Asunto. Se Presenta Demanda De

Quejo: _____________________________ en mi carácter de demandante de la justicia me remito a dar conociendo del: Asunto. Se presenta demanda de violación a Tutela Judicial Efectiva. Contenida en los Tratados Internacionales, como Derechos Humanos, asimismo violenta la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Al constreñir derechos Fundamentales; contenidos en la ley fundamental.

Amparo: Indirecto escrito inicial.

C. Juez de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Distrito Federal, en turno. Presente: C. _________________________, promoviendo por propio derecho, señalando domicilio para oír y recibir todo tipo de documentos, notificaciones y valores el ubicado en la calle: ______ y Avenida: __________, Colonia: ________, Delegación: __________, Código postal: ______ de la Ciudad de México, facultando la autorización en términos de artículos 12, 24 y 26 fracción I inciso a de la ley de amparo, invocando la circular 12/2009 del pleno del consejo de la judicatura federal al Candidato a Doctor en Ciencias Penales: Emmanuel Benito Cos Arámbula con Cédela Profesional: 7875355, emitida por la dirección general de profesiones, ante usted con el respeto que merece, y bajo protesta de decir la verdad jurídica a fin de exponer lo síguete. A través del presente libelo ante usted Usía invoco con fundamento a las disposiciones contenidas en los artículos 103 fracción I, 107 apartado B, fracción III, y artículos 1, 5, 17, 19, 20 y 133 todos los antes mencionados de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En concordancia con los preceptos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 107, 112, 114, 175, 2171 y demás relativos y aplicables de la ley de amparo o también conocida como ley reglamentaria de los articulo 103 y 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como los preceptos aludidos, por violación a derechos Fundamentales y Derechos Humanos, así como, lo dispuesto en los tratados internacionales, convenciones, declaraciones y principios que a continuación menciono: Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica (OEA, 1969) ratificada en el 03 de febrero de 1981 y donde se adhiere al contenido de la misma declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la corte interamericana de derechos humanos Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62.1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 1

También se aplica el principio de irretroactividad cuando, durante el proceso se dicta una ley más gravosa para el imputado en cuyo caso la ley derogada mantiene su vigencia por ser más benigna. A esto último se lo denomina ultractividad de la ley penal. Página 1 de 35

La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace con carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado. (Firmado el 16 de diciembre de 1998). Convención suscrita en la convención en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B32). De donde se desprende que la vulneración a los artículos: 2, 3, 5, 7 y 8 de la convención2. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (ONU, 1948) Aprobada en la Novena Conferencia Interamericana Bogotá, Colombia. Vulnera los artículos: XVIII y XXV de la Declaratoria3. Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abusos del Poder (ONU, 1985) Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985 violentando el artículo: 5 de esta declaración4. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (onu,1966) adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la asamblea general en su resolución 2200 a (XXI), de 16 de diciembre de 1966 entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 lista de los Estados que han ratificado el pacto. Violentando el JUEZ NOVENO DE

DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO los artículos: 9, 10, 14. Del mencionado pacto.5 Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o prisión (ONU, 1988) Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988 artículos: 32, 33, 37 y 38. 6 Declaración Universal de los Derechos Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, de donde se desprende la violación al contenido de los Artículos 2, 3, 7 y 8. 10. Por lo que solicito, DEMANDO, EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de las autoridades que adelante se indican en su carácter de ordenadoras y ejecutorias, por ser violadoras y conculcar los derechos fundamentales y humanos de los que soy titular como ya mencioné de la parte lesa hoy quejosa. En cumplimiento y de conformidad al contenido del artículo 108 de la ley de amparo bajo protesta de decir la verdad jurídica manifiesto:

I El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; cuyo nombre es: Destacando que para efectos de aclarar el nombre del promoverte es: ____________________________, misma que fija su domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en la calle sesenta y cinco (65) y Avenida cuatro (4) Colonia: puebla interior Mercado Puebla; local: 115, de la Delegación: Venustiano Carranza, Código postal: 15990 de la Ciudad de México.

II El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; Que algunos de los que se pueden ser terceros interesados en el presente son: 2

http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm http://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp 4 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2028.pdf 5 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 6 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2006.pdf 3

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1. Fiscalía General de la República. 2. Procuraduría General De La República. 3. Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada. 4. Unidad Especializada en Investigación de Secuestros. 5. Director o Directora del Penal Femenil de Santa Martha Acatitla. En la Ciudad de México. 6. Secretaria de Gobernación. 7. Martha A____ V_____. 8. Lorenzo A____ V_____. 9. Homero C___ V______. 10. Uriel G_____ C_______.

III. La autoridad o autoridades responsables. Señalo en el presente ocurso al C. JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE

PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO, con domicilio en calle: Martínez de Castro, Colonia: Arenal, Ciudad de México, Código postal: 16220, (Reclusorio Sur). Como autoridad responsable de diversas violaciones a Derechos fundamentales y Derechos Humanos contenidos en la constitución política de los estados unidos mexicanos, así como tratados internacionales.

IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; 1. Norma general se reclama violación los contenidos en los artículos 1, 4, 14, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al ser considerados los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos Ley suprema de toda la Unión. Como consagra el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos misma que en su parte sucinta transcribo a continuación. “Artículo 133.

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas”. Los tratados, convenciones, declaratorias, pactos y principios, así como criterios internacionales y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos humanos; Serán estas fuentes de Derecho Internacional aplicables a nuestra legislación, por tanto y como también consagra la Carta Magna en su artículo 1º en su segundo párrafo enaltecen los derechos humanos con los principios de

“universalidad, interdependencia, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” lo por lo tanto los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, imprescriptibles y jurídicamente exigibles.

irrenunciables,

2. Que se reclama así mismo del JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS

PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO las omisiones de: artículo 1º de la constitución, “favorecer en todo tiempo a las personas la protección más amplia” del artículo 4 de la constitución federal la diferencia ante la ley, “el varón y la mujer son iguales ante la ley”. respecto al artículo 14 constitucional la inaplicación de la retroactividad en perjuicio de la hoy demandante en el contenido de su inobservancia a tratados internacionales que le favorezcan más. Con respecto al artículo 16 de nuestra ley suprema violenta el JUEZ NOVENO

DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO el contenido en el supuesto que marca el Página 3 de 35

segundo párrafo la parte sucinta: “Toda persona tiene derecho a que se le administre

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial”. En virtud de la omisión de administrar la justicia de forma expedita en el entendido de la inmediatez para resolver en los plazos que señala la Carta Magna (en aplicación de la aplicación retroactiva de la Carta Magna y sus leyes secundarias) dado que el término para su impartición es igual o inferior a dos años.

El contenido anterior de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos por la aplicación de la norma en el momento en que se realizaron los hechos constitutivos del delito que se le imputan a mi defendida es respeto al contenido en el artículo 20 Constitucional fracción VIII.

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Del contenido del diario oficial vemos que en el momento en que se encontraba vigente el articulo 20 (veinte) fracción VIII, cito: “Articulo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la victima i el ofendido tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado. I… VIII. será juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa7.” Por lo antes señalado es que Se violenta el derecho de La Tutela Judicial Efectiva un juicio expedito o con la celeridad a la Autoridad ordenadora conocido como tutela judicial efectiva violación por la que demando al C. JUEZ NOVENO DE

DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO violaciones al contenido en el artículo 17 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

“Artículo 17…. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. Así como: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU 1966). Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 Lista de los Estados que han ratificado el pacto. ARTICULOS: 9, 10 Y 14.

“Artículo 9 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”. “Artículo 10 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. “Artículo 14 3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: a….; c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;” Convención Americana de Derechos Humanos.: Artículos: 5, 7 y 8;

“Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal. 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. “Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal Congreso de la unión Cámara de diputados, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”, Secretaria de Gobernación dirección general de compilación y consulta del orden jurídico nacional con las colaboraciones del diario oficial de la federación, rio amazonas No. 43. Col. Cuauhtémoc, C.p. 06500. 7

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1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio”. “Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.: Artículo: XVIII:

“Artículo XVIII. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente”. Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abusos del Poder. artículo: 5; “5. Se establecerá y reforzarán, cuando sea necesario, mecanismos judiciales y administrativos que permitan a las víctimas obtener reparación mediante procedimientos oficiales u oficiosos que sean expeditos, justos, poco costosos y accesibles. Se informará a las víctimas de sus derechos para obtener reparación mediante esos mecanismos8.” Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988. principios: 32, 33, 37, 38. “Principio 32 1. La persona detenida o su abogado tendrá derecho a interponer en cualquier momento una acción, con arreglo al derecho interno, ante un juez u otra autoridad a fin de impugnar la legalidad de su detención y, si ésta no fuese legal, obtener su inmediata liberación. 2. El procedimiento previsto en el párrafo 1 del presente principio, será sencillo y expedito y no entrañará costo alguno para el detenido, si éste careciere de medios suficientes. La autoridad que haya procedido a la detención llevará sin demora injustificada al detenido ante la autoridad encargada del examen del caso”. “Principio 33 1….. 4. Toda petición o recurso serán examinados sin dilación y contestados sin demora injustificada. Si la petición o recurso fueren rechazados o hubiere un retraso excesivo, el recurrente tendrá derecho a presentar una petición o recurso ante un juez u otra autoridad. Ni las personas detenidas o presas ni los recurrentes sufrirán perjuicios por haber presentado una petición o recurso de conformidad con el párrafo 1 del presente principio”. “Principio 37

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http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/VictimsOfCrimeAndAbuseOfPower.aspx Página 6 de 35

Toda persona detenida a causa de una infracción penal será llevada sin demora tras su detención ante un juez u otra autoridad determinada por ley. Esa autoridad decidirá sin dilación si la detención es lícita y necesaria. Nadie podrá ser mantenido en detención en espera de la instrucción o el juicio salvo en virtud de orden escrita de dicha autoridad. Toda persona detenida, al comparecer ante esa autoridad, tendrá derecho a hacer una declaración acerca del trato que haya recibido durante su detención”. “Principio 38 La persona detenida a causa de una infracción penal tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o puesta en libertad en espera de juicio”. De los contenidos anteriores inicialmente el constitucional citado el proceso ha sido violado por el JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO derivado a que hasta la fecha no ha dictado sentencia definitiva y mi defendida no ha solicitado un aumento del plazo para su defensa. 3. Me causa agravio el conjunto de actuaciones aletargadas por parte del juez noveno responsable por notoriamente retardado la para la impartición de justicia, Violando la tutela judicial efectiva, el debido proceso y por ende la garantía de seguridad jurídica, y legalidad, así como los derechos citados en el numeral 3 anterior por todo lo anteriormente expuesto es derivado a que en aplicación de retroactiva de la ley debe tenerse en consideración la aplicación de la norma ya que el proceso judicial debería haber concluido. Conjunto de actos que violan mis derechos fundamentales y humanos, de justicia, imparcialidad tutela judicial efectiva, el debido proceso, seguridad jurídica y legalidad en perjuicio de la hoy suscrita, causando un daño difícil de reparar, porque en su conjunto han retrasado mi derecho a ser juzgada de manera expedita o pronta esto es la tutela judicial efectiva a la que tengo derecho que se imparta a más de diez años de estar en un proceso jurisdiccional en espera de una sentencia y del contenido de los expedientes que conforman el juicio es que ya se han agotado todas los actos procesales del procedimientos haciendo falta la sentencia que demando se imponga el juez. Como puede apreciarse el proceso se ha retrasado desde el año de 2009 al año de 2011 se mantuvo sin movimiento retrasando la sentencia, siendo omiso a emitir la sentencia o continuar con el proceso el JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS

PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO y dándose a la inacción en perjuicio de la hoy demandante de amparo, así es que se presentó queja ente el Consejo de la Judicatura Federal para que el JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO proporcione resolución al juicio instaurado en mi contra al encontrar que este JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO al emitir resolución correspondiente en el proceso penal 105/2004, instaurado en mi contra. Portal razonamiento es que el JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS

PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO es responsable del conjunto de actos omisos violatorios a derechos fundamentales y humanos, mismos que tiene que reparar el JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO en tanto que deberá repararlos con fundamento en los siguientes artículos constitucionales, así como aplicación del control de convencionalidad ex-officio, así como de la conducta imparcial y negligente y demás relativos y aplicables.

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V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; HECHOS: 1).-El JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO dentro de la causa penal 105/2004 determino otorgar la orden de aprehensión solicitada por el agente del ministerio público de la que se desprendió la averiguación previa número AFI/DGIP/DIS/PD/01754/2005 está averiguación contra la hoy procesada y del contenido de la averiguación previa se desprende que es consecuencia de la causa penal, como se verá del contenido del contenido de la causa penal 59/2005-E del índice del juzgado Décimo cuarto de distrito de Procesos Penales Federales en el distrito federal, e igualmente informa que mediante provisto de quince de agosto de dos mil cinco, ordeno la acumulación de la causa 59/2005-E a la diversa 81/2004-iv y su acumulado 105/2004-IV. 2) En fecha 21 de febrero de 2005 mediante oficio AFI/DGIP/DIS/DP/01754/2005, los agentes federales de investigación de la Procuraduría General de la República pusieron a disposición en el centro femenil de readaptación social Santa Martha Acatitla a la inculpada ______________________________ en consecuencia, en esta misma fecha se reanudo el procedimiento en la causa penal 105/2004-V, se le sujetó al término constitucional y con las demás formalidades debidas, el 22 siguiente rindió su declaración preparatoria, asistida de la defensora publica adscrita. 3).- El 24 de febrero del año 2005, se decretó el juez Noveno de Distrito de Procesos Penales Federales en el distrito federal, dictó el auto de formal prisión en contra de __________________, por la probable responsabilidad en la comisión del delito de violación a la ley federal contra la delincuencia organizada. A fojas 1485 a 2699 se ve la acumulación de las casusas 105/2004 y 81/2004 con fechas 8 de marzo del 2005 y el órgano jurisdiccional federal. 4) el 11 de marzo del año 2005 causo estado el auto de formal prisión de 24 de febrero de 2005, dictado contra ______________________________________. 5).- Con fecha 31 de Agosto de 2009 en los autos del juicio de amparo 731/2009I-M, de donde se desprende que el JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO, al rendir informe justificado aceptó la existencia del auto de formal prisión de once de junio de dos mil cinco, dentro de la causa penal 59/2005-E del índice del juzgado Décimo cuarto de distrito de Procesos Penales Federales en el distrito federal, e igualmente informa que mediante provisto de quince de agosto de dos mil cinco, ordeno la acumulación de la causa 59/2005-E a la diversa 81/2004-iv y su acumulado 105/2004-IV. 6).- Con fecha 17 de febrero de 2011, acuerda el CONCEJO DE LA JUDICATURA de la Queja administrativa 119/2011 quedando publicado en listas de acuerdo en fecha 21 de febrero de 2011 contra el juez noveno de procesos penales federales por la dilación para emitir resolución correspondiente en el proceso penal 105/2004, instaurado contra la ________________________________________. Página 8 de 35

7) Que con anterior determinación (auto de formal prisión), contra la cual la enjuiciada ________________________________________, promovió demanda de amparo, registrado bajo el orden 937/2013 de la lista del juzgado Décimo cuarto de distrito de amparo en materia penal en el distrito federal, quien por auto de 23 de septiembre de 2013 sobreseyó el referido juicio de garantías, acuerdo que fue revocado por el octavo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, dentro de los autos de la revisión penal 221/2013, al resolver el recurso de revisión interpuesto por los autorizados de la aquí procesada ________________________________________, 5) Con fecha 21 de septiembre de 2015 a las once horas, Como se desprende de las ratificaciones de los dictámenes en materia de criminalística y topografía respectivamente en audiencia pública encontrándose presente el juez noveno de distrito de procesos penales federales. El JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO dentro de la causa penal 105/2004 no ha dado cumplimiento al mandato constitucional vigente al momento de la aplicación del hecho punible. El contenido anterior de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos por la aplicación de la norma en el momento en que se realizaron los hechos

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constitutivos del delito que se le imputan a mi defendida es respeto al contenido en el artículo 20 Constitucional fracción VIII. Del contenido del diario oficial vemos que en el momento en que se encontraba vigente el articulo 20 (veinte) fracción VIII, cito: “Articulo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la victima i el ofendido tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado. I… VIII. será juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa9.” El derecho a que se administre justicia es un contexto amplio dado que en este para que exista una efectividad se le solicita que tenga un plazo razonable, pero este no debe de sobre pasar el que señala nuestra constitución así además violenta hoy los tratados internacionales aplicables al caso particular Se violenta el derecho de La Tutela Judicial Efectiva un juicio expedito o con la celeridad a la Autoridad ordenadora conocido como tutela judicial efectiva violación por la que demando al C. JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO violaciones al contenido en el artículo 17 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Artículo 17…. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” Así mismo se violan en prejuicio de la quejosa lo establecido en los artículos 1, 4, 14, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado de que a la firma de las siguientes convenciones, declaratorias, pactos y principios: Convención Americana de Derechos Humanos artículos: 5, 7 y 8; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre artículos:18 y 25; Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abusos del Poder artículo: 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (onu,1966) artículos: 9, 10 y 14; Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión artículos: 32, 33, 37 y 38. Se ven afectadas y vulnerada mi defendida.

Congreso de la unión Cámara de diputados, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”, Secretaria de Gobernación dirección general de compilación y consulta del orden jurídico nacional con las colaboraciones del diario oficial de la federación, rio amazonas No. 43. Col. Cuauhtémoc, C.p. 06500. 9

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Procedencia del juicio de Amparo. La presente demanda de amparo es y resulta absolutamente procedente. Al respecto de solicitud a su señoría podrá observar que no causa improcedencia de las contempladas o contenidas en fracciones del artículo 61 de la ley de amparo. Tampoco causa sobreseimiento de las fracciones que contempla el artículo 63 de la ley de amparo. En virtud de que el contenido de las veintitrés fracciones del artículo 61 de la ley de amparo señalan: Fracciones de la ley de amparo.

Por qué no causa alguna de las improcedencias marcadas por fracciones concretamente.

No aplica por que no se está contra las reformas o adiciones constitucionales. No aplica por que no se está contra actos de la suprema corte de justicia de la nación. III.-Contra actos del Consejo de la Judicatura No aplica por que no se está Federal; contra actos del Consejo de la judicatura Federal. IV.-Contra resoluciones dictadas por el No aplica por que no se materia Tribunal Electoral del Poder Judicial de la de solicitud de amparo. Federación; V.-Contra actos del Congreso de la Unión, su No aplica por que no se está Comisión Permanente o cualquiera de sus contra los actos del congreso de cámaras en procedimiento de colaboración con la unión, su comisión o de los los otros poderes que objeten o no ratifiquen demás que hace referencia en la nombramientos o designaciones para ocupar fracción anterior. cargos, empleos o comisiones en entidades o dependencias de la Administración Pública Federal, centralizada o descentralizada, órganos dotados de autonomía constitucional u órganos jurisdiccionales de cualquier naturaleza; VI.-Contra resoluciones de los tribunales No aplica por que no se está colegiados de circuito; contra una resolución o existe resolución de tribunales colegiados de circuito. VII.-Contra las resoluciones o declaraciones No aplica por que no se está del Congreso Federal o de las Cámaras que lo contra resoluciones del congreso constituyen, de las Legislaturas de los Estados federal y no es materia de o de sus respectivas Comisiones o Diputaciones solicitud de amparo. Permanentes, en declaración de procedencia y en juicio político, así como en elección, suspensión o remoción de funcionarios en los casos en que las Constituciones correspondientes les confieran la facultad de resolver soberana o discrecionalmente; I.-Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II.-Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

VIII.-Contra normas generales respecto de las No aplica por no ser materia de la cuales la Suprema Corte de Justicia de la solicitud de este amparo. Página 11 de 35

Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; IX.-Contra resoluciones dictadas en los juicios No aplica por no existir otra de amparo o en ejecución de las mismas; resolución dictada o en ejecución con la hoy quejosa. X.-Contra normas generales o actos que sean No aplica esta dado que la quejosa materia de otro juicio de amparo pendiente de no tiene ningún otro juicio de resolución promovido por el mismo quejoso, amparo pendiente o promovido contra las mismas autoridades y por el propio hasta el día de que se presenta esta acto reclamado, aunque las violaciones demanda. constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI.-Contra normas generales o actos que hayan No aplica derivado a que la violación sido materia de una ejecutoria en otro juicio de que alega la quejosa se está amparo, en los términos de la fracción anterior; realizando por omisión momento a momento el juez noveno de procesos penales federales la materializa, ya que pasados más de 10 años no ha dictado sentencia a la hoy quejosa. XII.-Contra actos que no afecten los intereses No aplica ya que si bien el interés jurídicos o legítimos del quejoso, en los jurídico del que se habla en dicha términos establecidos en la fracción I del fracción I del artículo 5 de la ley de artículo 5o de la presente Ley, y contra normas amparo es respecto a otro supuesto. generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; XIII.-Contra actos consentidos expresamente o Dado que se presenta hoy la por manifestaciones de voluntad que entrañen demanda de amparo y en su ese consentimiento; momento también se han presentado quejas en el Consejo de la Judicatura Federal, así por la falta del juez de dictar sentencia contra la hoy quejosa no se actualiza la hipótesis de la fracción. Y no hay consentidito expreso, ni tácito por la hoy demandante. XIV.-Contra normas generales o actos No aplica dado que la violación al consentidos tácitamente, entendiéndose por derecho que se demanda es continua tales aquéllos contra los que no se promueva el a travez del tiempo. juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Se ha presentado quejas al consejo No se entenderá consentida una norma de la judicatura y ocursos al JUEZ general, a pesar de que siendo impugnable en NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS amparo desde el momento de la iniciación de PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO Página 12 de 35

su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; XV.-Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; XVI.-Contra actos consumados de modo irreparable;

XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la

FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO para que este dicte la sentencia violando los derechos fundamentales y humanos que se encuentran transcrito y estudiados en la presente demanda de juicio de garantías constitucionales. Esperando agotar todas las instancias para acudir a la Corte interamericana.

No aplica por no ser martiria del estudio del presente amparo. Los actos u omisión propiamente es el que se da momento a momento. Existiendo un retraso en la justicia y por tanto un delito del orden federal contra la administración de justicia Existiendo antecedente por lo que existe un error subsunción. No aplica al no existir actos emanados del procediendo del juicio la demanda de juicio de amparo es para que el juez noveno de procesos penales federales del distrito federal hoy ciudad de México dicte sentencia en contera de la hoy quejosa. Las violaciones que se mencionan del artículo 20 Constitucional son de la norma antes de las reformas esto es más de 10 años y la retroactividad de la ley en su perjuicio ya que tiene que dictar sentencia con la aplicación de la constitución, así como de los principios Propersona ó Pro-Homine, contemplado en el artículo 1º constitucional.

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resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; XIX.- Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se

No aplica al no existir una resolución y al respecto de recurso, medio de defensa se presentó ya queja contra el JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO ante el consejo de la judicatura para que dicte sentencia.

No aplica dado que no se ha interpuesto por la quejosa o tramitado recurso o medio de defensa legal ante tribunales ordinarios. No aplica dado que no se ha solicitado revisión en fecha reciente que tenga el fin que propone la fracción de la norma en comento.

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suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto No aplica dado que no han cesado los reclamado; efectos del acto reclamado por la quejosa derivado a que el JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO, no ha dictado sentencia contra la hoy demandante de la justicia. XXII. Cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.

Por otra parte, y derivado a que no procede el sobreseimiento que el contenido de las cinco fracciones del artículo 63 de la ley de amparo señalan: Articulo 63 ley de amparo.

I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que, de

Por qué no procede el sobreseimiento. Dado que en este momento ratifico la demanda de amparo como solicita la ley y hasta el momento de su presentación no me desisto, amén de que el JUEZ

NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO dicte la Página 15 de 35

no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio;

sentencia definitiva en mi contra, sin menos cabo de que la autoridad que analice el juicio de garantías observe que las violaciones al ser graves contra la quejosa requieren sea procesado el JUEZ

NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO por violación al Código Penal Federal en el delito contra la administración de justicia dada la pluralidad de las acciones. Si tomamos en cuenta que el bien jurídico protegido es la Administración de Justicia y que la responsabilidad penal en relación a otros eventuales daños queda salvaguardada por el concurso de delitos, nos inclinamos por entender que hay una sola acción continuada que se enmarca en el plan del autor y que lesiona a través de distintas conductas el mismo bien jurídico. Esta hipótesis no aplica dado que las notificaciones son realizadas por el órgano jurisdiccional y tan solo presentare los traslados necesarios que exige la ley.

II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; III. El quejoso muera durante el juicio, si el Esta hipótesis se presentaría en el único caso que la reclusa que se encuentra acto reclamado sólo afecta a su persona;

privada de la libertad falleciera, caso en que la dirección general de reclusorios tendrá que dar aviso al órgano jurisdiccional. IV. De las constancias de autos apareciere De los autos del juicio 105/2004 y sus claramente demostrado que no existe el acumulados, así como de la queja acto reclamado, o cuando no se probare su presentada contra el JUEZ NOVENO DE

existencia en la audiencia constitucional; y DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO. Se ve que existe violación a derechos fundamentales al contenido de los artículos constitucionales, jurisprudencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por lo que respecta a Derechos Humanos contenidos en los tratados internacionales, convenciones, declaraciones, principios y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todos ellos en aplicación y concordancia del contenido del 20 constitucional inciso “A” fracción VIII antes de sus reformas. Es que tendría que ser juzgada antes de un año si la pena excediera el mencionado. Flagrante es la violación del JUEZ

NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO. Página 16 de 35

V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

No aplica dado que no existe dentro del capítulo VII de la ley de amparo alguna improcedencia como ha quedado asentado ya con anterioridad.

VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1º de la Ley de amparo, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; Los preceptos violentados son en el contexto del contenido en la ley de amparo artículo primera fracción. En relación a la celeridad de la justicia y/o tutela judicial efectiva, por otra parte. Se violan en prejuicio de los quejosos lo establecido en los artículos 1º, 4º, 14, 17, 133 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; Así como: las siguientes convenciones, declaratorias, pactos y principios: Convención Americana de Derechos Humanos. artículos: 5, 7 y 8; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. artículos:18 y 25; Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abusos del Poder. artículo: 5; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. artículos: 9, 10 y 14; Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. artículos: 32, 33, 37 y 38. Y los preceptos constitucionales y convencionales son en relación al debido proceso y garantías del procesado Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. artículos: 6, 7, 9, 11, 14 y 15. Convención Americana de Derechos Humanos artículos: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 25. Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. artículos: 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 32, 33 y 37. Declaración Universal de Derechos Humanos artículo: 11. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre artículos: 25 y 26. VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida. En este contexto que solicita la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucional no existe facultad reservada. VIII. Los conceptos de violación. El concepto de violación debe ser la relación razonada que el quejoso ha de establecer entre los actos desplegados por las autoridades responsables y los Página 17 de 35

derechos fundamentales que estime violados, demostrando jurídicamente la contravención de estos por dichos actos, expresando, en el caso, derechos públicos individuales conculcados, por tanto, el concepto de violación debe ser un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor los preceptos constitucionales que se estiman infringidos; la premisa menor, los actos reclamados y la conclusión la contrariedad entre ambas premisas. Los actos que vulnera el estado mexicano representado por el juez noveno de procesos penales federales en el distrito federal hoy ciudad de México y que como país independiente que forma parte de la Organización de las Naciones Unidas, al igual que de la Organización de Estados Americanos, se ha comprometido ante la comunidad internacional a observar y respaldar los principios, de acuerdos y disposiciones que éstos promuevan, para lograr los objetivos de desarrollo para las personas. Por ello que México al sumarse a este esfuerzo internacional en la construcción del llamado marco internacional de Derechos Humanos, también se suma al reconocimiento de valores universales, que debe abanderar, respaldar, pero sobre todo a asegurar a las personas el pleno ejercicio de sus derechos humanos, es así que al signar y ratificar instrumentos internacionales en materias de derechos humanos el país asume compromisos que tiene obligación de garantizar a sus connacionales. Considero importante señalar que al carácter de ley suprema que le da la Constitución Federal a un tratado internacional abarca, obviamente a todo nuestro territorio nacional; al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que un tratado que ha cumplido con los requisitos que establece la constitución, estará por encima de las leyes federales y generales y por supuesto de las legislaciones locales, por lo que la soberanía de una entidad federativa no puede ser argumento o justificación para no cumplir con los postulados del mismo, como tampoco se puede argumentar que el desconocimiento de las autoridades de los contenidos de los tratados de derechos humanos sea una causa para justificar su incumplimiento. Lo anterior comprende tanto a las autoridades federativas como estatales, a reconocer, por una parte, los derechos individuales que se deprenden de los instrumentos internacionales, cuya aplicación debe ser de manera directa. Cuando un tratado contiene una obligación del estado para sancionar su incumplimiento o cundo pide que se penalicen determinadas conductas, es recomendable que se reformen los ordenamientos legales que correspondan como es el caso de los códigos penales, para poder así dar respuesta a las obligaciones que como Estado se adquieren al momento de suscribirlos. En el caso de la Comisión internacional de Derecho Humanos, ésta puede iniciar Página 18 de 35

un procedimiento jurisdiccional contra un país por violaciones a los derechos humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos humanos o la Corte Penal internacional, de las que nuestro país admitió su competencia. Así los Estados para poder cumplir con su Obligación de garantizar el respeto a los derechos humanos tiene que hacer uso de las opiniones, tesis y jurisprudencia internacional incluso, incorporándolas a su legislación y práctica política. El contenido anterior de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos por la aplicación de la norma en el momento en que se realizaron los hechos constitutivos del delito que se le imputan a mi defendida es respeto al contenido en el artículo 20 Constitucional fracción VIII. en el momento en que se encontraba vigente el articulo 20 (veinte) fracción VIII, cito: “Articulo 20. En todo proceso del orden penal, el inculpado, la victima i el ofendido tendrán las siguientes garantías: A) Del inculpado. I… VIII. será juzgado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa10.” Los tratados internacionales aplicables para una justicia pronta son para el caso: Celeridad de la justicia  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU,1966) artículos: 9, 10, 14.  Convención Americana de Derechos Humanos (OEA, 1969) artículos: 5, 7, 8  Convención sobre los Derechos del Niño (ONU, 1989) artículos: 37, 40  Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abusos del Poder (ONU, 1985) artículo: 5  Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (ONU, 1988) artículos: 32, 33, 37, 38.  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (ONU, 1948) artículos:18 y 25.

Congreso de la unión Cámara de diputados, “Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos”, Secretaria de Gobernación dirección general de compilación y consulta del orden jurídico nacional con las colaboraciones del diario oficial de la federación, rio amazonas No. 43. Col. Cuauhtémoc, C.p. 06500. 10

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Derechos del imputado:  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ONU, 1966) artículos: 6,7,9,11,14,15.  Convención Americana de Derechos Humanos (OEA, 1969) artículos: 4, 5, 6, 7, 9, 10, 25  Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión (ONU, 1988) artículos: 2, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 32, 33, 37  Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948) artículo: 11  Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (ONU, 1948) artículos: 25 y 26. El derecho a que se administre justicia es un contexto amplio dado que en este para que exista una efectividad se le solicita que tenga un plazo razonable, pero este no debe de sobre pasar el que señala nuestra constitución así, además violenta hoy los tratados internacionales aplicables al caso particular Se violenta el derecho de La Tutela Judicial Efectiva un juicio expedito o con la celeridad a la Autoridad ordenadora conocido como tutela judicial efectiva violación por la que demando al C. JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MÉXICO violaciones al contenido en el artículo 17 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “Artículo 17…. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.” LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ya se ha pronunciado al respecto con el artículo de referencia dándonos la certeza que tenemos a nuestra defensa. Y cito en su parte conducente: GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, CONTENIDA EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL11. Si han pasado más de cinco meses desde que el Juez responsable dictó el auto por el que ordenó traer los autos a la vista para pronunciar la interlocutoria respectiva en un incidente de costas, es obvio que, aparte de que han transcurrido con exceso los tres días que al efecto concede el artículo 145 del 11

Quinta Época, Registro: 280219, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII Materia(s): Común, Tesis: Página: 605. ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL. Este precepto manda que los tribunales estarán expeditos para administrar justicia, en los plazos y términos que fija la ley, y no se refiere a las violaciones que puedan cometer los tribunales, al administrar justicia. “Novena Época. Registro: 195773. Instancia: T.C.C. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: VIII, agosto de 1998. Materia(s): Civil. Tesis: III.3o.C. J/12. Página: 740. Página 20 de 35

Código de Procedimientos Civiles de Jalisco, se infringe la citada garantía de seguridad jurídica referente a que: "Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Sin que importe el hecho de que con posterioridad al dictado del acuerdo indicado el Juez haya advertido que no se había dado vista con los autos al Ministerio Público por el fallecimiento de la contraria del quejoso, ni que hubiera decretado la práctica de una pericial como diligencia para mejor proveer, porque dados los meses transcurridos, de todas suertes es obvio que se ha violado flagrantemente la mencionada garantía constitucional. Consiguientemente, debe otorgarse la protección constitucional para que la responsable agilice el desahogo de la pericial y ordene se verifique inmediatamente la vista indicada, pues de no proceder de esa manera sería muy sencillo que las autoridades infringieran la garantía de que se trata, dado que siempre aducirían su imposibilidad por causas que ellas mismas originaran.” Es preciso citar que los jueces deben considerar que una persona está siendo privada de su libertad, sus bienes o prerrogativas para votar o ser votado coincidiendo con la siguiente cita es que debe ser impartida la justicia con los requisitos que se establecieron que igualmente los legisladores han cambiado las palabras de las normas penales para que no se continúe dando el amparo a mis defendidos por una negación o atraso de la impartición de justicia, aunado al costo político que se encuentran en las casillas. “GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES12. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos

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Novena Época, No. De Registro 172759 [J]; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007; P. 124. Página 21 de 35

ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos.” Del contenido de la tesis anterior más el contendió de las dos primeras citadas puedes sin temor a equivocarte que el poder judicial hoy reconoce la tutela judicial como el estado de velar por que las resoluciones se ejecuten sin demora y con el apego a derecho así con ello se pone de manifiesto que el Poder Judicial de la Federación antes de la reforma constitucional donde se contemplarán las acciones colectivas, ya establecía en criterios interpretativos, los mecanismos de protección de los derechos difusos fundamentado sobre la base del artículo 17 Constitucional que establece como un subprincipio a la tutela jurisdiccional efectiva. Muchas preguntas surgen cuando existen dudas del beneficio o perjuicio de los derechos de los imputados, poner en una balanza o ponderar entre los derechos de los imputados y las victimas o las autoridades tiene un fin. Para mí el fin es el respeto irrestricto al cumplimiento de las normas que se encuentran vigentes en el Estado, mismas que son derivadas de la Constitución y hoy por los tratados internacionales de los que hoy somos parte una aplicación más en este entendido es el contenido en el derecho. No puede el JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO en pro de defensa de derechos de las victimas violentar el derecho de los imputados alegando que se sujeta a un derecho dado que su deber es cumplir con el contenido constitucional en el momento en que se realizaron los hechos tipificados en las normas jurídicas así, aplica la retroactividad de la ley. Los criterios internacionales que se encuentran la tutela judicial efectiva esta el caso de Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, sostuvo que la motivación es “la exteriorización de la justificación que implica llegar a una conclusión” y que es necesaria para garantizar el derecho de defensa. Véase el contenido de la resolución sobre la que se pronunció la Corte Interamericana de Derecho Humanos, en lo sucesivo CIDH, Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador, “105. En el auto que ordenó la prisión preventiva de las víctimas (supra párr. 100) no consta una descripción, aunque sea somera, de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que el señor Lapo supuestamente cometió el ilícito, ni la indicación de la acción u omisión atribuida que precise los elementos que caractericen la imputación. En lo que respecta al señor Chaparro, la autoridad judicial no fundamentó las razones por las cuales creía que su prisión preventiva era indispensable para “garantizar la inmediación” del acusado o para permitir el desarrollo del procedimiento. Además, no se señaló el tipo penal supuestamente infringido por las dos víctimas. Por consiguiente, la prisión preventiva Página 22 de 35

dictada contra los señores Chaparro y Lapo fue arbitraria. 106. Aún cuando lo anterior es suficiente para declarar la violación del artículo 7.3 de la Convención, la Corte considera importante referirse a lo alegado por la Comisión en el sentido de que durante el proceso penal seguido en contra de las víctimas en ningún momento se revisaron los fundamentos de la medida privativa de la libertad. El Estado no presentó argumentos concretos sobre este punto”. “117. La Corte resalta que en los casos de personas detenidas los jueces no tienen que esperar hasta el momento de dictar sentencia absolutoria para que los detenidos recuperen su libertad, sino que deben valorar periódicamente que las causas y fines que justificaron la privación de libertad se mantienen, si la medida cautelar todavía es absolutamente necesaria para la consecución de esos fines y si es proporcional. En cualquier momento que la medida cautelar carezca de alguna de estas condiciones, deberá decretarse la libertad. De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar, aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse”.13

La argumentación de un fallo y de ciertos actos jurisdiccionales deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Un caso análogo es del que también conoció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde existe la mención a la tutela judicial efectiva es el caso de Chocrón Chocrón vs. Venezuela, Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 1 de julio de 2011, en este caso particular establece la obligación de motivar y muestra que significado debe dársele a la palabra que es motivar del que se presenta en su parte sucinta: “118. Sobre este deber de motivar las decisiones que afectan la estabilidad de los jueces en su cargo, la Corte reitera su jurisprudencia en el sentido que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”14. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad a las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática15. Por tanto, las decisiones que adopten los órganos internos que 13

Corte interamericana de Derechos humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador Sentencia de 21 de noviembre de 2007 (EXCEPCIONES PRELIMINARES, FONDO, REPARACIONES Y COSTAS) En el caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Visible en página de internet de la corte interamericana de derechos humanos: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf pag 26. 14 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170, párr. 107; Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 121, párr. 77, y Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 147, párr. 208 15 Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 121, párr. 77 y Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 147, párr. 208. Página 23 de 35

puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias16. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad17. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores18. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso”. 19

Hasta la corte europea ha establecido que, si bien cualquier acto de molestia de las autoridades en especial la detención debe llevarse a cabo de conformidad con los procedimientos establecidos en la ley nacional, es necesario además que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos y tácitos correspondientes sean, en sí mismos compatibles con la convención. Esta expresión la podemos encontrar en: “ECHR, Case of Kemmache v. France, Judgment of 24 November 1994, para. 37. El Tribunal Europeo señaló lo siguiente: The Court reiterates that the words "in accordance with a procedure prescribed by law" essentially refer back to domestic law; they state the need for compliance with the relevant procedure under that law. However, the domestic law must itself be in conformity with the Convention, including the general principles expressed or implied therein. The notion underlying the term in question is one of fair and proper procedure, namely that any measure depriving a person of his liberty should issue from and

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Cfr. Caso Yatama Vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127, párrs. 152 y 153; Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193, párr. 153, y Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 147, párr. 139. Asimismo, la Corte Europea ha señalado que los jueces deben indicar con suficiente claridad las razones a partir de las cuales toman sus decisiones. Cfr. ECHR, Hadjianastassiou v. Greece, judgment of 16 December 1992, Series A no. 252, para. 23. 17 Cfr. Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 122 y Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 121, párr. 78. 18 Cfr. Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 121, párr. 78. Por su parte el Comité de Derechos Humanos consideró que cuando un tribunal de apelación se abstuvo de fundamentar por escrito la sentencia, ello reducía las posibilidades de éxito del acusado si solicitaba autorización para apelar ante un tribunal superior impidiéndole así hacer uso de un remedio adicional. Naciones Unidas, Comité de Derechos Humanos, Hamilton v. Jamaica, Communication No. 333/1988, CCPR/C/50/D/333/1988, 23 de marzo de 1994. 19 CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO CHOCRÓN CHOCRÓN VS. VENEZUELA SENTENCIA DE 1 DE JULIO DE 2011 (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas) visible en la página de internet: http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_227_esp.pdf pag 38. Página 24 de 35

be executed by an appropriate authority and should not be arbitrary (see the Winterwerp v. the Netherlands judgment of 24 October 1979, Series A no. 33, pp. 19-20, para. 45)20 21.”

Por otra parte, contemple el caso de CASO DE HIRVISAARI v. FINLANDIA (Aplicación no. 49684/99) juicio Estrasburgo 27 de septiembre 2001. de donde se desprende que las actuaciones de las autoridades se deben de ajustar al contenido en las normas que están establecidas en las legislaciones ajustando las leyes establecidas a los principios y los órganos jurisdiccionales deben de respetar o velar por una justicia imparcial y rápida. El contenido del Tribunal Europeo de Derechos Humano señala señalo en el caso de HIRVISAARI Vs. Finlandia en el año de 2001 respecto a del principio de una tutela judicial efectiva, la siguiente: “30. El Tribunal recuerda que, según su jurisprudencia constante que refleja un principio vinculado a la administración de la justicia, las sentencias de los órganos jurisdiccionales deben indicar adecuadamente los motivos en los que se basan. La medida en que esta obligación de motivación se aplica puede variar en función de la naturaleza de la decisión y debe determinarse a la luz de las circunstancias del caso. Si bien el artículo 6 § 1 obliga a los tribunales para dar razones de sus decisiones, no puede entenderse como que requiere una respuesta detallada a cada discusión. Por lo tanto, al desestimar una apelación, un tribunal de apelación puede, en principio, sólo tiene que hacer suyas las razones de la decisión del tribunal inferior (ver el García Ruiz v España. Sentencia de 21 de enero de 1999, Repertorio de sentencias y decisiones 1999-I, § 26; y la sentencia Helle v. Finlandia, de 19 de diciembre de 1997, Reports 1997-VIII, §§ 59 y 60). Un tribunal de primera instancia o autoridad, a su vez obligado a comunicar estas razones como para permitir a las partes a hacer un uso eficaz de cualquier derecho existente de apelación”.22

Aquí también puede establecer, después de haber visto todos los contenidos de las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se presentaron que se encuentran en el mismo sentido respecto a que todos los órganos jurisdiccionales han de estar dirigidos para observar las normas de respeto y con respecto a las motivaciones de sus resoluciones del contenido anterior se verá que esta es una parte esencial también del derecho a una tutela judicial efectiva. “PRINCIPIOS DE FAVORECIMIENTO DE LA ACCIÓN (PRO ACTIONE), DE SUBSANACIÓN DE LOS DEFECTOS PROCESALES Y DE CONSERVACIÓN DE LAS ACTUACIONES, INTEGRANTES DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU

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La Corte reitera que las palabras "de conformidad con un procedimiento prescrito por la ley" se refieren esencialmente al derecho interno; Indican la necesidad de que se cumpla el procedimiento pertinente en virtud de esa ley. Sin embargo, el derecho interno debe estar en conformidad con la Convención, incluidos los principios generales expresados o implícitos en ella. La noción que subyace al término en cuestión es de procedimiento justo y adecuado, a saber, que cualquier medida que prive a una persona de su libertad debe emanar y ser ejecutada por una autoridad apropiada y no debe ser arbitraria (véase la sentencia Winterwerp Vs Netherlans del 24 de octubre de 1979, Serie A, número 33, págs. 19 a 20, párrafo 45). " 21 Tribunal Europeo de Derechos Humanos; visible en la página de internet: http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1994/55.html 22 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso HIRVISAARI Vs. Finlandia; sección cuarta aplicación del juicio 49684/99, Estrasburgo 27 de septiembre de 2001 http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2001/559.html Página 25 de 35

APLICACIÓN EN EL PROCESO23. En aplicación de estos principios, inspirados en el artículo 17 de la Constitución Federal y en el diverso numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que forman parte del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, los órganos judiciales están obligados: a interpretar las disposiciones procesales en el sentido más favorable para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva, con el objeto de evitar la imposición de formulismos enervantes contrarios al espíritu y finalidad de la norma, así como el convertir cualquier irregularidad formal en obstáculo insalvable para la prosecución del proceso y la obtención de una resolución de fondo (favorecimiento de la acción); a apreciar, conforme al principio de proporcionalidad que impone un distinto tratamiento a los diversos grados de defectuosidad de los actos, los vicios en que pudieran incurrir las partes y a partir de las circunstancias concurrentes, la trascendencia práctica e incluso a la voluntad del autor, dar la oportunidad de corregirlos o inclusive, suplir de oficio los defectos advertidos, cuando ello sea necesario para preservar el derecho fundamental en cita, con la única limitante de no afectar las garantías procesales de la parte contraria (subsanación de los defectos procesales) y, a imponer la conservación de aquellos actos procesales que no se ven afectados por una decisión posterior, en aras de evitar repeticiones inútiles que nada añadirían y sí, en cambio, afectarían el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y el principio de economía procesal (conservación de actuaciones).” La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el legislador cumple su obligación, cuando en leyes procesales establece plazos: generales, razonables y objetivos; y explica estas características de la siguiente manera: a) generales, que sean comunes a los mismos procedimientos y a todos los sujetos que se sitúen en la misma categoría de parte; b) razonables, que sean plazos prudentes para el adecuado actuar de la autoridad y el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y c) objetivos, que se delimiten en la ley correspondiente a efecto de impedir que quede al arbitrio de las partes o de la autoridad extender los tiempos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones procedimentales”. JUSTICIA PRONTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. OBLIGACIÓN DEL LEGISLADOR PARA GARANTIZARLA. No. De Registro 177921 [TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Julio de 2005; P. 438 Podemos afirmar que el simple transcurso del tiempo “no puede convertir en legal lo que es ilegal, y menos aún, puede dar estabilidad a decisiones que, por ejemplo, estén viciadas de nulidad absoluta o violen derechos constitucionales. Todos los habitantes del país tenemos derecho a una tutela judicial efectiva. Esta tutela se impone a la administración activa y a los tribunales administrativos, atendiendo a que la Constitución plasma los derechos mínimos de los administrados frente al poder público.

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Décima Época. Registro: 200 2600 Instancia: TCC. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: I.3o.C. J/4. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, P. 1829. Página 26 de 35

Como ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Pueden ser dispensadas ciertas formalidades a condición de que exista equilibrio entre justicia y la seguridad jurídica”, en este sentido, se puede aplicar lo dicho por la Corte referido a los plazos razonables; es decir, se podría, en los casos presentados extemporáneamente, aplicar el concepto y los elementos que ha elaborado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el plazo razonable”. En efecto el artículo 8.1 de la Convención se refiere a los plazos razonables; este no es un concepto de definición sencilla, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; pero se puede invocar, para precisar, los elementos que ha señalado la Corte Europea de derechos Humanos en varios fallos, en los cuales se analizó este concepto, pues el artículo de la Convención Americana es equivalente en lo esencial al artículo 6° del convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, citando a su similar europea, se debe tomar en cuenta tres elementos que determina la razonabilidad del plazo para interponer la demanda: a) La complejidad del asunto; b) La actividad procesal del interesado; y c) La conducta de las autoridades. Por lo que todo individuo tiene el derecho a la tutela judicial efectiva por parte de los órganos jurisdiccionales y tribunales; ya que es un derecho primordial para que se administre justicia y no deben existir trabas por medio de los tribunales porque de lo contrario se estarían coartando su derecho a un proceso sin dilaciones que entorpezcan el camino de la ley. Un instrumento o herramienta más creada para velar por los derechos humanos en el marco de velar y cobijas los derechos de los hombres encontramos que este instrumento que llama a Estados en toda la orbe del planeta para que se validen los derecho como civiles y políticos la primera impresión que da el nombre de este pacto internacional es el de imaginar que únicamente observara derechos como son los electorales, empero otros pensaran que son derechos dirigidos para alguna clase social más es pacifica en este contexto podemos después de leer el contenido que en igualdad de circunstancia observa por la tutele efectiva del contenido del Este pacto podemos observar que su artículo 14.1 textualmente establece: “Articulo 14.1 Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por Página 27 de 35

un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. La prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios por consideraciones de moral, orden público o seguridad nacional en una sociedad democrática, o cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes o, en la medida estrictamente necesaria en opinión del tribunal, cuando por circunstancias especiales del asunto la publicidad pudiera perjudicar a los intereses de la justicia; pero toda sentencia en materia penal o contenciosa será pública, excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores”.24 Otro prisma del derecho, y estimando el contenido pacto en comento podrá observar el lector que el contenido en su artículo 4.1 señala: “Artículo 4.1 En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados partes en el presente Pacto podrán optar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social”. Antes de erigirme en cometario alguno considero necesario hacer referencia a un puntual señalamiento respeto al contenido de la ley fundamental y el artículo 4.1 que he transcrito en su parte medular argumentando que: “el gobierno de México declara que, salvo la reserva expresa que ha formulado el artículo 4 del pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, está en posición de cumplir con las otras excepciones estipuladas por dicho artículo 4 respecto a los derechos que, según el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podrán ser suspendidos, en virtud de que los antecedentes de este último no pueden conducir a interpretar la voluntad de su legislador, en el sentido de que aun durante una suspensión de garantías, se permita al Estado el llevar a cabo torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, de someter a individuo alguno contra su voluntad a experimentos científicos, a la esclavitud, la trata de esclavos o la servidumbre, al encarcelamiento por incumplimiento de obligaciones contractuales, la condena a individuo alguno por actos u omisiones no delictivas en el momento de su comisión según el derecho nacional o internacional, la aplicación de penas más graves que las aplicables al ser cometido el delito, el desconocimiento de la personalidad jurídica de ser humano alguno, o negar las libertades de pensamiento, conciencia o religión.

Así, del texto anterior podemos ver como premisa el respeto que debe imperar aun que se encuentre en un estado social que no garantice seguridad jurídica o 24

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Adopción: Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966 Adhesión de México: 24 de marzo de 1981 Decreto Promulgatorio DO 20 de mayo de 1981 Fe de Erratas DO 22 de junio de 1981 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, visible en la página de internet de la secretaria de Gobernación orden jurídico nacional, www.ordenjuridico.gob.mx http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf . Página 28 de 35

en inaplicación de derechos, pues los derechos del hombre en este caso los fundaménteles estarán por encima de los deseos egoístas de las personas que detentan el poder en el gobierno que dirige las políticas públicas, O BIEN EL CASO PARTICULAR DEL JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO. Al respecto los Estados en otras partes del planeta también han ajustado sus normas jurídicas constitucionales para brindar la garantía de la tutela efectiva en este contexto es que se observara como las diferentes legislaciones de detentan la tutela efectiva, y como fue incorporada o desde hace cuánto tiempo este como ejercicio de derecho comparado sirve para dar una idea amplia de la magnitud de su importancia que guarda en todas las naciones. CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN. Con fundante en lo dispuesto en los artículos 125, 126, fracción II 127, 128, 130 y 138 de la Ley de Amparo se solicita la apertura por cuerda separada del incidente correspondiente y el otorgamiento de la suspensión urgente provisional y en su caso definitiva del acto reclamado. Toda vez que resulta y es procedente por todas las razones anteriores, así como por reunir todos y cada uno de los requisitos de ley y de no otorgarse se causara a la suscrita un daño de imposible reparación. SUPLENCIA DE LA QUEJA. Así mismo y con fundamento en artículo 79 la fracción III, inciso a), de la ley de amparo y demás relativos, solicito a esta Autoridad, se me conceda la suplencia del error en el presente juicio de garantías dado que a diferencia de la Procuraduría General de la República no soy un órgano técnico especializado y por tanto a la autoridad llámese JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO no puede alegar ignorancia, por ser perito en materia de proceso penal federal, y por lo que respecta a la procuraduría no puede solicitar la suplencia dado que como se menciona es un órgano especializado. Que, dado que no está prohibido en la ley de amparo en este momento, y con la finalidad de acreditar lo expresado la presente demanda de amparo, art. 119, ofrezco de mi parte las siguientes. PRUEBAS: LAS DOCUMENTALES PUBLICAS, CONSISTENTES EN: 1.- El informe que rinda la secretaria Ejecutiva del Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal al que deberá adjuntar la resolución de responsabilidad administrativa en los que se sanciona al JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO.  Quinta Época, Registro: 280219, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXII Materia(s): Común, Tesis: Página: 605. ARTICULO 17 CONSTITUCIONAL Página 29 de 35

 Décima Época. Registro: 200 2600 Instancia: TCC. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tesis: I.3o.C. J/4. Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, P. 1829.  Novena Época, No. De Registro 172759 [J]; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXV, Abril de 2007; P. 124. 2.- La información contenida en las siguientes páginas de internet A. http://www.ordenjuridico.gob.mx http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D47.pdf . B. http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm C. http://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp D. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2028. pdf E. http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx F. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%20 06.pdf G. http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2001/559.html H. http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/1994/55.html I. http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_227_esp.pdf pag 38. J. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_170_esp.pdf pag 26. 3.- La inspección judicial respecto a las páginas de internet citadas en el punto inmediato que antecede. 4.- Diario oficial de la federación viernes 3 de septiembre del 1993. Página 6. Artículo 20 fracción VIII. 5.- La inspección judicial respecto a las páginas del diario oficial de la federación de fecha citada en el punto inmediato que antecede. 6.-PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Adopción: Nueva York, EUA, 16 de diciembre de 1966 Adhesión de México: 24 de marzo de 1981 Decreto Promulgatorio DO 20 de mayo de 1981 Fe de Erratas DO 22 de junio de 1981 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. - Presidencia de la República. JOSÉ LÓPEZ PORTILLO, PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Convención Americana de Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica (OEA, 1969) ratificada en el 03 de febrero de 1981 y donde se adhiere al contenido de la misma declaración para el reconocimiento de la competencia contenciosa de la corte interamericana de derechos humanos Los Estados Unidos Mexicanos reconocen como obligatoria de pleno derecho, la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con el artículo 62.1 de la misma, a excepción de los casos derivados de la aplicación del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores Página 30 de 35

a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se hace con carácter general y continuará en vigor hasta un año después de la fecha en que los Estados Unidos Mexicanos notifiquen que la han denunciado. (Firmado el 16 de diciembre de 1998). Convención suscrita en la convención en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32). De donde se desprende que la vulneración a los artículos: 2, 3, 5, 7 y 8 de la convención25. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (ONU, 1948) Aprobada en la Novena Conferencia Interamericana Bogotá, Colombia. Vulnera los artículos: XVIII y XXV de la Declaratoria26. Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y de Abusos del Poder (ONU, 1985) Adoptada por la Asamblea General en su resolución 40/34, de 29 de noviembre de 1985 violentando el artículo: 5 de esta declaración27. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (onu,1966) adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la asamblea general en su resolución 2200 a (XXI), de 16 de diciembre de 1966 entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49 lista de los Estados que han ratificado el pacto. Violentando el JUEZ NOVENO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL DISTRITO FEDERAL HOY CIUDAD DE MEXICO los artículos: 9, 10, 14. Del mencionado pacto.28 Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o prisión (ONU, 1988) Adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988 artículos: 32, 33, 37 y 38.

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Declaración Universal de los Derechos

Humanos Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, de donde se desprende la violación al contenido de los Artículos 2, 3, 7 y 8. 10. 7.- La inspección judicial respecto a los tratados, pactos, principios y declaratorias todos los citados en el punto inmediato que antecede. 8.-Respecto a las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:  Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela, supra nota 121, párr. 77 y Caso Escher y otros Vs. Brasil;  Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) Vs. Venezuela;

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http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm http://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp 27 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/INST%2028.pdf 28 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx 29 http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2006.pdf 26

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 Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez. Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2007. Serie C No. 170;  Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151;  Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151;  Caso Escher y otros Vs. Brasil, supra nota 147;  Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009 Serie C No. 193;  Caso Yatama Vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de junio de 2005. Serie C No. 127;  Comité de Derechos Humanos, Hamilton v. Jamaica, Communication No. 333/1988, CCPR/C/50/D/333/1988, 23 de marzo de 1994;  Corte interamericana de Derechos humanos. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez vs. Ecuador Sentencia de 21 de noviembre de 2007 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas):  ECHR, Hadjianastassiou v. Greece, judgment of 16 December 1992, Series A no. 252;  la sentencia Winterwerp Vs Netherlans del 24 de octubre de 1979, Serie A, número 33; 9.- La inspección judicial respecto a los casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos citadas en el punto inmediato que antecede. 10.-Las documentales públicas que se precisan su señoría se sirva requerirlas a las autoridades precisadas, en términos de lo dispuesto en el artículo 121 de la ley de Amparo, aclarando que han sido también solicitadas por la parte lesa y para acreditar este hecho se exhiben los escritos originales con el acuse de recibido original. “COPIAS CERTIFICADAS PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. ESTÁ PROHIBIDO EL COBRO DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN POR CONCEPTO DE SU EXPEDICIÓN.30 El derecho fundamental de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comprende, entre otros, los subprincipios de acceso a la tutela jurisdiccional y de la abolición de las costas judiciales y la gratuidad de la justicia, los cuales consisten en la obligación del Estado mexicano de garantizar que todas las personas que lo requieran puedan someter sus conflictos ante los tribunales en condiciones de equidad, y en que el gobernado no debe pagar por la administración de justicia, pues dicho servicio es gratuito. Ahora bien, los indicados principios cobran plena aplicación respecto de la expedición de copias certificadas a cargo de las autoridades, necesarias para la sustanciación del juicio de garantías, en razón de que el artículo 3o. de la Ley de Amparo establece una condición genérica de gratuidad, que no solamente implica la 30

Novena Época. Registro: 169523. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXVII, junio de 2008. Materia(s): Común. Tesis: P. /J. 37/2008. Página: 5. Página 32 de 35

abolición de las costas, sino que se amplía como una prohibición del cobro por la expedición de las copias referidas, incluso por concepto de los materiales necesarios para su reproducción, a condición, desde luego, de que efectivamente sean trascendentes en el amparo respectivo; por tanto, la expedición de las indicadas copias certificadas por parte de las autoridades debe ser completamente gratuita31.”

Del contenido anterior vemos que contempla un ámbito diferente de la tutela judicial opero para que esta tutela sea eficaz y eficientes no se circunscribe únicamente en determinar si una autoridad o subordinado acto apegado a derecho o a la legalidad, sino que como se pudo observar del texto anterior, la obligación del Estado de garantizar la accesibilidad de las personas a la administración de justicia de forma gratuita o bien sin tener que pagar constas judiciales. Época: Décima Época, Registro: 2011641, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, mayo de 2016, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: I.13o.C.13 K (10a.), Página: 2935 SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. CONSTITUYE UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA LA EXISTENCIA DE UN PERJUICIO DEL QUE PUEDAN DERIVARSE CONSECUENCIAS DE DIFÍCIL REPARACIÓN (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013) 32. Conforme al artículo 125 de la Ley de Amparo, en el juicio relativo es posible decretar la suspensión de oficio y a petición de parte; esta última procede de satisfacerse los requisitos que prevé el diverso artículo 128, que la solicite el quejoso y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, el artículo 131 dispone que, si el quejoso solicita la suspensión aduciendo interés legítimo, debe concederse de acreditarse además de los requisitos referidos, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. El artículo 132 prevé que cuando resulte procedente la suspensión y se conceda, pudiéndose causar daños y perjuicios a terceros, el quejoso debe otorgar 31

Contradicción de tesis 35/2005-PL. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito), el Quinto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito (actualmente Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito), el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 29 de marzo de 2007. Unanimidad de ocho votos. Ausentes: Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. El Tribunal Pleno, el doce de mayo en curso, aprobó, con el número 37/2008, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de mayo de dos mil ocho.” 32 DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Incidente de suspensión (revisión) 144/2015. Clearwire International LLC. 28 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Xochitl Vergara Godínez. Incidente de suspensión (revisión) 276/2015. Ernesto Vargas Guajardo. 19 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Xochitl Vergara Godínez. Incidente de suspensión (revisión) 277/2015. José Antonio Abad García. 19 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: María Concepción Alonso Flores. Secretaria: Xochitl Vergara Godínez. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 306/2016, pendiente de resolverse por la Primera Sala. Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2016 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Página 33 de 35

garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se ocasionen de no obtenerse sentencia favorable. Además, conforme al artículo 139, en los casos en que proceda la suspensión en términos de los artículos 128 -a petición de parte aduciendo interés jurídico- y 131 -aduciendo interés legítimo- y exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se emita sobre la suspensión definitiva. Así, se tiene que de la interpretación sistemática de los artículos invocados, se colige que constituye un tercer requisito de procedencia de la suspensión a petición de parte, la demostración de que existe peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, pues aun cuando dicho requisito no se halle inserto expresamente en el citado numeral 128, al referirlo el diverso 139 para los casos en que proceda la suspensión, conforme a los preceptos 128 y 132 -a efecto de fijar la garantía correspondiente-; entonces, debe atenderse a aquél para que, de concederse, se ordene mantener las cosas en el estado que guardan, de existir, precisamente, peligro de que se ejecute el acto con perjuicios de difícil reparación. En la inteligencia de que la aparente omisión legislativa de no establecer explícitamente el requisito de mérito dentro de la configuración descriptiva y preceptiva del artículo 128 de la Ley de Amparo, no significa que no concurra esa exigencia para su otorgamiento; por el contrario, la apreciación del perjuicio, para efectos de la suspensión, subsiste en la actual legislación; en tanto que la suspensión a petición de parte u ordinaria, mantiene el principio del perjuicio de difícil reparación, en el artículo 139 de la Ley de Amparo actual; de lo que se sigue que para que proceda la suspensión a petición de parte, debe existir un perjuicio del que puedan derivarse consecuencias de difícil reparación. En virtud de todo lo anteriormente expuesto, pido, exijo y demando a usted señor magistrado, se otorgue primeramente la suspensión del acto reclamado y el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, para el efecto de que se restituyan los derechos, de la hoy quejosa, en el goce de las garantías constitucionales que fueron violadas en mi perjuicio Por lo expuesto: A ESTE H. JUZGADO DE DISTRITO, atentamente solicito se sirva: PRIMERO. - Tenerme por presentado en los términos del presente recurso de amparo, pidiendo el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, contra los actos y omisiones reclamados de la autoridad que se menciona como responsable y se substancie la presente. SEGUNDO. - Solicitar de la autoridad señalada como responsable, rindan dentro del término de Ley de Amparo, su informe justificado respecto de los actos que se reclaman, apercibiéndole que de no hacerlo en el tiempo que señale será sancionado conforme a derecho. TERCERO. - En su oportunidad y previos los trámites de Ley, dictar sentencia en el presente juicio de garantías se me otorgue EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, por las razones antes expuestas en la presente demanda de garantías, por ser conforme a derecho y justicia y se abra incidente

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de suspensión en que se me se otorgue primeramente la suspensión del acto reclamado y en su momento definitiva. CUARTO. - Se me otorgue copia certificada de la suspensión del acto reclamado. QUINTO. - Tenga por autorizados a los profesionistas que se indican en este ocurso para efectos del solicitado. SEXTO. - Tener por señalado el domicilio que he indicado en la presente demanda de garantías. SÉPTIMO. - Admitida que sea a trámite la presente demanda se sirva solicitar a las autoridades. OCTAVO. - Hecho que sea el estudio de los respectivos informes previos y justificados, se resuelva de fondo el presente juicio de garantías y se conceda de forma definitiva el amparo y protección de la justicia de la unión en contra de la autoridad señalada como responsable. NOVENO. - Tener por ofrecidas las pruebas, admitirlas y en su oportunidad desahogarlas.

Al triunfo de la verdad y al por el progreso del género humano Exijo y demando justicia.

Ciudad de México a marzo de 2017.

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