Apelacion Papeleta De Transito

Expediente : Escrito :1 Cuaderno :Principal Sumilla :Presento Recurso de Apelación

SEÑOR GERENTE GENERAL DE TRANSPORTE URBANO Y TRÁNSITO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

Hans Saúl HUERTA SOLÍS, identificado con DNI N° 46705317, con domicilio en Mz M4 Lt 16, Defensores de la patria, distrito de Ventanilla – Callao; en mi calidad de propietario del vehículo de placa N° D5U278; a Ud., con las consideraciones del caso digo: I.

PETITORIO

Que, como PROPITARIO con interés legítimo para obrar conforme IV. Del Título Preliminar del CPC. Y en lo previsto en el enciso 20 del Art. 2° de la Constitución Política del Perú, concordante con los Arts. 106 y 107 de la Ley de Procedimiento Administrativo General – Ley N° 27444, Derecho de Petición y al amparo del Art. 326 y 331, con la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre – Ley N° 27181, RNT. N° 033- 2001-MTC; interpongo Recurso de Apelación contra el Resolución Gerencial N°0356535-2016-MPC-GGTU/GTT, de fecha 19 de Diciembre del 2016, conforme a los argumentos que paso a exponer:

II.

FUNDAMENTO DE HECHO Y DERECHO:

PRIMERO: Que, con fecha 19 de diciembre del 2016, se me notifica la resolución N°0356535-2016-MPC-GGTU/GTT, resolviendo sancionarme administrativamente por un pago equivalente al 18% de la UIT. Sin embargo, nunca se realizó la debida notificación en mi domicilio por la papeleta impuesta, por lo cual no tuve la oportunidad de presentar mis descargos correspondientes. Asimismo, en la resolución no especifica el kilometraje excedido, lo cual contraviene el debido proceso, ya que no se me esta proporcionado toda la información de dicha papeleta.

SEGUNDO: Que, se puede apreciar que en la papeleta materia de impugnación, la supuesta infracción se cometió en la AV. Nestor Gambeta, lo que afecta el principio de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, ya que, la velocidad para las avenidas de acuerdo al TUO del Reglamento Nacional de Tránsito los límites máximos de velocidad es de 80 Km/H, 60 Km/H y 40 Km/H; así mismo, la autoridad administrativa competente debe valorar que en dicha vía se encuentra a la Refinería la Pampilla, en la cual existen pendientes que generan por la inercia que los vehículos tomen una velocidad mayor y asimismo es una vía rápida, porque la circulan todo tipo de autos livianos, buses, camiones, triales de todo tipo cargo, peso y volumen, en el caso que haya cometido una infracción esta sido en mérito aun caso fortuito, por las razones antes expuestas, teniendo en consideración que en el Callao se encuentra en estado de emergencia y hay vehículos que sobre ponen a otros con la finalidad generar algún atraco, robo, asesinato o secuestro. TERCERO: Que, la autoridad administrativa competente pretende imputar una responsabilidad sin haber intervenido e identificado al supuesto infractor (conductor), con lo cual, tanto la papeleta y la resolución deben ser declarar nulas, ya que vulneran el principio de causalidad del inciso 8 del artículo 230° de la Ley 27444, con lo que dicho accionar lesiona el debido proceso instaurado por la Municipalidad Provincial del Callao, más aun cuando nuestros ordenamientos jurídico nos indica que previamente para iniciarse un debido procedimiento deberá de identificarse correctamente al infractor, y ello no se ha cumplido. En principio la responsabilidad directa por las infracciones de tránsito recae en el conductor y esta puede transferirse al propietario del vehículo únicamente cuando NO SE LLEGUE a identificar al conductor infractor, es decir que, la responsabilidad presunta del propietario es subsidiaria ya que solo opera en el caso que luego de haber detectado la infracción y seguido el procedimiento regular no se haya podido identificar al autor de la misma; siendo el requisito previo para transferir la responsabilidad al propietario el haber realizado los actos necesarios para la identificación del conductor y que estos actos hayan sido infructuosos y no por el solo uso de los medios electrónicos de control de velocidad; CUARTO: Que, deberá revocarse la Papeleta de Infracción N° 02517275P, impuesta, en mérito del Principio Administrativo del Debido Procedimiento, ya que, dicha “papeleta”, que se impone, se lesiona normas reglamentarias de obligatorio cumplimiento que por estar referidas al validez del acto

administrativo su omisión e inobservancia por parte de la autoridad administrativa, trae consecuencia la invalidez del acto en si, por lo tanto, en escrito de descargo se indica que todo aparato electrónico debe ser homologado por el INDECOPI para su respectivo uso, sin embargo, la autoridad administrativa competente no se ha pronunciado al respecto, con lo cual se afecta el artículo 327° de DECRETO SUPREMO Nº 016-2009-MTC TUO del Reglamento Nacional de Tránsito; QUINTO: La Resolución Impugnada es nula por no estar debidamente motivada. Nadie puede negar que una de las manifestaciones propias del derecho al debido proceso resulte ser la exigencia de la debida motivación en sus pronunciamientos, lo que implica que las Resoluciones que se emitan deben estar adecuadamente motivadas. El catedrático universitario y especialista en Derecho Procesal Civil y Arbitraje, Dr. Enrique Palacios Pareja, se pronuncia al respecto: “El deber de motivación razonada no es algo etéreo, sino que doctrinariamente, y en especial en nuestra jurisprudencia, tiene una connotación específica. Sólo estaremos frente a una motivación que pueda ser calificada de razonada, cuando el argumento expuesto por el juzgador respete cierto orden mental y lógico mínimo, que permita afirmar que se trata de un razonamiento correcto. Un razonamiento correcto implica que esté guiado por los principios clásicos de la lógica jurídica, que son los siguientes: identidad o congruencia, no contradicción, razón suficiente y tercio excluido”1 El Artículo 50 inciso 6 del Código Procesal Civil establece lo siguiente: Son deberes de los Jueces en el proceso y de los Funcionarios en el procedimiento Administrativo ( El subrayado es nuestro.(…) 1. Fundamentar los autos, las resoluciones ( Lo subrayado es nuestro) y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de las normas y el de congruencia. Asimismo de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del Artículo 121 del Código Procesal Civil, aplicable de manera supletoria al procedimiento administrativo, se establece que mediante la Sentencia el Juez y/ o Resolución de un Funcionario, que pone fin a la instancia 1

PALACIOS PAREJA, Enrique. “La Motivación de los Laudos y el Recurso de Anulación”. En: Revista Peruana de Arbitraje No. 4, 2007, p.335.

o al proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes o excepcionalmente sobre la validez de la relación procesal. (Lo subrayado es nuestro) SEXTO: Que, cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinadas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas; al contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas; SEPTIMO: En lo referente a la fundamentación que debe realizarse, en la Resolución, es una respuesta a la petición interpuesta por el administrado, por el cual éste hace una subsunción de los hechos a la norma, resolviendo todos los puntos litigiosos puestos a consideración, sin salirse de esos marcos por cuanto puede que otorgue menos o más de lo pedido, lo cual implicaría una vulneración al debido proceso en su ámbito de presupuesto de una resolución debidamente fundamentada, entonces no es menos cierto que el Gerente en el recurso de apelación, deben inexcusablemente resolver todos los puntos apelados o puestos en consideración, así como todas y cada una de las irregularidades advertidas, pues solo así las partes conocerán los motivos o razones que llevaron al mismo a tomar esa decisión, lo contrario, también significaría una violación al debido proceso en su componente de la fundamentación jurídica. OCTAVO: Que, la imposición de una sanción pecuniaria con la que se me conmina con el pago de una suma provechosa para la administración, atentando contra mi persona el mismo que es exorbitante y que me permitiré recurrir, de ser el caso, a las INSTANCIAS JUDICIALES que la Ley me permita a fin de hacer valer mi derecho, al haberse iniciado un procedimiento invalido; NOVENO: Cabe indicar que, las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deberán adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida

proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido. Por lo que, el acto administrativo que me coacciona con el pago de una multa, no se ajusta a derecho toda vez que no produce efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta, careciendo de EFICACIA; Finalmente, que de acuerdo a lo previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General – Ley Nº 27444, todo acto administrativo con vicio insubsanable, adolece de nulidad absoluta, por lo mismo, un acto administrativo emitido en abierta contradicción del principio de legalidad y razonabilidad debe ser anulado por no tener condiciones para mantener su validez. En consecuencia, de conformidad aplicarán sanciones sujetándose al las garantías del debido proceso, disponer el quiebre de la misma y

III.

con el artículo 230.2º las entidades procedimiento establecido respetando por lo que vuestro despacho deberá proceder a su archivamiento.

FUNDAMENTO DE DERECHO:

El presente recurso se fundamenta en lo siguiente: 3.1.

Que, amparo mi presente recurso impugnatorio en la Ley 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General: En el numeral 1.1 del art. IV del Título Preliminar: Principio de Legalidad, que establece que “las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la Ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas (…)”

3.2.

Amparo El artículo III del Título Preliminar de la Ley Nº 27444, que en su numeral 1.6) señala: “Las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados (…)”.

3.3.

Articulo 326 y 327 del RNT. El cual establece los requisitos y procedimientos para imponer una infracción de tránsito.

3.4.

Artículo 331 del RNT “No se puede imponer una sanción, sin que previamente se conceda el derecho de defensa”

3.5.

En el artículo 331 del RNT: “No se puede imponer una sanción, sin que previamente se conceda el derecho de defensa al presunto infractor y se emita el dictamen correspondiente, con excepción de lo dispuesto en el numeral 1 del Art. 336 del presente Reglamento Nacional de tránsito , igual se garantiza el derecho a la doble instancia”.

3.6.

Asimismo, el numeral 1.11) del mismo articulado señala: “En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas”. Y demás Leyes pertinentes.

3.7.

POR LO EXPUESTO: A Ud. Señor Gerente, solicito tenga por FUNDADO el presente recurso impugnatorio y disponer la quiebra de la sanción pecuniaria impuesta.

_______________________ Abog. Hans Saúl HUERTA SOLIS DNI 46705317 Reg. CAC 9048