incide en riesgos de la comisión, por el impu­ J440 tado, de conductas determinadas que develen su intención de suprimir las pruebas (doctrina legal vinculante) Este peligro incide en riesgos de la comisión, por el imputado, de conductas determinadas que develen su intención de suprimir las pruebas. Si se trata de pruebas materiales el imputado ha de tenerlas en su poder o deben estar a su disposición de forma indirecta a través de terceros vinculados. Si se trata de prue­ bas personales, el imputado debe tener una determinada capacidad razonable de influencia de los testigos -agraviados incluidos-, peritos o coimputados [con­ forme: Pérez López, Jorge: Obra citada, p. 7. SSTEDH caso Wemhoff vs. Alemania de 27 de junio de 1968, párr. 14; casoTomasi vs. Francia, de 27 de agosto de 1992, párrs. 92-95].

Acuerdo Plenario; Concordancia:

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 54 Art. 270 Peligro de obstaculización

El peligro de obstaculización a diferencia del peligro de fuga no se J441 extiende en el tiempo con la misma virtualidad que este último peligro (doctrina legal vinculante) Es de tener presente que el peligro de obstaculización, desde una perspectiva dogmática, a diferencia del peligro de fuga, por lo general, no se extiende en el tiempo con la misma virtualidad que este último peligro. Es una causal de menor entidad expansiva en orden al tiempo de vigencia de la medida -no puede tener eficacia o utilidad durante el curso íntegro de la investigación y del enjuicia­ miento, a diferencia del peligro de fuga que sí puede tener esa presencia-, pues tal peligro de obstaculización es posible que pueda ser eliminado con la utiliza­ ción efectiva de medidas de protección, ocupación o incautación de fuentes de prueba material y anticipación probatoria en el caso de la prueba personal. Por ende, el plazo de duración debe ser tendencialmente más breve y no necesaria­ mente igual que el correspondiente al peligro de fuga [conforme: Llobet Rodrí­ guez, Javier: Obra citada, p. 402. Nieva Fenoll, Jordi: Obra citada, p. 289]. Su plausibilidad, por lo común, es patente en los primeros momentos de la investigación, pero en un plazo más breve que el previsto para el peligro de fuga, pues ordina­ riamente hay medidas menos dañosas para la libertad del encausado y que igual­ mente aseguran el material probatorio. Entonces, se deberá practicar tan pronto sea posible los registros pertinentes, tomar declaración a los testigos supuesta­ mente susceptibles de ser influidos, etcétera, y para ello no son necesarios tiem­ pos prolongados [Sánchez-Vera Gómez-Trelles, Javier: Obra citada, pp. 47-48]. oo Asencio Mellado, con acierto, postula que no puede trazarse en abstracto una equiparación temporal entre los peligros de fuga y de obstaculización, que en este último caso, como quiera que es posible una labor inmediata de asegura­ miento de los elementos y fuentes de prueba e, incluso, su práctica anticipada, el

213

CAP, 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

plazo de la prisión preventiva debe reducirse [Asencio Mellado, José María: Obra citada, p. 823].

oo Sin embargo, en casos de organización criminal o de banda criminal, por sus propias características, el riesgo objetivo de obstaculización es más intenso desde un primer momento y puede prolongarse consistentemente en el tiempo, tanto más si el aseguramiento de las fuentes de investigación o de prueba puede ser difícil o complicado y prolongado, en especial de las fuentes personales que requerirán, de ser el caso, en función a las necesidades de protección, anticipa­ ciones probatorias (artículos 247 y 242 del Código Procesal Penal). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J442

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 55 Art. 270 Peligro de obstaculización

El plazo de prisión preventiva no puede ser fijado desde una perspectiva abstracta (doctrina legal vinculante) El plazo, que ha de ser fijado por el juez en el auto de prisión preventiva, previa petición fundamentada y específica del fiscal, como se indicó, no puede esta­ blecerse desde una perspectiva abstracta, sino de acuerdo con las particulari­ dades de cada caso; y, si se prolonga o prorroga, debe mediar una sustentación apoyada en razones relevantes y suficientes que la justifiquen, a través de una motivación particularmente convincente [Informe CIDH, sobre el uso de la pri­ sión preventiva en las Américas, de 30 de diciembre de 2013, párr. 177]. Incluso, es de tener presente que, sin rebasarse tales plazos, también puede vulnerarse este derecho fundamental si el proceso queda paralizado sin causa de justifi­ cación alguna -es decir, existencia de tiempos muertos- y sin que pueda atri­ buirse a una conducta obstruccionista, dolosa o negligente de la defensa la dila­ ción indebida o paralización del procedimiento (conforme: STCE 206/1991, de 30 de octubre). oo Para fijar el plazo de la prisión preventiva se ha de tener en cuenta (i) la dimen­ sión y complejidad de la investigación, así como las demás actividades del pro­ ceso en sede intermedia y de enjuiciamiento -a partir del análisis de la disposi­ ción fiscal de formalización y continuación de la investigación preparatoria y de los nuevos aportes que pueda fundar el fiscal, así como de los argumentos de la defensa-; (ii) la gravedad y extensión del delito imputado; (iii) la dificultad y canti­ dad de actos de investigación que sea menester llevar a cabo; (iv) las actuaciones de investigación ya realizadas -especialmente en sede de diligencias prelimina­ res-; (v) la necesidad o no de realizar actos de cooperación judicial internacional; (vi) la obligación, por la naturaleza de los hechos investigados, de realizar activi­ dades periciales complejas; (vii) la presencia o ausencia de los imputados en la causa y el comportamiento procesal de estos últimos; (viii) el riesgo de fuga sub­ yacente y las posibilidades de conjurar el riesgo de obstaculización mediante anticipación probatoria o incautaciones de documentos, entre otras.

214

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP.

oo La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia, respecto de la complejidad del asunto, señaló diversos criterios. Entre ellos, la compleji­ dad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales o la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la comisión del delito, las características del derecho interno de los Estados, y el contexto en que ocurrieron los hechos -entre otras, SColDH caso Furian vs. Argentina, de 31 de agosto de 2012- Respecto de la acti­ vidad procesal del interesado, un criterio a tomar en cuenta es si los sujetos pro­ cesales realizaron las intervenciones en los procesos que le eran razonablemente exigibles -entre otras, SColDH caso Fornerón e hija vs. Argentina, de 27 de abril de 2012, párr. 69oo Desde luego, no se pueden dictar reglas fijas ni estipular tiempos estandariza­ dos, pero los criterios arriba enunciados apuntan a racionalizar la determinación del plazo de duración de la prisión preventiva en cada caso en particular. La pauta que, desde otra perspectiva, debe tenerse en cuenta es que el fiscal, en casos de prisión preventiva, está obligado a realizar actos de investigación con la razona­ ble celeridad que merece un preso preventivo, quien es además un presunto ino­ cente -garantía examinada desde la perspectiva de regla de tratamientoAcuerdo Plenario:

Concordancia:

N“ 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 57 Art. 272 Duración de la prisión preventiva

En casos de sucesión de leyes de prisión preventiva se debe aplicar aque­ J443 lla ley que es más favoraÚe a la libertad del procesado (doctrina legal vinculante) Por otro lado, en materia de sucesión de leyes sobre prisión preventiva en el tiempo, por su implicancia en el derecho fundamental material de libertad per­ sonal, se debe aplicar, entre la norma que la reguló y que decidió la medida y la norma posterior, aquella que es más favorable a la libertad personal (aplicación retroactiva más favorable) -así lo dispone el artículo Vil, apartados 1 y 2, del Título Preliminar del Código Procesal PenalAcuerdo Plenario: Concordancia:

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 58 Art. 272 Duración de la prisión preventiva

No puede considerarse como práctica dilatoria el ejercicio de los dere­ J444 chos procesales por parte del imputado (doctrina legal vinculante) Es pertinente anotar, respecto de la fijación del plazo de la prisión preventiva, que, en ningún caso, pueden erigirse como causa de justificación las dilaciones indebidas, ni la sobrecarga de trabajo, protagonizadas por una fiscalía determi­ nada (salvo que esa causa sea meramente coyuntural y el Estado prontamente

CAP. 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

la remedie). Un factor a examinar es, como se anotó, el comportamiento sinuoso del imputado o su defensa -actividad de defensa obstruccionista-, como por ejemplo: introducir prueba falsa, amenazar testigos, destruir documentos, fugarse u ocultarse, no comparecer injustificadamente, cambiar permanente­ mente de defensores para lograr la demora o cuando una organización crimi­ nal que le protege mediante coacciones constantemente a los defensores para que renuncien a fin de obstaculizar el proceso, o interponer impugnaciones que, desde su origen y de manera manifiesta, se encontraban condenadas a la deses­ timación (STC 4124-2004-HC/TE, de 29 de diciembre de 2004). oo En cambio no puede considerarse como práctica dilatoria el ejercicio de los derechos procesales por parte del imputado. La actividad investigativa de la fis­ calía, como es de enfatizar, ha de ser diligente, y ha de ser examinada a la luz de la complejidad del caso y de lo que en efecto realizó. Así: SSTEDH caso Tomasi vs. Francia, de 27 de agosto de 1992; caso Van derTang vs. España, de 13 de julio de 1995; caso Buchholz vs. Alemania, de 6 de mayo de 1981; caso LA. vs. Francia, de 23 de septiembre de 1998, párr. 111; caso Lukoic vs. Servia, de 26 de marzo de 2013, párr. 46; y Zimmermann y Steiner vs. Suiza, de 13 de julio de 1983; y, caso Labita vs. Italia, de 6 de abril de 2000, párr. 152. SColDH caso Suárez Rosero vs. Ecuador, de 12 de noviembre de 1997, párr. 72. Informe CIDH 46/13, de 2013, de 30 de diciembre, párr. 166-169. oo El Tribunal Constitucional ha incorporado otro supuesto de conducta mali­ ciosa o conducta obstruccionista del imputado, que en todo caso debe ser pro­ bada por la fiscalía. Se trata de las premeditadas faltas a la verdad que desvíen el adecuado curso de las investigaciones. Es verdad que el imputado tiene derecho al silencio y a no confesarse culpable -expresiones del ius tacendi-, en tanto que a la fiscalía le corresponde acreditar los hechos constitutivos de la infracción y de la culpabilidad, pero "[...] ello no le autoriza -al imputado- para que mediante actos positivos se desvíe el camino del aparato estatal en la búsqueda de la ver­ dad dentro del proceso" [STC 0376-2003-FIC/TC. Cáceres Juica, Roberto: Las medi­ das de coerción procesal, Editorial IDEMSA, Lima, 2006, p. 27]. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J445

N° 01-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 59 Art. 272 Duración de la prisión preventiva

Las audiencias de prisión preventiva excepcionalmente pueden durar horas (doctrina legal vinculante) El juez de la Investigación Preparatoria debe cuidar que el conocimiento de los cargos y de las fuentes-medios de investigación o de prueba sea efectivo; y, a su vez, cumplido este cometido, debe garantizar un debate contradictorio que incida en lo esencial y permita debatir concisamente lo nuclear de la preten­ sión del fiscal y de la resistencia de la defensa. No es de recibo que el juez con­ sienta una exagerada y tediosa exposición de la pretensión y de las resistencias,

216

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP. 11

más aún si en el primer caso esta se ha expresado por escrito y fundadamente. Estas audiencias, salvo casos excepcionales, no pueden durar horas y horas, y con réplicas y dúplicas reiterativas, o intervenciones secuenciales interminables o repetitivas según cada presupuesto material de la prisión preventiva requerida. Su enfoque debe ser unificado e integrado a fin de relievar el argumento princi­ pal y consolidar la pretensión o la resistencia.

oo No puede continuar una desnaturalización tan desmedida del tiempo de inter­ venciones, y que implícitamente se aliente la desmesura y la confusión, así como se desnaturalice la indispensable claridad de los argumentos e, indirectamente, se facilite un intercambio de agravios o calificaciones personales entre la fiscalía y la defensa. El juez debe precisar el tiempo-único-que las partes tienen para fijar sus pretensiones y resistencias, el cual debe definirse en función a las característi­ cas de la causa; y, además, debe cuidar que las intervenciones incidan en lo rigu­ rosamente necesario o imprescindible. Desde esta perspectiva el artículo 20 del Reglamento de Audiencias, aprobado por la Resolución Administrativa N° 0962006/CE-PJ, estipula que el juez dará el uso de la palabra a quien cuyo pedido motivó la audiencia; y, luego, dará el uso de la palabra por igual término a las demás partes, sin perjuicio de intervenir en el momento que lo considere perti­ nente a fin de solicitar precisiones y esclarecimientos de las alegaciones. oo El destinatario de los debates contradictorios es el juez. Estos, como es obvio, se sustentan tanto en la ley como en los medios-fuentes de investigación o de prueba acompañados a la audiencia por el fiscal y las partes, datos que el juez siempre revisará -no es suficiente la mera referencia de las partes-, pues es a él [que] corresponde verificar la correspondencia de las afirmaciones fácticas de las partes con los hechos discutidos y las exigencias de la ley, así como los datos o medios de fuentes-medios de investigación o de prueba expuestos en su desa­ rrollo -no es de recibo, por tanto, lo prescripto en la última oración del artículo 22 del ya citado Reglamento de Audiencias, en el sentido de que: "La decisión, sin embargo, se basará fundamentalmente en información que surja del debate contradictorio realizado en audiencia"-. El juez, en ejercicio de su potestad juris­ diccional, al decidir, de un lado, debe controlar la pertinencia y coherencia de las argumentaciones, su correspondencia con los hechos y el material instructorio o probatorio, su validez jurídica, y apreciar las fuentes-medios de investigación o de prueba conforme a la sana crítica judicial; y, de otro lado, ponderarlos razona­ mientos jurídicos de las partes. oo Será del caso, en consecuencia, fijar un plazo único de duración de las inter­ venciones -tendencialmente breve- y ser muy exigente con el rigor expositivo, la concisión y lo esencial de los argumentos acusatorios o defensivos -las expo­ siciones han de ser verdaderas, desde los datos de la causa -con información de calidad-, sucintas y enfocarse en los aspectos centrales del caso- El juez tiene la dirección material de la audiencia -no ha de permanecer pasivo- y debe, por tanto, ejercer sus poderes de dirección para evitar todo tipo de desnaturalización de la audiencia de prisión preventiva y, a su vez, garantizar su brevedad y rigor.

217

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

Acuerdo Plenario;

Concordancia:

J446

N° 01-2019/CIJ-116(10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 67 Art. 271 Audiencia y resolución de prisión preventiva

En el acta de la audiencia de prisión preventiva debe quedar fijada la resolución, su explicación, sentido y decisión, con los elementos que la constituyen (doctrina legal vinculante) La necesidad de una interpretación que opte por un criterio axiológico y teleológico, conforme a la razón esencial de la disposición legal que informa determi­ nada institución jurídica, se impone. Se trata, en suma, de que la resolución del juez pueda ser conocida y se estabilice en un medio determinado a tono con la tecnología más actualizada, cierto y seguro, que evite alteraciones en su texto o su desaparición y procure su debida difusión cuando corresponda. Por tanto, es de rigor, frente a toda contingencia, primero, que en el acta de la audiencia quede fijada la resolución, su explicación, sentido y decisión, con los elementos que la constituyen -recuérdese que toda actuación procesal se documenta en el acta (artículo 120, apartado 1, del Código Procesal Penal)-; y, segundo, que en el audio o video quede debidamente registrado lo acon­ tecido en la misma (reproducción audiovisual de la actuación procesal: artículo 120, apartado 3, del citado Código) y, especialmente, las expresiones del juez, mediante la palabra hablada, que constituyen la base material de la resolución oral. Debe evitarse, mediante el respeto a estas reglas, que la reproducción de audio o audiovisual pueda, por dolo, negligencia o accidentalmente, borrarse -total o parcialmente- o alterarse, y para ello el acta sigue siendo indispensa­ ble, bajo las directivas del artículo 120, apartado 2, del Código Procesal Penal. Por ende, la documentación de la actuación procesal, materia de la audiencia de pri­ sión preventiva, a través del acta no puede eludirse en modo alguno. Acuerdo Plenario;

Concordancia:

J447

N° 01 -2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 71 Art. 271 Audiencia y resolución de prisión preventiva

El Juez de Investigación Preparatoria tiene la facultad de resolver la prolongación de la prisión preventiva en cualquier estadio procesal (doctrina legal vinculante) Es el Juez de la Investigación Preparatoria el que, garantizando el derecho de las partes, deberá citarlos a la audiencia de prolongación de prisión preventiva, escenario en el que evaluadas las circunstancias propuestas resuelva el pedido, atendiendo y analizando debidamente la posición de las partes, ello en el esta­ dio en el que se encuentre el proceso, sin que tal situación signifique que la Sala Penal Superior ai resolver el tema de fondo pueda desconocer lo resuelto por el Juez de la Investigación Preparatoria con los efectos perniciosos que se pudieran

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CÁPo

obtener para el proceso, como sería el hecho de que en los casos que se declare la nulidad de la sentencia de primera instancia, el encausado quede en libertad y se sustraiga a la acción de la justicia. Casación: Concordancia:

N° 328-2012-lca (17/10/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 5,6,7 y 8 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva Art. 277 Conocimiento de la Sala

La prórroga o ampliación de la prisión preventiva no existe en el ordena- j 443 miento procesal penal peruano (doctrina legal vinculante) La prórroga (o ampliación) no está prevista legalmente en el Código Procesal Penal. En consecuencia, el requerimiento del fiscal con la denominación de pro­ rroga o ampliación no existe; por lo que, cuando se ha solicitado aquello, ante el vencimiento del plazo máximo de prisión preventiva y/o del plazo judicial esta­ blecido inferior, el imputado deberá ser excarcelado, salvo que con arreglo al artículo 274 CPP, solicitare el Ministerio Público la prolongación del plazo de pri­ sión preventiva. Casación: Concordancia:

N° 147-2016-Lima (06/07/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 2.2.3 y 2.2.4 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

La prolongación de la prisión preventiva requiere del cumplimiento acu- j 449 mulativo de dos presupuestos (doctrina legal vinculante) Requiere acumulativamente dos presupuestos; i) Una especial dificultad o pro­ longación de la investigación o del proceso. Por especial dificultad se entiende la concurrencia de circunstancias que obstaculizan la realización de determinada diligencia, la práctica de alguna pericia o alguna circunstancia propia de la con­ ducta del imputado, elementos de juicio objetivos posteriores al dictado de la prisión preventiva primigenia y su impugnación. La ley no establece que deban existir nuevos elementos o actos que sustenten este requisito, pues el Juez al momento de determinar el plazo de prisión preventiva pudo no tener en cuenta en su real dimensión estas particularidades que le dan complejidad al caso, ii) Que el imputado pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria, que no se establece en función a un reexamen de lo ya resuelto en la prisión preventiva a propósito del peligro procesal, sino sobre la base del análisis sobre si dichas condiciones subsisten o se mantienen. Casación:

Concordancia:

N° 147-2016-L¡ma (06/07/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.4.2 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

CAP. 11 J450

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

La prolongación de la prisión preventiva procede en los casos en que haya vencido un plazo menor o igual al máximo legal Cabe precisar que si el representante del Ministerio Público requirió prisión pre­ ventiva por un plazo menor o igual al máximo establecido en el artículo doscien­ tos setenta y dos del Código Procesal Penal, agotado lo concedido por el Juez, el Fiscal -en atención al principio de legalidad- podrá requerir únicamente la pro­ longación de esta medida limitativa de derecho, contemplada en el numeral uno del artículo doscientos setenta y cuatro del citado texto legal; es decir, una vez dictada la prisión preventiva por un plazo menor al máximo legal, no es posible la ampliación del plazo, sino la prolongación de la prisión preventiva; conforme ha quedado establecido en la Casación número ciento cuarenta y siete -dos mil dieciséis- Lima, fundamento dos. dos. cuatro. Casación;

Concordancia;

J451

N° 708-2016-Llma (13/09/2016). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2.4.2 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

La nulidad de la sentencia deviene en la nulidad de la prolongación de la prisión preventiva manteniéndose el plazo vigente En el supuesto que se declare nula la sentencia condenatoria, lo que se anula automáticamente es solo el tiempo de prolongación de la prisión preventiva, manteniéndose -de ser el caso- vigente la prisión preventiva preexistente a la sentencia condenatoria. Así en el supuesto que al tiempo que se dicte la resolu­ ción que anula la sentencia condenatoria, esté computándose la prolongación de la prisión preventiva, al quedar esta anulada, corresponderá se dicte la libertad del procesado. Sin embargo, si aún se está computando el plazo de prisión pre­ ventiva preexistente a la sentencia, continuará corriendo este plazo, generando la posibilidad de que se solicite su prolongación conforme a ley. Casación; Concordancia;

J452

N° 778-2015-Puno (12/04/2017). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 22 Art. 274 inc. 4 Prolongación de la prisión preventiva

La duración de la medida de prisión preventiva sigue un plazo pro­ pio independiente de la duración del proceso penal (doctrina legal vinculante) La medida de prisión preventiva tiene, entre otras, como nota característica pro­ pia la "temporalidad" (artículo 272 del Código Procesal Penal). Con independen­ cia de la duración del proceso, la prisión preventiva está sujeta a un plazo tem­ poral específico, propio -se acogió el denominado "sistema de plazos"-. Los objetivos que persigue la Ley Procesal Penal con esta regulación son, por un lado,

220

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP.

11

ofrecer una garantía de seguridad, de manera que el afectado por la medida de prisión preventiva sepa o pueda saber que esta nace con un fin o término tem­ poral predeterminado legalmente y, por otro, ayudar a la evitación de posibles dilaciones indebidas.

Acuerdo Plenario Ext.: N° 1-2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ Concordancia:

sitoria. Doctrina legal: fundamento 12 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

La duración del plazo de prisión preventiva debe ser respetuoso del prin­ cipio de proporcionalidad (doctrina legal vinculante) El plazo de la prisión preventiva está informado por el principio de proporciona­ lidad que, en este caso, responde al derecho fundamental a la libertad personal, cuya restricción, (i) más allá de que debe acordarse para situaciones importantes y graves -requisitos de necesidad, idoneidad y proporcionalidad estricta: la pri­ sión preventiva debe ser imprescindible para conseguir el fin perseguido, ade­ cuada para evitar el periculum Ubertatisy razonable en función a la gravedad del delito o a su trascendencia social y a la pérdida de libertad consiguiente; ii) está sujeta al tiempo rigurosamente necesario para salvar el buen fin del proceso: normal desarrollo del proceso y ejecución del fallo, esto es, prevenir los riesgos o peligros de fuga o de obstaculización.

Acuerdo Plenario Ext: N° 1 -2017/CiJ-l 16 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ Concordancia;

sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 12 Art. 272 Duración de la prisión preventiva

Los plazos de duración de la prisión preventiva una vez cumplidos surte J454 su eficacia preelusiva (doctrina legal vinculante) Pero que en relación con los plazos iniciales, del artículo 272 del Código Pro­ cesal Penal, denota la primacía del principio de necesidad sobre el de seguri­ dad, aunque la concepción del sistema se base en que tales plazos prolonga­ dos no son superables bajo ningún concepto, ni siquiera en virtud del principio de necesidad, de suerte que una vez cumplidos, si juegan ya, de modo incon­ dicionado, la temporalidad y la certeza y su eficacia preelusiva y enervadora de la medida.

Acuerdo Plenario Ext.: N° 1-2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ Concordancia;

sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 15 Art, 272 Duración de la prisión preventiva

221

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

J455

El estándar jurídico para determinar el plazo razonable de la prisión pre­ ventiva está compuesto por elementos defínidos por la Jurisprudencia supranacional (doctrina legal vinculante) Como se trata de plazos máximos, el criterio de legitimidad de la duración de la prisión preventiva es el del plazo razonable. El estándar jurídico para determi­ nar el plazo razonable de la prisión preventiva ha de ser integrado en cada caso concreto, como se ha precisado en la STEDH Coral de 30 de octubre de 2003, mediante el examen de la naturaleza y complejidad del proceso, de la actividad desplegada por la autoridad pública -fiscalía y judicatura, en su caso- y del com­ portamiento del imputado en cárcel; así como, más específicamente, a la grave­ dad del delito imputado (STEDH Tomasi de 27 de agosto de 1992), y al riesgo de fuga y complejidad del procedimiento (STEDH van del Tang de 15 de julio de 1995). Acuerdo Plenario Ext.: N° 1 -2017/CIJ-t 16 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 13 Concordancia: Art. 272 Duración de la prisión preventiva

J456

No es posible adecuar el plazo ordinario de prisión preventiva si existe una norma procesal posterior que establece un plazo distinto (doctrina legal vinculante) En el caso del plazo ordinario de duración de la prisión preventiva (artículo 272 del Código Procesal Penal), desde luego, la regla es que si se dictara una nueva ley procesal penal no sería de aplicación cuando ya se emitió la resolución de coerción o cautelar y su ejecución efectiva ya se inició. Si, por ejemplo, ya se impuso y se está ejecutando el mandato de prisión preventiva conforme a la dis­ posición vigente del artículo 272 del Código Procesal Penal, al amparo de una nueva ley procesal que extiende el plazo no puede aceptarse tal "ampliación" del mismo plazo ordinario de prisión preventiva bajo el argumento de que se está, verbigracia, ante un proceso de criminalidad organizada; la ley no permite una ampliación, menos una adecuación, en estos casos, tanto más si ello importaría una aplicación retroactiva desfavorable al imputado. Acuerdo Plenario Ext.: N° 1-2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 24 Concordancia: Art. Til Duración de la prisión preventiva

J457

Se deben cumplir presupuestos materiales y formales estrictos para la prolongación de la prisión preventiva (doctrina legal vinculante) La prolongación del plazo de la prisión preventiva se encuentra expresamente reconocida por el artículo 274 del Código Procesal Penal. Esta disposición legal fija presupuestos materiales y presupuestos formales estrictos para acordarla, de los que se deriva que la prolongación siempre debe tener un carácter excepcional.

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAR

Los primeros, sin perjuicio de la subsistencia de los motivos que determinaron la medida de prisión son tres, siempre concurrentes. Uno de ellos es nuevo, es decir, independiente de los presupuestos materiales fundacionales de la prisión pre­ ventiva, mientras que el segundo incide en la subsistencia del periculum liberta­ tis. riesgos de fuga o de obstaculización.

Acuerdo Plenario Ext: N° 1 -2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­

Concordancia:

sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 14 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

Los presupuestos materiales de la prolongación de prisión preventiva son j 453 la especial dificultad, subsistencia del peligro procesal y el plazo límite de la prolongación (doctrina legal vinculante) El primer presupuesto material de la prolongación de la prisión preventiva exige la concurrencia de %..) circunstancias que importen una especial dificultad o pro­ longación de la investigación o del proceso (...)". El segundo presupuesto material demanda la subsistencia de que el imputado"(...) pudiera sustraerse a la acción de la justicia u obstaculizar la actividad probatoria El tercer presupuesto material es el plazo límite de prolongación: (i) procesos comunes: hasta nueve meses adi­ cionales; (ii) procesos complejos: hasta dieciocho meses adicionales; y, (iii) proce­ sos de criminalidad organizada: hasta doce meses adicionales.

Acuerdo Plenario Ext: N° 1 -2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ Concordancia:

sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 15 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

La acreditación de la especial dificultad para la prolongación de la prisión j 459 preventiva debe emanar del propio proceso (doctrina legal vinculante) El primer presupuesto material requiere que se acrediten, concurran o estén pre­ sentes "(...) circunstancias que importen una especial dificultad o prolongación de la investigación o del proceso (...)". Debe tratarse de eventualidades que por su propia naturaleza se diferencian de lo común o general, que están por encima de lo normal o habitual, de suerte que traen como consecuencia una tardanza o demora en la práctica de tales actos procesales y la necesidad de su reprograma­ ción o de una actividad procesal adicional no prevista. Se toman en cuenta las necesidades del momento procesal que deben dictarse y las circunstancias que atraviesa la causa. Acuerdo Plenario Ext: N° 1-2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ Concordancia:

sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

11 J460

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

El Juez de investigación preparatoria y la Sala Penal de Apelaciones deben determinar la concurrencia de los antecedentes tácticos que justifiquen la prolongación (doctrina legal vinculante) No está de más enfatizar que a los jueces de mérito (de primera instancia y de apelación) les compete en exclusiva determinar en cada caso la concurren­ cia y valoración de los antecedentes fácticos justificativos de la prisión preven­ tiva y de su prolongación, puesto que ellos son los únicos que, en la medida de lo posible, gozan de la inmediación necesaria para ello. A la Corte Suprema -si decide excepcionalmente examinar en casación una resolución de esta natura­ leza- solo le corresponde controlar que la justificación de la restricción misma, articulada a través de la correspondiente motivación, se lleve a cabo ponde­ rando los derechos e intereses en conflicto y resolviendo de forma acorde con los fines legítimos que permiten justificar la limitación coercitiva de la libertad personal. Acuerdo Plenario Ext.: N° 1 -2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 17 Concordancia: Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

J461

El presupuesto de la especial dificultad debe basarse en circunstancias o actos imprevisibles fuera del curso normal del proceso penal (doctrina legal vinculante) Es evidente que el plazo de la prisión preventiva, como un todo: plazo ordinario y plazo prolongado, está sometido, como no puede ser de otro modo, al princi­ pio de proporcionalidad. Ello significa que el plazo global de la prisión preventiva no puede superar lo razonable. Es determinante, entonces, para apreciar la pro­ cedencia de la prolongación de la prisión preventiva, que se esté ante un proce­ dimiento en el que se han presentado, para la actuación de actos de aportación de hechos, circunstancias imprevisibles, ai margen de la actividad regular reali­ zada por el órgano investigador y, en su caso, de enjuiciamiento, que frustren una planificación razonable de uno o varios de dichos actos procesales por no estar bajo su control adelantarlos. Acuerdo Plenario Ext.: N” 1-2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 18 Concordancia: Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

J462

La gravedad de los hechos que sustentan la prolongación de prisión pre­ ventiva debe ser apreciada en su vertiente formal y material (doctrina legal vinculante) La gravedad de los hechos -desde la perspectiva formal de pena conminada o desde la perspectiva material de trascendencia social del hecho-, el número de

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP.

11

los posibles afectados o imputados, y la necesidad de practicar comunicaciones o pruebas a lugares lejanos (STCE 127/1984, de 26 de diciembre).

Acuerdo Plenario Ext: N° 1-2017/CU-l 16 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ Concordancia:

sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 18 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

El riesgo de fuga y obstaculización como presupuestos de la prolonga­ J463 ción de prisión preventiva requieren de una valoración de los elementos de convicción que lo sustentan (doctrina legal vinculante) 2. La persistencia del periculum libertatis -el riesgo de fuga, en lo específico, ha de ser valorado de forma concreta e individualizada, y los elementos de con­ vicción deben examinarse en forma conjunta, combinadamente, de modo que unos y otros se valoren en su significación atendido a un resultado final derivado de la consecuencia favorable o adversa de cada uno a la presunción de fuga o de permanencia; mientras el riesgo de obstaculización, en lo pertinente, debe ser concreto, contrastado con los datos de la causa, y efectivo, con influencia para causar un real daño a la causa en trámite. Acuerdo Plenario Ext: N° 1-2017/CIJ-l 16 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ Concordancia:

sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 18 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

No es admisible una prolongación de prisión preventiva que responda a J464 subsanar dilaciones indebidas (doctrina legal vinculante) En la misma perspectiva estipulada en el punto cuarto anterior, no se puede acep­ tar una prolongación de la prisión preventiva si el proceso penal quedó parali­ zado sin causa de justificación alguna que la legitime y sin que pueda atribuirse a una conducta obstruccionista, dolosa o negligente, de la defensa la dilación indebida o paralización del procedimiento (STCE 206/1991, de 30 de octubre). El deber de especial diligencia procesal -se ha de actuar sin dilaciones indebidastiene una estrecha relación con el principio de necesidad que informa la prisión preventiva, pues los motivos que la justifican depende en gran medida del pro­ greso (duración y rapidez) de la causa; y a la inversa: el cumplimiento de los pla­ zos máximos (y por ende, de la finalidad preventiva) requiere la debida diligencia en la tramitación del proceso.

Acuerdo Plenario Ext: N° 1 -2017/CIJ-l 16 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ Concordancia:

sitoria. Doctrina legal: fundamento 18 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

225

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

J465

La solicitud de prolongación de prisión preventiva debe ser presentada antes del vencimiento del plazo de prisión preventiva (doctrina legal vinculante) Los presupuestos formales son: Primero, solicitud fundamentada del Fiscal, presentada antes del vencimiento del plazo de prisión preventiva -vencido el plazo de prisión preventiva no es posible intentar una prolongación: la lesión en que consiste el incumplimiento del plazo no se subsana por el intempestivo acuerdo de prórroga adoptado una vez superado este: STCÉ 121/2003, de 16 de junio; se trata de un plazo de caducidad, por lo que vencido el plazo, la liber­ tad debe ser dispuesta inmediatamente conforme al artículo 273 del Código Procesal Penal. Acuerdo Plenario Ext.: N° 1-2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 15 Concordancia: Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

J466

Es un presupuesto formal de la prolongación de prisión preventiva, la realización de una audiencia con presencia del fiscal, el imputado y su abogado defensor (doctrina legal vinculante) Segundo, realización de una audiencia ante el Juez de la Investigación Preparato­ ria, realizada dentro del tercer día de presentado el requerimiento, con la asisten­ cia del Fiscal, el imputado y su defensor -un procedimiento distinto es el previsto en la etapa intermedia, cuando el Fiscal en la acusación escrita solicita la prolon­ gación al amparo del artículo 349, apartado 4, del Código Procesal Penal, el cual se sujeta al trámite previsto en los artículos 351 y siguientes del aludido Código, en especial 353, apartado 3, del mismo- Tercero, resolución fundada dictada al finalizar la audiencia o dentro de las setenta y dos horas siguientes, contra la cual procede recurso de apelación. Acuerdo Plenario Ext.: N° 1 -2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 15 Concordancia: Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

J467

La adecuación de la prolongación debe solicitarse antes del vencimiento del plazo ordinario de la prisión preventiva (doctrina legal vinculante) En cuanto a la prolongación de la prisión preventiva, como es una institución procesal diferente a la del plazo ordinario de la prisión preventiva -tiene sus pro­ pios presupuestos materiales y formales-, la situación jurídica del preso preven­ tivo puede dilucidarse conforme a la nueva ley que instaure o configure la pro­ longación de la prisión preventiva por plazos mayores incluso, claro está siempre que proceda y se solicite antes del vencimiento del plazo ordinario de prisión preventiva. Distinto sería el caso si el preso preventivo ya estuviere con el plazo

LA PRISIÓN PREVENTIVA

CAP.

de prisión preventiva prolongado, supuesto en el que la aludida regla de excep­ ción sería aplicable: no es posible, por consiguiente, extender el plazo prolon­ gado conforme a la nueva ley. Acuerdo Plenario Ext.: N° 1 -2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­

Concordancia:

sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 25 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

La adecuación de la prolongación de prisión preventiva con base en j nueva normativa solo establece un límite de vencimiento y no es un nuevo plazo (doctrina legal vinculante) Es pertinente resaltar que, como se trata de una simple adaptación del plazo ya prolongado, el plazo otorgado vía adecuación no se suma al plazo ya acor­ dado anteriormente al prolongarse la medida de prisión preventiva. No se parte de cero. No se realiza un nuevo cómputo. Continúa el "viejo" plazo y, por ende, solo se fija un nuevo techo a la prolongación anteriormente dispuesta -siempre dentro del plazo legalmente previsto- Por ejemplo, si inicialmente se otorgó seis meses de prolongación del plazo de prisión preventiva, bajo la premisa que era un proceso común; y, luego, se advierte que el proceso es de criminalidad orga­ nizada, el tope sería de hasta seis meses más, porque este solo es de doce meses. Lo que no se adecúa es el plazo originario u ordinario de prisión preventiva.

Acuerdo Plenario Ext.: N° 1-2017/CIJ-116 (13/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­

Concordancia:

sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 23 Art. 274 Prolongación de la prisión preventiva

El juez penal (unipersonal o colegiado) puede pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso de apelación sobre el auto de prisión preventiva en el proceso inmediato Como debe propenderse a la efectividad del derecho al recurso legalmente pre­ visto -que integra la garantía de tutela jurisdiccional-, tal situación no impide que el Juez Penal se pronuncie por la admisión o inadmisión de dicho recurso y, en su caso, eleve copia certificada de los actuados a la Sala Penal Superior. Negar esa posibilidad, a partir de una concepción formalista, en el sentido de que quien debe pronunciarse acerca del recurso es el Juez de la Investigación Preparato­ ria, sería restringir irrazonablemente el derecho de tutela jurisdiccional o, en su caso, propender a una dilación indebida de la causa con el objetivo de que el último Juez sea quien califique la impugnación. Recuérdese que quien absuelve el grado es el Tribunal Superior, no el Juez Penal.

Acuerdo Plenario Ext.: N° 2-2016/CJ-116 (01/06/2016). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Fundamento Jurídico 24

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

Concordancia;

j470

Art. 447 inc. 4 Audiencia única de incoación del proceso inmediato en casos de flagrancia Art. 278 Apelación contra el auto de prisión preventiva

1-3 debida motivación del auto de la Sala Superior que confirma la pri­ sión preventiva requiere la motivación interna y externa y la claridad de la exposición En el caso de que dicho auto sea apelado, corresponde a la Sala de Apelaciones, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 278 del Código Pro­ cesal Penal, pronunciarse ai respecto, previa vista de la causa. El referido artículo es explícito en señalar que la decisión, esto es, el auto sobre prisión preventiva en vía de apelación, deberá ser "debidamente motivado". Si bien las resoluciones judiciales restringen derechos fundamentales deben estar especialmente moti­ vadas, de una interpretación sistemática de los artículos 271 y 278 del Código Pro­ cesal Penal, a la luz del bloque de constitucionalidad mencionado anteriormente, este Supremo Tribunal entiende que la referida alusión a una resolución "debida­ mente motivada" implica la descripción del proceso mental que llevó a la deci­ sión, la existencia de motivación externa e interna, y la claridad de la exposición. Casación:

Concordancia:

J471

N° 70-2010-Lambayeque (26/04/2011). Sala Penal Permanente. Fundamento jurídico 11 Art. 278 Apelación contra el auto de prisión preventiva

Los parámetros de motivación para los autos de prisión preventiva son los mismos que integran la garantía constitucional de la debida motiva­ ción de las resoluciones Es de aclarar, sin embargo, que no es parte del contenido esencial del dere­ cho a la motivación de resoluciones judiciales que, de manera pormenorizada, todas las alegaciones que las partes puedan formular dentro del proceso sean objeto de un pronunciamiento expreso y detallado. Por lo tanto, de lo anterior­ mente expuesto se desprende que no existe la necesidad de señalar un canon de motivación respecto de los autos "sobre prisión preventiva en vía de apela­ ción", puesto que los parámetros de la motivación -para cualquier resolución judicial en general y para los autos sobre prisión preventiva en vía de apelación en particular- se encuentran descritos, abundantemente, en la jurisprudencia emitida por este Supremo Tribunal y por la del Tribunal Constitucional, máxime si la misma norma adjetiva lo señala explícitamente". Casación:

Concordancia:

N° 70-2010-Lambayeque (26/04/2011). Sala Penal Permanente. Fundamento Jurídico 11 Art. 278 Apelación contra el auto de prisión preventiva

LA COMPARECENCIA

CAR

Los vicios advertidos en los actos de investigación que sustentan un auto J472 de prisión preventiva no influyen en su nulidad si han sido convalidados Asumiendo la hipótesis de la existencia de vicios en determinados actos procesa­ les, estos no podrían afectar su validez, puesto que, en primer lugar, fueron con­ validados, de alguna manera, por el abogado del recurrente al haber suscrito las actas en cuestión y, en segundo lugar, porque existen otros hechos que arro­ jan indicios de la participación del procesado en el delito imputado en su con­ tra (...) Por lo tanto, el ad quem sí se pronunció sobre la validez de las menciona­ das actas, por lo que no es necesario emitir un pronunciamiento sobre la validez de los actos de investigación que sustentan el requerimiento de prisión preven­ tiva, toda vez que para ello existen en la doctrina procesal criterios de subsanación, validez y nulidad de los actos procesales, máxime si el propio Código Proce­ sal Penal hace lo propio en sus artículos 149 y siguientes.

Casación:

Concordancia:

N° 70-2010-Lambayeque (26/04/2011). Sala Penal Permanente. Fundamento jurídico 19 Art. 278 Apelación contra el auto de prisión preventiva

En la cesación de prisión preventiva es necesario que los nuevos elemen­ J473 tos de convicción tengan fuerza suficiente para modificar la situación preexistente (doctrina legal vinculante) La cesación de la prisión preventiva requiere una nueva evaluación pero en base a la presencia de nuevos elementos que deberán ser legítimamente aporta­ dos por la parte solicitante, elementos que deben incidir en la modificación de la situación preexistente y con ello posibilitar su aplicación. Por tanto, si no se actúan nuevos elementos o los que se actuaron no fueron de fuerza suficiente para aquel propósito no podrá cesar la prisión preventiva. Ello lógicamente implica que la evaluación se deberá efectuar teniendo en cuenta los requisitos generales para la procedencia de esta medida de coerción personal, temporal y mutable.

Casación:

Concordancia:

N° 391-2011-Piura (18/06/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.9 Art. 283 Presupuestos de cesación

LA COMPARECENCIA La variación de comparecencia por prisión preventiva requiere de con­ J474 tundencia en ia acreditación y proporcionalidad Ello implica que: a) Los nuevos elementos surgidos de la investigación posean contundencia acreditativa de nuevas condiciones; b) La necesidad de una

i

CAP. 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

evaluación actual de la capacidad asegurativa de la comparecencia con restric­ ciones impuesta frente a las nuevas condiciones, la que incluye la verificación del cumplimiento por el imputado de las restricciones impuestas; c) La determina­ ción que dicha medida resulta insuficiente ante el colapso de su capacidad ase­ gurativa frente a las nuevas condiciones. Casación:

Concordancia:

N° 119-2016-Áncash (23/08/2018). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.6 Art. 287 inc. 3

VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL J475

Vigilancia electrónica personal se erige como una alternativa a la pri­ sión preventiva o a las restricciones de la comparecencia (doctrina legal vinculante) Según el artículo 6, literal a), de la ley, la vigilancia electrónica personal se erige: I.Como una alternativa (i) a la medida de prisión preventiva impuesta -ya ejecu­ tada o pendiente de ejecución- (reformarla, vía cesación de la prisión preventiva, por un mandato de comparecencia restrictiva con la imposición de la restricción de vigilancia electrónica personal), o (ii) a las propias restricciones ya aplicadas para cambiarlas, total o parcialmente, por aquella. 2. Como una opción directa de comparecencia con restricciones, en caso consten en autos la prueba documen­ tal y demás exigencias previstas por la Ley y el Reglamento. En todo caso, es de aplicación el artículo 288, inciso 5, del Código Procesal Penal, según el Decreto Legislativo N° 1229, de 25 de septiembre de 2015, por lo que se configura, siem­ pre, como restricción típica de la comparecencia desarrollada por el artículo 287 del citado Código.

oo Es obvio, desde esta concepción normativa, que la vigilancia electrónica per­ sonal tiende a disminuir las medidas privativas de libertad o de encarcelamiento preventivo. Como tales, resultan compatibles con la tutela del proceso. Por tal razón, su finalidad se dirige a garantizar la permanencia del imputado en el pro­ ceso [conforme: Loli Prudencio, Lucy Lilian: Obra citada, p. 58]. <x> La especialidad procedimental de esta restricción, empero, estriba en que para imponerla se requiere, por lo general, de un trámite especial, ya indicado líneas arriba: pedido de parte expreso y ratificación en la audiencia de vigilancia electrónica personal, medios de prueba documentales específicos y preceptiva audiencia con debate contradictorio con la fiscalía. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

230

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 9 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL

CAR

11

La restricción de vigilancia electrónica personal puede ser pedida como J476 una pretensión propia del imputado frente a la formulada por el Minis­ terio Público (doctrina legal vinculante) El artículo 7 del Reglamento, que regula el procedimiento de la vigilancia elec­ trónica personal para los procesados, estipula que, en efecto, esta medida pro­ cede como una alternativa a la prisión preventiva por comparecencia restrictiva o por cesación de la prisión preventiva. Debe aclararse, sin embargo, que la cesa­ ción de la prisión preventiva (artículo 283 del Código Procesal Penal) está referida a presos preventivos que están sufriendo el encarcelamiento o aquellos que tie­ nen dictado en su contra mandato de prisión preventiva, pero que no han sido capturados o puestos a disposición de la justicia. No hace falta, para la cesación de la prisión preventiva, que el imputado se encuentre sufriendo efectivo encar­ celamiento preventivo; solo es necesario que la autoridad judicial haya dictado un mandato firme de prisión preventiva.

oo De otro lado, la medida de comparecencia con la restricción de vigilancia elec­ trónica personal puede ser pedida, si se trata de una audiencia de prisión preven­ tiva, como una pretensión propia del imputado frente a la formulada por el Minis­ terio Público. Incluso el fiscal, antes de las cuarenta y ocho horas de la audiencia de prisión preventiva y dentro de ella, también puede solicitarla variando su ini­ cial pretensión de prisión preventiva. La procedencia de la misma estará condi­ cionada, desde luego, a que se cuente con los medios de prueba documentales necesarios (artículo 7.2 del Reglamento). El informe favorable de verificación téc­ nica emitido por el INPE, asimismo, es indispensable para la estimación de esta medida. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 10 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

Presupuestos de la vigilancia electrónica personal (doctrina legal J477 vinculante) La vigilancia electrónica personal está sujeta a tres presupuestos materiales: 1. Presupuestos técnicos, 2. Presupuestos jurídicos. 3. Presupuestos económicos [Milla Vásquez, Diana Gisella: Beneficios penitenciarios y otras instituciones peniten­ ciarias, Instituto Pacífico, Lima, 2019, pp. 661-663]. oo Los presupuestos técnicos condicionan la procedencia de la medida de vigi­ lancia electrónica personal a la disponibilidad de los dispositivos electrónicos por parte del Estado y, además, que conste un informe positivo de verificación téc­ nica del domicilio o lugar donde se va a cumplir la medida, así como del lugar de trabajo o de cualquier otro lugar donde el beneficiario se vaya a desplazar, a los efectos de que se pueda realizar el monitoreo de los desplazamientos del imputado.

CAP. 11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

oo Los presupuestos jurídicos están sujetos a la acreditación, mediante prueba documental, de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley. El indicado precepto legal estableció una (i) regla general -referida a la entidad del delito y a su reacción punitiva: mínima mediana lesividad del hecho-, seguida de (ii) exclusiones según el delito imputado -se incorporó un listado extenso y preciso, bajo criterios de política criminal por considerarlas una grave amenaza para la seguridad ciuda­ dana-, el tipo normativo de peligrosidad individual (reincidentes o habituales) y de conductas anteriores que merecieron revocatoria de las penas no privativas de libertad, así como de (iii) una pauta de priorización según especiales condicio­ nes del imputado radicadas en motivos humanitarios -esta última, debe enten­ derse, en tanto esta institución jurídica, entro otros fines, busca fomentar la desprisionización, que la prioridad debe referirse en el orden de atención o el trámite de las solicitudes, sin que ello implique que los casos pospuestos se dejarán de atender [Ríos Patio, Gino: El grillete electrónico: ¿efectiva desprisionización? Univer­ sidad San Martín de Porres, Repertorio Académico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016]. oo Los presupuestos económicos, en principio, se articulan en que el beneficia­ rio debe asumir, según sus condiciones socioeconómicas, los costes del servicio de vigilancia electrónica personal, salvo expresa exoneración, total o parcial, por orden judicial. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J478

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 11 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

La vigilancia electrónica personal como pena y como medida de coerción persigue evitar la privación de libertad en un penal y sus efectos criminógenos (doctrina legal vinculante) La regla general es que la vigilancia electrónica personal procede, para el caso de ios procesados,"[...] cuando la imputación se refiera a la presunta comisión de delitos sancionados con una pena no mayor a ocho (08) años" (artículo 5, apar­ tado 1, literal 'a', de la Ley). La pena prevista, más allá de la indefinición del texto normativo, debe ser, como se optó para la prisión preventiva y para los conde­ nados, la pena concreta pronosticada, que no será mayor a ocho años de priva­ ción de libertad. Una razón fundamental para justificar esta opción hermenéu­ tica estriba en que (i) si se trata de una limitación de un derecho fundamental (libertad de tránsito o deambulatoria y, en ciertos casos, de la propia libertad per­ sonal), entonces, la interpretación debe ser extensiva (artículo Vil, apartado 2, del Título Preliminar del Código Procesal Penal); y, además, (ii) el principio-derecho igualdad ante la ley se vulneraría en la medida en que, tratándose de una misma institución jurídica, se optan por dos baremos distintos (para la medida de coer­ ción y para la pena, para el imputado y para el penado), sin justificación razo­ nable alguna. La vigilancia electrónica personal como pena y como medida de

232

VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL

CAP. 11

coerción persiguen evitar la privación de libertad en un establecimiento penal y sus efectos criminógenos, por lo que no puede haber diferencias de aplicación entre pena efectivamente impuesta y pena probable. Se impone, pues, una inter­ pretación conforme a la Constitución, unificadora de ambos supuestos y que, desde luego, el texto de la ley -el sentido literal posible de la norma- no impide.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 12 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

Delitos exceptuados de la vigilancia electrónica personal se justifican J479 por prevención general dada la gravedad, la alarma social por su comi­ sión y los bienes Jurídicos lesionados o puestos en peligro (doctrina legal vinculante) El literal c) del apartado 1 del artículo 5 de la Ley incorpora excepciones puntua­ les en función a determinados delitos, lo que podría explicarse por razones de prevención general dada la gravedad de los mismos, la alarma social por su comi­ sión y los bienes jurídicos lesionados o puestos en peligro. Empero, lo que per­ mite dudar de su corrección jurídica sería que, en pureza, incorpora presuncio­ nes iure etde iure, de suerte que los intervinientes en esos delitos, pese a que se les puede imponer una pena no mayor de ocho años de privación de libertad, expresión de su mediana gravedad, de por sí son peligrosos y no cumplirían las reglas de seguridad que esta institución consagra -criterio último que solo fun­ cionaría, en el caso concreto, si se concluye que la reinserción social no será más efectiva en medio libre o que huiría o se involucraría en obstaculizar la actividad de esclarecimiento del proceso penal, que el propio artículo 3.1, literal a), a con­ trario sensu, consagra como eje del principio de proporcionalidad de la medida, y que el literal b) de ese precepto afirma como pauta fundamental de individua­ lización de la medidaAcuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 13 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

vigilancia electrónica personal requiere que el imputado no sea reinci­ J480 dente o habitual (doctrina legal vinculante) Desde la perspectiva individual se requiere que el imputado no tenga la condi­ ción de reincidente o habitual, y que con anterioridad no se le haya revocado una pena privativa de libertad no efectiva o un beneficio penitenciario, así como que tenga arraigo laboral, familiar y social, tal como se desprende del artículo 5-A del reglamento. En consecuencia, se entiende que si estos presupuestos se presen­ tan, unidos al delito atribuido, respecto del que existe sospecha fuerte de comi­ sión, y siempre que no estén en la lista de delitos inexcarcelables a través de la

233

11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

vigilancia electrónica personal, así como que reúnan las condiciones de arraigo correspondientes, el juez deberá conceder esta medida. Acuerdo Plenario: Concordancia;

J481

N° 02-2019/CIJ-n 6 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 14 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

Vigilancia electrónica personal procede respecto de condenados (doc­ trina legal vinculante) El artículo 8.2, párrafo segundo, del Reglamento estipula que la vigilancia elec­ trónica personal también procede ..] dentro del proceso especial de termina­ ción anticipada o en la conclusión anticipada del juicio oral -conformidad pro­ cesal, diríamos nosotros- [...]". Empero, esta disposición se ubica en el supuesto de vigilancia electrónica personal respecto de condenados; y, de otro lado, no se pronuncia respecto del proceso especial de colaboración eficaz. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J482

N° 02-2019/CIJ-l 16 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 15 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

Vigilancia electrónica personal procede en el proceso especial de termi­ nación anticipada y la conformidad procesal en el proceso común (doc­ trina legal vinculante) Es de preguntarse si en ios dos procesos especiales aludidos y en el proceso común en caso de conformidad procesal es posible la utilización de la vigilancia electrónica personal como medida de coerción personal. Si bien no está definida una exclusión de principio a esta posibilidad, su aplicación (para el proceso espe­ cial de terminación anticipada y la conformidad procesal en el proceso común) solo sería viable durante la sustanciación del procedimiento de impugnación de sentencia, así fuere el caso y siempre que se cumplan los presupuestos y condi­ ciones que la Ley y el Reglamento preceptúan -por lo demás, también podría discutirse la aplicación de la vigilancia electrónica personal en el proceso común, cuando se pide la reforma o la sustitución de las medidas de coerción en la etapa intermedia (artículo 350, apartado 1, literal 'c', del Código Procesal Penal). Recuér­ dese que mientras la sentencia no quede firme, la privación de libertad solo tiene una función cautelar y aseguratoria de la prueba.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 16 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL

CAP.

El proceso de colaboración eficaz, mientras dure su tramitación, tam­ J483 bién permite la vigilancia electrónica personal (doctrina legal vinculante) El proceso de colaboración eficaz, mientras dure su tramitación, también per­ mitiría la aplicación, como medida de coerción personal, de la vigilancia elec­ trónica personal. Es de tener presente que una de las fases más importantes de este proceso penal especial es la corroboración, de suerte que durante su inte­ rregno, si se cumplen determinados -no todos- presupuestos y condiciones de imposición de la vigilancia electrónica personal será posible hacer uso de ella. Las reglas específicas de la imposición o, de ser el caso, de la variación de la medida de coerción están fijadas, como pautas autónomas, en el artículo 473, apartados 4,5 y 6, del Código Procesal Penal; solo en defecto de ellas y siempre que no alte­ ren la lógica de la colaboración y tutela del solicitante de colaboración, será fac­ tible aplicar las reglas generales. Acuerdo Plenario; Concordancia;

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 17 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

Informe del INPE es requisito para evaluar la vigilancia electrónica per­ J484 sonal (doctrina legal vinculante) El artículo 8.3 del Reglamento estipula que en los casos arriba contemplados, luego de verificar los requisitos que definen la vigilancia electrónica personal, se debe acompañar el informe de verificaciones técnicas a cargo del INPE. Su ausencia determinará la suspensión de la audiencia hasta recabarlo -que será una regla general cuando este no corra anexado en autos en todo tipo de situa­ ción procesalAcuerdo Plenario;

Concordancia;

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 18 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

Presupuesto del auto que otorga la vigilancia electrónica personal (doc­ J485 trina legal vinculante) La vigilancia electrónica personal está sujeta al cumplimiento de determina­ das restricciones y regias de conducta. Así lo disponen el artículo 9 de la Ley, así como los artículos 7.4 y 8-A.3 del Reglamento. El auto judicial que la acoge debe señalarlas expresamente (artículo 7.4 del Reglamento). oo El artículo 9 de la Ley prevé ocho reglas de conducta taxativas -de necesa­ ria inclusión- y una cláusula abierta: "Las demás que considere importantes para una adecuada ejecución de la medida impuesta". El límite para su determinación es, obviamente, que "[...] afecten o puedan afectar el bienestar de la persona" (artículo 6.2 del Reglamento).

11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

Tratándose de vigilancia electrónica personal para imputados, las reglas apun­ tan, tendencialmente, como no puede ser de otra manera, a evitar el riesgo de fuga o de obstaculización, es decir, garantizar la incolumidad de la restricción coercitiva. Así, incluso, es la perspectiva cuando se trata de establecer rutas, pará­ metros de desplazamiento, periodos de tiempo y horarios cuando se opte por la vigilancia electrónica con tránsito restringido: eficacia del seguimiento y monitoreo en tanto regla de carácter técnico interna, de un lado; y reducción del peligro procesal, en tanto regla propiamente procesal y finalista, de otro lado (artículos 12.1 de la Ley y 6.2 del Reglamento).

El artículo 8-A del Reglamento impone otra regla de conducta:"[...] la participa­ ción del beneficiario en las actividades y/o programas que promuevan una ade­ cuada reinserción social o control de la medida en los establecimientos de medio libro, teniendo en cuenta el lugar donde se cumplirá esta medida". Empero, esta regla de conducta se circunscribe a los penados, no a los imputados (artículos 13 y 14 del reglamento), pues la garantía de presunción de inocencia como regla de tratamiento impide tal posibilidad porque importaría considerara los imputados implícitamente presuntos culpables. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

j 4sg

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamentos 19 y 20 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

La vigilancia electrónica personal puede ser reformada si cambian las cir­ cunstancias que determinaron su imposición (doctrina legal vinculante) La vigilancia electrónica personal, como toda restricción procesal de la liber­ tad de tránsito, está sujeta no solo a la nota característica del rebus sic stantíbus, o sea puede ser reformada si cambian las circunstancias que determinaron su imposición (artículo 255, apartado 2, del Código Procesal Penal), sino también a la nota característica de variabilidad, por lo que pueden sustituirse si se infrinjan las reglas de conducta impuestas, teniendo en cuenta "[...] la entidad, los moti­ vos y las circunstancias de la trasgresión, así como la entidad del delito imputado" (artículo 256 del Código Procesal Penal). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J487

N° 2-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 21 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

Norma que regula la revocatoria de la vigilancia electrónica personal incorpora un criterio progresivo (doctrina legal vinculante) El artículo 13 de la Ley incorpora un criterio progresivo para poder revocar la vigilancia electrónica personal. En tal virtud, solo se impondrá la amonesta­ ción frente al incumplimiento -doloso o culposo- de una regla de conducta y.

VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL

CAR

11

también, cuando el INPE comunique una alerta leve. Al respecto, el artículo 11.1, literal a), del Reglamento define la alerta leve como aquella emitida por el dispo­ sitivo al centro de monitoreo que pretende advertir alguna anomalía técnica que puede ser producida por factores ajenos al beneficiario. Este criterio ciertamente es desproporcionado, en la medida en que los defectos del dispositivo no son de cargo del imputado al no haberlo manipulado ni dañado -se entiende, dolosa o culposamente-.

oo El artículo 11.1, literal b), del Reglamento, impone la revocatoria de la medida impuesta y su conversión en prisión preventiva, cuando, alternativamente, el imputado (i) haya reincidido en la comisión de un nuevo delito -se requiere una sentencia firme que lo acredite y, obviamente, por un delito cometido después del delito que motivó la vigilancia electrónica personal y, además, se circuns­ cribe a la vigilancia electrónica personal como pena dado que solo así es posible afirmar que se cometió un nuevo delito-; (ii) se haya dictado prisión preventiva en un proceso distinto; (iii) haya infringido reiteradamente alguna regla de con­ ducta -más de una vez, esto es, dos o más veces, sin que haga falta un requeri­ miento previo-; (iv) dañe el dispositivo o el servicio de tal manera que impida el monitoreo o control; o (v) cuando el INPE haya comunicado una alerta grave o muy grave. Estas alertas importan, en el primer caso (grave) cuando se advierte que el imputado ha iniciado acciones que atentan contra la continuidad del ser­ vicio, entre los que contemplan violaciones al radio de acción, desplazamiento u horarios y tiempos, según sea el caso. La alerta muy grave se produce cuando se reportan daños o acontecimientos irreversibles al dispositivo de vigilancia elec­ trónica o al servicio que no permitan el monitoreo y control del beneficiario. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 22 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

Cumplimiento oportuno del costo por el uso del dispositivo electrónico J488 es una regla de conducta (doctrina legal vinculante) Una regla de conducta es el cumplimiento oportuno del costo por el uso del dis­ positivo electrónico, de ser el caso (artículo 9, literal 'e', de la Ley). A este respecto, el artículo 5, numeral 3, del Reglamento señaló que los costos del servicio, fijados mediante una directiva aprobada por Resolución Ministerial de Justicia y Dere­ chos Humanos, se erigen en presupuestos económicos para la aplicación de la vigilancia electrónica personal, que tendrá en cuenta las condiciones socioeco­ nómicas del beneficiario, salvo que judicialmente pueda exonerarse total o par­ cialmente. El informe socioeconómico del INPE estudia este aspecto, conforme al artículo 16 del Reglamento.

oo Es claro que si se fijó un monto individualizado es porque, en principio, el imputado está en condiciones de solventarlo -costo del dispositivo electrónico y del servicio de vigilancia electrónica- Empero, no necesariamente la falta de

237

CAP.

11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

pago será doloso o culposo -únicos supuestos de revocatoria directa- En deter­ minados supuestos el pago será imposible, en términos absolutos o relativos, al variar las condiciones económicas del imputado, en cuyo caso la revocatoria no será factible. En todo caso el juez, siempre que se invoque, recabará un informe socioeconómico ampliatorio -sin perjuicio de prueba idónea que pueda pre­ sentar el imputado-, para determinar si, en efecto, la condición económica del imputado varió de tal manera que impidió el cumplimiento de pago del dispo­ sitivo y del servicio. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J489

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 23 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

Revocatoria de la vigilancia electrónica se decide en una audiencia pre­ via solicitud del fiscal (doctrina legal vinculante) La decisión de revocatoria se decide por el juez en una audiencia (artículo 13.2 de la Ley y 12.1 del Reglamento). La pretensión de revocatoria o de amonesta­ ción, en su caso, debe ser presentada por el fiscal. El principio de rogación, garan­ tía de la imparcialidad judicial, exige esta opción, más allá de que el artículo 10.1 del Reglamento estipula que, como consecuencia del monitoreo -registro de los eventos producidos durante la ejecución de la medida-, el INPE emite informes mensuales que se cursan al fiscal y al juez que dictó la medida. Esto último no constituye, en pureza, un pedido de revocatoria, sino una mera dación en cuenta, por lo que corresponderá al fiscal una primera evaluación y determinación si corresponde instar o no la revocatoria. La solicitud de revocatoria, en forma, ha de ser planteada por el Ministerio Público a través de un requerimiento fundado. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J490

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 24 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

Audiencia de revocatoria de la vigilancia electrónica se realiza dentro de las 48 horas del requerimiento fiscal (doctrina legal vinculante) La audiencia de revocatoria de la vigilancia electrónica personal en caso de medida coercitiva, conforme al artículo 8-A del Reglamento, frente al pedido del fiscal, acompañada de los recaudos probatorios correspondientes, se realiza den­ tro de las cuarenta y ocho horas de recibido el requerimiento de revocatoria por el Ministerio Público. Los preceptos de remisión son los artículos 271 y 283 del Código Procesal Penal

oo La audiencia, conforme al artículo 12.2 del Reglamento, tiene el carácter de ina­ plazable y se realiza con la presencia obligatoria del fiscal, la defensa y el benefi­ ciario -si este último se niega a estar presente o no es habido, solo será necesaria

IMPEDIMENTO DE SALIDA

la presencia de su defensor- Las diligencias inaplazables son aquellas fijadas en el artículo 85, apartado 1, del Código Procesal Penal, que el Reglamento extiende a las audiencias de revocatoria de la vigilancia electrónica personal. Respecto del defensor, si este no asiste, se reemplazará por otro que en ese acto designe el beneficiario o por un defensor público -sin perjuicio de la sanción que se impon­ drá al defensor inasistente- El objetivo es que la audiencia no se aplace, pese a eventuales inasistencias del imputado o de su defensa de confianza. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 02-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25 Art. 287 Restricciones de la comparecencia

IMPEDIMENTO DE SALIDA Código Procesal Penal regula impedimento de salida en la subíase de j491 investigación preparatoria formal (doctrina legal vinculante) Como consecuencia del examen de los preceptos que regulan el impedimento de salida, es de destacar la existencia, de un lado, (i) de una ley especial vigente para un ámbito de aplicación específico en la subfase de investigación prelimi­ nar o diligencias preliminares, conforme a la Ley N° 27379 y sus normas conexas y modificatorias; y, de otro lado, (ii) del Código Procesal Penal que disciplina el impedimento de salida del país en la subfase de investigación preparatoria for­ mal, en ambos casos a través de un régimen común y solo con algunas diferen­ cias específicas, de suerte que es factible dictar la medida de impedimento de salida tanto a nivel de la investigación preliminar o diligencias preliminares -en los supuestos legalmente previstos- como ya instaurada la investigación prepa­ ratoria formal. 00 La primera permite su imposición sin necesidad de audiencia y el segundo autoriza su imposición mediante la previa realización de una audiencia de acuerdo a lo estipulado en el apartado 6 del artículo 296 del CPR Será el Ministe­ rio Público el que, de los supuestos de hecho y objetivos concretos en el marco de sus funciones constitucionales en el ámbito penal, invoque una u otra posibi­ lidad en los casos concretos, y con efectos específicos. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 03-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 34 Art. 295 Solicitud del impedimento de salida por fiscal

11 J492

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

Impedimento de salida está dirigido a garantizar el cumplimiento efec­ tivo de la sentencia y asegurar los fines legítimos del proceso (doctrina legal vinculante) El impedimento de salida es una medida de coerción cautelar personal, que está dirigida a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y asegurar los fines legítimos del proceso. Con tal fin, su imposición importa la limitación a la libertad de tránsito prevista en el artículo 2, ordinal 11, de la Constitución Política del Perú. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J493

N° 03-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 20 Art. 295 Solicitud del impedimento de salida por fiscal

Impedimento de salida es una medida instrumental restrictiva de dere­ chos (doctrina legal vinculante) Un sector doctrinario ha sostenido que el impedimento de salida no constituye una medida de coerción que responda a su fin, sino que se limita ai cumpli­ miento de la función de asegurar la indagación de la verdad, por lo que no se requiere que se evidencie un peligro -por parte del imputado- de obstaculiza­ ción de la investigación. Como medida de seguridad procesal asegurar el pro­ ceso de conocimiento de los hechos mediante la limitación de ciertos derechos del imputado o de un testigo importante, por lo que tendría, genéricamente, una naturaleza de medida instrumental restrictiva de derechos. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J494

N° 03-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 21 Art. 295 Solicitud del impedimento de salida por fiscal

El impedimento de salida tiene por finalidad garantizar la presencia del imputado frente a una persecución penal y el aseguramiento personal destinado a los testigos importantes (doctrina legal vinculante) El impedimento de salida en el ordenamiento jurídico nacional tiene la doble manifestación de una medida de coerción personal que tiene por finalidad garantizar la presencia del imputado frente a una persecución penal -esto es, controlar el riesgo de fuga-, incluso desde las diligencias preliminares; y, también, de una medida de aseguramiento personal destinada a los testigos importantes. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 03-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 23 Art. 295 Solicitud del impedimento de salida por fiscal

IMPEDIMENTO DE SALIDA

CAP. 11

Impedimento de salida: justificación según el Tribunal Constitucional

J495

En relación al tema, también la Sentencia del Tribunal Constitucional N° 010642010-PHC/TC, Lima, de 12 de noviembre de 2010, sancionó su viabilidad, al expresar:

11. Como se ha dejado expuesto en los fundamentos precedentes, una de las formas de limitación de la libertad de tránsito puede estar constituida por el mandato judicial de impedimento de salida del país. Respecto de ello es necesario señalar que está prevista legalmente en el artículo 2, inciso 2) de la Ley N° 27379, que señala que esta medida coercitiva se adoptará en tanto resulte indispensable para los fines del proceso y siempre que no sea nece­ saria una limitación más intensa de la libertad personal. Más recientemente el Nuevo Código Procesal Penal, de vigencia en una buena parte del país, la ha recogido de modo expreso en los artículos 295 y 296 superando la omi­ sión del antiguo Código de Procedimientos Penales.

12. Esta materia no resulta ser novedosa para la jurisprudencia constitucional, pues este Colegiado ya ha tenido oportunidad de estudiarla y evaluar su validez constitucional al emitir pronunciamiento en la STC 3016-2007-PHC/ TC, en cuyo fundamento 11 ha tenido la oportunidad de señalar que: "...no toda intervención a un derecho fundamental per se resulta inconstitucional, pero sí puede resultarlo cuando la misma no se ajuste plenamente al prin­ cipio de proporcionalidad. Y es que si bien, es atribución del juez penal dic­ tar las medidas coercitivas pertinentes a fin de asegurar el normal desarro­ llo y fines del proceso, y por tanto, puede imponer el impedimento de salida del país, dicha medida coercitiva debe reunir, por lo menos, los siguientes requisitos: a. Debe ser ordenada, dirigida y controlada por autoridad judi­ cial. Lo que significa que solo mediante decisión judicial se puede impo­ ner la medida provisional personal de impedimento de salida del país. b. La decisión judicial debe contener los datos necesarios de la persona afectada. Lo que supone que dicha decisión mínimamente debe contener los nom­ bres y apellidos completos de la persona afectada; el número de su Docu­ mento Nacional de Identidad; el órgano jurisdiccional que lo dispone; el número o identificación del expediente y el delito por el cual se le inves­ tiga o procesa. Estos mismos requisitos deben ser registrados por la autori­ dad administrativa competente, c. Debe estar debidamente fundamentada y motivada. Lo que significa que deben señalarse las razones o motivos que supuestamente justifican la imposición de dicha medida, y en su caso, de la prolongación de su mantenimiento mientras dure el proceso, d. Debe seña­ larse la duración de la medida. Si bien la norma preconstitucional no señala un plazo de duración del impedimento de salida del país; ello no obsta para que el juez de la causa, en cada caso concreto, señale un plazo determinado, o de ser el caso, establezca la prolongación de su mantenimiento mientras dure el proceso; en este último caso, deberá ser dictado razonablemente atendiendo a las necesidades que existan al interior de cada proceso, tales

241

CAP.

11

MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL

como el asegurar la presencia del imputado en el proceso, el normal desa­ rrollo del mismo, el evitar que se perturbe la actividad probatoria y la efec­ tividad de las sentencias. En cualquier caso, esta medida no puede durar más allá de lo que puede durar el proceso penal, pues, existiendo senten­ cia condenatoria con mandato de detención no hay razón alguna para man­ tener su vigencia. O más aún, si se trata de procesos fenecidos con senten­ cia absolutoria o de un sobreseimiento, resultará totalmente arbitrario que dicha medida subsista...".

13. Como se puede apreciar de lo expuesto anteriormente, el análisis efectuado por el Tribunal Constitucional recayó sobre la medida de impedimento de salida del país impuesta dentro de un proceso penal; sin embargo, ello no es óbice para que este Colegiado establezca que dichas regias también le son aplicables a todos aquellos supuestos de impedimento de salida del país, sea cual fuera la naturaleza del proceso del cual derivan. Y es que dichas reglas cumplen una doble función; por un lado, constituyen lineamientos objeti­ vos que han de tener presente los órganos jurisdiccionales al momento de dictar una medida como la que es objeto de análisis y, por otro lado, sirven como garantías mínimas para la persona a la cual se le va a imponer dicha medida y, colateralmente, para la protección de terceros que podrían encon­ trarse perjudicados con una medida de impedimento de salida del país. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J496

N° 03-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 39 Art. 295 Solicitud del impedimento de salida por fiscal

Es viable el impedimento de salida del país en caso de altos funcionarios del Estado (doctrina legal vinculante) Todo lo reseñado es coherente con la viabilidad de la medida de impedimento de salida del país en caso de los altos funcionarios del Estado, a que se refiere el artículo 99 de la Constitución Política del Perú, a propósito de la Ley 27399 que regula las investigaciones preliminares previstas en la Ley 27379 tratándose de dichos funcionarios. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 03-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 40 Art. 295 Solicitud del impedimento de salida por fiscal

CAPITULO 12 LAS MEDIDAS DE COERCIÓN REALES Las medidas de coerción reales son actos de autoridad consecuencia de J497 la acumulación de acciones civil y penal (doctrina legal vinculante) Las medidas de coerción reales, son actos de autoridad, plasmados a través de una resolución jurisdiccional, y regidas por el principio dispositivo, mediante los cuales se asegura las consecuencias jurídicas económicas del delito y las cos­ tas procesales. Su reconocimiento legal es consecuencia de la acumulación de acciones; penal y civil, en el proceso penal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 7-2011 /CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 253 Principios y finalidad Art. 254 Requisitos y trámite del auto judicial Art. 255 Legitimación y variabilidad

La finalidad de las medidas de coerción real es el aseguramiento del J498 cumplimiento de las responsabilidades civiles (doctrina legal vinculante) Las citadas medidas recaen sobre el patrimonio del imputado o sus bienes jurí­ dicos patrimoniales, limitándolos con la finalidad de impedir que durante el pro­ ceso determinadas actuaciones dañosas o perjudiciales por parte del encausado afecten la efectividad de la sentencia o la eficacia del proceso. Están dirigidas a la protección de las pruebas o medios de prueba (en puridad, de fuentes de inves­ tigación o de prueba), lo que en síntesis quiere decir salvaguardar o proteger el proceso Su finalidad estriba en asegurar el futuro cumplimiento de las responsa­ bilidades civiles derivadas de la comisión del hecho punible, y de las penas pecu­ niarias y consecuencias accesorias, amén de las costas; es decir, de las responsa­ bilidades pecuniarias que en definitiva pueden declararse procedentes. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 7 -2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 253 Principios y finalidad Art. 254 Requisitos y trámite del auto judicial Art. 255 Legitimación y variabilidad ........

■■■«■I

12 j499

LAS MEDIDAS DE COERCIÓN REALES

La clasificación de las medidas de coerción real se da en penales y civi­ les (doctrina legal vinculante) Como las responsabilidades pecuniarias pueden ser de diferente tipo, las medi­ das reales pueden ser susceptibles de la siguiente clasificación: A. Medidas reales penales. Su objeto es garantizar la efectividad de los pronunciamientos de natu­ raleza penal y procesal penal de la sentencia y que posean un contenido patri­ monial: multa, decomiso y pago de costas. B. Medidas reales civiles. Son propias del proceso civil acumulado. Tienden a asegurar la ejecución de los pronuncia­ mientos de naturaleza civil y contenido patrimonial de la sentencia que se dicte: restitución, reparación e indemnización. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J500

N° 7 -2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 17 Art. 253 Principios y finalidad Art. 254 Requisitos y trámite del auto judicial Art. 255 Legitimación y variabilidad

Es posible aplicar supletoriamente medidas establecidas en la ley proce­ sal civil en el proceso penal (doctrina legal vinculante) Si bien el NCPP solo reconoce las medidas anticipativas genéricas (artículo 312 del NCPP) e incorpora algunas medidas anticipadas específicas: desalojo preventivo y pensión anticipada de alimentos (artículos 311 y 314 del NCPP), no existe obstáculo, a partir de poder cautelar genérico de que está investida la autoridad jurisdiccio­ nal y de aplicación supletoria de la Ley Procesal Común: el Código Procesal Civil, de incorporar las denominadas medidas innovativas y de no innovar, que apuntan a provocar un cambio de la situación existente al tiempo de peticionarlas. Las prime­ ras, reponen el estado de hecho o de derecho cuya alteración sería el sustento del delito cometido en agravio de la víctima; y, las segundas conservan la situación de hecho de derecho presentada al incoarse el proceso (artículos 682 y 687 del CPC). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J501

N° 7 -2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 18 Art. 302 Embargo Art. 310 Inhibición Art. 311 Desalojo preventivo Art. 312 Medidas anticipadas Art. 312-A, Secuestro conservativo

El presupuesto fumus delicticomissi de la medida de coerción real requiere que el delito haya ocasionado un daño o perjuicio material o moral (doctrina legal vinculante) A. El fumus delicti comissi, consiste en la existencia de indicios racionales de cri­ minalidad -es la denominada "apariencia y justificación del derecho subjetivo",

IMPEDIMENTO DE SALIDA

CAP.

12

que en el proceso penal importa, como acota GIMENO SENDRA, una "(.••) razo­ nada atribución del hecho punible a una persona determinada". Ha de existir una imputación formal contra una persona determinada. El juicio de probabili­ dad delictiva es mencionado específicamente por el artículo 303.3 del NCPP, aun cuando se refiera solo ai embargo y, por extensión expresa, a la orden de inhi­ bición. El fumus debe referirse, de un lado, a un delito que haya ocasionado un daño o perjuicio material o moral; y, de otro, a que los referidos indicios -cierta­ mente, procedimentales- evidencien una relación de causalidad con el sujeto contra el que se adoptan; imputado o tercero civil. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 7 -2011 /CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 19 Art. 253 Principios y finalidad Art. 254 Requisitos y trámite del auto judicial Art. 255 Legitimación y variabilidad Art 303 inc. 3 Embargo

El presupuesto del periculum in mora, requiere la concreta posibilidad J502 de que se produzcan dificultades para la efectividad del procedimiento civil de condena (doctrina legal vinculante) B. El segundo presupuesto es el periculum in mora, es el peligro o daño jurídico derivado del retardo del procedimiento. Consiste en el riesgo de daño para la efectividad de la tutela judicial pretendida en el proceso principal. Se debe acre­ ditar la concreta probabilidad de que se produzcan, durante la pendencia del proceso, situaciones que impidan o dificulten la efectividad del procedimiento penal y civil de condena, que pueda incorporar la sentencia penal -peligro de infructuosidad- En el proceso penal, se concreta por el "peligro de fuga" o de ocultación personal o patrimonial del imputado (GIMENO SENDRA, Vicente. Ibídem, p. 592). Acuerdo Plenario; Concordancia:

N° 7 -2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 19 Art. 253 Principios y finalidad Art. 254 Requisitos y trámite del auto judicial Art. 255 Legitimación y variabilidad Art. 303 inc. 3 Embargo

El periculum in mora se materializa en la posibilidad de que el respon­ J503 sable civil se dedique a distraer, dilapidar u ocultar sus bienes (doctrina legal vinculante) Es de tener en claro, que el periculum, en lo civil, tiene una configuración objetiva: no se requiere necesariamente que se haya producido cierto comportamiento del imputado, ni menos una intención de este de causar perjuicio al actor. El

245

12

LAS MEDIDAS DE COERCIÓN REALES

peligro se materializa en las posibilidades del responsable civil, durante el tiempo del proceso, de que se dedique a distraer, dilapidar u ocultar sus bienes, real o fic­ ticiamente, para hacer impracticable la satisfacción de las consecuencias jurídicoeconómicas. Si la solvencia, honestidad y arraigo del imputado -siempre en el plano civil, que no penal- estuvieran acreditados, decae y no se justifica su impo­ sición. El artículo 303.3 del NCPP, en tal virtud, estipula: "t.) por las características del hecho o del imputado, exista riesgo fundado de insolvencia del imputado o de ocultamiento o desaparición del bien".

Acuerdo Plenario: Concordancia:

J504

N° 7 -2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 19 Art. 253 Principios y finalidad Art. 254 Requisitos y trámite del auto judicial Art. 255 Legitimación y variabilidad Art. 303 inc. 3 Embargo

La oportunidad para solicitar una medida de coerción real se realiza par­ cialmente en las diligencias preliminares y regularmente en la investiga­ ción preparatoria o etapa intermedia (doctrina legal vinculante) La oportunidad para solicitar una medida de coerción real. La regla, por cierto, es que su requerimiento se realiza parcialmente en sede de diligencias preliminares policiales -en el caso de aseguramiento de documentos privados, y secuestros e incautaciones preliminares (artículo 68, apartado 1, literales "i" y "k", del NCPP); y, regularmente, en el curso de las primeras diligencias y durante la investigación preparatoria (entre otros, artículos 302,310 y 316 del NCPP). Asimismo, tales medi­ das pueden solicitarse, siempre por la parte procesal legitimada, en sede inter­ media (artículos 349.4 y 350.1 .c, y 353.3 del NCPP -supuesto último, que incluso autoriza al Juez de la Investigación Preparatoria- a pronunciarse de oficio si fuere necesario sobre las medidas de coerción-). Acuerdo Plenario: Concordancia:

J505

N° 7 -2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 20 Art. 302 Indagación de bienes embargables Art. 310 Orden de inhibición Art. 316 Objeto de incautación

El trámite para la aplicación de una medida de coerción real se rige bajo el principio de rogación de la parte procesal legitimada (doctrina legal vinculante) La regla general para la imposición de las medidas de coerción real, guiada siem­ pre por el principio de rogación de la parte procesal legitimada es el previo tras­ lado a las partes, en especial a la parte afectada, por el término de tres días. Empero, por razones obvias, rige la regla del artículo 203.2 del NCPP, tal exigencia

IMPEDIMENTO DE SALIDA

CAP. 12

de contradicción previa se aplicará siennpre que no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida esta imposibilidad y los derechos de impugnación que ulteriormente se reconoce, evita considerar que tal procedi­ miento vulnera la prohibición de indefensión. No se realiza el trámite de audien­ cia, sino el de simple traslado: su lógica es la escrituralidad del procedimiento (artículo 315.2 del NCPP), aunque es posible en situaciones excepcionales, debi­ damente explicadas en la decisión, ir al trámite de audiencia (artículo 203.2 del NCPP). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 7 -2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal vinculante: fundamento 20 Art. 302 Indagación de bienes embargables Art. 310 Orden de inhibición Art. 316 Objeto de incautación

247

CAPITULO 13 LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN DILIGENCIAS PRELIMINARES Diligencias preliminares tienen por objeto la realización de actos urgen­ J506 tes y asegurar elementos materiales de la comisión del delito (doctrina legal vinculante) De la concordancia de los artículos 330 y 336 del CPP se colige, de un lado, que el objeto de las diligencias preliminares estriba en la realización de actos urgen­ tes o inaplazables de investigación destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como asegurar los ele­ mentos materiales de su comisión, individualizar a las personas involucradas en su comisión y asegurarlas debidamente; y, de otro lado, que su finalidad consiste en la determinación por el fiscal si promueve o no la acción penal a través de la Disposición de Continuación y Formalización de la investigación preparatoria, siempre que exista sospecha reveladora, entre otros elementos, de la existencia de un delito y que se individualizó al imputado.

oo Las diligencias preliminares tiene como objetivo necesario"[.. J determinar los presupuestos formales para iniciar válidamente la investigación judicial -que no jurisdiccional- y, por ende, el proceso penal". Ello explica los plazos breves del impedimento de salida en sede de diligencias preliminares, así como de las pro­ pias diligencias preliminares.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 03-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25 Art. 330 Diligencias preliminares Art. 336 Formalización y continuación de la audiencia preparatoria

249

CAP. J507

LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN

Sospecha simple es suficiente para instaurar diligencias preliminares (doctrina legal vinculante) El artículo 329 del CPP prescribe que:"[...] el fiscal inicia los actos de investiga­ ción cuando tenga conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres del delito Sobre esa base, la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1-2017/CU-433 de la Corte Suprema, en el fundamento jurídico vein­ titrés sostuvo que: "[• ■ J para la emisión de la disposición de diligencias prelimina­ res solo se requiere sospecha inicial, es decir, el grado de conocimiento requerido para instaurar las diligencias preliminares es el de sospecha simple".

Acuerdo Plenario: Concordancia:

J508

N° 03-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 25 Art. 329 Inicio de diligencias preliminares

Diligencias preliminares requieren una imputación preliminar sobre la base de una sospecha inicial simple (doctrina legal vinculante) Es de destacar que según el numeral 2 del artículo 330 del CPP, las diligencias preliminares tienen por finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inapla­ zables destinadas a determinar si han tenido lugar los hechos objetos de cono­ cimiento y su delictuosidad". Ello significa que existe una imputación preliminar -a diferencia de una imputación formal (artículo 336, numeral 1, del CPP)- sobre la base de una sospecha inicial simple, con un nivel de concreción razonable, en cuyo contexto sin duda el imputado tiene derechos y es factible la implementación de medidas limitativas, sujetas por lo demás a sus propios presupues­ tos en cuanto al juicio de imputación -una exigencia legal está en función a la propia realización de diligencias preliminares de investigación y otra, por sus propios presupuestos configurativos, a la imposición de medidas limitativas de derechos- No sería razonable ni legítimo ni correspondería a un Estado Cons­ titucional, una investigación por hechos que no tengan connotación penal y mucho menos, la denominada inquisitio generalis, entendida como una indaga­ ción general sobre una persona, sin elementos de juicio mínimos sobre una con­ ducta con apariencia de delito o delitos.

oo Cuando en sede de diligencias preliminares ya se cuenta con un determinado nivel, siempre dentro de la noción de sospecha inicial simple, de imputación con­ tra una persona debidamente individualizada -incluso más allá del debate teó­ rico acerca de si debe denominársele 'Imputado" o no- es razonable permitir que en los casos de necesidad y/o urgencia, y para tutelar la propia investiga­ ción, desde el criterio rector de eficacia, se dicten determinadas medidas limitati­ vas de derechos, siempre que la ley lo prevea y en el modo, oportunidad y forma que lo establezca. Desde la legitimidad constitucional de la medida, desde luego, es aceptable tal conclusión, siempre y cuando se cumplan los presupuestos del principio de intervención indiciarla y los presupuestos y requisitos del principio de proporcionalidad.

250

DILIGENCIAS PRELIMINARES

CAR

oo Es de subrayar que toda medida limitativa de derechos debe implementarse bajo las pautas y principios señalados en el artículo VI del Título Preliminar del CPP, que entre otros presupuestos exigen suficiencia de elementos de convicción (principio de intervención indiciaría) y respeto al principio de proporcionalidad, principio aplicable en todos los ámbitos según la sentencia del Tribunal Constitu­ cional 02748-2010-PHC/TC-Lima, caso Mosquera Izquierdo. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 03-2019/CIJ-116 (10/09/2019). Salas Penales Permanente, Tran­ sitoria y Especial. Doctrina legal vinculante. Fundamento 38 Art. 330 Diligencias preliminares

Las diligencias preliminares buscan determinar los presupuestos forma­ J509 les para iniciar válidamente la investigación Judicial Las diligencias preliminares es una fase prejurisdiccional, porque se encuentra en el contexto que el fiscal ya conoció la noticia criminal, pero aún no ha resuelto for­ malizar la investigación y dar inicio a la investigación preparatoria; en ella se busca verificar si el conocimiento que se tiene de la sospecha de un delito -sea de oficio o por la parte denunciante- tiene un contenido de verosimilitud y ver si existen elementos probatorios suficientes para continuar con la persecución de delitos y sus autores, se funda en la necesidad de determinar los presupuestos forma­ les para iniciar válidamente la investigación judicial y por ende el proceso penal.

Casación: Concordancia:

N° 14-2010-La Libertad (05/07/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Art. 330 Diligencias preliminares

Las diligencias preliminares constituyen una etapa prejurisdiccional del J 510 proceso penal Que, las diligencias preliminares constituyen una etapa prejurisdiccional del pro­ ceso penal, por cuanto el fiscal está autorizado para reunir los elementos proba­ torios para formalizar la investigación, y por ende elabore su estrategia acusato­ ria o desestime la denuncia, cuyo plazo es de breve investigación, realizada de forma unilateral y reservada.

Casación:

Concordancia:

N° 66-2010-Puno (26/04/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Art. 330 Diligencias preliminares Art. 334 Calificación de la denuncia Art. 342 Plazo de la investigación preparatoria

13 J511

LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN

No se interrumpe la prescripción de la acción penal si no existe imputa­ ción concreta (doctrina legal vinculante) No es cualquier actividad realizada por el Ministerio Público, sino aquellas de enti­ dad suficiente, en las que se aprecia que se ha efectuado una imputación válida contra el procesado, tales como la disposición que apertura las diligencias pre­ liminares con imputación a una persona por cargos en su contra; pues solo así tenemos la certeza de que los efectos del proceso penal pueden recaer sobre una persona determinada; pues aun cuando se haya recepcionado la declara­ ción de un sujeto, si este no ha sido comprendido en forma expresa en el pro­ ceso bajo una imputación válida, no se le considerará como una actuación rea­ lizada por el Ministerio Público tendiente a interrumpir el plazo ordinario de prescripción. Casación: Concordancia:

N° 347-2011-Lima (14/05/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 4.7 Art. 339 inc. 1. Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

Las actuaciones del Ministerio Público respecto de procesados distin­ tos no interrumpen la prescripción de la acción penal (doctrina legal vinculante) En consecuencia, las actuaciones del Ministerio Público respecto de otros proce­ sados no interrumpen el plazo ordinario de prescripción de una persona que aún no ha sido incluida como partícipe en la investigación o procesamiento del hecho delictivo, ni pueden sus efectos serles extensivos; por ello, el artículo ochenta y ocho del Código Penal establece que los plazos de prescripción corren, se inte­ rrumpen o suspenden en forma separada para cada uno de los partícipes del hecho punible. Casación: Concordancia:

N° 347-2011-Lima (14/05/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 4.8 Art. 339 inc. 1. Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA La suspensión de la prescripción de la acción penal implica dejar sin efecto el tiempo transcurrido desde la investigación preparatoria hasta culminación del proceso (doctrina legal vinculante) El inciso 1 del artículo 339 del Código Procesal Penal evidencia que regula expre­ samente una suspensión sui géneris, diferente a la ya señalada, porque afirma

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

CAP. 13

que la Formalización de la Investigación Preparatoria emitida por el Fiscal, como director y coordinador de esta etapa procesal -quien adquiere las funciones de las que actualmente goza el Juez de instrucción-, suspende el curso de la pres­ cripción de la acción penal. Con la formulación de la imputación se judicializa el proceso por la comunicación directa entre el Fiscal y el Juez de la Investiga­ ción Preparatoria-y culmina la etapa preliminar de investigación practicada por el Fiscal. En consecuencia, queda sin efecto el tiempo que transcurre desde este acto Fiscal hasta la culminación del proceso con una sentencia o resolución judi­ cial que le ponga fin o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud de sobre­ seimiento del Fiscal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 1-2011/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 26 Art. 339 inc. 1 Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

Las reglas procesales penales solo regulan la suspensión y no la interrup­ J514 ción de la acción penal (doctrina legal vinculante) La redacción y el sentido del texto es claro, en cuanto regula la institución de la "suspensión" con todas las consecuencias y matices que conlleva y no es posible deducir que el legislador quiso reglamentar un supuesto de "interrupción" de la prescripción, porque la voluntad fue establecer que ese acto del Fiscal es motivo de suspensión. En la práctica, el principal efecto de esta norma es la prolonga­ ción del tiempo necesario para considerar extinguida la responsabilidad penal por un determinado hecho y, en ese sentido, cuando existe actividad procesal del Fiscal -formalizando la investigación- el plazo de prescripción deja de com­ putarse desde que se declara. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 1-2011/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 27 Art. 339 inc. 1 Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

El fundamento de la suspensión de la prescripción de la acción penal J515 reside en la posibilidad del éxito (doctrina legal vinculante) Desde esta perspectiva el fundamento de la posibilidad de suspender el plazo de prescripción dirigiendo el procedimiento contra el presunto culpable consti­ tuye el instrumento que tiene el Estado y ejecuta el órgano judicial para poner de manifiesto que aún se vislumbran posibilidades de éxito en la investigación del presunto delito y que la infracción pueda ser castigada -el acto del Fiscal que constituye la formalización del proceso se realiza después que se identi­ ficó e individualizó plenamente al imputado, se describió los hechos, se tipificó la conducta en la norma correspondiente y se reunió indicios reveladores de la

253

CAP. 13

LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN

comisión del delito, valorando adecuadamente todas las circunstancias del casopara evitar la sensación de impunidad en la sociedad, como marco de la política criminal del Estado.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J516

N° 1-2011/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 29 Art. 339 inc. 1 Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

La suspensión de la prescripción de la acción penal regulada en el CPP no supone la garantía de un proceso sin dilaciones indebidas (doctrina legal vinculante) La aplicación de esta regulación legal no vulnera el derecho fundamental del imputado a un proceso sin dilaciones indebidas programado en el inciso tres del artículo 139 de la Constitución -inserto en la garantía del debido proceso- y tampoco se afecta el derecho a que la causa se resuelva por el Juez Penal en un tiempo razonable, por lo siguiente: A. El fenómeno de la prescripción regulado en la norma constitucional y sustantiva está determinado esencialmente por una autolimitación del Estado para ejercer su potestad represiva cuando no ejerce la acción eficaz y oportunamente en un tiempo determinado. Por tanto, el legisla­ dor es el que decide si los actos que se realizan para iniciar la persecución penal, como da Formalización de la Investigación Preparatoria" es una causa que sus­ pende el curso de la prescripción. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J517

N° 1-2011/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 31 Art. 339 inc. 1 Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

La suspensión de la prescripción de la acción penal no es irrestricta sino que tiene límites (doctrina legal vinculante) El plazo de la suspensión del proceso se produce dentro del marco impuesto por la Ley, no es ilimitado y eterno (...) con los límites racionales regulados no habría un exceso de tiempo hasta la culminación del proceso con un pronun­ ciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre porque con la previsión de la ley fijando pautas de duración de los procesos no debería existir menoscabo a un juicio justo en un tiempo razo­ nable y donde el derecho de la sociedad a defenderse del delito se armoniza con el del imputado, de modo que no se sacrifica a ninguno de ellos a favor del otro. Con esto debe resaltarse que si bien los actos del procedimiento suspen­ den el curso de la prescripción de la acción persecutoria, no obstante lo hacen hasta cierto límite.

254

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Acuerdo Plenario: Concordancia:

CAR

N° 1-2011/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 31 Art. 339 inc. 1 Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

No es posible cuestionar la disposición de formalización de investigación J518 preparatoria vía audiencia de tutela (doctrina legal vinculante) La vía de la tutela solo está habilitada para aquellos casos en los que se vulnere algunos de los derechos esenciales asociados en términos amplios a la defensa. Por lo demás debe quedar claro que la Disposición en cuestión es una actuación uni­ lateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el Juez de la Investigación Preparatoria. Además, ya en el proceso formalmente ini­ ciado, las partes pueden hacer uso de los medios de defensa técnico para evitar un proceso en el que no se haya verificado los presupuestos esenciales de imputación. Piénsese, por ejemplo, en la declaración de atipicidad a través de la excepción de improcedencia de la acción o en la de prescripción ordinaria, si es que antes de la Formalización de la Investigación Preparatoria se cumplió el plazo correspondiente. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 4-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 18 Art. 339 inc. 1. Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

No es posible declarar la nulidad de la disposición de formalización de J 519 la investigación valorando la suficiencia y credibilidad de los elementos de convicción (doctrina legal vinculante) Que, por tanto, si bien es cierto el inicio de la investigación preparatoria es deci­ sión unilateral del Ministerio Público a través de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, conforme a lo establecido en el artículo trescientos treinta y seis del Código Procesal Penal, también lo es que para dicho efecto debe actuar con independencia de criterio y sujetándose a la Constitución y la Ley (debida motivación de las resoluciones judiciales), empero, la Sala de Apelaciones consideró lo contrario, sustentando la revocatoria que se cuestiona, en que no se habían merituado los documentos aportados por el imputado mediante el derecho de defensa y principio de contradicción que le asiste efectuando así una labor de valoración de los elementos de convicción sobre su suficiencia y credibilidad, que no corresponde al acto procesal de Tutela de Derechos, sino a la etapa intermedia o sentencia. Casación: Concordancia:

N° 01-20n-Piura (08/03/2012). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 4 Art. 336 Formalización y continuación de la investigación preparatoria

13 J520

LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN

Fiscal provincial puede establecer una pretensión alternativa diferente a la acusación principal Dicho esto, la interpretación del artículo 336 del Código Procesal Penal, debe rea­ lizarse sistemáticamente y en concordancia con el artículo 349 inciso tres, del mencionado texto legal, pues en ella también se faculta al fiscal que acusará durante el juzgamiento, a señalar alternativamente o subsidiariamente las cir­ cunstancias que permitan calificar la conducta del imputado en tipo penal dis­ tinto y en caso de que no se pudiere corroborar durante ios debates orales, la calificación jurídica principal, por ello, contrariamente a lo sostenido por los seño­ res jueces superiores que emitieron por mayoría la resolución cuestionada, un acto de esta naturaleza sí garantiza el derecho de defensa de un investigado, pues desde dicha etapa existe mayor espacio de tiempo en que se pueda ejercer una defensa apropiada ante la pretensión alternativa. Casación:

Concordancia:

J521

N° 145-2011-P¡ura (17/04/2012). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 336 Formalización y continuación de la investigación preparatoria

La precisión de los hechos en la Disposición de Formalización de Inves­ tigación Preparatoria debe ser compatible con el grado de sospecha ini­ cial simple El nivel de precisión de los hechos -que no de su justificación indiciaría procedimentai-, atento a la propia naturaleza jurídica de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria y del momento procesal de ejer­ cicio o promoción de la acción penal por el fiscal, debe ser compatible -con el grado de sospecha inicial simple propia de la necesidad de abrir una instancia de persecución penal-Tal consideración, como se sabe, ha de estar alejada de las meras presunciones, y fundada en puntos de partida objetivos y asentada en la experiencia criminalística de que, en pureza, existe un hecho de apariencia delic­ tiva perseguidle -presupuesto jurídico material- atribuidle a una o varias perso­ nas con un nivel de individualización razonable y riguroso. Casación:

Concordancia:

J522

N° 326-2016-Lambayeque (23/11/2016). Sala Penal Permanente. Fundamento 3.5.8 Art. 336 Formalización y continuación de la investigación preparatoria

La interpretación de la suspensión de prescripción de la acción penal es por una causal distinta a la del Código Penal (doctrina legal vinculante) Fundamentalmente porque ambas disposiciones son independientes aunque aludan a una misma institución penal como lo es la suspensión de la prescripción

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

CAR 13

de la acción penal. Se trata solamente de disposiciones compatibles que regulan, cada una, causales distintas de suspensión de la prescripción de la acción penal que pueden operar de modo secuencial, paralelo o alternativo. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 3-2012/CJ-116 (26/03/2012). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 10 Art. 339 inc. 1 Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

La suspensión de la prescripción de la acción penal no puede durar más J523 allá del plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo (doctrina legal vinculante) En ese contexto, pues, y atendiendo a los antecedentes históricos de la suspen­ sión de la prescripción en nuestra legislación, cabe asimilar, para satisfacer tal expectativa social, el mismo límite temporal que contenía el derogado artículo 122 del Código Penal de 1924. Esto es, en adelante debe entenderse que la sus­ pensión de la prescripción en el caso del artículo 339 inciso 1, no podrá prolon­ garse más allá de un tiempo acumulado equivalente al plazo ordinario de pres­ cripción más una mitad de dicho plazo.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 3-2012/CJ-116 (26/03/2012). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 11 Art. 339 inc. 1 Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

Las causales de suspensión de la prescripción ordinaria también se J524 encuentran en la legislación procesal penal (doctrina legal vinculante) En lo que respecta a la suspensión de la prescripción de la acción penal, señala el artículo 84 del Código Penal que el plazo se suspende si el comienzo o la conti­ nuación del proceso penal dependen de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento. "Se trata de un recurso civilista por el que excepcional­ mente se suspende el cómputo del plazo, hasta tanto se resuelva el asunto -no penal- que lo motivó. Las cuestiones que suspenden el plazo de prescripción son dos: a) Cuestiones previas y b) Cuestiones prejudiciales" 3. Sin embargo, dicha institución no solo tiene regulación en el Código Sustantivo, sino también en el Procesal; es así que el artículo 339, inciso 1, del Código Procesal Penal, cuya inter­ pretación y aplicación ha dado motivo al presente recurso de casación. Casación: Concordancia:

N° 332-2015-Del Santa (14/03/2018). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 7 Art. 339 inc. 1 Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

257

13

LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN

El Código Procesal Penal no establece ningún supuesto que reduzca plazos por suspensión o interrupción de la acción penal (doctrina legal vinculante) El Código Procesal Penal no establece ninguna excepción a la aplicación del artículo ochenta y uno del Código Penal, referido a la reducción del plazo de la prescripción de la acción penal en los casos que se haya suspendido o interrum­ pido. Por el contrario, la doctrina es uniforme en señalar que el contenido del artículo ochenta y uno del Código Penal se circunscribe dentro de un supuesto de responsabilidad restringida, en el cual se goza plenamente del beneficio de la reducción a la mitad del plazo prescriptorio. Casación: Concordancia:

J526

N° 332-2015-Del Santa (14/03/2018). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamentos 22 y 23 Art. 339 inc. 1 Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

La formalización de investigación preparatoria suspende el plazo de pres­ cripción ordinario, debiéndose aplicar el plazo extraordinario (doctrina jurisprudencial vinculante) El cómputo de los plazos de prescripción de la acción penal en los casos de suspensión por formalización de investigación preparatoria, no es ilimitado, sino por un periodo equivalente a un plazo ordinario más la mitad, por lo que la acción penal prescribirá indefectiblemente cuando haya culminado dicho plazo, conforme lo dejó sentado el Acuerdo Plenario de las Salas Penales de la Corte Suprema número tres dos mil doce. Casación: Concordancia:

J 527

N° 332-2015-Del Santa (14/03/2018). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 13 Art. 339 inc. 1 Efectos de la formalización de la investigación preparatoria

La existencia de un direccionamiento en la investigación contra una persona en concreto, debe ser sobre una base razonable (doctrina legal vinculante) Por otro lado, debemos subrayar que, tan pronto como la actividad estatal desti­ nada al esclarecimiento de un hecho ilícito se direcciona respecto de una persona concreta, aun antes de que respecto de ella se formule una declaración formal o una orden de restricción de derechos, habrá un imputado, debiendo dicho direc­ cionamiento producirse sobre una base razonable; en efecto, la restricción de los derechos del imputado exige un cierto grado de concreción de la imputación, la que deberá ser externalizada y motivada. Debe quedar claro, sin embargo, que sin alcanzarse un umbral mínimo de atribución no será posible hablar de imputado, ni tratar a la persona como tal imponiéndole ciertas medidas de sujeción procesal.

ACUSACIÓN DIRECTA

Casación;

Concordancia:

CAP.

N° 375-2011-Lambayeque (18/06/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 8 Art. 336 Contenido de la Disposición de formalización

Mediante la disposición de formalización de investigación preparatoria J528 que contiene una imputación formal se atribuye la calidad de imputado (doctrina legal vinculante) Entonces, la calidad de imputado se establece desde que existe la atribución de un delito en contra de un ciudadano por una disposición de formalización de investigación preparatoria conforme con el inciso 1 del artículo 336 del Código Procesal Penal. Pudiendo ejercer los derechos que le reconoce la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Penal.

Casación: Concordancia:

N° 134-2015-Ucayali (16/08/2016). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 20 Art. 336 Contenido de la Disposición de formalización

ACUSACIÓN DIRECTA La acusación directa supone el paso directo a la etapa intermedia (doc­ J529 trina legal vinculante) En el presente caso, el Fiscal decide pasar directamente a la etapa intermedia prescindiendo de la etapa de investigación formal. La acusación directa formu­ lada por el Ministerio Público deberá cumplir con los presupuestos contempla­ dos en el artículo 349 NCPP, y previo traslado del requerimiento a las partes el Juez de la Investigación Preparatoria ejercerá el correspondiente control de acu­ sación pudiendo desestimar el pedido Fiscal cuando concurra alguna de las cau­ sales de sobreseimiento, previstas en el artículo 348 NCPP.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2010/CJ-116 (16/11 /2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 8 Art. 339 Acusación directa

La acusación cumple las funciones de la disposición de la formalización J530 de la investigación preparatoria (doctrina legal vinculante) Conforme a lo expuesto el requerimiento acusatorio, en el procedimiento de acusación directa, cumple las funciones de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria en la etapa de investigación. Es decir: (i) individualiza al imputado y señala los datos que sirven para identificarlo; (ii) satisface el princi­ pio de imputación necesaria describiendo de forma clara y precisa el hecho que se le atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y

13

LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN

posteriores, y la correspondiente tipificación; (iii) establece la suficiencia proba­ toria señalando los elementos de convicción que fundamentan el requerimiento acusatorio; (iv) determina la cuantía de la pena que se solicita y fija la reparación civil cuando no hay actor civil; y (v) ofrece los medios de prueba para su actua­ ción en la audiencia. Acuerdo Plenario: Concordancia:

j 531

N° 6-2010/CJ-116 (16/11 /2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 12 Art. 339 Acusación directa

El derecho de defensa de las partes se garantiza con la notificación de la acusación (doctrina legal vinculante) El derecho de defensa de las partes procesales queda salvaguardado con la noti­ ficación del requerimiento de acusación para que en el plazo de 10 días pue­ dan pronunciarse sobre el pedido fiscal. Respecto al imputado, se le posibilita, en virtud del artículo 350.1 NCPP observar la acusación fiscal formal y sustancial­ mente y, de ser el caso, ofrecer las pruebas que considere se deben producir en el juzgamiento. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 13 Art. 339 Acusación directa

PLAZO DE DSLIGENCIAS PRELIMINARES J 532 El plazo de diligencias preliminares es distinto al plazo de investigación preparatoria (doctrina legal vinculante) La etapa de investigación preparatoria presenta a su vez dos subetapas: la pri­ mera correspondiente a las diligencias preliminares y la segunda que corres­ ponde a la investigación preparatoria propiamente dicha. En este contexto, la fase de diligencias preliminares tiene un plazo distinto, el mismo que está sujeto a control conforme dispone el inciso segundo del numeral ciento cuarenta y cua­ tro del Código Procesal Penal; control que tiene fundamental importancia para una tramitación adecuada y eficiente del proceso.

Casación: Concordancia:

N° 02-2008-La Libertad (03/06/2008). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 7 Art. 330 Diligencias Preliminares Art. 334 Calificación de la denuncia Art. 342 Plazo de diligencias preliminares y plazo de investigación preparatoria

El plazo de las diligencias preliminares debe computarse desde la comu­ nicación al imputado (doctrina legal vinculante)

lili

El plazo establecido en el numeral trescientos cuarenta y dos, debe computarse a partir de su comunicación en virtud a lo establecido en el inciso dos del artículo ciento cuarenta y tres; señalándose además, a partir de una interpretación siste­ mática que esa es la razón por la cual en cada una de esas fases, diligencias pre­ liminares e investigación preparatoria, el Código Procesal Penal prevé la posibili­ dad de que los justiciables y fundamentalmente el imputado puedan promover mecanismos de control del plazo de investigación que se regulan de manera diferenciada tanto para la fase de las diligencias preliminares como para la inves­ tigación preparatoria propiamente dicha. Casación:

Concordancia:

N° 02-2008-La Libertad (03/06/2008). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 8 Art. 330 Diligencias Preliminares Art. 334 Calificación de la denuncia Art. 342 Plazo de diligencias preliminares y plazo de investigación preparatoria

El plazo de diligencias preliminares es diferente y no se halla compren­ J534 dido en los 120 días naturales más de prórroga (doctrina legal vinculante) Los plazos para las Diligencias Preliminares, de veinte días naturales y el que se concede al Fiscal para fijar uno distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación; son diferentes y no se hallan comprendidos en los ciento veinte días naturales más la prórroga a la que alude la norma pertinente, que corresponde a la Investigación Preparatoria pro­ piamente dicha.

Casación:

Concordancia:

N° 02-2008-La Libertad (03/06/2008). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 11 Art. 330 Diligencias Preliminares Art. 334 Calificación de la denuncia Art. 342 Plazo de diligencias preliminares y plazo de Investigación preparatoria

El plazo de diligencias preliminares en su hipótesis más extrema no puede ser superior al plazo de investigación preparatoria (doctrina legal vinculante) El plazo de las denominadas Diligencias Preliminares y fundamentalmente el plazo adicional al de los veinte días que el artículo trescientos treinta y cuatro le autoriza al Fiscal en casos que por sus características revistan complejidad, no debe ser uno ilimitado (...) debiendo tenerse siempre presente que las Dili­ gencias Preliminares tienen como finalidad inmediata realizar los actos urgente

lili

CAP. 13

LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN

o inaplazables conforme dispone el artículo trescientos treinta de la ley proce­ sal penal y que por estas consideraciones, la fase de Diligencias Preliminares no podría, en la hipótesis más extrema, ser mayor que el plazo máximo de la Inves­ tigación Preparatoria regulada en el artículo trescientos cuarenta y dos de la ley procesal penal

Casación: Concordancia:

J536

N° 02-2008-La Libertad (03/06/2008). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 12 Art. 330 Diligencias Preliminares Art. 334 Calificación de la denuncia Art. 342 Plazo de diligencias preliminares y plazo de investigación preparatoria

El cómputo de las diligencias preliminares es por días naturales y desde que el fiscal toma conocimiento del hecho punible (doctrina legal vinculante) Que, la regla para el cómputo del plazo, se encuentra regulada en el artículo ciento ochenta y tres del Código Civil, que establece que se computará conforme al calendario gregoriano, estableciéndose en su inciso primero que el plazo seña­ lado por días se computará por días naturales, salvo que la ley o el acto jurídico establezca que se haga por días hábiles (...) Se estableció que el plazo para las diligencias preliminares es de veinte días naturales. Que, el cómputo del plazo de las diligencias preliminares se inicia a partir de la fecha en que el fiscal tiene conocimiento del hecho punible, y no desde la comunicación al encausado de la denuncia formulada en su contra.

Casación: Concordancia:

N° 66-2010-Puno (26/04/2011). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 5,6 y 7 Art. 330 Diligencias Preliminares Art. 334 Calificación de la denuncia Art. 342 Plazo de la Investigación Preparatoria

J537 Posición contraria: no se puede fijar un caso distinto en las diligencias preliminares para casos complejos Habiéndose establecido la distinción entre diligencias preliminares e investiga­ ción preparatoria, las mismas que guardan una finalidad distinta, queda claro entonces que si bien se estableció que la investigación preparatoria en casos complejos deberá contar con un plazo mayor a aquellos que se denominan casos "ordinarios" sin embargo, ello no obliga a que dicha distinción de plazos se efectúe también para las diligencias preliminares, por una sencilla razón, y es que la investigación preparatoria tiene por finalidad reunir todos los elementos pro­ batorios suficientes, a fin de poder sustentar la acusación, esto es, probar su teo­ ría del caso, por ello es que en casos complejos sí resulta de suma importancia un

262

PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES

CAR

plazo más extenso -y no así ilimitado- para la investigación propiamente dicha; lo cual resulta innecesario y fuera de la finalidad a la que arriban las diligencias preliminares.

Casación: Concordancia:

N° 318-2011-Lima (22/11/2012). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2.15 Art. 330 Diligencias Preliminares

Plazo máximo de las diligencias preliminares es de ocho meses en caso J538 de investigaciones complejas (doctrina legal vinculante) (S)e debe establecer como doctrina jurisprudencial que: "tratándose de investi­ gaciones complejas, el plazo máximo para llevar a cabo las diligencias prelimina­ res es de ocho meses"; considerándose proceso complejo, cuando: a) requiera la actuación de una cantidad significativa de actos de investigación; b) comprenda la investigación de numerosos delitos; c) involucra una cantidad importante de imputados o agraviados; d) investiga delitos perpetrados por imputados inte­ grantes o colaboradores de bandas u organizaciones delictivas; e) demanda la realización de pericias que comportan la revisión de una nutrida documentación o de complicados análisis técnicos; f) necesita realizar gestiones de carácter pro­ cesal fuera del país; o, g) deba revisar la gestión de personas jurídicas o entida­ des del Estado. Casación:

Concordancia:

N° 144-2012-Áncash (11/07/2013). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 10 Art. 330 Diligencias preliminares Art. 334 inc. 2 Calificación de la denuncia Art. 337 Diligencias de la Investigación Preparatoria

No es posible prorrogar el plazo de la investigación preliminar si ha con­ J539 cluido (doctrina legal vinculante) Que, el artículo 144 inciso 1 del Código adjetivo antes citado, señala que los pla­ zos solo pueden ser prorrogados cuando la ley lo permita. Esto significa que de ningún modo cabe la habilitación judicial del plazo, cuando ello no esté contem­ plado expresamente. De allí que frente al vencimiento del término para llevar a cabo una determinada actuación procesal a cargo del Ministerio Público -en su condición de titular de la acción penal y director de la investigación- no corres­ ponde el amparo de solicitudes de prórroga del mismo. Menos aún, que en tal circunstancia de conclusión del plazo, recién se pretenda la calificación del caso, como complejo. Asimismo, en aplicación del principio de la preclusión procesal. En tal supuesto, corresponde continuar con el normal desarrollo de las siguien­ tes etapas del proceso.

LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN

Casación:

Concordancia:

N° 134-2012-Áncash (13/08/2013). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 2 Art. 334 inc. 2 Plazo de diligencias preliminares

PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA J540

La excepción a la plena vigencia del tempus regitactum, en casos de pla­ zos ya iniciados (doctrina legal vinculante) 3.4. En efecto, este Tribunal Supremo considera que si bien la Ley N° 30077 entró en vigencia el 1 de julio del 2014, que modificó el plazo de la investigación pre­ paratoria a 36 meses en las investigaciones de delitos perpetrados por imputa­ dos integrantes a organizaciones criminales; sin embargo, dicho plazo no puede ser tomando en cuenta en el caso sub examine, toda vez que la misma norma procesal en el artículo Vil del Título Preliminar señala que si bien rige el princi­ pio tempus regitactum, no obstante este tiene sus excepciones al indicar, entre otras, que se regirán con la ley anterior, los medios impugnatorios ya interpues­ tos, los actos procesales con principio de ejecución y los plazos que hubieran empezado. Casación: Concordancia:

J541

N° 309-2015-Lima (29/03/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.4 Art. 342 Plazo

La aplicación de la Ley N° 30077 corresponde para investigaciones y pro­ cesos en trámite que cumplan los requisitos (doctrina legal vinculante) 1. En los casos que se encuentren a cargo del Ministerio Público, en la etapa de investigación preliminar y pendientes de calificación, es de aplicación inmediata la presente ley bajo la vigencia del Código Procesal Penal. 2. En los casos segui­ dos bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales, en la que el fiscal haya formalizado la denuncia penal pero el Juez aún no la haya calificado, se pro­ cede a la devolución de los actuados al Ministerio Público a fin de que se ade­ cúen a las reglas del Código Procesal Penal. 3. Los procesos penales ya instau­ rados con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, ya sea bajo la vigencia del Código de Procedimientos Penales o del Código Procesal Penal, siguen su trámite regular, bajos esas mismas reglas según corresponda, hasta su culminación. Casación:

Concordancia:

N° 309-2015-Lima (29/03/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.5 Art. 342 Plazo

PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

CAP. 13

No procede adecuación de plazo al establecido en la Ley N’ 30077, en J542 investigación preparatoria ya formalizada (doctrina legal vinculante) 3.6. En tal sentido, el caso sub judice se rige bajo las normas ya establecidas en el nuevo Código Procesal Penal, puesto que no se encuentra en diligencias prelimi­ nares, sino en la etapa de investigación preparatoria, es decir, ya se inició el pro­ ceso penal instaurado contra los recurrentes, el mismo que debe regirse bajo las normas que estaban vigentes al momento de que el representante del Ministe­ rio Público, formalizó la investigación preparatoria, que fue el 13 de mayo de 2014, por lo que el plazo de la misma es de 8 meses en caso de procesos complejos, prorrogadle por 8 meses, conforme lo establece el inciso 2 del artículo 342 de la norma adjetiva; tanto más si la acotada ley se refiere al principio de favorabilidad que deben regir en determinados procesos, como el de este. Casación:

Concordancia:

N° 309-2015-Lima (29/03/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.6 Art. 342 Plazo

265

CAPITULO 14 LA ETAPA INTERMEDIA EL SOBRESEIMIENTO El imputado y la víctima pueden postular el sobreseimiento con base en J543 acuerdos reparatorios postulados (doctrina legal vinculante) Queda claro que el imputado como la víctima, una vez promovida la acción penal, tienen legitimidad material como procesal para postular el sobreseimiento con base en el acuerdo, porque de un lado, el imputado pretende extinguir la responsabilidad penal y, del otro, la víctima al recurrir al sistema de justicia crimi­ nal busca obtener algún tipo de reparación o compensación de los daños causa­ dos por el delito que ha sido objeto. Casación:

Concordancia:

N° 437-2012-San Martín (19/09/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 10 Art. 350 inc. d Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales

El auto de sobreseimiento puede ser revocado en virtud de la apelación J544 del agraviado (doctrina jurisprudencial vinculante) En efecto, se advierte con claridad que el agraviado del delito se encuentra en condiciones de ser un protagonista del proceso penal, encontrándose facultado por el Código Procesal Penal para participar activamente en el desarrollo del pro­ ceso, siendo necesario que el agraviado actúe con todos los derechos y garantías que le aseguran la satisfacción de su pretensión, por ello, se advierte que en el artículo noventa y cinco del Código Procesal Penal, específicamente, en el literal d) del numeral uno, establece que: "el agraviado tendrá como derecho impug­ nar el sobreseimiento y la sentencia absolutoria"; en concordancia con el artículo trescientos cuarenta y siete del mismo cuerpo legal, señala que contra el auto de sobreseimiento procede recurso de apelación; motivo por el cual, la Sala Supe­ rior debe emitir nuevo pronunciamiento.

14 Casación:

Concordancia:

LA ETAPA INTERMEDIA

N° 353-2011-Arequipa (04/06/2013). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 4.5 Art. 347 inc. 3 Auto de sobreseimiento

lili El órgano jurisdiccional no puede ordenar que el fiscal formule acusa­ ción cuando ha optado por el sobreseimiento (doctrina legal vinculante)

Si el Fiscal no formula acusación, más allá de la posibilidad de incoar el control jerárquico, le está vedado ai órgano jurisdiccional ordenar al Fiscal que acuse y, menos, asumir un rol activo y, de oficio, definir ios ámbitos sobre los que discu­ rrirá la selección de los hechos, que solo compete a la Fiscalía; el presupuesto del juicio jurisdiccional es la imputación del Fiscal; que, por tanto, si el órgano judicial está conforme con el dictamen no acusatorio del Fiscal Provincial y, por ello, no decide incoar el procedimiento para forzar la acusación. Queja:

Concordancia:

J546

N° 1678-2006-Lima (13/04/2007). Doctrina jurisprudencial vincu­ lante: fundamento 4 Art. 347 inc. 2 Efectos del auto de sobreseimiento Art. 347 inc. 3 Recurso de apelación contra el auto de sobreseimiento

La formalidad de la oposición al sobreseimiento tiene dos fases: una escrita y otra oral (doctrina legal vinculante) La formalidad prevista para ello presenta dos fases, una escrita;autoriza a las partes contrarias a formular por escrito oposición al sobreseimiento", donde puede solicitar la realización de una investigación suplementaria, o que en vía de control se eleve ai superior jerárquico; y otra oral, que es la audiencia, donde se debaten las alegaciones presentadas por escrito. Las distintas posibilidades que tiene el Juez de la Investigación Preparatoria frente a la acusación fiscal, pue­ den concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes -nunca antes(fase escrita) y de la realización de la audiencia preliminar (fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración)". Casación: Concordancia:

J 547

N° 187-2016-Lima (30/01/2017). Doctrina jurisprudencial vincu­ lante: fundamento 17 Art 345 inc. 2 Oposición al sobreseimiento Art. 346 Pronunciamiento del Juez de Investigación Preparatoria

No es necesario que el actor civil formule oposición al requerimiento fis­ cal de sobreseimiento para luego apelar el auto de sobreseimiento (doc­ trina legal vinculante) Argüir falta de interés para interponer recurso de apelación al sobreseimiento por no plantear oposición, vulneraría el derecho al recurso que le asisten a las partes; el principio de legalidad, pues el artículo cuatrocientos veinte del Código

LA ACUSACIÓN

CAP.

Procesal Penal no establece la oposición como requisito de procedencia de la apelación de autos -de sobreseimiento-, resultando una interpretación exten­ siva de las formalidades del recurso prevista en el artículo cuatrocientos cinco del citado texto legal; y el inciso tres del artículo Vil del Título Preliminar del Código Procesal Penal, que establece: "La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente.

Casación:

Concordancia:

N° 187-2016-Lima (30/01/2017), Doctrina jurisprudencial vincu­ lante: fundamento 20 Art. 345 inc. 2 Oposición al sobreseimiento Art. 346 Pronunciamiento del Juez de Investigación Preparatoria

LA ACUSACIÓN La acusación fiscal es un acto procesal de postulación del Ministerio j 543 Público dirigido al órgano jurisdiccional (doctrina legal vinculante) La acusación fiscal es un acto de postulación del Ministerio Público que pro­ mueve en régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública (artículos 159.5 de la Constitución, 1 y 92 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en adelante, LOMP, 219 ACPP y 1, 60 y 344.1 NCPP). Mediante la acusación la Fis­ calía fundamenta y deduce la pretensión penal; esto es, la petición fundamen­ tada dirigida ai órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se afirma que ha cometido. La Fiscalía, como se sabe, en virtud del principio de legalidad u obligatoriedad, está obligada a acusar cuando las investigaciones ofrecen base suficiente sobre la comisión del hecho punible atribuido al imputado (expresamente, artículo 344°.1 NCPP). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 6 Art. 344 inc. 1 Decisión del Ministerio Público

La acusación fiscal debe expresar la legitimación activa del fiscal y en su j 549 contenido los presupuestos y requisitos objetivos de su pretensión (doc­ trina legal vinculante) Con independencia de los presupuestos procesales, cuya ausencia impide al órgano jurisdiccional entrar a examinar el fondo de la pretensión, la acusación fiscal debe expresar, de un lado, la legitimación activa del fiscal como tal -cuya intervención solo es posible en los delitos de persecución pública- y la legitima­ ción pasiva del acusado, quien desde el Derecho penal debe tratarse no solo de una persona física viva sino que ha debido ser comprendido como imputado

14

LA ETAPA INTERMEDIA

en la etapa de instrucción o investigación preparatoria y, por ende, estar debida­ mente individualizado. De otro lado, desde la perspectiva objetiva, la acusación fiscal ha de respetar acabadamente los requisitos objetivos referidos a la causa de pedir: fundamentación fáctica y fundamentación jurídica, y al petitum o petición de una concreta sanción penal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 6 Art. 344 inc. 1 Decisión del Ministerio Público

j 550 La acusación fiscal importa tanto la pretensión penal como la pretensión civil las cuales deben ser debidamente postuladas (doctrina legal vinculante) Por otro lado, la acusación fiscal, ante la acumulación del proceso civil al proceso penal (artículo 92 del Código Penal, -en adelante, CP-), también importa la intro­ ducción de la pretensión civil, basada en los daños y perjuicios generados por la comisión de un acto ilícito. En función a su característica singular, la acusación fis­ cal ha de señalar tanto la cantidad en que se aprecien los daños y perjuicios en la esfera patrimonial del perjudicado causados por el delito o la cosa que haya de ser restituida, como la persona o personas que aparezcan responsables -que han debido ser identificadas en una resolución judicial dictada en la etapa de instruc­ ción o investigación preparatoria- y el hecho en virtud del cual hubieren con­ traído esa responsabilidad. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J551

N°6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 6 Art. 344 inc. 1 Decisión del Ministerio Público

Los elementos de convicción son fundamentos o razones suficientes del fiscal para imputar un hecho punible al imputado como autor o partícipe (doctrina legal vinculante) En el Código Procesal Penal se mencionan los llamados elementos de convicción, pero no se le da un contenido concreto, se le vincula con su suficiencia, pero no se le dota de un contenido material. Una primera aproximación conceptual a su con­ tenido sería la siguiente: Por la etapa en los que son utilizados, luego de realiza­ dos los actos de investigación, durante la investigación preparatoria, los elemen­ tos de convicción son los fundamentos o las razones suficientes que tiene el fiscal para tener la certeza o convencimiento que se puede imputar un hecho punible al imputado, como autor o participe y, por ende, formularle una acusación e ir a juicio. Casación:

Concordancia:

N° 760-2016-La Libertad (20/03/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 15 Art. 349 Contenido de la acusación fiscal

LA ACUSACIÓN

CAP. 14

Es un presupuesto procesal de la acusación fiscal la identificación J552 exhaustiva del imputado y un contenido fáctico riguroso (doctrina legal vinculante) Los artículos: 225 ACPP, 349 NCPP y 92.4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público identifican el contenido de la acusación fiscal y condicionan su eficacia proce­ sal. La característica común de las normas citadas, desde una perspectiva sub­ jetiva, es la necesidad de una identificación exhaustiva del imputado, quien ha de haber ser sido comprendido como tal mediante una acto de imputación en sede de investigación preparatoria o instrucción -fiscal o judicial, según se trate del NCPP o del ACPP, respectivamente- Desde la perspectiva objetiva, la acu­ sación debe mencionar acabadamente la fundamentación fáctica, indicar con todo rigor el título de condena y concretar una petición determinada, así como el ofrecimiento de medios de prueba. Acuerdo Plenario;

Concordancia;

N° 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 7 Art. 349 Contenido de la acusación

Se establece que la acusación debe describir de forma precisa, clara y J553 concreta los hechos y las circunstancias temporales y espaciales (doc­ trina legal vinculante) Formalmente, además de su carácter escrito, la acusación debe describir de modo preciso, concreto y claro los hechos atribuidos al imputado o a la per­ sona a la que se la atribuye responsabilidad civil, con mención fundamentada del resultado de las investigaciones. Desde el Derecho penal, los hechos que la fundamentan deben ser los que fluyen de la etapa de investigación prepa­ ratoria o instrucción. Se exige una relación circunstanciada, temporal y espacial, de las acciones u omisiones dolosas o culposas penadas por la ley, que han de constituir el objeto del juicio oral. Esta descripción ha de incluir, por su necesa­ ria relevancia jurídico-penal, las circunstancias modificativas de la responsabili­ dad penal.

Acuerdo Plenario;

Concordancia;

N° 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 7 Art. 349 Contenido de la acusación

La acusación debe contener un título de imputación provisional (doc­ J554 trina legal vinculante) La acusación debe incluir un título de imputación determinado, es decir, una cali­ ficación, siempre provisional, del hecho punible objeto de investigación prepa­ ratoria o instrucción. Este comprende la precisión de los elementos legales del hecho punible, la indicación de la ley penal correspondiente con las normas que

271

CAP. 14

LA ETAPA INTERMEDIA

correspondan, referidas a la tipicidad objetiva y subjetiva, al grado del delito, a la forma de autoría o de participación. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J555

N° 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 349 Contenido de la acusación

Los elementos de convicción en la acusación fiscal deben tener una mayor intensidad incriminatoria y ser suficientes (doctrina legal vinculante) a) Los elementos de convicción son los que sirven de base para la formulación de una acusación fiscal; b) No pueden tener la misma intensidad incriminato­ ria que la prueba, obtenible solo en juicio, pues solo genera certeza en el fiscal que es quien sostiene sus acusación; c) Por juicio a contrario del artículo 344.2; d) Los elementos de convicción deben ser suficientes, para acusar, pues en situa­ ción inversa solo darla lugar al sobreseimiento; e) Quienes determinan, por regla general, la suficiencia de los elementos de convicción, son los fiscales, pues son ellos los titulares de la acción penal; f) Solo cuando la insuficiencia de elementos de convicción sea evidente o cuando no exista la posibilidad razonable de incor­ porar al juicio, elementos de prueba -que en realidad son de convicción- puede instar el sobreseimiento, la defensa, o el Juez decretarlo de oficio. Casación: Concordancia:

J556

N° 760-2016-La Libertad (20/03/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 15 Art. 349 inc. 1 Contenido de la acusación fiscal

La acusación debe ser debidamente motivada cumpliendo los requisitos tácticos y jurídicos (doctrina legal vinculante) En este sentido, se establece que la acusación será debidamente motivada. De esta manera, los fiscales al igual que los jueces deben fundamentar suficiente­ mente, de manera lógica e integral su pretensión persecutoria. Con el nuevo sis­ tema procesal penal ya no es más posible que los fiscales presenten acusaciones incompletas, enrevesadas, ilógicas contradictorias, deben satisfacer un mínimo estándar de suficiencia que permita a la defensa preparar su teoría del caso, en juicio. Pero, además, la acusación fiscal debe contar con un conjunto de requi­ sitos fácticos y jurídicos que son mencionados de manera taxativa e indepen­ diente, uno de los cuales son ios elementos de convicción. Casación:

Concordancia:

272

N° 760-2016-La Libertad (20/03/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 16 Art. 349 inc. 1 Contenido de la acusación fiscal

LA ACUSACIÓN

CAR

Se establece que la acusación debe contener los hechos que han sido definidos como objeto de la investigación (doctrina legal vinculante) Lo que interesa, sin perjuicio de la identificación del imputado, es la definición de los hechos que han sido objeto de investigación, y que no se altere la actividad; identidad, por lo menos parcial, de los actos de ejecución delictiva y la homoge­ neidad del bien jurídico tutelado. Lo expuesto no hace sino ratificar que ambas decisiones -judicial una y fiscal otra- determinan la legitimación pasiva y se con­ vierten en el requisito previo de la acusación, con lo que evitan las acusaciones sorpresivas y robustecen el derecho de todo ciudadano al conocimiento pre­ vio de la acusación; derecho último, que integra la garantía de defensa proce­ sal, y que no implica convertir el auto de apertura de instrucción o la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria en un escrito de acusación. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente/Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 349.2 Contenido de la acusación

La calificación jurídica de la acusación fiscal puede variar respecto de J558 la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria (doctrina legal vinculante) Una regla expresa sobre esa vinculación relativa del fundamento jurídico de la causa de pedir se encuentra en el artículo 349.2 NCPP, que incluso autoriza un cambio en la calificación jurídica, siempre -claro está- con pleno respeto del principio acusatorio, que exige en este nivel, de un lado, identidad esencial -es decir, total o parcial- entre los hechos de ejecución delictiva investigados y acu­ sados, y, de otro lado, respeto de la homogeneidad del bien jurídico protegido por el ordenamiento sustantivo. En tanto se trata de un acto de postulación, que es objeto de conocimiento del acusado y respecto del cual se iniciará el juicio oral, no es de recibo sostener que tal proceder del fiscal vulnera el principio de contradicción o lesiona la garantía de defensa procesal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 349.2 Contenido de la acusación

El hecho de que el fiscal no tome en cuenta una prueba ofrecida por la J 559 defensa al emitir su requerimiento no vulnera el debido proceso Al señalarse que el señor Fiscal, al no verificar todas las pruebas aportadas en la etapa de investigación preparatoria, y por ende no tenerlo presente al momento de emitir su requerimiento fiscal, no llega esta decisión a vulnerar el principio del debido proceso y mucho menos el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ya

CAP.

14

LA ETAPA INTERMEDIA

que como se expuso párrafos arriba, el medio de prueba ofrecido por la defensa técnica, podrá ser admitido por el Juzgado de la Investigación Preparatoria, final­ mente en una audiencia preliminar. Casación:

Concordancia:

J560

N° 80-2010-Piura (28/04/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 8 Art. 349 Contenido de la acusación Art. 352 Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar

Se precisa que el contenido de la acusación debe ser debidamente expresa, precisa y con clara determinación de la participación de los sujetos La acusación ha de ser (i) expresa y en términos que no sean absolutamente vagos e indeterminados -debe relatarse el hecho tal y como lo vería un observa­ dor imparcial: descripción de las circunstancias del tiempo, lugar y modo, desde una perspectiva concreta y según las posibilidades del caso- Además, la acusa­ ción ha de ser (ii) precisa -determinada o específica, con niveles razonables de concreción- y clara -comprensible- respecto del hecho y del delito por el que se formula. La acusación fiscal debe formularse en términos que permitan al acu­ sado saber a qué atenerse y diseñar su estrategia defensiva. Por esta misma pers­ pectiva (iii) cuando se trata de varios imputados, la acusación fiscal debe indicar, en cuanto sea posible, cuál fue su papel desempeñado por cada uno de ellos. Casación:

Concordancia:

J561

N° 247-2018-Áncash (15/11/2018). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Art. 349 Contenido de la acusación Art. 352 Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar

El contenido del aspecto táctico de la acusación debe ser concreto y preciso De igual manera, cabe puntualizar que el apartado fáctico de la acusación fiscal, si bien debe ser completo -incluir todos los elementos fácticos que integran el tipo delictivo y circunstancias que influyen sobre la responsabilidad del causado y específico- debe permitir conocer cuáles son las acciones que se consideran delictivas pero no exhaustivo. Así, no se requiere un relato minucioso y detallado, o pormenorizado, ni la incorporación ineludible al texto del escrito de elementos fácticos que obren en las diligencias de investigación, y a los que la acusación se refiere con suficiente claridad. Casación:

Concordancia:

274

N° 247-2018-Áncash (15/11/2018). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Art. 349 Contenido de la acusación Art. 352 Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar

LA ACUSACIÓN

CAR

La inobservancia del plazo legal para formular acusación fiscal no es san­ cionada con la caducidad (doctrina legal vinculante) El requerimiento fiscal -acusatorio o no acusatorio-, como ha quedado expuesto, es la expresión de un deber funcional ineludible: el proceso penal no se concibe sin su ejercicio. Por lo tanto, el incumplimiento de los plazos legalmente previstos para su emisión, por su carácter de acto necesario para el proceso, solo acarrea responsabilidad disciplinaria como lo establece el artículo 144.2 del NCPP; tienen que ser cumplidos, aunque se hubiese producido su término final. Casación:

Concordancia:

N° 54-2009-La Libertad (20/07/2010). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamentos 9 y 10 Art. 144 Caducidad Art. 343 Control del plazo de la Investigación preparatoria Art. 344 Decisión del Ministerio Público Art. 433 inc. 1 Contenido de la sentencia casatoria y Pleno Casatorio

La acusación alternativa implica que una de las calificaciones jurídicas J563 establecidas desplaza a la otra al momento de la sentencia La acusación alternativa se presenta cuando un mismo hecho se acusa con más de una calificación jurídica. El fiscal, frente a ese único hecho, señala alternativa o subsidiariamente, las circunstancias que permitan calificar la conducta del impu­ tado en un tipo penal distinto al principal. Estas figuras proceden cuando, frente a un mismo hecho, hay más de una ley penal que, en apariencia, discute al hecho. Por lo que se entiende que la imposición de una de ellas desplaza a la otra u otras calificaciones jurídicas que fueron establecidas de manera alternativa o subsidia­ ria. Es de considerar, por ello, que al incluir la acusación un título de imputación determinado, esta es siempre una calificación provisional. Casación: Concordancia:

N° 675-2015-Huaura (10/01/2017). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 6.4 Art. 349 inc. 3 Acusación alternativa

La acusación alternativa no vulnera el derecho de defensa si se tiene J564 pleno conocimiento de los hechos Si bien es cierto el planteamiento efectuado por el Fiscal en su acusación optó por dos líneas de imputación al calificar el acto a título de dolo y culpa; sin embargo, el mismo representante del Ministerio Público subsanó esta aparente contradic­ ción en la etapa de juzgamiento -al momento de realizar su alegato final-, con­ secuentemente no puede sostenerse que haya existido vulneración del debido proceso como alega el casacionista pues no se afectó dicha garantía constitucio­ nal ni el derecho de defensa, porque el encausado tenía pleno conocimiento de los hechos que le atribuían.

CAP, 14 Casación: Concordancia:

J565

LA ETAPA INTERMEDIA

N° 82-2012-l\/loquegua (15/04/2013). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 6 Art. 349 inc. 3 Acusación alternativa

No se vulnera el principio de congruencia si se condena por uno de los delitos contemplados alternativamente en la acusación fiscal El conocimiento de la acusación requiere que se informe al imputado tanto el hecho atribuido como la calificación jurídica de tales hechos. La acusación con­ tra el encausado Mamani Arohuanca cumplió ambos cometidos. Desde la califica­ ción jurídica, el nuevo ordenamiento procesal penal autoriza a que, respetando el núcleo esencial del hecho, pero degradándolo o aumentando determinadas cir­ cunstancias, puedan plantearse tipificaciones alternativas -véase artículos trescien­ tos treinta y seis, inciso dos, parágrafo b) y trescientos cuarenta y nueve inciso tres del nuevo Código Procesal Penal- Basta que el imputado las conozca y que estas se correspondan con los hechos investigados, que no sean sorpresivas, para que este derecho instrumental de la garantía de defensa procesal esté resguardado. Casación:

Concordancia:

J566

N° 62-2009-Tacna (20/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 355 inc. 1 Auto de citación a juicio Art. 374 Poder del Tribunal y Facultad del Fiscal Art. 429 Causales para interponer el recurso de casación Art. 432 Competencia Art. 433 Contenido de la sentencia casatoria y Pleno Casatorio

Si el órgano jurisdiccional ordena al fiscal que acuse se vulnera el prin­ cipio acusatorio Este Supremo Tribunal en reiterada jurisprudencia viene sosteniendo si el Fis­ cal no formula acusación, más allá de invocar el control jerárquico respectivo, le está vedado ai órgano jurisdiccional ordenar al fiscal que acuse y, menos asumir un rol activo en la acusación, no obstante y como excepción a dicha regla, solo es posible una anulación del procedimiento cuando de uno u otro modo, y de manera especialmente relevante se afecte el derecho a la prueba de la parte civil, o la decisión fiscal incurra en notorias incoherencias, contradicciones o defec­ tos de contenido que ameritan un nuevo pronunciamiento fiscal y, en su caso, la ampliación de la propia instrucción (ver Ejecutoria Vinculante expedida por esta Suprema Sala el trece de abril de dos mil siete, recaída en la queja número mil seiscientos setenta y ocho - dos mil seis). Recurso de Nulidad: N° 1300-2010-Lima (29/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Concordancia: Art. 349 Acusación

LA ACUSACIÓN

CAP.

El tribunal puede degradar la acusación sin afectar el objeto procesal y j 557 el factum acusatorio No está prohibido al Tribunal, desde luego, degradar la acusación a partir de la prueba actuada; pasar de violación a actos contra el pudor. El objeto procesal no se alteró, pues además de la identidad entre el factum acusatorio y los hechos declarados probados en la sentencia se acató la homogeneidad del bien jurídico existente entre los delitos de violación y actos contra el pudor. Casación;

Concordancia:

N° 62-2009-Tacna (20/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 349 Acusación Art. Art. 374 Poder del Tribunal y Facultad del Fiscal

El órgano jurisdiccional no puede obligar al fiscal a formular acusación

j 558

Que, el Ministerio Público es el titular de la acción penal y tiene el monopolio de la persecución de los delitos cometidos contra la Administración Pública, y estando a que la Fiscalía Suprema en lo Penal emitió opinión final sobre la materia contro­ vertida en el mismo sentido, no es posible al Órgano Jurisdiccional ordenar que se acuse o que, de oficio, se proceda al juicio oral por impedirlo el principio acusatorio. Recurso de Nulidad: N° 4501-2009-Lambayeque (29/10/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 5 Concordancia: Art. 349 Acusación

La acusación alternativa mantiene íntegros los aspectos tácticos de la J569 imputación penal pero existe más de una ley penal en apariencia aplicable La acusación alternativa o subsidiaria tiene como antecedente próximo y princi­ pal el llamado principio de determinación alternativa -ahora denominado des­ vinculación procesal- que es un mecanismo procesal por el cual el juez o el tri­ bunal realizan una readecuación de la calificación jurídica del acto ilícito que se persigue en el proceso estableciendo la correspondiente calificación jurídica de acuerdo con los elementos Lácticos comprobados. Casación: Concordancia:

N° 675-2015-Huaura (10/01/2017). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 6.4 Art. 349 inc. 3 Acusación alternativa

Se establecen los alcances de la lógica interpretativa de los elementos de J570 convicción que sustentan una acusación fiscal (doctrina legal vinculante) Para una mayor delimitación de sus alcances pueden plantearse los siguien­ tes criterios; a) Los elementos de convicción son los que sirven de base para la

14

LA ETAPA INTERMEDIA

formulación de una acusación fiscal; b) No pueden tener la misma intensidad incriminatoria que la prueba, obtenible solo en juicio, pues solo genera cer­ teza en el fiscal que es quien sostiene sus acusación; c) Por juicio a contrario del artículo 344.2; d) Los elementos de convicción deben ser suficientes, para acusar, pues en situación inversa solo daría lugar al sobreseimiento; e) Quienes determi­ nan, por regla general, la suficiencia de los elementos de convicción, son los fis­ cales, pues son ellos los titulares de la acción penal; f) Solo cuando la insuficiencia de elementos de convicción sea evidente o cuando no exista la posibilidad razo­ nable de incorporar al juicio, elementos de prueba -que en realidad son de con­ vicción- puede instar el sobreseimiento, la defensa, o el juez decretarlo de oficio. Casación:

Concordancia:

j 571

N° 760-2016-La Libertad (20/03/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento jurídico 15 Art. 349 Contenido de la acusación

El fiscal fija los hechos (factum} mientras que el Juez realiza el juicio jurí­ dico de los hechos (doctrina jurisprudencial vinculante) En cualquier resolución judicial y sin contravenir el principio de legalidad, el juez debe determinar el Derecho, debe moldearlo para adaptarlo al caso concreto. De ahí que el Ministerio Público postula y fija los hechos que considera delictivos, delimitando así el ámbito en que decantará el proceso (principio acusatorio), sin que ello merme la facultad jurisdiccional {iudidum} que detenta el juez para apli­ car la norma jurídica que corresponde al caso en concreto, preservando al realizar tal ejercicio la intangibilidad del factum y advirtiendo que se haya garantizado el derecho de defensa, ello como regla de juicio. Casación: Concordancia:

N° 430-2015-Llma (28/06/2016). Sala Penal Transitoria. Doctrina Jurisprudencial vinculante: fundamento 19 Art. 349 inc. 1 b Contenido de la acusación

J 572 Para la admisión en etapa intermedia de la declaración de la víctima menor de edad debe oralizarse el audio o visualizarse el video de su registro Es claro que estas reglas deben considerar la edad de la víctima, mientras menor sea, mayor será la restricción para que declaren en el juicio oral. Por ende, será obligatorio que sobre esta base, en la etapa intermedia, el fiscal, en casos de deli­ tos sexuales, solicite que se escuche el audio, se visione el video o se oralice el acta donde se registra esta primera declaración, la cual se debe constar en un soporte que permita su incorporación como medio de prueba completo. Casación:

Concordancia:

N° 33-2014-Ucayal¡ (28/10/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 14 Art. 349 inc. 1 h) Contenido de la acusación

CONTROL DE ACUSACIÓN

CAP.

CONTROL DE ACUSACIÓN El Juez de investigación preparatoria es el encargado de realizar el con­ J573 trol de legalidad de la acusación (doctrina legal vinculante) La etapa intermedia en el NCPP se afilia al sistema legal de la obligatoriedad del control del requerimiento fiscal. El juez de la Investigación Preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación fiscal, esto es, verifi­ car la concurrencia de los presupuestos legales que autorizan la acusación fiscal -ese, y no otro, es su ámbito funcionalAcuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 12 Art. 351 inc. 1 Audiencia Preliminar

El control de acusación consta de la fase escrita y oral (doctrina legal vinculante) El procedimiento de la etapa intermedia consta de dos fases: oral y escrita. Las distintas posibilidades que tiene el juez de la Investigación Preparatoria frente a la acusación fiscal, según los artículos 350/352 NCPP, pueden concretarse luego del trámite de traslado a las demás partes -nunca antes- (fase escrita) y de la rea­ lización de la audiencia preliminar (fase oral, que plasma la vigencia calificada de los principios de oralidad y concentración). El juez decide luego de escuchar a las todas las partes procesales, nunca antes. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 12 Art. 350 notificación y objeción de los demás sujetos procesales Art. 351 inc. 1 Audiencia Preliminar

Los sujetos procesales pueden observar la acusación fiscal y proponer J575 cuestiones a discutir (doctrina legal vinculante) Autoriza a las partes proponer motivadamente ocho cuestiones o mociones específicas. Ahora bien, el control formal de la acusación fiscal, que incluso puede promoverse de oficio por el Juez de la Investigación Preparatoria -la revisión del cumplimiento de los requisitos legales de un acto procesal trascendente y la vali­ dez de la serie procesal constituye una facultad judicial inherente a la potestad jurisdiccional, enraizada en garantía misma de tutela jurisdiccional efectiva-, está contemplado en el literal a) del citado apartado 1) del artículo 350 NCPP. Los defectos denunciados, en caso que se acojan, requerirán, conforme al artículo 352.2 NCPP, una decisión inmediata de devolución de las actuaciones al Eiscal, con la necesaria suspensión de la audiencia, siempre que se requiera de "(...) un nuevo análisis del Ministerio Público".

LA ETAPA INTERMEDIA

Acuerdo Plenario;

Concordancia:

J576

N°6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 13 Art. 350 notificación y objeción de los demás sujetos procesales

El control formal de la acusación es sobre el cumplimiento de los presu­ puestos formales que debe contener (doctrina legal vinculante) Por la propia naturaleza de ambos controles: formal y sustancial, no es posi­ ble ejercerlos conjuntamente, sino sucesivamente. El control formal es previo a toda posibilidad de análisis de mérito de la acusación. Es así que el artículo 352.2 NCPP precisa que si se advierten defectos que importan el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 349.1 NCPP -en una discusión que debe preceder al análisis de los demás aspectos que deben tratarse en la audiencia preliminar- lo pertinente es suspender la audiencia para su debida subsanación, luego de lo cual debe reanudarse. La decisión de formular observaciones a la acusación es una causal de suspensión de la audiencia, que será del caso instar solo cuando el defecto detectado requiera de un nuevo análisis del Ministerio Público. De no corresponder la suspensión, siempre será del caso decidirla y pro­ seguir con la audiencia para dar paso a la discusión de las demás observaciones. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J577

N°6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 15 Art. 349 Contenido de la acusación Art 351 Audiencia preliminar

El control formal de la acusación fiscal se refiere a la existencia de erro­ res, insuficiencia, incoherencia u omisiones relevantes del contenido de la acusación fiscal (doctrina legal vinculante) En este contexto, inicialmente, las partes y en particular la defensa solo tienen la posibilidad de hacer un control formal de la acusación; dar cuenta por ejem­ plo de omisiones relevantes en la acusación; indefinición en el título de impu­ tación; insuficiencia o contradicción en la identificación de los acusados; insu­ ficiente individualización de los acusados con relación a los hechos objeto del proceso o confusión en los tipos penales invocados. Se trata por tanto de errores o insuficiencias en la debida motivación de la acusación. Casación:

Concordancia:

J578

N° 760-2016-La Libertad (20/03/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 18 Art. 350 inc. 1 Objeción formal a la acusación

El control sustancial puede ser de oficio y comprende aquellas acciones relacionadas a la validez de la pretensión penal (doctrina legal vinculante) El control sustancial de la acusación está en función del mérito mismo del acto postulatorio del Fiscal. Negar la validez de la acusación y la consecuente

CONTROL DE ACUSACIÓN

CAP.

procedencia del juicio oral -con independencia de la aplicación de un criterio de oportunidad, circunscripto a los supuestos del artículo 2 NCPP, y de la deduc­ ción de excepciones- solo es posible si se presentan los requisitos que permiten el sobreseimiento de la causa, los que están taxativamente contemplados en el artículo 344.2 NCPP. Este control, por imperio del artículo 352.4 NCPP, puede ser realizado de oficio. Al Juez de la Investigación Preparatoria le corresponde decre­ tarla, cuando la presencia de ios requisitos del sobreseimiento es patente o pal­ maria, no sin antes instar el pronunciamiento de las partes sobre el particular.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N” 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 14 Art. 351 inc. 3 La audiencia preliminar

El control sustancial se realiza luego de la subsanación de las observa­ J579 i ciones del control formal (doctrina legal vinculante) El control sustancial tiene lugar en un momento procesal distinto, luego déla sub­ sanación de las observaciones de la acusación fiscal. Esta comprende el examen de la concurrencia de cinco elementos necesarios para la viabilidad de la acusa­ ción respecto de los cargos objeto de investigación: elemento fáctico, elemento jurídico, elemento personal, presupuestos procesales vinculados a la vigencia de la acción penal y elementos de convicción suficientes (artículo 344.1 NCPP). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N” 6-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 15 Art. 351 inc. 3 La audiencia preliminar

El control sustancial respecto a los elementos de convicción es el juicio J580 de suficiencia que evidencie alguna causal de sobreseimiento (doctrina legal vinculante) Pero entiéndase que estos son casos límites, notorios, aprehensibles por cual­ quiera: inexistencia del objeto del proceso; imposibilidad que el imputado haya estado presente en el lugar del hecho; el hecho investigado ha devenido en atí­ pico; o hay eximentes de responsabilidad evidentes; no hay mayor controversia que la acción penal se ha extinguido (prescripción evidente o muerte del impu­ tado). Y en el caso que es motivo casacional que resulte a todas luces, evidente que no hay elementos de convicción o que estos no estén apoyados en medios probatorios que puedan generar información relacionada con el objeto del pro­ ceso (testigos, videos o actas).

Casación: Concordancia:

N° 760-2016-La Libertad (20/03/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento jurídico 20 Art. 344 Decisión del Ministerio Público Art. 349 Contenido de la acusación

14 j 581

LA ETAPA INTERMEDIA

Es posible impugnar resoluciones desestimatorias de medios de defensa técnicos como las excepciones, expedidas durante la etapa intermedia Este Tribunal Supremo considera que la interpretación de la norma procesal debe optimizar la tutela de derechos. En esa medida, si existe un vacío normativo rela­ cionado a la posibilidad de impugnar decisiones desestimatorias de medios de defensa en la etapa intermedia, del cual se desprende que solo se hace referen­ cia a la posibilidad de apelar resoluciones estimatorias; resulta razonable comple­ tar el mensaje normativo con lo expuesto en el artículo 416, inciso 1, precepto b, del Código Procesal Penal, el cual establece que: "El recurso de apelación proce­ derá contra: (...) Los autos de sobreseimiento y los que resuelvan cuestiones pre­ vias, cuestiones prejudiciales y excepciones, o que declaren extinguida la acción penal o pongan fin al procedimiento o la instancia", de lo que se advierte que son apelables los autos en los que se resuelven excepciones. Casación:

N° 893-2016-Lambayeque (20/04/2018). Primera Sala Penal Transi­ toria. Fundamento 6 Art. 352 inc. 3 Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar Art. 416 inc. 1 Resoluciones apelables y exigencia formal

Concordancia:

EL AUTO DE CITACIÓN A JUICIO j 582 El Ministerio Público y las partes procesales solo pueden coadyuvar a citar a sus testigos y peritos (doctrina legal vinculante) B.2. En el mismo sentido, el literal f), del apartado 1, del artículo 350, del mismo texto legal, permite a la defensa del acusado, actor civil, tercero civil o parte pro­ cesal, ofrecer pruebas para el juicio, para lo cual deberá adjuntar la lista de testi­ gos y peritos que serán convocados al debate, con indicación de nombre, pro­ fesión y domicilio; además de precisar los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. B.3. Entonces, el fin de la norma no es que en todos los casos el Ministerio Público y las demás partes procesales citen a sus tes­ tigos y peritos, sino el que únicamente coadyuven a este propósito. Es el órgano judicial el que hace el juicio, capta la información y expide resoluciones orales y/o escritas, y es a su área administrativa a la que corresponde (con la información que aquellos le brinden). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2012/CJ-116 (29/01/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 16.B.2y 16.B.3 Art. 355 Auto de citación a juicio

CAPÍTULO 15 EL JUZGAMIENTO PRINCIPIOS DEL JUZGAMIENTO El principio de oralidad está referido a la forma de los actos procesales J583 para facilitar la aplicación de otros principios (doctrina legal vinculante) El principio de oralidad está referido, primordialmente, a la forma de los actos procesales. Estos han de ser realizados verbalmente -predominio de lo hablado sobre lo escrito- Además, vista su importancia y si se insta su incorporación cardinal en las actuaciones procesales -como lo hace razonable, que no radi­ calmente, el NCPP-, se erige en un modo de hacer el proceso, pues facilita la aplicación de los principios de investigación, inmediación, concentración y publi­ cidad, aunque, como es obvio -situación que no puede desconocerse en modo alguno-, no condiciona la estructura del proceso, la formación del material fáctico y la valoración de la prueba. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 356 Principios de juzgamiento

El principio de oralidad se materializa mediante el modelo de audiencias J584 orales (doctrina legal vinculante) Lo decisivo para la configuración institucional del principio de oralidad es el modelo de audiencias orales, que es la sede procesal donde tiene lugar este prin­ cipio, escenario insustituible de su concreción procesal. En estas el Juez se pone en relación directa con las pruebas personales y con las partes -lo determinante en este principio, es pues, su fase probatoria-, sin perjuicio de que la audiencia haya sido preparada por una serie de actos escritos, en los cuales incluso puede haberse interpuesto la pretensión y opuesto la resistencia

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 356 Principios de juzgamiento

CAP. J585

15

EL JUZGAMIENTO

La regla general es que la resolución oral debe constar en Acta (doctrina legal vinculante) Si se admite, desde la perspectiva del NCCP -principio de legalidad procesal- la primacía del acta (parágrafo 8) frente a la reproducción audiovisual o al medio técnico o grabación respectiva, es ineludible como pauta general que la resolu­ ción oral debe constar en el acta transcribirse de modo integral. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J586

N° 6-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 10 Art. 356 Principios de juzgamiento

La reproducción integral del auto judicial dictado en audiencia oral será necesaria si es recurrida (doctrina legal vinculante) No obstante ello, es evidente asimismo, si se asume criterios razonables de eco­ nomía y celeridad procesal, que si el auto jurisdiccional no es impugnado, no será necesario que se transcriba integralmente -basta que conste su sentido y, desde luego, lo que decida o resuelva con absoluta claridad- La reproduc­ ción integral de la resolución oral, por consiguiente, solo será necesaria cuando esta es recurrida en el modo y forma de ley y sea patente su admisión. Se trata de suprimir tareas inútiles y de la reducción de todo esfuerzo (cualquiera sea su índole) que no guarda adecuada correlación con la necesidad que se pre­ tende satisfacer; y de que el proceso se tramite y logre su objeto en el menor tiempo posible Acuerdo Plenario;

Concordancia;

J587

N° 6-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 10 Art. 356 Principios de juzgamiento

Reiterados cambios en la conformación del juzgado colegiado vulneran el principio de inmediación La oralidad, la inmediación y la concentración exigen que el Juzgador que pro­ nuncia la sentencia haya asistido a la práctica de las pruebas, de donde extrae su convencimiento, y haya entrado, por lo tanto, en relación directa no solo con los testigos, con los peritos y con los objetos de juicio, sino también con las par­ tes, de forma que pueda apreciar las declaraciones de tales personas fundán­ dose en la impresión inmediata recibida de ellos y no en referencias ajenas. De ello se desprende la necesidad de desarrollar todo el proceso ante el mismo Juz­ gador y sin solución de continuidad, esto es, concentrándose en una sesión o en varias próximas, desarrolladas ante el mismo Colegiado, salvo la excepción que efectúa el artículo trescientos cincuenta y nueve inciso dos del Código Proce­ sal Penal, por lo que el Juzgado Penal Colegiado desnaturalizó y vulneró dicho artículo.

284

PRINCIPIOS DEL JUZGAMIENTO

Casación:

Concordancia:

CAR

N° 87-2012-Puno (18/06/2013). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 7 Art. 356 Principios del juicio

La ley procesal penal establece supuestos para el reemplazo del juez que conocerá el juicio oral (doctrina jurisprudencial vinculante) De esta manera, el inciso segundo del artículo 359 del Código Adjetivo, en rela­ ción a la concurrencia del Juzgador (...) la ley es taxativa al señalar lo siguiente: i) Es viable el reemplazo de un magistrado cuando esté en etapa de juzgamiento; ii) El nuevo magistrado será el llamado por ley; iii) El reemplazo será por una sola vez; y, iv) Se exige que el nuevo magistrado continúe interviniendo con los otros dos miembros hasta la culminación de la causa en la instancia pertinente (quien es el sujeto que reemplazó al magistrado; que para una mejor aclaración gramatical debió indicar "el reemplazante"); y, v) La licencia, jubilación o goce de vacaciones de los Jueces no les impide participar en la deliberación y votación de la sentencia. Casación:

Concordancia:

N° 736-2016-Áncash (26/07/2017). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.4.3 Art. 359 Concurrencia del juez y las partes

Se establece que en casos de reemplazo de juez de juicio quien estuvo presente durante el contradictorio probatorio deberá emitir sentencia (doctrina legal vinculante) Así, cuando el magistrado reemplazado estuvo presente en el desarrollo del con­ tradictorio (actuación de prueba personal y oralización de prueba documental), y es reemplazado posteriormente, por una sola vez puede el magistrado reempla­ zado intervenir, deliberar y votar hasta la emisión de la sentencia; en caso contra­ rio, se vulneraría el principio de inmediación. De otro lado, si el magistrado reem­ plazado por otro no estuvo en el desarrollo del contradictorio ni en los alegatos de las partes, en este caso es necesaria la intervención del magistrado reemplazante a efectos de la deliberación y votación hasta la emisión de la sentencia; en caso contrario, se vulneraría el principio de inmediación y el derecho al Juez natural. Casación:

Concordancia:

N° 736-2016-Áncash (26/07/2017). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.5.8.2.1 Art. 359 Concurrencia del juez y las partes

Si no existen medidas alternativas el juez reemplazante que estuvo en el J590 contradictorio probatorio deberá ser el Juez de juicio hasta el final (doc­ trina legal vinculante) En consecuencia, al no existir otras medidas alternativas era necesario que el magistrado reemplazado se reincorpore a fin de no infringir el principio de inme­ diación ni del Juez natural, conforme las razones esbozadas líneas arriba.

EL JUZGAMIENTO

Casación:

Concordancia:

N° 736-2016-Áncash (26/07/2017). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.5.8.2.2 Art. 359 Concurrencia del juez y las partes

Las resoluciones expedidas en el transcurso de la audiencia del juicio oral deben documentarse en acta (doctrina legal vinculante)

J591

El régimen de la oralidad del procedimiento principal; la etapa de enjuiciamiento o del juicio oral, está desarrollado en el artículo 361 NCPP. El apartado 4) prevé cla­ ramente que en el curso del juicio las resoluciones serán dictadas y fundamenta­ das verbaimente, cuyo registro debe constar en el acta. Ahora bien, las referidas resoluciones orales o verbales, que se expiden en el curso de la audiencia y se cen­ tran, según los casos, en los decretos y los autos deben documentarse en el acta -salvo excepciones, tal como el auto que da por retirada al acusación fiscal y dis­ pone el sobreseimiento definitivo de la causa (artículo 387.4.b), que por su pro­ pia naturaleza al disponer la conclusión del juicio exige su estructuración escrita— Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 6-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 7 Art. 361 Oralidad y registro

Las audiencias también pueden ser registradas por un medio técnico como grabación en audio y video (doctrina legal vinculante)

J592

Sin perjuicio de la existencia del acta -escrita, por su propia naturaleza, y que recoge una síntesis de lo actuado en la sesión del juicio (artículo 361.1 NCPP)se autoriza que la audiencia también pueda registrarse mediante un medio téc­ nico (grabación, que puede ser por audio o video) -la primacía del acta como documento siempre presente en el juicio es, pues, inobjetable- En tales casos, el acta y, adicionalmente, la grabación demostrarán el modo como se desarrolló el juicio, la observancia de las formalidades previstas para él, las personas que han intervenido y los actos que se llevaron a cabo. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 7 Art. 361 Oralidad y registro

CONCLUSIÓN ANTICIPADA La conclusión anticipada del juicio oral se basa en la aceptación de los cargos (precedente vinculante)

J593

Que, empero, en el caso de la conclusión anticipada del debate oral se privilegia la captación de los cargos por parte del imputado y su defensa -ella es la titular II

CONCLUSIÓN ANTICIPADA

CAP.

de esta institución- cuya seguridad -de cara al principio de presunción de ino­ cencia- parte de una instrucción cumplidamente actuada con sólidos elemen­ tos de convicción, y valorada, a los efectos de la pretensión acusadora, por el Fis­ cal Superior y luego, por la defensa Recurso de Nulidad: N° 1766-2004-Callao (21/09/2004). Sala Penal Permanente. Prece­ dente vinculante: fundamento 3 Concordancia: Art. 372 Conclusión anticipada del juicio

La conclusión anticipada puede ser absoluta o relativa (doctrina legal J594 vinculante) Solo será posible, al margen de la denominada "conformidad absoluta" (hechos, responsabilidad penal, pena y reparación civil; es decir, la declaración de culpa­ bilidad del imputado no se limita al hecho, también alcanza a las consecuencias jurídicas), pero siempre en ese marco de aceptación de los cargos, un cuestionamiento y ulterior debate procesal, que incluirá lectura de medios probatorios -prueba instrumental y alguna diligencia documentada preconstituida-, acerca de la pena y reparación civil -de su entidad o de su cuantía- ("conformidad limi­ tada o relativa"). Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 6 Art. 372 Conclusión anticipada del juicio

El aspecto sustancial de la conformidad implica la aceptación de los hechos J595 objeto de imputación y sus consecuencias (doctrina legal vinculante) El aspecto sustancial de la institución de la conformidad, tal como está regulado en la Ley antes citada, estriba en el reconocimiento, aunque con características singulares, del principio de adhesión en el proceso penal. La conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso -en concreto, del juicio oral- a tra­ vés de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos objeto de imputación, concretados en la acusación fiscal, y aceptar las conse­ cuencias jurídicas penales y civiles correspondientes. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 372 Conclusión anticipada del juicio

La conclusión anticipada es un acto expreso y unilateral (doctrina legal J596 vinculante) Este acto procesal tiene un carácter expreso y siempre es unilateral -no es un negocio procesal, salvo la denominada "conformidad premiada" establecida en

CAP.

15

EL JUZGAMIENTO

el artículo 372, apartado 2), del nuevo Código Procesal Penal. Además, es un acto unilateral de disposición de la pretensión, claramente formalizado, efectuado por el acusado y su defensa -de doble garantía-, que importa una renuncia a la actuación de pruebas y del derecho a un juicio público, que a su vez genera una expectativa de una sentencia conformada que -en buena cuenta- constituye un acto de disposición del propio proceso, al renunciar a los actos del juicio oral, y del contenido jurídico material de la sentencia, al convenir, desde ya, la expedi­ ción de una sentencia condenatoria en su contra. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J597

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 372 Conclusión anticipada del juicio

En la conclusión anticipada existe una predeterminación de la sentencia sin intervención del juzgador (doctrina legal vinculante) Desde la estructura de la sentencia y de la función que en ese ámbito corres­ ponde al órgano jurisdiccional, que los hechos no se configuran a partir de la actividad probatoria de las partes. Los hechos vienen definidos, sin injerencia de la Sala sentenciadora, por la acusación con la plena aceptación del imputado y su defensa. La sentencia, entonces, no puede apreciar prueba alguna, no solo por­ que no existe tal prueba, al no ser posible que se forme a partir de una especí­ fica actividad probatoria, por lo demás inexistente, sino además porque la ausen­ cia del contradictorio y el propio allanamiento de la parte acusada no autoriza a valorar los actos de investigación y demás actuaciones realizadas en la etapa de instrucción. Se da en este caso una "predeterminación de la sentencia". Acuerdo Plenario: Concordancia:

J598

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 9 Art. 372 Conclusión anticipada del juicio

Luego de la aceptación de los cargos en la conclusión anticipada no existe actividad probatoria (doctrina legal vinculante) Los fundamentos de hecho o juicio histórico de la sentencia, en suma, no se for­ man como resultado de la valoración de la prueba, sino le vienen impuestos al Juez por la acusación y la defensa, a través de un acto de allanamiento de esta última, que son vinculantes al Tribunal y a las partes. El relato fáctico aceptado por las partes no necesita de actividad probatoria, ya que la conformidad excluye toda tarea para llegar a la libre convicción sobre los hechos. Por consiguiente, el órgano jurisdiccional no puede agregar ni reducir los hechos o circunstancias que han sido descritos por el Fiscal en su acusación escrita y aceptados por el acusado y su defensa, pues ello implicaría revisar y valorar actos de aportación de hechos, excluidos por la propia naturaleza de la conformidad procesal.

288

CONCLUSIÓN ANTICIPADA

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

CAP.

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 10 Art. 372 Conclusión anticipada del juicio

Una vez que se han aceptado los cargos por el imputado en la conclusión J599 anticipada no es procedente una retractación (doctrina legal vinculante) En atención a que una de las notas esenciales de la conformidad, como acto pro­ cesal, es su carácter formal, debe cumplir con las solemnidades requeridas por la ley. Si la conformidad procesal persigue evitar el procedimiento probatorio del juicio oral en aras de la inmediata finalización de la causa, es obvio que una vez que se emplazó al imputado y su defensa para que se pronuncien acerca de los cargos objeto de acusación, y ambos se expresaron negativamente al respecto, ya no es posible retractarse luego que se dio inicio formal al periodo probatorio. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 11 Art. 372 Conclusión anticipada del juicio

La conformidad de uno de los imputados no excluye la posibilidad de J600 que se continúe el proceso para los demás coimputados (doctrina legal vinculante) Si se tiene en cuenta que el imputado conformado acepta o reconoce los hechos que se le atribuyen y que sobre su acaecimiento no cabe discusión, observa­ ción o debate alguno -vinculatio factí-, de suerte que el órgano jurisdiccio­ nal se limita a incorporarlos como tal en la sentencia conformada, en principio, no existe obstáculo procesal para que la situación jurídica de un imputado se resuelva mediante una sentencia conformada y, finalizado ese trámite, prosiga la causa para dilucidar la situación jurídica de los imputados no conformados, aun cuando se trate del mismo hecho o delito -conexidad objetiva o, mejor dicho, pluralidad de objetos desde el punto de vista subjetivo-; es decir, cuando se les atribuya cargos por autoría, instigación o complicidad de un mismo hecho delic­ tivo, y estén presentes en la audiencia. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2008/CJ-116(18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 13 Art. 372.4 Conclusión anticipada del juicio para coimputados

El condenado vía conformidad parcial puede ser considerado testigo J601 para el juicio oral respecto de los demás coimputados (doctrina legal vinculante) Expedida una sentencia de conformidad, en tanto haya adquirido firmeza, los citados copartícipes y condenados ya no son parte -han sido excluidos del

CAP. 15

EL JUZGAMIENTO

ulterior juicio-; además, están protegidos por la cláusula del ne bis in Ídem, en cuya virtud la sentencia conformada no puede anularse ni ser revisada en su perjuicio. Siendo así, el régimen jurídico que le son aplicables es el establecido para los testigos, con la misma obligación de concurrir, y sometido a las mismas consecuencias penales que cualquier otro testigo si es que mintiera (en igual situación estarán, desde luego, coimputados sobreseídos o absueltos con ante­ rioridad). Otra cosa, por cierto, que permanece latente, son las sospechas que puedan merecer sus declaraciones. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J602

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 15 Art. 372.4 Conclusión anticipada del juicio para coimputados

El juez puede analizar los hechos y calificación Jurídica propuestos en la conformidad (doctrina legal vinculante) Si bien está obligado a respetar la descripción del hecho glosado en la acusación escrita -vinculación absoluta con los hechos o inmodificabilidad del relato (yincuiatio facti}-, por razones de legalidad y justicia, puede y debe realizar un con­ trol respecto de la tipicidad de los hechos, del título de imputación, así como de la pena solicitada y aceptada, por lo que la vinculación en esos casos [yincuiatio criminisy vinculadopoena} se relativiza en atención a los principios antes enun­ ciados. El Juzgador está habilitado para analizar la calificación aceptada y la pena propuesta e incluso la convenida por el acusado y su defensa: esa es la capacidad innovadora que tiene frente a la conformidad procesal. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J603

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 16 Art. 372.5 Sentencia de conformidad

El juez puede variar la calificación jurídica propuesta en la conformidad (doctrina legal vinculante) El Tribunal está autorizado a variar la configuración jurídica de los hechos objeto de acusación, es decir, modificar cualquier aspecto jurídico de los mismos, dentro de los límites del principio acusatorio y con pleno respeto del principio de contradic­ ción (principio de audiencia bilateral). Por tanto, la Sala sentenciadora puede con­ cluir que el hecho conformado es atípico o que, siempre según los hechos expues­ tos por la Fiscalía y aceptados por el acusado y su defensa técnica, concurre una circunstancia de exención -completa o incompleta o modificativa- de la respon­ sabilidad penal, y, en consecuencia, dictar la sentencia que corresponda. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

290

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 16 Art. 372.5 Sentencia de conformidad

CONCLUSIÓN ANTICIPADA

CAR

El tribunal de Juzgamiento no se encuentra obligado a los hechos de la sentencia de conformidad en el Juicio oral de los coimputados (doctrina legal vinculante) El Tribunal de mérito en el proceso incoado a continuación de la expedición de la sentencia conformada tiene libertad para decidir como corresponda en orden a la actividad probatoria desplegada y a las nuevas valoraciones que pueda rea­ lizar, incluso podría -si se cumplen los presupuestos normativos correspondien­ tes, tanto materiales cuanto procesales- variar la tipificación del hecho o tener un juicio jurídico distinto, desde diferentes planos, que el contenido en la senten­ cia conformada. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 18 Art. 372.5 Sentencia de conformidad

Se puede cuestionar vía acción de revisión la sentencia conformada si J605 aparecen pruebas para una calificación favorable en el juicio de los coim­ putados (doctrina legal vinculante) Tal situación, de presentarse en el sucesivo juzgamiento contra los acusados no conformados, obviamente, exigiría una extensión a los reos conformados: la igual­ dad esencial, de imprescindible concurrencia, es evidente. En ambos casos se lleva a cabo un segundo enjuiciamiento y en ellos surgen nuevos datos que modifi­ can en sentido favorable la apreciación de los hechos juzgados, por lo que ante una idéntica situación de hecho (surgimiento de nuevos datos en un segundo juzgamiento contra copartícipes) debe existir una misma respuesta jurídica. Por lo expuesto, es de concluir que no solo cabe que en el segundo juzgamiento las respuestas jurídicas pueden diferir con las del primer juzgamiento, sino que ade­ más es posible revisar in bonampartem la primera sentencia para atenuar la pena.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 18 Art. 372.5 Sentencia de conformidad

La confesión sincera no es de aplicación en el estadio de conformidad si J606 previamente se ha negado responsabilidad de los hechos en la investi­ gación (doctrina legal vinculante) Por consiguiente, que si el imputado antes, en sede de investigación, negó los cargos y, luego, llegado el momento culminante del proceso, en el juicio oral, los admite, ya nada queda por investigar, entonces, la confesión plenaria solo podrá tener una relativa o escasa influencia en torno a la determinación e individualización de la pena, pero no puede considerarse como un elemento atenuante de la res­ ponsabilidad penal con entidad para rebajar la pena por debajo del mínimo legal.

B

EL JUZGAMIENTO

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J607

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 21 Art. 372.5 Sentencia de conformidad

La pretensión civil de la víctima debe ser acreditada en la sentencia conformada o posteriormente luego del juicio y actuación de la prueba correspondiente (doctrina legal vinculante) Si en una misma causa es posible, para un supuesto, dictar una sentencia con­ formada, y para otro, emitir luego de la prosecución del juicio, bajo perspecti­ vas de contradicción efectiva una segunda sentencia; entonces, no existe impe­ dimento alguno que se profiera una segunda sentencia, precedida de un juicio en forma, referida ya no a los objetos penal y civil -que es el supuesto anterior, contemplado en el numeral 4) de la Ley N° 28122-, sino circunscripta exclusiva­ mente al objeto civil, y solo para los imputados conformados -es la regla, por lo demás, que ha establecido el apartado 5) del artículo 372 del Nuevo Código Pro­ cesal Penal. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J608

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 25 Art. 372.5 Sentencia de conformidad

La reparación civil fijada por el juzgador en el segundo juicio de los impu­ tados no conformados no afecta la establecida en la sentencia confor­ mada (doctrina legal vinculante) Siendo así, el Tribunal fijará el monto de la reparación civil de modo global (la can­ tidad en cuestión siempre será única, no puede dividirse), de suerte que como esta es solidarla si existieran copartícipes -y no mancomunada-, al emitirse con­ dena contra ellos en el juicio sucesivo, si así fuera el caso, tal suma no variará y solo se les comprenderá en su pago. Es posible, sin embargo, que en el juicio contradictorio la determinación del monto puede variar en virtud a la prueba actuada. En ese caso tal variación, de más o de menos, no puede afectar al fallo conformado, al haber quedado firme o ganado firmeza. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J609

N° 5-2008/CJ-116 (18/07/2008). Salas Penales Permanente, Transi­ toria y Especial. Doctrina legal: fundamento 26 Art. 372.5 Sentencia de conformidad

La conclusión anticipada presupone una renuncia a la actividad proba­ toria propia de un juicio oral Debe precisarse que la formal aceptación unilateral, voluntaria e informada, de los hechos por su parte, con la conformidad de su abogado defensor -como se

iil IBIi

CONCLUSIÓN ANTICIPADA

CAP.

advierte en el presente caso-, comporta la renuncia a la actividad probatoria pro­ pia de un juicio oral -única etapa que por sus garantías habilita la formación de la prueba a valorar-, como acto dispositivo del imputado -con base al principio de adhesión-; que los hechos, convenidos por el Fiscal Superior y el acusado, vin­ culan de forma absoluta al Tribunal Sentenciador -vinculatio facti-, que deberá tenerlos como realmente acontecidos, y sin posibilidad por las partes -por pro­ pio efecto del consentimiento- de cuestionarlos recursalmente. Recurso de Nulidad; N° 2257-2009-Piura (18/03/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Concordancia: Art. 372.5 Sentencia de conformidad

La no observancia de la desaprobación de la imputación por parte del J610 abogado defensor no hace amparable la conclusión anticipada La conclusión anticipada del debate oral, esta debe contar con la expresa y plena conformidad tanto del encausado como de su abogado patrocinador-la confor­ midad constituye un acto procesal expreso y personalísimo que exige una cate­ goría manifestación de la misma por parte del propio imputado y de su defen­ sor, lo que a su vez significa que es un acto de doble garantía, en que se exige la concurrencia de las voluntades concordes del imputado y del defensor-; que, empero, como se aprecia del acta (...) el abogado defensor manifestó su desapro­ bación con la imputación referida al delito de tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado; que, por tanto, al no haberse cumplido con uno de los requisitos obje­ tivos de procedibilidad de la aludida ley, y habiéndose incurrido en grave irregu­ laridad insubsanable (...) debe declararse la nulidad de la sentencia recurrida". Recurso de Nulidad: N° 3337-2009-Lima (06/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Concordancia; Art. 372.5 Sentencia de conformidad

La conclusión anticipada implica la aceptación de los cargos acusados, J611 vinculación de la conformidad al juez y su carácter dispositivo i) la aceptación del acusado (...) de los hechos imputados y la conformidad de su abogado defensor (...) permiten al Tribunal a quo emitir un pronuncia­ miento inmediato de sentencia, sin desarrollar un juicio oral público y con todas las garantías (...) ii) que dicha aceptación vincula al órgano judicial y, por consi­ guiente, debe dictarse una sentencia sustentada en los cargos contenidos en la requisitoria escrita -reconocidos por el acusado- precluyendo la posibilidad de que el referido procesado pueda alegar posteriormente la ausencia de actividad probatoria de cargo; iii) que el procedimiento de conclusión anticipada de juicio oral tiene un carácter dispositivo -excepcionalmente admitido frente al principio de oficialidad que informa el proceso penal- y no les es dable a los sujetos pro­ cesales ir contra sus propios actos conformados.

EL JUZGAMIENTO

Recurso de Nulidad: N° 3337-2009-Lima (06/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Concordancia: Art. 372.5 Sentencia de conformidad

J612

En la conclusión anticipada no es admisible la valoración probatoria y una desvinculación de los hechos fijados en la acusación escrita Que la conformidad procesal requiere, por su propia naturaleza, la aceptación coincidente del imputado y su defensor, e importa, en todos los casos, el recono­ cimiento de los hechos atribuidos por el Fiscal en su acusación escrita. En el caso de autos no solo se realizó una inaceptable valoración de evidencias y se llegó a una conclusión fáctica distinta a los hechos afirmados por la Fiscalía, sino que, además, no cabía siquiera aceptar la conclusión anticipada del acto oral porque no se dio el presupuesto básico para su admisión: la coincidencia del imputado y defensor a los hechos fijados por la acusación escrita. La línea contradictoria de la defensa, sin que fuera debidamente aclarada, no puede aceptarse para con­ cluir anticipadamente el acto oral. Recurso de Nulidad: N° 2728-2009-Lima (10/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Concordancia: Art. 372.5 Sentencia de conformidad

J613

Es posible realizar un control de juicio jurídico en la conclusión anticipada No obstante el Tribunal mantiene la potestad de ejercer el control en el juicio jurídico que se refiere a la correcta subsunción de la conducta del acusado en la norma penal fijada en el fundamento de derecho de la acusación fiscal, pues tal facultad de ningún modo pierde su vigencia con la admisión de los cargos por parte del encausado; que, en consecuencia, no existe inicio de perpetración del ilícito imputado y menos agraviado o agraviados por perjudicar, ergo la con­ ducta del encausado resulta atípica por no confluir los elementos objetivos para el delito de robo agravado en grado de tentativa, y por tanto la absolución que le dictó se encuentra arreglada a ley. Recurso de Nulidad: N° 4264-2009-San Martín (05/10/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 4 Concordancia: Art. 372.5 Sentencia de conformidad

J614

La conclusión anticipada del juicio oral no admite cuestionamiento al extremo táctico La formal aceptación unilateral, voluntaria e informada, de los hechos por su parte, con la conformidad de su abogado defensor -como se advierte en el presente caso-, comporta la renuncia a la actividad probatoria propia de un juicio oral -única etapa que por sus garantías habilita la formación de la prueba a valorar-,

CONCLUSIÓN ANTICIPADA

CAP. 15

como acto dispositivo del imputado -sobre la base del principio de adhesión-; (...) que, en tal virtud, no es posible aceptar los argumentos de defensa que cues­ tionan que el encausado actuó con dolo, en tanto estos inciden en parte en la veracidad de los hechos expuestos por el Fiscal Superior que inicialmente fueron aceptados sin reservas por el recurrente y su defensa". Recurso de Nulidad: N° 3835-2009-Ucayali (18/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Concordancia: Art. 372.5 Sentencia de conformidad

En caso algunos coimputados se hayan acogido a la conformidad, a todos debe imponerse el mismo monto de la reparación civil Es de precisar que al haberse sometido a la conclusión anticipada del juicio oral y aceptar los cargo objeto de imputación, tal situación, desde el una perspectiva de política criminal, hace necesaria una respuesta punitiva menos intensa (...) que de las sentencias impugnadas se verifica que el Colegiado Superior fijó diversos montos de la reparación civil -en la sentencia anticipada estableció dos mil y en la segunda sentencia tres mil nuevos soles-; que, sin embargo, cuando se pre­ sentan pluralidad de acusados y se trate del mismo hecho delictivo se deberá imponer para todos el mismo monto de la reparación civil a ser pagado en forma solidaria por todos los que resulten condenados en armonía con los artículos noventa y tres y noventa y cinco del Código Penal". Recurso de Nulidad: N° 3490-2009-Piura (28/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 6 y 8 Concordancia: Art. 372 inc. 4. Conformidad de pluralidad de acusados Art. 372.5 Sentencia de conformidad

El Tribunal no puede valorar ningún medio de prueba si existe confor­ J616 midad del acusado El Acuerdo Plenario número cinco -dos mil ocho/ CJ- ciento dieciséis, del diecio­ cho de julio del dos mil ocho (...) estableció (...) La conformidad tiene por objeto la pronta culminación del proceso -en concreto, del juicio oral- a través de un acto unilateral del imputado y su defensa de reconocer los hechos objeto de impu­ tación, concretados en la acusación fiscal, y aceptar las consecuencias jurídicas penales y civiles correspondientes. (...) La sentencia, entonces, no puede apre­ ciar prueba alguna, no solo porque no existe tal prueba, al no ser posible que se forme a partir de una específica actividad probatoria, por lo demás existente, sino además porque la ausencia del contradictorio y el propio allanamiento de la parte acusada no autoriza a valorar los actos de investigación y demás actuacio­ nes realizadas en la etapa de instrucción.

295

EL JUZGAMIENTO

Recurso de Nulidad: N° 1720-2010-L¡ma (11/11/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Concordancia: Art. 372.5 Sentencia de conformidad

J617

La conformidad no sustentada en material probatorio actuado en el jui­ cio oral no puede servir para condenar a los coimputados Resulta ser cierto que no se actuó ninguna declaración testimonial de cargo a nivel del acto oral, no advirtiéndose incluso algún supuesto de caso fortuito o fuerza mayor que haya derivado en su imposibilidad, sino, por el contrario, la decisión de prescindir de tales instrumentales fue adoptada por el representante del Ministerio Público -quien se respaldaba en el caudal probatorio, que a su entender, había derivado del reconocimiento de responsabilidad de los otros cuatro encausados conformados-; así, al respecto cabe indicar que la sentencia conformada no tuvo -ni puede tener- actividad probatoria de cargo suficiente, pues justamente la aceptación que de los cargos efectuaron los procesados con­ formados, exoneraba al órgano de juzgamiento de practicar actividad probato­ ria alguna, en tal sentido, dicho pronunciamiento condenatorio en modo alguno puede servir como sustento de la responsabilidad penal del encausado. Recurso de Nulidad: N° 315-2011-Piura (19/11/2012). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Concordancia: Art. 372.4 Conformidad para coimputados Art. 393 inc. 1 Normas para deliberación de sentencia

J618

La Sala de casación penal puede anular de oficio sentencias conforma­ das si advierte vulneración de derechos fundamentales Dentro de las mencionadas restricciones se exceptúan los casos en que se pos­ tule algún motivo de nulidad por afectación sustancial del debido proceso o vio­ lación al derecho de defensa, pues aun cuando se trate de una sentencia con­ formada, en vía de excepción al principio de limitación, la Sala de Casación Penal tiene facultades oficiosas para corregir errores de estructura o de garantía, es decir, la nulidad puede ser declarada oficiosamente con la finalidad de proteger derechos fundamentales y restablecer garantías superiores a los sujetos procesa­ les, puesto que el recurso de casación ha sido concebido como un instituto pro­ cesal extraordinario que busca remediar la transgresión de la Constitución y de la ley, por errores de juicio o actividad, que no se hubiesen advertido ni corregido en la sentencia de segunda instancia. Casación:

Concordancia:

N° 157-2011-Lambayeque (21/06/2012). Salas Penales Perma­ nente, Transitoria y Especial. Fundamento 10 Art. 372.5 Sentencia de conformidad

DESVINCULACIÓN PROCESAL

Las causales advertidas por el Tribunal revisor para declarar la nulidad J619 de la sentencia conformada En efecto, la Sala de Casación Penal podrá anular la sentencia conformada de manera oficiosa cuando, por ejemplo, hubiese sido emitida con violación al prin­ cipio de legalidad o desconocimiento del principio de cosa juzgada, o cuando se haya consolidado una violación manifiesta por indebida aplicación sustancial referida a la adecuación del tipo penal, formas de participación, o por menos­ cabo del principio de antijuridicidad material (ausencia de lesividad), y cuando se evidencie ausencia de responsabilidad penal debido a la presencia de algunas de las causales que la excluyen. N° 157-2011-Lambayeque (21/06/2012). Salas Penales Perma­ nente, Transitoria y Especial. Fundamento 11 Art. 372.5 Sentencia de conformidad

Casación:

Concordancia:

DESVINCULACIÓN PROCESAL El principio de correlación implica que el Tribunal no puede sobrepasar J620 en la sentencia los hechos y circunstancias expuestos en la acusación (doctrina legal vinculante) El principio de correlación entre acusación y sentencia, que exige que el Tribunal se pronuncie cumplidamente acerca de la acción u omisión punible descrita en la acusación fiscal, es de observancia obligatoria. Ratifica esa prescripción el apar­ tado uno del artículo 374 del citado Código, introducido por el Decreto Legisla­ tivo número 959, que estatuye que el Tribunal en la sentencia que profiera no podrá sobrepasar -aunque sí, degradar- el hecho y las circunstancias -jurídica­ mente relevantes fijadas en la acusación y materia del auto de enjuiciamiento o, en su caso, de la acusación complementariaAcuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2007/CJ-116(16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 374 inc. 1 Desvinculación procesal

El objeto del proceso penal puede ser modificado dentro del ámbito J621 de competencia del Tribunal que emitirá la sentencia (doctrina legal vinculante) Como se sabe, el objeto del proceso penal -o, con más precisión, el hecho punible- es fijado o delimitado por la Fiscalía, a partir del cual se consolidan y desarrollan los principios acusatorio -eje de esa institución procesal y que, en puridad, conforma al Juez- y de contradicción -referido a la actuación de las partes- Ello no quiere decir, desde luego, que las demás partes no incidan en la

CAP. 15

EL JUZGAMIENTO

determinación o ámbito de la sentencia del Tribunal -o que esta solo debe pro­ nunciarse acerca de los aspectos fijados por la acusaciónAcuerdo Plenario:

Concordancia:

J622

N°4-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 9 Art. 374 inc. 1 Desvinculación procesal

El objeto de debate puede ser ampliado por las partes procesales (doc­ trina legal vinculante) El principio de exhaustividad a su vez impone la obligación al Juez de pronun­ ciarse sobre los alcances más relevantes de los hechos, de las pruebas y de las pretensiones de las demás partes procesales o de la resistencia hecha valer por el acusado -que es lo que se denomina, propiamente, el objeto del debateEntonces, el hecho punible se delimita en el juicio oral por el Fiscal o acusador, mientras que el acusado y las demás partes -civiles, en este caso- si bien no pue­ den alterar el objeto del proceso, sí pueden ampliar el objeto del debate. Por ello, en segundo lugar, se ha de tomar en cuenta las peticiones de las partes debida­ mente formuladas, de modo tal que el Tribunal ha de concretar su cognición a los términos del debate. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J623

N° 4-2007/CJ-116 (16/11 /2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 9 Art. 374 inc. 1 Desvinculación procesal

Los hechos no pueden alterarse en su aspecto esencial pero sí ampliar detalles para hacer más comprensivo el relato táctico (doctrina legal vinculante) Desde los principios acusatorio y de contradicción, los hechos imputados deben respetarse, no pueden alterarse; es decir, la sentencia no puede contener un relato fáctico que configure un tipo legal distinto o que introduzca circunstan­ cias diferentes o nuevas que agraven -de oficio, sin necesidad de previo debate, aunque el Tribunal puede incorporar circunstancias atenuantes- la responsabi­ lidad del acusado (ello no significa una exactitud matemática entre hecho acu­ sado y hecho condenado, pues el Tribunal -conforme a la prueba actuada y debatida en el juicio oral- puede ampliar detalles o datos para hacer más com­ pleto y comprensivo el relato, siempre que no impliquen un cambio de tipifica­ ción y que exista una coincidencia básica entre la acusación y los hechos acredi­ tados en la sentencia. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

298

N° 4-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 10 Art. 374 inc. 1 Desvinculación procesal

DESVINCULACIÓN PROCESAL

CAR

No se infringen los principios acusatorio y de contradicción si el Tribunal J624 sentenciador valora circunstancias referidas a los grados de ejecución del delito (doctrina legal vinculante) Es ajena a esa limitación, al no infringir los principios acusatorio y de contradic­ ción, cuando la Sala sentenciadora aprecie circunstancias referidas a la participa­ ción de los imputados o a los diferentes grados de la ejecución delictiva, pues su apreciación no importa una modificación de los hechos esenciales de la acu­ sación y, en esos casos, el Tribunal está sometido al principio de legalidad por el que ante un hecho concreto debe aplicar la norma que corresponda aún en contra de la pedida erróneamente por la acusación. En estos supuestos siem­ pre se da una homogeneidad delictiva y no se produce un supuesto de falta de contradicción o fallo sorpresivo, precisamente por la comunidad de hechos que entraña).

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente yTransitoria. Doctrina legal: fundamento 10 Art. 374 inc. 1 Desvinculación procesal

La tesis de desvinculación puede ser planteada por el Tribunal ante una J625 circunstancia modificativa de la responsabilidad penal (doctrina legal vinculante) Si bien es inmutable el hecho punible imputado, es posible que el Tribunal, de oficio y en aras del principio de contradicción y del derecho de defensa, pueda introducir al debate -plantear la tesis de desvinculación- la concurrencia tanto de una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal no incluida en la acusación que aumente la punibilidad -no una circunstancia de atenuación, en el que solo rige la nota de tipos legales homogéneos: que sean de la misma naturaleza y que el hecho que los configuran sea sustancialmente el mismo, esto es, modalidades distintas pero cercanas dentro de la tipicidad penal- o justifique la imposición de una medida de seguridad, cuanto la modificación jurídica del hecho objeto de la acusación.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 4-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 11 Art. 374 inc. 1 Desvinculación procesal

La modificación de la calificación jurídica del hecho objeto de la acusa­ J626 ción es procedente si se respeta eí principio de contradicción Pero también es cierto que sobre esa base táctica, es del todo posible que la Sala Penal Superior pueda modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación -lo que incluye, obviamente, las denominadas "circunstancias modi­ ficativas de la responsabilidad penal"- pero a condición -en cumplimiento del

15

EL JUZGAMIENTO

principio de contradicción o nnás concretamente del derecho de conocimiento de los cargos- que previamente se haya indicado a los encausados dicha posi­ bilidad y de esta manera se les brinde la posibilidad del derecho a la defensa e incluso que los mismo pueden ofrecer nuevas pruebas, preservando con ello el debido proceso. Recurso de Nulidad; N° 1594-2009-Puno (02/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Concordancia: Art 374 inc. 1 Desvinculación procesal

J627

La desvinculación procesal se basa en la existencia de un erróneo juicio de tipicidad (doctrina legal vinculante) La desvinculación jurídica -instituto procesal- tiene como antecedente un supuesto procesal que generó un conflicto, cuya resolución se pretende reali­ zar mediante su aplicación práctica; por lo que tiene una configuración derivada de un condicionamiento de carácter empírico comprobado durante el desarrollo del proceso: el error iuríser\ la aplicación del Derecho material al realizar la opera­ ción de subordinación de los hechos objeto de imputación, es decir, un juicio de tipicidad defectuoso que debe ser enmendado durante el séquito del proceso, a fin de conjurar la posibilidad de sembrar futuras nulidades que hagan estéril el esfuerzo judicial en la solución jurídico-penal de un caso práctico. Casación:

Concordancia:

J628

N° 659-2014-Puno (10/05/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.1 Art. 374 inc. 1 Desvinculación procesal

No se Justifica la invalidez de la sentencia de primer grado si fundamentó la desvinculación procesal en un criterio Jurisprudencial anterior (doc­ trina legal vinculante) Es evidente que, según el artículo Vil del Título Preliminar del Código Procesal Penal, en su primer inciso, regula el principio tempus regit actum tal como lo desarrolla el Acuerdo Plenario N“ 1-2007/ESV-22; por lo que no correspondía citar el artículo 285-A del Código de Procedimientos Penales mediando reglas especí­ ficas en los artículos 374 y 397 del Código Procesal Penal, tal como señala la recu­ rrida; sin embargo, no justifica la invalidez normativa de la sentencia de primer grado, por fundarse en institutos procesales propios del proceso penal, comu­ nes a ambos códigos, que coexisten en la actividad jurisdiccional nacional, más aún si no media discrepancia sustancial con el resultado de la desconexión típica. Casación: Concordancia:

N° 659-2014-Puno (10/05/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.4 Art. 374 inc. 1 Desvinculación procesal

LA ACTUACIÓN PROBATORIA EN EL JUZGAMIENTO

CAR

Las reglas de interpretación del Acuerdo Plenario N° 4-2007/CJ-116 son compatibles con la regulación de la desvinculación procesal prevista en el Código Procesal Penal (doctrina legal vinculante) En ese orden de ideas, si el Juzgador advierte que existe un error en la califi­ cación que no genera la nulidad puede ser corregido al momento de la des­ vinculación (existiendo una limitación al principio iura novit curia, conforme lo señala el Acuerdo Plenario N° 4-2007/CJ-116), salvaguardando las garantías cons­ titucionales del debido proceso y de la tutela jurisdiccional efectiva que tiene todo justiciable, bajo los principios de celeridad y economía procesal. En mérito a los fundamentos descritos precedentemente, se infiere que el Acuerdo Plenario N° 4-2007/CJ-116, al desarrollar el mismo instituto procesal contenido en las nor­ mas del nuevo Código Procesal Penal de 2004 (consignadas en líneas arriba) se debe aplicar en los casos regulados por este. Casación: Concordancia:

N° 659-2014-Puno (10/05/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 3.4,3.5 y 3.6 Art. 374 inc. 1 Desvinculación procesal

LA ACTUACIÓN PROBATORIA EN EL JUZGAMIENTO El principio de inmediación garantiza que el juez pueda ejercer un con­ J630 trol de calidad en la valoración probatoria El juicio es la etapa principal del proceso, rigen especialmente los principios de oralidad, publicidad, inmediación y la contradicción en la actuación probatoria. La inmediación garantiza que el Juez encargado de sentenciar tenga contacto directo con todas las pruebas. Si el Juez no oye directamente la declaración del testigo sino que la lee de un acta, no está en condiciones -por capaz que sea- de realizar un juicio de credibilidad respecto de lo que el testigo ha dicho, además, tal declara­ ción no puede ser contraexaminada y por tanto sometida al test de la contradictoriedad. Sin inmediación la información ostenta una bajísima calidad y no satisface un control de confiabilidad mínimo, de ahí, que debe protegerse la inmediación del Juez, pues la escritura no permite conocer directamente la prueba. Casación:

Concordancia:

N° 09-2007-Huaura (18/02/2008). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Art. 356 Principios del juicio oral

El derecho a guardar silencio del imputado en el juicio oral no anula las J631 declaraciones prestadas anteriormente Es de acotar que el derecho al silencio es un derecho de uso actual, que se activa y puede ejercitarse en cada momento procesal, pero retroactúa sobre los ya

CAP, 15

EL JUZGAMIENTO

transcurridos, ni tiene, por tanto, en ellos, la incidencia que pretende el que recu­ rre. El acusado puede guardar silencio en el juicio, pero no hacer que este se pro­ yecte hacia atrás, con la eficacia de cancelar otras manifestaciones preceden­ tes. Esta doctrina, que no vulnera el contenido garantizado del derecho a la no autoincriminación. Casación:

Concordancia:

J632

N° 1462-2017-Lambayeque/Auto de calificación (15/02/2018). Sala Penal Permanente. Fundamento 7 Art. 376 Examen del acusado

El hecho de que el abogado del agraviado no constituido en actor civil interrogue al acusado no es causal de nulidad de la sentencia Que de las normas procesales anotadas se advierte que el interrogatorio que for­ mula el abogado defensor del agraviado que no se constituyó en actor civil no está prescrito bajo sanción de nulidad en el Código Procesal Penal, por lo que carece de interés jurídico para casar la sentencia -y tampoco el impugnante vin­ culó los agravios que denunció con disposición legal alguna que imponga bajo sanción de nulidad la observancia de las formas que alega violadas, ni relacionó los agravios con alguna de las causales por la que la Ley sanciona con nulidad el acto- Por lo demás, el acusado Airo Bardales Canduelas afirmó que guardó silen­ cio y no contestó el interrogatorio, por lo que no se vulneró la vigencia de la regla de defensa en el juicio y no existe un interés afectado. En consecuencia, se trata de un elemento adverso al encausado de escasa importancia y carente de valor decisivo que no benefició procesalmente a la parte en cuyo favor se hizo, y en ese contexto, no afectó la validez y eficacia de la decisión final. Casación:

Concordancia:

J633

N° 34-2010-Huaura (15/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 9 Art. 376 Declaración del acusado

Declaración de menor edad omitida en la acusación fiscal puede incor­ porarse en el juicio oral Que, sin embargo, este Supremo Tribunal toma en consideración los siguien­ tes aspectos: i) la defensa técnica del encausado en el Juicio Oral no cuestionó ni se opuso a la admisión de la declaración plenaria de la víctima como nueva prueba; ii) tampoco expuso tal hecho como agravio al formular su recurso de apelación, ampliado (...), contra la sentencia de primera instancia, alegán­ dolo recién con motivo de su recurso de casación; iii) que la actuación de la declaración plenaria de la agraviada sirvió para que la defensa del encausado haciendo uso del principio de contradicción procediera a interrogar/contrain­ terrogar, acorde con su línea defensiva, a la víctima, de modo tal que se respetó el derecho de defensa corolario del debido proceso; y, iv) que aun cuando no se hubiese ofrecido, admitido ni actuado dicho medio de prueba (declaración

302

LA ACTUACIÓN PROBATORIA EN EL JUZGAMIENTO

CAP. 15

plenaria de la agraviada) en autos existían otros elementos de prueba (prueba objetiva e indicios) que valorados en forma conjunta llevan al convencimiento respecto a la materialidad del delito incriminado así como en relación a la cul­ pabilidad del encausado.

Casación: Concordancia:

N° 09-2012-La Libertad. Sala Penal Permanente. Fundamento 10 Art. 363 Dirección del juicio

La incorporación de un medio de prueba no propuesto ni admitido, J634 mediante una declaración testimonial no tiene valor Inclusive si se tomara como cierta dicha afirmación vertida en ambas instancias, ello implicaría que durante el juicio oral se introdujo un elemento de prueba que no fue propuesto ni admitido en las etapas procesales pertinentes, el cual llegó a formar parte de la valoración probatoria. Dicha situación se encuentra expre­ samente proscrita en el inciso 2, del artículo 383 del Código Procesal Penal lo que establece todo otro documento o acta que pretenda introducirse al juicio mediante su lectura no tendrá ningún valor. De esa perspectiva, el irregular pro­ ceder de primera instancia, reafirmado en segunda instancia, se constituye en una grave afectación a la garantía constitucional del Debido Proceso.

Casación: Concordancia:

N° 618-2015-Cusco (19/05/2017). Sala Penal Permanente. Conside­ rando 33 Art. 383 inc. 2 Lectura de la prueba documental

La parte procesal no tiene facultad para realizar la conducción compul­ J635 siva del perito que ofreció para el juicio oral, ante su inconcurrencia a la audiencia Que los apercibimientos, ante el incumplimiento de una citación judicial, son expresos. Están taxativamente estipulados en la ley procesal. Al respecto, el artículo 379 del Código Procesal Penal estatuye que cuando el perito, oportu­ namente citado, no haya comparecido, el Juez ordenará que sea conducido compulsivamente y dispondrá a quien propuso ese medio de prueba colabore con la diligencia. Cabe aclarar que la norma dice, respecto de quien ofreció el medio de prueba, que "colabore con la diligencia de conducción compul­ siva" -informar sobre el paradero del perito, indagar las razones de su ausen­ cia, comunicar a la autoridad encargada lo que sabe al respecto y ayudarla, de ser el caso, para que concrete su misión-, no que realice por sí el acto de con­ ducción compulsiva. Casación:

Concordancia:

N° 1072-2016-Huánuco (11/05/2017). Primera Sala Penal Transito­ ria. Fundamento 4 Art. 379 Inconcurrencia del testigo o perito

303

15

EL JUZGAMIENTO

No es necesaria la declaración de la víctima en Juicio oral, si su testimo­ nio anterior puede ser oralizado y sometido a contradictorio a) Cuando se trata de delitos sexuales en perjuicio de una mujer (niña o adulta) es de rigor tener en cuenta aquellos factores que puedan ocasionar su revictimización. En tal sentido, debe orientar el Juzgador su actuación judicial a que la declaración de la víctima sea única, salvo los supuestos advertidos en el Acuerdo Plenario número 1-2011/CJ-116 sobre la apreciación de la prueba en los delitos contra la libertad sexual, b) No es necesaria la declaración de la víctima enjuicio oral, cuando en etapa previa esta, con la garantía de Ley, brindó su declaración, pues la misma puede ser oralizada y sometida a contradicción en el plenario. Recurso de Nulidad: N° 2717-2016-Loreto (21/06/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Fundamento 8 Concordancia: Art. 378 Examen de testigo

J637

La declaración del menor de edad omitida puede ser incorporada de ofi­ cio en el juicio oral (doctrina legal vinculante) Si, por error, el Fiscal no lo hiciera, sobre la base del interés superior del niño, el papel de garante del Juez de los derechos de los ciudadanos y el artículo tres­ cientos ochenta y cinco del Código Procesal Penal, este lo incorporará de oficio en la etapa respectiva. En caso exista retractación por parte de la víctima, tam­ bién será posible incorporarla, así, el Fiscal, de conformidad con el inciso uno del artículo trescientos setenta y ocho del citado Código, pedirá que se le confronte con su declaración previa. Casación:

Concordancia:

J638

N° 33-2014-Ucayal¡ (28/10/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 15 Art. 385 inc. 2 Prueba de oficio

La excepcionalidad de la admisión de lectura de declaración sumarial requiere la inconcurrencia del testigo La excepcionalidad en la admisión de la lectura de una declaración sumarial de un testigo se basa en argumentos de urgencia y excepcionalidad, por lo que en caso que estos presupuestos no se presenten es indispensable que el testigo concurra al acto oral para que exponga lo que sabe acerca de los hechos enjui­ ciados. En consecuencia, la insistencia del testimonio personal en el acto oral, en esas condiciones de rechazo del acto de declaración sumarial, muy bien puede ser invocada en la oportunidad prevista en el artículo trescientos setenta y tres, apartado dos, del nuevo Código Procesal Penal. La necesidad del pleno esclare­ cimiento de los hechos acusador exige que se superen interpretaciones formalis­ tas de la ley procesal, sin que ello signifique, desde el luego, una lesión a los dere­ chos de las partes.

LA ACTUACIÓN PROBATORIA EN EL JUZGAMIENTO

CAP. _________ ....

Casación:

Concordancia:

N° 10-2007-Trujillo (29/01/2008). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 383.1, c) y 3 Oralización de prueba no actuada en juicio

La indebida oralización de la prueba actuada en juicio, que no fue cues­ J639 tionada en su oportunidad no impide su valoración Respecto a la Pericia Psicológica practicada ai acusado por la Perito Psicóloga (...) que fue oralizada durante el juzgamiento, cabe señalar que si bien de acuerdo al artículo trescientos ochenta y tres apartado uno literal c) del Código Procesal Penal, tal actuación no debió efectuarse, sin embargo, se debe tener en cuenta que ante ello la defensa técnica del acusado no objetó su admisión, incorpora­ ción y su consecuente actuación, y por el contrario permitió que se actúe dicha prueba sin efectuar observación alguna.

Casación: Concordancia:

N° 96-2010-Huaura (03/05/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 383.1, c) y 3 Oralización de prueba no actuada en juicio

No es posible ordenar la lectura de declaraciones de la agraviada y el acu­ J640 sado si asisten a la audiencia de juzgamiento El Colegiado Superior inobservó dicho dispositivo legal de carácter procesal al permitir en la audiencia de apelación, la oralización de las declaraciones preli­ minares tanto de la menor y el encausado, pues ambos asistieron y prestaron su declaración en dicha audiencia de apelación, lo que significa que no se encontra­ ban en ninguno de los supuestos a los que hace mención la norma aludida (falle­ cimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas independientes a la voluntad de las partes), que haya posibilitado la lectura de sus declaraciones preliminares; por lo tanto, solo es per­ misible que se den lectura a las declaraciones preliminares en tanto el testigo -víctima y/o imputado- por alguna razón de fuerza mayor o caso fortuito no haya podido asistir al contradictorio.

Casación: Concordancia:

N° 220-2012-Cusco (26/09/2013). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 383.1, c) y 3 Oralización de prueba no actuada en juicio

Para la exclusión de la actuación de lectura de la declaración previa de un J541 testigo solo es posible cuando se cuestione alguno de sus presupuestos Que el Tribunal Superior excluyó del material probatorio valorable la declara­ ción sumarial del testigo-víctima Fredy César Lorenzo Perales invocando como amparo legal el artículo 383 inciso 1 literal d) del Código Procesal Penal. En el presente caso no se cuestionó el primer presupuesto material (posibilidad de

15

EL JUZGAMIENTO

contradicción) ni el segundo presupuesto (presencia de una causa de inasisten­ cia independiente de la voluntad de las partes). La prescindencia de la prueba no fue objetada, así como tampoco los apercibimientos que pudieron realizarse pre­ via a esta situación véase, al respecto, artículo 379 del Código Procesal Penal. Por consiguiente, en su esencia, la exclusión de esa prueba, dispuesta por el iudexad quem, no se compadece con el principio de legalidad procesal. Fue, por ende, una decisión incorrecta jurídicamente. Casación:

Concordancia:

N° 646-2015-Huaura (15/06/2017), Primera Sala Penal Transitoria. Fundamento 7 Art. 383.1, d Oralización de prueba no actuada en juicio

ACTUACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL J642

La lectura de una declaración sumarial se basa en argumentos de urgen­ cia y excepcionalidad, si no se presentan es indispensable la asistencia del testigo Si bien no existe identidad absoluta entre el ofrecimiento de una prueba perso­ nal y el ofrecimiento de una prueba documental, es evidente que en el caso de autos lo que el Fiscal perseguía era incorporar un elemento de prueba vital: la exposición de hechos por una persona determinada. La excepcionalidad en la admisión de la lectura de una declaración sumarial de un testigo se basa en argu­ mentos de urgencia y excepcionalidad, por lo que en caso que estos presupues­ tos no se presenten es indispensable que el testigo concurra al acto oral para que exponga lo que sabe acerca de los hechos enjuiciados. En consecuencia, la insis­ tencia del testimonio personal en el acto oral, en esas condiciones de rechazo del acta de declaración sumarial, muy bien puede ser invocada en la oportunidad prevista en el artículo trescientos setenta y tres, apartado dos, del nuevo Código Procesal Penal. Casación:

Concordancia:

N° 10-2007-La Libertad (28/01/2008). Sala Penal Permanente, Fun­ damento 6 Art. 383.1 d) Lectura de la prueba documental

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA J643

La acusación complementaria puede referirse a la incorporación de un nuevo hecho Al respecto, es pertinente señalar que para la introducción de la acusación complementaria no solo está referida a la incorporación de hecho nuevo, sino también a la incorporación de una nueva circunstancia no mencionada en su

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

CAR 15

oportunidad. Cuando se trata de incorporar un hecho nuevo, es evidente que corresponde a un concurso real, pues cada hecho es constitutivo de un delito autónomo y proviene de un mismo agente, de lo que se deduce que cuando se trata de la incorporación de un nuevo hecho, es evidentemente que este es incompatible con el concurso ideal en la acusación complementaria. Casación: Concordancia:

N° 795-2017-Áncash (19/12/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Fundamento 7 Art. 374.2 Acusación complementaria

307

CAPITULO 16 LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA La actividad probatoria será suñciente si las pruebas tienen un carácter J644 incriminatorio y están referidas al objeto de la imputación Uno de los elementos que integra el contenido esencial de la presunción de ino­ cencia como regla de prueba es que la actividad probatoria realizada en el pro­ ceso sea suficiente -primer párrafo del artículo dos del Título Preliminar del nuevo Código Procesal Penal- Ello quiere decir, primero, que las pruebas -así conside­ radas por la Ley y actuadas conforme a sus disposiciones- estén referidas a los hechos objeto de imputación -al aspecto objetivo de los hechos- y a la vincula­ ción del imputado a los mismos, y, segundo, que las pruebas valoradas tengan un carácter incriminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo condenatorio. Casación:

Concordancia:

N° 03-2007-Huaura (07/11/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 7 Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia Art. 399 inc. 1 Sentencia de condenatoria

La motivación de las resoluciones judiciales se manifiesta en la logicidad, J645 claridad y coherencia de la decisión jurisdiccional Uno de las garantías establecidas por la ley, es el derecho de obtener de los órga­ nos jurisdiccionales una respuesta motivada, pero razonada y congruente res­ pecto a las peticiones que se formulen, en este caso, en materia penal. La exigen­ cia de motivación como se tiene expuesto, se encuentra regulada en el plano constitucional, en el inciso quinto del artículo ciento treinta y nueve de la Consti­ tución; debiendo tenerse en consideración que la garantía procesal específica de motivación, integra a su vez la garantía de la tutela jurisdiccional relacionada tam­ bién con el debido proceso; de ahí que toda decisión jurisdiccional debe estar fundamentada con logicidad, claridad y coherencia, lo que permitirá entender el porqué de lo resuelto. Casación: Concordancia:

N° 08-2007-Huaura (13/02/2008). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 394 ¡nc. 3 Requisitos de la sentencia

309

16

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA

La argumentación que observa la garantía de motivación de resolucio­ nes judiciales es racional y ajustada al tema de debate La motivación constitucionalmente exigióle requiere de una argumentación que fundamente la declaración de voluntad del Juzgador y que atienda al sistema de fuentes normativas establecido. El Tribunal debe expresar de modo claro, enten­ dióle y suficiente -más allá que, desde la forma de la misma, sea sucinta, escueta o concisa e incluso por remisión- las razones de un concreto pronunciamiento, en qué se apoya para adoptar su decisión -no hace falta, por cierto, que entre a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por la parte, pero sí que desarrolle una argumentación racional ajustada al tema en debáte­ Casación: Concordancia:

J647

N° 03-2007-Huaura (07/11/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 9 Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia

La motivación del juicio de hecho o de culpabilidad se basa en el mate­ rial probatorio y su valoración racional Desde la perspectiva del juicio de hecho o de culpabilidad, para que la sentencia no vulnere el principio lógico de la razón suficiente debe cumplir dos requisitos: a) consignar expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusio­ nes a que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba que seleccione como relevante (basados en medios de prueba útiles, decisivos e idó­ neos) -requisito descriptivo-; y, b) valorarlo debidamente, de suerte que eviden­ cie su ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen en el fallo -requisito intelectivo- (...)". Casación:

Concordancia:

J648

N° 03-2007-Huaura (07/11/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 9 Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia

la garantía procesal específica de motivación abarca la fundamentación de los hechos, calificación jurídica, pena y reparación civil Este deber incluye la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurí­ dica, así como la pena y reparación civil finalmente impuestas. Los órganos juris­ diccionales deben hacer explícitos los elementos de convicción que sustentan la declaración de hechos probados, a fin de acreditar la concurrencia de prueba de cargo capaz de enervar la presunción constitucional de inocencia, y asimismo ofre­ cer un razonamiento jurídico lógico y sustentado en valores jurídicamente acepta­ bles de la fundamentación que sostiene la subsunción en la norma penal aplicable. Casación: Concordancia:

N° 49-2009-Tacna (23/04/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

CAR

La garantía procesal específica de motivación determina la obligación de fundamentar los hechos, la calificación jurídica, la pena y reparación civil De la lectura minuciosa de la sentencia de vista se advierte que el Tribunal de apelación, respecto a la calificación jurídica de los hechos atribuidos al encau­ sado Rosado Chiri, se limitó a señalar que "a juicio del representante del Minis­ terio Público, están referidos al tipo penal de violación sexual de menor de edad, contenidos en el artículo ciento setenta y tres del Código Penal"; que, sin embargo, ha obviado especificar el inciso del citado artículo por el que el encau­ sado estaba siendo juzgado; que dicha precisión resultaba de suma importan­ cia a efectos de que el enjuiciado pueda realizar un cabal ejercicio de su derecho de defensa, más aún cuando de dicha determinación dependía la fijación de los márgenes mínimo y máximo de pena entre los que el Tribunal Juzgador debía fijar judicialmente la pena. Casación:

Concordancia:

N° 49-2009-Tacna (23/04/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia

No se vulnera el principio de congruencia entre lo acusado y resuelto si J650 existe un pronunciamiento de la Sala Penal de Apelaciones sobre el tipo penal invocado en la acusación Que la acusación fiscal es un acto procesal que, en virtud del principio acusatorio (...) corresponde exclusivamente al Ministerio Público (...). En tal sentido debe existir una relación de congruencia entre el contenido de la acusación y lo resuelto en la sentencia final (...). De lo expuesto se advierte que en el trámite de la presente causa no se vulneró el principio acusatorio y tampoco la garantía genérica del debido proceso, en tanto existió un pronunciamiento expreso por parte de la Sala Penal de Apelaciones acerca del tipo penal invocado en la acusación fiscal -principio de congruencia-, esto es, el artículo ciento setenta y tres del Código Penal (...). Casación: Concordancia:

N° 9-2010-Tacna (13/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 393 Normas para deliberación

La congruencia fáctica de la sentencia implica que el hecho declarado J651 como probado sea coincidente y no idéntico con la acusación Que es incontestable que, desde el principio acusatorio, se exige, entre otras líneas de correlación, la denominada congruencia fáctica. El hecho debe ser coin­ cidente, no idéntico, según el relato acusatorio y la declaración de hechos proba­ dos de la sentencia. Ha de respetar los lineamientos esenciales de la respectiva ejecución delictiva descripta por la acusación, lo que en modo alguno elimina la posibilidad de mayores concreciones tácticas -para hacer más completo y

16

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA

comprensible el relato- e, incluso, de degradación entre hecho acusado y hecho condenado, siempre que respete su base nuclear, insustituible por cierto. Casación: Concordancia:

N° 709-2016-Lambayeque (08/06/2017). Primera Sala Penal Transi­ toria. Fundamento 4 Art. 393 Normas para deliberación

La manifiesta ilogicidad de la motivación de la sentencia es compatible con la ausencia de motivación, motivación incongruente y la existencia de vicios lógicos

J652

Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicidad de la motivación". Este motivo puede resumirse en la ausencia notoria de motivación, en la motivación incompleta -que no responde a todos ios agravios relevantes para una decisión razonada del caso-, y en la motivación incongruente, oscura o que vulnera las reglas de la lógica, la ciencia o la experiencia. La ilogicidad de la motivación, conforme a su fuente italiana, está residenciada en vicios lógicos en la fundamentación del fallo, que lo hacen irrazonable.

Casación: Concordancia:

N° 9-2010-Tacna (13/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 393 Normas para deliberación

La motivación debe consignar el material probatorio y su valoración para no vulnerar el principio de la razón suficiente

J653

La motivación de las resoluciones judiciales (...) debe expresar de modo claro, entendible y suficiente (...) las razones de un concreto pronunciamiento y en las cuales apoya su decisión (...). Desde la perspectiva del juicio de hecho o de culpabi­ lidad para que la sentencia no vulnere el principio de la razón suficiente debe cum­ plir dos requisitos: a) consignar el material probatorio en que se fundan las conclu­ siones a las que arriba (...) b) valorarlo debidamente de suerte que evidencien su ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen al fallo. Casación: Concordancia:

N° 19-2010-La Libertad (03/11/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Art. 393 Normas para deliberación

La motivación de las resoluciones judiciales no exige el debate de cada uno de los preceptos o razones Jurídicas alegadas por la parte

J654

La motivación de las resoluciones judiciales que exige la Constitución requiere de una argumentación que fundamente la declaración de voluntad del órgano jurisdiccional y que atienda al sistema de fuentes normativas establecido. El Tri­ bunal debe expresar de modo claro, entendible y suficiente -más allá que, desde I

I

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

CAR

la forma de la misma, sea sucinta, escueta o concisa e incluso por remisión- las razones de un concreto pronunciamiento y en las cuales se apoya para adoptar su decisión -no hace falta, por cierto, que entre a debatir cada uno de los pre­ ceptos o razones jurídicas alegadas por la parte, pero sí que desarrolle una argu­ mentación racional ajustada al tema en debáte­ Casación:

Concordancia:

N° 9-2010-Tacna (13/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 393 Normas para deliberación

la motivación del juicio de hecho o de culpabilidad requiere la valora­ J655 ción de las pruebas y la ligazón racional en las afirmaciones o negaciones Desde la perspectiva del juicio de hecho o de culpabilidad, para que la senten­ cia no vulnere el principio lógico de razón suficiente debe cumplir dos requisitos: a) consignar expresamente el material probatorio en que se fundan las conclu­ siones a la que se arriba, describiendo el contenido de cada elemento de prueba que seleccione como relevante (basados en medios de prueba útiles, decisivos e idóneos) -requisito descriptivo-; y, b) valorarlo debidamente, de suerte que evi­ dencie su ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen en el fallo -requisito intelectivo-. Casación:

Concordancia:

N° 9-2010-Tacna (13/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 393 Normas para deliberación

La motivación de las resoluciones como exigencia constitucional impone J656 la obligación que el Juez funde conforme a derecho su decisión (doctrina legal vinculante) La motivación de las resoluciones es una exigencia constitucional específica reconocida por el artículo 139.5 de la Ley Fundamental, y a la vez es un derecho que integra el contenido constitucionalmente garantizado de la garantía proce­ sal de tutela jurisdiccional, que impone al Juez la obligación de que las decisio­ nes que emita han de ser fundadas en derecho. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2011/CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 7 Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia

La razonabilidad de las resoluciones judiciales se manifiesta en la apre­ J657 ciación de la prueba y en la interpretación del derecho objetivo (doc­ trina legal vinculante) Las resoluciones judiciales deben ser razonadas y razonables en dos grandes ámbitos: 1) En la apreciación -interpretación y valoración- de los medios de

16

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA

investigación o de prueba, según el caso -se ha de precisar el proceso de convic­ ción judicial en el ámbito fáctico- 2) En la interpretación y aplicación del derecho objetivo. Si se trata de una sentencia penal condenatoria -las absolutorias requie­ ren de un menor grado de intensidad-, requerirá de la fundamentación (i) de la subsunción de los hechos declarados probados en el tipo legal procedente, con análisis de los elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, ade­ más de las circunstancias modificativas; y (ii) de las consecuencias penales y civi­ les derivadas, por tanto, de la individualización de la sanción penal, responsabili­ dades civiles, costas procesales y de las consecuencias accesorias. Acuerdo Plenario;

Concordancia:

J658

N° 6-2011 /CJ-116 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 11 Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia

La garantía de la debida motivación de las resoluciones integra la tutela jurisdiccional efectiva Que, conforme se ha precisado, una de las garantías establecidas por la ley proce­ sal es el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razo­ nada, razonable y congruente en todo fallo judicial. La exigencia de motivación, como se tiene expuesto, se encuentra regulada en el inciso cinco, del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política. Además esta garantía proce­ sal integra a su vez la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva. De ahí que toda decisión judicial debe estar fundamentada con logiddad, claridad y coherencia Casación;

Concordancia:

J659

N° 9-2010-Tacna (13/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 393 Normas para deliberación

El juez no puede aplicar una pena más grave que la requerida por el fiscal Este Supremo Tribunal considera que se ha vulnerado el principio acusatorio puesto que el Juez no puede aplicar pena más grave que la requerida por el fis­ cal. Es así como el debate jurídico propiamente dicho solo es realizado en el juicio oral, y únicamente a partir de la acusación existe intervención del Juez.

Casación;

Concordancia:

J660

N° 401-2016-Moquegua (28/09/2017). Primera Sala Penal Transito­ ria. Fundamento 2.2.6 Art. 394 inc. 2 Requisitos de la sentencia

Para motivar una resolución judicial basta la exteriorización del proceso valorativo del juez (doctrina legal vinculante) La motivación, por cierto, puede ser escueta, concisa e incluso -en determinados ámbitos- por remisión. La suficiencia de la misma requerirá que el razonamiento

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

CAP.

16

que contenga, constituya lógica y jurídicamente, suficiente explicación que per­ mita conocer, aún de manera implícita, los criterios fácticos y jurídicos esencia­ les fundamentadores de la decisión. Basta, entonces, que el órgano jurisdiccio­ nal exteriorice su proceso valorativo en términos que permitan conocer las líneas generales que fundamentan su decisión. La extensión de la motivación, está con­ dicionada a la mayor o menor complejidad de las cuestiones objeto de resolu­ ción, esto es, a su trascendencia. No hace falta que el órgano jurisdiccional entre a examinar cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por la parte, solo se requiere de una argumentación ajustada al tema en litigio. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 6-2011/CJ-l 16 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal; fundamento 11 Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia

Los errores lógicos en la motivación de la sentencia se dan en tres supues­ J661 tos (doctrina legal vinculante) 1. Carece llanamente de motivación, es decir, omite pronunciarse sobre las pre­ tensiones y resistencias relevantes formuladas por las partes e impide conocer el desarrollo del juicio mental realizado por el Juez y cuya conclusión es el fallo que pronuncia. 2. Es notoriamente insuficiente, vale decir, no se apoya en razo­ nes que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que la fundamentan, cuya apreciación está en función al caso concreto. 3. Es arbitra­ ria por ilógica, incoherente, incomprensible o contradictoria (supuestos de moti­ vación aparente) -desconexión entre motivación y decisión, o ausencia de cohe­ rencia interna de la resolución-. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 6-2011/CJ-l 16 (06/12/2011). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 12 Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia

La motivación de las resoluciones judiciales es una garantía constitucio­ J662 nalmente protegida que requiere congruencia y razonabilidad El derecho a la motivación exige, además, que el Juez tenga en cuenta las alega­ ciones de las partes y las pruebas practicadas, lo que se supone que dicte un fallo congruente con estas, razonándolo debidamente con las pruebas practicadas y con el ordenamiento jurídico. Esto entraña el cumplimiento de dos elementos: congruencia (coherencia entre las alegaciones de las partes y las respuestas del Juez) y razonabilidad (el Juez debe exponer los motivos por los que se inclina a favor de acoger o no una petición, ciñéndose a las pruebas del proceso). Casación: Concordancia:

N° 60-2016-Junín (08/05/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Fun­ damento 3.8 Art. 393 Normas para deliberación

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA

J663

La valoración integral de la prueba implica valorar las declaraciones brin­ dadas también en sede preliminar Los agraviados no concurrieron a sede judicial a ratificarse sus imputaciones y tampoco acreditaron la preexistencia de los bienes sustraídos; que, empero, se debe valorar que las sindicaciones vertidas a nivel preliminar coinciden con las actas de reconocimiento -en la que estuvo presente el representante del Minis­ terio Público- y las testimoniales de los efectivos policiales que participaron en el captura del mencionado acusado, por lo que la valoración integral de las prue­ bas permite llegar a una convicción absoluta acerca de la responsabilidad atri­ buida al imputado. Recurso de Nulidad: N° 2134-2010-L¡ma (19/10/2010). Sala Penal Permamente. Funda­ mento 5 Concordancia: Art. 393 Normas para deliberación Art. 158 Valoración

J664

Las sindicaciones realizadas en sede preliminar y no en la actividad proba­ toria en sede sumarial y el plenario, no son válidas sin concurso del fiscal En este sentido, los agravios expuestos por el Fiscal Superior tampoco encuentran sustento en la prueba actuada, porque la investigación realizada en sede prelimi­ nar no contó con el concurso del representante del Ministerio Público, por lo tanto, no constituye elemento probatorio válido que pueda demostrar responsabilidad, máxime si solo en aquella etapa se formularon los sindicaciones que luego sus­ tentaron la acusación, por tanto, la virtualidad de los actos de investigación están restringidos a la actividad probatoria desarrollada en sede sumarial y plenarial. Recurso de Nulidad: N° 4146-2009-Lima (26/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Concordancia: Art. 393 Normas para deliberación

J565

La motivación de la resolución judicial debe comprender las argumen­ taciones realizadas por las partes Toda resolución judicial será siempre motivada, dada la exigencia que deriva de la proscripción de indefensión. Las partes en el proceso tienen derecho a que la reso­ lución de la pretensión formulada, esté motivada. Dicho derecho, si bien no exige un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado, de todos los aspectos y pers­ pectivas que dichas partes puedan tener de la cuestión que se decide; sin embargo, ¡a resolución debe estar apoyada en argumentos introducidos vía el contradictorio. Casación: Concordancia:

N° 281-2011-Moquegua (16/08/2012). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 7 Art. 393 Normas para deliberación

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

CAR

Debe ser acreditado el dolor e impacto emocional de los familiares de la víctima de homicidio para el aumento en la fijación de la reparación civil El Tribunal de Apelación si bien tiene la potestad de aumentar o disminuir el monto fijado por concepto de la reparación civil, en el presente caso se excedió al incrementarla en la suma de cien mil nuevos soles, pues para ello se basó en argumentos que no lo justifican: i) el dolor e impacto emocional que ocasionó la muerte del agraviado a los nietos del occiso, y (...) Empero, no se advirtió que del examen psicológico realizado a ambos se demostró que no existía una relación de dependencia ni estrecha cercanía entre abuelo y nietos, más aún si sus padres se encuentran con vida y están a su cargo. Casación: Concordancia:

N° 37-2008-La Libertad (10/03/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Art. 429 Causales para interponer el recurso de casación Art. 478 Colaboración durante las otras etapas del proceso contradictorio Art. 504 Incidentes de ejecución y recursos

La ilogicidad de la motivación exige verificar que el juez cometió algún J567 error en su razonamiento o violó las reglas de la lógica Que, fijado ello, debemos relievar que la falta de logicidad en la construcción de la sentencia, está íntimamente vinculado a la obligación constitucional que tie­ nen los jueces de motivar adecuadamente sus decisiones; (...) por lo demás, la casación por manifiesta ilogicidad en la motivación está centrada en revisar si el órgano jurisdiccional cometió algún error en su razonamiento o viola las reglas de la lógica, de modo que esta causa está directamente vinculada a la tutela del derecho y a la motivación de las resoluciones judiciales.

Casación: Concordancia:

N° 60-2010-La Libertad (19/04/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 3 Art 427 Procedencia del recurso de casación Art. 428 Desestimación Art. 429 Causales Art. 430 Interposición y admisión Art. 431 Preparación y audiencia Art. 432 Competencia

La ilogicidad de la motivación como causal del recurso de casación puede J668 ser amparable en seis supuestos La doctrina destaca que es posible cuestionar por esta causal, "la contradic­ ción de los supuestos Lácticos, que supone que en la sentencia se emplea en el extremo referido a los hechos probados, términos o frases que por ser antitéti­ cos resultan incompatibles al excluirse uno al otro produciendo una laguna en

CAP. 16

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA

la fijación de los hechos (...) seis son los motivos (...) que la Sala Penal Suprema ampare este motivo: i) que se manifiesta y absoluta en el sentido gramatical de las palabras, ii) que sea insubsanable dentro del contexto del hecho probado, iii) que sea interna del hecho probado, analizando directa e inmediatamente los términos en que aparece redactado este hecho probado, ¡v) que sea completa, afectando la incompatibilidad a los hechos y a sus circunstancias, v) que sea cau­ sal al fallo, determinante de una incongruencia como consecuencia de la rela­ ción directa que ha de existir entre el hecho probado y el fallo de la sentencia, y vi) que se produzca respecto a algún apartado que sea relevante a la califica­ ción jurídica.

Casación: Concordancia:

J669

N° 60-2010-La Libertad (19/04/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 429 Causales

La contradicción o ilogicidad de la sentencia no puede ser considerado como causal del recurso de casación, si no se demuestra una oposición recíproca e insuperable El contenido de la sentencia no es, contradictorio (...) ya que, entre lo que expone y lo que concluye, en el detalle y la apreciación de las pruebas, no se presenta una oposición recíproca, en sí misma insuperable, que hace perder sentido y coherencia al relato fáctico y al análisis del caso. Casación: Concordancia:

J670

N° 60-2010-La Libertad (19/04/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 429 Causales

La motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determi­ nada extensión de la motivación sino la congruencia entre lo pedido y lo resuelto La motivación de resoluciones judiciales, al mismo tiempo, es un principio -por­ que informa el ejercicio de la función jurisdiccional- y un derecho -que corres­ ponde a los justiciables de conocer los motivos que los llevaron a ser sanciona­ dos; que mediante la motivación, por un lado, se garantiza que la impartición de justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes y, por otro, que ios justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa, pero se debe precisar que la Constitución no garantiza una determinada exten­ sión de la motivación, sino que la fundamentación jurídica deba ser congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justifica­ ción de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa.

318

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

Casación: Concordancia:

CAP.

N° 62-2010-Lambayeque (10/02/2011). Sala Penal Permanente. Fundamento 4 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 428 Desestimación Art. 429 Causales Art. 430 Interposición y admisión Art. 431 Preparación y audiencia Art. 432 Competencia

La infracción de la motivación inexistente o aparente puede sustentarse j 571 en una valoración genérica de las pruebas La Primera Sala Especializada Penal de Cajamarca al momento de emitir la sen­ tencia impugnada incurrió en causal de nulidad (...) porque conforme expone el señor Fiscal Supremo en su dictamen, infringió la garantía de la debida motiva­ ción -la infracción de la garantía de motivación- como es sabido, puede fun­ darse en que la motivación de una concreta resolución judicial es inexistente, aparente o insuficiente, contradictoria y/o irrazonable por vulnerar las reglas de la lógica, la experiencia o la ciencia; que, en efecto, el Tribunal de Instancia sus­ tentó la condena del acusado en las declaraciones de los testigos así como en el acto de reconocimiento (...) practicado por (...), sin embargo, tales declaraciones fueron valoradas de forma genérica ya que ninguno de los testigos le atribuye al acusado ser autor de los hechos investigados. Recurso de Nulidad: N“ 582-2010-Cajamarca (31/08/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 3 Concordancia: Art. 393 inc. 2 Normas para la deliberación y votación Art. 394 Requisitos de la sentencia

Existe motivación aparente cuando no se desarrolla de forma razonada j 572 y razonable la convicción que le generó la prueba Que, ahora bien, los agravios propuestos por el encausado Jiménez Rosillo mere­ cen amparo pues del análisis fáctico de la sentencia impugnada se aprecia que la misma incurrió en lo que se denomina motivación aparente; que en este sentido, el Colegiado Superior lejos de desarrollar en forma razonada y razonable cómo es que la prueba citada en la parte considerativa le causó convicción, solo se ciñó a enumerarla sin aportar en forma concatenada, y con el rigor constitucional que el caso amerita, el por qué se valoró la prueba de descargo y no la de descargo. Recurso de Nulidad: N° 654-2010-Lambayeque (22/11/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 3 Concordancia: Art. 393 inc. 2 Normas para deliberación y votación Art. 394 Inc 3 Requisitos de la sentencia

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA

J673

La logicidad de la sentencia se vulnera cuando las conclusiones probato­ rias se basan en elementos probatorios contradictorios entre sí El control de la logicidad de la sentencia, en el ámbito de una denuncia por argumentos contradictorios -desde la valoración de la prueba y la declaración de hechos probados-, será procedente cuando se formulan afirmaciones o se enuncian conclusiones probatorias (i) sin contar con los elementos probatorios previamente analizados o sin constar en autos elementos de prueba realmente existentes, (ii) contradictorias o contrarias entre sí, o (iii) causalmente desconec­ tadas con la premisa de que se parte. En estos casos no se está ante un error de hecho sino ante un error lógico jurídico. Recurso de Queja:

Concordancia:

J674

N° 1158-2009-Huánuco (22/07/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 2 Art. 393 inc. 2 Normas para deliberación y votación Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia

Debido proceso: no se vulnera si las pericias, cuyo valor cuestiona la defensa, no fueron tomadas en cuenta por el Tribunal para condenar al acusado Si esto es así, no resulta amparadle la causal de vulneración del debido proceso relativo a la transgresión a la necesidad de la prueba, en tanto los delitos contra la libertad sexual, en la gran mayoría de casos, se ejecutan en la clandestinidad, por lo cual queda habilitada la declaración de la víctima para desvirtuar la pre­ sunción constitucional de inocencia, pues en muchas ocasiones no se puede dis­ poner de otras pruebas para acreditar la responsabilidad penal de un imputado, por cuya razón, para los efectos de considerarla suficiente prueba de cargo, debe cumplir con las garantías de certeza establecidas en el Acuerdo Plenario número dos guión dos mil cinco/CJ-116; lo que en el caso concreto se cumplió a cabalidad, pues la versión de la menor agraviada fue persistente, verosímil. Casación: Concordancia:

J675

N° 309-2012-Cusco (05/09/2013). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3.7 Art. 429 Causales

Se precisa que la ausencia absoluta de análisis probatorio y jurídico es un elemento de la falta de motivación en las resoluciones Judiciales Entre los elementos que demuestran una falta de motivación de las resoluciones judiciales se encuentran: 1) La ausencia absoluta de análisis probatorio y jurídico penal; 2) A la motivación incompleta o insuficiente, por inexistencia de debate sobre los elementos esenciales del tipo penal, la ausencia de pruebas esencia­ les o decisivas para su definición y entidad, el juicio de tipicidad, la medición de la pena y fijación de la reparación civil cuando correspondiera. 3) La motivación

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

CAP.

aparente y 4) Aquellas sentencias que dan lugar a una imposibilidad de subsunción por inexistencia de la premisa mayor; mientras que una motivación que vaya en contra de las reglas de la lógica, la ciencia y máximas de experiencia deviene en ilógica. Casación;

Concordancia:

N° 482-2016-Cusco (23/03/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Fundamento quinto Art. 393 inc. 2 Normas para la deliberación y votación Art. 394 Requisitos de la sentencia

La infracción a la motivación de las resoluciones por motivación insufi- jgyg dente se realiza cuando no existe análisis de todo el caudal probatorio Se advierte la presunta vulneración de lo dispuesto por el numeral cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política, que consagra la garantía específica de la motivación, que a su vez integra la garantía genérica de la tutela jurisdiccional -la infracción de la garantía de motivación, como es sabido, puede fundarse en que la motivación de una concreta resolución judicial es inexistente, aparente o insuficiente, contradictoria y/o irrazonable por vulnerar las reglas de la lógica, la experiencia o la ciencia- Que, en efecto, la sentencia de vista no analizó todo el caudal probatorio que obra en el expediente (...) solo examinó alguna de estas (...) tampoco valoró otro medios de prueba que fueron analizados en la sen­ tencia de primera instancia (...), además, no se pronunció sobre todos los agravios hechos valer por la recurrente en su respectivo recurso de apelación. Recurso de Queja; Concordancia:

N° 1108-2009-Lambayeque (01/07/2010). Sala Penal Permanente. Fundamentos 3 y4 Art. 393 inc. 2 Normas para la deliberación y votación Art. 394 Requisitos de la sentencia

El contenido esencial del derecho a la motivación de las resoluciones judi- j gyy ciales implica un razonamiento congruente y proporcionado Uno de los contenidos del derecho al debido proceso es el derecho de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente, con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. Debiendo precisar que el contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si esta es breve o concisa. No requiriendo que, de manera pormenorizada, el Tribunal o juzgados se pronuncien en forma expresa y detallada sobre todas las alegacio­ nes que las partes puedan formular dentro del proceso. En suma, garantiza que el razonamiento empleado guarde relación y sea proporcionado y congruente con el problema que al Juez penal corresponde resolver.

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA

Casación; Concordancia;

J678

N°41-2012-Moquegua (06/06/2013). Sala Penal Permanente. Fun­ damentos 4.10 y 4.11 Art. 393 inc. 2 Normas para la deliberación y votación

La falta de coherencia en la declaración de la víctima genera duda en los hechos Las imputaciones discordantes de la menor conducen a la duda sobre lo ocu­ rrido, duda generada por lo señalado y sumado que la menor no ha referido rela­ ciones sexuales contra natura que se detectaron como antiguas y la constata­ ción de no haber presentado signos de agresión sexual reciente, y el hecho de no haber querido revelar con quien sostuvo aquellas relaciones, antes de la fecha indicada (cuando menos seis días antes) se puede colegir, o que no hubieron relaciones sexuales con el procesado, o que las sostuvo con su consentimiento, con el procesado o con un tercero, de manera que siendo mayor de catorce años no cabe imponer condena. Recurso de Nulidad; N° 02932-2010-Madre de Dios (24/01/2012). Sala Penal Perma­ nente. Fundamento 4.6 Concordancia; Art. 398 inc. 1 Normas de motivación de la sentencia absolutoria

J679 Ante la insuficiencia de prueba de cargo rige el in dubiopro reo Si se tiene en consideración la uniforme negativa del imputado, lo tardío de la denuncia -entre el suceso denunciado y la efectiva denuncia policial- y la retrac­ tación de la víctima -además su madre no ofrece una versión alternativa que consolide el primer cargo contra el imputado; (...), es de concluir que la prueba de cargo no es suficiente para sancionar penalmente al imputado. Rige el principio in dubiopro reo. Las pericias médico legal y psicológica no permiten atribuir con certeza la autoría de los hechos al encausado Carranza Vásquez. Recurso de Nulidad; N° 4032-2009-Amazonas (28/10/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 3 Concordancia; Art. 398 inc. 1 Normas de motivación de la sentencia absolutoria

J680

En el supuesto de prueba insuficiente corresponde la absolución El solo mérito del certificado médico legal (...) referido a la menor agraviada, que concluyó que: "presenta himen desfloración antigua, no actos contra natura", no constituye prueba suficiente para imponer una condena al imputado, máxime si cuando se le examinó negó que sostuvo relaciones sexuales para posterior­ mente aseverar que sostuvo relaciones sexuales con su enamorado hace un mes.

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

CAR

Recurso de Nulidad: N° 1040-2010-Piura (23/11/2010). Sala Penal Permanente. Funda­

Concordancia:

mento 6 Art. 398 ¡nc. 1 Normas de motivación de la sentencia absolutoria

La sentencia no debe sustentarse en elementos de prueba obtenidos en J681 la etapa investigatoria El Juzgado Penal Colegiado, solo se basó en elementos de prueba obtenidos en la etapa investigatoria (tales como, las declaraciones del agraviado, del menor infractor y la del propio procesado), no llegando a debatir estos elementos de prueba en juicio oral para verificar su idoneidad y puedan así ser considerados válidos para emitir una sentencia condenatoria -conforme se establece los pará­ metros exigidos en el Acuerdo Plenario descrito en el numeral uno punto siete del sustento normativo de la presente Ejecutoria-: considerándose además que como se indica en la decisión superior se vulneraron principios esenciales del sis­ tema procesal, como son los principios de inmediación, oralidad y contradicción. Casación: Concordancia:

N° 357-2011-Amazonas (04/06/2013). Sala Penal Permanente. Fun­ damentos 2.2 y 2.3 Art. 393 ¡nc. 1 Normas para la deliberación

Las reglas de la lógica es una de las directrices de rango objetivo de la J682 sana crítica (doctrina legal vinculante) La apreciación de la prueba ha de ser conforme a las reglas de la sana crítica (con­ cordancia de los artículos 158.1 y 393.2 del CPP), no exenta de pautas o directrices de rango objetivo. Los elementos que componen la sana crítica son: (i) la lógica, con sus principios de identidad (una cosa solo puede ser igual a sí misma), de contradicción (una cosa no puede ser explicada por dos proposiciones contra­ rias entre sí), de razón suficiente (las cosas existen y son conocidas por una causa capaz de justificar su existencia) y del tercero excluido (si una cosa únicamente puede ser explicada dentro de una de dos proposiciones alternativas, su causa no puede residir en una tercera proposición ajena a las dos precedentes). Sent Píen. Cas.: Concordancia:

N° 1-2017/CIJ-433 (11/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 17 Art. 393 inc. 2 Normas para deliberación Art. 158 Valoración

Las máximas de experiencia consisten en reglas no jurídicas emanadas J683 de la vida social concreta (doctrina legal vinculante) (¡i) las máximas de experiencia o "reglas de la vida", a las que el Juzgador recurre (criterios normativos o reglas no jurídicas, producto de la observación de lo que generalmente ocurre en numerosos hechos productos de la vida social concreta, illilli lllllll

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA

que sirven al Juez, en una actitud prudente y objetiva, para emitir juicios de valor acerca de una realidad, con funciones heurística, epistémica y justificativa).

Sent. Píen. Cas.:

Concordancia:

J684

N° 1-2017/CIJ-433 (11/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 17 Art. 393 inc. 2 Normas para deliberación Art. 158 Valoración

Los conocimientos científicos exigen consenso en la comunidad cientí­ fica (doctrina legal vinculante) (iii) los conocimientos científicamente aceptados socialmente (según exigen los cánones de la comunidad científica mundial) (Rodrigo Rivera Morales: La prueba: un análisis raciona! y práctico, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2011, p. 254).

Sent Píen. Cas.:

Concordancia:

N° 1-2017/CIJ-433 (11/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 17 Art. 393 inc. 2 Normas para deliberación Art. 158 Valoración

Las reglas de la sana crítica como premisa mayor del silogismo judicial requieren que sean determinadas por el Juez desde parámetros objeti­ vos (doctrina legal vinculante) Frente al silogismo, en cuyo mérito la premisa menor es la fuente-medio de prueba, la premisa mayor es una regla de la sana crítica y la conclusión es la afirmación por el Juzgador de la existencia o inexistencia de los hechos enjuiciados, debe tener presente, como explica Silvia Barona Vilar, (i) que en el sistema de valoración libre las reglas de la sana crítica deben determinarse por el Juzgador desde parámetros objetivos -no legales-; y, (ii) que, ante la ausencia de la premisa menor -pruebas válidamente practicadas-, la absolución es obligada {Derecho Jurisdiccionaliii. Pro­ ceso Pena!, 22da. Edición, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, p. 310).

Sent Píen. Cas.: Concordancia:

J686

N° 1-2017/CIJ-433 (11/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 17 Art. 393 inc. 2 Normas para deliberación Art. 158 Valoración

El estándar de prueba que requiere la condena es más allá de toda duda razonable (doctrina legal vinculante) La definición de lo que se denomina "estándar de prueba" guarda relación con la garantía de presunción de inocencia (artículo 2, numeral 24, literal 'e', de la Constitución), concretamente con su regla de juicio (manifestación procesal de la referida garantía constitucional en el momento de la valoración de la prueba).

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

CAR

concerniente al in dubio pro reo y que requiere para la condena una convicción judicial más allá de toda duda razonable luego de una cuidadosa e imparcial con­ sideración de las pruebas del caso que permita la confirmación de la hipótesis acusatoria y su no refutación lo que, por lo demás, está complementado con el principio de la sana crítica racional en la valoración de la prueba. Por tanto, “/\ la hora de fijar los hechos en la sentencia, la eficacia de los resultados de las prue­ bas practicadas se somete al indicado principio. Sent. Píen. Cas.: Concordancia:

N° 1 -2017/CIJ-433 (11/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 17 Art. 398 inc. 1 Sentencia absolutoria Art II Título Preliminar

El estándar de prueba es cumplido con la acreditación de los elementos J687 típicos y de intervención delictiva (doctrina legal vinculante) Respecto del juicio histórico, sobre el que recae esta regla jurídica de máxima jerarquía, es claro que el cumplimiento del estándar de prueba se refiere, de modo relevante, de un lado, a los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal -objeto de acusación y enjuiciamiento-; y, de otro lado, a la vinculación del impu­ tado con estos, a título de autor o de partícipe (artículos 23, 24 y 25 del Código Penal). Estos elementos típicos y la intervención delictiva -que procesalmente constituyen el objeto o tema de prueba- deben probarse más allá de toda duda razonable. Cabe acotar que no existe prueba en sí sino prueba de un tipo penal, de un suceso histórico jurídico-penalmente relevante afirmado por la acusación -el supuesto fáctico por el que se acusaSent. Píen. Cas.:

Concordancia:

N° 1-2017/CIJ-433 (11/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 18 Art. 393 inc. 2 Normas para deliberación Art. 158 Valoración

El estándar de prueba de más allá de toda duda razonable guarda relación J688 con el derecho a la presunción de inocencia (doctrina legal vinculante) El párrafo final del apartado 1 del artículo II del Título Preliminar del CPP, en esa misma perspectiva normativa, indica: "En caso de duda sobre la responsabilidad penal debe resolverse a favor del imputado"; al igual que el artículo 398, apar­ tado 1, del mismo Código, que apunta: "la motivación de la sentencia absoluto­ ria destacará especialmente (...) la declaración de que (...) los medios probatorios no son suficientes para establecer su culpabilidad, que subsiste una duda sobre la misma". (...) Luego, cuando reste incertidumbre en la apreciación de las pruebas inculpatorias aportadas al proceso, debe dictarse sentencia absolutoria; cualquier duda acerca de la culpabilidad del acusado debe interpretarse a su favor (STEDH Telfnervs. Austria, de 20 de marzo de 2001).

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA

Sent. Píen. Cas.: Concordancia:

J689

N° 1-2017/CIJ-433 (11/10/2017). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 17 Art. 398 inc. 1 Sentencia absolutoria Art II Título Preliminar

Las contradicciones en las pericias contables deben ser valoradas para fundamentar la sentencia Toda sentencia requiere que se aprecien los hechos y pruebas de manera meto­ dológica, es decir, con el criterio de conciencia (...) en tal sentido, la sentencia absolutoria deberá contener la exposición del hecho imputado y la declaración de que este no se ha realizado, que las pruebas han demostrado la inocencia del imputado o que son insuficientes (...) que de estas instrumentales -tanto orde­ nadas por el ente judicial como la incorporada de parte- se concluye que no quedó establecido si existió o no saldo por rendir por parte de los responsa­ bles del Núcleo Ejecutor pues las pericias contables judiciales realizadas por el mismo contador público son contradictorias, más aún, el Informe de Valorización de obra de parte se contradice con ambas pericias contables, extremo que no fue justificado adecuadamente por el Colegiado Superior. Recurso de Nulidad: N° 1398-2009-Apurímac (16/08/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damentos 3 y 4 Concordancia: Art. 398 inc. 1 Sentencia absolutoria Art II Título Preliminar

J690

La sentencia debe establecer una debida apreciación de los hechos, valo­ ración conjunta y razonada de la prueba actuada Que dichas pruebas de cargo no fueron adecuadamente valorados por el Cole­ giado Superior puesto que no se ha cumplido con explicar por qué se resta valor probatorio a las conclusiones a las que arribaron (...) es de estimar que la Sala Juz­ gadora no efectuó una debida apreciación de los hechos y una valoración con­ junta y razonada de la prueba actuada con el objeto de determinar la inocencia o responsabilidad de los encausados (...) por lo que (...) resulta necesario que en un nuevo juicio oral se esclarezcan debidamente los hechos. Recurso de Nulidad: N° 3049-2009-Apurímac (22/09/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damentos 6y 7 Concordancia: Art. 393 inc. 2 Normas para la deliberación y votación Art. 398 inc. 1 Sentencia absolutoria Art II Título Preliminar

J691

La motivación no solo debe observar las reglas de la lógica y la experien­ cia sino también las psicológicas La motivación de la sentencia debe expresar no solo el iter lógico que el Juez siguió para condenar, sin saltos, sin contradicción alguna. La sentencia es una

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

CAP.

16

estructura lógica, en ella se llega a una conclusión de certeza. El razonanniento, así como la logicidad debe observar las reglas de la lógica y la experiencia, así como psicológica. Por lo expresado en este ámbito se controla el juicio de valo­ ración en la apreciación de la prueba, es decir si está expresada la motivación y se corresponde con criterios racionales. Casación; Concordancia:

N° 06-2009-La Libertad (04/12/2009). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Art. 393 inc. 2 Normas para la deliberación y votación Art. 398 inc. 1 Sentencia absolutoria Art II Título Preliminar

La determinación Judicial de la pena es un procedimiento que consiste J692 en determinación e individualización de la pena básica Este Supremo Tribunal tiene establecido el procedimiento de determinación judicial de la pena en el Acuerdo Plenario número uno - dos mil ocho / CJ ciento dieciséis (...): (i) determinación de la pena básica -que importa, de un lado, la identificación del marco penal abstracto fijado en el tipo legal, y, de otro, la pre­ cisión del marco penal concreto en función de diversos factores legalmente pre­ vistos que dan como resultado la variación del marco penal abstracto (confesión sincera, exenciones incompletas, tentativa, concursos, reincidencia, habitualidad, etcétera-; (ii) individualización de la pena concreta en función a las diversas cir­ cunstancias que el Código Penal prevé; y, (iii) de modo excepcional, las rebajas sobre la pena final (acogimiento al proceso especial de terminación anticipada o de conformidad procesal, por ejemplo).

Recurso de Queja:

Concordancia:

N° 1114-2009-L¡ma (06/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 399 inc. 1 Sentencia de condenatoria

La motivación de la sentencia condenatoria debe contener el procedi­ J693 miento de determinación judicial de la pena La motivación de la sentencia debe abordar el procedimiento de determinación judicial de la pena según se ha precisado, y en el presente caso, visto el tenor del fallo de primera instancia y el ámbito de la impugnación del Ministerio Público, el Tribunal ad quem debió analizar en su legalidad, procedencia y alcance aque­ llas otras circunstancias de atenuación declaradas que, a juicio del Juez a quo, importaron en línea de concurrencia, una disminución de la pena por debajo del mínimo legal (desistimiento activo, tentativa y exención incompleta); que al no haber un pronunciamiento explícito sobre estos puntos, se está ante un supuesto de motivación incompleta, que infringiría la garantía específica de motivación (...) en concordancia con la garantía genérica de tutela jurisdiccional efectiva (...) que es del caso conocer atento a su relevancia constitucional.

327

LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA

Recurso de Queja: Concordancia:

N° 1114-2009-Lima (06/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 399 inc. 1 Sentencia de condenatoria

j 594 La comunicación de la sentencia se perfecciona con la notificación de la sentencia para la parte procesal que no haya asistido a la audiencia de lectura de sentencia La audiencia de lectura de la sentencia de primera instancia se lleva a cabo con las partes que comparezcan, tal como estipula el artículo 396, apartado 1, del Código Procesal Penal. No existe, por consiguiente, una carga procesal de asistencia y, por ende, tal incomparecencia, en principio, no puede estar asociada a una sanción procesal o pérdida de determinadas posibilidades procesales. El apartado 3 del artículo 396 del citado Código dispone que la sentencia quedará notificada con su lectura íntegra en audiencia pública. Este precepto, además, impone una obli­ gación al Tribunal: debe entregar a las partes, inmediatamente, copia de la aludida sentencia. El acto procesal de comunicación de la sentencia se perfecciona, enton­ ces, cuando se facilita a las partes copia de la sentencia leída en audiencia pública.

Casación: Concordancia:

J695

N° 799-2017-Callao (30/01/2018). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Art. 401 inc. 2 Recurso de apelación

La incomparecenda a la audienda de lectura de sentencia no implica la pérdida del derecho a impugnar en caso que la comparecencia sea facultativa Es de insistir que como la comparecencia a la audiencia de lectura de sentencia es facultativa para las partes, su incomparecencia no puede determinar la pér­ dida de la entrega de la copia de la sentencia leída y, además, que ya no puedan recurrir o que el plazo se compute desde el día siguiente de la lectura de la sen­ tencia. Esto último solo regirá si ese mismo día o en el mismo acto se entregue copia de la sentencia leída -unidad temporal de lectura de la sentencia y entrega de la copia de la misma a las partes- Por ello, no es de aplicación el artículo 16, numeral 2 -notificación por lectura-, del Reglamento de notificaciones, citacio­ nes y comunicaciones bajo las normas del Código Procesal Penal, porque este apartado se refiere a las comparecencias obligatorias, no a las facultativas.

Casación: Concordancia:

N° 799-2017-Callao (30/01/2018). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 401 inc. 2 Recurso de apelación

CAPITULO 17 LA IMPUGNACIÓN PRECEPTOS GENERALES DE LA IMPUGNACIÓN La fundamentación del recurso de apelación que presenta el abogado J696 defensor, no necesita autorización de su patrocinado En los procesos judiciales, sin necesidad de la intervención de su defendido, el abogado puede presentar, suscribir y ofrecer todo tipo de escritos, con excep­ ción de aquellos para ios que se requiere poder especial con arreglo a ley; que en tal sentido, el abogado no requiere de poder especial para interponer medios impugnatorios en representación de su cliente; que, por consiguiente, el escrito (...) estaba dirigido a presentar la fundamentación por parte de los tres encausa­ dos, y habilitaba la concesión del recurso de apelación para todos estos, tanto más si interpusieron dicho recurso tal como se advierte del acta de la lectura de sentencia. Recurso de Nulidad: N” 1434-2009 (06/07/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 4 Concordancia: Art. 404 inc. 3 Presentación de recurso

En el caso de decisiones expedidas oralmente o leídas en audiencia, la J697 interposición del recurso impugnatorio se realiza en dicho momento, en caso de sentencias procede la reserva Que (i) es evidente que no es viable impugnar oralmente una resolución escrita, pues la regla es que esta modalidad de resolución solo se recurre por escrito y en el plazo previsto por la Ley. También (ii) es incuestionable que el nuevo Código Procesal Penal en el caso de decisiones expedidas oralmente o leídas en audien­ cia, como consecuencia de la concordancia de dos principios que la informan: oralidad y concentración, introduce dos reglas clarísimas: (a) acto de interposi­ ción oral en esa misma audiencia, y (b) ulterior formalización escrita del recurso en fecha posterior. Solo en el caso de expedición de sentencias, por imperio del artículo 401, apartado 1, del nuevo Código Procesal Penal, es posible la reserva del acto de interposición.

CAP,

17

LA IMPUGNACIÓN

Casación; Concordancia:

N° 33-2010-Puno (Auto) (11/11/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 3 Art. 401 Recurso de apelación Art. 405 Formalidades del recurso

J698 Las formalidades para la interposición de los recursos impugnativos admi­ ten la forma oral y su formalización por escrito Que el artículo 405 del nuevo Código Procesal Penal, salvo los supuestos especí­ ficos, regula los presupuestos subjetivos y formales de los recursos impugnativos en general. En cuanto a la forma del acto de interposición, el literal b) del apar­ tado 1 del artículo 405 del nuevo Código Procesal Penal, estipula que este puede ser por escrito u oral. La interposición oral del recurso de la parte procesal legiti­ mada solo cabe respecto de resoluciones expedidas en el curso de la audiencia, supuesto en el que el recurso se interpondrá en el mismo acto en que se lee la resolución que lo motiva. El apartado 2 del citado artículo estipula que en estos casos, de tratarse de resoluciones finales expedidas en la audiencia, el recurso se formalizará por escrito en el plazo de cinco días, salvo disposición distinta de la Ley.

Casación: Concordancia:

N° 33-2010-Puno (Auto) (11/11/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 2 Art. 401 Recurso de apelación Art. 405 Formalidades del recurso

J699 No basta decir "no estando conforme", para afirmar que se está ejer­ ciendo el derecho a la impugnación y tener calidad de parte recurrente Que, en el acto de la audiencia, expedida la resolución oral cuestionada, la señora Fiscal Provincial expresó: "(...), no estando conforme, solicitamos se nos notifique y se nos haga llegar los audios correspondientes a fin de evaluar las medidas y acciones correspondientes que tomará el Ministerio Público, en relación a los hechos materia de audiencia". Al respecto cabe una precisión y dos aclaracio­ nes. 1. La señora Fiscal Provincial no impugnó expresamente el auto judicial de tutela de derechos. No hay una voluntad impugnativa claramente consignada. No basta decir "no estando conforme", se requiere que la parte legitimada se pronuncie clara y contundentemente sobre la impugnación, si recurre o no recu­ rre. 2. La decisión oral se da por notificada en el mismo momento de su expedi­ ción en presencia de las partes que asistieron a la audiencia -las características del principio de oralidad así lo imponen-. 3. No puede condicionarse un acto procesal de parte -ni menos la suspensión del tiempo del proceso- a que se le haga entrega del audio de la audiencia o se notifique una decisión oral -que en este último caso no es viable- (para evaluar, según anotó, las medidas y accio­ nes correspondientes), puesto que el Ministerio Público estuvo representado en el acto de la audiencia y conocía de lo sucedido y decidido.

330

Casación:

Concordancia:

N° 33-2010-Puno (Auto) (11/11/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Art. 401 Recurso de apelación Art. 405 Formalidades del recurso

LOS RECURSOS EL RECURSO DE APELACIÓN

PRECEPTOS GENERALES DEL RECURSO DE APELACIÓN

La non reformatio in peius se sustenta en la interdicción de un pronun- j 700 ciamiento más gravoso si no se ha impugnado dicho extremo de la sen­ tencia (doctrina legal vinculante) La interdicción de la reformatio ¡n pe/us forma parte del régimen de garantías legales de los recursos, en cuya virtud los pronunciamientos de la sentencia que no hayan sido impugnados por las partes -en especial por la parte recurrentequedan excluidos de toda posibilidad de revisión por parte del órgano jurisdic­ cional superior, por consiguiente, no es posible un pronunciamiento más gra­ voso para el recurrente, salvo si corresponde mejorar su situación jurídica (está demás reiterar que la sentencia que resuelve el recurso debe respetar en todo caso los límites de la correlación entre la acusación y el fallo de la sentencia que se exige para la instancia anterior). Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 5-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente yTransitoria. Doctrina legal: fundamento 7 Art. 419 ¡nc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

La incongruencia procesal entre pretensión impugnatoria y resolución j 701 que resuelve el recurso vulnera el derecho de defensa y el principio acu­ satorio (doctrina legal vinculante) Al derecho a la tutela jurisdiccional, y, de otro, al derecho de defensa, en su ver­ tiente negativa de prohibición de la indefensión. Su incumplimiento no es otra cosa que una modalidad de incongruencia procesal; si el Tribunal Revisor modi­ fica la sentencia de oficio, en perjuicio y sin audiencia y contradicción del recu­ rrente, vulnera ostensiblemente no solo el derecho de defensa -se vulnera el principio de contradicción en la medida que se excede de los términos del debate recursal-, tergiversa el propio derecho al recurso e infringe el principio acusatorio, que exige que el Tribunal debe obrar con respeto y dentro del marco de las peticiones señaladas por el recurrente y se erige, en el verdadero funda­ mento de dicha institución, conectada a su vez con la garantía de la correlación entre acusación y sentencia que deriva de aquel.

LA IMPUGNACIÓN

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J702

N° 5-2007/CJ-116 (16/11 /2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 7 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

El pronunciamiento del Tribunal Superior varía su pronunciamiento según el sujeto procesal que haya interpuesto el recurso impugnatorio (doc­ trina legal vinculante) Con esa premisa es del caso analizar si en el supuesto que el recurso impugna­ tivo haya sido interpuesto solo por el imputado o por la Fiscalía en su defensa, la Sala revisora puede, según el caso: A. Variar el grado de consumación del delito (de tentativa a delito consumado). B. Variar el grado de participación (por ejemplo de cómplice secundario a cómplice primario o instigador o autor). C. Variar la pena de principal a accesoria o viceversa. D. Integrar el fallo con una pena principal o accesoria prevista en la Ley y no impuesta en la senten­ cia. E. Integrar el fallo con el plazo de la pena de inhabilitación o el monto de la multa cuando la sentencia recurrida los ha omitido. F. Integración del fallo disponiendo el tratamiento terapéutico a que se refiere el artículo 178-A del Código Penal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J703

N° 5-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

La variación del Tribunal Superior del grado de consumación del delito, el grado de participación o de pena principal a accesoria por error Jurí­ dico tiene límites (doctrina legal vinculante) Se tiene que tomar en cuenta que mientras no se modifique lesivamente el quantum de la pena, es posible variar el grado de consumación, el grado de par­ ticipación del agente así como la calificación de la pena de accesoria a principal o viceversa. Para ello se requiere que se establezca motivadamente la existencia de un error de apreciación jurídica en la sentencia recurrida. El único límite para el Tribunal de Revisión es que no se varíe negativamente la clase y extensión de las consecuencias jurídicas. La subsanación del error en que incurrió la sentencia impugnada no debe perjudicar la situación jurídica del imputado recurrente ni comprometer lesivamente el ámbito de la ejecución penal. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2007/CJ-116 (16/11 /2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 9 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

LOS RECURSOS

CAP.

La integración de la pena de inhabilitación por el Tribunal Superior no J704 puede ser en perjuicio del imputado (doctrina legal vinculante) Con respecto a la pena de inhabilitación es de precisar que esta puede ser prin­ cipal o accesoria -así, artículo 37 del Código Penal-, así como que la inhabilita­ ción accesoria se extiende por igual tiempo que la pena principal (artículo 39 del Código Penal), mientras que la inhabilitación impuesta como pena princi­ pal se extiende de seis meses a cinco años (artículo 38 del Código Penal). En consecuencia, y bajo los criterios ya establecidos, más allá de los supuestos en que resulta menester su imposición -diferentes, según se trate de inhabilitación principal o accesoria-, la variación de esa pena, a principal o accesoria según el caso, cuyos alcances a los derechos objeto de restricción no presentan diferen­ cias entre ambas clases de penas- en uno u otro caso será factible siempre que el resultado final no redunde en perjuicio del recurrente. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 5-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 9 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

La variación de la calificación jurídica no vulnera el non reformatio in J705 peius, si se informó y otorgó un escenario para la defensa y que no con­ lleve un aumento de pena (doctrina legal vinculante) Es importante destacar, respecto del contenido o alcance de la non reformatio in peius, que un posible cambio en la calificación jurídica de los hechos por el Tribu­ nal de Revisión será factible si: a) en aras del derecho a ser informado de la acusa­ ción se dé conocimiento de la alteración al recurrente con el objeto de que este pueda contradecirla -los agravios del recurso comprendan ese debate-;/, b) que el cambio no conlleve un aumento de la pena o un cambio del tipo de pena que le suponga perjuicio. Es obvio que el cambio de calificación no puede suponer en ningún caso la introducción de nuevos hechos ni la alteración esencial de lo que constituyeron el objeto del proceso en primera instancia. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2007/CJ-116(16/11 /2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 10 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

El principio tantum devolutum quantum apellatum es un límite para la J706 competencia del Tribunal revisor (doctrina legal vinculante) El recurso es una garantía primordial destinada a revisar, a instancia del afec­ tado una resolución judicial -principio dispositivo- en aquellos ámbitos expre­ samente cuestionados -principio tantum devolutum quantum apellatum-, que como tal limita la competencia del Tribunal de Revisión a no alterar el resultado final en perjuicio del recurrente.

LA IMPUGNACIÓN

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J707

N° 5-2007/CJ-l 16 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 11 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

No es procedente una modificación de oficio por parte del Tribunal Supe­ rior que agrave la situación del imputado (doctrina legal vinculante) En estos casos, como el principio analizado -de relevancia constitucional- impide al Tribunal de Revisión modificar de oficio la sentencia agravando las consecuen­ cias jurídicas si solo fue el apelante el condenado prevalece incluso respecto del de estricta sumisión del Juez a la Ley para corregir de oficio en la alzada errores evidentes en la aplicación de la misma en la sentencia. Hacerlo importaría agra­ var la situación jurídica del recurrente como consecuencia de su propio recurso con serio riesgo a la seguridad jurídica.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J708

N°5-2007/CJ-116 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 11 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

No se vulnera el reformatio in peius si se integra el fallo con una medida de seguridad en lugar de una pena (doctrina legal vinculante) No vulnera el principio de interdicción de la reforma peyorativa cuando el Tribu­ nal de Revisión integra el fallo de instancia e impone la medida de tratamiento terapéutico en los delitos contra la libertad sexual (artículo 178-A del Código Penal, incorporado por la Ley número veintiséis mil doscientos noventitrés). El tratamiento terapéutico es una medida de seguridad, no es una pena. Su obje­ tivo es la facilitación de la readaptación social del condenado, y como no altera el sentido de la sanción ni la modifica lesivamente en lo que respecta a su exten­ sión o intensidad represiva, no puede afectarle la interdicción de la reforma peyo­ rativa. En consecuencia, como no importa una agravación del entorno jurídico del imputado, la integración del fallo y su incorporación al mismo, no solo es posible sino necesario.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J709

N° 5-2007/CJ-l 16 (16/11/2007). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 12 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

En la reformatio in peius el condenado impugna la condena y la misma es integrada por una pena adicional en su perjuicio Que contra dicho fallo el citado encausado interpuso recurso de apelación (...) -cabe precisar que el representante del Ministerio Público se encontró con­ forme- (...) la Sala Penal Superior confirmó la sentencia de primera instancia y, además, sin fundamento alguno, integró a la misma la pena de multa. (...) en tal

LOS RECURSOS

CAR 17

sentido la referida integración representaría una afectación ai debido proceso -desde el principio acusatorio- (...) asimismo, la vulneración de la prohibición de la reformatio in peius, que integra el contenido esencial del principio acusatorio (...) debido a que se resolvió la causa en perjuicio del acusado, pese a que solo él interpuso el medio impugnatorio correspondiente. Recurso de Queja: Concordancia:

N° 1159-2008 (01/03/2010). Sala Penal Permanente. Fundamentos 3 y4 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

El principio dispositivo confiere atribuciones a las partes procesales para J710 sostener sus medios impugnatorios Uno de los principios procesales fundamentales que caracterizan a los recursos es el "dispositivo", que involucra directamente a los litigantes, en tanto en cuanto tiene la misión de estimular la función judicial y se expresa en los siguientes aspectos; (i) iniciativa, (ii) disponibilidad del derecho material, (iii) impulso procesal, (iv) delimita­ ción del tema a decidir, (v) aportación de los hechos y (vi) suministro de pruebas. Casación:

Concordancia:

N° 13-2009-L¡ma (23/04/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 8 Art. 404 Facultad de recurrir

El cambio del título de participación delictiva no vulnera la non reforma- J711 tío in peius En consecuencia, el imputado intervino en la realización del hecho y se encon­ traba presente en la escena del crimen, en el ambiente donde se produjo la bala­ cera, por lo que se le debe atribuir, por ello mismo, el resultado muerte a título de coautoría, no de complicidad primaria como se ha calificado (...); que es de resal­ tar que esta precisión respecto del título de participación delictiva no vulnera el principio de interdicción de la reforma peyorativa porque el Fiscal ha recurrido el fallo y la acusación Fiscal califico su intervención de autor (...); además, no se afecta el principio acusatorio porque precisamente no se alteran, en lo esencial, los hechos conformados, ni el de contradicción precisamente porque la acusa­ ción introdujo la calificación de autoría o, propiamente de coautoría. Recurso de Queja: Concordancia:

N° 4627-2009-Lima (02/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

La variación de pena en perjuicio del condenado no puede ampararse si J712 este fue el único que impugnó Que no es posible modificar la penalidad impuesta porque quien ha recurrido es el imputado y está prohibida la reforma peyorativa; que es de resaltar que el Tribunal,

335

CAP. 17

LA IMPUGNACIÓN

irrazonablemente, desconociendo los alcances del artículo quince del Código Penal, estimó que el imputado por su cultura o costumbres presentando una dismi­ nución de su facultad de comprensión de carácter delictuoso de su acto, y por ello, le impuso una pena por debajo del mínimo legal, errónea interpretación de la ley penal que incide en el quantum de la pena impuesta, que tampoco puede corre­ girse por impedirlo el citado principio de interdicción de la reforma peyorativa Recurso de Nulidad: N° 68-2010-Arequipa (13/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 8 Concordancia: Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

J713

Ante una incorrecta pena impuesta por debajo del mínimo legal, si el fiscal no impugnó es vigente el principio de interdicción de la reforma­ tio in peius No se ha impugnado el quantum de la pena y de la reparación civil, por lo que, no es del caso un pronunciamiento expreso sobre el particular, aunque es de resaltar que la pena impuesta no es proporcional al contenido del injusto y de la culpabilidad por el hecho no existe razón legal que justifique una pena por debajo del mínimo legal: según la ficha RENIEC (...) cuando delinquió contaba con veinte de años de edad. Recurso de Nulidad: N° 820-2010-Lima (15/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Concordancia: Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

J714

La adecuación del tipo penal no implica una vulneración al principio de interdicción de la reforma peyorativa La conducta ilícita desplegada por este debe adecuarse al delito contra la Libertad Sexual -violación sexual de menor en grado de tentativa- (...) que con esta ade­ cuación de la conducta del acusado no se vulnera el principio de interdicción de la reforma peyorativa, dado que los hechos permanecen inmutables, existe identidad en el bien jurídico tutelado -indemnidad sexual- y coherencia entre elementos fácticos y jurídicos del tipo penal materia de condena; que, además debe señalarse que tampoco se afecta el derecho de defensa, en tanto el encausado fue instruido y acusado por un delito consumado -violación sexual de menor- habiendo tenido la oportunidad de ejercer a plenitud todos los mecanismos legales y procesales que convinieron a su posición; que, por lo demás, la degradación de los hechos acusados como consecuencia de la actividad probatoria no importa una altera­ ción esencial de los hechos acusados ni hace incurrir en indefensión al imputado. Recurso de Queja: Concordancia:

336

N° 2254-2009 {18/03/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 5 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

LOS RECURSOS

CAP.

Si no se cuestionó recursalmente la omisión de sumatoria de penas en caso de concurso real por parte del Ministerio Público no es posible apli­ carlo de oficio Aun cuando se advierte el concurso de una pluralidad de delitos "concurso real de delitos homogéneos - varias acciones de robo agravado", situación que se encuentra contemplada en el artículo cincuenta del Código Penal (...) que faculta a sumar las penas de cada delito hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, que no puede excederse de treinta y cinco años (...) no obstante en la medida que el representante del Ministerio Público no cuestionó recursalmente este pronunciamiento no se puede afectar el principio de la interdicción de la reforma peyorativa; que por tanto, no se puede aplicar los alcances para la "deter­ minación de la pena y concurso real “ acordados en el Acuerdo Plenario número cero cuatro - dos mil nueve /CJ- ciento dieciséis, del trece de noviembre de dos mil nueve. Recurso de Nulidad; N° 1066-2010-Piura (02/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ Concordancia:

mento 4 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

El Tribunal Superior debe pronunciarse sobre las pruebas de cargo y de J716 descargo Que, en efecto, el Colegiado Superior no se pronunció sobre el tema discutido (...), más aún en el cuarto fundamentos jurídico del auto de vista fundamenta su decisión exclusivamente en las pruebas de descargo (...) pero omite compul­ sar las pruebas aportadas por los agraviados y las que se actuaron en el proceso (...); que dichas pruebas examinadas en su conjunto son de utilidad para preciar u aclarar si el acto de lanzamiento se efectuó únicamente en el predio adqui­ rido por (...) o se afectaron las parcelas de los agraviados a fin de determinar si el hecho denunciado constituye delito. Recurso de Nulidad: N° 3816-2009-Junín (24/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ Concordancia:

mento 4 Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

Al no existir explicación o detalle del proceso lógico por el Tribunal Supe­ J717 rior no se respeta la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva Que, en consecuencia, las omisiones en que incurrió el Tribunal de Instancia ocasionan la infracción de la garantía genérica de tutela jurisdiccional efectiva, que en estricto comprende el derecho constitucional de la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso cinco del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado (...), que garantiza que los Jueces cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan

LA IMPUGNACIÓN

expresen el proceso lógico que los ha llevado a decidir la controversia, preci­ sando las razones por las que otorgan mayor valor a una prueba sobre otra que sustenta lo contrario, asegurando que el ejercicio de la potestad de Admi­ nistrar Justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de ios justiciables. Recurso de Nulidad: N° 3815-2009-Junín (24/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Concordancia: Art 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

J718

En sede recursal no es posible ampliar el objeto procesal o abordar temas distintos de los hechos punibles acotados en la acusación fiscal Es de precisar que la nueva acusación escrita (...) emitida luego de la decisión anulatoria de este Supremo Tribunal (...) mereció el auto de enjuiciamiento (...) Estas son las bases fácticas que pueden ser objeto de examen en vía recursal. Están al margen del control impugnativo otras objeciones, distintas de las que han sido expuestas por el Ministerio Público, pues el objeto procesal lo fija la Fis­ calía. En sede recursal no es posible ampliar el objeto procesal o abordar otros temas distintos de los hechos punibles acotados en la acusación fiscal. La pre­ tensión que define la acusación no puede ser alterada en la fase recursiva. Por tanto, los motivos de impugnación de la parte civil, salvo las que coinciden con la nueva acusación fiscal, carecen de virtualidad. Recurso de Nulidad: N° 2821-2019-Áncash (22/09/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Concordancia: Art. 419 inc. 1 Facultades de la Sala Penal Superior

J719

El principio de congruencia no puede ser utilizado para impedir que el Tribunal Superior se pronuncie frente a un error en la calihcación jurí­ dica del a quo En este caso, si bien los agravios de los recurrentes no estaban dirigidos a cues­ tionar la calificación jurídica asumida en la sentencia de primera instancia, el Tri­ bunal Revisor, luego de absolver los agravios propuestos, pudo evaluar la posi­ bilidad de reconducir el tipo penal e incluso morigerar el quantum de la pena a favor del reo, dado que, en su oportunidad, el titular de la acción penal plan­ teó una acusación alternativa (estelionato), que fue de pleno conocimiento de los sujetos procesales; sin embargo, no se aprecia en la sentencia de vista mayor argumentación para rechazar dicha posibilidad; pues no debe tomarse como justificación el principio de congruencia procesal para generar impunidad, sin antes haber realizado la ponderación respectiva dado que se habría generado una oposición de garantías de corte constitucional.

338

LOS RECURSOS

Casación:

Concordancia:

CAP.

N° 617-2015-Huaura (10/01/2017). Sala Penal Transitoria. Funda­ mento 6 Art. 425 inc. 3.b Facultades de la Sala Penal Superior

La inasistencia del imputado no recurrente a la audiencia de apelación J720 no impide que se realice la diligencia (doctrina legal vinculante) En ios casos de inasistencia del imputado recurrido a la audiencia de apelación, no existe impedimento alguno para que dicha diligencia se lleve a cabo con la presencia de los otros sujetos procesales, incluso dicha ausencia puede ser con­ validada con la asistencia de su abogado defensor, lo que asegura el resguardo de todas las garantías. La obligatoriedad en la asistencia del imputado recurrido tiene una aplicación relativa, pues existen mecanismos supletorios, como es la asistencia de su abogado defensor (...) no es del caso considerar dicha inasisten­ cia como vulneración de las normas legales de carácter procesal debiendo inter­ pretarse en forma sistemática lo dispuesto por el inc. 2 del art. 423.

Casación: Concordancia:

N° 183-2011-Huaura (05/09/2012). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: considerando 4 Art. 423 ines. 1 y 4 Emplazamiento para la audiencia de apelación

El juicio de segunda instancia debe repetirse por otro Colegiado si trans­ curre el plazo de deliberación y no se emite el fallo de la Sala Penal

lili

En atención a ello, efectuando una interpretación sistemática del ordenamiento procesal penal, este Tribunal Supremo considera que también debe aplicarse el artículo 392, inciso 3, del Código Procesal Penal, para casos de apelación de sen­ tencias, en el sentido que una vez transcurrido el plazo sin que se produzca el fallo, la audiencia de apelación deberá repetirse ante otro Colegiado, a fin de emitirse la sentencia correspondiente, toda vez que durante la audiencia de ape­ lación se observan también las normas relativas al juicio de primera instan la, en armonía con el artículo 424, inciso I, del citado Código. Competencia:

Concordancia:

N° 12-2017-lca (06/06/2017). Sala Penal Permanente. Fundamento 3.1 Art. 392 inc. 3 Deliberación Art. 393 Normas para la deliberación y votación Art. 425 Sentencia de segunda instancia

No se vulnera la pluralidad de instancia si se rechaza un recurso de ape­ J722 lación formulado de forma vaga y sin precisar los puntos controvertidos Este Tribunal considera que en el presente caso se rechazó correctamente el medio impugnatorio de apelación porque el actor incumplió con un mandato contenido en una norma de carácter procesal que le exigía el cumplimiento de

17

LA IMPUGNACIÓN

ciertos requisitos necesarios para la procedencia de su impugnación, previstos en el artículo 405, inciso c del Nuevo Código Procesal Penal. Así se advierte que el actor no precisó los puntos controvertidos o los agravios que a su criterio le habría causado la resolución N° 4 de fecha 22 de abril de 2013, que desestima su pedido de libertad anticipada; hecho que imposibilitaba la revisión de dicha decisión judicial. Por lo expuesto, este Tribunal declara que, en el presente caso, no se violó el derecho a la pluralidad de la instancia o doble instancia reconocido en el artículo 139, incisos 6 de la Constitución. Expediente:

Concordancia:

J723

N° 05410-2013-PHC/TC-La Libertad (18/03/2014). Caso Roberto Flores Paiva. Fundamento 2.3 Art. 405 c) Formalidades del recurso de apelación

El Tribunal Superior puede declarar la nulidad del fallo impugnado (doc­ trina legal vinculante) El magistrado del tribunal revisor tiene la capacidad para declarar, dé oficio, una nulidad absoluta, incluso cuando la misma no sea parte del ámbito de impug­ nación, pues este tipo de nulidad puede conllevar a que otros actos procesales puedan ser viciados al ampararse en ella. Por tanto, y también atendiendo al rol de garante que cumple el magistrado al interior del proceso penal, él se encuen­ tra facultado normativamente a intervenir en estos casos.

Casación: Concordancia:

J724

N° 300-2014-Lima (13/11/2014). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 15 Art. 409 Competencia del Tribunal revisor

El Tribunal superior puede pronunciarse ante la infracción del dere­ cho a la debida motivación de las resoluciones judiciales (doctrina legal vinculante) En tanto la motivación es un derecho constitucional, y se entiende que la Constitu­ ción es directamente vinculante tanto para el poder público como para los privados, la invocación de su infracción habilita al Juez a buscar su salvaguarda en función a garantizar la supremacía y plena eficacia de la Constitución como norma fundamental.

Casación: Concordancia:

J725

N° 201 -2014-lca (30/03/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 7 Art. 409 Competencia del Tribunal revisor

La vigencia del principio tantum apellatum tanto devolutum para el pro­ nunciamiento de los puntos controvertidos Esta resolución sí constituye parte directa del objeto de impugnación, por lo que corresponde al Superior Colegiado circunscribirse únicamente al análisis de la

LOS RECURSOS

CAR

resolución impugnada, conforme al principio tantum apellatum quantum devoiutum derivado del principio de congruencia que orienta la actuación del órgano jurisdiccional, y que implica que al resolver la impugnación el órgano revisor solo debe pronunciarse sobre aquellas pretensiones o agravios invocados por el impugnante en el escrito de su propósito, ya que se considera que la expresión de agravios es como la acción (pretensión) de la segunda instancia. El Superior Colegiado se pronunció sobre extremos no impugnados en la apelación y, por tanto, se extralimitó en sus funciones. Casación: Concordancia:

N° 300-2014-Lima (13/11/2014). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 24 Art. 409 Competencia del Tribunal revisor

Si el fiscal superior discrepa de la sentencia absolutoria el Tribunal Supe­ J726 rior debe resolver el fondo conforme a las impugnaciones presentadas (doctrina legal vinculante) Ahora bien, este Supremo Tribunal considera que no puede sostenerse el cum­ plimiento del principio acusatorio cuando el Fiscal Superior en la audiencia de apelación -sin tener la condición de impugnante, sino parte del proceso- dis­ crepa con la sentencia absolutoria emitida en primera instancia; en tal situación, el Tribunal de Apelación está expedito para analizar el fondo del asunto en los términos de los agravios expresados por las partes procesales recurrentes en su escrito impugnatorio. Casación: Concordancia:

N° 413-2014-Lambayeque (07/04/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 23 Art. 409 Competencia del Tribunal revisor

Límites a la facultad de la Sala de Apelaciones para modificar de oficio J727 la calificación jurídica de los hechos de primera instancia (doctrina legal vinculante) En este contexto, la subsunción típica del hecho, como expresión natural del poder de la jurisdicción corresponde igualmente al Tribunal Revisor, pues no puede abdicar de los poderes que le otorga la iudicium, sino actuar dentro de las previsiones legales establecidas en tanto no cause indefensión a las partes, de modo tal que si el órgano de instancia, con o sin actuación probatoria, en esta determina una indebida calificación, es posible que oriente su reconducción, en estricta aplicación del principio de legalidad. De ahí que es posible que el Tribu­ nal Revisor, al evaluar la corrección jurídica de la decisión, pueda desvincularse de la calificación jurídica planteada en primera instancia como expresión genuina de la iudicium, en el ejercicio de la aplicación correcta de la norma jurídica y el respeto al principio de legalidad.

LA IMPUGNACIÓN

Casación: Concordancia:

J728

N° 430-2015-Lima (28/06/2016). Sala Penal Transitoria. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 22 Art. 409 Competencia del Tribunal revisor

El Tribunal revisor puede declarar la nulidad de todo o en parte de la sen­ tencia impugnada ante una errónea calificación jurídica (doctrina legal vinculante) Si con posterioridad a la audiencia de apelación, el Tribunal Superior advierte que a los hechos propuestos les corresponde una distinta calificación jurídica y estima que corresponde afianzar la garantía del derecho de defensa y el prin­ cipio de contradicción, puede declarar la nulidad de todo o en parte de la sen­ tencia recurrida y disponer se remitan los autos al Juez que corresponda con el propósito de que se lleve a cabo un nuevo juzgamiento respecto al nuevo título de imputación. Lo expuesto se correlaciona con el artículo cuatrocientos nueve del Código Procesal Penal, que estima la competencia del Tribunal para decla­ rar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante. Casación:

Concordancia:

N° 430-2015-Lima (28/06/2016). Sala Penal Transitoria. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 22 Art. 409 Competencia del Tribunal revisor

LA APELACIÓN DE AUTOS

J729

Inasistencia del abogado de la parte impugnante a la audiencia de ape­ lación de auto no genera la inadmisibilidad del recurso En tai virtud, ia asistencia a ia audiencia de apelación de autos es, propiamente, una posibilidad procesal, en tanto oportunidad procesal que se brincia al ape­ lante a fin de acrecentar sus expectativas de una decisión favorable con su asis­ tencia a las audiencias y exponer razonada, razonable y oralmente sus puntos de vista tácticos y jurídicos, así como sus propias pretensiones o resistencias. El NCPP, para el caso del recurso de apelación, ha configurado la asistencia del impug­ nante a la apelación como una carga procesal solo cuando se apelen senten­ cias, pues su inasistencia determina la declaración de inadmisibilidad del recurso. Casación:

Concordancia:

N° 52-2009-Arequipa (13/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Art. 405 inc. 1 Formalidades del recurso Art. 420 Trámite de la apelación de autos Art. 423 Emplazamiento para la audiencia de apelación Art. 427 inc. 4 Procedencia del recurso de casación

LOS RECURSOS

CAP.

El sobreseimiento parcial derivado de una excepción de improcedencia J730 de acción es objeto de apelación sin efecto suspensivo y con calidad de diferida El órgano jurisdiccional superior se pronunció sobre una situación jurídica espe­ cial y declaró respecto de lo resuelto por el a quo-coq relación a la calidad del concesorio de apelación- la nulidad de la remisión de autos al órgano superior en grado en tanto el recurso impugnatorio debe ser resuelto conjuntamente con la apelación de la sentencia o el auto definitivo, a efectos de evitar interrupcio­ nes del procedimiento principal y pronunciamientos contradictorios, con ello no se afecta el derecho a la libertad personal de los imputados y menos causa grave perjuicio a alguna de las partes impugnantes, no es aplicable el supuesto pre­ visto en el artículo cuatrocientos dieciocho del acotado Código Procesal Penal, pues esa situación obedece a autos de sobreseimiento que pongan fin a la ins­ tancia sin que quede pendiente la solución de la situación jurídica de los otros procesados. Casación:

Concordancia:

N° 23-2010-La Libertad (Auto) (21/10/2010). Sala Penal Perma­ nente. Fundamento 5 Art. 344 Decisión del Ministerio Público Art. 410 Impugnación diferida Art. 418 Efectos del recurso de apelación Art. 425 Sentencia de Segunda Instancia

El efecto diferido del recurso tiene por finalidad evitar las continuas inte­ J731 rrupciones del procedimiento principal El efecto diferido implica la postergación del momento de resolución del recurso a una fase ulterior desvinculada del de la interposición. En lo sustancial, el fun­ damento del recurso diferido consiste en evitar las continuas interrupciones del procedimiento principal y la elevación de la causa en procura de la celeridad pro­ cesal, que es parte de la dinámica del nuevo modelo Procesal Penal, lo que es concordante con la garantía constitucional del debido proceso amparado en el inciso tres del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política. Por ello es que el trámite del recurso queda reservado por el Juez para que sea resuelto por el Superior jerárquico conjuntamente con la apelación de la sentencia o el auto definitivo que ponga fin a la instancia procesal. Casación: Concordancia:

N° 23-2010-La Libertad (21/10/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Art. 410 Impugnación diferida Art. 420 Trámite de la apelación de autos

17 J732

LA IMPUGNACIÓN

La nulidad del concesorio de apelación debe ser resuelta conjuntamente con el auto definitivo o sentencia Si bien posteriormente el órgano jurisdiccional Superior se pronunció sobre una situación jurídica especial y declaró respecto de lo resuelto por el 3 quo -con relación a ia calidad del concesorio de apelación- la nulidad de la remisión de autos al órgano Superior en grado en tanto el recurso impugnatorio debe ser resuelto conjuntamente con la apelación de ia sentencia o el auto definitivo, a efectos de evitar interrupciones del procedimiento principal y pronunciamien­ tos contradictorios, con ello no se afecta el derecho a la libertad personal de los imputados y menos causa grave perjuicio a alguna de las partes impugnantes no es aplicable (...), pues esa situación obedece a autos de sobreseimiento que pon­ gan fin a la instancia sin que quede pendiente la solución de la situación jurídica de los otros procesados. Casación: Concordancia:

J733

N° 23-2010-La Libertad (21/10/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Art. 410 Impugnación diferida Art. 420 Trámite de la apelación de autos

Las reglas normativas para la asistencia a la audiencia de apelaciones de autos y sentencias son diferenciadas (doctrina legal vinculante) Al respecto, se debe partir de la afirmación que tal como se desprende de la alu­ dida norma, la realización de la audiencia de apelación se llevará a cabo con la presencia de los sujetos procesales que voluntariamente decidan concurrir a la citada audiencia, sin ser necesaria la presencia obligatoria del concurrente; con lo que claramente se advierte que existe un tratamiento diferenciado, dado a la ape­ lación de autos con el de apelación de sentencias, pues en este último supuesto se podrá declarar inadmisible el recurso de apelación del inconcurrente, abste­ niéndose la Sala Superior de pronunciarse sobre el fondo del recurso. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J734

N° 1-2012/CJ-116 (18/01/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 405 inc. 1 Formalidades del recurso Art. 420 Trámite de la apelación de autos Art. 423 Emplazamiento para la audiencia de apelación

No es posible aplicar supletoriamente las reglas normativas de asisten­ cia de la audiencia de sentencia a la audiencia de autos (doctrina legal vinculante) La naturaleza procesal de la apelación de sentencias es la revisión de la decisión de la primera instancia, en la que dado al principio de contradicción y de asisten­ cia efectiva se requiere la presencia obligatoria de la parte recurrente; por lo que

y-•

IIBII ■■■lili

LOS RECURSOS

CAR

en caso de su inconcurrencia se genera como gravamen, la ¡nadmisibilidad del recurso, lo que perjudica única y exclusivamente a dicha parte recurrente, caso que no se puede aplicar supletoriamente con la audiencia de apelación de autos, puesto que no se requiere presencia, puesto que no se realiza juicio alguno.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 1 -2012/CJ-116 (18/01/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 16 Art. 405 inc. 1 Formalidades del recurso Art. 420 Trámite de la apelación de autos Art. 423 Emplazamiento para la audiencia de apelación

No es posible declarar inadmisible un recurso de apelación de autos por J735 inasistencia del imputado a la audiencia (doctrina legal vinculante) De la norma acotada, se puede colegir que el hecho de trasladar lo dispuesto es el artículo 423, apartado 3, del NCPP, que declara la inadmisibilidad del recurso de apelación de sentencia por inasistencia del imputado a la audiencia, no puede aplicarse extensivamente a la impugnación de autos porque se aplica la analogía in malam partemy perjudica de esta manera al imputado, pese a que la norma contenida en el artículo 420 del acotado Código no lo señala en forma expresa. Por tanto, no es aplicable el apartado 3, del artículo 423, del NCPP, donde se señala la inadmisibilidad del recurso, pese a haber sido fundamento porque toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional protegida constitucionalmente; tanto más si se tiene en cuenta que la interpretación sistemática que se buscaría hacer de dicho numeral no sería a favor del reo sino en contra del mismo, vulne­ rándose el principio de la función jurisdiccional.

Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 1-2012/CJ-116 (18/01/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 18 Art. 405 inc. 1 Formalidades del recurso Art. 420 Trámite de la apelación de autos Art. 423 inc. 3 Emplazamiento para la audiencia de apelación

Ante la inasistencia del impugnante en una audiencia de apelación de J736 autos el juez debe resolver el fondo y no declararla inadmisible (doctrina legal vinculante) Se debe dejar sentado que el NCPP, en su artículo 420, apartado 5, ai señalar que las partes procesales podrán concurrir a la audiencia de apelación de autos, no contraviene ningún derecho, pues, como ya se explicó precedentemente, es una facultad discrecional de las partes de asistir o no a la audiencia de apelación de autos; mientras que el artículo 423, apartado 3, del citado Código, regula que a la audiencia de apelación de sentencia las partes procesales tendrán que concu­ rrir de manera obligatoria, (...) no es posible que de manera supletoria y extensiva se traslade el carácter de obligatoriedad de la parte recurrente a la audiencia de

de apelación de autos, el órgano revisor no debe declarar inadmisible el recurso -como sucede en la apelación de sentencias- sino resolver el fondo de aquel; en provecho de la persecución regular de ia causa, según las normas del Nuevo Código Procesal Penal. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 1-2012/CJ-116 (18/01/2013). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento 20 Art. 420 Trámite de la apelación de autos Art. 423 inc. 3 Emplazamiento para la audiencia de apelación

Si el fiscal provincial no impugnó el auto, el fiscal superior no está obligado a acudir a la audiencia de apelación de autos (doctrina legal vinculante)

J737

En el caso sub examine el fiscal superior no estaba obligado a participar en la audiencia de apelación, mucho menos a fundamentar su abstención ni contestar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la Sunat, pues con­ forme se precisó líneas arriba, uno de los principios que se rigen en la actuación fiscal son de unidad y de jerarquía, por lo que, al haber solicitado el fiscal provin­ cial el sobreseimiento de la causa y el fiscal superior no opinó en contrario, por tanto debe mantenerse la opinión del primero; razón por la cual no se infringió la garantía constitucional a la debida motivación de resoluciones, menos aún la Sala Penal de Apelaciones realizó una errónea interpretación del artículo 64, numeral 1 del Código Procesal Penal; en consecuencia, el presente recurso debe desestimarse.

Casación: Concordancia:

N° 475-2013-Tacna (17/06/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 2.2.7.2.2 Art. 420 inc. 5 Apelación de autos

Solicitud de nulidad de la sentencia debe entenderse extensivamente como impugnación extensiva a la reparación civil

J738

Al impugnar sobre la suficiencia de la resolución por vicio procesal, por lógica no puede dejarse firme una sentencia con posibles vicios hasta que se pronuncie la segunda instancia definitivamente sobre este punto, pues podría existir la incohe­ rencia de declararse nula la condena y pena, de la que deriva la reparación civil y esta subsistir. De ahí que deba analizarse esto al momento de leer el recurso para establecer si es que el petitorio de nulidad de la sentencia implica la suficiencia del extremo de la reparación civil. Entonces, la reparación civil se logrará si se acredita la comisión del hecho punible. En el presente caso, al ser un delito de peligro, su reparación está subordinada a la existencia del delito que se cuestiona por afecta­ ción de vicios procesales, de ahí que la impugnación por la nulidad debió enten­ derse extensivamente como impugnación de la reparación civil.

■

LOS RECURSOS

Casación:

Concordancia:

CAR

N° 229-2015-Lima (10/11/2015). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 17 y 22 Art. 405 inc. 1 .c Formalidades del recurso

El traslado de la impugnación contra el auto cuestionado es una salva- j 739 guarda del derecho de defensa (doctrina legal vinculante) En ese sentido, la norma procesal penal taxativamente protege el derecho de defensa que tiene todo justiciable respecto ai trámite de apelación en autos, toda vez que señala el plazo prudencial de 5 días para preparar su estrategia de defensa, que deben tener los sujetos procesales inmersos dentro de un pro­ ceso penal, previo traslado del escrito de apelación por el órgano superior. Pos­ teriormente, transcurrido el plazo será esta quien decida si procede o no dicho recurso impugnatorio; si estima que sí se señalará para la audiencia de ape­ lación, advirtiéndose que el Tribunal Superior tendrá los pronunciamientos siguientes: i) El traslado del escrito de impugnación a las partes por dicho plazo; y, ii) Luego de transcurrido el plazo, la Sala se pronunciará si procede o no el acotado recurso. Casación: Concordancia:

N° 326-2016-Lambayeque (23/11/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 3.4.5 Art. 420 ines. 1 y 2 Trámite

LA APELACIÓN DE SENTENCIAS

Modificación de la calificación jurídica de la acusación por el Tribunal j 740 Superior no debe afectar el derecho de defensa Que si bien es cierto que -con arreglo al principio acusatorio- la sentencia con­ denatoria no puede sobrepasar el hecho y las circunstancias del mismo -esto es, en este último supuesto, las situaciones que rodean, que están alrededor, a la realización del hecho o que suponen especiales condiciones del autor-, fija­ das en la acusación y materia del auto de enjuiciamiento, lo que constituye un límite infranqueable para el Tribunal de Instancia, también es verdad que sobre esa base fáctica es del todo posible que la Sala Penal Superior pueda modificar la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación pero a condición -en cum­ plimiento del principio de contradicción o más concretamente del derecho de conocimiento de los cargos- que "(■■■) previamente haya indicado al acusado esta posibilidad y concedido la oportunidad para defenderse Recurso de Nulidad; N° 224-2005-Sullana (21/04/2005). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Concordancia; Art. 425 inc. 3.b Sentencia de segunda instancia

17

LA IMPUGNACIÓN

J741 El tribunal superior puede valorar la prueba personal en caso de error,

imprecisión o por la contradicción que evidencia la actuación de prueba nueva

Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a ia percepción sensorial del Juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la expe­ riencia y los conocimientos científicos. En consecuencia, el relato fáctico que el Tribunal de Primera Instancia asume como hecho probado, no siempre es incon­ movible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto -el testigo no dice: lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incon­ gruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por prue­ bas practicadas en segunda instancia (...)". Casación:

Concordancia:

J742

N° 03-2007-Huaura (07/11/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 11 Art. 394 inc. 3 Requisitos de la sentencia

La sentencia de segunda instancia debe contener un razonamiento jurí­ dico que exprese de modo claro y preciso las razones de lo resuelto La garantía procesal específica de motivación, como es doctrina jurisprudencial de esta Suprema Sala, integra a su vez la garantía procesal genérica de tutela jurisdiccional. Toda, decisión jurisdiccional, de primera y de segunda instancia, debe ser fundada en derecho y congruente, es decir (...) ha de estar motivada mediante un razonamiento jurídico que exprese de modo claro y que permita entender el porqué de lo resuelto -basta con que se exprese o explique las razo­ nes jurídicas en que se apoya para adoptar su decisión, sin entrar a debatir cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por la párte­ Casación:

Concordancia:

J743

N° 05-2007-Huaura (11/10/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 425 inc. 3 Sentencia de segunda instancia

la exigencia de fundamentar los hechos y la calificación jurídica deben expresarse en la sentencia de fondo de segunda instancia Se trata de una garantía esencial del justiciable mediante la cual se puede com­ probar que la resolución dada ai caso es consecuencia de una exégesis racio­ nal del ordenamiento jurídico -ello será posible en tanto el órgano jurisdiccio­ nal explique las razones de su decisión, lo que a su vez permite controlar si la actividad judicial se ha movido dentro de los parámetros de la lógica racional y la legalidad- La sentencia de fondo que resuelva las pretensiones debe estar jurídicamente fundada. Esta exigencia, como ha quedado expuesto, es aplicable

LOS RECURSOS

CAR

17

tanto a la sentencia de primera instancia como a la de segunda instancia. Este deber incluye la obligación de fundamentar los hechos y la calificación jurídica, así como la pena y reparación civil finalmente impuestas. Casación:

Concordancia:

N° 05-2007-Huaura (11/10/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 425 inc. 3 Sentencia de segunda instancia

La técnica del fallo por remisión no vulneraría la garantía de motivación J744 siempre que la sentencia de primera instancia se resuelva con rigor Es claro, por lo demás, sostener que la sentencia de segunda instancia no vulne­ raría la garantía de motivación -en concreto, de motivación suficiente-, cuando utiliza la técnica denominada del "fallo por remisión", es decir, cuando el Tribu­ nal Superior se remite a la sentencia de primera instancia, siempre y cuando esta resuelva con rigor y motivadamente la cuestión planteada. En todo caso, los motivos del recurso deben haber sido respondidos cabalmente y de los argu­ mentos del fallo de vista puede inferirse válidamente que se pronunció acerca de las alegaciones del recurrente. Casación: Concordancia:

N° 05-2007-Huaura (11/10/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 425 inc. 3 Sentencia de segunda instancia

Puede realizarse un examen de los medios de prueba personales de pri­ J745 mera instancia Se trata de los aspectos relativos a lo estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del Juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de, las reglas de la lógica, la expe­ riencia y los conocimientos científicos. En consecuencia, el relato fáctico que el Tribunal de Primera Instancia asume como hecho probado, no siempre es incon­ movible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto -el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas prac­ ticadas en segunda instancia. Casación: Concordancia:

N° 05-2007-Huaura (11/10/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 7 Art. 425 inc. 3 Sentencia de segunda instancia

LA IMPUGNACIÓN

La no actuación de prueba en segunda instancia no limita a la sala de apelaciones realizar un control sobre el principio de razón suficiente En el presente caso ei Tribunal de Apelación ha entendido que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, en orden a la valoración de la prueba perso­ nal, no puede ser revisada, es inmodificable, tanto más si no se actuó prueba en segunda instancia. Sin embargo, no apreció, pese a que integraba el motivo de la impugnación, el otro ámbito de fiscalización de la prueba personal: la coherencia y persistencia de los principales testigos de cargo, en suma, si ei relato incriminador era atendible en función a las reglas de la experiencia, si este era suficiente, a partir del conjunto de la prueba apreciada por a qucf, si el razonamiento del Tri­ bunal de Primera Instancia era en sí mismo sólido y completo.

Casación: Concordancia:

J747

N° 05-2007-Huaura (11/10/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 8 Art. 425 inc. 3 Sentencia de segunda instancia

La no actuación de un testigo especial en primera instancia, al no haberse adoptado las medidas necesarias para su actuación, no puede ser recha­ zada como nueva prueba Que el Colegiado de segunda instancia al rechazar ia prueba ofrecida por la actora civil, en cuanto al examen de la agraviada vulneró no solo ei derecho a la prueba de la parte afectada sino principalmente el principio de inmediación, pues fundamentó la sentencia con información que no fue susceptible de ser contraexaminada -y que sometida a la contradictoriedad quizás habría revelado matices o detalles importantes-, por tanto, la oralización o lectura de la declara­ ción de la agraviada no ofrecía garantías mínimas de calidad que sirvan para sos­ tener un juicio de racionalidad, y es que solo el tribunal que ha visto y oído la prueba practicada en su presencia está en condiciones de valorarla y determinar la fiabilidad y verosimilitud de su testimonio.

Casación:

Concordancia:

J748

N° 09-2007-Huaura (18/02/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 4 y 5 Art. 422 Pruebas en segunda instancia

La prueba personal es inmodificable en cuanto a su valoración en segunda instancia, si no se actuó prueba nueva que la desacredite En el presente caso el Tribunal de Apelación ha entendido que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, en orden a la valoración de la declaración pre­ liminar de la menor, no puede ser revisada, es inmodificable, tanto más si no se actuó prueba en segunda instancia que desacredite la versión de la menor. Esta declaración está corroborada con suficientes elementos, no es la única imputa­ ción, además el prevalimento con el que contaba el agresor respecto de su víc­ tima justifica el reproche del injusto y su responsabilidad.

LOS RECURSOS

Casación;

Concordancia:

CAR

N° 06-2009-La Libertad (04/12/2009). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 7 Art. 422 Pruebas en segunda instancia

La inadmisibilidad del recurso de apelación constituye una sanción pro- j 749 cesal a la inobservancia de una norma expresa La declaración de inadmisibilidad de un acto procesal -en este caso le la inter­ posición del recurso de apelación y de la consiguiente necesidad de la absolu­ ción del grado por el órgano jurisdiccional ad quem- constituye una sanción Procesal. Como tal, según el apartado tres del artículo Vil del Título Preliminar del NCPP, ha de ser interpretada restrictivamente. La declaración de inadmisibi­ lidad presupone, como es lógico, una norma expresa y, además, se aplica solo y estrictamente a los casos en los que no exista ni la menor duda, es decir, al alcance interpretativo de la ley se limita al núcleo de su significación. Invocar el régimen de la apelación de sentencias, bajo el argumento de la suprema­ cía de los principios de contradicción, oralidad y publicidad, es llanamente una integración analógica que lesiona el alcance del artículo 420 apartado cinco del NCPP. Casación;

Concordancia;

N° 52-2009-Arequipa (13/07/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 405 Formalidades de los recursos Art. 430 Interposición y admisión

El incumplimiento de los fundamentos para ofrecer nueva prueba en j 750 segunda instancia determina su inadmisibilidad El ofrecimiento y admisión de los medios probatorios está relacionado con el derecho a la libertad probatoria, pues cualquier medio probatorio ofrecido oportunamente mientras sea idóneo, pertinente y conducente para sustentar una circunstancia debe ser admitido por el Juzgador; sin embargo, estas reglas generales de admisión de los medios probatorios no rigen para la admisión de los medios probatorios en segunda instancia, así lo señala el numeral dos del artículo 422 del Código Procesal Penal (...) El Tribunal Superior declara inadmisible el medio probatorio ofrecido, señalando que el ofrecimiento no se encontraba en ninguno de los supuestos de excepción, es decir, no se acredita el desconoci­ miento del medio probatorio para ofrecerlo en primera instancia. Casación;

Concordancia:

N° 56-2010-La Libertad (28/02/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damentos 11 y 12 Art. 422 Pruebas en Segunda Instancia

17 J751

LA IMPUGNACIÓN

Motivación incompleta por no responder puntualmente los argumentos impugnativos del recurrente El derecho a la tutela jurisdiccional cuando se ejercen ios recursos legalmente previstos exige al Tribunal ad quem responder en sus lógicas esenciales a los agravios -pretensión impugnativa- y argumentos impugnativos que se hacen valer por el recurrente. En el presente caso, el Tribunal Superior se limitó a dar cuenta de las pruebas de cargo en su segundo fundamento jurídico, pero no res­ pondió puntualmente el argumento impugnativo del imputado acerca del jui­ cio de suficiencia probatoria ante la ausencia de prueba técnica del estado de inconsciencia y del contenido de las pastillas que hizo ingerir a la agraviada. Tal omisión, sin duda hace que la motivación sea incompleta y prive al imputado de una respuesta razonada y razonable acerca del mérito de su pretensión defen­ siva en sede recursal. Recurso de Nulidad: N° 3324-2009-Áncash (22/07/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 4 Concordancia: Art. 425 Sentencia de segunda instancia

J752

La prueba nueva en el Juicio de apelación requiere que sea de conoci­ miento posterior al Juicio oral de primera instancia (doctrina Jurispru­ dencial vinculante) En ese sentido: "Para el aporte de prueba en segunda instancia prima el desco­ nocimiento y no las razones por las que se interpone ia misma", así como "de lo que se trata es de nuevos hechos acaecidos con posterioridad al trámite proce­ sal de la prueba en juicio", por lo que "(s)oio se admiten los siguientes medios de prueba: a) pruebas cuya existencia se desconocía: se trata de pruebas cuya exis­ tencia no conocía el recurrente y, por tanto, no pudo solicitar se practicaran, o bien aquellas otras que, conociendo su existencia, no pudo proponerla, por care­ cer de disponibilidad sobre la misma. Se excluyen los medios probatorios que estaban disponibles en el momento del juicio. Casación; Concordancia:

J753

N°458-2015-Cajamarca (03/05/2017). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 12 Art. 422 Pruebas en segunda instancia

Pruebas en segunda instancia solo son admisibles cuando estén dirigi­ das a demostrar la inocencia o culpabilidad del encausado (doctrina juris­ prudencial vinculante) Asimismo: "Una primera regla general de admisibilidad de pruebas en segunda instancia estriba en que ios medios de prueba ofrecidos tiendan a demostrar de forma directa la inocencia o culpabilidad del encausado, o que vayan dirigi­ das a la demostración de la veracidad de unos hechos que de forma indirecta

LOS RECURSOS

CAR

17

supongan, por aplicación de criterios lógicos, la inocencia o culpabilidad del acu­ sado. No se admitirá, fuera de ese periodo, nueva prueba documental, pues los supuestos tasados que incorpora el artículo 422 del NCPP no lo aceptan; su admi­ sión supondría negar la contradicción a que tienen derecho las demás partes"4. En consecuencia la existencia de hechos anteriores desconocidos deben ser acreditados, especialmente si son pruebas de hechos relevantes, admitir lo con­ trario sería aceptar nuevas pretensiones. Casación:

Concordancia:

N° 458-2015-Cajamarca (03/05/2017). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 12 Art. 422 Pruebas en segunda instancia

Aplicación del método de la supresión hipotética para establecer la tras­ J754 cendencia de la omisión de valorar una prueba Que para apreciar si la prueba omitida es decisiva, se acude al método de la supresión hipotética: la prueba será decisiva, y su validez afectará de manera fundamental a la motivación cuando -si mentalmente se la repusiera- las con­ clusiones hubieran sido necesariamente distintas. Por tanto, aun admitiendo hipotéticamente la prueba omitida, el resultado de la pericia psicológica no anularía el sentido de la decisión final adoptada en la sentencia de condena -se mantendría incólume-, pues no es capaz de desvirtuar el mérito de los otros elementos de convicción utilizados por los Jueces de Apelación de acuerdo a la sana critica racional -tiene suficiente cimentación legal- Admi­ tir que toda omisión de valoración de la prueba legal introducida en el debate provoca per se la invalidación de la sentencia por falta de motivación, sería recoger un rígido y trivial formalismo para anular procesos sobre la base de pruebas que no son sustanciales. Casación:

Concordancia:

N° 7-2010-Huaura (14/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 8 Art. 425 inc. 4 Sentencia de Segunda Instancia

El Tribunal de apelación si no valora pruebas esenciales y decisivas vul­ J755 nera la garantía de motivación de resoluciones judiciales El Tribunal de Apelación incurre en una infracción grave por falta de motivación si omite la valoración de pruebas esenciales y decisivas introducidas correcta­ mente en el debate, pues tiene que evaluarlas para fundamentar la sentencia. Sin embargo, es soberano en cuanto a la selección, en tanto no está obligado a con­ siderar todas las pruebas introducidas, sino solo las que sean esenciales, decisi­ vas, pertinentes, relevantes y útiles. En ese sentido carece de eficacia la omisión de una prueba que no reúna estas particularidades.

353

LA IMPUGNACIÓN

Casación:

Concordancia:

J756

N° 7-2010-Huaura (14/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Art. 425 Sentencia de segunda instancia Art. 422 Pruebas en segunda instancia

Es admisible la omisión parcial de medios de prueba que no sean esen­ ciales para determinar la responsabilidad La omisión de valoración del dictamen pericial psicológico del acusado carece de relevancia y no ocasiona vicio en la sentencia, pues no es esencial y decisiva para resolver el caso judicial a su favor y enervar las demás pruebas de cargo que se actuaron en su contra. Por tanto, no existe interés jurídico para declarar la nulidad de la sentencia de vista por dos motivos: (i) no se afectó la motivación; (ii) la ausencia de razonamiento de la Sala de Apelaciones no es de tal entidad que prive al fallo de motivo suficiente para justificar la condena del imputado (...) -se trata de una falta de motivación parcial, pues solo está circunscrita a un punto particular-, en tanto se sustenta en elementos de juicio suficientes y váli­ dos que son bastantes para fundamentarla legítimamente e impedir su descalifi­ cación como acto jurisdiccional. Casación: Concordancia:

J757

N° 7-2010-Huaura (14/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Art. 425 Sentencia de segunda instancia Art. 422 Pruebas en segunda instancia

Autoridad jurisdiccional que conoce un medio impugnatorio debe res­ petar el principio de congruencia (doctrina legal vinculante) Ei principio de congruencia o conocido también como de correlación, importa un deber exclusivo del Juez, por el cual debe expresar los fundamentos de una res­ puesta coherente en su resolución que dicta, basado en las pretensiones y defensas traducidas en agravios formulados por ios justiciables en su recurso impugnativo, y que de esa manera se pueda justificar la decisión arribada en razones diversas a las alegadas por las partes. Este principio tiene una cierta vinculación con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al principio acusatorio y al contradictorio.

Casación:

Concordancia:

J758

N° 215-2011-Arequipa (12/06/2012). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 6.1 Art. 409 inc. 1 Competencia del Tribunal Revisor

El desistimiento del fiscal superior sobre el recurso de apelación que interpuso el fiscal inferior debe ser expreso El Fiscal Superior en grado no está sujeto a la posición procesal asumida por el Fiscal inferior -esta no le es vinculante- y, por tanto, puede adoptar un

LOS RECURSOS

CAR

planteamiento jurídico distinto -el aludido principio de unidad en la función compromete, en todo caso, a los Fiscales del mismo oficio, mas no al Superior en grado (la Fiscalía Superior)-, es de precisar que el desistimiento siempre es expreso y está sujeto a un trámite específico, conforme establece el artículo 341 y siguientes del Código Procesal Civil. En consecuencia, no es posible soste­ ner que el Fiscal Superior se desistió del recurso de apelación. Al no hacerlo -el desistimiento no se presume- el Tribunal debía pronunciarse sobre el mérito del recurso de apelación del Fiscal Provincial, quien introdujo la pretensión impugna­ tiva y a la cual debió responder razonada y razonablemente.

Casación: Concordancia:

N° 22-2010-Cusco (23/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Art. 406 Desistimiento

La pretensión impugnativa del recurso de apelación solo puede ser alte­ J759 rada por el fiscal superior en la medida en que se desista del recurso total o parcialmente Que cabe puntualizar que la pretensión impugnativa la introduce el Fiscal recu­ rrente y es esta la que delimita los principios de congruencia y de exhaustividad del Tribunal de Apelación. El Fiscal Superior en grado solo puede alterar este ámbito de la pretensión impugnativa en la medida en que se desista del recurso, total o parcialmente -y lo puede hacer porque institucionalmente rige en el Ministerio Público el principio de jerarquía y desde la perspectiva de su actua­ ción impera el principio de objetividad o legalidad- Siendo así, no es razón sufi­ ciente aludir a la posición del Fiscal Superior hecha valer en la audiencia de ape­ lación para, inmotivadamente, confirmar el auto recurrido. Casación: ■ Concordancia:

N° 22-2010-Cusco (23/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 406 Desistimiento

El Tribunal revisor tiene la facultad para determinar la correcta califica­ J760 ción jurídica de la imputación penal en sede de apelación (doctrina legal vinculante) Es posible que el Tribunal Revisor ai evaluar la corrección jurídica de la decisión pueda desvincularse de la calificación jurídica planteada en primera instancia como expresión genuina de la iudiciom, en el ejercicio de la aplicación correcta de la norma jurídica y el respeto al principio de legalidad. Por ello, si con poste­ rioridad a la audiencia de apelación el Tribunal Superior advierte que a los hechos propuestos le corresponde una distinta calificación jurídica y estima que corres­ ponde afianzar la garantía del derecho de defensa y principio de contradicción, puede declarar la nulidad de todo o en parte de la sentencia recurrida.

LA IMPUGNACIÓN

Casación:

Concordancia:

J761

N° 430-2015-Lima (28/06/2016). Sala Penal Transitoria. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 18 al 22 Art. 425 Sentencia de Segunda Instancia

Sala de apelaciones solo puede efectuar un control de la estructura racio­ nal del contenido de ia prueba actuada en primera instancia La regla general referida en el considerando anterior se produce como conse­ cuencia de los principios de inmediación y oralidad, que priman en materia de actuación y ulterior valorabilidad y valoración de ia prueba personal, por lo que el Tribunal de segunda instancia no está autorizado a variar la conclusión o valo­ ración que de su contenido y atendibilidad (que) realice el órgano jurisdiccional de primera instancia, estos casos son identificados como las "zonas opacas". No obstante, existen "zonas abiertas" que sí permiten el control de aspectos relati­ vos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mis­ mos a la percepción sensorial del Juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. Casación:

Concordancia:

J762

N° 153-2010-Huaura (22/11/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 422 inc. 5 Pruebas en Segunda Instancia Art. 427 Procedencia del recurso de casación

La inmediación se manifiesta entre quienes participan en el proceso y el Tribunal y en lo referente a la recepción de la prueba La inmediación, como principio y presupuesto, permite el acercamiento dei Juz­ gador con todos los elementos que sean útiles para emitir una sentencia justa; así, la inmediación se desarrolla en dos planos: i) entre quienes participan en el proceso y el tribunal, para lo cual se exige la presencia física de estas personas; la vinculación entre los acusador y el Tribunal Juzgador es una inmediatez que se hace efectiva a través de la oralidad; ii) en la recepción de la prueba, para que el Juzgador se forme una idea de los hechos y para que sea posible la defensa se requiere que la prueba sea practicada en el juicio; la inmediatez da lugar a una relación interpersonal directa, frente a frente, cara a cara, de todos entre sí: acu­ sado y Juzgador, acusador y acusador, acusado y defensores, entre estos con el Juzgador y acusador, el agraviado y el tercero civil.

Casación: Concordancia:

N° 54-2010-Huaura (03/03/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 11 Art. 425 ¡nc. 2 Valoración de la prueba en segunda instancia

LOS RECURSOS

CAR

El principio de inmediación tiene como limitación una revaloración de la prueba testimonial actuada en primera instancia El principio de inmediación trasciende en cuanto a la valoración de los medios probatorios (testimonial, peritaje, referencial), pues si dichos medios probatorios no se actuaron en audiencia ante el Juzgador es imposible que se les pueda dotar de un verdadero valor probatorio. El Juicio oral, materialización del princi­ pio de inmediación, es el ámbito normal en el que se actúan los medios proba­ torios y el Juzgado Unipersonal o Colegiado es quien debe otorgarles un deter­ minado valor probatorio; por lo que si el Colegiado Superior no tiene ante sí al testigo (prueba personal) es imposible que se le otorgue diferente valor probato­ rio sin la actuación de otros medios probatorios que las cuestionen. Casación:

Concordancia:

N° 54-2010-Huaura (03/03/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 11 Art. 425 inc. 2 Valoración de la prueba en segunda instancia

El Tribunal Superior no puede valorar una prueba que no ha sido actuada J764 en segunda instancia El Colegiado Superior no puede valorar independientemente una prueba que no fue actuada en apelación, pues no tuvo a la vista a dichos órganos de prueba, y no puede otorgarles diferente valor probatorio a testimoniales y referenciales cuando no tuvo nuevos medios probatorios que hayan sido actuados en segunda instancia. Casación: Concordancia:

N° 54-2010-Huaura (03/03/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 12 Art. 425 inc. 2 Valoración de la prueba en segunda instancia

El tribunal revisor puede valorar la prueba personal en segunda instan­ J765 cia si ha sido cuestionada e infringe las reglas de la lógica, ciencia y máxi­ mas de experiencia (doctrina legal vinculante) Existe una limitación impuesta al ad quem, descrita en el artículo cuatrocientos veinticinco, apartado dos, del Código Procesal Penal a fin de no infringir el prin­ cipio de inmediación; esto es, no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el Juez de primera instan­ cia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba en segunda instancia. Dicho aquello, si bien corresponde al Juez de primera instancia valorar la prueba personal, empero el ad quem está posibilitado a controlar, a través del recurso de apelación; si dicha valoración infringe las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia. Casación:

Concordancia:

N° 385-2013-San Martín (05/05/2015). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento jurídico 5.16 Art. 425 Sentencia de Segunda Instancia

17 J766

LA IMPUGNACIÓN

La valoración de la prueba personal en segunda instancia se realiza para evidenciar la infracción a las reglas de la lógica, ciencia y máximas de experiencia (doctrina legal vinculante) Al advertirse que el Juzgador de mérito accede a la prueba personal actuada en primera instancia a través de medios técnicos de grabación u otro mecanismo técnico que reproduzca las actuaciones probatorias del juicio oral, se tiene que el citado juzgado reexamina la prueba personal, a efectos de detectar alguna infracción normativa en su valoración (lógica, ciencia y máximas de experiencia), mas no está permitido a otorgarle un diferente valor probatorio, (...) precisándose que la variación del valor probatorio de la prueba personal en segunda instancia, por sí sola, no será suficiente para sustentar una sentencia de vista que perjudi­ que la situación jurídica del procesado, más aún si existen medios probatorios de otra naturaleza que contradicen su valoración.

Casación: Concordancia:

J767

N° 636-2014-Arequipa (13/07/2016). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento jurídico 2.4 Art. 425 Sentencia de Segunda Instancia

El Tribunal Superior solo podrá evidenciar el error o inexactitud de la valoración de la prueba personal por el Juez penal La Sala de Apelaciones puede volver a valorar la prueba personal actuada en primera instancia, está supeditada a que haya sido entendida o apreciada con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto, o que haya sido desvirtuada por pruebas practicadas en segunda instancia. Empero ninguno de estos supuestos antes descri­ tos resulta equiparable con el juicio valorativo efectuado por la Sala de Apelaciones.

Casación: Concordancia:

J768

N° 1445-2017-Arequipa (14/12/2018). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 14 Art. 425 Sentencia de segunda instancia

Las limitaciones al Tribunal revisor en la valoración de la prueba están referidas a la admisión de prueba nueva y no variar el resultado proba­ torio del a quo (doctrina jurisprudencial vinculante) La instancia recursiva implica una serie de limitaciones: al objeto de conocimiento, como son: lo que piden los recurrentes, a través de sus agravios; la incorporación de prueba, pues solo se admite la nueva; la valoración de la prueba personal, pues por designio del inciso dos del artículo cuatrocientos veinticinco del Código Proce­ sal Penal el Tribunal de Apelación no puede variar el resultado probatorio sobre la prueba personal realizada en primera instancia, si no hay prueba nueva.

Casación:

Concordancia:

N° 96-2014-Tacna (25/05/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 8 Art. 425 inc. 2 Valoración de la prueba en segunda instancia

Tribunal revisor puede examinar la valoración de la coherencia existente J769 en una misma declaración y entre una declaración y otra (doctrina juris­ prudencial vinculante) La contradicción a la que se refiere la jurisprudencia vinculante es a la que se aprecia en la misma manifestación, no a la comparación que se hace entre las diversas que se hubieran prestado en el transcurso del proceso. Sin embargo, la falta de coherencia entre una declaración y otra debe ser analizada y valo­ rada cuando estas versiones son apreciadas con manifiesto error o la apreciación infringe las regias de la lógica, ciencia y máximas de la experiencia, de otra forma se estaría revalorando la prueba y no un control de la valoración. Casación:

Concordancia:

N° 96-2014-Tacna (25/05/2017). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamentos 12 y 13 Art. 425 inc. 2 Valoración de la prueba en segunda instancia

El principio non reformatio in peius impide elevar la pena impuesta en J770 primera instancia si no ha sido solicitado en el recurso por el Ministe­ rio Público Que, de otro lado, este Supremo Tribunal considera que la pena impuesta al encausado no resulta proporcional a la gravedad del delito cometido, toda vez que, tratándose de una menor de quince años, el injusto realizado genera un trauma psicológico que merma su desarrollo personal y de manera general dicho injusto genera un panorama desestabilizador de las expectativas normativas que rigen nuestra sociedad; sin embargo, al no haber sido recurrido el extremo puni­ tivo por el representante del Ministerio Público, este Supremo Tribunal, en aten­ ción al principio non reformatio in peius, se encuentra imposibilitado de incre­ mentar la pena impuesta. Recurso de Nulidad; N° 2764-2012-Lima Norte (30/01/2012). Sala Penal Permanente. Fundamento 9 Concordancia: Art. 425 inc. 3.b

No es posible que la sala penal absuelva al acusado otorgando diferente J771 valor probatorio a las declaraciones recibidas en primera instancia Lo expuesto incluso, fue reconocido y expresamente citado por el Colegiado Superior en su resolución, sin embargo, ai momento de realizar el análisis sobre la prueba personal actuada en primera instancia, dicho Tribunal le otorga un valor probatorio diferente ai asignado por el Juzgado de primera instancia, pese a que, como también se reconoció, el encausado vía su abogado defensor no presentó prueba nueva en segunda instancia, por tanto, si ello fue así la Sala Penal de Ape­ laciones estaba vinculada a respetar el análisis realizado por el Juzgado Penal

CAR 17

LA IMPUGNACIÓN

Colegiado, tanto más si la prueba aportada fue objeto de inmediación durante el juicio oral. Casación:

Concordancia:

J772

N° 65-2012-Sullana (16/03/2016). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 425 Valoración de la prueba

Supuestos en los que es posible actuar en segunda instancia testimonia­ les ya actuadas en primera instancia (doctrina legal vinculante) En ese orden de ideas, atendiendo a la doctrina nacional y extranjera, así como a la jurisprudencia nacional y el Derecho comparado, las notas que autorizan la admisión de prueba testimonial ya rendida en el juicio de primera instancia son, copulativamente: i) La presencia de un defecto grave de práctica o valoración de la prueba personal en primera instancia, ii) Que la información brindada por el testigo pueda variar la decisión del a quo. Por la importancia de estas vulne­ raciones y de la información contenida se puede ingresar este material probato­ rio sin afectar los principios de inmediación, contradicción, derecho de defensa y plazo razonable. Casación:

Concordancia:

J773

N° 845-2015-lca (23/11/2016). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 15 Art. 425 Valoración de la prueba

La segunda sentencia no puede imponer una pena mayor a la que se impuso en la primera sentencia anulada La norma contenida en el inciso 2 del artículo 426 del nuevo Código Procesal Penal, no regula la determinación judicial de la pena, como sí lo hacen los dis­ positivos antes señalados del Código Penal. Lo que establece es un tope a la facultad del Juez de determinar la pena a imponer en la sentencia que emana del nuevo juicio. A esta conclusión abona el que su incidencia sea en el nuevo juicio, que tendrá como límite lo decidido en el juicio anterior que fue anu­ lado; y el que la norma está contenida en el nuevo Código Procesal Penal. Así las cosas, falta determinar si en el caso concreto resulta menester anular la sen­ tencia impugnada o si se puede revocar su decisión evitando el reenvío de la causa. Casación:

Concordancia:

360

N° 822-2014-Amazonas (18/05/2016). Sala Penal Permanente. Fun­ damentos 15 y 17 Art. 426 inc. 2 Nulidad del juicio

LOS RECURSOS

CAP.

El Tribunal revisor está autorizado para cambiar el valor probatorio de la J774 prueba personal por actuación de la prueba en segunda instancia (doc­ trina legal vinculante) Que, si bien, el punto más conflictivo se presenta cuando la condena en segunda instancia se debe al cambio del valor probatorio de una prueba personal debido a la actuación de prueba en esta instancia; cabe precisar que aun cuando no podría cuestionársela valoración de la prueba personal, no obstante, si el cuestionamiento se fundamenta en la prueba actuada en segunda instancia, el Juez ad quem estará facultado para cambiar el valor probatorio de aquella. Casación:

Concordancia:

N° 195-2012-Moquegua (05/09/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento jurídico 14 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de Segunda Instancia

La casación puede constituir un remedio para la afectación a garan­ J775 tías constitucionales o errores Jurídicos en la valoración de la prueba en segunda instancia (doctrina legal vinculante) Un sistema de apelación donde esta se concibe como medio que permite la revisión de lo resuelto a efectos de corregir los errores producto de la falibilidad humana, la actuación de pruebas en segunda instancia resultaría absolutamente contradictoria, dado que con relación a ella se producirá una primera valoración, que a su vez exigiría una revisión, pero que en todo caso ya no sería posible por­ que se está en segunda instancia; no obstante, tal situación procesal se remedia con la regulación del recurso de casación, oportunidad en la que el justiciable podrá establecer en atención a las causales previstas por el artículo 429, afecta­ ción, errónea interpretación, indebida aplicación u otros de garantías constitucio­ nales de orden material o procesal; o de normas penales sustantivas o adjetivas; y en su caso una indebida motivación en relación al objeto de decisión Casación:

Concordancia:

N° 195-2012-Moquegua (05/09/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento jurídico 15 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de Segunda Instancia

La presencia del condenado en el juicio de segunda instancia es indispen­ J776 sable cuando se debaten cuestiones de hecho (doctrina legal vinculante) Que, en consecuencia, la presencia del acusado en el juicio de apelación, cuando en el mismo se debaten cuestiones de hecho que afectan a su declaración de inocencia o culpabilidad, es una concreción del derecho de defensa que tiene: por objeto posibilitar que quien ha sido absuelto en primera instancia pueda exponer, ante el Tribunal llamado a revisar la decisión impugnada, su versión per­ sonal sobre su participación en los hechos que se le imputan. Es precisamente

17

LA IMPUGNACIÓN

el carácter personalísimo de dicha manifestación lo que impone su citación para ser oído. Casación: Concordancia:

N° 195-2012-Moquegua (05/09/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 16 Art. 423 Emplazamiento de las partes a la audiencia

LA CONDENA DEL ABSUELTO

j 777 Condenar al imputado en segunda instancia no vulnera el derecho a la instancia plural El acusado tendrá toda la posibilidad de discutir la pretensión punitiva en dos oportunidades, esto es, tanto ante el Juez de primera instancia como ante el de apelación, incluso en el caso de la apelación de una sentencia absolutoria por parte de la parte acusadora. De esta manera, podrá ejercer su derecho de defensa frente a la acusación que se le haga durante la primera instancia y, lo que es lo más importante, podrá también hacerlo en el juicio sobrevenido por el recurso actuado por el Fiscal, en virtud del cual se realizará el juzgamiento en segunda instancia. Consulta: Concordancia:

j 778

N° 2491-2010-Arequipa (14/09/2010). Sala de Derecho Constitu­ cional y Social Permanente. Fundamentos 10 y 11 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de Segunda Instancia

La condena del absuelto es posible si se cumple con el presupuesto de la actividad probatoria en segunda instancia (doctrina jurisprudencial vinculante) La posibilidad de condena en segunda instancia se remitiría a los siguientes supuestos: i) la condena de segunda instancia se decide cambiando el valor pro­ batorio de la prueba pericial, documental, preconstituida o anticipada, pues se concibe que estos medios de prueba no exigen imprescindiblemente de inme­ diación; ii) la condena de segunda instancia se decide cambiando el valor pro­ batorio de la prueba personal -que en principio está prohibido-, en razón a la actuación de prueba en segunda instancia que cuestiona su valor probatorio. Aquí, la objeción de ausencia de inmediación queda salvada porque en relación con la prueba en segunda instancia el órgano ad quem si tiene inmediación y; iii) aunque no está relacionado a la inmediación, sería la condena en segunda ins­ tancia debido a la corrección de errores de derecho. Casación: Concordancia:

N° 195-2012-Moquegua (05/09/2013). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 13 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de Segunda Instancia

LOS RECURSOS

CAR

Corte Suprema está habilitada para condenar a un absuelto en segunda instancia ante manifiesta ilogicidad en la motivación del fallo Que, establecida y amparada la causal de manifiesta ilogicidad materia de recurso de casación y declarada la nulidad de la sentencia de vista de fojas doscientos ochenta y tres, este Colegiado Supremo emite pronunciamiento de fondo res­ pecto a la sentencia de primera instancia de fojas noventa y tres, del quince de diciembre de dos mil once, que condenó a Fredy Páucar Quispe como autor del delito contra la Libertad - violación de la libertad sexual, en la modalidad de vio­ lación sexual de menor de edad, en agravio de la menor de iniciales en tanto no resulta necesario un nuevo debate, y acorde a la facultad conferida por el artículo cuatrocientos treinta y tres, inciso uno, del Código Procesal Penal. Casación: Concordancia:

N° 245-2012-Moquegua (19/09/2013). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 7 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de segunda instancia

La condena del absuelto debe fundamentarse en una actuación proba­ J780 toria en segunda instancia En consecuencia, es de concluir que la Sala Penal de Apelaciones está facul­ tada legalmente para condenar en segunda instancia a un justiciable que fue absuelto en primera instancia, lo cual está supeditado a una actuación probatoria en audiencia de apelación, ello en fiel respeto ai principio de inmediación y que la prueba actuada tenga entidad suficiente para enervar el estatus de inocencia del encausado, previsto en el apartado e) del inciso veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política del Estado. Casación: Concordancia:

N° 385-2013-San Martín (05/05/2015). Sala Penal Permanente. Fun­ damentos 5.17 y 5.18 Art. 425 ¡nc. 3.b Sentencia de segunda instancia

Ante la carencia del recurso de apelación para un fallo de segunda ins­ J781 tancia que condena al absuelto se debe optar por la nulidad (doctrina jurisprudencial vinculante) A la fecha de la presente sentencia, ninguna de las soluciones propuestas antes expuestas ha sido realizada. Consecuentemente, si nos encontramos ante un vicio determinado por la ausencia de un presupuesto procesal de existencia por no haber -por no existir- un órgano jurisdiccional capaz de revisar la con­ dena del absuelto, la consecuencia jurídica que se desencadena es la nulidad por ser un vicio en el proceder (vicio ¡n procedendo). Lo último que falta por determinar es el alcance de la nulidad, hasta dónde se debe anular el proceso en donde se ha condenado en segunda instancia a quien fue absuelto en pri­ mera instancia.

LA IMPUGNACIÓN

Casación:

Concordancia:

J782

N° 194-2014-Áncash (27/05/2015). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamentos 4.3 al 4.13 Art. 425 Sentencia de segunda instancia

En la condena del absuelto, se debe optar por la nulidad del proceso hasta antes del inicio del Juicio oral de primera instancia para garantizar el derecho al recurso Así las cosas nos encontramos ante una sentencia de vista que revoca la sen­ tencia absolutoria de primera instancia condenando al absuelto, donde este no cuenta con un recurso con las cualidades necesarias para garantizar su derecho a impugnar ese fallo condenatorio y tampoco existe una sala especializada que actúe como revisor de la sentencia condenatoria de segunda instancia; por tanto, (...) corresponde la anulación de todo el proceso hasta el inicio del juicio oral de primera instancia, de modo tal que, si el procesado es encontrado responsable del ilícito penal que se le imputa, esa sentencia condenatoria pueda ser revisada por una Sala Superior con facultades amplias de control mediante el recurso de apelación. Casación:

Concordancia:

J783

N° 542-2014-Tacna (14/10/2015). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 12 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de segunda instancia

No es posible la condena del absuelto en sede de apelación, solo pro­ cede la nulidad del fallo de primera instancia (doctrina jurisprudencial vinculante) Bajo la línea jurisprudencial anotada y con el objeto de garantizar el derecho a impugnar el fallo -toda vez que con ello se protege el derecho en la medida que otorga la posibilidad de interponer un recurso para evitar que quede firme una decisión adoptada en un procedimiento viciado-, mientras no se implemente ninguna de las propuestas dadas por este Supremo Tribunal-Órgano jurisdiccio­ nal capaz de revisar la condena del absuelto-, corresponde anular el fallo conde­ natorio dictado en primera y segunda instancia para que si en un nuevo juicio se le encontrara culpable del delito imputado, tenga la posibilidad de impugnar la sentencia condenatoria por medio de un recurso de apelación. Casaciones:

Concordancia:

N° 454-2014-Arequipa (20/10/2015). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamentos 4.15 y 4.16 N° 806-2014-Arequipa (31/05/2016). Sala Penal Permanente. Fun­ damentos 13 y 14 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de segunda instancia

LOS RECURSOS

CAP.

III

En la condena del absuelto, la nulidad de las sentencias de primera y J784 segunda instancia es excesiva (doctrina jurisprudencial vinculante) Habida cuenta que el Juez no puede dejar de resolver, la única solución provisio­ nal posible es declarar nula la sentencia recurrida, pues de otra forma se afectaría el citado derecho, proceder que encuentra refuerzo si se considera que en nin­ gún caso esta Corte Suprema convalidó la condena del absuelto. Sin embargo, la solución de anular el fallo condenatorio dictado en primera y segunda instancia es excesiva, pues una de las facultades de la Sala de Apelaciones frente al recurso respecto a la sentencia absolutoria es confirmarla, conforme con el artículo 425 del Código Procesal Penal. Casación: Concordancia:

N° 499-2014-Arequipa (16/03/2016). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamentos 12 y 13 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de segunda instancia

La sentencia de segunda que condena al absuelto vulnera la garantía del J785 debido proceso si no hay actuación probatoria La sentencia de vista impugnada, que alteró la apreciación del cuadro de hechos e infirió un juicio de culpabilidad, se sustentó no solo en la prueba documental que cito sino también en prueba personal (...) en el caso concreto, no era posible dictar condena sin recibir de nuevo las declaraciones de los árbitros, así como sin atender a lo expuesto por Rodríguez Vences en la audiencia de segunda instan­ cia. Por consiguiente, al omitirse esas diligencias y pautas de valoración, la con­ dena del absueito vulneró los principios de inmediación y publicidad, que inte­ gran la garantía de defensa procesal. La nulidad es, pues, inevitable, conforme al artículo 150, literal d), del Código Procesal Penal. Casaciones:

Concordancia:

N° 1379-2017-Nac¡onal (28/08/2018). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 6 N° 503-2018-Madre de Dios (05/02/2019). Sala Penal Permanente. Fundamento 6 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de segunda instancia

La condena del absuelto es una posibilidad legal y constitucionalmente J786 válida si se cumple con sus presupuestos Y para la última de las sentencias de vista el ad quem no solo realizó el cuestionamiento al razonamiento judicial, sino que concluyó en la determinación de la materialidad de los hechos y la responsabilidad de los procesados, aunque se abstuvo de emitir una condena del absuelto, pese a que esta resulta una posibi­ lidad legal y constitucionalmente válida. Dicha salida resulta ser la respuesta ade­ cuada para el problema generado en el caso de autos sobre la vulneración del plazo razonable y deberá tomarse en cuenta, para emitir una pronta resolución

LA IMPUGNACIÓN

que ponga fin definitivo y rompa el ciclo indeterminado de discrepancias de apreciación sobre la prueba.

Casación: Concordancia:

J787

N° 648-2018-La Libertad (19/03/2019). Sala Penal Permanente. Fundamento 20 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de segunda instancia

La casación no es un recurso eficaz para garantizar el derecho a la plura­ lidad de instancia en la condena del absuelto Se podría argumentar que, en el proceso penal peruano, existe la posibilidad que el imputado pueda cuestionar la sentencia condenatoria de segunda instancia a través del recurso de casación penal. Sobre ello, este Tribunal considera que, si bien existe la posibilidad que se interponga este recurso, en la práctica sería inoficioso. Y ello, es así, no solo porque se trata de un recurso extraordinario -y que, por lo demás, solo es admisible en los supuestos que establece la normatividad procesal penal-, sino también porque no es un mecanismo que permita un reexamen de los hechos o las pruebas que sustentaron la condena, aspecto que es crucial en la lógica del derecho a la instancia plural. STC Expediente: Concordancia:

J788

N° 00861-2013-PHC/TC-Arequipa (23/01/2018). Pleno del Tribunal Constitucional. Fundamento 14 Art. 425 inc. 3.b Sentencia de segunda instancia

La valoración de la prueba excluida no ocasiona vicio a la sentencia de segunda instancia si no es decisiva para resolver el caso judicial Al emitirse la sentencia de apelación, el Tribunal Superior obvió considerar la declaración referencial de la menor agraviada había sido excluida del acervo pro­ batorio en primera instancia, sin embargo, dicha circunstancia no ocasiona vicio en la sentencia de vista, pues a la luz de lo actuado, tanto en primera como en segunda instancia, no era esencial ni decisiva para resolver el caso judicial a su favor y enervar las demás pruebas de cargo e indicios que se verificaron en su contra. Para apreciar si la prueba omitida es decisiva, se acude al método de la supresión hipotética: la prueba será decisiva y su validez afectará de manera fun­ damental a la motivación cuando, su supresión o reposición mental, genera con­ clusiones necesariamente distintas. Casación: Concordancia:

N° 73-2010-Moquegua (14/04/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 6 Art. 425 Sentencia de segunda instancia

LOS RECURSOS

CAP.

El tribunal de revisión tiene competencias para declarar nulidades abso­ J789 lutas o sustanciales no advertidas por el impugnante Es de precisar que el apartado uno del artículo cuatrocientos nueve del citado Código Procesal establece que la impugnación confiere al Tribunal de Revisión competencia tanto para resolver propiamente los motivos del recurso como para declarar de oficio la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante. En concordancia con este poder nulificante, el apartado tres, literal a) del artículo cuatrocientos veinticinco del citado Nuevo Código Procesal Penal establece que la sentencia de segunda instancia puede declarar la nulidad, en todo o en parte, de la sentencia apelada y disponer que se remitan los actuados al Juez que corresponda para la subsanación a que hubiere lugar. Casación:

Concordancias:

N° 22-2009-La Libertad (23/06/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 12 Art. 409 Competencia del tribunal superior Art. 425 Sentencia de segunda instancia

EL RECURSO DE CASACIÓN

El recurso de casación requiere la existencia de interés de quien lo plan­ J790 tea y el gravamen o perjuicio El recurso de casación, como acto procesal de parte exige como presupuesto subjetivo de admisibilidad que exista interés de quien lo plantea. Este interés en primer lugar demanda una declaración expresa de voluntad del sujeto procesal interesado, que se materializa a través del acto de interposición del recurso para poder abrir la instancia. En segundo lugar es necesaria la existencia de un grava­ men o perjuicio concreto generado por la sentencia o resolución que se cuestiona. Casación: Concordancia:

N° 13-2009-Lima (23/04/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 8 Art. 404 Facultad de recurrir

La casación es un recurso extraordinario que por su naturaleza no cons­ J791 tituye nueva instancia La casación no constituye técnicamente una doble instancia sino que posibilita el necesario control de la corrección y legalidad de las sentencias. Es un recurso extraordinario destinado a invalidar, a petición de parte, determinadas resolucio­ nes judiciales por haber sido dictadas con infracción de la ley, siempre que dicha infracción haya influido en lo dispositivo del fallo. Este medio de impugnación por su naturaleza, no constituye una nueva instancia y es de cognición limitada. El Tribunal de Casación está circunscrito a conocer exclusivamente los motivos

CAP. 17

LA IMPUGNACIÓN

aceptados en el auto de calificación. En tal virtud, el análisis en una sentencia para determinar si ha incurrido en una vulneración de la ley debe realizarse a par­ tir de sus propios fundamentos. Casación: Concordancia:

J792

N° 22-2009-La Libertad (23/06/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 11 Art. 429 Causales de casación

El análisis de la presunción de inocencia en sede casacional implica una triple comprobación El ámbito de examen de la garantía de presunción de inocencia se circunscribe a una triple comprobación; a saber: (i) si el Tribunal Superior resolvió cumpliendo el ámbito de su potestad revisora -límites en la revisión y respuesta a los motivos de impugnación en apelación-, (ii) si se sustentó en verdadera prueba y si excluyó la prueba ilícita, y (iii) si esta se apoyó en su relato fáctico en pruebas inculpatorias (conforme: STSE 390/2009, de 21 de abril). 2. Como quiera que la motivación está tutelada casacionalmente por el artículo 429, numeral 4, del Código Proce­ sal Penal, específicamente la comprobación de sus términos radica solo en los supuestos de motivación constitucionalmente defectuosa; esto es, motivación omisiva, motivación incompleta o insuficiente, motivación hipotética, confusa o contradictoria, motivación falsa, y motivación ilógica -que vulnera, en la inferen­ cia probatoria, las reglas de la sana crítica judicial: leyes de la lógica, conocimien­ tos científicos y máximas de la experienciaCasación: Concordancia:

J793

N° 828-2017-Cajamarca (07/05/2018). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 2 Art. 429 inc. 1 Causales de casación

Las causales de errónea interpretación o falta de aplicación de la ley penal deben encontrarse debidamente identificadas para sustentar el recurso de casación Engloba las siguientes situaciones: a) La aplicación de una norma derogada, salvo que sea favorable al reo (ultractividad), pues en este caso la ley estaba vigente al momento de la comisión de los hechos, pero posteriormente es derogada, encontrándose pendiente el pronunciamiento del órgano jurisdiccional; b) La aplicación retroactiva de una norma, salvo cuando favorece al reo (retroactividad), pues la ley se emitió con posterioridad al momento de la comisión de los hechos, sin embargo, resulta más benigna para el reo que la ley que se encon­ traba vigente en dicha circunstancia; c) La aplicación de una norma inexistente o foránea; y, d) La aplicación indebida del principio relativo a la jerarquía de las normas, es decir, cuando las normas inferiores, vía interpretación, transgreden las normas superiores.

368

LOS RECURSOS

CAP.

_________

Casación:

Concordancia:

N° 336-2016-Cajamarca (14/06/2017). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5.3 Art. 429 inc. 3 Causal de casación

Al tribunal de casación no le corresponde realizar una valoración J794 probatoria Corresponde a los Tribunales de Mérito -de primera instancia y de apelación- la valoración de la prueba, de suerte que únicamente está reservado a este Tribunal de Casación apreciar si de lo actuado en primera y segunda instancia, en aten­ ción a lo expuesto en el fallo de vista, la existencia de un auténtico vacío proba­ torio. En consecuencia, si existen pruebas directas o indiciarías la alegación cen­ trada en este motivo decae o se quiebra. Si existen pruebas, como ha quedado expuesto, su valoración corresponde en exclusividad al Juez Penal y a la Sala Penal Superior.

Casación: Concordancias:

N° 03-2007-Huaura (07/11/2007). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 7 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 428 Desestimación del recurso de casación Art. 430 Interposición y admisión del recurso de casación

La procedencia del recurso de casación está supeditada al cumplimiento J795 de sus causales El apartado a) del artículo cuatrocientos cinco del nuevo Código Procesal Penal establece que la admisión del recurso impugnatorio se requiere que sea presen­ tado por quien resulta agraviado por la resolución cuestionada; además el inciso uno del artículo cuatrocientos treinta y dos establece que la admisión del recurso de casación atribuye a la Sala Penal de la Corte Suprema el conocimiento del pro­ ceso solo en cuanto a las causales. Casación: Concordancias:

N° 16-2010-La Libertad (28/04/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Art. 427 inc. 4 Procedencia del recurso de casación Art. 430 inc. 3 Interposición y admisión

No es posible incorporar nuevos agravios en la audiencia de casación si J796 no han sido incorporados previamente en su escrito de casación La Fiscal Adjunta Suprema que participó en la audiencia de casación incorporó nuevos agravios que no fueron valorados y/o analizados por esta Sala Suprema al momento de calificar el recurso de casación motivo por el cual, en estricto cumplimiento de las normas glosadas en el fundamento jurídico anterior, esta Sala Penal Suprema se encuentra Impedida de resolver petitorios que no fueron

CAR

17

LA IMPUGNACIÓN

causales de admisión del recurso de casación, porque de hacerlo se vulneraría la normal procesal penal que es de estricto cumplimiento, asimismo, al haber dado su conformidad sobre la resolución que en un primer momento fue cuestionada desaparece la postulación que se invocó, por lo que al no existir pretensión pro­ cesal no corresponde emitir pronunciamiento sobre el particular. Casación:

Concordancias:

J797

N° 16-2010-La Libertad (28/04/2011). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 6 Art. 427 inc. 4 Procedencia del recurso de casación Art. 430 inc. 3 Interposición y admisión

El recurso de casación implica un control de logicidad de las resolucio­ nes judiciales El recurso de casación, por su propia naturaleza no constituye una nueva instan­ cia, por tratarse de un medio impugnatorio de carácter extraordinario con moti­ vos tasados que tiene caracteres que están determinados en la ley y han mere­ cido una serie de disquisiciones en el campo de la doctrina; en ese contexto, constituye una de sus finalidades el control de logicidad en la motivación de las resoluciones judiciales, que pueden resumirse en lo siguiente: en falta de moti­ vación, deficiente motivación, insuficiente motivación, aparente motivación y la incongruencia entre la parte considerativa y la parte decisoria de la resolución. Casación:

Concordancias:

J798

N° 08-2007-Huaura (13/02/2008). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 428 Desestimación del recurso de casación Art. 430 Interposición y admisión del recurso de casación

Es inadmisible la casación que pretende una nueva valoración de las prue­ bas que sirvieron de base a la sentencia recurrida Que, sin embargo, el recurrente tampoco ha invocado la casación excepcional, y por ende, no ha especificado a este Tribunal Supremo el motivo por el que sería necesario que se desarrolle la doctrina jurisprudencial; que por el contrario, su petitorio constituye una solicitud de valoración de las pruebas y determinación de las conclusiones inferidas de ellas que constituye una potestad soberana del Tribunal de mérito; que, en consecuencia, por la vía del recurso de casación no se puede provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios que sirvie­ ron de base a la sentencia, en tanto no es una segunda instancia y no constituye facultad de esta Sala de Casación valorar la prueba ni juzgar los motivos que for­ maron la convicción de la Sala Penal Superior; que en tai sentido el reproche que se formula no tiene entidad casacional.

LOS RECURSOS

Casación:

Concordancias:

CAR

N° 13-2010-Huaura. Auto de calificación (26/04/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 5 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 428 Desestimación del recurso de casación Art. 430 Interposición y admisión del recurso de casación

No procede el recurso de casación contra resoluciones que desestiman J799 la concesión de beneficios penitenciarios Que, en consecuencia, la resolución que declaró infundado el pedido de liberación condicional es ajena a esos supuestos señalados -numerus dausus- en la norma procesal como objeto impugnable, por no revestir el carácter de decisión definitiva y tampoco comprende el otro aspecto de esta vía de impugnación -el referente a los autos que ponen fin, deniegan la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena-, en cuanto se trata de una solicitud de beneficio penitenciario. Por lo tanto, en principio, escapa a la competencia casacional de este Tribunal Supremo. Casación: Concordancias:

N° 20-2010-Huaura (15/06/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 428 Desestimación del recurso de casación Art. 430 Interposición y admisión del recurso de casación

La resolución que declara infundada la queja por improcedencia de ape­ lación es recurrible vía casación excepcional

lili

La resolución que declaró infundada la queja de derecho es ajena a esos supues­ tos señalados -numerus dausus- en la norma procesal como objeto impugna­ ble, por no revestir el carácter de decisión definitiva y tampoco comprende el otro aspecto de esta vía de impugnación -el referente a los autos que ponen fin, deniegan la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena- Por tanto, en principio, escapa a la competencia casacional de este Tribunal Supremo. Que a pesar de ello la norma procesal ha regulado la casación excepcional (...). Por tanto, debe estimarse este motivo casacional para enmendar el problema sur­ gido en cuanto a la unificación de posiciones encontradas. Casación:

Concordancias:

N° 26-2010-Lambayeque. Auto de calificación (24/06/2010). Sala Penal Permanente. Fundamentos 4,5 y 6 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 430 inc. 3 Interposición y admisión del recurso de casación

La casación excepcional requiere que el punto concreto jurisprudencial­ mente sea desarrollado para enriquecer el tema con nuevas perspecti­ vas fácticas y Jurídicas Que en esta modalidad especial de casación el recurrente, además de cumplir con las exigencias propias de este instituto regulado en la norma procesal, debe

lili

LA IMPUGNACIÓN

exponer puntualmente las razones que justificarían el desarrollo de la doctrina jurisprudencial que pretende (...). En ese sentido deberá indicar si pretende fijar el alcance interpretativo de alguna disposición o la unificación de posiciones disí­ miles de la Corte, o el pronunciamiento sobre un punto concreto que jurispru­ dencialmente no ha sido suficientemente desarrollado para enriquecer el tema con nuevas perspectivas fácticas y jurídicas -actualización de la doctrina para remediar problemas surgidos en casos anteriores-, y, además, la incidencia favo­ rable de la pretensión doctrinaria frente al caso y la ayuda que prestaría a la acti­ vidad judicial. Casación: Concordancia:

J 802

N° 58-2010-Moquegua-Auto (26/10/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 7 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 430 inc. 3 Interposición y admisión del recurso de casación

basta para admitir el recurso de casación excepcional la invocación genérica del desarrollo de la doctrina jurisprudencial, sino que es nece­ saria su argumentación En ese sentido, expresará de manera lógica, sistemática, coherente y técnica por qué considera que es necesario el desarrollo de la doctrina jurisprudencial e identificará de manera clara las razones que apoyan la necesidad de un pronun­ ciamiento. Sin embargo, de la lectura de los agravios expuestos (...) se advierte que no precisa de manera técnica y puntual qué pretende con la impugnación excepcional, pues no expresa razones completas -que respeten las reglas técni­ cas de formulación, desarrollo y demostración del cargo- para persuadir a la Sala de Casación sobre la necesidad de admitirlo. No basta para fundar el recurso de casación excepcional la invocación genérica del desarrollo de la doctrina juris­ prudencial sobre un tema concreto, sino debe argumentarse correctamente a través de la descripción anotada para identificar el posible vicio y estimar su aceptación o no. Casación:

Concordancia:

j 303

N° 58-2010-Moquegua-Auto (26/10/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 8 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 430 inc. 3 Interposición y admisión del recurso de casación

La causal de casación excepcional no supone una extensión de otras cau­ sales como la vulneración a la observancia de garantías constitucionales sancionadas con nulidad En tal sentido, la invocación de esta modalidad de casación no autoriza exten­ der la revisión de otras hipótesis: "Inobservancia de garantías constitucionales de carácter procesal o material", "Inobservancia de normas legales de carácter pro­ cesal sancionadas con nulidad"/"errónea interpretación y falta de aplicación de

372

LOS RECURSOS

CAR

la ley penal y otra norma necesaria para su aplicación" que no tengan relación o correspondencia con los fundamentos alegados para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, pues solo a esos eventos se restringe la admisibilidad de esta modalidad de casación. En consecuencia, estos argumentos también deben ser desestimados. Casación:

Concordancias:

N° 58-2010-Moquegua-Auto (26/10/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 13 Art. 427 Procedencia del recurso de casación Art. 430 Inc. 3 Interposición y admisión del recurso de casación

La causal de casación de manifiesta ilogicidad en la motivación implica j 304 verificar si la sala penal cometió algún error en su razonamiento o vul­ neró alguna regla lógica Que, la manifiesta ilogicidad de la motivación, invocada por el recurrente, implica revisar si el órgano jurisdiccional cometió algún error en su razonamiento o si ha violado alguna de las reglas de la lógica; dicha causa está referida a la carencia, a la insuficiencia, a la apariencia o a la deficiencia de motivación; es por ello que el órgano supremo entrará a analizar el razonamiento lógico usado por el Juzga­ dor para expedir su resolución, y deberá corroborar que efectivamente la fundamentación en la que se sustenta su pronunciamiento está revestida de las reglas y mandamientos de la lógica. Casación: Concordancia:

N° 115-2010-Huaura (05/07/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art, 431 Preparación y audiencia

El recurso de casación interpuesto por el fiscal puede ser declarado inad- j 395 misible en caso de que no asista a la audiencia Que instruido el expediente en Secretaría, se señaló fecha para la realización de la audiencia de casación el día de la fecha -citándose a las partes- la cual no se llevó a cabo debido a la inconcurrencia injustificada de los sujetos procesales; que, siendo así, resulta de aplicación lo dispuesto en el apartado dos del artículo cuatrocientos treinta y uno del citado Código Adjetivo, que establece que ante la falta de comparecencia injustificada del Fiscal, en caso el recurso haya sido inter­ puesto por el Ministerio Público o del abogado de la parte recurrente, dará lugar a que se declare inadmisible el recurso de casación. Casación: Concordancia:

N° 25-2010-Tacna (12/03/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 431 Preparación y audiencia

17 J 806

LA IMPUGNACIÓN

La ¡nadmisibilidad del recurso de casación por inasistencia del recurrente no lo exime del pago de las costas Con arreglo al artículo trescientos noventa y nueve del Código Procesal Civil -aplicado supletoriamente al caso de autos- corresponde pronunciarse sobre las costas del recurso. El recurrente pese a estar debidamente notificado para la rea­ lización de la audiencia de casación, inasistió injustificadamente a la misma, por lo que no cabe eximirlo del pago de las costas. Casación:

Concordancia:

J807

N° 25-2010-Tacna (12/03/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 6 Art. 431 Preparación y audiencia

El apartamiento de la doctrina Jurisprudencial es el apartamiento de principios Jurisprudenciales obligatorios fijados en una ejecutoria suprema En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia del precedente obliga­ torio que desestiman y de los fundamentos que invocan; en tal sentido, no toda Ejecutoria Suprema fija principio jurisprudencial, sino solo aquella que así lo precise, la cual debe ser publicada en el diario oficial El Peruano; por tanto, las Ejecutorias Supremas citadas por el recurrente no prescriben principio jurisprudencial, no obs­ tante, obedecen a una orientación doctrinal, acogida por la Sala Penal de Apelacio­ nes para dar solidez a su fundamentación. De lo expuesto, no se advierte configu­ ración de la causal número cinco del artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal, por tanto, el recurso de casación debe ser declarado infundado.

Casación:

Concordancia:

J808

N° 227-2012-Sullana (15/10/2013). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 11 Art. 429 inc. 5 Causales de casación

El recurso de casación interpuesto oralmente en la audiencia de apela­ ción debe formalizarse en el plazo de diez días (doctrina jurisprudencial vinculante) En tal sentido, aun cuando la impugnación en casación de la sentencia de vista fuera realizada en la audiencia -de lectura de sentencia de apelación-, se debe observar y respetar, deforma concreta, la especificidad de las disposiciones sobre la casación; tanto más si se tiene en cuenta lo previsto en el artículo Vil, inciso 3, del Título Preliminar del indicado Código Procesal, que impone el criterio de que la interpretación de las normas procesales debe ser realizada conforme al prin­ cipio pro actíone, esto es, que la interpretación debe resultar extensiva en tanto favorezca al ejercicio de ios derechos procesales del justiciable; por lo que el Juez

LOS RECURSOS

CAR

debe rechazar toda interpretación formalista y desproporcionada de los presu­ puestos y requisitos que le conduzcan a negar el acceso a los mismos. Recurso de Queja:

Concordancia:

N° 36-2013-NCPP-lca (26/08/2013). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 6 Art. 414 inc. 1.a Plazo de interposición

La casación de oficio es una especie de casación excepcional que procede j gg? a discreción del tribunal supremo (doctrina jurisprudencial vinculante) La casación de oficio debe ser entendida como una segunda casación excepcio­ nal, toda vez que uno de sus fundamentos radica en ei inciso 4 del artículo 427 del Código Procesal Penal (...) la casación de oficio se promueve por interés del Tribunal Supremo, que busca más allá del caso en concreto, y las limitaciones for­ males del recurso, un pronunciamiento jurídico -de estricto derecho- con dos fines principales: 1) Enriquecer la jurisprudencia y; 2) Evitar que las malas interpre­ taciones, ambigüedades o vacíos legislativos, puedan generar la vulneración de derechos o garantías constitucionales. Casación:

Concordancias:

N° 389-2014-San Martín (07/10/2015). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamentos jurídicos 5-16 y 25-28 Art. 427 inc. 4 Procedencia del recurso de casación Art. 430 inc. 3 Interposición y admisión del recurso de casación

El recurso de casación no es el medio impugnatorio idóneo que garan- j gio tice el derecho al recurso del condenado en segunda instancia habiendo sido absuelto anteriormente Siendo así, el casacionista hubiera estado en condiciones de decidir la articula­ ción o no del mecanismo impugnatorio (apelación) que permita una respuesta de hecho y de derecho, sin embargo, ante su ausencia, plantea el presente recurso de casación, que es un recurso extraordinario, y se encuentra restringido a la correcta aplicación del derecho y taxativamente a las causales previstas en el artículo cuatrocientos veintinueve del Código Procesal Penal. Por tanto, vía la modificación normativa pertinente deben articularse los mecanismos adecua­ dos y conducentes a la protección del derecho al recurso de una persona que habiendo sido absuelta en primera instancia, posteriormente, fue condenada en segunda instancia. Casación:

Concordancia:

N° 280-2013-Cajamarca (13/11/2014). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 16 Art. 425 ¡nc. 3.b Sentencia de segunda instancia

Asimismo, tiene la facultad jurídica de desistirse y renunciar a su derecho impug­ nativo para interponer recursos (en tanto rige el principio dispositivo, puede desistirse aunque el recurso haya sido concedido y cualquiera que sea el trá­ mite cumplido antes de la sentencia de casación, de conformidad con el artículo cuatrocientos seis del Código Procesal Penal). Esta intención de renunciar puede ser expresa o tácita, y en este último caso la intención se deducirá de cualquier actitud o manifestación del recurrente en el proceso, después de presentado el recurso, que sea incompatible con la pretensión jurídica -como sucede cuando el abogado defensor no concurre a la audiencia de casación- Es de puntualizar que el desistimiento es una forma de expresar la conformidad con el fallo y pro­ clamar la inexistencia de un interés capaz de sustentar la impugnación. Casación:

Concordancias:

J812

N” 13-2009-La Libertad-Auto (23/04/2010). Sala Penal Permanente. Fundamento 8 Art. 428 Desestimación Art. 431 inc. 2 Audiencia de casación

No son amparables vía casación los errores jurídicos de la resolución recu­ rrida que no influyan en su parte dispositiva Los errores jurídicos que no influyen en la parte dispositiva de la sentencia recu­ rrida no causan nulidad. La declaración de nulidad de un acto procesal, en espe­ cial de la sentencia y del juicio precedente, exige no solo la simple infracción de la norma, sino que se haya ocasionado una afectación real a alguna de las par­ tes, que se cause efectiva indefensión material (principio de trascendencia de las nulidades). No tiene relevancia a efectos casacionales la denuncia de un vicio existente en los motivos jurídicos de la resolución impugnada si no trasciende al fallo ocasionando su no ajuste a derecho -es la denominada teoría de la causali­ dad del vicio respecto del fallo o dispositivo de la sentencia impugnadaCasación: Concordancia:

J813

N" 709-2016-Lambayeque (08/06/2017). Primera Sala Penal Transi­ toria. Fundamento 9 Art. 432 inc. 3 Errores judiciales

La casación favorable al acusado recurrente debe extenderse a sus coimputados no recurrentes (doctrina jurisprudencial vinculante) Conforme lo señalado, si bien en la sección pertinente a la regulación del recurso de casación, no se regula el supuesto de hacer extensiva la resolución casatoria a aquellos coimputados no recurrentes; realizando una interpretación integrada del artículo 408, inciso 1, del CPP, establecido dentro de los preceptos generales de los medios impugnativos, sumado al fin dikelógico del recurso de casación.

LOS RECURSOS

CAP.

17

cabe precisar la obligatoriedad de la Sala Suprema respecto a hacer extensiva una resolución casatoria -positiva- a aquellos coimputados que no recurrieron en casación y que inclusive no hicieron uso de la garantía de la pluralidad de ins­ tancias, apelando su sentencia.

Casación;

Concordancias:

N° 421-2015-Arequ¡pa (21/03/2017). Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 33 Art. 430 Interposición y admisión de la casación Art. 408 inc. 1 Extensión de la Impugnación

LA ACCIÓN DE REVISIÓN La revisión de sentencia es una acción impugnatoria extraordinaria

J814

Que la revisión de sentencia es una acción impugnatoria extraordinaria que per­ sigue la primacía de la justicia sobre la seguridad jurídica plasmada en un fallo firme de condena; que es menester que se sustente en los motivos previstos en los incisos uno al cinco del artículo trescientos sesenta y uno del Código de Pro­ cedimientos Penales; pues por su carácter extraordinario no es posible examinar presuntos vicios en la formación del juicio histórico o jurídico de las sentencias emitidas ni los vicios procesales supuestamente cometidos en el juzgamiento; que, por consiguiente, el escrito postulatorio debe estar sustentado necesaria­ mente en las causales de procedencia establecidas en el artículo trescientos sesenta y uno del citado Código; que, en tal virtud, cualquier otra argumentación que no tenga vinculación con ellas deberá ser desestimada de plano.

Revisión de Sentencia: N° 218-2010-Junín (30/11/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ Concordancia;

mento 2 Art. 439 Procedencia de la acción de revisión

Las pericias que cuestionan el material de cargo ya conocido no pueden J815 considerarse como prueba nueva si ya se actuaron otras en el juicio oral Que, sin perjuicio de lo expuesto, las dos pericias adjuntadas con posterioridad constituyen opiniones del perito Aguije Saavedra que no califican como ele­ mentos idóneos -hechos desconocidos en el proceso original- que permitan desvirtuar plenamente la conclusión arribada en la Ejecutoria Suprema objeto de revisión, y que si bien fueron confeccionadas en octubre de dos mil diez -fechas recientes-, carecen de virtualidad para establecer la inocencia alegada por el demandante, tanto más si sus conclusiones buscan desacreditar parte del material probatorio de cargo -incluso la pericia psicológica y prueba personal de carácter testimonial, claramente inidóneas para tal efecto- que fue analizado,

37?

17

LA IMPUGNACIÓN

contrastado y debatido en su oportunidad; que, en consecuencia, la presente demanda debe ser desestimada. Revisión de Sentencia: N° 54-2009-Lima (27/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Concordancia: Art. 439 Procedencia de la acción de revisión

J816

No pueden ser considerados como prueba idónea los medios probato­ rios practicados a la víctima Que del análisis de la declaración jurada notarial expedida por la progenitora de la víctima (...) así como de las pericias psicológicas que se le practicaron a la víctima (...), presentadas como prueba nueva, se advierte que no constituyen medios probatorios idóneos que afecten la condena impuesta al sentenciado porque el fallo emitido en su contra se dio en base a la valoración conjunta de las pruebas actuadas en el desarrollo del proceso y que taxativamente se detallan en la Ejecutoria Suprema que se cuestiona. Que los demás argumentos vertidos por el accionante versan sobre un nuevo examen de lo actuado en la presente causa, lo que en definitiva no corresponde amparar a través del presente recurso porque se desnaturaliza la esencia jurídica de la acción impugnada de revisión. Revisión de Sentencia: N° 322-2009-Santa (29/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mentos 4 y 5 Concordancia: Art. 439 Procedencia de la acción de revisión

J817

La nueva prueba en la acción de revisión no puede ser constituida por testigos indirectos o referenciales Que, conforme lo ha precisado el señor Fiscal Supremo, los documentos que pre­ senta el sentenciado a fin de que se ampare su pretensión, no pueden ser con­ siderados como prueba nueva de conformidad con la naturaleza del recurso de revisión, pues estas deben determinar de manera inobjetable su Inocencia o en su defecto la necesidad de instaurarse un nuevo juzgamiento; que, en tal sentido, si bien la declaración jurada de los testigos (...), son de fecha posterior a las sen­ tencias impugnadas, se tratan testigos indirectos o referenciales que no afectan en nada la situación jurídica del recurrente. Revisión de Sentencia: N° 80-2010-Huánuco (29/10/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Concordancia: Art. 439 Procedencia de la acción de revisión

LOS RECURSOS

CAP.

Es infundada la demanda de revisión si las nuevas pruebas cuestionan J818 hechos admitidos por el procesado en conclusión anticipada Las instrumentales presentadas como nuevas pruebas (declaraciones jura­ das notariales de la menor agraviada y padres de esta), deben ser tomadas con la reserva del caso, debido a que el sentenciado resulta ser el padre de la menor hija de la agraviada, debe indicarse que aquellas tienen por objeto ale­ gar que las relaciones sexuales que mantuvo con la menor agraviada fueron con consentimiento de esta última (con lo cual pretende se desvirtúe su respon­ sabilidad penal en el delito de violación sexual por el que fue condenado); sin embargo, dicho argumento también había sido manifestado por el referido sen­ tenciado en sus declaraciones a nivel preliminar e instrucción; pese a lo cual, ini­ ciado el juicio oral, se acogió a la conclusión anticipada del debate oral. Revisión de Sentencia: N° 84-2009-Cusco (17/03/2011). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 4 Concordancia: Art. 439 Procedencia de la acción de revisión

El nuevo hecho en la acción de revisión debe restablecer la inocencia J819 del condenado En el caso sub examine, la causa de revisión de sentencia glosada, exige la pre­ sencia de nuevos hechos, capaces de establecer la inocencia del condenado; es decir, no basta con la presencia de un nuevo hecho, sino se busca su idonei­ dad y capacidad virtual para reestablecer su inocencia vulnerada con la senten­ cia condenatoria. Revisión de Sentencia: N° 241-2009-Pasco (21/08/2012). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2.3 Concordancia: Art. 439 Procedencia de la acción de revisión

La prueba nueva debe tener relación directa con el delito imputado Cabe precisar que la prueba nueva presentada no debe haber sido anunciada por las partes procesales, ni introducida en el debate probatorio, además que debe tener relación directa con el delito imputado y virtualidad para enervar una sentencia con calidad de cosa juzgada. Revisión de Sentencia: N° 253-2014 (NCPP) Lima (29/01/2016). Sala Penal Transitoria. Fun­ damento 5 Concordancia: Art. 439.4 Nueva prueba

J820

CAPITULO 18 LOS PROCESOS ESPECIALES EL PROCESO INMEDIATO El requerimiento de incoación de proceso inmediato debe contener los elementos de una disposición de formalización de investigación prepa­ ratoria (doctrina legal vinculante) Requerir la incoación del proceso inmediato en dos momentos: (i) luego de cul­ minar las diligencias preliminares y (ii) antes de los treinta días de formalizada la Investigación Preparatoria. En base al primer supuesto, se estará ante un Proceso Inmediato incoado sin formalización de la Investigación Preparatoria; de ahí que resulta necesario que el requerimiento de incoación de este proceso incorpore los mismos elementos que una disposición de formalización de Investigación Pre­ paratoria y supuestos de aplicación que se producen. En cambio, en virtud del último supuesto, se tiene que en el Proceso Inmediato, sí existe la obligación de formalizar la Investigación Preparatoria con las implicancias que ello tiene, es decir, que se notifique de esta disposición al Imputado a fin que conozca la imputación hecha en su contra y pueda preparar su estrategia de defensa, o de ser el caso interponer los medios de defensa técnicos que considere pertinente. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 6-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 15 Art. 447 inc. 1 Audiencia única de proceso inmediato

En el proceso inmediato no existe etapa intermedia (doctrina legal J822 vinculante) En el proceso inmediato, al ser uno especial que se particulariza en razón de sus supuestos de aplicación: flagrancia delictiva; confesión del imputado; y que los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, y pre­ vio interrogatorio del imputado, sean evidentes, no existe etapa intermedia. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 6-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 15 Art. 448 inc. 1 Audiencia única de proceso inmediato

8

J823

18

LOS PROCESOS ESPECIALES

Las reglas aplicables a la audiencia única de juicio inmediato son las del juicio oral del proceso penal común (doctrina legal vinculante) Sobre este punto cabe destacar que, en el marco de los principios de oralidad, inmediación, contradicción y publicidad, así como para evitar la indefensión, que inspiran el nuevo Código Procesal Penal, puede ser factible, atento a las circuns­ tancias de la causa, establecer una audiencia para el Proceso Inmediato, que se seguirá conforme a las pautas establecidas de manera genérica por el artículo 8 NCPP. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 6-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 18 Art. 448 inc. 6 Audiencia única de proceso Inmediato

El ofrecimiento de medios probatorios en el proceso inmediato debe realizarse al inicio del juicio oral inmediato (doctrina legal vinculante) De ello se tiene que en el proceso inmediato resulta válida la realización de este acto al inicio del juicio oral bajo la conducción del mismo Juez de juzgamiento, quien ha de realizar un control de los medios de prueba ofrecidos para el Jui­ cio Oral como por las demás partes que debe cumplir los principios de legali­ dad, pertinencia, utilidad y conducencia. Así, la actuación probatoria, eje central del juicio oral, será desarrollada respetando los principios de igualdad, legali­ dad y contradicción, que integran las garantías del debido proceso y defensa procesal. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J825

N° 6-2010/CJ-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 21 Art. 448 inc. 3 Audiencia única de proceso inmediato

La admisión de medios probatorios en la audiencia de Juicio oral inme­ diato no afecta la garantía de imparcialidad (doctrina Segal vinculante) Estas consideraciones no afectan el principio de imparcialidad, que garantiza que el Juez sea un tercero entre las partes, toda vez que la regla en base a la cual el ofrecimiento y admisión probatoria debe realizarse en la etapa intermedia no puede ser entendida como absoluta y menos aún en el contexto de un proceso especial que, como se tiene expuesto, se rige por pautas propias. Por lo demás, queda garantizado el respectivo contradictorio a que se someterán las pruebas ofrecidas al poder ser actuadas en el juicio oral. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 6-2010/0-116 (16/11/2010). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 22 Art. 448 inc. 3 Audiencia única de proceso inmediato

EL PROCESO INMEDIATO

CAP.

La prueba o evidencia delictiva como presupuesto para la incoación del proceso inmediato parte de la flagrancia, confesión del imputado y delito evidente (doctrina legal vinculante) La "prueba evidente" o "evidencia delictiva" se define a partir de tres instituciones -dos de ellas con un alcance legislativo en el propio NCPP, que es pertinente matizar para los efectos de los alcances del proceso inmediato-: delito flagrante, confesión del imputado y delito evidente. Su objetivo o efecto es meramente procesal. Estriba, instrumentalmente, en concretarel ámbito de aplicación de un procedimiento espe­ cial, más rápido y sencillo, menos formalista y complejo que el común u ordinario. Acuerdo Plenario Ext.: N° 2-2016/CJ-116 (01/06/2016). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento jurídico 8 Concordancia: Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

La flagrancia constituye una circunstancia que ayuda a la determina­ J827 ción de la procedencia del proceso inmediato (doctrina legal vinculante) El concepto de flagrante delito se utiliza, por ejemplo, para efectos procesales, a fin de decidir un procedimiento a seguir -este sería el caso-, no hay nada que objetar a una interpretación más o menos amplia del mismo. Pero cuando lo que se pretende es fundamentar en él una excepción al contenido de un derecho fundamental, la interpretación debe ser necesariamente restrictiva. La flagrancia se erige, en este caso del proceso inmediato, como una circunstancia que hace solamente más segura la determinación del autor del delito y permite, por tanto, un procedimiento más rápido en la investigación y la celebración del juicio. Acuerdo Plenario Ext.: N° 2-2016/CJ-l 16 (01/06/2016). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento jurídico 8 Concordancia: Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

El cumplimiento de los requisitos de la confesión en el proceso inmediato J828 incide en su valoración por el órgano jurisdiccional (doctrina legal vinculante) Además, i) debe rendirse ante el Juez o el fiscal en presencia del abogado del imputado; ¡i) debe ser sincera -verdadera y con ánimo de esclarecedor los hechos- y espontánea -de inmediato y circunstancia-; y, como requisito esencial de validez, iii) ha de estar debidamente corroborado con otros actos de investi­ gación -fuentes o medios de investigación-, pues permite al órgano jurisdiccio­ nal alcanzar una plena convicción sobre su certidumbre y verosimilitud, a par­ tir de un debido respeto a las reglas de la lógica o las máximas de la experiencia. Acuerdo Plenario Ext: N° 2-2016/CJ-116 (01/06/2016). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento jurídico 8 Concordancia: Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

18

LOS PROCESOS ESPECIALES

La "ausencia de complejidad o simplicidad procesal" como presupuesto del proceso inmediato está referida a la ausencia de especiales averigua­ ciones y complicadas condiciones materiales (doctrina legal vinculante) La necesidad de especiales o específicas averiguaciones acerca del hecho o de su autor o partícipe para concretarlo y esclarecerlo, determinan la exclusión del proceso inmediato. La complejidad no solo está vinculada a la naturaleza interna del acto de investigación -a lo complicado y/o extenso del mismo-, sino tam­ bién a las condiciones materiales referidas a la ejecución del acto de investiga­ ción o en su incorporación a la causa -por razones de distancia, de remisión de muestras y su análisis, de saturación de los servicios periciales, de demora en la expedición de informes por parte de diversos órganos públicos, etcétera-. Acuerdo Plenario Ext.: N° 2-2016/CJ-116 (01/06/2016). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento jurídico 9 Concordancia: Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

J830

El principio de proporcionalidad exige que los delitos no sean especial­ mente graves para la incoación del proceso inmediato (doctrina legal vinculante) Es un elemento implícito por la propia esencial del proceso inmediato, es la gra­ vedad del hecho objeto de imputación desde la perspectiva de la conminación penal -en pureza, la pena esperada en atención a la culpabilidad por el hecho y por la culpabilidad del autor- A mayor gravedad del hecho, más intensa será la necesidad de circunscribir o limitar la admisión y procedencia del proceso inme­ diato. Sus presupuestos y requisitos se analizarán con mayor rigor para justifi­ car, en clave de proporcionalidad, la exclusión del proceso común. La idoneidad y estricta proporcionalidad del proceso inmediato, que asegura una respuesta rápida del delito, pero con una flexibilización de las garantías de defensa procesal y tutela jurisdiccional, siempre debe estar en función a delitos que no sean espe­ cialmente graves. Basta una duda acerca del cumplimiento de estos presupues­ tos para optar por el proceso común. Acuerdo Plenario Ext.: N’ 2-2016/CJ-116 (01/06/2016). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento jurídico 10 Concordancia: Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

J831

El apercibimiento coactivo de los órganos de prueba por las partes en el proceso inmediato está prohibido (doctrina legal vinculante) Una especialidad en materia de prueba es que a las partes corresponde convo­ car a sus órganos de prueba. Los apercibimientos ante la inconcurrencia de órga­ nos de prueba (testigos y peritos debidamente individualizados y con domicilio cierto, lo que es de cargo de las partes) y su ejecución corresponden al órgano

EL PROCESO INMEDIATO

CAR

jurisdiccional, porque es quien tiene el ¡us ¡mperíum; las partes no pueden con­ ducir coactivamente a los testigos y peritos. Si se acredita documentalmente que la parte concernida realizó adecuadamente la debida citación al órgano de prueba, corresponde al Juez, de ser el caso, insistir en su concurrencia. Acuerdo Plenario Ext.: N° 2-2016/CJ-116 (01/06/2016). Salas Penales Permanente /Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento jurídico 12 Concordancia: Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

La constitucionalidad de la incoación del proceso inmediato está supe- j 832 ditada al cumplimiento de sus presupuestos de incoación (doctrina legal vinculante) La opción que se asume es que la norma en debate puede salvar su constitucio­ nalidad si se la interpreta en la forma prevista en el parágrafo precedente. Es inad­ misible obligar sin más, al Ministerio Público a una actuación irrazonable por la incoación de un proceso reformado si no se presentan sus presupuestos materia­ les, que la propia Ley Procesal Penal desarrolla.También es intolerable que se pres­ criba la responsabilidad -obviamente funcional, nunca penal-del fiscal si no soli­ cita la incoación del proceso inmediato, pues este tiene desde la ley -y así debe reconocérsele-, precisamente varias opciones posibles, sujetas desde luego a una valoración de las circunstancias fácticas y jurídicas que en cada caso se presenta. Acuerdo Plenario Ext.: N° 2-2016/CJ-116 (01/06/2016). Salas Penales Permanente/Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento Jurídico 17 Concordancia: Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

Se confirman los criterios del Acuerdo Plenario N° 2-2016-CJ-116 para deci- j 833 dirsi procede el proceso inmediato (doctrina jurisprudencial vinculante) La Corte Suprema en el Acuerdo Plenario N° 2-2016-CJ-116, ha dejado estable­ cido para casos como el presente, en que pueda surgir una incidencia respecto al trámite de un proceso, sea común o sea inmediato, es preciso dejar estable­ cido que si bien los medios de defensa técnicos como las excepciones, pueden resolverse de oficio por el Juez, ello debería tener lugar luego de un análisis con­ cienzudo no solo de las circunstancias de la intervención en flagrancia, para deci­ dir el proceso inmediato, sino y además, el de no afectar en general el derecho a la prueba y en específico el principio acusatorio que permite al fiscal, decidir la investigación preparatoria para el acopio de los elementos probatorios necesa­ rios que hagan exitosa la prosecución de la acción penal, cuando no cuente con aquellos para incoar un proceso inmediato. Casación: Concordancia:

N° 244-2016-La Libertad (23/08/2018). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 10 Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

18

LOS PROCESOS ESPECIALES

1831 Nulidad contra la sentencia de apelación en proceso inmediato por des­

viar al imputado del proceso penal común establecido por la norma pro­ cesal penal (doctrina legal vinculante) Se desvió al imputado del procedimiento legalmente preestablecido, que es el común, derivándolo irrazonablemente al proceso inmediato. La nulidad incurrida por ser absoluta es insubsanable. No cabe saneamiento ni convalidación, pues no se trata de una mera inobservancia de las formalidades previstas en el Código, sino una auténtica lesión al debido proceso legal desde la perspectiva del pro­ cedimiento legal preestablecido que determine una retroacción de actuaciones radical. Por lo demás los efectos lesivos del procedimiento incoado y de las sen­ tencias emitidas son evidentes: plazos breves, eliminación de fases procesales, y con ello la imposibilidad de articular medios de defensa, con el tiempo razona­ ble que requieren delitos no flagrantes. Casación: Concordancia:

Í83i

N° 842-2016-Sullana (16/03/2017). Primera Sala Penal Transitoria. Doctrina legal: fundamento jurídico 6 Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

El debate probatorio en el proceso inmediato se referirá a la acreditación y fiabilidad de los medios de prueba (doctrina legal vinculante) El proceso inmediato se sustenta en la existencia de evidencia delictiva. El debate probatorio, por consiguiente, será muy acotado; referido primero: a la acredita­ ción de tal evidencia delictiva; y, segundo, a la verificación de la regularidad, fia­ bilidad, corroboración y suficiencia de la prueba de cargo. La defensa, como es obvio, podrá cuestionar y, en su caso, desacreditar la prueba de cargo y de sufi­ ciencia, así como presentar contraprueba. Acuerdo Plenario Ext: N° 2-2016/CJ-l 16 (01/06/2016). Salas Penales Permanente y Transi­

Concordancia:

J836

toria. Doctrina legal: fundamento jurídico 22 Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

La desestimación de la incoación del proceso inmediato no impide la plena vigencia de la medida de coerción procesal (doctrina legal vinculante) La medida de coerción dictada no se modifica de pleno derecho y su reforma requiere de una petición de parte. Cabe aclarar que si bien el art. 338.4 NCPP indica que el fiscal ,para la imposición de medidas coercitivas, está obligado a formalizar la investigación, ello se entiende en los marcos comunes de la inves­ tigación preparatoria; pero en el caso del artículo 447.2 NCPP, propio del pro­ ceso inmediato, tal exigencia, por razones obvias, no se ha positivizado; el apar­ tado uno solo impone al fiscal, como presupuesto procesal para requerir la incoación del proceso inmediato, el vencimiento del plazo de detención, y en

el otro apartado, inmediatamente, lo autoriza a requerir, si correspondiera, la prisión preventiva en el curso de la audiencia única de incoación del proceso inmediato. Acuerdo Plenario Ext.: N° 2-2016/CJ-l 16 (01/06/2016). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento jurídico 23.D Concordancia: Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

En el requerimiento de incoación de proceso inmediato se debe incluir al j 337 tercer civil para incorporarlo al proceso (doctrina legal vinculante) El fiscal deberá comprenderen el requerimiento de incoación del proceso inme­ diato a quien considere tercero civil responsable, el cual ha de ser debidamente citado a las dos audiencias para que tenga la oportunidad de ejercer su derecho de contradicción. En este caso, el Juez de la Investigación Preparatoria, aplicando supletoriamente y en vía de integración el artículo 447.3 NCPP, debe decidir, pri­ mero, si incorpora como parte al tercero civil; y, segundo, de ser admitida esa cons­ titución -que se emitirá a continuación del pronunciamiento acerca de la medida coercitiva-, continuará con los pasos procedimentales legalmente estipulados. Acuerdo Plenario Ext.: N° 2-2016/CJ-l 16 (01/06/2016). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento jurídico 26 Concordancia: Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

Es procedente la valoración de informes provisionales periciales para j 838 la calificación de la procedencia del proceso inmediato (doctrina legal vinculante) El fiscal, instará que el informe pericial -que es el segundo elemento de la activi­ dad pericial- corra en autos al momento del requerimiento de incoación del pro­ ceso inmediato. Sin embargo, en muchos casos bastará que el reconocimiento o percepción pericial, como primer elemento de la actividad pericial -al que sigue en ese mismo nivel las operaciones técnicas sobre el objeto peritado-, se haya realizado o, por lo demás, que existan informes provisionales. Las característi­ cas de la inicial intervención de la autoridad pública y las vicisitudes de los actos urgentes de investigación, como las capacidades del órgano pericial, pueden determinar antes de la presentación del informe pericial, una calificación positiva de los presupuestos y requisitos del proceso inmediato, lo que no obsta a que necesariamente el citado informe pericial ha de constar antes de la instalación de la audiencia única de juicio inmediato. Acuerdo Plenario Ext.: N° 2-2016/CJ-l 16 (01/06/2016). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal vinculante: fundamento jurídico 27 Concordancia: Art 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

CAP. 18

J839

LOS PROCESOS ESPECIALES

La flagrancia delictiva se establece a partir de la información momentos previos y en el mismo instante de la detención o a partir de los actos de investigación como prueba evidente Que, en consecuencia, desde la perspectiva de la calificación de la flagrancia del delito -en sus diversas modalidades- e incluso en el supuesto de prueba evidente del mismo, es de tener en consideración que para su calificación se asume exclusivamente todo aquello que constaba en determinados momen­ tos procesales. Para el primer supuesto: la información que se tenía momen­ tos previos y en el mismo instante de la detención (información de la víctima o de un testigo presencial del hecho, vestigios materiales o información video­ gráfica, entre otros). Para el segundo supuesto: los actos de investigación aco­ piados en el curso de las diligencias preliminares, hasta el momento de la incoación del proceso inmediato. Así las cosas, no es posible afirmar que en este caso se cumplieron esos presupuestos para incoar un proceso especial inmediato. Casación:

Concordancia:

J840

N° 692-2016-Lima Norte (04/05/2017). Sala Penal Permanente. Fundamento 5 Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato

El presupuesto de prueba evidente para la incoación del proceso inme­ diato requiere que las diligencias de investigación sean válidas Lo central para que se dé por establecida la evidencia delictiva sería, en el pre­ sente caso, el hallazgo de los bienes robados en el carro conducido por el impu­ tado. Como quedó dicho, en el primer registro vehicular no se encontraron parte de los bienes robados a la agraviada. Recién, al producirse un segundo registro vehicular, es que se hallaron los bienes descritos en el acta de fojas treinta, que luego se devolvieron a la víctima. Empero, la diligencia no cumplió las exigencias legales que le confieren fiabilidad y eficacia procesal. No estuvo presente un abogado defensor, no se consignaron las razones por las cuales el primero no estuvo presente y el imputado no firmó el acta. La presencia de un abogado defensor, fuera de los supuestos de urgencia y peligro por la demora, es insustituible.

Casación: Concordancias:

388

N° 692-2016-Lima Norte (04/05/2017). Sala Penal Permanente. Fundamento 6 Art. 446 Supuestos de aplicación del proceso inmediato Art. 259 Flagrancia delictiva

PROCESO DE SEGURIDAD

CAP. 18

PROCESO DE SEGURIDAD La diferencia de objetos procesales entre el proceso de seguridad y 1J841 el proceso penal común no excluye su posterior transformación por incompatibilidad La discusión si el proceso común es diferente al proceso de seguridad no se puede responder en abstracto. Es claro que cambia su objeto jurídico: el proceso de seguridad discute no solo los hechos, aspecto en el que es idéntico al proceso común, sino la presencia del binomio peligrosidad/medida de seguridad; pero esta diferencia no lo hace necesariamente incompatible con el proceso común -comparte el cuadro matriz de las garantías de todo enjuiciamiento-, pues en este último proceso tras el juicio oral el Tribunal puede incluso imponer una medida de seguridad si se dan los presupuestos para ella y medió una discusión y debate sobre el particular, es decir, sí se cumplió el principio de contradicción -artículo 393, apartado 3), literal e), del NCPP-. Casación: Concordancia:

N° 16-2009-Huaura (12/03/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 9 Art. 458.1 Transformación a un proceso penal común

La transformación de un proceso de seguridad al proceso penal común J842 advertido en juicio oral no trae irremediablemente consigo la nulidad del juicio La particularidad del presente caso es que, precisamente, como lo manda el artículo 458.1 del NCPP, luego de la instalación del juicio oral de un proceso de seguridad se dictó un auto, ya firme, que transformó el proceso y lo derivó al pro­ ceso común, a partir del cual se reordenó la audiencia y se siguió íntegramente bajo sus reglas. Así las cosas, ¿la anulación del juicio por defecto estructural de la sentencia comprende esa resolución firme? La respuesta es negativa, en tanto en cuanto lo que se cuestionó no es esa premisa sino el resultado del juicio oral por proceso común: la sentencia. La nulidad no puede alcanzar a esa decisión pues el vicio declarado no la afecta. Casación: Concordancia:

N° 16-2009-Huaura (12/03/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 8 Art. 458.1 Transformación a un proceso penal común

389

18 J 843

LOS PROCESOS ESPECIALES

La transformación de un proceso de seguridad al proceso penal común solo autoriza a repetir las actuaciones especiales que se realizaron sin concurso del imputado La base común del rito del juicio oral para ambos procesos, cuando es el caso transformarlos, solo autoriza, de modo general, a repetir aquellas actuaciones especiales que en el caso del proceso de seguridad se realizaron sin el concurso del imputado por razones de salud. No debe empezarse de cero -no puede entenderse que las actuaciones previas son ineficaces procesalmente-, sino que debe continuar en lo que es compatible y repetir lo que se hizo ai margen del principio de bilateralidad y presencia efectiva del imputado. Casación: Concordancia:

J 844

N° 16-2009-Huaura (12/03/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 9 Art. 458.1 Transformación a un proceso penal común

El auto de transformación de proceso de seguridad a proceso penal común no genera cosa juzgada El nuevo juicio oral que realizará el Tribunal Penal de Primera instancia, en ios marcos amplios de la discusión procesal y de acuerdo a las pretensiones de las partes, podrá dilucidar ampliamente si son de aplicación los artículos 20.1 y 71 y siguientes del Código Penal. Es de recordar que el auto de transformación del proceso no causa estado, no genera cosa juzgada, por lo que a la luz del debate oral y de la discusión pericial -recuérdese que la etapa principal es el enjuicia­ miento- el Tribunal podrá muy bien optar por la decisión que considere arre­ glada a derecho. Casación: Concordancia:

N° 16-2009-Huaura (12/03/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 11 Art. 458.1 Transformación a un proceso penal común

EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA J845

La incorporación del tercero civilmente responsable en una apelación de sentencia anticipada es admisible legalmente En lo atinente al Tercero Civilmente Responsable es correcta la actuación del Superior Colegiado, pues al advertir la existencia de un tercero civil responsa­ ble, de acuerdo a la concordancia de lo dispuesto en los artículos noventa y tres y noventa y cinco del Código Penal -norma última que señala que la reparación será solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente responsables- incorporó a la Empresa (...) no solo porque por error involunta­ rio el Juez de la Investigación Preparatoria omitió pronunciarse al respecto, sino

EL PROCESO DETERMINACIÓN ANTICIPADA

también porque constituyó uno de los argumentos invocados por la agraviada en su escrito de fojas setenta y ocho (...). No existió indefensión material al incor­ porarlo como tal, y la necesidad de su concurrencia como obligado civil surge del artículo noventa y cinco del Código Penal. Casación;

Concordancia;

N° 37-2008-La Libertad (10/03/2010). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 6 Art. 468 Procedimiento

La terminación anticipada es un proceso especial y es una manifestación J846 de la justicia penal negociada (doctrina legal vinculante) La terminación anticipada es un proceso pena) especial y, además, una forma de simplificación procesal, que se sustenta en el principio del consenso. Es, además, uno de los exponentes de la justicia penal negociada. Acuerdo Plenario;

Concordancia:

N" 5-2009/CJ-l 16(13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 6 Art. 468 Normas de aplicación

La terminación anticipada consiste en el acuerdo sobre aceptación de la J847 responsabilidad penal por parte del imputado (doctrina legal vinculante) El proceso de terminación anticipada importa la aceptación de responsabilidad por parte del imputado respecto del hecho punible objeto del proceso penal y la posibilidad de negociación acerca de las circunstancias del hecho punible, la pena, la reparación civil y las consecuencias accesorias. Así fluye de lo dispuesto en el artículo 468.4 y 5 NCPP. Acuerdo Plenario;

Concordancia;

N° 5-2009/CJ-l 16(13/11 /2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal; fundamento 7 Art. 468 Normas de aplicación

El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas y la J848 audiencia preparatoria es privada (doctrina legal vinculante) El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas o fases, que va desde la calificación de la solicitud de terminación anticipada -sin que para ello o para la continuación del referido proceso corresponda realizar diligencia pre­ liminar alguna o tomar una declaración al imputado- (fase inicial), hasta la reali­ zación de la audiencia respectiva (fase principal) y la consecuente emisión de la decisión resolutoria correspondiente: auto desaprobatorio del acuerdo o senten­ cia anticipad (fase decisoria). Es claro, por lo demás, que audiencia preparatoria es privada, cuya justificación estriba en que es consecuencia del carácter de publi­ cidad relativa de la investigación preparatoria y constituye, desde la perspectiva

391

18

LOS PROCESOS ESPECIALES

del imputado, uno de los efectos benéficos de este proceso especial, quien apunta a que su caso no se ventile públicamente. Acuerdo Plenario: Concordancia:

J849

N° 5-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 468 Normas de aplicación

El conocimiento del imputado sobre los alcances y consecuencias del acuerdo es un requisito de procedencia (doctrina legal vinculante) Es condición de la realización de la citada audiencia que la solicitud de termina­ ción anticipada pase el examen judicial de admisibilidad y procedencia. Además, el Juez ha de revisar si el imputado tiene debido conocimiento de los alcances y consecuencia del acuerdo al que puede llegar -es, precisamente, el segundo paso de la audiencia, inmediatamente después de la presentación de los cargos por la Fiscalía- El consentimiento del imputado, visto el carácter dispositivo de la pretensión o los efectos que entraña, ha de ser libre, voluntario -sin presiones o amenazas-, informado, prestado con el auxilio de un abogado defensor, y con pleno conocimiento de lo que hace o deja de hacer y a lo que se somete una vez que acepta el acuerdo. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J850

N° 5-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 468 Normas de aplicación

El control de legalidad del acuerdo por parte del juez corresponde a la tipicidad, la legalidad de la pena y la suficiente actividad indiciarla (doc­ trina legal vinculante) A. El ámbito de la tipicidad o calificación jurídico-penal, en relación a los hechos objeto de la causa y a las circunstancias que rodean al hecho punible. B. El ámbito de la legalidad de la pena y, en su caso, a su correspondencia con los paráme­ tros, mínimo y máximo, que fluyen del tipo legal aplicado. También el juicio de legalidad alcanza al respeto de los ámbitos legalmente definidos de la reparación civil y de las consecuencias accesorias. C. La exigencia de una suficiente actividad indiciaría. Ello implica que las actuaciones o diligencias de la investigación permi­ tan concluir que existe base suficiente -probabilidad delictiva- (i) de la comisión de los hechos imputados y de su vinculación con el imputado, y (ii) que están presentes todos los presupuestos de la punibilidad y de la perseguibilidad. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 10 Art. 468 Normas de aplicación

EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA

CAR

El control de razonabilidad de la pena es aplicable también a la repara­ ción civil (doctrina legal vinculante) El control de la razonabilidad de la pena está centrado en el examen del quan­ tum de la pena y de la reparación civil objeto del acuerdo. El Juez ha de realizar una valoración que evite que se vulnere, por exceso o por defecto, el principio de proporcionalidad, se lesione la finalidad de la pena o se afecte indebidamente los derechos e intereses legítimos de la víctima. Por consiguiente, solo podrá recha­ zar el acuerdo si de modo palmario o evidente se estipule una pena o una repa­ ración civil evidentemente desproporcionada o que en el caso de la pena se lesione ostensiblemente el principio preventivo. Acuerdo Plenario: Concordancia:

N° 5-2009/CJ-l 16 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 11 Art. 468 Normas de aplicación

La desaprobación del acuerdo ante la inexistencia de la tipicidad de la J852 conducta atribuida al imputado (doctrina legal vinculante) Es claro, atento a lo expuesto, que el Juez debe desaprobar el acuerdo si advierte la inexistencia de los hechos, la atipicidad de la conducta atribuida u otra situa­ ción similar. Lo correcto en estos casos es que, rechazado el acuerdo, los cargos se diluciden en el proceso común. Es un contrasentido, en atención al ámbito del control jurisdiccional del acuerdo, que se busque una absolución o una deci­ sión que resuelva un objeto distinto al juicio sobre la validez y eficacia jurídica del acuerdo objeto de control jurisdiccional. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2009/CJ-l 16 (13/11/2009). Salas Penales Permanente yTransitoria. Doctrina legal: fundamento 12 Art. 468 Normas de aplicación

La determinación de la pena en la terminación anticipada debe aplicar J853 los criterios del Código Penal (doctrina legal vinculante) La determinación de la pena debe respetar los ámbitos legales referidos tanto a la configuración de la pena básica -definida como la configuración del marco penal establecido por el tipo legal y las diferentes normas que contienen las circunstan­ cias modificativas de la responsabilidad genéricas, sean agravantes y/o atenuan­ tes-, como al establecimiento de la pena concreta o final -que es el resultado de la aplicación de los factores de individualización estipulados en los artículos 45 y 46 del Código Penal, siempre dentro del marco penal fijado por la pena básica y a par­ tir de criterios referidos al grado de injusto y el grado de culpabilidad—, Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 5-2009/CJ-l 16 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 13 Art. 471 Reducción adicional acumulable

18

LOS PROCESOS ESPECIALES

El beneficio de reducción de pena corresponde a la pena concreta (doctrina legal vinculante) Ahora bien, la aplicación del beneficio de una reducción de una sexta parte se refiere a la pena concreta o final. Sobre esta, una vez definida, es que ha de ope­ rar la reducción en una sexta parte -es una pauta de disminución fija y automá­ tica, es decir, tasada-. El acuerdo podrá consignarla, pero en todo caso siempre diferenciándola de la pena concreta y final, del resultado final como consecuen­ cia del beneficio aludido, a efecto de que el Juez pueda definir con seguridad y acierto la realidad del beneficio premial y su exacta dimensión. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J855

N° 5-2009/CJ-116 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 14 Art. 471 Reducción adicional acumulable

Es procedente el recurso de apelación ante la sentencia aprobatoria del acuerdo por parte del juez (doctrina legal vinculante) No cabe duda de la pertinencia de la aplicación de la regla general del artículo 416.1. b) y e) NCPP, pues la desaprobación del acuerdo tiene como efecto la culminación del proceso de terminación anticipada y, además, causa un gra­ vamen irreparable porque cancela la vía consensuada y evita la aplicación del beneficio premial. Entender que no es así, por lo demás, vulneraría el derecho a la tutela jurisdiccional en la medida que uno de los elementos que integra su contenido constitucionalmente protegido es el acceso a los recursos legal­ mente previstos, así como infringiría el debido proceso en el ámbito del dere­ cho ai recurso -pluralidad de la instancia- respecto de las decisiones que cau­ san estado. Acuerdo Plenario:

Concordancia:

J856

N° 5-2009/CJ-116 (13/11 /2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 16 Art. 468 inc. 7 Normas de aplicación

La terminación anticipada en etapa intermedia vulnera el derecho de defensa de los demás sujetos procesales (doctrina legal vinculante) De lo expuesto en los párrafos anteriores se colige que la incorporación pretoriana de la terminación anticipada en la etapa intermedia afecta gravemente el principio estructural de contradicción procesal, reconocido en el artículo 1.1 del Título Preliminar NCPP, comprendido a su vez en la garantía de defensa proce­ sal reconocida en el artículo 139.14 de la Constitución, desarrollada en el artículo IX del Título Preliminar NCPP. El indicado principio y la garantía procesal aludida integran el Programa procesal penal de la Constitución, que podrían afectarse seriamente si se permite tan insólito proceder, ausente de base legislativa y sus-

EL PROCESO DETERMINACIÓN ANTICIPADA

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

CAR

N° 5-2009/CJ-l 16 (13/11/2009). Salas Penales Permanente y Transi­ toria. Doctrina legal: fundamento 21 Art. 468 Normas de aplicación

La discrepancia de la fiscalía superior respecto del acuerdo de termina­ J857 ción anticipada suscrito por el fiscal provincial no implica su invalidez automática El hecho de que el proceso de terminación anticipada se sustenta en el principio del consenso procesal en modo alguno trae consigo que si la Fiscalía Superior que conoce de la alzada expresa su disconformidad con la posición adoptada por la Fiscalía Provincial -como sucedió en el presente caso- automáticamente decae el acuerdo suscrito entre el Fiscal Provincial con el acusado y su defensa. El consenso expresado en el Acuerdo suscrito entre el Fiscal Provincial con el acu­ sado y su defensa no se elimina por la posición discrepante de la Fiscalía Superior, la cual solo puede solicitar la confirmatoria del auto recurrido y, en su caso, desistirse de la apelación del Fiscal Provincial. Casación: Concordancias:

N° 22-2010-Cusco (23/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 5 Art. 425 ¡nc. 4 Sentencia de segunda instancia Art. 431 Preparación y audiencia

Sentencias conformadas no pueden ser impugnadas ni por el imputado J858 ni por el fiscal (doctrina jurisprudencial vinculante) La norma únicamente habilita cuestionar el acuerdo, a "los demás sujetos pro­ cesales", estos son, el agraviado -actor civil-, o el tercero civilmente responsable, según corresponda; por lo que queda bloqueado el cuestionamiento del encau­ sado o del representante del Ministerio Público, quienes llegaron a un acuerdo aprobado por el Juez, con respecto del principio de legalidad; dicho parámetro ha sido abordado por el Acuerdo Plenario N° 05-2009 ya referido. Casación:

Concordancia:

N° 340-2011-Amazonas (09/05/2013). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial: fundamento 3.5 Art. 468 inc. 4 Normas de aplicación

No debe interpretarse la asistencia facultativa de la víctima en la audien­ J859 cia de terminación anticipada para omitir su notificación (doctrina juris­ prudencial vinculante) Debió citarse a la audiencia de terminación anticipada a la Procuraduría; por lo que no es correcto interpretar el artículo 468.4, de la norma procesal, como erró­ neamente lo han considerado las instancias ordinarias, que la ausencia del actor civil, cuya asistencia es facultativa, justifica la falta de notificación a la precitada

CAP.

18

LOS PROCESOS ESPECIALES

audiencia, pues son actos procesales distintos. La notificación a la instalación de la audiencia de terminación anticipada es obligatoria para todas las partes pro­ cesales, aun cuando el agraviado no se haya constituido en actor civil, al mar­ gen de si su presencia es facultativa, es decir, si no condiciona la actuación e ins­ talación de la audiencia, en virtud a que en la misma o previa a ella, dada en la etapa investigativa en la que se encuentra, esto es, en la oportunidad procesal pertinente. Casación:

Concordancia:

J860

N° 655-2015-Tumbes (27/07/2018). Sala Penal Permanente. Doc­ trina jurisprudencial vinculante: fundamento 26 Art. 468 ines. 3 y 4 Normas de aplicación

El agraviado debe ser notificado obligatoriamente para la audiencia de terminación anticipada del proceso Estrictamente, se debió proceder de conformidad con el artículo 468, inciso 3, del Código Procesal Penal, que señala "el requerimiento fiscal o la solicitud del imputado será puesta en conocimiento de todas las partes por el plazo de cinco días, quienes se pronunciarán acerca de la procedencia del proceso de termina­ ción anticipada y, en su caso, formular pretensiones". De lo que se colige, enton­ ces, que llevara cabo la Audiencia de Terminación Anticipada, sin haberse puesto en conocimiento de las partes el contenido del Acuerdo Provisional, produce que el sujeto del proceso se suma en un estado de indefensión insubsanable, y en el caso del agraviado de constituirse en actor civil como se ha señalado, además de no tener la posibilidad de formular la pretensión civil que crea conveniente y ape­ lar si no está conforme con el monto fijado. Casación:

Concordancia:

J861

N° 780-2015-Tumbes (06/10/2017). Sala Penal Transitoria. Conside­ randos 7 y 8 Art. 468 ines. 3 y 4 Normas de aplicación

No puede discutirse la procedencia de la terminación anticipada en una audiencia de prisión preventiva Que es patente la desnaturalización del proceso de terminación anticipada y, además, la vulneración de las garantías de tutela jurisdiccional y de defensa pro­ cesal en perjuicio de la Procuraduría Pública del Estado. Si media desistimiento del requerimiento de prisión preventiva, objeto de la diligencia, esta concluye definitivamente. No puede aprovecharse para realizar actos distintos del que fue su objeto. Casación: Concordancia:

396

N° 1503-2017-Tumbes (05/02/2019). Sala Penal Permanente. Fun­ damento 5 Art. 468 Normas de aplicación

CAPITULO 19 LA EJECUCIÓN Y LAS COSTAS LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA La pena de inhabilitación como pena restrictiva de derechos puede sus­ J862 penderse en caso de que exista impugnación (doctrina legal vinculante) Ello significa, entonces, que solo las sentencias que imponen penas privativas de libertad y restrictivas de libertad que consignan los artículos 29 y 30 del Código Penal -en adelante, CP- se cumplen provisionalmente pese a la interposición de un recurso impugnatorio contra ellas. Por tanto, si el condenado estuviera en libertad y se impone pena o medida de seguridad privativa de libertad de carác­ ter efectivo, el Juez Penal, interpuesto el recurso, según lo autoriza el artículo 402.2 NCPP, podrá optar por su inmediata ejecución o por imponer alguna res­ tricción de las previstas en el artículo 288 NCPP. A su turno, el Tribunal de Revi­ sión, en caso se hubiera optado por la inmediata ejecución de la pena impuesta, podrá suspenderla, atendiendo a las circunstancias del caso, según el artículo 418.2 NCPP. Tal efecto suspensivo concluirá cuando la sentencia queda firme.

Acuerdo Plenario:

Concordancia:

N° 10-2009/CJ-116(13/11 /2009). Salas Penales Permanente y Tran­ sitoria. Doctrina legal: fundamento 8 Art. 488 inc. 1 Derechos de los sujetos procesales

El proceso de ejecución está bajo la dirección del juez de la investigación J863 preparatoria y no del Ministerio Público Que el proceso penal de ejecución, como corresponde a su naturaleza jurisdic­ cional, está bajo la dirección del órgano jurisdiccional (...). El Poder Judicial no puede renunciar a este ámbito del proceso penal, destinado precisamente a la realización judicial de las consecuencias jurídicas, civiles y penales, establecidas en la sentencia firme que se erige en título de ejecución -dar cumplimiento al mandato establecido en la sentencia- y la forma como interviene en este tipo de proceso es la trazada por la Ley ordinaria.

397

LA EJECUCIÓN Y LAS COSTAS

Casación: Concordancia:

J864

N° 79-2009-Piura (17/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Art. 489 inc. 2 Ejecución penal

El proceso penal de ejecución requiere de control Jurisdiccional en aten­ ción al principio de legalidad penal y tutela jurisdiccional efectiva Que el proceso penal de ejecución, como corresponde a su naturaleza jurisdic­ cional, está bajo la dirección del órgano jurisdiccional. La ejecución de lo juzgado integra la potestad jurisdiccional, de suerte que, conforme a la garantía de ejecu­ ción, que integra el principio de legalidad penal (...) que traduce la idea de con­ trol judicial de su cumplimiento. Ello es así en cumplimiento de la garantía judicial de tutela jurisdiccional efectiva, que impone la existencia de un control jurisdic­ cional sobre toda la fase de ejecución en atención a los derechos e intereses legí­ timos que pueden ser afectados. El Poder Judicial no puede renunciar a este ámbito del proceso penal, destinado precisamente a la realización judicial de las consecuencias jurídicas, civiles y penales, establecidas en la sentencia firme que se erige en título de ejecución y la forma como interviene en este tipo de pro­ ceso es la trazada por la Ley ordinaria.

Casación: Concordancias:

J865

N° 79-2009-Piura (17/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 2 Art. 29 Competencia del juez de investigación preparatoria Art. 489 inc. 2 Ejecución penal

La competencia funcional genérica del juez de investigación preparato­ ria en materia de ejecución emana de la norma procesal penal Que, como regla general, conforme al artículo 29, apartado cuatro, del nuevo Código Procesal Penal, corresponde al Juez de la Investigación Preparatoria con­ ducir la ejecución de la sentencia. Esta competencia funcional genérica ha sido ratificada por el artículo 489 del citado Código, que impone al citado Juez la atribución de practicar las diligencias necesarias para la ejecución de las san­ ciones penales. Diferentes incidentes de ejecución, fuera de ios previstos para el Juez de la Investigación Preparatoria -cuyo trámite está expresamente regu­ lado-, están encargados a ios Juzgados Penales, sean unipersonales como cole­ giados, conforme a lo dispuesto por el artículo 28, apartados cuatro y cinco, del nuevo Código Procesal Penal, concordante con el artículo 491, apartados cuatro y cinco, del indicado Estatuto Procesal.

Casación: Concordancias:

N° 79-2009-Piura (17/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Art. 29 Competencia del juez de investigación preparatoria Art. 489 inc. 2 Ejecución penal

LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

CAR

El fiscal en la ejecución de sentencia solo puede instar la supervisión y control para la correcta aplicación de la ley El control a que se refiere el precepto analizado es de carácter externo. El Fiscal, por su condición de guardián de la legalidad y titular de la acción penal, tiene injerencia para instar -pedir imperiosamente- medidas de supervisión y control, así como para formular requerimientos en orden a la correcta aplicación de la ley (...) como es obvio, solo insta, esto es, urge la pronta ejecución de una medida determinada, quien es ajeno a la potestad jurisdiccional y, precisamente, la soli­ citud que corresponda se formula ante el Juez que tiene la competencia funcio­ nal que le es propia. Casación;

Concordancias:

N° 79-2009-Piura (17/09/2010). Sala Penal Permanente. Funda­ mento 3 Art. 29 Competencia del juez de investigación preparatoria Art. 489 inc. 2 Ejecución penal

Es función del juez de investigación preparatoria y no del Ministerio Público dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas al senten­ ciado (doctrina Jurisprudencial vinculante) No es correcto determinar que el Ministerio Público sea el encargado de dar cum­ plimiento a las reglas de conducta impuestas en una sentencia condenatoria, pues como lo dispone el artículo cuatrocientos ochenta y ocho del Código Procesal Penal, el Ministerio Público es quien realiza el control de la ejecución de las san­ ciones; siendo así, debe ejercer vigilancia sobre dicho cumplimiento conforme a sus atribuciones; contrarío sensu, el Juez de la investigación preparatoria es quien tiene competencia para ejecutar el cumplimiento de las reglas de conducta, esta­ blecido en el inciso cuarto del artículo veintinueve del Código adjetivo. Casación: Concordancia:

N° 116-2010-Cusco (05/05/2011). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 9 Art. 489 inc. 2 Ejecución penal

El fiscal no puede ejecutar la sentencia impuesta, solo puede instar medidas de supervisión y control externo de la sentencia (criterio jurisprudencial) El Fiscal por su condición de "Guardián de la Legalidad" y titular de la acción penal tiene injerencia para instar -pedir imperiosamente- medidas de supervisión y con­ trol, así como para formular requerimientos en orden a la correcta aplicación de la ley -facultad que a su vez debe concordarse, en lo pertinente, con la Ley Orgánica del Ministerio Público, específicamente el artículo noventa y cinco, incisos ocho y nueve-. Solo insta, esto es, urge la pronta ejecución de una medida determinada quien es ajeno a la potestad jurisdiccional y, precisamente la solicitud que corres­ ponda se formula ante el Juez que tiene la competencia funcional que le es propia.

IB

LA EJECUCIÓN Y LAS COSTAS

Casación: Concordancia:

J869

N° 118-2010-Cusco (05/05/2011). Sala Penal Permanente. Criterio jurisprudencial: fundamento 3 Art. 489 inc. 2 Ejecución penal

Se confirma el criterio jurisprudencial de establecer como competencia funcional genérica que al Juez de investigación preparatoria le corres­ ponde ejecutar la sentencia (criterio Jurisprudencial) Sobre el particular existe una sentencia casatoria que interpretó y esclareció esta controversia, esto es, ¿quién se encargaba del control y quién de la ejecución de la sentencia?; en tal sentido, se citó como regla general el artículo veintinueve, apartado cuatro del nuevo Código Procesal Penal que dispone "(...) que corres­ ponde al Juez de la Investigación Preparatoria conducir la ejecución de la sen­ tencia. Esta competencia funcional genérica ha sido ratificada por el artículo cua­ trocientos ochenta y nueve del citado código, que impone al Juez la atribución de practicar las diligencias necesarias para la ejecución de las sanciones penales. Casación:

Concordancia:

J870

N° 120-2010-Cusco (05/05/2011). Sala Penal Permanente. Criterio jurisprudencial: fundamento 4 Art. 489 inc. 2 Ejecución penal

Condenados deben concurrir a la sede del Juzgado y no del Ministerio Público para informar sus actividades y firmar el libro de control respec­ tivo (criterio Jurisprudencial vinculante) Que, en cuanto a la diferencia subsistente entre los términos control y ejecución a que se refiere el artículo cuatrocientos ochenta y ocho del Código Procesal Penal, debe entenderse, en el primer caso, como comprobar el cumplimiento de las sanciones penales, fiscalizar las mismas e intervenir para exigir su cumplimiento total; contrariamente a ello, cuando se hace referencia a la "ejecución" de la san­ ción penal, significa llevar a la práctica o realizar una orden, cumplir una orden en virtud del mandato judicial; por lo tanto, es estay no otra la interpretación que se debe brindar a los términos en comentario, no existiendo ninguna variación en el órgano encargado de la ejecución de sentencia como erróneamente lo men­ ciona la Sala Penal de Apelaciones del Cusco, al sostener que ahora, en el nuevo Código Procesal Penal, correspondería al Ministerio Público ser el órgano donde debería comparecer el sentenciado a justificar sus actividades y firmar el libro res­ pectivo de control. Casación: Concordancias:

N° 120-2010-Cusco (05/05/2011). Sala Penal Permanente. Criterio jurisprudencial vinculante: fundamento 6 Art. 489 Ejecución penal Art. 491 inc. 4 Incidentes de modificación de la sentencia

CAPITULO 20 LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL PRECEPTOS GENERALES Los jueces deben valorar la documentación remitida vía cooperación J871 judicial internacional si cumple con los requisitos establecidos (doctrina jurisprudencial vinculante) En dicho orden de ¡deas, no resulta arreglado a ley que en este caso, no se haya merituado dicha información (alcanzada por la Dirección Regional de Aduana de Iquique-Chile, mediante Oficio N° 1731, del 30 de noviembre de 2007, que da cuenta que la mercadería materia de importación a nuestro país por parte del imputado, tiene como país declarado de origen China Popular y no Malasia) por considerarla de carácter administrativa, cuando existe normativa expresa y con­ creta que viabiliza el intercambio de información entre las autoridades aduane­ ras (de Perú y Chile) para la investigación e incluso procesamiento judicial de un caso concreto. Casación: Concordancia:

N° 385-2012-Tacna (25/06/2014). Sala Penal Permanente. Doctrina jurisprudencial vinculante: fundamento 7 Art. 508 inc. 2 Costas en causas y sobreseimientos de causas

401

INDICE GENERAL 5

ESTUDIO INTRODUCTORIO,

CAPÍTULO 1 PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL LA JUSTICIA PENAL I JOOl

J002

' JOOS

J004

JOOS

J006 J007 JOOS

La finalidad del proceso penal es la solución del conflicto en el marco de un debido proceso.........................................................................................

9

El principio de legalidad procesal es integrante del debido proceso y esta­ blece que los principios procesales son derivados de la Constitución y el propio Código................................................................................................

9

El debido proceso es una garantía general que dota de rango constitucio­ nal a todas aquellas garantías específicas no reconocidas expresamente en la Constitución..............................................................................................................

10

El principio de seguridad jurídica es una garantía de todo el ordenamiento jurídico............... .............................................................................................

10

El principio de gratuidad en la administración de justicia procura salva­ guardar la igualdad entre las partes y la igualdad de armas (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

10

Constituye una afectación al debido proceso cuando el proceso se realiza por jueces y fiscales sin rostro........................................................................

11

Debe reducirse la pena del condenado si su proceso duró más de lo debido.............................................................................................................

11

Expedición de copias de la carpeta fiscal es gratuita si se acredita escasos recursos del beneficiario................................................................................

11

ÍNDICE GENERAL

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

J009

La garantía de la presunción de inocencia implica que solo se puede condenar con la existencia de pruebas vinculadas referidas a los hechos objeto de imputación.....................................................................................

12

Corresponde a los tribunales de mérito -primera y segunda instancias- la valoración de la presunción de inocencia.....................................................

12

Principio del in dubio pro reo opera en el área de valoración de la prueba y no es susceptible de control casatorio...........................................................

13

Cuando existe equilibrio entre pruebas de cargo y descargo es de aplica­ ción el principio del in dubio pro reo..............................................................

13

J013

El principio del in dubio pro reo es una norma de interpretación.................

14

J014

Presunción de inocencia y principio in dubio pro reo inciden en la valora­ ción probatoria del juez.................................................................................

14

J 015

Examen de la presunción de inocencia importa un triple control..............

14

J016

Se considera insuficiencia probatoria cuando no se logre demostrar todo lo que se imputa..............................................................................................

14

Si las pruebas de cargo y de descargo guardan equilibrio, debe aplicarse el principio in dubio pro reo.................................................................................

15

J 010 J 011

J012

J 017

NEBISINIDEA/I

J018

El principio de ne bis in Ídem es aplicable también a los autos que ponen fin al proceso........................................................................................................

15

J019

El principio del ne bis in idem tiene mayor amplitud que la cosa juzgada....

15

J020

No se pueden aplicar múltiples normas sancionadoras a una misma persona o enjuiciarla por el mismo hecho que cuenta con cosa juzgada ...........................................................................................................

16

J021

El principio de imputación necesaria requiere una verificación de los ele­ mentos y los presupuestos de la imputación penal por el órgano jurisdic­ cional...............................................................................................................

16

J022

El principio acusatorio le otorga la atribución al Ministerio Público para acusar..............................................................................................................

17

Juez pierde la imparcialidad al anular un fallo con el pretexto de continuar la búsqueda de la verdad...............................................................................

17

J023

ÍNDICE GENERAL

COMPETENCIA JUDICIAL J024

Las normas de competencia son un presupuesto procesal de la garantía procesal del juez legal (precedente vinculante)...........................................

17

J025

Juez penal tiene control de legalidad sobre el ejercicio de la acción penal

18

J026

Derecho a ser juzgado por un juez o tribunal independiente e imparcial...

18

ULTRAACTIVIDAD BENIGNA PROCESAL J027

El principio de ultraactividad favorable al reo está vinculada a la norma penal y no procesal........................................................................................

19

LEGITIMIDAD DE LA PRUEBA

J028

La prueba irregulares una modalidad de la prueba ilícita..........................

19

J029

La comunicación entre dos personas no es prueba ilícita si se cumplen los requisitos necesarios.....................................................................................

19

La prueba prohibida garantiza a las personas que el medio probatorio obtenido mediante la vulneración de algún derecho fundamental sea excluido..........................................................................................................

20

Ausencia del fiscal resta credibilidad a la diligencia y la autorización judicial............................................................................................................

21

J030

J031

DERECHO DE DEFENSA JO32

El derecho de defensa se efectiviza a través de un proceso dialéctico, por el cual la sospecha es sometida a debate inculpatorio y exculpatorio.......

21

JO33

El derecho de defensa es un derecho-regla de la tutela procesal efectiva...

21

J034

La parte civil no goza del derecho de defensa..............................................

22

JO35

Afectación de la garantía genérica de la tutela jurisdiccional y la garantía de defensa procesal cuando hay falta de actuación probatoria..................

22

La garantía de la defensa procesal se afecta cuando no existe conexión lógica jurídica entre hechos y una relación de evidencias..........................

22

Omisión de valorar motivadamente las pruebas aportadas por las partes vulnera el derecho a la prueba y el debido proceso.....................................

23

El derecho a la prueba comprende el ofrecer los medios probatorios perti­ nentes (doctrina jurisprudencial vinculante)...............................................

23

JO36 JO37

J038

405

ÍNDICE GENERAL

J 039

El derecho a la prueba exige que el juez valore las pruebas ofrecidas (doctrina legal vinculante)............................................................................

24

No se vulnera el derecho de defensa si se deniega la participación del abo­ gado interconsulta por no ser asociado del estudio jurídico que patroci­ naba al procesado..........................................................................................

24

J041

Se vulnera el derecho de defensa por una notificación omitida o errónea.

24

J042

Existe vulneración al derecho de defensa si no se permite al imputado con­ ferenciar con su abogado...............................................................................

25

J043

El derecho de defensa en su vertiente de ofrecer medios probatorios no puede ser restringido por incumplimiento parcial de una formalidad........

25

Se vulnera el derecho de defensa cuando no se corre traslado la impugna­ ción del Ministerio Público.............................................................................

26

Se debe garantizar el derecho a la prueba pertinente si ha sido ofrecida conforme a las formalidades y el momento procesal...................................

26

El tiempo para preparar la defensa es razonable tratándose de un medio de prueba conocido por el abogado defensor.............................................

26

El imputado no puede ser obligado a declarar contra sí mismo (doctrina legal vinculante)................................................................................................................

27

Derecho de no declarar contra sí mismo entronca en una de las manifesta­ ciones más claras del derecho a la presunción de inocencia.......................

27

J040

J044

J045 J046 J047

J048

CAPÍTULO! LA ACCIÓN PENAL ASPECTOS GENERALES

J049

A través de la acción penal se garantiza una función acusadora imparcial y objetiva...........................................................................................................

29

J050

En los delitos en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar no es de aplicación el principio de oportunidad (doctrina legal vinculante)....

29

Para que proceda el principio de oportunidad debe existir un mínimo aná­ lisis por parte del órgano jurisdiccional........................................................

30

La acusación materializa el principio de imputación necesaria..................

30

J051

J052

C c-V:

■■

ÍNDICE GENERAL

CUESTIÓN PREVIA J053

La identificación del imputado como presupuesto procesal de la imputa­ ción penal requiere la información que señala el Código Civil (precedente vinculante)......................................................................................................

31

La ausencia de la inscripción de una persona en el Reniec solo es un dato indiciarlo para la identificación del imputado (precedente vinculante)....

31

La cuestión previa no es procedente ante la inexistencia de registro en el Reniec o precisión de su número de documento nacional de identidad (precedente vinculante)................................................................................

32

La Superintendencia debe emitir informe técnico sobre el objeto del pro­ ceso penal que se interponga contra una empresa del sistema financiero.

32

La cuestión prejudicial actúa ante la necesidad de determinar el carácter delictuoso del hecho en la vía extrapenal....................................................

33

Cuestión prejudicial es operante cuando se necesita una declaración extrapenal......................................................................................................

33

El juez al evaluar la procedencia de una excepción de improcedencia de acción solo debe analizar los hechos contenidos en la imputación formal.

33

No es un presupuesto que la excepción de Improcedencia de acción sea interpuesta por el imputado si previamente se incorpora a la persona jurí­ dica que representa (doctrina legal vinculante)..........................................

34

En la correspondencia jurídica de la Identificación del objeto táctico se exige el hecho considerado por el fiscal o por el que emerge con claridad de la evidencia...................................................................................................

34

EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA

J064

La cosa juzgada tiene una eficacia negativa que se remite a la regla esta­ blecida en el Código Penal (precedente vinculante)...................................

35

Los autos de sobreseimiento también tienen calidad de cosa juzgada según las reglas del Código Penal (precedente vinculante)........................

35

La cosa juzgada establece como su límite subjetivo la misma identidad del condenado y no del acusador (precedente vinculante)..............................

35

ÍNDICE GENERAL

J065

La cosa juzgada en su límite objetivo requiere que se trate de un mismo hecho y en calificaciones jurídicas homogéneas (precedente vinculante)..

36

J066

Límites objetivos de la cosa juzgada es la triple identidad..........................

36

J067

Cosa juzgada civil se extiende por excepción erga ommes a sujetos no litigantes.........................................................................................................

36

OPORTUNIDAD ¥ TRÁMITE DE LOS MEDIOS DE DEFENSA J068

Vicio procesal que advierta el juez y se refiera a un medio de defensa queda sujeto al criterio del órgano jurisdiccional, ello no lo exime o libera de motivar su decisión....................................................................................

37

CAPÍTULO 3 LA ACCIÓN CIVIL J069

El fundamento de la denominada "responsabilidad civil exdelicto’'\o cons­ tituye el menoscabo material o moral producido por la actuación ilícita (doctrina legal vinculante).............................................................................

39

La acción penal y la acción civil derivadas del hecho delictivo tienen una indudable autonomía (doctrina legal vinculante)........................................

39

J 071

El perjudicado por el delito tiene la potestad, indistinta, de incoar la acción civil en el proceso penal o recurrir al proceso civil (doctrina legal vincu­ lante)................................................................................................................

40

J072

Ejercicio de la acción civil ex delicio es autónomo respecto de la acción penal (doctrina legal vinculante)...................................................................

40

En caso de sobreseimiento, el fiscal debe pronunciarse sobre la reparación civil (doctrina legal vinculante)......................................................................

41

De manera excepcional el ejercicio de la acción civil derivada del hecho punible corresponde al Ministerio Público...................................................

41

J075

Para fijar la reparación civil no es obstáculo que el Código Procesal Penal contenga reglas más precisas (doctrina legal vinculante)............................

42

J076

La admisión y procedencia de la pretensión civil corresponden al juez de la investigación preparatoria y su fundabilidad, al juez penal (doctrinal legal vinculante)................................................................. ......................................

43

Al emitirse una sentencia penal condenatoria firme, el derecho a solicitar el pago de la reparación civil por la parte agraviada no se canaliza a través de una acción (doctrina legal vinculante)......................................................

43

J070

J073 J074

J077

ÍNDICE GENERAL

J078

La caducidad del pago de la reparación civil no está regulada en el proceso penal ordinario ni el Código Procesal Penal (doctrina legal vinculante).....

44

El órgano jurisdiccional puede pronunciarse sobre la acción civil incluso cuando exista sobreseimiento o sentencia absolutoria (doctrina legal).....

44

J080

Absolución del acusado no impide imponerle una reparación civil............

44

J 081

Reparación civil debe fijarse en la sentencia absolutoria.............................

45

J079

CAPÍTULO 4 JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA COMPETENCIA

J082

La competencia involucra aspectos legales..................................................

47

J083

Es competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema conocer los recur­ sos de casación interpuestos contra las sentencias de autos expedidos en segunda instancia..........................................................................................

47

J084

Dirección del órgano jurisdiccional de la ejecución de sentencias.............

48

JO85

La transferencia de competencia penal es una excepción a la regla de que el delito debe investigarse y juzgarse en el lugar donde se cometió..........

48

Sala Penal Superior resuelve la contienda de competencia por inhibición.

49

J086

LA INHIBICIÓN

J087 J088 J089 J090 J091

Los Integrantes del Tribunal Superior no pueden Impugnar una resolución de inhibición por no ser parte ni terceros legitimados en un proceso.......

49

La intervención anterior de un juez supremo que anula una absolución no constituye causal para su posterior inhibición.............................................

50

La garantía de Imparcialidad conforme a la jurisprudencia supranacional abarca las dimensiones subjetiva y objetiva................................................

50

Garantía de imparcialidad impide que el tribunal que anuló un auto de sobreseimiento emita sentencia condenatoria en el mismo proceso.........

50

La inhibición constituye el apartamiento voluntario que realiza el juez al conocimiento de un proceso.........................................................................

51

409

ÍNDICE GENERAL

RECUSACIÓN J092

La recusación es una institución procesal que garantiza la imparcialidad judicial (doctrina legal)...................................................................................

51

La imparcialidad tiene la dimensión subjetiva relativa a la formación de la convicción personal del juez y objetiva que son las garantías que deben ofrecer el órgano jurisdiccional (doctrina legal)............................................

52

La duda en la imparcialidad del juzgador debe justificarse objetivamente (doctrina legal)................................................................................................

52

No basta las meras presunciones de imparcialidad, sino que debe acredi­ tarse con indicios objetivos y razonables (doctrina legal)............................

52

El grado de acreditación de la parcialidad del juzgador es la verosimilitud (doctrina legal)................................................................................................

53

El solo hecho de que el juez haya resuelto incidentes anteriores no es cau­ sal de duda de parcialidad..............................................................................

53

Se vulnerará el principio de imparcialidad si los jueces resolvieron una acción de garantía constitucional a favor de los acusados..........................

53

Si un integrante de la Sala Penal de Apelaciones declara la inadmisibilidad de un recurso, no es causal de recusación.....................................................

54

La contaminación procesal como motivo de recusación requiere condicio­ nes en el juez que generen prejuicios...........................................................

54

Es posible recusar al juez por haber resuelto anteriormente un caso conexo en otro proceso penal.....................................................................................

55

J W2

El fijar con celeridad el inicio de juicio oral no afecta el derecho a la impar­ cialidad de ios jueces competentes...............................................................

55

J 103

La interposición de la recusación en segunda instancia debe realizarse en el plazo de tres días (doctrina legal vinculante)...........................................

55

La sola demora en la expedición de copias a los justiciables no puede ser considerada causal de recusación.................................................................

56

Los cuestionamientos sobre resoluciones judiciales que decidan medidas de coerción personal no acreditan duda sobre la imparcialidad.................

56

J106

Contaminación procesal Influye en la calificación y la culpabilidad de los presuntos autores...........................................................................................

56

J 107

La recusación es un derecho de las partes procesales con la cual solicita el apartamiento del conocimiento de los jueces en quienes se vea afectada la imparcialidad...............................................................................................

57

J093

J094

J095 J096

J097 J098 J099

J100

J 101

J 104

J105

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 5 SUJETOS PROCESALES MINISTERIO PÚBLICO

J 108 J 109

j no j ni

J112

J113

J114

J115

J116

J117

J 118 J119

J120

Formalizar denuncia o emitir acusación fiscal, en principio, no constituyen medidas que en sí mismas restrinjan la libertad personal..........................

59

El ejercicio de la acción penal y la formulación de una pretensión punitiva son prerrogativas ejercidas a instancia privativa del Ministerio Público....

60

Ministerio Público vigila e interviene en la investigación del delito desde la etapa policial..................................................................................................

61

Por el principio acusatorio corresponde a la Fiscalía investigar, inculpar for­ malmente al imputado, acusar y sostener la acusación...............................

61

Diligencias policiales sin participación de la Fiscalía no tienen solvencia probatoria.......................................................................................................

62

La finalidad de la audiencia de tutela es ejercer control jurisdiccional sobre el respeto de los derechos o las garantías del imputado (doctrina legal)....

62

La tutela de derechos es residual ante la inexistencia de una vía indepen­ diente para cuestionar disposiciones o requerimientos que vulneren dere­ chos 0 garantías (doctrina legal)...................................................................

62

El juez se encuentra legitimado para realizar un examen de admisibilidad de la solicitud de tutela de derechos (doctrina legal)..................................

63

Si se advierte por la tutela de derechos que los actos de investigación han vulnerado derechos o garantías constitucionales, pueden ser excluidos (doctrina legal)...............................................................................................

63

Se puede excluir material probatorio obtenido ilícitamente vía audiencia de tutela de derechos (doctrina legal)..........................................................

64

La audiencia de tutela solo puede hacerse efectiva en las diligencias preli­ minares y la investigación preparatoria (doctrina legal)..............................

64

La audiencia de tutela procede ante vulneración de derechos y garantías constitucionales en las diligencias preliminares o la investigación prepara­ toria.................................................................................................................

64

La ejecución de las resoluciones judiciales no es derecho amparadle vía audiencia de tutela de derechos...................................................................

65

Indice GENERAL

J121

La audiencia de tutela de derechos no es procedente en caso se haya dado por concluida la etapa de investigación preparatoria..................................

65

J122

Los órganos jurisdiccionales no pueden incorporar nuevos derechos que puedan ser objetos de tutela.........................................................................

65

J 123

La contumacia y la ausencia constituyen instituciones que influyen en la intensificación de medidas de coerción personales (precedente vincu­ lante)................................................................................................................

66

La declaración de contumacia o ausencia implica la detención del proce­ sado (precedente vinculante)........................................................................

66

J125

La contumacia significa un apartamiento voluntario del procesado (prece­ dente vinculante)............................................................................................

67

J 126

El órgano jurisdiccional para determinar la contumacia debe examinar el correcto emplazamiento (precedente vinculante)........................................

67

J127

Para la contumacia debe determinarse la persistencia en la incomparecen­ cia (precedente vinculante)...........................................................................

67

J 128

La declaración de ausencia no puede justificar la restricción de ejercer el derecho a la prueba (precedente vinculante)........ ......................................

67

J124

LAS PERSONAS JURÍDICAS

J 129

Las consecuencias accesorias deben aplicarse en el proceso penal con­ forme a las garantías constitucionales (doctrina legal)................................

68

J130

Derecho a no ser condenado en ausencia constituye una garantía típica...

68

J131

Valoración de la declaración del imputado...................................................

69

J132

Declaración de un coimputado.....................................................................

69

J133

La incorporación de la persona jurídica al proceso penal puede ser para afrontar responsabilidades de la pretensión penal o civil (doctrina legal)................................................................................................................

69

El requisito esencial para la incorporación de la persona jurídica es ser plausible de aplicársele las consecuencias accesorias (doctrina legal)........

70

Se establece como requisito para la Incorporación de la persona jurídica que sea postulada antes de culminadas las Investigaciones (doctrina legal)..............................................................................................................

70

J 136

La solicitud de incorporación de la persona jurídica debe contener su identificación, su domicilio, la precisión circunstanciada de los hechos y la cadena de atribución (doctrina legal)...........................................................

70

J137

Incorporación de personas jurídicas al proceso penal exige verificar la apli­ cación potencial de consecuencias accesorias contra ellas.........................

71

J134

J135

ÍNDICE GENERAL

La persona jurídica puede ejercer todas sus facultades cuando sea debida­ mente incorporada al proceso (doctrina legal vinculante).........................

71

EL ACTOR CIVIL

J139

El actor civil es el agraviado o el sujeto pasivo del delito que ha sufrido el daño indemnizable (doctrina legal)..............................................................

72

Persona jurídica constituida al proceso como tercero civilmente respon­ sable ...............................................................................................................

72

El actor civil tiene facultades para aportar elementos que acrediten y aseguren el pago de la reparación civil (doctrina legal)...............................

72

Para la constitución de actor civil se requiere la individualización del tipo y el alcance del daño sufrido (doctrina legal)..................................................

73

La oportunidad de constitución de actor civil es luego de emitirse la dispo­ sición de formallzación de Investigación preparatoria (doctrina legal).......

73

Procede la constitución en actor civil hasta antes de que el fiscal emita la disposición de conclusión de la Investigación preparatoria (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

74

La constitución de actor civil debe realizarse en una audiencia que garan­ tice el principio de contradicción (doctrina legal)........................................

74

La audiencia de constitución de actor civil se realiza en todos los casos y no solo frente a una oposición de una parte procesal (doctrina legal).......

74

La concurrencia de procuradores en un mismo proceso penal, en repre­ sentación de Intereses públicos (doctrina legal)..........................................

75

La apelación interpuesta del actor civil respecto a la absolución del impu­ tado no es procedente si el fiscal superior expresa conformidad con el fallo (doctrina legal vinculante)............................................................................

75

El actor civil tiene los mismos derechos que le asisten al agraviado (doc­ trina legal vinculante)...................................................................................

76

La Procuraduría Pública se encuentra legitimada para representar al Estado como actor civil (doctrina legal vinculante).....................................

76

J151

El Ministerio Público no puede asumir la condición de actor civil en casos de delitos cuyo agraviado sea la sociedad (doctrina legal vinculante).......

76

J152

Procuradores deben sustituir a los fiscales en los procesos donde se consi­ deraba como agraviada a la sociedad (doctrina legal vinculante).............

11

J153

Agraviado es aquel que resulta directamente afectado por un delito........

11

J154

El actor civil es una Institución que ha generado interpretaciones contra­ dictorias...........................................................................................................

11

J 140

J 141 J 142

J 143 J144

J145

J146

J147 J 148

J149

J 150

__ 413

ÍNDICE GENERAL

EL QUERELLANTE PARTICULAR J 155

Intervención del fiscal en delitos privados....................................................

78

J156

Se puede incorporar al tercero civilmente responsable hasta antes de la conclusión formal de la investigación preparatoria......................................

78

Para incorporar como tercero civil responsable se requiere de subor­ dinación...........................................................................................................

79

No existe norma que excluya a las instituciones públicas de la calidad de terceros civilmente responsables..................................................................

79

La conducta procesal omisiva del operador judicial no puede afectar al agraviado en su pretensión de ser resarcido................................................

79

J157

J 158 J 159

CAPÍTULO 6 LAS ACTUACIONES PROCESALES J 160

Es necesario que las resoluciones emitidas en las incidencias (autos) estén íntegramente documentadas por escrito (doctrina legal vinculante)........

81

iiiiiüiiiii J 161

El Estado debe garantizar a las personas analfabetas un proceso en mejo­ res condiciones para que puedan exigir de manera efectiva el respeto de sus derechos....................................................................................................

81

J 162

La utilización del sistema de videoconferencia constituye un instrumento tecnológico que coadyuva a los fines del proceso, pero debe ser excep­ cional................................................................................................................

82

lili

El dejar incontestada la pretensión penal constituye la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones fiscales....................................

83

La resolución oral emitida en audiencia preliminar que no sea juicio oral debe ser dictada antes de finalizar la audiencia (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

84

iiii

ÍNDICE GENERAL

J 165 J 166

J 167

J 168 J 169

J 170

Se precisan los tipos de resoluciones judiciales establecidos en el Código Procesal Penal (doctrina legal vinculante)....................................................

84

Solo los justiciables de escasos recursos están exonerados de pagar tasas judiciales por la expedición de copias simples o certificadas (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

84

La motivación de los pronunciamientos del Ministerio Público es exigible en caso de peticiones, impugnaciones o requerimientos, mas no en ratifi­ cación de sobreseimiento (doctrina legal vinculante).................................

85

La integración o la adición del fallo debe solicitarse dentro de los plazos legales.............................................................................................................

85

Error material subsanable no genera Indefensión en el encausado ni vul­ neración de la debida motivación................................................................

85

El fiscal tiene la facultad de solicitar la conducción compulsiva en casos concretos (doctrina legal vinculante)...........................................................

86

LAS NOTIFICACIONES Y LAS CITACIONES

J 171 J172

J173 J174 J175

La citación como acto procesal le corresponde al órgano estatal encar­ gado de dirigir la etapa correspondiente (doctrina legal vinculante)........

86

No es correcta la interpretación que señala que la obligación de citar a tes­ tigos o peritos le corresponde a la parte procesal que los ofreció (doctrina legal vinculante)............................................................................................

87

Los fiscales tienen la obligación de citar a testigos, peritos e intérpretes en la investigación preparatoria (doctrina legal vinculante)............................

87

La notificación judicial se realiza para salvaguardar el derecho de defensa del imputado (doctrina legal vinculante).....................................................

87

Actos procesales deben tener como requisito de validez la notificación judicial.............................................................................................................

88

iiliiiiü J176 J177

J 178

La nulidad debe encuadrarse dentro de alguno de los supuestos corres­ pondientes a las nulidades absoluta o relativa.............................................

88

La taxatividad de las nulidades procesales no limita el poder nulificante de los órganos jurisdiccionales frente a vulneraciones de garantías supremas

89

La nulidad se produce siempre y cuando adolezca de una circunstancia esencial fijada en la ley de procedimiento como absolutamente indispen­ sable para que el acto produzca sus efectos normales.................................

89

ÍNDICE GENERAL

J 179

Las inobservancias de las normas procesales sancionadas con nulidad deben precisarse en el recurso anulatorio....................................................

90

CAPÍTULO 7 LA PRUEBA VALORACIÓN DE LA PRUEBA

J 180

Las omisiones en la apreciación de los hechos no necesariamente Implican la nulidad de la sentencia...............................................................................

91

La valoración de la prueba debe seguir las lógicas de actuación en casos de estructuras de organización criminal.......................................................

91

Se precisa el estándar o el grado de convicción para diversos estadios del proceso penal (doctrina legal vinculante)....................................................

92

J 183

Las máximas de experiencia admiten prueba en contrario.........................

92

J 184

Fase de valoración y valoración en sentido estricto.....................................

92

J1S5

Las pericias institucionales no requieren de ratificación si la parte a quien la perjudica no insiste en esa diligencia........................................................

93

Valoración de la prueba personal..................................................................

93

J 181 J182

J 186

UTILIZACIÓN DE LA PRUEBA J187

La exclusión de la prueba irregular se determinará según el grado de afec­ tación del derecho fundamental (doctrina legal vinculante)......................

94

J188

El juez no podrá utilizar la prueba ilícita obtenida de una actividad de bús­ queda de pruebas...........................................................................................

94

PRUEBA INDICIARIA

J 189 J 190 J 191 J 192

416

La prueba indiciarla requiere de una motivación razonable de cada uno de sus componentes (doctrina legal vinculante)..............................................

94

La conexión en la prueba indiciarla debe superar las meras sospechas o conjeturas........................................................................................................

95

Los indicios no pueden ser simples sospechas o conjeturas sin ningún sus­ tento fáctico y probatorio...............................................................................

95

La prueba indiciarla puede enervar la presunción de inocencia si se cum­ plen con los presupuestos estrictos para su valoración...............................

96

ÍNDICE GENERAL

J 193

J194

J195 J 196

J197 J198

J199

Los límites de los controles casacionales de la prueba indiciarla corres­ ponden a la acreditación de indicios probados y la racionalidad de la infe­ rencia...............................................................................................................

96

Las conclusiones Incriminatorias en la prueba indiciarla solo pueden tenerse por válidas si cumplen con los presupuestos exigidos...................

97

La Inferencia argumentada por el juez es una garantía de racionalidad para la valoración de la prueba indiciarla.....................................................

97

El esquema operativo de la prueba indiciarla está compuesto por el indi­ cio, la inferencia lógica y el hecho consecuencia o inferido........................

97

La prueba por indicios requiere que los Indicios se encuentren plena­ mente probados (doctrina legal vinculante)................................................

98

La prueba indiciarla puede superar el estándar de más allá de toda duda razonable (doctrina legal vinculante)............................................................

98

Se confirman los criterios para la valoración de la prueba indiciarla estable­ cidos en la Sentencia Plenaria Casatoria N° 1 -2017/CIJ-433........................

98

CAPÍTULOS MEDIOS DE PRUEBA CONFESIÓN J200

J201

J202

J203 J204

J205 J206

J207

No es posible alegar confesión sincera cuando durante toda la instrucción se alegó Inocencia y recién después del trámite de conclusión anticipada se asume la responsabilidad..........................................................................

101

La confesión sincera es una institución que establece el beneficio premial de disminución de pena (doctrina legal vinculante)...................................

101

La confesión sincera debe ser veraz y no contener falencias que dificulten la investigación (doctrina legal vinculante).................................................

102

No es confesión sincera si se ofrecen datos obvios o evidentes en la inves­ tigación (doctrina legal vinculante)..............................................................

102

La confesión sincera no procede cuando exista flagrancia delictiva o prueba evidente en la investigación (doctrina legal vinculante)................

102

La confesión sincera es procedente Independientemente de la agravación de pena por reincidencia o habitúalidad (doctrina legal vinculante).........

103

La norma relativa a la confesión sincera no debe ser aplicada en lo refe­ rente a la exclusión de este beneficio premial para reincidentes y habitua­ les (doctrina legal vinculante).......................................................................

103

La reducción de la pena no puede llegar a una sexta parte........................

104

417

Indice GENERAL

EL TESTIMONIO J208

La valoración del testigo de referencia u oídas se encuentra supeditada a un juicio de credibilidad sobre el testigo fuente...........................................

104

La valoración de la declaración testimonial debe incidir en el testimonio más que en las emociones del declarante (doctrina legal vinculante).......

104

El testimonio debe valorarse según los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116 (doctrina legal vinculante)................................

105

La perseverancia sustancial de las testimoniales exige coincidencia en cuestiones importantes y esenciales.............................................................

105

J212

No bastan declaraciones reiterativas, sino corroboración periférica para su eficacia probatoria..........................................................................................

106

J213

La persistencia de la Incriminación implica coincidencia en aspectos importantes y esenciales en la declaración...................................................

106

La contundencia de la prueba testimonial y los probados indicios de cargo no pueden verse enervados con una prueba pericial de descargo............

106

El valor probatorio del testimonio de referencia se robustece al abrigo de otros elementos que se incorporen al proceso............................................

107

En los delitos sexuales debe rechazarse cualquier perjuicio o estereotipo con base en el género que lesione la dignidad humana.............................

107

J209

J 210 J 211

J214

J215 J216

DECLARACIÓN DE LA VÍCTIMA

J217

La declaración de la víctima puede desvirtuar la presunción de inocencia (doctrina legal vinculante)............................................................................

108

Las garantías de certeza de la declaración de la víctima para su valoración probatoria (doctrina legal vinculante)..........................................................

108

J219

La declaración del agraviado requiere de garantías de certeza para ser considerada como prueba de cargo válida...................................................

108

J220

Se debe excluir de valoración la declaración de la víctima que contenga una motivación de venganza.........................................................................

109

La falta de sindicación uniforme y coherente es suficiente para que la declaración de ía víctima no tenga eficacia probatoria................................

109

Se otorga valoración probatoria a las declaraciones del agraviado en sede policial..............................................................................................................

109

La retractación de la víctima en los delitos sexuales puede ser superada si la declaración cumple con las garantías de certeza (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

110

J218

J221

J222 J223

J224

La declaración de la víctima en los delitos sexuales se flexibiliza por el contexto emocional y explica la ausencia de uniformidad (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

110

La retractación de los cargos debe merituarse a través de la testimonial y no mediante declaración jurada...................................................................

111

La evaluación interna de la retractación de la víctima requiere apreciar la solidez, coherencia y razonabilidad de su declaración (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

111

La evaluación externa de la retractación de la víctima abarca el contacto del procesado con la víctima y las consecuencias negativas de la denuncia (doctrina legal vinculante)............................................................................

111

El consentimiento de la víctima solo puede probarse y no inferirse de pala­ bras, silencio o falta de resistencia (doctrina legal vinculante)...................

112

J229

La admisión de la prueba en los delitos sexuales sigue el mismo régimen establecido en el proceso penal común (doctrina legal vinculante)..........

112

J 230

Si la agresión sexual ha sido mediante amenaza no es exigióle que el exa­ men médico legal arroje lesiones (doctrina legal vinculante)....................

113

El principio de idoneidad de la prueba penal rige en la valoración de la prueba en delitos sexuales (doctrina legal vinculante)...............................

113

El examen médico legal será trascendente en el contexto de la agresión sexual (doctrina legal vinculante).................................................................

113

Las pruebas referidas al comportamiento sexual de la víctima afectan su derecho a la intimidad si resultan irrazonables y desproporcionadas (doc­ trina legal vinculante)...................................................................................

114

Debe realizarse un examen de ponderación de las pruebas que afectan el derecho a la intimidad de la víctima (doctrina legal vinculante)................

114

El Juez Penal podrá solicitar la declaración enjuicio de la víctima si se cum­ plen supuestos excepcionales (doctrina legal vinculante)..........................

115

La declaración de la víctima es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia si reúne los requisitos de coherencia, persistencia, solidez y ausencia de incredibilidad subjetiva.............................................................

115

La declaración de la víctima genera convicción si cumple con los criterios de credibilidad................................................................................................

115

La declaración de la víctima que no cumple con los presupuestos del Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116 no desvirtúa la presunción de inocencia.........................................................................................................

116

Si la declaración de la agraviada no cumple con los requisitos de credibili­ dad, no puede sustentar una condena.........................................................

116

J225 J226

J227

J228

J 231

J232

J233

J234 J235 J236

J237 J238

J239

ÍNDICE GENERAL

J 240

Se confirman los estándares para la valoración de la declaración de la víctima conforme al Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116..........................

117

J241

La corroboración periférica exige datos del hecho que aporten indicios razonables.......................................................................................................

117

J242

Las corroboraciones de la declaración del testigo víctima sirven como ele­ mentos de valoración.....................................................................................

117

Los motivos espurios o antagonismo resta credibilidad a la declaración del testigo víctima................................................................................................

118

J243

PERICIA PSICOLÓGICA DE LA VÍCTIMA Y CREDIBILIDAD DEL TESTIMONIO J244 J245

J246 J247

J248

J249

J250

J 251 J252

J253

J254

El cuestionamiento por la cantidad de peritos designados debe ser con­ forme a la normativa establecida...................................................................

118

Se debe realizar la declaración de la víctima menor de edad en Cámara Gesell a fin de evitar la revictimización o victimización secundaria (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

118

La declaración de la víctima menor de edad en Cámara Gesell se rige bajo las reglas procesales de la prueba anticipada (doctrina legal vinculante) ..

119

La declaración del menor de edad debe realizarse en Cámara Gesell (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

119

La declaración del menor de edad de edad en Cámara Gesell debe rea­ lizarse con todos los equipamientos e instrumentos necesarios (doctrina legal vinculante).............................................................................................

119

En caso de suspensión de la declaración de menor de edad en Cámara Gesell debe ser reprogramada en el más breve término (doctrina legal vin­ culante) ...........................................................................................................

120

La declaración de menor en Cámara Gesell debe realizarse con pautas definidas previamente por el entrevistador (doctrina legal vinculante)....

120

Las preguntas no pueden ser ambiguas, capciosas o sugestivas en la declaración del menor en Cámara Gesell (doctrina legal vinculante)........

121

La pericia psicológica en los delitos contra la libertad sexual tiene como utilidad el establecer el grado de credibilidad del testimonio (doctrina legal vinculante)..............................................................................................

121

La valoración de la pericia psicológica debe evaluar la existencia de facto­ res que afecten el testimonio (doctrina legal vinculante)...........................

121

El análisis de credibilidad del testimonio debe abarcar el nivel cognitivo de la persona y el componente motivacional (doctrina legal vinculante).......

122

ÍNDICE GENERAL

J262

La valoración de la pericia psicológica requiere que haya sido prestada de forma legal, conforme a las garantías procesales y su análisis corresponde a los jueces (doctrina legal vinculante).........................................................

122

El informe pericial psicológico ayuda al juez a formar su criterio y no para decidir si un testimonio es verdadero o falso (doctrina legal vinculante)....

123

Los delitos sexuales suponen un daño psicológico a la víctima que puede ser apreciado por el juez (doctrina legal vinculante)....................................

123

La lesión psíquica que puede ser advertible en la pericia psicológica son los transtornos adaptativos, estrés postraumático o la descompensación de personalidad (doctrina legal vinculante)................................................

124

La pericia psicológica es el medio de prueba idóneo para identificar el daño psicológico del delito sexual (doctrina legal vinculante)...................

124

La pericia psicológica en los delitos sexuales debe seguir el procedimiento establecido para su eficacia (doctrina legal vinculante)...............................

125

Se establece la acreditación del profesional especializado en psicología y el desarrollo conforme a los estándares como criterios de valoración (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

125

Se establece como criterio de valoración de la pericia psicológica que se desarrolle la teoría usada y aceptada por la comunidad científica (doctrina legal vinculante)............................................................................................

125

Es un criterio de valoración de la pericia psicológica en delitos sexuales que el juez pregunte el grado de error del diagnóstico realizado (doctrina legal vinculante).............................................................................................

126

PERICIA ANTROPOLÓGICA EN CASOS DE DELITOS SEXUALES

J265

J266 J267 J 268

Los jueces pueden solicitar la realización de pericias antropológicas en casos vinculados a comunidades nativas o róndenles (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

126

La pericia antropológica siendo obligatoria para la aplicación del artículo 15 del Código Penal, debe centrarse en el origen y validez actual de la cos­ tumbre invocada (doctrina legal vinculante)...............................................

127

La pericia antropológica debe informar sobre la existencia de formas de sanción existentes en la costumbre invocada (doctrina legal vinculante)..

127

Es impertinente descalificar a la víctima que se consigne en el informe pericial antropológico (doctrina legal vinculante)................................... .

128

La pericia antropológica debe seguir un determinado procedimiento y método definido en las guías metodológicas (doctrina legal vinculante)....

128

ÍNDICE GENERAL

J269

La pericia antropológica debe contener mínimamente los criterios esta­ blecidos en la "Guía Metodológica para la Elaboración de Peritajes Antro­ pológicos en causas Indígenas"(doctrina legal vinculante).......................

128

La estructura formal e interna del informe pericial antropológico debe seguir las propuestas de la "Guía Metodológica para la Elaboración de Peri­ tajes Antropológicos en causas Indígenas" (doctrina legal vinculante).....

129

Para la valoración de la pericia antropológica deben tomarse en conside­ ración otros medios de prueba idóneos (doctrina legal vinculante)..........

129

J272

Los medios de prueba aportados para la valoración de la pericia antropo­ lógica deben ser pertinentes y útiles para la aplicación del artículo 15 del Código Penal (doctrina legal vinculante)......................................................

129

J273

El razonamiento y argumentación de las decisiones judiciales en casos de la aplicación del artículo 15 del Código Penal debe ser conforme a las normas, reglas y principios de la legislación nacional e internacional (doctrina legal vinculante) ...........................................................................

130

J270

J271

DECLARACtóW DEL COACUSADO

J274

J275

J276

J277 J278

J279

El coimputado que brinda su declaración tiene la misma condición del testigo pero debe ser valorada según su credibilidad (precedente vinculante).......................................................................................................

130

La declaración del coimputado debe ser valorada subjetivamente según su personalidad y posibles motivaciones, a fin de determinar su credibili­ dad (precedente vinculante)..........................................................................

131

La valoración objetiva de la declaración del coimputado requiere que sea corroborada con otros medios de prueba (precedente vinculante)............

131

La declaración del coimputado debe ser coherente y sólida (precedente vinculante).......................................................................................................

131

Las reglas de valoración de la declaración del coacusado establecidas en el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116 deben ser adaptadas al caso concreto (precedente vinculante).................................................................................

132

La declaración del coimputado debe estar mínimamente corroborada.....

132

LA PERICIA

J280 J 281

Procede la anulación de la sentencia porque el juez no dispuso de oficio la realización de debate pericial........................................................................

133

Es necesaria la realización de un debate pericial en tanto existen contra­ dicciones.........................................................................................................

133

ÍNDICE GENERAL

J282

J283 J284 J285 J286

J287 J288

J289

J290

J291 J292

J293 J294 J295

J296

J297

J298

El juez debe ordenar pericia oficial cuando existen pericias contables contradictorias....................................................................................................................

133

La declaración autoincriminatoria efectuada por el acusado ante un perito psicológico no es fuente de prueba..............................................................

134

La valoración de la pericia consta del control de legalidad y la valoración en sentido estricto (doctrina legal vinculante)............................................

134

La sana crítica constituye el sistema de valoración adecuado para la valo­ ración de la pericia (doctrina legal vinculante)............................................

134

Las opiniones periciales no obligan al juez, pero este debe fundamentar ya sea su aceptación o rechazo (doctrina legal vinculante)............................

135

La fuerza de convicción de los informes periciales científico-técnicos es mayor a las pericias de otra naturaleza (doctrina legal vinculante)............

135

Las pericias no expresan la verdad inconvertible de un hecho, sino que pueden ser desestimadas por una valoración conjunta con otros medios de prueba (doctrina legal vinculante)...........................................................

135

Es contrario a las reglas de racionalidad un apartamiento de las conclusio­ nes de la pericia sin expresar fundamento (doctrina legal vinculante)......

136

Es necesaria la valoración de la pericia conforme a los criterios de validez y fiabilidad desarrollados por la doctrina especializada (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

136

El análisis de la prueba pericial por parte del Tribunal debe abarcar la metodología con la que se realizó (doctrina legal vinculante)....................

136

Las pericias psicológica, psiquiátrica, económica y antropológica se basan en el conocimiento de las ciencias tácticas (doctrina legal vinculante)......

137

La pericia puede obtenerse de conocimientos científicos, artísticos o téc­ nicos especializados (doctrina legal vinculante).........................................

137

Se requiere como criterio de valoración de la pericia, la acreditación del profesional que elaboró la pericia (doctrina legal vinculante)....................

138

Se requiere como criterio de valoración de la pericia de un examen del informe pericial conforme a las reglas de la lógica, metodología y conoci­ mientos científicos (doctrina legal vinculante)............. ......................... .....

138

Se requiere como un criterio de valoración de la pericia, que el juez evalúe las condiciones de su elaboración (doctrina legal vinculante)...................

138

Los criterios de valoración de la pericia constituyen estándares fiables de evaluación para el juez (doctrina legal vinculante).....................................

139

El juez debe realizar un examen complejo de la prueba pericial que con­ siste en el análisis subjetivo, táctico y objetivo del informe pericial (doc­ trina legal vinculante)...................................................................................

139

ÍNDICE GENERAL

PRUEBA CIENTÍFICA

J299

La prueba de ADN se basa en conocimientos científicos formales (doctrina legal vinculante)............................................................................

139

La valoración de la prueba científica requiere de su conformidad con los estándares fijados por la comunidad científica (doctrina legal vinculante)

140

El juzgador no puede sentenciar si no se ha actuado la prueba científica de ADN, que guarda relación directa con el hecho principal del proceso........

140

J3O2

Se establece que el examen de ADN es un medio de prueba científico de alta fiabilidad (doctrina legal con carácter vinculante).................................

140

J303

El examen científico de ADN debe seguir el procedimiento idóneo y con­ forme al principio de legalidad y proporcionalidad (doctrina legal con carácter vinculante)........................................................................................

141

El examen de ADN es útil para la formación de la prueba penal (doctrina legal con carácter vinculante)........................................................... ............

141

Las partes deben criticar los informes periciales de ADN (doctrina legal con carácter vinculante).................................................................................

141

J300 J3O1

J304 J305

CAREO

J306

Es necesaria la confrontación en caso de contradicciones entre coimpu­ tados................................................................................................................

142

LA PRUEBA DOCUMENTAL J307 J308

Los documentos de intervención de auditorías internas pueden ser ingre­ sados como prueba documental...................................................................

142

Los informes jurídicos elaborados por expertos son considerados objeto de prueba si se refieren al análisis de instituciones, regulaciones o decisio­ nes jurídicas de Derecho comparado............................................................

143

EL RECONOCIMIENTO DE PERSONAS

J309

El reconocimiento de personas tiene carácter de prueba preconstituida....

143

J310

El reconocimiento de personas es una diligencia de investigación que necesariamente debe ser contrastado...........................................................

143

El reconocimiento de personas para su validez requiere que se siga el debido procedimiento....................................................................................

144

J311

Indice GENERAL

J312 J313

J 314 J315

La Corte Suprema no puede reevaluar la diligencia de reconocimiento sino solo verificar si se realizó conforme a ley..............................................

144

La validez y eficacia del reconocimiento fotográfico dependen del respeto de las formalidades y garantías en su procedimiento..................................

145

La no presencia del abogado defensor en el reconocimiento fotográfico no vulnera el debido proceso.......................................................................

145

La no objeción de la existencia de un vicio en el reconocimiento de perso­ nas impide que no sea valorada....................................................................

145

CAPÍTULO 9 LAS PRUEBAS ESPECIALES EXAMEN MÉDICO LEGAL EN DELITOS SEXUALES J316

J317

J 318 J319

La medicina legal es considera una ciencia al utilizar un método compro­ bable (doctrina legal vinculante)...................................................................

147

El examen médico legal tiene por objetivo evidenciar la existencia de lesiones sexuales y obtener vestigios que se relacionen con el delito (doc­ trina legal vinculante)...................................................................................

147

El examen proctológico implica una exploración médica del área perianal (doctrina legal vinculante)..............................................................

148

Para una evaluación física integral en casos de violencia sexual deben cumplirse con los requisitos mínimos (doctrina legal vinculante).............

148

EL INFORME DE CONTRALORÍA El Informe de Contraloría General de la República puede ser considerado como prueba preconstituida.........................................................................

148

J321

El Informe de Contraloría es una pericia institucional..................................

149

J322

El informe de presunción de delito de defraudación tributaria de la Sunat como prueba pericial goza de presunción de juris tantum de imparciali­ dad, objetividad y solvencia..........................................................................

149

J320

425

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 10 BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS PRECEPTOS GENERALES

J 323

Técnicas especiales de investigación buscan detectar e Investigar delitos y sospechosos sin alertar a la persona o personas (doctrina legal vincu­ lante)................................................................................................................

151

J324

Las técnicas de investigación tradicionales reconstruyen hechos del pasado (doctrina legal vinculante).................................................................

151

Las técnicas de investigación permiten obtener pruebas directas e indicia­ rlas más certeras para comprobar los delitos de realización compleja o de alta profesionalidad delictiva (doctrina legal vinculante)............................

152

La ley con las técnicas especiales de investigación busca abarcar el cono­ cimiento de las estructuras de organización criminal (doctrina legal vincu­ lante)................................................................................................................

152

Las técnicas especiales de investigación buscan fuentes de la investiga­ ción y restringen derechos (doctrina legal vinculante)................................

153

Técnicas especiales de investigación reconocidas en el Derecho compa­ rado (doctrina legal vinculante).....................................................................

153

Las técnicas especiales de investigación deben ser utilizadas con pondera­ ción y con carácter subsidiario y excepcional (doctrina legal vinculante)....

154

Principio de legalidad como sustento de las técnicas especiales de investi­ gación (doctrina legal vinculante).................................................................

154

Principio de excepcionalidad como sustento de las técnicas especiales de investigación (doctrina legal vinculante)......................................................

155

Principio de proporcionalidad como sustento de las técnicas especiales de investigación (doctrina legal vinculante)......................................................

155

J333

Principio de celeridad como sustento de las técnicas especiales de Investi­ gación (doctrina legal vinculante).................................................................

157

J334

Principio de reserva como sustento de las técnicas especiales de investiga­ ción (doctrina legal vinculante)......................................................................

158

Principio de pertinencia como sustento de las técnicas especiales de investigación (doctrina legal vinculante)......................................................

158

Principio de especialidad como sustento de las técnicas especiales de investigación (doctrina legal vinculante)......................................................

159

J325

J326

J327 J328 J329 J330 J331

J332

J335 J336

ÍNDICE GENERAL

J 337 J 338

J 339

J340

Principio de jurisdiccionalidad como sustento de las técnicas especiales de investigación (doctrina legal vinculante)......................................................

159

La incidencia más numerosa de las técnicas especiales de investigación en cuanto a la utilización de la tecnología incide en el derecho a la vida privada (doctrina legal vinculante)...............................................................

159

Para ponderar la compatibilidad de las medidas utilizadas en las técnicas especiales de investigación han de considerarse el contexto de la informa­ ción y la naturaleza de su registro (doctrina legal vinculante).....................

160

Las medidas que establecen restricciones de derechos tienen como requi­ sito formal ser consignadas en un acta (doctrina legal vinculante)............

160

VIDEOVIGILANCIA

J341

J342

J343 J344

J345

J346

J347

J348

J349

La videovigilancia tiene como objetivo obtener fuentes de investigación o de prueba que permitan sustentar un eventual requerimiento fiscal (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

161

Los drones se erigen en una técnica especial de videovigilancia (doctrina legal vinculante).................................................................................................................

161

Las grabaciones obtenidas por los drones deben superar un filtro de constitucionalidad (doctrina legal vinculante)....................................................

162

Debe garantizarse la fiabilidad del video obtenido evitando las reproduc­ ciones y cuando se utilice una copia esta debe protocolizarse (doctrina legal vinculante).............................................................................................

162

Material de video obtenido por drones privados se incorpora al proceso como medio de prueba documental requiriéndose una pericia (doctrina legal vinculante).............................................................................................

163

El uso de drones puede implicar una vulneración del derecho a la libre per­ sonalidad y al proyecto de vida de cada individuo en específico (doctrina legal vinculante).............................................................................................

164

La utilización de la técnica de videovigilancia requerirá autorización judi­ cial en los supuestos en que exista una interacción entre el individuo y los otros que puede revelar la vida privada incluso en un contexto público (doctrina legal vinculante)............ ................................................................

164

Cuando grabe conversaciones en espacios públicos, el carácter de privado o no de esta, marca una línea de divergencia en orden a determinar si se requiere autorización judicial o no (doctrina legal vinculante)...................

165

La autorización judicial será necesaria cuando sea imprescindible vencer un obstáculo que haya predispuesto el titular del inmueble para salva­ guardar la intimidad (doctrina legal vinculante)..........................................

165

ÍNDICE GENERAL

J350

J 351

J352

J353

Videograbaciones obtenidas por drones privados se incorporan al proceso como prueba documental (doctrina legal vinculante)................................

166

Cuando se presenta ante el juzgador una imagen o videofilmación, no se debe caer en el error de considerar que aquello que se le muestra consti­ tuye prueba invencible (doctrina legal vinculante)......................................

167

Los satélites producen Información que eventualmente podrá ser utilizada en el marco de un proceso penal contra la delincuencia (doctrina legal vinculante).......................................................................................................

167

Criterios de admisibilidad y valoración probatoria de las imágenes obteni­ das de los satélites (doctrina legal vinculante).............................................

168

REGISTRO DE PERSONAS

J354

Diligencia de registro personal aun cuando se haya realizado sin presencia del fiscal es posible ser valorada....................................................................

169

J355

No podrá posponerse o dilatarse el registro personal cuando el imputado oculte bienes relacionados con el delito (doctrina legal vinculante).........

169

J356

Solo es posible prolongar el registro de personas ante la falta de garantías necesarias para su realización (doctrina legal vinculante)..........................

170

Existen circunstancias excepcionales para la prolongación del registro de personas (doctrina legal vinculante)............................................................

170

En la prolongación del registro personal debe garantizarse la cadena de custodia hasta que se efectivice el registro personal (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

170

J357 J358

EL ALLANAMIENTO

J359

No es cuestionable vía recurso de casación extraordinaria el principio de proporcionalidad en la medida de allanamiento..........................................

171

LA EXHIBICIÓN FORZADA Y LA INCAUTACIÓN

J360

No es posible aplicar la cadena de custodia a los procesos por delito de ejercicio privado de la acción penal...............................................................

171

J 361

La regulación del CPP no reconoce el término de evidencia física sino cuerpo del delito (doctrina legal vinculante)...............................................

172

J362

La noción de cuerpo del delito desde una concepción amplia abarca la persona o cosa, medios e instrumentos, efectos y elementos de convicción del delito (doctrina legal vinculante)...........................................................

172

ÍNDICE GENERAL

J 363

J364

J 365

J366

j367

J368

J369

J370 J371

J 372 J373

J374 J375

J376 J377

J378

J379

La cadena de custodia constituye una norma de clausura del procedi­ miento de incautación (doctrina legal vinculante)......................................

172

El principio de libertad probatoria requiere que la autenticidad del cuerpo del delito se mantenga desde que se recoge hasta su actuación en juicio (doctrina legal vinculante)............................................................................

173

La autenticidad del bien recogido o incautado requiere del cumplimiento de formalidades (doctrina legal vinculante)...........................................................

173

La cadena de custodia constituye una quinta forma de autenticación que tiene por finalidad garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad (doctrina legal vinculante)............................................................................

174

La cadena de custodia es un sistema de control de diferentes fases y con participación de diversos funcionarios (doctrina legal vinculante)............

174

La cadena de custodia se concreta materialmente a través de formatos de registro de información que constituyen prueba documentada (doctrina legal vinculante)............................................................................................

175

La ruptura de la cadena de custodia puede suceder ante una irregularidad o acto procesal defectuoso (doctrina legal vinculante)..............................

175

La ruptura de la cadena de custodia no implica la inautenticidad del cuerpo del delito, sino que ello debe acreditarse (doctrina legal vinculante)........

175

La incautación tiene como funciones el aseguramiento de fuentes de prueba e impedir la obstaculización de la averiguación de la verdad (doctrina legal vinculante)............................................................................

176

La no confirmación judicial de la incautación no genera la nulidad de la medida ni su insubsanabilidad (doctrina legal vinculante)........................

176

El plazo de confirmación judicial de la incautación no es un requisito de validez o eficacia (doctrina legal vinculante)...............................................

177

Para determinar la valorabilidad de la incautación se debe realizar una evaluación de legalidad de la incautación (doctrina legal vinculante).......

177

El no requerimiento inmediato de la confirmación judicial de la incauta­ ción en caso de flagrancia no vulnera garantías constitucionales.............

177

Es válida y eficaz el acta de incautación que se realizó sin presencia del fiscal en caso de urgencia y riesgo en la pérdida de la información...........

178

La incautación es una medida cautelar que se acciona en los casos de fla­ grancia delictiva.............................................................................................

178

La incautación requiere que se emita una resolución judicial antes de su ejecución o en su defecto, la subsanación es posible..................................

179

La confirmación judicial de la incautación requiere de un pronunciamiento inmediato sin tardanza injustificada.............................................................

179

ÍNDICE GENERAL

J380 J381

J382 J383

J384

La tardanza u omisión de la solicitud de confirmación judicial no deter­ mina inevitablemente la nulidad del acto procesal......................................

179

No procede la devolución del bien incautado pese al archivo de la investi­ gación fiscal si no ha sido comprendido en la investigación.......................

180

Solo el juez está facultado para reexaminar la incautación y devolver el bien antes del sobreseimiento o la absolución (doctrina legal vinculante)

180

Jueces no deben desestimar los pedidos de confirmación judicial de incautación por el solo hecho de haber sido presentados "extemporánea­ mente"..............................................................................................................

181

La devolución del bien incautado en razón del archivo de la investigación solo procede cuando en esta se determina que aquel no es intrínseca­ mente delictivo (doctrina jurisprudencial)....................................................

181

LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN J385

No se vulneran garantías constitucionales si se condena con declaración de testigo con identidad reservada...............................................................

181

CAPÍTULO 11 MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL PRECEPTOS GENERALES

J386

Los autos que decidan sobre las medidas de coerción penal son reforma­ bles de oficio...................................................................................................

183

DETENCIÓN POLICIAL

J387

La interpretación de la flagrancia delictiva debe ser restrictiva..................

183

J388

Para la existencia de flagrancia el agente debe tener los bienes delictivos al momento de ser detenido o dentro de las 24 horas de su comisión.......

184

Para determinar la flagrancia delictiva es necesario evaluar si se cumplen con todos sus presupuestos...........................................................................

184

La acreditación de la flagrancia delictiva debe establecerse con base en información categórica e indubitable............................................................

184

J389 J390

ÍNDICE GENERAL

LA PRISIÓN PREVENTIVA

J 391 J392 J393

J394

J395

J396 J397

J398

J399 J400

J401

J402

J403

J404

Presupuesto imprescindible de la prisión preventiva es la sospecha grave (doctrina legal vinculante)............................................................................

185

Peligro de sospecha fuerte supone un cálculo de probabilidades sobre la futura sentencia (doctrina legal vinculante).................................................

185

La verificación de la sospecha fuerte requiere que exista un alto grado de probabilidad de que el imputado va a ser condenado (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

186

Para verificar la sospecha fuerte se debe realizar un juicio de probabilida­ des sustentado en criterios objetivos sólidos o indicios consistentes (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

187

El juez para determinar que existe sospecha fuerte debe haberse acercado a la verdad (doctrina legal vinculante)..........................................................

188

El indicio en materia de coerción procesal es una predicción para afirmar la posibilidad de que algo suceda en el futuro (doctrina legal vinculante)....

188

La prisión preventiva supone un cierto grado de desarrollo de la impu­ tación, una probabilidad concreta de que el imputado haya cometido el hecho punible (doctrina legal vinculante)....................................................

188

El juez debe indicar la relación indiciarla de los medios de investigación o de prueba que relacionan de manera preliminar al procesado con el hecho imputado (doctrina legal vinculante)............................................................

189

Delito grave y el peligrosismo procesal constituyen los motivos de prisión preventiva (doctrina legal vinculante)..........................................................

190

El pronóstico judicial sobre el fondo o mérito de las actuaciones debe asu­ mir los criterios de medición de la pena conforme al conjunto de las dispo­ siciones del Código Penal (doctrina legal vinculante).................................

190

Si el pronóstico de pena concreta no será, en ningún caso, superior a cua­ tro años de privación de libertad, ya no cabe analizar el peligrosismo pro­ cesal (doctrina legal vinculante)....................................................................

191

Si se trata de delitos especialmente graves, conminados con penas espe­ cialmente elevadas, se ha de seguir el criterio objetivo asumido por el legislador penal (doctrina legal vinculante).................................................

191

Con la inclusión de la "vigilancia electrónica personal" es de rigor asumir una perspectiva adicional a la pena concreta del artículo 268 del Código Procesal Penal (doctrina legal vinculante)....................................................

192

Código Procesal Penal asumió la teoría de peligro de fuga y peligro de obs­ taculización (doctrina legal vinculante)........................................................

193

ÍNDICE GENERAL

J405

Por el periculum libertotis se establecen los fines que puede cumplir la pri­ sión preventiva (doctrina legal vinculante)...................................................

193

Lineamientos para colegir razonablemente el peligro de fuga (doctrina legal vinculante)..............................................................................................

194

No es requisito de la prisión preventiva la imposición previa de la deten­ ción preliminar. No es necesaria la presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva......................................................................................

195

No existe impedimento para solicitar prisión preventiva si previamente no han otorgado la detención preliminar......................................................................

195

Para emitir la resolución de prisión preventiva debe seguirse el debido procedimiento................................................................................................

196

No es necesaria la presencia del imputado en la audiencia de prisión preventiva........................................................................................................

196

J411

La motivación del auto de prisión preventiva es conforme a las exigencias del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales..........................

197

J412

El debate en la audiencia de prisión preventiva debe abordar cinco partes (doctrina legal vinculante)............................................................................

197

El presupuesto de fumusdelicticomissi debe ser acreditado en un grado de probabilidad superior al de la formallzación de investigación preparatoria (doctrina legal vinculante)............................................................................

197

Para determinar la prognosis de pena se debe recurrir a los criterios del artículo 45-A del Código Penal (doctrina legal vinculante).........................

198

No es posible dictar una prisión preventiva en caso de prognosis de pena suspendida (doctrina legal vinculante)........................................................

198

Para acreditar el riesgo el juez debe apreciar y declarar la existencia del peligro a partir de los datos de la causa (doctrina legal vinculante)............

199

Se reconoce cinco situaciones específicas constitutivas de riesgo y peligro de fuga (doctrina legal vinculante)................................................................

199

Los motivos justificatorios del riesgo de fuga no se pueden apreciar úni­ camente sobre la base de la gravedad de la pena posible (doctrina legal vinculante).......................................................................................................

200

No es suficiente que existan posibilidades de fuga, sino que habrá de resultar acreditado que el procesado piensa también hacer uso de dichas posibilidades (doctrina legal vinculante)......................................................

201

Existen dos criterios de peligrosidad de fuga: criterio abstracto y criterio concreto (doctrina legal vinculante)...... ........................................................

202

Falta de arraigo y las características concretas del procesado contribuyen con el peligro de fuga (doctrina legal vinculante)........................................

202

J406 J407

J408 J409

J410

J 413

J414 J415

J 416 J417 J418

J419

J420

J421

ÍNDICE GENERAL

J422

Los factores fijados en la ley y otros deben ser analizados en conjunto con las condiciones personales del imputado para determinar el peligro de fuga (doctrina legal vinculante)....................................................................

203

En la aplicación de la medida se exige que se ponderen más individualizadamente circunstancias personales del preso preventivo y del caso con­ creto (doctrina legal vinculante)...................................................................

203

La existencia y la adscripción o reintegración del imputado a una organiza­ ción criminal han de estar acreditadas a nivel de sospecha fuerte (doctrina legal vinculante).............................................................................................

205

La sola existencia de arraigo no supone la aplicación automática de la pri­ sión preventiva ni descarta su aplicación (doctrina legal vinculante).......

205

La presunción de fuga no es aceptable para sustentar el pedido de prisión preventiva (doctrina legal vinculante).........................................................

206

La gravedad de la pena como supuesto para determinar el peligro de fuga debe interpretarse vinculada a las circunstancias de agravación de pena (doctrina legal vinculante)...........................................................................

206

La magnitud del daño es un criterio de reparación civil válido para deter­ minar el peligro de fuga (doctrina legal vinculante)...................................

206

El que se le haya impuesto prisión preventiva en un proceso anterior dis­ tinto no autoriza a imponérsele también en el que se tramita actualmente (doctrina legal vinculante)...........................................................................

207

Es necesaria una precisión de los componentes de la organización criminal como criterio para determinar el peligro de fuga (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

207

La apariencia del delito como presupuesto de la prisión preventiva debe interpretarse conforme a los criterios de imputación objetiva y subjetiva (doctrina legal vinculante)...........................................................................

208

Considerar el peligro de fuga por la sola condición de extranjero es un acto discriminatorio por razón de su nacionalidad..............................................

208

Peligro de obstaculización es tratar de evitar que la libertad sea aprove­ chada por el imputado para obstruir la investigación y el eventual enjui­ ciamiento (doctrina legal vinculante)...........................................................

208

Situaciones específicas constitutivas del peligro de obstrucción (doctrina legal vinculante).............................................................................................

209

Para el peligro de obstrucción no es legítimo invocar las "necesidades de la investigación"de manera general y abstracta (doctrina legal vinculante)...

209

J436

Fines del peligro de obstaculización (doctrina legal vinculante).................

210

J437

El peligro de obstaculización pretende evitar que el imputado destruya huellas o vestigios materiales del delito (doctrina legal vinculante)...........

211

J423

J424

J425

J426 J427

J428 J429

J430

J431

J432 J433

J434 J435

H

INDICE GENERAL

J438

Debilitamiento del peligro de obstaculización (doctrina legal vinculante).

211

J439

En el peligro de obstaculización debe evaluarse la concreta disposición del imputado a ocultar pruebas (doctrina legal vinculante)..............................

212

J440

El peligro de obstaculización incide en riesgos de la comisión, por el impu­ tado, de conductas determinadas que develen su intención de suprimir las pruebas (doctrina legal vinculante)...............................................................

213

J 441

El peligro de obstaculización a diferencia del peligro de fuga no se extiende en el tiempo con la misma virtualidad que este último peligro (doctrina legal vinculante).............................................................................

213

El plazo de prisión preventiva no puede ser fijado desde una perspectiva abstracta (doctrina legal vinculante).............................................................

214

J443

En casos de sucesión de leyes de prisión preventiva se debe aplicar aquella ley que es más favorable a la libertad del procesado (doctrina legal vinculante).......................................................................................................

215

J444

No puede considerarse como práctica dilatoria el ejercicio de los derechos procesales por parte del imputado (doctrina legal vinculante)...................

215

Las audiencias de prisión preventiva excepcionalmente pueden durar horas (doctrina legal vinculante)...................................................................

216

J446

En el acta de la audiencia de prisión preventiva debe quedar fijada la reso­ lución, su explicación, sentido y decisión, con los elementos que la consti­ tuyen (doctrina legal vinculante)...................................................................

218

J447

El Juez de Investigación Preparatoria tiene la facultad de resolver la pro­ longación de la prisión preventiva en cualquier estadio procesal (doctrina legal vinculante).............................................................................................

218

La prórroga o ampliación de la prisión preventiva no existe en el ordena­ miento procesal penal peruano (doctrina legal vinculante)........................

219

La prolongación de la prisión preventiva requiere del cumplimiento acu­ mulativo de dos presupuestos (doctrina legal vinculante).........................

219

La prolongación de la prisión preventiva procede en los casos en que haya vencido un plazo menor o igual al máximo legal.........................................

220

La nulidad de la sentencia deviene en la nulidad de la prolongación de la prisión preventiva manteniéndose el plazo vigente....................................

220

La duración de la medida de prisión preventiva sigue un plazo propio independiente de la duración del proceso penal (doctrina legal vinculante).......................................................................................................

220

La duración del plazo de prisión preventiva debe ser respetuoso del prin­ cipio de proporcionalidad (doctrina legal vinculante).................................

221

Los plazos de duración de la prisión preventiva una vez cumplidos surte su eficacia preelusiva (doctrina legal vinculante).............................................

221

J442

J445

J448 J449

J450 J 451

J452

J453 J454

ÍNDICE GENERAL

J455

J456

J457 J458

J459 J460

J461

J462

J463

J464

J465

J466

J467 J468

El estándar jurídico para determinar el plazo razonable de la prisión pre­ ventiva está compuesto por elementos definidos por la jurisprudencia supranacional (doctrina legal vinculante)....................................................

222

No es posible adecuar el plazo ordinario de prisión preventiva si existe una norma procesal posterior que establece un plazo distinto (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

222

Se deben cumplir presupuestos materiales y formales estrictos para la pro­ longación de la prisión preventiva (doctrina legal vinculante)..................

222

Los presupuestos materiales de la prolongación de prisión preventiva son la especial dificultad, subsistencia del peligro procesal y el plazo límite de la prolongación (doctrina legal vinculante).................................................

223

La acreditación de la especial dificultad para la prolongación de la prisión preventiva debe emanar del propio proceso (doctrina legal vinculante) ...

223

El Juez de investigación preparatoria y la Sala Penal de Apelaciones deben determinar la concurrencia de los antecedentes tácticos que justifiquen la prolongación (doctrina legal vinculante).....................................................

224

El presupuesto de la especial dificultad debe basarse en circunstancias o actos imprevisibles fuera del curso normal del proceso penal (doctrina legal vinculante)............................................................................................

224

La gravedad de los hechos que sustentan la prolongación de prisión pre­ ventiva debe ser apreciada en su vertiente formal y material (doctrina legal vinculante).............................................................................................

224

El riesgo de fuga y obstaculización como presupuestos de la prolongación de prisión preventiva requieren de una valoración de los elementos de convicción que lo sustentan (doctrina legal vinculante)............................

225

No es admisible una prolongación de prisión preventiva que responda a subsanar dilaciones indebidas (doctrina legal vinculante)..........................

225

La solicitud de prolongación de prisión preventiva debe ser presentada antes del vencimiento del plazo de prisión preventiva (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

226

Es un presupuesto formal de la prolongación de prisión preventiva, la rea­ lización de una audiencia con presencia del fiscal, el imputado y su abo­ gado defensor (doctrina legal vinculante)...................................................

226

La adecuación de la prolongación debe solicitarse antes del vencimiento del plazo ordinario de la prisión preventiva (doctrina legal vinculante)....

226

La adecuación de la prolongación de prisión preventiva con base en nueva normativa solo establece un límite de vencimiento y no es un nuevo plazo (doctrina legal vinculante)............................................................................

227

ÍNDICE GENERAL

J469

J470

J 471

J472

J473

El juez penal (unipersonal o colegiado) puede pronunciarse sobre la admi­ sibilidad del recurso de apelación sobre el auto de prisión preventiva en el proceso inmediato..........................................................................................

227

La debida motivación del auto de la Sala Superior que confirma la prisión preventiva requiere la motivación interna y externa y la claridad de la exposición.......................................................................................................

228

Los parámetros de motivación para los autos de prisión preventiva son los mismos que integran la garantía constitucional de la debida motivación de las resoluciones..........................................................................................

228

Los vicios advertidos en los actos de Investigación que sustentan un auto de prisión preventiva no influyen en su nulidad si han sido convalidados..

229

En la cesación de prisión preventiva es necesario que los nuevos elemen­ tos de convicción tengan fuerza suficiente para modificar la situación pre­ existente (doctrina legal vinculante)............................................................

229

LA COMPARECENCIA

J474

La variación de comparecencia por prisión preventiva requiere de contun­ dencia en la acreditación y proporcionalidad...............................................

229

VIGILANCIA ELECTRÓNICA PERSONAL

J475

J476

J477 J478

J479

J480

Vigilancia electrónica personal se erige como una alternativa a la prisión preventiva o a las restricciones de la comparecencia (doctrina legal vinculante).......................................................................................................

230

La restricción de vigilancia electrónica personal puede ser pedida como una pretensión propia del imputado frente a la formulada por el Ministerio Público (doctrina legal vinculante).................................................................

231

Presupuestos de la vigilancia electrónica personal (doctrina legal vinculante).......................................................................................................

231

La vigilancia electrónica personal como pena y como medida de coerción persigue evitar la privación de libertad en un penal y sus efectos criminógenos (doctrina legal vinculante)..................................................................

232

Delitos exceptuados de la vigilancia electrónica personal se justifican por prevención general dada la gravedad, la alarma social por su comisión y los bienes jurídicos lesionados o puestos en peligro (doctrina legal vincu­ lante)................................................................................................................

233

Vigilancia electrónica personal requiere que el imputado no sea reinci­ dente o habitual (doctrina legal vinculante).................................................

233

ÍNDICE GENERAL

J481 J482

J483 J484

J485

J486 J487 J488 J489 J490

Vigilancia electrónica personal procede respecto de condenados (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

234

Vigilancia electrónica personal procede en el proceso especial de termina­ ción anticipada y la conformidad procesal en el proceso común (doctrina legal vinculante).............................................................................................

234

El proceso de colaboración eficaz, mientras dure su tramitación, también permite la vigilancia electrónica personal (doctrina legal vinculante).......

235

Informe del INPE es requisito para evaluar la vigilancia electrónica perso­ nal (doctrina legal vinculante).......................................................................

235

Presupuesto del auto que otorga la vigilancia electrónica personal (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

235

La vigilancia electrónica personal puede ser reformada si cambian las cir­ cunstancias que determinaron su imposición (doctrina legal vinculante)..

236

Norma que regula la revocatoria de la vigilancia electrónica personal incorpora un criterio progresivo (doctrina legal vinculante).......................

236

Cumplimiento oportuno del costo por el uso del dispositivo electrónico es una regla de conducta (doctrina legal vinculante)......................................

237

Revocatoria de la vigilancia electrónica se decide en una audiencia previa solicitud del fiscal (doctrina legal vinculante)...............................................

238

Audiencia de revocatoria de la vigilancia electrónica se realiza dentro de las 48 horas del requerimiento fiscal (doctrina legal vinculante).................

238

IMPEDIMENTO DE SALIDA ; Código Procesal Penal regula impedimento de salida en la subfase de investigación preparatoria formal (doctrina legal vinculante).....................

239

J492

Impedimento de salida está dirigido a garantizar el cumplimiento efectivo de la sentencia y asegurar los fines legítimos del proceso (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

240

J493

Impedimento de salida es una medida instrumental restrictiva de dere­ chos (doctrina legal vinculante)....................................................................

240

El impedimento de salida tiene por finalidad garantizar la presencia del imputado frente a una persecución penal y el aseguramiento personal destinado a los testigos importantes (doctrina legal vinculante)................

240

J495

Impedimento de salida: justificación según el Tribunal Constitucional......

241

J496

Es viable el impedimento de salida del país en caso de altos funcionarlos del Estado (doctrina legal vinculante)...........................................................

242

J491

J494

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 12 LAS MEDIDAS DE COERCIÓN REALES J497

Las medidas de coerción reales son actos de autoridad consecuencia de la acumulación de acciones civil y penal (doctrina legal vinculante).............

243

J498

La finalidad de las medidas de coerción real es el aseguramiento del cum­ plimiento de las responsabilidades civiles (doctrina legal vinculante).......

243

La clasificación de las medidas de coerción real se da en penales y civiles (doctrina legal vinculante)............................................................................

244

Es posible aplicar supletoriamente medidas establecidas en la ley procesal civil en el proceso penal (doctrina legal vinculante)...................................

244

El presupuesto fumus de/icti comissi de la medida de coerción real requiere que el delito haya ocasionado un daño o perjuicio material o moral (doctrina legal vinculante)............................................................................

244

El presupuesto del periculum in mora requiere la concreta posibilidad de que se produzcan dificultades para la efectividad del procedimiento civil de condena (doctrina legal vinculante).........................................................

245

J503

El periculum in mora se materializa en la posibilidad de que el responsable civil se dedique a distraer, dilapidar u ocultar sus bienes (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

245

J504

La oportunidad para solicitar una medida de coerción real se realiza par­ cialmente en las diligencias preliminares y regularmente en la investiga­ ción preparatoria o etapa intermedia (doctrina legal vinculante)..............

246

El trámite para la aplicación de una medida de coerción real se rige bajo el principio de rogación de la parte procesal legitimada (doctrina legal vin­ culante)............................................................................................................

246

J499 J 500 J 501

J502

J505

CAPÍTULO 13 LA DENUNCIA Y LOS ACTOS INICIALES DE INVESTIGACIÓN DiüGENCIAS PRELIMINARES

J506

J507

Diligencias preliminares tienen por objeto la realización de actos urgentes y asegurar elementos materiales de la comisión del delito (doctrina legal vinculante).......................................................................................................

249

Sospecha simple es suficiente para instaurar diligencias preliminares (doc­ trina legal vinculante).....................................................................................

250

ÍNDICE GENERAL

J508 J509

J 510 jsn

J512

Diligencias preliminares requieren una imputación preliminar sobre la base de una sospecha inicial simple (doctrina legal vinculante)................

250

Las diligencias preliminares buscan determinar los presupuestos formales para iniciar válidamente la investigación judicial.........................................

251

Las diligencias preliminares constituyen una etapa prejurisdiccional del proceso penal.................................................................................................

251

No se interrumpe la prescripción de la acción penal si no existe imputa­ ción concreta (doctrina legal vinculante)....................................................

252

Las actuaciones del Ministerio Público respecto de procesados distin­ tos no interrumpen la prescripción de la acción penal (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

252

LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA La suspensión de la prescripción de la acción penal implica dejar sin efecto el tiempo transcurrido desde la investigación preparatoria hasta culmina­ ción del proceso (doctrina legal vinculante)...............................................

252

Las reglas procesales penales solo regulan la suspensión y no la interrup­ ción de la acción penal (doctrina legal vinculante).....................................

253

El fundamento de la suspensión de la prescripción de la acción penal reside en la posibilidad del éxito (doctrina legal vinculante).....................

253

La suspensión de la prescripción de la acción penal regulada en el CPP no supone la garantía de un proceso sin dilaciones indebidas (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

254

La suspensión de la prescripción de la acción penal no es irrestricta sino que tiene límites (doctrina legal vinculante)................................................

254

No es posible cuestionar la disposición de formalización de investigación preparatoria vía audiencia de tutela (doctrina legal vinculante)................

255

J519

No es posible declarar la nulidad de la disposición de formalización de la investigación valorando la suficiencia y credibilidad de los elementos de convicción (doctrina legal vinculante).........................................................

255

J520

Fiscal provincial puede establecer una pretensión alternativa diferente a la acusación principal........................................................................................

256

La precisión de los hechos en la Disposición de Formalización de Investi­ gación Preparatoria debe ser compatible con el grado de sospecha inicial simple..............................................................................................................

256

La interpretación de la suspensión de prescripción de la acción penal es por una causal distinta a la del Código Penal (doctrina legal vinculante) ...

256

J513

J514

J515 J516

J517 J 518

J521

J522

ÍNDICE GENERAL

J523

La suspensión de la prescripción de la acción penal no puede durar más allá del plazo ordinario de prescripción más una mitad de dicho plazo (doctrina legal vinculante)............................................................................

257

Las causales de suspensión de la prescripción ordinaria también se encuentran en la legislación procesal penal (doctrina legal vinculante)...

257

El Código Procesal Penal no establece ningún supuesto que reduzca plazos por suspensión o interrupción de la acción penal (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

258

La formalización de investigación preparatoria suspende el plazo de pres­ cripción ordinario, debiéndose aplicar el plazo extraordinario (doctrina jurisprudencial vinculante).............................................................................

258

J527

La existencia de un direccionamiento en la investigación contra una per­ sona en concreto, debe ser sobre una base razonable (doctrina legal vin­ culante) ...........................................................................................................

258

J528

Mediante la disposición de formalización de investigación preparatoria que contiene una imputación formal se atribuye la calidad de imputado (doctrina legal vinculante)............................................................................

259

J524

J525

J526

ACUSACIÓN DIRECTA J529 J530

J531

La acusación directa supone el paso directo a la etapa intermedia (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

259

La acusación cumple las funciones de la disposición de la formalización de la investigación preparatoria (doctrina legal vinculante)............................

259

El derecho de defensa de las partes se garantiza con la notificación de la acusación (doctrina legal vinculante)...........................................................

260

PLAZO DE DILIGENCIAS PRELIMINARES J532

El plazo de diligencias preliminares es distinto al plazo de investigación preparatoria (doctrina legal vinculante).......................................................

260

J533

El plazo de las diligencias preliminares debe computarse desde la comuni­ cación al imputado (doctrina legal vinculante)............................................

261

J534

El plazo de diligencias preliminares es diferente y no se halla comprendido en los 120 días naturales más de prórroga (doctrina legal vinculante)......

261

El plazo de diligencias preliminares en su hipótesis más extrema no puede ser superior al plazo de investigación preparatoria (doctrina legal vinculante)......................... .............................................................................

261

J535

ÍNDICE GENERAL

J536

J 537

J538 J539

El cómputo de las diligencias preliminares es por días naturales y desde que el fiscal toma conocimiento del hecho punible (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

262

Posición contraria: no se puede fijar un caso distinto en las diligencias pre­ liminares para casos complejos.....................................................................

262

Plazo máximo de las diligencias preliminares es de ocho meses en caso de investigaciones complejas (doctrina legal vinculante)...............................

263

No es posible prorrogar el plazo de la investigación preliminar si ha con­ cluido (doctrina legal vinculante).................................................................

263

PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA J540

La excepción a la plena vigencia del tempusregitactum, en casos de plazos ya iniciados (doctrina legal vinculante)........................................................

264

J 541

La aplicación de la Ley N° 30077 corresponde para investigaciones y pro­ cesos en trámite que cumplan los requisitos (doctrina legal vinculante)....

264

No procede adecuación de plazo al establecido en la Ley N° 30077, en investigación preparatoria ya formalizada (doctrina legal vinculante)......

265

J542

CAPÍTULO 14 LA ETAPA INTERMEDIA

EL SOBRESEIMIENTO J543 J544

J545 J546 J547

El imputado y la víctima pueden postular el sobreseimiento con base en acuerdos reparatorios postulados (doctrina legal vinculante)...................

267

El auto de sobreseimiento puede ser revocado en virtud de la apelación del agraviado (doctrina jurisprudencial vinculante)....................................

267

El órgano jurisdiccional no puede ordenar que el fiscal formule acusación cuando ha optado por el sobreseimiento (doctrina legal vinculante).......

268

La formalidad de la oposición al sobreseimiento tiene dos fases: una escrita y otra oral (doctrina legal vinculante)...............................................

268

No es necesario que el actor civil formule oposición al requerimiento fiscal de sobreseimiento para luego apelar el auto de sobreseimiento (doctrina legal vinculante)............................................................................................

268

ÍNDICE GENERAL

LA ACUSACIÓN

J548

La acusación fiscal es un acto procesal de postulación del Ministerio Público dirigido al órgano jurisdiccional (doctrina legal vinculante).........

269

La acusación fiscal debe expresar la legitimación activa del fiscal y en su contenido los presupuestos y requisitos objetivos de su pretensión (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

269

La acusación fiscal importa tanto la pretensión penal como la pretensión civil las cuales deben ser debidamente postuladas (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

270

J551

Los elementos de convicción son fundamentos o razones suficientes del fiscal para imputar un hecho punible al Imputado como autor o partícipe (doctrina legal vinculante)............................................................................

270

J552

Es un presupuesto procesal de la acusación fiscal la identificación exhaustiva del imputado y un contenido fáctico riguroso (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

271

Se establece que la acusación debe describir de forma precisa, clara y concreta los hechos y las circunstancias temporales y espaciales (doctrina legal vinculante).............................................................................................

271

J554

La acusación debe contener un título de imputación provisional (doctrina legal vinculante).............................................................................................

271

J555

Los elementos de convicción en la acusación fiscal deben tener una mayor intensidad incñminatoria y ser suficientes (doctrina legal vinculante)......

272

La acusación debe ser debidamente motivada cumpliendo los requisitos tácticos y jurídicos (doctrina legal vinculante).............................................

272

Se establece que la acusación debe contener los hechos que han sido defi­ nidos como objeto de la Investigación (doctrina legal vinculante)............

273

La calificación jurídica de la acusación fiscal puede variar respecto de la Disposición de Formalización de Investigación Preparatoria (doctrina legal vinculante)........................................................................... ...........................

273

El hecho de que el fiscal no tome en cuenta una prueba ofrecida por la defensa al emitir su requerimiento no vulnera el debido proceso..............

273

Se precisa que el contenido de la acusación debe ser debidamente expresa, precisa y con clara determinación de la participación de los sujetos.........

274

El contenido del aspecto fáctico de la acusación debe ser concreto y preciso.............................................................................................................

274

La inobservancia del plazo legal para formular acusación fiscal no es san­ cionada con la caducidad (doctrina legal vinculante).................................

275

J549

J550

J553

J556 J557 J558

J559 J560

J561 J562

ÍNDICE GENERAL

J563

La acusación alternativa implica que una de las calificaciones jurídicas establecidas desplaza a la otra al momento de la sentencia.......................

275

La acusación alternativa no vulnera el derecho de defensa si se tiene pleno conocimiento de los hechos..........................................................................

275

No se vulnera el principio de congruencia si se condena por uno de los delitos contemplados alternativamente en la acusación fiscal...................

276

Si el órgano jurisdiccional ordena al fiscal que acuse se vulnera el principio acusatorio.......................................................................................................

276

El tribunal puede degradar la acusación sin afectar el objeto procesal y el factum acusatorio..........................................................................................

277

J568

El órgano jurisdiccional no puede obligar al fiscal a formular acusación...

277

J 569

La acusación alternativa mantiene íntegros los aspectos tácticos de la imputación penal pero existe más de una ley penal en apariencia aplicable..........................................................................................................

277

Se establecen los alcances de la lógica interpretativa de los elementos de convicción que sustentan una acusación fiscal (doctrina legal vinculante)

277

El fiscal fija los hechos {factum} mientras que el juez realiza el juicio jurídico de los hechos (doctrina jurisprudencial vinculante)................................. .

278

Para la admisión en etapa intermedia de la declaración de la víctima menor de edad debe oralizarse el audio o visualizarse el video de su registro......

278

J564

J565 J566

J567

J570

J571 J572

CONTROL DE ACUSACIÓN El juez de investigación preparatoria es el encargado de realizar el control de legalidad de la acusación (doctrina legal vinculante)............................

279

J574

El control de acusación consta de la fase escrita y oral (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

279

J575

Los sujetos procesales pueden observar la acusación fiscal y proponer cuestiones a discutir (doctrina legal vinculante)..........................................

279

J576

El control formal de la acusación es sobre el cumplimiento de los presu­ puestos formales que debe contener (doctrina legal vinculante)..............

280

J577

El control formal de la acusación fiscal se refiere a la existencia de erro­ res, insuficiencia, incoherencia u omisiones relevantes del contenido de la acusación fiscal (doctrina legal vinculante).................................................

280

J578

El control sustancial puede ser de oficio y comprende aquellas acciones relacionadas a la validez de la pretensión penal (doctrina legal vincu­ lante) ...............................................................................................................

280

El control sustancial se realiza luego de la subsanación de las observacio­ nes del control formal (doctrina legal vinculante).......................................

281

J573

J579

ÍNDICE GENERAL

J580

J 581

El control sustancial respecto a los elementos de convicción es el juicio de suficiencia que evidencie alguna causal de sobreseimiento (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

281

Es posible impugnar resoluciones desestimatorias de medios de defensa técnicos como las excepciones, expedidas durante la etapa intermedia...

282

EL AUTO DE CITACIÓN A JUICIO J582

El Ministerio Público y las partes procesales solo pueden coadyuvar a citar a sus testigos y peritos (doctrina legal vinculante)......................................

282

CAPÍTULO 15 EL JUZGAMIENTO PRINCIPIOS DEL JUZGAMIENTO

J583

El principio de oralidad está referido a la forma de los actos procesales para facilitar la aplicación de otros principios (doctrina legal vinculante)..

283

El principio de oralidad se materializa mediante el modelo de audiencias orales (doctrina legal vinculante).................................................................

283

La regla general es que la resolución oral debe constar en Acta (doctrina legal vinculante).............................................................................................

284

La reproducción integral del auto judicial dictado en audiencia oral será necesaria si es recurrida (doctrina legal vinculante)....................................

284

Reiterados cambios en la conformación del juzgado colegiado vulneran el principio de inmediación...............................................................................

284

La ley procesal penal establece supuestos para el reemplazo del juez que conocerá el juicio oral (doctrina jurisprudencial vinculante).......................

285

J589

Se establece que en casos de reemplazo de juez de juicio quien estuvo presente durante el contradictorio probatorio deberá emitir sentencia (doctrina legal vinculante)............................................................................

285

J590

Si no existen medidas alternativas el juez reemplazante que estuvo en el contradictorio probatorio deberá ser el juez de juicio hasta el final (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

285

Las resoluciones expedidas en el transcurso de la audiencia del juicio oral deben documentarse en acta (doctrina legal vinculante)...........................

286

Las audiencias también pueden ser registradas por un medio técnico como grabación en audio y video (doctrina legal vinculante)...................

286

J584

J585 J586

J587 J588

J 591

J592

Indice GENERAL

CONCLUSIÓN ANTICIPADA

J593

La conclusión anticipada del juicio oral se basa en la aceptación de los cargos (precedente vinculante).....................................................................

286

La conclusión anticipada puede ser absoluta o relativa (doctrina legal vin­ culante) ...........................................................................................................

287

El aspecto sustancial de la conformidad Implica la aceptación de los hechos objeto de imputación y sus consecuencias (doctrina legal vincu­ lante) ...............................................................................................................

287

La conclusión anticipada es un acto expreso y unilateral (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

287

En la conclusión anticipada existe una predeterminación de la sentencia sin intervención del juzgador (doctrina legal vinculante)...........................

288

Luego de la aceptación de los cargos en la conclusión anticipada no existe actividad probatoria (doctrina legal vinculante).........................................

288

Una vez que se han aceptado los cargos por el imputado en la conclusión anticipada no es procedente una retractación (doctrina legal vinculante)

289

La conformidad de uno de los imputados no excluye la posibilidad de que se continúe el proceso para los demás coimputados (doctrina legal vincu­ lante) ...............................................................................................................

289

J601

El condenado vía conformidad parcial puede ser considerado testigo para el juicio oral respecto de los demás coimputados (doctrina legal vincu­ lante) ...............................................................................................................

289

J602

El juez puede analizar los hechos y calificación jurídica propuestos en la conformidad (doctrina legal vinculante).....................................................

290

El juez puede variar la calificación jurídica propuesta en la conformidad (doctrina legal vinculante)............................................................................

290

El tribunal de juzgamiento no se encuentra obligado a los hechos de la sentencia de conformidad en el juicio oral de los coimputados (doctrina legal vinculante)............................................................................................

291

J605

Se puede cuestionar vía acción de revisión la sentencia conformada si apa­ recen pruebas para una calificación favorable en el juicio de los coimputa­ dos (doctrina legal vinculante).....................................................................

291

J606

La confesión sincera no es de aplicación en el estadio de conformidad si previamente se ha negado responsabilidad de los hechos en la investiga­ ción (doctrina legal vinculante)....................................................................

291

La pretensión civil de la víctima debe ser acreditada en la sentencia conformada o posteriormente luego del juicio y actuación de la prueba correspondiente (doctrina legal vinculante)...............................................

292

J594 J595

J596 J597

J598 J599 J600

J603

J604

J607

Indice GENERAL

J608

La reparación civil fijada por el juzgador en el segundo juicio de los impu­ tados no conformados no afecta la establecida en la sentencia confor­ mada (doctrina legal vinculante)..................................................................

292

La conclusión anticipada presupone una renuncia a la actividad probato­ ria propia de un juicio oral.............................................................................

292

La no observancia de la desaprobación de la imputación por parte del abogado defensor no hace amparable la conclusión anticipada................

293

La conclusión anticipada implica la aceptación de los cargos acusados, vinculación de la conformidad al juez y su carácter dispositivo..................

293

J 612

En la conclusión anticipada no es admisible la valoración probatoria y una desvinculación de los hechos fijados en la acusación escrita......................

294

J 613

Es posible realizar un control de juicio jurídico en la conclusión anticipada........................................................................................................

294

La conclusión anticipada del juicio oral no admite cuestionamiento al extremo fáctico................................................................................................

294

En caso algunos coimputados se hayan acogido a la conformidad, a todos debe imponerse el mismo monto de la reparación civil..............................

295

J616

El Tribunal no puede valorar ningún medio de prueba si existe conformi­ dad del acusado..............................................................................................

295

J 617

La conformidad no sustentada en material probatorio actuado en el juicio oral no puede servir para condenar a los coimputados...............................

296

La Sala de casación penal puede anular de oficio sentencias conformadas si advierte vulneración de derechos fundamentales....................................

296

Las causales advertidas por el Tribunal revisor para declarar la nulidad de la sentencia conformada.................................................................................

297

J609

J 610 J 611

J614

J615

J618 J619

DESViNCULACiÓM PROCESAL J620

J621

J622 J623

El principio de correlación implica que el Tribunal no puede sobrepasar en la sentencia los hechos y circunstancias expuestos en la acusación (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

1^~]

El objeto del proceso penal puede ser modificado dentro del ámbito de competencia del Tribunal que emitirá la sentencia (doctrina legal vincu­ lante) ...............................................................................................................

297

El objeto de debate puede ser ampliado por las partes procesales (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

298

Los hechos no pueden alterarse en su aspecto esencial pero sí ampliar detalles para hacer más comprensivo el relato fáctico (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

298

ÍNDICE GENERAL

J624

J625

J626

J627

J628

J629

No se infringen los principios acusatorio y de contradicción si el Tribunal sentenciador valora circunstancias referidas a los grados de ejecución del delito (doctrina legal vinculante)..................................................................

299

La tesis de desvinculación puede ser planteada por el Tribunal ante una circunstancia modificativa de la responsabilidad penal (doctrina legal vin­ culante) ..........................................................................................................

299

La modificación de la calificación jurídica del hecho objeto de la acusación es procedente si se respeta el principio de contradicción...........................

299

La desvinculación procesal se basa en la existencia de un erróneo juicio de tipicidad (doctrina legal vinculante).............................................................

300

No se justifica la Invalidez de la sentencia de primer grado si fundamentó la desvinculación procesal en un criterio jurisprudencial anterior (doctrina legal vinculante)............................................................................................

300

Las reglas de interpretación del Acuerdo Plenario N° 4-2007/CJ-116 son compatibles con la regulación de la desvinculación procesal prevista en el Código Procesal Penal (doctrina legal vinculante)......................................

301

LA ACTUACIÓN PROBATORIA EN EL JUZGAMIENTO

J630

El principio de inmediación garantiza que el juez pueda ejercer un control de calidad en la valoración probatoria.........................................................

301

J631

El derecho a guardar silencio del imputado en el juicio oral no anula las declaraciones prestadas anteriormente........................................................

301

J632

El hecho de que el abogado del agraviado no constituido en actor civil interrogue al acusado no es causal de nulidad de la sentencia...................

302

J633

Declaración de menor edad omitida en la acusación fiscal puede incorpo­ rarse en el juicio oral......................................................................................

302

La incorporación de un medio de prueba no propuesto ni admitido, mediante una declaración testimonial no tiene valor.................................

303

La parte procesal no tiene facultad para realizar la conducción compul­ siva del perito que ofreció para el juicio oral, ante su inconcurrencia a la audiencia................................................................... ....................................

303

No es necesaria la declaración de la víctima en juicio oral, si su testimonio anterior puede ser oralizado y sometido a contradictorio..........................

304

La declaración del menor de edad omitida puede ser incorporada de oficio en el juicio oral (doctrina legal vinculante)..................................................

304

La excepcionalldad de la admisión de lectura de declaración sumarial requiere la inconcurrencia del testigo..........................................................

304

J634

J635

J636

J 637 J638

ÍNDICE GENERAL

J639

La indebida oralización de la prueba actuada en juicio, que no fue cuestio­ nada en su oportunidad no impide su valoración........................................

305

J640

No es posible ordenar la lectura de declaraciones de la agraviada y el acu­ sado si asisten a la audiencia de juzgamiento..............................................

305

J641

Para la exclusión de la actuación de lectura de la declaración previa de un testigo solo es posible cuando se cuestione alguno de sus presupuestos...

305

ACTUACIÓN DE PRUEBA DOCUMENTAL J642

La lectura de una declaración sumarial se basa en argumentos de urgen­ cia y excepcionalidad, si no se presentan es indispensable la asistencia del testigo..............................................................................................................

306

ACUSACIÓN COMPLEMENTARIA

J643

La acusación complementaria puede referirse a la incorporación de un nuevo hecho....................................................................................................

306

CAPÍTULO 16 LA DELIBERACIÓN Y LA SENTENCIA J644

La actividad probatoria será suficiente si las pruebas tienen un carácter incriminatorio y están referidas al objeto de la imputación........................

309

La motivación de las resoluciones judiciales se manifiesta en la logicidad, claridad y coherencia de la decisión jurisdiccional.......................................

309

La argumentación que observa la garantía de motivación de resoluciones judiciales es racional y ajustada al tema de debate......................................

310

ÜB

La motivación del juicio de hecho o de culpabilidad se basa en el material probatorio y su valoración racional................................................................

310

J648

La garantía procesal específica de motivación abarca la fundamentación de los hechos, calificación jurídica, pena y reparación civil.........................

310

La garantía procesal específica de motivación determina la obligación de fundamentar los hechos, la calificación jurídica, la pena y reparación civil.

311

No se vulnera el principio de congruencia entre lo acusado y resuelto si existe un pronunciamiento de la Sala Penal de Apelaciones sobre el tipo penal invocado en la acusación.....................................................................

311

La congruencia fáctica de la sentencia implica que el hecho declarado como probado sea coincidente y no idéntico con la acusación...................

311

J645 J646

J649 J650

J651

ÍNDICE GENERAL

J652

La manifiesta ilogicidad de la motivación de la sentencia es compatible con la ausencia de motivación, motivación incongruente y la existencia de vicios lógicos..................................................................................................

312

J653

La motivación debe consignar el material probatorio y su valoración para no vulnerar el principio de la razón suficiente..............................................

312

La motivación de las resoluciones judiciales no exige el debate de cada uno de los preceptos o razones jurídicas alegadas por la parte..................

312

La motivación del juicio de hecho o de culpabilidad requiere la valoración de las pruebas y la ligazón racional en las afirmaciones o negaciones.......

313

La motivación de las resoluciones como exigencia constitucional impone la obligación que el juez funde conforme a derecho su decisión (doctrina legal vinculante)............................................................................................

313

J 657

La razonabilidad de las resoluciones judiciales se manifiesta en la apre­ ciación de la prueba y en la interpretación del derecho objetivo (doctrina legal vinculante)...................................

313

J658

La garantía de la debida motivación de las resoluciones integra la tutela jurisdiccional efectiva.....................................................................................

314

J 659

El juez no puede aplicar una pena más grave que la requerida por el fiscal

314

J 660

Para motivar una resolución judicial basta la exteriorización del proceso valorativo del juez (doctrina legal vinculante).............................................

314

J661

Los errores lógicos en la motivación de la sentencia se dan en tres supues­ tos (doctrina legal vinculante)......................................................................

315

La motivación de las resoluciones judiciales es una garantía constitucio­ nalmente protegida que requiere congruencia y razonabilidad.................

315

La valoración integral de la prueba implica valorar las declaraciones brin­ dadas también en sede preliminar................................................................

316

Las sindicaciones realizadas en sede preliminar y no en la actividad proba­ toria en sede sumarial y el plenario, no son válidas sin concurso del fiscal.

316

La motivación de la resolución judicial debe comprender las argumenta­ ciones realizadas por las partes.....................................................................

316

Debe ser acreditado el dolor e impacto emocional de los familiares de la víctima de homicidio para el aumento en la fijación de la reparación civil.

317

La ilogicidad de la motivación exige verificar que el juez cometió algún error en su razonamiento o violó las reglas de la lógica...............................

317

La ilogicidad de la motivación como causal del recurso de casación puede ser amparable en seis supuestos..................................................................

317

La contradicción o ilogicidad de la sentencia no puede ser considerado como causal del recurso de casación, si no se demuestra una oposición recíproca e insuperable.................................................................................

318

J654 J655

J662 J663

J664 J665

J666 ■ J667

J668

Lii^i

ÍNDICE GENERAL

J670

La motivación de las resoluciones judiciales no garantiza una determi­ nada extensión de la motivación sino la congruencia entre lo pedido y lo resuelto............................................................................................................

318

La infracción de la motivación inexistente o aparente puede sustentarse en una valoración genérica de las pruebas...................................................

319

Existe motivación aparente cuando no se desarrolla de forma razonada y razonable la convicción que le generó la prueba.........................................

319

La logicidad de la sentencia se vulnera cuando las conclusiones probato­ rias se basan en elementos probatorios contradictorios entre sí................

320

J674

Debido proceso: no se vulnera si las pericias, cuyo valor cuestiona la defensa, no fueron tomadas en cuenta por el Tribunal para condenar al acusado...........................................................................................................

320

J675

Se precisa que la ausencia absoluta de análisis probatorio y jurídico es un elemento de la falta de motivación en las resoluciones judiciales..............

320

La infracción a la motivación de las resoluciones por motivación insufi­ ciente se realiza cuando no existe análisis de todo el caudal probatorio...

321

El contenido esencial del derecho a la motivación de las resoluciones judi­ ciales implica un razonamiento congruente y proporcionado....................

321

La falta de coherencia en la declaración de la víctima genera duda en los hechos..............................................................................................................

322

1679

Ante la insuficiencia de prueba de cargo rige el in dubio pro reo.................

322

J680

En el supuesto de prueba insuficiente corresponde la absolución.............

322

J 681

La sentencia no debe sustentarse en elementos de prueba obtenidos en la etapa investigatoria........................................................................................

323

Las reglas de la lógica es una de las directrices de rango objetivo de la sana crítica (doctrina legal vinculante)..................................................................

323

Las máximas de experiencia consisten en reglas no jurídicas emanadas de la vida social concreta (doctrina legal vinculante)........................................

323

Los conocimientos científicos exigen consenso en la comunidad científica (doctrina legal vinculante).............................................................................

324

Las reglas de la sana crítica como premisa mayor del silogismo judicial requieren que sean determinadas por el juez desde parámetros objetivos (doctrina legal vinculante).............................................................................

324

El estándar de prueba que requiere la condena es más allá de toda duda razonable (doctrina legal vinculante)............................................................

324

J687

El estándar de prueba es cumplido con la acreditación de los elementos típicos y de intervención delictiva (doctrina legal vinculante)....................

325

J688

El estándar de prueba de más allá de toda duda razonable guarda relación con el derecho a la presunción de Inocencia (doctrina legal vinculante)...

325

J 671 J672

J673

J676 J677

J678

J6S2

J683 J684

J685

J686

Indice GENERAL

J689

Las contradicciones en las pericias contables deben ser valoradas para fundamentar la sentencia..............................................................................

326

J690

La sentencia debe establecer una debida apreciación de los hechos, valo­ ración conjunta y razonada de la prueba actuada.......................................

326

J 691

La motivación no solo debe observar las regias de la lógica y la experiencia sino también las psicológicas........................................................................

326

La determinación judicial de la pena es un procedimiento que consiste en determinación e individualización de la pena básica..................................

327

La motivación de la sentencia condenatoria debe contener el procedi­ miento de determinación judicial de la pena...............................................

327

La comunicación de la sentencia se perfecciona con la notificación de la sentencia para la parte procesal que no haya asistido a la audiencia de lectura de sentencia......................................................................................

328

La incomparecencia a la audiencia de lectura de sentencia no implica la pérdida del derecho a impugnar en caso que la comparecencia sea facul­ tativa...............................................................................................................

328

J692 J693 J694

J695

CAPÍTULO 17 LA IMPUGNACIÓN PRECEPTOS GENERALES DE LA IMPUGNACIÓN

J696

J697

J698 J699

La fundamentación del recurso de apelación que presenta el abogado defensor, no necesita autorización de su patrocinado................................

329

En el caso de decisiones expedidas oralmente o leídas en audiencia, la interposición del recurso impugnatorio se realiza en dicho momento, en caso de sentencias procede la reserva..........................................................

329

Las formalidades para la interposición de ios recursos impugnativos admi­ ten la forma oral y su formalización por escrito............................................

330

No basta decir "no estando conforme", para afirmar que se está ejerciendo el derecho a la impugnación y tener calidad de parte recurrente...............

330

LOS RECURSOS EL RECURSO DE APELACIÓN PRECEPTOS GENERALES DEL RECURSO DE APELACIÓN

J700

La non reformatio in peius se sustenta en la interdicción de un pronuncia­ miento más gravoso si no se ha impugnado dicho extremo de la sentencia (doctrina legal vinculante)............................................................................

331

ÍNDICE GENERAL

J 701

La incongruencia procesal entre pretensión impugnatoria y resolución que resuelve el recurso vulnera el derecho de defensa y el principio acusa­ torio (doctrina legal vinculante)....................................................................

331

J702

El pronunciamiento del Tribunal Superior varía su pronunciamiento según el sujeto procesal que haya interpuesto el recurso impugnatorio (doctrina legal vinculante).............................................................................................

332

La variación del Tribunal Superior del grado de consumación del delito, el grado de participación o de pena principal a accesoria por error jurídico tiene límites (doctrina legal vinculante).......................................................

332

J704

La integración de la pena de inhabilitación por el Tribunal Superior no puede ser en perjuicio del imputado (doctrina legal vinculante)...............

333

J705

La variación de la calificación jurídica no vulnera el non reformatio ¡n peius, si se informó y otorgó un escenario para la defensa y que no conlleve un aumento de pena (doctrina legal vinculante) .............................................

333

El principio tantum devolutum quantum opellatum es un límite para la competencia del Tribunal revisor (doctrina legal vinculante).....................

333

J707

No es procedente una modificación de oficio por parte del Tribunal Supe­ rior que agrave la situación del imputado (doctrina legal vinculante).......

334

J708

No se vulnera el reformatio in peius si se integra el fallo con una medida de seguridad en lugar de una pena (doctrina legal vinculante)................ ......

334

En la reformatio in peius el condenado impugna la condena y la misma es integrada por una pena adicional en su perjuicio........................................

334

El principio dispositivo confiere atribuciones a las partes procesales para sostener sus medios impugnatorios..............................................................

335

El cambio del título de participación delictiva no vulnera la non reformatio in peius.............................................................................................................

335

La variación de pena en perjuicio del condenado no puede ampararse si este fue el único que impugnó......................................................................

335

Ante una incorrecta pena impuesta por debajo del mínimo legal, si el fis­ cal no impugnó es vigente el principio de interdicción de la reformatio in peius.................................................................................................................

336

J7M

La adecuación del tipo penal no Implica una vulneración al principio de interdicción de la reforma peyorativa............................................................

336

J715

Si no se cuestionó recursalmente la omisión de sumatoria de penas en caso de concurso real por parte del Ministerio Público no es posible apli­ carlo de oficio........... ......................................................................................

337

El Tribunal Superior debe pronunciarse sobre las pruebas de cargo y de descargo..........................................................................................................

337

J703

J706

J709

J 710 J711 J712 J713

J 716

ÍNDICE GENERAL

J 717

Al no existir explicación o detalle del proceso lógico por el Tribunal Supe­ rior no se respeta la garantía de la tutela jurisdiccional efectiva................

337

J 718

En sede recursal no es posible ampliar el objeto procesal o abordar temas distintos de los hechos punibles acotados en la acusación fiscal................

338

El principio de congruencia no puede ser utilizado para impedir que el Tribunal Superior se pronuncie frente a un error en la calificación jurídica del aquo..........................................................................................................

338

La inasistencia del imputado no recurrente a la audiencia de apelación no impide que se realice la diligencia (doctrina legal vinculante)...................

339

El juicio de segunda instancia debe repetirse por otro Colegiado si trans­ curre el plazo de deliberación y no se emite el fallo de la Sala Penal..........

339

No se vulnera la pluralidad de Instancia si se rechaza un recurso de apela­ ción formulado de forma vaga y sin precisar los puntos controvertidos....

339

El Tribunal Superior puede declarar la nulidad del fallo Impugnado (doc­ trina legal vinculante)...................................................................................

340

El Tribunal superior puede pronunciarse ante la Infracción del derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales (doctrina legal vincu­ lante) ...............................................................................................................

340

J725

La vigencia del principio tantum apellatum tanto devolutum para el pro­ nunciamiento de los puntos controvertidos................................................

340

J 726

SI el fiscal superior discrepa de la sentencia absolutoria el Tribunal Supe­ rior debe resolver el fondo conforme a las impugnaciones presentadas (doctrina legal vinculante)............................................................................

341

J727

Límites a la facultad de la Sala de Apelaciones para modificar de oficio la calificación jurídica de los hechos de primera instancia (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

341

J728

El Tribunal revisor puede declarar la nulidad de todo o en parte de la sen­ tencia Impugnada ante una errónea calificación jurídica (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

342

J720

J721 J722

J723 J724

LA APELACIÓN DE AUTOS

J 729

Inasistencia del abogado de la parte impugnante a la audiencia de apela­ ción de auto no genera la inadmisibilidad del recurso.................................

342

El sobreseimiento parcial derivado de una excepción de improcedencia de acción es objeto de apelación sin efecto suspensivo y con calidad de diferida............................................................................................................

343

J731

El efecto diferido del recurso tiene por finalidad evitar las continuas inte­ rrupciones del procedimiento principal........................................................

343

J732

La nulidad del concesorio de apelación debe ser resuelta conjuntamente con el auto definitivo o sentencia..................................................................

344

J730

ÍNDICE GENERAL

J 733

Las reglas normativas para la asistencia a la audiencia de apelaciones de autos y sentencias son diferenciadas (doctrina legal vinculante)................

344

lili

No es posible aplicar supletoriamente las reglas normativas de asistencia de la audiencia de sentencia a la audiencia de autos (doctrina legal vinculante).......................................................................................................

344

ii3i

No es posible declarar inadmisible un recurso de apelación de autos por Inasistencia del imputado a la audiencia (doctrina legal vinculante).........

345

Ante la Inasistencia del Impugnante en una audiencia de apelación de autos el juez debe resolver el fondo y no declararla inadmisible (doctrina legal vinculante)..............................................................................................

345

Si el fiscal provincial no Impugnó el auto, el fiscal superior no está obligado a acudir a la audiencia de apelación de autos (doctrina legal vinculante)..

346

J738

Solicitud de nulidad de la sentencia debe entenderse extensivamente como impugnación extensiva a la reparación civil.....................................

346

J739

El traslado de la impugnación contra el auto cuestionado es una salva­ guarda del derecho de defensa (doctrina legal vinculante).......................

347

J736

J737

LA APELACIÓN DE SENTENCIAS

J740

Modificación de la calificación jurídica de la acusación por el Tribunal Superior no debe afectar el derecho de defensa..........................................

347

El tribunal superior puede valorar la prueba personal en caso de error, impre­ cisión o por la contradicción que evidencia la actuación de prueba nueva..

348

J742

La sentencia de segunda instancia debe contener un razonamiento jurí­ dico que exprese de modo claro y preciso las razones de lo resuelto.........

348

^illi

La exigencia de fundamentar los hechos y la calificación jurídica deben expresarse en la sentencia de fondo de segunda instancia.........................

348

J744

La técnica del fallo por remisión no vulneraría la garantía de motivación siempre que la sentencia de primera instancia se resuelva con rigor.........

349

J745

Puede realizarse un examen de los medios de prueba personales de pri­ mera instancia.................................................................................................

349

La no actuación de prueba en segunda instancia no limita a la sala de ape­ laciones realizar un control sobre el principio de razón suficiente............

350

La no actuación de un testigo especial en primera instancia, al no haberse adoptado las medidas necesarias para su actuación, no puede ser recha­ zada como nueva prueba...............................................................................

350

J748

La prueba personal es inmodificable en cuanto a su valoración en segunda instancia, si no se actuó prueba nueva que la desacredite..........................

350

J749

La inadmisibilidad del recurso de apelación constituye una sanción proce­ sal a la inobservancia de una norma expresa................................................

351

El incumplimiento de los fundamentos para ofrecer nueva prueba en segunda instancia determina su inadmisibilidad........ ................................

351

J741

J746 J747

J750

ÍNDICE GENERAL

lili

Motivación incompleta por no responder puntualmente los argumentos impugnativos del recurrente.........................................................................

352

La prueba nueva en el juicio de apelación requiere que sea de conoci­ miento posterior al juicio oral de primera instancia (doctrina jurispruden­ cial vinculante)................................................................................................

352

J753

Pruebas en segunda instancia solo son admisibles cuando estén dirigidas a demostrar la inocencia o culpabilidad del encausado (doctrina jurispru­ dencial vinculante).........................................................................................

352

J754

Aplicación del método de la supresión hipotética para establecer la tras­ cendencia de la omisión de valorar una prueba..........................................

353

El Tribunal de apelación si no valora pruebas esenciales y decisivas vulnera la garantía de motivación de resoluciones judiciales...................................

353

Es admisible la omisión parcial de medios de prueba que no sean esencia­ les para determinar la responsabilidad........................................................

354

Autoridad jurisdiccional que conoce un medio Impugnatorlo debe respe­ tar el principio de congruencia (doctrina legal vinculante)........................

354

El desistimiento del fiscal superior sobre el recurso de apelación que inter­ puso el fiscal inferior debe ser expreso........................................................

354

La pretensión impugnativa del recurso de apelación solo puede ser alte­ rada por el fiscal superior en la medida en que se desista del recurso total o parcialmente................................................................................................

355

El Tribunal revisor tiene la facultad para determinar la correcta calificación jurídica de la imputación penal en sede de apelación (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

355

Sala de apelaciones solo puede efectuar un control de la estructura racio­ nal del contenido de la prueba actuada en primera instancia.................. .

356

J762

La inmediación se manifiesta entre quienes participan en el proceso y el Tribunal y en lo referente a la recepción de la prueba.................................

356

J763

El principio de inmediación tiene como limitación una revaloración de la prueba testimonial actuada en primera instancia.................................................

357

El Tribunal Superior no puede valorar una prueba que no ha sido actuada en segunda instancia.......................................................................... ...........

357

El tribunal revisor puede valorar la prueba personal en segunda instancia si ha sido cuestionada e infringe las reglas de la lógica, ciencia y máximas de experiencia (doctrina legal vinculante)..................................................

357

J766

La valoración de la prueba personal en segunda instancia se realiza para evidenciar la infracción a las reglas de la lógica, ciencia y máximas de expe­ riencia (doctrina legal vinculante)................................................................

358

J767

El Tribunal Superior solo podrá evidenciar el error o inexactitud de la valo­ ración de la prueba personal por el juez penal.............................................

358

J 752

J755

J756 J757 J758 J759

J760

J 761

J764

íilli

ÍNDICE GENERAL

J768

Las limitaciones al Tribunal revisor en la valoración de la prueba están refe­ ridas a la admisión de prueba nueva y no variar el resultado probatorio del a quo (doctrina jurisprudencial vinculante)..................................................

358

J769

Tribunal revisor puede examinar la valoración de la coherencia existente en una misma declaración y entre una declaración y otra (doctrina juris­ prudencial vinculante)....................................................................................

359

J770

El principio non reformatio in peius impide elevar la pena impuesta en primera instancia si no ha sido solicitado en el recurso por el Ministerio Público............................................................................................................

359

No es posible que la sala penal absuelva al acusado otorgando diferente valor probatorio a las declaraciones recibidas en primera instancia...........

359

Supuestos en los que es posible actuar en segunda instancia testimoniales ya actuadas en primera instancia (doctrina legal vinculante).....................

360

La segunda sentencia no puede imponer una pena mayor a la que se impuso en la primera sentencia anulada......................................................

360

J774

El Tribunal revisor está autorizado para cambiar el valor probatorio de la prueba personal por actuación de la prueba en segunda instancia (doc­ trina legal vinculante)....................................................................................

361

J775

La casación puede constituir un remedio para la afectación a garan­ tías constitucionales o errores jurídicos en la valoración de la prueba en segunda instancia (doctrina legal vinculante).............................................

361

La presencia del condenado en el juicio de segunda instancia es Indis­ pensable cuando se debaten cuestiones de hecho (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

361

J771 J772 J773

J776

LA CONDENA DEL ABSUELTO

J777

Condenar al imputado en segunda instancia no vulnera el derecho a la instancia plural...............................................................................................

362

La condena del absuelto es posible si se cumple con el presupuesto de la actividad probatoria en segunda instancia (doctrina jurisprudencial vinculante).......................................................................................................

362

J779

Corte Suprema está habilitada para condenar a un absuelto en segunda instancia ante manifiesta ilogicidad en la motivación del fallo...................

363

J780

La condena del absuelto debe fundamentarse en una actuación probato­ ria en segunda instancia................................................................................

363

Ante la carencia del recurso de apelación para un fallo de segunda instan­ cia que condena al absuelto se debe optar por la nulidad (doctrina juris­ prudencial vinculante)....................................................................................................

363

En la condena del absuelto, se debe optar por la nulidad del proceso hasta antes del inicio del juicio oral de primera instancia para garantizar el dere­ cho al recurso..................................................................................................

364

J778

J 781

J782

ÍNDICE GENERAL

No es posible la condena del absuelto en sede de apelación, solo procede la nulidad del fallo de primera instancia (doctrina jurisprudencial vinculante).....................................................................................................

364

En la condena del absuelto, la nulidad de las sentencias de primera y segunda instancia es excesiva (doctrina jurisprudencial vinculante).........

365

La sentencia de segunda que condena al absuelto vulnera la garantía del debido proceso si no hay actuación probatoria...........................................

365

La condena del absuelto es una posibilidad legal y constitucionalmente válida si se cumple con sus presupuestos....................................................

365

La casación no es un recurso eficaz para garantizar el derecho a la plurali­ dad de instancia en la condena del absuelto...............................................

366

J788

La valoración de la prueba excluida no ocasiona vicio a la sentencia de segunda instancia si no es decisiva para resolver el caso judicial................

366

J789

El tribunal de revisión tiene competencias para declarar nulidades absolu­ tas 0 sustanciales no advertidas por el impugnante....................................

367

J783

J784 J785

J786

J787

EL RECURSO DE CASACIÓN

J790

El recurso de casación requiere la existencia de interés de quien lo plantea y el gravamen o perjuicio...............................................................................

367

La casación es un recurso extraordinario que por su naturaleza no consti­ tuye nueva instancia......................................................................................

367

El análisis de la presunción de inocencia en sede casacional implica una triple comprobación.......................................................................................

368

J793

Las causales de errónea interpretación o falta de aplicación de la ley penal deben encontrarse debidamente identificadas para sustentar el recurso de casación.....................................................................................................

368

J794

Al tribunal de casación no le corresponde realizar una valoración probatoria.......................................................................................................

369

J795

La procedencia del recurso de casación está supeditada ai cumplimiento de sus causales...............................................................................................

369

J796

No es posible incorporar nuevos agravios en la audiencia de casación si no han sido incorporados previamente en su escrito de casación...................

369

El recurso de casación implica un control de logicidad de las resoluciones judiciales.........................................................................................................

370

Es inadmisible la casación que pretende una nueva valoración de las prue­ bas que sirvieron de base a la sentencia recurrida.......................................

370

No procede el recurso de casación contra resoluciones que desestiman la concesión de beneficios penitenciarios........................................................

371

La resolución que declara infundada la queja por improcedencia de apela­ ción es recurrible vía casación excepcional.............................................................

371

J791 J792

J797

J798 J799 J800

457

ÍNDICE GENERAL

J 801

J802

J803

J804

J805 J806

J807 J808

J809

J 810

J811 J812 J813

La casación excepcional requiere que el punto concreto jurisprudencial­ mente sea desarrollado para enriquecer el tema con nuevas perspectivas tácticas y jurídicas..............................................................................................................

371

No basta para admitir el recurso de casación excepcional la invocación genérica del desarrollo de la doctrina jurisprudencial, sino que es necesa­ ria su argumentación.....................................................................................

372

La causal de casación excepcional no supone una extensión de otras cau­ sales como la vulneración a la observancia de garantías constitucionales sancionadas con nulidad...............................................................................

372

La causal de casación de manifiesta ilogicidad en la motivación implica verificar si la sala penal cometió algún error en su razonamiento o vulneró alguna regla lógica.........................................................................................

373

El recurso de casación interpuesto por el fiscal puede ser declarado inad­ misible en caso de que no asista a la audiencia.....................................................

373

La inadmisibilidad del recurso de casación por inasistencia del recurrente no lo exime del pago de las costas.................................................................

374

El apartamiento de la doctrina jurisprudencial es el apartamiento de prin­ cipios jurisprudenciales obligatorios fijados en una ejecutoria suprema...

374

El recurso de casación interpuesto oralmente en la audiencia de apelación debe formalizarse en el plazo de diez días (doctrina jurisprudencial vinculante)......................................................................................................

374

La casación de oficio es una especie de casación excepcional que procede a discreción del tribunal supremo (doctrina jurisprudencial vinculante)....

375

El recurso de casación no es el medio impugnatorio idóneo que garantice el derecho al recurso del condenado en segunda instancia habiendo sido absuelto anteriormente..................................................................................

375

La parte procesal puede desistirse del recurso de casación de manera expresa o tácita...............................................................................................

376

No son amparadles vía casación los errores jurídicos de la resolución recu­ rrida que no influyan en su parte dispositiva................................................

376

La casación favorable al acusado recurrente debe extenderse a sus coimputados no recurrentes (doctrina jurisprudencial vinculante)...........

376

LA ACCIÓN DE REVISIÓN

J814

La revisión de sentencia es una acción impugnatoria extraordinaria.........

377

J815

Las pericias que cuestionan el material de cargo ya conocido no pueden considerarse como prueba nueva si ya se actuaron otras en el juicio oral...

377

No pueden ser considerados como prueba idónea los medios probatorios practicados a la víctima..................................................................................

378

J 816

ÍNDICE GENERAL

J 817

La nueva prueba en la acción de revisión no puede ser constituida por testigos indirectos o referenciales.................................................................

378

Es infundada la demanda de revisión si las nuevas pruebas cuestionan hechos admitidos por el procesado en conclusión anticipada...................

379

J 819

El nuevo hecho en la acción de revisión debe restablecer la inocencia del condenado.....................................................................................................

379

J820

La prueba nueva debe tener relación directa con el delito imputado........

379

J 818

CAPÍTULO 18 LOS PROCESOS ESPECIALES EL PROCESO INMEDIATO

J 821

El requerimiento de incoación de proceso inmediato debe contener los elementos de una disposición de formallzación de investigación prepara­ toria (doctrina legal vinculante)...................................................................

381

En el proceso inmediato no existe etapa intermedia (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

381

J823

Las reglas aplicables a la audiencia única de juicio inmediato son las del juicio oral del proceso penal común (doctrina legal vinculante)................

382

J824

El ofrecimiento de medios probatorios en el proceso inmediato debe rea­ lizarse al inicio del juicio oral inmediato (doctrina legal vinculante)..........

382

La admisión de medios probatorios en la audiencia de juicio oral inme­ diato no afecta la garantía de imparcialidad (doctrina legal vinculante)...

382

J826

La prueba o evidencia delictiva como presupuesto para la incoación del proceso inmediato parte de la flagrancia, confesión del imputado y delito evidente (doctrina legal vinculante)............................................................

383

J827

La flagrancia constituye una circunstancia que ayuda a la determinación de la procedencia del proceso inmediato (doctrina legal vinculante).......

383

El cumplimiento de los requisitos de la confesión en el proceso inmediato incide en su valoración por el órgano jurisdiccional (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

383

J829

La "ausencia de complejidad o simplicidad procesal" como presupuesto del proceso inmediato está referida a la ausencia de especiales averigua­ ciones y complicadas condiciones materiales (doctrina legal vinculante)..

384

J830

El principio de proporcionalidad exige que los delitos no sean especial­ mente graves para la incoación del proceso inmediato (doctrina legal vinculante).....................................................................................................

384

JS22

J825

J828

ÍNDICE GENERAL

J 831

El apercibimiento coactivo de los órganos de prueba por las partes en el proceso inmediato está prohibido (doctrina legal vinculante)..................

384

J832

La constitucionalidad de la incoación del proceso inmediato está supe­ ditada al cumplimiento de sus presupuestos de incoación (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

385

J833

Se confirman los criterios del Acuerdo Plenario N° 2-2016-CJ-116 para decidir si procede el proceso inmediato (doctrina jurisprudencial vincu­ lante) ...............................................................................................................

385

J834

Nulidad contra la sentencia de apelación en proceso inmediato por des­ viar al imputado del proceso penal común establecido por la norma pro­ cesal penal (doctrina legal vinculante).........................................................

386

El debate probatorio en el proceso inmediato se referirá a la acreditación y fiabilidad de los medios de prueba (doctrina legal vinculante).................

386

J836

La desestimación de la incoación del proceso inmediato no impide la plena vigencia de la medida de coerción procesal (doctrina legal vincu­ lante) ...............................................................................................................

386

J837

En el requerimiento de incoación de proceso Inmediato se debe incluir al tercer civil para incorporarlo al proceso (doctrina legal vinculante)...........

387

Es procedente la valoración de informes provisionales periciales para la calificación de la procedencia del proceso Inmediato (doctrina legal vincu­ lante)................................................................................................................

387

La flagrancia delictiva se establece a partir de la información momentos previos y en el mismo Instante de la detención o a partir de los actos de investigación como prueba evidente............................................................

388

El presupuesto de prueba evidente para la incoación del proceso inme­ diato requiere que las diligencias de investigación sean válidas.................

388

J835

J838

J839

J840

PROCESO DE SEGURIDAD

J841

La diferencia de objetos procesales entre el proceso de seguridad y el pro­ ceso penal común no excluye su posterior transformación por incompati­ bilidad..............................................................................................................

389

J842

La transformación de un proceso de seguridad al proceso penal común advertido en juicio oral no trae irremediablemente consigo la nulidad del juicio...............................................................................................................

389

La transformación de un proceso de seguridad al proceso penal común solo autoriza a repetir las actuaciones especiales que se realizaron sin con­ curso del imputado.........................................................................................

390

El auto de transformación de proceso de seguridad a proceso penal común no genera cosa juzgada.....................................................................

390

J843

J844

ÍNDICE GENERAL

EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA J845

La incorporación del tercero civilmente responsable en una apelación de sentencia anticipada es admisible legalmente.............................................

390

J846

La terminación anticipada es un proceso especial y es una manifestación de la justicia penal negociada (doctrina legal vinculante)..........................

391

La terminación anticipada consiste en el acuerdo sobre aceptación de la responsabilidad penal por parte del imputado (doctrina legal vinculante)......................................................................................................

391

El proceso de terminación anticipada atraviesa diversas etapas y la audien­ cia preparatoria es privada (doctrina legal vinculante)...............................

391

El conocimiento del imputado sobre los alcances y consecuencias del acuerdo es un requisito de procedencia (doctrina legal vinculante).........

392

El control de legalidad del acuerdo por parte del juez corresponde a la tipicidad, la legalidad de la pena y la suficiente actividad indiciaría (doctrina legal vinculante)............................................................................................

392

El control de razonabilidad de la pena es aplicable también a la reparación civil (doctrina legal vinculante).....................................................................

393

J852

La desaprobación del acuerdo ante la inexistencia de la tipicidad de la conducta atribuida al imputado (doctrina legal vinculante).......................

393

J853

La determinación de la pena en la terminación anticipada debe aplicar los criterios del Código Penal (doctrina legal vinculante)................................

393

J854

El beneficio de reducción de pena corresponde a la pena concreta (doctrina legal vinculante)............................................................................

394

J855

Es procedente el recurso de apelación ante la sentencia aprobatoria del acuerdo por parte del juez (doctrina legal vinculante)................................

394

La terminación anticipada en etapa intermedia vulnera el derecho de defensa de los demás sujetos procesales (doctrina legal vinculante).........

394

La discrepancia de la fiscalía superior respecto del acuerdo de terminación anticipada suscrito por el fiscal provincial no implica su invalidez auto­ mática .............................................................................................................

395

Sentencias conformadas no pueden ser impugnadas ni por el imputado ni por el fiscal (doctrina jurisprudencial vinculante).......................................

395

J359

No debe interpretarse la asistencia facultativa de la víctima en la audiencia de terminación anticipada para omitir su notificación (doctrina jurispru­ dencial vinculante).........................................................................................

395

J860

El agraviado debe ser notificado obligatoriamente para la audiencia de terminación anticipada del proceso..............................................................

396

No puede discutirse la procedencia de la terminación anticipada en una audiencia de prisión preventiva....................................................................

396

J847

J849

J851

J857

¿858

J861

ÍNDICE GENERAL

CAPÍTULO 19 LA EJECUCIÓN Y LAS COSTAS

J862 J863

J864 J865

J866 J867

J868

J869

J870

La pena de inhabilitación como pena restrictiva de derechos puede sus­ penderse en caso de que exista impugnación (doctrina legal vinculante).

397

El proceso de ejecución está bajo la dirección del juez de la investigación preparatoria y no del Ministerio Público......................................................

397

El proceso penal de ejecución requiere de control jurisdiccional en aten­ ción al principio de legalidad penal y tutela jurisdiccional efectiva...........

398

La competencia funcional genérica del juez de investigación preparatoria en materia de ejecución emana de la norma procesal penal......................

398

El fiscal en la ejecución de sentencia solo puede instar la supervisión y control para la correcta aplicación de la ley.................................................

399

Es función del juez de investigación preparatoria y no del Ministerio Público dar cumplimiento a las reglas de conducta impuestas al senten­ ciado (doctrina jurisprudencial vinculante).................................................

399

El fiscal no puede ejecutar la sentencia impuesta, solo puede instar medidas de supervisión y control externo de la sentencia (criterio jurisprudencial)

399

Se confirma el criterio jurisprudencial de establecer como competencia funcional genérica que al juez de investigación preparatoria le corres­ ponde ejecutar la sentencia (criterio jurisprudencial)..................................

400

Condenados deben concurrir a la sede del juzgado y no del Ministerio Público para informar sus actividades y firmar el libro de control respectivo (criterio jurisprudencial vinculante)...............................................................

400

CAPÍTULO 20 LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL PRECEPTOS GENERALES

J871

Los jueces deben valorar la documentación remitida vía cooperación judi­ cial internacional si cumple con los requisitos establecidos (doctrina juris­ prudencial vinculante)...................................................................................

401

Este libro se terminó de imprimir en noviembre de 2019 en los talleres gráficos de Imprenta Editorial El Búho E.I.R.L. San Alberto N° 201, Surquillo Teléfono: 242-2281 Lima, Perú