Analisis De Los Articulos Del Codigo Penal

Alumno: TITO NAVARRO JUAN ANTONIO CICLO: OCTAVO

ANALISIS DE LOS ARTICULOS DEL CODIGO PENAL

DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONOMICO

Capítulo 2: ESPECULACION, ADULTERACION.

ANALISIS DE LOS ART. 234; 235; 236; 237. Y comentarios sobre estos temas y relaciones sobre otros art. Que incluyen estos temas.

Art. 234.- ESPECULACION El productor, fabricante o comerciante que pone en venta productos considerados oficialmente de primera necesidad a precios superiores a los fijados por la autoridad competente, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa. El que, injustificadamente vende bienes, o presta servicios a precio superior al que consta en las etiquetas, rótulos, letreros, o listas elaboradas por el propio vendedor o prestador de servicios, será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de un año y con noventa a ciento ochenta días-multa. El que vende bienes que, por unidad tiene cierto precio, peso o medida, cuando dichos bienes sean inferiores a estos pesos o medidas, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año y con noventa a ciento ochenta días-multa. El que vende bienes contenidos en embalajes o recipientes cuyas cantidades sean inferiores a los mencionados en ellos, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un año y con noventa a ciento ochenta días-multa.

ANALISIS DEL ARTICULO En este tiempo de pandemia y de incertidumbre social, nos aqueja una idea sobre el abastecimiento de productos de primera necesidad hacia los mercados, hipermercados o establecimientos que expenden estos productos, a lo cual deben de tener un control y fiscalización apropiada para que los precios que ofrecen sea de tal condición accesible a los bolsillos de los ciudadanos y que estos precios sean permitidos por la autoridad competente. Por consiguiente el

art. 234 castiga con una pena no menor de una ni mayor de tres años y con días-multas a las personas o empresas que se aprovechen de esta coyuntura y apliquen sus intereses particulares en lucrar con la ciudadanía valiéndose de la situación actual del ciudadano al estar en “modo de consumo” por la pandemia que los obliga al estar internado en sus hogares por decreto legislativo emitido por el gobierno. Para relacionar ese artículo con los demás está el del código civil que es su art. 1969 nos refiere a la indemnización de dolo por daño o culpa y que nos dice que aquel que por dolo o culpa cause daño a otra persona estará obligado a indemnizarlo por el accionar cometido sea este autor del delito una persona, empresa o persona jurídica en la cual este involucrada y que a su vez lo ayuda el código penal en su art. 39 que nos refiere a la inhabilitación accesoria y el art. 105 que nos refiere a las medidas aplicables a las personas jurídicas con la clausura de su local o empresa, a la disolución y liquidación de la sociedad, a la suspensión de sus actividades, a la prohibición de la sociedad y a la multa que conforme a la ley se emite. Dado este análisis del caso nos lleva a otra incertidumbre, que nos aqueja sobre la legislación penal, en el cual el art. 234 en mención nos explica que el delito de aumento de precios sin previa autorización de la autoridad competente conllevaría a un delito, es decir que estaría contraviniendo con la Constitución, porque según el art.61 de la Constitución no refiere a la libre competencia en donde el estado facilita la libre competencia y que vigila las prácticas de dominio o monopolio por partes de algunas empresas que se agrupan para generar la subida o reducción de los precios de sus productos y así generar un desbalance a la economía de los ciudadanos, pero que a su vez no se refiere al delito de “especulación” en el cual se figura el alza de precios pero que no tiene una fiscalización por alguna autoridad competente, otro es el art. 65 de la constitución que nos refiere a la defensa de los consumidores por parte del estado y nos dice que el estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, pero esa defensa solo se aplica a la información y esclarecimientos de los precios entre bienes y servicios y no sobre el referido delito de “especulación”, por lo cual el decreto legislativo No. 757 nos aclara que los precios son libres y que solo se puede variar en la decisión del la ley de la oferta y la demanda, es decir que quien fija los precios es el mismo mercado y no una autoridad competente como está referido el dicho art 234 cp. , Por lo que nos da la idea de que los precios de los productos se fijan libremente, atreves de la de la competencia entre las empresas, en la cual según la legislación peruana le prohíbe al estado fijar los precios incluyendo a la misma Indecopi de interferir tal fiscalización que solo sería aplicable solo para los servicios básicos como agua y luz, sin embargo si se produce un incremento de precios la Indecopi sanciona la conducta por “concertación de precios” al no estar informado de la alza repentina de ciertos productos por parte de la unión de las empresa que trabajan en el mismo rubro. Una opinión acertada por parte del abogado constitucionalista doc. Mario amoreti nos indica que ese art. 234 c.p. no puede ser aplicado porque está autoridad no puede existir en una economía de libre mercado como la peruana, en tanto se necesita tener un precio fijado por la autoridad competente, de tal manera al no existir no se configura como delito.

Art. 235 ADULTERACION El que altera o modificarla calidad, cantidad, peso o medida de artículos considerados oficialmente de primera necesidad, en perjuicio del consumidor, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de tres años y con noventa a ciento ochenta días-multa.

ANALISIS DEL ARTICULO En las medidas que se genera la compra de bienes y productos de primera necesidad y que la oferta y la demanda reina en el comercio nos encontramos también sobre otro delito que es la adulteración, en la cual es la agravante más deshonrosa por parte de las personas o empresas que modifican los productos en su fecha de vencimiento o en su estado material, dándole un accesible ingreso al mercado por encontrarse en optimas condiciones para su consumo y así dañar la salud de los consumidores que por así decirlo es un daño a la misma sociedad por tener como estafa a la compra de un producto que por fuera se anuncia este en buenas condiciones y ser lo contrario por el interior, dando así la pérdida de la buena fe en las empresas y productores que abastecen con sus productos a los mercados, tal daño está consignado en una pena que en el art. 235 c.p. que figura como pena privativa y que más allá del delito esto lleva a la afectación de la persona y que a condición de lo cumplido con la sanción este no devuelva a la salud de la población a su estado normal .

Art. 236 AGRAVANTES Si los delitos previstos en este capítulo se cometen en época de conmoción o calamidad publicas, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años y de ciento ochenta a trescientos sesenticinco días-multas.

ANALISIS DEL ARTICULO Este artículo es muy importante en esta época de la pandemia que estamos pasando porque debido a esta situación, muchos de las empresas nacionales o privadas y personas, están cometiendo actos muy agravantes que es el de aprovecharse y lucrar con la necesidad de la sociedad en la cual está ultima busca como satisfacer sus necesidad primordiales que son los de la compra de alimentos de primera necesidad y ante ello el estado debe de velar por los derechos de estos, conforme a lo estipulado en este articulo, por la cual el código civil nos refiere a la indemnización de dolo por daño o culpa en su art. 1969 Por parte del agente delictuoso o la empresa y a su inhabilitación conforme al art. 39 del código penal, con las medidas aplicables a las personas jurídicas del art. 105 también del código penal que es la clausura definitiva de dichas empresas y su correspondiente multa.

Art. 237 BIENES PROVENIENTES DE DONACIONES El que pone en venta o negocia de cualquier manera bienes recibidos para su distribución gratuita, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de seis años. La pena no será no menor de tres años ni mayor de seis años en inhabilitación, conforme a los incisos 1, 2, 3, del artículo 36 cuando el agente transporta o comercializa sin autorización bienes fuera del territorio en el que goza de beneficios provenientes de tratamiento tributario especial, si el delito se comete en época de conmoción o calamidad pública o es realizado por funcionario o servidor publico, la pena será no menor de tres ni mayor de ocho.

ANALISIS DEL ARTICULO Aquí se evidencia que este delito lo cometen los funcionarios públicos y entidades del Estado que son las municipalidades y los representantes de estas que son los mimos alcaldes que aprovechando su posición de administrador de la una localidad usan los medios del estado y las donaciones tanto materiales como onerosas para su aprovechamiento en su interés personal, otorgando así a una Madeja de corrupción por parte del funcionario o toda la unión y grupo de esta municipalidad.