Alimentos Segun El Nuevo Codigo. Claudio A. Belluscio. Con Seleccion De Texto.pdf

Claudio A. Belluscio

imentss seghn e nuevo Código Civi Un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación comenzará a regir en escasos meses. Esta nueva legislación impacta notoriamente en los alimentos, ya que modifica su regulación jurídica en varios aspectos. Inclusive, crea nuevos institutos jurídicos que reemplazan a los alimentos en determinadas situaciones, como son las compensaciones económicas, que e l autor trata también en esta obra. Frente a La inminente entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es preciso tener en claro las modificaciones producidas en materia alimentaria y, sobre todo, cómo actuar en la práctica tribunalicia o profesional ante tales cambios. Aello apunta esta obra, enfocada desde un punto de vista práctico, para que el profesional litigante sepa cómo actuar ante la nueva regw(ación jurídica. Prueba del enfoque práctico de la presente obra, es que en su parte final cuenta con un apéndice de modelos de escritos elaborados exclusivamente para atender a la problemática que originara esta novedosa legislación.

E l autor de este Lihro, ha brindado diversas disertaciones sobre La temática de que trata esta obra en diferentes ámbitos y, asimismo, escribió distintos artículos de doctrina a l respecto en revistas especializadas, desde que esta nueva legislación, hoy sancionada, fuera presentada como Anteproyecto de ley y hasta e l presente.

Comentarios - Iuricprudencia as de escritos judicla Cónyuges Convivientes Hijos menores y mayores de edad os y demás parientes Compensación económica

ALGUNOS ANTECEDENTES DEL DR. CLAUDIO A. BELLUSCIO

Abogado, egresado de la Universidad del Salvador (USAL). Especialista en Derecho de Familia, título de postgrado emitido por la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Socio Honorario del Círculo de Abogados, Funcionarios, e Investigadores del Derecho de Familia de la ciudad de Rosario. Autor de más de una veintena de libros y de diversas obras en coautoría. Autor de numerosos artículos de doctrina para revistas de la especialidad. Disertante en diversas conferencias y cursos, brindadas/os en la Ciudad de Buenos Aires y eri varias provincias de nuestro país. Docente de la Especializaciónen Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Docente de la Actualización en Derecho do Familia, Niñez y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Morón (UM). Docente de la Especializaciónen Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Salta (UCS). Docente invitado de la Especialización en Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Ex docente de la Maestría en Derecho de Familia, lnfancia y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ex docente de la Actualización de Postgrado en Derecho de Familia, lnfancia y Adolescencia, Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ex Docente de la Especializaciónen Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ex docente de la Escuela de Postgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF). Ex docente de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ex integrante de la Comisión Asesora Titular para los Concursos de Profesor Ordinario Titular de Derecho Civil VI Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNL). Ex miembro del Comité Científico del IV Encuentro lnterdisciplinario de Derecho de Familia, Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Ex director de la Revista "Temas de Familia y Sucesiones".

Claudio A. Belluscio

COMENTARIOS. J U RlSPRUDENCIA MODELOS DE ESCRITOS JUDICIALES

CÓNYUGES CONVIVIENTES HIJOSMENORES Y MAYORES DE EDAD ABUELOS Y DEMÁS PARIENTES COMPENSACIÓN ECONÓMICA ACTUALIZACI~N DE LA CUOTA CUESTIONES PROCESALES

BUENOS AIRES 2015

Belluscio, Claudio Alejandro Alimentos según el nuevo código civil. - l a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : García Alonso, 2015. 288 p. + CD-ROM ; 23x16 cm.

1. Derecho Civil. 2. Cuota Alimentaria. l. Título CDD 346.013

O 2015 Editorial García Alonsc Lavalle 1282, PB ((6))Buenos Telefax: (54 11) 4384-8039 [email protected] www.garciaalonso.con?.ar

Composición y armado: Eduardo Besoin Corrección: Viviana Escobar Diseño de tapa: Mariana Haines lmpreso en febrero de 2015 en Talleres Gráficos Leograff SRL, Rucci 408, Valentín Alsina lmpreso en Argentina - Printed in Argentina Hecho el depósito que marca la ley 11.723

A las personas que, realmente, me quieren o aprecian. A ellas, mi más profundo abrazo.

PALABRAS PREVIAS

El decreto N I , del 23 de febrero de 2011, designa a la Comisión para la elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. Dicha Comisión debía elevar ese Anteproyecto de Ley en el plazo de 365 días corridos, a partir de la fecha de su constitución. Elevado ese Anteproyecto, y luego de un tiempo considerable, finalmente el día 1 de octubre de 2014, mediante la ley 26.994, es sancionado el nuevo Código Civil y Comercial Unificado. En tanto, la ley 27.077, de fecha 16112114, establece que entrará en vigencia el 1 de agosto de 2015. Esta nueva legislación impacta -notoriamente- en los alimentos, ya que modifica su regulaciónjurídica en varios aspectos e innova en otros. Respecto de esto último, crea nuevos institutos jurídicos que reemplazan a los alimentos en determinadas situaciones, como son las compensaciones económicas, que -también- se tratan en esta obra. En los Capítulos I a IV analizamos las distintas fuentes alimentarias que establece la nueva normativa, a saber: la nacida del vínculo matrimonial, la que genera la unión convivencial, la del parentesco, y, finalmente, la de los hijos (menores, mayores de entre 18 y 21 años, de entre 21 a 25 años y de más de 25 años). En el Capítulo V nos adentramos en el tema de la actualización de la cuota alimentaria, conforme a esta nueva legislación. Y en el Último Capítulo (el VI) damos cuenta de las innovaciones que en materia procesal, y referido a los alimentos, trae este Código Civil y Comercial Unificado. Frente a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, es preciso tener en claro las modificaciones producidas en materia alimentaria y, sobre todo, cómo actuar en la práctica tribunalicia o profesional ante tales cambios. A ello apunta esta obra, enfocada desde un punto de vista práctico,

para que el profesional litigante sepa cómo actuar ante la nueva regulación jurídica. PI-ueba del enfoque práctico de la presente obra, es que -en su parte final- cuenta con un Apéndice de inodelos de escritos de práctica profesional, elaborados exclusivamente para atender a la problemática que originará esta novedosa legislación. Asimismo, hemos considerado adecuado incluir otros dos Apéndices. Uno, sobre el articulado que citamos en la presente obra. El otro, se ocupa de la jurisprudencia que, aún, sin estar vigente el nuevo Código aplicó sus preceptos (en algunos casos, con expresa referencia a aquél). Como acostumbramos expresar, y lo reiteramos ahora, nuestro deseo es que esta nueva obra sea de gran utilidad para el lector.

ELAUTOR

Capítulo I ALIMENTOS'ENTRE C~RIYUGES

5 d . LA ELIMINACIÓN DEL DIVORCIO CON CULPA El nuevo Código Civil (cuya vigencia comienza a partir del 1/8/15), elimina la culpabilidad o inocencia en el divorcio vincular. Al respecto, el art. 437 del nuevo Código determina que: «El divorcio se decreta judicialmente a petición de uno o ambos cónyuges)). Como podemos apreciar, ya no se exige que se invoquen causas subjetivas u objetivas en la demanda de divorcio, a fin de peticionario judicialmente. En cambio, se requiere que, junto con la demanda, se acompañe un convenio regulador de los efectos del divorcio. Ello, como un requisito esencial sin el cual no se dará curso a dicha petición en sede judicial. En ese sentido, el art. 438 del nuevo Código dice: «Toda petición de divorcio debe ser@compañadade una propuesta que regule los efectos derivados de éste; la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros que se estiman pertinentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes

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del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local)). Más allá de este requisito esencial para que el divorcio pueda tramitar y decretarse en sede judicial, nos importa destacar que esta eiiminación de la culpabilidad o inocencia en el divorcio trae aparejado profundos cambios en materia de alimentos entre cónyuges. En materia de alimentos, la reforma más intensa que aplica el nuevo Código Civil es, justamente, en los alimentos debidos entre los cónyuges o entre los ex cónyuges. Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que en materia de alimentos entre cónyuges, o entre ex cónyuges, la reforma es de casi un ciento por ciento, no siendo aplicable casi nada de lo que preveía la legislación anterior en lo que alimentos nacidos de la unión matrimonial se refiere.

Pero, pese a que el nuevo Código ya no contempla una protección especial para el cónyuge inocente del divorcio (como por ejemplo los alimentos amplios del art. 207 del Código Civil anterior l ) , sí protege al cónyuge «más débil» o a aquél de los cónyuges que ha quedado en peor situación al momento del divorcio.

El art. 207 del Código vigente hasta el 1/8/15, dice: «El cónyuge que hubiera dado causa a la separación personal en los casos del artículo 202, deberá contribuir a que el otro, si no dio también causa a la separación, mantenga el nivel económico del que gozaron durante su convivencia, teniendo en cuenta los recursos de ambos. Para la fijación de alimentos se tendrá en cuenta: 1 La edad y estado de salud de los cónyuges; 2" La dedicación al cuidado y educación de los hijos del progenitor a quien se otorgue la guardia de ellos; 3" La capacitación laboral y probabilidad de acceso a un empleo del alimentado; 4" La eventual pérdida de un derecho de pensión; 5" El patrimonio y las necesidades de cada uno de los cónyuges después de disuelta la sociedad conyugal. En la sentencia el juez fijará las bases para actualizar el monto alimentario)). O

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Ello, se verifica con mayor claridad en el nuevo instituto que para nuestra legislación incorpora este nuevo Código: las compensaciones económicas reguladas a partir del art. 441. Asimismo, para el cónyuge que ha quedado en una peor situación al momento del divorcio, se contempla la posibilidad de solicitar alimentos en el art. 434, si bien bajo dos circunstancias muy especiales y concretas. Esta posibilidad de solicitar estos alimentos (con posterioridad al divorcio vincular) la trataremos al abordar el tema de los alimentos entre cónyuges en este nuevo Código. En tanto, trataremos ahora, aunque de forma sucinta, lo concerniente a la compensación económica para uno de los cónyuges, ampliando el tema en otra parte posterior de esta obra. En ese sentido, el art. 441 nos trae un instituto no conocido en nuestro derecho, aunque sí en varias legislaciones extranjeras: la prestación compensatoria o compensación económica (como la denomina este nuevo Código). Dice este art. 441 : «Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez». Al respecto, las reformas legislativas en materia de Derecho de Familia que se han producido en Francia, Dinamarca, Gran Bretaña, Italia, España y Alemania han incorporado el instituto de la pensión compensatoria, aunque con distintas características 2. También, Austria incorpora las prestaciones compensatorias a su legislación referida al matrimonio 3 . Fanzolato, Eduardo l.: Prestaciones c~mpensatoriasy alimentos entre ex cónyuges, en Revista de Derecho Privado y Comunitario: Alimentos, Ed. Rubinzal-Culzoni,Santa Fe, 2001, (2001-l), p. 20. Scherman, Ida A.: La reforma a la ley de matrimonio en Austria, en Derecho de Familia. Rexista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Lexis ~exis/~beled$-~errot, Buenos Aires, 2002, no20, pp. 147-149.

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Asimismo, se introducen las pensiones compensatorias en la legislación de El Salvador, Québec (Canadá) y, últimamente, en la de Chile. También, se incorpora este instituto a varias de las autonomías regionales españolas, donde se lo aplica a las uniones matrimoniales, pero -sobre todo- a las uniones de hecho. Podemos decir -en rasgos generales- de este instituto (la prestación compensatoria, o ((compensacióneconómica)) como la denomina el nuevo Código), que se trata de una pensión de carácter pecuniaria y asistencia1 -pero, no alimentaria- a favor de uno de los cónyuges, basada en el desequilibrio económico como consecuencia, y no a causa, del divorcio. Tiene una finalidad compensatoria, de ahí el nombre por la que es conocida. Es ajena a toda idea de culpabilidad y ofrece, más bien, los caracteres de una responsabilidad objetiva, estando la cuantía de esta prestación pecuniaria-asistencia1 sujeta a la discrecionalidad judicial sin tablas determinadas (aun, para aquellos países en que rigen baremos para la determinación judicial de la cuota alirnentaria), dada la mutabilidad de circunstancias de cada matrimonio. En definitiva, la llamada prestación compensatoria no constituye un efecto primigenio del divorcio, sino un efecto secundario, eventual, en cuanto a que su apreciación se da en unos casos y en otros no, según concurran en la concreta situación de los esposos los presupuestos de hecho previstos en la norma. La prestación compensatoria o compensación económica viene a reemplazar, en general, a los alimentos posteriores al divorcio. Festejamos que se haya adoptado este instituto para el divorcio vincular, en la nueva legislación que estamos analizando. La adopción de este instituto en una futura reforma del Cód. Civil, la propiciamos desde Iiace varios años 4 , a fin de evitar injustos reclamos alimentarios que la normativa vigente hasta el 1/8/'15 permite (v. gr., que el cónyuge culpable le reclame alimentos al inocente, luego de 20 o 30 años de haberse decretado el divorcio, si el primero no incurrió en ninguna de las cawsales del art. 218 del anterior Cód. Civil). Asimismo, somos contestes en que esta prestación se deba por tiempo determinado (como lo establecen, por lo general, las legislaciones Belluscio, Claudio A.: Prestación alimentaria. Régimenjurídico, Ed. Universidad, Buenos Aires, 2006, pp. 610-613.

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extranjeras que contemplan este instituto), siendo excepcional que se deba por plazo indeterminado. El art. 442 del nuevo Código dice que, a falta de acuerdo de los cónyuges, será el juez quien determine la procedencia y el monto de esta compensación económica, en base a la contemplación de determinadas circunstancias que se describen en ese artículo. Estas circunstancias son: l o ) El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial. 2') La dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio. 3') La edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos. 4') La capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica. 5') La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 6') La atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo. En tanto, la parte final de este artículo 442 determina la caducidad de esta compensación económica si han pasado seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.

3. ALIMENTOS DURANTE LA CONVIVENCIA Y LA SEPARACIÓN DE HECHO a ) Asistencia sworal y material recíproca entre los cónyuges

Los primeros alimentos de los que trata este nuevo Código Civil son los que se deben los cónyuges entre sí. Reiteramos que, en esta fuente alimentaria, el nuevo Código efectúa unos cambios muy profundos. De los arts. 431 y 432 se desprende, con meridiana claridad, que los cónyuges se deben asistencia moral y, asimismo, asistencia material o alimentos. El art. 431, dice: «Los esposos se comprometen a desarrollar un

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proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua)). En este art. 431, se trata de la asistencia moral que deben brindarse mutuamente los cónyuges. En tanto, materia de asistencia rnaterial (alimentos) el primer párrafo del art. 432 dice que «los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la convivencia y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los supuestos previstos en este Código o por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles». Como bien podemos apreciar, el nuevo Código -con total claridadtrata la asistencia moral en el art. 431 y la asistencia material en el art. 432.

b) ABimentos durante la convivencia y la separación de hecho de los cónyuges. Excepcionalidad de ios alimentos con posterlorielad a! divorcio

El texto trascripto del art. 432 reconoce -explícitamente- tanto la obligación alimentaria durante la convivencia como durante la separación de hecho. Reconocer legalmente que los cónyuges se deben alimentos, en esas circunstancias, es un avance positivo en esta materia. En cuanto a los alimentos debidos durante la convivencia matrimonial, si bien ello se desprendía del art. 198 del anterior Cód. Civil, es preferible que se lo exprese de forma explícita, tal como lo hace el nuevo Código. Bajo la vigencia del anterior Código Civil, la doctrina y jurisprudencia también reconocían este derecho alimentario para los cónyuges. Así, por ese entonces, se decía que durante la convivencia de los cónyuges, la condición para la procedencia de tal prestación consistía simplemente en la existencia del matrimonio, pues el texto anterior del art. 198 del Cód. Civ. (según ley 23.515) establecía que aquellos se debían mutuamente fidelidad, asistencia y alimentos. Si bien el deber recíproco de asistencia y de alimentos parecía estar orientado a una misma finalidad, como lo señalaba alguna jurispruden-

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cia 5, coincidíamos con Bossert y Zannoni que existían diferencias entre ambos conceptos. La asistencia recoge una serie de presupuestos éticos, que podrían sintetizarse en el concepto de solidaridad conyugal y familiar y cuyo contenido resulta ser más amplio que los alimentos 8. Por lo cual, el sentido amplio del concepto de asistencia conyugal comprende a la mutua ayuda, el respeto recíproco, la solidaridad efectiva y los cuidados materiales y espirituales que ambos cónyuges deben dispensarse recíprocamente 9. En cambio, los alimentos -si bien se fundan en el deber de asisteny, por lo tanto, se traducen -por lo cia- se refieren a la faz económica lo general- en la provisión de valores pecuniarios que aseguran la subsistencia material ll. También se había dicho l2 que, mientras la asistencia -en un sentido amplio- es una obligación de hacer, la prestación alimentaria -por el contrario- consiste en una obligación de dar. Durante la convivencia matrimonial, esta asistencia material entre cónyuges también hallaba su fuente en lo preceptuado en el art. 1275, inc. 1O , del anterior Cód. Civ., si bien como carga de la sociedad conyugal, en cuanto a la manutención de la familia se refiere. Sin embargo, coincidimos -en su momento- con destacada doctrina l3en que, no creíamos que al {{cimiento de la relación alimentaria CNCiv., Sala A, 23/5/88, LL, 1995-0-844, sum. 22 y LL, 1990-A-682 (caso 6829). Bossert, Gustavo A., y Zannoni, Eduardo A.: Manual de Derecho de Fareimpr., Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, pp. 204milia, 3a ed. act. y ampl., la 205. TFamilia Formosa, 2015199, LL, 2000-C-894. TFamilia Formosa, 2/10196, DJ, 1997-3-512; Grosman, Cecilia P., y Martínez Alcorta, Irene: Alimentos entre cónyuges durante la convivencia. Ley 23.515, LL, 1988-E-1068; Méndez Costa, María J., y DIAntonio, Daniel H.: Derecho de Familia, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2001, p. 35. TFamilia Formosa, 2110196, DJ, 1997-3-512. lo Grosman, Cecilia P., y Martínez Alcorta, Irene: Alimentos entre cónyuges durante la convivencia. Ley 23.515, LL, 1988-E-1068. l1 TFamilia Formosa, 2015199, LL, 2000-C-894. l2 Zannoni, Eduardo A.: La obligación alimentaria durante el juicio de divorcio, LL, 119-591. l3 Fanzolato, Eduardo l.:Alimentos y reparaciones en la separación personal y en el divorcio, reimpr., Ed. Depalma, Buenos Aires, 1993, p. 3.

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entre esposos, durante la convivencia, deba buscárselo en el régimen de la sociedad conyugal.. .porque el derecho-deber alimentario es autónomo e integra la normativa de los efectos personales del matrimonio». Es que, como habían señalado -durante la vigencia de la legislación anterior- Grosman y Martínez Alcorta 14: «si bien la obligación de alimentos y la contribución a las cargas hogareñas se confunden durante la convivencia, son jurídicamente distintas». Por lo tanto, para doctrina y jurisprudencia acorde l6 -con las que éramos contestes durante la vigencia del anterior Código- el origen de la obligación alimentaria entre cónyuges es el matrimonio, prescindiendo del régimen patrimonial que imponga la legislación a aquellos. Por otra parte, respecto a la prestación alimentaria que puede reclamarse durante la separación de hecho, se dudaba de tal posibilidad en el entendimiento que ello no estaba contemplado en nuestra anterior legislación. Al respecto, para destacada doctrina l7 y jurisprudencia acorde l 8 -cuya posición, oportunamente, compartimos- durante la separación de hecho continuaba la obligación y el derecho alimentario que establecía el art. 198 del anterior Cód. Civil, pues el matrimonio seguía vigente sin importar -a tal efecto- la causa que originó la interrupción de la convivencia en ese estadio '19.

'"rosman, Cecilia P., y Martínez Alcorta, Irene: Alimentos...cit., p. 1073. Fanzolato, Eduardo l.: Alimentos.. .cit., p. 3. CNCiv., Sala A, 14/12/87, LL, 1989-A-715, sum. 18; ídem, íd., 6/10/87, JA, 1988-11-26 (índice), sum. 7. l7 Grosman, Cecilia P., y Martínez Alcorta, Irene: Alimentos entre cónyuges. Ley 23.515, LL, 1989-A-913; Chechile, Ana M.: Derecho alimentario entre cónyuges separados de hecho, JA, 1995-IV-729; Bossert, Gustavo A.: Régimenjurídico de los alimentos, 4a reimpr., Ed. Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 28. l8 CNCiv., Sala A, 4/8/87, LL, 1989-A-716; ídem, íd., 15111/96, LL, 1997-C987 (caso 21.479); ídern, íd., 3/5/99, ED, 287-687; ídem, Sala B, 4/5/94, LL, 1995-D-38; ídem, sala bl, 1118/97, LL, 1998-E-702 y DJ, 1998-1-870; CCiv. y Com. Morón, Sala 2a, 15/6/95, JA, 1997-lll-sínte.sis,sum. 6; CApel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 3016198, LL, 1999-C-801 (caso 13.990); CCiv., Com. y Laboral Rafaela, 4/4/01, Zeus, 88-473, Sec. Jurisprudencia. l9 Méndez Costa, María J: Visión jurisprudencia1 de los alimentos, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2000, pp. 20 y 62.

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Conteste con ello, se había determinado 20: la prestación alimentaria, que a partir de la ley 23.515 pesaba sobre ambos cónyuges, continuaba vigente durante la separación de hecho para aquellos. Por lo tanto, la obligación alimentaria del art. 198 del Cód. Civ. -vigente al 1/8/15- se mantenía, aún, cuando la separación de hecho hubiera sido acordada entre los cónyuges 21 o se hubiera producido bastante tiempo atrás 22. En consecuencia, los cónyuges separados de hecho tenían derecho a los alimentos -con las vicisitudes propias que derivan de tal situación 23-, pues tal derecho deriva del vínculo conyugal 24 -que no se ha roto- y no de la cohabitación o convivencia 25. Por ello, se entendió que, aún, no mediando sentencia de separación personal o divorcio vincular, el estado de separación de hecho en que se encuentran los cónyuges no excusa de la obligación de prestarse alimentos 26. 20 CNCiv., Sala B, 29/3/94, LL, 1995-A-73; ídem, íd., 27/12/95, ED, 170577; idem, Sala H, 21/4/97, DJ, 1998-2-991 ; ídem, Sala K, 21112/92, LL, 1993C-88; ídem, Sala A, 9112/92, LL, 1993-D-114; SCBA, 15110/91, LL, 1992-A88. 21 CNCiv., Sala F, 20/3/91, ED, 144-400 y JA, 1993-11-35 (índice), sum. 10; Sambrizzi, Eduardo A.: Separación personal y divorcio, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 385. 22 CNCiv., Sala DI 8/8/84, LL, 1984-D-517 y Rep. LL, 1984-137, sum. 18; ídem, Sala A, 30/11/98, LL, 1999-C-801 (caso 13.989); CCiv., Com. y de Familia Bell Ville, 26/3/92, LL Córdoba, 1992-1112 y LL, 1995-D-848, sum. 59. En contra: CCiv. y Com. San Isidro, Sala l a , 10/7/92, JA, 1994-1-392. 23 CNCiv., Sala B, 4/5/94, LL, 1995-D-38; ídem, Sala A, 15111/96, LL, 1997C-987 (caso 11.479); idem, sala H, 11/8/97, LL, 1998-E-702 y DJ, 1998-1870; ídem, íd., 21/4/97, DJ, 1998-2-991. 24 Spota, Alberto G.: Tratado de Derecho Civil, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1990, pp. 503-505; CApel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Corn., 30161 98, LL, 1999-C-801 (caso 13.990). 25 Lagomarsino, Carlos A., y Uriarte, Jorge A.: Juicio.. . cit., p. 266; Méndez Costa, María J: Visión ... cit., p. 20; Chechile, Ana M.: Derecho... cit., p. 729; Antón, Ricardo E., y Zalduendo, Martín: Alimentos ...cit., p. 883; CCiv., Com. y de Familia Bell Ville, 26/3/92, LL Córdoba, 1992-1112 y LL, 1995-D-848, sum. 59. 26 CNCiv., Sala DI 14/11/88, LL, 1990-A-682 (caso 6831); ídem, íd., 14/81 90, ED, 140-811y JA, 1993-1-síntesis, sum. 2; ídem, sala A, 9/12/92, LL, 1993D-114; CApel. Concordia, Sala Civ. y Corn., 30111/94, JA, 1996-ll-síntesis, sum. 7; CCiv. y Com. 2a La Plata, Sala 111, 16/6/70, ED, 35-381, sum. 22.

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También, el derecho alimentario de los cónyuges durante esta situación, se había fundamentado 27 en que la separación de hecho no define culpas ni inocencias, por lo cual, mientras aquellas no sean declaradas en sede judicial, ninguno de los cónyuges pierde el derecho a ser asistido materialmente por el otro 28. Pero más allá de este reconocimiento, jurisprudencia1 y doctrinario que hemos detallado durante la vigencia de los postulados de la ley 23.51 5 (que modificó el anterior Cód. Civil) consideramos acertado que esté contemplado por el nuevo Código, pues ello responde a la realidad actual. En otro orden, esta primera parte del art. 432 del nuevo Código determina que, con posterioridad al divorcio, sólo se pueden reclamar alimentos en los supuestos previstos o por convenio entre partes. Se limitan así, las posibilidades de que uno de los cónyuges reclame alimentos con posterioridad al divorcio, siendo sólo viables las causales que enumera el art. 434 conforme veremos «ut infra)).

c) Pautas para fijar la cuantia de la cuota a8imentari;a durante la convivencia o iia separación de hecho de los cónyuges El art. 433, enumera una serie de pautas para tener en cuenta para la cuantificación de ia cuota alimentaria a fijarse, durante la convivencia o la separación de hecho. Esas pautas son las siguientes: l o ) El trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades. 2') La edad y el estado de salud de ambos cónyuges. 3O) La capacitación laboral y ta posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos. 4O) La colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 5O) La atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar. 6O) El carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble sede 27 CNCiv., Sala H, 21/6/94, ED, 163-257; CApel. Concordia, Sala Civ. y Corn., 30111/94, JA, 1996-11-síntesis, sum. 7. 28 En contra: CNCiv., Sala A, 21/3/97, LL, 1998-B-915 (caso 12.455).

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de esa vivienda. En caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los cónyuges u otra persona. 7 O ) Si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial. 8 O ) Si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la separación. 9 O ) La situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de hecho.

d) Aplicación supletoria de Ias reglas seiatlvas a los alimentos entre parientes El art. 432 «in fine)) expresa que la obligación alimentaria entre cónyuges se rige, supletoriamente, por que corresponde a los parientes. Ello constituye una innovación del nuevo Código, que no se hallaba contemplada en la legislación anterior. Habrá que tener en cuenta esta aplicación supletoria, cuando de los alimentos derivados del vínculo matrimonial se trata.

5 4. ALIMENTOSCON POSTERIORIDAD AL DIVORCIO VINCULAR Como ya señalamos, al instaurar el nuevo Código el divorcio incausado desaparecen los alimentos entre cónyuges con posterioridad al divorcio para el inocente y para el culpable, porque no hay calificación de la culpabilidad en el divorcio. No obstante ello, el nuevo Código permite solicitar la fijación de una cuota alimentaria, en las dos circunstancias que veremos más abajo.

a) Supuestos en que se permite solicitar y fijar aiimentos El art. 434 limita la posibilidad de reclamar alimentos con posterioridad al divorcio. Sólo se permite tal petición: lo)Cuando se solicita para quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide auto sustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se trasmite a sus herederos.

2O) A favor de quien no tiene recursos propios suficientes, ni posibilidad razonable de procurárselos. La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que percibe la prestación compensatoria del art. 441. Si bien, hubiéramos preferido que, una vez que cesó la causa fuente de los alimentos entre cónyuges (el matrimonio) a través del divorcio vincular, el derecho a solicitar los alimentos también cesara (y sólo se pudiera reclamar lo que el nuevo Código denomina ((compensación económica»), observamos que los supuestos en que se pueden solicitar aquellos tras el divorcio vincular están, realmente, acotados.

Alimentos para quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide auto sustentarse e

La primera posibilidad de tal reclamo, es una adaptación del actual art. 208 del Cod. Civil y, suponemos, que se han tenido en consideración -para su irnplementación, en esta reforma- los mismos motivos que cuando se incorporara aquella norma a la legislación actual, a través de la ley 23.515. Y, dado que es una adaptación del art. 208 del anterior Código cabe efectuarle las mismas críticas, sobre todo, en cuanto a la transrnisibilidad de la cuota alitnentaria. En ese sentido, se había dicho la obligación establecida en el art. 208 podía afectar la legítima de los herederos forzosos 29. Distinta es la solución adoptada por otras legislaciones extranjeras (v. gr., Cód. Civ. de Alemania y de España), mediante las cuales se respeta la legítima de aquellos, algo que también debió acoger nuestra legislación. Para Sambrizzi 30, si los herederos hubieren renunciado al beneficio de inventario o lo hubieren perdido, respondían hasta con sus bienes personales. En tanto, se entendió (bajo la vigencia de la ley 23.515, que reformó el anterior Código) que si el cónyuge enfermo -separado judicialmen29 Borda, Alejandro: El artículo 203 de la ley 23.515: sus consecuencias patrimoniales, LL, 1988-D-930; Sambrizzi, Eduardo A.: Separación...cit., p. 455. 30 Sambrizzi, Eduardo A.: Separación.. .cit., p. 455.

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te- recibe bienes productivos de la sucesión, deberá tenerse en cuenta el producido de aquellos, a fin de atemperar el importe de la cuota o directamente hacerla cesar 31. Asimismo, se interpretó que la obligación que incumbe a los herederos se disminuirá o cesará, cuando en el caso de que el alimentado reciba con motivo de la liquidación de la sociedad conyugal bienes que irroguen importantes rentas 32. Si el cónyuge enfermo tuviere parientes obligados legalmente y los herederos no lo son, se había entendido que -en tal caso- la obligación alimentaria de los segundos pasa a ser subsidiaria de la de los primeros, es decir que debe ser reclamada en primer lugar a esos parientes 33. La parte final del segundo párrafo del art. 208, dejaba a criterio de los herederos el modo de cumplir con esta obligación. Por lo cual, en principio, serían aquellos quienes decidirían si -antes de la partición- separan una determinada suma de dinero o enajenan algunos bienes para con su producido abonar una suma periódica o, por el contrario, entregan al alimentado algún bien productivo con cuya renta mantenga el mismo nivel de vida de que gozó durante su matrimonio con el causante y atienda al tratamiento de su enfermedad 34. Si bien, la decisión que adoptaren en tal sentido, quedaba sujeta al posterior contralor judicial, a fin de verificar que se haya adoptado el medio idóneo para que el alimentado continúe percibiendo la prestación. Para destacada doctrina 35,la obligación de los herederos tenía su correlato en la que le incumbe al enfermo de someterse al tratamiento 31 Medina, Graciela: Derechos sucesorios y la separación personal por alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o drogadicción, LL, 1992-C-868; Sambrizzi, Eduardo A.: Separación... cit., p. 451 ; Bossert, Gustavo A.: Régimen... cit., p. 106. 32 Medina, Graciela: Derechos.. . cit., p. 869; Borda, Guillermo A.: Separación por enfermedades mentales, alcoholismo o drogadicción, en Derecho de Daños, Segunda Parte, Ed. La Rocca, Buenos Aires, 1996, p. 895. 33 Fanzolato, Eduardo l.: Alimentos ... cit., p. 155; Borda, Guillermo A.: Tratado...cit., p. 345 y Separación... cit., p. 895. En contra: Sambrizzi, Eduardo A,: Separación... cit., p. 452. 34 Bossert, Gustavo A.: Régimen.. . cit., pp. 107-108. En contra: Sambrizzi, Eduardo A.: Separación... cit., p. 454. 35 Bossert, Gustavo A.: Régimen... cit., p. 110.

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para su curación, bajo apercibimiento de suspender la parte de la prestación alimentaria destinada a ello. Más allá de estas criticas, que fueron efectuadas al art. 208 de la anterior legislación y que ahora son aplicables al primer párrafo del art. 434 del nuevo Código, es inexplicable que se vuelva a contemplar esta situación fáctica para decretar una cuota alimentaria, ya que los anales de jurisprudencia reflejan escasísimos casos 36 en que se aplicó.

~Alinaentoapara quien no tiene recursos propios suficientes, ni posibilidad razonable de procurárselos

El segundo supuesto mediante el cual se permite fijar alimentos con posterioridad al divorcio en el art. 434 del nuevo Código, tiene -en su primer párrafo- un resabio del art. 209 del Cód. Civil vigente hasta el 118115. Por ello, podemos aplicar, en lo pertinente, las mismas consideraciones que se hicieron con el anterior Código Civil. Al respecto, en cuanto «a los recursos propios)) a que se refiere el texto de esta norma legal, ellos pueden provenir de una actividad remunerada o de la renta que irroguen determinados bienes productivos. Pero también, se había considerado que su solicitud de alimentos no sería procedente si aquel cónyuge tuviera bienes improductivos. En ese sentido, se entendió que se le podía exigir que enajene sus bjenes improductivos antes de reclamar los alimentos del art. 209 de la vieja legislación, con excepción de los que necesita para su subsistencia (v. gr., el inmueble del cual es titular que constituye su vivienda). Asimismo, el cónyuge que solicita estos alimentos deberá tener posibilidad razonable de procurárselos. Por ello, el legislador consideraba (y, también, lo considera ahora) que no sólo se debe acreditar la falta de medios, sino también que no se tiene posibilidad de obtenerlos. A tal efecto, se dijo que la prueba podía ser directa o indirecta 37. En este último caso, a través de indicios que tengan la suficiente entidad para llevar al convencimiento del juzgador de que se carece de 36

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CNCiv., Sala b, 18/8/95, JA, 1997-ll-síntesis,sum. 8. Méndez Costa, María J.: Visión... cit., p. 88.

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medios pecuniarios -o de la posibilidad de obtenerlos- con los cuales subsistir. Se había reputado 38 que existe dificultad para obtener estos alimentos por los propios medios, cuando se configura la falta de capacitación necesaria, que ha sido producto de la dedicación al cuidado de ios hijos durante el matrimonio. La carga de la prueba de que, quien reclama estos alimentos, no tiene recursos propios ni tampoco probabilidades de procurarlos, corresponderá al accionante 39. Este supuesto que estamos analizando, contemplado en el segundo párrafo del art. 434 de la nueva legislación, en nuestra opinión, posee menos justificación como fuente alimentaria, pues esa situación se podría haber remediado mediante la prestación compensatoria de que trata el art. 441 de este nuevo Código. Sin embargo, resulta muy acertado que dicha prestación alimentaria sea limitada en el tiempo (la obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio), algo que no estaba contemplado en la anterior legislación.

b) Cese de estos alimentos decretados con posterioridad al divorcio

Para ambas causales de alimentos, con posterioridad al divorcio, el segundo párrafo del art. 434 expresa que «la obligación cesa si: desaparece la causa que la motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de índignidad)). En este párrafo del art. 434, se reitera, en parte, lo que determina el art. 218 del Cód. Civil vigente hasta el 1/8/15.

CNCiv., Sala C, 18/6/96,LL, 1999-C-801 (caso 13.988). CApel. Civ. y Com. Concepción del Uruguay, 31/3/78, Rep. LL, 1980151, sum. 14 ; CNCiv., Sala E, 9/4/90, ED, 140-405; ídem, íd., 1/11/90, JA, 1991-11-77 (de los Considerandos del fallo); Stilerman, Marta N.: Divorcio por presentación conjunta, Ed. Universidad, Buenos Aires, 1996, p. 103; Arazi, Roland: El juicio de alimentos en la ley y la jurisprudencia, LL, 1991-A-688; Méndez Costa, María J.: Visión... cit., p. 88. 38

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Al respecto, recordemos que el art. 218 del anterior Código Civil, decía: «La prestación alimentaria y el derecho de asistencia previsto en los artículos 207,208 y 209 cesarán en los supuestos en que el beneficiario contrajere nuevas nupcias, viviere en concubinato o incurriese en injurias graves contra el otro cónyuge)).

c) Convenio regulador en materia de alimentos El último párrafo del art. 434, dispone que «si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas)). Si bien, el divorcio podrá ser presentado indistintamente por cualquiera de los dos cónyuges cabe recordar que quien lo demande deberá de presentar convenio regulador de los efectos del divorcio. Ello, como un requisito esencial sin el cual no se dará curso a dicha petición en sede judicial. En nuestra opinión, cabe interpretar que el art. 434 «in fine» plasma la postura que entiende que los convenios de alimentos entre cónyuges se encuentran en la órbita contractual, por lo cual, estos alimentos se regirán sólo por lo convenido entre las partes. De adoptarse esta interpretación, ya no estamos hablando de convenios de alimentos como estipulaba el art. 236 del anterior Código 40, sino de contratos de alimentos con todas las implicancias que ello conlleva. 40 Art. 236 del Código Civil, vigente al 1/8/15: «En los casos de los artículos 205 y 215 la demanda conjunta podrá contener acuerdos sobre los siguientes aspectos: 4 " Tenencia y régimen de visitas de los hijos; 2" Atribución del hogar conyugal; 3" Régimen de alimentos para los cónyuges e hijos menores o incapaces incluyendo los modos de actualización. También las partes podrán realizar los acuerdos que consideren convenientes acerca de los bienes de la sociedad conyugal. A falta de acuerdo la liquidación de la misma tramitará por vía sumaria. El juez podrá objetar una o más estipulaciones de los acuerdos celebrados cuando, a su criterio, ellos afectaren gravemente los intereses de una de las partes o el bienestar de los hijos. Presentada la demanda, el juez llamará a una audiencia para oír a las partes y procurará conciliarlas. Las manifestaciones vertidas en ella por las partes tendrán carácter reservado y no consta-

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Si le damos esta interpretación, la prestación en concepto de alimentos podrá ser en dinero, en especie o mixta y su entrega semanal, quincenal, mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral o anual. Su duración podrá fijarse por un plazo determinado, hasta que ocurra determinado acontecimiento, o hasta la muerte del beneficiario o del obligado. Aunque, también, se podrá convenir prolongar la prestación en caso del fallecimiento de aquellos. Es decir, que -en principio- las partes tendrán total libertad para acordar lo que consideren respecto de la forma, plazo y fecha de pago; siempre que, de haber contraprestación, ésta no sea ilícita, inmoral, contraria a las buenas costumbres o contradiga normas de orden público (al igual que lo estipula el art. 953 del anterior Código Civil).

d) hcultadl del juez de exigir garantías reales y personales En relación con la última parte del art. 434, encontramos que el art. 440 decreta que «el juez puede exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales como requisito para la aprobación del convenio». Desde la teoría, parece ser una medida adecuada, pues -de otra forma- quien suscribe un convenio de alimentos puede hacerlo sabiendo -de antemano- que no lo va a cumplir. Pero, dicho esto, lo preceptuado en el art. 440 puede resultar muchas veces inaplicable en la práctica, como sucede -en la actualidadcuando se pretende garantizar un convenio por alimentos (ya sea para el propio cónyuge o para los hijos menores de edad).

rán en el acta. Si los cónyuges no comparecieran personalmente, el pedido no tendrá efecto alguno. Si la conciliación no fuere posible en ese acto, el juez instará a las partes al avenimiento y convocará a una nueva audiencia en un plazo no menor de dos meses ni mayor de tres, en la que las mismas deberán manifestar, personalmente o por apoderado con mandato especial, si han arribado a una reconciliación. Si el resultado fuere negativo el juez decretará la separación personal o el divorcio vincular, cuando los motivos aducidos por las partes sean suficientemente graves. La sentencia s e limitará a expresar que dichos motivos hacen moralmente imposible la vida en común, evitando mencionar las razones que la fundaren)).

El tema que se plantea, en este punto, es que si el juez exige esas garantías y el alimentado no las presenta, dicho convenio no podrá ser homologado judicialmente. Con lo cual, quien se perjudicará -en mayor medida- será el propio alimentado. Asimismo, como en otros aspectos de los alimentos -conforme veremos a lo largo de la presente obra- se deja al arbitrio judicial la aplicación o no de este requisito.

a) Las pensiones compensatorias en el derecho extranjero: diferentes enfoques El art. 44'1 nos trae un instituto no conocido en nuestro derecho, aunque sí en varias legislaciones extranjeras: la prestación compensatoria O compensación económica (como la denomina este nuevo Código).

En Francia, se reservan las pensiones compensatorias para los su- puestos de ruptura del vínculo, es decir, para el divorcio, con excepción del que se ha obtenido por ruptura de la vida en común 41. No se aplica a la separación, en la cual -al seguir existiendo el vínculo matrimonial- se mantiene la prestación alimentaria en la medida que ésta corresponda, lo cual estimamos es la solución correcta. En ese país, el principio general por el cual se faculta a percibir pensiones compensatorias se encuentra en el art. 270 de su Cód. Civ. (conf. art. 18-1de la ley modificatoria 2004-439, relativa al divorcio) siendo su fundamento el establecer una prestación destinada a compensar -en la medida de lo posible- la disparidad que la ruptura del matrimonio crea en las condiciones de vida de los ex cónyuges. Para el cónyuge culpable, esta compensación podrá ser denegada 41

Belluscio, Augusto C.: La nueva ley de divorcio francesa, LL, 2004-1107

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por el juez (conf. art. 18-1 de la ley modificatoria 2004-439, relativa al divorcio). El actual art. 271 del Cód. Civ. de Francia (conf. art. 18-11 de la ley modificatoria 2004-439, relativa al divorcio), señala para establecer la pensión compensatoria una serie de pautas que deberá tener en cuenta el juez al momento de fijarla. En principio, la pensión compensatoria consistirá en una suma fija, en forma de capital cuyo monto será fijado por el juez (art. 270 del Cód. Civ., según texto de la ley modificatoria 2004-439, relativa al divorcio). De acuerdo al art. 274 del Cód. Civ. francés (texto ley 2004-439), el juez decide las modalidades conforme a las cuales se ejecutará la prestación compensatoria en capital, entre las siguientes: l o ) Entrega de una suma de dinero. 2') Atribución de bienes en propiedad o de un derecho temporario o vitalicio de uso, habitación o usufructo. El actual art. 275 de este Código francés determina que, cuando el deudor no pueda hacer entrega del capital íntegro, el juez puede autorizar a su pago en partes periódicas hasta un plazo de ocho años, si bien este plazo podrá ser extendido cuando el deudor sufre un modificación importante en su situación 42. En tanto el actual art. 276 del mismo Código, preceptúa: «A título excepcional, el juez podrá, por decisión especialmente motivada, fijar la prestación compensatoria en forma de renta vitalicia cuando la edad o el estado de salud del acreedor no le permitan subvenir a sus necesidades~. Agrega esta norma, que a tal efecto se tomarán en consideración las pautas establecidas en el art. 271. Cuando la pensión se haya fijado en forma de renta, el monto de ella podrá ser reducido ((cuando las circunstancias así lo impongan, mediante la atribución de capital, conforme los supuestos previstos en el art. 2 7 4 ~ . Asimismo, en virtud a la modificación establecida por la ley 2004439, la prestación compensatoria fijada en forma de renta podrá ser revisada, suspendida o suprimida en caso de cambio importante en los recursos o las necesidades tanto del deudor como del acreedor.

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Belluscio, Augusto C.: La nueva.. . cit., p. 1108.

La ley 2004-439 modifica el art. 276-4, por cuanto ahora se dispone que el deudor de una prestación compensatoria en forma de renta, podrá pedir en todo momento la sustitución en todo o en parte de la renta por un capital. Actualmente, el art. 280 del Código francés dice que a la muerte del cónyuge deudor, la prestación compensatoria -cualquiera que sea su forma- se deberá extraer del haber sucesorio y será soportada por todos los herederos, los cuales no quedan obligados personalmente sino en hasta el límite del activo sucesorio. Agrega que, si fuera necesario, también responden por esa deuda los legatarios particulares, en proporción a su beneficio. El actual art. 280-1 establece que, los herederos podrán decidir de común acuerdo mantener las formas y modalidades de pago de esta pensión.

En cuanto a lo contemplado en el Derecho Civil español, con relación a este instituto, podemos decir: La prestación compensatoria, se encuentra estipulada en los arts. 97 y siguientes del Cód. Civ. de España. El art. 97 de ese Código establece que la pensión compensatoria regirá para la separación o el divorcio, a raíz del desequilibrio económico sufrido por uno de los conyuges en relación con el otro como conse' cuencia de la ruptura familiar. Es decir que, la pensión que establece el art. 97, se caracteriza por constituir un derecho del cónyuge al que la separación o el divorcio le suponen un desequilibrio económico respecto del otro, implicando un empeoramiento de su situación en relación a la que tenía durante el matrimonio. De lo cual, se desprende que el demandado que solicita la pensión deberá acreditar dos presupuestos fácticos: que la separación o el divorcio le han producido un desequilibrio económico respecto de la posición del otro, y que ello implica un empeoramiento en su situación anterior al matrimonio 43. a Cfr. Sentencia del 12111/99 de la A.P. de Tarragona (España), Sección 3", Rollo 27111999.

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Por lo tanto, la finalidad de esta pensión en el Derecho Civil español, es que cada uno de los cónyuges pueda continuar con el nivel económico del que gozaba durante la convivencia matrimonial. Si los cónyuges tramitan la separación o el divorcio por mutuo acuerdo, podrán presentar un convenio que establezca la pensión compensatoria y su importe, sujeto a homologación judicial que, por lo general, es concedida 44. El art. 97 del Cód. Civ. español, contiene una serie de pautas para que el juez determine la pensión (muy similares a las de nuestro art. 207 del anterior Cód. Civ., ya que aquella fue una de las fuentes de éste, aunque luego el legislador lo aplicara a prestaciones de alimentos y no a pensiones compensatorias). No existe en la legislación española, ninguna tabla o baremo al que deba ajustarse el juez al momento de determinar la pensión y, por lo tanto, fijará la cuantía a su criterio de acuerdo a las pautas citadas. El importe de esta prestación, se deberá actualizar todos los años conforme a la variación que experimente el índice de precios al consumo, que publica el Instituto Nacional de Estadística de ese país 45. Resulta ser competente para fijar esta pensión, el juzgado en donde tramita el proceso de separación o divorcio. La pensión compensatoria fijada judicialmente, podrá ser sustituida en cualquier momento -mediante acuerdo de las partes- por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero (art. 99 del Cód. Civ. español). Fijada la pensión, sólo podrá ser modificada «por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge)) (art. 100 del Código precitado); es decir, en aquellos casos en que el acreedor mejora su situación o cuando el deudor la empeora. Si se tramita un proceso de divorcio, y con anterioridad se tramitó uno de separación en donde si fijó la pensión compensatoria, el beneficiario de ella podrá solicitar que se la mantenga 46.

44 Ruiz Tamayo, Pablo E.: La pensión compensatoria a favor de uno de los cónyuges en los procesos matrimoniales de separación y divorcio. Disponible en: www.ruizdelorden-abogados.com/portal/articulo4.htm 45 Ruiz Tamayo, Pablo E.: La pensión ... cit. 46 Ruiz Tamayo, Pablo E.: La pensión ... cit.

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Pero, no se hizo lugar 47 a la petición de esta pensión, en el proceso de divorcio, cuando no se la solicitó con anterioridad en el proceso de separación y hubieren transcurrido entre ambos procesos varios años. Si bien -en principio- esta pensión no tiene un límite temporal pudiendo ser vitalicia, en el convenio regulador las partes pueden fijarle un término, transcurrido el cual se extingue el derecho 48. También, el juez puede fijarle un plazo 49. El derecho a la pensión compensatoria, se extingue -en esta legislación- por contraer el beneficiario nuevo matrimonio o «por vivir maritalmente con otra persona)) (art. 101, párrafo primero, del mismo Código). En este último caso, se exigió 50 que esa unión afectiva tenga habitualidad y estabilidad. En cambio, no se extingue -en principio y de forma automática- por el trabajo del beneficiario Tampoco se extingue por la muerte del deudor, y la obligación pasa a sus herederos. Sin embargo, éstos podrán solicitar al juez «la reducción o supresión de aquella, si el caudal hereditario no pudiera satisfacer las necesidades de la deuda o afectara a sus derechos en la legítima)) (art. 101, segundo párrafo, Cód. Civ. español). Ninguna norma prohíbe -en el Cód. Civ. español- que el beneficiario renuncie a esta pensión, y -por lo tanto- esa posibilidad ha sido aceptada por la jurisprudencia 52.

47 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cataluña de fecha 16/11/00, Revista Jurídica de Catalunya. Disponible en: www.seuvirtual.netiRevista Jurídica 48 Ruiz Tamayo, Pablo E.: La pensión.. . cit. 49 Sentencias de la Audiencia Provincial de Cataluña de fechas 15/9/99, 19/4/01 y 18/9/00, Revista Jurídica de Catalunya. Disponible en: www. seuvirtual.net/Revista Jurídica 50 Sentencia de la Audiencia Provincial de Cataluña de fecha 2/11/00, Revista Jurídica de Catalunya. Disponible en: www.seuvirtual .net/Revista Jurídica 51 Ruiz Tamayo, Pablo E.: La pensión ... cit. 52 Sentencias de la Audiencia Provincial de Cataluña de fechas 19/4/00 y 17/3/00, Revista Jurídica de Catalunya. Disponible en: www.seuvirtual.net/ Revista Jurídica

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Asimismo, ninguna disposición legal en ese Código excluye la pensión compensatoria para el cónyuge culpable, de ahí que su concesión se basa en un criterio objetivo (desequilibrio económico) y no en uno subjetivo (inocencia o culpabilidad en la separación o el divorcio). Igual criterio adopta la legislación italiana en la materia 53. Por lo tanto, tratándose de la pensión establecida en el Cód. Civ. español, podemos decir que aquella tiene las siguientes características: 1O) Es de naturaleza compensatoria o indemnizatoria -por lo tanto, no alimentaria- y establecida a favor de uno de los cónyuges. 2O) Se basa en el desequilibrio económico como consecuencia de la separación o el divorcio. 3') Es renunciable. 4O) No es de carácter necesario sino facultativo, pues su concesión sólo tiene lugar a instancia del cónyuge que la solicita. 5') Es ajena a toda idea de culpabilidad y, por ello, ofrece los caracteres de una responsabilidad objetiva. 6') La cuantía de la pensión se halla sujeta a la discrecionalidad judicial. 713)Se la concede en unos casos y en otros no, según concurran los presupuestos de hecho previstos en la normas que la regulan 54. Conforme ilustra Azpiri 55,parte de la doctrina española ha criticado el criterio objetivo con el cual se aplica este instituto en aquel país (desequilibrio económico, sin importar la inocencia o culpa de los cónyuges)* El profesor precitado 56 no comparte dichas críticas, al entender que si bien acertadas desde el punto de vista axiológico no logran desligar-

53 Sambrizzi, Eduardo A,: Sobre la conveniencia de modificar el régimen de alimentos vigente en materia de separación personal o divorcio, LL, 2001 E-1 379. 54 Cfr. Sentencia del 12111/99 de la A.P. de Tarragona (España), Sección 3", Rollo 27111 999. 55 Azpiri, Jorge O.: Aproximación a la pensión compensatoria en Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Lexis NexisIAbeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, no 19, p. 68. Azpiri, Jorge O.: Aproximación a la pensión compensatoria en Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Lexis Nexis/Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, no 19, p. 68.

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se de la caracterización del divorcio como sanción, teniendo en cuenta que la tendencia legislativa actual, tiende a otorgar efectos tras la ruptura de la unión familiar con independencia de la conducta de los cónyuges. Muestra de que tal postura es Ja que corresponde adoptar, es -a nuestro criterio- el cambio producido por la nueva legislación francesa en la materia (ley modificatoria 2004-439, relativa al divorcio): faculta pero no obliga al juez, a denegar esta prestación en caso de que quien la solicite sea el culpable del divorcio, de acuerdo a las circunstancias de la causa. El incumplimiento del pago de la pensión compensatoria, al igual que sucede con la pensión de alimentos, puede dar lugar -en la legislación penal española- a la configuración del delito de abandono de familia, que se pena con arresto de ocho a veinte fines de semana (conforme con e¡ nuevo Código Penal español).

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Cataluña (Espana)

El Código de Familia de la región autónoma de Cataluña (España), señala dos supuestos en que se aplican estas pensiones: El primero lo encontramos en su art. 41: «En los casos de separación judicial, divorcio o nulidad, el cónyuge que, sin retribución o con una retribución insuficiente, ha trabajado para la casa o para el otro 'cónyuge tiene derecho a recibir de éste una compensación económica, en caso de que se haya generado, por este motivo, una situación de desigualdad entre el patrimonio de los dos, que implique un enriquecimiento injusto». El segundo inciso del art. 41 de ese Código, establece que la compensación debe ser en dinero, salvo acuerdo entre las partes o si la autoridad judicial -por causa justificada- autoriza el pago con bienes del cónyuge obligado. El lapso máximo de esta pensión será de tres años (art. 41, inc. 2"). La petición de esta pensión, sólo puede efectuarse en la primera presentación que se efectúe en el proceso de separación, divorcio o nulidad del matrimonio (art. 42, inc. 1O). El segundo supuesto que indica este Código de Familia, se halla en su art. 84: «El cónyuge que, como consecuencia del divorcio o la sepa-

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ración judicial, vea más perjudicada su situación económica y, en caso de nulidad, sólo en cuanto al cónyuge de buena fe, tiene derecho a recibir del otro una pensión compensatoria que no exceda el nivel de vida del que disfrutaba durante el matrimonio, ni el que pueda mantener el cónyuge obligado al pago)). En tal supuesto, esta pensión debe ser disminuida «si quien la percibe tiene mayor fortuna, o quien la abona pasa a peor fortuna)) (art. 84, inc. 3"). Esta prestación debe pagarse -en principio- en dinero y por mensualidades (art. 85, inc. 1 pero en cualquier momento -por acuerdo de partes o por resolución judicial- el obligado al pago puede sustituirla por la entrega de bienes en dominio o usufructo (art. 85, inc. 2"). Agrega el art. 86, inc. 1 de este Código de Familia, que esta pensión se extingue por: mejora en la situación económica del cónyuge acreedor o por empeoramiento de la situación económica del obligado, por matrimonio del acreedor o por su convivencia con un tercero, por el fallecimiento del beneficiario, por el transcurso del plazo legal para la cual se estableció. En tanto, no cesa por fallecimiento del cónyuge obligado, si bien sus herederos pueden solicitar su reducción o exoneración si la rentabilidad de los bienes de la herencia no resulta suficiente para realizar su pago (art. 86, inc. 2"). Podemos observar que, la legislación civil de Cataluña, al igual que la legislación nacional de España, aplica las pensiones compensatorias tanto en la separación como en el divorcio, y que las puede solicitar incluso el cónyuge declarado culpable en aquellos. O),

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Austria Las modificaciones introducidas en la legislación de Austria, llevaron a regular este instituto en el marco de las relaciones económicas que genera el divorcio. Su concesión, en este país europeo, es independiente de la calificación de cada uno de los cónyuges en el proceso de divorcio (art. 68a, EheG) 57.

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Scherman, Ida A.: La reforma a la ley de matrimonio en Austria, en Dere-

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La nueva legislación, tiende a evitar situaciones de desequilibrio económico entre los cónyuges divorciados, tras la ruptura del vínculo. Así, cuando uno de los cónyuges durante el matrimonio se dedicó a las tareas del hogar y al cuidado de los hijos, y luego del divorcio cumple el mismo rol, se entiende que aquel dejó su preparación laboral por tal circunstancia y, asimismo, que luego del divorcio tampoco podrá conseguir una ocupación laboral debido al tiempo que le demandan sus hijos pequeños 58. Sin embargo, tal prestación es temporal: hasta que los menores alcancen una cierta edad. Por medio de las pensiones compensatorias, se quiere -en estos casos- compensar estos servicios prestados a favor de la sociedad conyugal, que no pueden computarse al momento de su liquidación.

e

Quebec (Canadá)

Conforme a los arts. 414 y 465 del Cód. Civ. de Quebec, la disolución del vínculo conlleva la división del patrimonio familiar y pone fin al régimen matrimonial de los esposos 59. Pero también, esa disolución tiene el efecto de generar pensiones compensatorias (arts. 427 a 430 de su Cód. Civ.). Por lo cual, el cónyuge que contribuyó con su aporte -en bienes o servicios- al enriquecimiento del patrimonio del otro, se encuentra habilitado para reclamar una compensación pecuniaria destinada a correSir el desequilibrio producido. Por ello, se ha interpretado que la prestación cornpensatoria constituye una aplicación particular de la acción «in rem verso)) 60. Conforme ilustra Fanzolato 61, en Quebec las prestaciones compensatorias se fundan en el enriquecimiento sin causa, como consecuen-

cho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Lexis NexislAbeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, no 20, p. 148. 58 Scherman, Ida A.: La reforma.. . cit., p. 148. 59 Roy, Alain: Panorama general del derecho de familia quebequense. Disponible en: www.utdt.edu/congresos/derecho/pdfs/Q~AlainRoy. PDF G0 Roy, Alain: Panorama.. . cit. 61 Fanzolato, Eduardo l.: Prestaciones... cit., pp. 36 y 49.

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cia del empobrecimiento económico de uno de los esposos, por haberse dedicado a las tareas del hogar. Proceden para ambos cónyuges, aunque quien las solicite sea el cónyuge culpable 62. Asimismo, no cesan por el ulterior matrimonio del beneficiario o su unión extra matrimonial con un tercero 63. Por lo expresado, cabe concluir que esta legislación aplica las pensiones compensatorias sólo cuando se ha roto el vínculo matrimonial, y que adopta un criterio objetivo para su concesión, ya que el culpable del divorcio puede ser también beneficiario.

e

EI Salvador

El Código de Familia de El Salvador, establece la pensión compensatoria en sus arts. 113 y 114. Conforme a la primera parte del art. 113, «si el matrimonio se hubiere contraído bajo el régimen de separación de bienes, o si habiendo existido un régimen de comunidad su liquidación arrojare un saldo negativo, el cónyuge a quien el divorcio produjere desequilibrio que implique una desmejora sensible en su situación económica, en comparación con la que tenía dentro del matrimonio, tendrá derecho a una pensión en dinero que se fijará en la sentencia de divorcio, de acuerdo con las pruebas que al efecto se hubieren producido)). Para determinar el importe de esta pensión, se tomarán en cuenta una serie de pautas que enumera el segundo párrafo de la norma precitada. En esta legislación, la pensión compensatoria se extingue por: cesar la causa que lo motivó, contraer el acreedor nuevo matrimonio o convivir maritalmente con otra persona, haber cometido injuria grave contra el deudor, la muerte del acreedor y del deudor (art. 113, tercer párrafo). Asimismo, se extingue cuando el deudor entregue bienes, constituya el derecho de usufructo, uso o habitación sobre determinados bienes, o entregue una suma total en efectivo al acreedor, si así lo acorda62

63

Fanzolato, Eduardo l . : Prestaciones... cit., pp. 36 y 49. Fanzolato, Eduardo l.: Prestaciones... cit., pp. 36 y 49.

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sen los interesados o lo decidiera el juez tras una petición justificada del deudor (art. 11'3, cuarto párrafo). En tanto, el art. 114 estipula que no habrá derecho al pago de la pensión compensatoria, en los casos de divorcio en que se.establezca ((grave conducta dañosa)) de un cónyuge para con el otro.

e

Chile

La última legislación extranjera en adoptarla fue la chilena, a través de la ley 19.947 (nueva ley de Matrimonio Civil) promulgada y publicada el 17/05/04, en sus arts. 61 a 66. El art. 61 de esta ley chilena, expresa: ((Si, como consecuencia de haberse dedicado al cuidado de los hijos o a las labores propias del hogar común, uno de los cónyuges no pudo desarrollar una actividacl remunerada o lucrativa durante el matrimonio, o lo hizo en menor medida de lo que podía y quería, tendrá derecho a que cuando se produzca el divorcio o se declare la nulidad del matrimonio, se le compense el menoscabo económico sufrido por esta causa)).

b) Supuestos e n los cuales se aplican e n el derecho extranjero Al respecto, podemos agregar a lo ya dicho de este instituto que, analizando a los supuestos que se aplican en el derecho extranjero, cabe diferenciar dos situaciones: l o ) Cuando haya que subsanar un desequilibrio económico, producido entre los cónyuges con motivo de la separación o el divorcio. Es el supuesto regulado en el art. 270 del Cód. Civ. francés, en el art. 97 del Cód. Civ. español, el art. 113 del Cód. de Familia de El Salvador y en el art. 84 del Código de Familia de Cataluña. En este caso, mediante la aplicación del instituto que estamos analizando, se tratará de que uno de los cónyuges -el que solicita la prestación compensatoria- no quede en situación totalmente dispar respecto del otro, una vez producida la ruptura matrimonial. Al respecto, se ha dicho que para verificar el desequilibrio no sólo se deberán comparar los ingresos de ambos cónyuges, sino la real situaciónenquehaquedadocadacónyuge.

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Por lo cual, el juez para fijar esta pensión deberá examinar las circunstancias particulares de cada cónyuge. Así, podría suceder que la posición económica e ingresos de ambos sean equivalentes, pero no obstante ello, la situación de cada uno no sería similar si uno de ellos queda a cargo de sus hijos menores de edad y además tiene problemas de salud 64. Nuestra nueva legislación, en el art. 441, suscribe a esta postura. 2') Cuando haya que compensar a uno de los cónyuges por aquellos aportes en servicios o bienes que no puedan ser salvados en la liquidación y partición del régimen patrimonial matrimonial. Es el supuesto que prevé la reforma a la ley de matrimonio de Austria (art. 68a1EheG), el art. 427 del Cód. Civ. de Quebec y el art. 41 del Código de Familia catalán (y era el que también preveía, el derogado art. 23 de la Compilación del Derecho Civil de Cataluña de 1993). Como podemos observar, la legislación de Cataluña contempla las dos situaciones enumeradas, en sus arts. 84 y 41. Asimismo, es la que adopta Chile en el art. 61 de la ley 19.947 (nueva ley de Matrimonio Civil). En este caso, la pensión compensatoria tendrá como fundamento la reparación o compensación del enriquecimiento injusto de uno de los cónyuges. Este supuesto, es mayormente aplicable, en aquellas legislaciones que no contemplen el sistema de ganancialidad para el régimen patrimonial del matrimonio, sino el de separación de bienes. Pero ello, a nuestro criterio, no excluye que estas pensiones se puedan implementar en aquellos países en los cuales rige la ganancialidad para ese régimen, pues ciertas situaciones no pueden ser salvadas -aun en ese sistema- al momento de la disolución matrimonial. Ejemplo de lo expresado el párrafo anterior, sería el hecho de que en virtud de la división de roles durante el matrimonio, uno de los cónyuges -por lo general, la mujer- cumpla las funciones de ama de casa y realice las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos, mientras que el otro sea quien desarrolla una actividad extra hogareña y provea de ingresos a la familia. Producida la ruptura del matrimonio, a quien desempeñaba las tareas del hogar le será muy difícil insertarse en el mercado laboral -o 64 Godino, Claudia F., Rodríguez, Analía, y Bedrossian, Gabriel: Alcances y beneficios del sistema de prestaciones compensatorías, DJ, 2002-2-84.

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reinsertarse, si alguna vez trabajó- y, por lo tanto, obtener ingresos por su cuenta. Más aún si, como sucede habitualmente, tras la ruptura los hijos menores quedan bajo su guarda. En cambio, al otro cónyuge que trabajó fuera del hogar durante el matrimonio e, inclusive, continuó perfeccionándose en su actividad laboral, seguirá percibiendo ingresos que le permitan vivir -al menosdecorosamente, más allá de los mayores gastos que le irrogará la ruptura matrimonial (alquiler de un inmueble donde vivir, cuota de alimentos para sus hijos, etc.). Por otra parte, las pensiones compensatorias (o compensaciones económicas para nuestra nueva legislación) en algunas de esas legislaciones se aplican en la separación personal y el divorcio y, en otras, sólo en el divorcio (esto último es lo que nos parece lo más correcto). Así, en Francia se reservan las pensiones compensatorias para el divorcio vincular, en principio para el cónyuge inocente, aunque no se excluye totalmente al culpable de percibirlas. En tanto, en España rigen tanto para la separación como para el divorcio, no haciéndose diferencia entre culpabilidad e inocencia para su requerimiento.

c) Finalidad de Ias pensiones eowipensatorias o pensiones económicas Lo que se procura con este instituto es que el nivel de vida de los esposos no se vea alterado en relación con el que mantenían durante la convivencia, en virtud de que uno de los cónyuges no puede descender en su condición económica mientras que el otro mantiene idéntica situación que antes del divorcio. Es ajena a toda idea de culpabilidad y ofrece, más bien, los caracteres de una responsabilidad objetiva, estando la cuantía de esta prestación pecuniaria-asistencia1 sujeta a la discrecionalidad judicial sin tablas determinadas (aún, para aquellos países en que rigen baremos para la determinación judicial de la cuota.alimentarPa), dada la mutabilidad de circunstancias de cada matrimonio. En definitiva, la llamada prestación compensatoria no constituye un efecto primigenio del divorcio, sino un efecto secundario, eventual, en

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cuanto a que su apreciación se da en unos casos y en otros no, según concurran en la concreta situación de los esposos los presupuestos de hecho previstos en la norma.

1O) Son compensatorias. Esa es justamente su finalidad y de ahí su denominación. Estas prestaciones no son alimentos asistenciales, ni tampoco consisten en una indemnización por daños. Por el contrario, consisten en una compensación pecuniaria, debido a un desequilibrio económico entre ambos cónyuges al momento de la liquidación de la sociedad conyugal, o por aportes en servicios o bienes que no pueden ser salvados también en ese momento. 2O) Tienen una duración limitada. Esa es la postura que adopta, por lo general, el derecho extranjero. En principio, tienen una duración limitada en el tiempo, ya que la prestación se efectuará -por lo general- en un pago único y global. Así, lo establece el art. 270 del Cód. Civ. francés. Si bien, conforme al actual art. 275 del Código precitado, en el caso de que el deudor no se encuentre en condiciones de afrontar el pago de la pensión compensatoria en un solo pago, pude efectuarlo fraccionado. Pero, esta posibilidad se encuentra también limitada temporalmente -salvo causas excepcionales- al término de ocho años. En España, si bien esta pensión no tiene un límite temporal pudiendo ser vitalicia, en el convenio regulador las partes pueden fijarle un término Si no existe convenio, en ese país varios fallos judiciales 66 le han fijado un plazo de duración. Ruiz Tamayo, Pablo E.: La pensión ... cit. Sentencias de la Audiencia Provincial de Cataluña, 15/9/99, 19/4/01 y 18/9/00, Revista Jurídica de Catalunya. Disponible en: www.seuvirtual.net/ Revista Jurídica; Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona, 121111 99, Rollo de Apelación no 27111999; Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz, 30/1/95, Rollo de Apelación no 20311994; Sentencia de la Audiencia 65

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La jurisprudencia española -por lo general- aplica el término de cinco años, ya que se entiende que resulta inadecuado fijar esta pensión con carácter indefinido, a no ser que por las excepcionales características del caso resulte adecuado fijar una renta vitalicia. El Código de Familia de Cataluña, determina que el lapso máximo de esta pensión será de tres años (art. 41, inc. 2"). En Austria, tal prestación es temporal: hasta que los hijos menores alcancen una cierta edad. Sin embargo, este principio no es absoluto, ya que se hace excepción de ello en algunas legislaciones que aplican este instituto. En ese sentido, el actual art. 276 del Cód. Civ. francés determina que a titulo de excepción, el juez podrá, por decisión motivada, fijar la prestación compensatoria en forma de renta vitalicia cuando la edad o el estado de salud del acreedor no le permitan subvenir a sus necesidades. Asimismo, en España el art. 99 de su Cód. Civ. estable que, la pensión compensatoriafijada judicialmente, podrá ser sustituida por la constitución de una renta vitalicia, pero siempre que exista acuerdo de las partes. Es la postura que adopta el art. 441 de nuestra nueva legislación, para las compensaciones económicas. La compensación económica de nuestro nuevo Código se estableció por tiempo determinado y sólo, excepcionalmente, por un plazo indeterminado. Ha sido un gran acierto del nuevo Código definir la vigencia de esta compensación, ya que en países que no lo especificaron, como el caso de España, hubo abundante jurisprudencia contradictoria: unos fallos judiciales decían que era por tiempo indeterminado y otros que era por un plazo determinado. Finalmente, prevaleció esta última postura en los tribunales de ese país.

3') Son invariables. No importa la situación en que, con posterioridad, se encuentren ambos ex cónyuges. Lo que se fijó en concepto de compensaciones económicas es invaProvincial de Salamanca, 7/11/95, Rollo de Apelación no 67711995; Acordada no 19941186 de la Audiencia Provincial de León.

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riable, siendo indiferente las mutaciones fácticas una vez que fueron establecidas. Esta característica, las diferencia de los alimentos. Sin embargo, la invariabilidad es un principio que sufre excepciones, en algunas de las legislaciones que regulan las pensiones compensatorias. Al respecto, en la legislación francesa, si la pensión se hubiere fijado en forma de renta, el monto de ella podrá ser reducido ((cuando las circunstancias así lo impongan)). Asimismo, en virtud de la modificación establecida por la ley 2004439 en esa legislación, la prestación compensatoria fijada en forma de renta podrá ser revisada, suspendida o suprimida en caso de cambio importante en los recursos o las necesidades tanto del deudor como del acreedor. En España, el importe de esta prestación se deberá actualizar todos los años conforme a la variación que experimente el índice de precios al consumo, que publica el Instituto Nacional de Estadística de ese país 67. Asimismo, si bien con carácter excepcional, la pensión podrá ser modificada «por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge)) (art. 100 del Código precitado). En Cataluña, su Código de Familia permite que esta pensión sea disminuida «si quien la percibe tiene mayor fortuna, o quien la abona pasa a peor fortuna)) (art. 84, inc. 3"). En nuestra legislación, en principio, las compensaciones económicas serían invariables, más allá de lo que determine la jurisprudencia que en el futuro se ocupe del tema. 4') Se imponen por causas objetivas. Como ya lo señalamos, se imponen como consecuencia y no a causa del divorcio, importando para su procedencia que se verifiquen determinadas circunstancias objetivas. Al respecto, hemos expresado los supuestos a los cuales se aplican estas prestaciones. De ello, se desprende que las causas por las cuales se imponen son objetivas.

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Ruiz Tamayo, Pablo E.: La pensión ...cit.

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Lo mismo, sucede en nuestra reciente legislación, más aún, al haberse eliminado la.inocencia o culpabilidad en el divorcio. 5') Son disponibles. Se acepta, en las legislaciones que las contemplan, la disponibilidad de su derecho. Es que, al no ser la finalidad de las pensiones compensatorias asistencia1(como sucede en la prestación alimentaria) sino compensatoria, no rigen las prohibiciones de disponer de ellas que, por lo general, establecen las diversas legislaciones para los alimentos. Por lo tanto, las pensiones compensatorias podrán ser objeto de renuncia, transacción, compensación, cesión, enajenación, etc. Es decir, que no quedan sujetas a ciertas prohibiciones para quien las recibe como sucede con los alimentos y, por lo tanto, pueden transmitirse, cederse, compensarse con una deuda, embargarse, etc.

e) Requisitos

1') Configuración de los presupuestos fácticos que la habilitan. Para que se fijen judicialmente estas prestaciones, se deben configurar los supuestos fácticos que ya hemos enunciado: desequilibrio económico producido entre los cónyuges con motivo de la separación ylo el divorcio o, cuando uno de ellos, haya efectuado aportes en servicios O bienes que no pueden ser salvados en la liquidación de la sociedad conyugal. La carga de la prueba de estos presupuestos fácticos, recaerá sobre quien soiicita la prestación compensatoria. 2') Solicitud de quien la necesita. Para que el juez fije las pensiones compensatorias, se requerirá que quien las necesita las reclame en forma expresa, pues el magistrado no las puede determinar de oficio, aun cuando el desequilibrio económico o la inexistencia de compensación por los servicios o bienes aportados al matrimonio, sea evidente al momento de producirse la liquidación de la sociedad conyugal. Ello es aplicable a nuestro derecho, conforme se desprende del art. 442.

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Se la debe peticionar al momento de presentar la demanda. Estas pensiones deben ser solicitadas en la demanda de separación y10 divorcio, o en la primera presentación que se efectúe en esos procesos. Si bien, este requisito no está enunciado -por lo general- en forma expresa en la legislación de los países que contemplan estas pensiones, ello emana de su jurisprudencia o doctrina. Pero, hay legislaciones que lo determinan de manera específica. Así, en el Código de Familia de Cataluña, la petición de esta pensión sólo puede efectuarse en la primera presentación que se efectúe en el proceso de separación, divorcio o nulidad del matrimonio (art. 42, inc. 1 Analizando nuestra nueva legislación, observamos que este requisito parece no ser de aplicación, ya que recién caduca el derecho a solicitarlas a los seis meses de decretado el divorcio. 3O)

O).

f) Su fijación en neeesSkrareciente legislación En nuestra legislación fueron establecidas por el art. 441, que reza: ((Compensacióneconómica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez)). En tanto, el art. 442 del nuevo Código, dice que, a falta de acuerdo de los cónyuges, será el juez quien determine la procedencia y el monto de esta compensación económica, en base a la contemplación de determinadas circunstancias que se describen en ese artículo. Respecto de esto último, el art. 442 establece los criterios que debe tener el juez para la fijación de esta compensación: lo) El estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial. 2 O ) La dedicaciírn que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza

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y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio. 3') La edad y estado de salud de los cónyuges y de los hijos. 4') La capacidad laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica. 5') La colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge. 6') La atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, habrá que tener en cuenta quien abona el canon locativo. Que el juez determine su procedencia y fijación, a falta del acuerdo de los cónyuges, no quiere decir que las podrá fijar de oficio. Siempre deberá existir el pedido de uno de los cónyuges (o de ambos) para su fijación, al igual que sucede, por lo general, en la legislación extranjera.

g) Forma de pago El art. 441 «in Cine» del nuevo Código, establece que esta compensación económica ((puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez». Como podemos apreciar, las formas de pago a las que faculta al c8nyuge, a cuyo cargo han sido establecidas estas compensaciones económicas, son variadas. Del texto de la normativa precitada, se infiere que la elección queda a cargo del que deberá abonarlas. Sin embargo, consideramos que e1 cónyuge beneficiario podrá oponerse, en sede judicial, a la forma de pago elegida por el obligado, si acredita -cabalmente- que esa forma le ocasiona algún perjuicio o no cumple la finalidad de este instituto.

h) Su caducidad La parte final del art. 442 del nuevo Código determina la caducidad de esta compensación económica, si han pasado seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.

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Nos parece que ese plazo de caducidad resulta ser, hoy en día, muy exiguo. Es que, tratándose las compensaciones económicas de un instituto jurídico totalmente novedoso para nuestra legislación, no todos los profesionales estarán al tanto de su breve plazo de caducidad. Más, aún, al haberse adelantado el plazo en que entrará en vigencia este nuevo Código, a raíz de la sanción de la ley 27.077.

Capítulo 81 ALIMENTOS ENTRE CONVIIVIENTIES

5 1. LOS EFECTOS DE LAS UNIONES CONVIVENCIALES El nuevo Código, a diferencia del que rige hasta el 1/8/15, regula las uniones de hecho, o uniones convivenciales como este nuevo ordenamiento legal las denomina, y determina los efectos que tendrá dicha unión para sus integrantes. A respecto, luego de describir la constitución y prueba de estas uniones convivenciales, regula los pactos de convivencia. Asimismo, los efectos jurídicos que se desprenden de estas uniones, tanto durante la convivencia como a partir del cese de aquella. Entre estos efectos trata lo relativo a los alimentos, cuyo análisis efectuaremos «ut infra)).

5 2. DURANTELA CONVIVENCIA a) Alimentos regulados a través de los contratos Al no estar regulada legalmente la obligación alimentaria en las uniones de hecho en el Código vigente hasta el 1/8/15 (lo cual es conteste con este viejo Código, que ignora esta forma de familia), las posibilidades de que entre convivientes se fijaran alimentos sólo era posible a través de un contrato. En ese aspecto, estos contratos -que tenían por objeto brindar alimentos durante la convivencia- se podían materializar mediante los de alimentos, de renta vitalicia y de fideicomiso de administración.

En el derecho extranjero, encontrarnos el ((contrato de alimentos)). Al respecto, siguiendo a Calvo Antón l , podemos decir que: Este contrato se encuentra legislado en Suiza -mediante la denominación de ((contrato de mantenimiento vitalicio»- en los arts. 521 a 529 de su Código de Obligaciones y a continuación del de renta vitalicia. En este país, el contrato bajo análisis tiene como beneficiarias a las personas de edad avanzada, enfermas o que necesitan del cuidado de otra. En principio, el acreedor vivirá en la casa del deudor y será tratado como un miembro de la familia. En cuanto a las obligaciones del deudor: debe mantener y cuidar al acreedor hasta su muerte, y la extensión de la obligación comprende no sólo el alojamiento y la alimentación, sino también la ayuda física y hasta los gastos del entierro. En Francia, también es utilizado, cuando algunas personas en lugar de vender sus bienes a cambio de una renta vitalicia, prefieren optar por este tipo de contrato, para de esa manera ser alojadas, mantenidas y asistidas, tanto cuando gozan de buena salud como cuando están enfermas. En Italia, se considera a este contrato como una modalidad de la renta vitalicia. En estos países, al igual que en otros del mismo continente (Bélgica y Alemania), dice la autora precitada que también se le otorga a este contrato el nombre de ((vitalicio)), por parte de su legislación o de su doctrina. El ((contrato de alimentos)), es definido por la doctrina de los países mencionados «ut supra)), como aquel por el cual una de las partes transmite a la otra dinero o bienes, comprometiéndose esta última a alimentar y asistir a la primera 2. Hace bastantes años atrás (el 18111/03) en España la ley 41 de Protección de personas con discapacidad (mediante su art. 12") introdujo l Calvo Antón, Manuela: El contrato de alimentos como figura contractual independiente, en Revista general de legislación y jurisprudencia, Reus, año 138, mayo-junio 1989, no 3, 2a época, t. 98 (266 de la colección), Madrid, 1989, PP. 633-667. * Calvo Antón, Manuela: El contrato... cit., p. 640.

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en el Cód. Civil un capítulo referido al ((contrato de alimentos)) en los arts. 1791 a 1797, recogiendo legislativamente una costumbre social -sobre todo en determinadas zonas geográficas de aquel país- que se veía reflejada -con anterioridad- tanto en la doctrina como la jurisprudencia española. En ese sentido, actualmente en España, por medio de este contrato una de las partes se obliga a proporcionar a la otra vivienda, manutención y asistencia de todo tipo durante su vida, a cambio de la transmisión de un capital consistente en dinero, bienes o derechos (conf. art. 1791 Cód. Civ. español). La prestación comprometida en el ((contrato de alimentos)) en aquellos paises que contemplan este tipo de contrato excede la mera ayuda material, al existir también la obligación de asistencia (lo que se pone de resalto cuando el beneficiarío se encuentra enfermo). Cabe deducir de lo expresado que la obligación asumida en este contrato será prestada en especie. En nuestro país, no se encontraba (ni se encuentra) regulado el ((contrato de alimentos)) entre los contratos típicos que contempla nuestra legislación. Motivo por el cual, si las partes celebran un contrato con esa denominación (aunque su contenido o características no sean similares al ((contrato de alimentos)) previsto en el derecho extranjero), habrá que atenerse a lo que aquellas hayan convenido al respecto. No obstante, ante la oscuridad de alguna de sus cláusulas o ante el silencio de las partes, habrá que aplicar las reglas relativas a los contratos típicos más afines. Entre los contratos típicos más afines contemplados en nuestro derecho, no cabe duda alguna, que se deberán aplicar en forma subsidiaria las normas que regulan el contrato de renta vitalicia (si es a título oneroso) o el de donación (si es a título gratuito).

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Contrato de renta vitalicia

Al respecto, el art. 2070 del anterior Cód. Civ. decía: ((Habrá contrato oneroso de renta vitalicia, cuando alguien por una suma de dinero, o por una cosa apreciable en dinero, mueble o inmueble que otro le da,

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se obliga hacia una o muchas personas a pagarles una renta anual durante la vida de uno o muchos individuos designados en el contrato)). Nuestro anterior Cód. Civ. sólo había reglamentado este contrato en su forma onerosa (al igual que el actual Código). Sin embargo, si se convenía en forma gratuita, se debería regir -además de por las reglas aplicables a la renta onerosa- por las disposiciones relativas a la donación. El art. 2076 del Cód. Civ., vigente al 1/8/14, contemplaba la renta que se constituye para otorgar una pensión alimenticia que, en este caso, no podía ser empeñada ni embargada al acreedor. En el nuevo Código, el contrato de renta vitalicia (también, en principio, de carácter oneroso) se encuentra regulado a partir del art. 1599. En este nuevo Código ya no se contempla la renta vitalicia que se constituía para otorgar una pensión alimenticia (como sucedía en el art. 2076 de! viejo Código).

Contrato de fideicomiso de administración

Ésta era otra de las opciones para quienes se encontraban unidos de hecho y querían obligarse a pagar una cuota de alimentos, respecto del otro coriviviente o de forma reciproca. El fideicomiso de administración, es aquel mediante el cual una persona (denominada ((fiduciante)))transmite a otra (llamada ((fiduciario))) - la propiedad de un bien (o bienes) determinado (o determinados), para que este último la administre en beneficio de un tercero (denominado ((beneficiario)))y, luego de cumplido un cierto plazo o una condición, transmita definitivamente la propiedad al «fideicomisario» (que puede ser el beneficiario, el fiduciante u otra persona) 3. Este instituto resultaba de gran importancia para fijar alimentos a favor de cualquiera de los integrantes de las uniones de hecho, atento que los bienes del fideicomiso estarán afectados al fin para el cual se constituyó (en este caso, cubrir todas las necesidades materiales del conviviente, o al menos, algunas de ellas). Además, porque esos bienes no respondían por las deudas del Guastavino, Elias P.: F(deicomisos, «leasings», letras hipotecarias y otros aspectos de la ley 24.441, LL, 1995-B-1066.

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fiduciante, del fiduciario ni por las del beneficario, sino sólo por los gastos y deudas derivados de su propia administración. Es que, este instituto -como ha señalado Roveda 4- creaba un patrimonio de afectación que permanece separado tanto del patrimonio del fiduciante como del fiduciario y, por lo tanto, fuera del alcance de los acreedores de ambos, salvo los supuestos de fraude (art. 15 de la vieja ley 24.441 ) 5. Por ende, ello brinda una gran seguridad pues -en principio- nada afectaba la consecución de la finalidad buscada al constituir el fideicomiso (en este caso, establecer una pensión alimentaria para uno de los integrantes de la unión de hecho). En la actualidad, el contrato de fideicomiso por administración se encuentra contemplado en el art. 1680 del nuevo Código Civil.

b) Alimentos regulados a través de los pactos de convivencia

Los pactos de convivencia los podemos hallar en el derecho extranjero. Nos ocuparemos de algunos de ellos, antes de analizar los que faculta nuestra nueva legislación.

El Pacto de Solidaridad (IPBCS) del derecho civil francés

Al respecto, nos ilustra el profesor Augusto C. Belluscio 6: Francia se suma a una corriente legislativa que habían iniciado otros países, en cuanto a la atribución de efectos jurídicos a la unión de dos personas de diferente o de igual sexo. Roveda, Eduardo G.: El fideicomiso constituido por testamento y la posibilidad de utilizarlo para la protección de la vivienda familiar, en Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Lexis Nexisl Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, no 29, p. 62. En idéntico sentido: Azpiri, Jorge O, y Requeijo, Oscar: E/ fideicomiso y el derecho sucesorio, LL, 1995-D-1128 ; Guastavino, Elias P.: Fideicomisos... cit., p. 1069. Belluscio, Augusto C.: El concubinato y e1 pacto civil de solidaridad en e l derecho francés, LL, 2000-C-1100.

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Expresa el prestigioso jurista precitado que, a raíz de la sanción de esta ley, actualmente -en ese país- un hombre y una mujer tienen tres posibilidades para unirse: mediante matrimonio, a través del pacto civil de solidaridad o por medio del concubinato 8. Por lo tanto, en Francia queda plasmada en su totalidad la distinción entre el concubinato y las parejas que hayan suscripto el pacto civil de solidaridad (mediante el cual se establecen derechos y obligaciones de tipo patrimonial y de ayuda material, similares a las que se establece en aquel país para los cónyuges) 9. La ley precitada, introduce en el Cód. Civ. francés el Título XII «Del pacto civil de solidaridad y del concubinato», que se divide en dos capítulos: «Del pacto civil de solidaridad)) y «Del concubinato)). Este pacto, constituye un contrato civil, pero de una especie nueva y -ahora- típico, requiriéndose una vez formalizado por escrito, que se presente y se deje constancia del mismo ante el Juzgado, no creándose -por lo tarito- ningún registro administrativo para su registración, ni estableciéndose ninguna otra solemnidad para su otorgamiento lo. Con la celebración del PACS surge una obligación -para cada una de las personas que lo suscriben- de ayudar al otro en forma material. En cuanto a ello, la reforma introducida por la ley precitada dispone: «Los compañeros ligados por un pacto civil de solidaridad se deben ayuda mutua y material. Las modalidades de esta ayuda serán fijadas en el pacto)). Las modalidades, entonces, deberán ser convenidas por los convivientes y, por lo tanto, las prestaciones que se hagan a tal efecto podrán ser en dinero o en especie. Pero, si ellas no han sido convenidas, corresponderá al juez fijarlas ll.

Belluscio, Augusto C.: El concubinato... cit., p. 1103. En el mismo sentido: Cornu, Gérard : Droit civil. La famille, Montchrestien, París, 2001, citado por Mata de Antonio, José M.: Parejas de hecho ¿equiparación o discriminación?, ~ccionese Investigaciones Sociales, Madrid, 2002, p. 237. Mata de Antonio, José M.: Parejas... cit., p. 219. l o Mata de Antonio, José M.: Parejas ... cit.; p. 221. l1Grimaldi, Michael: El Pacto Civil de Solidaridad en el derecho francés, en Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Lexis Nexis/Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2001, no 18, p. 145.

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Otras legls8aciones que faelaltan a este tipo de pactos

De entre las legislaciones que contemplan este tipo de pactos, nos interesa destacar, la correspondiente a las autonomías regionales de España. En ese sentido, la ley de Parejas de Hecho del 2013103 de la Comunidad Autónoma de Extremadura, establece que los miembros de la pareja de hecho podrán establecer válidamente los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones económicas durante la convivencia (art. 6O). También, la ley 112001, reguladora de las Uniones de Hecho de la ComunidadAutónoma de Valencia, permite (en su art. 4') que los miembros de esta unión puedan establecer válidamente los pactos que consideren convenientes para regir sus relaciones económicas durante la convivencia. Igual posibilidad establece en su art. 401la ley 112001 de la Comunidad Autónoma de Valencia. La ley de regulación de las Parejas de Hecho (de fecha 6/3/03) de la Comunidad Autónoma de Canarias, dispone en su art. 7O, inc. 2O, que estas parejas podrán regular las compensaciones económicas (pensiones compensatorias) que convengan para el caso de cese de la convivencia. La ley 6 del 26/3/99 de la Comunidad Autónoma de Aragón relativa a Parejas Estables No Casadas, estipula en su art.5O: «La convivencia de la pareja y los derechos y obligaciones correspondientes podrán regularse en sus aspectos personales y patrimoniales mediante convenio recogido en escritura pública, conforme al principio de libertad de pactos, siempre que no perjudiquen los derechos o dignidad de cualquiera de los otorgantes y no sean contrarios a normas imperativas aplicables a Aragón)). La ley 10 del 15107198 de la Comunidad Autónoma de Cataluña relativa a las Uniones Estables de Pareja, regula para esas uniones la posibilidad de acordar de manera válida las compensaciones económicas (pensiones compensatorias) que correspondan para el caso de cese de la convivencia. Por último, la ley de Parejas Estables de la Comunidad Autónoma de Navarra (ley foral 612000), faculta a establecer las pensiones com-

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pensatorias que se convengan para el caso de la disolución de la pareja (art. 5O, inc.1O.). Posibilidad de celebrar, en nuestro derecho, pactos de convivencia en las uniones convivenciales

Como habíamos señalado en otra oportunidad 12, y bajo la vigencia del Código Civil anterior, las uniones de hecho no se encontraban reguladas en nuestra legislación. No obstante ello, partíamos del principio que, nuestra legislación -al no otorgar efectos civiles a las uniones de hecho- considera a los integrantes de esta unión como si fueran extraños entre sí. Siendo considerados extraños entre sí, si bien nuestra legislación no facultaba, en forma expresa, a celebrar pactos o contratos entre los integrantes de tales uniones tampoco lo prohibía, como sí sucedía con y 1820 del anterior los cónyuges (arts. 1358, 1441, 1490, 1807 inc. lo Cód. Civil). En ese sentido, destacada doctrina j3 manifestaba que no existía inconveniente alguno en que, aun sin normas regulatorias, los convivientes pudieran pactar alimentos. En cuanto a su instrumentación, al no existir regulación legislativa -por aquel entonces- sobre la celebración de pactos entre los convivientes, éstos podían ser celebrados en la forma que ellos decidieran. Sin embargo, esta libertad contractual encontraba su límite en lo establecido en el art. 953 del Cód. Civil vigente hasta el 1/8/15: su objeto no debe ser contrario a las buenas costumbres, ilícito, prohibido legalmente, u opuesto a la libertad de acciones o de conciencia. Tampoco estos contratos podían estar sujetos a una condición imposible, contraria a las buenas costumbre o ilícita (conf. art. 530 del anterior Código Civil). En ese sentido, el art. 531 enumeraba algunos casos de condiciones ilícitas o inmorales, aunque esa enumeración no era taxativa 14, l 2 Alimentos y uniones de hecho en «La familia en el nuevo derecho)), Ed. Rubinzal-Culzoni,Santa Fe, 2009, tomo 1, pp. 283 y SS. l 3 Bossert, Gustavo A.: Régimenjurídico del concubinato, 4areimpr.,Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 132. l4 Borda, Guillermo A.: Manualde derecho civil. Parte general, 1gaed. act., Ed. Perrot, Buenos Aires, 1998, p. 480.

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motivo por el cual no se podían celebrar contratos por los cuales se impusiera el cese de la convivencia o, por el contrario, su mantenimiento.

Los pactos de convivencia en el nuevo Código Civil Los pactos de convivencia en las uniones convivenciales, se encuentran regulados a partir del art. 513, que dice: «Las disposiciones de este Título son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522)). En cuanto a su contenido, reza el art. 514: «Los pactos de convivencia pueden regular, entre otras cuestiones: a. la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común; b. la atribución del hogar común, en caso de ruptura; c. la división de los bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia)). Y, por último, en cuanto a sus límites agrega el art. 515: «Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial)).

Pactos en materia de alimentos en nuestra reciente legislación En materia de alimentos durante la convivencia de estas uniones, si bien el nuevo Código no lo dice expresamente, aquellos se podrán regular a través de los pactos de convivencia, pues la enumeración de su art. 514 no es taxativa (ya que dice ((entre otras cuestiones))).

c) ¿Asistencia material o sólo asistencia moral: existen los alimentos legales entre convivientes? Por otra parte, entre los efectos legale? que atribuye a la unión con-

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vivencial, encontramos el deber de asistencia durante la convivencia (art. 519). Entendernos que la asistencia, a que hace referencia el art. 519, describe sólo a la asistencia espiritual o moral, más no a la material (en la que estarían incluidos los alimentos). De quererse incluir los alimentos durante la convivencia de este tipo de uniones, suponemos que se hubiera obrado como en la convivencia de la unión matrimonial: el art. 431 determina la asistencia no pecuniaria, pero el art. 432 preceptúa -con total claridad- el deber alimentario.

3. CESADALA CONVIVENCIA Cesada la convivencia de esta unión, el art. 524 faculta a aplicar la compensación económica para aquel conviviente que sufre un desequilibrio económico al momento de la ruptura de la unión convivencial. A tal efecto, se reitera lo preceptuado en los arts. 441 y 442. Respecto de ello, recordemos que el art. 441 dispone: «El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. ,Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez)). En tanto, el art. 442 decreta: «A falta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras: a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial; b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio; c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos; d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica;

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e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; f) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo. La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio)).

Capítulo III ALIMENTOS BERIWQOS DEL PARENTESCO

C) 1. PARIENTES OBLIGADOS LEGALMENTE a) Parientes coaisanguíneos

El art. 537 del nuevo Código enumera a los mismos parientes consanguíneos, que tienen obligación alimentaria recíproca, que el 367 del Código vigente hasta el 1/8/15. La única diferencia que apreciamos, en este aspecto, es la de utilizar la denominación hermanos «bilaterales y unilaterales)),en vez de la de ((hermanos y medio hermanos)) como lo hacía el antiguo Código. Aunque, vale aclarar que dicha denominación no es nueva ya que fue utilizada, en principio, por la ley 26.618 de matrimonio igualitario. Reza el primer inciso del art. 537: «Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden: a) los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados preferentemente los más próximos en grado; b) los hermanos bilaterales y unilaterales)). Se sigue uti!izando la prelación legal para solicitar los alimentos, ya que el art. 537 dice, en su comienzo, que los parientes se deben alimentos en el orden que estipula este artículo. Este primer inciso enuncia a los consanguíneos en línea recta, ascendente y descendente, sin limitación de grado. Respecto de éstos, se agrega que están obligados preferentemente los más próximos en grado, estableciendo -de esa forma- el principio de subsidiariedad, que ya fuera consagrado en el art. 367 del anterior Cód. Civil. El segundo inciso, determina la obligación alimentaria de los hermanos bilaterales y unilaterales.

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En este segundo inciso, se agrega textualmente: «Entre ellos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado)). Si bien, este texto se encuentra en el inciso correspondiente a los hermanos bilaterales o unilaterales, entendemos que es de aplicación a todos los parientes por consanguinidad que se encuentren en igualdad de grado como los hermanos (v. gr., los abuelos paternos y maternos) Añade el art. 537, en su parte final, que si dos o más hermanos (o, agregamos nosotros, parientes del mismo grado) están en condiciones de cumplir con la obligación alimentaria, en principio, estarán obligados por partes iguales (coparticipación de la cuota alimentaria por partes iguales). Más, luego, se dice que el juez -en ese caso- estará facultado a fijar cuotas diferentes, según la cuantía de sus bienes que posean y las cargas familiares. Consideramos acertada esta última consideración, al tomar no sólo el caudal económico (si bien sólo se habla de bienes, consideramos que también habrá que tener en cuenta los ingresos y la fuente de los que provienen) de cada pariente obligado, sino también las cargas familiares, ya que éstas incidirán -evidentemente- en la cuota pecuniaria que se le pueda fijar al pariente (no es lo mismo tener un solo hijo, que tres o cuatro a los cuales mantener). Sin embargo, cabe resaltar que esta es otra de las normas que deja la determinación de la cuota alimentaria al prudente arbitrio judicial. Cabe destacar que, entre los parientes consanguíneos, la nueva legislación no supera la critica que adolece el régimen vigente de colocar en igual situación a los ascendientes y descendientes, estableciéndose la proximidad de grados, sin consideración de las líneas. Tampoco se determina quién es el principal obligado, cuando existen parientes consanguíneos y cónyuge. Por lo cual, en este último supuesto, se seguirá aplicando el criterio mayoritario, tanto doctrinal como jurisprudencial, que asigna la prioridad al cónyuge por sobre los parientes.

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b) Parientes afines Por su parte, en cuanto a los parientes por afinidad, quedan comprendidos en la obligación alimentaria, los mismos que enuncia el art. 368 del Cód. Civil vigente hasta el 1/8/15. En tal sentido, dice el art. 538 del nuevo Código: ((Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado)). Es decir, que estarán obligados entre sí el yerno y nuera con el suegro y la suegra. También, el padre y la madre afín con el hijo afín, y viceversa si este último tiene más de 21 años. 2. CAAACTER~STICAS DE ESTOS ALIMENTOS

El art. 539, en su primera parte, repite las prohibiciones contenidas en el art. 374 del Cód. Civil anterior: la obligación alimentaria no puede compensarse, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos puede ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. Sin embargo, ello no es aplicable a los alimentos devengados pero no percibidos, como lo establece el art. 540: «las prestaciones alimentarias devengadas y no percibidas pueden compensarse, renunciarse o trasmitirse a título oneroso o gratuito)). Respecto de esto último, el nuevo Código ha recogido -de forma acertada- lo que había sido propuesto por importante doctrina respecto de algunas de estas prohibiciones y, asimismo, por jurisprudencia acorde *, a! interpretar lo preceptuado en el art. 374 del Cód. Civil, l

Bossert, Gustavo A., Régimen, cit., p. 7; Belluscio, Augusto C., Manual

de derecho de familia, 6aed., Ed. Depalma, Buenos Aires, 1998, t. 11, p. 410;

Lagomarsino, Carlos A., Uriarte, Jorge A.: Juicio de alimentos, 2a ed., Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, pp. 34-35. CNCiv., Sala B, 6/3/85, ED, 115-668, RED, 20-A-188, sum. 77, JA, 198611-406, Rep. JA,1986-73, sum. 30, LL, 1985-C-189, y Rep. LL, 1985-123, sum. 108; ídem, Sala E, 21/3/80, ED, 88-742 y Rep. LL 1980-158, sum. 89; ídem., íd., 26/8/03, LL, 2003-E-822; ídem, Sala C, 11/2/85, LL, 1985-E-149 y Rep. LL, 1985-124, sum. 110; TColeg. Familia no3 Rosario, 16/3/99 (fallo del Juez de Trámite) y 22110198 (fallo del Tribunal en Pleno, a raíz de la revocatoria interpuesta), causa No636197, inéditos.

vigente al 1/8/15, sólo se refería a los alimentos futuros, pero no a los devengados y no percibidos. En tanto, la parte final del art. 539 reitera la prohibición de los arts. 371 y 376 del anterior Cód. Civil: la irrepetibilidad de lo abonado en concepto de alimentos. Esta característica determina que el alimentista que recibió la prestación no podrá ser obligado a devolverla, si la sentencia que lo facultó a percibirla fuese revocada. Ello, tiene su fundamento en la naturaleza de la prestación alimentaría y en el destino de los alimentos percibidos pues, se presume, que quien los solicita tiene la necesidad de consumirlos. La aplicación de la irrepetibilidad comprende diversos supuestos. Así, los alimentos percibidos no serán repetibles para el caso de revocación o disminución en la Alzada, respecto de la sentencia de primera instancia que los fijó 4. Tampoco a causa de la sentencia que posteriormente hace lugar al incidente de reducción o al cese interpuesto por el alimentante, aunque ello se deba a una mejor situación patrimonial o a un incremento en los ingresos del alimentado 7 , o por haberse modificado los presupuestos de hecho por los cuales se fijó la cuota 8. Tampoco procederá la repetición de lo abonado, cuando por un convenio posterior se acuerde la reducción de la cuota 9. Es que, aquél que se encuentra obligado legalmente al pago de los alimentos, con el cumplimiento de dicha prestación no efectúa una liberalidad, sino que simplemente abona lo debido lo. Bossert, Gustavo A., Régimen..., cit., p. 573. CNCiv., sala F, 1110187, LL 1989-A-723, sum. no 85 y JA 1988-ll-síntesis, sum. no 13. En contra: Código Procesal Civil de Perú (art. 569) CNCiv., sala E, 08/06/00, JA 2000-lll-síntesis, sum. no 6; Belluscio, Augusto C., Manual..., cit., T. 11, p. 416. CNCiv., sala C (Del voto en disidencia del Dr. Cifuentes), 24/04/79, JA 1980-1-626, Rep. JA 1980-67, No 73 y LL 1979-D-205; Borda, Guillermo A., Tratado..., cit., p. 337. En contra: Mendez Costa, María J. - D' Antonio, Daniel H., Derecho..., cit., p. 464. Lagomarsino, Carlos A. - Uriarte, Juicio.. . , cit., p. 79; Bossert, Gustavo A., Régimen..., cit., p. 12; Belluscio, Augusto C., Manual..., cit., T. 11, p. 416. Borda, Guillermo A., Tratado..., cit., p. 337. Bossert, Gustavo A., Régimen..., cit., p. 574. CNCiv., sala C (Del voto en disidencia del Dr. Cifuentes), 24/04/79, JA 1980-1-626 y Rep. JA 1980-67, No 74.

ALIMENTOS DERIVADOS DEL PARENTESCO

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Por otra parte, no tiene derecho a repetición de lo abonado 11, ya que no se configura un pago indebido o un enriquecimiento sin causa 12. Sin embargo, acompañamos la opinión de prestigiosa doctrina l3 y jurisprudencia l4 que admite la repetición de lo percibido en concepto de alimentos, cuando se ha logrado que la cuota se fije mediante el empleo de dolo. Al respecto, alguna legislación extranjera j 5 establece que en caso de dolo para obtener alimentos, serán obligados solidariamente a la restitución y a la indemnización de los perjuicios ocasionados, todos los que han participado del dolo. Por otra parte, como ha sucedido con los arts. 374, 371 y 376 del anterior Cód. Civil, aunque los arts. 539 y 540 de la nueva legislación se ubiquen dentro de los alimentos debidos entre los parientes, lo preceptuado en esos dos artículos resultará ser válido para la prestación alimentaria en general. Por lo tanto, los preceptos enunciados en los arts. 539 y 540 resultarán aplicables a las otras fuentes legales de los alimentos y no sólo a la que deriva del parentesco.

\a 3. EXTENSIQM DE ESTOS ALlMENTOS El art. 541 establece que estos alimentos entre parientes comprenden lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario, y asistencia médica. Repite, de esta forma, lo preceptuado en el art. 372 del Cód. Civil

Fanzolato, Eduardo l., Alimentos ..., cit., p. 13. Bossert, Gustavo A., Régimen.. . , cit., p. 574; CNCiv., sala C (Del voto en disidencia del Dr. Cifuentes),24/04/79, JA 1980-1-626 y Rep. JA 1980-67,sum. no 74. l3 Lagomarsino, Carlos A. - Uriarte, Juicio ..., cit., p. 79; Méndez Costa, María J. - Di Antonio, Daniel H., Derecho.. ., cit., p. 464. l4 CNCiv., sala E, 08/06/00, JA 2000-111-36 (índice), sum. no6 y Boletín No 1-2001, Secretaría de Jurisprudencia, Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sum. No0013591. l5 Código Civil de Colombia (art. 418); Código de Familia del Salvador (art. 268). l1

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vigente al 1/8/15,.en cuanto a los ítems que comprenden estos alimentos. Sin embargo, con un destacable acierto, en su parte final agrega que «si el alimentado es una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para su educación)). Respecto a esto último, se había planteado (y ya habíamos dado cuenta de ello, en una de nuestras obras 16) cuál era la extensión de los alimentos debidos por los parientes, cuando el reclamo se hacía para un menor de edad. Más concretamente, cuál era esa extensión en los alimentos debidos por los abuelos a sus nietos menores de edad. Conforme al anterior Cód. Civil, la extensión alimentaria era la que enumeraba, taxativamente, el art. 372. y 2', de la Convención Sin embargo, de acuerdo al art. 27, incs. lo sobre los Derechos del Niño, esa extensión alimentaria debería comprender para los padres «u otras personas encargadas del niño» lo que fuera necesario «para el desarrollo del niño)). Gozando esa Convención de jerarquía constitucional (y por lo tanto, supra legal) entendemos que ésta prevalece por sobre lo preceptuado en el art. 372 del Cód. Civil. Esa fue la acertada interpretación que hicieron algunos fallos 17, cuando se planteó el reclamo alimentario de los nietos menores contra sus abuelos. Así, se dijo que ((siendo el beneficiario de la cuota alimentaria un menor, cuyo interés superior debe primar de conformidad con el art. 18 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tal obligación comprende no sólo la parte de la alimentación o manutención propiamente dicha, sino también los gastos en educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y por enfermedad, es decir, lo necesario para vivir dignamente y cuya protección integral constituye un derecho del menor)) 18. l6 Belluscio, Claudio A.: Alimentos debidos por los abuelos, Ed. García Alonso, Buenos Aires, 2011, pp. 54-55 l 7 CNCiv., Sala F, 18/10/94, JA, 1996-ll-síntesis,sum. 38; STJ Corrientes, 10112/07, Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, no40, pp. 220-223 (con nuestra nota aprobatoria). j8 STJ. Corrientes, 10/12/07, Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia,Abeledo Perrot, julio/agosto 2008, no40, p. 220.

ALIMENTOS DERIVADOS DEL PARENTESCO

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Por ello, aún tratándose de los alimentos debidos entre los parientes, consideramos como muy acertada la inclusión del rubro educación para los menores de edad. Aunque, en nuestra opinión, también se hubiera debido agregar el rubro esparcimiento que, a esa edad, es sumamente importante para el desarrollo del niñola.

4. MODODE CUMPLIMIENTO

a) Cuota alimentaria fijada en especie Nuestra anterior legislación no contemplaba -en forma específicael pago en especie de los alimentos debidos a los parientes, con excepción del caso del pupilo contemplado en el art. 429 Cód. Civ. cuando éste fuese indigente (art. 428 Cód. Civ.) y más allá de lo establecido en alguno de los proyectos de reforma legislativa 19,a diferencia de lo que establece parte de la legislación hispanoamericana. La legislación hispanoamericana, que contempla dicha posibilidad, no sólo establece como factible el pago en especie, sino que éste es prestado de una forma particular: alojando y manteniendo al alimentado en la propia casa del alimentante 20,salvo que exista justa causa para oponerse a ello o cuando la convivencia resulta inviable. Esta forma de abonar la pensión no es procedente para alguna legislación extranjera cuando se trata de los hijos menores del alimentante 21,si la guarda de los mismos corresponde al otro progenitor. En nuestro país, esta forma de prestar en especie los alimentos por parte del pariente obligado -dando alojamiento y manteniendo al alimentado en su propia casa- había sido planteada judicialmente y fue Proyecto de Código Civil Unificado de 1998, art. 620. Código de la Familia de Cuba, art. 129; Código Civil de España, art. 149; Código de Familia de Cataluña (España), art. 268, inc. 2'; Código de Familia de Honduras, art. 224; Código Civil de México, art. 309; Código de Familia de Panamá, art. 384; Código de Familia de Honduras, art. 224; Código Civil de Puerto Rico, art. 148 y Código Civil de Paraguay, art.264. 21 Ley de Enjuiciamiento Civil de España, art. 1.890; Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente de Venezuela, art. 370. l9

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rechazada cuando ha sido propuesta por el alimentante sin la conformidad del alimentado En la nueva legislación, la primera parte de art. 542 establece que estos alimentos entre parientes se deben de cumplir -en principio- a través de una cuota en dinero. Más luego, agrega que «el obligado puede solicitar que se lo autorice a solventarla de otra manera, justificando motivos suficientes)). Resulta ser claro, que -en los alimentos debidos entre parientes- se permite que la pensión alimentaria se pueda solicitar que se fije en especie (o, al menos parte de ella), siempre que se justifique tal petición. Este nuevo Código recoge así lo establecido en otras legislaciones, que permiten que, eritre parientes, la prestación alimentaria se satisfaga en especie. La prestación alimentaria en especie, cabe recordar, tiene sus ventajas y sus inconvenientes.

Conveniencia

l o )Resulta aconsejable cuando existe una imposibilidad real de abonar la cuota en dinero y la relación familiar no es conflictiva. ZO)Permite la actualización ((indirecta)) por costo de vida de la cuota, a pesar de lo establecido en la ley 25.561 y del fallo plenario del 281 2195, ya que lo que se prohíbe son los ajustes ((directos)).

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Inconveniencia

1O) Crea mayores inconvenientes en la ejecución de la cuota que los que normalmente irroga el pago en dinero. 2O) Hace dificultoso el contralor de la prestación por parte del órgano judicial. 3O) No es aconsejable cuando la relación entre alimentante y alimentado es difícil o conflictiva. 4O) No resulta práctico para el alimentado en cuanto al control del pago en su totalidad, traduciéndose ello muchas veces en algo bastante dificultoso de efectuar.

ALIMENTOS DERIVADOS DEL PARENTESCO

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5") La cobertura de las necesidades del acreedor, pasan a depender de la voluntad del obligado al pago. Al respecto, expresa Arianna 22: ((piénsese que cada vez que se necesite un medicamento, comestibles o cualquier otro bien necesario para el hogar el acreedor deberá pedírselo al deudor, transformándose éste en 'administrador' de la cuota del alimentado)). A nuestro criterio, esta objeción se agrava en cuanto a los alimentos extraordinarios (que no han podido ser previstos en la cuota ordinaria). 6") Ante el incumplimiento de la cuota pactada de esta forma, se podrán imponer astreintes 23 para compeler a su cumplimiento pero no intereses. En tanto que, si la cuota fuese fijada en dinero, el juez -ante el incumplimiento del convenio de alimentos homologado- podría imponer tanto astreintes -con una función conminatoria- como intereses -que funcionan de modo reparatorio o resarcitorio-.

b) Posibilidad de que el juez fije la cuota alimentarica por un período menor al mensual

La segunda parte del art. 542 determina que -en principio- los pagos de la pensión alimentaria se efectúen en forma mensual (a más de anticipada y sucesiva), pero que -conforme las circunstancias- el juez podrá ((fijar cuotas por períodos más cortos)). Somos contestes con la incorporación de este último párrafo. Nos hemos pronunciado en ese sentido, hace bastantes años atrás 24, pero cuando la cuota era convenida por las partes, ya que sólo en ese supuesto lo permitía la legislación anterior. El art. 542 innova en este tema y posibilita que sea el juez quien fije la cuota por un período más corto que el mensual (lo que, antaño, fuera establecido por un fallo 25,pero de forma aislada), modificando -en consecuencia- lo que se desprende del art. 644 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en su parte pertinente. Arianna, Carlos A.: El cumplimiento ...cit., p. 11. CNCiv., Sala A, 19/6/02, LL, 2002-D-502. 24 Belluscio, Claudio A.: Prestación.. .cit., pp. 116-117. 25 CNCiv., Sala E, 31110195, LL, 1997-F-983, sum. 21. 22

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Recordemos que antaño, y en virtud del art. 644 del CPCCN, la cuota se debía abonar «por meses anticipados, desde la interposición de la demanda)). Por lo tanto, y en principio, a falta de acuerdo de partes cuando la cuota había sido fijada por el juez, se debía abonar mensualmente. En ese sentido, algún fallo 26 estableció que cabe rechazar la queja del condenado en alimentos en cuanto se había dispuesto que el pago debe realizarse del 1 al 5 de cada mes y por adelantado, dado que ello se ajusta a lo preceptuado en el art. 644 CPCCN. Sin embargo, y en sentido contrario, aún sin haber llegado a un acuerdo entre las partes, se había dado acogida favorable a la pretensión del alimentante (de profesión taxista) de desdoblar el pago de la cuota estabiecida en dos pagos iguales (el primero del 1 al 15 y el otro del 15 al 20 de cada mes) 27.

a) Momento en el que se pueden sollicitar

El art. 544 del nuevo Código contempla los alimentos provisionales, y reitera lo precepiuado en la segunda parte del art. 375 del anterior Cód. Civil que se refiere a los alimentos provisorios. Dice el art. 544: ((Desde el principio de la causa o en el transcurso "de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales, y también las expensas del pleito, si se justifica la falta de medios)). El texto del art. 544 adolece de la misma falla del art. 375 del anterior Cód. Civil: no contempla la posibilidad de solicitar este tipo de alimentos antes de interponer la acción principal (v. gr., juicio de alimentos o de divorcio). No obstante, considerando que estos alimentos provisionales se encuadran dentro de las medidas cautelares genéricas que contempla el Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, es de aplicaciói-~el art. 195 de ese Código de rito y, por lo tanto, este tipo de alimentos podrán solicitarse antes del principio de la causa. 26 27

CNCiv., Sala E, 13/8/02, DJ, 2002-3-659. CNCiv., Sala E, 31/10/95, LL, 1997-F-983, sum. 21

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Recordemos que el art. 195 del CPCCN, en su parte pertinente, dice: «Las providencias cautelares podrán ser solicitadas antes o después de deducida la demanda, a menos que de la ley resultare que ésta debe entablarse previamente)).

b) Posibilidad de que el juez los imponga de oficio

Esta es otra de las novedades de este nuevo Código: la posibilidad de que el juez pueda imponer de oficio una cuota de alimentos provisoria, siempre que las circunstancias fácticas así lo aconsejen. Asimismo, es otra de las normas que, en materia de alimentos, deja su aplicación al arbitrio del juez Sin embargo, el art. 544 del nuevo Código faculta al juez a imponer una cuota provisoria (cuando haya motivos para ello), pero no lo obliga, como hace alguna legislación extranjera. En ese sentido, el art. 5" de la ley 19.741 de Chile establece que el juez «deberá decretar los alimentos provisorios que correspondan, una vez transcurrido el término de diez días contados desde la fecha de la notificación de la demanda)). Vemos con sumo agrado esta innovación legislativa (y ya la habíamos propuesto hace algunos años) pues, tratándose de menores de edad en que sus necesidades alimentarias no pueden esperar -por lo general- a la terminación de un proceso, en la práctica observamos que, muchas veces, la representante legal de aquellos no insta judicialmente a la fijación de una cuota alimentaria con la cual solventar, aunque sea, las necesidades más básicas e imprescindibles de esos menores.

6. EXISTENCIA DE OTROS OBLIGADOS

Una importante reforma introduce el texto del art. 546, respecto de la legislación actual. Dice ese art. 546: ((Incumbe al demandado la carga de probar que existe otro pariente de grado más próximo o de igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser desplazado o concurrir con él en la prestación. Si se reclama contra varios obligados, el demandado puede ci-

tar a juicio a todos o parte de los restantes, a fin de que la condena los alcance)). La primera parte de este artículo, establece la posibilidad de que, demandado un pariente obligado legalmente, pueda citar a otro de grado más cercano al alimentado o de igual grado respecto de éste. Si se hace lo primero, la acción por alimentos irá -según lo que se desprende este artículo- dirigida contra el pariente de grado más próximo citado a juicio, liberándose de tal acción -en consecuencia- quien fuera primigeniamente demandado. Si se efectúa lo segundo (citar a otro u otros parientes de igual grado) la acción seguirá contra el demandado, pero la cuota podrá ser coparticipada entre los demás citados al proceso. Lo preceptuado en este artículo, viene a solucionar un problema que se presentaba en la práctica (sobre todo, con los abuelos): demandado un pariente por alimentos, si conocía que había otro de igual grado que tenia un caudal económico similar o superior, no lo podía citar en el proceso. Ello, porque se entendía que citar a un tercero significaría una reconvención no permitida por nuestro Código de rito nacional; o una «ordinarización» de ese proceso, a tenor de lo que establece el art. 375 del Cód. Civil. En consecuencia, el pariente demandado aunque supiera de la existencia de otro pariente de igual grado con similar o mayor caudal económico, tenía que esperar a que se le fijara la cuota de alimentos y, recién ahí, podía iniciar un incidente de coparticipación o cese de dicha cuota. Con el agravante, que lo que hubiera abonado en concepto de cuota alimentaria, hasta que se decretara -en sede judicial- la coparticipación o el cese, era irrepetible a tenor de lo preceptuado en el art. 371 del anterior Código Civil. Sin embargo, reconociendo que este artículo viene a solucionar tal injusticia, advertimos que esta posibilidad de que el demandado cite a otros parientes al proceso, indudablemente retrasará el momento en que se fijen los alimentos en sede judicial a través de la sentencia. Justamente, lo que el legislador había querido preservar, en nuestro Código de rito nacional, era la celeridad del proceso en materia de alimentas, no permitiendo la introducción en ese proceso de terceras personas, ajenas a la litis trabada.

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a) Proceso por alimentos

El art. 543 determina que el juicio de alimentos deberá tramitar por el proceso más breve que,establezca la ley local, y no se acumulará a otra pretensión. Al respecto, dice explícitamente el art. 543: «La petición de alimentos tramita par el proceso más breve que establezca la ley local, y no se acumula a otra pretensión)). Algo muy similar, a lo que expresa el art. 375 del antiguo Cód. Civil **.

b) Prueba de los requisitos para interponer la acción

La prueba de los requisitos para la petición de alimentos entre parientes, se halla regulada en el art. 545, con un texto muy similar al art. 370 del Cód. Civil 29. Dice el art. 545 del nuevo Código: «El pariente que pide alimentos debe probar que le faltan los medios económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, cualquiera que sea la causa que haya generado tal estado)). Dado lo que esta nueva norma legal preceptúa, el derecho alimentario de los parientes es un derecho objetivo en expectativa, hasta tanto un pariente necesitado demuestre su necesidad -a través de la falta de medios para alimentarse y la imposibilidad de hacerlo con el producido de su trabajo- y que, en virtud de esto accione convirtiendo dicha expectativa en un derecho subjetivo actual. 28 Decía el art. 375 del anterior Código Civil: «El procedimiento en la acción de alimentos, será sumario, y no se acumulará a otra acción que deba tener un procedimiento ordinario; y desde el principio de la causa o en el curso de ella, el juez, según el mérito que arrojaren los hechos, podrá decretar la prestación de alimentos provisorios para el actor, y también las expensas del pleito, si se justificare absoluta falta de medios para seguirlo)). 29 Decía el art. 370 del viejo Código: «El pariente que pida alimentos, debe probar que le faltan los medios para alimentarse, y que no le es posible adquirirlos con su trabajo, sea cual fuese la causa que lo hubiere reducido a tal estado)).

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CLAUDIO A. BELLUSClO

Como podemos observar, a diferencia de lo que ocurre en los alimentos derivados de la patria potestad, el pariente tendrá que demostrar la falta de medios para alimentarse y la imposibilidad de conseguirlos con su trabajo. En cuanto al primero de los requisitos enunciados (falta de medios económicos suficientes), Belluscio 30 enseña que ello se refiere a la inexistencia de bienes o rentas con los cuales proporcionarse por sí los alimentos. En lo que respecta al segundo (que no le es posible adquirirlos con su trabajo), para una interpretación clásica 31 no es suficiente acreditar que se carece de trabajo, sino que el pariente deberá probar la imposibilidad física o psíquica de trabajar. Si con la actividad laboral desarrollada se obtiene un ingreso pecuniario que permita cubrir sus necesidades, resultará innecesaria la fijación de una cuota alimentaria 32 y, por lo tanto, el pedido en ese sentido debe ser rechazado. La parte final del art. 545 (al igual que lo hacía el art. 370 del anterior Cód. Civil) determina que, resulta indiferente la causa que haya sometido al pariente al estado de necesidad que le lleva a solicitar alimentos. Por lo cual, en principio, la posibilidad de pedir alimentos a los parientes en nuestra nueva legislación (al igual que en la anterior) no se encuentra vedada por el hecho de que e! estado de necesidad tenga su origen en negocios ruinosos efectuados por el actor que lo llevaron a perder su fortuiia o sus bienes, o de otras circunstancias imputables al pariente que peticiona los alimentos, pero sumándose a ello una imposibilidad de trabajar. En el mismo sentido, la jurisprudencia 33 había determinado que la circunstancia de que el pariente alguna vez hubiere poseído bienes y los haya gastado o consumido desordenadamente o sin previsión, no impide el reclamo alimentario. Sin embargo, cabe aclarar que no será procedente el reclamo alimentario cuando el pariente que reclama los alimentos haya previsto Belluscio, Augusto C.: Manual.. . cit., p. 408. CNCiv., Sala A, 27/5/92, LL, 1993-B-462 (caso 8974) LL, 1995-D-843, sum. 10; Bossert, Gustavo A.: Régimen... cit., p. 271. 32 CNCiv., Sala C, 12/7/90, LL, 1991-C-128. 33 CNCiv., Sala G, 28/9/81, LL, 1982-A-303, ED, 96-570 y Rep. LL, 1982142, sum. 33. 30 31

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que su conducta desarreglada lo llevaría a la ruina económica, y que, posteriormente, haría el reclamo alimentario a un pariente pudiente a fin de subsanar esa situación económica, ya que ello constituiría un abuso de derecho. Por otra parte, y aunque el art. 545 del nuevo Código no lo exprese (a diferencia de alguna legislación extranjera 34),el otro requisito que el juez deberá tener en cuenta para la procedencia de la acción alimentaria interpuesta por el pariente, será que se haya acreditado que el demandado tenga los medios económicos suficientes como para afrontar la cuota de alimentos que se le fije. Si bien, el pariente se encuentra obligado legalmente a proporcionar alimentos a otro siempre que se cumplan los requisitos ya enumerados, no se podrá por tal obligación someter al demandado a verse privado de solventar sus propias necesidades 35 O las de su familia 36. Asimismo, para interponer el reclamo se deberá demostrar la falta de obligados preferentes o la imposibilidad de éstos para prestar los alimentos 37. De lo expuesto, podemos concluir que el pariente que reclame alimentos deberá acreditar: 1 El parentesco, mediante la prueba documental pertinente. 2") El estado de necesidad, sin importar la causa que lo haya Ilevado a ese estado y sin que se deba acreditar un estado de indigencia. 3") La imposibilidad de adquirir los alimentos necesarios con su trabajo. 4") Que el pariente demandado tiene el suficiente caudal económico para solventarle sus necesidades, sin que ello implique para aquel no poder cubrir las propias o las de su familia. 5") La falta de obligados en término anterior o la insuficiencia del caudal económico que poseen aquellos. O )

34 Art. 1695 del nuevo Código Civil brasileño (ley 10.406 del 1011102, texto actualizado con las modificaciones introducidas por la ley 10.838 del 30111 04). 35 CNCiv., Sala C, 2/9/93, ED, 158-115; Código Civil de Brasil (art.. 1695). 3Wéndez Costa, María J, y D'Antonio, Daniel H.: Derecho ..., cit., p. 458. 37 CNCiv., Sala C, 4/12/87, JA, 1989-1-374.

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6) Recursos contra

la sentencia que fija los alimentos

En cuanto a los recursos que se podrán interponer contra la sentencia que fija la cuota alimentaria, el art. 547 reitera lo preceptuado en el art. 376 del anterior Cód. Civil 38. Más concretamente, establece este art. 547: «El recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos no tiene efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución alguna de devolver lo recibido si la sentencia es revocada)). Por lo tanto, la sentencia que admite los alimentos es directamente ejecutable (de acuerdo a lo establecido en el art. 648 o en el 502 y SS. del CPCCN, a elección del actor), sin necesidad de aguardar lo que se resuelva en segunda instancia 39. Pero se ha establecido 40 que «la ejecutoriedad de la sentencia de alimentos, en virtud de la cual el recurso de apelación se concede al solo efecto devolutivo, es una solución de carácter excepcional que se explica por la índole asistencia1del reclamo y la necesidad de acudir en forma inmediata a la protección debida; más no puede extenderse a los montos correspondientes a períodos ya devengados sobre los que pende la definitiva determinación y que, por lo demás, sólo habrán de compensar erogaciones ya efectuadas a deudas contraídas, más no en el mantenimientoactual del alimentado que, por eso mismo, puede aguardar hasta el pronunciamiento que decida la apelación interpuesta contra la sentencia que admitió el reclamo alimentario y fijó la cuota)). Como enseña prestigiosa doctrina 41,si con posterioridad a la ejecución de la sentencia que fija la cuota alimentaria, en segunda instancia aquella se reduce o se deja sin efecto, ello no faculta al alimentante

38 Recordamos que el art. 376 del anterior Código decía: «De la sentencia que decrete la prestación de alimentos, no se admitirá recurso alguno con efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos podrá ser obligado a prestar fianza o caución alguna de volver lo recibido, si la sentencia fuese revocada)). 39 CNCiv., Sala 1,25/2/97, LL, 1997-D-882, sum. 13; idem, Sala K, 26/4/99, LL, 2000-C-922 (42.748-S); ídem, Sala A, 15111/88, ED, 134-241. 40 CNCiv., Sala A, 15111/88, ED, 134-241. . 41 Dutto, Ricardo J.: Juicio por incumplimiento alimentarío y sus incidentes, ed. renov., act. y ampl., Ed. Juris, Rosario, 2003, p. 280; Bossert, Gustavo A,: Régimen... cit., p. 364.

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para exigir la devolución de lo abonado 42 o la compensación con futuras cuotas 43. La única excepción a ello es que, en segunda instancia, surja que la cuota ha sido fijada mediante el empleo de dolo 44. Pero, conforme ilustra Fenochietto 45,si esas cuotas no fueron percibidas ((operará la caducidad de la diferencia entre la cuota establecida por el juez de grado y la fijada por la cámara, puesto que no existe causa alguna que justifique la percepción de esa diferencia)). Es decir que, la sentencia que reduce o hace cesar los alimentos fijados por el juez de primera instancia, no tien-eefectos retroactivos en las cuotas efectivamente percibidas, pero sí lo tiene en las meramente devengadas. La solución en contrario, impediría al beneficiario consumir la cuota hasta la resolución de la Alzada, algo que contradice la naturaleza de la prestación alimentaria 46. Dentro del ámbito jurisdiccional gobernado por las normas del CPCCN (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), la apelación contra las sentencias dictadas en un proceso por alimentos se concede en relación (conforme se desprende del art. 243 de ese Código). Motivo por el cual, no existe la posibilidad de que la causa se abra a prueba en esta instancia 47, ni tampoco es posible la alegaciCn de hechos nuevos 48 (según lo establecido en el artículo 275 del

42 CNCiv., Sala F, 1110187, LL, 1989-A-723, sum. 85 y JA, 1988-ll-síntesis, sum. 13. 43 CNCiv., Sala K, 26/4/99, LL, 2000-C-922 (42.748-S); ídem, Sala F, 1110/ 87, JA, 1988-ll-síntesis, sum. 13. 44 Lagomarsino, Carlos A., y Uriarte, Jorge A.: Juicio de alimentos, 2a ed., Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 79. 45 Fenochietto, Carlos E.: Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (comentado, anotado y concordado con los Códigos provinciales), 2a ed. act. y ampl., Ed. Astrea, Buenos Aires, 2001, t. 3, p. 484. 46Arazi,Roland: Eljuicio...cit., p. 693, y Derecho ...cit., p. 338. 47 CNCiv., Sala C, 15/3/83, ED, 117-303, sum. 338 y Rep. ED, 20-A-21 5, sum. 376; ídem, íd., 30111182, Rep. JA, 1983-74, sum. 23; ídem, Sala F, 8/71 88, DJ, 1989-2-864; ídem, Sala E, 22112/88, LL, 1990-C-24; ídem, Sala A, 241 2/03, ED, 202-339. 48 CNCiv., Sala E, 3/5/85, Rep. ED, 20-A-215, sum. 375; ídem, Sala F, 8/71 88, DJ, 1989-2-864. En contra: CNCiv., Sala H, 19/12/96, LL, 1997-C-4421 443.

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CPCCN 49); prohibición que se hace extensiva a la agregación de documentos 50 y a las pretensiones o defensas ajenas a las que fueron objeto del debate en la instancia precedente 51. Kielmanovjch 52 nos ilustra al respecto: en la apelación en relación, la Alzada tiene una función revisora pero no renovadora del proceso, limitada al examen de justicia o regularidad de la sentencia, teniendo para ello en cuenta únicamente las actuaciones producidas en primera instancia. Agrega este autor que el examen en esa instancia se reduce a la concreta determinación de si los hechos alegados por las partes en los escritos constitutivos del proceso, «así como las pruebas producidas en la instancia anterior han sido correctamente apreciados y valorados por el a quo; o si la aplicación de la norma jurídica constituye una derivación razonada de esos mismos hechos.. .En otras palabras, la apelación en relación sujeta la decisión la decisión de la cámara al material fáctico y probatorio colectado en la primera instancia, a partir del cual se deberá analizar el acierto o el desacierto del juez de la primera instancia en el juzgamiento de la pretensión y de su oposición)). En el mismo sentido, se ha establecido 53 que en los juicios de alimentos no corresponde hacer lugar al pedido de apertura a prueba en segunda instancia, quedando a los interesados la facultad de pedir los cambios que aconsejen las nuevas circunstancias por vías independientes. Sin embargo, en cuanto a la prueba, se podrán incorporar a la causa los informes solicitados por el demandado mediante oficio judicial, que o ; hubieren sido contestados hasta la finalización de la etapa probatoria en primera instancia. Asimismo, algún fallo 54 de segunda instancia aceptó la introducción de cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia apelada, 49 CNCiv., Sala C, 24/12/81, Rep. ED, 17-136, sum. 436; ídem, Sala E, 3/51 85, ED, 117-303, sum. 337; ídem, Sala A, 24/2/03, ED, 202-339. 50 CNCiv., Sala E, 22112/88, LL, 1990-C-24; ídem, Sala F, 8/7/88, DJ, 19892-864. 51 CNCiv., Sala F, 8/7/88, LL, 1989-C-378 y DJ, 1989-2-864. 52 Kielmanovich, Jorge L.: Improcedencia'de la agregación de prueba documental en la apelación concedida en relación, LL, 1990-C-24/25. 53 C la Civ. y Com. Tucumán, 24/3/82, Rep. ED, 17-136, sum. 438. 5 T C N i ~ Sala . , B, 4/7/91, ED, 143-660.

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con fundamento en lo preceptuado por el art. 163, inc. 6", párr. 2" de la ley ritual. Últimamente, una muy autorizada doctrina 55 entiende que, tratándose de los alimentos debidos a los niñoslas, el recurso de apelación interpuesto por su representante legal debería ser concedido libremente -y no en relación-, a tenor del principio del interés superior del niño establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

d ) Retrsactividad de la sentencia La retroactividad de la sentencia es tratada por el art. 548. Reza, el art. 548: «Los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro desde los seis meses de la interpelación)). Este artículo establece que los efectos de la misma se retrotraen al día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por un medio fehaciente (en este último caso, siempre que la demanda se presente dentro de los seis meses de tal interpelación). A primera vista, se vuelve a lo que preceptuaba el art. 644 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, antes de la modificación establecida por la nueva ley de mediación 26.589. Recordemos que esta ley de mediación, modificó el texto del art. 644 de ese Código de rito nacional y estableció que los alimentos decretados en la sentencia se retrotraían al inicio de la mediación previa y obligatoria 56. No compartimos, en principio, el texto del art. 548 del nuevo Código Civil, ya que pareciera ignorar la etapa de mediación previa y obligatoria, vigente desde hace varios años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 55 Kielmanovich, Jorge L.: La doble instancia en el proceso de familia, en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Lexis NexisIAbeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, no 28, p. 7'8. 56 Producida la modificación por la ley 26.589, el art. 644 del CPCCN determina, en su parte pertinente: «...Admitida la pretensión, el juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará abonar por meses anticipados, desde la fecha de interposición de la mediación».

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Salvo que se interprete que, dentro del concepto de la interpelación por un medio fehaciente, se encuentra comprendida la notificación del inicio de la mediación y, en consecuencia, la cuota alimentaria -establecida en la sentencia- empiece a regir desde ese momento. De lo que no cabe duda alguna, es que cuando este art. 548 se refiere a «la interpelación por un medio fehaciente)) queda comprendida en este supuesto la interpelación mediante carta documento. La interpelación mediante carta documento, en materia de alimentos, había sido admitida por un fallo 57 durante la vigencia del Código anterior. En tal sentido, esa jurisprudencia determinó que ((los alimentos se deben desde la iniciación de la demanda o desde que se hizo saber el estado de necesidad -en el caso, mediante una carta documento- de manera que la condena tiene efecto retroactivo a esa fecha)) 58.

e ) Medidas cautelares

El art. 550 permite la adopción de la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos definitivos (fijados por sentencia o convenidos) e, inclusive, para asegurar alimentos provisionales y futuros. Muy explícitamente, determina este art. 550: ((Puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes)). En consecuencia, este artículo da por terminada la discusión (jurisprudencial y doctrinaria) sobre la posibilidad de imponer medidas cautelares sobre los alimentos provisorios y sobre las cuotas alimentarias futuras. Al respecto, cabe señalar que la primera parte del art. 550 del nuevo Código está tomada del texto del art. 628 del Proyecto de Código Civil Unificado de 1998, que expresaba: ((puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos)). 57

CNCiv., Sala K, 28/2/02, LL, 2002-5-468. CNCiv., Sala K, 28/2/02, LL, 2002-5-468.

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En cuanto al tema de las medidas cautelares en alimentos, podemos decir que además de participar de las particularidades de las medidas cautelares que se interponen en los procesos de familia, las que se solicitan en el juicio de alimentos tienen características propias, sobre todo en la que respecta a su admisibilidad, cuando lo que se quiere asegurar -durante su trámite- es la ejecución forzada de la sentencia que condena al pago de los alimentos, pues en tal caso se tratará de alimentos no devengados (futuros) sobre los cuales no pesa una obligación cierta para el demandado al momento de solicitarse la medida. Lo mismo sucede con posterioridad a la sentencia condenatoria, cuando lo que se pretende proteger -a través de medidas precautorias que restringen la disposición de los bienes del demandado- son las cuotas alimentarias futuras, o sea, aquellas que aun no se devengaron y que -por lo tanto- no son todavía exigibles Determinada doctrina 59, entiende que las medidas cautelares podrán ser aplicadas no sólo para asegurar los alimentos que se deban al momento de la sentencia condenatoria 60 (V.gr., alimentos devengados entre la interposición de la demanda y la sentencia, alimentos provisorios atrasados), sino también para garantizar los alimentos futuros, es decir, los que se devenguen con posterioridad, siempre que se den determinadas circunstancias que enunciaremos «ut i n f r a ~ . Las medidas cautelares que tienen por finalidad asegurar la ejecución forzada de la sentencia a dictarse -en cuanto atañen a los alimentos que todavía no se han devengado- o, con posterioridad a aquella, sobre las cuotas alimentarias que al momento de la solicitud aun no han vencido, son concedidas, por lo general, con carácter restrictivo por los jueces o tribunales. Por lo cual, su admisión dependerá de que se acredite determinada circunstancia fáctica que habilite la petición (v. gr., cuando existe un cierto riesgo de que el obligado enajene sus bienes para eludir el pago de la cuota alimentaria 61). 59 Lornbardi, César A.: La prestación alimentaria: su protección, JA, 199111-684. 60 CApel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Corn., 16/5/89,DJ, 1990-1379 y Rep. DJ, 1990-1996, p. 109, surn. 175. 61 CNCiv., Sala F, 16/3/83, , LL, 1983-C-146, Rep. LL, 1983-158, surn. 116 y Rep. ED, 20-A-214, surn. 363.

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En consecuencia, la jurisprudencia en general -con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código- tenía entendido que, tratándose de estos alimentos futuros, determinadas medidas cautelares las más gravosas- se deberán imponer con carácter restrictivo, ya que serán procedentes siempre que se acrediten ciertas circunstancias: incumplimientos anteriores reiterados 62,O temor fundado a que no se cumpla con el pago de la cuota y que la misma no pueda ser cobrada mediante la vía ejecutoria (v. gr., cuando se constate o haya indicios suficientes, de que el alimentante se encuentra realizando actos para insolventarse fraudulentamente o para reducir su patrimonio, a fin de eludir el pago de la cuota 63). Este criterio restrictivo obedece a que tales medidas precautorias (embargo e inhibición preventiva, secuestro de bienes, e intervención judicial recaudadora), son las que más restringen el poder de disposición del demandado sobre sus bienes o, al menos, sobre una parte sustancis;l de ellos. En cambio, no es fundamento de este criterio restrictivo que al momento de ser solicitada la medida precautoria la cuota alimentaria no esté fijada, pues numerosa jurisprudencia opina que no es Clbice para la admisión de las medidas cautelares que el crédito -que se quiere asegurar- sea aún ilíquido. En cuanto a la aplicación de las medidas cautelares sobre los alimentos ya devengados, si bien ninguna norma legal autoriza la traba de medidas cautelares -pues el art. 648 del CPCCN no contempla un supuesto de embargo preventivo, sino ejecutorio- igualmente resultan -viables en los términos del art. 195 del Código de rito nacional, siempre que se acrediten los extremos que tornan procedentes esas medidas: verosimilitcrd del derecho y peligro en la demora. Tales requisitos de admisibilidad, se desprenden respectivamente del títuio en virtud del cual se los reclama y de las impostergables necesidades que los alimentos tienden a cubrir 64 62 CNCiv, Sala B, 10/7/98, ED,187-701; CApel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Corn., 16/5/89,DJ, 1990-1-379y Rep. DJ, 1990-1996, p. 109, sum. 175. 63 CNCiv., Sala G, 27/5/86, ED, 119-194; ídem, íd., 31/7/89, LL, 1989-E529, DJ, 1991-1-761 y Rep. DJ, 1990-1996; p. 109, sum. 172; ídem, Sala B, 10/7/98, ED,187-701; ídem, CNCiv., Sala F, 16/3/83, LL, 1983-C-146, Rep. ED, 20-A-214, sum. 363 y Rep. LL, 1983-158, sum. 116. 6 A Kielmanovich, Jorge L.: Medidas.. ., cit., p. 143.

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Pero, tratándose de alimentos futuros, a esos extremos de admisibilidad se le deberá agregar algunas de las siguientes situaciones fácticas: que existiere el riesgo de que el obligado enajene sus bienes para eludir el pago de las cuotas futuras 65,O cuando ante las reiteradas faltas de cumplimiento del alimentante cabe presumir que éste incumplirá nuevamente 67. Sin contradecir tal criterio restrictivo impuesto por la jurisprudencia, en cuanto a las medidas precautorias solicitadas con anterioridad a la sentencia para garantizar los alimentos futuros, consideramos que otras situaciones fácticas que autorizarían su interposición serían: el hecho de no ((contestar)) la demanda 68 ni presentarse a las audiencias preliminares que hayan sido notificadas o que, una vez que el demandado es notificado de la demanda, desapareciere de su domicilio real desconociéndose a partir de ese momento su paradero. También, autorizaría la interposición de esa clase de medidas por alimentos futuros, el hecho de que el demandado -antes de que se fije la cuota o con posterioridad- viaje al exterior con el propósito de radicarse allí. Así lo ha entendido alguna jurisprudencia 69. En cambio, las cautelares que tienen por objeto mantener una deterw~inadasituación fáctica, o la tutela de la integridad física de las personas y la satisfacción de sus necesidades más urgentes, tratándose de lo que atañe a la prestación alimentaria -a diferencia de las medidas enumeradas con anterioridad-, son receptadas en forma amplia por la jurisprudencia 70. Ello es lo que ocurre, por ejemplo, con la designación de un interventor judicial informante (cuya misión será informar sobre el caudal 65 CNCiv., Sala G, 27/5/86, LL, 1987-B-584 (37.577-S); ídem, Sala C, 23/41 93, JA, 1995-1-55; ídem, Sala F, 16/3/83, LL, 1983-C-146. 66 CApel. Concepción del Uuguay, Sala Civ. y Com., 16/5/89, DJ, 1990-1-

379. 67

CNCiv, Sala B, 10/7/98, ED, 187-701; ídem, Sala C, 23/4/93, JA, 1995-1-

55.

Si bien, los Códigos procesales -tanto el nacional como los provinciales- no facultan expresamente al demandado en el juicio de alimentos a contestar la demanda tampoco lo prohiben, aceptándose en la práctica -cada vez con mayor asiduidad- que aquel a quien se le reclama la prestación alimentaria pueda hacer uso de esa defensa pocesal. 69 CNCiv., Sala G, 31/7/89, LL, 1989-E-528,y DJ, 1990-1-761. 70 Kielmanovich, Jorge L.: Medidas.. ., cit., p. 140.

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económico que posee el demandado, y/o cualquier modificación que se pretenda efectuar sobre aquel durante el transcurso del proceso), o la fijación de los alimentos provisorios o provisionales. Asimismo, el criterio amplio deberá ser aplicado cuando se soliciten medidas cautelares que, si restrinjan la disponibilidad de los bienes demandado, lo hagan para asegurar el cobro de cuotas devengadas y no abonadas al momento de dictarse la sentencia 71 (alimentos provisorios impagos o cuotas suplementarias), exigiéndose en tales supuestos tan sólo la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, que surgirán -respectivamente- del título ejecutorio (la sentencia condenatoria) y de la propia naturaleza de la prestación alimentaria.

F) Intereses Con muy acertado criterio, el art. 552 resuelve aplicar la tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, sobre las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto, «a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso)). Más explícitamente, decreta este art. 552: «Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso)).

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l a posibiiidad de imponer intereses en las deudas por aliirnen-

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Leyendo el texto del art. 552, no podemos dejar de señalar lo lejos que ha quedado el criterio jurisprudencial, de hace decenios, el cual sostenía que sobre el importe de los alimentos adeudados no cabía aplicar tasa de interés alguna. Al respecto, en materia de alimentos podemos decir que los intereses que le corresponden -en virtud de su incumplimiento o de su I

CNCiv., Sala K, 11/4/89,LL, 1989-E-94; ídem, Sala F, 24/11/88, 66, 19890-575 (38.109-S). 71

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cumplimiento tardío- no eran reconocidos por una antigua corriente jurisprudencial. Dichos fallos entendían que las cuotas alimentarias incumplidas no devengaban intereses, argumentando para ello que las mismas estaban destinadas a satisfacer las necesidades del alimentado, pero no tienden a producirles ganancias 72, de modo que «su misión normal no es la de producir intereses)) 73. Como lo señalaba -acertadamente- el profesor Augusto C. Belluscio 74, SE trataba de una falsa argumentación, que implicaba colocar en ventaja al deudor alimentario por sobre otros deudores, y por otra parte desconocer que el alimentado habría tenido que contraer deudas con intereses a fin de solventar su sustento o bien sufrir recargos en sus gastos por los pagos diferidos. El tema en cuestión, fue tratado en las IV Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil, celebradas en San Rafael (Mendoza) del 16 al 20 de marzo de 1976. Las recomendaciones de «lege lata» respecto del tema, fueron coincidentes con el criterio del fallo plenario de la Cámara Nacional Civil de la Capital (que «ut infra)) veremos). Dichas recomendaciones fueron las siguientes: 1 Las cuotas alimentarias devengan intereses moratorios. 2") Los intereses sobre las cuotas alimentarias corren a partir de la notificación de la demanda, mes a mes, desde el momento en que cada cuota se hubiere debido pagar. En caso de que hubieran sido fijadas convencionalmente, correrán desde la mora en el pago. 3") Las facilidades admitidas para abonar los alimentos e intereses moratorios devengados durante la substanciación del juicio en cuotas suplementarias, no obstan al pago de intereses compensatorios durante los plazos acordados. Posteriormente a este evento, un fallo plenarío de la Cámara Nacional en lo Civil de la Capital 75, estableció que las deudas de alimentos devengan intereses: O )

CNCiv., Sala E, 4/7/58, LL 92-246. CNCiv., Sala A, 13/2/69, , LL, 137-818, (23.194-S). 74 Belluscio, Augusto C.: Manual ...cit., t. II, p. 415. En el mismo sentido: CNCiv., Sala C, 3/12/74, LL, 1975-B-223; Kemelmajer de Carlucci, Aida: ponencia presentada en las 4" Jornadas Sanrafaelinas de Derecho Civil realizadas del 16 al 20 de marzo de 1976. 75 CNCiv. en pleno, 14/7/76, JA, 1976-111-642. 72

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1O) a partir del vencimiento fijado en la sentencia para el pago de las cuotas, respecto de las posteriores a ésta. 2") a partir de la constitución en mora desde el vencimiento de cada período, respecto de los anteriores. Como lo señalaba Zannoni 76, esta decisión plenaria era trascendental, por cuanto definitivamente permite el planteo de los intereses debidos por el incumplimiento de obligaciones alimentarias en los plazos establecidos judicialmente. Posteriormente, el criterio adoptado en dicho plenario, tuvo su recepción legal en el art. 644 del CPCCN, tras la reforma introducida por la ley 22.434. Basándonos en el fallo plenario precitado, podemos expresar que: 'iO) La especial naturaleza del crédito alimentario no es óbice para apartarse de las reglas de derecho que gobiernan las deudas de intereses. Es que, si bien la obligación alimentaria posee características propias que la separan del resto de las obligaciones de contenido patrimonial, no la desnaturalizan a tal grado que impida sostener que se trata de una obligación de dar, cuya prestación es traducible en dinero 77. 2") Aplicación de los intereses, aún cuando la deuda todavía es ilíquida. Con acierto se ha dicho 78,que el obligado de un crédito ilíquido no es menos deudor que el de una deuda determinada. Si en el momento de la demanda el crédito no era líquido, pero lo es en el momento de la sentencia, ésta debe proyectar sus efectos al instante de la constitución procesal 79, pues el proceso consume un tiempo considerable y por lo tanto es natural que ese tiempo no perjudique a quienes tienen razón 80. Como entre la demanda de alimentos y la sentencia que fija el 76 Zannoni, Eduardo A.: Intereses que devenga la deuda por alimentos, LL 1976-D-720. 77 Kemelmajer de ~arlucci, Aída: Intereses y obligación alimentaria, JA, 1976-111-644; Zannoni, Eduardo A.: Intereses..., cit. p. 720. 78 Kemelmajer de Carlucci, Aída: Intereses..., cit., p. 644. 79 Cazeaux, Pedro y Trigo Represas, Félix A.: Derecho de las obligaciones, 2" ed., €d. Platense, La Plata, 1975, t.1, p. 822. 80 Couture, Eduardo J.: Fundamentos del Derecho Procesal, Ed. López, Buenos Aires, 1942, p. 181.

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((quanturn)) de la cuota y condena al obligado existe un lapso de tiempo, es natural que durante el mismo la deuda sea ilíquida. Al respecto, tanto el fallo plenario como la recomendación de las Jornadas Sanrafaelinas establecen que, no obstante la iliquidez de la deuda, una vez establecido el monto en la sentencia la misma retrotrae sus efectos a la fecha de la interposición de la demanda y, por lo tanto, los intereses moratorios son procedentes. Si bien, esos intereses empezarán a correr desde la notificación de la demanda 3") Momento en el cual empiezan a correr los intereses: -Alimentos fijados mediante una sentencia y devengados con posterioridad a ella: En este supuesto como la sentencia debe fijar el plazo en el cual se realice el pago de la cuota, no cabe duda que nos encontramos ante una obligación a piazo cierto. Por lo tanto la mora del deudor se produce por el sólo vencimiento del mismo 82 y, en consecuencia en forma automática el deudor debe los intereses. -Alimentos devengados entre la interposición de la demanda y la sentencia: En este caso los intereses empezarán a correr desde la notificación de la demanda 83. El reclamo judicial, mediante la notificación de la demanda, presupone entonces el conocimiento del obligado del estado de necesidad del alimentado y la voluntad de que sea el primero quien atienda esa necesidad 84. En este punto, es importante distinguir lo siguiente: si bien la cuota alimentaria se fijará desde la interposición de la demanda (conforme al nuevo Código), el curso de los intereses no se producirá sino desde la notificación de la demanda, operando de esta manera como interpelación Bossert, Gustavo A.: Régimen.. ., cit., p. 381; Kemelmajer de Carlucci, Aída: Intereses ...cit., p. 645; Zannoni, Eduardo A.: Intereses ..., cit., p. 721. 82 CNCiv., Sala L, 26/4/00, ED, 190-467; CCiv., Com., Lab. y Paz Letrada Curuzú Cuatiá, 18/6/97, Rep. LL, 1998-1447, sum. 221. 83,,CNCiv.,Sala L, 26/4/00, ED, 190-467. 84 Kemelmajer de Carlucci, Aída: Intereses..., cit., p. 645-646. 85 Zannoni, Eduardo A.: Intereses.. ., cit., p. 722.

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Tasa de interé?~ aplicable a la deuda alimenbria

Asimismo, a la luz de este artículo, ha quedado atrás la discusión jurisprudencial sobre la aplicación de la tasa pasiva o activa, a las sumas adeudadas en concepto de alimentos. Con relación a la tasa aplicable a los intereses, cabe recordar que el plenario de la Cámara Nacional Civil 86 in re ((Vázquez Claudia A. v. Bilbao, Walter y otros sldaños y perjuicios)), estableció que «en virtud de la aplicación de la ley 23.928 los intereses moratorios deben liquidarse, en ausencia de convención o de leyes especiales, según la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el BCRA.. .D. Sancionada la ley 25.561, los diferentes criterios impuestos por las Salas de la CNCiv., originaron la convocatoria a un nuevo plenario. Dicho fallo plenario 87 se efectuó en fecha 23/3/04, in re ((Alaniz, Ramona E. y otro c. Transportes 123 S.A.C.I. interno 200)). El nuevo ple~ariodeterminó que a partir de la vigencia de la ley 25.561 corresponde mantener la doctrina establecida en el fallo plenario ((Vázquez, Claudia A. clBilbao, Walter y otros sldaños y perjuicios)) y, por lo tanto, seguir aplicando la tasa pasiva. Con posterioridad, luego de algunos años, se convocó a un nuevo plenario de la CNCiv. 88,((Samudio de Martínez, Ladislaa clTransportes Doscientos Setenta S.A. sldaños y perjuicios)), que adopta el criterio opuesto y establece la tasa activa para las deudas dinerarias. Si bien, este plenario no tuvo por objeto la aplicación de la tasa activa para las decidas alimentarias (sino su aplicación a los daños y perjuicios), el criterio sentado en dicho plenario es plenamente aplicable a la materia de alimentos.

CNCiv., en pleno, 2/8/93, ((VazquezClaudia A. v. Bilbao, Walter y otros)), Rep. JA, 1995-895, sum. 28. 87 CNCiv., en pleno, 23/3/04, LL, del 25/3/04, p. 7 y 1/4/04, p. 6. 88 CNCiv., en pleno, 20/4/09, ((Samudio de Martínez, Ladislaa c/Transportes Doscientos Setenta S.A. sldaños y perjuicios)),en elDialExpress (on line) del 21/4/09.

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Incumpllimiento de la orden de retener la cuota alimemtaria

Observamos con gran beneplácito, que el art. 551 viene a subsanar una laguna legal, que hemos señalado hace bastantes años atrás 89: la responsabilidad solidaria del empleador o agente de retención que no cumplió con la orden judicial de depositar la suma que debió descontar al alimentante. Este art. 551, dice textualmente: ((Incumplimiento de órdenes judiciales. Es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple con la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor)). Era una medida muy esperada por nuestra parte y de otra doctrina especializada, ya que bajo la vigencia del Código anterior sólo se podía adoptar la denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad o la aplicación de astreintes al encargado de retener el importe o porcentaje de la cuota alimentaria cuando no cumplía con ello. Pero, dichas medidas sancionatorias no permitían efectivizar el cumplimiento de la cuota alimentaria, ya que le debíamos iniciar un incidente de ejecución al deudor alimentante, pero no podíamos hacer lo mismo con el agente encargado de retener esa cuota. Una vez en vigencia el nuevo Código Civil, el 1/8/15, si no es retenida la cuota alimentaria (como se ordena en el oficio judicial respectivo), el incidente de ejecución podrá ir dirigido al alimentante, al agente de retención de aquella (generalmente, el empleador) o a ambos conjuntamente, ya que la deuda alimentaria, en este caso, es solidaria.

Medidas impuestas por el juez de la causa contra el incumplimiento alimentario

Por otra parte, respecto del incumplimiento del pago de la cuota alimentaria fijada, el art. 553 expresa que «el juez puede imponer al

89 Belluscio, Claudio A.: lncurnplimiento alimentario respecto de los hijos menores, 1a ed., Ed. La Rocca, Buenos Aire?, 2002, pp. 57-59.

responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia)). Como podemos observar, en un tema trascendental como es el incumplimiento alimentario, el texto del art. 553 deja librado al criterio del juez la aplicación de las ((medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia)), sin especificar cuáles. Consideramos que ello deja abierta la posibilidad de que el juez aplique ((medidas razonables)) cuya fuente no necesariamente deba ser de origen legal (ya que la norma en análisis no exige tal requisito), a fin de combatir el incumplimiento alimentario. Por lo tanto, cabe interpretar, a la luz del texto del art. 553, que las amedidas razonables)) podrán tener una fuente jurisprudencia1 o doctrinaria o, inciusive, basada en la legislación extranjera, siempre que tiendan a asegurar la eficacia de la sentencia en materia alimentaria. Considerarr-ios que el texto del único artículo que, en los alimentos debidos entre parientes, trata sobre el incumplimiento alimentario no resulta ser el más adecuado. Asimismo, es otra demostración más que el nuevo Código, en materia de alimentos, deja librada muchas cuestiones al prudente arbitrio judicial. Conforme lo que indica el art. 553, tendrían basamento legal aquello fallos -de hace unos años- que impidieron salir del país o trabajar en sus tareas habituales al alimentante. Al respecto, el fallo del Tribunal Colegiado no5 de Rosario (que transcribimos a texto completo en el Apéndice de jurisprudencia de esta obra) estableció que cante la falta de resultado satisfactorio de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Niorosos, y la denuncia penal por el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, corresponde el dictado de una medida autosatisfactoria de prohibición de salida del país contra el padre que realiza continuos viajes al exterior por razones laborales y de placer, hasta tanto cumpla con el pago de aquellos o de caución suficiente para satisfacerlos)). Agregando que «frente al incumplimiento paterno, desde hace más de un año al deber alimentario respecto de su hijo menor de edad, resulta procedente ordenar -en carácter de medida autosatisfactiva- la prohibición de salida del país del demandado, la cual regirá hasta tanto cumpla la cuota aiimentaria impuesta, por cuanto dicha medida se sus-

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tenta en el interés superior del niño y en el derecho a la tutela judicial efectiva)). Si bien, este fallo del Tribunal Colegiado de Familia no 5 se fundamentaba en lo preceptuado en el art. art. 27 inc. 4O de la Convención de los Derechos del Niño a la entrada en vigencia del nuevo Código su fundamento podría buscarse en.lo establecido en el precitado art. 553. Asimismo, el fallo del Juzgado de Familia de Rawson del 28 de marzo de 2012 (sentencia firme), el cual transcribimos a texto completo en el Apéndice de jurisprudencia que forma parte de esta obra. Ese fallo, estableció: ((Ante el grave y reiterado incumplimiento del alimentante, que vulnera seriamente la integridad psicofísica de los hijos, corresponde adoptar de oficio una medida conminatoria y prohibirle desempeñar su profesión -en el caso, como personal embarcado y terrestre de la navegación- hasta que regularice el pago de las cuotas y brinde caución suficiente por aquellas no abonadas)). Y que ((planteada la colisión entre el derecho de los hijos al cobro de los alimentos y el derecho del padre a trabajar e, inclusive, el del empleador a contratarlo, debe prevalecer el primero, por expresa disposición del art. 3 in fine de la ley 26.061 ».

h'j Cese de la obligación alimentaria El art. 554 trata sobre el cese de los alimentos debidos entre los parientes. Dice este art. 554: «Cesa la obligación alimentaria: a) si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad; b) por la muerte del obligado o del alimentado; c) cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedimiento más breve que prevea la ley local)). Segun lo transcripto, ello sucederá cuando: l o ) El alimentado incurra en alguna causal de indignidad. 90 El art. 27 de esa Convención, decreta, en su parte pertinente: «Los Estados.Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño.. .».

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Ello, es acorde con lo establecido por el art. 373 del Cód. Civil 91 cuya vigencia se extiende hasta el 1/8/15. 2') Por la muerte del obligado o del alimentado. Esto, se desprende del art. 374 del anterior Cód. Civil, en cuanto los alimentos «no pueden transferirse por acto entre vivos o muerte del acreedor o deudor de alimentos)). 3O) Cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. La desaparición de estos presupuestos quedará sujeta a las circunstancias fácticas de cada caso, apreciadas por el criterio del juez o tribunal. Otra norma del nuevo Código en la cual su aplicación queda al arbitrio del juzgador.

Tanto el art. 539 como el art. 547 del nuevo Código, establecen el principio de irrepetibilidad de lo abonado en concepto de alimentos, al igual que lo hacen los arts. 371 y 376 del Cód. Civil vigente hasta el 1/8/ 15. El art. 539, expresa: «La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos)). En tanto, el art. 547: «El recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos no tiene efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución alguna de devolver lo recibido si la sentencia es revocada)). Sin embargo, el art. 549 estable textualmente: ((Repetición. En caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, quien los haya prestado puede repetir de los otros obligados, en proporción a lo que cada uno le corresponde)). Como podemos observar existe una aparente contradicción, entre 91 El art. 373 del anterior Código Civil, decía: «Cesa la obligación de prestar alimentos si los descendientes en relación a sus ascendientes, o los ascendientes en relación a sus descendientes cometieren algún acto por el que puedan ser desheredados)).

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el principio general de irrepetibilidad reglado en los arts. 539 y 547 y la posibilidad de repetir que estipula el art. 549. Ante ello, cabe interpretar que el art. 549 establece una excepción al principio general. De ser así, consideramos que ello debió explicitarse en la parte final de los arts. 539 y 547.

Capítulo IIV ALIMENTOS DEBIDOS A LOS HIJOS

5 %. REGLAGENERAL La obligación de los progenitores de brindar alimentos a sus hijos, es tratada, en el nuevo Código, a partir de su art. 658. Este articulo, repite en parte de lo preceptuado en el primer párrafo del art. 265 del actual Cód. Civil, pues determina que ((ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos)). Agrega el art. 658 que «la obligación de prestar alimentos se extiende hasta los 21 años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismos)). Reitera, de esta forma, lo resuelto por la ley 26.57'9 y que fuera agregado como segundo párrafo del art. 265 del Cód. Civil vigente hasta el 1/8/15.

5 2. EXTENSIÓN DE ESTOS ALIMENTOS Dice el art. 659: «La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos estan constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado)). Estos alimentos, conforme el art. 659 del nuevo Código, comprsnden: manutención (alimentación), educación, esparcimiento, vestimen-

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tal habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los «gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio)). Esto último es una innovación en materia alimentaria respecto de la legislación anterior y amplía los ítems alimentarios que, en relación con los hijos menores de edad, contenía el art. 267 del anterior Código. Asimismo, se establece que estos alimentos son proporcionales a las posibilidades económicas de los progenitores obligados y a las necesidades de los hijos.

3. FORMADE PAGO El segundo párrafo del art. 659 cut supra)) transcripto, expresa que los alimentos debidos a los hijos pueden estar constituidos por prestaciones monetarias o en especie. Así, en este art. 659 «in fine)) se dice -explícitamente» que: «Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie.....)). Se reconoce, de forma más explícita que en relación con los alimen-tos derivados del parentesco (art. 542), que los alimentos puedan ser abonados, también, en especie. Ello, si bien no estaba prohibido en el Código Civil anterior, tampoco estaba explícitamente autorizado como acontece ahora. Recordemos que, la principal ventaja de fijar -en la actualidad- la cuota de alimentos en especie (al estar vedada toda posibilidad de actualización automática o directa de la cuota alimentaria al costo de vida), es que resulta ser una de las mejores formas de que la cuota sea actualizada conforme el ritmo inflacionario l . Es una forma de actualización que, al igual que el incidente de aumento, no vuiriera la prohibición establecida por la legislación y la jurisprudencia plenaria. Es que, si bien actualiza -en su plenitud- el incremento del costo de vida de aquellos ítems de la cuota alimentaria que se abonan en especie, lo hace de forma indirecta, no estando prohibida esa forma de actualización en materia de alimentos. Para profundizar este tema, aconsejamos nuestra obra «Actualización de los alimentos según el costo de vida, Garcia Alonso, Buenos Aires, 2014, pp. 49-60 y 93 (http://www.garciaalonso.com.ar/articulo.php?id=92).

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Si bien, la principal virtud del pago en especie de algunos rubros que componen la cuota aiimentaria es, justamente, actualizar la cuota, son varios los perjuicios que acarrea el pago de esta forma, a saber: 1O) Crea mayores inconvenientes en la ejecución de la cuota que los que normalmente irroga el pago en dinero. 2') Hace dificultoso el contralor de la prestación por parte del órgano judicial. 3') No es aconsejable cuando la relación entre los cónyuges -o los progenitores, cuando se trate de alimentos derivados de la patria potestad- es difícil o conflictiva. 4O) No resulta práctico para el alimentado en cuanto al control del pago en su totalidad, traduciéndose ello muchas veces en algo bastante dificultoso de efectuar. 5") La cobertura de las necesidades del acreedor, pasan a depender de la voluntad del obligado al pago. 6") Ante el incumplimiento de la cuota Pactada de esta forma, se podrán imponer astreintes para compeler a su cumplimiento, pero no intereses. Por lo cual, es una alternativa valedera para actualizar la cuota alimentaría, pero que, a su vez, irroga considerables inconvenientes para el alimentado.

4. RECONOCIMIENTO DE LAS TAREAS DE CUIDADO PERSONAL DEL HIJO El art. 660 decreta: «Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención)). Mediante el art. 660, la nueva normativa reconoce -muy acertadamente- que estas tareas cotidianas que realiza el progenitor que asumió el cuidado personal del hijo tienen un valor económico y, asimismo, constituyen un aporte a la manutención de éste. Es un gran avance en materia alimentaría lo que determina este artículo. Ya nos habíamos manifestado a favor de ello 3, basándonos en la t

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* CNCiv., Sala A, 19/6/02, LL, 2002-D-502. Belluscio, Claudio A.: Alimentos debidos a los menores de edad, Ed.

numerosa jurisprudencia que así lo propugnaba. Así, expresamos -siguiendo a Stilerman 5- que, aun cuando el art. 271 del Cód. Civil anterior (al igual que el art. 658 de la nueva legislación) establecía que la obligación alimentaria de los progenitores en relación con sus hijos menores les incumbía a ambos, no podía interpretarse que dicha norma legal estableciera una obligación de igualdad numérica de la contribución económica. Por ello, siguiendo a esa valiosa doctrinaria 6, cabía imputar a la obligación alimentaria la contribución realizada por el progenitor conviviente (por lo general, la madre) en cuanto al cuidado del hijo. Por su parte, señalamos que resultaba indudable el valor económico que implican estas tareas, no sólo por el tiempo que ellas irrogan 51 CNCiv., Sala C, 3/12/81, Rep. ED, 17-104, sum. 60; idem, íd., 15/11/83, LL, 1984-B-142 y y Rep. LL, 1984-141, sum. 51 ; ídem, íd., 29/12/83, LL, 1985D-564 (36.973-5); ídem, íd., 28/2/84, LL, 1984-8-469 (36.606-S); ídem, íd., 31 2/84, Rep. ED, 20-A-184, sum. 41 ; idem, íd., 12/11/87, LL, 1988-C-23; idem, íd., 4/8/87, LL, 1989-A-227; ídem, íd., 8/2/88, ED, 128-309; ídem, íd., 23/3/88, ED, '129-1 70; ídem, íd. 28/5/96, LL, 1997-A-274; ídem, íd., 26/4/01, ED,19513; ídem, Sala E, 6/8/84, LL, 1985-B-574 (caso 5.398); idem, íd., 31/3/81, LL, 1981-6-451 y Rep. LL, 1981-182, sum. 24; ídem, íd., 30/10/81, Rep. ED, 17105, surn. 68; ídem, íd., 29/2/80, LL, 1980-B-456; ídem, Sala A, 16/2/84, LL, 1984-C-622 y Rep. LL, 1984-153, sum. 167; ídem, íd., 23/4/84, LL, 1984-C637 (caso 5.232); idem, íd., 11/10/84, LL, 1985-B-574 (caso 5.396); ídem, íd., 4112/84, LL, 1985-B-556 (36.975s); idem, íd., 1113/96, ED, 170-87; ídem, Sala B, 24/8/83, Rep. ED, 20-A-185, sum. 48; idem, íd., 12112/86, LL, 1987-C-43; *ídem, id., 22/2/96, JA, 1997-11-36 (índice), sum. 14; ídem, Sala 1, 4/4/89, LL, 1990-D-467; ídem, íd., 17111/98, JA, 1999-IV-55; ídem, íd., 16/9/99, ED, 186248; ídem, Saia F, 14/2/84, LL, 198443-350 y Rep. LL, 1984-148, sum. 120; ídem, íd., 10111/88, LL, 1995-D-849, sum. 76 y DJ, 1989-2-555; ídem, Sala H, 12/8/94, ED, 159-616; ídem, íd., 13/8/97, LL, 1998-B-709; ídem, Sala G, 181 11/87, ED, 128-346; idem, Sala K (de los considerandos del fallo), 23/9/03, DJ, 2003-3-1 051 ; CCiv. y Corn., Wlorón, Sala 2a, 8/11/94, JA, 1997-111-41 (indice), sum. 24; CCiv., Com. y de Garantías en lo Penal, Zárate, 27/5/99. LLBA, 2000-37; CCiv., Com. y de Garantías en lo Penal, Pergamino, 17110100, LLBA, 2001-378; CCiv. y Com., Rosario, Sala IV, 6/8/02, LL Litoral, 2003-256; CCiv., Com. y Laboral, Rafaela, 12/7/02, LL Litoral, 2003-372; CCiv. y Corn., Resistencia, Sala 1, 11/07/02, LL Litoral, 2003-566; CApel. Civ. y Com. l a , San Isidro, Sala I (de los fundamentos del fallo), 8/7/02, Zeus, t. 90, Sec. Jurisprudencia, p. 339. Stilerman, Marta N.: Menores. Tenencia. Régimen de visitas, 3" ed. act., reimp., Ed. Universidad, Buenos Aires, 1997, p. 149. Stilerman, Marta N.: Menores..., cit., pp. 149-150.

ALIMENTOS DEBIDOS A LOS HIJOS

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que no podrá dedicarse a una actividad remunerada (al menos de tiempo completo), sino, también, porque -en el caso que el progenitor conviviente no las pueda realizar- le significarán el contratar a otra persona para que las efectúe, no quedando duda alguna en ese caso del valor pecuniario de las mismas. En igual sentido se había pronunciado parte de la jurisprudencia '. Es el criterio que había sostenido alguna doctrina extranjera al expresar que la contribución del progenitor que convive con el hijo -en cuanto al sostenimiento de éste- «se deduce como un hecho necesario y consecuente de la guarda y custodia)). Por lo expresado con anterioridad, cabe concluir que el progenitor conviviente cumple con su obligación alimentaria en especie 9, compensando dicha obligación con el cuidado que brinda a sus hijos. En consecuencia, aun cuando el deber de prestar alimentos a los hijos menores incumbe a los dos progenitores, el criterio imperante -en la doctrina y en la jurisprudencia- indica que esa obligación se compensa por parte del progenitor conviviente con el cuidado y educación que les prodiga a aquellos. Por nuestra parte acompañamos este criterio, pues como se ha dicho j o resulta muy dificultoso cuidar a los hijos y realizar -al mismo tiempo- una tarea remunerada de tiempo completo. Al respecto, Makianich de Basset l1 señala -con acierto- que «no puede desconocerse que una mujer que agota sus energías en el trabajo extra doméstico, no podrá atender las necesidades del hogar que requieran de su prestación personal». CNCiv., Sala H, 28/6/90, LL, 1995-D-863, sum. 209

* Pérez Carbajal y Campuzano, Hilda: Comentarios sobre la forma en que debe fuarse el monto de la pensión alimenticia, de acuerdo con las diversas tesis jurisprudenciales, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México (D. F.), Disponible en: Biblioteca Jurídica Virtual, www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/2/jur/jur9. htm Novellino., Norberto J.: Los alimentos ...cit., p. 100; Ventura, Adrián R., y Stilerman, Marta N,: ob. cit., p. 105; Dutto, Ricardo J.: Juicio.. .cit., p. 29; Méndez Costa, María J.: Visión.. .cit., pp. 52 y 190; CNCiv., Sala B, 12/12/86, LL, 1987C-43; ídem, Sala H, 28/6/90, LL, 1990-E-182 y LL, 1995-D-863, sum. 209; ídem, íd., 21/4/97, DJ, 1998-2-990; ídem, Sala A, 12/3/92, LL, 1993-A-9 y LL, 1995-D-871, sum. 298; ídem, Sala L, 22/4/96, LL, 1997-E-1078 (caso 12.090); ídem, Sala K (de los considerandos del fallo), 23/9/03, DJ, 2003-3-1051. lo Ventura, Adrián R., y Stilerman, Marta N.: ob. cit., p. 190. l1 Makianich de Basset, Lidia N.: El divorcio en escorzo, LL, 1995-0-1572.

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CLAUDIO A. BELLUSCIO

Esta aseveración ha sido avalada por una importante investigación de campo 12, mediante la cual surge -de las expresiones de las mujeres entrevistadas- que el principal obstáculo para trabajar se relaciona con la tenencia o no de los hijos pequeños. Asimismo, de este trabajo de campo, se desprende las grandes dificultades que existen para compatibilizar trabajo remunerado y maternidad. La posición jurisprudencia1 mayoritaria -que se ha plasmado en numerosos fallos publicados T3- sin dejar de reconocer que la obligación alimentaria pesa sobre ambos progenitores, establece que quien vive con los hijos compensa dicha obligación brindándoles cuidado y dedicación. l2 Cerruti, Marcela: Trabajo, organización familiar y relaciones de género en Buenos Aires, en Wainerman, Catalina (comp.): Familia, trabajo y genero, Ed. Fondo de Cultura Económica de Argentina S.A.-Unicef, Buenos Aires, 2003, pp. 115, 133 y 134. l 3 CNCiv., Sala C, 3112/81, Rep. ED, 17-104, sum. 60; idem, íd., 15111/83, LL, 1984-B-142 y y Rep. LL, 1984-141, sum. 51; ídem, íd., 29/12/83, LL, 1985D-564 (36.973-S); ídem, íd., 28/2/84, LL, 1984-B-469 (36.606-S); ídem, íd., 31 2/84, Rep. ED, 20-A-184, sum. 41; idem, íd., 12/11/87, LL, 1988-C-23; idem, íd., 4/8/87, LL, 1989-A-227; ídem, íd., 8/2/88, ED, 128-309; ídem, íd., 23/3/88, ED, 129-170; ídem, íd. 28/5/96, LL, 1997-A-274; ídem, íd., 26/4/01, ED, 19513; ídem, Sala E, 6/8/84, LL, 1985-B-574 (caso 5.398); ídem, íd., 31/3/81, LL, 1981-C-451 y Rep. LL, 1981-182, sum. 24; ídem, íd., 30110181, Rep. ED, 17105, sum. 68; ídem, íd., 29/2/80, LL, 1980-B-456; idem, Sala A, 16/2/84, LL, 1984-C-622 y Rep. LL, 1984-153, sum. 167; idem, íd., 23/4/84, LL, 1984-C637 (caso 5.232); ídem, íd., 11110184, LL, 1985-B-574 (caso 5.396); ídem, íd., 4112/84, LL, 1985-B-556 (36.975-S); idem, íd., 1113/96, ED, 170-87; ídem, Sala B, 24/8/83, Rep. ED, 20-A-185, sum. 48; idem, íd., 12/12/86, LL, 1987-C43; ídem, íd., 22/2/96, JA, 1997-ll-síntesis, sum. 14; ídem, Sala 1, 4/4/89, LL, 1990-D-467; ídem, íd., 17111/98, JA, 1999-IV-55; ídem, íd., 16/9/99, ED, 186248; ídem, Sala F, 14/2/84, LL, 1984-B-350 y Rep. LL, 1984-148, sum. 120; ídem, id., 10/11/88, LL, 1995-D-849, sum. 76 y DJ, 1989-2-555; ídem, Sala H, 12/8/94, ED, 159-616; ídem,. íd., 13/8/97, LL, 1998-B-709; idem, Sala G, 181 11/87, ED, 128-346; ídem, Sala K (de los considerandos del fallo), 23/9/03, DJ, 2003-3-1051; Sup. Trib. Just. Entre Ríos, Sala Civ. y Com., 5/12/03, publicado en Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Lexis NexisIAbeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005, no 2005-lll, p. 237; CCiv. y Com., Morón, Sala 2a, 8/11/94, JA, 1997-lll-síntesis, sum. 24; CCiv., Com. y de Garantías en lo Penal, Zárate, 27/5/99, LLBA, 2000-37; CCiv., Com. y de Garantías en lo Penal, Pergamino, 17/10/00, LLBA, 2001-378; CCiv. y

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En el mismo sentido, se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de México 14,aun cuando en su legislación -al igual que en la nuestra- se establezca que el deber alimentario incumbe a ambos progenitores. En favor de esta postura, se aduce l5 que el deber alimentario no se limita al mero sustento material,. ya que comprende la asistencia en sentido amplio, incluso a la educación y esparcimiento de los hijos menores, aspectos que insumen mucho tiempo y que habrán de ser cubiertos de forma mayoritaria por el progenitor que ejerce la guarda de aquellos. y jurisprudencia acorde 17, sin llegar Pero, otra destacada doctrina l6 a oponerse al criterio doctrinario y jurisprudencia1 mayoritario, expresaron que dicha compensación -en cuanto a los alimentos debidos- no implica eximir totalmente al progenitor conviviente de alguna contribución económica, en el caso de que aquel progenitor trabaje y obtenga ingresos suficientes. que tratándose de un hijo adolesEn el mismo sentido, se dispuso l8 cente se deberá tener en consideración la capacidad contributiva del progenitor conviviente, pues en esa etapa de su vida el hijo ya no requiere que se le dedique tanto tiempo en cuidarlo y, por lo tanto, este progenitor podrá dedicar ese tiempo a realizar actividades lucrativas. El problema se plantea, cuando alguno -o algunos- de los hijos Corn., Rosario, Sala IV, 6/8/02, LL Litoral, 2003-256; CCiv., Com. y Laboral, Rafaela, 12/7/02, LL Litoral, 2003-372; CCiv. y Corn., Resistencia, Sala 1, 111 07/02, LL Litoral, 2003-566; CCiv. y Com. San Martín, Sala 2a, 28/3/95, JA, 1998-IV-síntesis, sum. 18; CCiv. y Com. Paraná, Sala l a , 16110196, 1998-IVsíntesis, JA, 1998-IV-síntesis,sum. 19; CApel. Civ. y Com. 1a, San Isidro, Sala I (de los fundamentos del fallo), 8/7/02, Zeus, t. 90, Sec. Jurisprudencia, p. 339. l4 Suprema Corte de Justicia de México, Sala 3a, Semanario Judicial de la Federación, t. 89, 4a parte, p. 13, citado por Pérez Carbajal y Campuzano, Hilda: Comentarios ..., cit., Disponible en: Biblioteca Jurídica Virtual, www.juridicas.unam.mx/publica/rev/derpriv/cont/2/jur/jur9. htm l 5 CNCiv., Sala B, 28/5/97, ED, 174-273. l6 Dutto, Ricardo J.: Juicio..., cit., p. 60. l 7 CNCiv., Sala A, 29/7/85, Rep. JA, 1986-71, sum. 15; ídem, íd., 11/10/84, LL, 1985-B-574 (caso 5.396); CCiv., Com. y Lab., Rafaela, 12/7/02, Zeus, t. 91, Sec. Jurisprudencia, p. 329. l8 Dutto, Ricardo J.: Juicio..., cit., p. 30.

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conviven con uno de los progenitores, mientras que el otro hijo -u otrosconviven con el restante progenitor. De darse tal supuesto, lo primero que habrá de tenerse en cuenta son las posibilidades económicas de cada progenitor Ig. Al respecto, algún fallo 20 en tal situación estableció que, dado que sobre ambos progenitores pesa la responsabilidad de alimentar a sus hijos, cada uno de ellos debe hacerse cargo de las necesidades materiales de los hijos menores que tiene bajo su guarda, siempre que ambos progenitores cuenten con recursos suficientes. Igual pensamiento, ha seguido otra jurisprudencia 21. En cambio, la SCBA22determinó que el hecho de que la madre cuente con ingresos propios, no libera al padre de su obligación respecto del hijo que tiene bajo su guarda la primera, aunque este último tenga la guarda de los restantes hijos. Agrega este fallo de la SCBA que, a lo sumo el hecho de que el padre sea el guardador de los restantes hijos, servirá para determinar -junto a las demás circunstancias de la causa- el monto de la cuota debida. Sin embargo, el fallo precitado de la SCBA-en forma acertada- no hizo lugar a los alimentos que reclamaba la madre para los hijos que convivían con el padre, petición que carecía de todo fundamento jurídico y lógico, pues era el propio padre quien ya proporcionaba -en especie- los alimentos a esos hijos. Podemos concluir, respecto de la relación entre la guarda del hijo y la contribución alimentaría de cada progenitor, que el art. 660 del nuevo Código -con acertado criterio- no sólo instaura la valoración pecuniaria de los cuidados y la asistencia brindada por el progenitor conviviente a su hijo, sino -también- el aporte alimentario en que se traducen tales cuidados. Bossert, Gustavo A.: Régimen..., cit., pp. 187-188. CCiv. y Com. la Bahía Blanca, Sala 1, 5/6/90, LL, 1991-E-269, LL, 19950-849, sum. 70, DJ, 1991-1-675 y JA, 2 991-11-238. 21 CNCiv., Sala K, 28/2/02, publicado en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Lexis NexislAbeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, No2004-1, p. 31. 22 SCBA (del voto preopinante del Dr. Negri, al que adhirieron los restantes integrantes del Máximo Tribunal provincial), 15110191, LL, 1992-A-89 y DJ, 1991-2-609. l9

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Conforme el art. 661, tienen legitimación para demandar al progenitor que falte a la prestación de estos alimentos: 1') El otro progenitor, en representación del hijo. 2') El hijo, con grado de madurez suficiente y con asistencia letrada. 3') Subsidiariamente, cualquiera de los parientes del hijo o el Ministerio Público. Aunque este artículo no lo aclara, dada la enumeración de los legitimados, damos por entendido que se refiere a los hijos menores de edad. El art. 661 del nuevo Código viene a reemplazar a la enumeración que efectuaba el art. 272 del anterior Código Civil 23. Vemos con beneplácito la enumeración que efectúa el art. 661 de la nueva legislación, en comparación con el art. 272 del viejo Código, ya que se ajusta más a las últimas reformas legislativas al contemplar al abogado del niño en la segunda de las posibilidades que enumera.

6. HIJOMAYOR DE EDAD

a)Hijo de entre % 8 y 2% anos que convive con uno de los progenitores

Ordena el art. 662 que: «El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiún años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir 23 Decía el art. 272 de la anterior legislación (conforme el texto introducido por la ley 26.618): «Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser demandado por la prestación de alimentos por el propio hijo, si fuese adulto, asistido por un tutor especial, por cualquiera de los parientes, o por el ministerio de menores)).

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directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por el hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes)). Como podernos apreciar, el art. 662 dispone que el progenitor conviviente con el hijo mayor de edad, tiene legitimación para obtener la contribución alimentaria del otro progenitor hasta que ese hijo cumpla los 21 años. Asimismo, el progenitor conviviente con el hijo mayor de edad, podrá iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuarlo. También, expresa -con total claridad- que ese progenitor conviviente tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Todo ello, implica una derogación implícita de la mayoría de los efectos que, en materia alimentaria, impone la ley 26.579 para el hijo de entre 18 y 21 años que convive con uno de sus progenitores. Sin embargo, la segunda parte de este artículo posibilita que el juez, a pedido de parte, pueda fijar una suma que deba percibir directamente el hijo del progenitor no conviviente que tiene a su cargo la cuota dineraria. Tal suma, estará destinada a cubrir los desembolsos de la vida diaria del hijo, como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes. Es decir, que el nuevo Código establece dos regímenes bien diferenciados, en materia de alimentos, para los hijos mayores de entre 18 y 21 años: +lo) Hijos mayores de entre 18 y 21 años que no convivan con ninguno de sus progenitores. En este caso, los alimentos se regirán por los postulados de la ley 26.579 y, por lo tanto, esos hijos serán los que estén facultados a percibir y administrar la cuota alimentaria 24. Asimismo, son los tendrán la legitimación procesal activa para iniciar o continuar una accióri de alimentos contra cualquiera de sus progenitores, o para iniciar o continuar un incidente de ejecución de aiimentos contra el progenitor que tiene establecida la cuota alimentaria. 24 Para mayor desarrollo del tema, aconsejamos consultar nuestra obra ((Alimentos y las nuevas leyes de mayoría de edad, matrimonio entre personas del mismo sexo y mediación)),Ed. García Alonso, Buenos Aires, 2011.

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También, a tenor de esta legislación, tendrán la facultad de no iniciar ese incidente de ejecución pese a los alimentos devengados pero no abonados ni percibidos. ZO)Hijos mayores de entre 18 y 21 años que conviven con alguno de sus progenitores. Conforme el art. 662 del nuevo Código, en el caso de los hijos mayores de entre 18 y 21 años que convivan con uno de sus progenitores, será este último quien esté facultado a percibir y administrar la cuota alimentaria. Asimismo, son los tendrán la legitimación procesal activa para iniciar o continuar una acción de alimentos contra cualquiera de sus progenitores, o para iniciar o continuar un incidente de ejecución de alimentos contra el progenitor que tiene establecida la cuota alimentaria. Esa postura, que determina la legislación a regir a partir del 1/8/15, la aplicó el Trib. Fam., Sala II, San Salvador de Jujuy (Jujuy), en fecha 18/3/2013, al determinar que, aún alcanzada la mayoría de edad del hijo, la madre que continúa conviviendo con él se encuentra legitimada para continuar los respectivos procesos de alimentos, en cualquier instancia en que se encuentren. Sin embargo, en este mismo supuesto, el propio art. 662 faculta a que estos hijos puedan percibir directamente del progenitor no conviviente que tiene a su cargo la cuota alimentaria una suma que estará destinada a cubrir los gastos de su vida diaria, como esparcimiento vestimenta u otras rubros que se estimen pertinentes. Es decir, que los rubros a cubrir con esa suma de dinero no son taxativos, pudiendo abarcar otros ítems aparte del esparcimiento o la vestimenta. Esta suma, además de percibida será, también, administrada por este hijo. Dicha suma, se fijará de común acuerdo entre las partes o a pedido de alguno de los progenitores o del hijo. b) Hijo de entre 118 y 25 años que cursa estudios o se prepara para un arte u oficio El art. 663 determina: «La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecu-

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ción de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido)). Se concreta una reforma que hemos propiciado (y que omitió la ley 26.579): la continuidad de la cuota alimentaria al hijo mayor de edad y hasta los 25 años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de los medios necesarios para sostenerse por sí mismo. La permanencia de la cuota alimentaria que se venía percibiendo durante la minoría de edad, una vez que el hijo cumplió los 21 años y continúa cursando estudios universitarios, es un tema que se viene planteando en los estrados judiciales desde hace varios años. Al respecto, la jurisprudencia adopta dos posturas opuestas.

Pastura jurisprudencial que admite la continuidad de la cuota alimernhria establecida, por cursar estudios universitarios e

En tal sentido, un precedente jurisprudencial 25 de hace varios años, hizo lugar a la continuidad solicitada de la cuota alimentaria que se venía percibiendo durante la minoría de edad, al entender que el concepto de alimentos no sólo comprende los recursos indispensables para la subsistencia de una persona, sino también los medios que le permiten un desarrollo íntegro. Por lo tanto, agregaba este fallo, la obligación alimentaria de los padres hacia su prole subsiste hasta el fin de su educación, es decir, hasta el momento en que su formación le permita afrontar por sus propios medios sus necesidades. Concli~íaestableciendo ese mismo fallo que las prescripciones contenidas en el art. 265 del anterior Cód. Civil no tenían un correlato con la realidad, ya que la presunción que se deriva de esa norma legal -en cuanto a que el hijo una vez alcanzada la mayoría de edad no necesita de la ayuda de sus progenitores- no se compadece con el tiempo que irroga la prosecución de los estudios universitarios y la dificultad del ingreso al mercado de trabajo. 25

TFamilia Formosa , 2110196, DJ, 1997-3-512.

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Por ende, este fallo determinó que resultaba procedente la fijación de una cuota de alimentos a favor del hijo mayor de 21 años que se encontraba cursando estudios universitarios y reclamaba esa cuota para solventar los gastos que tal actividad le irroga, siempre que el beneficiario acredite que esa actividad académica se cursa en forma regular. Asimismo, se había determinado 26 la continuidad de la cuota que se venía abonando pese a que el hijo había alcanzado la mayoría de edad (por ese entonces, a los 21 años), si éste necesita dicha asistencia material para concluir sus estudios. Si bien, para conceder la continuación del deber alimentario, también esta resolución judicial impuso como condición que la beneficiaria prosiguiera sus estudios en forma regular, y que la cuota regiría durante el tiempo previsto para el desarrollo normal de la carrera elegida. Con el mismo criterio, otro fallo 27 -también en el ámbito provincialestableció que si el hijo ha iniciado estudios universitarios alentado por sus progenitores, ello presupone que ese aporte habrá de continuar hasta el momento en que regularmente finalice -o deba finalizar- tales estudios. En similar ámbito judicial 28,se aceptó la continuidad de la cuota, cuando el hijo mayor de edad se encontraba cursando estudios universitarios. Para fundamentar tal decisorio, este fallo dijo que (
TFamilia Formosa, 20/5/99, LL, 2000-C-894 y LL Litoral, 2000-102. C 2a Civ. y Com. Paraná, Sala 2a,25/8/00, Zeus, 85-321, Sec. Jurisprudencia. CCiv. y Com. 1a Nom. Santiago del Estero, 22111/04, LL Noroeste, 2005458. 29 Sup. Trib. Just. Entre Ríos, Sala Civ. y Com., 6/7/07, Derecho de Fami26 27

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mayores de edad del alimentante, teniéndose en consideración que el padre no ha negado los ingresos y bienes que se le atribuyen, y que la cuota alimentaria, conforme al plan de estudio de las carreras elegidas, debe ser por plazo de cuatro años, debiéndose acreditar año a año, la continuidad de los estudios)). Asimismo, un fallo de la Instancia de la Ciudad de Buenos Aires 30, determinó que correspondía abonar a la hija mayor de edad la cuota de alimentos, hasta que finalizara sus estudios universitarios y recibiera el correspondiente título habilitante que le permitiera ejercer su profesión. Entendió dicha instancia, que no resultaba imprescindible para la procedencia de la acción, que la solicitante padeciera una imposibilidad absoluta para satisfacer esas necesidades, dado que la actividad científica que desarrollaba como la exigencia que requería la carrera universitaria (en el caso, la de medicina) le impedían realizar cualquier actividad rentada -en forma conjunta- que le permitiera obtener ingresos. Del análisis de los fallos «ut supra)) citados, podemos extraer que la concesión de la continuidad de la cuota ha sido otorgada siempre que la carrera universitaria se cursara de forma regular y que se tratara de una carrera que por su extensión horaria (v. gr., medicina) no permitiera poder realizar tareas remuneradas con las cuales solventarla. Por ello, jurisprudencia provincial 31 -más reciente- resolvió negar la continuidad de los alitmentos, al manifestar que, si bien el hijo «aduce necesitar la ayuda económica en virtud de estar cursando estudios superiores, se demostró que no es un alumno regular y que demuestra desinterés en el estudio)).

lia. Revista Interdissiplinaria. de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Lexis Nexisl Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, no2008-1, p. 109. 30 Juzg. Nac. de la Inst. en lo Civil no81, Capital Federal, 25/9/98, publicado en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, no 14, p. 263. 31 Juzg. Civ. y Com. no 1, Jujuy, 100/3/9, LL Noroeste, 200-571.

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e Postura jkeñispresdencial que no admite la continuidad de !a cuota alimentarla establecida por cursar estudios urraiversitarios

Otra parte de la jurisprudencia 32 había desestimado la pretensión de que se extienda el deber alimentario del padre durante todo el tiempo necesario para completar la formación del hijo que ha llegado a la mayoría de edad, al entender que tal petición carece de sustento legal, pues dicha cuota se funda en el deber derivado de la patria potestad y no en el parentesco. Por lo tanto, para esta jurisprudencia, de ser necesario en ese caso la ayuda material del progenitor, el pedido debía ser formulado por el propio hijo acreditando los recaudos exigidos por el art. 370 del anterior Cód. Civil Y, si esto no ocurría, la petición debía ser desestimada 33. Asimismo, esta corriente jurisprudencia1determinó 34 -bajo la legislación anterior al nuevo Código Civil- que «si la peticionaria se circunscribió a demostrar que estaría dispuesta a comenzar sus estudios universitarios, no obstante haber alcanzado la mayoría de edad, sin otra justificación, dicha circunstancia es insuficiente para reclamar los alimentos con posterioridad al cese de la patria potestad, porque implicaría dejar librado a la voluntad de la hija mayor el punto de partida de su formación profesional y, por ende, el límite temporal de la obligación alimentaria de los progenitores, con lo cual se afectaría seriamente la certeza de las relaciones jurídicas paterno-filiales». En similar sentido, una década atrás, había sido rechazada 35 la pretensión de que los alimentos continúen hasta que el hijo concluya sus estudios universitarios y, por ende, se hizo lugar al cese de la cuota alimentaria por la mayoría de edad de aquél. Tratándose de un incidente por cese de la cuota -por haber alcanzado los hijos la mayoría de edad, con anterioridad a la ley 26.579- se había dicho 36 que no hay lugar para la reconvención interpuesta, lo que no quita que los hijos una vez alcanzada esa edad puedan deducir la pertinente acción por alimentos, si bien demostrando la necesidad de CNCiv., Sala C, 2/11/82, Rep. ED, 17-125, sum. 309. CNCiv., Sala C, 2/11/82, LL, 1984-C-638 (caso 5247) y Rep. LL, 1984147, sum. 109. 3 T N C i ~ .Sala , G, 29/8/02, JA, 2003-lll-síntesis, sum. 3. 35 CNCiv., Sala M, 27/9/00, JA, 2002-lll-síntesis, sum. 24. 36 CCiv. y Com. Mar del Plata, Sala 2a,19/3/98,JA, 2001-IV-síntesis, sum. 20. 32

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la asistencia, la imposibilidad de proveérsela por sí y la posibilidad económica del padre. Siguiendo tal criterio, se había señalado 37 que la prestación alimentaria -al hijo que alcanzó los 21 años- es una asistencia concebida para quien posee algún impedimento que no le permita afrontar por sus propios medios las necesidades de la vida diaria, pero no la vía para que los hijos mayores de esa edad tengan una más holgada y cómoda vida mientras cursan estudios universitarios. En la misma jurisdicción, se resolvió 38 que una vez cumplidos los 21 años, solo sería posible -en principio- que el hijo recobre la prestación alimentaria si justifica los extremos que tornan procedente la fijación de una pensión entre parientes mayores de edad, debiendo encuadrarse en las disposiciones del antiguo art. 370 del Cód. Civil. Algún fallo provincial 39,era conteste con el pensamiento de esta jurisprudencia del ámbito nacional, por lo que hizo lugar al incidente de la cuota aiirnentaria cuando el hijo alcanzó los 21 años, aún cuando éste era estudiante universitario. Otro fallo del mismo ámbito 40, confirmaba el cese de pleno derecho de la cuota alimentaria para el hijo que cumplió 21 años, pues no lograba conmover la aceptación de tal incidente, el hecho de manifestar que se está cursando una carrera universitaria. Coi-no podemos observar, esta corriente jurisprudencial de antaño entendía que cuando el hijo llegaba a la mayoría de edad (establecida por ese entonces, al arribar a los 21 años) la prestación alimentaria cesaba de pleno derecho, salvo que aquel demostrara que los alimentos le eran indispensables y que no estaba en condiciones de procurárselos por sí mismo 41. Por lo cual, de acuerdo a esta postura jurisprudencial, sólo sería posible acceder al pedido de extender la obligación alimentaria de los hijos luego de alcanzados los 21 años, en el caso de acreditarse los extremos que autorizan la fijación de la cuota entre los parientes mayo* res de edad (art. 370 del anterior Cód. Civil) 42. CNCiv., Sala A, 13112/88, ED, 133-341. CNCiv., Sala J, 14/2/05, ED, 215-117. 39 CCiv., Com. y Minería General Roca, 16/9/03, LL Patagonia, 2004-1 63. 40 CCiv. Com., Trab. y Minas 1a Nom. catamarca, 20/9/05, LL IVoroeste, 2005-1 309. 41 CNCiv., Sala B, 23/12/88, ED, 135-456. 42 CNCiv., Sala G, 29/8/02, JA, 2003-lll-sintesis, sum. 4. 37

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Cabe destacar que, hasta el momento en que comienza a regir el nuevo Código, ésta es la postura adoptada por todas las Salas de la CNCiv., sin excepción alguna.

La falta de tratamiento de esta ~ i r c ~ n s t a n c l por a , parte de Ila ley 26.579

Si bien, alguna jurisprudencia (anterior a la sanción de la ley 26.579) se ha pronunciado a favor de extender la cuota alimentaria correspondiente a la minoría de edad cuando el hijo ha llegado a los 21 años, cabe señalar que nuestro país no contemplaba en su ordenamiento legal tal posibilidad (a pesar de que había sido propiciada en los proyectos de unificación legislativa de 1993 y 1998). Tampoco, la contempló la modificación introducida -en materia de alimentos debidos a los hijos- por la ley 26.579. Por el contrario, esta posibilidad había sido adoptada -desde hace varios años- por diversas legislaciones iberoamericanas 43,si bien, bajo ciertas condiciones. Pese a que la ley 26.579 permitía que la cuota que se venía percibiendo cuando el hijo era menor de edad, se deba seguir abonando aunque éste haya llegado a la mayoría de edad (salvo que se acredite que el beneficiario cuenta con medios propios para cubrir la extensión alimentaria que describe el art. 267 del Cód. Civ.), el límite de tal prestación se encuentra en el hecho de haber cumplido 21 años. Por lo tanto, el legislador había perdido una nueva oportunidad 44 de contemplar la posibilidad que la cuota continúe hasta una edad en que

43 Dentro de Hispanoamérica: Código Civil de España (art. 142), Código de Familia de Cataluña, España (art. 259), Código de Familia de Honduras (art. 217), Ley de Alimentos de Nicaragua (art. 8"), Código de Familia de Panamá (art. 377), Código de Familia de Costa Rica (art. 173), Código Civil de Perú (arts. 424 y 473, conforme la reforma implementada por la ley 27.646), Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente de Venezuela (art. 383), Código de la Niñez y Adolescencia de Ecuador (art. 128),y Código de Familia de El Salvador (art. 211). Con anterioridad, se podría haber implementado al elaborar la ley 26.061, que nada dice en materia de alimentos (salvo, la responsabilidad subsidiaria que le incumbe al Estado de proporcionar los alimentos para la embarazada).

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se supone deben culminar los estudios universitarios, siempre que se acredite que dichos estudios se cursan de forma regular y que la cursada (con motivo de la carga horaria) no permite desarrollar una tarea remunerada con la cual solventarlos. En consecuencia, sería la jurisprudencia quien continuara resolviendo las situaciones planteadas en ese aspecto. Con el agravante de que, aquellos fallos que habían aceptado la continuidad de la cuota alimentaria con motivo de los estudios universitarios del hijo 45,evidentemente han fallado ((contra legem)). Por el contrario, aquellos tribunales que -en este supuesto- se habían apegado a lo que establecía el Código Civil vigente al 118115, emitían fallos correctos desde el punto de vista legal, pero las más de las veces incorrectos desde el ámbito dikelógico 46. Quienes se encuentran en tal posición, habían dicho que el hijo que arribó a los 21 años podrá solicitar una cuota de alimentos para concluir con esos estudios, pero se deberá acreditar los requisitos establecidos en el anterior art. 370 del Cód. Civil (es decir, la necesidad de los alimentos y que el hijo no puede proveérselos por sí mismo). Pero, siguierido tal criterio de sujeción estricta a la letra de lo que determinaba nuestra legislación anterior, la extensión de la prestación tampoco debería apartarse de lo que señalaba el art. 372 del viejo Código Civil, en cuanto éste contemplaba los gastos necesarios para la subsistencia, habitación, vestuario y lo necesario para la asistencia en las enfermedades. Es decir que, su aplicación en forma rigurosa, excluiría el rubro educación. En consecuencia, se debería denegar, en sede judicial, un pedido de alimentos -por parte del hijo que ha cumplido los 21 años de edadsi aquél los reqiiiiriese para la continuidad de sus estudios universitarios.

45 TFamilia Formosa, 211 Ó/96, DJ, 1997-3-512; ídem, 20/5/99, LL, 2000-C894, y LL Litorai, 2000-102; C 2a Civ. y Com. Paraná, Sala 2a, 25/8/00, Zeus, 85-321, Sec. Jurisprudencia; CCiv. y Com. la Nom. Santiago del Estero, 221 11/04, LL Noroeste, 2005-458; Juzg. Nac. d e ' l a Inst. en lo Civil no 81, Capital Federal, 25/9/98, Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y J~~risprudencia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, no 14, p. 263. CCiv., Com. y bab., Rafaela, 29/4/08, LL Litoral, 2008-920.

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En forma coincidente, un fallo provincial 47 para fundamentar el rechazo de la continuidad de la cuota, había dicho que: «la obligación alimentaria entre parientes que el Código contempla no comprende la contribución a los estudios universitarios, único sustento del reclamo de la apelante)). Por ello, esta problemática había quedado sin resolución por parte de la ley 26.579 y, en consecuencia, seguían siendo los jueces o tribunales quienes tenían que seguir resolviendo al respecto.

Con posterioridad nuevo Código

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Ia ley 26.579 y antes de la vigencia del

Dentro de este lapso, queremos destacar dos fallos. Uno es el de la CApel. Civ. y Com. de Dolores 48,que determinó hacer lugar a la pretensión de la hija mayor de edad y, en consecuencia, fijar como cuota mensual alimentaria de toda necesidad en su favor el 10 % de los ingresos que percibía el alimentista (su padre), mientras no se extienda a más allá de un año de lo fijado para la terminaci6n de la carrera universitaria o en su defecto que el alimentista demuestre la variación de estas circunstancias tenidas en miras para establecer la ayuda alimentaria)). El otro fallo, más reciente, es el de la CApel. Civ., Com. y Lab. Gualeguaychú 49 (cuyo texto completo se encuentra dentro del Apéndice de jurisprudencia de esta obra), que estableció (con fundamento en lo establecido en los proyectos de reforma del Código Civil, incluyendo el que dio lugar al nuevo Código) lo siguiente: «El progenitor debe abonar una cuota alimentaria a su hijo mayor de edad que cursa estudios universitarios, pues la formación de una nueva familia y la existencia de nuevos hijos alegada no es un reparo hábil, ya que esa circunstancia no hace más que agregar obligaciones, correspondiéndole al obligado realizar los mayores esfuerzos para cum-

CApel. Civ. y Com. Mercedes, Sala 1, 28/11/06, ED, 221-504. CApel. Civ. y Com., Dolores, 8/7/10, «M. C. c/M. R. H. s/alimentos», causa no89.564. 49 CApel. Civ., Com. y Lab. Gualeguaychú, 11112112, LL Litoral, julio 2013, p. 607, con nota de Rodolfo G. Jáuregui. 47

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plir satisfactoriamente las responsabilidades que le caben en razón de su paternidad para afrontar la manutención de su prole)). «El deber alimentario de los padres para con los hijos menores de edad continúa después de alcanzar estos la mayoría si la asistencia económica es necesaria para su formación laboral y profesional, siempre que no exceda las posibilidades de los obligados)). «La obligación alimentaria del progenitor para con su hijo mayor de edad que cursa estudios universitarios debe limitarse temporalmente hasta ¡os 25 años de éste, pues es entonces cuando los Proyectos de Reforma del Cód. Civil ponen fin automático a los alimentos del hijo mayor que se capacita)). Por último, no queremos dejar de señalar que la prolongación de los alimentos a que faculta el art. 663 del nuevo Código, podrá ser solicitada por el hijo o por el progenitor que convive con él, siempre que se acredite la viabilidad de ese pedido.

e;)

Hijo mayor discapacitado

En cambio, no se contempla -en la nueva legislación- el supuesto de continuación de la cuota alimentaria para el hijo mayor de edad incapacitado para proveerse los alimentos por sus propios medios, situación que había sido contemplada por la jurisprudencia. En tal sentido, se procedió a extender la cuota establecida 50 durante la minoría de edad, cuando en el juicio de alimentos se dejó acreditado que, tratándose de un menor con incapacidad fisica y psíquica, por medio de la prestación alimentaria se atiende a necesidades y rubros indispensables. En ese caso, se entendió 51 que la cuota que se venía abonando no cesa «ipso iure», dado que la hija no sólo se encontraba enferma de leucemia, sino que además el examen de la pericia forense había concluido que aquella sufría problemas de salud mental, todo lo cual configuraba una circunstancia excepcional que permitió determinar que, aún cuando la alimentada hubiera alcanzado la mayoría de edad, corres-

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CNCiv., Sala 1, 15/8/00, LL, 2001-B-527. En similar sentido: CNCiv., Sala

B, 23/12/88, ED, 135-456.

CNCiv., Sala 1, 15/8/00, ED, 189-339.

su favor. En otro caso, cierta jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires 52 acogió el reclamo, en un caso en el cual se conjugaban problemas físicos y psicológicos, como asimismo, la continuidad de los estudios universitarios de la hija mayor de edad.

(a 7. PWOTECCIÓN DEL HIJO NO RECONOCIDO Y DE LA MADRE EMBAMZADA EN LA F I L I A C I ~ NEXTWMATRIMONIAL

a) Protección del hijo no reconocido

El art. 664 decreta: «El hijo extramatrimonial no reconocido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga esté incumplida)). El art. 664 establece legalmente lo que era admitido por numerosos fallos 53: la posibilidad de reclamar alimentos provisorios para el hijo no reconocido, antes de que se establezca -en sede judicial- la filiación paterna. Si bien, se agrega que esta posibilidad de reclamar alimentos, en esas circunstancias, requiere la acreditación sumaria del vínculo invocado (tal como lo requería la jurisprudencia que aceptaba tal reclamo). Si la petición de alimentos se efectúa antes de iniciar el juicio por filiación extramatrimonial, este art. 664 requiere que el juez deba esta52 CApel. 2aCiv. y Com., Sala 1,23/11/04,publicado en JUBA, sum. 93.489, disponible en: www.scba.gov.ar/falloscompl/lnfojuba/93489.doc 53 CNCiv., Sala 1, 7/9/04, LL, 2005-B-215; ídem, Sala A, 17112/84, LL, 19869-621, y Rep. LL, 1986-116, sum. 23; ídem, íd., 27/10/88, LL, 1989-B-127, caso 87.279, LL, 1995-D-853, sum. 112, y ED, 133-783, caso 41.727; ídem, Sala M, 29/6/99, JA, 2002-111-145, sum. 1; ídem, Sala H, 28/2/92, ED, 148435, caso 44.485; ídem, Sala C, 27/11/97, ED, 179-14, caso 48.744; ídem, íd., 14/7/70, ED, 35-380, sum. 10; Juzg. Civ., Com. y Trab. San Cristobal, 301 9/93, JA, 2005-111-1460, sum. 55.

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blecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota alimentaria fijada mientras esa carga se encuentre incumplida. Recordemos que antes de este acogimiento legal de tales alimentos provisorios, variada jurisprudencia los había acogido. Pero, en cambio, la anterior legislación no preveía la posibilidad de que aún no estando acreditada dicha filiación, la madre reclamara alimentos provisorios para su hija. Sin embargo, cuando se trataba de hijos no reconocidos en forma voluntaria por el progenitor cuya filiación se reclamaba en el juicio correspondiente, pese al vacío legal imperante en nuestro país antes del nuevo Código, numerosa jurisprudencia hacía excepción de la acreditación fehaciente del vínculo para reputar procedente que se fijaran alimentos provisorios, siempre que dicho vínculo surja ((prima facie)) verosímil 54. En tal sentido, se había dicho 55 que aún cuando no se hubiere dictado la sentencia que declarara judicialmente la filiación, el hijo extramatrimonial podía reclamar alimentos si la paternidad del demandado aparecía «prima facie)) como verosímil. Se había resuelto 56 que procede fijar una cuota provisoria de alimentos durante el juicio de filiación hasta la sentencia, si ((prima facie)) resultaba justificado el carácter de hijo extramatrimonial mediante prueba testimonial, confesión ficta o expresa del demandado o documental.

54 CNCiv., Sala 1 , 7/9/04, LL, 2005-B-215; ídem, Sala €3, 30/6/81, Rep. ED, 17-112, sum. 158; ídem, Sala A, 17/12/84, LL, 1986-B-621, y Rep. LL, 1986116, sum. 23; ídem, íd., 27110188, LL, 1989-B-127, caso 87.279, LL, 1995-D853, sum. 112, y ED, 133-783, caso 41.727; ídem, íd., 15/5/95, LL, 1996-B732 (38.598-S);ídem, Sala E, 13/6/83, LL, 1984-A-463, Rep. ED, 18-112, sum. 35 y, Rep. LL, 1984-144, sum. 88; ídem, íd., 19/12/88, LL, 1989-C-384, y LL, 1995-0-850, sum. 78; ídem, Sala K, 3/2/03, LL, 2003-0-266; ídem, Sala H, 28/2/92, ED, 148-435, caso 44.485; ídem, Sala C, 27111/97, ED, 179-14, caso 48.744; CCiv. y Com. Morón, Sala li, 21/10/97, LLBA, 1998-399; Juzg. Civ., Com. y Trab. San Cristobal, 30/9/93, JA, 1996-II-síntesis,sum. 55, y JA, 2005111-1460, sum. 55; CCiv., Com., Minas, Paz y Trib., San Rafael, 13/6/07, LL Gran Cuyo, 2007-1086. 55 CNCiv., Sala D, 15/11/78, LL, 1979-A-362, y Rep. LL, 1979, 115, sum. 29. CCiv., Com. y Lab. Rafaela, 22/2/07, JA, 2007-62.

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En el marco de una acción de filiación extramatrimonial, se decidió 57 que corresponde fijar, con carácter cautelar, alimentos provisorios a cargo del demandado, pues se encontraba acreditada la verosimilitud del derecho invocado no sólo por la testimonial aportada, que demostró la existencia de relaciones sentimentales entre el demandado y la reclamante, sino también por la insistente negativa de aquél de acceder a la realización de pruebas biológicas a fin de establecer la identidad.filiatoria. La determinación de alimentos provisorios en beneficio de un menor, cuando se encontraba tramitando un juicio de filiación, había sido reconocida por mayoritaria jurisprudencia con carácter cautelar 58. Por lo tanto, para la prestación provisional de alimentos a un hijo extramatrimonial, para esta corriente jurisprudencia1 no era necesaria la declaración previa de ese carácter en un juicio ordinario 59. Por ello, si se contaba con los elementos probatorios que acreditaban ((prima facie)) el vínculo paterno filial, se admitía 60 que -al iniciar el correspondiente juicio de filiación- se solicitaran alimentos provisionales para regir durante su trámite. Al respecto, la jurisprudencia había establecido un criterio amplio 61 en cuanto a los medios probatorios aceptados con tal fin 62. El fundamento para admitir tal amplitud probatoria -con la finalidad de que se fijen los alimentos provisionales, cuando aún no estaba acreditado en forma fehaciente el vínculo- obedecía a la urgencia con que se reclamaban dichos alimentos 63. El otro requisito de admisibilidad que se exige en materia cautelar (peligro en la demora) se hallaba ínsito en la urgencia del reclamo y en 57

CCiv., Com. y Minería, San Juan, Sala 1, 18/4/08, LL Gran Cuyo, 2008-

803. STJ Entre Ríos, Sala II Civ. y Com., 15/6/05, ED, 221-517. CNCiv., Sala C, 29/4/88, ED, 135-750, caso 42.088, y JA, 1988-111-síntesis, sum. 2. 60 CApel. Civ. y Com. Concepción del Uruguay, 25/11/80, Rep. LL, 1981183, sum. 39. CNCiv., Sala C, 29/4/88, ED, 135-750, caso 42.088. 62 CApel. Civ. y Com. Concepción del Uruguay, 25/11/80, Rep. LL, 1981183, sum. 39. CCNiv., Sala E, 13/6/83, Rep. ED, 18-112, surn. 35; ídem, Sala K, 3/21 03, LL, 2003-D-266; Juzg. Civ., Com. y Trab. San Cristobal, 30/9/93, JA, 199611-síntesis, sum. 55. 59

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las consecuencias irreparables -para la integridad física y la salud del menor- que la falta de la prestación alimentaria podía ocasionar. Es que, de no otorgarse los alimentos provisorios hasta que la sentencia declarara la filiación, se podría causar un grave peligro en la vida del menor 64. En cuanto al tercer requisito de admisibilidad de las medidas cautelares (contracautela), entendimos que -cuando el reclamo alimentario se había interpuesto en forma conjunta o con posterioridad al inicio dei proceso de filiación extramatrimonial- no resultaba ser exigible, atento a lo establecido para los procesos de familia en general y para los alimentos en particular. Aunque, alguna jurisprudencia 65 admitió que el demandado podía solicitar contracautela a la accionante, cuando se reclamaban alimentos provisorios en el proceso por filiación. En otro orden, la particular situación en que estos alimentos eran fijados -sin que estuviera determinado el vínculo- hacía que los mismos contemplaran lo mínimo indispensable 66,sin que -a nuestro criterio- el alimentado pudiera objetar que no se cubren con ellos los mismos rubros que en el caso del hijo reconocido 67. Asimismo, dada esta particular situación en que se fijan los alimentos provisorios, autorizada doctrina 68 había expresado que, si la progenitora que reclamaba los alimentos para su hijo dilataba dolosamente el proceso de filiación, se podían suspender los alimentos. Como estos alimentos se encontraban ligados al juicio de filiación, " había que tener en cuenta el resultado del mismo. Al respecto, si la pretensión principal era acogida en forma favorable, el representante legal del menor podrá iniciar el proceso especial 64 En el mismo sentido: Gowland, Alberto J.: Alimentos provisorios en el juicio de filiación, ED, 148-437. 65 CCiv. y Com. Mar del Plata, Sala 2a, 23/9/99, JA, 2000-11-31 (de los considerandos del fallo). m CNCiv., Sala H, 28/2/92, ED, 148-435, caso 44.485; ídem, Sala C, 271 11/97, ED, 179-14, caso 48.744. 67 En contra: CCiv. y Com. Mar .del Plata, Sala 2a,23/9/99, JA, 2000-11-31 (de los considerandos del fallo). 68 Kemelmajer de Carlucci, Aída: Responsabilidad por falta de reconocimiento de la paternidadextramatrimonial, en Derecho de daños, Primera Parte, La Rocca, Buenos Aires, 1996, p. 678.

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contemplado en los arts. 638 y SS.del CPCCN con la finalidad de que se fijen los alimentos ((definitivos)), para lo cual podía valerse no sólo de las actuaciones del proceso de filiación, sino de otras probanzas que tendieran a cubrir esta vez todas sus necesidades -y no sólo las más imprescindibles- teniendo en cuenta las posibilidades del alimentante 69. Si la pretensión principal era rechazada, los alimentos provisorios fijados cesaban. Pero, en este último caso, su cese no significaba que el demandado tuviera derecho a repetirlos, salvo que se comprobara que la progenitora que los había reclamado hubiera obrado con dolo para lograr que se fijaren 70.

b) kpotección de la mujer embarazada En tanto, el art. 665 del nuevo Código, en el mismo supuesto (filiación extramatrimonial), nos dice que «la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada». Al respecto de este tema, cabe señalar que los alimentos provenientes del embarazo, se encuentran contemplados -dentro de la legislación iberoamericana- en los siguientes ordenamientos legales: Código Civil de España (art. 142); Código de Familia de El Salvador (art. 249); Código del Menor de Colombia (art. 133); Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay (arts. 9 y 97); Código de los Niños y Adolescentes de Perú (art. 92); Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Honduras (arts. 73 y 74); Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la República Dominicana (art. 130); Código de la Niñez y Juventud de Guatemala (art. 26, inc. c), Código de la Niñez y Adolescencia de Uruguay del 26/8/04 (art. 46). En nuestro país, diversas constituciones provinciales contemplan el derecho alimentario de la mujer embarazada. En ese mismo ámbito, también lo contemplan diversas leyes de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes. 69

Morello, Augusto M.: Juicios ..., cit., p. 265. Gowland, Alberto J.: Alimentos ..., cit., p. 438.

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Por su parte, la ley 26.061 reconoce -también, en el orden nacional- el derecho a los alimentos a la mujer embarazada (arts. 18 y 37, inc. c). Pero, esta legislación lo hace sólo respecto de la obligación subsidiaria que le incumbe al Estado. Siendo subsidiaria esa obligación del Estado, cabe considerar a quién se encuentra legitimada para reclamar de forma primigenia. Al respecto, la embarazada tiene un doble derecho a percibir: el que le pertenece al ser en gestación para recibirlo a través de aquella, y el que le compete a la madre por sí. En cuanto al primero, no se necesitará acreditar la necesidad en este supuesto, pues si bien los gastos de alimentación y de salud serán insumidos por la progenitora, ésta efectuará el reclamo para su hijo, y actuará en su representación. No obstante, si la madre efectúa el reclamo de alimentos por derecho propio, habrá que tener en cuenta que podrá reclamarlos al padre del concebido si la unión ha tenido origen en el matrimonio. ,41 respecto, hace algunos años, en un caso de hijos matrimoniales (que tuvo difusión por parte de la prensa escrita y oral) se acogió la medida cautelar por la cual se solicitaban alimentos provisorios a favor la cónyuge embarazada, incoada por ésta en representación del hijo por nacer 71. Pero, si el embarazo había sido producto de una unión de hecho o de una relación sexual sin convivencia, la embarazada no podía recla.mar alimentos para ella por derecho propio (atento a que, en tales situaciones, la vieja legislación no determinaba la obligación alimentaria del padre del hijo por nacer en relación con la madre). En tal caso, bajo la vigencia del anterior Código Civil, la embarazada que quería reclamar alimentos por sí, debía hacerlo a algún pariente obligado por ley, debiendo su necesidad y la imposibilidad de procurárselos por sus propios medios, conforme lo estipulaba el art. 370 del Código Civil vigente al 118115. En este sentido, la ley 26.061 había perdido la oportunidad de establecer la posibilidad de que la embarazada reclame alimentos por su propio derecho al padre del hijo no nacido, con independencia de que la

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TCol. Fam. no 5, Rosario, 6/8/08, LL Litoral, 2008-941.

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concepción se haya producido durante una unión de hecho o sin unión alguna. Por el contrario, como ya enunciamos, algunas legislaciones latinoamericanas facultan a la embarazada para reclamar alimentos para sí, sin importar el vínculo que tenían los progenitores. Así, el art. 249 del Código de Familia de El Salvador, dice. ((Definida la paternidad conforme lo establece este Código, toda mujer embarazada tiene derecho a exigir alimentos al padre de la criatura, durante todo el tiempo del embarazo y los tres meses siguientes al parto, incluidos los gastos del parto)). También, el Código de la Niñez y Adolescencia de Paraguay, estipula en su art. 97: «La mujer embarazada podrá reclamar alimentos al padre del hijo...)) En el mismo criterio, el art. 74 del Código de la Niñez y Adolescencia de Honduras: «La mujer grávida podrá reclamar alimentos al padre del niño que está por nacer)). Esta falencia en nuestra legislación, ya había sido señalada en una ponencia presentada en el Primer Encuentro Regional de Derecho de Familia en el Mercosur '*, por las Dras. Bigliardi, Lopes y Pietra. Por eso, en ella se proponía (de lege ferenda) que «la mujer embarazada podrá reclamar que el presunto padre de su hijo preste una pensión alimentaria hasta el nacimiento)). En consecuencia, vemos con gran beneplácito que el nuevo Código en su art. 665 establezca que la mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada, cualquiera sea la unión o circunstancia de que provenga su embarazo.

6)La doble

proteccibn actual

Por lo tanto, nos parece muy acertada esta doble protección alimentaria en la filiación extramatrimonial: por un lado al hijo extramatrimonial no reconocido y, por el otro, a la mujer embarazada producto de una unión o relación extramatrimonial. 72 Este encuentro, se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 23 al 25 de junio de 2005.

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Este es un gran avance que, en materia alimentaria, nos trae el nuevo Código.

$b 8. ~ L ~ M E N T OEN S LA TENENCIA ALTERNADA Determina el art. 666: «En el caso de cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado; si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida en ambos hogares. Los gastos comunes deben ser solventados por ambos progenitores, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 658)) 73. Si se estableció una tenencia alternada (o ((cuidado personal compartido en la modalidad alternada)), como la denomina este nuevo Código) del hijo menor de edad, este art. 666 resuelve que -en principiocada uno de los progenitores debe hacerse cargo de los alimentos del hijo cuando éste permanece bajo su cuidado, si es que ambos cuentan con recursos económicos equivalentes. Pero, asimismo, este art. 666 determina (en su segunda parte) que, si esos recursos de ambos progenitores no son equivalentes, podrá fijarse una cuota alimentaria a aquel que tiene mayores ingresos. Antaño, cierta jurisprudencia 7Qstableció que en el caso de que se haya dispuesto la tenencia alternada de la prole, no cabía fijar una cuota alimentaria en dinero para cualquiera de los progenitores, pues cada uno de éstos debía hacerse cargo de las erogaciones que derivaban de la manutención y cuidado de aquella durante el tiempo que permanezcan bajo su guarda. Compartimos el criterio contemplado por parte de esa jurispruden73 El art. 658 del nuevo Código, dice: ((Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo)). 74 CNCiv., Sala J, 29/11/96, LL, 1997-E-1078 (caso 12.089).

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cia citada, siempre que ambos progenitores cuenten con los ingresos suficientes para la manutención económica del menor. Es que, de contar ambos padres con los ingresos suficientes, la convivencia ((alternada)) con los hijos derivará en que los alimentos se presten en especie durante el período en que se encuentra bajo la guarda de cada uno y que, por lo tanto, no se fije una cuota dineraria. En tanto, si los recursos pecuniarios de ambos progenitores no son equivalentes, aquél que cuenta con mayores recursos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo «goce del mismo nivel de vida en ambos hogares)). Por ello, resulta acertado lo dispuesto en el art. 666 de la nueva normativa, ya que es la solución que se adapta a la realidad cuando se decreta o conviene lo que el nuevo Código denomina ((cuidado personal compartido en la modalidad alternada)). Establecido ello, cabe analizar cuál es el criterio a seguir en el caso de que la cuota hubiese sido fijada al progenitor que no convivía con sus hijos, y con posterioridad se estableciera la tenencia ((alternada)). El supuesto ha sido planteado y resuelto por la jurisprudencia 75, estableciéndose que si los menores pasan la mitad del tiempo con la madre y la mitad del tiempo con el padre, la cuota alimentaria oportunamente fijada debe cesar, debiendo cada progenitor abonar los gastos que el ejercicio compartido irrogue, siempre que los ingresos de ambos fueran equivalentes.

Reza el ari. 668: «Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso; además de lo previsto en el título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado». Este art. 668, de manera atinada, permite que se reclamen los alimentos para el hijo a los ascendientes y progenitores en un mismo proceso, debiéndose acreditar verosímilmente -en tal caso- las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado. 75

CNCiv., Sala F, 15/2/96, JA, 1997-lll-síntesis,sum. 39.

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Es decir, que se permite el reclamo en una misma acción tanto al padre como al abuelo, pero siempre que se acredite que no se podrán percibir estos alimentos del progenitor obligado en primer término. Es ésta la postura correcta que hemos sustentado basándonos en la Convencióri de los Derechos del Niño, pero sin olvidar el carácter subsidiario de la obligación alimentaria derivada del parentesco. Es la que determinó, hace poco tiempo atrás, el fallo de la CApel. Civ., Com., y Laboral Reconquista (Santa Fe), de fecha 12/4/2013. Hemos dicho que esta posición -que cabe calificar de intermediaexpresada por Solari 76 y jurisprudencia cada vez más numerosa 77,si bien es conteste con el carácter subsidiario de la obligación que le incumbe a los abuelos, a tenor de lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño tal subsidiariedad debe estar desprovista de la exigencia de formalidades que desnaturalicen esa obligación. Al respecto, dice textualmente el profesor Solari 78: «En otras palabras, sin perjuicio de la observancia del orden de los obligados a la prestación alimentaria, debe evitarse el rigorismo formal, en cuanto a las pruebas y exigencias, para dar lugar al aspecto sustancial y primordial de la cuestión: las necesidades básicas del menor)). Por ello, sostiene esta postura -que acompañamos- que no cabe exigir que se agoten una serie de actos procesales, si las propias circunstancias del caso demuestran que serían inútiles, bastando con arri76 Solari, Néstor E.: Obligación alimentaria de los abuelos, en Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Abeledo-Perrot, " Buenos Aires, 1998, no 14, pp. 241 y SS. 77 CNCiv., Sala G, 27/9/82, LL, 1983-B-289, ED, 101-635 y Rep. LL, 1983161, sum. 142; ídem, íd., 7/11/95, LL, 1996-B-202; ídem, Sala £3, 7/2/86, ED, 118-433 y Rep. ED, 20-A-195, sum. 159; ídem, Sala C, 20111/97, LL, 1999-C802 (caso 13.995) y ED, 176-56; ídem, Sala D, 10/5/96, JA, 1997-11-42; STJ Corrientes, 10112/07, publicado en Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, no40, pp. 220-223 (con nuestra nota aprobatoria); CApel. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 7/12/89, LL, 1995-D-854,sum. 116 y DJ, 1990-1-701; CApel. Concepción del Uruguay, 2110102, LL Litoral, 2003-1096; CCiv., Com. y Min. San Juan, Sala 3a, 26/4/2007, LL Gran Cuyo, LL Gran Cuyo, 2007-669, y Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, no 40, pp. 215-220 (con nuestra nota aprobatoria); CCiv. y Corn. Junín, 16/12/08, LL Buenos Aires, 2009-597 (con nuestra nota aprobatoria). 78 Solari, Néstor E.: Obligación..., cit., p. 244.

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mar elementos a la causa que lleven a la convicción del juez, de que no existe otro remedio que hacer efectiva la obligación alimentaria que atañe a los abuelos 79. En ese orden, jurisprudencia provincial 80 señala el carácter subsidiario de la obligación alimentaria que les incumbe a los abuelos, pero no exige al progenitor -que, en ,representación de su hijo menor de edad, reclama alimentos a los abuelos- que agote una serie de requisitos formales si las circunstancias del caso revelan que son inútiles, bastando para hacer procedente tal reclamo el hecho del incumplimiento del principal obligado (el progenitor no conviviente con el menor). Compartimos la opinión de esta posición, pues sin desconocer la subsidiariedad establecida en el anterior y en el nuevo Cód. Civil, también, hace lugar a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño. Es que, si bien el inc. 2' del art. 27 de la citada Convención estipula que a los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad de proporcionar -dentro de sus posibilidades económicas- las condiciones de vida que se reputen como necesarias para el desarrollo integral del niño, con ello no se establece que la obligación alimentaria de los abuelos -respecto de sus nietos menores de edadsea simultánea con la que les corresponde a sus progenitores. Aclarado ésto, sin embargo, se deberá evitar que las formalidades procesales exacerbadas hagan que la obligación que les incumbe a los abuelos se diluya o, al menos, no se cumpla con la urgencia que las necesidades alimentarias requieren 81, sobre todo cuando de menores se trata. Por ello, estimamos que no se deberá exigir al progenitor que reclama a los abuelos los alimentos para sus hijos menores, iniciar un incidente de ejecución contra el progenitor no conviviente con los hijos, 79 Solari, Néstor E.: Obligación...cit., p. 245; CNCiv., Sala G, 27/9/82, LL, 1983-B-289, ED, 101-635 y Rep. LL, 1983-161, sum. 142; ídem, íd., 7111/95, LL, 1996-B-202; CApel. Concepción del Uruguay, 2110102, LL Litoral, 20031097 (de los Considerandos del fallo). *O CCiv., Com. y Min. San Juan, Sala 3a, 26/4/2007, LL Gran Cuyo, 2007669, y Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, no40, pp. 215-220 (con nuestra nota aprobatoria); CCiv. y Com. Junín, 16112108, JA, 2009-1-29. CCiv. y Com. Azul, Sala 11, 3014109, ED, 234-331.

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cuando las circunstancias del caso indican que ello estará condenado al fracaso 82. Al respecto, un fallo provincial bastante reciente 83 estableció: «Resulta improcedente exigir a la madre que reclama a los abuelos paternos alimentos para sus hijos menores que inicie previamente un incidente de ejecución contra el progenitor alimentante, si surge acreditado que éste carece de recursos suficientes como para cumplir con la condena allí impuesta)). Siguiendo tal criterio, alguna jurisprudencia 84 estableció que correspondía hacer lugar a la demanda de alimentos interpuesta contra los abuelos, ante la ausencia de nuestro país del progenitor obligado al pago de los alimentos a los menores, por considerar que la naturaleza asistencia1 de la acción y la posible falta de recursos de aquellos para perseguir en el extranjero al principal obligado, llevaba a concluir que un mayor rigorismo en la admisión de tal pretensión podría conculcar el ejercicio del derecho de los menores. igualmente, otro fallo 85 decretó que: «El hecho que el padre de la menor se encuentra domiciliado en el extranjero, es suficiente para demostrar la imposibilidad de obtener el cumplimiento de la obligación alimentaria por su parte, pues no se le puede exigir a la actora que libre un exhorto diplomático para notificarle tal requerimiento, cuando se sabe a ciencia cierta que ésta debido a los exiguos recursos con que cuenta, no está en condiciones de soportar dicha erogación. Por lo demás, ello colocaría a la menor en una situación mucho más apremiante)). En similar sentido, un fallo provincial 86 (que ha merecido nuestro comentario aprobatorio) 87 sin obviar el carácter subsidiario de la obligación alimentaria derivada del parentesco, admite la pretensión aliEn el mismo sentido: CCiv. y Com. Junín, 16/12/08, JA, 2009-1-29; CJ Salta, 7/7/08, LL Noroeste, 2008-1065. 83 CCiv. y Corn. Azul, Sala 11, 30/4/09, Revista de Derecho de Familia y de las Personas, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2010, año 2, número 1, p. 43, y LL Buenos Aires, 2009-537. 84 CNCiv., Sala B, 7/2/86, ED, 118-433 y Rep. ED, 20-A-195, sum. 159. 85 CNCiv., Sala B, 3/11/77, ED, 78-29 y Rep. LL, 1978-113, sum. 116. STJ Corrientes, 10112/07, Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, no40, PP. 220-223. 97 Beiluscio, Claudio A.: Dos fallos provinciales que conjugan, de forma acertada, las normas del Código Civil y de la Convención sobre los Derechos

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mentaria contra los abuelos por estar viviendo en Suiza el principal obligado e incumplir con su obligación alimentaria. Asimismo, dentro de la posición que compartimos, se ha señalado 88 que los alimentos correspondientes a los menores pueden ser reclamados a los abuelos, si el progenitor obligado al pago de los mismos ha efectuado una serie de maniobras que lo ponen a cubierto de toda medida de ejecución, no teniendo bienes registrables a su nombre, cediendo los adquiridos por herencia, desarrollando actividades que le reporten ingresos pero en forma autónoma (es decir, sin relación de dependencia). También, la jurisprudencia ha entendido que el reclamo contra los abuelos resulta procedente, cuando el progenitor alimentante denunció en las actuaciones judiciales que se decretó su quiebra 89,ha sido inhibido 90,o fue declarada judicialmente su insolvencia 91. Un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación 92 adopta esta postura, pues, ante la ineficacia de la ejecución de alimentos contra el padre (por no tener éste trabajo fijo ni bienes), el Máximo Tribunal considera inadecuado que se exija a la madre el cumplimiento de otros pasos procesales, a fin de considerar expedita la vía para reclamar el pago de los alimentos al abuelo paterno. En tanto, el posterior fallo de la CApel. Civ. y Com. de Junín 93,se alinea con la postura que consideramos acertada en este tema. En efecto, la sentencia emanada de este Tribunal provincial, sin dejar de desconocer el carácter subsidiario de la obligación alimentaria

del Niño referidas a l derecho alimenfario de los menores de edad, en Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia,Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, no40, pp. 223-230. CApel. Civ. y Com. Trenque Lauquen, 7/12/89, LL, 1995-D-854, sum. 116 y DJ, 1990-1-701. 89 CNCiv., Sala C, 20/11/97, LL, 1999-C-802 (caso 13.995) y ED, 176-561. 90 CNCiv., Sala D, 10/5/96, JA, 1997-11-42. CCiv. 2ade la Capital, JA, 1943-IV-401. 92 CSJN, 15/11/05, LL, 2005-F-479, LL, 2006-A-367 y 605, ED, 216-192, JA, 2005-IV-62, JA, 2006-1-20, y Derecho de Familia. Revista Interdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Lexis NexisIAbeledo-Perrot,BuenosAires, 2006, no2006-11, pp. 17-21. 93 CApel. Civ. y Com. Junín, 16/12/08, DJ, del 8/7/09, y LL Buenos Aires, año 16lnúmero 6ljulio de 2009, p. 597 (con nuestra nota aprobatoria).

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que les incumbe a los abuelos, aplica -de manera acertada- los postulados de la Convención de los Derechos del Niño. Así, ante el incumplimiento reiterado del progenitor que tenía a su cargo el pago de la cuota alimentaria fijada para los hijos menores de edad, y ante la imposibilidad de la madre de obtener el pago de la cuota pese a sus reiterados reclamos -que se traslucen en diversas presentaciones efectuadas en las distintas etapas del proceso-, la Alzada entiende que están dadas las circunstancias fácticas que habilitan el traslado de la obligación alimentaria en cabeza de la abuela paterna. Concordamos con el criterio adoptado por este Tribunal, por cuanto la progenitora reclamante había intentado el cobro de la cuota alimentaria a través de distintos actos procesales. En ese sentido, solicitó que se coloque nota de embargo sobre los derechos y acciones que correspondían al alimentante en la sucesión de su padre, el cual -conforme se desprende de los Considerandosfínalmente no fue efectivizado. También, la actora requirió al «a aquo» que se librara oficio al Consejo Escolar de Chacabuco, a fin de que se retuvieran los haberes de alimentante (a raíz de sus reiterados incumplimientos), lo cual fue denegado porque, según el juez de primera instancia, no era la vía idónea para ello. Por lo tanto, a nuestro entender, la madre había cumplido ciertos pasos procesales tendientes a lograr el pago de la cuota fijada al principal obligado y no era justo exigirle otros, atento al fracaso de los que ya había intentado. Por otra parte, la aplicación práctica de esta postura intermedia a la cual adherimos y que -afortunadamente- adopta el nuevo Código vigente a partir del 1/8/15, estará dada en acoger de manera favorable -en sede judicial- el reclamo contra los abuelos, cuando en la misma acción se pruebe en forma fehaciente que el progenitor no conviviente con los menores carece de medios para cumplir con la obligación alimentaría y que, por el contrario, los abuelos la pueden cumplir. Ello, ha sido acertadamente receptado por jurisprudencia provincial 94. En ese sentido, hace un tiempo atrás, un fallo provincial 95 había dicho que ((correspondedar curso a la demanda conjunta de alimentos 94 35

CCiv. 2a,Com. y Minería San Juan, 7/3/84, Rep. JA, 1984-74, sum. 12. CCiv. Neuquén, Sala III, 18/4/06, LL Patagonía, 2006-637.

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incoada por la actora contra el progenitor de su hijo y los abuelos paternos de éste, en aras al interés superior de los niños receptado por la Constitución Nacional, si de las constancias de la causa surge preliminarmente la dificultad de ambos progenitores para afrontar cabalmente las necesidades de su hijo, quien padece una enfermedad que requiere un constante seguimiento médico)).

5 10. RETROACTIVIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA QUE ESTABLECE LOS ALIMENTOS

En ambos temas, la nueva legislación repite en sus arts. 669 y 670 lo que establece para los parientes en los arts. 548 y 553, mereciendo los mismos comentarios que hicimos oportunamente al tratar los alimentos entre los parientes en el Capítulo III.

El art. 669, dispone: «Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda dentro de los seis meses de la interpelación. Por el período anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente)). Cabe destacar que en la parte final del art. 669 (relativo a la retroactividad de la sentencia de alimentos), dispone que «por el período anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente)). Es decir, que la madre que reclama los alimentos en nombre del hijo, tendrá derecho a reclamar los alimentos prestados a éste, con anterioridad al momento en que la primera parte del art. 669 los retrotrae. Ello, es un gran avance e innovación respecto a la legislación anterior. Sin embargo, a nuestro criterio tal retroactividad más allá del momento en que lo permite el art. 669 estará limitada por la prescripcicín quinquenal que rige en materia de alimentos.

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Por lo tanto, seguirá, pese a lo que establece el art. 669 del nuevo Código, la contradicción de las normas legales, en lo que se refiere a los alimentos debidos a los hijos menores de edad, y a la cual ya hemos hecho referencia hace bastante tiempo atrás 96. En ese sentido, habíamos señalado que, cuando se trata de los alimentos debidos a los hijos menores de edad (ya sean éstos matrimoniales o extramatrimoniales), existe una verdadera contradicción entre lo que dispone el código de rito nacional (al igual que los provinciales), la norma de fondo (nuestro Código Civil) y la legislación de jerarquía constitucional (Convención de los Derechos del Niño), debiendo prevalecer estas últimas sobre la primera.

En tantc, el art. 670 dice: «Las disposiciones de este Código relativas al incumplimiento de los alimentos entre parientes son aplicables a los alimentos entre padres e hijos)). En cuanto al incumplimiento de la cuota alimentaria, tratándose de los hijos esta nueva normativa reitera que «el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia». Dentro de estas medidas el juez podría no permitir la salida del país a quien deba cuotas alimentarias, hasta tanto las regularice. Es lo que hizo, hace un tiempo atrás, el Trib. Col. no5 de Rosario, si bien, pero con basamento en los arts. 2, 3 y 5 de la Convención de los Derechos del Niño. A partir del 01108115, ese tribunal podrá basarse, para determinar esa misma medida, en lo que establece el art. 670. A l . EL CONYUGE O CONVIVIENTE RESPECTO DE LOS HIJOS DEL OTRO Al respecto, el art. 676 expresa que «la obligaci6n alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, tiene carácter subsidiario)). 96 Belluscio, Claudio A.: Un fallo que aplica los principios de favor alimentorum y del favor minoris, en Derecho de Familia. Revista Interdiscipli-

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La obligación subsidiaria del cónyuge con respecto a los hijos del otro, no constituye innovación alguna ya que se desprende del parentesco por afinidad, tal como vimos en el Capítulo III de la presente obra, ya fuera en la legislación anterior como en la nueva. Pero, en lo que se innova es en lo que respecta al conviviente respecto de los hijos del otro, ya que en el articulado que trata sobre los alimentos, en el anterior Cód. Civil no se encontraba obligado el conviviente respecto de los hijos del otro. Agrega, este art. 676 del nuevo Código que -en principio- cesa la obligación alimentaria de esas personas, en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la unión convivencial. Conforme con esta norma de la nueva legislación, el Trib. Coleg. de Familia no 5 de Rosario un fallo, de fecha 10/5/12, impuso una cuota alimentaria al ex cónyuge de la adoptante, por considerarlo como «padre solidario». En esta misma orientación, se ubicó el fallo de la CCiv. Com. y Contencioso Administrativo, San Francisco (Córdoba), de fecha 1311212012, que hizo lugar al derecho de un menor de recibir alimentos de quien, sin ser su padre biológico, ha reconocido haberse comportado como tal a lo largo de varios años.

$a d2. CONTINUIDAD DEL DEBER ALIMENTARIO,

DURANTE LA PRIVACIÓN Y

LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE <
Con atinado criterio, la reforma manifiesta en su art. 704, que «los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante la privación y suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental». En consecuencia, se despeja -de forma definitiva- la incertidumbre que existía al respecto, ya que ahora no cabe duda alguna que decretada la suspensión o la privación de la patria potestad, el deber alimentario de los progenitores sigue subsistiendo respecto de los hijos. Aun antes de la sanción del nuevo Código, era conforme tanto la doctrina 97 como la legislación (art. 13 de la ley 10.903) 98 en señalar naria de Doctrina y Jurisprudencia, Lexis NexisIAbeledo-Perrot, Buenos Aires, 2005, no2005-1, p. 221 y SS. 97Azpiri,Jorge O.: Juicios...cit., p. 286; Belluscio,Augusto C.: Manual...cit., tomo II, p. 308. 98 Igual solución adopta el art. 603 del Proyecto de Unificación de 1998.

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que dicho deber alimentario seguía subsistiendo a pesar de la pérdida de la patria potestad. Es que -como ya hemos manifestado en otra oportunidad 99- en caso de que no fuera de ese modo, con dicha sanción se estaría liberando de su obligación al progenitor que tiene a su cargo el pago de la cuota y, por lo tanto, castigando al hijo. Dicho criterio alcanza a los condenados a quienes se les aplicaron las interdicciones civiles que establece el art. 12 del Cód. Penal 'O0. Al respecto, se ha dicho 'O1 que: no es aceptable que el alimentante pretenda eludir su obligación alimentaria para con su hijo menor, invocando circunstancias enteramente personales y -por cierto- lamentables, como es la de encontrarse procesado criminalmente.

9 13. HIJOQUE SE ENCUENTRA EN EL EXTERIOR O ALEJADO DE SUS PROGENITORES

Determina el art. 667: «El hijo que no convive con sus progenitores, que se encuentra en un país extranjero o en un lugar alejado dentro de la República, y tenga necesidad de recursos para su alimentación u otros rubros urgentes, puede ser autorizado por el juez del lugar o por la representación diplomática de la República, según el caso, para contraer deudas que satisfagan sus necesidades. Si es adolescente no necesita autorización alguna; sólo el asentimiento del adulto responsable, de conformidad con la legislación aplicable)). Este artículo contempla un supuesto muy especial, para cuando el hijo menor de edad se encuentre fuera del país, o dentro del país pero alejado de sus padres. Si el menor de edad no es adolescente deberá ser autorizado por el juez del lugar o por la representación diplomática, según sea el caso, para contraer deudas con la finalidad de cubrir sus necesidades alimentarias. En tanto, que si el menor es un adolescente ya no precisa esa auBelluscio, Claudio A.: Incumplímiento... , cit., p. 102. Caimmi, Luis A., y Desimone, Guillermo P.: Los delitos..., cit., p. 79. Io1 CNCiv., Sala D, 18/12/80, ED, 92-862 y Rep. ED, 15-69, sum. 17. 99

Io0

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torización, con igual finalidad, sino sólo el asentimiento del adulto responsable de su cuidado personal. Este art. 667 tiene una similitud, en cuanto a la situación fáctica contemplada, con el art. 269 de la anterior normativa lo*.

a) Padicipación en el proceso de niños, niñas y adolescentes El art. 707, decreta: «Las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso)). Este artículo se refiere al derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos en todos los procesos que los afecten directamente (entre los cuales se encuentra el de alimentos), si cuentan con un grado de madurez suficiente para formarse un juicio propio. Asimismo, se establece -con muy buen criterio y conforme a lo establecido en la ley 26.061- que deberán ser oídos por el juez en forma personal.

b) Competencia Estipula el art. 716 que en los procesos i-elativos a niños, niñas y adolescentes referidos a alimentos (entre otras cuestiones), es competente el juez del «lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida)). Somos contestes con el criterio adoptado, ya que se elimina la competencia múltiple que difiere según los distintos procesos de familia. Por otra parte, es el criterio que viene siguiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace varios años Io3,ya que unifica la 'O2 El art. 269 del anterior Código Civil, decía: «Si el menor de edad se hallare en urgente necesidad, que no pudiere ser atendido por sus padres, los suministros indispensables que se efectuaren se juzgarán hechos con autorización de ellos)). 'O3 CS, 20/2/01, LL, 2001 -D-691; CS, 20/2/01, JA, 2002-1-138.

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competencia -tratándose de menores de edad- en el domicilio que habitan en ese momento, aplicando tal postura a diferentes procesos de familia. Pero, esta decisión de unificar la competencia en el lugar donde se encuentre «el centro de vida del menor)) (conforme al art. 716) va a traer complicaciones cuando se trate de traslados ilícitos convalidados fácticamente. En estas situaciones, ¿cuál será el centro de vida del menor? ¿En el que se encuentra ilegalmente por muchos años o el anterior, aunque este último haya sido por menor tiempo? Es evidente que, no se podrá convalidar judicialmente ese traslado ilícito decretando la competencia del juez del lugar donde el menor tiene su centro de vida, pero al que ha sido trasladado en forma ilícita.

c) Facultad del juez de decretar 10s alimentos provisionales

Un notable avance en los alimentos debidos a los hijos, es lo que dispone el art. 721, inc. d), del nuevo Código bajo análisis. El art. 721 establece que: ((Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. Puede especialmente: a) determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, previo inventario, qué bienes retira el cónyuge que deja el inmueble; b) si corresponde, establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte de uno de los cónyuges; c) ordenar la entrega de los objetos de uso personal; d) disponer un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos conforme con lo establecido en el Título VI1 de este Libro; e) determinar los alimentos que solicite el cónyuge teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 433". Conforme este inciso d), el juez puede decretar de oficio un régimen de alimentos provisionales (como los denomina este nuevo Código) para los hijos.

ALIMENTOS DEBIDOS A LOS HIJOS

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Recordemos, al respecto, que en nuestra antigua legislación (a diferencia de alguna otra, como la chilena), el juez sólo puede decretar los alimentos provisorios a pedido de parte o de su representante legal (en el caso de los menores de edad). Por lo tanto, lo dispuesto por el art. 721, inc. d), merece nuestro beneplácito.

Capítulo V LAACTUALIZACIÓN DE LA CUOTAALlMENTARlA

4 . LAACTUALIZACIÓN MONETARIA DE LAS DEUDAS DlNERARlAS EN LA NUEVA LEGISLACI~N

Respecto de la actualización de las deudas dinerarias, el nuevo Código determina lo siguiente: ((Artículo 765. Concepto. La obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantildades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal, de conformidad con la cotización oficial)). ((Artículo 766. Obligación del deudor. El deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada)). ((Artículo 772. Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección)). Como podemos apreciar, la normativa transcripta mantiene el sistema nominalista enarbolado por la ley de Convertibilidad 23.928 y por la ley de Emergencia Económica 25.561 (y sus similares que la prorrogaron), en cuanto a que quien tiene una deuda dineraria deberá devolver la misma cantidad, y en la misma especie, más allá de la aplicación de los intereses que estipulan los arts. 767, 768 y 769 de esta nueva legislación. Respecto de esto último, el art. 767 expresa:

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CLAUDIO A. BELLUSCIO

«La obligación puede llevar intereses y son válidos los que se han convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fue acordada por las partes, ni por las leyes, ni resulta de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces». En tanto, el art. 768 reza: «A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina: a) por lo que acuerden las partes; b) por lo que dispongan las leyes especiales; c) en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central». Por último, en cuanto a los intereses aplicables a las deudas dinerarias, el art. 769 determina: «Los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal)). Pero, más allá de la posibilidad de aplicar estos intereses, el nuevo Codigo sujeta las deudas dinerarias al valor en que hayan sido convenidas primigeniamente por las partes, sin posibilidad de actualización alguna conforme a la evolución del costo de vida o de ciertos índices indexatorios de esa deuda (de conformidad con lo que establecieron las leyes 23.928 y 25.561). Esta postura, claramente nominalista, con que está impregnado el nuevo Código Civil, contrasta -de forma muy notable- con la alta inflación que sufre nuestra economía en el presente, lo que hace aún más "grave sostener esta prohibición de actualizar las deudas hoy en día, que cuando se implementó mediante las leyes 23.928 y 25.561.

\% 2. LAACTPIIALIZACI~NDE LA CUOTA ALIMEMTARIA Recorriendo el articulado del nuevo Código en lo referido a los alimentos, en sus distintas fuentes, no observamos mención alguna respecto de la posibilidad de actualizar los alimentos. Por lo cual, con tal finalidad, el alimentado va a tener que interponer el incidente por aumento de la cuota alimentaria, como se hace habitualmente con basamento en el aumento del costo de vida. Más allá de ello, cabe destacar que este nuevo Código admite en forma explícita el pago de la deuda alimentaria en especie en sus arts.

ACTUALIZACIÓN DE LA CUOTA ALIMENTARIA

1 145

542 y 659, siendo que esta forma de abonar la cuota alimentaria implica -aunque, en forma indirecta- la actualización de dicha cuota. En ese sentido, el art. 542 determina en s u parte pertinente: «La prestación s e cumple mediante el pago de una renta en dinero, pero el obligado puede solicitar que s e lo autorice a solventarla de otra manera, si justifica motivos suficientes)). Sin lugar a dudas, cuando s e dice que «el obligado puede solicitar que s e lo autorice a solventarla de otra manera», s e está refiriendo a la posibilidad de cumplir con su obligación en especie. En tanto, el art. 659 del Código que venimos siguiendo resuelve, en cuanto a los alimentos debidos a los hijos menores de edad: «La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado~. Podemos observar que en el art. 659 -y a diferencia del art. 542- el pago de la cuota en especie s e establece de forma explícita. Más allá, que con el pago en especie s e configure una actualización -si bien, de forma indirecta- de aquellos rubros de la cuota alimentaria que se han establecido de esta manera, en realidad, el Código precitado debería contemplar la posibilidad de actualización directa de la cuota alimentaria. Sobre todo en lo referido a los menores de edad, a fin de evitar una confrontación con los postulados establecidos en la Convención de los Derechos del Niño. Al respecto, recordemos que cierta jurisprudencia ya ha señalado la inconstitucionalidad de los preceptos legales que prohíben actualizar de forma directa- la cuota alimentaria debida a los menores de edad. En ese mismo sentido, la Dra. Mattera en s u voto en minoría, en u n fallo de la Alzada ', señaló: «Estimo que la aplicación del plenario de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de fecha 281211995, dictado en autos «D., B. de Q., L. del V. c. Q., C. E.» resulta en la

CNCiv., Sala J , 12/11/09, EDFA on line, 24/02/10, no 6.

1141.6 1 CLAUDIO A. BELLUSCIO

actualidad violatorio del bloque normativo constitucional ... Estamos poniendo a las personas más vulnerables en la necesidad de transitar un proceso judicial de duración incierta para lograr un ajuste en la cuota destinada a satisfacer sus necesidades inmediatas, cuando es un hecho notorio el aumento en los precios de los productos que componen la canasta familiar y demás prestaciones incluidas en el amplio concepto de ((alimentos))... El art. 27 de la CDN reconoce el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (inc. l), y pone en cabeza de los padres u otras personas encargadas del niño la responsabilidad primordial de cubrir dichas necesidades (inc. 2), imponiendo además al Estado la adopción de las medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a ese derecho (inc. 3) y para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño (inc. 4). Estas disposiciones, inmediatamente operativas, no pueden de ningún modo conjugarse armónicamente con una norma legal que presupone una estabilidad de precios hoy inexistente, ni con el plenario específico dictado en su consecuencia hace más de una década)). Resulta destacable el voto en minoría de la Dra. Mattera, pues introduce el bloque constitucional de la Convención de los Derechos del Niño (específicamente, su art. 27) para fundamentar el ajuste automático de la cuota alimentaria que les corresponde a los menores de edad, a raíz de los cada vez más constantes aumentos de precios de los sproductosque componen la canasta familiar y de los servicios imprescindibles para el desarrollo del hijo menor de edad (salud, educación, esparcimiento y transporte). En consonancia con esta opinión, un fallo -más reciente- determinó que «si bien! por imperio de la ley 23.928, se mantiene la prohibición de actualizar, la cuestión de alimentos debe tener un tratamiento más prudente respecto de la aplicación de dicha normativa. Ello así, si un progenitor -en su rol de alimentante- resuelve voluntariamente reconocer una actualización de la cuota por entender que es una forma de preservar el poder adquisitivo de la misma y responde al interés superior del menor, ello no es ilegal, por cuanto está en juego el interés CApel. Civ., Com. y Lab. Rafaela, 21/11/13, Rubinzalo~?line, Boletín del 11/2/14.

ACTUALIZACIÓN DE LA CUOTA ALlMENTARlA

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superior del menor que manda arbitrar todos los medios para su protección, y porque estas cuestiones no obstruyen el objetivo que tuvo la ley 23.928 al momento de su dictado, que fue frenar un importante proceso inflacionario». Compartimos el criterio de este destacado fallo provincial 3, en cuanto -tratándose de los alimentos debidos a los menores de edad- hace prevalecer el interés superior del niño consagrado en una norma de raigambre constitucional, como es la Convención sobre los Derechos del Niño (art,. 3"), por sobre una legislación interna (leyes 23.928,25.561 y sus actualizaciones). Por ello, consideramos que en lo referido a los alimentos debidos a los menores de edad la prohibición de actualizar de forma directa la cuota alimentaria, resulta ser inconstitucional a tenor de los arts. 3 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordemos que el art. 3" de esa Convención, expresa: «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.. . Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas)). En tanto, el art. 27 de la precitada Convención, determina: «Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.. . A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño.. . Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecCApel. Civ., Com. y Lab. Rafaela, 21/11/13, Rubinzalon line, Boletín del

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to a la nutrición, el vestuario y la vivienda ... Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados». Ahondando este corriente de pensamiento, se ha considerado que se trata de una inconstitucionalidad sobreviniente. Así, lo ha señalado -con acierto- un fallo provincial al decir que ((debido a que estamos inmersos en un proceso inflacionario en crecimiento, la cuota alimentaria no puede mantenerse sin actualizar y una pretensión en tal sentido deviene inconstitucional; por lo tanto, resultan inaplicables las disposiciones de la ley 23.928 con sus modificaciones introducidas por la ley 25.561 y el plenario del 28/2/95 porque, dadas las circunstancias posteriores a estas normas, se configura una inconstitucionalidad sobreviviente respecto de la prohibición de fijación de pautas de reajuste automático en materia alimentaria, se trate de una determinación por sentencia o por convenio, al producir también un resultado claramente disfuncional y perjudicial para el interés de los menores». Otro fallo provincial 4, de la misma época y en el mismo supuesto (convenio por el cual el progenitor alimentante acepta la actualización de la cuota, en este caso, conforme la aplicación del porcentaje del aumento de costo de vida que emana del INDEC), explícitamente declara la inconstitucionalidad de la normativa vigente que prohíbe la actualización de la cuota alimentaria de forma directa o automática. Este destacable fallo 5, establece: ((Los fundamentos que he enunciado en los acápites que anteceden me conducen a sostener que en la actualidad las normas contenidas en los arts. 7 y 10 de la ley 23.928, a partir de la reforma introducida por la ley 25.561, resultan inconstitucionales. En efecto, la prohibición de JFamilia no 6, Mar del Plata, 30/9113, sentencia firme. JFamilia no 6, Mar del Plata, 3019113, sentencia firme.

ACTUALIZACIÓN DE LA CUOTA ALIMENTARIA

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actualización allí contenida con respecto a las obligaciones alimentarias, contraría la esencia de las mismas, en tanto ellas deben comprender y asegurar eficazmente la satisfacción de las necesidades del hijo hasta los 21 años de edad (art. 265 y concs. del C.C.))). ((Asimismo, dichas previsiones normativas en tanto prohíben el convenio de partes que contenga cláusula de estabilización, contrarían el correcto ejercicio de la responsabilidad parental (aica. 264 y concs. del C.C.; art.. 7 y concs. de la ley 26.061; arts. 18 y 27 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño))). «Además, la prohibición de cláusulas de actualización respecto de las obligaciones alimentarias, viola el principio de la igualdad ante la ley contenido en los arts. 16 de la Constitución Nacional; art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional; arts. 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 24 del Pacto de San José de Costa Rica; art. 2 párrafo 1 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño; etc.D. «En consecuencia, entiendo que corresponde declarar la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 1O de la ley 23928, de acuerdo a la redacción establecida por el art. 4 de la ley 25561, respecto de las obligaciones alimentarias)). Siendo tan explícita esta declaración de inconstitucionalidad y tan bien fundado el fallo precitado, ninguna duda cabe al respecto. Por lo cual, este fallo será de cita obligatoria si intentamos una petición de inconstitucionalidad de la normativa que prohíbe la actualización directa de la cuota alimentaria. Pero, esta «inconstitucionalidad sobreviniente)) no sería sólo aplicable a la legislación que nos sigue rigiendo (y que es sucesora de las leyes 23.928 y 25.561) sino también al fallo plenario de la CNCiv., de fecha 28/2/95. Es que como expresa, con notable acierto, el ilustre doctrinario Osvaldo O. Álvarez «el propio Máximo Tribunal de Justicia de la Nación admitió la eventual revisión de la doctrina que emana de los fallos plenarios dado que, en última instancia, nada impide a los particulares

Álvarez, Osvaldo O.: Actualización de la cuota alimentaria a favor de los hijos, ED, 240-699. CS. Fallos: 315-1862, citado por Álvarez, Osvaldo O.: Actualización... cit., p. 699.

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cuestionar el acierto de tal abarcativa interpretación por las vías pertinentes)). Agrega el doctrinario precitado ((Bajo ese orden de miras, tomando en consideración las circunstancias posteriores tanto a la promulgación de la normativa citada como al dictado del fallo de marras, se añade que resultaría de toda evidencia la configuración de una rotulada inconstitucionalidad sobrevinienteen materia alimentaria, irrogando, además, un resultado claramente disfuncional y perjudicial para el interés de los menores)). Más aun, esta inconstitucioi7alidadse patentiza cuando, tratándose de los alimentos debidos a los hijos menores de edad, es el propio progenitor el que voluntariamente acuerda que la cuota alimentaria sea actualizada, como se ha señalado en un señero fallo provincial 9.

Áivarez, Osvaldo O.: Actualización... cit., p. 699. CApel. Civ., Com. y Lab., Rafaela, 21/11/13, Rubinzal on line, Boletín diario del 11/2/14.

Capitulo $81 CUESTIONES PROCESALES

Trataremos, a continuación, aquella normativa inserta en el nuevo Código que conforma el bloque procesal en materia de familia y que está relacionada con los alimentos.

S d.

PRINCIPIOS GENERALES EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS

Se desprende del art. 706 que en el proceso de alimentos (como en todo otro proceso de familia) se deberán respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente.

e) 2. TR~MITE DEL PROCESO POR ALIMENTOS El art. 543 determina que el juicio de alimentos deberá tramitar por el proceso más breve que establezca la ley local, y no se acumulará a otra pretensión. Al respecto, dice explícitamente el art. 543: «La petición de alimentos tramita por el proceso más breve que establezca la ley local, y no se acumula a otra pretensión)). Algo muy similar a lo que expresaba el art. 375 del antiguo Cód. Civil l , pero con mayor precisión porque allí se hablaba del procedimiento sumario y en el art. 543 del nuevo Código se menciona al proceso más breve. Decía el art. 375 del anterior Código Civil: «El procedimiento en la acción de alimentos, será sumario, y no se acumulará a otra acción que deba tener un procedimiento ordinario; y desde el principio de la causa o en el curso de

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5 3. IRITERESSUPERIOR DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES El inc. c) del art. 706 establece que la decisió,n que se dicte en un proceso (para el caso, de alimentos) en que están involucrados niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta el interés superior de aquellos. Con acertado criterio se incorpora al nuevo Código el principio del interes superior de los niños, niñas y adolescentes, principio que si bien estaba contemplado en la Convención de los Derechos del Niño (art. 3", inc. 1 * y en la ley 26.061 (art. 3") 3, no estaba inserto en el anterior Código Civil. En consecuencia, se deja atrás la eterna discusión tribunalicia acerca de la aplicación generalizada de este principio en los procesos en que se debata el interés de los niños, niñas y adolescentes, al ser inmediatamente operativo por estar contemplado en el nuevo Código Civil. O )

ella, el juez, según el mérito que arrojaren los hechos, podrá decretar la prestación de alimentos provisorios para el actor, y también las expensas del pleito, si se justificare absoluta falta de medios para seguirlo)). 1" art. 3, inc. 1 de la Convención de los Derechos del Niño, determina: «En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño)). Cabe recordar que el art. 3" de la ley 26.061, establece: «A los efectos de la presente ley se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley. Debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio faniiliar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

CUES7-IONES PROCESALES

9 4.

~ARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE ALIMENTOS DE NIÑOS,

NIRAS

1 4 53 Y

ADOLESCENTES

Decreta el art. 707, de la nueva legislación, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan directamente. Agrega esta norma, que la opinión de aquellos debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso. Este art. 707 se refiere al derecho de niños, niñas y adolescentes a ser oídos en todos los procesos que los afecten directamente (entre los cuales se encuentra el de alimentos), siempre que cuenten con un grado de madurez suficiente para formarse un juicio propio.

9 5.ACCESOLIMITADO AL EXPEDIENTE El art. 708 del nuevo Código, determina que el acceso al expediente en los procesos de familia está limitado a las partes, sus representantes y letrados y a los auxiliares designados en el proceso. Agrega, que en caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, se debe ordenar su remisión si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva. Se conserva, con esta norma, la reserva en las causas de familia, entre las cuales se ubican los procesos por alimentos.

Una valiosa e innovadora característica procesal trae el art. 709. En los procesos de familia y, específicamente en el de alimentos, el Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros)).

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CLAUDIO A. BELLUSCIO

impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. Pero, seguidamente, se aclara que el impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica, en los que las partes sean personas capaces.

a) Inversión de la carga probatoria El art. 710 decreta que los procesos de familia, en general, se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. Y que, la carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar. Esto ultimo es un gran avance para los juicios por alimentos, vista la dificultad probatoria con que -frecuentemente- tropieza el actor para acreditar los ingresos o el caudal económico del demandado por alimentos. En consecuencia, este art. 710 permite aplicar al proceso de alimentos las ({cargas procesales dinámicas)) en materia probatoria. Recordamos que las «cargas procesales dinámicas)) (o inversión de la carga de la prueba, como algunos autores gustan denominar 4, implican que este principio procesal debera ser utilizado por el juez, imponiendo la carga probatoria a aquella parte que se encuentra en mejores condiciones de hacerlo fáctica y jurídicamente 6. Es decir que, aquella parte que -en el juicio por alimentos- cuente con mejores posibilidades de conocimiento e información (de ingresos, entradas o rentas) o con más posibilidades de suministrar los elementos de juicio conducentes (v. gr., acerca del ingreso y cuantía de rentas provenientes de participaciones societarias) deberá brindarlos, a ries-

Colerio, Juan P.: La conducta en los procesos de familia, en Derecho de Familia. Revista de lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Lexis Nexisl Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004; no 28, p. 52. Colerio, Juan P.: La conducta ... cit., p. 52. Sobrino, Augusto R., Revoredo, Blanca S., y Alvarez, Verónica: Alimentos y daño moral, JA, 1998-11-690.

ta en la decisión del magistrado 7 . En tal sentido, se había manifestado que en los juicios por alimentos «debe seguirse como criterio orientador el de las cargas procesales dinámicas, o el desplazamiento de la carga probatoria en función del principio de solidaridad o colaboración, expresado en la máxima que es necesario el examen de quien se encontraba en mejores condiciones de hacerlo)). Siguiendo el mismo criterio, la jurisprudencia había determinado que en el juicio de alimentos tanto actor como demandado se encuentran obligados a aportar los medios necesarios para un mejor conocimiento de las circunstancias fácticas del caso bajo juzgamiento. en los incidentes por alimentos que «cada Asimismo, se estableció lo parte está obligada a aportar la prueba que está en mejores condiciones de producir, pues se trata de demostrar hechos y circunstancias de la realidad que el demandado puede fácilmente ocultar)). Y ahondando, aún más, en este principio, cierta jurisprudencia l1 había entendido que la carga probatoria, en cuanto a los ingresos del demandado por alimentos, incumbe fundamentalmente a este por tratarse de una forma esencial de colaboración con el tribunal. En similar sentido, se resolvió l2 que el demandado por alimentos es quien debe aportar la prueba pertinente en cuanto a la acción instaurada, teniendo la obligación de revertir los hechos invocados en la reclamación -entre ellos, su caudal o ingresos pecuniarios-, si está en disidencia con lo denunciado o lo pretendido. Por ello, cierta Alzada l3había revocado un fallo de primera instancia atinente a la materia de que trata esta obra, cuando ha ignorado el principio de las cargas probatorias dinámicas. Morello, Augusto M., y Morello de Ramírez, María S.: La prestación de alimentos desde la perspectiva de la justicia de protección o acompañamiento, JA, 1991-11-7031704. Dutto, Ricardo J.: Juicio ... cit., p. 241. CApel. Civ. y Com. Morón, 23/2//82, Rep. ED, 17-135, sum. 418. lo CNCiv., Sala F, 11/4/95, DJ, 1996-2-929. l1 CNCiv., Sala G, 20/4/98, LL, 1998-B-839 (caso 13.599). l2 CCiv., Com., Trab. y Familia Villa Dolores, 22/3/96, JA, 1998-IV-síntesis, sum. 50. l 3 CCiv. y Com. San Isidro, Sala l a , 7/11/96, JA, 2000-III-síntesis, sum. 57 y ED, 172-502.

% 56 ( CLAUDIO A. BELLUSCIO

b) Prueba de los reqksisitss para interponer 823 acción de alimentos entre los parientes

La prueba de los requisitos para la petición de alimentos entre parientes, se halla regulada en el art. 545, con un texto muy similar al art. 370 del Cód. Civil 14. Dice el art. 545 del nuevo Código: «El pariente que pide alimentos debe probar que le faltan los medios económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, cualquiera que sea la causa que haya generado tal estado». Dado lo que esta nueva norma legal preceptúa, el derecho alimentario de los parientes es un derecho objetivo en expectativa, hasta tanto un pariente necesitado demuestre su necesidad -a través de la falta de medios para alimentarse y la imposibilidad de hacerlo con el producido de su trabajo- y que, en virtud de esto accione convirtiendo dicha expectativa en un derecho subjetivo actual. Como podemos observar, a diferencia de lo que ocurre en los alimentos derivados de la patria potestad, el pariente tendrá que demostrar la falta de medios para alimentarse y la imposibilidad de conseguirlos con su trabajo. En cuanto al primero de los requisitos enunciados (falta de medios económicos suficientes), el profesor Augusto Belluscio l5enseña que ello se refiere a la inexistencia de bienes o rentas con los cuales proporcionarse por si los alimentos. - En lo que respecta al segundo (que no le es posible adquirirlos con su trabajo), para una interpretación clásica l6no es suficiente acreditar que se carece de trabajo, sino que el pariente deberá probar la imposibilidad física o psíquica de trabajar. Si con la actividad laboral desarrollada se obtiene un ingreso pecuniario que permita cubrir sus necesidades, resultará innecesaria la fija-

'? Decía el art. 370 del viejo Código: «El pariente que pida alimentos, debe probar que le faltan los medios para alimentarse, y que no le es posible adquirirlos con su trabajo, sea cual fuese la causa que lo hubiere reducido a tal estado)). l 5 Belluscio, Augusto C.: Manual ...cit., p. 408. l6 CNCiv., Sala A, 27/5/92, LL, 1993-B-462 (caso 8974) LL, 1995-0-843, sum. 10; Bossert, Gustavo A.: Régimen.. . cit., p. 271.

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ción de una cuota alimentaria l7 y, por lo tanto, el pedido en ese sentido debe ser rechazado. La parte final del art. 545 (al igual que lo hacía el art. 370 del anterior Cód. Civil) determina que, resulta indiferente la causa que haya sometido al pariente al estado de necesidad que le lleva a solicitar alimentos. Por lo cual, en principio, la posibilidad de pedir alimentos a los parientes en nuestra nueva legislación (al igual que en la anterior) no se encuentra vedada por el hecho de que el estado de necesidad tenga su origen en negocios ruinosos efectuados por el actor que lo llevaron a perder su fortuna o sus bienes, o de otras circunstancias imputables al pariente que peticiona los alimentos, pero sumándose a ello una imposibilidad de trabajar. En el mismo sentido, la jurisprudencia l8había determinado que la circunstancia de que el pariente alguna vez hubiere poseído bienes y los haya gastado o consumido desordenadamente o sin previsión, no impide el reclamo alimentario. Sin embargo, cabe aclarar que no será procedente el reclamo alimentario cuando el pariente que reclama los alimentos haya previsto que su conducta desarreglada lo llevaría a la ruina económica, y que, posteriormente, haría el reclamo alimentario a un pariente pudiente a fin de subsanar esa situación económica, ya que ello constituiría un abuso de derecho. Por otra parte, y aunque el art. 545 del nuevo Código no lo exprese (a diferencia de alguna legislación extranjera 19),el otro requisito que el juez deberá tener en cuenta para la procedencia de la acción alimentaria interpuesta por el pariente, será que se haya acreditado que el demandado tenga los medios económicos suficientes como para afrontar la cuota de alimentos que se le fije. Si bien, el pariente se encuentra obligado legalmente a proporcionar alimentos a otro siempre que se cumplan los requisitos ya enumerados, no se podrá por tal obligación someter al demandado a verse privado de solventar sus propias necesidades 20 o las de su familia 21. CNCiv., Sala C, 12/7/90, LL, 1991-C-128. CNCiv., Sala G, 28/9/81, LL, 1982-A-303, ED, 96-570 y Rep. LL, 1982142, sum. 33. l 9 Art. 1695 del nuevo Código Civil brasileño (ley 10.406 del 10/1/02, texto actualizado con las modificaciones introducidas por la ley 10.838 del 30/1/04). *O CNCiv., Sala C, 2/9/93, ED, 158-115; Código Civil de Brasil (art.. 1595). *l Méndez Costa, María J, y D'Antonio, Daniel H.: Derecho..., cit., p. 458. l7

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Asimismo, para interponer el reclamo se deberá demostrar la falta de obligados preferentes o la imposibilidad de éstos para prestar los alimentos **. De lo expuesto, podemos concluir que el pariente que reclame alimentos deberá acreditar: 1 El parentesco, mediante la prueba documental pertinente. 2") El estado de necesidad, sin importar la causa que lo haya Ilevado a ese estado y sin que se deba acreditar un estado de indigencia. 3") La imposibilidad de adquirir los alimentos necesarios con su trabajo. 4") Que el pariente demandado tiene el suficiente caudal económico para solventarle sus necesidades, sin que ello implique para aquel no poder cubrir las propias o las de su familia. 5") La falta de obligados en termino anterior o la insuficiencia del caudal económico que poseen aquellos. O )

8. PRUEBA TESTIMONIAL El art. 711 trata de este medio probatorio. Al respecto, dice que los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. Sin embargo, agrega, que según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad, .o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados.

Estipula el art. 716 que «en los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que decidenen forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida)). 22

CNCiv., Sala C, 4/12/87, JA, 1989-1-374.

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Somos contestes con el criterio adoptado, ya que se elimina la competencia múltiple que difiere según los distintos procesos de familia. Por otra parte, es el criterio que viene siguiendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde hace varios años 23, ya que unifica la competencia -tratándose de menores de edad- en el domicilio que habitan en ese momento, aplicando tal postura a diferentes procesos de familia. Es un acertado criterio el impuesto por el art. 716, ya que permitirá aplicar el principio de la inmediación del juez o tribunal con el menor de edad. Logrando, de esta forma, que el juzgador tenga un fluido contacto con el niño, niña o adolescente y que éstos puedan ser oídos en el proceso. La única objeción que formulamos (señalada en el Capítulo IV de esta obra), se refiere a la aplicación de la competencia en el lugar donde se encuentre «el centro de vida del menor)), cuando se trate de traslados ilícitos. Respecto de esto último, remitimos a lo ya dicho a fin de reiterar conceptos.

"1. MEDIDAS PROVISIONALES. ALIMENTOS PROVISIONALES Establece el art. 721 : {(Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, el juez puede tomar las medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. Puede especialmente: a) determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, previo inventario, qué bienes retira el cónyuge que deja el inmueble; b) si corresponde, establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte de uno de los cónyuges; c) ordenar la entrega de los objetos de uso personal; 23

CS, 2012101, LL, 2001-D-691; CS, 2012'01, JA, 2002-1-138.

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d) disponer un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos conforme con lo establecido en el Título VI1 de este Libro; e) determinar los alimentos que solicite el cónyuge teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 433". En tanto, el art. 723, dice que este art. 721 es aplicable a las uniones convivenciales, en cuanto sea pertinente. Lo que nos interesa señalar, atento el tema de que trata esta obra, son los aiimentos que determina el inc. d) del art. 721, Es decir, la posibilidad de de fijar luego de deducida la acción de nulidad o divorcio, o antes en caso de urgencia, una cuota alimentaria provisional. Asimismo, es interesante destacar que conforme este inciso d), el juez puede decretar de oficio un régimen de alimentos provisionales (como los denomina este nuevo Código) para los hijos. Recordemos, al respecto, que en nuestra antigua legislación, e1juez sólo podía decretar ¡os alimentos provisorios a pedido de parte o de su representante legal (en el caso de los menores de edad). Por lo tanto, lo dispuesto por el art. 721, inc. d), merece nuestro, beneplácito.

ij% 41. RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA QUE FIJA LOS ALIMENTOS

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En cuanto a los recursos que se podrán interponer contra la sentencia que fija la cuota alimentaria, el art. 547 reitera lo preceptuado en el art. 376 del anterior Cód. Civil *? Más concretamente, establece este art. 547: «El recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos no tiene efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución alguna de devolver lo recibido si la sentencia es revocadan. Por lo tanto, la sentencia que admite los alimentos es directamente ejecutable (de acuerdo a lo establecido en el art. 648 o en el 502 y SS. 24 Recordamos que el art. 376 del anterior Código decía: «De la sentencia que decrete la prestación de alimentos, no se admitirá recurso alguno con efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos podrá ser obligado a prestar fianza o caución alguna de volver lo recibido, si la sentencia fuese revocada)).

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del CPCCN, a elección del actor), sin necesidad de aguardar lo que se resuelva en segunda instancia 25. Pero se ha establecido 26 que «la ejecutoriedad de la sentencia de alimentos, en virtud de la cual el recurso de apelación se concede al solo efecto devolutivo, es una solución de carácter excepcional que se explica por la índole asistencia1del reclamo y la necesidad de acudir en forma inmediata a la protección debida; más no puede extenderse a los montos correspondientes a períodos ya devengados sobre los que pende la definitiva determinación y que, por lo demás, sólo habrán de compensar erogaciones ya efectuadas a deudas contraídas, más no en el mantenimiento actual del alimentado que, por eso mismo, puede aguardar hasta el pronunciamiento que decida la apelación interpuesta contra la sentencia que admitió el reclamo alimentario y fijó la cuota)). Como enseña prestigiosa doctrina 27,si con posterioridad a la ejecución de la sentencia que fija la cuota alimentaria, en segunda instancia aquella se reduce o se deja sin efecto, ello no faculta al alimentante para exigir la devolución de lo abonado 28 O la compensación con futuras cuotas 29. La única excepción a ello es que, en segunda instancia, surja que la cuota ha sido fijada mediante el empleo de dolo 30. Pero, conforme ilustra Fenochietto 31, si esas cuotas no fueron percibidas ((operará la caducidad de la diferencia entre la cuota establecida por el juez de grado y la fijada por la cámara, puesto que no existe causa alguna que justifique la percepción de esa diferencia)).

25 CNCiv., Sala 1, 25/2/97, LL, 1997-D-882,sum. 13; idem, Sala K, 26/4/99, LL, 2000-C-922 (42.748-S); ídem, Sala A, 15/11/88, ED, 134-241. 26 CNCiv., Sala A, 15111/88, ED, 134-241. 27 Dutto, Ricardo J.: Juicio por incumplin7ientoalimentario y sus incidentes, ed. renov., act. y ampl., Ed. Juris, Rosario, 2003, p. 280; Bossert, Gustavo A.: Régimen... cit., p. 364. 28 CNCiv., Sala F, 1/10/87, LL, 1989-A-723, sum. 85 y JA, 1988-ll-síntesis, sum. 13. 29 CNCiv., Sala K, 26/4/99, LL, 2000-C-922 (42.748-S); ídem, Sala F, 1/10/ 87, JA, 1988-ll-síntesis, sum. 13. 30 Lagomarsino, Carlos A., y Uriarte, Jorge A.: Juicio de alimentos, 2a ed., Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1997, p. 79. 31 Fenochietto, Carlos E.: Código Procesal Civil y Comercial de la IVación (comentado, anotado y concordado con los Códigos provinciales), Za ed. act. y ampl., Ed. Astrea, Buenos Aires, 2001, t. 3, p. 484.

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Es decir que, la sentencia que reduce o hace cesar los alimentos fijados por el juez de primera instancia, no tiene efectos retroactivos en las cuotas efectivamente percibidas, pero sí lo tiene en las meramente devengadas. La solución en contrario, impediría al beneficiario consumir la cuota hasta la resolución de la Alzada, algo que contradice la naturaleza de la prestación alimentaria 32. Dentro del ámbito jurisdiccional gobernado por las normas del CPCCN (la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), la apelación contra las sentencias dictadas en un proceso por alimentos se concede en relación (conforme se desprende del art. 243 de ese Código). Motivo por el cual, no existe la posibilidad que la causa se abra a prueba en esta instancia 33, ni tampoco es posible la alegación de hechos nuevos 34 (según ¡o establecido en el art. 275 del CPCCN 35);prohibición que se hace extensiva a la agregación de documentos 36 y a las pretensiones o defensas ajenas a las que fueron objeto del debate en la instancia precedente 37. Kielmanovich 38 nos ilustra al respecto: en la apelación en relación, la Alzada tiene una función revisora pero no renovadora del proceso, limitada al examen de justicia o regularidad de la sentencia, teniendo para ello en cuenta únicamente las actuaciones producidas en primera instancia. Agrega este autor que el examen en esa instancia se reduce a la concreta determinación de si los hechos alegados por las partes en los

Roland: Eljuicio ...cit., p. 693, y Derecho... cit., p. 338. CNCiv., Sala C, 15/3/83, ED, 117-303, sum. 338 y Rep. ED, 20-A-215, sum. 376; ídem, íd., 30/11/82, Rep. JA, 1983-74, sum. 23; ídem, Sala F, 8/71 88, DJ, 1989-2-864; ídem, Sala E, 22112/88, LL, 1990-C-24; ídem, Sala A, 241 2/03, ED, 202-339. 34 CNCiv., Sala E, 3/5/85, Rep. ED, 20-A-215, sum. 375; ídem, Sala F, 8/71 88, DJ, 1989-2-864. En contra: CNCiv., Sala H, 19/12/96, LL, 1997-C-4421 443. 35 CNCiv., Sala C, 24/12/81, Rep. ED, 17-136, sum. 436; idem, Sala E, 3/51 85, ED, 117-303, sum. 337; ídem, Sala A, 24/2/03, ED, 202-339. 36 CNCiv., Sala E, 22/12/88, LL, 1990-C-24;idem, Sala F, 8/7/88, DJ, 19892-864. 37 CNCiv., Sala F, 8/7/88, LL, 1989-C-378 y DJ, 1989-2-864. 38 Kielmanovich, Jorge L.: Improcedencia de la agregación de prueba documental en la apelación concedida en relación, LL, 1990-C-24/25. 32 Arazi, 33

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escritos constitutivos del proceso, «así como las pruebas producidas en la instancia anterior han sido correctamente apreciados y valorados por el a quo; o si la aplicación de la norma jurídica constituye una derivación razonada de esos mismos hechos... En otras palabras, la apelación en relación sujeta la decisión la decisión de la cámara al material fáctico y probatorio colectado en la primera instancia, a partir del cual se deberá analizar el acierto o el desacierto del juez de la primera instancia en el juzgamiento de la pretensión y de su oposición». En el mismo sentido, se ha establecido 39 que en los juicios de alimentos no corresponde hacer lugar al pedido de apertura a prueba en segunda instancia, quedando a los interesados la facultad de pedir los cambios que aconsejen las nuevas circunstancias por vías independientes. Sin embargo, en cuanto a la prueba, se podrán incorporar a la causa los informes solicitados por el demandado mediante oficio judicial, que no hubieren sido contestados hasta la finalización de la etapa probatoria en primera instancia. Asimismo, algún fallo 40 de segunda instancia aceptó la introducción de cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia apelada, con fundamento en lo preceptuado por el art. 163, inc. 6", párr. 2" de la ley ritual. Últimamente, una muy autorizada doctrina 41 entiende que, tratándose de los alimentos debidos a los niñoslas, el recurso de apelación interpuesto por su representante legal debería ser concedido libremente -y no en relación-, a tenor del principio del interés superior del niño establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

5 12. RETRQACTIVIIDAD DE LA SENTENCIA La retroactividad de la seiitencia es tratada por el art. 548. Reza, el art. 548: «Los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio C 1a Civ. y Com. Tucumán, 24/3/82, Rep. ED, 17-136, sum. 438. CNCiv., Sala B, 4/7/91, ED, 143-660. 41 Mielmanovich, Jorge L.: La doble instancia en el proceso de familia, en Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Lexis Nexis/Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2004, no28, p. 78. 39

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fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro desde los seis meses de la interpelación)). Este artículo establece que los efectos de la misma se retrotraen al día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por un medio fehaciente (en este último caso, siempre que la demanda se presente dentro de los seis meses de tal interpelación). A primera vista, se vuelve a lo que preceptuaba el art. 644 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, antes de la modificación establecida por la nueva ley de mediación 26.589. Recordemos que esta ley de mediación, modificó el texto del art. 644 de ese Código de rito nacional y estableció que los alimentos decretados en la sentencia se retrotraían al inicio de la mediación previa y obligatoria 42. No compartimos, en principio, el texto del art. 548 del nuevo Código Civil, ya que pareciera ignorar la etapa de mediación previa y obligatoria, vigente desde hace varios años en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Salvo que se interprete que, dentro del concepto de la interpelación por un medio fehaciente, se encuentra comprendida la notificación del inicio de la mediación y, en consecuencia, la cuota alimentaria -establecida en la sentencia- empiece a regir desde ese momento. De IQque no cabe duda alguna, es que cuando este art. 548 se refiere a «la interpelación por un medio fehaciente)) queda comprendida en este supuesta la interpelación mediante carta documento. La interpelación mediante carta documento, en materia de alimentos, había sido admitida por un fallo 43 durante la vigencia del Código anterior. En tal sentido, esa jurisprudencia determinó que «los alimentos se deben desde la iniciación de la demanda o desde que se hizo saber el estado de necesidad -en el caso, mediante una carta documento- de manera que la condena tiene efecto retroactivo a esa fecha)) 44.

42 Producida la modificación por la ley 26.589, el art. 644 del CPCCN determina, en su parte pertinente: «...Admitida la pretensión, el juez fijará la suma que considere equitativa y la mandará abonar por meses anticipados, desde la fecha de interposición de la mediación)). CCNCiv., Sala K, 28/2/02, LL, 2002-B-468. 44 CNCiv., Sala K, 2812102, LL, 2002-B-468.

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13.MEDIDAS CAUTELARES El art. 550 permite la adopción de la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos definitivos (fijados por sentencia o convenidos) e, inclusive, para asegurar alimentos provisionales y futuros. Muy explícitamente, determina este art. 550: «Puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes». En consecuencia, este artículo da por terminada la discusión (jurisprudencial y doctrinaria) sobre la posibilidad de imponer medidas cautelares sobre los alimentos provisorios y sobre las cuotas alimentarias futuras. Al respecto, cabe señalar que la primera parte del art. 550 del nuevo Código está tomada del texto del art. 628 del Proyecto de Código Civil Unificado de 1998, que expresaba: ((puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos)). En cuanto al tema de las medidas cautelares en alimentos, podemos decir que además de participar de las particularidades de las medidas cautelares que se interponen en los procesos de familia, las que se solicitan en el juicio de alimentos tienen características propias, sobre todo en la que respecta a su admisibilidad, cuando lo que se quiere asegurar -durante su trámite- es la ejecución forzada de la sentencia que condena al pago de los alimentos, pues en tal caso se tratará de alimentos no devengados (futuros) sobre los cuales no pesa una obligación cierta para el demandado al momento de solicitarse la medida. Lo mismo sucede con posterioridad a la sentencia condenatoria, cuando lo que se pretende proteger -a través de medidas precautorias que restringen la disposición de los bienes del demandado- son las cuotas alimentarias futuras, o sea, aquellas que aun no se devengaron y que -por lo tanto- no son todavía exigibles Determinada doctrina 45, entiende que las medidas cautelares podrán ser aplicadas no sólo para asegurar los alimentos que se deban al 45 Lombardi, César A.: La prestación alimentaria: su protección, JA, 199111-684.

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momento de la sentencia condenatoria 46 (V.gr., alimentos devengados entre la interposicion de la demanda y la sentencia, alimentos provisorios atrasados), sino también para garantizar los alimentos futuros, es decir, los que se devenguen con posterioridad, siempre que se den determinadas circunstancias que enunciaremos «ut infra)). Las medidas cautelares que tienen por finalidad asegurar la ejecución forzada de la sentencia a dictarse -en cuanto atañen a los alimentos que todavía no se han devengado- o, con posterioridad a aquella, sobre las cuotas alimentarias que al momento de la solicitud aun no han vencido, son concedidas, por lo general, con carácter restrictivo por los jueces o tribunales. Por lo cual, su admisión dependerá de que se acredite determinada circunstancia fáctica que habilite la petición (v. gr., cuando existe un cierto riesgo de que el obligado enajene sus bienes para eludir el pago de la cuota alimentaria 47). En consecuencia, la jurisprudencia en general -con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código- tenía entendido que, tratándose de estos alimentos futuros, determinadas medidas cautelares -las más gravosas- se deberán imponer con carácter restrictivo, ya que serán procedentes siempre que se acrediten ciertas circunstancias: incumplimientos anteriores reiterados 48,O temor fundado a que no se cumpla con el pago de la cuota y que la misma no pueda ser cobrada mediante la vía ejecutoria (v. gr., cuando se constate o haya indicios suficientes, de que el alimentante se encuentra realizando actos para insofventarse fraudulentamente o para reducir su patrimonio, a fin de eludir el pago de la cuota 49). Este criterio restrictivo obedece a que tales medidas precautorias (embargo e inhibición preventiva, secuestro de bienes, e intervención 4TApel.Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 16/5/89,DJ, 1990-1379 y Rep. DJ, 1990-1996, p. 109, sum. 175. 47 CNCiv., Sala F, 16/3/83, , LL, 1983-C-146, Rep. LL, 1983-158, sum. 116 y Rep. ED, 20-A-214, sum. 363. 48 CNCiv, Sala B, 10/7/98, €0,187-701; CApel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 16/5/89,DJ, 1990-1-379y Rep. DJ, 1990-1996, p. 109, sum. 175. 49 CNCiv., Sala G, 27/5/86, ED, 119-194; ídem, íd., 31/7/89, LL, 1989-E529, DJ, 1991-1-761 y Rep. DJ, 1990-1996, p. 109, sum. 172; ídem, Sala 6, 10/7/98, ED,187-701; ídem, CNCiv., Sala F, 16/3/83, LL, 1983-C-146, Rep. ED, 20-A-214, sum. 363 y Rep. LL, 1983-158, sum. 116.

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judicial recaudadora), son las que más restringen el poder de disposición del demandado sobre sus bienes o, al menos, sobre una parte sustancial de ellos. En cambio, no es fundamento de este criterio restrictivo que al momento de ser solicitada la medida precautoria la cuota alimentaria no esté fijada, pues numerosa jurisprudencia opina que no es óbice para la admisión de las medidas cautelares que el crédito -que se quiere asegurar- sea aún ilíquido. En cuanto a la aplicación de las medidas cautelares sobre los alimentos ya devengados, si bien ninguna norma legal autoriza la traba de medidas cautelares -pues el art. 648 del CPCCN no contempla un supuesto de embargo preventivo, sino ejecutorio- igualmente resultan viables en los términos del art. 195 del Código de rito nacional, siempre que se acrediten los extremos que tornan procedentes esas medidas: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Tales requisitos de admisibilidad, se desprenden respectivamente del título en virtud del cual se los reclama y de las impostergables necesidades que los alimentos tienden a cubrir 50. Pero, tratándose de alimentos futuros, a esos extremos de admisibilidacl se le deberá agregar algunas de las siguientes situaciones fácticas: que existiere el riesgo de que el obligado enajene sus bienes para eludir el pago de las cuotas futuras 52,O cuando ante las reiteradas faltas de cumplimiento del alimentante 52 cabe presumir que éste incumplirá nuevamente 53. Sin contradecir tal criterio restrictivo impuesto por la jurisprudencia, en cuanto a las medidas precautorias solicitadas con anterioridad a la sentencia para garantizar los alimentos futuros, consideramos que otras situaciones fácticas que autorizarían su interposición serían: el hecho de no ((contestar)) \a demanda 54 ni presentarse a las audiencias preliminares que hayan sido notificadas o que, una vez que el demandado Kielmanovich, Jorge L.: Medidas ...cit., p. 143. CNCiv., Sala G, 27/5/86, LL, 1987-B-584 (37.577-S);ídem, Sala C, 23/41 93, JA, 1995-1-55; ídem, Sala F, 16/3/83, LL, 1983-C-146. 52 CApel. Concepción del Uuguay, Sala Civ. y Com., 16/5/89, DJ, 1990-1379. 53 CNCiv, Sala B, 10/7/98, ED, 187-701; ídem, Sala C, 23/4/93, JA, 1995-155. 54 Si bien, los Códigos procesales -tanto el nacional como los provinciales- no facultan expresamente al demandado en el juicio de alimentos a con50

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es notificado de la demanda, desapareciere de su domicilio real desconociéndose a partir de ese momento su paradero. También, autorizaría la interposición de esa clase de medidas por alimentos futuros, el hecho de que el demandado -antes de que se fije la cuota o con posterioridad- viaje al exterior con el propósito de radicarse allí. Así lo ha entendido alguna jurisprudencia 55. En cambio, las cautelares que tienen por objeto mantener una determinada situación fáctica, o la tutela de la integridad física de las personas y la satisfacción de sus necesidades más urgentes, tratándose de lo que atañe a la prestación alimentaria -a diferencia de las medidas enumeradas con anterioridad-, son receptadas en forma amplia por la jurisprudencia 56. Ello es lo que ocurre, por ejemplo, con la designación de un interventor judicial informante (cuya misión será informar sobre el caudal económico que posee el demandado, y10 cualquier modificación que se pretenda efectuar sobre aquel durante el transcurso del proceso), o la fijación de los alimentos provisorios o provisionales. Asimismo, el criterio amplio deberá ser aplicado cuando se soliciten medidas cautelares que, si restrinjan la disponibilidad de los bienes demandado, lo hagan para asegurar el cobro de cuotas devengadas y no abonadas al momento de dictarse la sentencia 57 (alimentos provisorios impagos o cuotas suplementarias), exigiéndose en tales supuestos tan sólo la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, que surgirán -respectivamente- del título ejecutorio (la sentencia condenatoria) y de la propia naturaleza de la prestación alimentaria.

Con muy acertado criterio, el art. 552 resuelve aplicar la tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, testar la demanda tampoco lo prohiben, aceptándose en la práctica -cada vez con mayor asiduidad- que aquel a quien se le reclama la prestación alimentaria pueda hacer uso de esa defensa pocesal. j5CNCiv., Sala G, 31/7/89, LL, 1989-E-528, y DJ, 1990-1-761. 56 Kielmanovich, Jorge L.: Medidas.. .cit., p. 140. 57 CNCiv., Sala K, 11/4/39, LL, 1989-E-94; ídem, Sala F, 24111/88, LL, 1989D-575 (38.109-S).

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sobre las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto, «a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso)). Más explícitamente, decreta este art. 552: «Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentacionesdel Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso)). A la luz de este artículo, ha quedado atrás la discusión jurisprudencial sobre la aplicación de la tasa pasiva o activa, a las sumas adeudadas en concepto de alimentos.

5 115. INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA ALlMENTARlA Respecto del incumplimiento del pago de la cuota alimentaria fijada, el art. 553 expresa que «el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia)). Como podemos observar, en un tema trascendental como es el incumplimiento alimentario, el texto del art. 553 deja librado al criterio del juez la aplicación de las ((medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia)), sin especificar cuáles. Consideramos que ello deja abierta la posibilidad de que el juez aplique ((medidas razonables)) cuya fuente no necesariamente deba ser de origen legal (ya que la norma en análisis no exige tal requisito), a fin de combatir el incumplimiento alimentario. Por lo tanto, cabe interpretar, a la luz del texto del art. 553, que las ((medidas razonables)) podrán tener una fuente jurisprudencia1 o doctrinaria o, inclusive, basada en la legislación extranjera, siempre que tiendan a asegurar la eficacia de la sentencia en materia alimentaria. Consideramos que el texto de esta norma sobre el incumplimiento alimentario no resulta ser el más adecuado. Asimismo, es otra demostración más que el nuevo Código, en materia de alimentos, deja librada muchas cuestiones al prudente arbitrio judicial.

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5 16. BRREPETIBILI DAD

DE LA CUOTA ALlMENTARlA

Tanto el art. 539 como el art. 547 del nuevo Código, establecen el principio de irrepetibilidad de lo abonado en concepto de alimentos, al igual que lo hacen los arts. 371 y 376 del Cód. Civil vigente hasta el 1/8/15. El art. 539, expresa: «La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos)). En tanto, el art. 547: «El recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos no tiene efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución alguna de devolver lo recibido si la sentencia es revocada)). Sin embargo, la excepción a este principio, la establece el art. 549 que permite, en caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, que quien los haya prestado pueda repetir de los otros obligados, en proporción a lo que cada uno de ellos le corresponde.

A P ~ N D I I CBP JURISPR&I"BENCiAQUE APLICÓ LA NORMATIVA D E L 'NUEVO CÓDIGO ANTES DE ENTRAR EN VlGENClA

«Debe reconocerse el derecho de un menor a recibir alimentos de quien, sin ser su padre biológico, ha reconocido comportarse como tal a lo largo de siete años de convivencia junto a la madre de aquél, y aún después de cesada la misma, ya que quien asume una conducta jurídicamente relevante no puede pretender luego que se tutele una actuación posterior incompatible con aquella, afirmando que no tiene obligación alimentaria alguna)). (CApel. Civ., Com. Fam. y Cont. Adm. San Francisco, Córdoba, 131 12/12, LL Córdoba, febrero 2013, p. 61)

FALLOCOMPLETO La Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, asiento de la Quinta Circunscripción Judicial, integrada por el Señor Vocal, doctor Mario Claudio Perrachione y por el Señor Juez Civil y Comercial de Segunda Nominación, Dr. Horacio Enrique Vanzetti (art. 382 CPC), con la presidencia del primero de los nombrados, procede en audiencia pública en la forma que da cuenta el acta levantada al efecto por separado, obrante a S. C. c l L., D. fs. 271 a dictar sentencia en estos autos caratulados: KG., - Alimentos - Abreviado)), (Expte. No405439, iniciado el 26104111; Secretaría a cargo del Dr. Emilio J. M. Cornaglia), venidos del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Instrucción, Menores y Faltas de Las Varillas, por concesión del recurso de apelación que planteara la actora en contra del Auto Número 276 de fecha 29 de Junio de 2010,

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cuya copia corre agregada a fs. 1701180 de autos, en la que el Señor 2") No hacer Juez titular del Juzgado de Las Varillas, resolvió: ((1 lugar a la demanda de alimentos a favor de la menor L. A. G. 3) Hacer lugar parcialmente a la demanda de alimentos a favor de la menor M. L. en la suma de pesos seiscientos ($ 600) y a cargo del progenitor demandado Sr. D. A. L. pagaderos del l al 10 de cada mes, a partir del mes de julio de 2010, mediante depósito en la cuenta de caja de ahorro No...abierta en el Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal Las Varillas, a nombre de la actora, Sra. S. C. G. 4) Hacer lugar a la litis expensas según considerando >o. 5) No hacer lugar a la reconvención por régimen de visitas respecto de la menor L. A. G. 6)? 7') Imponer las costas de ambos procesos por el orden causado. Regular los honorarios profesionales por los trámites de la acción de alimentos de la Dra. Griselda Cristina Cagnasso en la suma de pesos un mil ciento cincuenta y dos ($ 1.152), del Dr. Oscar D. Pereyra en la suma de pesos un mil setecientos veintiocho ($ 1.728) y los del Dr. Luis A. Morelli en la suma de pesos un mil cuatrocientos setenta y cuatro con cuarenta centavos ($ 1.474,40) con más la suma de pesos trescientos nueve con sesenta y dos centavos ($309,62) en concepto de IVA. Regular los honorarios profesionales por los trámites de la reconvención por régimen de visitas del Dr. Oscar D. Pereyra en la suma de pesos un mil cuatrocientos setenta y cuatro con cuarenta centavos ($ 1.474,40) y los del Dr. Luis A. Morelli en ia suma de pesos un mil cuatrocientos setenta y cuatro con cuarenta centavos ($ 1.474,40) con mas la suma de pesos trescientos nueve con sesenta y dos centavos ($309,62) en concepto de IVA. Reguiar los honorarios profesionales del perito calígrafo Pedro Alejandro Fradl y psiquiatra Cristian Abdón en la suma de pesos doscientos noventa y cuatro con ochenta y ocho centavos ($ 294,88) respectivamente para cada uno de ellos, y los del perito de control Licenciado Pablo Daniel Di Giorgio en la suma de pesos ciento cuarenta y siete con cuarenta y cuatro centavos ($ 147,44). Protocolícese, hágase saber y dése copia. Fdo. Dra. Amalia B. Venturuzzi - Juez». Que firme el decreto de autos, el señor vocal y el señor juez de primera instancia reciben los actuados conforme lo determina el art. 379 CPC, segun acta labrada a fs. 272 y, concluido, pasan los autos al acuerdo fijándose las siguientes cuestiones a resolver: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto? CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde en definitiva? SEGUNDA O)...

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El señor Vocal y el señor Juez de Primera Instancia emiten sus votos en el siguiente orden: Dr. Mario Claudio Perrachione y Dr. Horacio Enrique Vanzetti, los que son leídos por Secretaría. A la primera cuestión propuesta el señor vocal Doctor MARIOCLAUDIO PERRACHIONE, dijo: 1) El caso: A fs. 6 la señora S. C. G. en nombre y representación de sus hijas menores de edad: M. L. L. y L. A. G., con fecha 8/9/2009 promueve demanda por alimentos contra el demandado, padre biológico de la primera y padre de crianza de la segunda niña. Relata que convivió con el demandado durante siete años, integrando el grupo familiar la hija de ambos M. L. y la niña L. A. G. -hija de la actora-, quien recibió por parte del demandado el trato. de hija. Que en el mes de septiembre de 2008 cesó la convivencia, formulando en ese momento una denuncia de violencia familiar y retirándose con sus hijas, del domicilio que compartía con el demandado. Que en noviembre de 2008, las partes firmaron un acuerdo por ante la Asesoría Letrada de Las Varillas, donde acordaron la tenencia; el régimen de visitas a favor de L. respecto a las dos niñas, y la cuota alimentaria, donde no llegaron a un acuerdo sobre el monto, pero el demandado ofreció pagar una cuota alimentaria de $ 600 para ambas menores. La actora consideró irrisoria la suma ofrecida y entabló un reclamo judicial solicitando se fije una cuota alimentaria de $ 1.500, atento los ingresos del demandado. Planteó un pedido de litis expensas al no contar con recursos suficientes para hacer frente a los gastos del juicio. Afs. 30133 el demandado contesta la demanda, negando en general y en particular los hechos alegados por la actora. Afirma que es cierto que ha celebrado un acuerdo por ante la Asesoría Letrada y ofrece pagar $ 600 mensuales en concepto de cuota alimentaria para su hija biológica y en forma graciable para la hija de la actora; agregando que frecuentemente provee de mercadería de su negocio a las niñas, y también de calzado, indumentaria, elementos escolares y otros. Ofrece prueba a los fines de acreditar su caudal económico tendiente a determinar el quantum de la cuota alimentaria. Reconviene además, solicitando se implemente un régimen de visitas a su favor en relación a ambas niñas (su hija y la hermana de ésta), por haber variado circunstancias anímicas o psicológicas de las menores, proponiendo un régimen de visitas que incluye vacaciones y días festivos. La actora contesta la reconvención

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(fs. 38143vta.) y se opone a la ampliación del régimen de visitas solicitado. Las partes ofrecen y diligencian la prueba que obra en la causa. El asesor de menores de Las Varillas (fs. 1591161) emitió su opinión señalando que la obligación legal del accionado recae solamente con respecto a su hija biológica M. L. L., más no así respecto a la hija de la actora L. A. G., más allá de la contribución voluntaria que pudiera hacer en función de los años de convivencia. II) El fallo: El a quo al valorar la prueba se expresa en el sentido de que conforme surge de la partida de nacimiento de la niña L. A. G., el demandado no reviste la calidad de progenitor, por ser hija exclusiva de la actora, quedando a criterio y conciencia de las partes, cualquier tipo de asistencia o contacto, como si se tratara de una obligación natural. Resuelve no hacer lugar a la demanda de alimentos a favor de L. A. G. y hacer lugar parcialmente a la demandada de alimentos a favor de la niña M. L. L., en la suma de $ 600, que deberá pagar el progenitor demandado del uno al diez de cada mes a partir del mes de julio de 2010 (fecha de la sentencia). Hizo lugar a la reconvención parcialmente, fijando las condiciones del régimen de visitas únicamente en relación a la menor M. L. Impuso las costas por el orden causado y regulól honorarios a los profesionales y peritos intervinientes. III) Los agravios: La actora-apelante expresa agravios a fs. 2491253. La impugnante aduce que la a quo niega alimentos a la niña L. G. con fundamento de que carece de acción para reclamarlos. Expresa que es errada dicha interpretación, ya que la doctrina entiende que la obliga' ción alimentaria tiene fuente convencional, además de la legal y testamentaria. Agrega que el demandado se comprometió mediante acuerdo ante el Asesor Letrado de Las Varillas a abonar una cuota alimentaria a favor de las dos menores, que asumió tener una obligación hacia L. A. G., lo único que está en dudas es el importe de la misma; resultando inobjetable la otra obligación legal hacia su hija biológica M. L. L. Considera errónea la interpretación del a quo e insiste en la fuente convencional de los alimentos; que además debió fijar la suma de dinero demandada de $ 1.500, teniendo en cuenta el patrimonio del demandado y las condiciones de vida de las alimentadas (edad, nivel de educación, actividades que realizan, etc.). Que se acreditó mediante prueba agregada a autos, los ingresos de la actora y los bienes que integran el patrimonio del demandado y la actividad a la que se dedica, habiendo omitido éste presentar balances contables o constancias impositivas.

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En segundo lugar se agravia porque el a quo dispuso que el incremento de cuota alimentaria a favor de M. L. L., será a partir de la resolución del 29161201O es decir a futuro, considerando una incongruencia no haberlo fijado desde la fecha de interposición de la demanda. Omitió mandar a pagar la diferencia de cuotas, desde la demanda hasta la sentencia, solicitando la aplicación de intereses a las obligaciones incumplidas. En tercer lugar se agravia por la imposición de costas dispuesta por el a quo, debiendo distinguirse las de la demanda, que le cabe la imposición en su totalidad a la demandada y las de la reconvención que deben ser por el orden causado. Afs. 2541255 contesta el demandado la expresión de agravios, reconociendo el carácter graciable de la contribución que ofreció pagar a favor de la niña L. A. G. y que la obligación legal recae solamente respecto a su hija biológica M., en concordancia con lo opinado por el asesor de menores a fs. 160. En relación al segundo agravio, relativo al efecto retroactivo y pago de eventuales diferencias e intereses, dijo que no fue reclamado por la actora en su demanda. Respecto al tercer agravio, entiende prudente las costas impuestas por el a quo. A fs. 2571 261vta. contesta traslado el fiscal de Cámara y opinó en el sentido que se deberá rechazar el recurso de apelación interpuesto y confirmar la resolución dictada. A fs. 2631267 hace lo propio el asesor letrado en su carácter de representante promiscuo de ambas menores. IV) La solución: 1) Los «agravios» expresados giran sobre tres ejes argumentales. En primer lugar se dirige sobre la naturaleza u origen de la obligación alimentaria del demandado en relación a las hijas menores de edad de la actora, y el quantum de la misma; en segundo lugar sobre la retroactividad de la cuota alimentaria fijada y por último sobre el planteo de costas. El cumplimiento del deber alimentario en su faz material, que contempla el art. 265, CCiv., no deriva en rigor de la patria potestad, sino que se asienta en el vínculo de parentesco existente entre padres e hijos. Ello justifica que subsista este deber a pesar de las vicisitudes a que pueda encontrarse sometida la patria potestad. La impugnante aduce que la resolución del a quo le causa agravios, en primer lugar en cuanto que sólo fijó alimentos para la niña M. L. L., negando esta posibilidad a L. A. G., solicitando se haga lugar a la pretensión incoada, con fundamento en que el demandado reconoció su

obligación alimentaria y le 6rindó el trato de hija en los años que duró la convivencia. Aduce que calificada doctrina, reconoce que la obligación de pasar alimentos tiene fuente convencional, además de legal y testamentaria, agregando que «por convención también puede establecerse un derecho alimentario, pero en ese caso se trataría de una obligación patrimonial como cualquier otra, no sujeta a los caracteres del derecho alimentario derivado del parentesco)). En la especie, está probado que las partes convivieron en la ciudad de las Varillas durante siete años y luego que cesó la convivencia, firmaron un acuerdo en la Asesoría Letrada de esa ciudad (fs. 4) donde consta que: K... El Sr. L. manifiesta que ofrece abonar la suma de $ 600 mensuales por ambas niñas, a partir del mes de diciembre de 2008 ...». Respecto a la obligación alimentaria del demandado con su hija biológica M. L. L., fruto de la unión convivencia1 con S. C. G., y que se acredita con la partida de nacimiento obrante a fs. 2 de autos, no quedan dudas al respecto de que se trata la misma de una obligación legal derivada de la patria potestad. Diferente es la relación que vincula a L. con la niña L. G. (hija biológica de la actora) quien recibió trato de hija de parte del demandado durante el tiempo que duró la convivencia y aún luego de que cesó la misma. El análisis de esta cuestión nos obliga a tener en cuenta las tendencias sociológicas, en virtud de las cuáles no podemos hablar de «la familia)) en forma singular, sino que corresponde hablar de «las familias)), reconociendo derechos y protección jurídica a los distintos tipos de familias que encontramos en nuestra sociedad: familia tradi'cionai o nuclear, monoparental, ensambladas, escalonadas, recompuestas, etc. La aparición de estas estructuras familiares es acompañada por una terminología nueva, como «padre afín)) o «padre de hecho)) o {(padre social)). En la especie, precisamente, el vínculo que unió a las partes es de una «familia recompuesta)), donde el demandado L. formó pareja con la actora (sin contraer matrimonio) y comenzó a convivir con la hija biológica de esta última, L. A. G., teniendo luego con aquella una hija en común: M. L. L. La relación de padre-hija que L. tuvo con la niña L. A. G., se encuentra probada mediante numerosos indicios que reflejan el ((vínculo afectivo)) o ((parentalidad doméstica)) creado entre ambos, a saber: a) acuerdo ante la Asesoría Letrada de Las Varillas, donde se fija un régimen de visitas y ofrecimiento voluntario de pago de una cuota alimentaria provisoria de $ 600 para ambas niñas (fs. 4); b)

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escrito presentado por L. solicitando ampliar régimen de visitas de s u hija y su hermana, expresando en relación a esta última: (L..a quien también me une u n fuerte vínculo afectivo equiparable al filial))(fs. 18 y 32). (este vínculo se manifestó en el contacto diario del demandado con ambas niñas; solicitud de que ellas pernocten en s u domicilio una vez por semana y de que compartan con él vacaciones y días festivos); c) documental que acredita el pago por parte del demandado de cursos de inglés, vestimenta, curso de gimnasia deportiva, cuota social del club de ambas niñas y las clases de árabe tomadas por L. G. (fs.221 29); d ) reconocimiento del demandado expresado al contestar la demanda y al reconvenir (fs.30/33),señalando q-ue:«es cierto que en el mismo acuerdo ofrecí abonar la suma de $600 mensuales a partir del mes de diciembre de 2008, en concepto de cuota alimentaria para mi hija biológica y en forma graciable para la hija de la Sra. G.» (fs. 30 vta.);... ((frecuentementeles estoy proveyendo a las niñas de mercadería de mi negocio y como así también les he adquirido cuando así me lo han solicitado, calzado, indumentarias y demás elementos y atiendo a gastos para s u educación)) (fs.31 ). (aunque resulte necesario aclarar que cuando aquél ofreció pagar la cuota alimentaria referenciada, no distinguió que en relación a la niña L. A. G. el pago era ((graciable)),tal como sostuvo luego); e) testimonio de L. B. D. quien declaró que: c... en una oportunidad inclusive, fue a comprar dos camperas, por dos niñas, que son las camperas de la institución, con el logotipo del colegio» (fs.119);f) testimonio de E. 1. T., quien al ser interrogado sobre si conoce a las niñas M. L. L. y L. A. G. dijo: K... que las conoce porque son hijas de D., y por las ha visto en la carnicería en donde él trabaja de propiedad de D. L...; «que ha visto que retiran mercadería, y se trata de leche, jugos, gaseosas ... dos o tres veces por semana)) (fs.125). Como de la prueba reseñada surgen indicios graves, precisos y concordantes, suficientes para tener por acreditado que la niña L. A. G. goza del trato de hija por parte del Sr. L. (art. 316, inc. 1, CPC), corresponde analizar, entonces, si esta situación genera derechos y deberes entre el llamado ((progenitorde hecho)) y la niña nombrada. Al respecto, u n sector de la doctrina considera que esos derechos y obligaciones sólo nacen cuando «el progenitor)) «asume u n papel activo en la guarda y custodia del menor)),por ejemplo cuando se ocupa de su educación, contribuye a alimentarlo, etc., tal como sucede en la especie con la niña L. A. G., quien ha recibido el trato de hija del demanda-

do durante el tiempo que duró la convivencia -siete años- y aún después de que cesó la misma. Este trato afectivo, se refleja no sólo en la relación individual de la niña con el demandado dentro del seno familiar, sino también a nivel escolar (asistencia a actos, reuniones, provisión de elementos escolares, camperas y otros) y social (el hecho de compartir vacaciones, cumpleaños, viajes, fiestas, etc ...); todas estas vivencias relacionadas con el medio social en el que vive la niña L. A. G., contribuyen a formar su personalidad e identidad como hija del demandado, pues como señalaba Friedrich von Schiller «no es la carne siempre lo que hace padre, sino el amor». inclusive el trato de padre-hija, fue confesado espontáneamente por el propio demandado, declarando que lo une con la menor nombrada «un fuerte vínculo afectivo equiparable al filial» (fs. 18 y 32); por lo cual, conforme al deber de obrar y ejercitar los derechos de buena fe (art. 1198, CCiv.), quien como el demandado asume una conducta jurídicamente relevante, consistente en reconocer y tratar a la menor L. A. G. como una hija suya, no puede pretender luego que se tutele una actuación posterior incompatible con aquella, que en este caso consiste en afirmar que él no tiene obligación alimentaria alguna con la menor nombrada. El trato de padre a hija, que vincula al demandado con la niña L. A. G., se relaciona con la faz dinámica del derecho a la identidad. En efecto, doctrir~ariamentese distinguen dos aspectos o facetas del derecho a la identidad, a las que se las identifica como: «la faz estática», referida al origen biológico de la persona, (aquello que hace a su identificación, el nombre e imagen) y «la faz dinámica», esencialmente cambiante, configurada por lo que constituye el patrimonio ideológico cultural y vital de la personalidad que se trasunta en el exterior. Se refiere a hechos objetivos por los cuáles se identifica a la persona, a través de su historia individual y social. La identidad personal se construye día a día, y se encuentra vinculada a todos y cada uno de los actos y vivencias de la persona a lo largo de su existencia. En este orden de ideas, la identidad de la niña L. A. G. no se circunscribe a la ({realidadbiologica», sino que tiene una proyección psicosociológica, en la concepción de Stoltemberg, esto es la influencia de los aspectos psicológicos sobre la problemática social. Un niño que vive en una familia se inserta sistemáticamente en esa célula social y naturalmente genera lazos afectivos y respuesta consecuentes de los integrantes de dicho grupo,

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o sea se incorpora en el afecto real o presumible (Arbonés, Mariano; ((Filiación y Derechos Humanos: El mundo al revés)), El Penalista, Año 2, n. 12, Octubre 2002, p. 8). Esta ((identidad dinámica)) de la niña L. A. G. con relación al demandado se encuentra tutelada por el art. 75, inc. 22, CN, que al incorporar la ((Declaración Internacional de los Derechos del Niño)), obliga a interpretar el derecho de familia bajo nuevas premisas, entre ellas el favor minoris, el cual exige que el derecho a la ((identidad))de los niños sea entendido en un sentido amplio que comprenda tanto la faz estática como dinámica. A ello debe agregarse que en toda cuestión en que se vean afectados derechos de los niños, se debe resolver respetando su interés superior (art. 3 de la Declaración citada), noción ésta que ha merecido diversos conceptos por parte de la doctrina y la jurisprudencia, pero adoptando el criterio de nuestro más alto tribunal, ese interés superior es el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor, y entre ellos el que más conviene en una situación histórica determinada. Bajo estas premisas, no hay dudas que el ((mejor interés)) de la menor L. A. G., exige de que se le reconozca el derecho a percibir alimentos del demandado tal como si se tratara de una hija biológica. En esta tesitura se alinea el proyecto de Código Civil y Comercial que en estos momentos se trata en el Congreso de la Nación, en cuanto incluye como nueva figura familiar, al padre «afín o solidario)), (arts. 536 y 538) en referencia a la pareja del progenitor que está a cargo de un menor, imponiéndole a él obligación alimentaria respecto del niño, solidariamente con su pareja (Sobre la utilización del Nuevo Código Civil, por los jueces para cubrir vacíos a lagunas legales, ver la opinión de Daniel Sabsay en ((Nuevo Código Civil. Todavía no se aprobó pero los jueces ya lo usan en sus fallos)), Diario Clarín del 1511112012; fs. 32 Y 33). En consecuencia, debe revocarse la sentencia impugnada en cuanto resuelve en el punto 2) «no hacer lugar a la demanda de alimentos a favor de la menor L. A. G.D. 2) La determinación del «quantum» de la cuota alimentaria debe hacerse según lo dispuesto por la a quo en el consid. V de la resolución impugnada, pues allí se fijaron cuáles son las necesidades de las menores nombradas y la solvencia de los progenitores (fs. 1741176), sin que las partes hubieren apelado ese punto del fallo, por lo cual el mis-

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mo adquirió la calidad de «firme» y ((consentido)) (arts. 356 en función del 141, CPC). En base a ello debe fijarse en concepto de cuota alimentaria a pagar por el demandado D. A. L., la suma de $700 mensuales por cada una de las niñas nombradas, retroactivo a la fecha de interposición de la demanda de alimentos 8/5/2009 tal como sostiene el dictamen del Sr. Asesor Letrado, al contestar traslado del recurso interpuesto. Allí citando a Zannoni, considera acertada la jurisprudencia mayoritaria de nuestros tribunales, que ha establecido «el carácter retroactivo a la sentencia de alimentos a la fecha de interposición de la demanda, ya que aquella es declarativa al derecho a percibirlos por parte del alimentado» (fs. 267 in fine). 3) En lo que respecta al tercer agravio relacionado a las costas, entiendo las mismas deben imponerse por el orden causado, atento a lo novedoso de la cuestión tratada y a su complejidad jurídica (art. 130 ín fíne, CPC). Voto por la afirmativa. A la primera cuestión propuesta el señor Juez Civil y Comercial Dr. HORACIO ENRIQUE VANZETTI, dijo: Que se adhiere al voto emitido por el Sr. Vocal Dr. MARIOCLAUDIO PERRACHIONE (art. 382 CPC). Así voto esta primera cuestión. A la segunda cuestión propuesta el señor Vocal de la Excma. Dr. ~ I APERRACHIONE, RIO dijo: A mérito de las conclusiones contenidas en los votos precedentes, el tribunal deberá dictar el siguiente pronunciamiento: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora y fijar la cuota alimentaria a favor de las niñas M. L. L. y L. A. G., en la suma de $700 por cada una de ellas, a pagar por el demandado D. A. L., con efecto retroactivo a la fecha de interposición de la demanda ($/5/2009). 2) Imponer las costas por el orden causado y no regular honorarios a los letrados actuantes en esta oportunidad (arg. art. 26, Ley 9459). A la segunda cuestión propuesta el señor Juez Civil y Comercial Dr. HORACIOENRIQUE VANZETTI, dijo: Que se adhiere al voto emitido por el Dr. MARIOC. PERRACHIONE (art. 382, CPC).

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Así voto esta segunda cuestión y en definitiva. A mérito del acuerdo que antecede, SE RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la actora en contra del Auto 276 de fecha 291612010, y en consecuencia fijar alimentos a favor de las niñas M. L. L. y L. A. G., en la suma de $700 por cada una de ellas, a pagar por el demandado D. A. L., con efecto retroactivo a la fecha de interposición de la demanda (81512009). 2) Imponer las costas por el orden causado (art. 130, CPC) y no regular honorarios a los letrados actuantes en esta oportunidad (arg. art. 26, ley 9459). Protocolícese y oportunamente bajen.

5 2.~ E G ~ T I M A C DEL I ~ N PROGENITOR QUE CONVIVE CON EL HIJO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LOS

18 A LOS 4-1 AROS

PARA INICIAR EL JUICIO DE

ALIMENTOS, PROSEGUIRLO, ADMINISTRAR Y DISPONER DE LA CUOTA.

ARTICULO 662 DEL NUEVOGÓDIGO CIVILY COMERCIAL PROMULGADO (B.O. No32.985 DEL 811012014). PAUTADE ORIENTACIÓN «La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil considera que la madre está legitimada para la ejecución de la deuda por las cuotas de alimentos que se devengaron durante la minoridad del hijo, subrogándose en su respectivo derecho de cobro, porque ante tal situación cabe presumir que ella -a falta de contribución del padre- anticipó lo necesario para atender a las necesidades del menor. Máxime teniendo en cuenta que cuando se trata del reclamo de prestaciones ya cumplidas, ellas han quedado incorporadas al patrimonio del acreedor que las hizo (Sumario No 20703 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil) (Cam. Nac. Civ. Sala 1, R.14527 Ejecución I de Alimentos, 812111) (Sumaen autos «B., P.C. c l M., E.N. S rio No 15380 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, Boletín No 1112003) (Cam. Nac. Civ., Sala «A)), R.358848, en autos «M., C.E. c l W., M. A. S/ Ejecución de Alimentos)) del 26/11/02), coincidiendo con la postura de la recurrente.)) «En sentido contrario se ha expedido la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Necochea que en un caso similar resolvió, que al alcanzar el menor la mayoría de edad, los créditos alimentarios pendientes, esto es, tanto los que se fueron devengando hasta el cese de

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la minoridad, como los posteriores, deben ser reclamados por el hijo mayor de edad por derecho propio, atento haber caducado la representación legal de su progenitora (art. 57 y 274 del Código Civil) (Ca.Civ.Com Necochea, Expte. 8665, Reg. no71, del 6/10/2011 en autos «Ch., L. P. C/C., S. 0 . slincidente de ejecución de alimentos).)) «Solo como pauta de orientación, cabe tener en cuenta que el Código Civil y Comercial promulgado (B.O. No32.985 del 8110/2014), en su artículo 662 reconoce amplia legitimación al progenitor que convive con el hijo que se encuentra entre los 18 a los 21 años, y con quien convive, a iniciar el juicio de alimentos, proseg~~ir el iniciado cuando el hijo era menor de edad, administrar y disponer de la cuota, todo por derecho propio.)) «....aun cuando el menor haya llegado a la mayoría de edad, la madre está legitimada para reclamar los alimentos atrasados subrogándose en los derechos del hijo a la pensión fijada (art. 768 inc. 2", 771 y concs. del Código Civil), de tal manera que las sumas que corresponda abonar no ingresarán al patrimonio de aquel sino de la madre, que de este modo reembolsa los gastos efectuados en beneficio del menor que debieron ser atendidos por el padre.)) (CApel. la Civ. y Com. de San Isidro, Sala 1, 12/11/14, elDial.com AA8BBI)

FALLOCOMPLETO En la Ciudad de San Isidro, Provincia de Buenos Aires, a los A2 días de Noviembre de 2014, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala Primera de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro, Dres. Hugo O.H. Llobera y Carlos Enrique Ribera (artículos 36 y 48 de la ley 5.8271, para dictar sentencia interlocutoria en el juicio: «S. A. M. CIA. G. J. SIEjecución de sentencia)) y habiéndose oportunamente practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 263 del Código Procesal Civil y Comercial), resulta que debe observarse el siguiente orden: Dres. Llobera y Ribera, resolviéndose, plantear y votar la siguiente: CUESTIÓN ¿Corresponde modificar la resolución apelada?

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vor~cióiu A la cuestión planteada el Dr. LLOBERA, dijo: l. La apelación Vienen las presentes actuaciones para su conocimiento en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora (fs. 376), contra la providencia simple que rechazó su petición para continuar interviniendo en éste proceso de ejecución de alimentos (fs. 368 «in finen), atento a que su hijo cumplió la mayoría de edad (354). El memorial fue presentado a fs. 3821387 y contestado a fs. 3901394. IB. Los agravios Se agravia la parte actora de la resolución que le negó legitimación para seguir actuando en este proceso a los fines de obtener el reembolso de los gastos escolares y extracurriculares de su hijo, que fueron solventados por ella cuando estaban a cargo del demandado. Expresa que reclama el monto que surge de la liquidación practicada a fs. 2671 274 por el período comprendido entre Octubrel2009 a febrerol2014. Considera que lo decidido lesiona sus derechos constitucionales de propiedad y de defensa en juicio. Alega haber contraído préstamos bancarios y familiares para que su hijo continúe con sus estudios en el colegio «R. S.» y obtenga el título secundario. Estima que obligarla a iniciar un nuevo proceso para reclamar al demandado lo debido, atentaría contra los principios de celeridad y economía procesal. Señala que se aplicó la ley en abstracto sin analizar las circunstancias del caso y las pruebas arrimadas en autos. IIl. Los antecedentes La parte actora inició ejecución de alimentos (211112011), en representación de su hijo menor de edad (fs. 6), alegando el incumplimiento del demandado en el pago de la cuota alímentaria acordada y homologada en el expediente sobre divorcio (fs. 9110). Encontrándose el incidente en pleno trámite, luego de interpuesta la demanda (fs. 1031109 y fs. 129/130), presentada la contestación (fs. 1591164) y resueltas las excepciones opuestas (fs. 1831185), el hijo de las partes, F. Á. S., cumplió la mayoría de edad el 12/3/2014, disponiendo el Juzgado su citación a los fines de tomar intervención en autos (fs. 287). Ante ello, la actora se presentó «por derecho propio)), a los fines de proseguir con el trámite del proceso de ejecución iniciado durante la minoridad de 3 edad de su hijo, a los fines de obtener el íntegro pago de las sumas adeudadas con más los intereses y costas (fs. 3101312), el

juzgado la tuvo «por presentada por derecho propio)), y proveyendo su presentación corrió traslado de lo manifestado (fs. 312). Notificado el demandado por cédula (fs. 3131314) se opuso a lo solicitado por considerar que los alimentos le corresponden a su hijo y no a la madre. El 181612044A. M. S. solicita se la legitime expresamente para continuar con el trámite de las actuaciones, lo que fue rechazado por el Juzgado el 16/9/2014 (fs. 368). IV. La solución La cuestión traída a esta alzada, en torno a la legitimación de la madre para ejecutar los alimentos devengados durante la minoridad, una vez que el hijo alcanzó su mayoría de edad, suscita distintas posiciones tanto en la doctrina como en jurisprudencia. Surge entonces el interrogante acerca de ¿quién es el titular del crédito contra el obligado: el hijo o el progenitor conviviente? o lo que es lo mismo ¿la madre que reclama las cuotas atrasadas debe hacerlo en representación de su hijo o por derecho propio? La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil considera que la madre está legitimada para la ejecución de la deuda por las cuotas de alimentos que se devengaron durante la minoridad del hijo, subrogándose en su respectivo derecho de cobro, porque ante tal situación cabe presumir que ella -a falta de contribución del padre- anticipó lo necesario para atender a las necesidades del menor. Máxime teniendo en cuenta que 4 cuando se trata del reclamo de prestaciones ya cumplidas, ellas han quedado incorporadas al patrimonio del acreedor que las hizo (Sumario No 20703 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil) (Cám. Nac. Civ. Sala 1, R.44527 en autos «B., P.C. c/ M., E. N. S/ Ejecución de Alimentos, 8102111) (Sumario No 15380 de la Base de Datos de la Secretaría de Jurisprudencia de la Cámara Civil, Boletín No 1112003) (Cam. Nac. Civ., Sala «A)), R.358848, en autos «M., C. E. c1W., M. A. s l Ejecución de Alimentos)) del 26111/02), coincidiendo con la postura de la recurrente. En sentido contrario se ha expedido la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Necochea que en un caso similar resolvió, que al alcanzar el menor la mayoría de edad, los créditos alimentarios pendientes, esto es, tanto los que se fueron devengando hasta el cese de la minoridad, como los posteriores, deben ser reclamados por el hijo mayor de edad por derecho propio, atento haber caducado la representación legal de su progenitora (art. 57 y 274 del Código Civil) (Ca.Civ.Com

Necochea, Expte. 8665, Reg. no71, del 611012011 en autos ((Ch., L. P. C/C., S. 0 . slincidente de ejecución de alimentos). Parte de la doctrina, entiende, que el hijo es quien debe reclamar los alimentos devengados durante su minoridad por haber concluido la representación legal del progenitor que obró por aquél (particularmente a partir de la irrepetibilidad que consagran los artículos 371 y 376 del Código Civil), aun cuando reconoce la injusticia que ello puede significar en muchos casos (Kielmanovich, Jorge, ((Derecho Procesal de Faedición, año 5, 2009, editorial Abeledo Perrot, pág. 67). m i l i a ~3era. , Ahora bien y solo como pauta de orientación, cabe tener en cuenta que el Código Civil y Comercial promulgado (B.O. No 32.985 del 81101 2014), en su artículo 662 reconoce amplia legitimación al progenitor que convive con el hijo que se encuentra entre los 18 a los 21 años, y con quien convive, a iniciar el juicio de alimentos, proseguir el iniciado cuando el hijo era menor de edad, administrar y disponer de la cuota, todo por derecho propio. En el caso de autos, el demandado se obligó a pagar en concepto de cuota alimentaria en favor de su hijo menor de edad, el 50 % de los gastos de escolaridad y aquellos relacionados con sus actividades extracurriculares (art. 267, CC), acuerdo que fue homologado al decretarse el divorcio vincular de la partes el 411112003 (fs. 9110). El 211112011, A. M. S., promovió demandada de ejecución de alimentos contra el demandado por la suma de $ 16.971,65, afirmando que el alimentante dejó de pagar en el mes de Octubre de 2009, practicando liquidación hasta febrero de 2014, y si bien en un principio accionó en representación de su hijo, una vez que aquel alcanzó la mayoría de edad pretende se la legitime para continuar actuando en este proceso hasta cobrar la suma reclamada. El monto que se reclama es una suma de dinero equivalente a la que debió abonar para afrontar el pago de los gastos de escolaridad y extracurriculares para que su hijo, por entonces menor de edad, terminase la escuela secundaria. De manera que tratándose de necesidades del hijo de las partes, que debieron ser solventadas por la madre, el hecho de que el menor haya alcanzado la mayoría de edad, no lo torna en acreedor de los alimentos atrasados sino que dicha acreencia queda en cabeza de su madre con quien aquél convivió mientras era menor.

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Como mencionara tal razonamiento encuentra fundamento en la pauta orientativa del Código Civil y Comercial de la Nación en el cual se reflejan las nuevas ideas en materia de familia. Dicho cuerpo legal reconoce legitimación al progenitor que convivió con el hijo -hoy mayor de edad-, para reclamar las cuotas alimentarias atrasadas ante la presunción «iuris tantum», de que este progenitor fue quien, necesariamente, adelantó los gastos que debían cubrirse con las cuotas no abonadas por el alimentante; ello encuentra apoyo en la convivencia con el hijo, y ante la falta de medios propios para satisfacer sus necesidades de subsistencia. Las máximas de la experiencia demuestran que haya o no juicio de alimentos en trámite, cuando uno de los progenitores no cumple es el otro quien sufraga las necesidades del menor. De manera que, aun cuando el menor haya llegado a la mayoría de edad, la madre está legitimada para reclamar los alimentos atrasados subrogándose en los derechos del hijo a la pensión fijada (art. 768, inc. 2", 771 y concs. del Código Civil), de tal manera que las sumas que corresponda abonar no ingresarán al patrimonio de aquel sino de la madre, que de este modo reembolsa los gastos efectuados en beneficio del menor que debieron ser atendidos por el padre. Por la forma en que se decide las costas de Alzada se imponen al vencido (art. 68 del CPCC). Por los motivos expuestos voto por la AFIRMATIVA. El señor Juez Dr. RIBERApor los mismos fundamentos votó por la AFIRMATIVA. Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente: SENTENCIA Por lo expuesto en el Acuerdo que antecede, se revoca la resolución de fs. 368 y se admite la legitimación de A. M. S. para reclamar en estos obrados el pago de la cuota alimentaria desde octubre de 20Q9a febrero de 2014; con costas al demandado. Regístrese y devuélvase. Fdo.: CARLOSENRIQÚERIBERA- HUGOO. H. LLOBERA.- MIGUELL. ÁLVAREZ, Secretario.

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5 3. OBLIGACS~N ALIMENTARIA DEL «PADRE SOLIDARIO» PARA CON EL H ~ J OADOPTADO POR EL OTRO C ~ N Y U G E

«El marido de la adoptante simple, que había sido designado guardador en forma conjunta con ella pero abandonó el hogar conyugal, debe suministrar alimentos al adoptado hasta su mayoría de edad, pues queda encuadrado en el concepto de ((padre solidario)), con justificativo en la.solidaridad familiar y la posesión de estado filial, siendo su asistencia un mecanismo efectivo para evitar consecuencias irremediables para el desarrollo del niño en una familia de limitados recursos». (Trib. Coleg. Fam. no5 Rosario, 1015112, Revista de Familia y de las Personas, Ed. La Ley, año V, no 2, p. 66 y Cuaderno Jurídico Familia, Ed. El Derecho, no 36, p. 13)

FALLOCOMPLETO

Y VISTOS: Los presentes caratulados: B., P. T. s1Guarda preadoptiva. Expte. No 1425111; DE LOS QUE RESULTA: Que M. N. C. con patrocinio letrado de la Defensora General 3a inicia guarda con fines de adopción respecto de P. T. B. de 17 años. Relata que es la madrina de P. quien es hija de M. C. y J. B., fallecido cuando P. tenía un año. Refiere que participara en la organización HOPROME y el padre S. le propuso el cuidado de la niña con solo seis meses de vida la cual fue encontrada por la policía junto a su madre quien estaba tirada en la calle bajo los efectos de la droga. Nominación de Por resolución 5711996 del Juzgado de Menores la. Rosario, se designa a A. M. y, a la presentante, guardadores de la niña. Desde ese momento se hizo cargo de todas las necesidades especialmente de sus cuidados médicos debido a que era portadora de HIV y gracias a los tratamientos recibidos se encuentra sana. Expresa que le tramitó el documento de identidad. En 2003 cuando P. tenía siete años por pedido de C. regresa con ella bajo el control de C. Posteriormente la abuela materna efectuó una denuncia ante el Juzgado citado iniciándose una causa y a fines de 2003 se archivó, conforme consta en autos B. P. T. s1Custodio judicial. Expte. 563109. Afinales de 2005 la

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progenitora de P. citó a C. y se la entrega argumentando imposibilidad de hacerse cargo de la menor. Manifiesta que otros hijos de C. están con familiares y no con ella porque los abandona. Sostiene que hace 1O años que A. M. se retiró del hogar que compartía con la actora y P. desentendiéndose de sus funciones como guardador asumidas en 1996, por ello solo C . inicia el trámite. En el Juzgado de Menores referido P. manifestó su deseo de ser adoptada por C. con quien vivió prácticamente toda su vida, además sus recuerdos con la familia biológica no son buenos. Se citó dos veces a la progenitora de P. pero no concurrió. El Juzgado de Menores se declara incompetente y remite la causa a éste Tribunal. Dice que desde 2005 P. se encuentra ininterrumpidamente con la actora y solo dos años de su vida estuvo con su madre biológica Ofrece prueba documental, testimonial, ambiental e instrumental (fs. 113) Brindado el trámite pertinente (fs. 41, M. N. C. con patrocinio letrado manifiesta que percibe una pensión graciable, desde mayo de 2011 una cuota alimentaria de M. y ocasionalmente cuenta con la colaboración de su hijo que con gran esfuerzo le ayuda (fs. 10) En el informe ambiental realizado por la Trabajadora Social se cons-. tata la convivencia de la actora y la menor en una propiedad de aquélla y su marido. Allí le refiere la existencia de otro hijo mayor de edad que vive en Paraná y a quien ven cada quince días manteniendo con P. una muy buena relación. La menor repite el 4to. año de la secundaria, no cuenta con obra social y desde hace varios años realiza psicoterapia. Refiere que no tiene ningún vinculo con su familia biológica y no tiene tampoco ningún interés en vincularse. La cuota alimentaria que recibe de A. M. es en ese mes de $833 (fs. 12) Se reciben las testimoniales (fs. i3/14), es escuchada en audiencia la actora y la menor, ambas con asistencia letrada y de la Defensora General respectivamente. Aquélla expresa su deseo de adoptar sola a P. atento el retiro de su esposo y la adolescente quien manifiesta su intención de terminar el secundario, iniciar Medicina y llevar como apellidos el biológico seguido del de su adoptante, B. C.. La actora atento el tiempo transcurrido desde la guarda pide directamente la adopción simple. (fs. 17) Citado A. M. a fin de que manifieste su parecer sobre la acción intentada no comparece (cedulas y constancias de fs. 19 a 27), la Trabajadora Social informa que toma contacto con la actora la cual relata que

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recibe una pensión contributiva y la cuota alimentaria dispuesta en auM.IA. s/Alimentos (expte. 1750) la cual asciende actualtos C. M. N. C mente a $ 1.O00 mensuales (fs. 29), por lo que se encuentran los presentes en estado de resolver; Y CONSIDERANDO: Que originalmente se trata del pedido de guarda con fines adoptivos de una niña por una mujer, que de hecho la detentaba junto con su marido desde que tenía meses de vida, cuando fue encontrada en la calle junto a su madre en completo estado de abandono. Por espacio de dos años y a los seis de aquella, es entregada a la madre biológica por un Juez de Menores, para luego ser nuevamente confiada a la pretensa adoptante, quien ante el tiempo transcurrido pide derechamente la adopción simple sólo a su favor, ya que su marido hace diez años que abandonó a ambas, lo cual obligó al pedido alimentario respectivo. La persona cuya adopción se incoa, poco tiempo antes de arribar a la mayoría de edad solicitó conservar el apellido de su progenitor, fallecido cuando ella tenía un año de vida y adicionar el de su guardadora. Que de las constancias de autos se tiene: l . Que según acta de nacimiento P. T. B. es hija de J. A. B. y M. F. C. C. (fs. 6, exte. 563109 B., P. T. sICustodia judicial unido por cuerda) 2. Que al matrimonio M. - C. se les entrega judicialmente la niña en guarda a los dos años según acta 97 del 191611996 del Juzgado de Nom. de esta ciudad, comprometiéndose a alimentarla, Menores la. vestirla, brindarle habitación, asistirla, proporcionarle todos los cuidados materiales y morales necesarios a su educación y tomando a su cargo todos los gastos que demande (fs. 7 expte. Citado ut supra). 3. Que de las copias obrante en los referidos apiolados surge que retorna con la progenitora y luego por una denuncia anónima se toma conocimiento que aquélla y sus dos hijos -una era P., a la sazón de nueve años- son encontrados descuidados y aquélla drogada junto al padre del otro niño (fs. 29 expte. 563109 B., P. T. slcustodia judicial) 4. Que al enfermarse de hepatitis, P. es dejada por su madre a la actual guardadora, quien pide ante aquél Juzgado la guarda (fs. 35), en consecuencia el Juez, declara el cese de la intervención y archiva la causa (fs. 36 ambas del expte. precedentemente citado); 5. Que, luego la causa es reabierta y se escucha a la pretendiente y a la menor quien manifiesta no tener contactos con sus hermanos biológicos y no desea volver con su madre. El ya citado Juzgado declara

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su incompetencia y remite los antecedentes a éste Tribunal (fs. 55 y 56 respectivamente expte. 563109 B., P. T. slcustodia judicial) 6. Que del último informe de la Trabajadora Social en el domicilio de la actora, se extrae que aquella percibe una pensión no contributiva, tiene un hijo biológico mayor de edad que le ayuda económicamente con P., y recibe alimentos conforme se ordenara en los obrados respectivos. La Funcionaria aprecia que la guardadora se muestra cuidadosa con ella, responsables en la crianza y denotan un estrecho vínculo afectivo. Asimismo se deja constancia que en la vivienda propiedad del matrimonio M. C., solo ésta la habita junto a P. y por las condiciones socio habitacionales expuestas resulten satisfactorias para que se viabilice la acciói? pretensa (fs. 12); 7. Que de los testimonios recibidos en este Tribunal se desprende por parte de una compañera del grupo parroquia1de la peticionante, las penurias sufridas por la niña a sus pocos meses de vida y cuando cursaba la escuela primaria al retornar por poco tiempo con su madre biológica. Una vecina ratifica lo expuesto y ambas coinciden en el excelente trato que recibe de la actora, quien se encargó de criarla, vestirla, educarla, festejarle los quince años, pagarle el viaje de estudios a Bariloche, en fin brindarle amor y apoyarla con todo el esfuerzo económico que demanda una adolescente. (fs. 13/14) 8. Que al ser oída P. -por entonces la menor de edad- coincide con la petición de adopción simple que formula su guardadora y es su deseo conservar el apellido paterno seguido de! de aquella. En el mismo acto la guardadora solicita derechamente la adopción simple (fs. 17) DEL TEXTO LEGAL A LA ADOPCIÓN UNITIPODE ADOPCIÓN. ADECUACI~N PERSONAL Y RETROACTIVIDAD.

Que la persona cuya adopción simple se pretende, habitó desde sus seis meses de vida en el hogar con la actora y el marido -que luego las abandona-, en la audiencia donde se escucha a aquélla y a su guardadora, se afirma el convencimiento respecto a una solución inmediata que comprenda la inserción jurídica de ésta última con la persona que se convirtió en su sostén y que le pueda brindar todos los cuidados y afectos necesarios, asegurándose con ello los derechos de raigambre constitucional a integrar una familia. Todo caso es mutable con cada secuencia que la realidad presenta por lo que siempre es momento adecuado para adoptar medidas tuitivas

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que defiendan, amparen y protejan. También es jurisprudencia de la Corte Nacional que se debe atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque sean sobrevinientes al recurso extraordinario -en el caso referido a ese Alto Tribunal (cfse. Fallos: 325:1345, 1440, 2177, 2275; entre otros), No se trata aquí de estigmatizar a la madre de sangre, cuya vida y falta de adecuados cuidados y atención es evidente, ni siquiera de descalificarla por haber dejado a su hija, pero sí de privilegiar, el mantenimiento de situaciones de equilibrio que aparecen como más ciertas, y no de generar nuevos conflictos cuyas consecuencias resultan impredecibles. Por pedido de la pretensa adoptante y de la propia interesada en ser adoptada, se conferirá la adopción simple en el convencimiento que no es axiológicamente inferior a la plena, y permite el mantenimiento de los vínculos que preservan la historia personal del adoptado y de su pasado)) (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Junio, 30-1999. ED. 184-432), por ello el art. 330 Código Civil traduce la inequívoca atribución judicial de escoger el sistema más adecuado, Según el estado emocional y psicológico de la persona cuya adopción se pide y el hecho de que la vinculación se encuentra en la actualidad indiscutiblemente producida, la calidad de adoptante se otorgará únicamente a la solicitante, a pesar que la guarda oportunamente fue otorgada a ella y su esposo. Fundamos tal aseveración en el abandono que el marido efectuara del hogar conyugal en la temprana edad de la niña, la inasistencia a distintas citaciones y la falta de presentación oportuna al proceso. A ello se suma, para agravar su desinterés, la acción de reclamo alimentario que debió iniciar la guardadora. La adopción simple se encuentra contemplada en el Código Civil (arts. 329 y sigtes.) y como consecuencia de ella, el adoptado conserva un estado de familia determinado en relación a su familia biológica, puesto que no se rompe totalmente el vínculo de parentesco con la misma sino que, por el contrario, se crea un nuevo vinculo familiar con la adoptante, no así con el resto de su familia biológica. En el caso se preserva el vínculo con su progenitor fallecido a través de conservar el apellido paterno y correlativamente, se afianzará el vínculo con la guardadora ya existente, aditándole el apellido de su adoptante como es SU deseo,

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Que sin perjuicio que todas las constancias y pruebas colectadas indiquen otorgar la adopción solicitada, el principio de la seguridad jurídica exige considerar de manera particular y detallada la interpretación del artículo 320 del Cód. Civil, que exceptúa y posibilita -entre otros- la adopción por uno solo de los cónyuges para cuando medie separación personal. Ocurre que la aspirante a adoptar se encuentra casada, hecho que significa un valladar para que prospere la adopción unipersonal, pero no convive ya que su marido le abandonó. El artículo 322 del Código Civil retrotrae los efectos de la sentencia de adopción a la fecha de otorgamiento de la guarda (para el caso el 24 de julio de 1996). Iriterpretamos que operará únicamente para la actora, por ser gravemente descalificante el abandono que el cónyuge hiciere a su esposa y a la por entonces niña, precisamente en la etapa como guardador, es decir cuando el compromiso en los primeros años de la niña eran trascendentes en su crianza y formación, como obstáculo ilevantable para otorgar la adopción conjunta al matrimonio y consecuentemente el efecto retroactivo de la guarda a ambos, Por ello, cabe considerar la excepción en la aplicación de las normas referidas a éste caso, basada en consideraciones de equidad, e\ principio constitucional de supremacía (art. 31, Constitución Nacional) y en valoraciones jurídicas de fondo que permiten una interpretación favorable a la procedencia de la mencionada excepción. Conforme lo indica la máxima ((bene jvidicat quid bene distinguit», debe evaluarse que si el fin tenido en miras por el legislador no se da en e l supuesto bajo juzgamiento, la prohibición no rige para el caso, y si la norma no permite distinguir debe declararla inconstitucional, si viola un valor implícito en el ordenamiento superior del Estado. (V. Kemelmajer de Carlucci, Aida «De los llamados requisitos rígidos de la ley de Adopción y el Interés Superior del Niño. Breve paralelo de la jurisprudencia italiana y argentina». JA, número especial del 16 de sep. 1998 sobre «La nueva ley de adopción No24.779», p. 20). Que la consideración de una excepción al texto del Código Civil para el caso bajo análisis, toda vez que se controvierte el art. 14 bis de la Constitución Nacional (la legislación debe propender a la ((protección integral de la familia»), principio que se ve enriquecido e incrementado por el nuevo inc. 19 del art. 75 de la Ley Suprema y una aplicación automática del ordenamiento civil, acarrearía una solución disvaliosa, todo ello bajo el principio de unidad interpretativa que implica que las

normas constitucionales no deben ser puestas en pugna entre sí, sino armonizadas para que conserven igual valor y efecto, conforme inveterada doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre contempla que ((Toda persona tiene derecho a constituir familia; elemento fundamental de la sociedad, a recibir protección para ella. -Art. VI. Asimismo El Pacto Internacional De Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su art. 10": l . Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitución y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo; En ese sentido y a fuerza de abundar, oportunamente se respetaron y por tanto con esta decisión se consolidan, todos los derechos emergentes de la Convención sobre los Derechos del Niño cuando la persona estaba en guarda pre adoptiva y se encontraba en la franja etaria que la tornaba aplicable, esto es, el respeto a su mejor interés -art. 3-, el ejercicio reconocido en esa Convención -art. 5- y el derecho de expresar su opinión libremente en este asunto que le afecta, teniéndose debidamente en cuenta aquella cuando fue escuchada junto a su representante -art. 12-. ALIMENTOS DEL MARIDO DE LA ADOPTANTE. PADRESOLIDARIO. Para los progenitores el suministro de la mesada se extiende hasta la edad de veintiún años, salvo que el hijo mayor de edad o aquéllos, en su caso, acredite que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo, (artículo 265 del Código Civil según ley 26.579). La beneficiaria de los alimentos, según constancias, testimonios e informes ambientales practicados, carece de recursos y10 bienes propios, vive en forma sencilla junto a su guardadora y está cursando el último año del secundario. La extensión de la mesada deberá ser idéntica a la del menor de edad, art. 265 segundo párrafo Código civil y conforme la pauta del art. 267. Atento ser la fuente obligacional creada por ley 26.597 distinta a todas las existentes, el motivo por el cual los alimentos que los padres deben a sus hijos, entre la edad de dieciocho a veintiún años, encuentran su origen, para algunos doctrinarios, en el vínculo filial (Néstor E. Solari, «Reflexiones sobre la mayoría de edad a los 18 años», en: Re-

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vista de Derecho de Familia y de las Personas, La Ley, Buenos Aires, 2010, año 2, no 1, p. 200) En consecuencia, esa legislación crea -respecto de los hijos- una categoría distinta, en lo que a la obligación alimentaria se refiere y este Tribunal oportunamente así lo receptó (ver Prot. de autos Trib. Col. Familia no5 Rosario, «Ch., J. c l C., L. slalimentos» (expte. 329 1106), 2612110) Por resolución 2289110 se fija alimentos al marido de la peticionante de autos en la minoridad de P. quien lo calificaba como «papá del corazón)). El fundamento legal es la Convención de los Derechos del Niño y Alimentos. I Expte la tutela judicial efectiva en tiempo (C. M. c l M. A. S No 1750110). Posteriormente acuerdan el depósito bancario de la mesada por parte de la empleadora del demandado en el 15% de los haberes netos que percibe. Al superar la beneficiaria la edad minoril, debe determinarse si subsiste la obligación alimentaria. El alimentante, no es, conforme vimos, padre adoptivo, ni podemos considerarlo técnicamente padrastro porque es el marido de la madre en relación de una hija que no es de una unión anterior de su esposa (art. 363 Código Civil) y por tanto excede los parientes obligados legalmente (art. 368 del Código Civil), y aún si forzáramos una interpretación amplia -vía art. 2 Convención sobre los Derechos del Niño- la alimentada es mayor de edad y esta obligación es subsidiaria e impone la acreditación de la falta de recursos de su madre adoptante, con la posibilidad que deba recíprocamente alimentos al marido de aquélla (art. 367 uitimo párrafo). Tampoco es posible invocar el art. 1275 -inc. - 'la. del ordenamiento civil, como fuente de la responsabilidad alimentaria, pues refiere a las cargas de la sociedad conyugal y no es la acción de ejercicio de estado de familia suscitada. No obstante puede encuadrárselo como «padre solidario)) o ((progenitor a f h (nomen jus del anteproyecto de unificación del Código Civil y Comercial 2012, art. 672) justificado en la solidaridad familiar unido a la posesión de estado filial como ratio de su obligación ya que el cambio en la situación -cese de la mesada- puede ocasionar un daño en la vida de la pretensa adoptada cuando en la convivencia asumió el sustento de «su hija en el corazón)), conforme sus ingresos y las necesidades de la alimentada. Esta imposición como ((padre solidario)) debe entenderse en el sentido que si bien los Estados desarrollan diversos programas de ayuda dirigidos a la protección de núcleos familiares como el de autos -la

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actora percibe una pensión compensatoria-, la asistencia del individuo que hasta la separación, en gran medida, sostenía económicamente al grupo familiar, se instrumenta como mecanismo alternativo pero efectivo y trascendente en un grupo familiar de limitados recursos económicos. En este contexto, la deserción o la desobligación del que durante la infancia de PAMELAocupara el rol de padre afectivo y proveedor puede traer consecuencias irremediables para el futuro desarrollo de aquella en cuanto a que se resentirán sus posibilidades educativas y consecuentemente se eleva el riesgo de conductas antisociales. Esta pauta de solidaridad familiar, apoyada en la protección integral de la familia -art. 14 bis CN- supera el estrecho margen obligacional del parentesco -art. 372 del C. Civil-, efectiviza la proclama de los derechos humanos básicos reconocidos en el bloque de constitucionalidad. Conforme al razonamiento desarrollado, A. M. será obligado a continuar con el suministro alimentario hasta los 21 años de edad de la beneficiaria con idéntico porcentaje y modo de pago.

APELLIDODE LA PERSONA CUYA ADOPCION SE SOLICITA En la adopción que se propugna -la simple- el adoptado llevará el apellido del adoptante y, a solicitud de éste se podrá adicionar el de origen, o bien a solicitud de aquél desde los 18 años de edad. (art. 313, párr. 2", CCiv., arts. 12, ley 18.248 y 332, CCiv.) En los pronunciamientos donde se admitió el sentido inverso, esto es que el adoptado preservara el apellido de origen y se aditara el del adoptante fue siempre a pedido de este último (Cámara Nacional Civil, Sala J, 31/8/1994 ED. 162-489; Cámara Nacional Civil, Sala 1, 6/10/ 1994, ED 163-359) En el caso y dentro de su ((competencia)) como concepto perteneciente al área del ejercicio de los derechos personalísimos, próxima a cumplir la mayoría de edad, PAMELAexpresó su deseo de mantener el apellido paterno -fallecido cuando ella contaba un año de vida- y adicionar el de la actora, con razonamiento sobre las alternativas cumpliéndose la pauta de ((madurez)), que el Comité sobre los Derechos del Niño la define como la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado, de modo de poder expresar sus opiniones sobre las cuestiones de forma razonable e independiente

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(Comité sobre los Derechos del Niño, Observación General no12 (2009), «El derecho del niño a ser escuchado», párr. 30.) Sin embargo, se coincide que se debe admitir la solicitud del adoptado de adicionar (anteponer o agregar) su apellido de origen sin fijación de edad alguna, de conformidad con la capacidad evolutiva de la interesada quien se ha relacionado en forma relativamente prolongada con su apellido de origen. Asimismo, la simple solicitud de adición implicaría presumir tal capacidad, por lo cual se vería invertida la carga de la prueba, debiendo quien se opone probar que el adoptado carece de madurez para instar este pedido (HERRERA, Marisa, El derecho a la identidad en la adopción, tomo 11, Editorial Universidad, Buenos Aires, 2008, p. 386.) A mayor ilustración, igual solución prevé el decreto 2316/03 (reglamentario de la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires no 153), en su art. 4, inc. h), según el cual: «...3. Toda persona que esté en condiciones de comprender la información suministrada por el profesional actuante, que tenga suficiente razón y se encuentre en condiciones de formarse un juicio propio, puede brindar su consentimiento informado para la realización de estudios y tratamientos. Se presume que todola niño/a o adolescente que requiere atención en un servicio de salud está en condiciones de formar un juicio propio y tiene suficiente razón y madurez para ello; en especial tratándose del ejercicio de derechos personalísimos...» Por todo ello y art. 67 Ley Orgánica del Poder Judicial; RESUELVO: 1) Otorgar la adopción simple de P. T. B. DNI No 37.818.279, hija de J. A. B. y M. F. C. C. nacida en Rosario el 26 de diciembre de 1993, de sexo femenino, anotada en el Registro Civil Sección Hospitales bajo Tomo 1, acta no 66, Año 1994 a M. N. C. DNI No 10.410.464, con todos los derechos y obligaciones legales con efecto retroactivo al 24 de julio de 1996; 2). Ordenar la inmovilización o bloqueo de la partida de nacimiento de P. T. B. 3) Disponer que sea inscripta con el nombre de P. T. B. C.; 4) Librar la correspondiente comunicación al Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas acompañándose copia certificada del presente fallo; 5) Imponer en carácter de ((padre solidario)) la prestación alimentaria a favor de P. T. B. C. hasta los 21 años de edad y a cargo de A. M., consistente en el 15% de sus haberes netos, con idéntica modalidad de cumplimiento que

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hasta el presente. Insértese y hágase saber. Tribunal Colegiado de Familia !ja. Nom. Rosario. Juez: Ricardo J. Dutto. Secretaria. Tania Roimeser.

5 4. RECLAMOCONJUNTO CONTRA EL PADRE Y EL ABUELO «Se confirma la sentencia que condenó a abonar al padre la suma de $ 1.500 en concepto de cuota alimentaria, como obligado principal, y al abuelo paterno, en caso de incumplimiento.del padre, al 20 % de su remuneración o beneficio previsional, o la suma mensual de $ 500)). (CApel. Civ., Com. y Lab. Reconquista (Santa Fe), 12/4/13, Rubinzal on line, RC J 10134113)

FALLOCOMPLETO En la ciudad de Reconquista, Santa Fe, a los 12 días de Abril de 2013, se reúnen los Jueces de esta Cámara, Dres. María Eugenia Chapero, Aldo Pedro Casella, y Santiago E. Dalla Fontana para resolver los recursos interpuestos por la parte co-demandada D. J. L. contra la resolución dictada por la Señora Jueza de Primera Instancia de Familia del Distrito No4, de esta ciudad de Reconquista, Santa Fe, en los autos: «A., M. A. c l L., D. J. ylu otro S Alimentos I y litis expensas)) (Expte. nro. 95 año 2012). Acto seguido, el Tribunal establece el orden de votación conforme con el estudio de autos: Casella, Dalla Fontana y Chapero y se plantean para resolver las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿ES nula la sentencia? SEGUNDA: Caso contrario, ¿Es justa? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la primera cuestión, el Dr. CASELLAdijo: el recurso de nulidad no es sostenido en esta Alzada, y no advierto irregularidades que hagan menester la consideración de oficio de la cuestión planteada, por lo que voto por la negativa. y la Dra. CHAPERO votan A la misma cuestión, el Dr. DALLAFONTANA en igual sentido. A la segunda cuestión, el Dr. CASELLAdijo: La jueza de grado dictó sentencia a fs. 20122 por la cual condenó a abonar a la actora en con-

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cepto de cuota alimentaria definitiva para sus hijos menores de edad M. L. e l. L. la suma de pesos un mil quinientos, resultando obligados a ello el padre de los menores D. J. L. como obligado principal y, en caso de incumplimiento de este ordena que el abuelo paterno de los menores C. L. F. deposite el 20 % de su remuneración o beneficio previsional o la suma mensual de pesos quinientos en igual concepto. La parte accionada interpone recursos de nulidad y apelación en subsidio (fs. 28) contra la resolución dictada por el Juzgado de Primera Instancia de Familia del Distrito N o4 (fs. 20122) los que fueron concedidos a fs. 30 solo al co-demandado D. J. L. y le son rechazados al coaccionado C. L. F. por extemporáneos. La apelante expresa agravios a fs. 53 manifestando que se lo condena a abonar una cuota alimentaria definitiva cuyo monto excede sus posibilidades atento a su situación económica actual e ingresos mensuales. Agrega que es monotributista categoría 5 y que el monto de la cuota debe guardar relación con las necesidades a cubrir y la aptitud del obiigado al pago. Además, señala que el deber alimentario hacia los hijos menores debe ser satisfecho por ambos padres y que la madre de los menores es empleada pública y debe colaborar con sus ingresos propios. Añade que al no contar el apelante con un ingreso mensual fijo le resulta imposible cumplir con una cuota alimentaria de $ 1.500 solicitando su reducción a $ 700. Luego, introduce agravios en relación a la condena contra el co-demandado C. L. F. aduciendo que la obligación .que establece la ley en relación a los mismos es subsidiaria y solicita que cesen los descuentos que se efectúan sobre los haberes de aquel. Corrido el pertinente traslado para contestar los agravios expresados, la apelada deja transcurrir el término de ley y los contesta a fs. 58 en forma extemporánea, por lo que corresponde dar por decaído el derecho dejado de usar. Corrida vista a la Asesora de Menores la evacua a fs. 61162 advirtiendo que en materia de familia si cambia la situación fáctica que dio lugar a la sentencia del juez de baja instancia corresponde el inicio de una acción o incidente de reducción de cuota alimentaria. Dictado y firme el liamarniento de autos, quedan estos autos en estado de resolver. En definitiva, el planteo del quejoso se circunscribe por una parte a la suma fijada en concepto de cuota alimentaria y por otra parte solicita

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que cesen los descuentos efectuados sobre los haberes previsionales del Sr. C. L. F. por lo que, corresponde entrar al análisis de la cuestión. En relación al planteo respecto de que el monto de la cuota alimentaria fijada por la jueza de grado excede las posibilidades e ingresos mensuales del quejoso, cuadra señalar que el apelante no respondió la demanda y no ofreció ningún elemento probatorio tendente a acreditar sus afirmaciones, solicitando recién en esta Instancia la apertura a prueba que fuera denegada por improcedente (fs. 62vta.) Que este Tribunal ha sostenido que «La cuota alimentaria debe valorarse tratando de lograr un adecuado equilibrio entre el monto de las mismas necesidades a cubrir y la aptitud del obligado, partiendo de que la obligación pesa sobre ambos padres.)) (Debarbora, Silvia Doris c/ Furlan, Juan Antonio s/Alimentos y Litis expensas 7/5/08 -AyS 170- TO 5), en tan sentido se entiende que la obligación alimentaria es un deber ineludible derivado de la patria potestad sobre los hijos menores que no sólo debe estar acorde con los ingresos del alimentante sino ser suficiente para cubrir las necesidades de alimento, vestimenta, educación y esparcimiento del alimentado. Conforme el contexto de la causa se vislumbra que si bien la Sra. A. posee un ingreso fijo ello no es óbice para que el quejoso cumpla con la obligación a su cargo, máxime cuando no habiendo alegado ni acreditado oportunamente los hechos en que ahora aduce en su defensa no puede ampararse en los mismos ya que «La falta de aptitud de cumplimiento del obligado no puede disminuir la cuota mínima fijada» (CACCLRqta. -818105- ((Quintana, Olga c l Ramírez, Mario Manuel s/Demanda de Alimentos» Expte. 314104 AyS No 182 - TO1). Cabe agregar en este sentido que, la doctrina jurisprudencial tiene dicho que ((los progenitores tienen el deber de suministrar asistencia a los hijos menores de edad y para ello deben realizar todos los esfuerzos que a tal fin resulten necesarios, realizando trabajos productivos y sin que les sea posible excusarse invocando falta de trabajo o de ingresos suficientes cuando ello no se debe a imposibilidades o dificultades prácticamente insalvables~(CNCiv., Sala H, 15/02/96, LL, t. 1996-D,p. 890, sum. 6) criterio este totalmente aplicable al sublite ya que, a fuerza de reiterar el apelante no ha acreditado sus afirmaciones. En segundo lugar, en relación al agravio relativo al Sr. C. L. F., cuadra señalar que no tendrá acogimiento. Ello obedece a que el recurso de apelación introducido por aquel fue denegado por extemporáneo, y el Sr. D. J. L. carece de legitimación para peticionar por su padre, con-

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denado subsidiariamente y quien debe afrontar la obligación de pago solo en caso de que el apelante no lo hiciere. Que, por todo lo expuesto, deberá desestimarse la apelación interpuesta por la demandada, con costas en virtud del principio de vencimiento objetivo (art. 251 CPCyC) En consecuencia voto por la afirmativa. A la misma cuestión, el Dr. DALLAFONTANA y la Dra. CHAPERO vota en igual sentido. Por ello, la Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial; RESUELVE: 1) Desestimar los recursos de nulidad y apelación interpuestos. 2) Imponer las costas al demandado. 3) Regular los honorarios profesionales de segunda instancia de los letrados actuantes en el 50 % de la regulación firme de primera instancia. Regístrese, notifíquese y bajen. CASELLALANTERI- DALLAFONTANA - CHAPERO.

9 5. ALIMENTOSA FAVOR DEL HIJO MAYQR DE EDAD QUE CURSA UNA CARWEM UNIVERSITARIA

«El progenitor debe abonar una cuota alimentaria a su hijo mayor de edad que cursa estudios universitarios, pues la formación de una nueva familia y la existencia de nuevos hijos alegada no es un reparo hábil, ya que esa circunstancia no hace más que agregar obligaciones, correspondiéndole al obligado realizar los mayores esfuerzos para cumplir satisfactoriamente las responsabilidades que le caben en razón de su paternidad para afrontar la manutención de su prole)). «El deber alimentario de los padres para con los hijos menores de edad continúa después de alcanzar estos la mayoría si la asistencia económica es necesaria para su formación laboral y profesional, siempre que no exceda las posibilidades de los obligados». «La obligación alimentaria del progenitor para con su hijo mayor de edad que cursa estudios universitarios debe limitarse temporalmente hasta los 25 años de éste, pues es entonces cuando los Proyectos de Reforma del Cód. Civil ponen fin automático a los alimentos del hijo mayor que se capacita)).

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(C Apel. Civ., Com. y Lab. Gualeguaychú, 11/12/12, LL Litoral 2013 (julio), 607, con nota de Rodolfo G. Jáuregui)

FALLOCOMPLETO 2a Instancia. - Gualeguaychú, diciembre 11 de 2012. ¿Es justa la sentencia apelada? y, en su caso ¿qué pronunciamiento corresponde dictar? Ala primera cuestión planteada la sra. vocal Dra. ANACLARAPAULETTI, dijo: l. Apeló el demandado Sr. C. A. V. la sentencia dictada a fs. 92/94 vta., que fijó una cuota alimentaria a favor de su hijo mayor de edad R. E. V., en el equivalente al 12 % del total de los haberes netos que percibe el obligado hasta el mes de Diciembre del año 2017 inclusive, en tanto sostenga el cursado de su carrera universitaria, difiriendo cuantía y número de cuotas suplementarias para el momento de contar con planilla definitiva, le impuso las costas y reguló honorarios. El juez de grado fundó su decisión en los arts. 367, 306, 370 y 372 CCi\/. y tuvo en cuenta que si bien se trataba de un hijo mayor de edad, la carga horaria de la facultad le impedía procurarse un trabajo remunerado. II. A fs. 981100 el alimentante acusó la nulidad de la sentencia, por considerar que el juez de grado se encontraba desprendido de la jurisdicción al momento de su dictado dado el vencimiento de los plazos establecidos en el art. 164 del CPCC, y el no cumplimiento de la comunicación allí prevista. Subsidiariamente, expuso que no se acreditaron los extremos previstos en la norma del art. 370 del CCiv, pues no se probó la suma necesaria ni la imposibilidad de trabajar del joven, que éste tuvo un bajo rendimiento académico, y que cuenta con capacidad laboral en tanto se desempeñó durante un año en la empresa Teletec, que la norma involucra a todos los parientes, debiendo tenerse en cuenta tanto al hermano menor del beneficiario, cuanto a su nueva familia (esposa e hija menor) que paga alquiler y califica de abusiva la imposición hasta 2017. III. Se presenta como primer tema a tratar, el de la nulidad de la sentencia propuesto con fundamento en la norma del art. 164 del CPCC, por haber operado el vencimiento del término sin que el a quo haya

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efectuado la comunicación al STJER en la forma prevista en el primer párrafo de la norma. El planteo no es acertado, ya que la recta interpretación del principio de pérdida automática de jurisdicción consagrada por dicha norma no es absoluto, porque ello habilitaría a los litigantes o sus letrados, para que sólo después de anoticiados de los términos desfavorables de la sentencia en relación a sus intereses (como sucede en el caso), invoquen la nulidad para descartar la decisión adversa. Tal actitud se encuentra además reñida con los principios de buena fe y la lealtad procesal exigibles, y su acogimiento resultaría además mucho más gravoso que el objetivo de evitar la morosidad judicial que tuvo por finalidad el dictado de esa norma, todo lo cual lleva al rechazo de la nulidad impetrada (CS, 281211974, La Ley, 154-361; 12/7/1974, JA, 23-1974418; del 28/6/1977, Fallos: 304:769, cit. por CApel.CyC, Sala 1, Cdia.: ((Ndelman, Jaime E. c. Paredes, Eduardo -ejecutivo- s/incidente de caducidad de instancia (Prom. por Eduardo R. Paredes. Expte. No 5413)»,6/9/2005). Esa últíma es la situación que se presenta en la especie, donde el recurrente planteó el pronto despacho, y al día siguiente fue dictada la sentencia, de modo que la nulidad que articuló a su respecto por la circunstancia de haber sido dictada fuera de plazo, solo puede ser entendida por el resultado del fallo que fue adverso a su interés. En ese sentido desde el Tribunal de casación provincial se ha dicho que si la parte interesada consiente que el expediente permanezca a "sentencia, no corresponde que se suscite con posterioridad el planteo de nulidad del fallo a raíz de que éste resultó contrario a sus pretensiones, eilo en virtud de los principios de buena fe y rectitud que se impone en el ejercicio de las acciones ante los tribunales de justicia (in re: «Escobar Néstor Ramón por sí y por su hija menor c. Aguirre Cirilo Domingo y otra S/ daños y perjuicios)) - Expte. No 6004, 17/05/2011). De modo que no habiendo asumido el recurrente tal conducta, pues el escrito de fs. 91 no cumplió con los recaudos del art. 31, inc. e) aludido, el acuse de nulidad debe ser desestimado. IV. La prolongación de la obligación alimentaria a favor de los hijos en el caso de continuación de los estudios o la preparación profesional, ha suscitado diversos debates, y respuestas jurisprudenciales, doctrinarias y de proyectos legislativos, todo lo cual es de utilidad para resolver el presente caso.

Autorizada doctrina comenta, que desde el ambiente académico hace varios años se viene propiciando una interpretación amplia y armónica de los arts. 3790, 372 del CCiv., conforme a la cual el deber alimentario de los padres para con los hijos menores de edad continúa después de alcanzar estos la mayoría si la asisteiicia económica es necesaria para su formación laboral y profesional, y siempre que no exceda las posibilidades de los obligados, propiciándose la incorporación de una norma en el Código civil que lo contemple. La jurisprudencia por su parte también ha considerado estas situaciones, con argumentos tales como que los padres tienen la obligación de asistir a sus hijos, a fin de que puedan lograr una autonomía que les permita en su oportunidad realizarse en la vida, que no se vea vulnerado un proyecto educativo, también se ha invocado el principio de solidaridad familiar, y que las contingencias matrimoniales no deben incidir sobre la educación de los hijos (conf.: GROSMAN, C.P.: «La Mayoría de edad y la Responsabilidad Alimentaria de los Padres)), Revista Derecho de familia, No47, p., 33, Abeledo Perrot). Por otra parte, ese ha sido el criterio seguido por el Proyecto de reformas al Código Civil de la comisión designada por decreto 4681 1992, por el Proyecto de Código Civil Unificado de 1998, y el Proyecto original del Senador Giustiniani, en el que se basó la ley 26.579, que no contempla esa posibilidad. Todos esos antecedentes reglaban que la obligación alimentaria hacia los hijos se prolongaría hasta los 25 años en el caso de prosecución de estudios o preparación profesional que les impidiera proveerse de los medios necesarios para sostenerse independientemente. El Proyecto de Reforma y Unificación de los Códigos Civil y Comercial remitido por el Poder Ejecutivo este año y actualmente en trámite en el Congreso de la Nación, establece una suerte de prórroga automática de la cuota alimentaria para garantizar su continuidad a los hijos mayores de edad que prosigan estudiando con regularidad. Específicamente el art. 663 prevé: «Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco (25) años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido)).

Cierto es, que la legislación hoy vigente no brinda una adecuada respuesta al problema de la necesidad asistencia1de los hijos mayores de edad que estudian y que potencialmente podrían trabajar (mucho menos sobre la automaticidad que contempla el Proyecto de Reforma del 2012), más también lo es que contamos con sobrados argumentos que avalan la procedencia del pedido, tal como ha sido explicado. Los cuestionamientos genéricos son pues improcedentes. V. En cuanto a los aspectos fácticos que avalan su procedencia, y razonabiiidad en el contexto legal actual, diré que la solicitud está respaldada con las constancias de haberes del alimentante obrantes a fs. 27/42, las certificaciones de la Universidad de Buenos Aires obrantes a fs. 1214 3,44145 y 58/59, valorados por el «a que)), en los considerandos 3) y 4) de la sentencia de grado, y que la cuantía fijada no ha merecido más que una queja genérica, en tanto, la formación de una nueva familia y la existencia de nuevos hijos alegada no es un reparo hábil, pues esa circunstancia no hace mas que agregar obligaciones, correspondiéndole al progenitor realizar los mayores esfuerzos para cumplir satisfactoriamente las responsabilidades que le caben en razón de su paternidad para afrontar la manutención de su prole (CNCiv., Sala A, 26/7/94, E.D., 161-529; CNCiv., Sala K, «D., S.S. c/ G., C.E.)), 15/4/03, DJ, 2003-2, 601). Hasta aquí los ataques a la sentencia no son acertados. VI. Entiendo sí es justificado el planteo relativo a la extensión temporal, dado a la obligación alirnentaria, fijada hasta Diciembre de 2017, contemplando que para el día 27 de esa fecha, el Rodrigo Exequiel contara con 28 años (según fecha de nacimiento obrante a fs. 2). Encuentro que tal prolongación de la obligación alimentaria es excesiva, al punto que todos los proyectos reseñados ponen fin automático a los alimentos del hijo mayor que se capacita, a los 25 años. Útil resulta a ello apuntar que en los Fundamentos redactados por los autores del Anteproyecto 2012 de Reforma al Código Civil (Dres. Lorenzetti, Highton y Kemelmajer), explicaron que también regularon el caso de los alimentos a los hijos mayores de 21 años que prosiguen sus estudios, por ser un supuesto especial que ya ha sido reconocido jurisprudencialrnente, al que se brinda distintas soluciones en el derecho comparado, en algunos países, se otorgan sin limite de edad, como en Francia, Italia, Suiza, España, y en otros, se fija un tope etario como

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en Panamá, Chile, Nicaragua, Perú, San Salvador, Costa Rica, Ecuador, etc. Precisamente, el A17teproyecto-consignaron-, sigue esta última tendencia a los fines de lograr un equilibrio entre los derechos en pugna y el posible abuso en el mantenimiento de los hijos mayores de edad. Bajo tal perspectiva, el agravio en estudio debe ser receptado. VII. Llegados a este punto puedo ya pronunciarme sobre las cuestiones propuestas, haci6ndolo por la negativa, y consecuentemente auspicio se dicte sentencia admitiendo parcialmente al recurso, limitando la obligación alimentaria establecida en el p.1 del fallo hasta los 25 años de edad del alimentado, y sin perjuicio de la causa de cese prevista en la sentencia apelada que en lo demás se confirma. En función de la materia tratada, mas allá del ítxito parcial del recurso, sugiero que las costas sean asumidas en su totalidad por el alimentante, y por ser oportuno deberán regularse honorarios profesionales por las tareas desplegada ante este tribunal. Ese es mi voto. A la misma cuestión planteada el Sr. vocal Dr. GUSTAVO A. BRITOS, dijo: Que adhiere al voto precedente por iguales fundamentos. A la misma cuestión planteada el Sr. vocal Dr. GUILLERMOOSCAR DELRIEUX, dijo: Que existiendo mayoría hace uso de la facultad de abstenerse de emitir su voto, conforme lo autorizado por el art. 47 de la L.O.P.J. (texto según ley 9234). Por los fundamentos del Acuerdo que antecede, por mayoría; se resuelve: 1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por el demandado a fs. 94 vta., en diligencia, contra la sentencia de fs. 92/94 vta., limitando la obligación alimentaria establecida en el p.1 del fallo hasta los 25 años de edad del actor, y sin perjuicio de la causa de cese consignada en el decisorio. 2. imponer las costas del recurso al apelante. 3. Regular los honorarios profesionales del Dr. M.S. en la suma de ...; arts. 3, 5, 30, 31,64 y concs. de la Ley 7046. - GUSTAVO A. BRITOS. - GUILLERMO O. DELRIEUX. -ANA CLARAPAULETTI.

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9 6. ~EGITIMACIÓN,PROCESAL DE LA PROGEMITORA CONVIVIENTE CON EL HIJO MAYOR PAW LA CONTIMUACI~NDE LOS ALIMENTOS

CORRESPONDIENTES A AQUEL

((Alcanzada la mayoría de edad -1 8 años- por el hijo alimentado, el progenitor que ha demandado por alimentos para él, tiene legitimación para continuar los respectivos procesos en cualquier instancia que se encuentren, por derecho propio y en beneficio del hijo». (Trib. Fam., Sala 11, San Salvador de Jujuy, 1813113, Rubinzal on line, RC J 8950113)

FALLOCOMPLETO En la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia de Jwjuy, República Argentina, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil trece, reunidas las integrantes de la Sala Segunda del Tribunal de Familia, Dras. Mirta Beatriz Chagra y Sergio Marcelo Cau Loureyro (habilitado), analizaron el Expte. NoB-273.942112, caratulado: ((Sumario por Reducción de Cuota Alimentaria en B-233035110. C., J. R. cl C., G. V.»; tras lo cual, CONSIDERANDO: l. Afs. 11112 se presenta el Dr. Leonardo Zazzali, en nombre y representación de J. R. C., a mérito de la Carta Poder agregada a fs. 4, promoviendo demanda por reducción de cuota alimentaria en contra de G. V. C. En el relato de los hechos manifiesta que en el Expte. No B-233.0351 10, caratulado: «Homologación de Convenio. C., G. V. y C., J. R.», se convino fijar una cuota alimentaria a favor de las tres hijas menores de su mandante, M. de los Á., J. A. A. y C. A., equivalente al 55 % de los haberes que aquél percibe como empleado de la Policía de la Provincia. Agrega que en la actualidad la hija mayor, M. de los Á. C., alcanzó la mayoría de edad, no estudia y trabaja por cuenta propia; y que, por otro lado, su poderdante se encuentra con tratamiento médico por una Hernia Discal, que dejó a la demandada la vivienda a los fines de resguardar el techo a sus hijas, no teniendo -por ende- dónde vivir, amén de otros problemas económicos. Ofrece prueba y cita derecho.

Admitida la acción y corrido el traslado pertinente, a fs. 37/39 el Dr. Gustavo Javier Jung, en nombre y representación de G. V. C., a mérito de la Carta Poder glosada a fs. 23, contesta demanda y opone a su progreso excepción de falta de legitimación pasiva, solicitando su rechazo, con costas; ello, en mérito a los fundamento de hecho y derecho allí expuestos, a los que remito para ser breve. A fs. 49/50, la parte actora contesta la excepción opuesta, solicitando su rechazo y se haga lugar a la demanda interpuesta. Declarada la cuestión de puro derecho e integrado el Tribunal, la causa se encuentra en estado de resolver. II. Por Expte. NoB-233.035/10, caratulado: «Homologación de Convenio. C., G. V. y C., J. R.», agregado por cuerda, se convino (entre otras cuestiones relacionadas con la patria potestad) una cuota alimentaria a favor de las tres hijas menores de las partes, equivalente al 55 % de los haberes que percibe el Sr. J. R. C. como empleado de la Policía de la Provincia; cuota ésta que sería depositada en el Banco Macro Suc. San Martín, y percibida por la Sra. V. G. C. Ello así, acreditada la mayoría de edad de M. E. de los Á. C. con el Acta de Nacimiento glosada a fs. 5, corresponde, en primer término, pronunciarnos acerca de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada. Este es uno de los puntos más álgidos que la reforma no define. Si bien recién se están perfilando las diferentes y posibles soluciones a estos interrogantes por parte de la doctrina, en el momento actual tiene primacía la opinión que defiende la idea de que es el hijo, desde que adquiere la mayoría de edad -a los 18 años-, quien está facultado para solicitar los alimentos, así como también para continuar el proceso, y no el progenitor conviviente, quien dejó de ser «el representante legal» de su hijo y, por tanto, no debiera continuar interviniendo en el juicio de alimentos, defendiendo un derecho que titulariza y debería ejercer el hijo, más allá de que tenga un interés en el tema. Tal la postura de Kielmanovich, quien sostiene que «desde el momento que al cumplir los 18 años de edad cesa la representación legal o necesaria de los padres a tenor de lo que disponen los arts. 57, inc. 2O, y 306, inc. 3O, del Código Civil, se impone la necesaria citación del hijo mayor de edad en los procesos pendientes en que se encuentra tramitándose reclamos de alimentos en su favor, a fin de que tome intervención por sí o por apoderado en el plazo que se señale bajo

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apercibimiento de decretarse su rebeldía, hipótesis que, aunque no se encuentre expresamente prevista en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se deduce con arreglo a lo que disponen los arts. 15 y 16 del Código Civil y por aplicación analógica de lo que estable el art. 53, inc. 3O, del Código Procesal, en este caso, a partir de la hipótesis de cese de la ((personalidad con que litigaba el poderdante)) contemplada en el inc. 3Odel referido dispositivo)). (Kielmanovich, J. L., ((Reflexiones procesales sobre el deber alimentario en favor del hijo mayor)), LL del 29/4/201O, p. 1). Este grave efecto, tal como lo entiende Cecilia Grosman, posición a la que adhiero, ((pone en evidencia que se debe buscar otro camino para no lesionar la protección del hijo en la franja de edad de los 18 hasta los 21 años, firialidad que la ley, por razones sociales, quiso preservar. Debe partirse de la idea de que la permanencia del deber alirnentario de los padres hasta los 21 años, pese a que se fija la mayoría de edad en los 18 años, ha querido mantener el amparo asistencial, razón por la cual las interpretaciones deben tener, como premisa sustancial, el fundamento de la reforma en este aspecto. Si bien la capacidad jurídica de los mayores de 18 años es plena, la ley mantiene la protección alimentaria de los padres hasta los 21 años, atendiendo a nuestra realidad social, que pone en evidencia que los jóvenes en este período aún estudian, no están preparados y tienen dificultades para acceder al mercado laboral. Esto significa que el punto central es disociar la mayoría de edad de las protecciones que la sociedad estima necesarias)). (Grosman, Cecilia P., «La mayoría de edad y la responsatjilidad alimentaria de los padres)), Revista de Derecho de Familia, 201047-17). Consecuentemente, debe interpretarse que, si bien llegado el hijo a la mayoría de edad cesa la patria potestad (art. 306, inc. 3, CCiv.), la norma hace una excepción respecto de la obligación alimentaria de los padres que reciírn concluye a los 21 años. Por lo tanto, el progenitor que ha demandado alimentos para el hijo tiene legitimación para continuar los respectivos procesos en cualquier instancia en que se encuentren, por derecho propio y en beneficio del hijo, porque el deber alimentario pesa sobre ambos progenitores y debe ser compartido de acuerdo con las posibilidades económicas de cada uno de ellos. Tales conceptuaciones, aplicadas a la pretensión que nos ocupa, legitiman a la progenitora conviviente a intervenir en el proceso de ce-

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sación y10 reducción de la cuota alimentaria pues, la propia participación del hijo llegado a la mayoría de edad, contra el otro progenitor, no depende exclusivamente de la capacidad procesal para desenvolverse en el proceso, sino que se relaciona con factores de carácter sustancial que hacen al interés de sus integrantes, como ser evitar las perturbaciones que generen conflictos de distinta naturaleza entre los diferentes actores. Adviértase que, en el sublite, la progenitora conviviente es quien percibe y administra la cuota alimentaria oportunamente convenida a favor de las tres hijas habidas de la unión de hecho de las partes, dos de ellas menores de edad a la fecha; por consiguiente, existe un interés legítimo de aquella de administrar dicha cuota alimentaria para proteger la crianza y el desarrollo de todas las hijas. Tal como lo sostiene la autora citada, «es el principio igualitario en la responsabilidad alimentaria de los padres frente a los hijos lo que permite interpretar qGe, si el hijo continúa conviviendo con el progenitor, éste tiene el derecho de seguir cobrando y administrando la cuota alimentaria, sin perjuicio del derecho del hijo al pertinente reclamo en caso de una mala administración)). «La capacidad derivada de la mayoría de edad -que en modo alguno se discute- no puede ser a costa del perjuicio de alguno de los progenitores vulnerando el principio esencial derivado de los tratados de derechos humanos de jerarquía superior, que es el principio igualitario en el ejercicio de la responsabilidad parental». (Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, art. 16, inc. d); Convención sobre los Derechos del Niño, art. 18); igualmente, art. 271, CCivil; art. 7O, ley 26.061 ; a cuyo respecto, «si bien podría argumentarse que estas normas sólo son aplicables a los menores de edad, su aplicación se amplía respecto de la obligación alimentaria que se extiende hasta los 21 años, deber derivado de la responsabilidad parental)). (Aut. y ob. ct.). Voto, entonces, por el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la parte demandada. No obstante ello, la pretensión deducida en autos debe ser rechazada. Ello así, porque uno de los temas de mayor debate que introduce la ley 26.579 se refiere a la permanencia de la obligación, en cabeza de los padres o responsables de los niños y adolescentes, hasta los 21 años. La reforma mantiene el contenido del art. 265, título III, sección 2a, libro 1, C Civ., pero agrega como parr. 2O el siguientes texto: «La

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obligación de los padres de prestar alimentos a sus hijos, con el alcance establecido en el art. 267, se extiende hasta la edad de 21 años, salvo que e1 hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten que cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo)). El hijo mayor de 18 y menor de 21 años no requiere acreditar los requisitos establecidos en el art. 370, CCiv., o sea, que le faltan los medios para alimentarse y que no es posible adquirirlos con su trabajo, ya que se trata de un deber alimentario de los progenitores derivado de la responsabilidad parental que, por disposición legal, se extiende hasta los 21 años, y no del parentesco. Es decir, no debe acreditar la necesidad. Esta interpretación surge claramente de la propia norma cuando disporie que la obligación alimentaria debe cumplimentarse «con el alcance establecido en el art. 267», o sea, la que alcanza a los menores de edad dentro de la figura de la ((patria potestad)). Esta pretensión se desprende de manera elocuente del texto, al establecer que el padre a quien se le reclama alimentos es quien deberá probar que el hijo cuenta con los recursos suficientes para proveérselos por sí mismo, lo que implica que si aquél no discute el reclamo, éste debe ser satisfecho. Esto significa que la limitación a la extensión de la obligación alimentaria es sólo una excepción a la regla. Pues bien, en el caso particular, la joven M. E. de los Á. C. cuenta con 18 años de edad, según Acta de Nacimiento que en fotocopia certificada luce a fs. 5; consecuentemente, a su respecto, para que prospere la excepción a la regla, el actor debió probar que la misma cuenta m11recursos suficientes para proveérselos por si misma, lo que no acontece. Contrariamente, en su responde, la progenitora conviviente -legitimada pasiva, según la posición asumida párrafos arriba- negó por falso que la joven no estudie y menos aún que trabaje. Razón por la cual me pronuncio por el rechazo de la pretensión deducida en autos, con costas al actor (art. 102 CPC), propiciando la regulación de los honorarios profesionales de los Dres. Gustavo Javier Jung y Leonardo Zazzali en la suma de pesos un mil ($1.000), y pesos seiscientos setenta ($ 670), respectivamente, mas IVAsi correspondiere, en mérito al carácter de su intervención y a la labor efectivamente desarrollada (arts. 4, incs. b) y c), 6, 7, lO y de la ley 1687 y Ac. No 1611l STJ). Por ello, la Sala Segunda del Tribunal de Familia, RESUELVE:

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l o ) Rechazar la demanda por reducción de cuota alimentaria deducida en autos, por los motivos expresados en el considerando. 2') Costas a cargo del actor, regulando los honorarios profesionales de los Dres. Gustavo Javier Jung y Leonardo Zazzali en la suma de pesos un mil ($ 1.000), y pesos seiscientos setenta ($670), respectivamente, mas IVA si correspondiere. 3O) Agregar copia en autos, registrar y notificar por cédula.

5 7. PROHIB~CI~N DE TRABAJAR PARA EL PADRE QUE IMCUMPLE VOLUNTARIAMENTE LA CUOTA ALIMENTARIA, AL MODlFlCAR SU EMPLEO PARA ELUDIR EL EMBARGO SOBRE SU REMUNERACI~N

((Ante el grave y sostenido incumplimiento del demandado que vulnera seriamente la integridad psico-física de los hijos, corresponde adoptar de oficio una medida conminatoria con el objeto de que acate el anticipo jurisdiccional que le impuso el pago de la cuota provisoria de alimentos, de acuerdo al art. 27.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el deber del Estado de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño.)) «No puede tolerarse que el progenitor pretenda colocar en entredicho la eficacia del sistema judicial para hacer cumplir sus propias resoluciones, máxime cuando se encuentran involucrados los intereses de dos menores de edad. Lejos de hundirse en la indiferencia, ese incumplimiento voluntario constituye una modalidad del abuso procesal al que debe reaccionarse poniéndole punto final aquí y ahora, de manera que si el Sr. R. prefiere seguir empecinado con tal inconducta, le resultará mucho más gravosa que cumplir.)) ((Planteada la colisión entre el derecho de los hijos al cobro de los alimentos, y el derecho del padre a trabajar e inclusive el del empleador a contratarlo, debe prevalecer el primero, por expresa disposición del art. 3 in fine de la ley 26.061 .» (JFamilia Rawson, 23/8/12, sentencia firme, elDial.com - AA7530)

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FALLOCOMPLETO VISTOS Estos autos caratulados «en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia de Familia No3 de Rawson, venidos a despacho a fin de resolver: Y CONSIDERANDO: l. Que a fs. 14116 se presenta la Sra. G. J., en representación de sus hijos menores M. y F. D. R., y promueve demanda de atribución de custodia y fijación de cuota ordinaria de alimentos contra el progenitor, Sr. E. R.11En lo que aquí interesa, sostiene que el demandado no realiza ningún aporte para la manutención de sus hijos, pese a que F. padece de una insuficiencia renal por la cual debe realizarse diálisis mientras permanece a la espera de un trasplante de riñón. A fs. 17 se corre traslado de la demanda por el plazo legal, a fs. 30 se decreta la rebeldía del demandado, y a fs. 32 se fija una cuota provisoria de alimentos equivalente al 30 % de las remuneraciones del alimentante, quedando a cargo del empleador el descuento directo y posterior depósito en la cuenta judicial. A fs. 38 y 48 dos diferentes empleadores del Sr. R. informan que no () pueden cumplir con la orden judicial dado que renunció a su trabajo. II. Como bien lo expresan Grosman y Kraut, la falta de pago de la cuota por parte del padre perturba severamente la formación del niño, además de perjudicar su proyecto de vida. Constituye un aditamento de menoscabo moral, espiritual y mental hacia su persona, aun si el otro progenitor puede mantenerlo. Esa evasión alimentaria no sólo priva al niño de los recursos materiales, sino que lo afecta psíquicamente, pues siente que el padre se ha desinteresado de su persona (Grosman, Cecilia - Kraut, Alfredo, ((Algunas reflexiones sobre la creación del registro de deudores alimentarios morosos. Ley 269 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires)), LL 2000-D, 1054)). Es sabido que el incumplimiento alimentario de los progenitores es cada vez mayor, y que en muchas ocasiones, las medidas tendientes a asegurar el pago en tiempo y forma de la cuota alimentaria no son efectivas. Ello sucede por lo general cuando el deudor no posee bienes o ingresos comprobables para cubrir el monto de las cuotas mensuales, o como en el presente caso, cuando el demandado que se desempeña

como trabajador en la industria pesquera, cambia voluntariamente de empleador para eludir el embargo sobre sus remuneraciones. De ahí que compete a los jueces de familia crear nuevas formas para hacer efectivas sus sentencias en aquellos casos en que no es posible recurrir al auxilio de la fuerza pública (Kemelmajer de Carlucci, Aída, «El proceso familiar y sus características)), en Memoria del VI1 Congreso Mundial sobre Derecho de Familia, El Salvador, 1992, p. 448 y SS.). En este sentido, ante el grave y sostenido incumplimiento del demandado que vulnera seriamente la integridad psico-física de los hijos, corresponde adoptar de oficio una medida conminatoria con el objeto de que acate el anticipo jurisdiccional que le impuso el pago de la cuota provisoria de alimentos, de acuerdo al art. 27.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece el deber del Estado de tomar todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño. Cabe recordar que la medida conminatoria consiste en cualquier orden -de contenido no pecuniario y con alcances extraprocesalesemanada de un tribunal de justicia que tiende a obtener el debido cumplimiento in natura de un mandato judicial primigeniamente desobedecido, a través del concurso de la voluntad del destinatario del mismo y que involucra para el desobediente la amenaza de un desmedro que prima facie podría llegar a ser de mayor entidad que el resultante de persistir en dicha actitud contumaz (Peyrano, Jorge, ((Poderes de hecho de los jueces. Medida conminatoria», LL 1988-D, 851; del mismo autor, ((Medidas conminatorias)), LL 1989-E, 1043; y «Las medidas de apremio en general y la conminatoria en particular [Poderes de hecho de los jueces, su contribución a la eficacia del proceso civil]», LL 19910 , 984). El despacho de la medida conminatoria encuentra fundamento en los poderes de hecho del Juez, especie del género ((atribucionesjudiciales implícitas)), que se caracterizan por conformar un plexo de facultades que posibilitan la materialización efectiva de lo ordenado por un tribunal de justicia y el consiguiente tránsito exitoso de lo ((declarado)) a lo «ejecutado». Sólo se encuentra limitado por la imaginación y la mesura, pudiendo mencionarse como ejemplos la clausura provisoria de un local de comercio que produce molestias a otra explotación comer-

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cial vecina, la paralización de una línea de montajes peligrosa de una fábrica hasta tanto deje de serlo para los operarios, el secuestro de un número de una revista sensacionalista que sigue publicando una serie de notas escandalosas a pesar de habérsele prohibido judicialmente dicha publicación, etc. (Peyrano, Jorge, ((Poderes de hecho de los jueces.. .», cit.). Conforme a ello, se decretará como medida conminatoria la prohibición al Sr. E. R. para desempeñarse como personal embarcado y terrestre de la navegación, hasta que regularice el pago de la cuota y brinde caución suficiente por las pensiones devengadas y no abonadas, quedando a cargo de la Prefectura Naval Argentina arbitrar lo necesario para cumplir con el mandato judicial (art. 5", inc. 17 de la ley 18.398; arts. 104 y SS.de la ley 20.094). No puede tolerarse que el progenitor pretenda colocar en entredicho la eficacia del sistema judicial para hacer cumplir sus propias resoluciones, máxime cuando se encuentran involucrados los intereses de dos menores de edad. Lejos de hundirse en la indiferencia, ese incumplimiento voluntario constituye una modalidad del abuso procesal al que debe reaccionarse poniéndole punto final aquí y ahora, de manera que si el Sr. R. prefiere seguir empecinado con tal inconducta, le resultará mucho más gravosa que cumplir. Es que la responsabilidad estatal no termina cuando el Juez emite la sentencia, pues se requiere que el Estado garantice los medios para ejecutar sus mandatos (Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros c/ Pa.namá, Sentencia del 28 de noviembre de 2003, Serie C No 104, párr. 79). Se trata, en definitiva, de concretar el derecho del niño a la ejecución de la cuota alimentaria, habida cuenta que el beneficiado con una sentencia debe contar con la garantía para que el derecho que ha obtenido pueda ser cumplido en la condición más rápida y efectiva que el sistema le pueda ofrecer. Es una garantía jurisdiccional que forma parte del debido proceso, precisamente, porque la función judicial es declarar el derecho y ejecutar lo juzgado cuando la sentencia no se acata de inmediato (conf. ~ o z a i n i Osvaldo, , «El Debido Proceso», p. 387 y SS.). El interés superior del niño consagrado en el art. 3 O inc. lo de la Convención sobre los Derechos del Niño configura una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al menor, en tanto proporciona un

el sentido de que la decisión se define por lo que resulta de mayor beneficio para ellos (CSJN, 2/8/2005, «S. C.», Fallos 328:2870). Y en este caso, el principio implica que planteada la colisión entre el derecho de los hijos al cobro de los alimentos, y el derecho del padre a trabajar e inclusive el del empleador a contratarlo, debe prevalecer el primero, por expresa disposición del art. 3 in fine de la ley 26.061. A ello responde el principio de efectividad establecido en los arts. 4" de la Convención sobre los Derechos del Niño y 29 de la ley 26.061, que trasciende en el deber de los organismos del Estado de adoptar las medidas administrativas, legislativas y judiciales para garantizar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Por ello, RESUELVO: l. Decretar como medida conminatoria la prohibición al Sr. E. R. para desempeñarse como personal embarcado y terrestre de la navegación, hasta que regularice el pago de la cuota provisoria de alimentos y brinde caución suficiente por las pensiones devengadas y no abonadas. Líbrense oficios a la Prefectura Naval Argentina y al Sr. Jefe de la Prefectura Rawson a fin de que se arbitre lo necesario para cumplir con el mandato judicial, bajo apercibimiento en caso de inobservancia de remitir las actuaciones al fuero penal federal por la comisión del delito de desobediencia, y requerir la instrucción de actuaciones sumariales. II. Regístrese y notifíquese personalmente o mediante cédula a la parte actora, en el público despacho a la Asesoría de Familia e Incapaces, y en forma automática a la parte demandada.//BENEDICTO ALESI. Fdo.: MART~N

8. I~="ROH~B~CIÓN DE SALIR DEL P A ~ SANTE EL INCUMPLIMIENTO ALlMENTARlO DEL PADRE

«Ante la falta de resultado satisfactorio de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, y la denuncia penal por el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, corresponde el dictado de una medida autosatisfactoria de prohibición de salida del país contra el padre que realiza continuos viajes al exterior por razones la-

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borales y de placer, hasta tanto cumpla con el pago de aquellos o dé caución suficiente para satisfacerlos)). ((Frente al incumplimiento paterno, desde hace más de un año al deber alimentario respecto de su hijo menor de edad, resulta procedente ordenar -en carácter de medida autosatisfactiva- la prohibición de salida del país del demandado, la cual regirá hasta tanto cumpla la cuota alimentaria impuesta, por cuanto dicha medida se sustenta en el interés superior del niño y en el derecho a la tutela judicial efectiva)). (Trib. Col. Familia no 5 Rosario, 29/10/10, Revista de Derecho de Familia y de !as Personas, La Ley, Buenos Aires, año 3, número 1, enero-febrero 2011)

FALLOCOMPLETO Y VISTOS: Los presentes caratulados PAJ c/ RGA s/Alimentos litis expensas. Tenencia Expte no 1152/09. De los que resulta: Que Gabriela Esther Topino abogada de PAJ solicita que habiendo sido notificado el demandado por cédula que acompaña al estricto cumplimiento de la resolución 3714 y persistiendo RGA en su actitud de no cumplir con las obligaciones a su cargo se intima bajo apercibimiento de la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios. Manifiesta que se agrava la situación porque hasta noviembre de 2009 y conforme planilla practicada el demandado entregaba aunque de manera irregular e incompleta una cuota alimentaria para su hijo. A partir del 17/11/2009 que toma conocimiento de la sentencia de alimentos provisorios deja de asistir al menor de manera total y absoluta, interrumpiendo el escaso vínculo que mantenía con el mismo. Agrega que el incumplimiento de las obligaciones no solo alimentarias sino morales y afectivas que obedecen a los continuos viajes y salidas al exterior que RGA realiza constantemente. Por ello y como medida para evitar el incumplimiento de las obligaciones a su cargo como ha quedado demostrado como así también el hecho de burlar y desobedecerlas órdenes impartidas por sentencias dictadas con equidad donde ha tenido todos los medios procesales para ejercer sus derechos y ser escuchado solicita se ordene la prohibición de salida del país. (fs.79)

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auto 1305110 se ordena la inscripción del demandado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (fs. 84), el cual se registra conforme constancia de fs. 86. Reiterado el pedido de prohibir al demandado la salida del país (fs. 87) corrido traslado (fs. 87 vta.), pese a encontrarse debidamente notificado, el accionado no contesta (fs. 92), dictamina la Defensora General (fs. 94), se acompaña informe de la causa penal por incumplimiento a los deberes de asistencia familiar (fs. 95), por lo que se encuentran los presentes en estado de resolver; Y CONSIDERANDO: Que la madre de un niño de tres años cuya guarda detenta, ante el incumplimiento paterno de alimentos provisionales y falta de comunicación, pide la prohibición de salida del país del progenitor. Que la actora se encuentra legitimada activamente, conforme partida de matrimonio y certificado de nacimiento (fs. 112), en autos se fijó, acorde con el nivel socioeconómico del demandado como empresario y poseedor de bienes de valor, $ 1.800 mensuales en carácter de alimentos provisorios a favor del niño (resolución 3714109, fs. 61163) Además y ante el incumplimiento alimentario se ordenó la inscripción del accionado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (res. 1305110, fs. 84), y la parte actora le radicó denuncia penal por el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, no existiendo a la fecha resolución en sede penal (informe de fs. 95) En autos se encuentra acreditada, la fijación de una mesada a favor del niño, el incumplimiento del alimentante según constancias bancarias, la inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, la denuncia penal por el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar, todos sin resultado satisfactorio para el alimentante. Que, de acuerdo a las constancias de inscripción en la AFIP, informe de API sobre impuestos a las ganancias, publicidad referida a una actividad comercial de renombre e informes bancarios glosados, liminarmente se desprende el nivel socioeconómico del alimentante. Del resto de las certificaciones emana el incumplimiento total a la satisfacción de la cuota alimentaria para el hijo menor. Que atento el alimentante realizar viajes dentro y fuera del país, por razones laborales o de placer como ser a EEUU, China, Japón, Paraguay, etc., frente al incumplimiento alimentario, la madre en representación del niño peticiona una medida de restricción migratoria hasta

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tanto se cumpla con la mesada, disposición no prevista legalmente, aunque existió un 'proyecto de ley aprobado por la Cámara de Diputados en 1993 en ese sentido y hay países que receptan la solución, así Ley de Tutela de menores de Venezuela, art. 55, Código del menor de Ecuador art. 74, Código del menor de Colombia, art. 148, Código de Familia de El Salvador, art. 258, entre otros. Por otro lado y si bien el demandado pese a estar debidamente notificado de las respectivas resoluciones, nada ha expresado, debe balancearse el pedimento restrictivo con el derecho constitucional de libertad de entrar y salir del país, contemplado en el art. 14 de la Constitución Nacional En ese sentido, el remedio pretendido alienta la idea de una realización plena de los derechos de éste niño que en este caso aparecen claramente vulnerado por su progenitor incumpliente. Es decir la consideración primordial que se debe atender como elemento fundamental es el derecho afectado del niño que no ha encontrado, hasta el presente, dentro del marco normativo su adecuada satisfacción y que de persistir redundaría en frustrar la debida protección judicial de los derechos humanos La responsabilidad del Estado argentino con el compromiso asumido internacionalmente e incorporado a la Constitución Nacional en el art. 75, inc. 22 es garantizar a éste niño su supervivencia y desarrollo (art. 6.2 CDN), lo cual incluye un nivel de vida adecuado (art. 27 CDN) a la par que asegurar a la infancia el nivel más alto posible de salud (art. 24 CDN). Bajo ese razonamiento debe remarcarse la satisfacción del superior interés del niño que prevalece por encima de cualquier otro interés legítimo o simple, por la cláusula de preferencia, «cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros)). -art. 3 CDN in fine incorporada a la Constitución Nacional vía art. 75, inc. 22 - Esta cláusula viene precedida del art.1. y de la dispuesta en el articulo 2: «Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles)).A la vez el articulo 5 obliga a dar prioridad absoluta a la satisfacción de los intereses de los niños. Asimismo la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, cuando refiere al interés superior del

integral y simultánea de derechos y garantías reconocidos en la ley (CSJN. 6/3/2008, DJ 2008-11, 772) La función tuitiva que es deber cumplir exige un rol distinto al tradicional: desde la incorporación de los tratados internacionales con jerarquía constitucional, mas allá de las normas procesales, se encuentran el deber judicial de proteger los derechos humanos fundamentales (Arts. 14, 16, 18,28,31,43 y 75 inc. 22 de la CN) y el de participar activamente en el proceso, acompañando a las partes en la búsqueda de la mejor resolución para su conflicto. Por otro lado, y no menos trascendente, debe remarcarse que la mesada se halla incumplida desde junio de 2009, con lo cual también es imprescindible referir a la tutela judicial efectiva en tiempo útil (Art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos), que es de incorporación constitucional reciente y responde a las últimas tendencias del derecho procesal constitucional, garantía que se vincula con el principio de economía procesal y los principios de celeridad, concentración, eventualidad y saneamiento derivados, así como al principio de eficacia del proceso como instrumento para hacer operativo el derecho material (Mabel DE LOS SANTOS, La flexibilización de la congruencia, LL, Suplemento especial, Cuestiones procesales modernas, octubre del 2005, p.80.) La medida que se propone encuadra dentro de las autosatisfactivas, ya que satisfecho la pensión alimenticia no existe acción de estado o de ejercicio de estado posterior, porque se agota con la satisfacción de la cuota alimentaría ordenada, cuenta con dos presupuestos básicos acreditados: la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de la obligación impuesta en la resolución interlocutoria, por tanto es ineludible fijar un plazo de duración que lo determinará el cumplimiento de la cuota alimenticia o bien la caución suficiente para satisfacerla, en cuyo caso aquélla se dejará sin efecto Que, de acuerdo a lo expuesto, la no oposición a la medida pretendida en el dictamen de la Sra. Defensora General, que representa promiscuamente al niño, arts. 264 y concordantes del Código Civil, y 67 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; RESUELVO:Admitir la presentación y en consecuencia: l . Ordenar en carácter de medida autosatisfactiva la prohibición de salir del país a

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RGA DNl no XXX, con más datos de identidad en autos, la cual regirá hasta tanto cumpla la cuota alimentaria impuesta o bien la caución suficiente para satisfacerla. 2. Oficiar a la Dirección Nacional de Migraciones y a la Policía Federal Argentina haciéndose saber que la medida regirá hasta tanto exista resolución judicial en contrario. Insértese y hágase saber. Juez. Dr. RICARDODUTTO.Secretaría. Dra. PAULA CARTELLE.

PARTE PERTINENTE DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Art. 43'i .-Asistencia. Los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua.

A@. 432.- Alimentos. Los cónyuges se deben alimentos entre sí durante la vida en común y la separación de hecho. Con posterioridad al divorcio, la prestación alimentaria sólo se debe en los supuestos previstos en este Código, o por convención de las partes. Esta obligación se rige por las reglas relativas a los alimentos entre parientes en cuanto sean compatibles. Art. 433.- Pautas para la fijación de los alimentos. Durante la vida en común y la separación de hecho, para la cuantificación de los alimentos se deben tener en c~nsideración,entre otras, las siguientes pautas: a) e1 trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades; b) la edad y el estado de salud de ambos cónyuges; c) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos; d) la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; e) la atribución judicial o fáctica de la vivienda familiar; f) el carácter ganancial, propio o de un tercero del inmueble sede de esa vivienda. En caso de ser arrendada, si el alquiler es abonado por uno de los cónyuges u otra persona;

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g) si los cónyuges conviven, el tiempo de la unión matrimonial; h) si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión matrimonial y de la separación; i) la situación patrimonial de ambos cónyuges durante la convivencia y durante la separación de hecho. El derecho alimentario cesa si desaparece la causa que lo motivó, el cónyuge alimentado inicia una unión convivencial, o incurre en alguna de las causales de indignidad.

Art. 434.-Alimentos posteriores al divorcio. Las prestaciones alimentarias pueaen ser fijadas aun después del divorcio: a) a favor de quien padece una enfermedad grave prexistente al divorcio que le impide autosustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se transmite a sus herederos. b) a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad razonable de procurárselos. Se tienen en cuenta los incisos b), c) y e) del artículo 433. La obligación no puede tener una duración superior al níamero de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que recibe la compensación económica del artículo 441. En los dos supuestos previstos en este artículo, la obligación cesa si: desaparece la causa que la motivó, o si la persona beneficiada contrae matrimonio o vive en unión convivencial, o cuando el alimentado incurre en alguna de las causales de indignidad. Si el convenio regulador del divorcio se refiere a los alimentos, rigen las pautas convenidas. Ast. 437.- Divorcio. Legitimaci6n. El divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges.

Art. 438.- Requisitos y psocedimieaito del divorcio. Toda petición de divorcio debe ser acompañada de una propuesta que regule los efectos derivados de este; la omisión de la propuesta impide dar trámite a la petición. Si el divorcio es peticionado por uno solo de los cónyuges, el otro puede ofrecer una propuesta reguladora distinta. Al momento de formular las propuestas, las partes deben acompañar los elementos en que se fundan; el juez puede ordenar, de oficio o a petición de las partes, que se incorporen otros que se estiman perti-

LEGISLACIÓN

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nentes. Las propuestas deben ser evaluadas por el juez, debiendo convocar a los cónyuges a una audiencia. En ningún caso el desacuerdo en el convenio suspende el dictado de la sentencia de divorcio. Si existe desacuerdo sobre los efectos del divorcio, o si el convenio regulador perjudica de modo manifiesto los intereses de los integrantes del grupo familiar, las cuestiones pendientes deben ser resueltas por el juez de conformidad con el procedimiento previsto en la ley local.

A& 440.- Eficacia y modificación del convenio regulador. El juez puede exigir que el obligado otorgue garantías reales o personales como requisito para la aprobación del convenio. El convenio homologado o la decisión judicial pueden ser revisados si la situación se ha modificado sustancialmente.

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ArtW 4411 Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente, por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Art. 442.- Fijación judicial de !a compensación económica. G;aducidad. Afalta de acuerdo de los cónyuges en el convenio regulador, el juez debe determinar la procedencia y el monto de la compensación económica sobre la base de diversas circunstancias, entre otras: a) el estado patrimonial de cada uno de los cónyuges al inicio y a la finalización de la vida matrimonial; b) la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la que debe prestar con posterioridad al divorcio; c) la edad y el estado de salud de los cónyuges y de los hijos; d) la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica; e) la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge;

f) la atribución de la vivienda familiar, y si recae sobre un bien ganancial, un bien propio, o un inmueble arrendado. En este último caso, quién abona el canon locativo. La acción para reclamar la compensación económica caduca a los seis meses de haberse dictado la sentencia de divorcio.

Art. 5%3.-84autonomíade la voluntad de los csnvlvientes. Las disposiciones de este Título son aplicables excepto pacto en contrario de los convivientes. Este pacto debe ser hecho por escrito y no puede dejar sin efecto lo dispuesto en los artículos 519, 520, 521 y 522. Part. 5M.- Contenido del pacto de convivencia. Los pactos de convivencia pueden regular, entre otras cuestiones: a) la contribución a las cargas del hogar durante la vida en común; b) la atribución del hogar común, en caso de ruptura; c j la división de 10s bienes obtenidos por el esfuerzo común, en caso de ruptura de la convivencia.

Art. 515.- Limites. Los pactos de convivencia no pueden ser contrarios al orden público, ni al principio de igualdad de los convivientes, ni afectar los derechos fundamentales de cualquiera de los integrantes de la unión convivencial.

Art. 519.- Asistencia. Los convivientes se deben asistencia durante la convivencia. Art. 524.- Compensación económica. Cesada la convivencia, el conviviente que sufre un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación económica con causa adecuada en la convivencia y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Ésta puede consistir en una prestación única o en una renta por un tiempo determinado que no puede ser mayor a la duración de la unión convivencial. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o en su defecto decida el juez.

Art. 5W7.Enumeración. Los parientes se deben alimentos en el siguiente orden:

a) los ascendientes y descendientes. Entre ellos, están obligados preferentemente los más próximos en grado; b) los hermanos bilaterales y unilaterales. En cualquiera de los supuestos, los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos. Si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado.

Art. 538.- Parientes por afinidad. Entre los parientes por afinidad únicamente se deben alimentos los que están vinculados en línea recta en primer grado. Part. 539.- Rohibiciones. La obligación de prestar alimentos no puede ser compensada, ni el derecho a reclamarlos o percibirlos, ser objeto de transacción, renuncia, cesión, gravamen o embargo alguno. No es repetible lo pagado en concepto de alimentos.

Ark. 540.-Alimentos devengados y no percibidos. Las prestaciones alimentarias devengadas y no percibidas pueden compensarse, renunciarse o transmitirse a titulo oneroso o gratuito.

Art. 541.-Contenido de la obligación alimentarica. La prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica, correspondientes a la condición del que la recibe, en la medida de sus necesidades y de las posibilidades económicas del alimentante. Si el alimentado es una persona menor de edad, comprende, además, lo necesario para la educación. Art. 542.-Modo de ciimpllimiento. La prestación se cumple mediante el pago de una renta en dinero, pero el obligado puede solicitar que se lo autorice a solventarla de otra manera, si justifica motivos suficientes. Los pagos se deben efectuar en forma mensual, anticipada y sucesiva pero, según las circunstancias, el juez puede fijar cuotas por periodos más cortos. Artm543.- Proceso. La petición de alimentos tramita por el proceso

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más breve que establezca la ley local, y no se acumula a otra pretensión. Ari. 544.- Alimentos provisorios. Desde e1 principio de la causa o en el transcurso de ella, el juez puede decretar la prestación de alimentos provisionales, y también las expensas del pleito, si se justifica la falta de medios.

Art. 545.- Prueba. El pariente que pide alimentos debe probar que le faltan los medios económicos suficientes y la imposibilidad de adquirirlos con su trabajo, cualquiera que sea la causa que haya generado tal estado. Art. 546.- Existencia de otros obligados. Incumbe al demandado la carga de probar que existe otro pariente de grado más próximo o de igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser desplazado o concurrir con él en la prestación. Si se reclama a varios obligados, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de los restantes, a fin de que la condena los alcance. Art. 547.-Recursos. El recurso contra la sentencia que decreta la prestación de alimentos no tiene efecto suspensivo, ni el que recibe los alimentos puede ser obligado a prestar fianza o caución alguna de devolver lo recibido si la sentencia es revocada. Art. 548.- Retroactividad de la sentencia. Los alimentos se deben desde el día de la interposición de la demanda o desde la interpelación al obligado por medio fehaciente, siempre que la demanda se presente dentro desde los seis meses de la interpelación. Art. 549.- Repetición. En caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, quien los haya prestado puede repetir de los otros obligados, en proporción a lo que a cada uno le corresponde. Art. 550.-Medidas cautelares. Puede disponerse la traba de medidas cautelares para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes.

Art.551.=incumplimiento de órdenes jesdlcia%es.Es solidariamente responsable del pago de la deuda alimentaria quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor. Art. 552.- Intereses. Las sumas debidas por alimentos por el incumplimiento en el plazo previsto devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso. Art. 553.-Otras medidas para asegurar el cumplimiento. El juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado de la obligación alimentaria medidas razonables para asegurar la eficacia de la sentencia.

Art. 554.-Cese de la obligación alimentaria. Cesa la obligación alimentaria: a) si el alimentado incurre en alguna causal de indignidad; b) por la muerte del obligado o del alimentado; c) cuando desaparecen los presupuestos de la obligación. La pretensión de cese, aumento o reducción de los alimentos tramita por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Art. 658.-Regla general. Ambos progenitores tienen la obligación y el derecho de criar a sus hijos, alimentarlos y educarlos conforme a su condición y fortuna, aunque el cuidado personal esté a cargo de uno de ellos. La obligación de prestar alimentos a los hijos se extiende hasta los veintiún años, excepto que el obligado acredite que el hijo mayor de edad cuenta con recursos suficientes para proveérselos por sí mismo. Art. 659.- Contenido. La obligación de alimentos comprende la satisfacción de las necesidades de los hijos de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y los gastos necesarios para adquirir una profesión u oficio. Los alimentos están constituidos por prestaciones monetarias o en especie

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y son proporcionales a las posibilidades económicas de los obligados y necesidades del alimentado. Art. 660.- Tareas de cuidado personal. Las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido ei cuidado personal del hijo tienen un valor económico y constituyen un aporte a su manutención.

A ~ 661.. Legitimación. El progenitor que falte a la prestación de alimentos puede ser demandado por: a) el otro progenitor en representación del hijo; b) el hijo con grado de madurez suficiente con asistencia letrada; c) subsidiariamente, cualquiera de los parientes o el Ministerio Público. Art. 662.- Hijo mayor de edad. El progenitor que convive con el hijo mayor de edad tiene legitimación para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla veintiYn años. Puede iniciar el juicio alimentario o, en su caso, continuar el proceso promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor. Tiene derecho a cobrar y administrar las cuotas alimentarias devengadas. Las partes de comúfi acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente. Tal suma, administrada por e¡ hijo, está destinada a cubrir los desembolsos de su vida diaria, como esparcimiento, gastos con fines culturales o educativos, vestimenta u otros rubros que se estimen pertinentes. Asl.. 663.- Hijo mayor que se capacita. La obligación de los progenitores de proveer recursos al hijo subsiste hasta que éste alcance la edad de veinticinco años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse independientemente. Pueden ser solicitados por el hijo o por el progenitor con el cual convive; debe acreditarse la viabilidad del pedido. Art. 664.- Hijo no reconocido. El hijo extramatrimonial no recono-

cido tiene derecho a alimentos provisorios mediante la acreditación sumaria del vínculo invocado. Si la demanda se promueve antes que el juicio de filiación, en la resolución que determina alimentos provisorios el juez debe establecer un plazo para promover dicha acción, bajo apercibimiento de cesar la cuota fijada mientras esa carga .esté incumplida. Art. 665.- Mujer embarazada. La mujer embarazada tiene derecho a reclamar alimentos al progenitor presunto con la prueba sumaria de la filiación alegada.

Art. 6 6 6 . ~Cuidado personal compadido. En el caso de cuidado personal compartido, si ambos progenitores cuentan con recursos equivalentes, cada uno debe hacerse cargo de la manutención cuando el hijo permanece bajo su cuidado; si los recursos de los progenitores no son equivalentes, aquel que cuenta con mayores ingresos debe pasar una cuota alimentaria al otro para que el hijo goce del mismo nivel de vida Art. 667.- Hijo fuera del país o alejado de sus progenitores. El hijo que no convive con sus progenitores, que se encuentra en un país extranjero o en un lugar alejado dentro de la República, y tenga necesidad de recursos para su alimentación u otros rubros urgentes, puede ser autorizado por el juez del lugar o por la representación diplomática de la República, según el caso, para contraer deudas que satisfagan sus necesidades. Si es adolescente no necesita autorización alguna; sólo el asentimiento del adulto responsable, de conformidad con la legislación aplicable. Art. 668.- Reclamo a ascendientes. Los alimentos a los ascendientes pueden ser reclamados en el mismo proceso en que se demanda a los progenitores o en proceso diverso; además de lo previsto en el título del parentesco, debe acreditarse verosímilmente las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado. Art. 669.- Alimentos impagos. Los alimentos se deben desde el día de la demanda o desde el día de la interpelación del obligado por

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medio fehaciente, siempre que se interponga la demanda dentro de los seis meses de la interpelación. Por el período anterior, el progenitor que asumió el cuidado del hijo tiene derecho al reembolso de lo gastado en la parte que corresponde al progenitor no conviviente.

Art. 670.- Medidas ante el incumplimiento. Las disposiciones de este Código relativas al incumplimiento de los alimentos entre parientes son aplicables a los alimentos entre padres e hijos.

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Art. 671 Enumeración. Son deberes de los hijos: a) respetar a sus progenitores; b) cumplir con las decisiones de los progenitores que no sean contrarias a su interés superior; c) prestar a los progenitores colaboración propia de su edad y desarrollo y cuidar de ellos u otros ascendientes en todas las circunstancias de la vida en que su ayuda sea necesaria.

Art. 692.-Progenitor afín. Se denomina progenitor afín al cónyuge o conviviente que vive con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño o adolescente. Art. 673.-Deberes del progenitor safin. El cónyuge o conviviente de un progenitor debe cooperar en la crianza y educación de los hijos del otro, realizar los actos cotidianos relativos a su formación en el ámbito doméstico y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. En caso d e desacuerdo entre el progenitor y su cónyuge o conviviente prevalece el criterio del progenitor. Esta colaboración no afecta los derechos de los titulares de la responsabilidad parental.

Art. 674.-Dejegación en el progenitor afíln. El progenitor a cargo del hijo puede delegar a su cónyuge o conviviente el ejercicio de la responsabilidad parental cuando no estuviera en condiciones de cumplir la función en forma plena por razones de viaje, enfermedad o incapacidad transitoria, y siempre que exista imposibilidad para su desempeño por parte del otro progenitor, o no fuera conveniente que este Ultimo asuma su ejercicio.

Esta delegación requiere la homologación judicial, excepto que el otro progenitor exprese su acuerdo de modo fehaciente. Art. 675.- Ejercicio conjunto con el progenitor afín. En caso de muerte, ausencia o incapacidad del progenitor, el otro progenitor puede asumir dicho ejercicio conjuntamente con su cónyuge o conviviente. Este acuerdo entre el progenitor en ejercicio de la responsabilidad parental y su cónyuge o conviviente debe ser homologado judicialmente. En caso de conflicto prima la opinión del progenitor. Este ejercicio se extingue con la ruptura del matrimonio o de la unión convivencial. También se extingue con la recuperación de la capacidad plena del progenitor que no estaba en ejercicio de la responsabilidad parental. Art. 676.-AIIimentos. La obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, tiene carácter subsidiario. Cesa este deber en los casos de disolución del vínculo conyugal o ruptura de la convivencia. Sin embargo, si el cambio de situación puede ocasionar un grave daño al niño o adolescente y el cónyuge o conviviente asumió durante la vida en común el sustento del hijo del otro, puede fijarse una cuota asistencia1 a su cargo con carácter transitorio, cuya duración debe definir el juez de acuerdo a las condiciones de fortuna del obligado, las necesidades del alimentado y el tiempo de la convivencia.

Art. 704.- Subsistencia del deber alimentario. Los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental.

Art. 706.- Principios generales de los procesos de familia. El proceso en materia de familia debe respetar los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente.

Art. 707.- hdicipación en el proceso de personas con capacid a d restringida y de niños, niñas y adolescentes. Las personas mayores con capacidad restringida y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos que los afectan direc-

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tamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de discernimiento y la cuestión debatida en el proceso.

Art. 708.-Acceso limitado al expediente. El acceso al expediente en los procesos de familia está limitado a las partes, sus representantes y letrados y a los auxiliares designados en el proceso. En caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, se debe ordenar su remisión si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva. Art. 709.-Principio de oficiosidad. En los procesos de familia el impulso procesal está a cargo del juez, quien puede ordenar pruebas oficiosamente. El impulso oficioso no procede en los asuntos de naturaleza exclusivamente económica en los que las partes sean personas capaces.

Art. ""10- Principios relativos a Ia prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba. La carga de la prueba recae, finalmente, en quien está en mejores condiciones de probar. Art. 711.- Testigos. Los parientes y allegados a las partes pueden ser ofrecidos como testigos. Sin embargo, según las circunstancias, el juez está facultado para no admitir la declaración de personas menores de edad, o de los parientes que se niegan a prestar declaración por motivos fundados. Art. "a16.9 Procesos relativos a !os derechos de nifios, niñas y adolesceintes. En los procesos referidos a responsabilidad parental, guarda, cuidado, régimen de comunicación, alimentos, adopción y otros que deciden en forma principal o que modifican lo resuelto en otra jurisdicción del territorio nacional sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, es competente el juez del lugar donde la persona menor de edad tiene su centro de vida. Art. 721.-Medidas provisionales relativas a las personas en el diwarcio y en la nulidad de matrimonio. Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, el juez puede tomar las

medidas provisionales necesarias para regular las relaciones personales entre los cónyuges y los hijos durante el proceso. Puede especialmente: a) determinar, teniendo en cuenta el interés familiar, cuál de los cónyuges ha de continuar en el uso de la vivienda familiar y, previo inventario, qué bienes retira el cónyuge que deja el inmueble; b) si corresponde, establecer la renta por el uso exclusivo de la vivienda por parte de uno de los cónyuges; c) ordenar la entrega de los objetos de uso personal; d) disponer un régimen de alimentos y ejercicio y cuidado de los hijos conforme con lo establecido en e¡ Título VI1 de este Libro; e) determinar los alimentos que solicite el cónyuge teniendo en cuenta las pautas establecidas en el artículo 433.

Art. 723.-Ámbito de aplicacibn. Los artículos 721 y 722 son aplicables a las uniones convivenciales, en cuanto sea pertinente.

APIÉNDICE 111 MODELOS DE ESCRITOS DE ACWUAGIÓNPROFESIONAL

1. APORTEDEL PROGENITOR CONVIVIENTE

SOLICITASE RECONOZCA SU APORTE EN ESPECIE. PROMUEVE INCIDENTE Señor Juez: A. R. C., D.N.I. No ................. con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 y legal constituido en la Av. Corrientes 16700, piso 12, of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación de mis hijos C. A. Y. y M. A. Y., con el patrocinio letrado del Dr. J. A. F'érez, TO... FO... C.P.A.C.F., C.U.I.T. No 12-828336-0, en los autos «C., A. R. c/Y., O. B. s/alimentos», a V.S. manifiesta:

En tal carácter, vengo a solicitar que V. S. me reconozca como aporte alimentario para mis hijos menores de edad, las tareas cotidianas que realizo para el cuidado personal de ellos, conforme lo establece la nueva legislación l. 11. HECHOS, Me encuentro separada de hecho del padre de mis hijos, el Sr. O. B. Y., desde hace un tiempo, ya que con el demandado convinimos de común acuerdo adoptar tal decisión, debido a situaciones que diariamente se producían y que hacían sumamente difícil el mantenimiento de nuestra unión matrimonial.

S e reconoce en el art. 660 del nuevo Código, que «las tareas cotidianas que realiza el progenitor que ha asumido el cuidado personal del hijo, ti,~ n e n u n valor económico y constituyen u n aporte a la mantención))

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Decidimos con el demandado que, junto a mis hijos, siguiera habitando el inmueble que fue sede de nuestro hogar conyugal, ya que no poseo los medios para proporcionarme otro, pues si bien actualmente trabajo en forma ocasional dando clases de inglés en forma particular, durante la convivencia era mi esposo quien aportaba los medios pecuniarios con los cuales sustentar los gastos de toda la familia, pues yo me desempeñaba como ama de casa. Estas circunstancias, me llevaron a iniciar la demanda por alimentos que tramita ante V. S. en los autos «C., A. R. cIY., O. B. slalimentos». III. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en el art. 660 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

IV. PRUEBA -Testimonial Del Sr. ................... (DNI No ...............) con domicilio real en la calle ...........................y de la Sra. .................... (DNI No ...............) con domicilio real en la calle ............................ vecinos del inmueble en el que habito, los cuales declararán acerca de mi situación de ama de casa durante la convivencia y de que mi esposo (y padre de mis hijos) era quien aportaba exclusivamente al hogar conyugal. - Asimismo, declararán que de lunes a viernes me ausento de mi casa por poco tiempo para impartir clases de inglés a domicilio, permaneciendo la mayor parte del tiempo en el hogar que habito junto a mis hijos, al tener que proporcionar la asistencia y los cuidados necesarios a aquellos.

V. PETITORIO Por 10 expuesto, a V.S. pido que: 1. Tenga por presentada mi petición. 2. Haga lugar a la prueba testimonial ofrecida, fijando las respectivas audiencias. 3. En consecuencia, se reconozca mi aporte alimentario, para mis hijos, en especie a través de la asistencia y los cuidados proporcionados a éstos.

MODELOS DE ESCRITOS

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Proveer de conformidad, Será Justicia. Dr. J. A. Pérez

A. R. C.

2.HIJOMENOR DE EDAD QUE DEMANDA POR ALIMENTOS* INICIADEMANDA POR ALIMENTOS Señor Juez: A. F. G., D.N.I. No ................. con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 y legal constituido en la Av. Corrientes 16700, piso 12, of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Claudio A. Belluscio, TO65 FO925 C.P.A.C.F., C.U.I.T. No 12-828336-0, a V.S. manifiesta: l. OBJETO En tal carácter, vengo a promover demanda por alimentos contra mi padre el Sr. R. A. G., D.N.I. No ......... ...., de profesión médico, con domicilio real en la calle .............. .., piso ........ depto. .. ., de la Ciudad AutUnoma de Buenos Aires, a fin de cubrir mis necesidades alimentarias. 11. HECHOS Mis progenitores se encuentran separados de hecho desde hace muchos años, pese a lo cual mi madre la Sra. M. E. M., D.N.I. No ................. con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 (mismo domicilio en el cual habito) nunca ha demandado por alimentos para mi persona a mi padre, el Sr. R. A. G. Desde que mi padre abandonó el hogar que habitaba junto mi madre y a mí, no aportó suma alguna con la cual solventar mis necesidades. Razón por la cual, al haber cumplido 15 años y tener madurez. suficiente para poder actuar por derecho propio, y con asesoramiento leEn cuanto a la legitimación para demandar los alimentos debidos a los hijos menores de edad, conforme el art. 661 lo podrán hacer el hijo, con grado de madurez suficiente y con asistencia letrada.

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trado, es que decidí reclamarle alimentos para cubrir mis necesidades, que hasta el momento sólo fueron cubiertas por mi progenitora. III. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en el inciso 2' del art. 661 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y, asimismo, en los arts. 638 y SS.del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación .

Acompaño testimonio del acta de mediación familiar, por el cual se acredita no haber llegado a un acuerdo con el demandado respecto de los alimentos ordinarios solicitados. Acompaño original mi partida de nacimiento, de donde surge el parentesco con el demandado. También, de lo relativo a los gastos efectuados para cubrir las mis necesidades correspondientes al último mes. Por último, cabe acotar que el demandado cuenta con ingresos suficientes para cubrir mis necesidades alimentarias, según surgirá de la prueba informativa que se solicita, al trabajar bajo relación de dependencia en sendos establecimientos de salud 3. -Testimonial

. Del Sr. ................... (DNI No ...............) con domicilio real en la calle ........................... y de la Sra. .................... (DNI No ...............) con domicilio real en Ia calle ............................ vecinos del inmueble en el que habito junto a mi progenitora, los cuales declararán acerca de la situación laboral de mi madre, en cuanto ésta no tiene un trabajo bajo relaTambién, se podrá acompañar la declaración jurada de ganancias correspondiente al último período fiscal en caso de que el demandado ejerza en forma libre una profesión, sea comerciante o empresario. Asimismo, en estos supuestos, si no se pudiera acreditar de forma directa el caudal económico del demandado, el mismo se podrá comprobar por prueba indirecta o indiciaria: a través de los gastos mensuales efectuados por el demandado. Otra opción, para estos casos, es que el caudal económico del demandado surja del informe emanado del interventor judicial informante, cuando éste ha sido solicitado como medida cautelar.

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ción de dependencia con un ingreso fijo, ya que sólo realiza tareas de limpieza en las casas de distintos vecinos y por las cuales recibe una suma que apenas nos alcanza para subsistir a ambos. Asimismo, y aunque conforme a la normativa legal se presume mi falta de medios, los testigos propuestos declararán acerca de que yo no tengo ingresos como para proporcionarme los alimentos por mí mismo. -Informativa a) Relativo a la actividad laboral del demandado y a los ingresos que por ella percibe, solicito se libren sendos oficios a la Clínica Cuaternostro y al Hospital de Agudos, a fin de que informen: si el demandado se desempeña laboralmente en tales establecimientos asistenciales, su antigüedad, cargo que ocupa y a cuánto asciende actualmente su salario mensual. b) Asimismo, si el demandado desconociera la documental que acredita mis gastos y los que irroga el inmueble en el que habito junto a mi madre, se solicita que se libren oficios a: 1 Colegio La lnmaculada Concepción, sito en ............... de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que informe si soy alumno regular, año que curso, monto de la cuota mensual y monto de la matrícula anual. 2") Rentas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: a fin de que informe cuál es el importe anual del ABL que se debe abonar por el inmueble en que habito junto a mi madre. 3") Metrogas, Telecom, Edenor y Aguas Argentinas, para que informen respectivamente sobre el importe facturado en el último bimestre, respecto del inmueble que habito junto a mi madre. O )

-Confesional Del demandado, a tenor del pliego de posiciones que acompaño en sobre cerrado para su apertura en la audiencia que fije V.S. con expresa reserva de su ampliación hasta el momento establecido en el art. 410 del CPCCN. -Informe socio-ambiental Se designe asistente social, a fin de informar sobre las condiciones de vida que tenemos con mi madre y su entorno social, sobre el nivel de

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vida del demandado, como asimismo, las características y comodidades de los inmuebles en que habitamos cada uno, a fin de que V.S. cuente con un elemento de suma importancia para fijar el ((quanturn)) de la cuota ordi~iariaque se peticiona. V. PETITORIO Por lo expuesto, a V.S. pido que: l . Me tenga por presentado, por constituido el domicilio legal y por denunciado el real. 2. Haga lugar a la prueba testimonial y confesional ofrecida fijando las respectivas audiencias, y tenga presente la documental acompañada. 3. Se designe asistente social, para que efectúe informe socio ambiental sobre las condiciones de vida, y sobre las características y comodidades de los inmuebles en que habito (junto a mi madre) y el que habita el demandado, respectivamente. 4. Respecto de la actividad laboral del demandado y, asimismo, en caso de que desconozca la documental presentada de los gastos relativos a mis necesidades alimentarias, haga lugar a la informativa ofrecida. 5. Oportunamente, haga lugar a la demanda, fijando una cuota de alimentos ordinaria para mi persona, que cubra todas las necesidades que enumera el art. 659 del nuevo Código Civil. 6. En consecuencia, se condene al demandado al pago de aquella por la suma dé? pesos ...... ($ ..........), con costas a su cargo. 7. Se fije la cuota suplementaria, más los intereses correspondientes, desde la fecha del inicio de la mediación previa (conforme lo estipula el art. 644 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, texto según ley 26.589). Proveer de conformidad, Será Justicia. Dr. Claudio A. Belluscío

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9 3. ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL M190 NO RECONOClDO ~NICIADEMANDA POR ALIMENTOS. SOLICITA SE FIJEN ALIMENTOS PROVISORIOS

Señor Juez: M. E. M., con domicilio legal constituido en la Av. Corrientes 16700, piso 12, of. «R», Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación de mi hijo A. F. G., D.N.I. No . . . . . ..., y con el patrocinio letrado del Dr. Claudio A. Belluscio, TO65 FO925 C.P.A.C.F., C.U.I.T. No 12-828336-0, en los autos caratulados: (( M., E. M. clG., R. A. slreclamación de filiación extramatrimonial», (Expte. No 123.784), a V.S. manifiesta: l. OBJETO En tal carácter, vengo a solicitar a V.S. que se establezca cuota de alimentos provisoria a cargo de quien fuera denunciado como progenitor del menor A. F. G. en estos autos, Sr. R. A. G., D.N.I. No ... .. . . . . .. .., de profesión médico, con domicilio real en la calle ................, piso . .. ..... depto. ..., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de cubrir las necesidades urgentes del menor. II. HECHOS Que interpuse demanda por filiación extramatrimonial en fecha 271 7112 ante este mismo Juzgado y Secretaría, en la cual acompañé prueba documental, y ofrecí testimonial y pericia1 que hace procedente mi reclamo en ese proceso. Motivo por el cual, la verosimilitud del derecho se encuentra acreditada para que V.S. fije los alimentos provisorios. En tanto, la urgencia en la demora que se exige para fijar toda medida cautelar, surge de la propia naturaleza de este tipo de alimentos. III. DERECHO Fundo mi petición en lo dispuesto por el art. 664 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 4 .

Al respecto, el art. 664 establece legalmente lo que era admitido por numerosos fallos: la posibilidad de reclamar alimentos provisorios para el hijo

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IV. PRUEBA -Documental Acompaño original de lo relativo a los gastos fijos que tiene mi hijo y de los que irroga el inmueble en el que habito junto a él. -Informativa Solicito se libren sendos oficios a la Clínica Cuaternostro y al Hospital de Agudos, a fin de que informen respectivamente: si el demandado se desempeña laboralmente en tales establecimientos asistenciales, su antigüedad, cargo que ocupa y a cuánto asciende en la actualidad su salario mensual.

V. PETITORIO Por lo expuesto, a V.S. pido que: l.Me tenga por presentada, por constituido el domicilio legal y por denunciado el real. 2. Haga lugar a la prueba informativa ofrecida, y tenga presente la documental acompañada. 3. Fije la cuota provisoria de alimentos para mi hijo, que cubra sus necesidades básicas y alcance para afrontar los gastos fijos del inmueble que habita conmigo, con independencia de la cuota que solicitaré al interponer la correspondiente demanda por alimentos ordinarios. Proveer de conformidad, será Justicia. Dr. Claudio A. Belluscio

M. E. M.

no reconocido, antes de que se establezca -en sede judicial- la filiación paterna. En tal sentido, podemos citar: CNCiv., Sala 1, 7/9/04, LL, 2005-B-215; ídem, Sala A, 17/12/84, LL, 1986-B-621, y Rep. LL, 1986-116, sum. 23; ídem, íd., 27110188, LL, 1989-18-127, caso 87.279, LL, 1995-0-853, sum. 112, y ED, 133783, caso 41.727; ídem, Sala M, 29/6/99, JA, 2002-111-145, sum. 1; ídem, Sala H, 28/2/92, ED, 148-435, caso 44.485; ídem, Sala C, 27/11/97, ED, 179-14, caso 48.744; ídem, íd., 14/7/70,ED, 35-380, sum. 10; Juzg. Civ., Com. y Trab. San Cristobal, 3019193, JA, 2005-111-1460, sum. 55.

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5 4. CONTINUIDAD DE LA CUOTA ALIMENTARIA PARA EL HIJO POR CURSAR ESTUDIOS UNIVEWSITARIIOS

SOLICITALA CONTINUIDAD DE LA CUOTA ALIMENTARIA, POR CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS. PROMUEVE INCIDENTE Señor Juez: A. F. G., D.N.I. No ................. con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 y legal constituido en la Av. Corrientes 16700, piso 12, of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. Claudio A. Belluscio, TO65 FO925 C.P.A.C.F., C.U.I.T. No 12-828336-0, a V.S. manifiesta: l. OBJETO En tal carácter, vengo a promover incidente para que V. S. decrete la continuidad de la cuota alimentaria establecida oportunamente a mi padre, el Sr. R. A. G., D.N.I. No ............., de profesión médico, con domicilio real en la calle .............. .., piso ........ depto. .. ., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por hallarme cursando la carrera universitaria de medicina, cuya carga horaria me imposibilita trabajar a fin de solventar mis necesidades por mis propios medios. II. HECHOS Mi madre la Sra. M. E. M., D.N.I. No .................con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 oportunamente inicio demanda por alimentos para mi persona contra mi padre, el Sr. R. A. G., en los autos «M., E. M. c/G., R. A. slalimentos», en los cuales V. S. condenó al demandado al pago de una cuota alimentaria. Al haber cumplido los 18 años, inicié la carrera universitaria de medicina, cuya carga horaria me imposibilita trabajar a fin de solventar mis necesidades por mis propios medios. Al ser mayor de edad y poder actuar por derecho propio, decidí reclamarle la continuidad de los alimentos a mi padre, a fin de cubrir mis El art. 663 del nuevo Código permite la continuidad de la cuota alimentaria al hijo mayor de edad y hasta los 25 años, si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio, le impide proveerse de los medios necesarios para sostenerse por sí mismo.

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necesidades durante el lapso que irrogue la cursada de tal carrera universitaria. Mi padre, el Sr. R. A. G., cuenta con ingresos suficientes para la continuidad de la cuota alimentaria que solicito. III. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en el art. 663 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 6. IV. PRUEBA -Documental Acompaño testimonio del acta de mediación familiar, por el cual se acredita no haber llegado a un acuerdo con el demandado respecto de la continuidad de la cuota alimentaria oportunamente fijada por V. S. Acompaño original del certificado de estudios como alumno regular de la carrera universitaria de medicina, expedido por la Universidad ................., y de la carga horaria que insumen los teóricos y prácticos, tanto a la mañana como a la tarde, que demuestra mi imposibilidad de desarrollar una tarea remunerada con la cual solventar mis necesidades alimentarias por mis propios medios. También, de lo relativo a los gastos efectuados para cubrir las mis necesidades alimentarias. Por último, copia certificada de los autos «M., E. M. c/G., R. A. SI alimentos)), en los cuales V. S. condenó al demandado al pago de una cuota alimentaria. -1nfol-ma fiva a) Relativo a la actividad laboral del demandado y a los ingresos que por ella percibe, solicito se libren sendos oficios a la Clínica Cuaternostro

La norma precitada recoge el criterio jurisprudencia1 que permitió la continuidad de la cuota por el cursado de una carrera universitaria (TFamilia Formosa, 2110196, DJ, 1997-3-512; ídem, 2015199, LL, 2000-C-894 y LL Litoral, 2000-102; C 2a Civ. y Com. Paraná, Sala 2a,25/8/00, Zeus, 85-321, Sec. Jurisprudencia; CCiv. y Com. la Nom. santiago del Estero, 22/11/04, LL NoInst. en lo Civil no81, Capital Federal, 251 roeste, 2005-458; Juzg. Nac. de la 9198, publicado en Derecho de Familia. Revista lnterdisciplinaria de Doctrina y Jurisprudencia, Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, no 14, p. 263).

desempeña laboralmente en tales establecimientos asistenciales, su antigüedad, cargo que ocupa y a cuánto asciende actualmente su salario mensual. b) Asimismo, si el demandado desconociera la documental que acredita la cursada de la carrera de medicina como alumno regular, se solicita que se libre oficio a la universidad .............., a fin de hacer constar tal circunstancia. V. PETITORIO Por lo expuesto, a V.S. pido que: 1. Me tenga por presentado, por constituido el domicilio legal y por denunciado el real. 2. Tenga presente la documental acompañada. 3. Respecto de la actividad laboral del demandado y, asimismo, en caso de que desconozca la documental presentada respecto de que me encuentro cursando la carrera de medicina como alumno regular, haga lugar a la informativa ofrecida. 4. Oportunamente, haga lugar a la demanda incidental, fijando la continuidad de la cuota alimentaria para mi persona. 5. En consecuencia, se condene al demandado a la continuidad del pago de aquella por la suma de pesos ...... ($ ..........), con costas a su cargo. Proveer de conformidad, Será Justicia. Dr. Claudio A. Belluscio

A. F. G.

5. ALIMENTOS DURANTE LA CONVIVENCIA MATRIMONIAL ~NICIADEMANDA POR ALIMENTOS. ACREDITA MEDIACIÓN

Señor Juez: M. E. M., D.N.I. No .................con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 y legal constituido en la Av. Corrientes 16700, piso 12, of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por propio

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CLAUDIO A. BELLUSCIO

derecho y con el patrocinio letrado del Dr. Claudio A. Belluscio, TO65 FO 925 C.P.A.C.F., C.U;I .T. No 12-828336-0, a V.S. manifiesta: l. OBJETO En tal carácter, vengo a promover demanda por alimentos contra mi cónyuge, Sr. R. A. G., D.N.I. No ............., de profesión médico, con domicilio Esteban Mitre 10586, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de cubrir mis necesidades.

li. HECHOS Me encuentro conviviendo matrimonialmente con el Sr. R. A. G., desde hace orice años. Cuando nos casamos, mi cónyuge me pidió que dejara de trabajar en la empresa ... .. ... .. a fin de atender las tareas del hogar conyugal. Por lo tanto, durante estos años de convivencia, fue exclusivamente mi conyuge quien se ocupó de proveer los recursos económicos para solventar los gastos del hogar conyugal y los que irrogaba nuestra convivencia. Hace menos de un mes, el demandado me negó todo ayuda pecuniaria para mis gastos personales. Dado el tiempo en que estuve ausente del mercado laboral y la edad con la que cuento, se me hace sumamente difícil reinsertarme en aquel. Razón por la cual, me veo obligada a interponer esta demanda para que se fijen alimentos en concepto de cuota ordinaria, a fin de cubrir mis necesidades. III. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en el art. 432 del nuevo Código Civi y Comercial de la Nación 7 , y en los arts. 638 y SS. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. IV. PRUEBA

-Documental Acompaño testimonio del acta de mediación familiar (ley 26.589), El art. 432 del nuevo Código permite, explícitamente, que los cónyuges se reclamen -recíprocamente- alimentos durante la convivencia matrimonial.

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por el cual se acredita no haber llegado a un acuerdo con el demandado respecto de los alimentos ordinarios solicitados. Acompaño original del acta de matrimonio que acredita mi vínculo con el demandado. También, de lo relativo a mis gastos personales para cubrir mis necesidades, correspondientes al último mes. Por último, se acompaña copia simple de uno de sus últimos recibos de sueldo del demandado 8. -Téstimonial

Del Sr. ...................(DNl No...............) con domicilio real en la calle ............................ de la Sra. .................... (DNI No...............) con domicilio real en la calle ............................ vecinos del inmueble en el que habito, los cuales declararán acerca de mi situación de ama de casa durante la convivencia, y de que mi esposo es quien aporta económicamente, y de forma exclusiva, al hogar conyugal. -ln formativa Para el caso de desconocimiento de la documental presentada, relativa a la actividad laboral del demandado, solicito se libren sendos oficios a la Clínica ........................., a fin de que informe: si el demandado se desempeña laboralmente en tal establecimiento asistencial, su antigüedad, cargo que ocupa y a cuánto ascienden actualmente sus haberes mensuales por todo concepto. -Confesional Del demandado, a tenor del pliego de posiciones que acompaño en sobre cerradc para su apertura en la audiencia que fije V.S. con expresa reserva de su ampliación hasta el momento establecido en el art. 410 del CPCCN. .S En caso de ejercer el demandado en forma libre una profesión, ser comerciante o empresario, se podría acompañar copia de la declaración jurada de ganancias, correspondiente al último período fiscal. Esto es lo ideal, pero sabemos que en la práctica -muchas veces- la representante legal de los menores no puede presentar esta documental por no tener acceso a ella. En ese caso, se podría suplantar por medio de un oficio al empleador para que informe la suma mensual que percibe el demandado por todo concepto (una vez efectuados los descuentos de ley) o, en

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CLAUDIO A. BELLUSCIO

V. PETITORIO Por lo expuesto; a V.S. pido que: l.Me tenga por presentada, por constituido el domicilio legal y por denunciado el real. 2. Haga lugar a la prueba testimonial y confesional ofrecida fijando las respectivas audiencias, y tenga presente la documental acompañada. 3. Para el caso en que el demandado desconozca la documental relativa a su labor como profesional de la salud en el establecimiento de salud mencionado, haga lugar a la informativa ofrecida. 4. Oportunamente, haga lugar a la demanda, fijando una cuota de alimentos ordinaria para cubrir mis necesidades. 5. En consecuencia, se condene al demandado al pago de aquella por la suma de pesos ...... ($ ..........), con costas a su cargo. 6. Se fije la cuota suplementaria, más los intereses correspondientes, desde la fecha del inicio de la mediación previa. Proveer de conformidad, Será Justicia. Dr. Claudio A. Belluscio

M. E. M.

5 6. ALIMENTOSEN LA SEPAR~~CIÓN BE HECHO DE LOS CÓNYUGES INICIADEMANDA POR ALIMENTOS. ACREDITA MED~AC~ON Señor Juez: M. E. M., D.N.I. No .................con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 y legal constituido en la Av. Corrientes 16700, piso 12, of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por propio derecho y con el patrocinio letrado del Dr. Claudio A. Belluscio, TO65 FO 925 C.P.A.C.F., C.U.I.T. N" -¡2-828336-0, a V.S. manifiesta:

caso de que éste no trabaje bajo relación de dependencia, por medio de un oficio a la AFIP para que informe sobre la última declaración jurada de ganancias que ha sido presentada por el accionado.

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l. OBJETO En tal carácter, vengo a promover demanda por alimentos contra mi cónyuge, Sr. R. A. G., D.N.I. No .... . . . . . . . .., de profesión médico, con domicilio en la calle.. . .. .. .. . .., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de cubrir mis necesidades. li. HECHOS Me encuentro separada de hecho del Sr. R. A. G., de común acuerdo, desde hace cinco meses. Cuando nos casamos, hace once años, mi cónyuge me pidió que dejara de trabajar en la empresa . . . .. . . . .. a fin de atender las tareas del hogar conyugal. Por lo tanto, durante estos años de convivencia, fue exclusivamente mi cónyuge quien se ocupó de proveer los recursos económicos para solventar los gastos del hogar conyugal y los que irrogaba nuestra convivencia. Dado el tiempo en que estuve ausente del mercado laboral y la edad con la que cuento, se me hace sumamente difícil conseguir un trabajo con el cual solventar mis gastos. Razón por la cual, me veo obligada a interponer esta demanda para que se fijen alimentos en concepto de cuota ordinaria, a fin de cubrir mis necesidades. III. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en el art. 432 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 9, y en los arts. 638 y SS. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El art. 432 del nuevo Código permite, explícitamente, que los cónyuges se reclamen -recíprocamente- alimentos durante la separación de hecho.

De esta manera, esta norma es conteste con la jurisprudencia que reconocía la posibilidad de solicitar alimentos en tal estadio: CNCiv., Sala A, 4/81

87, LL, 1989-A-716; ídem, íd., 15/11/96, LL, 1997-C-987, caso 11.479; ídem, íd., 3/5/99, ED, 187-687; ídem, Sala B, 4/5/94, LL, 1995-0-38; ídem, Sala H, 11/8/97, LL, 1998-E-702 y DJ, 1998-1-870; CCiv. y Com. Morón, Sala 2a,15/61 95, JA, 1997-111-síntesis, sum. 6; CApel. Concepción del Uruguay, Sala Civ. y Com., 30/6/98, LL, 1999-C-801,caso 13.990; CCiv., Com. y Laboral Rafaela , 4/4/01, Zeus, 88-473, Sec. Jurisprudencia; CNCiv., Sala 9,29/3/94, LL, 1995A-73; ídem, íd., 27/12/95, ED, 170-577; ídem, Sala H, 21/4/97, DJ, 1998-2991; ídem, Sala K, 21/12/92, LL, 1993-C-88; ídem, sala A, 9/12/92, LL, 1993-

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CLAUDIO A. BELLUSCIO

IV. PRUEBA -Documental Acompaño testimonio del acta de mediación familiar (ley 26.589), por el cual se acredita no haber llegado a un acuerdo con el demandado respecto de los alimentos ordinarios solicitados. Acompaño original del acta de matrimonio que acredita mi vínculo con el demandado. También, de lo relativo a mis gastos personales para cubrir mis necesidades, correspondientes al último mes. Por último, se acompaña copia simple de uno de sus últimos recibos de sueldo del demandado lo. -?estimonial Del Sr. ................... (DNI No ...............) con domicilio real en la calle ........................... y de la Sra. .................... (DNI No ...............) con domicilio real en la calle ............................ vecinos del inmueble en el que habito, los cuales declararán acerca de mi situación de ama de casa durante la convivencia, y de que mi esposo era quien aporta económicamente, y de forma exclusiva, al hogar conyugal. -informativa Para el caso de desconocimiento de la documental presentada, relativa a la actividad laboral del demandado, solicito se libren sendos ofdcios a la Clínica ............................., a fin de que informe: si el

D-114; ídem, Sala F, 2013191, ED, 144-400 y JA, 1993-ll-síntesis, sum. 10; SCBA, 15110191, LL, 1992-A-88. En caso de ejercer el demandado en forma libre una profesión, ser comerciante o empresario, se podría acompañar copia de la declaración jurada de ganancias, correspondiente al último período fiscal. Esto es lo ideal, pero sabemos que en la práctica -muchas veces- la representante legal de los menores no puede presentar esta documental por no tener acceso a ella. En ese caso, se podría suplantar por medio de un oficio al empleador para que informe la suma mensual que percibe el demandado por todo concepto (una vez efectuados los descuentos de ley) o, en caso de que éste no trabaje bajo relación de dependencia, por medio de un oficio a la AFIP para que informe sobre la última declaración jurada de ganancias que ha sido presentada por el accionado.

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demandado se desempeña laboralmente en tal establecimiento asistencial, su antigüedad, cargo que ocupa y a cuánto ascienden actualmente sus haberes mensuales por todo concepto. -Confesional Del demandado, a tenor del pliego de posiciones que acompaño en sobre cerrado para su apertura en ia audiencia que fije V.S. con expresa reserva de su ampliación hasta el momento establecido en el art. 410 del CPCCN. V. PETITORIO Por lo expuesto, a V.S. pido que: 1. Me tenga por presentada, por constituido el domicilio legal y por denunciado el real. 2. Haga lugar a la prueba testimonial y confesional ofrecida fijando las respectivas audiencias, y tenga presente la documental acompañada. 3. Para el caso en que el demandado desconozca la documental relativa a su labor como profesional de la salud en el establecimiento de salud mencionado, haga lugar a la informativa ofrecida. 4. Oportunamente, haga lugar a la demanda, fijando una cuota de alimen.tos ordinaria para cubrir mis necesidades. 5. En consecuencia, se condene al demandado al pago de aquella por la suma de pesos ...... ($ ..........), con costas a su cargo. 6. Se fije la cuota suplementaria, más los intereses correspondientes, desde la fecha del inicio de la mediación previa. Proveer de conformidad, Será Justicia. Dr. Claudio A. Belluscio

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CLAUDIOA. BELLUSCIO

7. ALIMENTOS POSTERIORES AL DIVORCIO VINCULAR

PARA EL CÓNYUGE

QUE NO TIENE RECURSOS PROPIOS SUFICIENTES, NI POSlBlLlDAD RAZONABLE DE PROCUR~RSELOSl1

INICIADEMANDA POR ALIMENTOS. ACREDITA MEDIACIÓN Señor Juez: M. E. M., D.N.I. No ................. con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 y legal constituido en la Av. Corrientes 16700, piso 12, of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por propio derecho y con el patrocinio letrado del Dr. Claudio A. Belluscio, TO65 FO 925 C.P.A.C.F., C.U.I.T. No 12-828336-0, a V.S. manifiesta: l. OBJETO En tal carácter, vengo a promover demanda por alimentos contra mi ex cónyuge, Sr. R. A. G., D.N.I. No ............., de profesión médico, con domicilio Esteban Mitre 10586, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de cubrir mis necesidades. II. HECHOS Ante V.S. tramitaron los autos G., R. A. c l M., E. M. sldivorcio «, (Expte. No 101.784), en el cuál se dictó ei divorcio vincular. Cuando nos casamos, mi ex cónyuge me pidió que dejara de trabajar en la empresa ............................. a fin de atender las tareas del hogar conyugal. Por lo tanto, durante estos años de convivencia matrimonial, fue exclusivamente Sr. R. A. G., quien se ocupó de proveer los recursos económicos para solventar los gastos del hogar conyugal y los que irrogaba nuestra convivencia. l1 El art. 434 del nuevo Código limita la posibilidad de reclamar alimentos con posterioridad al divorcio. Sólo se permite tal petición: a) cuando se solicita para quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide auto Sustentarse. Si el alimentante fallece, la obligación se trasmite a sus herederos. b) A favor de quien no tiene recursos propios suficientes, ni posibilidad razonable de procurárselos, La obligación no puede tener una duración superior al número de años que duró el matrimonio y no procede a favor del que percibe la prestación compensatoria del art. 441.

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Dado el tiempo en que estuve ausente del mercado laboral y la edad con la que cuento, se me hace sumamente difícil reinsertarme en aquel. Razón por la cual, me veo obligada a interponer esta demanda para que se fijen alimentos en concepto de cuota ordinaria, a fin d e cubrir mis necesidades más imprescindibles. IIl. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en el art. 434 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y en los arts. 638 y SS.del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. IV. PRUEBA -Documental Acompaño testimonio del acta de mediación familiar (ley 26.589), por el cual se acredita no haber llegado a un acuerdo con el demandado respecto de los alimentos ordinarios solicitados. Acompaño testimonio de la sentencia emitida por V.S. en los autos «M., E. M. c/G., R. A. s/divorcio», (Expte. No 101784). También, de lo relativo a mis gastos personales para cubrir mis necesidades. -Testimonial Del Sr. ................... (DNI No ...............)con domicilio real en la calle ........................... y de la Sra. .................... (DNI No ...............) con domicilio real en la calle ..........................., vecinos del inmueble en el que habito, los cuales declararán acerca de mi situación de ama de casa durante la convivencia, y de que mi ex esposo era quien aporta económicamente, y de forma exclusiva, al hogar conyugal. -Informativa Solicito que se libre oficio a la Clínica .................., a fin de que informe: si el demandado se desempeña laboralmente en tal establecimiento asistencial, su antigüedad, cargo que ocupa y a cuánto ascienden actualmente sus haberes mensuales por todo concepto. -Con fesional Del demandado, a tenor del pliego de posiciones que acompaño en sobre cerrado para su apertura en la audiencia que fije V.S. con expre-

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sa reserva de su ampliación hasta el momento establecido en el art. 41 0 del CPCCN. V. PETITORIO Por lo expuesto, a V.S. pido que: l . Me tenga por presentada, por constituido el domicilio legal y por denunciado el real. 2. Haga lugar a la prueba testimonial y confesional ofrecida fijando las respectivas audiencias, y tenga presente la documental acompañada. 3. Haga lugar a la informativa ofrecida. 4. Oportunamente, haga lugar a la demanda, fijando una cuota de alimentos ordinaria para cubrir mis necesidades. 5. En consecuencia, se condene al demandado al pago de aquella por la suma de pesos ...... ($ ..........), con costas a su cargo. 6. Se fije la cuota suplementaria, más los intereses correspondientes, desde la fecha del inicio de la mediación previa. Proveer de conformidad, Sera Justicia. Dr. Claudio A. Belluscio

S#$. COMPENSACIONES ECONÓMICAS'~ PARA LOS C ~ N Y U G E S FIJADAS , POR EL JUEZ

SOLICITAQUE SE FIJE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Señor Juez: M. E. M., D.N.I. No .................con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 y legal constituido en la Av. Corrientes 16700, piso 12,

l 2 El art. 441 del nuevo Código, nos trae un instituto no conocido en nuestro derecho, aunque sí en varias legislaciones extranjeras: la compensación económica. Al respecto, dice el art. 441: ((Compensación económica. El cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un em-

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of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por propio derecho y con el patrocinio letrado del Dr. Claudio A. Belluscio, TO65 FO 925 C.P.A.C.F., C.U.I.T. No 12-828336-0, a V.S. manifiesta: l. OBJETO En tal carácter, vengo a promover demanda por compensación económica contra mi ex cónyuge,' Sr. R. A. G., D.N.!. No ............., de profesión médico, con domicilio Esteban Mitre 10586, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se fije la misma por el lapso de cinco años. II. HECHOS Ante V.S. tramitaron los autos KG., R. A. c/ M., E. M. s/divorcio», (Expte. No 101.784), en el cuál se dictó el divorcio vincular. Cuando nos casamos, mi ex cónyuge me pidió que dejara de trabajar en la empresa ............................. a fin de atender las tareas del hogar conyugal. Por lo tanto, durante estos años de convivencia matrimonial, fue exclusivamente Sr. R. A. G., quien se ocupó de proveer los recursos económicos para solventar los gastos del hogar conyugal y los que irrogaba nuestra convivencia. Dado el tiempo en que estuve ausente del mercado laboral y la edad con la que cuento, se me hace sumamente difícil reinsertarme en aquel. Razón por la cual, me veo obligada a interponer esta demanda para que se fije una compensación económica por el término de cinco años, lapso en que espero poder conseguir un trabajo con el atender mis necesites por mis propios medios. Se destaca que esta presentación se efectúa en legal tiempo y forma, no siendo alcanzada por la caducidad prevista en el art. 442 del nuevo Código Civil.

peoramienio de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por tiempo determinado o, excepcionalmente por plazo indeterminado. Puede pagarse con dinero, con el usufructo de determinados bienes o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez)).

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III. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en el art. 441 y 442 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. IV. PRUEBA

-Documental Acompaño testimonio de la sentencia emitida por V.S. en los autos «M., E. M. c/G., R. A. s/divorcio», (Expte. No 108.372), en donde se decretó el divorcio vincular de mi cónyuge. También, de lo relativo a mis gastos personales para cubrir mis necesidades. -Informativa Solicito que se libre oficio a la Clínica ..................... a fin de que informe: si el demandado se desempeña laboralmente en tal establecimiento asistencial, su antigüedad, cargo que ocupa y a cuánto ascienden actualmente sus haberes mensuales por todo concepto. -Con fesional Del demandado, a tenor del pliego de posiciones que acompaño en sobre cerrado para su apertura en la audiencia que fije V.S. con expresa reserva de su ampliación hasta el momento establecido en el art. 410 del CPCCN. V. PETITORIO Por lo expuesto, a V.S. pido que: l . Me tenga por presentada, por constituido el domicilio legal y por denunciado el real. 2. Haga lugar a la prueba confesional ofrecida fijando la respectiva audiencia, y tenga presente la documental acompañada. 3. Haga lugar a la informativa ofrecida. 4. Oportunamente, haga lugar a la demanda, fijando una compensación económica, por el plazo de cinco años, para cubrir mis necesidades. 5. En consecuencia, se condene al demandado al pago de aquella por la suma de pesos . .. ... ($ ..........), con costas a su cargo.

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Proveer de conformidad, Será Justicia. Dr. Claudio A. Belluscio

M. E. M.

9. COMPENSACIONES ECONÓMICAS PARA LOS CONCUBINOS, FIJADAS POR EL JUEZ

SOLICITAQUE SE FIJE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Señor Juez: M. E. M., D.N.I. No ... . .. . . . . .. .. ... con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 y legal constituido en la Av. Corrientes 16700, piso 12, of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por propio derecho y con el patrocinio letrado del Dr. Claudio A. Belluscio, TO65 FO 925 C.P.A.C.F., C.U.I.T. No 12-828336-0, a V.S. manifiesta: l. OBJETO En tal carácter, vengo a promover demanda por compensación económica contra el Sr. R. A. G., D.N.I. No . . . . .. .. ....., de profesión abogado, con domicilio Esteban Mitre 10586, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que se fije la .misma por el lapso de cinco años. II. HECHOS Con el Sr. R. A. G. formé unión convivencial desde el 19/4/94 hasta el día 4/12/12, fecha a partir de la cual nos separamos. El Sr. R. A. G., se desempeña desde el 1/1/88 y hasta el presente, como abogado senior del Estudio M. O. F., percibiendo por tal tarea la suma neta de pesos tres mil setenta y cinco ($ 13.075) mensuales, una vez practicados los descuentos de ley. En tanto, yo siempre me desempeñé como ama de casa, efectuando las tareas del hogar y proporcionando cuidados y asistencia a sus dos hijos, rol que cumpí -asimismo- cuando la familia se encontraba unida. Por lo tanto, durante la convivencia era el Sr. R. A. G. quien contribuía al sostenimiento de la familia y yo me dedicaba a las tareas del hogar y al cuidado y crianza de los hijos.

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Dado el tiempo en. que estuve ausente del mercado laboral y la edad con la que cuento, se me hace sumamente difícil reinsertarme en aquel. Razón por la cual, me veo obligada a interponer esta demanda para que se fije una compensación económica por el término de cinco años, lapso en que espero poder conseguir un trabajo con el atender mis necesites por mis propios medios. III. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en los arts. 524,441 y 442 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.

-Documental Acompaño cclmprobantes de lo relativo a mis gastos personales para cubrir mis necesidades. -informativa Solicito que se libre oficio al Estudio M. O. F., a fin de que informe: si el demandado se desempeña laboralmente en tal establecimiento asistencia], su antigüedad, cargo que ocupa y a cuánto ascienden actualmente sus haberes mensuales por todo concepto.

=--Con fesional Del demandado, a tenor del pliego de posiciones que acompaño en sobre cerrado para su apertura en la audiencia que fije V.S. con expresa reserva de su ampliación hasta el momento establecido en el art. 410 del CPCCN.

V. PETITORIO Por lo expuesto, a V.S. p.ido que: l . Me tenga por presentada, por constituido el domicilio legal y por denunciado el real. 2. Haga lugar a la prueba confesional ofrecida fijando la respectiva audiencia, y tenga presente la documental acompañada. 3. Haga lugar a la informativa ofrecida. 4. Oportunamente, haga lugar a la demanda, fijando una compen-

MODELOS DE ESCRITOS

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sación económica, por el plazo de cinco años, para cubrir mis necesidades. 5. En consecuencia, se condene al demandado al pago de aquella por la suma de pesos ...... ($ ..........), con costas a su cargo. Proveer de conformidad, Será Justicia. Dr. Claudio A. Belluscio

M. E. M.

$$ '10. DESPLAZAMIENTO DEL RECLAMO HACIA OTRO PARIENTE OBLIGADO POR ALIMENTOS

CONTESTA DEMANDA. OFRECE PRUEBA. SOLICITA QUE SE CITE AL ABUELO MATERNO

Señor Juez: R. A. G., D.N.I. No ................. con domicilio real en la calle Florianópolis 123.562 y legal constituido en la Av. Corrientes 167.002, piso 12, of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por derecho propio y con el patrocinio letrado del Dr. V. X. Z.., TO10.602 FO 1 C.P.A.C.F., C.U.I.T. No ........... ..., en los autos caratulados: «M., E. M. c/G., R. A. s/alimentos», (Expte. No 101.784), a V.S., manifiesta: l. OBJETO En tal carácter, vengo a contestar la demanda entablada y a ofrecer las distintas medidas de prueba, que hacen a mi derecho constitucional de defensa en juicio, por las cuales quedará demostrado que existe otro obligado de igual grado (el abuelo materno) que dispone de un mayor caudal económico con que atender al reclamo alimentario de nuestro nieto menor de edad. II. HECHOS Mi hijo A. B. G., D.N.I. ............fue condenado por V. S. a pagar una cuota alimentaria de pesos ........... ($ ..............) para mis nietos menores de edad A. F. G. y G. M. G.

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CLAUDIO A. SELLUSCIO

Nunca cumplió con el pago de tal cuota alimentaria, por lo que la madre de los menores me inició demanda por alimentos. Que estando todos los abuelos de los menores en igualdad de grado, la actora (en representación de sus hijos) debió interponer la demanda a aquel que tuviera el mayor caudal económico con que atender la cuota alimentaria (en este caso, el abuelo materno). Por mi parte cobro la jubilación mínima, sin tener otro ingreso pecuniario. Mientras que el abuelo paterno, Sr. O. S. M., D.N.I. .. . .. . . .. . .. .. ... trabaja bajo relación de dependencia, por lo cual percibe un importante ingreso Por lo cual, dado el injusto reclamo alimentario que se me hace, solicito que se lo traiga a juicio al abuelo paterno y que el reclamo alimentario se prosiga sólo contra él. III. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en los arts. 546 y 537 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 13. Asimismo, a mi derecho de ejercer en forma plena mi defensa, lo cual se encuentra contemplado con meridiana claridad en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional, legislación de máxima jerarquía a la cual no puede sojuzgar una legislación de menor entidad como es el CPCCN, a tenor de lo establecido en el art. 31 de esa Carta Magna. Por ello, mi derecho de defensa debe incluir todas las medidas probatorias de que m e pueda valer, tal como lo hago a renglón seguido.

l 3 Dice el art. 546: ((Incumbe al demandado la carga de probar que existe otro pariente de grado más próximo o de igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser desplazado o concurrir con él en la prestación. Si se reclama contra varios obligados, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de los restantes, a fin de que la condena los alcance)). La primera parte de este artículo, establece la posibilidad de que, demandado un pariente obligado legalmente, pueda citar a otro de grado más cercano al alimentado o de igual grado respecto de éste. En tanto el art. 537, establece que los alimentos son debidos por los que están en mejores condiciones para proporcionarlos.

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IV. PRUEBA --Documental 1 Original del recibo de pago de la jubilación mínima que percibo. 2") Diversas constancias que acreditan mis gastos, sobre todo, de la importante medicación que habitualmente necesito. O )

-Informativa Se solicita que se libren oficios a: 1 Metalúrgica . . .. . . . .. . . . ... ...., para que informe si el abuelo materno, Sr. O. S. M., trabaja alí y que remuneración percibe por todo concepto, una vez efectuados los descuentos de ley. 2") ANSeS, para que informe la jubilación que percibo y su importe mensual, para el caso de que se desconozca el recibo de pago de la jubilación mínima que acompaño. 3") Hospital .. . .. . . ... para que informe sobre mi historia clínica y los medicamentos que se me prescriben mensualmente. O )

V. PETITORIO Plor lo expuesto, a V.S. pido que: 1. Me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal. 2. Haga lugar a la prueba informativa ofrecida, y tenga presente la documental acompañada. 3. Tenga presente mi situación pecuniaria y la del abuelo materno de mis nietos. 4. En consecuencia, solicito que se prosiga el presente reclamo alimentario contra el abuelo materno y se me desligue de las presentes actuaciones y de la cuota alimentaria a fijarse para mis nietos menores de edad. Proveer de conformidad, Será Justicia. Dr. V. X. Z.

.) 9 4 . COPARTIC~PACI~N ENTRE PARIENTES DEL MISMO GRADO EN LA CUOTA ALIMEMTARIA A FIJARSE

CONTESTA DEMANDA. OFRECEPRUEBA. SOLICITA QUE SE CITE AL ABUELO MATERNO

Señor Juez: R. A. G., D.N.I. No ................. con domicilio real en la calle Fiorianópolis 123.562 y legal constituido en la Av. Corrientes 167.002, piso 12, of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por derecho propio y con el: patrocinio letrado del Dr. V. X. Z., TO10.602 FO 1 C.P.A.C.F., C.U.I.T. No .............., en los autos caratulados: «M., E. M. c/G., R. A, slalimentos», (Expte. No 101.784), a V.S., manifiesta:

I. OBJETG En tal carácter, vengo a contestar la demanda entablada y a ofrecer las distintas medidas de prueba, que hacen a mi derecho constitucional de deferisa en juicio, por las cuales quedará demostrado que existe otro obligado de igual grado (el abuelo materno) que dispone de un caudal económico similar al mío con que atender, también, al reclamo alimentario de nuestro nieto menor de edad. II. HECHOS Mi hijo A. B. G., D.N.I. ............ fue condenado por V. S. a pagar una cuota alimentaria de pesos ........... ($ ...............) para mis nietos menores de edad A. F. G. y G. M. G. Nunca cumplió con el pago de tal cuota alimentaria, por lo que la madre de los menores me inició demanda por alimentos. Que estando todos los abuelos de los menores en igualdad de grado, la actora (en representación de sus hijos) debió interponer la demanda a aquellos que tuvieran similar caudal económico con que atender la cuota alimentaria (en éste caso, también, al abuelo materno). Por mi parte cobro una jubilación de pesos .......... ($ ............), sin tener otro ingreso pecuniario. En tanto, el abuelo paterno, Sr. O. S. M., D.N.I. ................. cobra una jubilación similar a la mía, de pesos ................. ($ .................... Por lo cual, dado el injusto reclamo alimentario que se me hace, > m

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solicito que se lo traiga a juicio al abuelo paterno y que el reclamo alimentario prosiga contra ambos. III. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en los arts. 546 y 537 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 14. Asimismo, a mi derecho de ejercer en forma plena mi defensa, lo cual se encuentra contemplado con meridiana claridad en el art. 18 de nuestra Constitución Nacional, legislación de máxima jerarquía a la cual no puede sojuzgar una legislación de menor entidad como es el CPCCN, a tenor de lo establecido en el art. 31 de esa Carta Magna. Por ello, mi derecho de defensa debe incluir todas las medidas probatorias de que me pueda valer, tal como lo hago a renglón seguido. IV. PRUEBA

-Documental 1 Original del recibo de pago de la jubilación que percibo. 2") Diversas constancias que acreditan mis gastos, sobre todo, de la importante medicación que habitualmente necesito. O )

-Informativa Se solicita que se libren oficios a: 1 ANSeS, para que informe la jubilación que percibo y su importe mensual, para el caso de que se desconozca el recibo de pago de la jubilación mínima que acompaño. Asimismo, para que informe la jubilación y el monto de la misma que percibe el abuelo materno. O )

l4Dice el art. 546: ((Incumbe al demandado la carga de probar que existe otro pariente de grado más próximo o de igual grado en condición de prestarlos, a fin de ser desplazado o concurrir con él en la prestación. Si se reclama contra varios obligados, el demandado puede citar a juicio a todos o parte de los restantes, a fin de que la condena los alcance)). La primera parte de este artículo, establece la posibilidad de que, demandado un pariente obligado legalmente, pueda citar a otro de grado más cercano al alimentado o de igual'grado respecto de éste. En tanto el art. 537, establece que si dos o más de ellos están en condiciones de hacerlo, están obligados por partes iguales, pero el juez puede fijar cuotas diferentes, según la cuantía de los bienes y cargas familiares de cada obligado.

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CLAUDIO A. BELLUSCIO

3") Hospital ...... ;. .. para que informe sobre mi historia clínica y los medicamentos que se me prescriben mensualmente. V. PETITORIO Por lo expuesto, a V.S. pido que: l.Me tenga por presentado, por parte y por constituido el domicilio legal. 2. Haga lugar a la prueba informativa ofrecida, y tenga presente la documental acompañada. 3. Tenga presente mi situación pecuniaria y la del abuelo materno de mis nietos. 4. En consecuencia, solicito que también se prosiga el presente reclamo alimentario contra el abuelo materno y se lo condene conjuntamente al pago de la cuota alimentaria que V. S. fijará para mis nietos menores de edad. Proveer de conformidad, Sera Justicia. Dr. V. X. Z.

R. A. G.

9 12. RECLAMACIÓN CONJUNTA DE ALIMENTOS A PARlENTES DE DISTINTO GRABO.

RECLAMO AL PADRE Y A LOS ABUELOS CONJUNTAMENTE

lNlClA DEMANDA POR ALIMENTOS. ACREDITA MEDIACIÓN Señor Juez: M. E. M., D.N.!. No ................. con domicilio real en la calle Esteban Mitre 10586 y legal constituido en la Av. Corrientes 16700, piso 12, of. «R», ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en representación de mis hijos A. F.- G., D.N.I. No ... ....., y G. M. G., D.N.I. No................y con el patrocinio letrado del Dr. Ciaudio A. Belluscio, TO 65 FO925 C.P.A.C.F., C.U.I.T. No 12-828336-0, a V.S. manifiesta: l. OBJETO En tal carácter, vengo a promover demanda por alimentos contra el padre de los menores precitados, Sr. R. A. G., D.N.I. No ........... .., con

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domicilio real en la calle ................, piso ........ depto. .. ., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y contra los abuelos paternos de aquellos, Sr. F. J. G., D.N.I. No ............. y Sra. H. T. D., D.N.I. No................... con domicilio real en la calle ................, piso ........ depto. ..., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de cubrir las necesidades de mis hijos. II. HECHOS Durante la convivencia matrimonial, mi marido se desempeñaba como empleado administrativo en el Banco Banaflex, mientras que yo hacía las tareas del hogar, y cuidaba y atendía a nuestros hijos. Hace tres meses, el padre de mis hijos se fue repentinamente de nuestro hogar, instalándose primero en la casa de sus padres y luego en la localidad de San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires, a fin de cuidar unos campos que aquellos poseen en esa localidad. Desde que se fue de nuestro hogar, el padre de mis hijos nunca aportó suma alguna de dinero para el sustento de nuestros hijos. Hasta ahora, me estuve arreglando para mantener a los menores con algunos ahorros que tenía, y con la suma que me abona un vecino -que es médico- por atender los llamados telefónicos y a los pacientes del consultorio en el cual desarrolla su actividad, los lunes, miércoles y viernes de 14 a 20 horas. Dichos ahorros se han terminado, y la suma que me abona mi empleador no me alcanza para cubrir mis gastos y los de mis hijos, amén de los que irroga el inmueble en el que vivimos, por lo cual me veo obligada a interponer esta demanda por alimentos. Por lo expresado, solicito a V.S. que condene al padre de mis hijos o a los abuelos de aquellos, a pagar una cuota ordinaria de alimentos por la suma de pesos .................. ($ .........) j

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III. DERECHO Fundo mi petición en lo preceptuado en el art. 668 del nuevo del Código Civil y Comercial de la Nación 15, y en los arts. 638 y SS. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

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l5 El art. 668 -de manera atinada- permite que se reclamen los alimentos para el hijo a los ascendientes y progenitores en un mismo proceso, debiéndose acreditar verosímilmente -en tal caso- las dificultades del actor para percibir los alimentos del progenitor obligado.

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Asimismo, la posibilidad de demandar la cuota alimentaria de los abuelos en forma subsidiaria pero en la misma acción que se interpone contra el obligado principal, la fundo en los arts. 3" inc. 1 6", 18, y 27, incs. 2", 3" y 4" de la Convención sobre los Derechos del Niño. O ,

IV. PRUEBA -Documental Acompaño testimonio del acta de mediación, por el cual se acredita no haber llegado a un acuerdo con los demandados respecto de los alimentos ordinarios solicitados. Acompaño copia certificada de la partida de nacimiento del padre de mis hijos, original de las partidas de nacimiento de mis hijos, de cuya conjunción donde surge el parentesco con el demandado. Para mejor proveer, acompaño acta matrimonial que me une al padre de aquellos. También, de lo relativo a los gastos efectuados para cubrir las necesidades de mis hijos, correspondientes al último mes. Recibo del importe dinerario que me abona mi empleador, por atender su consultorio tres veces a la semana durante seis horas. -Pestimoniai Del Sr. ................... (DNl N" ...............) con domicilio real en la calle ........................... y de la Sra. .................... (DNI No ...............) con domicilio real en la calle ..........................., vecinos del inmueble en el que habito, los cuales declararán acerca de mi situación de ama de casa durante la convivencia y de que mi esposo (y padre de mis hijos) era quien aportaba exclusivamente al hogar conyugal. -Informativa Solicito, se libre oficio al: l o )((Banco Banaflex)), a fin de que informe si el Sr. R. A. G., D.N.I. N" ......... ...., renunció a su empleo y en qué fecha. 2") Registro de la Propiedad Inmueble de esta ciudad, para que informe sobre los inmuebles de los cuales son titulares los demandados. Es decir, que se permite el reclamo en una misma acción tanto al padre como al abuelo, pero siempre que se acredite que no se podrán percibir estos alimentos del progenitor obligado en primer término.

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3") Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia de Buenos Aires (a través de oficio ley 22.172), para que informe sobre los inmuebles de los cuales son titulares los demandados. 4") Registro del Automotor de esta ciudad, para que informe sobre titularidad de dominio de los demandados. 5") Registro del Automotor de la provincia de Buenos Aires (a través de oficio ley 22.1 72), para que informe sobre titularidad de dominio de los demandados. 6") AFIP, para que informe si los demandados se encuentran inscriptos en ese Organismo estatal y, en caso afirmativo, en qué categoría. 7") Al Banco Central de la República Argentina, para que informe sobre cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y cajas de seguridad que los demandados posean, como asimismo en qué Banco y sucursal. 8") A la empresa Visa Argentina S.A., para que informe si los demandados son titulares de alguna tarjeta de crédito y, en caso afirmativo, los importes de los resúmenes de consumo del último año, detallados mes a mes. 9") A la empresa Mastercard Argentina S.A., para que informe si los demandados son titulares de alguna tarjeta de crédito y, en caso afirmativo, los importes de los resúmenes de consumo del último año, detallados mes a mes. 10") A la empresa Diners Argentina S.A., para que informe si los demandados son titulares de alguna tarjeta de crédito y, en caso afirmativo, los importes de los resúmenes de consumo del último año, detallados mes a mes. 11 A la empresa American Express Argentina S.A., para que informe si los demandados son titulares de alguna tarjeta de crédito y, en caso afirmativo, los importes de los resúmenes de consumo del último año, detallados mes a mes. 12") A la empresa Cabal S.A., para que informe si los demandados son titulares de alguna tarjeta de crédito y, en caso afirmativo, los importes de los resúmenes de consumo del último año, detallados mes a mes. 13") A la empresa Movistar S.A., para que informe si los demandados son titulares de algún aparato de telefonía celular y, en caso afirO )

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CLAUDIO A. BELLUSCIO

mativo, con qué plan de abono cuenta y los importes de los resúmenes de consumo del último año, detallados mes a mes. 14")A la empresa Personal S.A., para que informe si los demandados son titulares de algún aparato de telefonía celular y, en caso afirmativo, con que plan de abono cuenta y los importes de los resúmenes de consumo del último año, detallados mes a mes. 15") A la empresa C.T.I. S.A., para que informe si los demandados son titulares de algún aparato de telefonía celular y, en caso afirmativo, con que plan de abono cuenta y los importes de los resúmenes de consumo del último año, detallados mes a mes. 16") A la Dirección Nacional de Migraciones, para que informe si los demandados han realizado viajes al exterior en los últimos seis meses. 1'7") A la Dirección de Rentas de esta ciudad, para que informe si existe titularidad de dominio a nombre del demandado y, en caso afirmativo, cual es su valuación fiscal y el importe que tributa anualmente. 18") A la Dirección de Rentas de la Provincia de Buenos Aires (a través de oficio ley 22.172), para que informe si existe titularidad de dominio a nombre del demandado y, en caso afirmativo, cual es su valuación fiscal y el importe que tributa anualmente. --Informe socio-ambiental Se designe asistente social, a fin de informar sobre las condiciones económicas en que viven mis hijos y su entorno social, y sobre el nivel de vida de su padre y los abuelos paternos, como asimismo, las características y comodidades del inmueble en el que habitan, y sobre el confort que se verifica en tal inmueble (teniendo en cuenta para ello, los electrodomésticos y aparatos de electrónica que se encuentran en el mismo), a fin de que V.S. cuente con diversos elementos para acoger la presente demanda y fijar el «quantum» de la cuota ordinaria que se peticiona, en forma subsidiaria, contra los abuelos (en caso de que no se lo pueda hacer con el obligado principal, ante la falta de medios económicos de éste). -Constatación A llevarse a cabo por los oficiales de justicia, en el campo rural precitado en donde habita y desarrolla sus actividades el principal obligado, a fin de que verifiquen las condiciones en que vive y las tareas que realiza, como así también los bienes muebles que se encuentren en tal

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inmueble rural y que son de su propiedad. Asimismo, se constate tipo y cantidad de maquinarias, plantaciones y animales que se encuentran en el predio. Para implementar tal medida, se libre el exhorto al juzgado de primera instancia competente de la circunscripción judicial de ............., provincia de Buenos Aires. V. PETITORIO Por lo expuesto, a V.S. pido que: 1. Me tenga por presentada, por constituido el domicilio legal y por denunciado el real. 2. Haga lugar a la prueba testimonial ofrecida fijando la respectiva audiencia, se provea la informativa solicitada, y tenga presente la documental acompañada. 3. Se designe asistente social, para que efectúe informe socio ambiental de los menores y de los demandados subsidiarios. 4. Se libre exhorto al juzgado de primera instancia competente de la circunscripción judicial .............. de la provincia de Buenos Aires, para la realización de la constatación solicitada. 5. Oportunamente, haga lugar a lo peticionado en la demanda, fijando una cuota de alimentos ordinaria para mis hijos que cubra sus necesidades. 6. En consecuencia, se condene al obligado principal, Sr. R. A. G. o, en su caso, al Sr. F. J. G. y a la Sra. H. T. D., al pago de la cuota de alimentos ordinaria por la suma de pesos ....... ($ ......... .), con costas a su cargo. 7. Se fije la cuota suplementaria a quien resulte condenado, más los intereses correspondientes, desde la fecha del inicio de la mediación previa (conf. ley 26.589). Proveer de conformidad, Será Justicia. Dr. Claudio A. Belluscio

M. E. M

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CLAUDIO A. BELLUSCIO

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CLAUDIO A. BELLUSCIO

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Cómo instalar el CD-ROM .......................................................... Palabras previas .................................................................

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Capítulo I ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES 1. LAELIMINACI~NDEL DIVORCIO CON CULPA ................................... 2. PROTECCI~N AL CÓNYUGE MAS DÉBIL Y SU COMPENSACI~N............. 3. ALIMENTOS DURANTE LA CONVIVENCIA Y LA SEPARACI~NDE HECHO .. a) Asistencia moral y material recíproca entre los cónyuges ........................................................................ b) Alimentos durante la convivencia y la separación de hecho de los cónyuges. Excepcionalidad de los alimentos con posterioridad al divorcio .......................... c) Pautas para fijar la cuantía de la cuota alimentaria durante la convivencia o la separación de hecho de los cónyuges ...................................................................... d) Aplicación supletoria de las reglas relativas a los alimentos entre parientes ........................................... 4. ALIMENTOS CON POSTERIORIDAD AL DIVORCIO VINCULAR ................. a) Supuestos en que se permite solicitar y fijar alimentos . Alimentos para quien padece una enfermedad grave preexistente al divorcio que le impide auto sustentarse ............................................................... Alimentos para quien no tiene recursos propios suficientes, ni posibilidad razonable de procurárselos b) Cese de estos alimentos decretados con posterioridad al divorcio ........................................................................... c) Convenio regulador en materia de alimentos .................

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CLAUDIO A . BELLUSCIO

d) Facultad del juez de exigir garantías reales y personales ..................................................................... 5 . COMPENSACION E C O N ~ M I C A(PRESTACI~N COMPENSATORIA) ........... a) Las pensiones compensatorias en el derecho extranjero: diferentes enfoques ..................................... Francia ....................................................................... España ....................................................................... Cataluña (España) ..................................................... Austria ........................................................................ Quebec (Canadá) ...................................................... El Salvador ................................................................. Chile ........................................................................... b) Supuestos en los cuales se aplican en el derecho extranjero ...................................................................... c) Finalidad de las pensiones compensatorias o pensiones económicas .................................................. d) Sus características ......................................................... e) Requisitos ...................................................................... f) Su fijación en nuestra reciente legislación ..................... g) Forma de pago ............................................................... h) Su caducidad .................................................................

Capítulo II ALIMENTOS ENTRE CONVIVIENTES 1. LOSEFECTOS DE LAS UNIONES CONVIVENCIALES ........................... 2 . DURANTE LA CONVIVENCIA ........................................................ a) Alimeiitos regulados a través de los contratos .............. ((Contrato de alimentos)) ............................................ Contrato de renta vitalicia ........................................... Contrato de fideicomiso de administración ................ b) Alimentos regulados a través de los pactos de convivencia .................................................................... El Pacto de Solidaridad (PACS) del derecho civil francés ....................................................................... Otras legislaciones que facultan a este tipo de pactos ........................................................................

~NDICEGENERAL

Posibilidad de celebrar. en nuestro derecho. pactos de convivencia en las uniones convivenciales ........... Los pactos de convivencia en el nuevo Código Civil .. Pactos en materia de alimentos en nuestra reciente legislación .................................................................. c) ¿Asistencia material o sólo asistencia moral: existen los alimentos legales entre convivientes? ...................... Cj 3 . CESADA LA CONVIVENCIA .......................................................... e

Capítulo 111 ALIMENTOS DERIVADOS DEL PARENTESCO OBLIGADOS LEGALMENTE .......................................... Cj 1. PARIENTES a) Parientes consanguíneos ............................................... b) Parientes afines ............................................................. Cj 2 . CARACTER~STICAS DE ESTOS ALIMENTOS ..................................... Cj 3. EXTENSI~N DE ESTOS ALIMENTOS ............................................... DE CUMPLIMIENTO .......................................................... Cj 4 . MODO a) Cuota alimentaria fijada en especie ............................... b) Posibilidad de que el juez fije la cuota alimentaria por un período menor al mensual ........................................ Cj 5 . ALIMENTOS PROVISIONALES ....................................................... a) Momento en el que se pueden solicitar .......................... b) Posibilidad de que el juez los imponga de oficio ............ Cj 6 . EXISTENCIA DE OTROS OBLIGADOS ............................................. CUESTIONES PROCESALES ........................................................ Cj 7 . a) Proceso por alimentos ................................................... b) Prueba de los requisitos para interponer la acción ........ c) Recursos contra la sentencia que fija los alimentos ...... d) Retroactividad de la sentencia ....................................... e) Medidas cautelares ........................................................ f) Intereses ........................................................................ La posibilidad de imponer intereses en las deudas por alimentos ............................................................. Tasa de interés aplicable a la deuda alimentaria ....... g) Incumplimiento ...............................................................

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CLAUDIOA. BELLUSCIO

Incumplimiento de la orden de retener la cuota alimentaria .................................................................. Medidas impuestas por el juez de la causa contra el incumplimiento alimentario ......................:.............. h) Cese de la obligación alimentaria .................................. i) lrrepetibilidad ..................................................................

Capítulo IV ALIMENTOS DEBIDOS A LOS HIJOS REGLA GENERAL ..................................................................... EXTENSI~N DE ESTOS ALIMENTOS ............................................... FORMA DE PAGO ..................................................................... RECONOCIMIENTO DE LAS TAREAS DE CUIDADO PERSONAL DEL HIJO .. LEGITIMACI~N PARA DEMANDAR ESTOS ALIMENTOS ......................... HIJOMAYOR DE EDAD .............................................................. a) Hijo de entre 18 y 21 años que convive con uno de los progenitores ................................................................... b) Hijo de entre 18 y 25 años que cursa estudios o se prepara para un arte u oficio .......................................... Postura jurisprudencial que admite la continuidad de la cuota alimentaria establecida, por cursar estudios universitarios .............................................................. Postura jurisprudencial que no admite la continuidad de la cuota alimentaria establecida por cursar estudios universitarios ................................................ La falta de tratamiento de esta circunstancia. por parte de la ley 26.579 ................................................. e Con posterioridad a la ley 26.579 y antes de la vigencia del nuevo Código ......................................... c) Hijo mayor discapacitado ............................................... DEL HIJO NO RECONOCIDO Y DE LA MADRE EMBARAZADA S 7 . PROTECCION

1. 2. 9 3. fj4 . 5. S 6.

EN LA FILIACIÓN EXTRAMATRIMONIAL ............................................

a) Protección del hijo no reconocido .................................. b) Protección de la mujer embarazada .............................. c) La doble protección actual ............................................. 8 . ALIMENTOS EN LA TENENCIA ALTERNADA ......................................

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~NDICEGENERAL

ESTABLECE LOS ALIMENTOS

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.................................... .................

a) Retroactividad ............................................................... b) Incumplimiento .............................................................. Cj 11. EL CÓNYUGE O CONVIVIENTE RESPECTO DE LOS HIJOS DEL OTRO .... Cj 12. CONTINUIDAD DEL DEBER ALIMENTARIO. DURANTE LA PRIVACI~NY LA SUSPENSIÓN DEL EJERCICIO DE ((LA RESPONSABILIDAD PARENTAL)) .. Cj 13. HIJOQUE SE ENCUENTRA EN EL EXTERIOR O ALEJADO DE SUS ........ i

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PROGENITORES ...................................................................... CUESTIONES PROCESALES .......................................................

a) Participación en el proceso de niños. niñas y adolescentes ................................................................. b) Competencia ................................................................. c) Facultad del juez de decretar los alimentos provisionales .................................................................

II Capitulo V LA ACTUALIZACIÓN DE LA CUOTA ALIMENTARIA

Capítulo VI CUESTIONES PROCESALES Cj 1. PRINCIPIOS GENERALES EN LOS PROCESOS DE ALIMENTOS .............. Cj 2 . TRAMITE DEL PROCESO POR ALIMENTOS ...................................... Cj 3 . INTERÉS SUPERIOR DE NINOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES ................... Cj 4 . PARTICIPACI~N EN EL PROCESO DE ALIMENTOS DE NIÑOS. NIÑAS Y ADOLESCENTES .......................................................................

Cj 5. ACCESO LIMITADO AL EXPEDIENTE .............................................. Cj 6 . PRINCIPIO DE OFICIOSIDAD ...................................................... Cj 7 . PRUEBA ................................................................................ a) Inversión de la carga probatoria .....................................

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282 1 CLAUDIO A. BELLUSClO

b) Prueba de los requisitos para interponer la acción de alimentos entre los parientes ......................................... 8. PRUEBA TESTIMONIAL ............................................................... 9. COMPETENCIA ........................................................................ 10. MEDIDAS PROVISIONALES. ALIMENTOS PROVISIONALES .................. 11. RECURSOS CONTRA LA SENTENCIA QUE FIJA LOS ALIMENTOS .......... 12. RETROACTIVIDAD DE LA SENTENCIA ........................................... 13. MEDIDAS CAUTELARES ............................................................ Cj 14. l NTERESES ........................................................................... 15. INCUMPLIMIENTO DE LA CUOTA ALIMENTARIA ................................. 16. IRREPETIBILIDAD DE LA CUOTA ALIMENTARIA .................................

APÉNDICE I JURISPWLJDENCIAQUEAPLICÓ LA NORMATIVA DEL NUEVO CQDIGO ANTES DE ENTRAR EN VIGENCIA

ALIMENTOS A LA HIJA NO BIOL~GICA............................................ LEGITIMACI~N DEL PROGENITOR QUE CONVIVE CON EL HIJO QUE SE .. ENCUENTRA ENTRE LOS 18 A LOS 21 ANOS PARA INICIAR EL JUICIO DE ALIMENTOS, PROSEGUIRLO, ADMINISTRAR Y DISPONER DE LA CUOTA.

ART~CULO 662 DEL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL ..... (5.0. No32.985 DEL 811012014). PAUTA DE

PROMULGADO

ORIENTACI~N..........................................................................

OBLIGACI~N ALIMLNTARIA

DEL ((PADRE SOLIDARIO)) PARA CON EL

...................................... RECLAMO CONJUNTO CONTRA EL PADRE Y EL ABUELO .................... ALIMENTOS A FAVOR DEL HIJO MAYOR DE EDAD QUE CURSA UNA CARRERA UNIVERSITARIA ........................................................... LEGITIMACI~N PROCESAL DE LA PROGENITORA CONVIVIENTE CON EL HIJO ADOPTADC? POR EL OTRO CÓNYUGE

HIJO MAYOR PARA LA CONTINUACIÓN DE LOS ALIMENTOS CORRESPONDIENTES A AQUEL

PROHIBICI~N DE TRABAJAR

....................................................

PARA EL PADRE QUE INCUMPLE

VOLUNTARIAMENTE LA CUOTA ALIMENTARIA, AL MODIFICAR SU EMPLEO PARA ELUDlR EL EMBARGO SOBRE SU REMUNERACION

PROHIBICI~N DE SALIR

.........

DEL P A ~ SANTE EL INCUMPLIMIENTO

ALIMENTAR10 DEL PADRE ...........................................................

~NDICEGENERAL

1 283

Parte pertinente del nuevo Código Civil y Comercial .................

221

APENDICE 111 MODELOS DE ESCRITOS DE ACTUACIÓN PROFESIONAL

APORTE DEL PROGENITOR CONVIVIENTE .................................... HIJOMENOR DE EDAD QUE DEMANDA POR ALIMENTOS .................... ALIMENTOS CORRESPONDIENTES AL HIJO NO RECONOCIDO .............. CONTINUIDAD DE LA CUOTA ALIMENTARIA PARA EL HIJO POR CURSAR ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ...... ............... ................... .. . .. . . f) 5. ALIMENTOS DURANTE LA CONVIVENCIA MATRIMONIAL ...................... f) 6. ALIMENTOS EN LA SEPARACI~NDE HECHO DE LOS CONYUGES .......... f) 7. ALIMENTOS POSTERIORES AL DIVORCIO VINCULAR PARA EL CÓNYUGE f) l . f) 2. f) 3. f) 4.

235 237 241

243 245 248

QUE NO TIENE RECURSOS PROPIOS SUFICIENTES, NI POSIBILIDAD RAZONABLE DE PROCURÁRSELOS

...............................................

252

f) 8. COMPENSACIONES ECON~MICASPARA LOS C ~ N Y U G E S ,FIJADAS POR EL JUEZ ............................................................................... 254 ECON~MICASPARA LOS CONCUBINOS, FIJADAS f) 9. COMPENSACIONES POR EL JUEZ ...................................................................... 257 Ej 10. DESPLAZAMIENTO DEL RECLAMO HACIA OTRO PARIENTE OBLIGADO 259 POR ALIMENTOS ............................................. . ... ..... .. . .. 11. COPARTICIPACI~N ENTRE PARIENTES DEL MISMO GRADO EN LA CUOTA ALIMENTARIA A FIJARSE ............... ................................... 262 Ej 12. RECLALAACI~N CONJUNTA DE ALIMENTOS A PARIENTES DE DISTINTO 264 AL PADRE Y A LOS ABUELOS CONJUNTAMENTE ..... GRADO. RECLAMO Bibliografía ..................................................................