Acto Administrativo Expreso Y Presunto

Acto administrativo expreso y presunto El acto administrativo se divide en acto expreso y acto presunto dependiendo del procedimiento o forma de voluntad por parte de la Administración. Un acto administrativo se puede definir como: La declaración de voluntad por parte de la administración pública, ejerciendo la potestad administrativa hacia una persona o grupo de personas interesadas. Estos actos se formulan siguiendo el principio de legalidad, con la finalidad de presentar su postura hacia el interesado mediante la actividad o inactividad.

Acto expreso Un acto expreso es el que sirve para expresar la voluntad clara de la Administración. Suelen constituir la mayoría de los actos administrativos. Se presentan de forma escrita o por medios informáticos. Por lo tanto, el acto expreso sirve para comunicar la postura de la Administración frente al interesado, en la cual declara su voluntad de forma expresa. De forma general la Administración funciona con actos expresos, mostrando su postura en el procedimiento. Un ejemplo de acto expreso bastante sencillo de entender es, cuando la Administración dicta su postura en un procedimiento sancionador contra una persona. ¿En qué se relaciona el acto expreso con el silencio administrativo? Cuando se dicta el acto expreso significa, que la administración ha dictado resolución expresa, o por el contrario está confirmando la postura del silencio administrativo. En todo caso, el acto expreso siempre da como resultado mostrar expresamente lo que la Administración ha decidido en un procedimiento.

Acto presunto El acto presunto es el contrario al acto expreso. La Administración no dicta resolución acogiéndose a la herramienta de silencio administrativo. El acto presunto no se manifiesta de forma clara sino que se presume que se ha realizado. El silencio puede ser estimatorio (positivo) o desestimatorio (negativo), dependiendo del caso. El acto presunto tiene validez de acto administrativo, pudiéndose solicitar su expedición a la Administración. Un ejemplo de acto presunto es cuando un interesado ejerce el derecho de petición de la Constitución Española. La administración puede concedérselo, simplemente no respondiendo a dicha petición, creando una resolución mediante acto presunto. El acto tácito es parecido al acto presunto con la pequeña diferencia de que en los actos tácitos se presupone la postura de la Administración, aunque no se haya dictado resolución. Por ejemplo, solicitamos una prestación por desempleo, pasado un tiempo no obtenemos respuesta pero si que nos solicita el número de cuenta y datos para hacernos el correspondiente ingreso.

Notificación de actos administrativos La notificación de actos administrativos es un proceso dentro del procedimiento administrativo que tiene como finalidad la de asegurar la notificación del acto o resolución resultante, ofreciendo la información necesaria a los interesados acerca de un procedimiento. En la nueva ley de procedimiento administrativo se ha incluido la notificación mediante medios electrónicos, practicándose de forma obligatoria para algunas personas, hablaremos más adelante de ello. Notificación administrativa El artículo 40 establece que cuando el órgano competente dicte una resolución o acto administrativo deberá notificarlos a los interesados, cuyos derechos e intereses se vean afectados por el resultado. Toda notificación deberá ser tramitada y efectuada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en la que se haya dictado el acto. La notificación deberá contener: El texto íntegro de la resolución. Si pone fin o no a la vía administrativa. Los recursos administrativos que se pueden interponer (tanto en vía administrativa como judicial). Órgano al que se presentan dichos recursos y el plazo. Sin embargo, para el cumplimiento de la obligación de notificar dentro del plazo máximo establecido, será suficiente la notificación con el texto íntegro de la resolución y los intentos de notificación debidamente acreditados. Las Administraciones podrán realizar las medidas apropiadas cuando sea necesario, para la protección de los datos personales que aparezcan en las resoluciones y actos (cuando tengan más de un destinatario).

Personas obligadas a usar medios electrónicos Algunos sujetos en su relación con la Administración están obligados al uso de medios electrónicos, y por ello, a recibir las notificaciones por el mismo medio, salvo algunas excepciones que comentaremos después. El art. 14 establece que están obligados: Las personas jurídicas. Las entidades sin personalidad jurídica. Los que ejerzan una actividad profesional que necesiten de colegiación obligatoria (también los notarios y registradores de propiedad y mercantiles). Quienes actúen en representación de un interesado que esté obligado a relacionarse mediante medios electrónicos. Los empleados de las administraciones públicas en sus trámites y actuaciones.

Práctica de notificaciones Las notificaciones se realizarán preferentemente por medios electrónicos, y las personas obligadas a usar medios electrónicos deberán utilizar esta vía. No obstante, la Administración podrá notificar por medios no electrónicos cuando: Las notificaciones se realicen por motivo de la comparecencia espontánea del interesado (o representante), en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la notificación en ese momento. Para asegurar la eficacia de la notificación administrativa, mediante entrega directa de un empleado público.

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán comunicar en cualquier momento a la Administración pública, las notificaciones sucesivas que se realicen o dejen de hacerlo por estos medios electrónicos. En algunos procedimientos la Administración podrá establecer la obligación para la notificación electrónica, especialmente para colectivos de personas interesadas por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros, acreditando que tienen acceso y disponibilidad para el uso de dichos medios. Nota: Cuando un interesado fuera notificado de distintas formas, se cogerá como válida la fecha de la primera notificación. Notificación administrativa en papel (art. 42): se pondrá a disposición del interesado en la sede de la Administración para que acceda al contenido de la notificación de forma voluntaria. En el caso de que se notifique en el domicilio podrá hacerse cargo de la recepción de la notificación cualquier persona mayor de 14 años y que haga constar su identidad. Si no se pudiera notificar se repetirá 1 vez más, dentro de los 3 días siguientes y en una hora distinta. Si no se pudiera por ninguna de estas formas se realizará lo establecido en el art. 44 (explicado abajo). Notificación administrativa electrónica (art. 43): las notificaciones electrónicas se realizaran a través de la dirección electrónica habilitada o por acceso a la sede electrónica de la Administración, o mediante el uso de ambos sistemas. Se entenderá rechazada cuando transcurran 10 días naturales desde la puesta a disposición de la notificación.

¿Cuándo no se permite la notificación electrónica? El art. 41.2 establece los casos en los que no se notificará por medios electrónicos: En los casos en los que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no puedan ser convertidos a formato electrónico. Cuando contenga medios de pago a favor de los obligados, como por ejemplo cheques.

Rechazo de notificaciones El rechazo de las notificaciones administrativas no excluye de haberse realizado. Se hará constar en el expediente el intento de notificación, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.

Validez de las notificaciones Independientemente del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que: Permitan tener constancia de su envío o puesta a disposición. Constancia de la recepción. Fechas y horas. Contenido íntegro. Identidad fidedigna del remitente y destinatario.

Sustitución de las notificaciones El artículo 45 “Publicación” habla de la sustitución de la notificación mediante la publicación de la resolución o acto, cuando se tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o en el caso de que se trate de interesados en un procedimiento selectivo o cualquier otra concurrencia competitiva.

Notificación infructuosa

El art. 44 regula la notificación infructuosa, se publicará mediante anuncio en el Boletín Oficial del Estado la notificación cuando: Se desconozcan a los interesados del procedimiento. No se conozca el lugar de notificación. No se hubiera podido efectuar la notificación. Es decir, si o si se publicará en el BOE, independientemente de que se establezca otra forma por la Administración. Entendiéndose notificado y siguiéndose el procedimiento.

Todo sobre el silencio administrativo El silencio administrativo es una forma de finalización del procedimiento administrativo, teniendo validez de acto administrativo y siendo una figura muy común en las distintas relaciones de la administración con los interesados. Existen 2 formas del silencio: Silencio administrativo positivo/estimatorio: produce efectos beneficiosos para los interesados. Silencio administrativo negativo/desestimatorio: produce efectos negativos en los interesados. Procedimientos iniciados por el interesado El silencio administrativo que se da en los procedimientos iniciados a solicitud de un interesado está regulado en el artículo 24 de la ley 39/2015. Los actos presuntos son aquellos que se crean por la “inactividad” en la respuesta por parte de la administración, es decir, por el uso del silencio administrativo.

– Silencio administrativo positivo Cuando se vence el plazo máximo sin que la administración haya notificado resolución expresa, se entenderá estimatoria por silencio administrativo en todos los casos, excepto en los supuestos que establezcan lo contrario por norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Unión Europea o internacional que se aplique a España. La estimación del Silencio permitirá la finalización del procedimiento, teniendo carácter de acto administrativo finalizador.

– Silencio administrativo negativo El silencio tendrá efecto desestimatorio cuando no se notifiquen en el plazo debido, en todos los interesados que ejerzan el derecho de petición (art. 29 Constitución). Nos referimos al derecho de petición cuando el interesado tenga interés en que se le transfieran facultades que estén relacionadas con el dominio público o servicios públicos. De igual forma el silencio será desestimatorio en todos aquellos procedimientos de impugnación de actos y en los de revisión de oficio que sean iniciados a solicitud de los interesados. Nota: La desestimación permite a los interesados interponer el recurso administrativo que sea procedente, o en todo caso el recurso contencioso-administrativo.

Procedimientos iniciados de oficio Por otra parte en los procedimientos que sean iniciados por la Administración y que no se haya dictado y notificado resolución expresa, se aplicarán los casos de silencio administrativo, debido a la obligación legal de resolver.

Los efectos del silencio administrativo son los siguientes: En los procedimientos que tengan la finalidad de reconocer, la constitución de derechos o determinadas situaciones jurídicas que sean favorables para un interesado, se entenderá desestimada. En los procedimientos en que la administración ejerza las potestades sancionadoras o alguna situación similar que produzca efectos desfavorables para los interesados, se producirá la caducidad. Dictándose resolución que declara la caducidad del procedimiento. El procedimiento se podrá paralizar por alguna de las causas imputables al interesado, cambiando el plazo para resolver y notificar por la Administración.

Pero, ¿la administración no tiene obligación de dictar resolución expresa? En el artículo 21 se establece la obligación de dictar resolución expresa por parte de la Administración, sin embargo, el silencio administrativo es una forma de finalización especial. En el silencio estimatorio, la resolución expresa sólo podrá dictarse para confirmar la misma, es decir, se dictará para confirmar el silencio. En el silencio desestimatorio, la resolución expresa se dictará por la administración sin ninguna vinculación con el sentido del silencio. Nota: En las formas anteriores la resolución se dicta después de que se produzca el acto finalizador.

¿De qué forma tienen validez los silencios administrativos? Tiene carácter de acto administrativo, por ello se podrá hacer valer en cualquier administración o ante cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Estos actos tendrán efecto desde el vencimiento del plazo máximo que se dé en el procedimiento, acreditándose un certificado que expida el órgano competente en el plazo de 15 días desde que finalice el plazo máximo para resolver en el procedimiento. De igual forma el interesado podrá pedirlo en cualquier momento.

Tipos de recursos administrativos Los recursos administrativos son herramientas administrativas que permiten en los actos de trámite y en las resoluciones, que pongan fin al procedimiento, o causen a los interesados una situación de indefensión o perjuicio en sus derechos e intereses, apelar para que la Administración revise dichos actos y resoluciones. Estos derechos administrativos de apelación son lo que se denomina “recursos administrativos“. Regulados en la Ley 39/15 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (deroga la anterior ley 30/92). Recursos administrativos Hay diferentes tipos de recursos: Recurso de alzada Recurso potestativo de reposición. Recurso extraordinario de revisión.

El artículo 112.3 establece que no cabrá ningún tipo de recurso en la vía administrativa, contra las disposiciones administrativas de carácter general. Quiere decir que aquellas disposiciones que sean generales y no afecten de forma directa o indirecta a un particular, no será recurrible por los recursos administrativos. ¡Nota! La interposición de cualquiera de los recursos no suspenderán el acto de ejecución.

Recurso de Alzada El recurso de alzada está regulado en el artículo 121. Se interpone contra las resoluciones y los actos de trámite que establece el art.112: Decidan directa o indirectamente el fondo del asunto. Determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento. Produzcan indefensión o un perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos. Características del recurso de alzada: Presentación: se presenta ante el superior jerárquico del que dictó el acto.

Si el acto fuera expreso (definición de acto administrativo expreso) se dispone de 1 mes para interponerlo. Si transcurrido dicho plazo no se presentara, la resolución será firme y se podrá presentar el recurso extraordinario de revisión. Si el acto no fuera expreso el límite es de 3 meses (de forma general). Resolución: plazo máximo de respuesta es de 3 meses, pasado este período se entenderá desestimada.

Contra la resolución del recurso de alzada no cabrá otro recurso, sólo el extraordinario de revisión.

Recurso Potestativo de Reposición El recurso potestativo de reposición aparece regulado en el artículo 123. Se interpone contra los actos que ponen fin a la vía administrativa. Los actos que ponen fin a la vía administrativa son los siguientes: Resoluciones de recursos de alzada, impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje. Resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que finalicen el procedimiento. Resoluciones de procedimientos de responsabilidad patrimonial y en materia sancionadora. Características del recurso potestativo de reposición: Presentación: ante el mismo órgano que hubiera dictado la resolución, o ser impugnados ante el contenciosoadministrativo.

Si el acto fuera expreso se dispone de 1 mes para interponerlo. Si transcurrido dicho plazo no se presentara, la resolución será firme y podrá presentarse el recurso contencioso-administrativo o recurso extraordinario de revisión.

Si el acto no fuera expreso el límite es de 3 meses, de forma general. Resolución: plazo máximo de respuesta es de 1 mes, pasado este período se entenderá desestimado.

Contra la resolución del recurso potestativo de resposición no cabrá otro recurso, únicamente el extraordinario de revisión.

Recurso Extraordinario de revisión El recurso extraordinario de revisión está regulado en el artículo 125. Dicho recurso se interpone en los siguientes casos: Actos firmes en vía administrativa.

Error documental, prevaricación, cohecho, testimonios de declaración falsos. Y en el caso de que aparezcan documentos que tengan valor esencial para el caso, aunque sean posteriores al procedimiento. Características del recurso extraordinario de revisión: Presentación: se presenta ante el mismo órgano que hubiera dictado la resolución.

Cuando sea por error documental el plazo es de 4 años. Cuando sea por cualquier otro de los mencionados anteriormente es de 3 meses. Resolución: plazo máximo de respuesta es de 3 mes, pasado este período se entenderá desestimada. Quedando abierta la vía contencioso-administrativa.