Boletin De Jurisprudencia

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA (1° Semestre de 2017) Elaborado por la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Dra. Valeria Rebagliati Secretaria de Cámara

ABOGADO. - Apartamiento del rol de defensor. Agravio: Violación al derecho de elegir al abogado de confianza. Letrado que fue citado como testigo en las actuaciones. Incompatibilidad. Confirmación.............................................1 ABORTO. - Falta de mérito. Imputada: Madre que obligó a su hija menor de 17 años a interrumpir el embarazo. Elementos de prueba suficientes para agravar su situación procesal. Revocación. Procesamiento por considerársela coautora penalmente responsable del delito de aborto sin el consentimiento de la mujer..........1 ABUSO SEXUAL. - Sobreseimiento. Imputados: I. Madre de la damnificada que omitió realizar acciones tendientes a proteger a su hija, preservar su integridad física y sexual y evitar que quedara expuesta a la posibilidad de que su pareja abusara de ella, colocándola en una situación de riesgo. II.- Pareja que habría abusado sexualmente de la menor. I. Elementos de prueba que, en el contexto en que tuvieron lugar los hechos, no permiten sostener que la imputada tuviera un conocimiento efectivo de las circunstancias expuestas por su hija. Confirmación. II. Sumario en el que se ha logrado arribar al grado de convicción que el artículo 306 del CPPN demanda para su procedencia en relación con el imputado. Revocación. Procesamiento por abuso sexual de una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente (art. 119, primer párrafo y quinto en función del cuarto párrafo inciso "f", del Código Penal). Magistrado que debe expedirse respecto de la solicitud del fiscal de que se imponga una restricción de acercamiento. ....................3 - Con acceso carnal agravado por uso de armas. Procesamiento. Defensa que alegó que la acción penal no fue debidamente instada. Ausencia en el acta inicial de manifestación expresa por parte de la damnificada. Conducta asumida por la víctima al presentarse el mismo día del hecho en la comisaría: Satisfacción del requisito del art. 72 del C.P. Confirmación. .......................................................................................................5 ALLANAMIENTO. - Nulidad rechazada. Imputado que señala que en el lugar, además de ser su vivienda, funcionaría un estudio jurídico. Lugar que no poseía chapa identificatoria. Eventual omisión de dar aviso al Colegio Público de Abogados (art. 7, inciso "e" de la Ley 23.187), que no sanciona con nulidad a la diligencia. Confirmación....5 AMENAZAS. - Coactivas con arma en concurso ideal con abuso de arma, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego. Procesamiento. Agravio de la defensa: 1) Prueba insuficiente. 2) Atipicidad por haber sido adquirida el arma en fecha anterior a la aparición del decreto que reglamentó la ley de armas y explosivos. 1) -Imputación sostenida sobre los únicos dichos del denunciante sin ningún otro elemento que los avale. Revocación parcial. Sobreseimiento. 2) No convalidación del error de prohibición invocado. Decreto reglamentario en cuyo articulado se realizaba una convocatoria para los poseedores de armas para que en un plazo prudencial procedieran a su declaración. Confirmación parcial por tenencia ilegitima de arma de fuego. ..................................................................................................................................................................6 ARCHIVO - Por no poder proceder. Encargado de edificio donde funcionaba el estudio jurídico del denunciante que recibió y destruyó cédulas de notificación y correspondencia. Apoderamiento indebido de correspondencia (art. 153, primer párrafo, segunda parte del CP). Delito de acción privada. Confirmación. ..............................7 - Por falta de instancia. Resolución impugnada que no resulta una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Denuncia realizada por la víctima en la Oficina de Violencia Doméstica de la C.S.J.N. que constituye un impulso procesal válido. Excesivo formalismo por parte del juez instructor. Necesidad de garantizar los derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", aprobada por la ley 24.632. Nulidad. ..............8 ARMA. - Procesamiento como coautores del delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización y robo simple en concurso real. Arma secuestrada apta para el disparo, de funcionamiento normal respecto de la cual los imputados no estaban autorizados a portarla. Coautoría funcional en el marco de una esfera de custodia compartida. Confirmación. Disidencia parcial: Figura que requiere que el agente lleve el arma consigo corporalmente y en condiciones inmediatas de uso. Confirmación parcial. Revocación por la portación. Sobreseimiento parcial. .....................................................................................................................8

I

- Procesamiento. Tenencia sin autorización legal de armas de uso civil y de guerra, que concurren idealmente entre sí. Defensa que solo se agravia sobre la tipicidad de la conducta. Rechazo. Vulneración al bien jurídico protegido "seguridad pública". Confirmación. ..................................................................................... 9 - Procesamiento por abuso y portación de arma de guerra en concurso real con resistencia a la autoridad. Imputado que disparó un arma produciéndole lesiones a la víctima y se retiró del lugar subiendo a una motocicleta que lo esperaba y que era conducido por el otro imputado, dándose ambos a la fuga, siendo detenidos luego de una persecución. Hecho en el que se advierte un reparto de tareas. Portación compartida de arma. Confirmación. Disidencia parcial: Portación del arma que no puede ser compartida. Figura que requiere que el agente la lleve consigo corporalmente y en condiciones inmediatas de uso. Revocación parcial respecto de uno de los imputados y en orden a la portación. ............................................................... 10 CALUMNIAS. - Injurias. Desestimación por inexistencia de delito. Falta del dolo. Atipicidad. Expresiones vertidas en una carta documento enviada en el marco de un reclamo laboral. Confirmación. ................................................. 11 CAUCIÓN. - Real. Agravio: Monto impuesto e imposibilidad de pago. Depósito de la fianza por parte de su fiadora durante la sustanciación del recurso. Apelación abstracta. .............................................................................. 12 - Pedido de sustitución. Magistrado que ha omitido correr vista al fiscal. Fiscal que ha sido notificado de lo resuelto y de la audiencia fijada, guardando silencio. Tiempo transcurrido sin depositar la caución impuesta y situación socioeconómica que permiten sostener que la condición es de imposible cumplimiento. Revocación. Modificación por una caución juratoria y la obligación de presentarse mensualmente al tribunal. ............................................................................................................................................................ 12 CHANTAJE - En grado de tentativa. Procesamiento. Imputada que habría enviado por whatssap y twitter mensajes de contenido coercitivo al querellante para obligarlo a entregar sumas de dinero con la amenaza de dar a publicidad un video o relatar en programas televisivos cuestiones íntimas. Diferencia con la extorsión. Elementos del tipo penal "chantaje". Confirmación. ....................................................................................... 12 - En grado de tentativa. Procesamiento. Imputada que mediante llamadas telefónicas y mensajes por mails exigió el pago de dinero por un reclamo laboral de su marido bajo la amenaza de divulgar información. Agravio: Atipicidad debido a la falta de honorabilidad de la víctima. Rechazo. Hecho típico. Confirmación. .................................................................................................................................................. 13 COMPETENCIA - Madre de un menor de edad que dejó su lugar de residencia y que se habría trasladado a Bariloche. Padre que desconoce el destino. Diligencias que no han determinado si efectivamente se encuentran en esa ciudad. Delito de carácter permanente cuya actividad ejecutiva aún perdura. Competencia del magistrado que previno. Revocación......................................................................................................................................... 14 - Imputado: diputado nacional que en su despacho habría abusado sexualmente de una empleada del Congreso Nacional. Hecho a investigar no se relaciona con el ejercicio de sus funciones. Justicia de Instrucción........................................................................................................................................................ 14 - Padre del menor que denuncia a la madre y a otra persona más por impedimento de contacto, situación que habría tenido lugar cuando su hijo vivía con su madre en Buenos Aires. Menor que vive desde el 2015 en la Pcia. de Mendoza. Características del caso y necesidad de garantizar el interés superior del niño que aconsejan que intervenga el magistrado con jurisdicción en el domicilio donde reside actualmente. Juzgado penal de turno con jurisdicción en General Alvear, Pcia. de Mendoza............................................................ 15 - Sustracción de mercadería dentro de una sede del "Correo Argentino". Hecho a investigar que no se relaciona con la obstrucción al servicio postal. Justicia de instrucción. .......................................................... 15 - Actuaciones en las cuales el magistrado se declaró incompetente sin la intervención del Ministerio Público Fiscal quien, en realidad, debía tener a cargo de la investigación por aplicación del art. 196 bis del C.P.P.N. Autores aún no individualizados. Ausencia de jurisdicción por parte del magistrado. Nulidad...................... 16 - Extorsión a través de un acceso ilegítimo a cuenta de Whatsapp. Carácter personal y privado de la cuenta de mensajería de Whatsapp. Comunicación electrónica. Violación de correspondencia. Justicia Federal. ......... 16 - Defensa que apeló el rechazo al planteo de incompetencia. Imputado a quien se le adjudican lesiones graves en riña. Actuaciones en las cuales existe una imputación contra otra persona por tentativa de homicidio. Hechos que se encuentran vinculados y no pueden ser escindibles en base a calificaciones jurídicas. Confirmación. .................................................................................................................................................. 17 - Hallazgo de un arma de uso civil deportivo (art. 6° inc. 39 del decreto 395/75), en el interior de un vehículo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Delito contenido en el Convenio de Transferencia Progresiva de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires (Ley 25757). Justicia Contravencional. .............................................................................................................................................. 17 - Declinación de la competencia a favor del Juzgado de mayores. Magistrado que debió previamente resolver la situación procesal de todas las personas convocadas a integrar la rueda de personas y fueran vinculados al proceso en los términos del artículo 72 del C.P.P.N. Revocación. .................................................................. 18 - Accionista de una empresa que denuncia un detrimento patrimonial debido a que los directivos habrían desviado fondos a través de subsidiarias para el pago de sobornos a funcionarios de este país y de la República Federativa de Brasil para la obtención de beneficios en la prestación de la obra pública. Concurso entre la presunta administración fraudulenta (delito ordinario) y el eventual cohecho activo -y posiblemente

II

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional pasivo desde otra órbita- en que habrían incurrido al otorgar esos supuestos sobornos (delito federal) que impide escindir la investigación. Justicia Federal. ...........................................................................................19 - Defraudación fiduciaria. Delito que se perfecciona donde se ejecuta el acto infiel perjudicial y, en caso de no conocerse, se presume que se cometió en el lugar donde se llevó a cabo la administración, sin que obste a ello la circunstancia de que la sociedad tenga su domicilio legal en otra jurisdicción. Probable consumación en esta ciudad. Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional......................................................................19 CONCURSO DE DELITOS. - Robo agravado por su comisión con armas, en tentativa, en concurso real con portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal. Procesamiento. Agravio: Figuras que concurren idealmente. Rechazo. Arma que era llevada en condiciones de uso inmediato que fue utilizada en un robo. Figuras escindibles que se consuman en distintos momentos. Pluralidad de hechos independientes entre sí. Confirmación................20 CONSERVACION DE LA FAUNA (Ley 22.421). - Planteo de inconstitucionalidad del art. 27 de la ley 22.421 rechazado. Cuestión en la cual la C.S.J.N. ya se ha expedido. Fallo "Pignataro". Ratificación de la postura a través de la Ley 26.447. Confirmación. ............21 CONSULTA DEL ART. 348 DEL C.P.P.N. - Requerimiento de elevación a juicio formulado por la querella. Sobreseimiento pedido por el fiscal. Magistrado que eleva la causa en consulta. Requerimiento de la querella razonable. Elementos probatorios suficientes que sustentan el pedido de la querella. Evacuación de la consulta.................................................22 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO FEDERAL. - Sustracción de correspondencia mientras todavía se encontraba bajo custodia del servicio de correo. Justicia federal. ..............................................................................................................................................................22 - Titular de la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de la Nación que ordenó la compactación de un rodado secuestrado, sin la debida autorización judicial para ello. Funcionario federal que cometió el hecho en ejercicio de su función. Afectación al buen funcionamiento del servicio de Administración Nacional. Justicia Federal.....................................................................................23 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO PENAL ECONÓMICO. - Imputados que podrían haber cometido los delitos de administración infiel, balance falso y evasión tributaria -art. 173, inc. 7°, y 300, inc. 2°, del CP y de acuerdo a la ley 24.769-. No puede descartarse que las irregularidades en la presentación de balances falsos fuera el medio utilizado para cometer el delito de defraudación. "-Doctrina de la CSJN "Guyot"-". Denuncia motivada en la constante ausencia de dividendos y la negativa de los imputados -hasta su remoción, del presidente y directores de la empresa- a exhibir los libros contables. Marco fáctico denunciado que escapa la competencia de la justicia ordinaria. Justicia en lo Penal Económico. .............................................................................................................................................23 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO CRIM. Y CORREC. FEDERAL. - Posible infracción a la Ley 26.842. Imposibilidad de descartar una posible trata de personas. Justicia de excepción. .........................................................................................................................................................24 - Comisario a cargo de la División redes de la Superintendencia Federal de Comunicaciones de la PFA que se habría apropiado de fondos destinados a gastos de comida y sueldos. Fondos asignados por el presupuesto nacional. Defraudación a las rentas de la Nación. Justicia Federal. .................................................................25 - Mujeres identificadas que podrían ser víctimas de trata de personas. Necesidad de profundizar la investigación. Justicia Federal..........................................................................................................................25 - Damnificada que indica que hicieron uso de sus datos personales y de su tarjeta de crédito para adquirir un teléfono celular y una línea telefónica. Maniobra fraudulenta mediante D.N.I. falso. Probable estafa en concurso ideal con uso de documento de identidad. Justicia federal................................................................26 - Venta de entradas, presuntamente apócrifas para un partido de fútbol. Tickets secuestrados que presentaban una gráfica distinta a la designada por la entidad deportiva para ese evento. Justicia Federal.........................26 - Presunta investigación por estafa procesal, lavado de activos y quiebra fraudulenta. Delitos precedentes que son de naturaleza ordinaria. Sucesos que tuvieron lugar antes de la reforma introducida por la ley 26.683 que derogó el art. 278 que excluía como sujetos activos a quienes hubieran participado del delito que generó el lavado. Juzgado Criminal y Correccional.....................................................................................................27 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO CRIM. Y CORREC. FEDERAL DE PROVINCIA. - Encubrimiento. Allanamiento en un domicilio de la provincia de Buenos Aires en el que se incautó una chapa patente vinculada a una denuncia de robo ocurrido en ésta Ciudad. Ausencia de elementos de prueba que permitan vincular a quien tenía la chapa patente con el hecho del robo ocurrido en esta ciudad. Justicia federal de provincia. Disidencia: Investigación que debe ser profundizada para deslindar o no su responsabilidad en la sustracción del rodado. Justicia de instrucción. .............................................................27

III

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. - Administrador de consorcio que habría inscripto irregularmente ante la A.F.I.P. seis torres de edificios. Posible afectación al buen servicio de la A.F.I.P. Justificación de la intervención del fuero de excepción. Justicia Federal................................................................................................................................................. 29 - Imputada que luego de la rescisión contractual con una marca registrada continúa exhibiendo por Internet sus videos musicales. Posible infracción a la ley de marcas que concurriría idealmente con la ley de propiedad intelectual. Única conducta. Justicia Federal. ................................................................................. 29 - Utilización de DNI apócrifo de una persona fallecida, con el fin de insertar declaraciones falsas en una escritura. Actuaciones que no poseen un autor identificado y que fueron instruidas por la fiscalía (art. 196 bis del C.P.P.N.), quien postuló la declaración de incompetencia en razón del territorio y la materia. Magistrado que no realizó medida alguna que permita verificar los extremos denunciados. Postulación de incompetencia que no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente. Disidencia: (Actos procesales realizados a derecho, sin vicio alguno. Individualización de algún participe del hecho para que el Magistrado se vea habilitado a intervenir que no resulta necesario. Continuidad del trámite habitual corriendo vista al Fiscal General). Nulidad del dictamen fiscal y de todos los actos procesales dictados en consecuencia. ................................................................................................................................................... 30 - Celular sustraído que se encontraba en un local de venta de telefonía celular. Recepción dolosa de teléfonos celulares (art. 12 de la ley 25.891). Competencia Federal. .............................................................................. 31 - Compra de rodado a través de página web en el que se habrían utilizado logotipos de las firmas Mercado Libre y Mercado Pago. Infracción a las leyes 11.723 y 22.362 cometidas en forma simultánea mediante una única conducta. Justicia Federal....................................................................................................................... 31 - Comercialización de medicamentos en comercio que carece de habilitación sanitaria. Medicamentos fraccionados de los blisters. Imposibilidad de determinar su procedencia. Medicamentos que podrían poner en riesgo la salud pública. Posible infracción a la Ley 16.463, Ley 17.565 y Ley 22.362. Justicia federal. ... 32 - Actuaciones sin autor identificado que fueron instruidas por la fiscalía (art. 196 bis del C.P.P.N.), quien postuló la declaración de incompetencia en razón de la materia. Magistrado que se declaró incompetente trabándose la contienda con el magistrado federal. Actuaciones en las cuales no hay un autor identificado. Discusión sobre la competencia: atributo de la jurisdicción. Magistrado que no poseía jurisdicción. Resolución que no es una derivación razonada del derecho vigente. Nulidad del dictamen fiscal y de todos los actos procesales dictados en consecuencia. Disidencia: Magistrado que se encuentra habilitado para intervenir y disponer su incompetencia. Cuestión de orden público. Vista al fiscal General para que se expida............................................................................................................................................................... 33 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE MENORES Y JUZGADO FEDERAL DE PROVINCIA. - Encubrimiento. Motocicleta secuestrada en provincia con pedido de secuestro de esta ciudad. Sustracción que tuvo lugar hace 11 meses. Motocicleta que no tenía patente, con cables sueltos, careciendo su conductor de la documentación reglamentaria y con los cables sueltos. Imposibilidad de vincular al conductor con la sustracción. Competencia del Juzgado Federal de Provincia........................................................................... 34 CORRUPCIÓN DE MENORES - Falta de mérito. Imputado: profesor de educación física que dictando clases a sus alumnos menores de edad les exhibía sus genitales y los obligaba a ellos a hacer lo mismo. Importancia y coherencia de los relatos brindados en Cámara Gesell. Informes de los psicólogos que refuerzan la versión de los menores. Hechos imputados que podrían tener entidad suficiente para alterar el normal desarrollo psicosexual de los menores. Revocación. Procesamiento por corrupción de menores agravadas por encontrarse a cargo de su educación. ........................................................................................................................................................ 34 - Agravada por tratarse de una persona conviviente y menor de 13 años. Procesamiento como participe necesaria. Menor que abandona el domicilio familiar por abusos y maltratos de la pareja de su madre, quien presenciaba y permitía esas conductas abusivas. Imputada que era garante de su cuidado. Confirmación..... 35 DECLARACIÓN INDAGATORIA. - Rechazo del pedido de ampliación formulado por el fiscal. Corrupción de menores. Descripción de los sucesos en la declaración indagatoria que no contiene las notas típicas del delito de corrupción. Omisión que impide al fiscal eventualmente ceñir el objeto procesal al momento de la elevación a juicio. Necesidad de reformular la descripción del hecho atribuido. Revocatoria. ...................................................................... 36 DEFRAUDACIÓN - Sobreseimiento. Escribana que habría incumplido la obligación de restituir las escrituras de los departamentos que le habían sido confiadas en la operación de compraventa que no se llevó a cabo. Retención legítima de la documentación ante el incumplimiento del pago de la renumeración por la tarea desarrollada. Confirmación.............................................................................................................................. 37 DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO. - Fiscal que solicitó la desestimación y magistrado que resuelve en consecuencia. Querella que recurre en solitario. Jurisdicción de la Cámara limitada a realizar un control de legalidad y de razonabilidad. Decisiones que se encuentran debidamente fundadas. Confirmación. Revocación parcial por imposición de costas por su orden. Disidencia en cuanto a los fundamentos: Hecho atípico. Confirmación y revocación parcial por imposición de costas por su orden. ................................................................................................ 37

IV

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional DESOBEDIENCIA - Procesamiento. Imputado que alegó desconocer la existencia de una prohibición de acercamiento. Prueba insuficiente. Necesidad de profundizar la investigación. Revocación. Falta de mérito....................................38 - Sobreseimiento. Imputado que intentó fugarse para no acatar la orden de detención sin emplear violencia. Atipicidad. Confirmación. ................................................................................................................................39 - Procesamiento. Imputado que se presentó en el domicilio de la víctima y por el portero eléctrico intentó lograr tener contacto con la misma. Conocimiento por parte del inculpado de la medida cautelar de prohibición de contacto en vigencia. Confirmación. ........................................................................................39 - Sobreseimiento. Prohibición de contacto dictada por la Justicia Civil no acatada. Constancias del expediente civil que dan cuenta que estaba en conocimiento de la medida dictada. Revocación. Procesamiento por desobediencia reiterado en cuatro oportunidades, en concurso real. ................................................................40 - Procesamiento. Imputados que circulando de contramano por una arteria, no acataron la voz de alto e intentaron darse a la fuga impactando su vehiculo contra otros que se encontraban estacionados. Breve forcejeo empleado para su detención. Existencia en el hecho de circunstancias adicionales que trascienden a la mera desobediencia de no acatar la orden de la propia detención. Confirmación. .......................................41 DETENCIÓN DOMICILIARIA. - Rechazada. Imputada madre de tres hijas menores de cinco años de edad. Imputada que con anterioridad cumplió pena en prisión domiciliaria, sin inconveniente alguno. Derechos de los hijos menores de edad. Menor en etapa de lactancia. Supervisión electrónica de la medida dadas las condenas registradas y declaraciones de rebeldía. Revocatoria. Procedencia bajo supervisión electrónica. ........................................41 - Rechazada. Detenido que motivó la solicitud en el delicado estado de salud de su madre y la necesidad de que la cuide. Situación no prevista en la ley 24.660. Confirmación.................................................................42 - Rechazada. Facultad discrecional del juez para acordar la detención domiciliaria. Instituto que no resulta de aplicación automática. Alzada que oportunamente denegó la excarcelación del imputado sustentado en la imposibilidad de acceder a una condena de ejecución condicional por en razón de los topes punitivos previstos para los delitos por los cuales fue procesado y presencia de pautas restrictivas. Imputado que no registra antecedentes condenatorios ni causas en trámite y posee más de 70 años de edad (voto del Dr. Scotto). Última reforma legislativa que no estableció particulares exigencias para la concesión a personas mayores de 70 años. Magnitud de pena en espectativa que no se erige como impedimiento. Gravedad del hecho atribuido que no reviste carácter dirimente para decidir la cuestión (del voto del Dr. Divito). Revocatoria. Supervisión electrónica de la medida. .........................................................................................43 - Rechazada. Intervención anterior del tribunal que rechazó el derecho a la libertad. Detenido que no se ajusta a los supuestos necesarios para hacer lugar a la detención domiciliaria. Confirmación. .................................44 - Rechazada. Cuestión preliminar que surge del incidente en el que se omitió dar intervención a la Defensoría Pública de Menores (art. 43, ley 27.149). Necesidad de garantizar con ello los derechos o intereses de los menores. Nulidad. Disidencia: la omisión de dar intervención al Defensor de Menores no está conminada con una sanción de nulidad...............................................................................................................................44 DETENCIÓN. - Nulidad rechazada. Razonabilidad del accionar policial. Datos objetivos que permiten sostener que estaban habilitados a interrogar al encausado en la vía pública, al menos para identificarlo de manera prudente y razonable. Confirmación...................................................................................................................................45 ENCUBRIMIENTO. - Agravado por el ánimo de lucro. Procesamiento. Agravio: Imputado a quien se le imputó dos delitos en forma simultánea y se lo procesó sólo por uno. Rechazo. Imputación alternativa válida respecto de dos figuras penales que lo permiten: encubrimiento y robo. Magistrado que no debe necesariamente emitir una resolución de mérito que desvincule al indagado respecto de uno de los delitos. Confirmación.....................46 - Agravado por el ánimo de lucro. Procesamiento. Imputada: Acompañante a bordo de una moto con pedido de secuestro. Conductor respecto de quien ya se dictó procesamiento. Elementos de prueba insuficientes para afirmar que conocía el origen espurio. Revocación. Sobreseimiento. ......................................................46 - Agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave. Actuaciones en las que no se ha verificado aún que haya habido una acción -auxiliar, contribuir, colaborar, facilitar, proporcionar mediospara que el imputado del delito anterior logre eludir la investigación o sustraerse del accionar de la justicia. Necesidad de llevar a cabo diligencias. Revocación. Falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado. ..........................................................................................................................................................47 - Agravado por el ánimo de lucro en concurso real con resistencia a la autoridad, el cual concurre de manera ideal con abuso de armas. Procesamiento. Agravio de la defensa: orfandad probatoria, exclusión de la agravante "ánimo de lucro". Imputados a bordo de un vehículo que ante la presencia policial emprendieron la fuga disparando con sus armas. Conocimiento del origen espurio del rodado. Dolo. Persecución y detención. Aplicación de la agravante: el uso del vehículo conlleva un valor económico. Confirmación. Disidencia parcial: hecho en el que no se ha podido comprobar que hubo intención de lograr un beneficio económico. Modificación de la calificación legal. Encubrimiento en concurso real con resistencia a la autoridad la cual concurre en forma ideal con abuso de armas. .......................................................................48

V

ENTREGA DE EFECTOS - Rechazada. Dinero que se encontraba en la caja fuerte empotrada en la habitación de la madre del imputado. Bien fungible. Investigación en la que no se ha podido demostrar que el dinero secuestrado sea parte de aquel sustraído al querellante. Madre del imputado que aportó documentación que justifica su tenencia. Revocación. Hacer lugar al pedido de devolución........................................................................................... 49 - Declinación de competencia. Dinero que fue secuestrado y es reclamada su entrega por quien fuera imputada y por la denunciante. Imputada respecto de quien se dictó un sobreseimiento que se encuentra firme. Dinero que no puede adjudicársele un origen ilícito. Cuestión que debe resolverse conforme lo refiere el art. 238 del CPPN. Revocación.................................................................................................................... 49 ESTAFA - En concurso ideal con falsificación de documento privado. Procesamiento. Imputada que no concurrió a trabajar y justificó su inasistencia con un certificado médico falso. Idoneidad del instrumento. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal. Confirmación modificando la calificación legal por estafa en concurso ideal con utilización de un documento privado falso. ....................................................... 50 - Sobreseimiento. Contrato de "fasón". Maniobra en la que no se advierte que el desprendimiento patrimonial haya sido consecuencia de un ardid o engaño. Ausencia del elemento típico. Victima que no tomó los recaudos mínimos y necesarios. Confirmación................................................................................................ 50 - Procesal en grado de tentativa. Procesamiento. Unidad de acción entre el hecho imputado y aquel por el que fuera desvinculado. Violación a la garantía del ne bis in ídem. Nulidad. Estar al sobreseimiento. ................. 52 - Procesamiento. Imputado que se retiró sin abonar. Elementos de prueba que permiten sostener que el imputado actuó desde un comienzo con la voluntad de proveerse de nafta y marcharse sin pagar. Confirmación. .................................................................................................................................................. 52 - Defraudación por retención indebida. Sobreseimiento. Imputada cuya pareja conviviente falleció y era titular registral del automóvil cuya entrega se reclama. Rodado respecto del cual la imputada alega tener derecho, habiendo aportado documentación que demuestra que luego del fallecimiento continuó abonando las cuotas del crédito gestionado para comprarlo. Vehículo que se encuentra dentro de la esfera de custodia de la imputada. Hecho atípico. Problemática que debe ser resuelta en el ámbito del derecho privado. Confirmación. .................................................................................................................................................. 53 - Estelionato. Procesamiento. Imputado que se habría apropiado indebidamente de un inmueble arrendándolo como propio, en perjuicio de los eventuales herederos. Atipicidad. Revocación. Sobreseimiento. ................ 53 ESTRAGO. - Culposo. Agravado por la muerte de una persona en concurso ideal con lesiones culposas graves. Procesamiento. Derrumbe parcial de pared medianera por no haber sido correctamente apuntalada que provocó que los damnificados, a quienes no se les había proveído de los elementos de seguridad -arnes-, cayeran y fueran aplastados. Imputados: Contratista y gerente titular de la firma y Director que, a su vez, era el constructor, calculista y ejecutor de la obra como ingeniero. Violación a los deberes de cuidado. Confirmación. .................................................................................................................................................. 54 EVASIÓN. - Culposa. Gendarme imputado por la evasión de un sujeto internado bajo su custodia e ingresado al nosocomio con heridas por armas de fuego. Custodiado que no revestía la calidad de detenido o condenado (art. 281, C.P.) porque aún debía ser correctamente identificado para determinar si era la persona respecto de la cual se había librado una orden de captura. Atipicidad. Posible incumplimiento de los deberes de funcionario público: Ausencia de un actuar doloso. Revocación. Sobreseimiento.......................................... 55 - Culposa. Procesamiento. Agravio: atipicidad debido a que la persona no estaba detenida. Persona demorada por una presunta contravención respecto de la cual la fiscalía actuante no dispuso su aprehensión. Revocación. Sobreseimiento............................................................................................................................ 55 EXCARCELACIÓN - Rechazada. Delitos imputados reprimidos con una penalidad máxima que supera la prevista en el art. 316 en función del art. 317, inc. 1 del C.P.P.N. Verificación de riesgos procesales: imputado que ha demostrado no querer someterse a los compromisos procesales, peligro de entorpecimiento de la investigación por intimidación a la damnificada. Características violentas del hecho. Dudoso arraigo. Obligación del Estado de proteger y garantizar la integridad física y psíquica de la mujer sometida a situación de violencia. Tiempo proporcionado de detención. Confirmación. Disidencia: Imputado procesado por lesiones agravadas por el vínculo en concurso ideal con amenazas coactivas. Causas en trámite por tentativa de robo cuya condena podría ser dejada en suspenso ante la ausencia de antecedentes condenatorios. Peligros procesales invocados que pueden ser neutralizados con otras medidas menos lesivas. Revocación. Concesión bajo caución real con la obligación de comparecer al tribunal quincenalmente, más la prohibición de acercarse a menos de doscientos metros del lugar donde se encuentre la víctima. ............................................................ 56 - Rechazada. Fiscal que se pronunció en forma favorable. Opinión no vinculante. Delito imputado reprimido con una penalidad máxima que no supera la prevista en el art. 316 en función del art. 317, inc. 1 del C.P.P.N. Verificación de riesgos procesales: imputado extranjero que no tiene arraigo y fue condenado en su país de origen en varias oportunidades, registrando allí una orden de detención y acá una causa en trámite. Tiempo proporcionado de detención. Confirmación. ......................................................................... 58 - Concedida. Imputado que fue declarado rebelde en dos oportunidades. Voluntad elusiva para cumplir con la obligación accesoria impuesta al concederle su excarcelación. Al momento de su detención se identificó con

VI

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un nombre y fecha de nacimiento falsos. Situación migratoria irregular. Arraigo dudoso. Revocación. Orden de captura..........................................................................................................................................................59 Rechazada. Robo simple. Registro de condenas y declaración de reincidente. Registro de distintas filiaciones en el Registro Nacional de Reincidencia. Ausencia de arraigo. Situación migratoria irregular. Riesgo de elusión. Confirmación. Disidencia: penas que se encuentran cumplidas. Ausencia de declaraciones de rebeldía. Situación de calle que no puede interpretarse como indicador de voluntad para eludir el proceso. Revocatoria. Caución juratoria.............................................................................................59 Rechazada. Imputado que se encuentra procesado con prisión preventiva por hurto. Antecedentes condenatorios. Posibilidad de imponer condena de efectivo cumplimiento, en caso de ser condenado. Imputado que se encuentra registrado bajo diversos nombres y aún no ha sido correctamente identificado. Tiempo de detención que no resulta desproporcionado. Prisión domiciliaria que ha sido rechazada sin haber sido sustanciada correctamente. Necesidad de solicitar informes ambientales y de salud. Confirmación.......60 Rechazada. Imputado procesado con prisión preventiva por ser considerado coautor del delito de robo, agravado por su comisión con un arma de utilería en grado de tentativa, en concurso real con el de robo simple tentado, todo lo cual concurre idealmente con resistencia a la autoridad. Pronunciamiento que adquirió firmeza. Ausencia de antecedentes condenatorios ni causa en trámite. Aportación de datos personales correctos desde el inicio de las actuaciones. Domicilio constatado junto a su familia. Existencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación habida cuenta que continúan prófugos dos personas que intervinieron en el suceso. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse una vez al mes ante el tribunal. ...............................................................................................................................61 Rechazada. Imputado procesado con prisión preventiva por robo agravado por su comisión con un arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación de arma de guerra y de uso civil sin la debida autorización legal y encubrimiento agravado por la supresión de la numeración de un arma de fuego. Pronunciamiento que se encuentra firme. Inexistencia de riesgos procesales. Aportación correcta de datos personales. Ausencia de antecedentes penales. Domicilio constatado. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse una vez al mes ante el tribunal y la prohibición de establecer cualquier tipo de contacto con la damnificada. ................................................................................................................62 Rechazada. Procesado por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Imputado que carece de antecedentes condenatorios y que se encuentra contenido familiarmente. Domicilio del hermano constatado. Ausencia de indicios que permitan presumir un peligro de fuga y/o de entorpecimiento en la investigación. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse mensualmente ante el tribunal y acreditar el inicio a un tratamiento psicológico por su adicción a los estupefacientes.....................................62 Rechazada. Asociación ilícita en calidad de jefa. Pena máxima prevista para el delito imputado que supera el límite de 8 años de prisión. Graves características de los sucesos. Riesgo de fuga. Posibles conductas futuras sobre víctimas o testigos. Entorpecimiento de la investigación. Confirmación. ..................................63 Rechazada. Imputado procesado por robo simple en concurso real con robo simple en grado de tentativa. Indicios de riesgo de fuga. Antecedentes condenatorios. Eventual condena que pueda recaer que será de efectivo cumplimiento y que deberá ser unificada con una anterior. Tiempo en detención no desproporcionado. Imputado anotado ante el R.N.R bajo dos pseudónimos distintos. Precario arraigo. Confirmación. ...................................................................................................................................................64 Rechazada. Procesamiento por hurto simple. Imputado que gozaba del beneficio de una suspensión del proceso a prueba en otra causa al momento de esta nueva aprehensión flagrante. Domicilio constatado, ausencia de antecedentes condenatorios, anotado en el R.N.R. bajo una única identidad. En detención durante 22 días, tiempo que resulta ser aproximado al mínimo de pena previsto para el delito de hurto. Principio de proporcionalidad (Doctrina "Peirano Basso"). Revocación. Concesión bajo caución real y la obligación de presentarse en el tribunal una vez al mes. ..................................................................................65 Rechazada. Imputado que pese registrar una condena de prisión en suspenso reciente que no se encuentra firme, se vio involucrado en nuevo proceso. Mendacidad al proporcionar el domicilio. Anotación en el Registro Nacional de Reincidencia con diferentes filiaciones. Ocultamiento de la verdadera identidad. Filiación aún desconocida. Riesgo de elusión. Huida emprendida en vehículo a alta velocidad con riesgo para terceros. Disidencia: condena que no se hallaba firme al momento del hecho. Correcta identificación al momento de la detención. Ausencia de rebeldía. Riesgo de elusión que puede ser morigerado sin necesidad de mantener el encierro cautelar. Revocatoria. Caución real............................................................................65 Rechazada. Hecho investigado: robo en poblado y en banda. Imputado sin antecedentes condenatorios, identificado correctamente y con arraigo. Ausencia de indicadores de riesgos de elusión. Registro de procesos en trámite paralelos. Revocación. Concesión bajo caución real y la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado........................................................................................................................67 Rechazada. Asociación ilícita en calidad de jefe. Pena máxima prevista para el delito imputado que supera los 8 años de prisión. Peligro de elusión. Jerarquía de funciones asignadas al imputado que evidencia que cuenta con los medios para entorpecer la investigación. Confirmación...........................................................67 Rechazada. Asociación ilícita -en calidad de miembro-, incumplimiento de los deberes de funcionario público y concusión. Pena máxima prevista para el delito imputado que supera el límite de 8 años y mínima que no habilita a eventual sanción en suspenso. Seriedad o gravedad del hecho: circunstancia válida para presumir la fuga del imputado. Características de la organización delictiva investigada formada por policías de distintas jerarquías. Imputado que en caso de encontrarse en libertad podría entorpecer la investigación, posibles conductas de hostigamiento o amedrentamiento sobre los testigos. Riesgo de obstaculización. Tiempo en detención no desproporcionado en relación a la gravedad de la imputación. Confirmación. ........68 VII

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. - Rechazada. Agravio de las defensas: falta de legitimación del acusador particular para actuar en este proceso por tener una sentencia condenatoria en perjuicio de la damnificada e inexistencia de un perjuicio directo que lo habilite a ser tenido como tal toda vez que no es heredero. Acusador privado que habría a una perjudicado a la misma víctima, en los mismos bienes jurídicos que aquí pretende proteger para luego beneficiarse económicamente. Necesidad de preservar el correcto desarrollo del proceso. Revocación. Apartamiento.................................................................................................................................................... 69 - Rechazada. Agravio de la defensa: Hecho atípico por aplicación del principio de insignificancia. Rechazo. Afectación al derecho de propiedad. Confirmación......................................................................................... 70 - Rechazada. Agravio de la defensa: Legitimados que no son ofendidos porque no han sido declarados herederos del causante. Delito investigado: Circunvención de incapaz. Sucesión en la cual se encuentra pendiente la declaratoria de herederos. Maniobra que, de verificarse, perjudicaría a los querellantes al verse afectada la porción de herencia. Sujeto pasivo: puede ser un sujeto distinto del menor o incapaz. Confirmación. .................................................................................................................................................. 71 - Rechazada. Agravio: Aplicación de la causal prevista en el art. 59 inc. 6° del CP por haberse logrado un acuerdo económico entre las partes. Causal invocada que ha perdido operatividad con el Decreto Ley 257/2015 que postergó su implementación. Confirmación. Disidencia: Causal que se aplica debido a que un Decreto del Poder Ejecutivo no puede suspender la aplicación de una norma de fondo. Revocación. ........... 71 - Rechazada. Delito de acción privada. Excepción de falta de acción basada en cuestiones probatorias y ajenas al instituto. Confirmación. Audiencia de conciliación que debió ser suspendida ante la presentación de la excepción de falta de acción y no concretada sin la presencia del imputado. Magistrado que debió suspenderla. Nulidad........................................................................................................................................ 72 - Rechazada. Agravio de la defensa: abuela del menor damnificado que no puede estar legitimada ante el fallecimiento de la madre debido a que el padre resulta ser quien tiene el vínculo más cercano. Rechazo. Excepción al art. 82, párrafo tercero del CPPN. Padre del niño por reside en el exterior y que otorgó oportunamente un poder a la abuela para ejercer la tenencia y garantizar sus derechos. Hecho de graves particularidades. Abuela legitimada que resulta ser la única pariente cercana mejor posicionada para ejercer las acciones que resguarden al menor. Confirmación...................................................................................... 73 EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - Rechazada. Falsa denuncia. Agravio: Pago del mínimo de la multa prevista. Rechazo. Delito que prevé pena alternativa de prisión o de multa. Causal de extinción que funciona para los delitos reprimidos únicamente con multa. Confirmación.................................................................................................................................. 74 - Por aplicación del art. 59, inc. 6 del CP rechazada. Lesiones agravadas. I- Legitimación de la actuación del auxiliar fiscal en la audiencia (Resolución PGN 103/08 y Art. 51, de la Ley 27.148). Disidencia: Ausencia del Fiscal General en la audiencia (Art. 454, C.P.P.N.). Recurso desierto. II. Acuerdo de conciliación suscripto entre las partes. Rechazo. Inaplicabilidad. Legislación que remite al Código Procesal Penal sancionado por la ley 27.063 cuya vigencia fue dejada en suspenso a través del Decreto Nº 257/2015). Investigación por hechos de violencia de género en los que han sido prohibidas las audiencias de conciliación o mediación para esta clase de conflictos. (Art. 28, Ley 26.485). Acuerdo suscripto por las partes para dar fin al conflicto que igualmente resultaría, cuanto menos, de dudosa aplicación para el caso. Confirmación ................................................................................................................................................... 74 - I) Auxiliar Fiscal: Análisis de la legitimación. Validez en tanto no exceda los motivos de agravio introducidos oportunamente en el recurso (arts. 51 y 52 de la ley 27.148). Disidencia: Actuación inválida. Manifestaciones en la audiencia que no serán tenidas en cuenta. II) Extinción de la acción penal rechazada. Agravio: Aplicación de la causal prevista en el art. 59 inc. 6° del CP por haberse logrado un acuerdo económico entre las partes. Instituto que perdió operatividad con la sanción del decreto/ley 257/15 que postergó la implementación del C.P.P.N. Confirmación. ................................................................................ 75 - Por desistimiento tácito de la querella y sobreseimiento. Inconstitucionalidad de oficio de los artículos 422, inciso 1º y 423 del CPPN por resultar opuestos a los postulados constitucionales y, en consecuencia, revocación del auto impugnado. Prosecución del trámite de la investigación. Disidencia: artículos 422, inciso 1º y 423 del CPPN que no afectan garantías constitucionales. Lapso transcurrido entre las dos presentaciones de la querella y modo de contar el plazo al que alude el artículo 422 inc. 1° del código de forma, conforme las previsiones del artículo 162 de ese digesto, que permiten concluir que no ha operado la causal de desistimiento tácito. Revocación...................................................................................................... 77 EXTORSIÓN - En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que exigió dinero a cambio de la devolución de un teléfono celular sustraído por autores no identificados. Pruebas que avalan los dichos de la víctima. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal. Confirmación. ............................................................. 79 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. - Público. Procesamiento. Apariencia de lo verdadero que no tiene que ser perfecta. Similitud de licencia con una auténtica. Confirmación. ........................................................................................................................... 79 FALSO TESTIMONIO - Sobreseimiento. Manifestación falsa vertida al ser preguntada por las generales de la ley y relatar las circunstancias en las cuales se habría conocido con quien es actora en el expediente laboral. Declaración

VIII

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que podría provocar en el juzgador un error acerca de mérito de tal exposición. Necesidad de profundizar la investigación. Revocación. ...............................................................................................................................79 - Procesamiento. Imputada que se pronunció falazmente en actuaciones donde su pareja estaba imputada. Agravio: Aplicación de la regla de exclusión del art. 242 del CPPN. Rechazo. Relación que no reúne las características de la unión convivencial señaladas en la normativa civil (arts. 509 y 510 del CCyC). Pareja que no convive. Confirmación..........................................................................................................................80 FISCAL "AD HOC". - Nulidad rechazada del requerimiento de elevación a juicio. Requerimiento presentado por una fiscal "ad hoc". Designación e intervención que debe ser analizada a la luz del control de los presupuestos de razonabilidad de los actos de gobierno (artículos 28, 31 y 120 de la Constitución Nacional). Resolución que la designa y prorroga su función que tiene fundamento en lo previsto por el art. 12 de la ley 27.148 que dispone que sólo tendra lugar este tipo de designaciones a raíz de la importancia o dificultad de un caso o fenómeno delictivo. Fundamento que no se compadece con la genérica atribución que se le otorgara. Requerimiento de elevación a juicio: acto de trascendental relevancia. Funcionaria no habilitada a estos fines (art. 167 inc. 1° y 2° del CPPN). Acto inválido. Revocación. Nulidad. Magistrado que deberá correr nueva vista. .......................................................................................................................................................80 - Representante del Ministerio Público Fiscal que acudió a la audiencia como "auxiliar fiscal". Resolución PGN 3866/16. Facultad para asistir a la audiencia. Arts. 44 inc. g y 51 inc. b. de la Ley 27.148. Procedencia.......................................................................................................................................................82 - Actuación de fiscal auxiliar que se ajusta a las disposiciones del art. 51 y 52 de la Ley 27.148 y que actuó bajo las instrucciones del fiscal titular. Validez de la intervención. Disidencia: Ausencia del fiscal general que invalida la actuación del fiscal auxiliar debido a que no se trata de un caso de flagrancia. Réplica inadmisible........................................................................................................................................................83 - Nulidad de dictamen. Juez que consideró que la intervención de los auxiliares fiscales no resulta de carácter general y corresponde exclusivamente para causas que tramiten bajo el régimen de flagrancia. Actuación de fiscal auxiliar que se ajusta a las disposiciones del art. 51 de la Ley 27.148. Actuación bajo instrucciones y supervisión del fiscal titular. Revocatoria. .......................................................................................................83 FLAGRANCIA (Ley 22.272). - Sobreseimiento. Fiscal que recurre. Defensa que se agravia porque entiende que el recurso fue mal concedido porque si la clausura de la instrucción no es recurrible en el procedimiento de flagrancia, resulta violatorio del principio de igualdad de armas que sí lo sea el auto que dispone la desincriminación. Rechazo. Procedimiento introducido por la ley 27.272 que no desplaza al art. 352 del CPPN sino que modifica la forma (introduce la oralidad). Existencia de un agravio de imposible reparación ulterior para el fiscal. Recurso bien concedido. Análisis del fondo. Revocación. ....................................................................84 - Suspensión del juicio a prueba rechazada. Fiscal que prestó su conformidad. Delito imputado que contempla un mínimo punitivo de tres años de prisión. Imputados que no registran antecedentes condenatorios ni procesos en trámite paralelo. Suceso que no presenta características violentas. Revocación. Suspensión del juicio a prueba. .................................................................................................................................................85 - Menores. Defensa que recurre la resolución que rechazó el planteo inconstitucionalidad de la ley 27.272 y no hizo lugar al pedido de que no se aplique el procedimiento allí previsto. Imputados que fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación y, al día siguiente, fueron traslados a una residencia socioeducativa debido a la ausencia de adultos que asumieran su cuidado, circunstancias que debilitan el argumento del recurrente referido a que la nueva normativa choca con la regulación específica del fuero penal de menores y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061. Principios de progresión y no regresividad que no se han visto vulnerados. Legislación que es compatible y no deroga la normativa especial prevista en la ley 22.278. Plazos previstos en la ley 27.272 que no aparecen en el caso como insuficientes. Investigación no compleja. Confirmación..................................................................................85 - Excarcelación rechazada. Fiscal que se opone a que se otorgue tal beneficio. Defensa que recurre y que, ante la ausencia del Fiscal General en la audiencia oral, solicita que se tenga por desistido del recurso. Recurso de apelación que se regula por el art. 454 y ss del CPPN. Rechazo del agravio.Excarcelación ya rechazada en la audiencia multipropósito, no recurrida. Nuevo pedido de excarcelación presentado una vez clausurada la instrucción. Confirmación. Disidencia: Penalidad prevista para el delito atribuido que permite hacer lugar a lo solicitado en función de la primera alternativa estipulada en el artículo 316, segundo párrafo, al que remite el artículo 317, inciso 1º del CPPN. Inexistencia de riesgos procesales que no puedan ser neutralizados de un modo menos lesivo. Escasa complejidad del suceso, prueba que ya ha sido recabada. Ausencia de declaraciones de rebeldía y de procesos en trámite paralelo. Registro de condenas que tornan necesario fijar una fianza para asegurar su futura comparecencia. Revocación. Concesión. ...........................87 - Excarcelación rechazada. Fiscal que no se opuso. Fiscal de cámara que rectificó la posición de su inferior jerárquico. Audiencia que debe tener carácter contradictorio (art. 353 bis del C.P.P.N.). Magistrado que debió resolver de manera favorable. Nulidad. Concesión bajo la caución que el magistrado estime adecuada. ..........................................................................................................................................................88 - Fiscal que apela la concesión de la excarcelación. Facultad precluída debido a que al llevarse a cabo la audiencia de clausura no solicitó la imposición de la prisión preventiva (art. 353 quinquies del CPPN). Principios de preclusión y progresividad. Recurso abstracto. ..........................................................................88

IX

- Excarcelación rechazada. Verificación de riegos procesales: elusión, registro de múltiples condenas y reincidencia. Tiempo que llevaba en detención que no es desproporcionado si se tiene en cuenta los acotados plazos previstos en la ley 27.272 de flagrancia y que el expediente ya fue elevado a juicio. Confirmación. .................................................................................................................................................. 89 - Imputados menores de edad. Defensa que recurre la resolución que rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.272 y no hizo lugar al pedido de que no se aplique el procedimiento allí previsto. Imputados que fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación y al día siguiente fueron entregados a un familiar o mayor responsable. Circunstancias que debilitan el argumento del recurrente referido a que la nueva normativa choca con la regulación específica del fuero penal de menores y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061. Principios de progresión y no regresividad que no se han visto vulnerados. Legislación que es compatible y no deroga la normativa especial prevista en la Ley 22.278. Plazos previstos en la Ley 27.272 que no aparecen en el caso como insuficientes. Investigación no compleja. Confirmación. ................................................................................ 89 - Audiencia multipropósito en la cual, luego de la declaración del imputado, del rechazo de las diligencias solicitadas por la defensa, el dictado de la prisión preventiva y el rechazo al pedido de excarcelación, el magistrado la transformó en una clausura del procedimiento (art. 353 quinquies del C.P.P.N.). Defensa que al dia siguiente plantea la nulidad de la clausura y de la elevación a juicio a juicio por no habérsele corrido el traslado previsto por el art. 349 del CPPN. Extemporaneidad del planteo. Principios de preclusión y progresividad. Recurso mal concedido. .......................................................................................................... 91 - Menores. Recurso de casación contra la resolución que confirmó el rechazo al planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.272 y rechazó la aplicación del procedimiento allí previsto. Conceder parcialmente el recurso respecto de la decisión que confirmó el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.272 por resultar la resolución equiparable a sentencia definitiva y rechazar parcialmente el planteo respecto de la objeción a aplicar el procedimiento mencionado por tratarse de una cuestión de carácter procesal............................................................................................................................................... 91 - Recurso de queja contra el auto que rechazó in limine el pedido de excarcelación, que fuera presentado al día siguiente del cierre de la audiencia multipropósito (Art. 353 quater del C.P.P.N.). Excarcelación oportunamente rechazada en la audiencia multipropósito y no recurrida. Principios de preclusión y progresividad. Rechazo.................................................................................................................................... 92 - Excarcelación rechazada. Verificación de riesgos procesales. Imputado que registra antecedentes condenatorios. Eventual sanción a imponer que no podrá ser de ejecución condicional. Identificación en los procesos con distintos nombres. Dudoso arraigo. Tiempo proporcionado de detención. Confirmación......... 92 - Nulidad de la decisión de adecuar el trámite al procedimiento de flagrancia. Fiscal que recurre. Imputada sorprendida inmediatamente después de cometido el hecho. Magistrado que, ante la oposición formulada por la defensa de que el proceso tramite como un proceso de flagrancia, tenía la posibilidad de disponer que la causa se sustancie de conformidad con las reglas comunes (art. 353 quarter, párrafo tercero del ritual), sin necesidad de declarar la nulidad recurrida por la fiscalía Revocación............................................................. 93 - Imputado menor de edad. Defensa que recurre la resolución que 1) no hizo lugar al pedido de que no se aplique el régimen de la ley 27.272 y 2) rechazó el planteo inconstitucionalidad de la norma. 1) Régimen especial cuya aplicación sólo procede a instancias del ministerio público fiscal. Caso en que la cuestión no ha precluído toda vez que el fiscal fundadamente abandonó su pretensión inicial. Revocación. Tramite común. 2) Agravio que no debe ser tratado debido a que se ha tornado inoficioso su análisis. Disidencia: 1) Planteo que no debe ser tratado debido a que se dirigió a cuestionar la aplicación de la ley para la generalidad de los casos en que pretenda ser aplicada a juicio de menores y no al caso concreto. 2) Caso en el que no se advierte que la aplicación de la legislación haya provocado un gravamen al menor. Confirmación. .................................................................................................................................................. 93 - Menores. Rechazo al pedido de que no se aplique a la investigación el régimen previsto por la Ley 27.272. Inconstitucionalidad rechazada. Régimen que no resulta compatible con el procedimiento especial previsto para los menores sometidos a un proceso penal. Revocación.Planteo de inconstitucionalidad cuyo pronunciamiento deviene inoficioso. ............................................................................................................... 95 - Excarcelación rechazada. Instrucción clausurada sin el dictado de la prisión preventiva. Detención del imputado que no fue regularizada (art. 353 quinquies, cuarto párrafo del CPPN). Revocatoria. Libertad...... 96 - Contienda entre dos juzgados correccionales (hoy llamados juzgados en lo criminal y correccional, a partir de la ley 27.308) para determinar quién debe pronunciarse respecto del acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes. Normativa que no realiza ninguna distinción respecto del tribunal que debe resolver un acuerdo de juicio abreviado pero establece que, de presentarse, el juez debe dictar un pronunciamiento de forma inmediata. Resolución que debe ser dictada por quien intervino primigeniamente............................................................................................................................................... 96 - Excarcelación rechazada. Fiscal que durante la audiencia celebrada bajo el procedimiento de flagrancia previsto en el art. 353bis del C.P.P.N., requirió la elevación a juicio y calificó el hecho como robo con armas en calidad de autor, siendo procesado por ése delito, imponiéndosele también la prisión preventiva. Ausencia de antecedentes condenatorios. Eventual sanción a dictarse en la presente que no podrá ser de ejecución condicional. Registrado bajo dos nombres distintos. Falta de arraigo. Inconducta procesal en una excarcelación otorgada en otro proceso. Confirmación. Exhortar a la Sra. Jueza de instrucción a la inmediata elevación de las actuaciones a juicio............................................................................................... 97 - Defensa que apela a) la solicitud de suspensión del proceso a prueba rechazada y b) el tipo y monto de la excarcelación impuesta. a) Audiencia realizada sin la intervención de la víctima por falta de notificación suficiente. Acto nulo (art. 76 bis párrafo tercero del C.P.) (art. 166, 167 inc. 2 y cctes. del C.P.P.N.). b) Fiscal que no se opone en la audiencia al pedido de excarcelación bajo caución juratoria. Ausencia de contradictorio. Nulidad del rechazo de la suspensión del proceso a prueba y de la decisión de caucionar la X

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

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libertad. Magistrado que debe devolver el monto de dinero depositado. Disidencia parcial: b) opinión del fiscal sobre libertad que no es vinculante. Trámite del sumario que debe continuar fijándose la audiencia prevista en el art. 454; CPPN para dar curso a la impugnación efectuada. ......................................................97 Menores. Defensa que recurre la resolución que 1) no hizo lugar al pedido de que no se aplique el régimen de la ley 27.272 y 2) planteó en forma subsidiaria la inconstitucionalidad de la norma. 1) Defensa que desde el inicio objetó la aplicación del procedimiento especial. Cuestión vinculada con el trámite que corresponde imprimir al proceso que no ha precluído. Fiscal General que compartió las pretensiones del recurrente. Ausencia de controversia entre las partes. Régimen especial cuya aplicación sólo procede a instancias del ministerio público fiscal. Principio de jerarquía en el vínculo de actuación entre los fiscales. Revocación. Tramite común. 2) Planteo de inconstitucionalidad que deviene abstracto. Disidencia: 1) Defensa que no dio cuenta de cual sería la complejidad concreta para la aplicación del nuevo régimen. Ausencia de perjuicio. Vigencia de la ley 22.278. Adhesión del fiscal vinculada con aspectos generales del régimen y no con circunstancias concretas. 2) Ausencia de gravamen que justifique la sanción pretendida. Proceder adecuado al art. 10 de las Reglas de Beijing. Confirmación. ...........................................................................................98 Sobreseimiento. Fiscal que recurre por escrito con posterioridad a la audiencia multipropósito. Agravio del Fiscal de Cámara: Auxiliar fiscal que concurrió a la audiencia multipropósito y no realizó planteos ni firmó debido a la postura adelantada por el magistrado de que no aceptaría la presencia de fiscales auxiliares en el acto por considerarlos inválidos. Principio de legalidad. Presentación extemporánea. Planteos que debió llevar a cabo la Fiscal Auxiliar durante la audiencia (art. 353 bis, tercer párrafo, de la ley 27.272). Confirmación. .................................................................................................................................................100 Excarcelación rechazada. 1) Defensa que, en el marco de la expresión de agravios ante la Cámara, habiendo recurrido sólo el rechazo de la excarcelación, solicita el sobreseimiento del imputado. Planteo improcedente. Defensa que interpone reposición y, previo traslado al fiscal, se resuelve señalándose que la ley 27.272 no modificó el régimen general de los recursos (ver arts. 353 bis y 353 quinquies, último párrafo del CPPN), por lo que la audiencia materializada en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación no puede ser equiparada a una audiencia multipropósito. No ha lugar. 2) Delito imputado que permite encuadrar la situación en el 1er supuesto previsto en el 2do. párrafo del artículo 316, en función del 317 inciso 1°, ambos del CPPN. Domicilio constatado. No registro de rebeldías ni capturas. Revocación. Concesión bajo caución real debiendo comparecer mensualmente ante el juzgado debido al antecedente condenatorio que registra................................................................................................................................102 Excarcelación rechazada. 1) Defensa que plantea que al no haberse presentado el Fiscal General en la audiencia ante la cámara, debe tenerse por desistido el recurso del inferior jerárquico. Legislación que no modificó el régimen de los recursos. Audiencia materializada en los términos del art. 454 del CPPN que no es equiparable a las audiencias multipropósito. Rechazo del planteo. Disidencia: La ausencia del Fiscal General importa el desistimiento del recurso. Revocación. Libertad. 2) Imputado procesado por robo en grado de tentativa. Indicadores de peligro de fuga. Situación migratoria irregular del prevenido. Confirmación. .................................................................................................................................................103 Excarcelación rechazada en audiencia bajo las previsiones de los arts. 353 quater y quinquies del C.P.P.N. (ley 27.272). Agravio de la defensa: reapertura de la clausura de instrucción a pedido del fiscal quien solicitó la imposición de la prisión preventiva. Facultad precluída. Improcedencia de la medida de coerción dispuesta. Revocación. Nulidad. Libertad. Declarar abstracto el tratamiento del recurso interpuesto contra el rechazo de la excarcelación. ...........................................................................................................................104 Suspensión del juicio a prueba rechazada. Fiscal que se opuso. Víctima que, notificada, manifestó expresamente que no deseaba concurrir. Dudoso arraigo. Identidad que no fue fehacientemente constatada. Imputado que posee paralelamente cuatro causas en trámite ante el fuero de menores. Confirmación.........106 Menores. Rechazo del planteo de no aplicación del nuevo régimen procesal (flagrancia) y de inconstitucionalidad de la norma en los procesos seguidos contra menores. Fiscal que se allanó a lo solicitado por la defensa. Ausencia de contradictorio. Revocación. Trámite que debe continuar bajo los lineamientos de la normativa procesal común. Planteo de inconstitucionalidad declarado abstracto............107 1) Excarcelación. Rechazada: Amenazas coactivas, amenazas simples, lesiones agravadas por tratarse de la pareja y atentado a la autoridad. Imputado que registra una condena de prisión en suspenso y, en caso de ser nuevamente condenado, ésta última no podrá ser dejada en suspenso, a lo que debe sumarse que se deberá revocar la condicionalidad y unificar con la mencionada en primer término. Registro de otra causa en trámite con fecha de debate fijada. Peligro de elusión. Posible entorpecimiento de la investigación por posibles conductas del imputado respecto de la damnificada y sus hijas. Confirmación. 2) Magistrado que dispuso que el sumario tramite bajo las prescripciones del proceso común, luego que el fiscal así lo solicitara en la audiencia multipropósito. Modificación del cuadro inicial por el cual se aplicó el régimen de la ley 27.272. Normativa que no prevé para el caso recurso de apelación para la defensa. Perjuicio no demostrado. Recurso de mal concedido. ........................................................................................................108 Suspensión de juicio a prueba rechazada. Audiencia en la que el fiscal de la instancia de origen prestó conformidad y la víctima no estuvo presente. Magistrado que se ha excedido en el ejercicio de su función. Decisiones que deben en adoptarse en audiencia pública y contradictoria y respetándose los principios de inmediación y bilateralidad. Audiencia que debe ser nuevamente convocada con participación de la víctima. Revocación. ....................................................................................................................................................108 Defensa que recurre la excarcelación rechazada en audiencia bajo las previsiones de los arts. 353 quater y quinquies del C.P.P.N. (ley 27.272) y plantea la nulidad de la detención, de la requisa, de la audiencia unificada por no haber obtenido copia previa del requerimiento de elevación a juicio y por existir una vía de XI

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apelación pendiente en relación a las medidas de prueba que solicitó y no se le hizo lugar. Unificación forzosa de la audiencia de clausura. Audio que da cuenta que la defensa que se opuso a la apertura, en el mismo acto, de la audiencia de clausura. Vicio que invalida el acto procesal celebrado (art. 166, CPPN y sgtes). Nulidad. Devolución de las actuaciones para que nuevamente se lleve a cabo la audiencia. Restantes planteos que se declaran abstractos. Magistrado que deberá elevar un legajo de apelación para resolver la cuestión relativa a la libertad. ........................................................................................................................ 109 Menores. Defensa que recurrió el auto que rechazó planteo 1) para que no se aplique el régimen de flagrancia y 2) la inconstitucionalidad de la ley en procesos seguidos a menores de edad. 1) Decisión a adoptar que debe ponderar las circunstancias concretas del caso y evaluar el trámite que mejor se adecua al interés superior del niño. Reglas especiales que no fueron observadas. Disposiciones procesales que se aplicaron de manera parcial, adaptación del procedimiento de flagrancia al régimen especial de menores de edad. Interés superior que podría verse afectado. Aplicación de reglas ordinarias que resulta más respetuosa de garantías constitucionales. Revocatoria. 2) Planteo de inconstitucionalidad que se tornó abstracto. Disidencia: 1) críticas que no fueron efectuadas en relación al hecho concreto. Ausencia de una oposición concreta. Se descartó la oposición al trámite de la flagrancia. 2) Declaración de inconstitucionalidad: acto de suma gravedad institucional. Imputado que tras la aplicación de la Ley 27.272 fue remitido a instituto de menores, posteriormente entregado a su padre y concurrió a la audiencia de flagrancia en libertad. Libertad ambulatoria que no fue comprometida. Procedimiento adecuado al art. 10 de las Reglas de Beijing. Principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Mejor resguardo de los derechos del imputado y mayor espectro a posibles soluciones alternativas. Sanción de nueva ley que no derogó Ley 22.278. Ausencia de demostración del perjuicio por la aplicación de la Ley 27.272. Confirmación. ........... 110 Suspensión del proceso a prueba rechazada. Fiscal que oportunamente prestó conformidad. Beneficio viable conforme la doctrina del fallo de la CSJN "Acosta". Opinión del fiscal que supera el control de legalidad y razonabilidad. Argumentos del magistrado no razonables. Revocación. Hacer lugar a la suspensión del proceso a prueba............................................................................................................................................. 113 Rechazo al pedido de que no se aplique a la investigación el régimen previsto por la Ley 27.272. Inconstitucionalidad rechazada. Régimen que no resulta compatible con el procedimiento especial previsto para los menores sometidos a un proceso penal. Incompatibilidad con la ley 22.278. Revocación. Planteo de inconstitucionalidad cuyo pronunciamiento deviene inoficioso. ................................................................... 113 Excarcelación rechazada y recurrida por la defensa. Fiscal que durante la audiencia celebrada bajo el procedimiento de flagrancia previsto en el art. 353bis del C.P.P.N., requirió la elevación a juicio y calificó el hecho como robo con escalamiento en grado de tentativa, imponiéndose a ambos imputados la prisión preventiva. Registro de antecedentes condenatorios. Eventual sanción a dictarse que no podrá ser de ejecución condicional. Actitud de ambos que demuestra un desapego al cumplimiento de las normas y una actitud proclive a la reiteración delictual de su parte, dado que las condenas impuestas no han incidido en la modificación de sus conductas. Falta de arraigo. Tiempo en detención que no luce desproporcionado. Confirmación. ................................................................................................................................................ 115 Suspensión del juicio a prueba rechazada. Fiscal de la instancia de origen que había prestado conformidad con el otorgamiento del beneficio y había solicitado la elevación a juicio por robo en grado de tentativa. Actuaciones a las que esta acumulada jurídicamente otra causa. Circunstancia ésta última que determina que los montos punitivos de los delitos reprochados no habiliten la concesión del instituto. Dictamen fiscal infundado. Confirmación. .............................................................................................................................. 116 Excarcelación rechazada. Audiencia multipropósito en la que la defensa solicitó la excarcelación, el fiscal la consintió bajo caución real, el juez la rechazó, solicitando el fiscal en el mismo acto la elevación a juicio y, seguidamente, la imposición de la prisión preventiva ante la pregunta en ése sentido formulada por el magistrado. Defensa que recurre. Opinión formulada por el fiscal, a instancias del magistrado, que no se encuentra motivada y resulta contradictoria con su postura favorable a la excarcelación. Magistrado que se excedió en su jurisdicción. Nulidad. Revocación. Disposición de inmediata libertad. Voto del vocal Pociello Argerich: Excarcelación que debió hacer sido concedida por no haberse opuesto el fiscal. Imputado que registra antecedentes. Libertad que debe ser caucionada. Revocación y concesión bajo caución real más la obligación de comparecer una vez por mes. Prisión preventiva que debe mantenerse hasta tanto se deposite el importe. ...................................................................................................................................................... 117 Suspensión del proceso a prueba rechazada. Fiscal de la instancia de origen que prestó conformidad. Argumentos del magistrado para rechazar lo solicitado que resultan irrazonables y carecen de sustento normativo. Caso en el que se encuentran presentes los supuestos para conceder el beneficio. Revocación. Concesión....................................................................................................................................................... 118 Recurso de queja contra el recurso de apelación rechazado respecto del auto que dictó la prisión preventiva de los imputados. Excarcelación previamente rechazada en la audiencia multipropósito y confirmada por la Alzada. Dictado de prisión preventiva que regularizó la privación de libertad. Doble conforme. Rechazo.......................................................................................................................................................... 119 Fiscal que recurre la resolución que dispuso, ante la declaración de rebeldía del imputado, continuar el trámite del sumario bajo el procedimiento común (ley 23.984). Audiencia que fue correctamente suspendida ante la ausencia y posterior declaración de rebeldía del imputado para garantizar el principio de bilateralidad. Contumacia que no resulta ser un impedimento para la reanudación del trámite bajo las pautas de flagrancia una vez habido el imputado. Curso de la causa que queda suspendido. Revocatoria del punto resolutivo que imprimió a la actuaciones el procedimiento de la ley 23.984. ............................................... 120 Menores. Defensa que planteó la no aplicación del régimen a procesos seguidos contra menores e inconstitucionalidad de la ley. Críticas que no aludieron al caso concreto. Menor trasladado a instituto de menores. Procedimiento dispuesto que se adecua a las Reglas de Beijing. Alegada imposibilidad de optar por el régimen común. Ausencia de violación a garantías de raigambre constitucional. Ausencia de XII

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perjuicio. Imputado al que se le otorgan todas las garantías del régimen común más obligación que todas las audiencias se deben realizar en forma oral y pública, respetando la inmediación, contradicción y bilateralidad. Legislación que no deroga la normativa especial prevista por la Ley 22.278. Confirmación. .................................................................................................................................................121 Defensa que recurre: a) el rechazo al pedido de extinción de la acción penal por acuerdo conciliatorio de conformidad con el fiscal (art.59 inc.6 CP); b) rechazo al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio y, c) rechazo de la excarcelación e imposición de la prisión preventiva. a) Actuación del fiscal que no fue una derivación razonada del derecho vigente (art. 69 del CPPN) y afectó el debido proceso. Nulidad del acuerdo conciliatorio. b) Validez del requerimiento de elevación a juicio; c) Pedido de prisión preventiva que carece de fundamento válido, ya que el acusador público estaría requiriendo esa medida cautelar para asegurar el cumplimiento de la pena efectiva a la que previamente había voluntariamente renunciado. Nulidad. Ausencia de contradictorio. Libertad. Disidencia parcial: a) Aplicación del principio general contenido en el artículo 2 del Código Penal que establece que se aplicará siempre la ley más benigna. Voluntad del fiscal de extinguir la acción penal, por lo que nos encontramos en la situación en la que el titular de la acción penal pública manifiesta que no quiere seguir con la acción penal. Validez del acuerdo conciliatorio. .....................................................................................................................................122 Excarcelación rechazada. Incomparecencia del fiscal a la audiencia que no debe ser tomada como un desistimiento del recurso. Imputado que registra antecedentes condenatorios. Eventual sanción a imponer que no podrá ser dejada en suspenso. Desapego al cumplimiento de las normas y una actitud proclive a la reiteración delictual. Tiempo en detención que no luce desproporcionado. Confirmación. Disidencia: Ausencia del Fiscal General a la audiencia que debe ser interpretada como un desistimiento del recurso. Revocación. Libertad......................................................................................................................................124 Rechazo del pedido de suspensión de juicio a prueba resuelto en la audiencia inicial. Defensa que recurre. Fiscal de la instancia de origen y Fiscal General que estan de acuerdo en que se otorgue la suspensión del juicio a prueba. Oposición que es vinculante, toda vez que supera el control de legalidad y razonabilidad. Necesidad de respetar los principios de contradicción y bilateralidad inculcados por la Ley 27.272 Revocación. ....................................................................................................................................................125 Nulidad rechazada. Procesamiento. Agravio de la defensa: Trámite nulo debido a que la no aplicación de la ley 27.272 privó al imputado de la rápida respuesta jurisdiccional que implican las audiencias multipropósito y de clausura, con particular incidencia en la definición de la libertad. Fiscal que debe aplicar la ley luego de verificados los requisitos de procedencia, siendo la defensa quien tiene la potestad de objetar el trámite de flagrancia o apelar su rechazo. Nulidad de la indagatoria, del procesamiento e impresión al sumario del trámite previsto en la Ley 27.272. Necesidad de ordenar con premura la audiencia multipropósito.................................................................................................................................................126 Suspensión del juicio a prueba rechazada en el marco de la audiencia de flagrancia (art. 353 quinquies del C.P.P.N.). Fiscal de primera instancia que se opone debido a que el imputado tiene una irregular situación migratoria, multiplicidad de nombres y domicilio incierto. Fiscal de Cámara que está a favor de la concesión pero no tachó de inválidos los fundamentos brindados por la fiscal de primera instancia. Argumentos que superan el control del razonabilidad y logicidad. Confirmación.........................................128 Excarcelación rechazada en el marco de la audiencia de flagrancia (art. 353 quinquies del C.P.P.N.). Penalidad prevista para el delito atribuído que permite hacer lugar a lo solicitado en función de la primera alternativa estipulada en el artículo 316, segundo párrafo, al que remite el artículo 317, inciso 1° del C.P.P.N. Fiscal que se pronunció de manera favorable. Inexistencia de riesgos procesales. Ausencia de procesos en trámite y declaraciones de rebeldía. Domicilio constatado. Suceso que se le endilga que no registra características violentas. Irregular situación migratoria que torna necesario fijar una fianza para asegurar su futura comparecencia. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de comparecer al tribunal cada quince días.........................................................................................................128 Fiscal que recurre la suspensión del juicio a prueba otorgada. Audiencia de clausura en la cual se resolvió lo solicitado sin haber dado previa intervención a la damnificada. Característica distintiva del régimen de flagrancia (ley 27272): celeridad, que debe necesariamente conciliarse con los recaudos legales para el válido otorgamiento de las soluciones alternativas posibles. Nulidad de la audiencia de clausura................129 Recurso de queja contra el rechazo de la apelación interpuesta respecto de la decisión de clausurar la instrucción y elevar a juicio las actuaciones. Ausencia de perjuicio y de gravamen irreparable. Defensa que guardó silencio cuando se impuso como procedimiento el régimen de la ley 27.272. Decisión cuestionada que dispone el avance de la causa hacia la próxima etapa. Rechazo..............................................................130 Excarcelación rechazada. 1) Defensa que se agravia porque la prisión preventiva fue impuesta de oficio por el juez y no fue solicitada por el fiscal. Rechazo del agravio. Excarcelación que fue pedida por la defensa a comienzos de la audiencia multipropósito y, con oposición del fiscal, fue rechazada por el magistrado y recurrida por la defensa. Audiencia de clausura en la cual el juez dictó la prisión preventiva, señalando la defensa que no iba a recurrirla por haber apelado oportunamente el rechazo al pedido de excarcelación. Garantía de defensa en juicio no menoscabada. Preclusión. 2) Imputado procesado por robo en grado de tentativa. Indicadores de peligro de fuga. Existencia de antecedentes condenatorios. Domicilio no constatado. Tiempo en detención que no surge desproporcionado frente a la pena en expectativa y su forma de cumplimiento. Confirmación. ....................................................................................................................131 Expediente al que se le imprimió el trámite común. Elevación de testimonios en consulta para determinar cual sería el correcto modo a aplicar. Procedimiento no previsto legalmente. Devolución. Disidencia parcial: Legislación que no faculta al magistrado a decidir el trámite a imponer. Nulidad de la elevación XIII

en consulta. .................................................................................................................................................... 132 - Nulidad rechazada. Defensa que planteó la nulidad del acta que plasma la consulta al fiscal donde dispuso aplicar el trámite común y no el de flagrancia. Normativa que no contempla la posibilidad de que la defensa propicie la aplicación del régimen de excepción - aunque sí a oponerse-. Recurso mal concedido. Disidencia: Procedimiento que permite al imputado y su defensa obtener una rápida respuesta del sistema, principalmente por permitir en su audiencia oral proponer soluciones alternativas al conflicto planteado, reducir la duración del trámite del legajo, una rápida respuesta al planteo liberatorio o, eventualmente, a la intervención de esta alzada en su revisión. Existencia de un agravio que permite la procedencia del recurso...................................................................................................................................................... 133 - Defensa que recurre el procesamiento con prisión preventiva centrando su agravio en que el fiscal no debió aplicar el trámite común sino aquél previsto por la ley 27.272 violentándose la garantía del debido proceso y vulnerándose el derecho de defensa en juicio. Normativa que no contempla la posibilidad de que la defensa propicie la aplicación del régimen de la ley 27.272 -aunque sí a oponerse-. Recurso mal concedido. Disidencia: Agravio procedente. Procedimiento que permite a la defensa obtener una rápida respuesta del sistema, principalmente por permitir en su audiencia oral proponer soluciones alternativas al conflicto planteado, reducir la duración del trámite del legajo, una rápida respuesta al planteo liberatorio o, eventualmente, a la intervención de esta alzada en su revisión. Procedencia del recurso. Decisión arbitraria del fiscal. ........................................................................................................................................................ 133 - Recurso de queja contra el rechazo de la apelación presentada respecto del auto que no hizo lugar a las medidas de prueba sugeridas por la defensa. Ley 27.272 que no contempla el supuesto en forma específica. Cuestión que debe regirse por las normas comunes del Código Procesal Penal de la Nación. Resolución irrecurrible. Rechazo...................................................................................................................................... 134 HABEAS CORPUS. - Incompetencia a favor de la justicia federal. Acto lesivo que tuvo lugar en una dependencia de la Gendarmería Nacional Argentina de esta ciudad. Situación que no se ajusta al precedente "Corrales" de la CSJN. Revocatoria......................................................................................................................................... 134 - Rechazado. Interpuesto mediante comunicación telefónica al juzgado de turno. Necesidad de ordenar una videoconferencia con el detenido para que sea ratificado y para que delimite el objeto de la presentación. Revocación..................................................................................................................................................... 135 - Colectivo rechazado. 1) Eventual reforma de la Ley 24.660 por parte del Poder Legislativo que no demuestra un actual perjuicio que requiera ser subsanado de manera urgente. 2) Inexistencia de oficinas de la Procuración General de la Nación dentro de las unidades penitenciarias que diligencien presentaciones judiciales de los detenidos: Circunstancia que no impide "el ejercicio de la defensa material". Confirmación. ................................................................................................................................................ 135 - Preventivo rechazado promovido por una mujer en su favor y en el de sus hijas debido al fallo emitido por la C.S.J.N. que dispone que las menores en su compañía deben ser restituídas al padre en Estados Unidos, bajo condiciones de seguridad, cuando allí existe una orden de captura emitida en su contra. Orden de captura respecto de la cual la accionante debe, ante el magistrado que la emitió, hacer valer sus derechos. Confirmación. ................................................................................................................................................ 135 - Desestimación. Detenido alojado en la Unidad 28 S.P.F., durante más de veinte días. Unidad de Tránsito. Acordadas 43/2016 y 8/2017 de la C.S.J.N. Revocación: realización de la audiencia del artículo 14 de la ley 23.098 con presencia de las autoridades del S.P.F......................................................................................... 136 - Preventivo rechazado. Presentación en la que no se vislumbra una amenaza cierta, concreta e inminente a la libertad de las mujeres que eventualmente van a participar en una movilización. No configuración de las hipótesis previstas en el artículo 3 de la Ley 23.098. Confirmación.............................................................. 136 - Interpuesto por un detenido. Presentación que debe ser ratificada mediante el sistema de video-conferencias para así tomar contacto con aquél y delimitar debidamente su objeto. Revocación. ..................................... 137 - Rechazado. Situación que no implica un agravamiento en las condiciones de detención y debe ser canalizada por otra vía. Confirmación. .......................................................................................................... 137 - Competencia. Situación que no se ajusta al precedente "Corrales" de la C.S.J.N. Acción individual. Ley 23.098: asigna competencia a los jueces nacional en lo criminal de instrucción cuando el acto lesivo emanado de autoridades del Servicio Penitenciario Federal- tuvo lugar en la Capital Federal y a los jueces de sección si sucedió en alguna provincia. No conformación de ninguna de las hipótesis previstas en el art. 3 de la ley 23.098. Confirmación. Disidencia: Alzada que resulta incompetente para intervenir. Cuestión que corresponde que sea resuelta por la justicia federal. Fallo C.S.J.N. "Nisman". Incompetencia a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. ................................................................. 137 HOMICIDIO - Culposo. Procesamiento. Obrero que había finalizado su trabajo en el techo de un galpón y subió para proteger la pared arreglada debido a la lluvia, sin tener puestos los elementos de seguridad, cayendo al pisar una chapa plástica y falleciendo como consecuencia de las heridas. Imputado: Persona que contrató los servicios. Relación contractual que no obligaba al imputado en los términos descriptos por la jueza de grado. Fallecimiento sucedido como consecuencia de una autopuesta en peligro. Revocación. Sobreseimiento............................................................................................................................................... 138 - Agravado por haber sido cometido con abuso de función por ser integrante de la fuerza policial en exceso de la legítima defensa. Procesamiento. Policía que disparó con su arma reglamentaria provocando la muerte del delincuente cuando al detener su auto en un semáforo en rojo se le acercaron dos sujetos en una motocicleta y el acompañante le exhibió su arma de fuego exigiéndole la entrega del rodado. Elementos de

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prueba insuficientes para agravar la situación procesal. Necesidad de realizar una amplia reconstrucción del hecho y ampliación de declaraciones testimoniales. Revocación. Falta de mérito.........................................140 Agravado por su comisión con arma de fuego. Procesamiento. Imputado: personal policial que, mientras circulaba en el móvil conducido por su compañero, en el marco de una persecución policial, efectuó varios disparos, impactando uno de ellos en el cuerpo de un vecino que se encontraba circunstancialmente en el lugar, que finalmente falleció. Agravio de la defensa: causa de justificación y error de prohibición indirecto e invensible. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal del imputado. Inobservancia de los requisitos del Reglamento General de Armas y Tiros. Ausencia de causas de justificación. Dolo homicida probado. Tipicidad. Confirmación. ..................................................................141 Culposo. Procesamiento. Imputados: directora de la obra, supervisor y capataz que omitieron apuntalar correctamente la pared medianera, desmoronándose y aplastando a un obrero que falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Elementos de prueba suficientes que permiten afirmar la responsabilidad en el hecho por parte de los imputados. Confirmación.........................................................142 Culposo. Procesamiento. Mujer que falleció al ser atropellada por un camión, al bajar el cordón de la vereda, por estar ésta última obstruida por la poda de árboles. Imputación: Encargado de la cuadrilla de la poda de árboles que no dispuso la colocación de bandas de seguridad. Hecho en el cual no se advierte de qué modo la colocación de tales elementos podrian haber evitado la producción del suceso, en tanto solo están destinados a restringir el paso de peatones a través de ese sector delimitado y no por fuera de él, tal como aconteció en el caso. Resultado que no fue consecuencia directa de una infracción atribuible al encargado de la cuadrilla. Revocación. Sobreseimiento.................................................................................144 Simple. Procesamiento. Agravio de la defensa: Elementos de prueba insuficientes para acreditar que el encausado efectuó la acción típica. Rechazo. Aspectos objetivos y subjetivos que permiten afirmar que hubo codominio del hecho por lo que corresponde atribuirle el resultado penalmente relevante. Confirmación. .................................................................................................................................................145 Culposo. Anestesiólogo que no estuvo presente en el quirófano durante la totalidad del procedimiento. Infracción que incidió en el resultado luctuoso y aumento el riesgo debido. Permanencia en el lugar que le hubiera permitido advertir que los latidos cardíacos habían comenzado a descender, incidiendo su infracción en el resultado por no haber actudo con la diligencia y rapidez que le era exigible. Confirmación...............145 En tentativa agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de un arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa. Procesamiento. Personal policial a quien le fue arrebatado su celular, que efectuó varios disparos con el arma reglamentaria sobre quien se encontraba como acompañante en una motocicleta mientras se daban a la fuga, impactando uno de los disparos en el casco que llevaba el acompañante, sufriendo éste último lesiones de carácter grave. Agravios: legítima defensa. Rechazo. Exceso en la legítima defensa. Confirmación...................................................................147 Culposo. Procesamiento. Conductor de colectivo que, con derecho de paso, infringió las disposiciones de tránsito al doblar y no respetar la prioridad del transeúnte que cruzaba con semáforo habilitante y por la senda peatonal, desencadenando su accionar el resultado luctuoso. Confirmación. ......................................148 En riña. Procesamiento. Figura legal que requiere la imposibilidad material de determinar quién de los intervinientes en el acometimiento tumultuoso resultó ser autor de la lesión que desencadenó la muerte del damnificado. Caso en el cual varios testigos señalaron a una persona que portaba un arma blanca y que no pudo ser individualizada. Fallecimiento sucedido por herida de arma blanca. Deficiente investigación. Resolución que no es una derivación razonada de los hechos. Nulidad.........................................................148 Culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor que superaba en más de 30 kilómetros/hora la velocidad máxima permitida en la zona. Procesamiento. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal. Velocidad que no ha sido objetivamente acreditada por ningún estudio, lo que de momento, impide agravar la conducta. Necesidad de profundizar la investigación al respecto. Confirmación. Modificación de la calificación por homicidio culposo producido por la conducción de un vehículo con motor...............................................................................................................................................................149

IMPEDIMENTO DE CONTACTO. - Denuncia formulada por el padre de la menor quien hace meses perdió contacto con su hija debido a que su progenitora se mudó a la ciudad de Ushuaia, circunstancia de la que tomó conocimiento a través de un mensaje de texto. Magistrado que ordenó la audiencia de contacto que prevé el art. 3 de la Ley 24.270 con la concurrencia de todas las partes. Defensor de Menores e Incapaces que se opone a su realización. Existencia ante el fuero civil de actuaciones en las cuales se ha judicializado el conflicto. Audiencia que corresponde que sea llevada a cabo ante el fuero especializado. Revocación................................................150 - Sobreseimiento. Madre de una menor de edad que habría impedido el contacto con el padre. Imputada que habría denunciado al querellante por abuso sexual. Causa que se encuentra trámite. Caso en el que no esta acreditado que hubo intención de obstruir la vinculación sino de proteger a la menor. Proceso de revinculación en sede civil que se encuentra en marcha. Atipicidad. Confirmación......................................151 - Sobreseimiento. Atipicidad. Imputada que no ha impedido el contacto. Denunciante que plantea objeciones sobre el lugar de residencia y situaciones respecto de los menores que corresponden que sean ventiladas ante el fuero civil. Confirmación. ...................................................................................................................152 IMPUTABILIDAD. - Sobreseimiento. Fiscal que apela. Circunstancias que rodearon el hecho que permiten sostener que el imputado comprendía la ilicitud de su conducta. Revocación. Procesamiento. .............................................152 XV

- Sobreseimiento. Fiscal que recurre. Informes que no descartan que el imputado haya comprendido la criminalidad del acto y la capacidad de dirigir sus acciones. Proceder que demuestra conocimiento del disvalor de la acción. Suministro correcto de datos personales. Elementos de prueba suficientes para agravar su situación procesal. Revocación. Procesamiento por robo agravado en lugar poblado y en banda. Disidencia: Informes médicos evaluados en conjunto y a la luz del accionar del imputado que permiten sostener que el imputado no comprendió la criminalidad de su accionar. Confirmación.............................. 153 - Procesamiento por robo simple en grado de tentativa. Agravio: Imputada que no comprendió la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones. Circunstancias que rodearon el hecho que permiten sostener que la imputada comprendía la ilicitud de su conducta. Rechazo. Confirmación............................ 154 INCENDIO. - Doloso en concurso real con coacción. Procesamiento. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal del imputado. Confirmación............................................................................................. 156 - Culposo. Agravado por la muerte de personas. Procesamiento. Incendio en un geriátrico compuesto por 4 niveles y 29 residentes de edad avanzada y algunos con movilidad reducida que se encontraban a cargo de una sola persona. Violación a los deberes de cuidado por parte del administrador del establecimiento toda vez que, de haber previsto la presencia de más personas, se hubiera podido detectar de manera más temprana el siniestro. Confirmación. ............................................................................................................. 157 INCUMPLIMIENTO DE DEBERES PROCESALES. - Procesamiento. Perito que pese a estar notificado por cédulas electrónicas, no presentó un informe pericial. Elementos que permiten sostener que no tuvo real conocimiento de la citación y, en consecuencia, no omitió deliberadamente cumplir con la orden. Revocación. Sobreseimiento............................................................ 158 INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO - Por omisión. Procesamiento. Personal policial que al ausentarse brevemente de la custodia, incumplió su función de consigna, posibilitado que dos individuos armados se acercaran al lugar y efectuaran disparos que impactaron en una persona a la que le provocaron heridas de gravedad. Confirmación......................... 158 INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.). - Fiscal que apela la resolución que no hizo lugar al sobreseimiento solicitado y devolvió las actuaciones en el marco del art. 196 del C.P.P.N. señalando las diligencias que debían llevarse a cabo. Posibilidad de ocasionar gravamen irreparable. Resolución del magistrado que importó una indicación de cauce propio de investigación. Magistrado que debe reasumir la investigación. Revocatoria................................................. 160 - Fiscal que recurre el auto por el cual el magistrado rechazó su pedido de que se llame a indagatoria al imputado y le devolvió las actuaciones. Magistrado que debe reasumir. Revocación. ................................. 160 - Fiscal que recurre el auto por el cual el magistrado le devolvió las actuaciones luego de recibir declaración indagatoria y de haber ordenado diligencias. Revocación. Magistrado que debe reasumir la investigación. ................................................................................................................................................. 160 - Fiscal que recurrió la resolución por la cual el magistrado no dispuso el sobreseimiento solicitado y devolvió las actuaciones. Actuaciones en las que se ha legitimado a la parte como querellante. Magistrado que debió, frente al dictamen fiscal, realizar el control de legalidad y resolver la desvinculación, ya sea por compartir el criterio de la titular de la acción o por no poder proceder por carecer del debido impulso, habilitando así la posibilidad de que la parte querellante interpusiera los correspondientes recursos. Nulidad........................................................................................................................................................... 161 - Fiscal que recurre la resolución por la cual el magistrado le devolvió las actuaciones para que profundice la investigación. Resolución dictada que no es una derivación razonada del derecho aplicable. Afectación a los derechos de los imputados. Nulidad............................................................................................................... 161 - Fiscal que apela la resolución del magistrado que 1) tuvo presente el sobreseimiento postulado respecto de un imputado, 2) no hizo lugar al llamado a indagatoria de otro imputado y devolvió las actuaciones en el marco de la delegación oportunamente dispuesta. 1) Actuaciones en las que la parte no ha sido legitimada y el fiscal, luego de ratificar la denuncia, postuló la desvinculación de un imputado del proceso. Dictamen que, al no haber sido declarado nulo, superó el test de negativo de legalidad. Violación al principio de "ne procedat iudex ex officio". Nulidad parcial de la resolución. 2) Fiscal que, luego de circunscribir el objeto procesal y reseñar la prueba, encontró reunido el estado de sospecha que exige el artículo 294 del CPPN. Magistrado que, no estando de acuerdo, debió reasumir la investigación. Revocación parcial..................... 162 - Fiscal que solicitó se recibiera declaración indagatoria al imputado. Magistrado que no hizo lugar y devolvió las actuaciones indicando diligencias a realizar. Decisión jurisdiccional que no resulta una derivación razonada del derecho aplicable (art. 123, CPPN). Nulidad.......................................................... 163 LESIONES - Culposas leves. Procesamiento. Imputado que brindó una versión completamente distinta a la del denunciante respecto a la ocurrencia del hecho y señaló que los testigos presenciales serían amigos de aquél en la red social "Facebook". Necesidad de convocar a los testigos que habrían auxiliado al damnificado y ahondar en la relación preexistente entre la víctima y los testigos por él aportados. Revocación. Falta de mérito. ............................................................................................................................................................ 163 - Culposas leves. Procesamiento. Imputado que operó un vehículo aéreo conocido como "Drone" en una plaza pública y perdió el control del mismo y cayendo el objeto sobre tres personas y produciéndoles lesiones de carácter leve constatadas por el C.M.F. Agravio: Descripción del hecho en donde no se puntualizó concretamente cuál fue la violación del deber de cuidado que por acción u omisión produjo las XVI

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lesiones descriptas. Inexistencia de una norma que regule el vuelo de los vehículos aéreos no tripulados al momento de los hechos. Rechazo. Caso en el cual ha habido una violación al deber de cuidado que surge de las reglas de convivencia. Artefacto operado en una zona densamente poblada. Confirmación....................164 Culposas. Procesamiento. Imputado que durante un recital, mientras manejaba un drone para llevar a cabo una grabación, perdió el control del aparato y golpeó en el rostro a una persona que resultó lesionado. Violación al deber de cuidado que tenía a su cargo el imputado. Resolución 527/2015 de la Administración Nacional de Aviación Civil aplicable por tratarse de un vehículo aéreo no tripulado. Confirmación. ..........165 Culposas. Procesamiento. Perro que salió de su vivienda y mordió a transeúnte. Imputado que alegó que el perro se escapó cuando intentaba ingresar al garaje con su vehículo. Omisión de adoptar recaudos para controlar las mascotas ante el ingreso al garaje. Confirmación......................................................................165 Culposas graves. Procesamiento. Médico cirujano que omitió alertar al anestesiólogo que iba a utilizar el electrobisturí para que éste dejara de suministrar oxígeno por la "bigotera" a la paciente. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal del imputado. Confirmación.......................................166 Leves recíprocas. Procesamiento. Agravio: Actuación en legítima defensa (inc. 6º del art. 34 del CPN). Análisis de la estructura de la causal de justificación invocada. Procedencia. Revocación. Sobreseimiento (art. 336 inciso 5º del CPPN, en función del inc. 6º del art. 34 del CP). ........................................................167 Leves. Sobreseimiento. Motociclista que embistió a un peatón causándole lesiones leves. Delito de instancia privada. Damnificado que manifestó que no deseaba instar la acción penal.Inexistencia de proceso. Revocación. Imposibilidad de proceder.Archivo. ..........................................................................................168 Culposas graves. Procesamiento. Damnificado que sufrió un paro cardiorespiratorio debido al agotamiento del oxígeno disponible en los tanques de una ambulancia -a los que debía estar conectado en forma permanente- mientras era trasladado en forma programada. Necesidad de profundizar la investigación para delimitar responsabilidades Revocación. Falta de mérito. .............................................................................168 Leves culposas. Sobreseimiento. Imputado: Chofer de una empresa que no aseguró con precintos de seguridad las puertas del contenedor que transportaba, abriéndose una de las hojas al realizar un giro y golpeando en la cabeza y espalda a un operario que estaba trabajando, provocándole lesiones. Medidas de seguridad que no fueron adoptadas correctamente (Anexo I, artículo 56 inciso g) del decreto 779/95 que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito por remisión del artículo 9.5.1. inciso e) de la ley 2.148 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Conductor que estaba obligado a colocar precintos de seguridad (Ley 2148). Revocación. Procesamiento por lesiones leves culposas.....................................................................169

MEDIDA CAUTELAR. - Rechazada. Damnificado que solicita una interdicción para evitar el cobro de unos cheques. Verosimilitud del derecho no demostrada. Estado incipiente de la causa. Confirmación. ....................................................170 MEDIDA DE SEGURIDAD - Internación bajo las condiciones del dispositivo de internación "PRISMA" (art. 34 inc. 1 del C.P.) con control a cargo del Juzgado de Ejecución Penal. Imputado declarado oportunamente inimputable y sobreseído. Confirmación...............................................................................................................................171 - Sobreseimiento del imputado por inimputabilidad. Fiscal que recurre el punto que dispuso la internación a disposición de un magistrado civil. Cese de jurisdicción para el magistrado penal. Confirmación...............171 - Aprehensión e internación de los menores. Agravios: Menores que no tuvieron conocimiento efectivo de la citación. Rechazo. Magistrado que tiene un rol tuitivo por ser los imputados menores de edad que lo faculta y obliga a adoptar medidas para su custodia y protección integral (artículo 1° in fine y 3 de la Ley 22.278). Episodio que, por las particulares características y, debido a la imposibilidad de tomar contacto directo con aquéllos, permiten presumir un posible estado de abandono o peligro. Confirmación. .................................172 MEDIDAS DE PRUEBA. - Informes psicológicos y psiquiátricos del imputado. Posible afectación de la garantía de autoincriminación forzada. Imputado que se niega a someterse a los exámenes. Revocatoria. ...................................................173 - Procesamiento. Agravios: Afectación al derecho de defensa debido a que las versiones sobre los hechos fueron brindadas por testigos de identidad reservada. Validez. Revocatoria parcial del procesamiento debido a que los elementos reunidos respecto del hecho no son suficientes. Falta de mérito y confirmación parcial respecto de otro hecho. Disidencia parcial: práctica prevista para casos excepcionales. Necesidad de revelar la identidad de los testigos en caso de disponerse el procesamiento. .............................................................173 - Reconocimiento en fila de personas solicitado por el fiscal. Actuaciones con autor desconocido. Juez que dispuso que la fiscalía lleve a cabo la medida. Diligencia vedada al Ministerio Público Fiscal. Acto irreproducible y definitivo. Revocatoria.........................................................................................................175 - Abuso sexual. Extracción compulsiva de muestras biológicas al imputado para examen comparativo de ADN y de grupo sanguíneo. Defensa que alegó la afectación de derechos fundamentales ante la negativa del imputado para la realización de la medida. Ausencia de violación de las garantías constitucionales. Medida razonable y proporcional a la gravedad del hecho atribuido. Vinculación con el objeto procesal del sumario. Confirmación. .................................................................................................................................................175 MENOR - Dispuesto tutelarmente. Agravio de la defensa: Necesidad de que cese la disposición y que el menor quede a cargo del órgano administrativo correspondiente debido a que, en razón de su edad, será declarado XVII

inimputable y en consecuencia sobreseído. Análisis de la legislación nacional e internacional aplicable al caso y de la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal. Caso en el que no se ha restringido la libertad, sino que sólo se ha designado a un equipo interdisciplinario para que evalúe el desarrollo del medio social y condiciones de vida y se solicitó al Cuerpo Médico Forense la realización de un amplio estudio que permita recabar la mayor cantidad de información posible acerca de su nivel madurativo, la existencia de situaciones traumáticas en su historia personal y establecer el tipo de abordaje más adecuado para su tratamiento con el fin de priorizar el mejor interés del niño. Confirmación................................................................................ 176 - Sobreseimiento por inimputabilidad. Agravio: Desvinculación porque el delito no fue cometido por la imputada. Rechazo. Prueba suficiente que acredita la comisión de los hechos y su participación. Confirmación. ................................................................................................................................................ 177 - Que cumplió los 18 años de edad y fue trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Defensa que recurrió el rechazo al pedido de permanencia del imputado en instituto para jóvenes adultos. Establecimiento del S.P.F. en el cual podrá recibir adecuada atención acorde a su franja etaria (18 a 21 años de edad). Legajo de disposición tutelar del cual no surgen motivos que impidan convalidar la medida. Confirmación. Disidencia: enjuiciamiento que se rige por las disposiciones de la ley 22.278. Referencia al fallo "Maldonado" de la C.S.J.N. Reglas de Beijing. Modificación en las condiciones de alojamiento que no acarrearían ventaja para lograr una adecuada inserción social. ..................................................................... 177 - Sobreseimiento por inimputabilidad en razón de su edad. Agravio de la defensa: Hecho no acreditado. Desvinculación que debe realizarse por aplicación del inciso 2º del art. 336 del C.P.P.N. Procedencia. Materialidad del hecho no comprobada. Modificación. Sobreseimiento por aplicación del inciso 2º del art. 336 del C.P.P.N.............................................................................................................................................. 179 NULIDAD - Rechazada. Exhibición a la víctima de un registro fotográfico de personas con antecedentes penales en sede policial antes de que los enjuiciados estuvieren imputados. Actuación válida (Art. 270 del C.P.P.N.). Confirmación. ................................................................................................................................................ 180 - Rechazada del procedimiento policial. Detención materializada por los datos aportados por un testigo. Validez. Confirmación. .................................................................................................................................. 180 - De todo lo actuado. Denuncia realizada luego de que se llevara cabo la compra de una computadora con programas instalados sin la licencia correspondiente, con intervención posterior de una notaria que fajó el bien y lo traslado a su oficina hasta que la autoridad judicial se la solicitó. Garantías constitucionales que no han sido vulneradas. Actuación válida. Cadena de custodia respecto de la cual no se advierte indicios para presumir que haya sido alterada. Revocación. ............................................................................................... 181 - Robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. Procesamiento. Imputados que fueron detenidos sin que el personal policial estuviera autorizado a interceptarlos. Nulidad del acta de detención y de lo actuado en consecuencia. Actuaciones en las que no existe un curso de prueba independiente. Sobreseimiento............................................................................................................................................... 182 - Rechazada contra las presentaciones y declaraciones que dan cuenta de la estrategia de la defensa. Agravio: imputado que refiere que su letrado lo engaño para suscribir un descargo en el que reconocía circunstancias que no eran ciertas y que se negara a declarar. Actuación que no se vislumbra que haya sido ejercida para perjudicar al imputado. Apelante que no precisó cuál fue el medio de que se valió el letrado para “engañarlo” y hacerle suscribir los escritos. Confirmación. .......................................................................... 183 - Rechazada. Contra el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Fiscal. Agravio: violación al principio de congruencia. Presentación que contiene los datos del imputado, una relación clara, precisa y detallada del hecho, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda. Plataforma fáctica no alterada. Confirmación................................................................................................ 184 - Retención inicial por particular. Inmediata intervención del funcionario policial y consulta telefónica con el juzgado de turno que dispuso la detención del imputado. Accionar que contó con el debido control judicial. Ausencia de vicio. Validez............................................................................................................................. 185 - Rechazada. Agravio de la defensa: detención sin orden judicial, llevada a cabo por particulares. ILegitimación de la actuación del auxiliar fiscal en la audiencia (Resolución PGN 103/08 y art. 51 de la ley 27.148). II- Validez de la detención. Damnificados que engañaron al imputado entreteniéndolo hasta la llegada policial. Inexistencia de una restricción a la libertad. Legalidad de la actuación policial quien realizó la correspondiente consulta al secretario del juzgado de turno (art.18 CN, y 283, C.P.P.N). Confirmación. Disidencia: Inadmisibilidad de la réplica formulada por el auxiliar fiscal..................................................... 186 - Rechazada. Contra el procedimiento del personal policial por el cual se intercepto a una persona con fines identificatorios debido a la reacción de nerviosismo mostrada al advertir la presencia. Cuestionamiento del accionar desplegado cuando, ante la ausencia de un documento de identificación, se le requirió que exhibiera sus pertenencias, rechazando en ése momento el demorado una llamada entrante en un celular que exhibió. Elementos objetivos razonables y debidamente fundados para actuar bajo una situación excepcional y de urgencia (art. 230 bis del C.P.P.N.). Confirmación............................................................ 187 - Rechazada. Agravio de la defensa: Detención y requisa sin orden judicial injustificada. Rechazo. Actitud sospechosa de los imputados (art. 184, inc. 5, y 230 bis del CPPN.). Validez. Existencia de "causa probable". Vehículo en el cual, a través de las ventanillas, podía observarse, en el asiento trasero, dos ruedas completas, guantes de trabajo y herramientas. Confirmación........................................................................ 188 - Rechazada. Denuncia efectuada por la madre de una menor de edad que fuera abusada sexualmente, ante la noticia brindada por un obispo de Iglesia Mormona que tomó conocimiento de los hechos en secreto de confesión del imputado. Agravio de la defensa: Violación del secreto de confesión. Rechazo. Revelación que importó alertar una posible reiteración en un futuro inmediato debido a que la menor convivía con el imputado. Revelación efectuada con justa causa. Confirmación. .................................................................. 190 XVIII

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - Rechazada contra la detención y requisa del imputado. Imputado en poder de una bicicleta nueva que, ante la mirada del personal policial, se mostró nervioso e intentó retirarse. Circunstancias objetivas que reflejan indicios vehementes de culpabilidad. Interceptación policial válida. Validez de la requisa y secuestro de los objetos. Confirmación ....................................................................................................................................191 - Rechazada. Allanamiento y registro en el domicilio de la querellante en el cual se secuestraron muestras para la realización del estudio de histocompatibilidad. Medida necesaria para la dilucidación del caso debido a que se investiga la posible alteración del estado civil de un niño. Modo en que se llevó a cabo que no admite cuestionamientos en el orden constitucional, pese a la evidente tensión entre el derecho a la intimidad de sus ocupantes y la necesidad de su realización. Confirmación..................................................193 - De la medida que dispuso el relevamiento en hospitales públicos para determinar el ingreso de heridos de bala, de lo actuado y del sobreseimiento. Validez de la diligencia ordenada. Garantías constitucionales no violentadas. Revocación. Disidencia: Violación del deber de confidencialidad (art. 19 CN) y afectación la garantía que tiene toda persona a no ser obligada a declarar contra sí misma (art. 18, CN). Confirmación. .................................................................................................................................................194 - Rechazada. Defensa que alegó afectación del derecho del imputado a ser oído al rechazarse la ampliación de la declaración indagatoria y en consecuencia requirió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio. Causa con procesamiento firme. Presentación de la defensa efectuada el mismo día que las actuaciones fueron recibidas en la fiscalía. Requerimiento que no resulta invalido. Confirmación. .................................197 - Rechazada. Agravio de la defensa: omisión de ser notificada de la concertación de la entrevista del art. 250 bis del C.P.P.N. Rechazo. Modo distinto de llevar a cabo una declaración testimonial para evitar la interrogación directa del tribunal o las partes en casos de menores que han sufrido hechos que importen lesiones y delitos contra la integridad sexual, para hacerlo a través de facultativos especializados. Garantías constitucionales no violentadas. Ausencia de perjuicio. Confirmación. ........................................................197 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL - Procedencia. Fiscalía que recurre haciendo hincapié en la existencia de una causa paralela en trámite. Irrelevancia. Actuaciones paralelas en las que no hay sentencia condenatoria. Transcurso del máximo de la pena prevista para el delito imputado sin causas de interrupción. Confirmación...........................................198 - Sobreseimiento. Procesamiento por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesaria. Acto del partícipe que esta ligado al hecho ajeno -típico y antijurídico- y, por tanto, a todas las consecuencias que de éste se deriven. Aportes anteriores o concomitantes con el hecho principal: cómputo desde la consumación o el comienzo de ejecución de aquél. No transcurso del plazo máximo. Revocación....................................198 - Sobreseimiento. Fiscalía que tipifica la conducta con un delito más grave. Descripción del hecho imputado que impide descartar el delito de abandono de persona seguida de muerte. Vigencia de la acción penal. Revocatoria.....................................................................................................................................................199 - Rechazada. Defraudación por circunvención de incapaz en concurso ideal con estafa procesal en grado de tentativa. Único hecho con tipicidad plural. Cómputo del plazo desde el cual comienza a correr el término de la prescripción: último acto positivo del imputado. Confirmación............................................................200 - Rechazada. Magistrado que calificó los hechos bajo la figura prevista en el art. 163, inc. 3° del CP. Proceso en el cual la imputación, de conformidad con los acusadores, siempre fue la de hurto simple. Subsunción sorpresiva del magistrado que atenta contra el derecho de defensa en juicio. Acción que se encuentra prescripta. Revocación. Extinción de la acción penal y sobreseimiento. .......................................................200 - Sobreseimiento. Falsificación de documento (art. 292 primer párrafo del CP). Querella que reclama que el hecho es constitutivo de una estafa procesal. Rechazo. Presentación realizada en el juicio civil de manera extemporánea por lo que no pudo haber generado error alguno al magistrado. Confirmación......................201 - Sobreseimiento. Imputado por abuso sexual de una menor de trece años y de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado contra otra damnificada. Convocatoria a prestar declaración indagatoria materializada cuando había transcurrido el máximo de la pena prevista para los delitos imputados. Fiscal que pretende se apliquen los principios jurídicos que motivaron posteriormente el dictado de la ley 27.206 por haberse comprometido oportunamente la Argentina a dictar las normas de protección como Estado parte en la Convención del Niño. Prevalencia del principio de legalidad (art. 18 de la C.N.) y de la prohibición de la aplicación retroactiva. Ley aplicable que debe ser la vigente a la fecha en la que se han cometido presuntamente los episodios (art. 2 del CP.) Delitos imputados que no pueden ser catalogados como de lesa humanidad, en los términos de la CSJN, para que opere asi la excepción y el hecho no pierda vigencia por el transcurso del tiempo. Confirmación..............................................................................................................201 - Sobreseimiento. Necesidad de que los hechos se encuentren delimitados de manera precisa. Debe computarse la calificación legal más gravosa que razonablemente pueda aplicarse. Hecho en el cual no puede descartarse que se haya cometido el delito previsto en el artículo 293 del CP. Acción no prescripta. Revocación. ....................................................................................................................................................204 PRIVACIÓN ELEGÍTIMA DE LA LIBERTAD. - Lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas coactivas. Sobreseimiento. Hecho que tuvo lugar en un ámbito de intimidad que debe ser valorado conforme a las pautas establecidas en la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer" y la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belem Do Pará-". Fiscal al que asiste razón toda vez que los elementos son suficientes para agravar la situación procesal. Conducta del imputado que ha limitado el ámbito espacial de la víctima. Presencia de los elementos típicos de la figura XIX

prevista en el art. 141 del CP. Lesiones constatadas. Revocación. Procesamiento por lesiones leves agravadas por el vínculo, privación ilegal de la libertad y amenazas coactivas, en concurso ideal entre sí..................................................................................................................................................................... 205 PROCESAMIENTO. - Por lesiones culposas leves. Defensa oficial que se agravia debido a que se ha violentado la garantía procesal de la prohibición del doble juzgamiento. Imputada que ya ha sido beneficiada por un juzgado contravencional con una suspensión del proceso a prueba por el término de seis meses, declarándose extinguida la acción y disponiendo su sobreseimiento por haber conducido con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (art. 111 del C.C), situación constatada cuando fuera detenida en ocasión del accidente vial en el que se produjo lesiones a la aquí damnificada. Nulidad. Sobreseimiento............................................................................................................................................... 206 PROPIEDAD INTELECTUAL (Ley 11.723). - Defraudación a la propiedad intelectual (arts. 71 y 72, inciso "a" y "c", de la ley 11.723. Procesamiento. Ausencia de dolo. Imputado que advirtió, tanto en el título como en la posdata, que se trataba de un experimento literario conocido como "engorde". Aceptación legítima de dicho procedimiento. Edición llevada a cabo con fines educativos y sin la voluntad de defraudar los derechos de autor. Atipicidad. Revocación. Sobreseimiento.......................................................................................................................... 207 QUERELLANTE - Legitimación activa rechazada. Exigencia del pago de lo adeudado bajo la amenaza, en caso de incumplimiento, de acudir a los medios de comunicación masiva para desprestigiar a los denunciantes. Posible encuadre en la figura prevista por el art. 169 del CP. Revocatoria. Legitimación. ........................... 213 - Unificación de personería. Familiares directos de la víctima. Intereses comunes. Plural concurrencia de representantes. Criterios tenidos en cuenta para unificar la representación que lucen correctos. Confirmación. ................................................................................................................................................ 213 - Apelación por parte de una de las querellas contra el auto que repone a otro en su carácter de acusador particular. Ausencia de agravio. Mal concedido............................................................................................ 213 - Separación del rol de querellante. Empresa oportunamente legitimada como querellante que sólo tiene dos socios respecto de los cuales se dispuso posteriormente convocarlos a prestar declaración indagatoria. Confirmación. ................................................................................................................................................ 214 - En solitario que recurre el sobreseimiento. Fiscal que no recurre. Necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva. Aplicación de la doctrina del fallo "Santillán". Revocatoria. Disidencia: Ausencia de requerimiento fiscal que, ante la falta de adhesión del fiscal de Cámara al recurso de la querella, limita el recurso a la revisión de aspectos formales. Confirmación. ............................................................................................... 214 - Apelación interpuesta por la pretensa querellante contra el auto que sobreseyó a los imputados y no hizo lugar a su pedido de ser tenida como parte. Hecho en el que se no se advierte que los imputados hubieran inducido a la víctima a error mediante un ardid, para provocar una disposición patrimonial perjudicial ni se encuentran presentes los elementos del tipo penal de la usura. Legitimación activa improcedente por no configurar el hecho delito alguno. Confirmación. ......................................................................................... 215 - En solitario que recurre el sobreseimiento. Desvinculación resuelta por el magistrado debido a que, tanto el fiscal de la instancia de origen como el general, no requirieron la elevación a juicio. Necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva a la parte legitimada. Fallos de la CSJN "Quiroga" y "Santillán". Revocación..... 216 - Legitimación activa rechazada. Representante de una S.R.L. Supuesta falsificación de facturas y posible defraudación en perjuicio de la empresa y/o de la A.F.I.P. Revocación. Legitimación................................. 217 - Legitimación activa rechazada. Socio accionista de una sociedad anónima que pretende querellar individualmente a los directores. Directorio presuntamente implicado. Acción "ut singuli": Procedencia. Revocación..................................................................................................................................................... 217 REBELDÍA - Fiscal que recurre. Imputado respecto del cual, al momento de disponer su libertad, no se le impuso ninguna obligación ni se lo convocó para realizar medida alguna. Imposibilidad de concluir que no compareció voluntariamente. Revocación......................................................................................................................... 218 - Pedido de captura. Imputado citado a indagatoria que justifica con anterioridad inasistencia por razones de fuerza mayor que le impiden viajar, manifestando intención de que se lleve a cabo aún a través de videoconferencia y adjuntando certificado médico en idioma italiano. Expediente en el que se ha aportado lugar de residencia, teléfono y correo electrónico. Revocación..................................................................... 218 - Magistrado que dispuso la averiguación de paradero y el archivo de la causa. Imputado que fue notificado personalmente de que su incomparecencia injustificada acarrearía su contumacia, no informando el cambio de domicilio. Revocación. Rebeldía. Orden de captura y detención.............................................................. 219 - Elementos que no permiten afirmar que la imputada estaba en conocimiento de la existencia de las actuaciones. Revocatoria................................................................................................................................ 219 - Disposición de captura. Imputado denunciado nuevamente por un hecho de violencia doméstica respecto del cual se dispuso recibirle declaración indagatoria, allanar el domicilio y detenerlo. Registro de otra causa en donde se lo condenó por un hecho del mismo tenor a cumplir una pena (sentencia no firme) y se lo excarceló habiéndosele impuesto la obligación de cumplir con las disposiciones del juzgado civil -no tener contacto con la denunciante ni sus hijos. Desapego al cumplimiento de las normas. Imputado que no tiene conocimiento de la formación de la nueva causa. Caso en el que corresponde admitir la restricción de su libertad a fin de asegurar el correcto accionar de la justicia. Confirmación. ................................................. 219 XX

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

RECURSO DE APELACIÓN. - Extracción de testimonios. Fiscal que recurre por considerar que se trata de un único hecho. Rechazo. Hechos diferentes y escindibles. No afectación a la garantía del "non bis in idem". Mal concedido. ...........220 - Contra el auto que rechaza el planteo de nulidad efectuado por la defensa, respecto del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, alegando encontrarse en desacuerdo con la valoración efectuada. Agravios esbozados por el recurrente que no critican el razonamiento del juez de grado, sino que se limitan a manifestar su disenso con la decisión recurrida. Posible intento del apelante bajo el ropaje de una nulidad, de lograr una nueva revisión de la situación procesal de su asistido y, consecuentemente, evitar el avance de las presentes actuaciones a la etapa de juicio oral. Improcedencia. (Art. 347 C.P.P.N.). Mal concedido......220 - Contra el sobreseimiento del imputado interpuesto por el fiscal. Auxiliar fiscal que concurrió a expresar agravios en representación del Ministerio Público Fiscal. Análisis de la Resolución PGN 3777/16. Actuación de los fiscales auxiliares que se encuentra limitada a los casos de flagrancia y sus apelaciones. Recurso declarado desierto.............................................................................................................................221 RECURSO DE CASACIÓN - Contra la resolución que revocó el sobreseimiento de los imputados y dispuso el procesamiento. Resolución que no es una sentencia definitiva y tampoco pone fin al proceso. Rechazo. Disidencia: Derecho a la doble instancia insatisfecho. Hacer lugar. ................................................................................................................223 - Contra la resolución que confirmó la imposición de una medida cautelar: abstenerse de concurrir a estadios de futbol en ocasión de espectáculos deportivos durante seis meses luego de lo cual se deberá realizar una nueva evaluación. Agravios: Aplicación de una pena anticipada que implica una vulneración al art. 18 del CN. Medida susceptible de generar de un perjuicio de imposible reparación ulterior. Concesión. ...............224 - Contra la resolución que confirma el rechazo de nulidades y el procesamiento. Decisiones que implican la continuación del proceso. No demostración de un agravio de imposible reparación que autorice a su equiparación a sentencia definitiva. Rechazo. ................................................................................................224 RECURSO DE QUEJA. - Contra el rechazo al recurso de apelación interpuesto respecto de las negativas a ordenar una prohibición de contacto solicitada por la querella. Letrado notificado del rechazo el 27 y 30 de diciembre, que el 10 de enero solicitó la habilitación de la feria, recurriendo las resoluciones. Magistrado que habilitó la feria a partir del 2 de enero y declaró extemporáneos los recursos. Resolución retroactiva que truncó la pretensión recursiva. Existencia de agravio. Hacer lugar. Conceder. ..............................................................................224 - Contra la decisión del magistrado que resolvió no hacer lugar al pedido de allanamiento solicitado por la fiscalía. Resolución que podría menoscabar el ejercicio de la acción penal pública y causar gravamen irreparable en los términos del art. 449 del C. P. P. Hacer lugar. Conceder...................................................225 - Contra el auto que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la defensa. Procesamiento dictado y notificado a la Defensoría Oficial. Imputado que una hora antes de vencer el plazo establecido para recurrir la resolución mencionada, solicitó revocar aquella asistencia y propuso a abogados particulares que solicitaron la suspensión de los plazos. Requerimiento éste último que no se encuentra previsto. Apelación correctamente denegada por extemporánea. No hacer lugar. .........................................226 - Contra el rechazo del recurso de apelación del auto que ordenó la obtención compulsiva de muestras biológicas para estudio comparativo de ADN. Cuestión que involucra una discusión sobre los alcances de la garantía que proscribe la autoincriminación forzada. Medida que podría causar gravamen de imposible reparación ulterior. Procedencia. Hacer lugar. ...............................................................................................226 RECURSO DE REPOSICIÓN. - Interpuesto por el Fiscal de Cámara contra la providencia que declaró desierta la apelación deducida por el fiscal de la instancia de origen. Agravio: Silencio al momento del emplazamiento que no habilita a considerar desierto el recurso. Normativa que refiere que el fiscal de cámara debe manifestar, en su caso, si mantiene o no el recurso deducido (art. 453 del CPPN). Rechazo. Disidencia: Interpretación del art. 453 del CPPP, para el Ministerio Público Fiscal, dentro de los parámetros del art. 443 del mismo ordenamiento ("Garzoli", CCC Sala I, causa nº 31.549, rta. 11/7/2007). Hacer Lugar.........................................................227 RECUSACIÓN. - Causal: demora en la tramitación del expediente. Falta de adecuación a los supuestos previstos en el art. 55 del C.P.P.N.). Rechazo. ..................................................................................................................................227 REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO. - Nulidad rechazada. Agravio de la defensa: invalidez por haber introducido un hecho que no fue considerado en el auto de procesamiento. Afectación al principio de congruencia. Revocación parcial. Nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio en relación al suceso calificado como tentativa de robo agravado por su comisión con un arma de utilería y en poblado y en banda. ......................................................................228 - Nulidad por falta de motivación. Fiscal que recurre. Dictamen que se encuentra motivado. Consideraciones referidas por el magistrado en cuanto a la ponderación de la prueba que no son causal de nulidad. Revocación. ....................................................................................................................................................229

XXI

- Nulidad rechazada. Calificación en el requerimiento de elevación que introdujo un extremo que no integró la imputación. Imputación que fue esencialmente modificada. Afectación a la intervención del imputado, derecho de defensa y debido proceso. Revocatoria. Nulidad. Disidencia: recurrente que no pudo precisar cuál había sido la mutación del sustento fáctico entre la intimación y el requerimiento de elevación a juicio y no explicó como se vio sorprendido en el ejercicio de la defensa. Confirmación. ..................................... 229 RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. - Procesamiento. Hecho en el cual existen serias dudas en torno a la imputabilidad debido al resultado que tuvo el test de alcoholemia practicado nueve horas después del hecho. Endeble cuadro cargoso. Actuaciones en las que no restan medidas pendientes. Revocación. Sobreseimiento (artículo 336, inciso 5°, del CPPN). Libertad. ......................................................................................................................................................... 230 - Procesamiento. Imputado que al intentar ser identificado por personal policial esgrimió una cadena en cuyo extremo pendía un candado y realizó movimientos. Actitud que tuvo como objetivo a impedir el acto propio de la función. Tipicidad. Elementos de prueba suficientes. Confirmación.................................................... 231 - Procesamiento. Hecho en el que no se advierte que el personal policial haya tenido que emplear una fuerza superior a la ordinaria para lograr reducir al imputado. Revocación. Sobreseimiento. Tratamiento abstracto de la obligación impuesta al concederle la excarcelación.............................................................................. 231 - Procesamiento. Imputado que agredió a los agentes de tránsito del GCBA para impedir que labraran el acta de infracción y procedieran a la remoción de su vehículo mal estacionado. Agravio: legítima defensa. Inadmisibilidad. Elementos de prueba que permiten afirmar que no hubo un obrar abusivo o arbitrario por parte de los funcionarios. Confirmación. ....................................................................................................... 232 - Sobreseimiento. Imputado que al intentar ser identificado habría reaccionado violentamente contra el preventor, propinándole un golpe de puño en su rostro. Lesión constatada por el médico legista. Agravios del acusador público que deben ser atendidos. Elementos suficientes para convocar al inculpado a prestar declaración indagatoria (art. 294 del CPPN). Revocación............................................................................. 232 ROBO - Agravado por haber sido perpetrado con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en grado de tentativa, en concurso real con portación de arma de fuego sin la debida autorización legal. Coautoría. Procesamiento. Hecho: Imputados que interceptaron a una persona en la calle, siendo sólo uno de ellos quien apuntó con el arma a la víctima en la cabeza y la desapoderó. Elementos de prueba suficientes para acreditar que todos los imputados participaron en el hecho. Imputados que tomaron parte activa en la realización típica, desempeñando distintos roles en función de una división de tareas previamente consensuada. Codominio funcional del hecho. Coautoría. Informe pericial que da cuenta que el revólver secuestrado no estaba en condiciones inmediatas de uso. Tenencia. Confirmación del procesamiento con la aclaración de que deberá responder como coautor del delito de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se acreditó en grado de tentativa, en concurso real con tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal. ............................................................................................. 233 - Agravado por el uso de armas. Procesamiento. Damnificado que al ser asaltado, persiguió a sus atacantes y reconoció a uno de ellos en la fotografía del registro de conducir que se le cayó durante la huída. Testimonio de la víctima suficiente para descartar la versión del imputado y dar por cierta su intervención en el hecho. Confirmación. ............................................................................................................................ 234 - Agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que se ubicó al lado de una bicicleta para sacar de su mochila un "cortacadenas", dando aviso el damnificado al personal policial de lo que estaba sucediendo, siendo detenido luego de intentar fugarse, secuestrándosele de entre sus ropas una pinza de corte. Elementos de prueba suficientes. Comienzo de ejecución del delito: actos que resultan inmediatamente anteriores al comienzo de ejecución típica y que importan peligro para el bien jurídico. Confirmación.................................................................................... 234 - Procesamiento. Agravio de la defensa: hecho cometido sin violencia. Imputado que forcejeó con violencia para lograr sustraer el celular. Rechazo. Confirmación. ................................................................................ 235 - Procesamiento. Agravio: principio de insignificancia. Principio no previsto en la legislación de fondo. Bien jurídico protegido: derecho a la propiedad. Hecho que implicó despliegue de violencia física. Imposibilidad de afirmar que se trató de una acción insignificante desde la perspectiva jurídico penal. Confirmación...... 235 - Agravado en grado de tentativa. Bicicleta. Vehículo que fue dejado en la vía pública y no se encontraba bajo la esfera de custodia de su propietario. Situación en la que se verifica la indefensión que reclama la significación jurídica. Confirmación. Disidencia: Bien que no puede considerarse vehículo. No aplicación de la agravante. Robo simple. ........................................................................................................................ 236 - En poblado y en banda. Procesamiento. Mayor poder vulnerante que implica el actuar en conjunto. Agravante que se configura con la concurrencia de al menos tres personas de manera conjunta y dirigida a la comisión del hecho. Confirmación. Disidencia parcial: no concurrencia de la agravante "en banda" porque no se desmotró que sus participantes integren una asociación ilícita. Robo simple. ......................... 237 - En grado de tentativa. Procesamiento. Intento de apoderamiento de un volante de un vehículo dejado en la calle en evidente estado de abandono. Autoridades de la Ciudad que habían anunciado la remoción del vehículo. Objeto abandonado y desprovisto de valor. Revocatoria. Sobreseimiento. ................................... 237 - Procesamiento. Agravio: Defensa que alega que su defendido no actuó de campana y no tenía conocimiento de que su compañero iba a sustraer algo del baño. Sustracción de una tapa de inodoro con sus respectivos tornillos del sanitario de discapacitados de un comercio. Persona en situación de calle que alega que acompaño al baño al coimputado como habitualmente lo hacía. Revocación. Sobreseimiento. ................... 238 - En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que ocultó mercadería entre sus ropas con la finalidad de no abonarlas. Propósito que se vio frustrado por circunstancias ajenas a su voluntad. Alegado principio de XXII

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insignificancia que no se encuentra previsto en la legislación de fondo. Imputado que entabló forcejeo con los encargados del comercio. Acción que no puede considerarse insignificante desde la perspectiva jurídico penal. Confirmación. ......................................................................................................................................239 En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que habría arrebatado una mochila con pertenencias que tenía la damnificada en su poder. Reproche basado principalmente en los dichos de la victima en el que no se advierte que hubiera actuado con ánimo de perjudicar al imputado, a quien no conocía e identificó como quien momentos antes sería el autor del siniestro. Confirmación. Disidencia: falta de elementos objetivos que permitan acreditar la materialidad del hecho y la intervención del imputado en él. Revocación. Sobreseimiento. ..............................................................................................................................................240 Con arma. Procesamiento. Utilización de un caño de color negro, doblado en un extremo y con un encendedor sujeto con cinta aisladora. Objeto que igualmente se subsume en las hipótesis que agravan la conducta en los términos del artículo 166 inciso 2° del Código Penal porque su utilización privó a la víctima - o al menos disminuyó - su posibilidad efectiva de resistencia. Confirmación.............................................241 Agravado por su comisión con armas, en grado de tentativa, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y amenazas coactivas. Procesamiento. Agravio del fiscal: Aplicación del agravante del art. 41 quater e imposición de la prisión preventiva. Procedencia. Agravante que se aplica con la sólo intervención en el hecho de un menor sin necesidad de acreditar especiales intenciones de los "mayores". Confirmación modificando la calificación legal por robo agravado por su comisión con armas, en grado de tentativa, agravado por la intervención de menores de 18 años de edad, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y amenazas coactivas. Decretar la prisión preventiva. Disidencia: No aplicación de la agravante debido a que no se advierte que el mayor haya querido descargar en el menor su responsabilidad. Caso en el que no debe imponerse la prisión preventiva. Confirmación.............................242 Calificado por haberse ocasionado lesiones graves. Procesamiento. Agravio de la defensa: hecho que debe ser calificado como robo en lugar poblado y en banda en grado de tentativa sin que ese suceso abarque las lesiones padecidas las que deben ser catalogadas de imprudentes y concursar idealmente con la sustracción. Colisión de vehículos producida en circunstancias en que los imputados conducían en contra mano escapando de la policía. Imputados que no llegaron a consumar el apoderamiento de los bienes sustraídos. Modificación del encuadre legal. Confirmación parcial. Robo calificado por haberse provocado lesiones graves, en grado de tentativa. Disidencia parcial: Verificación de las lesiones que traen como consecuencia que el robo se tenga por consumado, independientemente de que los autores no hayan logrado apoderarse de los bienes. Confirmación. ...............................................................................................................................243

SOBRESEIMIENTO. - Por no constituir los hechos investigados delito alguno (art. 336 inc. 3º del C.P.P.N.). Querella que recurre. Fiscal que tramitó las actuaciones por aplicación del art. 196 bis del C.P.P.N. y solicitó el archivo en los términos del art. 213, inc. "d" del mismo código. Resolución adoptada que no se ajusta a derecho. Jurisdicción que no se encontraba habilitada para expedirse. Nulidad del dictamen fiscal y todo lo actuado en consecuencia. .............................................................................................................................................245 - Recurrido por el fiscal. Actuaciones iniciadas de oficio por tentativa de homicidio. Investigación en la cual se determinó que la conducta quedó subsumida en un delito dependiente de instancia privada, lesiones leves agravadas por el vínculo respecto del cual la víctima no quiso instar la acción. Validez de lo actuado. Investigación que debe proseguir por haber tenido el correspondiente impulso procesal. Revocación. Magistrado que debe resolver la situación procesal del imputado. Disidencia: Víctima que no instó la acción. Imposibilidad de proceder de oficio. Confirmación...........................................................................245 - Delito de instancia privada en el que la víctima señaló no querer instar la acción. Fiscal que solicitó el archivo por no poder proceder. Magistrado que entendió que al haber una persona imputada, debía desvinculárselo con un sobreseimiento. Actuaciones en las que no puede hablarse formalmente de una "causa" debido a que no ha habido instancia de acción penal. Decisión prematura que privaría a la damnificada de instarla posteriormente. Magistrado que debe archivar las actuaciones por no poder proceder con la formal iniciación de la causa en contra del imputado. Nulidad. ..........................................................246 SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA - Defensa que recurre la imposición como regla de conducta de una prohibición de conducir automotores por el plazo de un año. Imposibilidad de imponer la prohibición a la luz de la naturaleza del instituto. Sanción incompatible. Revocatoria parcial. .................................................................................................................247 - Rechazada. Procesamiento por robo en poblado y en banda, en concurso real con robo agravado por su comisión con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede ser acreditada. Fiscal que requirió la elevación a juicio y se opuso al beneficio solicitado por tratarse de hechos violentos contra personas vulnerables por su minoridad. Voto de Lucini: Oposición del fiscal que es vinculante, toda vez que supera el control de legalidad y razonabilidad. Voto de González Palazzo: Adhesión al voto de Lucini, aclarando que la oposición del fiscal no es vinculante en ninguno de los supuestos del art. 76 bis del CP. Confirmación. .................................................................................................................................................247 - Rechazada. Magistrado y querella que entendieron que la reparación económica ofrecida no era suficiente. Requisito para la procedencia del instituto: ofrecimiento de compensación. Fiscal que no se opuso. Ofrecimiento que implica el destino del 30% del salario. Reparación integral que puede ser buscada a través de la vía civil. Revocación. Concesión, debiendo la juez de grado fijar sus términos. ..................................248

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- Rechazada. Voto del vocal Pinto: Hechos que se enmarcan en supuestos de violencia de género. Solicitud que para tener acogida favorable, debe contar con el consentimiento del fiscal -superado el test de legalidad y razonabilidad-, situación que no es la del caso a resolver. Víctima que no aceptó la reparación ofrecida. Supuesto abarcado por la doctrina emanada del fallo Góngora de la C.S.J.N. Confirmación. Voto del vocal Pociello Argerich: Opinión del fiscal que no es vinculante en ninguno de los supuestos. Doctrina emanada del fallo Góngora que debe ser receptada. Confirmación. ............................................................................. 248 - Rechazada. Pena contemplada para el delito imputado que supera en abstracto los tres años de prisión. Obstáculo éste último que no impide hacer lugar a lo solicitado. Fiscal que prestó conformidad. Revocatoria. Procedencia............................................................................................................................... 250 - Revocada. Imputado que se vio involucrado en nuevo suceso durante el período de control por el que fue procesado. Principio de inocencia. Ausencia de pronunciamiento condenatorio firme. Revocatoria. .......... 250 - Concedida. Resolución en la que se fijó en concepto de reparación de daño una suma superior a la ofrecida por el imputado. Legislación que no faculta al órgano jurisdiccional a establecer discrecionalmente el monto sino que refiere que la reparación debe ser ofrecida "en la medida de lo posible". Situación del imputado que no es holgada. Damnificado que ha referido tener interés en la reparación económica, sin importar el monto. Revocatoria. ....................................................................................................................................... 250 SUSPENSION DEL TRÁMITE DE LA CAUSA POR INCAPACIDAD SOBREVINIENTE DEL IMPUTADO (art. 77 del CPPN). - Situación prevista por la norma que no resultaría aplicable al caso toda vez que de las constancias de la causa se refleja que la alteración podría haber existido al momento de la producirse el hecho que se le imputa. Necesidad de estar a la espera de las diligencias ordenadas. Revocación. ....................................... 251 SUSTRACCIÓN DE MENORES. - Procesamiento. Padre no conviviente de un menor de edad que retiró a su hijo del domicilio de residencia. Elementos reunidos que permiten afirmar que no hubo intención de sacar al menor de la esfera de custodia de la madre. Atipicidad. Revocación. Sobreseimiento................................................................................... 251 USURPACIÓN DE TÍTULOS Y HONORES. - Sobreseimiento. Imputado a quien se le atribuyó haber llevado adelante acciones alcanzadas por la actividad de corredor inmobiliario sin estar matriculado. Diferencias entre “usurpar un título” y “ejercer tareas propias de una actividad reglamentada sin reunir la calidad requerida”. Actuaciones en las que no se ha verificado que el imputado se haya arrogado un título del que carece. Atipicidad. Confirmación................................. 252 - Procesamiento. Imputado que, sin título habilitante, ostentó y ejerció como abogado. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal. Confirmación. ....................................................................... 253 VIOLACIÓN DE SELLOS. - Procesamiento. Violación de las fajas de cierre impuestas al momento de clausurarse un inmueble por estar vinculada la actividad comercial con la facilitación de la prostitución. Indicios suficientes para sostener que el imputado tenía un interés personal de índole lucrativo para acceder al lugar. Confirmación. Revocación parcial. Reducción del monto del embargo.................................................................................................... 254 VIOLENCIA DE GÉNERO. - Violencia doméstica. Coacción en concurso ideal con lesiones agravadas por el vínculo. Procesamiento. Exposición de la víctima ante la Oficina Violencia Doméstica. Damnificada que no fue citada a ratificar sus dichos en sede judicial o en la comisaría. Exposición ante la OVD que resulta suficiente para continuar con el proceso. Elementos de prueba que permiten agravar la imputación. Confirmación. Disidencia: Exposición de la victima que debe entenderse como "notitia criminis". Necesidad de convocar a la víctima para que declare con las formalidades requeridas por el ordenamiento. Revocación. Falta de mérito. ....................... 254 - Defensa que recurre la resolución que la cual el magistrado se inhibió de seguir interviniendo en las actuaciones ante el pedido realizado por un magistrado federal en el cual tramitan actuaciones que tienen vinculación. Investigación de la que surgiría que la provisión ilegítima de medicamentos a la víctima tenía como presunto objetivo llevar a cabo delitos sexuales o atentar contra la integridad física, situación que vulnera la salud pública, dada la cantidad de medicamentos involucrados. Confirmación. .......................... 256 - Tentativa de femicidio. Procesamiento. Agravios: lesiones que no tuvieron entidad suficiente para ocasionar su muerte y ausencia de elementos que permitan atribuir al imputado una actitud misógina, requisito indispensable para configurar el tipo penal del art. 80 inc. 11 del Código Penal. Rechazo. Cantidad y tipo de lesiones verificadas en zonas vitales del cuerpo de la damnificada que pudieron derivar en su muerte. Elementos de prueba que impiden desechar la hipótesis homicida. Restante agravio que pierde virtualidad por ser la asignación jurídica, en esta etapa, provisoria y, fundamentalmente, porque no se advierte incidencia directa en otros institutos que amerite su tratamiento. Confirmación. ......................................... 256 - Violencia doméstica. Procesamiento. Lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo. Padre que agrede físicamente a su hija. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal. Confirmación. ................................................................................................................................................ 257 - Violencia doméstica. Lesiones leves dolosas agravadas. Procesamiento. Lesiones que no se encuentran constatadas. Conducta que podría subsumirse en el hostigamiento (art. 52, CCCABA). Revocación. Falta de mérito. Declinación de competencia a favor de la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires............................................................................................................... 258

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional VIOLENCIA DOMÉSTICA. - Suspensión del juicio a prueba. Rechazada. Lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo. Diferencias con el precedente "Góngora" de la C.S.J.N. Expresa conformidad del fiscal para el otorgamiento de la probation. Revocatoria. Procedencia. .............................................................................................................258 VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (Ley 23.184). - Homicidio y lesiones agravados con arma y abuso de arma de fuego, calificados por ser en ocasión de un espectáculo deportivo. Instigadores y participes necesarios. Imposición de una medida cautelar: Abstenerse de concurrir a estadios de fútbol en ocasión de espectáculos deportivos. Pelea entre dos grupos pertenecientes al mismo club, por la conducción de la barra oficial. Episodios que se vinculan con una puja de poder por manejos espurios con claros fines económicos. Confirmación. Medida cautelar que debe ser reevaluada cada seis meses.............................................................................................................................260

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ABOGADO. Apartamiento del rol de defensor. Agravio: Violación al derecho de elegir al abogado de confianza. Letrado que fue citado como testigo en las actuaciones. Incompatibilidad. Confirmación. Fallo "(...) en carácter de letrado particular de V. J. C. y G. G. C. contra la decisión del juez de instrucción de separarlo del rol de defensor por incompatibilidad con su carácter de testigo, para lo cual fue citado (decreto de fs. ...). (...). Limitados al planteo recursivo, que se ciñó a alegar una violación al derecho de los imputados de elegir a su abogado de confianza y no cuestionó la citación del Dr. Turner como testigo, estimamos que es correcta la decisión recurrida. En efecto, se advierte una incompatibilidad con la exigencia de una actuación libre de compromiso con el proceso contemplada para un profesional asistente que debe representar adecuadamente los intereses de sus defendidos. Este conflicto puede menoscabar el derecho de defensa de los imputados. "La incompatibilidad puede derivar de otras circunstancias, como sería haber depuesto previamente el abogado como testigo en el proceso, cuando su declaración sirviere como prueba de cargo (CCC., Sala II, 26/5/1970, causa 11.894) o revestir igualmente la condición de imputado, que puede asesorar interesadamente (C. Córdoba, LLC, 1995-360) o defender a otro cuya declaración es contraria al interés de su nuevo pupilo (véase el art. 109), o simplemente existir la posibilidad de un conflicto de intereses (C. Crim. y Corr., (...) )" (Navarro, Guillermo y Daray, Roberto, "Código Procesal Penal de la Nación", t. I, 2004, Ed. Hammurabi, p. 337). "El imputado propone a su defensor. La designación, en cambio, es acto de señoría jurisdiccional, que impone una valoración previa por parte del juez -aun acerca de su compatibilidad funcional, art. 271 del CP(art. 109) (….)" (Navarro, Guillermo y Daray, Roberto, ob. cit.). Por tales motivos este tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la decisión de (fs. ...) en cuanto fue materia de apelación (art. 455 del CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Biuso). c. 49.114/16, CIRUZZI, Vicente José y otra s/medida. Rta.: 14/03/2017 ABORTO. Falta de mérito. Imputada: Madre que obligó a su hija menor de 17 años a interrumpir el embarazo. Elementos de prueba suficientes para agravar su situación procesal. Revocación. Procesamiento por considerársela coautora penalmente responsable del delito de aborto sin el consentimiento de la mujer. Fallo: "(…) apelación interpuesta por el agente fiscal (…), contra el auto de fs. (…) que decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer a (…). II.- De los hechos: Se le imputa que junto a otra mujer, en las primeras semanas de (…) y en el domicilio de la calle (…), habría participado en la interrupción del embarazo de (…) de 17 años de edad, contra su voluntad. III.- De la situación procesal de (…): Disentimos con la solución expectante adoptada por la juez de la instancia anterior. Se encuentra comprobado a partir de las constancias del Hospital (…), que (…), cursaba la semana 16 de un embarazo de "estado normal" y que, el (…), fue atendida en el Hospital (…) por un "aborto contra su voluntad" (…). Corresponde entonces delimitar la responsabilidad que pudo caber a (…) en ese suceso y, a criterio de los suscriptos, los elementos de juicio recabados permiten agravar su situación procesal. Las actuaciones se iniciaron con la intervención del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el (…), cuando entrevistaron en el Hospital (…) a la menor, la cual efectuó un relato circunstanciado de cómo una semana atrás sus padres la habrían obligado a practicarse un aborto (…). Al respecto (…) expresó, al alcanzar la mayoría de edad, que en junio de ese año comenzó a sentirse mal y su madre la llevó al Sanatorio (…) donde le informaron que estaba encinta y cuando se lo comunicó a su progenitora, ésta llorando le refirió "no puede ser (…), qué hiciste, no puede ser que estés embarazada" y luego "vamos a tener que hacer un aborto" a lo que ella se negó desde un primer momento. Posteriormente, la imputada pretendió llevarla a un lugar a ese fin, pero se desorientó y no lograron llegar a destino. Pero por la mañana de uno de los primeros días de agosto, (…) se presentó junto con una señora en la vivienda donde residían, cerró la puerta con llave, la escondió y sacó el celular a su hija. En este contexto la desconocida le preguntó a (…) "¿sabés qué estoy haciendo acá?" y frente a su negativa confirmó que "era para practicarle un aborto", lo cual la desconcertó pues la noche anterior su padre había aceptado recibir a su hijo en el hogar. Sin embargo, esa mujer entregó a la imputada tres pastillas y ella le pidió a (…) insistentemente que las ingiriera diciéndole "tomalas, hacelo por tu papá y por tu familia" y pese a su negativa "ante tanta insistencia y tanta presión se vio obligada a tomar las tres pastillas". Luego fue trasladada a la habitación de sus padres donde la desconocida le habría colocado otras tres píldoras en su vagina. Comentó que al día siguiente expulsó al feto y continuó con hemorragias que la obligaron a permanecer en cama durante quince días sin atención médica. Pasado ese lapso concurrió al Colegio (…) y al sentirse mal hizo saber a una profesora lo que le había ocurrido. Ello derivó en su traslado al Hospital (…), donde intervino el consejo señalado anteriormente y decidieron que en adelante continuaría viviendo con su tía (…). 1

La última de las nombradas a fs. (…) concurrió al nosocomio por requerimiento del instituto educativo de su sobrina, donde se encontró con ella y fue anoticiada de todo lo que había sucedido. Hizo saber que un mes antes la endilgada le comentó la situación y le solicitó que la acompañara "para realizarle un aborto a su hija, ante lo cual la deponente se negó rotundamente, aclarándole que eso era un delito que podía ir presa, pero (…) le respondió que iba a negar todo". Asimismo es relevante que (…), debió atenderse en el Hospital de Pediatría (…) por un problema de salud y al entrevistarse con la licenciada (…), le relató que su hermana mayor había interrumpido un embarazo en su casa, con maniobras practicadas por alguien que contrató su mamá (…). Por otra parte (…), profesora de la querellante, a fs. (…) corroboró que tanto ella como su hermana le hicieron saber que "su madre la había obligado a abortar". Ahora bien, en su indagatoria de fs. (…) aseguró que ella nunca conoció de la interrupción del embarazo y que su hija la habría acusado "porque es una mentirosa". Pero lo cierto es que todo el cúmulo de pruebas incorporadas al sumario permite desvirtuar su endeble versión y, más aún, acreditar la hipótesis delictiva planteada. En primer lugar es insoslayable que (…) en todo momento aportó un relato por demás contundente, circunscripto y detallado, tanto en sede judicial como ante las distintas autoridades a las que acudió en busca de ayuda y contención. Afirmó firmemente que su progenitora la obligó a tomar las tres pastillas que derivaron en la expulsión de su feto, contra su voluntad, y a facilitar otras acciones que desplegó la mujer que la acompañaba. Y el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación constató que "el motivo de la pérdida del embarazo es por referencia de la Sra. (…) en forma inducida por la utilización de Oxaprost" y que el procedimiento que ella relató "se corresponde con una práctica abortiva" (…). De todo lo expuesto se colige que, si bien la imputada pretendió generar un cuadro de duda en torno a la versión de su hija, no hay indicios en la causa, al menos a esta altura del proceso, para ello. Así, frente a este cuadro, las medidas que la magistrada propuso no parecen elementales por cuanto ya se encuentra demostrado, con el estado de probabilidad que requiere el artículo 306 del Código Procesal Penal para su configuración, tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad de (…). De esta manera se habilita el eventual avance hacia el debate donde, por los principios de inmediatez y oralidad que la caracteriza, podrá evaluarse con mayor amplitud los elementos de juicio. IV.- De la calificación legal: La conducta encuentra adecuación típica en el delito previsto y reprimido por el artículo 85, inciso 1° del Código Penal ya que, en principio, se comprobó que (…) habría contactado a una persona para detener el estado de gravidez de (…), mediante posiblemente la ingesta de (…) a esos fines. Al respecto la doctrina sostuvo que "Etimológicamente, 'abortar' significa interrumpir el proceso de formación del embrión antes de su alumbramiento. Dicho de cualquier actividad, el verbo atiende a la circunstancia de haberse visto frustrado o malogrado su objetivo", además que "la puesta en peligro de la vida del feto o bien su muerte, puede ser lograda mediante técnicas: (…) c) tóxicas, de administración oral (que producen la muerte al feto…)" (1), tal como se produjo en el caso traído a estudio. Por otro lado, el agravante del inciso 1° se aplica ya que el cúmulo probatorio permite afirmar que (…) no consintió la práctica que sobre su cuerpo de efectuó. Y "En otras palabras, el tipo objetivo de la agravante requiere (…) el ejercicio de cierta coacción por parte del autor con el objeto de que la víctima se doblegue o bien que aquélla no tenga tiempo o forma de reaccionar frente a su violencia" (…). No podemos perder de vista que incluso la querellante manifestó a fs. (…) que era tanta la "insistencia" y "presión" ejercida por su madre, que debió hacer caso a lo que le ordenó. Su rol de progenitora jugó un papel preponderante, que acompañó con actos concretos que determinaron la voluntad de la menor. Repárese que cerró el inmueble con llave y le quitó el teléfono para impedir que contactara a alguna persona en busca de ayuda y además de llevar a quien practicó las maniobras, vertió frases de gran contenido emocional para que acatara su orden. Ello verifica la coacción ejercida. Por otra parte, deberá responder en calidad de coautora pues pareciera que habría intervenido al menos una persona más (artículo 45 del catálogo de forma). Todo ello sin perjuicio de la significación jurídica y del grado de intervención que en definitiva corresponda asignársele; en la medida en que aquélla es absolutamente provisoria y será el Tribunal Oral que analice su situación, eventualmente en la próxima etapa, en virtud del principio iura novit curia (art. 401 del Código Procesal Penal de la Nación), el que podrá adecuar el caso, siempre que se mantenga la misma base fáctica, en otra figura o grado de participación. V.- De las medidas cautelares:(…); VI.- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I.- REVOCAR el auto de fs. (…) y DECRETAR EL PROCESAMIENTO, SIN PRISIÓN PREVENTIVA, de (…), por considerarla prima facie coautora penalmente responsable del delito de aborto sin el consentimiento de la mujer (artículos 45 y 85, inciso 1° del Código Penal; y 306 y 310 del Código Procesal Penal); II.TRABAR UN EMBARGO (…).". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Gonzáleza Palazzo (en disidencia parcial) Pociello Argerich. (Sec.: Bobes). c. 51.403/15, S. M., M. M. s/falta de mérito s/aborto. Rta.: 21/04/2017 Se citó: (1) Arce Aggeo-Báez, directores del Código Penal. Comentado y Anotado. Parte Especial, tomo 2, editorial Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2013, páginas 111 y 112.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ABUSO SEXUAL. Sobreseimiento. Imputados: I. Madre de la damnificada que omitió realizar acciones tendientes a proteger a su hija, preservar su integridad física y sexual y evitar que quedara expuesta a la posibilidad de que su pareja abusara de ella, colocándola en una situación de riesgo. II.- Pareja que habría abusado sexualmente de la menor. I. Elementos de prueba que, en el contexto en que tuvieron lugar los hechos, no permiten sostener que la imputada tuviera un conocimiento efectivo de las circunstancias expuestas por su hija. Confirmación. II. Sumario en el que se ha logrado arribar al grado de convicción que el artículo 306 del CPPN demanda para su procedencia en relación con el imputado. Revocación. Procesamiento por abuso sexual de una menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente (art. 119, primer párrafo y quinto en función del cuarto párrafo inciso "f", del Código Penal). Magistrado que debe expedirse respecto de la solicitud del fiscal de que se imponga una restricción de acercamiento. Fallo: "(…) IV. (…) los jueces Ricardo Matías Pinto y Rodolfo Pociello Argerich dijeron: Evaluadas las pruebas reunidas en el legajo, corresponde hacer lugar a lo peticionado por el Ministerio Público Fiscal y disponer el procesamiento de G.D.C. en orden al hecho descripto en el requerimiento fiscal de fs. (…). En relación al hecho imputado, el Fiscal solicitó la declaración indagatoria del nombrado únicamente con respecto a los sucesos que damnificaron a D.M.P., a cuya descripción nos remitimos en honor a la brevedad. A su vez, al ser escuchado a tenor del artículo 294 del código adjetivo negó haber cometido los abusos que se le endilgan, refirió que se llevaba bien con la niña e incluso jugaban juntos, reconoció que a veces se quedaba solo con las hijas de su pareja y aclaró que nunca las bañaba. También hizo referencia respecto a la conflictiva relación entre los padres de la damnificada (ver fs…). Al valorar la prueba se tiene en cuenta que la niña narró los episodios abusivos de los que fue víctima al momento de brindar su testimonio de acuerdo a los parámetros previstos en el artículo 250 bis del ritual (ver fs. (…) y transcripción de fs.(…). En esa oportunidad declaró, entre otras cosas, que el imputado la tocaba en la zona de su pecho y sus glúteos, por debajo y por encima de la ropa, lo que habría ocurrido tanto en el domicilio de la calle XX como en el de XX, departamento x de esta ciudad, en diversas oportunidades durante el año 2015 hasta abril de 2016, aproximadamente (ver fs. ..). Los peritos, tanto el oficial como la profesional que actuó tras haber sido propuesta por la defensa de los imputados, concluyeron en que la niña en su declaración identificó a la persona que la habría abusado sexualmente, aportó la relación de familiaridad que tendría con él y su nombre y apellido, mencionó los lugares en que esto habría ocurrido, con algunas imprecisiones. Sostuvieron que "la repercusión emocional resulta compatible con los hechos que narra. Particularmente alude a angustia y tristeza". Indicaron que el relato de la niña fue espontáneo, con estructura lógica y coherencia, con detalles sobre los hechos los que se ven afectados por los olvidos manifestados, que ubicó los sucesos en el plano temporal con imprecisión, y logró definir los lugares. Por otra parte, hizo alusión a interacciones físicas a las que le atribuyó un valor inapropiado. Así, advirtieron resonancia afectiva acorde a los sucesos narrados y determinaron la probable verosimilitud del testimonio de la menor. En el peritaje psiquiátrico efectuado, el Dr. Martín Wenceslao Segovia destacó que M. no ofreció indicadores de sugestión, ni influencia, ni fabulación, que era espontánea y que arrojó realismo, validez y credibilidad en sus expresiones. Refirió que no se presentaban indicadores de sugestionabilidad, influenciabilidad, fabulación o imaginación patológica, de inducción por terceros. El profesional advirtió en la menor indicadores de haber sufrido trastorno por estrés agudo, observó "…ansiedad, síntomas disociativos, y otros, un mes siguiente a la exposición a un acontecimiento traumático de carácter extremo. En el momento del trastorno o después los síntomas de sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de realidad, des-realización, y amnesia disociativa; el acontecimiento traumático es revivido de forma recurrente; acusado comportamiento de evitación de lo que puede hacer aflorar recuerdos del trauma; ansiedad o aumento de activación". También destacó que la damnificada aparecía con indicadores acordes con el Síndrome de Acomodación (de Summit): Secreto. Desprotección. Atrapamiento y acomodación. Revelación tardía, conflictiva y poco convincente. Indicadores de Sgroi, Porte y Blick (validación del abuso sexual infantil), tales como: 1. eventuales actitudes de abierto sometimiento, 2. conductas agresivas con tendencia a externalizar el conflicto, 3. comportamiento sobreadaptado, 4. mala relación con sus pares y dificultad para entablar amistades, 5. desconfianza, en especial hacia figuras significativas, 6. falta de participación en actividades escolares y sociales, 7. dificultades para concentrarse en la escuela, 8. disminución brusca del rendimiento escolar, 9. parcial temor exacerbado hacia los hombres, 10. trastornos del sueño, retraimiento, 11. depresión clínica, 12. ideación suicida que en M. se recaba en forma del registro que "no tendría que vivir" lo que no implica haber imaginado una conducta autoagresiva. Además, observó que surgían en M. aspectos acordes al Modelo Traumatogénico o Centrado de Trauma Sexual; a) Trauma sexual: de un menor de parte de un adulto que lo insta a situaciones inapropiada que recompensaría; b) Pérdida de confianza relacional: conflicto afectivo, sentimiento de manipulación, de traición o amenaza por alguien confiable, pérdida de su protección, secreto, doble trato, sexual y fuera de lo sexual; c) estigmatización: culpa, envilecimiento, vergüenza, disvalor, marca, reprobación; d) Sentimiento de pérdida de control: sobre las circunstancias, indefensión, temor, conductas pasivas, retraimiento. Finalmente, el Dr. S. concluyó que la niña D. presentaba perturbación emocional y/o signos de estrés postraumáticos compatibles con violencia o grave disfunción familiar en cuya trama es dable la ocurrencia de abuso o victimización sexual sin que surjan indicadores específicos al respecto, con entidad suficiente para afectar el normal desarrollo sexual de un menor, y que el relato en términos psiquiátricos era creíble acorde a la edad y

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momento evolutivo de la niña. Especialmente, destacó "No se recaba que hayan podido efectuarse maniobras inductivas sobre sus respectivos relatos" (ver fs. …). Por lo tanto, las secuelas advertidas en el psiquismo de la menor tal como surge de la experticia psiquiátrica que se le efectuara, sumado a las repercusiones emocionales que se vislumbraron en ella al relatar lo sucedido, conforme se desprende de las conclusiones de la pericia psicológica de fs. (…) otorgan verosimilitud a sus dichos. Se pondera, además, que ni en el examen psicológico ni en el psiquiátrico se detectó en la nombrada una tendencia a la fabulación ni exacerbación imaginativa patológica, extremo que refuerza la veracidad de su relato. En igual sentido, se determinó que la niña no fue inducida o sugestionada a declarar de la forma en que lo hizo, circunstancia que desvirtúa lo alegado por la defensa en torno a que la menor estaría mintiendo influenciada por su padre, A.V.P. En función de la prueba reseñada, más allá de la grave disfunción familiar que se observa entre los progenitores de la damnificada, lo cierto es que se ha arribado al grado de convicción que el artículo 306 del CPPN demanda para su procedencia en relación con el imputado G. D. C. De este modo, corresponde disponer su procesamiento por haber abusado sexualmente de la menor D.M.P. desde el año 2015 (sin poder precisarse el mes) hasta abril de 2016 aproximadamente, episodios que habrían ocurrido en el restaurante ubicado en XX y en el departamento que compartían con la víctima, situado en la calle XX piso X, ambos de esta ciudad. En cuanto a la calificación legal luce aplicable al caso el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años aprovechando la situación de convivencia preexistente (art. 119, primer párrafo y quinto en función del cuarto párrafo inciso "f", del Código Penal). En este sentido, ha quedado acreditado con el grado de certeza que se necesita en esta etapa del proceso, que el imputado convivía con la niña y quedaba a su cuidado cuando su madre se retiraba a trabajar. Respecto a dicha agravante se ha sostenido que "…su razón deriva, además de la inmadurez de la víctima menor de dieciocho años, del aprovechamiento por parte del autor de la facilidad que le otorga la cercanía con la víctima, como de la confianza que aquélla pudiera dispensarle por razón de la convivencia" (1). En cuanto a las medidas cautelares, se encomienda al juez a quo que se expida al respecto, dejándose constancia de que en la audiencia celebrada ante esta Sala, la Sra. Fiscal solicitó la restricción de acercamiento del imputado respecto de la menor. V. En relación con la situación procesal de M.N.V. estimamos necesario efectuar las siguientes consideraciones. Se le atribuye a la imputada haber omitido, pudiendo hacerlo tanto desde el plano normativo como fáctico, realizar alguna acción tendiente a proteger la integridad física y sexual a su hija menor D.M.P, y evitar que quedara expuesta a la posibilidad de que su pareja C. abusara sexualmente de ella, colocándola en una situación de peligro (ver indagatoria de fs. …). Pese a que el fiscal solicitó su intimación en los términos del artículo 133 del C.P., la imputada fue legitimada pasivamente en los términos expuestos más arriba. Concretamente, se le reprochó haber omitido realizar acciones tendientes a proteger a su hija D.P. que no podía valerse por sí, para preservar su integridad física y sexual y evitar que quedara expuesta a la posibilidad de que su pareja G.C. abusara de ella abandonándola a su suerte, colocándola en una situación de riesgo. Específicamente, en relación con el delito que se analiza, se ha dicho que "... el delito en su forma de abandono admite la omisión impropia cuando es realizado por el garante (…)", recordándose que "abandonar consiste en que el autor, que tiene una posición jurídica especial con respecto a la víctima, se aleje de ella. Pero no basta la mera separación espacial entre el autor y víctima: el autor tiene que poner en peligro efectivo la vida o la salud de ésta" (2). En igual sentido, se sostuvo que el sujeto activo de abandono es quien tiene un deber especial de cuidado, es decir, quien ocupa una posición de garante (ver ob. cit., pág. 273). Ello, para preservar el principio de legalidad en tanto sólo las conductas específicamente previstas en la ley pueden ser materia de reproche. En el caso de autos, resulta indiscutible que V. -madre de la menor damnificada- reviste una posición de garante respecto de su hija D., conforme las previsiones del título VII -capítulos 1 a 5- del Código Civil, que regula la responsabilidad parental. Es precisamente en función de ese rol que se le imputa haber omitido preservar la integridad física y sexual de su hija. Sobre este punto, de la lectura de las constancias de la causa estimamos que el contexto en el que habrían tenido lugar los episodios que aquí se ventilan impide sostener, siquiera con la probabilidad que el art. 306 del C.P.P.N. exige para su procedencia, que V. tuviera un conocimiento efectivo de las circunstancias expuestas por su hija. En este sentido, cabe recordar que el tipo subjetivo del delito endilgado exige para su configuración que el sujeto activo conozca las circunstancias que pertenecen al tipo penal objetivo. El dolo se debe referir al desamparo de la víctima y al peligro que corre en la situación en concreto (ver ob. cit., pág. 278). Si bien es cierto que la niña refirió haberle contado a su madre la situación de la que era víctima, la conflictiva relación familiar entre las partes (en particular, entre el denunciante -padre de la niña- y su ex pareja -la aquí imputada-), de la que dan cuenta las pericias efectuadas en la causa, como lo narrado por V. en su indagatoria, bien pudo conducir a que esta última restara relevancia a lo manifestado por su hija. En este aspecto, debe valorarse el examen psiquiátrico al que fueron sometidas tanto la damnificada como su hermana menor D.O.P., en el que se concluyó que ambas presentaban una perturbación emocional y/o signos de estrés postraumáticos compatibles con violencia o grave disfunción familiar (ver fs. (…)) y con las situaciones narradas por las partes a lo largo del legajo.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En función de ello, no es posible sostener que V. tuviera un conocimiento cabal de la situación generadora del deber de actuar para ponerle fin o evitarla, motivo por el cual estimamos que debe homologarse el sobreseimiento dispuesto a su respecto. (…) el tribunal RESUELVE: (…) II. REVOCAR parcialmente el punto I del auto de fs. (…) y DISPONER EL PROCESAMIENTO de G.D.C., cuyas demás condiciones personales obran en autos, en orden al delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra un menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente con el mismo (art. 119, primer párrafo, y quinto en función del cuarto inciso "f" del CP, y 306 del CPPN)". III. ENCOMENDAR al juez de grado que se expida en relación a las medidas cautelares. IV. CONFIRMAR parcialmente el punto I de idéntica decisión, en cuanto dispuso el sobreseimiento de M.N.V." C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto (en disidencia parcial), Pociello Argerich, Scotto. (Prosec. Cám.: Daray). c. 19.937/16, C., G. D. y otra s/ sobreseimiento. Rta.: 11/05/2017 Se citó: (1) Andrés José D´Alessio y Mauro Divito, Código Penal de la Nación, comentado y anotado, 2ª edición actualizada, Buenos Aires, La Ley, 2011, tomo II, pág. 253. (2) Edgardo Alberto DONNA, Derecho Penal. Parte Especial. Rubinzal-Culzoni Editores, Tomo I, página 269 y 270 con sus citas. ABUSO SEXUAL. Con acceso carnal agravado por uso de armas. Procesamiento. Defensa que alegó que la acción penal no fue debidamente instada. Ausencia en el acta inicial de manifestación expresa por parte de la damnificada. Conducta asumida por la víctima al presentarse el mismo día del hecho en la comisaría: Satisfacción del requisito del art. 72 del C.P. Confirmación. Fallo: "(…) I. Con motivo de la apelación interpuesta por la defensa de M. R. contra el punto I del auto documentado a fs. (…), en cuanto se dispuso su procesamiento -en orden al delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por el uso de armas-, se celebró la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, en la que expuso sus agravios el señor defensor oficial y la representante de la fiscalía general. II. Como primera cuestión, la recurrente se agravió por estimar que la acción penal no ha sido debidamente instada. Al respecto, si bien en el acta inicial no se consignó una manifestación expresa en tal sentido por parte de N. F. M., la conducta asumida por ella, de presentarse -el mismo día del hecho- en una comisaría, donde narró haber sufrido una agresión sexual durante la cual el imputado empleó un arma de fuego y le profirió amenazas (…), satisface el requisito de la "denuncia del agraviado" que establece el artículo 72 del Código Penal, con mayor razón al ponderar que ante las profesionales de la Brigada Móvil de Asistencia a las Víctimas de Violencia Sexual expuso que se acercó a la seccional "para radicar denuncia penal" (…) y que consideró que "la mejor manera de protegerse era radicando la denuncia correspondiente" (…). III. (…). Así, sin perjuicio de la calificación legal que finalmente corresponda aplicar, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto extendido a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 28.106/17, R., M. s/ Procesamiento. Rta.: 06/06/2017 ALLANAMIENTO. Nulidad rechazada. Imputado que señala que en el lugar, además de ser su vivienda, funcionaría un estudio jurídico. Lugar que no poseía chapa identificatoria. Eventual omisión de dar aviso al Colegio Público de Abogados (art. 7, inciso "e" de la Ley 23.187), que no sanciona con nulidad a la diligencia. Confirmación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra el auto de fs. (…) que rechazó el planteo de nulidad deducido por esa parte. II. El recurrente cuestiona el allanamiento efectuado en la vivienda de la calle (…) de la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires porque, teniendo en cuenta que allí funcionaría el estudio jurídico de su asistido, se habrían menoscabado varías garantías constitucionales referentes al ejercicio de la abogacía. Las tareas llevadas a cabo por los efectivos policiales determinaron que en esa dirección se emplazaba la residencia particular del imputado (…) y no la sede de su negocio, como aquél alude. Ello fue corroborado con los datos remitidos por diferentes organismos públicos y privados (…) y por él mismo en sus declaraciones indagatorias de fs. (…). Es cierto que no es una condición para desarrollar su actividad la colocación de una chapa identificatoria en la puerta de la oficina, pero es una costumbre que prácticamente todos emplean, por lo que su ausencia es un indicio más de que allí no ejercía la profesión. No obstante, de tener como hipótesis de trabajo que sí lo hacia, la omisión de dar aviso al Colegio Público de Abogados del acto cuestionado, tal como lo prescribe el artículo 7 , inciso "e" de la Ley 23.187, no se halla sancionada con la nulidad de la diligencia y, por lo tanto, no la provoca.

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Además, la garantía establecida en esa norma respecto a "la inviolabilidad de su estudio profesional, en resguardo (…) de la defensa en juicio", ha sido establecida para amparar los derechos de los clientes del letrado y no los propios. La norma no crea un privilegio personal. Por otra parte, los efectivos tampoco se excedieron en sus funciones pues el material incautado era el mencionado en la orden de fs. (…). Es más, antes de finalizar el acto se comunicaron con el juzgado exhortante y el doctor (…), luego de interiorizarse de la situación, ordenó el secuestro de todos los elementos hallados menos de las armas blancas y otros accesorios (…). Así, al no advertirse vicio u omisión a las normas procesales que rigen al respecto, ni haberse vulnerado garantía constitucional alguna, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fue materia de recurso, con costas de Alzada (artículo 531 del Código Procesal Penal de la Nación). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Carande). c. 1.308/17, FERNANDEZ SEGURA, Rodrigo s/Nulidad. Rta.: 28/03/2017 AMENAZAS. Coactivas con arma en concurso ideal con abuso de arma, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego. Procesamiento. Agravio de la defensa: 1) Prueba insuficiente. 2) Atipicidad por haber sido adquirida el arma en fecha anterior a la aparición del decreto que reglamentó la ley de armas y explosivos. 1) -Imputación sostenida sobre los únicos dichos del denunciante sin ningún otro elemento que los avale. Revocación parcial. Sobreseimiento. 2) No convalidación del error de prohibición invocado. Decreto reglamentario en cuyo articulado se realizaba una convocatoria para los poseedores de armas para que en un plazo prudencial procedieran a su declaración. Confirmación parcial por tenencia ilegitima de arma de fuego. Fallo: "(…) I. El juez de grado resolvió procesar a J.P.G. en orden al delito de amenazas coactivas con arma, reiterado en dos ocasiones, en concurso ideal con abuso de arma, los que a su vez concurren materialmente con el delito de tenencia ilegitima de arma de fuego, reiterado en dos ocasiones (auto de fs. …). Contra dicho pronunciamiento alzó sus críticas la defensa oficial del nombrado, mediante el recurso de apelación obrante a fs. (…). Sustancialmente, sostuvo que más allá de los dichos del denunciante, no existen elementos objetivos que permitan acreditar la hipótesis de cargo aquí investigada. Asimismo, consideró que no se encuentra probada la existencia de estos eventos y, mucho menos, la responsabilidad de G. Por último, respecto al delito de tenencia ilegal de armas, planteó la atipicidad de la conducta por cuanto al tiempo de su adquisición (31 de enero de 1992), no existía el registro del RENAR por lo que no puede exigírsele el cumplimiento de sus reglas. (…) II. Respecto de los delitos de amenazas coactivas con armas, reiterado en dos ocasiones, en concurso ideal con abuso de armas. Los agravios traídos a consideración por la defensa, tanto en el recurso de apelación como en el marco de la audiencia, merecen ser atendidos, por lo que revocaremos el auto que se revisa. La imputación que se le dirige a J.P.G. sólo se sustenta en la declaración brindada por A.E.D.D. (fs...), relato que se contrapone con la firme negativa ensayada por el imputado al momento de presentar su descargo (fs. …). Si bien no se advierten motivos para descreer de los dichos del denunciante, lo cierto es que su versión del hecho no se ve corroborada por ningún otro elemento probatorio agregado al legajo. Al respecto, cabe señalar que no se cuenta con filmaciones, testigos presenciales, ni otra pauta que permitan acreditar la ocurrencia del suceso. Por lo tanto, disponer en este contexto el procesamiento del imputado para habilitar el camino de la elevación a juicio, constituiría un desgaste jurisdiccional innecesario y estéril por el pronóstico de negativa certeza que, desde el punto de vista probatorio, representa la ausencia de elementos de convicción que avalen la denuncia. Por ello, ante la falta de elementos de juicio que permitan continuar con la presente investigación y la inexistencia de pruebas pendientes de producción, corresponde revocar el auto recurrido y decretar el sobreseimiento de J.P.G. en los términos del art. 336 inc. 2 del CPPN. III. Respecto del delito de tenencia ilegitima de arma de fuego Los agravios expuestos por la defensa lucen insuficientes para desvirtuar los fundamentos expuestos por el a quo, por lo que corresponde homologar la decisión. Se ha acreditado en el legajo que las armas incautadas se hallaban en el interior del domicilio de G. y que, tal como lo informara el RENAR a fs.(…), éste no se halla registrado en ninguna de las categorías de dicho organismo. El error de prohibición invocado no se encuentra corroborado, con lo cual no puede afirmarse que desconocía las exigencias propias de quien resulta tenedor de un arma de fuego y que, si bien la adquisición del armamento data de una fecha anterior a la aparición del decreto que reglamentó la ley de armas y explosivos (31 de enero de 1992 conforme fs. (…), ello en modo alguno justifica la no registración del material, puesto que en virtud de los arts. 146 y 147 de la norma en cuestión se realizó una convocatoria a todas aquellas personas poseedoras de armas de fuego para que en un plazo prudencial procedieran a su declaración, disponiéndose de un lapso suficiente para lograr la máxima difusión de aquel requisito a los fines de que todos aquellos interesados adquirieran cabal conocimiento de la nueva normativa vigente. En consecuencia, los elementos de cargo mencionados permiten alcanzar el grado de probabilidad -requerido en esta etapa del proceso- para agravar la situación procesal de J.P.G., en los términos del art. 306 del CPPN.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Por último, cabe señalar que la circunstancia de haber hallado dos armas de uso civil en el domicilio del nombrado no indica la ocurrencia de dos conductas, sino debe ser entendida como una misma unidad de acción y considerado como un único hecho. (…) el tribunal RESUELVE: I. REVOCAR parcialmente el auto de fs. (…), respecto de los delitos de amenazas coactivas con armas, reiterados en dos ocasiones, en concurso ideal con abuso de armas y, en consecuencia, disponer el SOBRESEIMIENTO de J.P.G., cuyos datos filiatorios obran en autos, en los términos del art. 336 inc. 2 del CPPN. II. CONFIRMAR parcialmente el auto fs. (…), respecto del delito de tenencia ilegitima de arma de fuego, con los efectos que surgen del último considerando". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: de la Bandera). c. 66.141/16, G., J. P. s/ procesamiento. Rta.: 26/05/2017 ARCHIVO Por no poder proceder. Encargado de edificio donde funcionaba el estudio jurídico del denunciante que recibió y destruyó cédulas de notificación y correspondencia. Apoderamiento indebido de correspondencia (art. 153, primer párrafo, segunda parte del CP). Delito de acción privada. Confirmación. Fallo: "(…) A (fs. ...) A. S. K. denunció que M. F. G., encargado del edificio sito en XX, de esta ciudad, en el cual había tenido asiento su estudio jurídico tiempo atrás, recibió diversas cédulas de notificación y otra correspondencia dirigida a su persona, procediendo a destruirla. Sostuvo la calificación legal contenida en el artículo 294 del Código Penal, mientras que la representante del Ministerio Público Fiscal a (fs. … y el juez de grado a fs. …), consideraron procedente la del artículo 153 del digesto sustantivo, por lo que se archivaron las actuaciones por no poder proceder. Para dilucidar el asunto es preciso efectuar el análisis de la cuestión a partir del bien jurídico protegido. Desde esta perspectiva, cabe recordar que el ilícito propiciado por el querellante se alza contra la fe pública: "de lo que se trata es de la protección de un hecho institucional, a saber: el tráfico jurídico, y en particular el que está dotado -por el Estado- de fiabilidad (y en todo caso, de 'seguridad', en el sentido específico de ser objetivamente fiable)" (1). Sobre esa base, la conducta reprimida por el artículo 294, CP, afecta la función del documento de establecer relaciones jurídicas (2), que es la que torna a un documento cualquiera en potencial objeto del delito bajo estudio (3): "no toda declaración materializada en un soporte físico duradero y empleada en un contexto regulado jurídicamente es un documento idóneo para configurar el tráfico jurídico. Solamente pertenecen a esta clase -y por tanto, son candidatos potenciales para ser objeto de los delitos penales de falsedad documental- las declaraciones materializadas en un soporte físico duradero que tienen por fin establecer relaciones jurídicas" (4). Resta agregar que el tipo penal mencionado se trata de una falsedad documental no ya por falsificación, sino por supresión o destrucción del objeto del delito (5). En función de ello, el accionar denunciado carece de aptitud para afectar aquello que la norma tiende a proteger mediante la tipificación de las conductas previstas en la sección dedicada a los delitos contra la fe púbica. En efecto, aun cuando el ejemplar de las cédulas de notificación que se entrega a las partes en un proceso lleve la firma de un funcionario público, se trata, en definitiva, de una comunicación al interesado de aquello dispuesto en el expediente (sea un fallo, una vista o una citación). A punto tal ello es así, que su destinatario puede disponer de ese ejemplar como desee, incluso destruirlo sin consecuencia alguna, extremo que diferiría de tratarse de la copia de esa misma cédula, destinada a ser incorporada al expediente judicial. De tal modo, tanto en relación a las cédulas mencionadas como al resto de las misivas de carácter comercial, personal, bancario, etc., dirigidas al denunciante y que se atribuye haber recibido y destruido a M. F. G., devienen aplicables las previsiones del artículo 153, primer párrafo, segunda parte, del ordenamiento de fondo (apoderamiento indebido de correspondencia) que, por imperio del artículo 73 inciso 2°, del mismo texto legal, se trata de un delito de acción privada. Desde esa óptica, la solución adoptada por el juez a quo resulta correcta, ya que el ejercicio de la acción penal respecto de ese tipo de ilícitos demanda un especial procedimiento, conforme lo exigen los artículos 415 a 418 del Código Procesal Penal de la Nación, que no fue observado en este caso (6). Las críticas del apelante volcadas en su escrito de recurso no se hacen cargo del argumento central que motiva la resolución impugnada, por lo que los agravios desarrollados devienen infructuosos para poner en crisis el auto bajo estudio. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la decisión de (fs. …), en todo cuanto fuera materia de impugnación. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 15.181/16, GONZALEZ, Miguel Francisco s/ archivo. Rta.: 20/04/2017 Se citó: (1) Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl (dir.), "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", tomo 11, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Año 2011, pág. 457. (2) Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl (dir.) "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal 7

y Jurisprudencial", Tomo 11, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Año 2011, pág. 620 y pág. 497. (3) Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl (dir.) "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", tomo 11, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Año 2011, pág. 482. (4) Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl (dir.) "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Tomo 11, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Año 2011, pág.. 500. (5) Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl (dir.) "Código Penal y Normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", tomo 11, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, Año 2011, pág. 619. (6) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 46088/15, "Novillo", rta.: 19/6/16. ARCHIVO. Por falta de instancia. Resolución impugnada que no resulta una derivación razonada del derecho vigente aplicable al caso. Denuncia realizada por la víctima en la Oficina de Violencia Doméstica de la C.S.J.N. que constituye un impulso procesal válido. Excesivo formalismo por parte del juez instructor. Necesidad de garantizar los derechos reconocidos por la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará", aprobada por la ley 24.632. Nulidad. Fallo. "(...) recurso de apelación deducido por el Sr. fiscal Marcelo E. Munilla Lacasa, titular a cargo de la Fiscalía de Distrito de los Barrios de Nueva Pompeya y Parque Patricios, contra el auto de (fs. ...) que dispuso archivar por falta de instancia los presentes actuados (art. 72, inc. n° 2 del CP y art. 174 del CPPN). Al momento de analizar la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la fiscalía, advertimos una cuestión previa que impone sea resuelta sin más. En efecto, la resolución apelada no supera el control jurisdiccional al carecer de legalidad y razonabilidad (art. 69, CPPN) dado que no es una derivación razonada del derecho aplicable ni de la prueba colectada en autos, toda vez que conforme se ha sostenido reiteradamente en diferentes precedentes (in re: causa n° 57182/13 "B. V.", rta: 7/11/14 por esta sala y causa n° 30246/15 "L." rta: 13/08/2015 por Sala VI) la denuncia realizada en la Oficina de Violencia Doméstica, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, constituye un impulso procesal válido, debiéndose destacar la posición de la doctrina en cuanto a que "Los delitos de lesiones leves y abuso sexual son delitos dependientes de instancia privada; es decir, son delitos de acción pública, pero para que el mecanismo estatal de investigación se ponga en marcha es necesario que la propia victima así lo desee. Aquí es importante destacar que cuando la persona manifiesta ese deseo en la sede de la Oficina de Violencia Domestica, lo hace frente a funcionarios judiciales, en una dependencia judicial que depende la máxima autoridad de uno de los tres poderes del estado. Por ello, creemos que la exigencia de ratificación de esa manifestación constituye un exceso ritual manifestó que pone en jaque la obligación del estado de actuar con la debida diligencia para investigar la violencia contra la mujer". (1[2013], Pag. 39, Instituto de Investigaciones de la C.S.J.N.). A su vez, no podemos dejar de hacer hincapié en la obligación moral e institucional de respetar los fallos del Máximo Tribunal del país y en función de ello corresponde aquí seguir la doctrina sentada en el caso "G." donde se evaluaron los deberes del Estado al suscribir la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer ("Convención de Belem do Para", aprobada por la ley 24.632). Por otro lado, y mas allá de considerar que la ratificación de esa manifestación constituye un excesivo formalismo por parte del a quo, tampoco resulta un argumento legalmente valido para desechar la denuncia, toda vez que, mas allá de la delegación dispuesta, no se ha convocado a la Sra. G. C. a ratificar la declaración brindada ante la Oficina de Violencia Doméstica, por lo que resulta descabellado exigirle a la damnificada una conducta procesal que el mismo órgano jurisdiccional ha incumplido. En consecuencia, toda vez que la resolución obrante a (fs. ...) no es una derivación razonable del derecho vigente, nos vemos impedidos de ingresar en el fondo del asunto, de la manera que nos es propuesta. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la resolución obrante a (fs. ...)por los argumentos expuestos y de lo obrado en consecuencia (art. 69, 168 y 172, CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 48.232/16, F. A., H. R. s/ archivo. Rta.: 23/05/2017 ARMA. Procesamiento como coautores del delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización y robo simple en concurso real. Arma secuestrada apta para el disparo, de funcionamiento normal respecto de la cual los imputados no estaban autorizados a portarla. Coautoría funcional en el marco de una esfera de custodia compartida. Confirmación. Disidencia parcial: Figura que requiere que el agente lleve el arma consigo corporalmente y en condiciones inmediatas de uso. Confirmación parcial. Revocación por la portación. Sobreseimiento parcial. Fallo: "(…) apelación interpuesta por las defensas de (…) y de (…), respectivamente (…), contra los puntos I y III del auto de fs. (…), que los procesó como coautores del delito de portación de arma de guerra sin la debida autorización, y al segundo de los nombrados por el robo simple en concurso real con aquél. II. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: -Respecto al hecho I: Comparto la decisión adoptada por el instructor. El (…), cuando caminaban por la calle (…), habrían arrojado dentro de un cantero una pistola de calibre (…), cargada y en condiciones inmediatas de su uso. Luego continuar su marcha. Ello se acredita con los testimonios de los preventores (…) y (…), y con las vistas fílmicas que muestran a (…) dejar el arma que resultó ser de guerra (…), mientras caminaba junto a (…), quien miraba para todos lados como si controlara que nadie los viera (…).

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional La pistola secuestrada era apta para el disparo, de funcionamiento normal según los informes de fs. (…) y a cuya portación o tenencia los imputados no se hallaban autorizados (…) lo cual, atento a las circunstancias señaladas, exhibe una coautoría funcional en el marco de una esfera de custodia compartida. El cuestionamiento de la asistencia técnica de (…) no tendrá acogida, ya que conocía la existencia del arma y la posibilidad cierta de su uso, sin perjuicio que no haya tenido contacto físico con ella. No es un dato menor la actitud de ambos al advertir la presencia policial. En igual sentido, la Sala VII de esta Cámara sostuvo que: "ha sido aceptada (…) la posibilidad de verificarse conceptualmente la portación compartida de un arma, siempre que lo que debe ponderarse es la indistinta y directa disponibilidad sobre el arma de fuego, sin que se requiera para su configuración el constante contacto físico con el objeto" (1). -Respecto al hecho II: (…), se dirigió con (…) a almorzar en (…), cuando en la Av. (…) fueron sorprendidas por un hombre de estatura normal, piel morena, con un tatuaje en unos de sus brazos, cabello corto, con una remera color roja y pantalones cortos, que les pidió monedas y, ante su negativa, manifestó: "si no me dan plata las acuchillo y las mato a las tres". Por el temor que ello ocasionó le entregó de cincuenta pesos, mientras sus compañeras salieron corriendo (…). Su versión coincide con la que brindaran (…) y (…), madres de (…) y (…), respectivamente. Esta última describió físicamente al presunto autor del suceso del mismo modo en que lo hiciera la damnificada y aportó fotografías de aquél similares a las de (…). Que no se haya secuestrado el dinero, no lo exime de su responsabilidad en el evento, ya que entre este y su detención tuvo tiempo suficiente para disponer de él. Es posible desvirtuar los cuestionamientos de los recurrentes sobre el temperamento adoptado, pues los elementos de juicio son suficientes, al menos en esta etapa, para acreditar la materialidad y la responsabilidad de (…) y (…) en los hechos. III. El juez Mariano González Palazzo dijo: Comparto el criterio esgrimido en cuanto a la valoración del hecho II, no así en la significancia jurídica en lo concerniente al hecho I. La portación de un arma requiere que el agente la lleve consigo corporalmente y en condiciones inmediatas de uso (2). En el caso se tiene por acreditado con las vistas fílmicas y con las actas de secuestro de que (…) era quien detentaba la pistola, y no (…), que solamente lo acompañaba (…). Por ello entiendo que debe confirmarse el temperamento de (…), y revocarse el adoptado respecto de (…), disponiéndose en consecuencia su sobreseimiento en lo atinente al hecho analizado. IV. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Intervengo en la presente en función de la disidencia suscitada entre mis colegas preopinantes en torno al hecho I. Habiendo escuchado el audio y participado de la deliberación y sin tener preguntas que formular adhiero al voto del Dr. Julio Marcelo Lucini. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los puntos I y III de la del auto de fs. (…), en cuanto fueran materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo (en disidencia parcial), Pociello Argerich. (Prosec. Cám.: Asturias). c. 13.567/17, LUQUE, Cristián Fabián y otro s/procesamiento. Rta.: 11/04/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VII, c. 54.010/16, caratulada "TOLABA, Silvestre Emanuel s/ Procesamiento", rta.: 24/10/16; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala IV, c. 9477/13 "Tapia", rta.: 2/9/14; c. 676/12, "Díaz", rta.: 31/5/12, y c. 1801/09, "Galeano", rta.: 19/11/09. ARMA. Procesamiento. Tenencia sin autorización legal de armas de uso civil y de guerra, que concurren idealmente entre sí. Defensa que solo se agravia sobre la tipicidad de la conducta. Rechazo. Vulneración al bien jurídico protegido "seguridad pública". Confirmación. Fallo. "(...) recurso interpuesto por la defensa de F. D. R. contra el punto I del auto de (fs. ...) que lo procesó en orden al delito de tenencia sin autorización legal de tres armas de guerra y una de uso civil, que concurren idealmente entre sí -artículos 45, 54 y 189 bis, inciso 2, primer y segundo párrafo del Código Penal de la Nación. El juez Luis María Bunge Campos dijo: Oída la parte y confrontados los agravios con las actas escritas que tengo a la vista, entiendo que la decisión recurrida debe ser homologada. No se encuentra controvertido por la defensa la materialidad del hecho sino que se restringe a cuestionar la tipicidad de la conducta atribuida a R.. Por dicha razón, me limitaré a tratar el asunto con esos alcances. En numerosas oportunidades me expedí en el sentido que la circunstancia de que haya caducado la autorización de la tenencia del arma no implica la afectación al bien jurídicamente protegido y previsto en el artículo 189 bis, 4° párrafo del Código Penal, sino que dicha conducta constituye tan sólo la infracción administrativa prevista por el art. 69 del decreto 395/75, reglamentario de la ley nacional de armas. Sin perjuicio de ello, en autos, esas consideraciones se corresponden con las armas identificadas en la imputación con los números 1, 2 y 3, mas no con la escopeta recortada de doble caño -número 4- hallada en la repisa del garage del inmueble sito en la Avenida F. R. , PB, de esta ciudad. Ello en razón de que el bien jurídico protegido por la norma es la seguridad pública y, en este caso, su afectación encuentra correlato en el riesgo concreto de tener en condiciones de uso un arma que se 9

encuentra específicamente prohibida, como lo es el uso de escopetas a partir de determinado calibre y cuya longitud de cañón sea inferior a los 380 mm -artículo 4, apartado 3 a) del decreto mencionado-. En consecuencia, por tratarse de delitos que tuvieron lugar en un mismo contexto temporo-espacial, teniendo un mismo sustento fáctico, y a fin de no afectar la garantía del "non bis in idem" -artículo. 1° del Código Procesal Penal de la Nación-, habré de confirmar la resolución criticada. Así voto. El juez Julio Marcelo Lucini dijo Coincido con la solución a la que ha alcanzado mi colega preopinante, por lo que la alegada atipicidad de la conducta no prosperará. Al tratarse de un delito de peligro abstracto, es suficiente con probar que las armas encontradas eran idóneas para percutir balas -ver en este sentido causa nro. 37286/10 "Álvarez, Christian Fernando s/ sobreseimiento" del 15 de noviembre de 2013 y su cita-, extremo verificado en este legajo. Tampoco nos encontramos frente a una falta administrativa, ya que hacía más de un año había vencido su autorización, lo que en principio sugiere voluntad de detentarla en forma ilegítima -ver causa nro. 1499/12 "Altamirano, José Albino s/ procesamiento" del 6 de noviembre de 2012 y sus cita-. Los artículos 64 y 65 del decreto reglamentario nro. 395/75 estipulan que la credencial de legítimo usuario tendrá vigencia por cinco años, que su vencimiento implica la caducidad de todas las autorizaciones de tenencia de armas otorgadas y que deben ser renovadas noventa días antes de extinguirse su plazo. Más aún cuando una de ellas es de uso prohibido, conforme surge de las constancias de la causa. Por ello, atento a que los agravios desarrollados no logran conmover el decisorio impugnado, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto de (fs. ...) en todo cuanto fuera materia de recurso. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Lucini. (Sec.: Biuso). c. 68945/15, ROBLES, Fernando Daniel s/ procesmaiento. Rta.: 15/05/2017 ARMA. Procesamiento por abuso y portación de arma de guerra en concurso real con resistencia a la autoridad. Imputado que disparó un arma produciéndole lesiones a la víctima y se retiró del lugar subiendo a una motocicleta que lo esperaba y que era conducido por el otro imputado, dándose ambos a la fuga, siendo detenidos luego de una persecución. Hecho en el que se advierte un reparto de tareas. Portación compartida de arma. Confirmación. Disidencia parcial: Portación del arma que no puede ser compartida. Figura que requiere que el agente la lleve consigo corporalmente y en condiciones inmediatas de uso. Revocación parcial respecto de uno de los imputados y en orden a la portación. Fallo: "(…) apelación interpuestos por las defensas de (…) y (…), contra el punto I del auto de fs. (…) que los procesó en orden al delito de abuso y portación de armas de guerra en concurso real con resistencia a la autoridad. II.- El (…), (…) ingresó al supermercado (…) y sin mediar palabra efectuó un disparo a (…) en la rodilla derecha para luego darse a la fuga en la motocicleta marca (…), conducida por (…). Luego de una extensa persecución fueron detenidos en la intersección de (…). El inspector (…) arribó al comercio aproximadamente diez minutos después y observó el desarrollo de los acontecimientos en las cámaras de seguridad, como así también a una moto color negra pasar por la puerta del comercio, por arriba de la vereda, en el momento en que el individuo huía. Por ello irradió una alerta con su fisonomía y vestimenta (…). La descripción que brindó -"(…)"…- permitió a los oficiales (…) dar con los imputados. Al ser intimados a que detengan su marcha intentaron escapar a gran velocidad cometiendo múltiples infracciones de tránsito (…). (…) No es un dato menor el llamativo color del calzado que utilizaba el antes mencionado -celeste -, al cual hacen referencia las constancias agregadas a la causa (…), y que claramente se advierten en las filmaciones de seguridad del local, lo que disminuye la posibilidad de que se haya tratado de una mera confusión. Lo expuesto acredita la participación de (…) en el hecho. Si bien (…) no es observado en los registros fílmicos, tal como alega la esmerada defensa, lo cierto es que las características de la moto secuestrada coinciden con aquella que si aparecían en ella y, cuya presencia había sido advertida por el preventor. Esto es, mismo tono en el plástico cobertor de la rueda, los amortiguadores metálicos a la vista y el motor al descubierto con una tonalidad gris. Ello es un indicador de su presencia en el comercio. (…), estaba próxima al ingreso del supermercado y durante la fuga del individuo que disparó, oyó la aceleración de lo que bien podría ser un motovehículo, confirmando así el medio de huida de los indagados (…). Por otro lado, resulta poco creíble y hasta desproporcionado creer que se hubiera inmiscuido en una persecución policial de tal magnitud, arriesgando su vida y la de su compañero ya que condujo en contramano en reiteradas oportunidades, para evitar una simple contravención solamente "…por no tener los papeles en regla de la moto…" (…). (…) Sentado lo expuesto, los elementos de juicio verifican la materialidad del hecho y responsabilidad tanto de (…) como de (…), al menos con la provisoriedad que caracteriza a esta etapa procesal. III.- De la calificación legal: a) El juez Julio Marcelo Lucini dijo: En cuanto a los agravios en relación con la calificación legal, entiendo que se da el supuesto de abuso de armas toda vez que efectivamente existió el disparo de un arma en perjuicio de (…) poniendo en peligro su integridad física atento al informe de fs. (…) que acredita las lesiones padecidas. A su vez, dado que los imputados no se encuentran inscriptos como legítimos usuario de armas de fuego conforme fs. (…), y que en el supermercado "(…)" fue hallado "…un proyectil color plateado deformado…" 10

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que según la pericia de fs. (…) entra en los parámetros dimensionales de calibres de .38 pulgadas, su utilización estaría verificada y por ende, su portación. Esto permite superar el hecho de que no se la haya encontrado, más aún teniendo en cuenta que aquellos fueron perdidos de vista y aprehendidos por lo menos quince minutos después de ocurrido el suceso, lapso en el cual la pudieron haber abandonado. Sin perjuicio de haberse acreditado que (…) realizó los disparos, (…) responderá en coautoría debido a que claramente conocía la existencia del arma y la posibilidad cierta de su uso, más allá de no haber tenido contacto físico con ella. Hubo un evidente reparto de tareas en el que él esperó a su amigo haciendo de "campana". Coincido con el concurso material entre ambas figuras pues la circunstancia de que se superpongan temporalmente durante el evento, no hace que pierdan su autonomía al resultar acciones físicas y jurídicamente separables e independientes. Por último, se configura el delito de resistencia toda vez que los preventores (…) y (…) ordenaron a los acusados que detengan su marcha y haciendo caso omiso pese a las reiteradas señales lumínicas y sonoras que les fueron impartidas, recién tras una extensa y peligrosa persecución que finalizó cuando perdieron el control y colisionaron contra el cordón de la vereda lograron detenerlos. b) El juez Mariano González Palazzo dijo: Adhiero a la valoración realizada por mi colega preopinante mas no en lo que respecta a la portación compartida de un arma de guerra sin la debida autorización. Tal como sostuve con anterioridad, dicha figura requiere que el agente la lleve consigo corporalmente y en condiciones inmediatas de uso (in re, causa 9477/13 "Tapia", rta: 2/9/14 de la Sala IV). En el caso se tiene por acreditado con (…). Por ello entiendo que se debe confirmar el temperamento respecto de (…), y revocarse el adoptado en relación con (…) en cuanto a la portación se refiere. c) El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Intervengo en esta causa en virtud de la disidencia suscitada entre mis colegas preopinantes respecto a la calificación legal otorgada al suceso A. Luego de escuchar el audio, habiendo participado de la deliberación y sin tener preguntas que formular, comparto los argumentos dados por el Dr. Julio Marcelo Lucini, a los que me remito por razones de brevedad. En casos análogos como el aquí analizado sostuve que para la configuración del tipo penal discernido, no se requiere el constante contacto físico entre el portador y el arma detentada, sino la inmediata disposición que cada uno de los sujetos involucrados pudiera tener sobre ella (1). III.- En en virtud del Acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI., Lucini, González Palazzo (en disidencia parcial), Pociello Argerich. (Sec.: Bobes). c. 23.074/17, ASTORGA, Jorge Martín y otro s/ Procesamiento. Rta.: 23/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala V, c. 22345, "Ramírez", rta.: 15/08/03, c. 30936, "Herrera", rta.: 9/11/06 y c. 38390, "Zayas" rta.: 23/12/09. CALUMNIAS. Injurias. Desestimación por inexistencia de delito. Falta del dolo. Atipicidad. Expresiones vertidas en una carta documento enviada en el marco de un reclamo laboral. Confirmación. Fallo: "(…) de apelación interpuesto (….) contra el auto de fs. (…), que desestimó su querella por calumnias promovida contra (…). II.- La prueba aportada a la causa revela que las manifestaciones que este habría vertido no revisten la entidad pretendida. En la carta documento nro. (…), se lee: "…denuncio fraude laboral… desconozco la documentación en blanco que se me ha hecho suscribir que pueda ser usada en mi contra, especialmente un pagaré en blanco que suscribí obligado por Uds., bajo presión a fin de neutralizar algún reclamo legal por créditos laborales de mi parte. Intimo a que restituya el mismo en el plazo de 48 horas, caso contrario iniciaré las acciones legales penales por el abuso de firma en blanco y estafa…", finalizando con un apercibimiento de entablar un juicio laboral y una acción criminal. Las manifestaciones de (…) dan cuenta de una relación laboral y no exceden las expresiones vertidas para calificar la conducta de la contraria y fijar posición estratégica frente a un presunto proceso judicial que, por otro lado, será motivo de prueba, lo que permite descartar "ab initio" el contenido calumnioso o injuriante que el impugnante pretende asignar al texto.Entendemos que carece del dolo requerido por la figura atento a que el objetivo del imputado no fue afectar su decoro, ni desacreditar o deshonrar a (…), sino un reclamo laboral y la devolución de documentación vinculada al vínculo que, en todo caso, deberán ser investigado oportunamente en la justicia del trabajo cuando decida adoptar una medida de esa índole, por el momento no puede concluirse que tales sucesos hubieran sido falsos.La doctrina sostuvo que: "… si el reclamo, considerado en su totalidad, no aparece objetivamente calumnioso desde que la encausada pudo considerar que tenía razón plausible para exigir lo que estimaba pues hacía a su derecho, y en esa creencia inició la acción judicial cuestionada, no puede afirmarse la existencia de los elementos objetivos y subjetivos que rodean la figura del artículo 109 del C.Penal …." entendiendo que: " Es razonable poner en duda la

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configuración del ilícito cuando no puede asegurarse la inexistencia del hecho que sustentó la calumnia…" (1). "Las expresiones vertidas en telegramas haciendo referencia a conductas que en definitiva han de someterse a un litigio judicial, no constituyen delito contra el honor" (2). Por lo expuesto, entendemos que la desestimación dispuesta por el Juez de grado es correcta. III.- (…); IV.- Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso, con costas de Alzada (artículo 531 del C.P.P.N.). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Rosciani). c. 52.897/16, PINAZ, Lucas Ivan s/desestimación. Rta.: 08/03/2017 Se citó: (1) Villanueva Horacio J. Romero, Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria, anotados de jurisprudencia, tercera edición, pág.433 y ss.; (2) D'Alessio Andrés José, Divito A. Mauro, Código Penal de la Nación, Comentado y Anotado, 2da. edición, 2009, Tomo II, parte especial, pág. 165 y ss. CAUCIÓN. Real. Agravio: Monto impuesto e imposibilidad de pago. Depósito de la fianza por parte de su fiadora durante la sustanciación del recurso. Apelación abstracta. Fallo. "(...) recurso de apelación deducido por la defensa contra el auto de (fs. ...) que no hizo lugar a la sustitución y/o reducción de la caución real fijada a O. D. F. O. Conforme surge de (fs. ...), este tribunal revocó la decisión que rechazaba la excarcelación del imputado y resolvió su concesión bajo caución real de quinientos pesos ($500) manteniendo la obligación accesoria de comparecencia periódica ya impuesta. Esta suma fue depositada el pasado 12 de mayo por quien se presentó como su fiadora, Y. C. S. C., tal como surge del acta de (fs. ...), por lo que F. O. recuperó su libertad ese mismo día. Devueltas las actuaciones a esta sede para continuar el trámite recursivo, entiende el tribunal que ha devenido abstracto pues, si bien se indicó como motivo de agravio una posible sustitución como juratoria, una lectura integral de la presentación de la defensa permite inferir que su agravio gira en torno al monto impuesto y a la imposibilidad de afrontarlo. En mérito a ello, y a la reciente resolución dictada por este tribunal, consideramos que frente al depósito de dicha suma a quince días de su imposición, la defensa carece de agravio actual (art. 449, CPPN) que habilite nuestra intervención, lo que ASÍ SE RESUELVE. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Lucini. (Sec.: Peluffo). c. 20.727/17, FERREYRA OJEDA, Octavio Daniel s/excarcelación. Rta.: 18/05/2017 CAUCIÓN. Pedido de sustitución. Magistrado que ha omitido correr vista al fiscal. Fiscal que ha sido notificado de lo resuelto y de la audiencia fijada, guardando silencio. Tiempo transcurrido sin depositar la caución impuesta y situación socioeconómica que permiten sostener que la condición es de imposible cumplimiento. Revocación. Modificación por una caución juratoria y la obligación de presentarse mensualmente al tribunal. Fallo: "(…) I. La defensa oficial impugnó la resolución de fs. (…) en cuanto no hizo lugar a la sustitución y/o reducción de la caución impuesta al concederse la excarcelación a E.R.N.B. (ver fs…). II. A la audiencia celebrada conforme lo prevé el artículo 454 del Código Procesal Penal concurrió la parte recurrente y expuso agravios. Luego de deliberar, el tribunal se encuentra en condiciones de resolver. III. De la lectura del incidente se desprende que se ha omitido correr vista al Ministerio Público Fiscal de la solicitud de reducción o modificación de caución efectuada por la defensa a fs. (…). Sin perjuicio de ello, encontrándose afectada la libertad del procesado y dado que, conforme se desprende de lo actuado a fs. (…), el fiscal fue debidamente notificado de lo resuelto, como de la audiencia fijada en los términos del art. 454 del CPPN y guardó silencio, de lo que se infiere que consintió lo actuado, corresponde ingresar al fondo del asunto. IV. El tiempo transcurrido desde que esta Sala le concediera la excarcelación a B. bajo una caución real de quinientos pesos (29 días, ver fs….) sin que haya podido depositar esa suma, resulta demostrativo de que la condición suspensiva de referencia es de imposible cumplimiento, circunstancia que no se condice con lo dispuesto por el art. 320 última parte del código adjetivo. Por tales motivos, en función de la situación socio-económica de imputado, corresponde hacer lugar a lo solicitado por la defensa y sustituir la caución real por una de índole juratoria, manteniendo la obligación de concurrencia mensual oportunamente fijada por este Tribunal a fs.18/vta. (…) se RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) de este incidente y MODIFICAR la caución fijada a fs. (…) por una de índole juratoria, manteniéndose la obligación de concurrencia mensual a la sede del juzgado". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Prosec. Cám.: Daray). c. 15.986/17, BENÍTEZ, Ezequiel Raúl Nicolás s/ Caución. Rta.: 10/05/2017 CHANTAJE En grado de tentativa. Procesamiento. Imputada que habría enviado por whatssap y twitter mensajes de contenido coercitivo al querellante para obligarlo a entregar sumas de dinero con la amenaza de dar a 12

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional publicidad un video o relatar en programas televisivos cuestiones íntimas. Diferencia con la extorsión. Elementos del tipo penal "chantaje". Confirmación. Fallo: "(…) Los hechos que motivaron la promoción de querella por parte de R. L. G. contra C. L. resultan característicos de la figura de chantaje. Este delito se asemeja al de extorsión en cuanto protege el patrimonio y se diferencia en su medio comisivo, que no será ya la simple intimidación, sino la amenaza de formular imputaciones contra el honor o revelar secretos, que puede ser efectuada en forma verbal o escrita y empleadas por el propio beneficiario o por un tercero (1). Sobre el chantaje se ha dicho que se trata "del supuesto de una persona que, conociendo ciertas intimidades o secretos de otra, amenaza con revelarlos a un tercero o al público, a menos que esta última consienta en proporcionarle un beneficio patrimonial bajo cualquiera de las formas que la ley expresa" (2). De tal modo, y más allá de la separación de hecho que atravesaban las partes al momento de los sucesos que se pesquisan, lo cierto es que el contenido de los mensajes (cuyas impresiones obran reservadas en secretaría), insinuado dar a publicidad un video o relatar en programas de televisión cuestiones íntimas inherentes al querellante constituye, prima facie, un medio coercitivo -bajo el prisma de lo normado en el artículo 169 del Código Penal- para lograr los provechos consignados en el precepto que lo antecede (art. 168 del CP). No obsta a tener por acreditada la autoría, como pretende la defensa, la circunstancia de que la titularidad del abonado desde el cual fueron enviados los mensajes de "whatssap" no guarde identidad con la encartada, en tanto al cotejar el contenido de tales expresiones con los que en forma contemporánea escribía L. a través de su cuenta de "Twitter" ("si te seguís portando mal suelto los videos. Comportate"), se determina sin esfuerzo aquel extremo. Así, entonces, al exigir que el acusador particular abonara las sumas pretendidas (ver, específicamente, mensajes de "whatssap" del 25 de julio y del 26 de julio a las 16.07, de 2016), a la vez que "twiteaba" lo ya referido, e insistir con ello aun cuando G. había manifestado que el alquiler del departamento debía ser discutido por los abogados como parte de un proceso de divorcio (cfr. respuesta del 26 de julio a las 15.49), refleja tanto el anuncio del mal que podría sufrir aquél, como la exigencia económica que marcó el comienzo de ejecución del delito. II. En punto al monto del embargo, toda vez que durante la audiencia el apelante no realizó crítica alguna sobre este aspecto, corresponde tener por desistido el recurso de apelación en este sentido. Por consiguiente, en virtud de las consideraciones aquí efectuadas y los restantes argumentos desarrollados en la resolución puesta en crisis, el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar el auto de (fs. …) en cuanto decretó el procesamiento de C. L. por considerarla, prima facie, autora del delito de chantaje en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 169 del Código Penal y 306 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Bloj). c. 44.658/16, LATINI, Cielo s/ rec. apelación. Rta.: 10/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 32262/15, "Lund", rta. 20/11/2015; c. 56138/2014, "Mariani", rta. 18/06/2015 y 1165/11, "Saldi", rta. 29/08/2011. (2) Molinario-Aguirre Obarrio, "Los Delitos", Ed. Tea, 1996, to. II, pág. 304. CHANTAJE. En grado de tentativa. Procesamiento. Imputada que mediante llamadas telefónicas y mensajes por mails exigió el pago de dinero por un reclamo laboral de su marido bajo la amenaza de divulgar información. Agravio: Atipicidad debido a la falta de honorabilidad de la víctima. Rechazo. Hecho típico. Confirmación. Fallo: "(…) II. La valoración de la prueba efectuada por la jueza de grado en el auto de mérito resulta ajustada a derecho y a las constancias de la causa, motivo por el cual será convalidada. En este sentido, se cuenta en autos con la declaración de M.S.R. -empleado de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAESYC)- quien resultó categórico al declarar que en abril de 2015, recibió en la oficina un llamado telefónico de una persona que se identificó como la mujer de D.C., que se expresó de manera agresiva por un reclamo laboral vinculado con su marido y le refirió que tenía un mensaje para que le transmitiera al querellante R.N.R.. Concretamente, le habría manifestado que le hiciera saber a éste último que: "…Si no le paga lo que le corresponde a mi marido, tengo mucha información que lo va a destruir", extremos que fueron corroborados por los testigos C.A.M. y A.B., que escucharon la conversación en virtud de que la llamada se encontraba en alta voz (cfr. fs. …). A su vez, los nombrados coincidieron en que, con antelación a dicha comunicación, se recibieron en distintos sectores de la federación diversos e-mails enviados desde la casilla de correo electrónico XXX de contenido difamatorio respecto de la persona del querellante y que, posteriormente, se publicó información de la vida personal de éste en diferentes cuentas de Facebook (cfr. fs….). De otro lado, R.R.B. -Subsecretario General del Centro de Empleados de Comercio de Quilmes- explicó que conoce a la imputada ya que es amiga de su hermana H.G.B., que incluso en el pasado lo había increpado a él por problemas laborales de su esposo y que tenía conocimiento, a través de lo que le habría comentado M.R., de que la encausada había llamado la Federación para pedir dinero (cfr. fs. …). 13

A ello se añade que a partir de la información proporcionada por la empresa Microsoft se determinó que la cuenta de correo electrónico fue registrada por A.M.M.M. el 20 de enero de 2015, desde el IP XX y que también se accedió a esa casilla desde otras conexiones (cfr. fs….). A su vez, la empresa Telefónica Argentina informó que a través del IP señalado y de los números de IP XX se conectó el usuario XXX cuya titularidad se encuentra a nombre de la imputada, como también que la línea de teléfono asociada a Speedy sería la número XXX , perteneciente a aquélla (cfr. fs. …). Finalmente, el extremo sostenido por el acusador particular en punto a que M.R. habría recibido la llamada telefónica denunciada entre los días 27 y 28 de abril de 2015, se encuentra corroborado a partir de la información que se extrae del listado de llamadas entrantes y salientes correspondiente a la línea XX (cfr. fs…). En este contexto, el descargo de la imputada -quien negó el hecho que se le atribuye- (cfr. fs…)y los agravios de la asistencia técnica dirigidos a cuestionar la autoría de su defendida en los episodios materia de investigación, no pueden prosperar. La circunstancia de que en el marco de la IPP XX de la UFI N° 4 de Quilmes, se hubiera determinado que se accedió a la casilla de correo señalada mediante los números de IP XX, que no fueron asignados al usuario de la aquí imputada, no resulta determinante para desvirtuar el plexo probatorio reunido. Sobre todo, si se tiene en cuenta que de las copias del expediente aludido se desprende que del listado de conexiones aportado por Microsoft, únicamente se consultó por los usuarios de los números de IP reseñados, ignorando que sucedió con los restantes que lucen en el registro (cfr. fs. …). Por lo demás, cabe señalar que de los testimonios de R., M., M., M. y B. no se aprecian motivos para inferir que pretenden perjudicar a la imputada injustificadamente. El agravio en cuanto a la atipicidad no puede ser aceptado. En este aspecto, la alegada falta de honorabilidad de la víctima no permite considerar que la conducta de exigir el pago de dinero bajo la amenaza de divulgar información resulta atípica porque la acción intimidatoria tuvo la idoneidad requerida, y con la exigencia comenzó la ejecución del delito. Resulta indiferente que la imputación al honor sea veraz o falsa. En definitiva, los elementos de prueba reunidos, correctamente valorados por la jueza a quo en el auto impugnado, resultan suficientes para tener por acreditada tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad que le cupo a la imputada en él, con la probabilidad que el artículo 306 del CPPN demanda para su procedencia. (…) el Tribunal resuelve: CONFIRMAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Prosec. Cám.: Daray). c. 32.627/15, MACHADO MALLARINI, Ana María s/chantaje. Procesamiento. Rta.: 17/05/2017 COMPETENCIA Madre de un menor de edad que dejó su lugar de residencia y que se habría trasladado a Bariloche. Padre que desconoce el destino. Diligencias que no han determinado si efectivamente se encuentran en esa ciudad. Delito de carácter permanente cuya actividad ejecutiva aún perdura. Competencia del magistrado que previno. Revocación. Fallo: "(…) El a quo declinó competencia al sostener que G. E. C. R. reside junto al niño L. E. M. C. en la Ciudad de San Carlos de Bariloche y que, por lo tanto, los hechos por los que se damnifica A. E. M. se estarían perpetrando en aquella localidad. Sin embargo, si bien es cierto que la encausada junto a su hijo se trasladaron desde esta ciudad hacia aquél lugar, las diligencias efectuadas por la División de Delitos contra Menores de la PFA determinaron que el 4 de noviembre pasado tanto ella como el niño abandonaron el H. "El R. de C." sito en R. B. xx de San Carlos de Bariloche (fs. …). Durante la audiencia, la defensora de C. R. informó que había presentado constancias ante el magistrado del fuero civil que permitirían establecer su residencia y la de su hijo en la referida ciudad más ninguna prueba de las colectadas en estos actuados sostiene tal extremo (ver, en este sentido, el mensaje de la encartada en cuanto a que "estaba de visita" de fs. …). Por ello, la información aportada por la mentada división de la Policía Federal mantiene así su relevancia. De otro lado, cabe señalar que los delitos de carácter permanente son de competencia del juez del lugar en el cual cesó la permanencia. Mas en este caso en que no se ha restablecido el vínculo entre el menor y su padre, no resulta aplicable esa regla por cuanto la actividad ejecutiva aún perdura. En consecuencia, opera la subsidiaria contenida en el artículo 38 de ese mismo cuerpo normativo que asigna competencia al juez que previno. Por todo lo dicho, se RESUELVE: REVOCAR el auto de (fs. …) en cuanto se declaró la incompetencia en razón del territorio. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo. (Sec.: Bloj). c. 5.8421/16, C. R .l, G. E. s/ Incompetencia. Rta.: 22/02/2017 COMPETENCIA Imputado: diputado nacional que en su despacho habría abusado sexualmente de una empleada del Congreso Nacional. Hecho a investigar no se relaciona con el ejercicio de sus funciones. Justicia de Instrucción. Fallo: "(…) En la presente causa se investiga la posible comisión del delito de abuso sexual atribuido al diputado nacional por la Provincia de Tucumán, J. F. O., del que habría sido víctima una empleada del 14

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Congreso Nacional, A. B. P., y ocurrido en el despacho del legislador, situado en la avenida C. x, piso x°, de esta ciudad (fs. ...). Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en los casos que involucran a un funcionario federal, la competencia del fuero de excepción se encuentra habilitada cuando los hechos aparecen vinculados al desempeño de sus funciones en dicho carácter (1). Aquí, tal como sostuvo el fiscal (fs. …), el suceso denunciado por P. no se relaciona con el ejercicio de las funciones del diputado O. y por tanto debe ser investigado por la justicia nacional. Es por ello que se RESUELVE: ASIGNAR COMPETENCIA para seguir entendiendo en la presente causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, González. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 70.266/16, O., J .s/Competencia. Rta.: 10/03/2017 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos 291:272. COMPETENCIA Padre del menor que denuncia a la madre y a otra persona más por impedimento de contacto, situación que habría tenido lugar cuando su hijo vivía con su madre en Buenos Aires. Menor que vive desde el 2015 en la Pcia. de Mendoza. Características del caso y necesidad de garantizar el interés superior del niño que aconsejan que intervenga el magistrado con jurisdicción en el domicilio donde reside actualmente. Juzgado penal de turno con jurisdicción en General Alvear, Pcia. de Mendoza. Fallo: "(…) N. M. H. denunció que J. M. I. y M. A. S. impidieron que mantuviera contacto con su hijo N. L. H. desde mediados de 2014, oportunidad en que éste se domiciliaba junto a su madre en esta Ciudad de Buenos Aires (cfr. fs. …). Sin embargo, con posterioridad los imputados se mudaron junto al menor a la Provincia de Mendoza, donde se encuentra residiendo desde 2015, tal como surge de (fs. …). Sentado ello, cabe coincidir con la postura del juez de grado en tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha entendido, en un caso similar al presente, que "El tribunal del domicilio actual de la imputada debe ser quien tramite la causa iniciada por infracción a la ley 24.270, ya que, si bien la conducta a investigar se habría iniciado en el lugar donde residía el grupo familiar hasta que aquélla y su hijo menor se trasladaron a otra provincia, las características del caso -en la especie, la imputada sostuvo que no prevé regresar porque consiguió trabajo y construyó una vivienda en su nuevo domicilio- y el interés superior del niño consagrado en el art. 3°, CDN, reconocida en el art. 75, inc. 22, CN, aconsejan la intervención de aquel magistrado…En los delitos de carácter permanente no hay razón de principio que imponga decidir en favor de la competencia de alguno de los jueces en el ámbito de cuyas jurisdicciones se ha desarrollado la acción delictiva, por lo que son determinantes para resolver el punto, consideraciones de economía y conveniencia procesal" (1). En igual sentido, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que "Sin perjuicio de advertir que la conducta a investigar se habría iniciado en el lugar donde residía el grupo familiar hasta que la mujer y su hijo se trasladaron a Misiones, las características del caso y el interés superior del niño -principio consagrado en el art. 3° de la CDN, reconocida en el art. 75, inc. 22- aconsejan dar intervención al tribunal del domicilio actual de la imputada que estaría llevando a cabo el impedimento de contacto(2)"(3). Por otro lado, resulta inaplicable en la especie el fallo "C." de esta Sala citado por la querella en la audiencia, puesto que la allí imputada había mudado su domicilio en numerosas oportunidades, abarcando tres jurisdicciones provinciales distintas, y tal situación era factible de producirse nuevamente en el futuro, lo que ameritaba entonces aplicar la regla subsidiaria contenida en el art. 38 del CPPN y mantener la competencia del juez preventor. Tales extremos, como ya se indicó, difieren sustancialmente del presente caso. Por ello, siendo que tanto el niño como los imputados se encuentran radicados en ajena jurisdicción, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de (fs. ...), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Gonález. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 7.577/16, I., J. M. y otro s/ incompetencia. Rta.: 20/04/2017 Se citó: (1) "Código Penal Comentado y Anotado, Parte General", dirigido por D'Alessio, Andrés José y coordinado por Divito, Mauro A., editorial La Ley, Buenos Aires 2014, T. III, páginas 1227/1228. (2) C.S.J.N., Fallos: 329: 2188. (3) Vázquez Berrosteguieta, María Cecilia, "Competencia penal de los tribunales federales", ed. Hammurabi, Bs. As. 2016, pág. 247. COMPETENCIA Sustracción de mercadería dentro de una sede del "Correo Argentino". Hecho a investigar que no se relaciona con la obstrucción al servicio postal. Justicia de instrucción. Fallo: "(…) D. H. E. denunció la sustracción de una sintonizadora externa de televisión que había adquirido a través del sitio web "Ebay" y fue receptada en la sede del "Correo Argentino" situada en la calle XX de esta ciudad, en tanto el 23 de febrero de 2017 un sujeto que aparece identificado como "M." la habría retirado de allí en circunstancias que por el momento se desconocen (fs. ...). 15

Ya hemos dicho que sucesos como el denunciado deben ser investigados por la justicia ordinaria, pues la prestación brindada por [una firma dedicada] a trasladar de un [sitio] a otro diferentes bienes que los clientes encomiendan, … de ningún modo [puede ser], … considerado como obstrucción al servicio postal en cuyo caso, quedaría sujeto a la jurisdicción federal (1). Por ello, el hecho investigado no encuentra adecuación en los supuestos comprendidos en el artículo 33 inciso "c" del ordenamiento de forma. Así, se RESUELVE: ASIGNAR COMPETENCIA para seguir entendiendo en la presente causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, González. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 14.731/17, N.N. s/Competencia. Rta.: 21/04/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 2.108/12 "NN", rta. 6/3/2013. COMPETENCIA. Actuaciones en las cuales el magistrado se declaró incompetente sin la intervención del Ministerio Público Fiscal quien, en realidad, debía tener a cargo de la investigación por aplicación del art. 196 bis del C.P.P.N. Autores aún no individualizados. Ausencia de jurisdicción por parte del magistrado. Nulidad. Fallo. "(...) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal por la cuestión de competencia suscitada entre el Juzgado en lo Criminal de Instrucción (...) y el Juzgado de Menores (...). Estas actuaciones se inician por la extracción de testimonios ordenada por la Justicia de menores ante la posibilidad de haberse cometido un delito de acción pública, conforme se dejó constancia en el acta de la audiencia celebrada por la detención flagrante de D. E. G. (cfr. fs. ...). Recibidas por el Juzgado de Instrucción (...), su titular las devolvió al juez remitente porque a su entender, debe ser un único magistrado el que entienda en ambas investigaciones (aquélla en la que resulta imputado G. y en la que debe si en el interior del inmueble donde fue aprehendido se reducirían stereos y teléfonos celulares). Ahora, de las actas escritas que tenemos a la vista se advierte que el juez Peralta decidió sin haber dado estricto cumplimiento al mandato legal del art. 196 bis, CPPN. Es decir, recibidas estas actuaciones, debió haberle dado inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal, a cuyo cargo debía estar la dirección de esta investigación, por lo que la instancia no se encuentra habilitada y por ende, nos encontramos imposibilitados de conocer en este legajo (in re: causa nro. XX16, "N.N. s/intimidación pública", del 18/10/16). La competencia resulta un atributo del órgano judicial quien recién podrá analizar dicha cuestión cuando el acusador impute a una persona en concreto. Por ello, el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de lo decidido por el juez Peralta a (fs. ...) y todo lo actuado en consecuencia (art. 166 y sgtes., CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini. (Sec.: Sosa). c. 167/17, D. E. G. s/ competencia. Rta.: 07/03/2017 COMPETENCIA. Extorsión a través de un acceso ilegítimo a cuenta de Whatsapp. Carácter personal y privado de la cuenta de mensajería de Whatsapp. Comunicación electrónica. Violación de correspondencia. Justicia Federal. Fallo: "(…) Convoca al Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el querellante contra el auto documentado a fs. (…), en cuanto se dispuso declinar la competencia a favor de la justicia de excepción. Esta Sala estima que, en tanto de la denuncia se desprende que se habría accedido en forma ilegítima a la cuenta de "Whatsapp" que el damnificado tiene instalada en su teléfono celular, presuntamente para mostrar la posibilidad de borrar ciertos registros de llamadas telefónicas, de modo que podría ser beneficiado en una investigación criminal que tramitaría ante la justicia en lo penal económico a cambio de una suma de dinero, pero como él no habría querido pagar se lo estaría intimidando con perjudicarlo en esa actuación judicial, es el fuero federal el que debe intervenir en esta causa. Al respecto, puesto que la citada cuenta de mensajería es, de carácter personal y privado, su contenido se enmarca en el concepto de "comunicación electrónica" en los términos del artículo 153 del Código Penal, según la ley 26.388. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia ha dicho expresamente -con remisión a los dictámenes de la Procuración General- que el acceso ilegítimo a ese tipo de comunicación podría configurar una violación de correspondencia, de exclusiva competencia del fuero de excepción (Fallos: 328:3324 -referido a la cuenta de correo electrónico-; y C 351, XLVIII, "Jutton, Juan Carlos s/d s/delito contra la seguridad pública", rta. 20/11/1012 -vinculado a las de Facebook-). En similar sentido lo hemos sostenido en anteriores oportunidades (1). Por otra parte, las cuestiones referidas a la insuficiencia probatoria no inciden sobre la competencia material, en tanto nada obsta a que las correspondientes medidas de prueba sean ordenadas por el juez competente (2). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 76.091/16, D´ALESSIO, Marcelo s/incompetencia. Rta.: 14/03/2017

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala V, c. 71.380/2014, "Brizuela, Cintia Isabel", rta: 28/04/2015 y c. 17.525/2015, "NN s/av. delito", rta: 17/07/2015. (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VII, c. 46.621/14, "N.N.", rta: 02/12/2014. COMPETENCIA. Defensa que apeló el rechazo al planteo de incompetencia. Imputado a quien se le adjudican lesiones graves en riña. Actuaciones en las cuales existe una imputación contra otra persona por tentativa de homicidio. Hechos que se encuentran vinculados y no pueden ser escindibles en base a calificaciones jurídicas. Confirmación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra el auto de fs. 22/24 que no hizo lugar al planteo de incompetencia promovido. II.- Postula el recurrente que en virtud del delito de lesiones graves en riña por el que fue procesado su asistido debe intervenir la Justicia Penal, Contravencional y Faltas del ámbito capitalino, por cuanto conforme el "Convenio de Trasferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" -Ley 26.357- esa figura debe ser juzgada por ese fuero. Para fundar su criterio argumentó que los eventos por los que se agravó su situación procesal son escindibles de los que se le reprochan a su hijo. III.- En cuanto a la descripción de los hechos investigados, nos remitimos a la efectuada a fs. (…). No puede tener acogida favorable lo pretendido por la asistencia técnica, en tanto se estaría desmembrando hechos en función de asignaciones jurídicas. Pues aún cuando el "Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" establece que ese fuero entenderá en el delito de lesiones en riña, al verificarse una íntima vinculación con el evento reprochado a (…), procesado como autor de tentativa homicidio en perjuicio de (…), el magistrado de la instancia anterior deberá continuar con la investigación para una correcta administración de justicia. En situaciones similares nuestro máximo Tribunal, remitiéndose al dictamen del Procurador General, ha postulado que "en virtud de la estrecha vinculación que presentan los hechos, resulta conveniente, desde el punto de vista de una mejor administración de justicia, que la pesquisa quede a cargo de un único tribunal (1). También que "…la cláusula del artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que ningún habitante de la Nación puede ser sacado de los jueces designados por la ley ante del hecho de la causa no impide la inmediata aplicación de nuevas normas de competencia (…), excepto que, como en el caso, ello significara perjudicar una mayor celeridad y eficiencia de las decisiones (doctrina de Fallos: 311:1644 y 316:3053), lo que debe ser evitado" (ver dictamen del Procurador General de la Nación al que se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación Competencia nro. 1094 XL "Fernández, Norberto Osvaldo y otra s/ robo con armas" del 5 de abril de 2005). Sin perjuicio que lo expuesto es suficiente para convalidar el temperamento atacado, señalamos que los letrados (…), querellante en representación de (…), y el Ministerio Público Fiscal en sus presentaciones (…), peticionaron la ampliación de la declaración indagatoria de (…) para que se le haga conocer correctamente cuál fue su accionar, conforme los registros fílmicos, y proponen la modificación de la calificación escogida a fs. (…) por la de tentativa de homicidio cometido con alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, lo que deberá ponderarse y escapa a la órbita de la Justicia Penal, Contravencional y Faltas de esta urbe. En consecuencia, atento a las distintas hipótesis que se plantean y más allá de lo que en definitiva se decida al respecto, para una mejor aplicación de la ley sustantiva, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fue materia de recurso, con costas de Alzada (artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal de la Nación). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Carande). c. 27.602/16, CORZO, Rodolfo Manuel y otros s/incidente de incompetencia. Rta.: 25/04/2017 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos 328:867, Competencia 978, XLIV, "Longhi Viviana S/ lesiones dolosas", rta.: 2/6/09. COMPETENCIA. Hallazgo de un arma de uso civil deportivo (art. 6° inc. 39 del decreto 395/75), en el interior de un vehículo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Delito contenido en el Convenio de Transferencia Progresiva de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires (Ley 25757). Justicia Contravencional. Fallo. "(...) recurso de apelación interpuesto por el Sr. fiscal, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 35 - Dr. Ignacio Mahíques-, contra la resolución de (fs. ...), en cuanto no hizo lugar al planteo de incompetencia formulado por el representante del Ministerio Público Fiscal. Constituye materia de investigación en estos actuados, el hallazgo en el interior del vehículo marca Chevrolet Cruze con dominio (...), del arma de fuego tipo escopeta, marca "Brenta", calibre "28 UAB", número "(...)", 17

ocurrido el día 14 de junio de 2016, en el cruce de J. J. y la Avda. C. de esta ciudad y en circunstancias en que se encontraba en poder de E. A. L., D. A. T. y E. M. A.. De las constancias de autos, surge que el sumario se inició a raíz de la extracción de testimonios dispuesta el 26 de diciembre de 2016 por la Sra. Magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 1 en los autos n° (...); cuyo objeto se circunscribía a la sustracción de insumos médicos de alto costo del interior de la oficina de otorrinolaringología del Hospital de Clínicas de esta ciudad, que luego fueron publicados para su comercialización en un conocido portal de internet. En el marco del citado expediente, con fecha 14 de junio de 2016 se desplegó el operativo a través del cual, simulando ser compradores interesados en los aparatos en cuestión, uno de los damnificados se reunió con el presunto vendedor en la intersección aludida, mientras que el restante, aguardaba en las inmediaciones con personal del área de Cibercrimen de la Policía Metropolitana a la que se había otorgado intervención. En efecto, tras haberse determinado que el dispositivo que intentaba comercializarse se correspondía con aquel que fuera denunciado, los efectivos policiales procedieron a la formal detención de quienes resultaron ser los imputados en autos y en oportunidad de ello, advirtieron que un tercer individuo, identificado como D. A. T., aguardaba en el interior del vehículo en marcha aludido. Concretamente, de la requisa de dicho rodado, resultó la incautación del armamento descripto el cual se hallaba descargado. También se determinó que encuadraba como "arma de uso deportivo", y había sido empadronada por D. C. P. y no poseía pedido de secuestro (fs. ...). Llegado el momento de resolver, entendemos que los agravios de la fiscalía general expuestos en la audiencia merecen ser atendidos, por lo cual habrá de revocarse el auto impugnado a fin de que el Sr. juez de grado remita las actuaciones a la Justicia Contravencional. Ello así, toda vez que el 31 de mayo de 2001 la Legislatura local sancionó la ley 597 por la cual se aprobó el convenio de "Transferencia Progresiva de Competencia Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires", suscripto el 7 de diciembre de 2000, entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Del mismo modo, el 7 de julio de 2003 el Congreso Nacional sancionó la ley 25725, por la cual se aprueba el aludido convenio, en cuyo artículo primero establece que "[l]os hechos de tenencia y portación de armas de uso civil y su suministro a quien no fuera legítimo usuario, sancionados en el Artículo 42 bis de la Ley N 20.429 y n los arts. 189 bis, 3er. párrafo y 189 ter del Código Penal, todos según Ley N° 25.086, y en los arts. 3°, 4° y 38 de la ley N° 24192, cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán investigados por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y juzgados por sus jueces competentes. Frente a este marco, y de tenerse en cuenta que el informe pericial del arma estableció que se trata de una escopeta marca "Brenta", calibre 28 UAB, calificada como "arma de uso deportivo", conforme lo establecido en el capítulo I, Sección III, art. 6° inc. 39 del decreto 395/75 -el cual detalla las armas de uso civil deportivo que se incluyen dentro de la clasificación de armas de uso civil, los presentes actuados deberán tramitar ante la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: I- REVOCAR la resolución obrante a (fs. ...), en cuanto ha sido materia de recurso (art. 455, contrario sensu del CPPN), debiendo el Sr. juez de grado declinar la competencia a favor de la Justicia Cotravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 78615/16, LAZARTE, Emiliano Ariel y otros s/ incompetencia. Rta.: 04/05/2017 COMPETENCIA. Declinación de la competencia a favor del Juzgado de mayores. Magistrado que debió previamente resolver la situación procesal de todas las personas convocadas a integrar la rueda de personas y fueran vinculados al proceso en los términos del artículo 72 del C.P.P.N. Revocación. Fallo: "(…) recurso interpuesto por la defensa de (…) a fs. (…), contra el auto de fs. (…) que declaró la incompetencia y la remisión del legajo al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción (…) (artículos 26, 29, 34 y 35 del Código Procesal Penal de la Nación). II.- La causa se inició por la muerte de (…) ocurrida en el marco de un intento de sustracción de sus pertenencias y las de su pareja (…), utilizando un arma de fuego el (…), en las cercanías de la calle (…) de esta ciudad. De la investigación surgieron dos conjeturas en relación a los autores del hecho. En la primera habrían participado (…), como conductor de la moto y (…), como el acompañante y ejecutor de los disparos. En la segunda (…) sería la persona al mando del vehículo y (…) sería alguno de sus ayudantes. La Fiscalía para despejar sus sospechas solicitó la realización de diversas ruedas de reconocimiento para que (…) individualizara a los agresores y, en su caso, se los convocara a prestar declaración indagatoria (…). El juzgado al disponerlas notificó a la Defensoría Oficial (…) y su representante estuvo presente en cada uno de los actos (…). Además, ante la incomparecencia de (…) se ordenó su traslado por la fuerza pública, consignando su calidad de imputado (…) y al solicitar el traslado de (…) al Juzgado de Garantías (…) del Polo Judicial de A. del Departamento Judicial de L. de Z., se indicó que esta causa se instruyó contra aquél y otros por la comisión del delito de homicidio (…). Lo expuesto no deja duda en cuanto a que los nombrados fueron vinculados al proceso en los términos del artículo 72 del código de procedimientos citado. No puede soslayarse que la Fiscalía, para encausar la investigación, pudo recurrir a un reconocimiento fotográfico, pues contaba con las fichas y los legajos de algunos de los sospechosos enviados por la 18

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional prevención y con imágenes obtenidas a través de (…). Obsérvese que ese fue el medio que, al no poder localizarlo, se utilizó en relación a (…). Entonces, que (…) individualizara sólo a (…) como autor y que, consecuentemente, se lo convocara en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, no es un argumento lógico, adecuado y acorde a las constancias de la causa para privarlos de una respuesta jurisdiccional, pues han sido vinculados directamente al sumario (1). Así, previo declarar la incompetencia, deberá el juez de menores resolver la situación procesal de (…). En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) y proceder conforme lo dispuesto en los considerandos. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; González Palazzo (Prosec. Cám.: Silva). c. 33.800/16, A., M. A. s/incompetencia. Rta.: 18/05/2017 COMPETENCIA. Accionista de una empresa que denuncia un detrimento patrimonial debido a que los directivos habrían desviado fondos a través de subsidiarias para el pago de sobornos a funcionarios de este país y de la República Federativa de Brasil para la obtención de beneficios en la prestación de la obra pública. Concurso entre la presunta administración fraudulenta (delito ordinario) y el eventual cohecho activo -y posiblemente pasivo desde otra órbita- en que habrían incurrido al otorgar esos supuestos sobornos (delito federal) que impide escindir la investigación. Justicia Federal. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), (…) y (…) (…), contra el auto de fs. (…) que declinó la competencia en razón de la materia a la justicia federal. II.- Compartimos la solución adoptada por el juez instructor, pues de la denuncia surge la posible comisión de delitos de esa naturaleza. (…) a fs. (…) sostuvo que los directores de la compañía (…), habrían desviado fondos a través de subsidiarias para el pago de sobornos a funcionarios de este país y de la República Federativa de Brasil y así obtener beneficios en la prestación de la obra pública. Con ello habrían causado un detrimento patrimonial de la firma, de la cual el declarante es accionista. Precisó maniobras que versaban sobre el manejo infiel de la empresa -entre otras, las respectivas a la adjudicación de los trabajos viales "(…)" y "(…)" en la Provincia de Santa Cruz-, pero siempre vinculados a autoridades estatales y con el funcionamiento de servicios. Coincidimos con el magistrado en que no se puede escindir la presunta administración fraudulenta con un eventual cohecho activo -y posiblemente pasivo desde otra órbita- en que habrían incurrido al otorgar esos supuestos sobornos. Recordamos que "cuando exista concurso ideal entre un delito federal y uno ordinario, no corresponde escindir la investigación, acarreando ello un desdoblamiento indebido de un mismo hecho, dado que ello vulneraría el principio del ne bis in idem, debiendo el juzgado federal hacerse cargo de la totalidad de la pesquisa" y, además, "La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que la intervención del fuero de excepción está condicionada a la existencia de hechos que puedan perjudicar directa y efectivamente a la Nación. Si a ellos se le agrega que existe la posibilidad cierta de perjuicio al patrimonio de la nación…corresponde la intervención de la justicia criminal y correccional federal" (1). Finalmente se sostuvo que: "la competencia de excepción, se ha expresado, procederá ante la mera posibilidad de que se den las circunstancias de hecho que la justificarían; tal el caso que no pueda descartarse que delitos de competencia común y de excepción concurran idealmente" (2). La hipótesis delictiva planteada marca claramente la intervención de la justicia de excepción y las medidas tendientes a acreditar o descartar la comisión de un posible delito deberá ser practicado en esa sede. Máxime cuando la solicitud del Agente Fiscal fue precedida de la adopción de medidas de pruebas que pudieran sustentar, aunque mínimamente, la denuncia articulada. III.- En consecuencia, y de conformidad con el art. 33 inciso "c" del Código Procesal Penal, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Asturias). c. 61.990/16, TOUCEDA, Juan Manuel y otros s/Incompetencia. Rta.: 03/05/2017 Se citó: (1) Miguel Ángel Almeyra, Director y Julio César Báez Coordinador del "Código Procesal Penal de la Nación. Comentado y Anotado", La Ley, tomo I, páginas 409/410 y 412, Buenos Aires, 2007; (2) C.S.J.N., LL, 2005-B-169; J.P.B.A., 127-81-153, citado en Guillermo Rafael Navarro-Roberto Raúl Daray, "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Hammurabi, tomo 1, página 218, Buenos Aires, 2013. COMPETENCIA. Defraudación fiduciaria. Delito que se perfecciona donde se ejecuta el acto infiel perjudicial y, en caso de no conocerse, se presume que se cometió en el lugar donde se llevó a cabo la administración, sin que obste a ello

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la circunstancia de que la sociedad tenga su domicilio legal en otra jurisdicción. Probable consumación en esta ciudad. Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional. Fallo: "(…) II. En la intervención que le cupo a esta Sala el 19 de diciembre pasado -oportunidad en que se revocaron las declaraciones de extinción de la acción penal y los sobreseimientos decretados con respecto a los imputados F., G., S.H., G., L. D., F., E., A., T. y A. - se consideró que la investigación de la totalidad de los actos denunciados podía ser jurídicamente enmarcada -como hipótesis- en la figura específica del artículo 173, inciso 12, del Código Penal. Ello, a fin de determinar -eventualmente- si los administradores del fideicomiso, violando los deberes a su cargo, perjudicaron los intereses de los adherentes mediante actos de desvío y/u obligación abusiva. Para analizar la cuestión se tiene en consideración que de la lectura del Contrato Constitutivo del Fideicomiso "C.O." de fecha 16 de octubre de 2009, al que en diferentes momentos adhirieron los querellantes D.C. y W., surge que la empresa "A.C. SA" se constituyó como el "Agente Fiduciario" o el "Fiduciario". Además surge que asumió la administración del fideicomiso, con las obligaciones generales de la ley 24.441 y las especificadas en el capítulo III, cláusula 8va. -Obligaciones del fiduciario-, y las facultades detalladas en las cláusulas novena y décima -"Administración y disposición de los bienes fideicomitidos" y "Ejecución del fideicomiso". Así las cosas para evaluar la cuestión por regla general, el delito de administración fraudulenta, en cuyos términos generales se asienta la figura del inciso 12 del artículo 173 del Código Penal, debe estimárselo cometido donde se ejecuta el acto infiel perjudicial en violación del deber y, en caso de no conocerse el lugar, se debe presumir que aquél se ha llevado a cabo en el domicilio de la administración, sin que obste a ello la circunstancia de que la sociedad tenga su domicilio legal en otra jurisdicción (CSJN Fallos 308:1372, 314:1513 y 323:2225, entre otros). Una serie de elementos agregados a estas actuaciones llevan, razonablemente, a la conclusión de que la administración de "A.C. SA" fue llevada adelante en al Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En primer lugar, cabe ponderar que el recibo nro. 0002-000239 del 13 de enero de 2010, correspondiente a la inversión que concretó D.C. y suscripto por G.S.H. como Director Ejecutivo de "A.C. SA", fue extendido en un formulario impreso que lleva el nombre del fideicomiso "C.O.", en el que aparecen consignados un domicilio y un teléfono pertenecientes al ámbito de esta ciudad (ver fs…). Así también, de las publicaciones del Boletín Oficial aportadas por el apoderado del querellante D.C. a fs. (…)se infiere que, en el lapso 2013-2017, las autoridades de "A.C. SA" han ejercido la administración de sus negocios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que mantendrían ese status quo hasta el presente, en consideración a que la última de aquéllas data del 30 de marzo del corriente (ver fs…). Por otra parte, no resulta un dato menor el hecho de que, frente a la requisitoria del juzgado, se aportaran a las actuaciones en esta sede parte importante de los Libros y documentación de respaldo de "A.C. SA" y "C.T. SA" (fs…). Estos datos, como los demás que se valoraron en nuestra anterior resolución, ver fs.(…), frente a una decisión similar a la presente, como ser la suscripción en esta ciudad de los contratos de D.C. y W. a través de los cuales se adhirieron al Fideicomiso mencionado, y los domicilios en esta sede que ambos constituyeron como especiales, entre otras cuestiones, para las rendiciones de cuenta periódicas del curso del negocio estipuladas contractualmente- resultan elementos suficientes para concluir que la investigación debe permanecer y avanzar en esta jurisdicción sin dilaciones de acuerdo a lo expuesto por las partes en la audiencia. En este marco resulta claro que la hipótesis delictiva que se investiga, de verificarse, habría sido realizada en esta jurisdicción. Art. 37 del CPPN. Por estas razones por la cual se revocará lo resuelto. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Herrera). c. 36.462/16, FELD, Luis Alberto y otros s/ Competencia. Rta.: 23/06/2017 CONCURSO DE DELITOS. Robo agravado por su comisión con armas, en tentativa, en concurso real con portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal. Procesamiento. Agravio: Figuras que concurren idealmente. Rechazo. Arma que era llevada en condiciones de uso inmediato que fue utilizada en un robo. Figuras escindibles que se consuman en distintos momentos. Pluralidad de hechos independientes entre sí. Confirmación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra los puntos I y III del auto de fs. (…) que lo procesó en orden al delito de tentativa de robo agravado por su comisión con armas (Hecho I), en concurso real con el de portación de arma de uso civil sin la debida autorización legal (…) y trabó un embargo por (…). II.- La asistencia técnica sostuvo que la prueba no era suficiente para acreditar la participación de (…), que era errónea la aplicación de las reglas del concurso, cuestionó la portación del arma y el embargo. III.- (…) En cuanto al agravio que debe aplicarse un concurso ideal entre las figuras previstas por los artículos 166, inciso 2°, segundo párrafo y 189 bis, inciso 2°, tercer párrafo del Código Penal de la Nación, no puede prosperar. La portación se configura por la mera circunstancia de que el agente lleve consigo, en condiciones de uso inmediato, un arma de fuego sin la debida autorización y, por lo tanto, su utilización al cometer el delito de robo se trata de otra acción. Al ser figuras escindibles torna aplicable las reglas del concurso real establecidas en el artículo 55 del código de fondo (1). 20

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Nótese que como la segunda de la figura de referencia es de carácter permanente y precede al otro en el comienzo de ejecución, su consumación no sólo se produce en un instante distinto al del robo, sino que continúa aún después que éste se haya realizado (2). La doctrina sustenta que "(…) para la existencia de un concurso real no basta la pluralidad de hechos (conductas), sino que los mismos deber ser independientes (…) criterio esencial del concurso real. Es decir entonces que el concurso real no solo queda excluido cuando existe un solo hecho, tenga éste uno -delito simple- o más encuadres típicos -concurso ideal-, sino también cuando, concurriendo varios hechos, éstos no son independientes entre sí, sino por el contrario, dependientes" (3). Al respecto, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que "El robo cometido mediante el uso de arma y la portación de ésta sin autorización, configuran dos acciones típicas distintas que se superponen sólo parcialmente en el tiempo, coincidiendo nada más que en un lapso determinado, razón por la cual corresponde aplicar la sanción considerando que por sus características se trata de conductas temporalmente diferentes" (4). En igual sentido, "Corresponde considerar que medió un concurso real de delitos -y no ideal- entre el robo agravado por su comisión con armas y la tenencia ilegítima de arma de guerra si de los hechos probados en la causa es dable concluir que el actuar desplegado por el encausada constituyó hechos independientes, tanto material como jurídicamente, al probarse que el imputado tuvo el arma en ambos robos y que además se retiró del lugar con el revólver en su poder pues medió solución de continuidad entre acciones quedando la conducta endilgada desvinculada suficientemente de las anteriores" (5). Aquélla independencia se verifica en este caso donde se afecta en forma distinta y autónoma cada norma penal, en tiempo y circunstancias que se diferencian entre sí, por un lado la portación del arma ilegítima que es anterior a la del robo perpetrado con su utilización.De modo que quedó acreditado que (…) la detentó antes, durante y con posterioridad a su pretensión de apoderarse del automotor de la damnificada y hasta que la descartó cuando intentaba escapar del preventor que lo perseguía, lo que nos demuestra que son hechos escindibles e independientes.Lo expuesto enerva su planteo y resulta suficiente para acreditar, con el grado de provisoriedad que esta etapa requiere, la materialidad de los hechos y su intervención, lo que habilita el avance al debate.IV.- Del embargo: (…); V.- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I.- CONFIRMAR los puntos I y III del auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Williams). c. 9.257/17, GONZALEZ, Lisandro Daniel s/procesamiento. Rta.: 27/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 1594, "Ragonese", rta.: 25/10/12 y Sala IV, c. 45848/14, "Saucedo Sagal", rta.: 23/09/14 y c. 29175, "Silva", rta.: 17/04/06; (2) C.N.Crim. y Correcc.; Sala VI, c. 46120/15, "Paredes, Brian Joel", rta.: 26/10/16: (3) Baigún, David - Zaffaroni, Eugenio Raúl "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Tomo 2A, Hammurabi, Buenos Aires, 2007, págs. 606 y ss.; (4) C.N.Crim. y Correcc.; Sala VI, c. 1594, "Ragonese", rta.: 25/10/12; (5) C.F.C.P., Sala IV, "Fernández, Alfredo A.", rta.: 26/8/02. CONSERVACION DE LA FAUNA (Ley 22.421). Planteo de inconstitucionalidad del art. 27 de la ley 22.421 rechazado. Cuestión en la cual la C.S.J.N. ya se ha expedido. Fallo "Pignataro". Ratificación de la postura a través de la Ley 26.447. Confirmación. Fallo: "(…) III. La asistencia técnica sostiene que la ley 22.421 es inconstitucional al haber sido sancionada, promulgada y publicada durante la vigencia del gobierno de facto y, en consecuencia, no respetar el mecanismo de formación y sanción de leyes. Agregó que, una vez restablecido el régimen democrático, el Congreso Nacional no la ratificó en forma expresa (ver ley 23077). También destacó que, a partir de la reforma constitucional del año 1994 se encuentra prohibida aquella interpretación dada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Pignataro" -del año 1991en lo referente a la convalidación "implícita" de una "ley de facto". IV. Sentado cuanto precede, corresponde señalar que la ley de Conservación de la Fauna fue sancionada durante la vigencia de un gobierno de facto, siendo que posteriormente no ha sido ratificada por la ley 23.077. Sin embargo, los agravios de la defensa no logran conmover los fundamentos de la resolución en crisis, puesto que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en relación a la validez de la citada norma, especialmente respecto a los artículos 25 y 27, en el precedente "Pignataro" del 15 de octubre de 1991 (Fallos: 314:1257). Allí, nuestro Máximo Tribunal ha sostenido que "la validez de las normas dictadas por los gobernantes de facto está condicionada a que, explícita o implícitamente, las autoridades constitucionalmente elegidas que los sucedan la reconozcan (Fallos: 306:174, 308:724, 309:5). Dicho requisito ha de estimarse cumplido respecto de las leyes dictadas por quienes ejercieron la facultad legisferante entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, pues el Congreso de la Nación las ratificó tácitamente al abrogar algunas, modificar otras, y suspender o prorrogar la vigencia de otras más (voto del Juez Belluscio en Fallos: 309:5), y muy especialmente con relación a la que ha sido puesta en cuestión en este caso, pues (…) la continuidad de la ley cuya inconstitucionalidad fue declarada por el a quo ha sido reconocida por el Congreso de la Nación al derogar otras normas penales de igual origen y no hacerlo respecto de ésta" (del voto del Juez Belluscio en Fallos: 314:1257). 21

Esta postura, a su vez, fue ratificada ante la sanción de la ley 26.447 [B.O. 9/1/09] a través de la cual se modificó el artículo 35 de la ley 22.421 que remite al artículo 27 del mismo texto legal, circunstancia que demuestra la voluntad del legislador de mantener su vigencia sin perjuicio de su origen y de su expreso tratamiento por parte del Congreso de la Nación (ver igual sentido, de la Sala V CCC aunque con una integración diferente, la causa n° 8591/2013 "Zeller, Gerardo", rta. 10/12/14 y de la Sala I CCC, causa n° 36618/2015/1, "Nastilsan, Ricardo Héctor", rta. 22/9/16, entre otras). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los puntos I y II del auto de fs. (…), en cuanto fueran materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, López González. (Sec.: Raña). c. 36.624/15, VILLALBA, Mario A. s/ inconstitucionalidad. Rta.: 10/02/2017 CONSULTA DEL ART. 348 DEL C.P.P.N. Requerimiento de elevación a juicio formulado por la querella. Sobreseimiento pedido por el fiscal. Magistrado que eleva la causa en consulta. Requerimiento de la querella razonable. Elementos probatorios suficientes que sustentan el pedido de la querella. Evacuación de la consulta. Fallo: "(…) Ante la discordancia entre los dictámenes de los acusadores, resulta aplicable el procedimiento establecido en el artículo 348, segundo párrafo, segunda alternativa del código de forma, que tiene lugar cuando "sólo el querellante estimara que debe elevar la causa a juicio". Tal mecanismo no se ha visto alcanzado por la inconstitucionalidad que fuera dictada por nuestro Máximo Tribunal en el fallo "Q.", pues en tales casos "no es posible suponer una afectación genérica de la imparcialidad del tribunal, en la medida en que su intervención quede limitada a asegurar que el querellante pueda ejercer el derecho que la ley le concede a ser oído en juicio oral y público (conf. doctrina caso "S.", fallo 321:2021) ni una afectación intolerable a la independencia del Ministerio Público (Fallos 327:5863, considerando 37 del voto de la mayoría y considerando 24 del voto del ministro Zaffaroni)" (1). Dicho esto, coincidimos con la querella en que existen elementos probatorios suficientes para habilitar el avance de las actuaciones a la siguiente etapa procesal. En efecto, y tal como se sostuviera al confirmar el procesamiento de R. D. (fs. …), tanto la existencia del hecho como su responsabilidad se encuentran prima facie acreditadas con los testimonios de la damnificada R. N. P., la vecina J. M. V., la niñera N. L. G. y la empleada doméstica M. L. M., a las que se suman las manifestaciones de A. N. P. Y., el Dr. M. I. A. y el licenciado F. R. (fs. ...). En efecto, más allá de que la declaración central es la de la víctima, quien describió las circunstancias de comisión del concreto hecho atribuido a R. D., los dichos de los testigos mencionados reflejan las agresiones que ejerciera el causante contra P., cuyo análisis debe enmarcarse, por lo demás, en el entorno normativo que contemplan las Convenciones de raigrambre constitucional a las que adhirió el Estado Nacional mediante la Ley N° 26.485. Cabe añadir que las referencias formuladas por el imputado en su ampliación indagatoria (fs. …) no sólo no aportan dato alguno en relación con el concreto episodio por el que soporta reproche sino que apuntan a sucesos ajenos y que ninguna vinculación guardan con el aquí investigado. Es por todo ello este tribunal RESUELVE: Evacuar la consulta planteada en los términos de la presente resolución, por coincidir con los argumentos de la querella. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, Gonález. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 36.256/16, R. D., E. M. s/Art. 348. Rta.: 12/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c.49.051/09, "Hospital Santojanni", rta. 5/04/2013. CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO FEDERAL. Sustracción de correspondencia mientras todavía se encontraba bajo custodia del servicio de correo. Justicia federal. Fallo: "(…) Convoca la atención del Tribunal la contienda de competencia en razón de la materia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Correccional N° (…) y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° (…). Las actuaciones tuvieron inicio con motivo de la denuncia formulada por P. T., quien refirió que el 9 de septiembre de 2016, se hizo presente en su domicilio una persona de sexo masculino vestido con un uniforme de correo -sin poder precisar cuál-, quien le hizo entrega de un sobre que debía contener la tarjeta de crédito del denunciante. Sin embargo, cuando lo abrió, advirtió que no se hallaba el plástico en su interior, por lo que concurrió a una sucursal del Banco Santander Río, donde una empleada le informó que la tarjeta solicitada se correspondía con el número XXX, con vencimiento "08/2019". La señora juez en lo correccional declinó su competencia, en el entendimiento de que el hecho denunciado, que encuadró en los artículos 153 o, en su defecto, 154, del Código Penal, importó una violación de la correspondencia. A su turno, el magistrado del fuero de excepción no aceptó la competencia atribuida, al considerar prematura tal decisión. Al respecto, esta Sala comparte los argumentos esbozados por el representante del Ministerio Público Fiscal (…). 22

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En efecto, es criterio del máximo Tribunal que "… la sustracción de correspondencia, mientras ésta se encuentra todavía bajo la custodia del servicio de correo, supone la comisión de uno de aquellos crímenes que 'violenten o estorben la correspondencia de correos, de conformidad con lo previsto en el artículo 3, inciso 3°, de la ley 48 y artículo 33, inciso 1°, apartado 'c', del Código Procesal Penal…y debe, por consiguiente, quedar sometido a la jurisdicción federal' " (fallos 323:1804). Por otra parte, la invocada insuficiencia probatoria no incide, en el caso, en la determinación de la competencia material, en tanto nada obsta a que las correspondientes medidas de prueba sean ordenadas por el juez competente (1). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá intervenir el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito, Rimondi. (Prosec.: Larcher). c. 57.021/16, N/N. s/ Contienda. Rta.: 08/02/2017 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO FEDERAL. Titular de la Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de la Nación que ordenó la compactación de un rodado secuestrado, sin la debida autorización judicial para ello. Funcionario federal que cometió el hecho en ejercicio de su función. Afectación al buen funcionamiento del servicio de Administración Nacional. Justicia Federal. Fallo: “(…) contienda negativa de competencia entre el titular del Juzgado en lo Correccional (…) y su par del Federal (…). II.- (…) Conforme surge del requerimiento fiscal de fs. (…), se imputa a (…), director de la “Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de la Nación” el haber ordenado la compactación del rodado Volkswagen Bora, dominio (…), perteneciente a (…) y que fuera secuestrado en el expediente mencionado, sin contar con la debida autorización judicial para ello. III.- La magistrada correccional se inhibió a favor de la justicia de excepción porque la conducta presuntamente realizada por un funcionario público habría afectado el buen servicio de los empleados y el normal funcionamiento de ese organismo. Por su parte, el Dr. Ercolini no la aceptó por entender que no se evidenciaba afectación a la Administración Nacional, por cuanto la medida tuvo una incidencia de carácter local sobre un rodado vinculado a un expediente del fuero ordinario, sin que mediare interés federal alguno. IV.- Disentimos con la solución propiciada por el Sr. Fiscal General a fs. (…). Ello es así por cuanto este Tribunal, aunque con una integración parcialmente distinta, sostuvo que “…en los casos que involucran a un funcionario federal (…) la competencia de excepción sólo se halla justificada cuando los hechos aparecen vinculados al desempeño de sus funciones como tal” (1), lo que se verifica en el caso. Allí también se asentó que “…los delitos cometidos en establecimientos del Estado Federal, es la justicia de excepción quien mejor se encuentra habilitada para investigar, más aún cuando no se puede descartar que el accionar desplegado por los menores haya afectado el normal funcionamiento de la institución (…). Sobre esa base, teniendo en cuenta que el hecho habría acontecido en la “Dirección de Fiscalización de Desarmaderos y Autopartes del Ministerio de Seguridad de la Nación” no puede descartarse que el accionar de (…), en ejercicio de sus funciones dentro de esa dependencia de competencia federal, afectara el buen funcionamiento del servicio de Administración Nacional (artículo 33 del Código Procesal Penal de la Nación). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: ASIGNAR COMPETENCIA al Juzgado Federal (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pociello Argerich, González Palazzo. (Prosec. Cám. Ad-Hoc: Mariño). c. 75.067/15, IGLESIAS, Mariano Hernán s/competencia. Rta.: 09/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 24.270, “Complejo Penitenciario Federal de la C.A.B.A.”, rta.: 12/07/16. CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO PENAL ECONÓMICO. Imputados que podrían haber cometido los delitos de administración infiel, balance falso y evasión tributaria art. 173, inc. 7°, y 300, inc. 2°, del CP y de acuerdo a la ley 24.769-. No puede descartarse que las irregularidades en la presentación de balances falsos fuera el medio utilizado para cometer el delito de defraudación. "-Doctrina de la CSJN "Guyot"-". Denuncia motivada en la constante ausencia de dividendos y la negativa de los imputados -hasta su remoción, del presidente y directores de la empresa- a exhibir los libros contables. Marco fáctico denunciado que escapa la competencia de la justicia ordinaria. Justicia en lo Penal Económico. Fallo. "(...) contienda de competencia negativa suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. (...) y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. (...).

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Se investiga en este expediente los hechos presuntamente cometidos por J. O. P., M. J. C. y M. P., quienes habrían incurrido en los delitos de administración infiel, balance falso y evasión tributaria en los términos del art. 173, inc. 7°, y 300, inc. 2°, del CP y de acuerdo a la ley 24.769. El titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° (...) resolvió declararse incompetente para continuar con la investigación, en razón de que los diversos actos que componían la maniobra denunciada resultaban sucesos inescindibles que, dadas las hipótesis delictivas que englobaban - presentación de balances falsos (art. 300, inc. 2°, del CP) y evasión (ley 24.769)- debían ser investigadas por el fuero en lo penal económico (cfr. fs. ...). A su vez, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nro. (...) no aceptó la competencia atribuida. Por un lado, porque la confección de balances falsos sería parte de la administración infiel cometida en perjuicio de los restantes accionistas de la firma F. S. y que cualquiera fuese la relación entre ambas figuras debería ser el fuero ordinario quien continuara con la investigación. Por el otro, en relación a la presunta infracción de la ley 24.769, el magistrado consideró prematura la decisión al desconocerse aun el monto evadido (cfr. fs. ...). Ahora bien, por las razones invocadas por el Sr. Fiscal General que este tribunal comparte, corresponde asignar competencia al fuero de excepción. En este sentido, no puede descartarse que la presentación de balances falsos fue el medio utilizado para cometer el delito de defraudación (ver mutatis mutandi doctrina de la CSJN "Guyot", Fallos 308:705). De este modo, y toda vez que la denuncia fue motivada en la constante ausencia de dividendos y la negativa de los imputados -hasta su remoción, del presidente y directores de la empresa- a exhibir los libros contables, es que, como lo propone el Sr. Fiscal General (...) (ver en este mismo sentido, c. nro. 30.369/2012 de esta Sala, "Schinocca", resuelta el 13 de agosto de 2013). En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° (...) para que intervenga en estas actuaciones. C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Lucini. (Sec.: Peluffo). c. 35.217/16, PUPATO, Mariela s/ contienda. Rta.: 18/05/2017 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO CRIM. Y CORREC. FEDERAL. Posible infracción a la Ley 26.842. Imposibilidad de descartar una posible trata de personas. Justicia de excepción. Fallo: "(…) II.- (…) denunció el (…) que en el domicilio sito en (…) ingresaban una gran cantidad de mujeres, seguidas por distintos hombres, lo que fue confirmado por (…), inquilino del (…) piso del mismo edificio, quien agregó que desde su departamento se escuchaban constantemente ruidos similares a dos personas teniendo relaciones sexuales. III.- El magistrado de instrucción declinó la competencia por entender que el suceso encuadraría en las previsiones de la Ley 26.842, la que no fue aceptada por la justicia de excepción por prematura (…). IV.- Ahora bien, entendemos que no puede descartarse la posible infracción a la norma mencionada. Las distintas modificaciones legislativas en materia de explotación sexual y trata de personas evidencian como fin último evitar la cosificación de la mujer y garantizar la protección de su libertad sexual, sea a través de la conducta que reprime el artículo 125 bis y ss. o la del 145 bis y ss. del Código Penal. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, incorporado al derecho interno mediante la Ley 25.390, caracteriza incluso la esclavitud sexual y la prostitución forzada como delito de lesa humanidad (art. 7). Por otro lado, tal como se sostuvo en la resolución de fs. (…), si bien la última reforma introducida por la Ley 26.854 sobre esta temática no ha alterado la asignación de competencia que efectuara la Ley 26.364, que sólo prevé la intervención del fuero federal para los supuestos de trata de personas, la delgada línea que divide las figuras aludidas aconseja que la investigación sea llevada ante un único fuero, donde deberán practicarse las medidas necesarias para definir cuál es la calificación correcta. La preocupación que a nivel mundial trae aparejada esta "esclavitud moderna", nos persuade aún más de la necesidad de concentrar en una misma jurisdicción la instrucción de los sumarios referidos al negocio sexual, para garantizar así que se cumplan los objetivos que fijan las normas.En este sentido la Relatora Especial para la Trata de Personas de Naciones Unidas estableció: "la mayor parte de la prostitución, tal y como se practica actualmente en el mundo, suele reunir los requisitos para que pueda ser considerada trata. Es raro dar con un caso en que los motivos que llevan a una persona a la prostitución, y las experiencias de esa persona dentro de la prostitución, no incluyan como mínimo un abuso de poder y/o un abuso de vulnerabilidad. En este contexto, poder y vulnerabilidad deben entenderse también desde la óptica de las disparidades basadas en el sexo, la raza, la etnia y la pobreza. Dicho de manera sencilla, el camino que lleva a la prostitución y a ese estilo de vida una vez que se ha caído en ella, raramente se caracterizan por el pleno ejercicio de derechos de las víctimas o la obtención de oportunidades adecuadas" (1). También se sostuvo que "los medios comisivos en uno y otro delito son bastante similares, pero la realización de la acción típica varía según se trate de un delito contra la libertad individual (captar, trasladar o recibir a la persona contra su voluntad) o de un delito contra la integridad sexual (promover o facilitar la prostitución contra la voluntad del sujeto pasivo)" (2). A su vez, en casos similares nuestro Máximo Tribunal ha postulado que "La justicia federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretende atribuir sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se halla configurado o no dicho ilícito (…)" (3). En esta línea se sostuvo que la trata de personas constituiría el paso previo a la comisión delictiva del delito de favorecimiento de la prostitución, que vendría a configurar la consagración del objetivo propuesto

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional inicialmente. Es decir, en un punto se confunden ambas figuras, especialmente cuando en el caso de los delitos contra la identidad sexual se utilizan métodos coactivos o intimidatorios (…). V.- En consecuencia, de conformidad con el Fiscal General (…), el Tribunal RESUELVE: QUE DEBE INTERVENIR el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo, Pociello Argerich. (Sec.: Carande). c. 73.487/15, NN s/ Contienda. Rta.: 26/05/2017 Se citó: (1) Luis Niño, Stella Maris Martínez, Coordinadores, Autor: Julieta Di Corleto, Delitos contra la Libertad, Ed. AdHoc, 2ª edición actualizada y ampliada, Pág. 511; (2) Alejandro Tazza, "El delito de trata de personas", Ediciones Suárez, Mar del Plata, 2010, pág. 115; (3) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 46.109 "L., M. I.", rta: 7/5/13; c. 1230, "V. X", rta.: 19/9/12, en la que se citó el Dictamen del Procurador General al que se remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Competencia n° 398 XLVII, "Ministerio Público de la Nación s/av. ilícito posible trata de personas", rta.: 15/11/11. CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO CRIM. Y CORREC. FEDERAL Comisario a cargo de la División redes de la Superintendencia Federal de Comunicaciones de la PFA que se habría apropiado de fondos destinados a gastos de comida y sueldos. Fondos asignados por el presupuesto nacional. Defraudación a las rentas de la Nación. Justicia Federal. Fallo: "(...) Corresponde entender en la presente al fuero de excepción, pues las maniobras enrostradas al encausado (Comisario a cargo de la División Redes de la Superintendencia Federal de Comunicaciones) para apropiarse de los fondos asignados por el presupuesto nacional para gastos de comida, "caja chica" y sueldos prevencionales de la División de Redes de la Policía Federal Argentina (cfr. declaración de fs. ...), sumada a las funciones propias que a ésta le competen (cfr. normativa citada en el dictamen fiscal que antecede), traduce en el caso una hipótesis de defraudación a las rentas de la Nación en los términos del articulo 33, inciso 1°, apartado c, del código ritual. Así entonces se RESUELVE: ASIGNAR COMPETENCIA en la presente causa al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González Palazzo, González. (Sec.: Bloj). c. 9.165/15, PARISI, Omar s/ contienda. Rta.: 07/04/2017 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO CRIM Y CORREC. FEDERAL. Mujeres identificadas que podrían ser víctimas de trata de personas. Necesidad de profundizar la investigación. Justicia Federal. Fallo: "(…) Coincidimos con el fiscal general en cuanto a que los hechos que se investigan en esta causa podrían hallar encuadre en el artículo 145 bis del Código Penal, de estricta incumbencia del fuero de excepción (artículo 33 inciso e) del CPPN). En efecto, aún cuando las mujeres identificadas en el comercio a cargo del imputado negaron el desarrollo de actividades relacionadas con el ejercicio de la prostitución, e incluso una de ellas afirmó que ingresó voluntariamente al país, no puede descartarse en el estado actual del proceso la posibilidad de que los eventos pesquisados reporten a la indicada figura legal, atendiendo particularmente al informe elaborado por la Oficina de Rescate y Acompañamiento de Personas damnificadas del Delito de Trata obrante a (fs. …). Ello, en cuanto señalan que la última de las nombradas se mostró con un discurso inconsistente, contradictorio e impreciso, que podría deberse al temor experimentado por la posibilidad de resultar involucrada en alguna situación judicial desventajosa, o de comprometer a través de sus dichos al encausado, o bien a que éste último la hubiese persuadido previamente para que evitarse dar información respecto de lugar. En la mismo ocasión se destacó que "resulta frecuente que las mujeres en situación de prostitución eviten dar información de su real situación, por la estigmatización y discriminación que ello conlleva…" y que "si bien no fue posible obtener datos que pudiesen dar cuenta que la Srita. Z. se encontrara en situación de prostitución dentro del local allanado, ni constatar la presencia de clientes/prostituyentes, es menester indicar que los colchones observados tanto en el sótano como en la planta alta del local y los preservativos hallados por personal policial harían presumir que en tal sitio se desarrollarían actividades prostituyentes….". Por último, sobre la joven involucrada se hizo alusión acerca de que su arribo al país se habría concretado "en circunstancias de apremio económico…en una situación endeble, hasta el momento no contaría con la documentación requerida para realizar tareas laborales dentro del régimen formal, lo que la ubicaría en una situación de desvalimiento económico…". Al respecto, nuestro Máximo Tribunal sostuvo que "ante la existencia de alguno de los extremos inherentes al delito de trata de personas, la justicia federal no puede declinar su competencia ni rechazar la que se le pretenda atribuir sin antes realizar las medidas necesarias para establecer si se halla configurado o no dicho ilícito" (1). 25

Lo señalado, nos convence de que la investigación debe proseguir ante la justicia de excepción. Por ello, el tribunal RESUELVE: I. Asignar la competencia en la presente causa al Juzgado lo Criminal y Correccional Federal n° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, González. (Sec.: Barros). c. 8.345/14, V., J. C. s/ competencia. Rta.: 17/03/2017 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos 334:1382 y C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 32.862/13, "M.", rta. 30/5/2014; c. 55.942/13, "W.J.", rta: 23/06/2015. CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO CRIM Y CORREC. FEDERAL. Damnificada que indica que hicieron uso de sus datos personales y de su tarjeta de crédito para adquirir un teléfono celular y una línea telefónica. Maniobra fraudulenta mediante D.N.I. falso. Probable estafa en concurso ideal con uso de documento de identidad. Justicia federal. Fallo: "(…) I-A.M.G.Q. denunció que en abril de 2016 recibió un mensaje de texto proveniente de la empresa "Movistar", mediante el cual advirtió que debía abonar un monto superior al que acostumbraba. En virtud de ello, se comunicó telefónicamente con la compañía en cuestión, ocasión en la que se le informó que dicho monto obedecía a la adquisición de un teléfono celular y una línea telefónica. No obstante ello, la situación aludida se reiteró en el mes de junio, ante lo cual concurrió a la sucursal correspondiente donde le explicaron que los equipos y líneas se habían obtenido con sus datos personales y una tarjeta de crédito Mastercard. II- El juez de instrucción declinó la competencia en favor de la justicia federal por cuanto consideró que los hechos encuentran adecuación típica en los delitos de falsificación de documento en concurso ideal con estafa. Ello en virtud de que consideró que para concretar la maniobra fraudulenta se requirió previamente la obtención de un DNI falso, por lo que el suceso debe ser investigado por un sólo magistrado en tanto que las conductas resultan inescindibles. El magistrado del fuero de excepción rechazó la atribución de competencia I.- Llegado el momento de resolver, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General, asignaremos competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2. Ello por cuánto conforme obra en las constancias de fs. (…), para que la empresa "OCA S.R.L" haga entrega de las líneas telefónicas resulta necesario exhibir el documento de identidad del titular de la compra. En función de ello, la conducta a investigar encuadraría en el delito de estafa en concurso ideal con falsificación o uso de documento, cuya finalidad es acreditar la identidad de las personas, competencia que pertenece al fuero federal. Así esta Sala -con diferente conformación- se ha expedido en cuanto a que "cuando la hipótesis delictiva consiste en una defraudación cometida mediante la utilización de un documento nacional de identidad ajeno o de uso espurio de éste, la competencia le corresponde al fuero de excepción. Así lo establece el art. 33 inc. d y el art. 42 de la ley 20.974 "identificación del Potencial Humano Nacional" (c. 36617, "N.N s/ estafa; damnif: Baca Serio Leandro", rta. 27/03/09), "el único extremo necesario para tornar inescindibles las conductas delictuales y, por ende, declinar la competencia de la causa en los términos propuestos por el magistrado instructor, se ciñe a la demostración del uso del documento al momento de efectuarse las compras" (c. 38633, N.N. s/ Estafa, damnif: Seiles, Nicolás", rta. 12/02/10). En consecuencia, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General a fs. (…), el Tribunal RESUELVE: Asignar competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, Secretaría N° 3". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: Poleri). c. 38.862/16, N. N. (Dam.: GONZÁLEZ QUIÑONES, Ana M.) s/ contienda. Rta.: 20/03/2017 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO CRIM. Y CORREC. FEDERAL. Venta de entradas, presuntamente apócrifas para un partido de fútbol. Tickets secuestrados que presentaban una gráfica distinta a la designada por la entidad deportiva para ese evento. Justicia Federal. Fallo: "(…) contienda negativa de competencia suscitada entre los titulares de los juzgados de Instrucción nro. (…) y Federal nro. (…). II.- El 22 de octubre de 2016, alrededor de las 18:35 y en las inmediaciones del estadio del Club Atlético River Plate, los imputados habrían vendido a (…), (…) y (…) tres entradas, presuntamente apócrifas, para el partido de fútbol que iba a disputarse ese día entre el equipo mencionado y Atlético Rafaela. III.- La jueza de instrucción declinó su conocimiento a la justicia federal porque la conducta investigada se subsumía en un concurso ideal entre las figuras previstas en el artículo 172 del Código Penal y el artículo 31 inciso "a" o "b" de la Ley 22.362 de Marcas y Designaciones (…). Ello no fue aceptado por el magistrado de excepción pues la decisión era prematura, ya que no se había verificado, a través de un examen pericial, la falsedad de las entradas incautadas (…). IV.- De conformidad al criterio esgrimido por el Agente Fiscal (…), corresponde que sea la justicia de excepción la que continúe con la investigación. 26

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional La reproducción de un escudo y tipografía ajeno al club podría constituir una de las formas de uso de marca registrada perteneciente a un tercero sin su autorización. La norma mencionada sanciona al que "…usare una marca registrada o una designación falsificada fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización...". En el caso no es posible descartar dicha circunstancia, toda vez que los tickets secuestrados a (…) presentaron una gráfica distinta a la designada por la entidad deportiva para ese evento. En efecto, no pudieron ser validados por falta de un chip. En este marco, corresponde que sea el juez federal quien intervenga en el sumario, debiendo realizar las medidas que estime pertinentes a los fines de la prueba ya que, según lo descripto en el art. 33 del Código Procesal Penal, es quien debe entender en el asunto. En consecuencia, y toda vez que las acciones típicas "son las de poner a la venta, vender y comercializar productos o servicios con el signo ilícito, también con independencia de quién haya sido el autor de la falsificación o la imitación…" (1), el Tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo, Pociello Argerich. (Prosec. Cám. Ad-Hoc: Mariño). c. 64.516/16, BRAIDA, Carlos Israel s/competencia. Rta.: 16/03/2017 Se citó: (1) Andrés J. D´alessio-Mauro A. Divito,"Código Penal de la Nación, comentado y anotado", Tomo III, 2º Ed. Editorial La Ley, Buenos Aires 2009, pág. 696. CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO CRIM. Y CORREC. FEDERAL. Presunta investigación por estafa procesal, lavado de activos y quiebra fraudulenta. Delitos precedentes que son de naturaleza ordinaria. Sucesos que tuvieron lugar antes de la reforma introducida por la ley 26.683 que derogó el art. 278 que excluía como sujetos activos a quienes hubieran participado del delito que generó el lavado. Juzgado Criminal y Correccional. Fallo: "(…) contienda negativa de competencia suscitada entre el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. (…) y su par del Federal nro. (…). II.- (…), Fiscal a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (…) denunció a (…) y (…) y (…), administradores y/o accionistas y/o directivos de las sociedades (…) y (…), por los presuntos delitos de estafa procesal, lavado de activos y quiebra fraudulenta, basándose en lo dictaminado por la Fiscal General ante la Cámara de apelación en lo Comercial, (…) en el expediente (…). La concursada propuso un acuerdo preventivo consistente en el pago del cien por ciento (100 %) del capital en cinco cuotas o en doce pagos mensuales desde la homologación de los bonos emitidos por el Estado Nacional pagaderos en moneda europea con vencimiento en el mes de mayo de 2016, oferta que fue aceptada el 17 de mayo de 2001, con la condición de que se conformara un comité de acreedores definitivo. Sin perjuicio que la resolución no produjo efecto alguno pues fue apelada y no se elevó a la Alzada por más de quince años, (…) canceló varios créditos de acreedores y omitió el pago de otros. Llamativamente había abonado la acreencia de (…) que presentó en el proceso falencial un crédito a su favor por U$S (…) que significaba el 66,29% del capital verificado, pese a no tener documentación respaldatoria. Asimismo se determinó que esa empresa era una sociedad extranjera constituida en las Islas Vírgenes Británicas que sólo contaba con un domicilio en Copacabana, Brasil, no estaba inscripta en la Inspección General de Justicia y tenía vínculos con la fallida pues la representaba (…), madre de (…), que era su Directora y, a su vez, su abuelo (…) había sido su Presidente y el de "(…)". III.- El juez que previno declinó la competencia a la Justicia de excepción porque consideró que debía investigarse el presunto lavado de dinero (…), la que no fue aceptada por prematura, atento a que este delito sería excluido de configurarse el previsto en el artículo 172 del Código Penal (…). IV.- Compartimos los argumentos del Sr. Fiscal General de fs. (…), pues aún cuando no se pueda descartar la asignación al caso de la primera figura reseñada, lo cierto es que los posibles delitos precedentes, quiebra fraudulenta o estafa son de naturaleza ordinaria. Además deben valorarse las fechas en las que ocurrieron los sucesos pues desde el año 2000 hasta el 21 de septiembre de 2011, que se sancionó el actual artículo 303 del código sustantivo, se aplicaba su artículo 278, que excluía como sujetos activos a quienes hubieran participado del delito que generó el lavado. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: DEBE CONTINUAR INTERVINIENDO el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. (…). C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo, Pociello Argerich. (Prosec. Cám.: Silva). c. 63.128/16, ISKIN, Gabriela y otros s/ Competencia. Rta.: 12/06/2017 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CRIM. Y CORREC. Y JUZGADO CRIM. Y CORREC. FEDERAL DE PROVINCIA. Encubrimiento. Allanamiento en un domicilio de la provincia de Buenos Aires en el que se incautó una chapa patente vinculada a una denuncia de robo ocurrido en ésta Ciudad. Ausencia de elementos de prueba que 27

permitan vincular a quien tenía la chapa patente con el hecho del robo ocurrido en esta ciudad. Justicia federal de provincia. Disidencia: Investigación que debe ser profundizada para deslindar o no su responsabilidad en la sustracción del rodado. Justicia de instrucción. Fallo: "(…) I. Interviene el Tribunal en virtud de la contienda negativa de competencia trabada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24 y Juzgado Federal en lo Criminal Y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. II. Se inician las presentes actuaciones el 21 de octubre de 2015 con el hallazgo de la chapa patente (…) en el interior del domicilio de S.D.S., en la localidad de Monte Grande, Partido de Esteban Echeverría, PBA, en circunstancia de llevarse a cabo un allanamiento en esa morada. El 15 de septiembre de 2015 fue denunciado como sustraído el automóvil marca Chevrolet, modelo corsa, patente XX propiedad de D.S.M. III. El magistrado de instrucción declino la competencia a favor de la justicia federal del lugar en la cual fue habida la chapa patente (Esteban Echeverria), con sustento en el tiempo trascurrido entre la sustracción en el mes de septiembre y el hallazgo de la chapa patente en el mes de octubre; y en la ausencia de testigos o de elementos de prueba que permitan vincular al imputado, con el desapoderamiento. De este modo, considero que sólo podía atribuirse al imputado el posible encubrimiento del primer delito. A su turno el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, remitió la causa a conocimiento del Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, indicando que a partir del fallo "Corrales" de la C.S.J.N las cuestiones de competencia, no corresponde equiparar a los tribunales nacionales ordinarios, con los federales. Por su parte, el juez a cargo del Juzgado de Garantías N° 2 de Lomas de Zamora, rechazo la competencia y la declinó a favor del Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 24, con fundamento en que el delito de encubrimiento es un hecho que afecta a la administración de justicia, y en este caso específico, a aquellos propia de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que corresponde hacer excepción al principio de competencia penal en razón del territorio y por razones de conexidad en razón de la alternatividad entre las figuras del desapoderamiento y el encubrimiento las devolvió al juzgado de Capital Federal. Finalmente, el Juzgado en lo Criminal Correccional N° 24 mantuvo su criterio y dio por trabada la contienda con el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. IV. Los jueces Ricardo Matías Pinto y Rodolfo Pociello Argerich dijeron: Sin perjuicio que es un presupuesto necesario para una correcta contienda negativa de competencia que los jueces entre quienes se suscita se atribuyan recíprocamente la competencia, -lo que no ocurrió en este caso-, por razones de economía procesal, resolveremos sobre el fondo del asunto. De acuerdo al dictamen del Sr. Fiscal General (ver fs. …), es pertinente que las actuaciones continúen su trámite ante la justicia de excepción del lugar en el cual se habría cometido el encubrimiento, toda vez que no resulta posible atribuirle a S. su intervención en el hurto verificado en esta ciudad, ante la inexistencia de testigos y de pruebas que permitan achacarle la sustracción. Máxime cuando el desapoderamiento habría ocurrido en esta ciudad entre las 08:00 horas del 15 de septiembre del 2015 y las 10:00 horas del mismo día, y chapa patente fue hallada en la localidad de Esteban Echeverría, el 21 de octubre del 2015. Al respecto, es dable señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "El encubrimiento de un delito cometido en la Capital de la República afecta a la administración de justicia nacional, razón por la cual resultaría en principio competente para su conocimiento el juez federal con jurisdicción territorial donde aquel se hubiese llevado a cabo, siempre y cuando surja, con absoluta nitidez, que el imputado por el encubrimiento no ha tenido participación alguna en el delito de robo" (CSJN, c. 1140 XLII, "Riquelme Gallardo, Juan", rta. 6/2/2007). En cuanto al criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "Corrales" debe señalarse que nuestro Máximo Tribunal en este precedente analizó un habeas corpus colectivo respecto de detenidos mayores de 70 años imputados de delitos de lesa humanidad alojados en unidades carcelarias federales de esta ciudad y a disposición de jueces federales de diversas jurisdicciones a los cuales se les había denegado la posibilidad de detención domiciliaria. En definitiva, no se vincula con el tema analizado por este Tribunal por lo cual no puede aplicarse al caso, como pretende el magistrado federal. En el supuesto analizado, el hallazgo de la chapa patente se produjo en el partido de Esteban Echeverría, motivo por el cual corresponde que sea en esa jurisdicción en donde se investigue el posible encubrimiento del hurto acontecido en esta ciudad. Por lo expuesto, se asigna competencia al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Así votamos. El Juez Mariano A. Scotto dijo: Discrepo con la solución dada al caso por mis colegas preopinantes. Tal como sostuve en la Sala VII de esta Cámara, en el precedente N° 26192/2015/CA1 "S., J. A. y otros", del 11 de noviembre de 2015, entre otras, la Corte Suprema de Justicia de la Nación puntualizó en supuestos como el que aquí se analiza, que si bien el encubrimiento de un delito cometido en la capital de la República afecta a la administración de justicia nacional, sólo resulta competente para su conocimiento el juez federal con jurisdicción territorial donde aquél se hubiese llevado a cabo, siempre y cuando surja, con absoluta nitidez, que el imputado por el encubrimiento no ha tenido participación alguna en el delito de robo (ver también, la causa N° 17.468/2006/1, "M., F. Z.", del 27 de octubre de 2015). Este extremo no puede predicarse en el sub examine. En esa senda y toda vez que no puede descartarse que S. hubiera estado vinculado de algún modo con la sustracción del rodado, estimo prudente que la causa continúe su trámite ante la justicia de instrucción. Así voto.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (…) el tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia al Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich, Scotto (en disidencia). (Sec.: de la Bandera). c. 42.109/16, SCHROEDER, Sergio Darío s/ contienda. Rta.: 28/04/2017 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Administrador de consorcio que habría inscripto irregularmente ante la A.F.I.P. seis torres de edificios. Posible afectación al buen servicio de la A.F.I.P. Justificación de la intervención del fuero de excepción. Justicia Federal. Fallo: "(…) Convoca la atención del Tribunal la contienda de competencia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° (…) y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° (…). Se iniciaron las actuaciones con motivo de la denuncia formulada por A. D. A., quien refirió que O. A. M., administrador del Consorcio de Propietarios del complejo edilicio de seis torres ubicadas en las calles M. X a X, A. X, B. X e I. X, de esta ciudad, habría inscripto irregularmente ante la Administración Federal de Ingresos Públicos y la aseguradora del consorcio cada torre por separado, ya que se encuentran registradas como seis consorcios independientes (…). El señor juez de instrucción declinó la competencia a favor del fuero federal, en el entendimiento de que mediante la conducta reprochada se habría entorpecido el normal funcionamiento de dicha entidad (…). Por su parte, el magistrado federal rechazó la competencia atribuida por considerarla prematura, en tanto no se había acreditado el alegado entorpecimiento de funciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (…). Al respecto y considerando que el Ministerio Público Fiscal (…) se ha inclinado por tramitar el caso en el fuero de excepción, al apreciar una posible afectación del buen servicio de la Administración Federal de Ingresos Públicos, se encuentra justificada la intervención del fuero federal (art. 33, inciso 1°, apartado "c", del Código Procesal Penal), en tanto no es posible descartar tal extremo. Por otro lado, esta Sala ha sostenido que "no resulta necesario que el juzgado que previno realice las medidas de prueba tendientes a acreditar las hipótesis delictivas a investigar, puesto que ello es tarea del juez competente en la materia" (1), más en un caso como el presente en el que no se vislumbra ninguna subsunción legal que sea materia de esta sede. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá intervenir el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito, Rimondi. (Prosec.: Larcher). c. 56.450/16, MARIN, Osvaldo Alejandro s/ contienda. Rta.: 16/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII. c. 46621/14, "Sánchez, Hernán Gustavo", rta.: 02/12/2014. CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL Imputada que luego de la rescisión contractual con una marca registrada continúa exhibiendo por Internet sus videos musicales. Posible infracción a la ley de marcas que concurriría idealmente con la ley de propiedad intelectual. Única conducta. Justicia Federal. Fallo: "(…) La hipótesis de delito pesquisada, consistente en la indebida utilización por parte de la denunciada de la marca "BGM" al continuar exhibiendo en el portal "Youtube" los videos musicales luego de la rescisión del contrato, constituye un hecho único con encuadre en dos figuras penales distintas. En efecto, tal como señala el juez declinante, si bien podrían afectarse derechos protegidos por la ley 11.723, al verificarse la posible violación de la ley 22.362 corresponde, en razón de la materia, que continúe interviniendo la justicia de excepción. Cabe recordar en este aspecto la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de que "Cuando existe concurrencia ideal entre un delito común y otro de índole federal, es a éste fuero al que corresponde continuar con la investigación" (Del dictamen de la Procuración General, al que remitió la Corte Suprema; Competencia N° 1353. XLI.; Guffanti, Ana María s/ falsificación de firma; 21/02/2006, T. 329, P. 231; en similar sentido: Competencia N° 118. XXXVIII; Ruidiaz, Gerardo y otros s/ infr. arts. 200, 201 y 210 del C.P. y ley 22.362; 30/04/2002, T. 325, P. 902). Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el Fiscal General (fs. …), debe continuar interviniendo en las presentes el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° (…), lo que ASÍ SE RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, González Palazzo. (Sec.: Bloj). c. 59.911/16, FAROLATINA S.A. y otro. s/ competencia. Rta.: 21/02/2017

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CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Utilización de DNI apócrifo de una persona fallecida, con el fin de insertar declaraciones falsas en una escritura. Actuaciones que no poseen un autor identificado y que fueron instruidas por la fiscalía (art. 196 bis del C.P.P.N.), quien postuló la declaración de incompetencia en razón del territorio y la materia. Magistrado que no realizó medida alguna que permita verificar los extremos denunciados. Postulación de incompetencia que no resulta ser una derivación razonada del derecho vigente. Disidencia: (Actos procesales realizados a derecho, sin vicio alguno. Individualización de algún participe del hecho para que el Magistrado se vea habilitado a intervenir que no resulta necesario. Continuidad del trámite habitual corriendo vista al Fiscal General). Nulidad del dictamen fiscal y de todos los actos procesales dictados en consecuencia. Fallo. "(...) Toma conocimiento el tribunal de la contienda negativa de competencia planteada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° (...), y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° (...) de Lomas de Zamora Secretaría N° (...). El presente sumario se inició el 21 de septiembre de 2016 con la denuncia efectuada por el Sr. G. A. M., y el Sr. Juez de primera instancia lo remitió a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18, en los términos de los artículos 180 y 188 del Código Procesal Penal de la Nación. Al momento de ratificar (ver fs. ...), él refirió que es titular del registro N° (...) y de la matrícula N° (...), y que un sujeto aún no identificado asumió la identidad de S. C. M., utilizando para ello un DNI apócrifo, haciéndolo incurrir en error para que insertara declaraciones falsas en la escritura N° (...) del 4 de noviembre de 2013, mediante la cual se otorgó un poder general amplio de administración y disposición a favor de J. R. M. (ver fs. ...). En relación a esto, se logró establecer que en el expediente N° (...) del Juzgado Nacional en lo Civil N° 67, se acreditó efectivamente la defunción del Sr. M., la que tuvo lugar el 22 de julio de 1995, tal como se desprende de (fs. ...). De este modo quedó corroborado que el documento cuya copia luce a (fs. ...), que fue reutilizado para oblar el poder aludido, era falso. Asimismo, el Sr. Fiscal de primera instancia entendió que no se trató de un hecho aislado, sino que integró una maniobra defraudatoria compleja iniciada con anterioridad, en extraña jurisdicción y que prosiguió allí luego de ocurrido el suceso supuestamente ilícito denunciado por el escribano. En atención a esto, el Dr. M. A. R., a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18, postuló la incompetencia a favor de la Justicia Federal. El Sr. juez de instrucción, en consonancia con el fiscal, remitió la presente investigación al Juzgado de excepción de la localidad de Burzaco, Partido de Almirante Brown, Buenos Aires, por considerar la posible comisión del delito de defraudación, en concurso ideal con el de falsificación de un documento destinado a acreditar la identidad de las personas. Una vez recibido en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° (...), el Sr. Juez a cargo delegó la instrucción al Sr. Fiscal de la Fiscalía Federal N° (...) de Lomas de Zamora, quien sin más trámite solicitó que se rechace la competencia atribuida por considerarla prematura ya que toda declaración de incompetencia debe estar precedida de una investigación que permita acreditar, aunque mínimamente, las circunstancias que las sustentan. El Sr. Juez Federal compartió los argumentos esgrimidos en el dictamen a (fs. ...) y no aceptó la competencia atribuida, remitiéndola al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción. A (fs. ...), el Dr. Jorge A. de Santo, mantuvo el criterio expuesto en su anterior resolución y elevó las presentes actuaciones a fin de resolver la contienda negativa de competencia trabada. Los jueces Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi dijeron: Una vez recibidas las actuaciones, el acusador público no practicó medida alguna que permita verificar los extremos denunciados ni dispuso medida probatoria alguna sino que postuló su incompetencia en razón del territorio y la materia, lo que dio origen al planteo en examen. Ahora bien, "la regla original del código de que quien dirige la parte instructoria -o decide quien la dirige- es el juez. Ese fue el criterio original que siguieron quienes intervinieron en la reforma procesal en el ámbito nacional. Sin embargo, poco a poco la intervención del Fiscal en el proceso penal fue ganando terreno y ello fue gracias a distintas reformas que se han introducido al texto original dispuesto por la ley 23.984. En todos esos casos, la instrucción por parte del representante de la vindicta pública pasó de ser una opción judicial, como originalmente pregonaba el art. 196, para pasar a ser un imperativo legal." (Almeyra-Baéz, Código Procesal Penal de la Nación, T.II, La Ley,1ra. edic, 2007, pág.111). En consecuencia, la obligatoria intervención del fiscal como director de la investigación instructoria desde un comienzo, esta supeditada a la imposibilidad de individualizar a alguno de los partícipes del hecho que constituyen el marco fáctico de la investigación, que se verifica en el caso en estudio. Es decir que, el criterio adoptado por el fiscal de grado se alejó de la previsión normativa establecida en el art. 196 bis y quater del CPPN, esto es, que queda a su cargo la investigación "por hechos ilícitos de competencia criminal de instrucción o correccional que no tengan autor individualizado…". La competencia es un atributo de la jurisdicción y, por lo tanto, cualquier cuestión vinculada a ella solo podrá discutirse recién cuando los jueces se encuentren habilitados a intervenir, lo que aún no ha sucedido en este asunto ya que la fiscalía no ha dirigido imputación a persona individualizada alguna. De allí que la postulación de incompetencia dictaminada a (fs. ...), no es una derivación razonada del derecho vigente, motivo por el cual corresponde descalificarlo como un acto procesal válido, como así también las decisiones adoptadas en su consecuencia. Pues, de este modo, se garantizan los derechos de los imputados, los cuales se verían afectados con decisiones que resuelven sobre calificaciones (ver de esta sala, "NN s/contienda" causa n° (...) del 24/02/16). El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Disiento con la postura de mis colegas preopinantes. Todos los actos procesales realizados han sido de acuerdo a derecho, por lo que no advierto ningún vicio que deba ser saneado. Si bien es cierto que no se desprende del legajo un autor individualizado, entiendo que el trámite previsto en el artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación no es un imperativo legal sino, finalmente, una facultad acordada al Juez Instructor. La remisión automática de este tipo de expedientes es una modalidad ordenatoria, pues la Ley 25.409 que establece esa disposición no modificó ni derogó la regla general del artículo 196 del catálogo procedimental en cuanto a que "el juez de instrucción podrá decidir que la dirección de la investigación de los delitos de acción pública de competencia criminal quede a cargo del 30

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional agente fiscal" (el subrayado me pertenece). Se suma que el artículo 194 impone al Magistrado la obligación de "proceder, directa e inmediatamente, a investigar los hechos que aparezcan cometidos en su circunscripción judicial, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 196", por lo cual, como director del proceso, posee la atribución de delegar o retomar un sumario cuando lo considere oportuno. El Juez de la instancia anterior citó a G. A. M. a ratificar su denuncia en el Juzgado y luego corrió vista al Ministerio Público Fiscal en los términos de su artículo 180. Entonces, dentro de las posibilidades que tenía, asumió la investigación, lo que en modo alguno se puede tachar de nulo. Por otra parte, el dictamen emitido por el fiscal Marcelo Alberto Ruilópez, a la luz de lo normado en el art. 188 del Código Procesal Penal de la Nación, cumple con todos los requisitos. En ese marco, solicitó que la causa, por cuestiones de competencia, se sustancie en otra jurisdicción, siendo esta decisión una de las posibles al contestar la vista conferida. Exigir la individualización de algún partícipe del hecho para que el Magistrado se vea habilitado a intervenir en un legajo y decidir sobre el lugar en que debe tramitar no parece adecuarse a la normativa vigente y, menos aún, en lo relativo a cuestiones de competencia que son de orden público y pueden ser tratada en cualquier estado del proceso conforme estipula el artículo 39 del catálogo procesal. Por lo expuesto, debe continuarse con el trámite habitual para estos asuntos, esto es: darle intervención al Fiscal General para que emita su opinión en relación con la contienda suscitada y luego esta Alzada expedirse al respecto. En atención al acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: DECLARAR la nulidad de (fs. ...) y de todos los actos que resulten su consecuencia, y devolver la presente causa al juzgado de origen, a fin de que se proceda conforme surge de los considerandos, art. 123 y cctes. del CPPN. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini. (Prosec. Cám.: Castrillón) c. 55931/16, N.N. s/ contienda. Rta.: 14/02/2017 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Celular sustraído que se encontraba en un local de venta de telefonía celular. Recepción dolosa de teléfonos celulares (art. 12 de la ley 25.891). Competencia Federal. Fallo: “(…) II.- El (…) a (…) le sustrajeron un teléfono marca (…) modelo (…). Mediante el sistema de rastreo que posee el aparato, al día siguiente lo halló en un local de ventas de telefonía móvil de (…) de esta ciudad. Cuando lo tuvo en sus manos realizó un llamado a (…) que la acompañaba, pero la identificación entrante era de otro abonado distinto, con lo cual, habrían cambiado su chip. III.- El Sr. Juez que previno declinó su competencia al fuero excepción por entender que el suceso en estudio “prima facie” recae en el tipo que contempla los artículos 10 a 12 de la Ley 25.891 (…). Ello no fue aceptado por su colega del fuero Federal, que sostuvo que debió profundizar la investigación puesto resulta apresurado adecuar al proceso la figura prevista (…). IV.- Este Tribunal comparte la decisión del Juez de Instrucción, así como los argumentos sostenidos por el Sr. Fiscal General en su dictamen de fs. (…), habida cuenta que la Ley 25.891, particularmente en su artículo 12, tipificó la recepción dolosa de teléfonos celulares, con lo que no se advierte que esta normativa especial ha desplazado a la general que regula el artículo 277 del Código Penal. Sin necesidad de medida de prueba alguna para declinarlo. Sentado ello, conforme lo previsto por el artículo 15 que otorga exclusiva competencia a la justicia de excepción, el Tribunal RESUELVE: QUE DEBE INTERVENIR en la causa el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich; Scotto (Prosec. Cám.: Mariño). c. 55.534/16, BRONCANO GALLEGOS, María Teresa s/encubrimiento. Rta.: 17/02/2017 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Compra de rodado a través de página web en el que se habrían utilizado logotipos de las firmas Mercado Libre y Mercado Pago. Infracción a las leyes 11.723 y 22.362 cometidas en forma simultánea mediante una única conducta. Justicia Federal. Fallo: "(…) Convoca la atención del Tribunal la contienda de competencia en razón de la materia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° X y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° X. Se iniciaron las actuaciones con motivo de la denuncia formulada por C. C. M., quién refirió que con la intención de comprar un vehículo publicado en la página web Mercado Libre, se comunicó con la presunta propietaria del rodado -S. E. R.-, quien le indicó que para realizar la compra debía ponerse en contacto con los agentes de Mercado Libre, que poseían el vehículo bajo su custodia y se encontraban habilitados para la operatoria. Agregó que luego de varios intercambios de correos electrónicos provenientes del sitio [email protected], en el que figuraba el logotipo de Mercado Libre, desde el supuesto portal le informaron que debía efectuar un depósito por la suma de treinta y cinco mil pesos ($ 35.000) en la cuenta bancaria del Banco Credicoop a nombre de A. S. S., en concepto de adelanto de pago, operatoria que 31

concretó el 7 de noviembre de 2015, sin realizar un segundo pago por un total de cuarenta mil pesos ($ 40.000), pues sospechó que la maniobra podría tratarse de un engaño. Tras las diligencias practicadas en el legajo, se estableció que las cuentas bancarias proporcionadas al damnificado a través de la supuesta página web de Mercado Libre pertenecían a A. N. S. y J. M. R. y que la dirección de correo electrónico utilizada en la maniobra no se corresponde con los dominios utilizados por Mercado Libre (…). El señor juez de instrucción se declaró incompetente en el entendimiento de que el suceso a investigar configuraría el delito previsto en el artículo 172 del Código Penal, que concurriría en forma ideal con una posible infracción al artículo 31, incisos "a" o "b" de la ley N° 22.362, de Marcas y Designaciones, pues para perpetrar el engaño se habrían utilizado los logotipos de la firma Mercado Libre y Mercado Pago (…). Por su parte, el magistrado federal rechazó la competencia atribuida y sostuvo que el suceso denunciado se trataría de un conflicto entre particulares, sin que se advierta que la maniobra estafatoria hubiera producido un perjuicio económico a Mercado Libre, ya que el daño fue soportado por el denunciante, además de que tampoco se acreditó el registro de dicha firma (…). Al respecto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Fiscal General (…), no es posible descartar que -para concretar la maniobra- se hubiera perpetrado una infracción a la ley N° 22.362, pues el empleo de los logotipos aludidos en los correos electrónicos recibidos por la víctima que simulaban pertenecer a la página web de Mercado Libre, evidencian una gran similitud con las tipografías y redacciones utilizadas por la firma (…). En torno a la ausencia de acreditación del registro de la marca, entiende el Tribunal que en el particular caso, en atención a la notoriedad de la firma en cuestión, ello luce innecesario a los fines de determinar la competencia. En tal sentido, nuestro más Alto Tribunal ha sostenido, mutatis mutandi que "si el caso resulta aprehendido por dos disposiciones penales -leyes 11.723 y 22.362- que concurrían en forma ideal, cuando ambas infracciones habrían sido cometidas simultáneamente mediante una única conducta, es competente el juez federal, más allá de que la infracción a la propiedad intelectual sea ajena a su conocimiento" (Fallos: 323:169 y 327:1833). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las actuaciones deberá intervenir el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° X (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito, Rimondi. (Sec.: Franco). c. 66.937/15, SUAREZ, Analía Soledad y otro s/ Contienda. Rta.: 15/02/2017 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Comercialización de medicamentos en comercio que carece de habilitación sanitaria. Medicamentos fraccionados de los blisters. Imposibilidad de determinar su procedencia. Medicamentos que podrían poner en riesgo la salud pública. Posible infracción a la Ley 16.463, Ley 17.565 y Ley 22.362. Justicia federal. Fallo: "(…) Convoca la atención del Tribunal la contienda de competencia en razón de la materia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° X y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° X. Conforme la denuncia incoada por el asesor legal de la Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud de la ANMAT, se investiga en el legajo la comercialización de medicamentos que tendría lugar en el mini mercado "S. Y.", ubicado en la Av. D. L. I. X de esta ciudad, pese a que su expendio se encuentra únicamente autorizado en farmacias. Se apuntó que el comercio carece de la correspondiente habilitación sanitaria, y que los medicamentos son fraccionados de sus blisters, lo que impide determinar su procedencia, lote, fecha de vencimiento, elaboración y condiciones de almacenamiento, elementos que podrían poner en riesgo la salud pública (…). Luego de ordenar un allanamiento, en el que se secuestraron numerosos medicamentos cuyo detalle obra a fs. (…), el señor juez de instrucción se declaró incompetente por considerar que en el caso del sub examine se habría configurado el delito previsto en el artículo 201 del Código Penal, además de una infracción a la Ley de Medicamentos N° 16.463, de competencia del fuero de excepción (…). Por su parte, el magistrado federal rechazó la competencia atribuida, por considerar que no se practicaron los peritajes de rigor, circunstancia que impide calificar correctamente el hecho denunciado y la consecuente atribución de competencia (…). De conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. (…), esta Sala estima que en tanto se estarían comercializando medicamentos que podrían poner en riesgo la salud pública, no es posible descartar la infracción a la Ley N° 16.463 y a la Ley de Ejercicio de la Farmacia N° 17.565, modificada por su similar N° 26.567, por lo que corresponde asignar competencia al fuero de excepción dado el carácter federal de las normas en juego (Fallos: 329:4342, 327:719). Con mayor razón si, como refiere el fiscal general, la conducta a investigar también podría constituir una posible infracción a la ley de marcas 22.362, de competencia federal (Competencia n° 1020 XLIV "Vidiri, Pedro s/delito de acción pública"-, del 10/03/2009 y de esta Sala, causas números 37.770 "N.N." del 19 de noviembre de 2009 y 43.373/2011, "Maidenlab S.R.L.", del 25 de junio de 2014). Por lo demás, las cuestiones probatorias que pudieran suscitarse en el sumario no deben incidir en la asignación de competencia, y nada obsta a que las medidas de prueba sean ordenadas por el juez competente en la materia (1). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las actuaciones deberá intervenir el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° X (…)". 32

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito, Rimondi. (Sec.: Besansón). c. 59.473/16, N.N. dte.: Derecho, Maximiliano Jesús y otro s/ Contienda. Rta.: 08/02/2017 Se citó. (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 50.772/2010, "Abramowicz, Alberto", rta.: 11/12/2013 y c. 7.454/2013, "N.N. damnif. Massa, José", rta.: 03/02/2014. CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Actuaciones sin autor identificado que fueron instruidas por la fiscalía (art. 196 bis del C.P.P.N.), quien postuló la declaración de incompetencia en razón de la materia. Magistrado que se declaró incompetente trabándose la contienda con el magistrado federal. Actuaciones en las cuales no hay un autor identificado. Discusión sobre la competencia: atributo de la jurisdicción. Magistrado que no poseía jurisdicción. Resolución que no es una derivación razonada del derecho vigente. Nulidad del dictamen fiscal y de todos los actos procesales dictados en consecuencia. Disidencia: Magistrado que se encuentra habilitado para intervenir y disponer su incompetencia. Cuestión de orden público. Vista al fiscal General para que se expida. Fallo. "(...) Toma conocimiento el tribunal de la contienda negativa de competencia planteada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° (...) y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° (...). (...). Al momento de ratificar (ver fs. ...), él refirió que en una charla con ex alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires sobre los andamios, que para aquel entonces todavía estaban en el lugar y que habían permanecido allí durante mucho tiempo, le comentaron que esa conducta se debía a que habría un arreglo entre las autoridades nacionales y las empresas que alquilan dichas estructuras, ya que se les abona un canon mensual por ellas, y que a partir de ello reparó en el Teatro Nacional Cervantes y en la Dirección de Parques Nacionales, donde hace muchos años que hay andamios, suponiendo que podría estarse frente a un fraude a la administración pública en el que estarían involucradas autoridades del gobierno nacional o de la ciudad. En atención a esto, la Dra. Romina Monteleone, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 24, postuló la incompetencia a favor de la Justicia Federal por considerar que se estaría en presencia de hechos que afectarían las rentas de la Nación y/o el normal desarrollo de las instituciones dependientes del Gobierno Nacional, cuya tutela judicial se encuentra en manos de esa justicia. El Sr. juez de instrucción, en consonancia con el fiscal, remitió la presente investigación al fuero de excepción por aplicación del artículo 33 inciso 1° apartado c) del Código Procesal Penal de la Nación. Una vez recibida en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° (...), el Sr. Juez a cargo corrió vista a la Señora Agente Fiscal para que se expida en los términos del artículo 180 del C.P.P.N. La Dra. M. Paloma Ochoa, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° (...) solicitó que se rechace la competencia atribuida, ya que la prueba producida en el sumario no evidencia que en la maniobra denunciada se encuentren afectadas las rentas del Estado Nacional. El Sr. Juez Federal compartió los argumentos esgrimidos en el dictamen de (fs. ... y remitió el sumario al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción. A (fs. ...), el Dr. Roberto O. Ponce, mantuvo el criterio expuesto en su anterior resolución y elevó las presentes actuaciones a fin de resolver la contienda negativa de competencia trabada. Los jueces Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi dijeron: Una vez recibidas las actuaciones, el acusador público no practicó medida alguna que permita verificar los extremos denunciados ni dispuso medida probatoria alguna sino que postuló su incompetencia en razón de la materia, lo que dio origen al planteo en examen. Ahora bien, "la regla original del código es que quien dirige la parte instructoria -o decide quien la dirige- es el juez. Ese fue el criterio original que siguieron quienes intervinieron en la reforma procesal en el ámbito nacional. Sin embargo, poco a poco la intervención del Fiscal en el proceso penal fue ganando terreno y ello fue gracias a distintas reformas que se han introducido al texto original dispuesto por la ley 23.984. En todos esos casos, la instrucción por parte del representante de la vindicta pública pasó de ser una opción judicial, como originalmente pregonaba el art. 196, para pasar a ser un imperativo legal." (Almeyra-Baéz, Código Procesal Penal de la Nación, T.II, La Ley, 1ra. edic, 2007, pág.111). En consecuencia, la obligatoria intervención del fiscal como director de la investigación instructoria desde un comienzo, está supeditada a la imposibilidad de individualizar a alguno de los partícipes del hecho que constituyen el marco fáctico de la investigación, que se verifica en el caso en estudio. Es decir que, el criterio adoptado por el fiscal de grado se alejó de la previsión normativa establecida en el art. 196 bis y quater del CPPN, esto es, que queda a su cargo la investigación "por hechos ilícitos de competencia criminal de instrucción o correccional que no tengan autor individualizado…". La competencia es un atributo de la jurisdicción y, por lo tanto, cualquier cuestión vinculada a ella solo podrá discutirse recién cuando los jueces se encuentren habilitados a intervenir, lo que aún no ha sucedido en este asunto ya que la fiscalía no ha dirigido imputación a persona individualizada alguna. De allí que la postulación de incompetencia dictaminada a (fs. ...), no es una derivación razonada del derecho vigente, motivo por el cual corresponde descalificarlo como un acto procesal válido, como así también las decisiones adoptadas en su consecuencia. Pues, de este modo, se garantizan los derechos de los imputados, los cuales se verían afectados con decisiones que resuelven sobre calificaciones (ver de esta sala, "NN s/contienda" causa n° (...) del 24/02/16). El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Disiento con la postura de mis colegas preopinantes, pues como he desarrollado en la causa de esta Sala I, N° (...), "N.N. s/ falsificación de documentos públicos", resuelta el 14/02/17, no es necesario exigir la individualización de algún partícipe del hecho para que el Magistrado se vea habilitado a intervenir en un legajo. Tal disposición no parece adecuarse a la normativa vigente y menos 33

aún en lo relativo a cuestiones de competencia, que son de orden público y pueden ser tratadas en cualquier estado del proceso conforme estipula el artículo 39 del Código Procesal Penal de la Nación. Por lo expuesto, entiendo que debe continuar el trámite habitual para estos asuntos, esto es: correr vista de la presente al Fiscal General para que emita su opinión en relación con la contienda suscitada y luego esta Alzada expedirse al respecto. Así voto. En atención al acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: DECLARAR la nulidad de (fs. ...) y de todos los actos que resulten su consecuencia, y devolver la presente causa al juzgado de origen, a fin de que se proceda conforme surge de los considerandos, art. 123 y cctes. del CPPN. Se deja constancia que el Dr. Julio Marcelo Lucini suscribe la presente en su calidad de juez subrogante, designado por la Presidencia de esta Cámara para integrar la vocalía N° 4. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini (en disidencia). (Sec.: Sosa). c. 66077/16, NN s/ contienda. Rta.: 22/02/2017 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE MENORES Y JUZGADO FEDERAL DE PROVINCIA. Encubrimiento. Motocicleta secuestrada en provincia con pedido de secuestro de esta ciudad. Sustracción que tuvo lugar hace 11 meses. Motocicleta que no tenía patente, con cables sueltos, careciendo su conductor de la documentación reglamentaria y con los cables sueltos. Imposibilidad de vincular al conductor con la sustracción. Competencia del Juzgado Federal de Provincia. Fallo: “(…) Intervenimos en la contienda suscitada entre el titular del Juzgado de Menores Nro. (…) y su par del Federal Nro. (…) de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. II.- El (…) dos hombres que portaban armas de fuego desapoderaron a (…) de su motovehículo marca Honda 125L, dominio (…), cuando la estacionaba en (…). El (…), alrededor de las (…), (…) fue detenido conduciéndola, sin patente y con los cables sueltos, en la intersección de (…), Partido de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires. También carecía de la documentación reglamentaria. III.- Compartimos el criterio del Fiscal General (…), en tanto no se puede tener por acreditada la participación del imputado en la sustracción del vehículo. No hubo testigos, ni cámaras que filmaran lo ocurrido y existe un lapso de más de 11 meses dentro del cual los autores pudieron disponer del rodado. En este contexto no se advierte, al menos de momento, medidas probatorias útiles para esclarecer el punto. Así, y toda vez que el delito de encubrimiento habría tenido lugar en extraña jurisdicción, se impone homologar la declinatoria decidida en este fuero. En consecuencia, y de conformidad con fallos 315:318, 314:239, 306:2000 entre otros, el Tribunal RESUELVE: QUE DEBE INTERVENIR el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N° (…), Provincia de Buenos Aires. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo, Pociello Argerich. (Sec.: Gallo). c. 37.363/16, DIDIANO, Rodrigo s/ encubrimiento. Rta.: 27/03/2017 CORRUPCIÓN DE MENORES Falta de mérito. Imputado: profesor de educación física que dictando clases a sus alumnos menores de edad les exhibía sus genitales y los obligaba a ellos a hacer lo mismo. Importancia y coherencia de los relatos brindados en Cámara Gesell. Informes de los psicólogos que refuerzan la versión de los menores. Hechos imputados que podrían tener entidad suficiente para alterar el normal desarrollo psicosexual de los menores. Revocación. Procesamiento por corrupción de menores agravadas por encontrarse a cargo de su educación. Fallo: "(…) Aún cuando parte de las medidas de prueba mencionadas en sustento del temperamento expectante adoptado resultan adecuadas para completar la investigación, la evaluación conjunta de los elementos ya reunidos acreditan, al menos con la provisoriedad de la etapa, la materialidad de los hechos denunciandos y la intervención culpable de S. V. En efecto, O. S., J. P. L., T. F. N. y G. G., quienes al momento de los episodios contaban con tres años de edad, narraron a personas de su confianza, en forma detallada, coincidente y contemporánea, los actos del imputado, quien en aquel entonces les brindaba clases de educación física en el salón de usos múltiples del "Instituto L. I. A-204 H. M.", sito en la Avenida C. xx de esta ciudad y les exhibió en varias oportunidades sus genitales y los obligó también a que hicieran lo propio. Asimismo, G. detalló los tocamientos a los que había sido sometido. Tales acontecimientos tuvieron lugar en el período comprendido entre el mes de marzo y el 18 de septiembre de 2015. O. S., en un contexto de llanto espontáneo, relató lo ocurrido a su madre y a su abuela materna, narrándoselo días después a su psicóloga E. R. (…). También los demás niños se expresaron de manera similar ante sus progenitoras (cfr. fs. …). Al respecto, no puede soslayarse que en episodios como los que aquí se investigan, ocurridos en la intimidad y sin testigos directos, la bibliografía médica específica señala que el indicador más preciso de abuso sexual es el relato del niño (1) y por ello, para determinar su verosimilitud, se acude a los dictámenes de los expertos en la materia. En el caso concreto, los testimonios vertidos por O. S. y G. J. G. en los términos del artículo 250 bis del CPPN, fueron considerados verosímiles (fs. …) y el de N. F. de "probable verosimilitud" (fs. …).

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Cabe poner de resalto que los psicólogos Alberto Díaz y María Ávila examinaron a O. S. y detectaron "indicadores y signos inespecíficos de la presencia de la irrupción de la sexualidad adulta inadecuada" (fs. …). Asimismo, en el marco de las entrevistas realizadas a T. N. F. y G. J. G. por las licenciadas Á. y M. C. G. respectivamente, los niños dieron cuenta de situaciones traumáticas vividas con relación al imputado (fs. …). La hipótesis que se investiga es avalada también por lo expresado en forma conteste por las madres de las víctimas en cuanto a que, a partir de marzo de 2015, sus hijos comenzaron a evidenciar alteraciones en sus conductas tales como interrupciones del sueño, llantos repentinos -concretamente los días en que tenían clase de educación física- y trastornos alimenticios. En tal contexto, corresponde decretar el procesamiento de S. V. por el delito de corrupción de menores agravada, en calidad de autor. No obsta a lo expuesto que los peritajes psicológicos forenses realizados no hayan corroborado "indicadores de victimización sexual" (cfr. fs. …) en tanto se trata de un delito de peligro y para su configuración basta la potencialidad de los hechos para desviar el normal desarrollo psicosexual, que en el caso, está dada no sólo por sus características y reiteración, sino además por su precocidad, al ser las víctimas menores de tres años, y por la especial relación que las unía con el imputado, quien se encontraba a cargo de su educación (2). En consecuencia, el tribunal RESUELVE: Revocar el auto de (fs. …) y dictar el procesamiento de S. V. en orden al delito de corrupción de menores agravada por encontrarse a cargo de la educación de las víctimas (artículos 45, 125, tercer párrafo, del CP y 306 del CPPN), debiendo el juez de grado expedirse acerca de las medidas cautelares. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 55.005/15, V., S. s/ falta de mérito. Rta.: 02/03/2017 Se citó: (1) Intebi, Irene "Indicadores psicológicos del abuso sexual infantil", publicado en "Revista de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto juvenil", reimpresión del volumen 3, n° 3, páginas 17/19. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 52.511 "A. M." rta. 17/12/2013. CORRUPCIÓN DE MENORES. Agravada por tratarse de una persona conviviente y menor de 13 años. Procesamiento como participe necesaria. Menor que abandona el domicilio familiar por abusos y maltratos de la pareja de su madre, quien presenciaba y permitía esas conductas abusivas. Imputada que era garante de su cuidado. Confirmación. Fallo: “(…) apelación deducido por la defensa de (…), contra el punto III del auto de fs. (…), que la procesó como partícipe necesaria del delito de corrupción agravada por tratarse de una persona conviviente y menor de trece años (arts. 45 y 125 del Código Penal). Las actuaciones las inicia (…), abogado de la Defensoría Zonal de la Comuna (…), porque (…), en ese entonces de 17 años de edad, habría abandonado su domicilio familiar el (…) a raíz de los abusos y maltrato de (…), pareja de su madre (…). La joven detalló que la besaba en la boca, tocaba los glúteos y pechos y, en una ocasión, se acostó desnudo sobre ella en la cama. Destacó que su madre presenciaba algunos de esos actos y al preguntarle por qué lo permitía respondía: “que más que tocarme no iba a hacer, que no me iba a violar” (…). Los especialistas que la examinaron concluyeron que su relato era creíble y verosímil y si bien no presentó sintomatología asociable a victimización sexual, de carácter grave u ostensible, se detectaron mecanismos sobreadaptativos que podrían operar como inhibidores de las repercusiones concientes de un trauma de naturaleza sexual (…). En similares términos declara (…), en quien los expertos destacaron un marcado nivel de angustia e impotencia. Agregó que en una ocasión (…) se masturbó en su presencia (…) y (…). Coincidieron también en que su madre era testigo de algunas de esas conductas, a las que la primera de las nombradas llegó a considerar como naturales y la restante refirió tolerar por el bienestar de la familia, que en gran medida dependía de (…). En ambas se detectaron indicadores asociados a vivencias inadecuadas e inapropiadas en torno a la psicosexualidad, con entidad para alterar el desarrollo de la personalidad, incluida la sexualidad (…). Cobra relevancia que (…), la mayor de las hijas de la imputada admitió haber sido víctima de idéntico comportamiento por parte de (…), de lo cual dio cuenta a su madre la cual pretendió que todo sería una confusión o parte de un juego. Supo por sus hermanas que ellas también habrían buscado ayuda en (…), quien les dijo que se quedaran tranquilas que no “iba a pasar de ahí” (…). Su relato enerva el argumento de la defensa relativo a que la denuncia tendría su base en el rechazo de las menores a la rigidez y excesiva severidad con la que (…) las educaba y que las conductas que habría presenciado pudieron haber sido en realidad una férrea actitud disciplinaria por parte del padrastro, sin ninguna relevancia ni carácter abusivo. Debe destacarse que (…) ya había abandonado el hogar familiar para cuando se impusieron las duras reglas y controles a los que supuestamente aquéllas eran sometidas por el nombrado para su formación, lo que permite descartar que la acusación sea parte de un complot revanchista. Máxime teniendo en cuenta que la denuncia inicial fue únicamente contra (…) y luego, con el devenir de la investigación, el agente fiscal la extendió a la imputada, a quien sus hijas, más allá de sostener que estaba al tanto de lo sucedido, en momento alguno 35

señalaron como responsable, e incluso llegaron a tolerar los abusos por el bienestar de la familia que incluía a su madre. Por otra parte, los besos en la boca o los tocamientos en partes pudendas, lejos están de poder ser interpretados como correctivos. Acreditada la plataforma fáctica resta analizar la responsabilidad de (…). La defensa sostiene que ninguna norma le imponía el deber de denunciar lo sucedido y que los delitos previstos en el artículo 119 del Código Penal sean dependientes de instancia privada, denota aún más el carácter facultativo para ello. Soslaya sin embargo que el vínculo que la une con las damnificadas la colocaba en una posición de garante respecto de su cuidado, más aún cuando éstas eran menores de edad y estaban a cargo exclusivamente de ella y su pareja. Conforme fuera reseñado la imputada presenciaba algunos actos y otros le eran revelados por sus hijas, los que relativizaba e intentaba naturalizar, lo que impide descartar una actitud activa que contribuyó, según puede sostenerse en este estadio, al resultado. No cabe duda que la actuación de (…) no fue sólo la de mantener silencio sobre la conducta reprochable en su pareja, sino por el contrario la de justificar su producción, permitiendo incluso su reiteración. Los cuestionamientos sobre la aplicación de la figura en estudio desde la omisión impropia no son atendidos ya que la imputada, con indiferencia mantuvo una actitud comisiva contraria a sus deberes. Su misión era evitar la victimización de quienes, por imperativo legal, debía cuidar. Debía contener y resguardar, pero en cambio brindaba la complicidad para que sucediera lo denunciado en autos. “Se consideró partícipe necesaria del delito de corrupción de menores, por omisión, a la mujer que estaba presente cuando el reo perpetraba actos depravados con el hijo de ésta, de sólo tres años de edad, y no hizo nada para evitarlo” (1). De todos modos, la calificación que se efectúa en esta etapa es absolutamente provisoria, pues será el tribunal Oral que eventualmente analice la situación de la imputada en una próxima etapa del proceso en virtud del principio iuria novit curia (artículo 401 del Código Procesal Penal de la Nación), el que podrá subsumir el caso, siempre que se mantenga idéntica base fáctica, en otra figura legal. Para ello evaluará los argumentos planteados por la parte a favor de tal o cual encuadre típico y, desde allí, arribará a una sentencia que considere todas las cuestiones que ahora se presentan en el legajo. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto III del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Prosec. Cám.: Rosciani). c. 16.131/10, F., V. s/Procesamiento. Rta.: 22/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 39.483, “B. V. M.”, rta.: 31/5/10. DECLARACIÓN INDAGATORIA. Rechazo del pedido de ampliación formulado por el fiscal. Corrupción de menores. Descripción de los sucesos en la declaración indagatoria que no contiene las notas típicas del delito de corrupción. Omisión que impide al fiscal eventualmente ceñir el objeto procesal al momento de la elevación a juicio. Necesidad de reformular la descripción del hecho atribuido. Revocatoria. Fallo: "(…) El representante del Ministerio Publico Fiscal recurrió en apelación el auto documentado a fs. (…), en cuanto no hizo lugar al pedido de ampliación de la indagatoria de E. L. A. y la consecuente adecuación del auto de mérito en los términos del artículo 311 del Código Procesal Penal (…). El juez Mariano A. Scotto dijo: Con independencia de que en el acto de declaración indagatoria deben detallarse hechos y no calificaciones jurídicas, la circunstancia relativa a que no se hubiera impuesto al causante acerca de que los sucesos atribuidos habrían tenido entidad suficiente para afectar el normal desarrollo de la sexualidad de la damnificada, extremo que podría deducirse de los informes elaborados por el Cuerpo Médico Forense a fs. (…), permite concluir en que la descripción de los eventos en la declaración indagatoria no contiene las notas típicas del delito de corrupción (artículo 125 del Código Penal). En tal sentido, la omisión aludida impide que el señor fiscal pueda, eventualmente, ceñir congruentemente el objeto procesal al expedirse en los términos del artículo 347 del Código Procesal Penal. En consecuencia, al advertirse la necesidad de reformular la descripción del hecho atribuido, de acuerdo a lo solicitado por el Ministerio Publio Fiscal, en la oportunidad procesal correspondiente, entiendo que la resolución recurrida debe revocarse. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Las conductas atribuidas al imputado fueron correctamente descriptas en la intimación, por lo que concluyo que conoce de qué debe defenderse. Considero que las consecuencias en la víctima del hecho que se le endilga no pueden sorprenderlo, no afectando en consecuencia su derecho de defensa. En consecuencia, voto por homologar la resolución recurrida. El juez Mauro A. Divito dijo: Tras haber oído la grabación de la audiencia celebrada, sin preguntas que formular a la defensa y luego de haber deliberado, por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del juez Mariano A. Scotto. Por el mérito que ofrece el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución documentada a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Rimondi (en disdencia), Divito. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). 36

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional c. 25.839/17, A., E. s/ Ampliación de indagatoria. Rta.: 21/06/2017 DEFRAUDACIÓN Sobreseimiento. Escribana que habría incumplido la obligación de restituir las escrituras de los departamentos que le habían sido confiadas en la operación de compraventa que no se llevó a cabo. Retención legítima de la documentación ante el incumplimiento del pago de la renumeración por la tarea desarrollada. Confirmación. Fallo: "(…) Según expuso el querellante, tras frustrarse la operación de compraventa de los inmuebles ubicados en la Av. XX y XX, la escribana designada para intervenir en el negocio, es decir la aquí imputada K. A. K., omitió restituir las escrituras que junto a los restantes vendedores le habían aportado e inició en forma concomitante un juicio civil contra ellos por el cobro de sus honorarios profesionales. Sobre el punto, tras la anterior intervención de este tribunal, K. voluntariamente hizo entrega de la documentación supuestamente retenida. En esa misma presentación, indicó que le había sido entregada para concretar el estudio de títulos previo a toda transferencia registral, para lo cual requirió los informes de dominio y practicó una exhaustiva revisión de los antecedentes, con el consecuente gasto que de ello resultó. Fue entonces que detectó una falencia esencial en el título, de lo cual dio noticia al querellante para que fuera subsanada. En ese marco, antes de que la imputada tuviera oportunidad de otorgar la nueva escritura y por circunstancias que no corresponde analizar en esta sede, el negocio se vio frustrado. Cabe agregar que no existe controversia respecto a que hasta el momento la notaria no recibió pago ni compensación alguna por la tarea desarrollada, vinculada en principio con la verificación de la aptitud para la venta del inmueble que era ofrecido por el querellante y sus restantes titulares. Frente a este panorama, no es posible afirmar que K. haya obrado de modo ilícito, sino que incluso se advierte que la negativa a restituir los documentos tuvo por objeto hacer valer la obligación resultante del estudio practicado, en base al cual se consideraba legitimada para retenerlos. En estas condiciones, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto documentado a (fs. …), en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Bloj). c. 65.699/15, KORCHMAR, Karina y otros s/rec. interpuesto por la querella. Rta.: 20/04/2017 DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO. Fiscal que solicitó la desestimación y magistrado que resuelve en consecuencia. Querella que recurre en solitario. Jurisdicción de la Cámara limitada a realizar un control de legalidad y de razonabilidad. Decisiones que se encuentran debidamente fundadas. Confirmación. Revocación parcial por imposición de costas por su orden. Disidencia en cuanto a los fundamentos: Hecho atípico. Confirmación y revocación parcial por imposición de costas por su orden. Fallo: "(…) II. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: a. Comparto los argumentos brindados por el Sr. juez de grado en la resolución traída a estudio y el fiscal en su dictamen de fs. (…), toda vez que el suceso denunciado no se subsume en figura penal alguna. En prieta síntesis la maniobra denunciada consistiría en el inicio por parte de G.J.B., administrador y abogado del consorcio de XX de esta ciudad, de un juicio ejecutivo -en el año 2007- por el pago de expensas correspondientes al inmueble ubicado en el 2° piso, unidad funcional 13, cuando previamente en el año 1995 ya se había iniciado un proceso similar contra quien no era titular del inmueble sobre el que pesaba la deuda MCBA- y en cuyo marco los montos reclamados ya habían sido percibidos. En concreto, la parte recurrente considera que el silencio del letrado al iniciar la segunda ejecución debía ser considerado como el ardid típico de una estafa procesal. Tal como sostuve en la causa nro. 226/12 "González, Irma Elda", de la Sala VI rta. el 10/04/2012 promover juicios ejecutivos cuando las deudas que los sustentan "…ya habían sido canceladas en su totalidad no configura el delito de estafa procesal, por cuanto esta figura debe reunir los requisitos del tipo genérico contemplado en el artículo 172 del Código Penal…, pues … debe comprobarse la existencia de un despliegue de medios ardidosos o engañosos que la caracterizan, situación que no se advierte si no se ha utilizado un documento falsificado de manera que mal puede imputarse un engaño al juez para causar un daño particular. La pretensión del cobro de lo indebido no es constitutiva de delito alguno, salvo el caso en que se presenten pruebas falsas, que puedan llevar al magistrado a dictar un pronunciamiento erróneo". Tal como fue planteada la cuestión, el mero silencio del imputado acerca de la existencia del juicio previo contra la ex M.C.B.A. al iniciar el proceso contra el verdadero titular del inmueble es insuficiente para conformar un ardid típico en los términos del artículo 172 del Código Penal, en la medida que no se ha denunciado la utilización de prueba falsas para dar sustento al reclamo, tal como sería testigos falsos, documentación adulterada o -eventualmente- documentos auténticos obtenidos o retenidos de manera ilegítima o a los cuales se les otorgue una motivación u origen distinto al real (como podría ocurrir en el caso de un pagaré o recibo). Es decir, las peticiones injustas no pueden constituir el delito de estafa procesal; máxime cuando como en el caso la querella hizo saber las circunstancias aquí denunciadas en el expediente que tramita ante el fuero civil, 37

sede en la que la acusadora puede agotar todos los recursos procesales disponibles para defender los intereses o derechos que entiende vulnerados o en su defecto, lograr su ulterior repetición. En razón de lo expuesto y demás argumentos expuestos por el juez de grado, voto por confirmar el auto impugnado. b. Ahora bien, en relación con las costas, considero que el auto recurrido en cuanto a este tópico debe ser revocado, ya que entiendo que corresponde imponerlas por su orden, toda vez que la presente tuvo su inicio en virtud de la extracción de testimonios de la causa 61569/1995 del Juzgado Civil nro. 91 efectuada por el magistrado a cargo de esa judicatura -fs. 3/3vta.- (art. 531, última parte, del Código Procesal Penal de la Nación). Así voto. III. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: a. Tal como he sostenido en anteriores oportunidades (causa N° 37.525 "Tavolaro", rta. 17/8/2009, entre otras) la exclusiva titularidad de la acción pública en cabeza del Ministerio Público Fiscal (art. 5 del C.P.P.N.) y su autonomía respecto al órgano jurisdiccional (art. 120, C.N.) son razones que limitan la jurisdicción de esta alzada al control de legalidad de la resolución del juez y del dictamen fiscal, con lo cual, el objetivo de su intervención debe restringirse a verificar la razonabilidad y fundamentación de sus decisiones, sin analizar la cuestión de fondo (arts. 69 y 123 del C.P.P.N.). En ese sentido, advierto que tanto el dictamen fiscal de fs. (…), como el decisorio del magistrado de la anterior instancia se encuentran correctamente fundados. En efecto, el juez de grado coincidió con los fundamentos expuestos por el acusador público y sostuvo que el accionar que aquí se ventila no se ajusta a las pautas que comprenden una maniobra de fraude y que los sucesos ventilados resultan ser canalizables por otra vía. En base a las consideraciones allí plasmadas, entiendo que el razonamiento del magistrado a quo no presenta fallas de logicidad ni es arbitrario y contienen elementos necesarios para constituir un acto jurisdiccional válido. De tal suerte, estimo que corresponde confirmar la decisión impugnada. b. En cuanto a las costas, comparto lo sostenido en el voto que antecede. Así voto. IV.- En atención a la ausencia de una mayoría en cuanto a los fundamentos por los cuales se votó por confirmar la desestimación traída a estudio, corresponde dar intervención al juez Scotto a fin de que dirima la cuestión. El juez Mariano A. Scotto dijo: Luego de escuchar el audio de la audiencia y sin tener preguntas que formular, en cuanto al recurso vinculado con la desestimación, de acuerdo con los argumentos que he sostenido anteriores ocasiones, entiendo que la ausencia de requerimiento fiscal impone que la decisión de esta alzada, al no haber adherido el Fiscal de Cámara al recurso de la querella, deba limitarse a revisar los aspectos formales de la resolución del juez y del dictamen fiscal a fin de corroborar su razonabilidad y debida fundamentación, en orden a los prescripto por los artículos 69 y 123 del C.P.P.N., tal como expuso el juez Pociello Argerich (ver causa N° 77897/2014 "Mabres", rta. 20/10/2015). Bajo esa inteligencia, adhiero a sus fundamentos y los doy por reproducidos. Así voto. (…) el Tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR parcialmente el punto I del auto de fs (…), mediante el cual se desestimó la presente por inexistencia de delito. II. REVOCAR parcialmente el punto I del auto de fs. (…) e imponer las costas procesales por su orden (art. 531, última parte, CPPN)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: Roldán). c. 14.878/16, BORAGINA, Gabriel Jorge s/ recurso de casación. Rta.: 16/06/2017 DESOBEDIENCIA Procesamiento. Imputado que alegó desconocer la existencia de una prohibición de acercamiento. Prueba insuficiente. Necesidad de profundizar la investigación. Revocación. Falta de mérito. Fallo. "(…) La materialidad del hecho y la intervención de E. I. B. se encuentran acreditadas, con el grado de provisoriedad exigida en esta etapa del proceso, a partir del relato de la denunciante R. S. G., que es avalado por el testimonio de F. M.S. (cfr. fs. ...). Sin embargo, el encartado alegó desconocer la prohibición de acercamiento que pesaba en su contra, dictada en sede civil el 29 de septiembre de 2014, cuya copia obra a (fs. ...) -donde por otra parte no se establece el lapso de duración de la medida- y no se incorporaron pruebas fehacientes que desvirtúen tal alegación. En efecto, la certificación de (fs. …) no basta para desbaratar la excusa, pues no obstante haberse asentado que "al momento de ser entrevistadas las personas en el Servicio Social… se les hace saber los motivos por los cuales se las cita como así también las medidas cautelares que obran a su respecto; como en el presente caso, en el cual con fecha 10 de octubre de 2014, se efectuó en relación a E. I. B.", no surge del acta de (fs. …) que efectivamente se haya puesto en conocimiento del imputado la prohibición y su alcance. Si bien en la resolución que decretó la medida cautelar se ordenó notificarla a B. en su domicilio, no se incorporó constancia alguna que corrobore el cumplimiento de esa diligencia. Ello resulta trascendente para definir el aspecto subjetivo de su conducta, por cuanto el delito de desobediencia "…es doloso y el dolo requiere el conocimiento efectivo de la orden, razón por la cual el conocimiento ficto admitido por las leyes procesales no es idóneo para su configuración…" (1). En tal contexto, y hasta tanto se acredite tal extremo, el tribunal RESUELVE: Revocar el auto de (fs. …), y disponer la falta de mérito para procesar o sobreseer a E. I. B. por el suceso en orden al cual fuera oportunamente indagado (art. 309 del C.P.P.N.). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 74.427/14, B., E. I. s/ Procesamiento. Rta.: 07/03/2017 38

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

Se citó: (1) Fontán Balestra, Carlos, Derecho Penal-Parte Especial, actualizado por Guillermo A. C. Ledesma, 17° ed., Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 895. DESOBEDIENCIA. Sobreseimiento. Imputado que intentó fugarse para no acatar la orden de detención sin emplear violencia. Atipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) III. Resuelta la cuestión vinculada a la intervención de la Dra. Paola de Rosa, corresponde que nos expidamos sobre el fondo del asunto. Con posterioridad a nuestra intervención de fs. (…), se amplió el testimonio del preventor W.A.R.L.. En dicha oportunidad, el agente fue contundente al afirmar que el imputado no opuso ningún tipo de resistencia y que los oficiales que intervinieron en su detención no resultaron lesionados ni presentaron daños en sus uniformes (cfr. fs. …). En este contexto, analizada la totalidad de las actuaciones, no advertimos que la fuga intentada por H. -en tanto no importó de su parte un ejercicio de violencia- configure un actuar delictivo. Ello así, porque la desobediencia que radica en la falta de acatamiento a la orden de detención es impune en la medida que lo es toda fuga. En esta línea, se ha sostenido que "no constituye delito de desobediencia el desatender la orden de la propia detención" (1). En igual sentido, se considera que "no constituye desobediencia la acción del sujeto que no acató la orden judicial de detener la marcha del automóvil que conducía. La falta de acatamiento no violento a la orden de detención resulta impune" (2). (…)el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs.(…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto (en disidencia parcial), Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: Raña). c. 25.614/16, HOLM, Franco M. s/ sobreseimiento. Rta.: 21/03/2017 Se citó: (1) JPBA, T. 84, F. 9; jurisprudencia citada por Ricardo Núñez en su "Tratado de Derecho Penal", 1992, T. V, P. 27; y la posición de Sebastián Soler en "Derecho Penal Argentino", 1992, T. V, P. 148/9. (2) Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal. Parte Especial, Rubinzal Culzoni, 2001, t. III, p. 89/90. DESOBEDIENCIA. Procesamiento. Imputado que se presento en el domicilio de la víctima y por el portero eléctrico intentó lograr tener contacto con la misma. Conocimiento por parte del inculpado de la medida cautelar de prohibición de contacto en vigencia. Confirmación. Fallo. "(...), contra la resolución de (fs. ...), que resolvió, en el punto dispositivo I, dictar su procesamiento por considerarlo, en principio, autor responsable del delito de desobediencia. (...). Se le atribuye a N. A. A. el hecho ocurrido el 17 de diciembre de 2016, alrededor de las 13.10 horas, cuando concurrió al domicilio sito en P. G. XX, donde vive su ex pareja J. M. M. De esta manera desoyó la prohibición de acercamiento dictada por el Juzgado Nacional en lo Civil nº 56, en marco del expte. XX/16 "M., J. M.l C/ A., N. A. S/ denuncia por violencia familiar", el 27 de octubre de 2016, ocasión en la que su titular dispuso, por 120 días corridos, que el imputado no podía acercarse a menos de 200 metros del lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia o donde se encontrase M., como así también que deberá abstenerse de realizar cualquier acto que perturbe la tranquilidad de la nombrada. Consideramos que los cuestionamientos planteados por la defensa técnica en el marco de la audiencia, confrontados con las actas escritas que conforman el legajo, no logran desvirtuar los fundamentos del auto apelado, que compartimos, por lo que será homologado. En efecto, la materialidad del hecho y la responsabilidad que le cabe a A. en el ilícito atribuido ha quedado acreditada con los alcances previstos por el art. 306 del CPPN. En ese sentido, contamos con la declaración de J. M. M. (cfr. fs. ...), quien destacó que en el fuero civil se dictó una prohibición de acercamiento del imputado respecto a su persona y la del hijo en común B. B., dispuesta por el plazo de 120 días corridos. Tal circunstancia ha sido avalada con las copias pertinentes del expediente n° XX/16, del registro del Juzgado Civil 56, obrantes a (fs. ...). Ahora bien, la existencia de esa decisión era conocida por el imputado. Nótese al respecto que la agente fiscal dejó constancia que de la causa n° XX/16, seguida contra el imputado -que tramitó oportunamente bajo el régimen de flagrancia e intervino la fiscalía a su cargo y el mismo juzgado en el que tramita la presente-, surge que éste fue notificado personalmente de dicha orden judicial (fs. ...). Por otra parte, la sorpresa que manifestó haber tenido A. al encontrar a la damnificada en el lugar de los hechos, se desvirtúa a poco que se advierte que M. afirmó que su ex pareja le decía a través del portero eléctrico: "(...)" (sic). En ese contexto, la presencia del encausado en el domicilio de la víctima configura la hipótesis delictiva que se analiza, en tanto conocía la prohibición de acercamiento y pese a ello se presentó en la puerta del domicilio de la denunciante con clara intención de tomar contacto con ella y así incumplir la orden judicial. Así las cosas, las pruebas reunidas hasta el momento permiten la homologación del auto apelado y el avance de las actuaciones a las siguientes etapas del proceso. En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto dispositivo I de la resolución de (fs. ...), en cuanto ha sido materia de recurso (art. 455 del CPPN). (...)". 39

C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Sosa). c. 423/17, A., N. A. s/ procesamiento. Rta.: 24/04/2017 DESOBEDIENCIA. Sobreseimiento. Prohibición de contacto dictada por la Justicia Civil no acatada. Constancias del expediente civil que dan cuenta que estaba en conocimiento de la medida dictada. Revocación. Procesamiento por desobediencia reiterado en cuatro oportunidades, en concurso real. Fallo: "(…) IV. Las críticas ensayadas por la acusación pública merecen ser atendidas, puesto que es razonable sostener que D. M. estaba al tanto de la prohibición de acercamiento que le impedía contactarse por cualquier medio con L. M. H. Se le atribuye "…haber desobedecido la orden dispuesta por el magistrado a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 76, en el marco del expediente n° 30885/13 "H., L. M. c/ D. M., P. A. s/ denuncia por violencia familiar" dictada el día 6 de mayo de 2013, mediante la cual se excluyó al acusado del domicilio sito en la calle N. xx CABA, a la vez que se le impuso la prohibición de acercarse a una distancia menor de 200 metros de la Sra. L. M. H. y de G. P. H. y L. D. M.; a la vez que se le prohibió todo tipo de contacto físico, telefónico, de telefonía celular, correo electrónico y/o por medio de terceras personas, con relación a las personas referidas. Así, el acusado desobedeció la directiva impuesta por el juez civil los días 12 y 26 de diciembre del año 2015, y los días 21 de enero y 18 de junio del año 2016; oportunidad en que el nombrado le envió mensajes de texto y se intentó comunicar telefónicamente desde su abonado celular n° xx al teléfono n° xx perteneciente a la Sra. L. M. H.…" (ver fs…) Frente a la imputación, en su descargo D. M. negó haber enviado mensajes a la víctima. Expresó que la medida cautelar no tenía un tiempo determinado y que se había renovado el 12 de abril de 2014, pero ello no le fue formalmente notificado. Agregó que durante el año 2015 el juez civil determinó un período de revinculación, tanto con la damnificada como con su hijo. Indicó que el niño lo llamó en varias oportunidades desde el celular de H. diciéndole que lo extrañaba y que quería verlo, le pidió que coordinara una visita para lo cual le pasó el teléfono para que hablara con la nombrada. Liminarmente debe señalarse que el día 6 de mayo de 2013 en el marco del expediente N° 30.885/2013 caratulado "H., L. M. c/ D. M., P. A. s/denuncia por violencia familiar" del registro del Juzgado Civil N° 76, se le prohibió a D. M. acercarse a una distancia menor a doscientos metros y tener todo tipo de contacto con L. M. H., su hija G. P. H. y su hijo L. D. M., sin que dicha medida tenga un plazo de finalización. Esta decisión le fue comunicada al indagado a fs. (…) de esos autos. Sentado cuanto precede, corresponde señalar que si bien éste no fue notificado de la prórroga de aquella prohibición de acercamiento de fecha 12 de junio de 2014 (confr. fs. (…), lo cierto es que conocía la disposición de la medida cautelar, a lo que se añade su activa intervención en ese expediente extremo que demuestra que sabía de la restricción (ver sólo por caso, fs. (…) del expte. civil). Nótese que puntualmente a fs. (…) de ese legajo solicitó "por propio derecho" y con asistencia letrada su levantamiento, de modo tal que no puede predicarse como lo hizo el Juez de grado que ignoraba la prohibición aludida. En el mismo sentido, debe señalarse que a fs. (…)del expediente por violencia familiar, la Jueza Civil informó que la medida cautelar ordenada el 6 de mayo de 2013 había sido extendida en el tiempo y continuaba vigente, y que D. M. estaba notificado de ello (ver fs…). De este modo, corresponde revocar el auto en crisis y disponer el procesamiento del indagado por los hechos descriptos a fs. (…) de acuerdo a los requerimientos fiscales de fs.(…), pues la prueba obrante en la causa acredita con el grado de provisionalidad requerido en esta etapa del proceso, que el nombrado envío mensajes de texto e intentó comunicarse telefónicamente desde su abonado nro. XXX al celular de su ex-pareja nro. XXX cuando le estaba vedado hacerlo (ver fs. …). Lo expuesto, se encuentra acreditado a través de los informes de la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal de fs. (…) y fs. (…), en el cual se analizó el teléfono de la damnificada y se visualizó un mensaje de texto y dos llamadas efectuadas por el indagado, los días 26 de diciembre de 2015 y 21 de enero de 2016. Asimismo, se comprobó que D. M. le envió a H. dos mensajes de texto el 18 de junio de 2016. El descargo del imputado no puede prosperar, pues en los autos civiles se inició la revinculación únicamente con respecto a su hijo L. D. M., pero en relación a su madre H. la medida cautelar dispuesta, como se dijo, se hallaba vigente. Por lo cual, ante el conflicto que se presenta entre las partes, la negación de los hechos efectuada por el imputado, no desvirtúa la prueba de cargo analizada, al menos en este estado del proceso. En cuanto a la calificación legal, corresponde señalar que las conductas desplegadas constituyen prima facie el delito de desobediencia, tipificado en el artículo 239 del Código Penal, ya que habría incumplido la prohibición de contactarse con su ex-mujer por cualquier vía, dispuesta por la Jueza Civil en la causa mencionada. Los cuatro episodios por los cuales ha sido indagado concurren entre sí forma real (art. 55 del C.P.). Por último, corresponderá al juez a quo evaluar la pertinencia de la imposición de las medidas cautelares. (…) el tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el auto de fs. (…) . y disponer el PROCESAMIENTO de P. A. D. M., cuyas demás condiciones personales obran en autos, en calidad de autor del delito de desobediencia reiterado en cuatro oportunidades, en concurso real (arts. 306 del C.P.P.N., y 45, 55 y 239 del C.P.). II. Disponer que el juez de grado ordene, en su caso, la imposición de las medidas cautelares". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: de la Bandera). c. 73.877/15, D. M., P. A. s/ Sobreseimiento. Rta.: 22/05/2017 40

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

DESOBEDIENCIA. Procesamiento. Imputados que circulando de contramano por una arteria, no acataron la voz de alto e intentaron darse a la fuga impactando su vehiculo contra otros que se encontraban estacionados. Breve forcejeo empleado para su detención. Existencia en el hecho de ccircunstancias adicionales que trascienden a la mera desobediencia de no acatar la orden de la propia detención. Confirmación. Fallo. "(...) recursos de apelación interpuestos a (fs. ...), por los Dres. Víctor Adrián Haidar y María José Ramos, respectivamente, contra el auto de (fs. ...), por el que se procesó a sus asistidos B. O. y R. B. en orden al delito de desobediencia, previsto y reprimido en el art. 239 del Código Penal y trabó embargo sobre los bienes de los nombrados en la suma de $10.000. (...). A B. E. O. y a R. B. se les imputa el hecho ocurrido el 18 de enero de 2015 aproximadamente a las 7.45 horas cuando desobedecieron la orden emanada por el efectivo de la Policia Federal, cabo Sergio Lucio Rondan cuando aquel se encontraba cumpliendo con sus funciones en las inmediaciones de la avenida D. y la calle M. A. de esta ciudad. En efecto mientras que el efectivo policial se encontraba conduciendo el móvil 240 por la calle M. A. de esta ciudad, en dirección a la avenida D. pudo observar que por la misma arteria pero de manera contraria al tránsito o sea a contramano, circulaba un automóvil particular marca Volkswagen Golf, color gris, motivo por el cual mediante el uso de balizas y sirenas dio la voz de alto, no siendo acatada dicha orden, ello en virtud de que el automóvil mencionado emprendió la fuga por la avenida antes nombrada, en dirección a la calle S. P., procediéndose de este modo una persecución por diferentes arterias, hasta que tomó L., perdiendo el control, impactando contra una caja eléctrica allí ubicada y posteriormente contra dos automóviles particulares que se encontraban estacionados. Así las cosas, luego de producido el impacto los imputados descendieron del rodado dándose a la fuga por la calle L. en dirección a la calle E. P. de esta ciudad, oportunidad en que al arribar a la altura catastral 858 de dicha arteria, se logró alcanzarlos y tras un breve forcejeo procedió a la detención e identificación de B. E. O. y R. B. Luego del análisis de la cuestión traída a estudio, consideramos que los agravios expuestos por los recurrentes en la audiencia, confrontados con las actas escritas que se tienen a la vista, no logran conmover los fundamentos del auto en crisis, motivo por el cual la decisión recurrida habrá de ser homologada. Veamos. De las imágenes que se han acompañado al legajo queda claro que los imputados circulaban de contramano. Ese dato objetivo ha sido confirmado por los preventores quienes le dieron la voz de alto a los encartados, la cual no fue acatada (cfr. fs. ...). Si bien, se ha sostenido en reiteradas ocasiones, que "no constituye delito de desobediencia el desatender la orden de la propia detención" (JPBA, T. 84, F. 9; jurisprudencia citada por Ricardo Núñez en su "Tratado de Derecho Penal", 1992, T. V, P. 27; y la posición de Sebastián Soler en "Derecho Penal Argentino", 1992, T. V, P. 148/9) y que "(...)", lo cierto es que en el caso de marras se advierten otras circunstancias adicionales que trascienden a la mera desobediencia de una orden de detención. En efecto, se pudo constatar que como resultado de la huída el vehículo de los imputados impactó sobre los rodados Fiat Uno Fire, dominio colocado (...) y Volkswagen, modelo Gol, patente (...), propiedad de G. S. C. y D. H. S.. Ello, produjo un daño en las unidades, tal como se desprende de (fs. ...). Consideramos que la existencia de aquélla situación, superó el estándar al que se hiciera referencia en los párrafos anteriores. En efecto, se ha comprobado una oposición activa (persecución, daños en vehículos de terceros y un breve forcejeo) por parte de B. O. y R. B. a un acto funcional también activo (vos de alto por parte del personal policial) que ha sobrepasado la mera desatención a la orden de la propia detención. En definitiva, puede afirmarse que los letrados cuestionan la entidad probatoria de los elementos de cargo reunidos, siendo precisamente ante este tipo de casos en que corresponde habilitar, eventualmente -ya que deberá opinar al respecto el agente fiscal interviniente en la etapa crítica- la instancia de juicio donde la defensa podrá alegar sobre su hipótesis del caso, pudiendo ser debidamente dilucidado el asunto con plena vigencia de los principios de inmediatez, concentración y contradicción. Por último, consideramos que el embargo trabado sobre los bienes y/o dinero de los imputados luce acertado. Ello, más allá de que se trata de una medida meramente cautelar y provisoria, la cual puede ser modificada eventualmente, (in re: cn° 25.119, "Landriscina", rta. 20/3/05; cn° 25.341, "Guarini", rta 4/4/05; cn°36.014 "Almeyra", rta: 12/05/09, entre otras), habremos de confirmar la decisión al respecto. Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de (fs. ...) en cuanto fuera materia de recurso (art. 455 del CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 4.393/15., OLIVER, Bruno Ezequiel y otro s/ Procesamiento. Rta.: 22/06/2017 DETENCIÓN DOMICILIARIA. Rechazada. Imputada madre de tres hijas menores de cinco años de edad. Imputada que con anterioridad cumplió pena en prisión domiciliaria, sin inconveniente alguno. Derechos de los hijos menores de edad. Menor en etapa de lactancia. Supervisión electrónica de la medida dadas las condenas registradas y declaraciones de rebeldía. Revocatoria. Procedencia bajo supervisión electrónica. Fallo: "(…) La defensa recurrió en apelación el auto luciente a fs. (…), en cuanto se rechazó la solicitud de prisión domiciliaria promovida en favor de N. S. P. El juez Mauro A. Divito dijo: Entiendo que en el caso resulta viable el arresto domiciliario peticionado de conformidad con lo establecido por el artículo 10, inciso "f", del Código Penal, pues del juego armónico de 41

las reglas acuñadas por los artículos 2 y 280 del Código Procesal Penal, se extrae tanto la imposibilidad de soslayar el derecho reconocido por la norma a la imputada privada de la libertad como la de analizar su viabilidad desde la óptica del artículo 319 del código adjetivo. Adviértase al respecto que el examen de un posible arresto domiciliario presupone, precisamente, la improcedencia de la excarcelación, circunstancia que ilustra a las claras sobre la necesidad de prescindir -para resolver sobre aquél- de los parámetros tomados en consideración para denegar ésta (1). Sentado ello, en relación con la cuestión planteada, surge de las actuaciones que la causante es madre de siete hijas, tres de las cuales son, tal como lo contempla el citado art. 10, inc. "f", del Código Penal y el art. 32, inc. "f" de la ley 24.660, menores de cinco años de edad: M. P. de cuatro años, G. P. de dos y L. de un año. En el contexto descripto dable es recordar que la reforma legislativa (ley 26.472) no contempla otras particulares exigencias para la concesión de la prisión domiciliaria a la madre de un niño menor de esa edad (2). Cabe mencionar que incluso antes de la vigencia de la ley 26.472, se ha sostenido que "poniendo entre la prisión preventiva que sufre la nombrada y la posibilidad de que transcurra, hasta la sentencia final de la causa, en su domicilio, la tutela de la especial situación personal y familiar que padecen por su cautela sus hijos menores, acierta la Defensa en apelar a un orden normativo superior, cuya consideración no puede resultar omitida en la especie. Alegar ese vínculo, corre el eje de la solicitud presentada, que no busca amparar por vía analógica alguna situación personal de la imputada no contemplada por el legislador, sino que tiene una finalidad tuitiva respecto de ciertos derechos reconocidos a los sujetos de la Convención de los Derechos del Niño" (3). Por lo demás, la imputada ya ha cumplido pena en prisión domiciliaria (…), sin que conste que hubiera incurrido en inconducta alguna, y el Sr. defensor de menores ha concurrido a la audiencia oral, bregando por el otorgamiento de la prisión domiciliaria a la madre de sus representados, en beneficio de éstos. En consecuencia, contemplando de manera especial los derechos de las hijas de corta edad de la procesada (C.D.N, art. 3.1), la menor de las cuales aún se encuentra lactando, debe concederse la modalidad de encierro morigerado que se solicita, bajo las condiciones que fije el magistrado de la instancia anterior. Sin perjuicio de lo expuesto, en atención a las condenas que registra y las declaraciones de rebeldía, incluso en esta causa, deberá disponerse la supervisión electrónica de la medida, de acuerdo a los lineamientos fijados por las resoluciones 1379, del 25 de junio de 2015 y 808 del 13 de septiembre de 2016, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. El juez Mariano A. Scotto dijo: Liminarmente, debe puntualizarse que si bien es cierto que la ley 26.472, que reformó -entre otras disposiciones- los artículos 32 y 33 de la ley 24.660, amplió los supuestos bajo las cuales se aplica la detención domiciliaria, entre ellos, "A la madre de un niño menor de cinco (5) años …" (artículo 1, inciso "f" , según el actual art. 32), también lo es que mantuvo la facultad discrecional del juzgador para acordarla. Ello se extrae de la locución "podrá", de modo que en ese aspecto, se mantienen las consideraciones formuladas por el Tribunal en casos análogos (4). Sin perjuicio de ello, pondero que en el caso en examen, la naturaleza del hecho y las circunstancias apuntadas tanto por la defensa oficial como por el defensor de las niñas menores de 5 años, en particular en torno a que la más pequeña aún se encuentra en período de lactancia, adhiero a la solución propuesta por el juez Divito, en cuanto a la concesión de la prisión domiciliaria bajo la supervisión electrónica apuntada. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado a fs. (…) y conceder la prisión domiciliaria a N. S. P., que deberá instrumentarse bajo la supervisión electrónica prevista en la resoluciones 1379, del 25 de junio de 2015 y 808 del 13 de septiembre de 2016, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y bajo las condiciones que fije el magistrado de la instancia anterior". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Franco). c. 49.265/15, P., N. S. s/ Prisión domiciliaria. Rta.: 09/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.614. "J., P. E.", rta: 20/10/2009. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.118, "G., G. E.", rta: 08/07/2009 y c. 37.222, "D., M. L.", rta: 13/08/2009. (3) C.F.C..P., Sala IV, c. 6667, reg. 7749, "A., A. T. s/recurso de casación", rta.: 29/08/2006. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.224, "O. G., C. E.", rta: 05/03/2009. DETENCIÓN DOMICILIARIA. Rechazada. Detenido que motivó la solicitud en el delicado estado de salud de su madre y la necesidad de que la cuide. Situación no prevista en la ley 24.660. Confirmación. Fallo: "(…) II. Tal como el juez lo señaló, la petición formulada no se encuentra legalmente prevista, razón por la cual corresponderá homologar la denegatoria (artículos 10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660). Las razones humanitarias que pueden dar lugar a una disposición de prisión domiciliaria sólo se encuentran referidas a la persona del imputado, por tal razón, el motivo aducido por la defensa -estado de salud delicado de la madre del encausado y que necesita que el nombrado la cuide- no se adecua a las previsiones de la norma. Los agravios expuestos para impugnar los peligros procesales que se verificarían en el caso -oportunamente evaluados por la Sala al confirmar el auto que denegó la excarcelación del nombradono serán objeto de consideración porque son ajenos al instituto que se analiza, por cuanto lo solicitado al presente no es la libertad del encausado sino que la detención dispuesta se cumpla en un lugar particular. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso".

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Poleri). c. 11.843/17, FIGUEROA, Elías J. s/Excarcelación. Rta.: 28/03/2017 DETENCIÓN DOMICILIARIA. Rechazada. Facultad discrecional del juez para acordar la detención domiciliaria. Instituto que no resulta de aplicación automática. Alzada que oportunamente denegó la excarcelación del imputado sustentado en la imposibilidad de acceder a una condena de ejecución condicional por en razón de los topes punitivos previstos para los delitos por los cuales fue procesado y presencia de pautas restrictivas. Imputado que no registra antecedentes condenatorios ni causas en trámite y posee más de 70 años de edad (voto del Dr. Scotto). Última reforma legislativa que no estableció particulares exigencias para la concesión a personas mayores de 70 años. Magnitud de pena en espectativa que no se erige como impedimiento. Gravedad del hecho atribuido que no reviste carácter dirimente para decidir la cuestión (del voto del Dr. Divito). Revocatoria. Supervisión electrónica de la medida. Fallo: "(…) La defensa recurrió en apelación el auto luciente a fs. (…), en cuanto se rechazó la solicitud de prisión domiciliaria promovida en favor de A. C. El juez Mariano A. Scotto dijo: Al respecto, si bien es cierto que la ley 26.472, que reformó -entre otras disposiciones- los artículos 32 y 33 de la ley 24.660, amplió los supuestos bajo las cuales se aplica la detención domiciliaria, entre ellos, "Al interno mayor de setenta (70) años", también lo es que mantuvo la facultad discrecional del juzgador para acordarla. De tal modo, el arresto domiciliario no resulta automático y el instituto aquí procurado debe armonizarse con las demás disposiciones legales aplicables al caso concreto (artículos 280 y 319 del Código Procesal Penal), conforme con lo sostenido en anteriores ocasiones (1). Sentado ello, dable es recordar que este Tribunal oportunamente denegó -por mayoría- la excarcelación del imputado, criterio que se sustentó en la imposibilidad de que accediera a una eventual condena de ejecución condicional en virtud de los topes punitivos previstos para los delitos por los que resultó procesado, así como la presencia de pautas restrictivas en los términos del art. 319 del Código Procesal Penal. Por el contrario, en el marco de apreciación dada para supuestos en los que se analiza la procedencia de una prisión moderada, por su excepcionalidad se impone considerar que en el caso, C. no registra antecedentes condenatorios ni causas en trámite (…) y fue detenido en el domicilio donde reside, por lo que cuenta con arraigo (…). Asimismo, no es posible compartir con el juez de grado que los recursos económicos o influencias personales que tendría C., sean elementos que conduzcan a torcer el curso del proceso por el sólo hecho de encontrarse en su domicilio, máxime ante lo avanzado de la investigación. En atención a ello, cabe indicar que el nombrado superó la edad de setenta años (…), situación que se corresponde con la previsión de los artículos 32, inciso "d" de la ley 24.660 y 10 inciso "d" del Código Penal, que no tiene previsto mayores exigencias que el cumplimiento de la edad para la concesión de la prisión domiciliaria, al contrario de lo que sí está establecido para otros supuestos. Se adiciona a ello que C. cuenta con un domicilio en el cual puede acceder al beneficio excepcional y, de acuerdo con lo que surge del informe socio ambiental glosado a fs. (…), aquél tendrá contención familiar, las instalaciones y cuidados propios de la detención domiciliaria, más propicias para personas de su edad, siendo menester convocar a los familiares responsables a fin de que asuman la responsabilidad de su cuidado (ver fs. -…en donde la defensa hizo saber que su hermana C. se trasladaría al domicilio del encausado para garantizar el cumplimiento de los compromisos que se le impongan). Sin embargo, estimo que el arresto domiciliario de C. debe estar condicionado a que sea introducido en el "Programa de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica" que se implementó en la Resolución 86/2016 dictada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para supuestos de "personas adultas" como el encausado, que lleva como antecedente lo dispuesto en las Resoluciones 808 - E/2016, dictada por la misma dependencia y 1587/2008 del ex Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos. De tal manera, el procedimiento de admisión previsto en el "Anexo I" de la disposición liminarmente aludida, deberá ser implementado por el magistrado de la causa, sin perjuicio de las demás condiciones que fije el señor juez de la instancia anterior. Así voto. El juez Mauro A. Divito dijo: Si bien debo aclarar que entiendo que las reglas acuñadas por los artículos 2 y 280 del Código Procesal Penal, impiden analizar la viabilidad del planteo desde la óptica del artículo 319 del código adjetivo, pues el examen de un posible arresto domiciliario presupone, precisamente, la improcedencia de la excarcelación (2), comparto la solución que propone el juez Scotto. Como sostuve en anterior ocasión (3), dable es recordar que la última reforma legislativa en la materia (ley 26.472) no ha establecido particulares exigencias para la concesión de la prisión domiciliaria a las personas mayores de setenta años (arts. 10, inc. "d" del Código Penal y 32, inc. "d" de la ley 24.660), a punto tal que el art. 33 de la ley de ejecución de la pena privativa de la libertad demanda que la decisión del tribunal se funde en "informes médico, psicológico y social" solamente en los "supuestos a), b) y c) del art. 32". Dicha circunstancia permite concluir en que, conforme a la legislación aplicable al caso, por regla no es menester que al requisito etario se añadan otros y, en particular, que -a los fines del arresto domiciliario previsto en el inc. "d"- ninguna necesidad existe de que el detenido padezca algún problema serio de salud. Por lo demás, la magnitud de la pena en expectativa tampoco se erige como un impedimento, pues puntualmente- el legislador ha suprimido la referencia que contemplaba, en su anterior redacción, el art. 10 43

del Código Penal, según el cual esta modalidad de arresto sólo resultaba aplicable en los casos en que la pena de prisión no excediera de los seis meses. En igual sentido, pondero que la gravedad del hecho atribuido no reviste carácter dirimente para decidir la cuestión. Así lo demuestra el hecho de que la Cámara Nacional de Casación Penal ha concedido el instituto bajo la causal aquí invocada a procesados por delitos de lesa humanidad (4). En función de ello, adhiero a la solución propuesta en el voto precedente. Así voto. Por ello, esta Sala RESUELVE: I. REVOCAR la decisión extendida a fs. (…) del presente incidente. II. Otorgar el arresto domiciliario solicitado en favor de A. C., bajo las condiciones que surgen del presente dispositivo, más aquellas que fije el señor juez de la instancia anterior". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 52.640/16, C., A. s/ Prisión domiciliaria. Rta.: 24/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VII, c. 8025/2016-2, "A., M. J.", rta.: 29/04/2016 y sus citas. (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VII, c. 37.614, "J., P. E.", rta: 20/10/2009. (3) C.N.Crim. y Correcc., Sala VII, c. 1875/12. "C., J.", rta.: 27/11/2012 (4) C.N.C.P., Sala IV, 03/07/2009, "S., J. L.", L.L. 2010-A, 144 y Sala III, "S., F.", rta.: 18/08/2009, "S., F.", La Ley Online. DETENCIÓN DOMICILIARIA. Rechazada. Intervención anterior del tribunal que rechazó el derecho a la libertad. Detenido que no se ajusta a los supuestos necesarios para hacer lugar a la detención domiciliaria. Confirmación. Fallo. "(...). Luego del análisis de la cuestión traída a estudio, consideramos que los argumentos expuestos por la defensa no logran conmover los fundamentos del auto recurrido, por lo que será homologado. Sostiene este tribunal (recurso n°35.902, "Cardozo", rto. 07/04/09, entre otros) que "…la concesión del arresto domiciliario es una facultad del órgano judicial y no un imperativo legal (art. 10 CP y 32 ley 24.660, conforme redacción ley 26.472) en consecuencia, consideramos que una decisión denegatoria debe fundarse en dos pilares básicos: el primero, que el arresto domiciliario no asegure debidamente el fin perseguido al ordenarse la detención (en el caso de la prisión preventiva, neutralizar los riesgos procesales constatados) y el segundo, que se preserven durante la detención los objetivos buscados por la ley al establecer el arresto domiciliario" en el caso, debido a la enfermedad que padece (EPOC). Sin embargo, la situación de P. A. G. impide acceder a lo solicitado. En cuanto al primer requisito, cabe señalar que esta sala, el pasado 18 de abril rechazó el derecho a la libertad debido a que, entre otras cuestiones, fue detenido por la presunta comisión del delito que se le atribuye en los autos principales vigente el arresto domiciliario concedido el 4/4/16 por el TOC 6 de Lomas de Zamora, tras dictar condena en su contra a la pena de 3 años y 3 meses de prisión. Cabe destacar que el pasado 10 de mayo dicho tribunal revocó el arresto domiciliario concedido, lo que cancelería todo otro análisis de la cuestión. Sin perjuicio de lo cual, a fin de dar respuesta a la defensa, se suma que del informe social practicado en su lugar de detención da cuenta que tanto la persona que se ofreció como referente de su eventual egreso, V. R. M., como su pareja trabajan durante todo el día de manera tal que la profesional consideró dudosa la contención y asistencia que podría recibir, criterio que compartimos; ello sin perjuicio del informe al que aludió en la audiencia. Por este camino, tampoco se agregó la constatación del domicilio ofrecido ni un informe sobre la conveniencia tanto técnica como social del dispositivo de pulsera electrónica requerido por el protocolo de actuación aprobado por resolución 1379/15, que regula el procedimiento de implementación mediante la colocación de una pulsera electrónica, otorgada y controlada a través del "Programa de asistencia de personas bajo vigilancia electrónica" a cargo de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia. En cuanto a la enfermedad que padece, más allá de no tratarse de una de tipo incurable en período terminal, el informe del Cuerpo Médico Forense da cuenta que a través del Servicio de Neumonología se pueden realizar los estudios complementarios necesarios para realizar los ajustes que el tratamiento requiere y, en su defecto, puede ser derivado a un hospital extramuros. Por ello, y sin perjuicio de lo sostenido por la defensa en su recurso sobre la falta de provisión de tubo de oxígeno, lo que deberá ser resuelto por el tribunal de juicio a cuya disposición se encuentra detenido, este motivo no justifica para acceder al arresto domiciliario peticionado. Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR la resolución obrante a (fs. ...) en todo cuanto ha sido materia de recurso (art. 455, ibídem). II. REMITIR este incidente y el principal al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 9, haciéndole saber al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 mediante oficio de estilo. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Peluffo). c. 16.397/17, GUEMIL, Pedro Alfredo s/ Prisión domiciliaria. Rta.: 24/05/2017 DETENCIÓN DOMICILIARIA. Rechazada. Cuestión preliminar que surge del incidente en el que se omitió dar intervención a la Defensoría Pública de Menores (art. 43, ley 27.149). Necesidad de garantizar con ello los derechos o intereses de los menores. Nulidad. Disidencia: la omisión de dar intervención al Defensor de Menores no está conminada con una sanción de nulidad. Fallo: "(…) II. El juez Ricardo M. Pinto dijo: Como cuestión preliminar, corresponde señalar que de la lectura del presente incidente, se ha omitido dar debida intervención en el asunto a la Defensoría Pública de Menores, desatendiendo lo dispuesto en el art. 43 de la ley 27.149. 44

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Tal como lo expuse en oportunidades anteriores, resulta conveniente, a fin de garantizar plenamente la intervención de quien debe opinar en cuanto a lo que es más favorable para el niño, declarar la nulidad de lo resuelto a fs. (…). y de los actos que son su consecuencia (ver, en este sentido, c.16.039/16 "A., A G.", rta: 11/05/16 y sus citas, en especial, Fallos 333:1152 y dictamen del Procurador General de la Nación; y Sala V C.C.C, causa nro. 74181/2015/43, "B. F., E.", rta. 24/8/2016; entre otras). Así voto. Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Disiento con lo expuesto por mi colega preopinante, toda vez que si bien hubiera sido de buena práctica judicial tomar nota de la opinión del representante de los menores previo a resolver el planteo peticionado por la defensa, lo cierto es que la omisión de darle intervención no está conminada con una sanción de nulidad. El juez Mariano A. Scotto dijo: Luego de escuchar el audio de la audiencia y sin tener preguntas que formular, en cuanto a la cuestión preliminar suscitada, adhiero a los fundamentos del juez Ricardo M. Pinto y los doy por reproducidos (Sala VII C.C.C., causa nro. 47839/2016/6, ""A., K.", rta. 3/2/2017). En consecuencia, de conformidad con el acuerdo que antecede y sin necesidad de adentrarnos en la cuestión de fondo, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la resolución de fs. (…) del presente incidente y de los actos que son su consecuencia". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich (en disidencia), Scotto. (Sec.: Herrera). c. 49.000/16., R., C. S. s/ prisión domiciliaria. Rta.: 22/06/2017 DETENCIÓN. Nulidad rechazada. Razonabilidad del accionar policial. Datos objetivos que permiten sostener que estaban habilitados a interrogar al encausado en la vía pública, al menos para identificarlo de manera prudente y razonable. Confirmación. Fallo: "(…) recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de (…), contra el auto de fs. (…) que rechazó el planteo de nulidad efectuado por la parte. II.- El recurrente entiende que el procedimiento policial vulneró garantías constitucionales, toda vez que no se verificaron datos objetivos y razonables que habrían habilitado a detener a (…). Además que resulta poco verosímil que hubiera confesado directamente el presunto hecho delictivo que se le atribuye, que parece consecuencia de una coacción que ejercía sobre él la situación de detención. III.- El (…), el Suboficial (…) observó que una persona que caminaba por (…), llevaba un matafuegos de cinco (5) kg. Al notar su presencia intentó retomar sus pasos, por lo que se acercó para entrevistarlo, oportunidad en la que se puso nervioso y adoptó una actitud hostil. Mientras esperaba que se constituyera un móvil manifestó espontáneamente: "el matafuego se lo saqué al dueño del edificio por bronca, que lo mirás tanto…" (sic). Este Tribunal ya sostuvo en casos de similares características que el principio contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional relativo a que "…nadie puede ser …arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente…" se encuentra reglamentado por el artículo 284 del ceremonial y por la Ley 23.950, que establecen un catálogo cerrado de excepciones entre las que se prevé un tiempo mínimo para verificar la identidad de la persona o la presencia de circunstancias debidamente fundamentadas -"indicios vehementes de culpabilidad"-, que permitan presumir la comisión de un hecho de entidad delictiva, o la posibilidad de su producción. Para proceder de esa manera y determinar si la actividad desarrollada por el personal policial resultó razonable y ajustada a derecho o, por el contrario fue arbitraria, deben evaluarse las circunstancias que motivaron su actuación, Así verificamos datos objetivos que habilitaron a interrogar al encausado en la vía pública, al menos para identificarlo de manera prudente y razonable y concretar la aprehensión, ajustándose en todo momento a los parámetros legales, ya que fue posterior a la resistencia que habría ofrecido el causante. La Corte Suprema de los Estados Unidos en el fallo "Terry vs. Ohio" interpretó esa restricción a la libertad como "stop and frisk" (interceptación con fines investigativos), la cual requiere un grado probatorio menor que el de "causa probable", que permite una detención o requisa. Debe distinguirse una interceptación -stopde un arresto -detención propia (o secuestro de una persona)-, y entre el cacheo -frisk- y un registro -search(1). Allí se señaló que cuando un funcionario advierte una conducta extraña que lo lleva a concluir a la luz de su experiencia que se está preparando alguna actividad delictuosa tiene derecho, para su propia protección y la de los demás, a interceptar a la persona en la vía pública por un breve lapso (2), postura que compartimos. En esta dirección, la percepción de los agentes de circunstancias como las que aquí nos ocupan puede hallar base en su profesionalismo y experiencia, es que una misma actitud puede resultar suficientemente sospechosa para una persona y no para otra y mientras no sea absurda su justificación, ni se apoye en aspectos personales o cualquier otro fundamento que pueda ser tildado como "derecho penal de autor", no resulta lógico impedirle si quiera preguntar qué se está haciendo. Es que no se está habilitando a condenar, función compete a los jueces, sino tan sólo a averiguar qué sucede y una de las posibles consecuencias puede ser comprobar que nada pasa. Restringir exageradamente las funciones de prevención hasta el límite de la inacción podría conducir a un incumplimiento con eventuales consecuencias para el funcionario público (3).

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De este modo los preventores procedieron conforme lo establecido en los artículos 184, inciso 8°, y 284 del Código Procesal Penal de la Nación, sin que se vulnerara garantía constitucional alguna. En cuanto a lo revelado por (…), destacamos que no se evidencia que esa manifestación haya sido obtenida mediante violencia. Se ha postulado que "…las averiguaciones que efectuó [el preventor] para esclarecer el hecho sin que los hoy imputados se hallaran detenidos, deben considerarse plenamente válidas y lo que oyeron de boca de los interesados sirve como prueba de cargo" y que "…sería un sin sentido (…) pedirle a la policía que se tape los oídos o que mire para otro lado, cuando escucha cosas de utilidad para el esclarecimiento de los hechos…" (4). En este sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación postuló que "…la mera comunicación de (un) dato, en la medida en que no sea producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener (…), que la restricción procesal antes mencionada impide a los funcionarios investigar las pistas que pudieran surgir de esa comunicación…" (5). Así, toda vez que no se ha acreditado que la actuación policial fuera arbitraria o reñida con las garantías constitucionales, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fue materia de apelación. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Sec.: Carande). c. 22542/16, VELEZ, Walter s/nulidad. Rta.: 14/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 57130/14/3, "González, Elio Adalberto Ramón s/ nulidad, rta.: 17/11/14; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 16087/16/4, "Polastri, Federico Luis s/ nulidad, rta.: 4/5/16; (3) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 18966/2016, "Rivero, Antonella Estefanía", rta.: 26/05/16; (4) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c.. 39.460, "Lencina, Alberto Marcelo", rta.: 19/05/10; (5) C.S.J.N., causa M.3710. XXXVIII, "Minaglia, M.O.", rta.: 04/09/07. ENCUBRIMIENTO. Agravado por el ánimo de lucro. Procesamiento. Agravio: Imputado a quien se le imputó dos delitos en forma simultánea y se lo procesó sólo por uno. Rechazo. Imputación alternativa válida respecto de dos figuras penales que lo permiten: encubrimiento y robo. Magistrado que no debe necesariamente emitir una resolución de mérito que desvincule al indagado respecto de uno de los delitos. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa de L. E. R. apeló la decisión dictada a fs. (…), por la que se dispuso su procesamiento y se ordenó trabar embargo (…). El agravio expuesto respecto de la atribución simultánea de dos delitos distintos y excluyentes al tiempo de prestar declaración indagatoria (…) debe desestimarse, en razón de la relación de alternatividad que media entre las figuras de robo y encubrimiento y porque no es necesaria una resolución de mérito que desvincule al indagado del primer delito mediante su sobreseimiento, sino que basta con imputarle el segundo, si así correspondiere (del dictamen de la Procuración General de la Nación al que remitió la Corte Suprema de Justicia in re CCC 038485/2009/CS001, "Buede, K.", del 29-9-15). Zanjada esa cuestión, en torno a la prueba reunida en la causa, se recuerda que en la intervención anterior del Tribunal -con una integración parcialmente distinta- en el marco de la causa número 11.657/13 se entendió superado el argumento vinculado con el lugar de residencia de R., ya que se tuvo por acreditado que éste se domiciliaba junto con R. en el inmueble sito en la avenida C. X, piso 2°, departamento "A", de esta ciudad (…). Por otra parte, el haberse comprobado que el causante permaneció detenido el día en que ocurriera el desapoderamiento ilegítimo de las cosas que luego se hallaron en el departamento mencionado no contrarresta el encubrimiento atribuido, pues, como se valoró en la instancia anterior (…), bien pudo haber recibido los objetos luego de recuperar su libertad el 22 de diciembre de 2011 (…) y hasta el 12 de julio de 2012, cuando fueron secuestrados al practicarse la diligencia de registro que surge de las copias obrantes a fs. (…). Finalmente, en el caso, la circunstancia agravante de ánimo de lucro que se aplicó se encuentra justificada por la cantidad de cosas halladas, en tanto ello autoriza a presumir el propósito de proceder a su comercialización. En lo atingente al embargo que se ordenó trabar, se considera que la suma de treinta mil pesos ($ 30.000) resulta acorde para satisfacer eventualmente los rubros previstos en el artículo 518 del Código Procesal Penal. Por esos motivos, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución dictada a fs. (…), en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec. Cám: Decarli). c. 16.966/16, RAMOS, Lautaro s/ Procesamiento. Rta.: 08/05/2017 ENCUBRIMIENTO. Agravado por el ánimo de lucro. Procesamiento. Imputada: Acompañante a bordo de una moto con pedido de secuestro. Conductor respecto de quien ya se dictó procesamiento. Elementos de prueba insuficientes para afirmar que conocía el origen espurio. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra el punto III del auto de fs. (…) que la procesó en orden al delito de encubrimiento agravado por su ánimo de lucro. 46

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional II.- (…) el (…), a las (…) horas, dejó su motocicleta (…) de color negra, dominio (…) en la calle (…) y al regresar a las (…) del día siguiente, advirtió que se la habían sustraído. El (…) siguiente, a las (…), en la intersección de (…) y (…) de la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, los preventores (…) y (…) observaron a una pareja en una moto sin los cascos colocados, por lo que los detuvieron y constataron su pedido de secuestro (…). III.- Disentimos con el temperamento adoptado pues el reproche, en relación a la conducta alternativa, se sustenta en que la imputada viajaba como acompañante en el rodado, lo que es insuficiente para acreditar, aún con el alcance provisorio de esta etapa, que conocía de su origen espurio. Los preventores sólo los demoraron por la comisión de una contravención y recién por la posible comisión de un delito cuando consultaron si el vehículo poseía impedimento. Es que tenía el dominio colocado y se encontraba en buen estado, tal como se desprende de las fotografías de fs. (…), lo que nos permite concluir que, a simple vista, era imposible que sospechara que fue mal habida. En definitiva, quien conducía el vehículo sin la documentación era su consorte de causa. La doctrina ha sostenido que "sólo corresponde exigir como elemento subjetivo el conocimiento real y positivo acerca de la procedencia ilegítima de los objetos cuestionados, favoreciendo al acusado cualquier clase de duda" (1). Ante este panorama y no vislumbrándose medidas por realizar que ameriten continuar con el proceso en su contra, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el punto III del auto de fs. (…) y DISPONER EL SOBRESEIMIENTO de (…) dejando expresa mención que la presente no afecta el buen nombre del que gozara (artículo 336, inciso 3 el Código Procesal Penal de la Nación). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Silva). c. 73.701/16, ALVAREZ, Fernanda Ayelen s/Procesamiento. Rta.: 09/05/2017 Se citó: (1) Horacio J. Romero Villanueva, "Código Penal de la Nación Anotado - Legislación Complementaria", Segunda Edición, Editorial LexisNexis, año 2006, pág. 1059. ENCUBRIMIENTO. Agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave. Actuaciones en las que no se ha verificado aún que haya habido una acción -auxiliar, contribuir, colaborar, facilitar, proporcionar mediospara que el imputado del delito anterior logre eludir la investigación o sustraerse del accionar de la justicia. Necesidad de llevar a cabo diligencias. Revocación. Falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado. Fallo: "(…) apelación deducida por la defensa de (…), contra el punto I del auto de fs. (…) que lo procesó como autor del delito de encubrimiento agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave (artículos 45 y 277, inciso 1°, apartado "a" e inciso 3°, apartado "a" del Código Penal) y trabó embargo (…). II.- Los argumentos desarrollados por la parte logran conmover el temperamento atacado, pues los elementos en los que se funda son equívocos y no demuestran, de momento, que (…) hubiera realizado actos que posibilitaran a (…) eludir la investigación y sustraerse del accionar de la justicia. Del legajo se desprende que (…), el (…), en la causa nro. (…), había sido procesado con prisión preventiva como autor del delito de abuso sexual gravemente ultrajante y con acceso carnal a un menor de 13 años de edad, que concurría real con el de abuso sexual gravemente ultrajante a un menor de trece años, que a su vez se vinculaba materialmente con el de abuso sexual simple a un menor de trece años, todos agravados porque los niños se encontraban bajo su guarda, e idealmente con el de corrupción de un menor de trece años y calificado porque estaban bajo su cuidado. En esa oportunidad se dejó constancia que la medida de coerción personal se haría efectiva una vez que el pronunciamiento estuviera firme (…). Al ser convalidado por la Sala VII de esta Cámara (…), se ordenó el allanamiento de su vivienda y de la sinagoga a cargo de (…) para procederse a su detención (…). Al no ser hallado y mediante la información brindada por (…), coordinadora del área legal y relaciones institucionales del Programa I. de la Fundación J. L. A., donde estaban viviendo los niños, se logró establecer que (…) había huido. La doctrina ha postulado que "la acción típica es (…) ayudar (…) La ayuda comprende todo acto positivo, consistente en auxiliar, contribuir, colaborar, facilitar, proporcionar medios, etc., siempre dirigido a que el favorecido eluda la investigación que está llevando a cabo o se está por desarrollar con motivo del delito a perpetrar, o a que se sustraiga el delincuente a la acción de la autoridad (…) la ayuda (…) se traduce en un acto material de carácter positivo: se presta por acción no por omisión…" (1). También se sostuvo que "Los apoyos morales o consejos no constituyen acción típica válida ya que debe ser un hacer, una acción, algo positivo, y además idóneo para conseguir el fin que se ha propuesto…" (2). De lo reseñado se concluye que para que se configure el tipo objetivo del artículo 277, inciso 1°, apartado "a", del código de fondo, el autor debió haber realizado una acción -auxiliar, contribuir, colaborar, facilitar, proporcionar medios- para que el imputado de un delito anterior logre los fines mencionados por la norma eludir la investigación o sustraerse del accionar de la justicia-. Siguiendo estos lineamientos, asiste razón a la defensa respecto a que no se determinó aún cuál fue la ayuda que brindó (…) a (…), en tanto los ochos llamados efectuados desde el domicilio en que aquél residía a la sinagoga (…), al desconocerse su contenido, son insuficientes para reprocharle la figura en estudio.

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Por lo demás, de las transcripciones de fs. (…), no se desprende que (…) le hubiera brindado colaboración económica, ni conseguido o recomendado en algún trabajo, mientras (…) estuvo en (…), sino que quería asesorarse a través del rabino (…) porque no se le pagaba en tiempo y forma. Por lo tanto, deberá ahondarse la investigación para comprobarse si, efectivamente, (…) asistió mediante actos concretos a (…) para que escapara del país y se mantuviera en esa condición. En este sentido, estimamos necesario (…) Todas estas diligencias, más aquéllas que el magistrado estime pertinente, permitirán dilucidar si el indagado facilitó de algún modo la huida (…) En función de ello, el cuestionamiento introducido el recurrente en lo referente a que no se verificaba un actuar doloso por parte de su asistido no será analizado por esta Alzada, ya que previamente debe acreditarse aquél extremo. Por lo demás, los agravios deducidos sobre la medida cautelar se tornaron abstracto. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I.- REVOCAR el punto I del auto de fs. (…) y DECRETAR la falta de mérito para procesar o sobreseer de (…) (artículo 309 del Código Procesal Penal); II.- DECLARAR ABSTRACTO el recurso interpuesto contra el monto del embargo. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Carande). c. 71.657/15, S. D., D. s/ Procesamiento. Rta.: 08/06/2017 Se citó: (1) Baigún, David- Zaffaroni, Eugenio Raúl; "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Tomo 11, 1° edición, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2011, pág. 153 y 154; (2) Donna, Edgardo Alberto, "Derecho Penal-Parte Especial", Tomo III, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fé, 2000, pág. 480. ENCUBRIMIENTO. Agravado por el ánimo de lucro en concurso real con resistencia a la autoridad, el cual concurre de manera ideal con abuso de armas. Procesamiento. Agravio de la defensa: orfandad probatoria, exclusión de la agravante "ánimo de lucro". Imputados a bordo de un vehículo que ante la presencia policial emprendieron la fuga disparando con sus armas. Conocimiento del origen espurio del rodado. Dolo. Persecución y detención. Aplicación de la agravante: el uso del vehículo conlleva un valor económico. Confirmación. Disidencia parcial: hecho en el que no se ha podido comprobar que hubo intención de lograr un beneficio económico. Modificación de la calificación legal. Encubrimiento en concurso real con resistencia a la autoridad la cual concurre en forma ideal con abuso de armas. Fallo: "(…) II. El juez Ricardo M. Pinto dijo: Los argumentos traídos a consideración por la defensa resultan insuficientes para conmover el temperamento adoptado en la instancia de origen. En primer término, cabe señalar que los elementos colectados permiten tener por acreditado, con la provisoriedad de esta etapa procesal, el conocimiento por parte de M. del origen espurio del automóvil que conducía. (…) se cuenta con las manifestaciones del Subayudante C.H.E. y al Teniente Ch.G., quienes relataron que la persecución que culminó con la detención de M. se inició a partir del aviso de dos personas que los alertaron sobre dos individuos que, a bordo de un Chevrolet Corsa color gris, intentaron sustraerles su pertenencias. En razón de ello, emprendieron su búsqueda. Agregaron que momentos más tarde advirtieron la presencia del vehículo detenido sobre una parada de colectivos y notaron que, al ver el móvil policial, un individuo que portaba un arma de fuego ingresó rápidamente al rodado (ver fs. …). A la persecución emprendida se sumaron J.V., personal de la Prefectura Naval Argentina (fs…), J.A., Oficial de la Policía de la Ciudad (fs…) y R.J.Ch., Subcomisario de la Policía de la Ciudad (fs…). Todos ellos describieron su desarrollo, reflejado en el croquis de fs. (…), en cuyo trayecto el rodado conducido por M. impactó con otros vehículos. De ello, da cuenta el informe pericial de fs. (…), las vistas fotográficas de fs.(…). Cabe destacar, en este punto, que los preventores E. y G. precisaron que en el transcurso de la persecución del rodado, la persona que iba como acompañante -que logró darse a la fugaefectuó varios disparos contra los móviles policiales que los perseguían (ver fs…); mientras que Ch., refirió que "iniciada la persecución a pie, a unos 10 metros [el imputado] gira y efectúa dos disparos" (sic) en su dirección. La violenta fuga que emprendió M. junto a su consorte de causa frente a las ordenes del personal policial para que detuviera su marcha; su rol de conductor del vehículo; sumado a que una vez que detuvieron el automóvil intentó escapar a pie e intentó ingresar a una vivienda ajena para lograr huir, conforman elementos suficientes que, analizados a la luz de la sana crítica, permiten inferir de manera razonable que M. conocía el origen espurio del vehículo que conducía. Sin embargo, considero que asiste razón a la defensa en punto a que no corresponde la aplicación del agravante de "ánimo de lucro" respecto de la figura prevista en el artículo 277, apartado 1 inciso c) del Código Penal. En este sentido, tal como he sostenido a partir de la causa n° 11686-15 "Centeno" de esta Sala, resuelta el 21 de abril de 2015, el ánimo de lucro constituye un elemento subjetivo del tipo calificado que requiere una ultra intención designada al logro del beneficio económico. De esta forma, la falta de comprobación en el caso de una voluntad dirigida en forma específica a estos fines impide considerar configurados los aspectos que requiere esta agravante de la tipificación básica. En esta inteligencia para lograr una interpretación armónica del delito y su agravante que permita distinguir el dolo de la figura básica y de la calificada aparece como un método razonable esta diferenciación que brinda una solución a la problemática que implica considerar el sólo uso de la cosa el beneficio, ventaja o utilidad que el sujeto intenta obtener del bien sustraído. 48

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Por otro lado, y aún cuando no se haya logrado el secuestro del arma en poder del encausado, los dichos de los preventores E., G. y Ch. resultan suficientes, al menos en esta instancia, para tener por acreditada la utilización de un arma por parte de M.. En este punto cobra especial relevancia el testimonio del nombrado Ch. quien relató que luego de que M. efectuara dos disparos contra su persona mientras huía a pie, aquél "dobló en un pasillo a la izquierda hacia lo que sería la manzana 1, perdiéndolo de vista […] hasta que observa en la puerta de ingreso a una finca el forcejeo entre dos masculinos distinguiendo a uno de ellos como el sujeto que perseguía el cual le gritaba al otro ´DEJAME PASAR HIJO DE PUTA´" (sic) -ver fs. (…)-. A partir de ese testimonio no es posible descartar que M. se haya descartado del arma en el momento en que el preventor lo perdió de vista (ver fs…). En este marco no se presenta un supuesto de certeza negativa como plantea el recurrente. Finalmente, cabe señalar que la violenta conducta desplegada por el encausado frente a las órdenes de personal policial para que detuviera el vehículo, la cual incluyó disparos de arma de fuego, permiten rechazar el planteo de atipicidad de la defensa respecto de la resistencia a la autoridad que se le atribuye. En este aspecto, ante la declaración de los policías luce razonable que su testimonio en su caso sea controlado en un eventual debate (art. 8 inc. 2° de la C.A.D.H.). En virtud de lo expuesto y demás fundamentos merituados por el juez, voto por confirmar el auto impugnado, modificando la calificación legal por la de encubrimiento en concurso real con resistencia a la autoridad la cual concurre en forma ideal con el delito de abuso de armas (artículos 54, 55, 104, 239 y 277 apartado 1), inicso c) del Código Penal). III. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Comparto los fundamentos brindados por mi colega en punto a que los elementos de prueba reunidos, resultan suficientes para tener por acreditada la materialidad de los hechos que se le atribuyen a Moyano como su responsabilidad. Sin embargo, en lo único que habré de disentir, es que a mi juicio, tampoco debe tener acogida favorable la crítica dirigida a la aplicación de la figura agravada del encubrimiento, pues su aplicación luce acertada a la luz del valor económico que conlleva el vehículo y su propio uso (ver en tal sentido Sala VII, CCC causa n° 1116/12 "Mesías" rta. 27/0812 y causa 14.120 de Sala V, entre otras). Por lo expuesto, voto por confirmar en un todo el auto de mérito recurrido. IV. El juez Mariano A. Scotto dijo: Me toca intervenir en las presentes actuaciones a raíz de la disidencia suscitada, exclusivamente, con relación a la aplicación o no del agravante "ánimo de lucro". En esa dirección, habiendo escuchado el audio de la audiencia, participado en la deliberación y no teniendo preguntas que formular comparto los argumentos del juez Pociello Argerich pues, a mi juicio, la agravante escogida resulta de aplicación al caso. Ello así, por cuanto entiendo que la posibilidad de uso o cambio de los objetos secuestrados -de origen espurio-, satisface el propósito lucrativo exigido por la norma (ver en tal sentido, Sala VII, causa n° 30299/10/1 "Abed", rta. el 2/7/13 y su cita; causa 14.120 "Bombares", rta. el 8 de septiembre de 2015, Sala V). Así voto. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs.(…) en todo cuanto ha sido materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: Roldán). c. 27.330/17, MOYANO, Darío s/ encubrimiento. Procesamiento. Rta.: 21/06/2017 ENTREGA DE EFECTOS Rechazada. Dinero que se encontraba en la caja fuerte empotrada en la habitación de la madre del imputado. Bien fungible. Investigación en la que no se ha podido demostrar que el dinero secuestrado sea parte de aquel sustraído al querellante. Madre del imputado que aportó documentación que justifica su tenencia. Revocación. Hacer lugar al pedido de devolución. Fallo: "(…) Las diligencias pendientes para determinar la intervención de N. A. B. en el episodio que se investiga, nada aportarán sobre la pertenencia de la suma dineraria incautada en su domicilio, más precisamente en la caja fuerte del placard de la habitación de su madre F. L. A. A ello se aduna que ésta aportó documentación para justificar la tenencia de un monto incluso superior. Finalmente, tampoco existen elementos que permitan demostrar que ese dinero, por tratarse de un bien fungible y no haberse registrado los números de serie, sea parte de los cincuenta mil pesos que le habrían sustraído al aquí querellante. En tal contexto, debe primar la regla impuesta por el art. 238 del Código Procesal Penal de la Nación según la cual "los objetos secuestrados que no estén sometidos a la confiscación, restitución o embargo serán devueltos tan pronto como no sean necesarios a la persona de cuyo poder se sacaron". Por ello, en coincidencia con el Ministerio Público Fiscal, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de (fs. …) y hacer lugar al pedido de devolución efectuado por F. L. A. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 73.463/16, BALLAVENI, Nicolás Alejandro s/ entrega de bienes. Rta.: 25/04/2017 ENTREGA DE EFECTOS Declinación de competencia. Dinero que fue secuestrado y es reclamada su entrega por quien fuera imputada y por la denunciante. Imputada respecto de quien se dictó un sobreseimiento que se encuentra firme. Dinero 49

que no puede adjudicársele un origen ilícito. Cuestión que debe resolverse conforme lo refiere el art. 238 del CPPN. Revocación. Fallo: "(…) Si bien es cierto que se formularon peticiones contrapuestas respecto de la restitución del dinero secuestrado en el marco del proceso, deducidas tanto por la imputada R. E. S. como por la denunciante C. Y. G., por las razones que a continuación se exponen, no resulta aplicable al caso la solución prevista en el artículo 524 del código de rito. Más allá que las partes únicamente presentaron comprobantes de diversas operaciones de adquisición de divisas, sin que conste la identificación de los billetes recibidos, lo cierto es que S. ha sido sobreseída por el hecho que dio origen a la formación de estas actuaciones al no podérsele adjudicar un origen ilícito a las divisas incautadas en el interior de su domicilio. Debe entonces analizarse la cuestión en los términos del artículo 238 del mismo cuerpo normativo, según el cual "los objetos secuestrados que no estén sometidos a la confiscación, restitución o embargo serán devueltos tan pronto como no sean necesarios a la persona de cuyo poder se sacaron". En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de (fs. …), en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Godnjavec). c. 67.388/16, SERVIN, Rosa Estela s/ rec. apelación. Rta.: 28/06/2017 ESTAFA En concurso ideal con falsificación de documento privado. Procesamiento. Imputada que no concurrió a trabajar y justificó su inasistencia con un certificado médico falso. Idoneidad del instrumento. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal. Confirmación modificando la calificación legal por estafa en concurso ideal con utilización de un documento privado falso. Fallo: "(…) S. C. S. negó cualquier tipo de participación en el suceso que se le adjudica y sostuvo que lo obrado obedece a la mala relación laboral que padecía con su jefe en la Comisaría X de la P.F.A., en donde prestaba funciones (fs. …). Sin embargo, ello se ve desvirtuado a partir del testimonio de F. del P. P., quien describió que la imputada se comunicó con ella para hacerle saber que no se presentaría a trabajar, para luego acompañar un certificado médico -cuya falsedad no se encuentra en discusión-, con el que se pretendió justificar sus ausencias desde el 20 de abril del año 2016. A lo señalado se aduna lo informado por la División Remuneraciones de la Policía Federal Argentina, en punto a que la causante percibió íntegramente el haber correspondiente al mes mencionado (fs. …). En punto al perjuicio reclamado por el tipo penal, debe decirse que, más allá de lo informado por la repartición aludida, "…emana en el caso de las circunstancias en que se hizo valer el documento, pretendiendo justificar el incumplimiento de un compromiso laboral…" (1). Sin perjuicio de ello, y toda vez que no existen constancias que permitan atribuir a S. la confección de las falsas grafías (cfr. fs. peritaje de fs. …), corresponde modificar la subsunción legal asignada, por la prevista en el artículo 296 del código sustantivo, al haberse acreditado la utilización de tal documento, ilícito que concurre de manera ideal con el de estafa. En consecuencia, y sin perjuicio de destacar la necesidad de contar con copias del expediente administrativo XX (ver fs. …) y ampliar la información solicitada a la empresa "C." a raíz de las manifestaciones de P. (fs. …), se RESUELVE: Confirmar el auto traído a estudio, con la salvedad de que el hecho encuadra en las figuras de estafa en concurso ideal con utilización de un documento privado falso (arts. 172 y 296 del Código Penal). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Barros). c. 5.119/16, SPANO, Samanta Carolin s/Procesamiento. Rta.: 15/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 30.023/14 "Peralta", rta. 27/08/2015. ESTAFA. Sobreseimiento. Contrato de "fasón". Maniobra en la que no se advierte que el desprendimiento patrimonial haya sido consecuencia de un ardid o engaño. Ausencia del elemento típico. Victima que no tomó los recaudos mínimos y necesarios. Confirmación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la querella (…), contra el auto de fs. (…) que sobreseyó a (…). II.- De las extensas denuncias del recurrente de fs. (…) y del dictamen fiscal de fs. (…) se desprende que (…), el (…), habría suscripto un contrato de "fasón" con la firma "(…)", en el que se convino que él les proveería porotos de soja y a cambio se le daría mercadería elaborada. Como contraprestación pactaron el precio de (…), que se materializó el (…). Con el dinero en su poder los imputados dijeron que solamente habían podido producir el 50%, ya que los restantes materiales habían sido sustraídos a sus proveedores, aunque de acuerdo a lo dicho por (…), ello en verdad se debió a que (…) tenía los permisos de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario vencidos.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Por esta razón el denunciante decidió adquirir la planta productora -presuntamente en pleno funcionamiento y con las habilitaciones legales-, por medio de una cesión de derechos del acuerdo de locación que había sido suscripto, el (…), entre (…). Para concretarlo constituyó, junto con otros productores de la zona la firma "(…)", pero no pudo llevar a cabo la actividad porque la empresa en cuestión no poseía autorización legal para operar. Así, se reunió con (…) y les ofreció hacerse cargo de la deuda que pesaba sobre (…), a cambio de obtener la propiedad de los inmuebles que conformaban la industria. Ellos se negaron porque "(…)" estaba embargada por la AFIP. Propusieron entonces como solución hacer un nuevo documento de "compra-venta" a favor de "(…)" y, una vez concretado, asistió a la planta ubicada en (…), provincia de (…), donde advirtió que (…) poseía una deuda de (…); que las habilitaciones estaban vencidas, que el gabinete eléctrico era obsoleto, que faltaban 19 motores, un compresor bi-cilíndrico y un rotometro del tanque de demicelas, entre otros. Sin embargo manifestó que en las otras oportunidades en que visitó la fábrica, parecía marchar correctamente por lo que a su juicio había sido "desmantelada para impedir su funcionamiento". Aseguró que la totalidad de la maniobra lo perjudicó en (…) y que fue intentado un "despojo" por parte de "(…)", por el que inició un proceso ante la justicia de la ciudad de Concepción del Uruguay, caratulado "(…) s/ desalojo anticipado". Finalmente, imputó a (…) por haber participado como accionista, junto a (…), de la celebración del contrato de "facón" y en otras reuniones. III.- Compartimos la solución adoptada por el juez instructor. De las presentaciones del acusador particular no se advierte la comisión de un suceso delictivo, sino más bien un posible incumplimiento contractual e incluso en el marco de la audiencia, su patrocinante no precisó el presunto fraude cometido sino que hizo una amplia remisión al delito de estafa. Las defraudaciones requieren para su configuración que el desprendimiento patrimonial de la víctima sea consecuencia de un ardid o engaño, pero en el caso traído a estudio no surge este elemento básico del tipo, ya que lo que eventualmente habría ocurrido fueron inobservancias de lo pactado entre las partes o falta de previsión necesaria en todo negocio, que no merece ser debatida en este fuero. No podemos soslayar que el tipo de operación que llevó a cabo -adquirir una planta productora de manufacturas- exige un análisis más que minucioso antes de concretarse, lo cual, evidentemente y pese a la cantidad de dinero que fue entregada a lo largo de las tratativas, no se vislumbra en el supuesto que nos ocupa. Sobre este punto cabe recordar que "(...) en los delitos patrimoniales rige como regla general la contraria que en los delitos contra la vida: corresponde al titular del bien jurídico su autoprotección y sólo en casos excepcionales al Estado". Ello dado que, por un lado, el titular del bien jurídico se encuentra en mejor posición que el Estado para lograr la protección del mismo (se halla en condición más favorable a dichos fines); y por otro, que en el ámbito de las relaciones jurídico-económicas, el Estado busca la mayor autonomía posible de las convenciones entre particulares (1). Entonces, el perjuicio no derivó de un engaño sino de un proceder negligente de parte de la querella, que no tomó los recaudos mínimos y necesarios para decidir un proyecto de esa envergadura de manera adecuada. Es decir que todas las diligencias de constatación que llevó a cabo y lo condujo a efectuar la denuncia debió hacerlas antes, verificando así mínimamente la viabilidad de la propuesta. Máxime cuando habría contado en todo momento con asesoramiento jurídico y cuando acordó en la cláusula décimo quinta del contrato de fasón que: "(…) por sí o a través de una entidad controlada por éste se compromete a obtener todos los permisos y autorizaciones que exijan las autoridades nacionales, provinciales y municipales que resulten necesarios para el desarrollo de su actividad, dejándose constancia que (…) no asume ninguna responsabilidad en caso de falta de obtención de los mismos…" (…). Al respecto se sostuvo que "La estafa requiere un sujeto que engañe y una víctima que sea engañada, no obstante las diligencias llevadas a cabo por ésta para evitarlo (...). Cuando la disposición patrimonial ha tenido su causa en un acto derivado de la negligencia del sujeto pasivo, no puede afirmarse que estamos ante un ardid o engaño, sino ante un caso de negligencia culpable de la víctima" (2) -el subrayado nos pertenece-. Por lo expuesto, se vislumbra un inadecuado proceder del recurrente en la compleja transacción intentada, ajena a la órbita del derecho penal que, por el principio de "ultima ratio", debe ser el recurso estatal al que se debe apelar en procura de lograr una solución a los problemas en casos excepcionales. III.- En consecuencia, y dejando a salvo que la parte podrá acudir a las medidas propias del ordenamiento civil y comercial en procura de satisfacer su recurso, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso, con costas de alzada (artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Asturias). c. 53.151/16, ESTEVEZ, Enrique Horacio y otros s/sobreseimiento. Rta.: 13/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, de esta Sala, c. 48.781, "Mendizabal, Jorge Pablo y otro", rta.: 13/10/13; (2) Jorge E. Buompadre, Estafas y Otras Defraudaciones, LexisNexis, 2005, p. 46/47.

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ESTAFA. Procesal en grado de tentativa. Procesamiento. Unidad de acción entre el hecho imputado y aquel por el que fuera desvinculado. Violación a la garantía del ne bis in ídem. Nulidad. Estar al sobreseimiento. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra el punto I del auto de fs. (…) que lo procesó por la comisión del delito de tentativa de estafa procesal. II. Se atribuye al nombrado "Haberse aprovechado de la disminuida capacidad mental de (…) para hacerlo suscribir el (…) un contrato de mutuo por un supuesto préstamo de dinero por valor de (…), dinero que nunca se entregó, con el propósito de legitimarse indebidamente como acreedor y beneficiarse económicamente de (…). El (…) el imputado le inició juicio ejecutivo a (…) reclamando a raíz del mutuo en cuestión la suma de (…), demanda que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil (…) bajo el expediente (…), donde el demandado no se presentó a desconocer la firma del contrato de mutuo de mención -lo que le valió que se trabara embargo sobre uno de sus bienes-, pero opuso excepción de litispendencia alegando incapacidad mental para concretar ese acto y el inicio de este proceso penal (…). De los informes médicos glosados a fs. (…), surge que (…) no se encontraba en aptitud física y mental para celebrar el contrato de mutuo en cuestión, ni en condiciones psíquicas suficientes para comprender los alcances jurídicos de dicho acto. El imputado había prestado anteriormente servicios profesionales como abogado a (…), quien lo contrató para que lo represente legalmente en la sucesión de su madre, y también en una causa por el desalojo de un inmueble de su propiedad, sito (…). El (…) se declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto al delito de circunvención de incapaz y, en consecuencia, se sobreseyó al imputado. No obstante, se rechazó idéntico planteo pero por el de estafa procesal, por el que hoy se encuentra procesado (….). Esa decisión fue recurrida por la defensa que posteriormente desistió (…). III. Consideramos que entre el hecho que aquí se endilga y por el que fuera desvinculado existe unidad de acción y su análisis como uno independiente ha sido indebidamente formulado, en clara violación a la garantía del ne bis in ídem. Si bien ambos poseen momentos consumativos diferentes, como también distintos sujetos pasivos, no podemos dejar de destacar la íntima vinculación entre ambos. Ello en función de la finalidad perseguida por (…) que en todo momento fue buscar un rédito económico haciendo suscribir a (…) un contrato de mutuo por un supuesto préstamo de dinero para, posteriormente, y mediante su presentación en sede civil, engañar al juez, ejecutarlo y cobrar el dinero. Es decir, que hay una relación de medio a fin entre ambos por los que uno sin el otro carecería de toda relevancia. Así, en la medida que la porción fáctica por la que hoy nos toca decidir sería el segundo tramo de la que ya fue materia de análisis y, teniendo en cuenta que por ella fue sobreseído (pronunciamiento que se encuentra firme en autoridad de cosa juzgada), no queda otra solución que invalidar el auto recurrido y estar a esa decisión a fin de no afectar las garantías que asisten al indagado. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR la nulidad del auto de fs. (…) y ESTAR AL SOBRESEIMIENTO dictado a en el punto II del auto de fs. (…), dejando constancia que la formación del sumario no afecta el buen nombre y honor del que gozara con anterioridad. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Carande). c. 36.241/14, LAVALLE, Lucio Martín s/procesamiento. Rta.: 20/03/2017 ESTAFA. Procesamiento. Imputado que se retiró sin abonar. Elementos de prueba que permiten sostener que el imputado actuó desde un comienzo con la voluntad de proveerse de nafta y marcharse sin pagar. Confirmación. Fallo: "(…) Convoca a la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa de I. E. F. contra el auto documentado a fs. (…), en cuanto se dispuso su procesamiento en orden al delito de estafa. En su descargo el nombrado expresó "que no se dio cuenta" de que se había ido sin pagar de la estación de servicios "S." en la que cargó combustible (…). Sin embargo, ello se considera desvirtuado a partir de lo observado en la filmación que fue elevada al Tribunal, en la que se aprecia cómo el imputado, quien estaba a bordo de su rodado, se retiró sin abonar inmediatamente después de que la empleada E. d. R. D. P. retirara el pico surtidor y antes de que ésta siquiera llegara a cerrar la tapa del tanque de nafta, circunstancia que -tal como se fundamentó en el juzgado de la instancia anterior (…)- no pudo pasar inadvertida para F. Ello permite presumir, razonablemente, que el imputado actuó desde un comienzo con la voluntad de proveerse de nafta y marcharse sin pagar, modalidad que -en el caso- se considera ajustada a la figura contemplada en el artículo 172 del Código Penal (1). En efecto, "…para que se dé la estafa es necesario que exista un dolo anterior del autor, de modo que ya debe saber con anticipación que no realizará el pago. Si el dolo es posterior (por ejemplo, no paga por haberse quedado sin dinero o porque el sitio no le gustó), estaremos ante un incumplimiento de contrato que debe resolverse en la vía civil" (2). De tal modo, en tanto se encuentra alcanzado el convencimiento que esta etapa del proceso requiere (artículo 306 del Código Procesal Penal), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso".

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Franco). c. 68.517/17, FELICIONI, Ignacio Eduardo s/ Procesamiento. Rta.: 17/05/2017 Se citó: (1) Fallo Plenario "Franco, Roberto", L. L. 1993-D, 474. (2) Edgardo Alberto Donna y Javier Esteban de la Fuente, Aspectos generales del tipo penal de estafa, Revista Latinoamericana de Derecho, año I, nro. 1, enero-junio 2004, p. 61. ESTAFA. Defraudación por retención indebida. Sobreseimiento. Imputada cuya pareja conviviente falleció y era titular registral del automóvil cuya entrega se reclama. Rodado respecto del cual la imputada alega tener derecho, habiendo aportado documentación que demuestra que luego del fallecimiento continuó abonando las cuotas del crédito gestionado para comparlo. Vehículo que se encuentra dentro de la esfera de custodia de la imputada. Hecho atípico. Problemática que debe ser resuelta en el ámbito del derecho privado. Confirmación. Fallo: "(…) M. M. M. convivió durante varios años con A. R. P., quien fuera el titular registral del automóvil cuya entrega la querella le reclama (cfr. fs. …). Asimismo, tras el fallecimiento del nombrado, conservó la tenencia del rodado, como también de su documentación y llaves respectivas, lo cual le permitió retirarlo del garaje en que se lo guardaba. En tales condiciones, y dado que el automotor estaba bajo la esfera de custodia de la imputada, se descarta de plano el desapoderamiento que reclama el artículo 162 del Código Penal. Por otro lado, cabe recordar que, como presupuesto típico del delito de defraudación por retención indebida, es necesario que el anterior tenedor de la cosa la haya entregado al agente en virtud de un título que produzca la obligación de entregarla o devolverla (1), circunstancia que dista de compadecerse con el caso de autos, pues a quien se le reclama su reintegro sostiene contar con un mejor derecho y las constancias de la causa concurrirían en su aval. H. N. P., conocida de la pareja que conformaban el difunto y la encausada, afirmó que en vida A. R. P. le hizo saber que el vehículo había sido adquirido por la imputada (cfr. fs. …), en tanto que las constancias aportadas al legajo por esta última evidencian que, aun después del deceso del causante, continuó pagando el crédito gestionado para la compra de la unidad (cfr. fs. ...). Por tales motivos, la controversia suscitada entre las partes en todo este aspecto, deberá ser eventualmente canalizada en el ámbito del derecho privado, pues en definitiva lo que se discute es el derecho de propiedad sobre un objeto (2). De tal modo, se RESUELVE: Confirmar el auto traído a estudio en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Barros). c. 41.751/15, MONTEVERDE MENDEZ, Marta s/ sobreseimiento. Rta.: 07/03/2017 Se citó: (1) D´Alessio, Andrés José y Divito, Mauro Antonio, "Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado", ed. La Ley, t. II, pág. 700. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 66878/15 "Villafañe", rta. el 23/5/16. ESTAFA. Estelionato. Procesamiento. Imputado que se habría apropiado indebidamente de un inmueble arrendándolo como propio, en perjuicio de los eventuales herederos. Atipicidad. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) II. En oportunidad de ser legitimado pasivamente se le atribuyó al imputado el haberse apropiado indebidamente del inmueble ubicado en la calle XX, Planta Baja "X" de esta ciudad, arrendándolo como propio cuando no le pertenece, en perjuicio del o los eventuales herederos de A.E.M.de las M. B. -titular registral del bien, fallecida en junio de 2004- o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el supuesto de convertirse en una herencia vacante (cfr. fs…). III. Sobre la figura penal escogida por el juez de grado, prestigiosa doctrina ha sostenido que el estelionato es una forma de estafa y, como tal, debe reunir todos y cada uno de sus elementos esenciales. Específicamente en relación al perjuicio, se ha considerado que éste se concreta en el momento en que el sujeto pasivo efectúa su prestación: si se trata de venta, en el momento del pago del precio o de la transferencia de la cosa; en el caso de arriendo, cuando se paga el precio pactado y, en el caso de gravamen, cuando se realizó la prestación patrimonial que aquél aseguraba o, si ya estaba realizada, cuando se lo constituyó (1). En igual sentido, se ha dicho que "el perjuicio se da (…) en el caso del arriendo, cuando se paga el precio, porque el uso o goce de la cosa puede verse restringido en las modalidades de su ejecución o en el tiempo, a raíz de la condición del bien…" (2). De ello se sigue que en el estelionato el sujeto pasivo o quien resulta ofendido por el delito es, en el supuesto de arriendo, quien paga el precio del alquiler. Empero, cabe aclarar, para que el sujeto pasivo sufra un perjuicio, éste debe tratarse de un perjuicio jurídicamente posible; el perjuicio se determina en la posibilidad jurídica de menoscabo de la

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contraprestación recibida por el sujeto pasivo, no en la simple posibilidad de verse envuelto en un conflicto jurisdiccional (3). Bajo estos lineamientos, no puede afirmarse en el caso de autos la existencia de un perjuicio para los locatarios del inmueble en cuestión (sujetos pasivos de la figura bajo análisis), por la sencilla razón de que no se ha verificado un menoscabo de la contraprestación recibida. La sola lectura de las declaraciones de J.M.C.M. (fs….) y F.A.P.P. (fs. …) basta para advertirlo. Tampoco puede admitirse, como refirió el a quo en la resolución impugnada, que el perjudicado sea el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pues, como se dijo, el ofendido por el delito para la hipótesis de arriendo, es quien paga el precio del alquiler. Desde esta perspectiva, dado que no es posible aplicar en el asunto investigado los requisitos típicos del estelionato, la maniobra endilgada resulta atípica, motivo por el cual se impone revocar el procesamiento dispuesto y disponer el sobreseimiento de J.R.R. en orden al hecho por el cual fue indagado. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) en cuanto fue objeto de recurso y DISPONER EL SOBRESEIMIENTO de J.R.R., cuyas demás condiciones personales obran en autos, en orden al hecho por el cual fue indagado (art. 336, inc. 3ero del CPPN). (…)."

C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Prosec. cám.: Daray). c. 55.090/16, ROMERO, Jorge R. s/ procesamiento. Rta.: 17/03/2017 Se citó: (1) BUOMPADRE, Jorge Eduardo, Tratado de derecho penal, Parte especial, Tomo 2, 3° Edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2009, pág. 245 y ss. (2) CREUS, Carlos-BUOMPADRE, Jorge E., Derecho Penal, parte especial, Tomo 1, 7° Edición actualizada y ampliada, Ed. Astrea, Buenos Aires, 2007, pág. 545. (3) BUOMPADRE, ob. cit., pág. 246. ESTRAGO. Culposo. Agravado por la muerte de una persona en concurso ideal con lesiones culposas graves. Procesamiento. Derrumbe parcial de pared medianera por no haber sido correctamente apuntalada que provocó que los damnificados, a quienes no se les había proveído de los elementos de seguridad -arnes-, cayeran y fueran aplastados. Imputados: Contratista y gerente titular de la firma y Director que, a su vez, era el constructor, calculista y ejecutor de la obra como ingeniero. Violación a los deberes de cuidado. Confirmación. Fallo: "(…) II. Los argumentos de la defensa no lograron conmover la decisión traída a consideración, motivo por el cual, será convalidada. Se le reprocha a D.C. haber violado el deber objetivo de cuidado que le era exigible, en su carácter de gerente titular de la firma "D.J.C. S.R.L.", brindado sus servicios como contratista en la obra en construcción a cargo del Ingeniero N.D.T.N. -encargado del proyecto y dirección, constructor, calculista y ejecutor estructural-, la que se encontraba emplazada en la calle XX (XX) de esta Ciudad. En este aspecto no proveyó presuntamente los elementos de seguridad exigidos por la normativa vigente a fin de resguardar la integridad física de los obreros que se desempeñaban en su empresa (art. 46, 50, 52, 54, 55, 98, 99, 112, 140, 223, 226 y 244 del decreto No. 911/96 que reglamenta la ley 19.587). Mientras que a T. se le imputó por haber violado el deber objetivo de cuidado que le era exigible, al ser el encargado del proyecto y dirección, constructor, calculista y ejecutor estructural de la obra mencionada, por cuanto no adoptó las medidas de seguridad exigidas por la normativa vigente para resguardar la integridad física de los obreros que se encontraban a su cargo, provistos por la empresa "D.J.C. S.R.L" por intermedio de R.J.C. (art. 46, 50, 52, 54, 55, 98, 99, 112, 140, 223, 226 y 244 del decreto No. 911/96 que reglamenta la ley 19.587) -ver fs.(…). A estos fines se tiene en cuanta que el día 9 de septiembre del año 2016, a aproximadamente las 9:30 horas, los obreros R.C.I.A.L., A.A. y A.E.C.M. se encontraban en el interior de la obra citada realizando la estructura de hormigón armado correspondiente al nivel sobre el primer piso, en una plataforma que habían construido por sus propios medios, sin contar con los equipos de seguridad reglamentarios -arneses-. Así las cosas, en forma imprevista se produjo el derrumbe parcial de la pared medianera lateral derecha, sector frontal, perteneciente a la pared medianera divisoria de la terraza del predio lindero, la cual se hallaba ejecutada con ladrillos comunes, la cual tenía unas dimensiones de 8.50 mts. de largo, una altura de 2.00 mts. y un espesor total de 0.30 mts., que habría afectado en su caída parte de la pasarela, provocando su colapso, produciéndole la muerte a L. por asfixia por confinamiento, dado que fue aplastado por una parte de dicho muro, y lesiones de carácter graves a A. y a C.M. Tal situación se dio al no haberse adoptado las medidas de seguridad y previsiones necesarias estipuladas en el mencionado decreto reglamentario de la ley 19.587, por cuanto no se llevaron a cabo los medios de apuntalamiento adecuados para reforzar y/o afirmar correctamente la pared medianera izquierda, en la cual se había realizado el calado para la nueva estructura que se estaba construyendo. Tampoco se había establecido un correcto sistema de apuntalamiento preventivo sobre el muro de ladrillo común, el cual al habérsele efectuado el corte longitudinal (calado), para la realización de la nueva estructura de hormigón armado, habría permanecido sin un medio eficaz de apoyo, amarre o sujeción (ver fs…). Dicho esto, el razonamiento efectuado por el magistrado a quo se presenta ajustado a derecho y a las constancias de la causa, pues según se corroboró en estas actuaciones, que el indagado R. D. C. aparece como

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional contratista y gerente titular de la firma "D. J. C. S. R. L.", mientras que N. D. T. N. se encontraba a cargo del proyecto y dirección, además de constructor, calculista y ejecutor de la obra como ingeniero. En efecto, de las actuaciones se desprende, con razonable certidumbre, que los damnificados al momento del hecho se encontraban trabajando sobre una deficiente plataforma de madera sin contar con los elementos de seguridad necesarios para su actividad, así como también que el muro medianero sobre el que se había realizado un calado longitudinal no contaba con un sistema de apuntalamiento preventivo, con lo cual habría permanecido sin un medio eficaz de apoyo, amarre o sujeción. Al respecto, en punto a la provisión de los elementos de seguridad, es preciso destacar lo expuesto por los damnificados A. A. y A. E. C. M. a fs.(…), respectivamente, quienes se encontraban trabajando sobre la medianera colapsada junto al fallecido A. L. A. sostuvo que en la obra "sólo había tres o cuatro arneses, los cuales ya estaban siendo utilizados por otros trabajadores dado que en la obra eran aproximadamente doce, y que por ese motivo no tenían el arnés correspondiente al momento del hecho" (sic). Puntualmente, sobre las labores que se encontraban realizando al momento del colapso de la pared, sostuvo que "era lo único que faltaba hacer en la obra, que todos los trabajadores tenían que hacer la misma tarea" (sic) extremo que deja al descubierto la necesidad de tales elementos en la obra. En idéntico sentido C. M. señaló que al momento del accidente "arnés no tenían pero casco sí" y que "en la obra sólo había cuatro arneses para ocho personas, y los mismos ya estaba siendo utilizados por otros" (sic). Con relación al rol de la firma "C. D. J. S. A." propiedad del imputado D. C. aclaró que "trabaja para dicha constructora hace aproximadamente dos años, y que esta era la encargada de proveer los servicios […] era la que les brindaba toda la ropa de trabajo y elementos de seguridad, a la vez que les pagaba semanalmente el jornal" (sic). Lo puesto de manifiesto por ambos testigos se ve corroborado por las planillas obrantes a fs. (…) que dan cuenta de los elementos entregados a A. C. M. y A. L., de donde se advierte que no les fue provisto el arnés de seguridad. Sobre este aspecto se destaca, además, que la aceptación tácita de los trabajadores afectados para realizar la tarea encomendada en condiciones deficientes de seguridad no diluye la imprudencia de D. C. que, como empleador, debió haber adoptado todos los recaudos que se le imponen para evitar o minimizar riesgos. En otro orden de cosas, también se comprobó a partir de los peritajes efectuados en el legajo que el derrumbe de la medianera de la pared del edificio lindero al de XX XX, fue originado por la ausencia de un adecuado sistema de apuntalamiento preventivo sobre el muro de ladrillo común, el cual al habérsele efectuado un corte longitudinal (calado), para la realización de la nueva estructura de hormigón armado, habría permanecido sin un medio eficaz de apoyo, amarre o sujeción y que, además, el sistema de pasarelas o plataformas de trabajo carecía de las barandas de protección, que presentaba apuntalamientos con falta o deficiente sistema de arriostramiento, sea horizontal o diagonal tipo "cruces de San Andrés" (ver pericia de la División Siniestros de la PFA de fs.(…) e informe complementario realizado por la Guardia de Auxilio y Emergencias del GCBA de fs. (…). Más allá de las circunstancias expuestas por T. N. en su descargo, lo cierto es que aún cuando no se estuvieran realizando las tareas de hormigonado propiamente dicho, era el responsable por las tareas que allí se llevaban a cabo y su negligencia en controlar la obra, con lo cual, tal argumento no constituye un motivo razonable para desvincularlo. En su condición de ingeniero y director de obra, el procesado debió fiscalizar la evolución de las labores en el espacio aludido. Por el contrario, y según surge de su propio descargo, tenía conocimiento de que las condiciones climáticas de las dos semanas anteriores al suceso eran altamente perjudiciales para la construcción, así como también de las características que presentaba el muro sobre el que se iba a realizar el calado (confr. fs. …). En consecuencia, su omisión en controlar el avance de la obra constituye la violación al deber de cuidado que determinó el resultado finalmente acaecido. Estos extremos permiten atribuirle responsabilidad penal por su conducta. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Poleri). c. 56.163/16, TASAT NICOLETTI, Nadir s/ estrago culposo agravado por muerte en conc. ideal con lesiones culposas graves. Rta.: 08/06/2017 EVASIÓN. Culposa. Gendarme imputado por la evasión de un sujeto internado bajo su custodia e ingresado al nosocomio con heridas por armas de fuego. Custodiado que no revestía la calidad de detenido o condenado (art. 281, C.P.) porque aún debía ser correctamente identificado para determinar si era la persona respecto de la cual se había librado una orden de captura. Atipicidad. Posible incumplimiento de los deberes de funcionario público: Ausencia de un actuar doloso. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) II. Las consideraciones efectuadas por la defensa en la audiencia, en punto a la atipicidad de la conducta por la cual L.B.C. fuera indagado lucen acertadas, de modo que se revocará el decisorio puesto en crisis. (…) no se encuentra controvertido que el 26 de noviembre de 2014, el menor S.T. -según la información que habría aportado su progenitora- ingresó a la guardia del hospital Piñero con heridas de arma de fuego (fs. ..).

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Tampoco lo está que, tras tomar conocimiento de ello y ante la sospecha de que ese individuo se trataría de "O.A.S.M.", quien registraba un pedido de captura e internación de fecha 4 de septiembre de 2014 en el marco de la c/n° 51.093/14 que tramita ante el Juzgado de Menores n° 4, el juez de esa judicatura encomendó que se implante consigna judicial sobre el nombrado , la cual quedó a cargo del gendarme L.B.C.; así como también, que estando bajo su custodia, el 2 de diciembre de 2014, el internado logró huir por la ventana de la habitación del nosocomio. No obstante, guarda razón a la defensa en punto a que el sujeto que el imputado debía custodiar no reunía la calidad de detenido o condenado, tal como lo exige el tipo penal previsto en el artículo 281 del Código Penal. En efecto, véase que a fs. (…), el juez informó que la consigna tenía como objetivo preservar la integridad física del nombrado, y que una vez que su estado de salud lo permitiera, se debía verificar si efectivamente se trataba de la misma persona respecto de la cual se había encomendado la captura y de ser afirmativo, emitiría la orden de detención correspondiente. En esa misma línea, cuando el preventor .D.D.R.A. efectuó la consulta telefónica con el juzgado interventor, se le indicó expresamente que "…en razón de que el menor no se hallaba en calidad de imputado…", dado que faltaban diligencias para determinar su identidad, no debía adoptarse temperamento con el personal de la fuerza de seguridad que realizaba la consigna. Tal es así, que C. declaró en calidad de testigo (fs….). En este contexto, no se encuentra reunido uno de los requisitos esenciales para que se configure la figura penal aludida, de modo que la conducta deviene atípica. Por otra parte, si bien la fiscalía en el dictamen de fs.(…) califica el episodio también como un supuesto de incumplimiento de funcionario público (art. 249 del CP), lo cierto es que la prueba arrimada impide considerar un actuar doloso por parte del imputado. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs.(…), en cuanto fuera materia de recurso y, en consecuencia, SOBRESEER a L.B.C. cuyos demás datos personales surgen de la causa, en orden al delito de evasión culposa, con la expresa mención de que la formación de este sumario en nada afecta el buen nombre y honor de que gozare (art. 336 inc. 3° del Código Procesal Penal de la Nación)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, López González. (Sec.: Raña). c. 74050/14, CAZÓN, Bruno L. s/ procesamiento. Rta.: 10/02/2017 EVASIÓN. Culposa. Procesamiento. Agravio: atipicidad debido a que la persona no estaba detenida. Persona demorada por una presunta contravención respecto de la cual la fiscalía actuante no dispuso su aprehensión. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) II. Analizadas las constancias de autos se estima acertado el planteo de la defensa, pues la facilitación de evasión que se les imputa a L. y V. lo es en relación a una persona que no estaba detenida ni condenada. Conforme surge de las actas de fs.(…) si bien A.F.P. fue sorprendido por la presunta comisión de una contravención (artículo 91 de C.C.), lo cierto es que al darse intervención a la fiscalía correspondiente no se dispuso su aprehensión (artículos 18. inciso a y 19 de la ley 12 de C.A.B.A), sino la confección del acta respectiva y el secuestro de las entradas que estaría vendiendo en las afueras del estadio de "Boca Juniors". Su traslado hacia la oficina central de identificación, dependiente de la Fiscalía General Adjunta en lo Penal, Contravencional y de Faltas de C.A.B.A. fue realizado -exclusivamente- para su debida identificación - en los términos del artículo 36 bis de la ley 12 de CABA-. Frente a ello se concluye que asiste razón a la defensa en punto a que P. no se encontraba "detenido" al momento de los hechos investigados en los términos exigidos por el artículo 281 del C.P., de manera tal que frente a la ausencia de uno de los elementos del tipo objetivo de la figura bajo análisis corresponde revocar el auto impugnado y disponer el sobreseimiento de ambos encausados. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs.(…) y disponer el sobreseimiento de J.D.L. y E.G.V. (artículos 334, 335 y 336 inciso 3° del CPPN)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Roldán). c. 54.539/16, LANGELLOTTI, Jorge Daniel y otra s/ evasión. Rta.: 18/05/2017 EXCARCELACIÓN Rechazada. Delitos imputados reprimidos con una penalidad máxima que supera la prevista en el art. 316 en función del art. 317, inc. 1 del C.P.P.N. Verificación de riesgos procesales: imputado que ha demostrado no querer someterse a los compromisos procesales, peligro de entorpecimiento de la investigación por intimidación a la damnificada. Características violentas del hecho. Dudoso arraigo. Obligación del Estado de proteger y garantizar la integridad física y psíquica de la mujer sometida a situación de violencia. Tiempo proporcionado de detención. Confirmación. Disidencia: Imputado procesado por lesiones agravadas por el vínculo en concurso ideal con amenazas coactivas. Causas en trámite por tentativa de robo cuya condena podría ser dejada en suspenso ante la ausencia de antecedentes condenatorios. Peligros procesales invocados que pueden ser neutralizados con otras medidas menos lesivas. Revocación. Concesión bajo caución real con la obligación de comparecer al tribunal quincenalmente, más la prohibición de acercarse a menos de doscientos metros del lugar donde se encuentre la víctima.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fallo: "(…) Disidencia de el juez Mariano González Palazzo dijo: La escala penal prevista para el concurso de delitos por el cual fuera procesado V.H. R. -lesiones leves agravadas por el vínculo reiteradas en tres oportunidades, una de ellas en concurso ideal con amenazas coactivas (artículos 54, 55, 89, 92 y 149 bis del Código Penal)- encuadra dentro de las hipótesis permisivas del artículo 316, segundo párrafo, ambas alternativas, al que remite el artículo 317, inciso 1°, del código adjetivo. Aun teniendo en cuenta la causa N° 345/2017 que el imputado registra en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 27 en orden al delito de robo en grado de tentativa (ver fs. … de los autos principales y … del presente legajo), la sanción que eventualmente recaiga podría ser dejada en suspenso en tanto carece de antecedentes condenatorios. A la luz de ello, entiendo que los elementos valorados por la juez de grado para fundar el rechazo de la excarcelación solicitada resultan insuficientes, en tanto existen medios menos lesivos para garantizar la observancia de R. de sus futuras obligaciones procesales y aventar cualquier riesgo de entorpecimiento de la investigación. No se soslaya que el prevenido ha sido declarado contumaz en procesos anteriores. Sin embargo, las rebeldías informadas a (fs. … datan de los años 2003, 2004 y 2006, siendo que en dichos actuados R. fue sobreseído (ver certificación de fs. …) y el pedido de paradero de (fs. … se libró para tomarle declaración testimonial, según consta a fs. …). En tanto, la captura solicitada en el marco de la causa 5973/15 del Tribunal Oral en lo Criminal 14 el 4 de junio de 2015 fue finalmente dejada sin efecto, se le concedió una suspensión del juicio a prueba por el término de un año y se declaró extinguida la acción penal por prescripción, dictándose su sobreseimiento el 17 de octubre de 2016. A su vez, tampoco se desconoce que la atribución delictiva que se le dirige al encausado consiste en el despliegue de violencia en forma reiterada y en un breve lapso contra su pareja N. L. M. ni que la primera denuncia tuvo lugar tan sólo dos meses después de haber recuperado su libertad bajo caución juratoria en el marco del sumario N° 345/17 antes mencionado. No obstante ello, considero las medidas de los artículos 310 y 320 del digesto ritual pueden neutralizar adecuadamente los peligros procesales que se derivan de los datos señalados. Es por tal motivo que voto por revocar la decisión puesta en crisis y conceder la excarcelación del encartado bajo una caución real de quinientos pesos ($ 500) a la que estimo oportuno aditarle la prohibición de acercarse a menos de doscientos metros del lugar donde se encuentre N. L. M. y la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado de la anterior instancia. Así lo voto. El juez Carlos Alberto González dijo: Si bien la escala penal establecida para los delitos por los que se dictara el procesamiento de V. H. R. a (fs. …) se encuentran dentro de las previsiones del artículo 316, segundo párrafo, ambas alternativas, al que remite el artículo 317, inciso 1°, del digesto ritual, a mi criterio se verifican en el caso riesgos procesales que obstan a conceder la excarcelación pretendida. Al respecto, no dejo de advertir que el prevenido fue declarado rebelde en varias oportunidades, siendo la última de ellas la dispuesta el 4 de junio de 2015 en la causa N° 5973/15 del Tribunal Oral en lo Criminal 14. Independientemente del resultado final de dicho sumario, tal circunstancia exhibe una previa inconducta procesal que puede hacer presumir un peligro de fuga frente a esta nueva imputación. También pondero negativamente que registra otro proceso en trámite, actualmente radicado ante el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27 e iniciado el 3 de enero del corriente año, en el cual se le concedió la excarcelación bajo caución juratoria dos meses antes del inicio de las presentes actuaciones. Se suman a ello la necesidad de aventar un peligro de entorpecimiento de la investigación, en tanto el encausado podría intentar presionar a la víctima (con quien mantenía una relación sentimental desde hace siete meses), la cual deberá testificar en el juicio. En este sentido, cobran relevancia las características violentas de los sucesos atribuidos y su reiteración, ya que en menos de cinco días N. L. M. efectuó tres denuncias en su contra, afirmando haber sido golpeada en diferentes zonas corporales y además de dicho maltrato físico le profirió frases intimidantes anunciándole incluso que habría de matarla, a raíz de lo cual la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que la situación a su respecto exhibe un "altísimo riesgo". Se basó, para ello, en la vulnerabilidad de la afectada y las conductas impulsivas del prevenido, con desbordes emocionales, las que estarían potenciadas por el consumo de sustancias psicoactivas y alcohol, entre otros datos de relevancia (ver fs. …). Entonces, entiendo que el encarcelamiento preventivo se encuentra justificado para aventar el riesgo cierto de que la damnificada pueda ser intimidada en caso de que el inculpado recobre su libertad, fundamento que autoriza a homologar la decisión puesta en crisis (1). Cabe agregar que este caso se constituye en un supuesto de violencia de género, por lo que resultan aplicables las disposiciones de la "Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer" (Convención de Belem do Pará), que establece que el Estado debe actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (artículo 7.b.). Desde esa perspectiva, estimo que la prohibición de acercamiento a la damnificada como medida alternativa para neutralizar el riesgo procesal existente se presenta aquí de muy compleja implementación, tomando en cuenta las condiciones personales del imputado, que los involucrados se encontrarían en "situación de calle" y que frecuentarían los mismos lugares. De este modo, la protección de la denunciante se tornaría deficiente -pues resultaría ineficaz una eventual prohibición de acercamientovulnerándose así las expresas disposiciones de la normativa internacional.

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Para finalizar, advierto que el tiempo menor al mes que R. lleva cumplido en detención -desde el 16 de marzo de 2017- no luce irrazonable en función de las previsiones del artículo 207 del ordenamiento ritual, por lo que expido mi voto en el sentido de confirmar el rechazo de la excarcelación que viene impugnado. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Llamado a intervenir con motivo de la discrepancia entre mis colegas, por aplicación de lo establecido en el artículo 36, inciso h.4., del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional, luego de escuchar la audiencia y sin preguntas que formular, habré de adherir a la solución propuesta por el juez Carlos Alberto González. Pondero inicialmente las violentas características de los hechos, que se habrían reiterado en un corto lapso (la víctima formuló tres denuncias en el término de cinco días y señaló que no era la primera vez que R. la golpeaba -(ver fs. …). Vinculado con ello, no puede soslayarse que en el marco del suceso identificado como "III", una vez que el imputado ya se había retirado, regresó al momento en que se constituyera en el lugar la ambulancia del "SAME" para la atención médica de N. L. M., y adoptó una actitud hostil, profiriéndole insultos a la nombrada, lo que puede interpretarse como un intento de obstrucción de la investigación. Asimismo, la situación de violencia doméstica de "altísimo riesgo" indicada en el informe documentado a (fs. …) también opera como indicador de un peligro procesal que el encarcelamiento preventivo tiene a neutralizar en el presente caso. Se suman a ello las singulares condiciones personales del prevenido, evidenciadas a partir del informe del Cuerpo Médico Forense agregado a (fs. …), de las que se podría inferir tanto el riesgo de elusión como el de entorpecimiento de la pesquisa. Finalmente, la existencia de un dudoso arraigo y la circunstancia de haber gozado recientemente de una excarcelación bajo caución juratoria en el marco de otro proceso en trámite (cfr. fs. …), conforma un cuadro que impone la aplicación de las previsiones del artículo 319 del ordenamiento adjetivo y torna procedente la homologación de la decisión bajo estudio. Por lo que resulta del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de (fs. …). C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González Palazzo (en disidencia), González, Cicciaro. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 14.648/17, R., V. H. s/ excarcelación. Rta.: 07/04/2017 Se citó: (1) C.I.D.H., Informe 2/97, punto 35, "Riesgo de presión sobre los testigos", al que remiten expresamente en sus votos los jueces Eduardo R. Riggi, Gustavo M. Hornos y Guillermo J. Tragant en el fallo plenario de la C.F.C.P. N° 13, "Díaz Bessone", rto.: 30/10/08; C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 75/13, "N.", rta.: 15/2/13. EXCARCELACIÓN Rechazada. Fiscal que se pronunció en forma favorable. Opinión no vinculante. Delito imputado reprimido con una penalidad máxima que no supera la prevista en el art. 316 en función del art. 317, inc. 1 del C.P.P.N. Verificación de riesgos procesales: imputado extranjero que no tiene arraigo y fue condenado en su país de origen en varias oportunidades, registrando allí una orden de detención y acá una causa en trámite. Tiempo proporcionado de detención. Confirmación. Fallo: "(…) I.- En relación a lo expuesto por la parte respecto de la postura adoptada por el representante del Ministerio Público Fiscal en la anterior instancia, en cuanto no se opuso a la concesión del instituto, esa opinión no resulta vinculante para el juez en nuestro régimen procesal, circunstancia que se evidencia ante la posibilidad con que cuenta de recurrir tanto la decisión que concede como aquella que deniega la libertad artículo 332 del Código Procesal Penal de la Nación- (1). II.- De otro lado, y si bien la escala penal prevista para el delito de robo simple tentado por el que se dispuso el procesamiento con prisión preventiva de L. R. (cfr. fs. ... del principal) no supera el tope máximo establecido en la primera hipótesis del artículo 316, al que remite el artículo 317, inciso 1°, ambos del código adjetivo, se verifican en el caso riesgos procesales que obstan a la excarcelación pretendida. En tal sentido, valoramos negativamente que carece de arraigo por cuanto se trata de una persona extranjera que ingresó al país en calidad de turista en marzo del corriente año (fs. …) y poco tiempo después se vio involucrado en el suceso que se le reprocha en autos, habiendo residido de manera transitoria en un hotel ubicado en el barrio de Constitución (ver fs. … del Legajo de Identidad Personal). Estas circunstancias sustentan un peligro cierto de elusión que no puede ser neutralizado por una medida de menor intensidad que la adoptada, máxime cuando aquél carece de lazos familiares en el territorio nacional. Tampoco puede soslayarse que fue condenado en cinco oportunidades en su país de origen por delitos contra la propiedad y que registra una orden de detención vigente emanada del Juzgado de Garantías de Santiago n° X (cfr. fs. …, LIP), lo cual revela su falta de compromiso con las reglas de conducta y evidencia la imposibilidad de asegurar su futura comparecencia con una medida de menor intensidad como la que reclama la defensa. Asimismo, se le sigue en el país la causa n° X, caratulada "L. R., R. s/robo, damnificado C. X", en trámite ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional n° X (ver fs. …). También cabe ponderar las características del suceso investigado, en tanto se trata de un intento de sustracción cometido con la participación de al menos cinco sujetos y mediante el ingreso a un edificio, valiéndose para ello de llaves falsas o posiblemente verdaderas obtenidas por procedimientos aún no establecidos. Dichas características conllevan la necesidad de aventar riesgos de entorpecimiento para la investigación, máxime cuando aún no se descartó la intervención de otras personas.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En este marco, la restricción de la libertad de L. R. se presenta el único medio apto para sujetarlo al proceso y garantizar el pleno desarrollo de la investigación (2), a lo que se suma que el tiempo menor al mes que lleva en detención no luce desproporcionado en función del avanzado estado del proceso. Por último, dada la nacionalidad del encausado, deberá librarse oficio, junto con un juego de fichas dactilares, al Departamento de Extranjeros Judicializados de la Dirección Nacional de Migraciones y al Consulado General de la República de Chile, conforme lo resuelto por esta Cámara en el expediente de Superintendencia n° 19.455/09, el 27 de noviembre de 2009, con noticia de la existencia de las presentes actuaciones y de las órdenes de detención existentes. En consecuencia, se RESUELVE: CONFIRMAR el auto de (fs. ...) en cuanto fuera materia de recurso (artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 29.861/17, LUENGO RAMIREZ, Román Mijael s/ Incidente de excarcelación. Rta.: 14/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 20.029/14 "Meliga" rta. 24/4/14; c. 23.159/14/1 "Del Valle", rta. 15/5/14; c. 73.854/15/1 "Lindsay Marte" rta. 23/12/14 y c. 41.250/16 "Olivera", rta. 27/7/16. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1.825 "Constantinescu", rta. 6/12/11 y c. 1798/11 "De Oliveira Souza", rta. 30/11/11. EXCARCELACIÓN. Concedida. Imputado que fue declarado rebelde en dos oportunidades. Voluntad elusiva para cumplir con la obligación accesoria impuesta al concederle su excarcelación. Al momento de su detención se identificó con un nombre y fecha de nacimiento falsos. Situación migratoria irregular. Arraigo dudoso. Revocación. Orden de captura. Fallo. "(...) El día de la fecha se celebró la audiencia oral y pública prevista en el artículo 454 del CPPN (ley 26.374) en razón de la concesión del recurso de apelación interpuesto por la Dra. Marcela Sánchez, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 30, contra el resolutorio obrante a (fs. ...), mediante el cual se concedió la excarcelación de E. X. V. S., bajo caución juratoria. (...). Luego del análisis de la cuestión traída a estudio, consideramos que los argumentos expuestos por la fiscalía en la audiencia merecen ser atendidos por lo que habremos de revocar el decisorio cuestionado y disponer que el tribunal de grado ordene la captura del imputado, por las consideraciones que a continuación se expondrán. En primer lugar, valoramos negativamente que en el marco de la causa n° (...) del registro del T.O.C. N° 8 fue declarado rebelde en dos oportunidades y que, tras ser habido luego del dictado de la primera y concedida que le fuese la exención de prisión bajo caución personal, se le suspendió el juicio a prueba por el término de un año y seis meses, que incumplió, extremo que motivó la segunda contumacia, que se mantuvo vigente hasta su captura en este sumario (cfr. fs. ... del legajo de personalidad). En sentido coincidente, no podemos soslayar que hasta la fecha tampoco ha cumplido con la obligación accesoria que se le impuso al concederse su excarcelación en esta causa, tal como se desprende de la constancia de (fs. ...), lo que demuestra su voluntad elusiva. Aunado a ello, valoramos en su contra que al ser detenido se habría identificado con un nombre y fecha de nacimiento falsos (cfr. fs. ... de los autos principales) y que registra dos pseudónimos ante el Registro Nacional de Reincidencia (cfr. fs. ... del legajo de personalidad). Asimismo, su situación migratoria es irregular, en tanto no ha acreditado haber iniciado los trámites correspondientes al respecto (cfr. fs. ... del legajo de personalidad). Esta circunstancia exhibe la precariedad de su arraigo, máxime cuando además se ciernen dudas sobre su lugar real de residencia. En este sentido, si bien la constatación del segundo de los domicilios aportados fue positiva pues su concubina manifestó a (fs. ...) del expediente principal que viven allí juntos, lo cierto es que el imputado, en el informe socio ambiental de (fs. ...) del legajo, refirió que viven separados, por cuanto él habita con su tía abuela, su marido e hijo. En consecuencia, sin perjuicio de que la eventual sanción a recaer en la presente podría ser de ejecución condicional por cuanto la condena dictada por el T.O.C. N° 8 el pasado 30 de diciembre, a la pena de un año de prisión en suspenso por el delito de robo simple no se encuentra firme (cfr. fs. ...), toda vez que los motivos expuestos configuran los riesgos procesales previstos en el art. 319 de la normativa procesal, habremos de revocar el decisorio puesto en crisis y disponer que el tribunal de grado ordene la captura de E. X. V. S. Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución obrante a (fs. ...), en cuanto fuera materia de recurso (art. 455, contrario sensu, del CPPN) y DISPONER que el tribunal de grado ordene la captura de E. X. V. S. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Sosa). c. 71.375/16, VAZQUEZ, Sanchez, Edwin s/ excarcelación. Rta.: 12/02/2017 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo simple. Registro de condenas y declaración de reincidente. Registro de distintas filiaciones en el Registro Nacional de Reincidencia. Ausencia de arraigo. Situación migratoria irregular. Riesgo de elusión. Confirmación. Disidencia: penas que se encuentran cumplidas. Ausencia de declaraciones de rebeldía. Situación de calle que no puede interpretarse como indicador de voluntad para eludir el proceso. Revocatoria. Caución juratoria. 59

Fallo: "(…) Convoca a la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto documentado a fs. (…), en cuanto se denegó la excarcelación de C. J. F. V. El juez Mariano A. Scotto dijo: Aun cuando la escala penal prevista para el delito por el que se dispuso el procesamiento del nombrado, esto es robo simple (arts. 45 y 164 del Código Penal), tornaría procedente su excarcelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 316, segundo párrafo, primera alternativa y 317, inciso 1° del Código Procesal Penal, en el caso del sub examen se configura el riesgo de elusión que impide que el imputado transite en libertad la sustanciación del presente proceso. Al respecto, se pondera que registra varias condenas por delitos contra la propiedad (…), entre ellas la dictada el 6 de mayo de 2015 por el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 4 (actualmente Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 53), en la causa N° 71368/14, a la pena única de un año y un mes de prisión comprensiva de la sanción de dos meses de prisión que dictó y de la impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 12 en las causas números 45545/14 y 68689/14-, ocasión en la que se mantuvo la declaración de reincidencia (…). Asimismo, el 26 de abril de 2016, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 28, en la causa N° 4873, lo condenó a la pena de nueve meses de prisión y lo declaró reincidente (…). De allí, es dable sostener que ante la posibilidad de que Furtado Viera resulte objeto de un pronunciamiento que implique su encierro efectivo, intentará eludir el accionar de la justicia (C.F.C.P., Sala IV, c. 10.315, "Camperos, Nicolás", rta.: 03/04/2009), a lo que se añaden otras circunstancias impedientes, en tanto registra distintas filiaciones en el Registro Nacional de Reincidencia (…), carece de arraigo (…) y su situación migratoria es irregular. Por lo expuesto, de conformidad con lo manifestado a fs. 3 de este incidente por el representante del Ministerio Público Fiscal, cabe homologar el rechazo asumido. Así voto. El juez Mauro A. Divito dijo: La escala penal aplicable al delito de robo simple por el que Furtado Viera ha sido procesado (arts. 45 y 164 del Código Penal) permite encuadrar su situación en la primera de las hipótesis contempladas en los artículos 316, segundo párrafo, y 317, inciso primero, del Código Procesal Penal, en virtud de que el máximo de la pena prevista es inferior a los ocho años de prisión. Asimismo, si bien registra antecedentes condenatorios, pondero que las respectivas penas se encuentran cumplidas (…). Valoro además que, según las constancias de la causa, no registra declaraciones de rebeldía (…). Finalmente, la circunstancia de que viva en situación de calle (…), en el caso, en modo alguno puede interpretarse como un indicador de su voluntad de eludir el proceso y, por el contrario, evidencia las dificultades que afrontaría para sustraerse del accionar de la justicia. Así, aunque los extremos reseñados conducen a concluir en que la excarcelación resulta procedente, el riesgo de fuga que cabe presumir a partir de la eventualidad de una pena de encierro efectivo y de los distintos nombres y apellidos que registra (…), impone que la soltura del imputado sea sujetada a ciertas condiciones. En función de lo expuesto, teniendo en cuenta su situación de calle, estimo que una caución personal o real infringiría la prohibición contemplada en el artículo 320 in fine del Código Procesal Penal, de modo que la única garantía aplicable resulta ser el compromiso juramentado del causante, junto con la obligación de comparecencia quincenal ante el juez de la causa. Así voto. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Tras haber oído la grabación de la audiencia celebrada, sin preguntas que formular a la defensa y luego de haber deliberado, considerando dirimente para el caso que el imputado fue aprehendido en autos sólo cuatro meses después del cumplimiento de su última condena (…), que es la octava registrada (...), adhiero al voto del juez Mariano A. Scotto. En mérito del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. (…) de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito (en disidencia), Rimondi. (Sec.: Franco). c. 11.481/17, FURTADO VIERA, Cristian Jorge s/ Excarcelación. Rta.: 16/03/2017 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Imputado que se encuentra procesado con prisión preventiva por hurto. Antecedentes condenatorios. Posibilidad de imponer condena de efectivo cumplimiento, en caso de ser condenado. Imputado que se encuentra registrado bajo diversos nombres y aún no ha sido correctamente identificado. Tiempo de detención que no resulta desproporcionado. Prisión domiciliaria que ha sido rechazada sin haber sido sustanciada correctamente. Necesidad de solicitar informes ambientales y de salud. Confirmación. Fallo. "(...). Pues bien, luego del análisis de la cuestión traída a estudio del tribunal consideramos que los agravios del recurrente no logran conmover los fundamentos del auto apelado, por lo que habrá de ser homologado. Según surge de los autos principales, el hecho que se le atribuye a N. E. L. encuadra, en principio, en el delito de hurto (cfr. auto de procesamiento con prisión preventiva de (fs. ...). del principal). Ahora bien, sin perjuicio de la subsunción legal escogida, lo cierto es que el nombrado registra una condena, dictada el 25 de noviembre de 2015 por el Juzgado en lo Correccional N° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, por el delito de hurto en tentativa en concurso real con hurto simple, en la que se impuso la pena de 2 meses de prisión (cfr. fs. ...). Por tal motivo, de recaer sanción también en el sumario, ésta será de efectivo cumplimiento (art. 26 y 27 del CP, a contrario sensu). Además, las sucesivas persecuciones penales del Estado no han hecho variar su conducta, lo que indica el peligro de reiteración delictual (in re: cn° 60

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (...), rta.: 22/12/08, entre otras). Se suma que L. está registrado bajo diversos nombres, que ha sido condenado con diferentes identidades y que inclusive se identificó en forma falaz (al ser detenido se identificó como M. G., en indagatoria como N. E. L. y en el Registro nacional de Reincidencia también verifica el nombre R. D. B.), lo que refuerza la presunción del peligro de fuga. En este sentido, no compartimos la afirmación de la defensa en cuanto a que el imputado se encuentra ya debidamente identificado por lo que, devuelta que sea la presente, deberá requerirse la intervención correspondiente al Registro Nacional de las Personas a efectos de establecer para establecer por medio de sus huellas dactilares cuál es la matricula que le corresponde de entre las que surgen de estas actuaciones. Los elementos reseñados constituyen pautas objetivas suficientes para considerar que se ha dado la situación de excepción que admite la restricción de su libertad (art. 280, a contrario sensu, y 319 del C.P.P.N.) para asegurar la realización del juicio, en un asunto en el cual el tiempo de detención no resulta desproporcionado en relación a las pautas generales establecidas por el art. 207 del C.P.P.N., máxime teniendo el avanzado estado del proceso en el que ya se ha corrido la vista prevista en el art. 346 del digesto ritual y aparece como razonable en atención a la expectativa de pena de cumplimiento efectivo por el hecho que se le imputa en la presente, la que teniendo en cuenta los antecedentes que registra podría no ser fijada en su mínimo. Finalmente, en lo que atañe al pedido de prisión domiciliaria, toda vez que el a quo no lo ha sustanciado debidamente, ya que ni siquiera se han practicado los informes ambientales que el instituto requiere, ello no permite que esta Sala se expida. En consecuencia deberá cumplirse junto con la formación del incidente de salud respectivo en el cual también la defensa también basa la pretensión de que eventualmente la detención pueda continuar en su domicilio. En virtud de lo expuesto el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de (fs. ...), en cuanto ha sido materia de recurso (arts. 455 del CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Lucini. (Sec.: Sosa). c. 8396/17, GOMEZ, Maximiliano s/ Excarcelación. Rta.: 06/03/2017 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Imputado procesado con prisión preventiva por ser considerado coautor del delito de robo, agravado por su comisión con un arma de utilería en grado de tentativa, en concurso real con el de robo simple tentado, todo lo cual concurre idealmente con resistencia a la autoridad. Pronunciamiento que adquirió firmeza. Ausencia de antecedentes condenatorios ni causa en trámite. Aportación de datos personales correctos desde el inicio de las actuaciones. Domicilio constatado junto a su familia. Existencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación habida cuenta que continúan prófugos dos personas que intervinieron en el suceso. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse una vez al mes ante el tribunal. Fallo. "(...). Luego del análisis de la cuestión traída a estudio, consideramos que los agravios expuestos por la defensa merecen ser atendidos. En primer lugar, debemos mencionar que E. E. P. se encuentra procesado, con prisión preventiva, por ser considerado coautor del delito de robo, agravado por su comisión con un arma de utilería en grado de tentativa, en concurso real con el de robo simple tentado, todo lo cual concurre idealmente con el de resistencia a la autoridad (arts. 42, 45, 54, 164, 166, último párrafo y 239 del Código Penal), pronunciamiento que aún no ha adquirido firmeza (cfr. fs. ...). La penalidad prevista para el concurso de los delitos reprochados al nombrado permite acceder a la concesión del instituto analizado, ya que de acuerdo a su mínimo, es dable deducir que en caso de recaer condena, resulta viable la ejecución en suspenso (art. 26, a contrario sensu, del código citado). Dentro de este marco, se exhibe relevante destacar favorablemente que el imputado se encuentra debidamente identificado desde el inicio de las actuaciones, que posee un domicilio que ha sido constatado donde habita junto a su familia (fs. ...), y no registra antecedentes condenatorios ni otras causas en trámite (cfr. fs. ...). Así, los elementos mencionados constituyen pautas objetivas suficientes para considerar que al caso no concurren los peligros procesales que admiten, de modo excepcional, la restricción de la libertad durante el proceso (arts. 280 y 319, a contrario sensu, del CPPN). Por tales motivos, como adelantáramos habremos de revocar el auto recurrido concediendo la excarcelación al nombrado. En cuanto a la caución a imponer, teniendo en cuenta las características del hecho atribuido a P. quien junto a su consorte de causa (N. B.) y a 2 sujetos más aún no individualizados, ingresaron a una vivienda en horas de la madrugada empleando al menos dos armas de fuego y ejercieron violencia sobre las víctimas para amedrentarlas a fin de intentar apoderarse de sus bienes-, sumado a que advertimos la existencia del riesgo de entorpecimiento de la investigación, habida cuenta que continúan prófugos dos personas que intervinieron en el suceso, nos convence que sea de carácter real a efectos de asegurar su sujeción al proceso (arts. 320 y 324, CPPN), la que fijamos en la suma de diez mil pesos ($ 10.000) en atención a sus condiciones personales y socio-económicas que surgen del legajo, con mas la obligación accesoria de concurrir al tribunal a cargo del caso una vez al mes, en la fecha y horario que se determinen en la instancia de origen (art. 310 del CPPN), a fin de demostrar su voluntad de someterse a proceso, bajo apercibimiento de revocarse la libertad y ordenarse su detención ante el primer incumplimiento. En virtud de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: I- REVOCAR la resolución de (fs. ...), en cuanto ha sido materia de recurso (art. 455, contrario sensu, Cód. Proc. Penal). II-CONCEDER la excarcelación de E. E. P., de las demás condiciones personales obrantes en autos, bajo caución real de diez mil pesos ($ 10.000) (arts. 320 y 324 del CPPN), más la obligación accesoria dispuesta en los considerandos. (...)".

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C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: León). c. 8320/17, PALACIOS, Emanuel s/Excarcelación. Rta.: 08/03/2017 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Imputado procesado con prisión preventiva por robo agravado por su comisión con un arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación de arma de guerra y de uso civil sin la debida autorización legal y encubrimiento agravado por la supresión de la numeración de un arma de fuego. Pronunciamiento que se encuentra firme. Inexistencia de riesgos procesales. Aportación correcta de datos personales. Ausencia de antecedentes penales. Domicilio constatado. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse una vez al mes ante el tribunal y la prohibición de establecer cualquier tipo de contacto con la damnificada. Fallo. "(...) concesión del recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la denegación de excarcelación de B. N. M. (fs. ...). (...) Los motivos de agravio de la parte recurrente son plausibles. En efecto, a nuestro entender, en el caso concreto de M. los riesgos procesales evaluados por la juez de instrucción pueden ser neutralizados mediante medidas menos lesivas que su detención preventiva. Al respecto valoramos positivamente que se identificó correctamente en todo momento, que se constató su domicilio y que no registra antecedentes penales, es decir, que éste sería su primer conflicto con la ley penal (cfr. fs. ...). En cuanto a la caución a imponer debemos hacer una serie de menciones. En primer lugar, se encuentra procesado con prisión preventiva de B. N. M. como coautor de los delitos de robo agravado por su comisión con un arma de fuego en grado de tentativa en concurso real con portación de arma de guerra y de uso civil sin la debida autorización legal y encubrimiento agravado por la supresión de la numeración de un arma de fuego, pronunciamiento que adquirió firmeza (cfr. fs. ...). En virtud del mínimo legal previsto para ese concurso de delitos, la eventual sanción que pudiera imponérsele sería de cumplimiento efectivo (art. 27 del CP). Por otro lado, no puede soslayarse que la damnificada del hecho investigado vive en la misma zona que M. (ver fs. ...). En razón de ambos motivos estimamos que la sola promesa del imputado de cumplir con las obligaciones que impone el proceso podría ser ineficaz. Entonces, a fin de neutralizar los peligros de fuga y de entorpecimiento de la investigación que de ello se infiere, hemos de imponerle una caución real, que, de acuerdo a los datos con que contamos sobre su situación socioeconómica, fijamos en la suma de $10.000, más la obligación de presentarse en el tribunal (...), y la prohibición de establecer cualquier tipo de contacto con la damnificada, bajo apercibimiento de revocarse su excarcelación ante el incumplimiento de alguna de estas medidas (...). Por lo expuesto se RESUELVE: I-REVOCAR la resolución de (fs. ...) en cuanto fue materia de apelación y CONCEDER LA EXCARCELACIÓN DE B. N. M. bajo caución real de $10.000, más la obligación de comparecencia periódica indicada en los considerandos y la prohibición de establecer cualquier tipo de contacto con M. B. A. A., bajo apercibimiento de revocarse en caso de incumplimiento (arts. 310, 324 y 455 del CPPN). II-Asimismo, se deberá notificar a la denunciante y a la Comisaría con jurisdicción en su domicilio de lo aquí resuelto. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Biuso). c. 8361/17, M., B. N s/Excarcelación. Rta.: 10/03/2017 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Procesado por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Imputado que carece de antecedentes condenatorios y que se encuentra contenido familiarmente. Domicilio del hermano constatado. Ausencia de indicios que permitan presumir un peligro de fuga y/o de entorpecimiento en la investigación. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse mensualmente ante el tribunal y acreditar el inicio a un tratamiento psicológico por su adicción a los estupefacientes. Fallo: "(...) recurso de apelación interpuesto por la defensa de M. F. H., contra el resolutorio obrante a (fs. ...) que en el punto dispositivo I) ordenó su procesamiento por el delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa. Luego del análisis del caso, consideramos que la resolución debe ser revocada. M. F. H. ha sido procesado, con prisión preventiva, en orden al delito de homicidio agravado por el vínculo en tentativa, resolutorio homologado en la fecha por el tribunal (cfr. fs. ...). Ahora bien, el peligro procesal de fuga valorado negativamente en base a la gravedad del hecho y su penalidad, no resulta suficiente para disponer su encierro preventivo. "… la Corte ha indicado reiteradamente que las características personales del supuesto autor y la gravedad del delito que se le imputa no son, por sí mismos, justificación suficiente de la prisión preventiva. (...) Asimismo, ha destacado que el peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso, fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto…". A propósito de lo dispuesto por los artículos 7.5 y 8.2. de la C.A.D.H., sostuvo en el mismo pronunciamiento que "…la Corte ha establecido que la regla general debe ser la libertad del imputado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal, ya que éste goza de un estado jurídico de inocencia que impone que reciba del Estado un trato acorde con su condición de persona no condenada. En casos excepcionales, el Estado podrá recurrir a una medida de encarcelamiento preventivo a fin de evitar situaciones que pongan en peligro la consecución de los fines del proceso…" (Caso "(...)"). Por este camino, valoramos a su favor que carece de condenas anteriores conforme fuera informado por el Registro Nacional de Reincidencia y la Policía Federal (fs. ...); y que si bien registra otras causas en trámite ante el Juzgado Nacional de Instrucción n° 21, en la N° XX/14 que 62

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional registró averiguación de paradero, se dispuso su sobreseimiento por extinción de la acción penal en tanto que las n° XX/17 y XX16 se encuentran en trámite. En cuanto a sus condiciones personales, se informó que desde hace 3 meses que cuida coches en la zona de Bajo Flores y que está en búsqueda de trabajo como electricista. A su vez, si bien no se desconoce que hasta su detención convivía con su padre -víctima de estas actuacionesen su declaración indagatoria ofreció el domicilio de su hermano H., con quien dijo mantiene buena relación. Este domicilio se encuentra a 12.6 kms de distancia y fue debidamente ratificado con las constancias aportadas por la defensa, agregadas a este incidente (cfr. fs. ...). También acompañó el de un amigo suyo, a 5.6 kmts. A su vez, el padre se presentó en este incidente a través de la defensoría interviniente y manifestó su preocupación y deseo de ayudar a su hijo. Por lo demás, no se han dispuesto medidas de prueba cuyo éxito pudiese peligrar de recuperar la libertad, pues ya han declarado sus familiares. En este contexto, toda vez que la mera posibilidad de un futuro encierro preventivo, derivado de la magnitud de la pena en expectativa, no es un dato objetivo que por sí solo permita denegar el derecho solicitado conforme la doctrina emanada a partir del plenario "Díaz Bessone" sin haberse agregado datos objetivos concretos que permitan presumir un peligro de fuga y/o de entorpecimiento en la investigación, corresponde acceder al derecho solicitado. Sin embargo, a los fines de reforzar su voluntad de sometimiento al proceso, aparece necesario imponer una caución de tipo personal y/o real pues el sólo compromiso que pudiese prestar resulta insuficiente (art. 321, a contrario sensu, CPPN). En cuanto a su monto, y atento los datos socio económicos que se cuentan, habrá de fijarse en la suma de diez mil pesos ($10.000). Además, se le impondrá las siguientes obligaciones accesorias: i) de comparecer una vez al mes ante el tribunal de la causa, incluida la feria judicial, debiendo informar cualquier cambio de domicilio y no podrá ausentarse de éste sin el aviso correspondiente, debiendo hacer saber a la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval y Gendarmería Nacional estas circunstancias, así como a las autoridades migratorias a efectos de que no se le permita el egreso del territorio nacional, y aclarar estas circunstancias en la orden de libertad que haga efectivo lo dispuesto. Para ello, entonces, deberá hacer entrega de su pasaporte, en caso de tener. A su vez, se le impondrá la prohibición de tomar contacto con su padre H. J. H. y su h. L. I. H. por cualquier medio (personal, telefónico y/o redes sociales) de lo que deberán ser notificados. Por último, conforme lo indicado por la defensa, aparece prudente el inicio de un tratamiento psicológico por su adicción a los estupefacientes, de lo que deberá acreditar inicio. Por todo lo expuesto, el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución de (fs. ...) en cuanto fue materia de recurso y CONCEDER la EXCARCELACIÓN a M. F. H. bajo caución real de diez mil pesos ($10.000) y las obligaciones accesorias que surgen en el punto c) de los considerandos (arts. 310, 317, 324 y 455, CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Lucini. (Sec.: Peluffo). c. 7.614/17, H., M. F. s/procesamiento. Rta.: 21/03/2017 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Asociación ilícita en calidad de jefa. Pena máxima prevista para el delito imputado que supera el límite de 8 años de prisión. Graves características de los sucesos. Riesgo de fuga. Posibles conductas futuras sobre víctimas o testigos. Entorpecimiento de la investigación. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa recurrió en apelación el auto documentado a fs. (…), en cuanto se rechazó la excarcelación de S. A. El juez Mariano A. Scotto dijo: Se atribuye a la nombrada, según el auto de procesamiento documentado a fs. (…) -no firme-, el delito de asociación ilícita en calidad de jefa (artículos 45 y 210, segundo párrafo, del Código Penal), cuya escala penal excede las hipótesis contempladas por los artículos 316, segundo párrafo, segunda alternativa y 317, inciso 1º del Código Procesal Penal, en atención a que el máximo de la pena supera los ocho años de prisión y su mínimo impide que una eventual condena resulte de suspensivo cumplimiento (art. 26 del Código Penal). Sin perjuicio de ello, también se evalúa que la organización delictiva investigada, se encontraría dirigida por la causante, en su entonces condición de Comisario Inspector a cargo de la Circunscripción VII de la Policía Federal; que estaría compuesta por funcionarios de distintas jerarquías, quienes se desempeñaban en la Seccional X y se habrían encargado de recaudar mensualmente dinero de los comerciantes y "trapitos" a cambio de otorgarles protección. Así, las graves características de los sucesos autorizan a sostener que quien así se conduce difícilmente observe las pautas que regulan el procedimiento. En orden a ello, se ha sostenido que la seriedad o gravedad del hecho oficia como circunstancia válida para presumir la fuga del imputado (1). Al riesgo de elusión mencionado se añaden circunstancias que autorizan a sostener que Aveni podrá entorpecer el curso de la investigación. Ello, en función de lo expuesto por J. H. M., cabo 1º de la Policía Federal Argentina, quien se desempeñara en la Seccional X, quien al entregar el video en el Ministerio de Seguridad de la Nación "hizo saber que temía por su vida en caso de que esto se filtrara o bien resultara judicializado", por lo que al haberse agregado esa prueba a esta investigación "le causa miedo, pues teme sufrir represalias a instancias del Comisario V. o de las demás autoridades de la Policía Federal Argentina que se ven involucradas…ya sea ataques en la integridad física suya o de su familia" (…). En similar sentido declaró R. A. G., numerario de la referida comisaría, quien denunció maniobras similares por las que se inició la causa nº 23.723/16 acumulada a estas actuaciones, por lo que solicitó se le provea "en forma inmediata y urgente custodia para mí y mi familia a raíz de distintos hechos llamativos que le 63

generaron temor" (…). Todo ello, sumado al contenido de la nota de fs. (…), motivó el requerimiento del juez de instrucción de incorporar a G. al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (…). Tampoco puede soslayarse que existen comerciantes que habrían accedido a los presuntos requerimientos ilegítimos que formulaba la organización y debieran ser escuchados en la investigación, situación que depara evitar conductas futuras sobre víctimas o testigos, máxime si se atiende a lo expresado por el imputado S. en torno a las reuniones mantenidas en la oficina de la imputada, las cuales "eran para bajar línea de servicios, totalmente coaccionables" (…). Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. (…) y lo manifestado por el Fiscal General ante esta Alzada, Dr. M. V., voto por homologar la decisión apelada. El juez Mauro A. Divito dijo: La situación de S. A., quien fue procesada como jefa de una asociación ilícita (art. 210, segundo párrafo, del Código Penal), no encuadra en las hipótesis que contemplan los artículos 316 y 317, inciso 1º, del Código Procesal Penal, pues el máximo de la pena en expectativa excede los ocho años de prisión y el mínimo impide la posibilidad de una pena de ejecución condicional. Por otra parte, al riesgo de fuga que ello indica se suman las consideraciones que efectuara el colega en torno del peligro que cabe presumir, razonablemente, acerca de que la imputada -Comisaria Inspectora de la Policía Federal-, de recuperar su libertad, pudiera entorpecer la investigación, procurando amedrentar a los testigos. Por dicha razón, adhiero a la solución propuesta por el juez Scotto. En consecuencia, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto extendido a fs. (…) de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Sánchez). c. 26.168/16, AVENI, Susana s/ Excarcelación. Rta.: 21/04/2017 Se citó: (1) C.F.C.P., Sala II, c. 1247/2013, "Otazo", rta.: 14/11/2013; Sala III, c. 10.859, "Cid", rta.: 19/06/2009; Sala IV, c. 10.512, "Castillo", rta.: 04/05/2009. EXCARCELACIÓN. Rechazada. Imputado procesado por robo simple en concurso real con robo simple en grado de tentativa. Indicios de riesgo de fuga. Antecedentes condenatorios. Eventual condena que pueda recaer que será de efectivo cumplimiento y que deberá ser unificada con una anterior. Tiempo en detención no desproporcionado. Imputado anotado ante el R.N.R bajo dos pseudónimos distintos. Precario arraigo. Confirmación. Fallo. "(...) Luego del análisis de la cuestión traída a estudio, consideramos que los argumentos expuestos por la defensa en la audiencia no logran conmover los fundamentos del auto recurrido, que compartimos, por lo que será homologado. Ello, por cuanto si bien no se vislumbran medidas pendientes de producción que pudiera entorpecer, sí se advierten indicios de riesgo de fuga, que no pueden ser zanjados mediante medidas menos gravosas que la privación de la libertad (art. 319, CPPN). En primer lugar, corresponde mencionar que el imputado ha sido procesado con prisión preventiva, en calidad de autor, en orden al delito de robo simple en concurso real con robo simple en grado de tentativa arts. 42, 45 y 164 del CP- (cfr. fs. ... de los principales que corren por cuerda), pronunciamiento que fue homologado por este tribunal el día de la fecha en lo que respecta al identificado como "Hecho II", en tanto el dispositivo relativo al restante evento investigado ya se encontraba firme. Así, el primer criterio negativo que debemos valorar es la entidad de las evidencias de cargo que existen sobre la ocurrencia del hecho y la responsabilidad que le cupo en él al encausado, lo que resulta una circunstancia que permite objetivamente presumir, como posible, una futura reacción hostil al sometimiento al proceso (in re: c. n° 37.244, "Freijó", rta. el 12/11/2009, c. n° 39.644, "Favale", rta: 28/12/10, entre muchas otras). Asimismo, la eventual condena que pudiera recaer en la presente no sólo será de efectivo cumplimiento en atención al antecedente condenatorio certificado a (fs. ... de los autos principales) (art. 26, contrario sensu, CP), sino que ambos deberán acumularse de conformidad con las reglas establecidas en el art. 58 del Código Penal, debido a que no ha transcurrido el plazo de cuatro años, entre dicha condena y el segundo hecho investigado en autos, término requerido por el art. 27 de ese cuerpo legal, para tenerlo como no pronunciada (ver testimonios de fs. ...). Esta circunstancia, además del aludido riesgo procesal, demuestra que la privación de la libertad (que a la fecha se ha extendido por 1 mes) no es desproporcionada. Aunado a lo expuesto, no podemos soslayar que a un mes y medio de ser sancionado en el marco de la causa (n° ...) del T.O.M N° 1 se vio nuevamente envuelto en un suceso penal (hecho II investigado en la presente), extremo que denota su desapego a las normas de conducta, dado que la condena anterior no ha incidido en su comportamiento posterior, mostrando una actitud proclive hacia el delito (ver en este sentido, "González", rta. 9/12/08, entre muchos otros). También valoramos en su contra que ante el Registro Nacional de Reincidencia se encuentra anotado bajo dos pseudónimos (cfr. fs. ...) y que al ser detenido mintió en su nombre y dijo ser menor, siendo que el Instituto Inchausti puso en conocimiento de las fuerzas de prevención la edad real del imputado (cfr. fs. ...). Tampoco podemos soslayar que pese a habérsele dado soltura en dos oportunidades durante la tramitación de este sumario, no se presentó a los llamados efectuados con posterioridad, motivo por el cual el 13 de octubre de 2016 se lo declaró rebelde (cfr. fs. ...), temperamento que se dejó sin efecto no por su comparecencia voluntaria sino por haber sido capturado en la vía pública cinco meses después (cfr. fs. ...). Por último, ponderamos negativamente su precario arraigo ya que si bien al ser detenido por primera vez brindó un 64

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional domicilio que se constató a (fs. ...), fue el mismo al cual se le cursaron las infructuosas notificaciones. En este sentido, a (fs. ...), su hermana dijo que desde hacía algunos meses que el imputado no residía allí, siendo que en su indagatoria y en el informe socio ambiental dijo que se encuentra en situación de calle desde los 16 años por voluntad propia (cfr. fs. ...), sin perjuicio de aclarar que durante el último tiempo, luego de recuperar su libertad, se mudó provisoriamente a la localidad de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, debido a que consiguió empleo informal como ayudante de albañil. Por los motivos expuestos, toda vez que el encierro cautelar de G. aparece necesario a los fines de garantizar el normal desenvolvimiento del proceso, habremos de confirmar el auto puesto en crisis. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de (fs. ...), en todo cuando ha sido materia de recurso (art. 455 del C.P.P.N.). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Sosa). c. 39.518/16, GUTIÉRREZ, Adrián Adolfo s/denegatoria de excarcelación. Rta.: 10/04/2017 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Procesamiento por hurto simple. Imputado que gozaba del beneficio de una suspensión del proceso a prueba en otra causa al momento de esta nueva aprehensión flagrante. Domicilio constatado, ausencia de antecedentes condenatorios, anotado en el R.N.R. bajo una única identidad. En detención durante 22 días, tiempo que resulta ser aproximado al mínimo de pena previsto para el delito de hurto. Principio de proporcionalidad (Doctrina "Peirano Basso"). Revocación. Concesión bajo caución real y la obligación de presentarse en el tribunal una vez al mes. Fallo. "(...). Los argumentos brindados por la defensa en la audiencia, confrontados con las actas escritas que tenemos a la vista, merecen ser atendidos, por lo que la resolución apelada habrá de ser revocada. En efecto, L. E. Z. S., ha sido procesado en orden al delito de hurto simple el pasado 7 de abril de 2017, se ha identificado correctamente al momento de su detención (cfr. fs. ...), su domicilio ha sido constatado por su primo (cfr. fs. ...), y es el mismo que aportó en la CN° (...) que tramitó ante el Tribunal Oral N° 27 (cfr. testimonios de fs. ...), por lo que además demuestra arraigo bastante. Asimismo, no registra antecedentes condenatorios en su haber y se encuentra anotado en el Registro Nacional de Reincidencia bajo una única identidad (cfr. fs. ...). Frente a este panorama, se erige como dato adverso a la pretensión de la defensa la circunstancia de esta nueva aprehensión flagrante luego de haber sido beneficiado con una suspensión del proceso a prueba en la causa N° (...) antes referida, que fue ampliada el pasado 9 de septiembre de 2016 en un nuevo proceso que se inició por ante el ex Juzgado Correccional N° 12 (cfr. fs. ...), encontrándose en pleno cumplimiento de tal beneficio al darse inicio este proceso y el iniciado en diciembre de 2016, actualmente en trámite por ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 (cfr. certificación de fs. ...), en el que fue excarcelado bajo caución real el 28 de diciembre de 2016 (cfr. certificación de fs. ...). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, aún en el peor de los panoramas posibles para el imputado, esto es que resultase condenado en todos los procesos seguidos en su contra y que por imperio de la unificación la pena fuese de cumplimiento efectivo, no puede descartarse que la privación de libertad pueda ser sustituida por tareas a favor de la comunidad. En atención a ello, y siendo que Z. S. lleva en detención 22 días, es decir, está próximo a cumplir el mínimo de pena previsto para el delito de hurto que aquí se le imputa y por el que fue procesado el pasado 7 de abril de 2017 (cfr. fs. ...), el auto recurrido debe ser revocado. En consecuencia, resulta aplicable al caso la doctrina que surge del precedente de la CIDH "Peirano Basso" del 6/8/2009, en cuanto al principio de proporcionalidad, por lo que habrá de concederse su excarcelación bajo caución real, cuyo monto se establece en la suma de cinco mil pesos ($ 5.000), teniendo en cuenta las circunstancias adversas reseñadas, los riesgos procesales señalados por el Sr. magistrado a quo y los escasos datos recabados en el expediente sobre su realidad económica. Asimismo, se le impondrá la obligación accesoria de presentarse ante el tribunal a cargo del caso una vez al mes en los días y horarios que se indiquen en el acta compromisoria a fin de sostener su voluntad de estar a derecho. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución de (fs. ...), y CONCEDER LA EXCARCELACIÓN de L. E. Z. S., BAJO CAUCIÓN REAL de CINCO MIL PESOS ($ 5.000), con más la obligación accesoria detallada en los considerandos (arts. 310, 324 y 455, a contrario sensu, del Código Procesal Penal de la Nación). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: León). c. 17479/17, ZABALETA SANCHEZ, Luis Eduardo s/excarcelación. Rta.: 12/04/2017 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Imputado que pese registrar una condena de prisión en suspenso reciente que no se encuentra firme, se vio involucrado en nuevo proceso. Mendacidad al proporcionar el domicilio. Anotación en el Registro Nacional de Reincidencia con diferentes filiaciones. Ocultamiento de la verdadera identidad. Filiación aún desconocida. Riesgo de elusión. Huida emprendida en vehículo a alta velocidad con riesgo para terceros. Disidencia: condena que no se hallaba firme al momento del hecho. Correcta identificación al momento de la detención. Ausencia de rebeldía. Riesgo de elusión que puede ser morigerado sin necesidad de mantener el encierro cautelar. Revocatoria. Caución real.

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Fallo: "(…) Tras celebrarse la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, concita la atención de la Sala el recurso de apelación interpuesto contra el auto documentado a fs. (…) de este incidente, que no hizo lugar a la excarcelación de Alexis Danilo. El juez Mariano A. Scotto dijo: Surge de la causa principal que el nombrado fue procesado en orden al delito de encubrimiento en la modalidad de receptación o adquisición de cosas provenientes de un delito, agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro, en calidad de coautor (artículos 45 y 277 párrafo 1° inciso c, primer y segundo supuesto y párrafo 3°, inciso b del Código Penal). Si bien su soltura sería procedente desde la perspectiva de los arts. 316, segundo párrafo, primer supuesto y 317, inciso 1º, del Código Procesal Penal, puesto que no se ve superado el tope máximo de ocho años de pena privativa de libertad, cierto es que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de La Matanza, por juicio abreviado el 1 de junio de 2016 lo condenó a la pena de tres años de prisión en suspenso y la decisión no se encuentra firme (…), por lo que debe valorarse que pese a tratarse de una sanción reciente, se ha visto involucrado en otro proceso. Se adiciona desfavorablemente el hecho de que al momento de ser detenido fue mendaz al proporcionar su domicilio, en tanto aportó el de la calle M. X de esta ciudad (…), resultando que la numeración es inexistente (…). Si bien luego corrigió la numeración por X, resultó que se trataba del asiento de una fábrica en la que es desconocido (…). Además, según lo informado a fs. (…), se constató el de la calle C. X de la localidad de Tapiales, en la que resultó desconocido (…). En ocasión de dar su descargo informó como domicilio una casa ubicada en H. y R. de este ejido ...), mientras que el padrastro, A. G., presentó un escrito informando que vive con él en la calle P. S. J. X, habitación 1 de Lanús, que con otra presentación rectificó en su número que pasó a ser X, resultando de la constatación que se trata de un predio tomado y que D. no es conocido (…). Así, más allá de la presencia de su madre y pareja en la audiencia, cierto es que el domicilio que debe evaluarse es aquél anterior al momento de su detención (…). Por otro lado, en el Registro Nacional de Reincidencia se encuentra anotado con diferentes filiaciones, de suyo harto disímiles (…), a la vez que surge que en la causa tramitada en la localidad bonaerense mencionada se identificó como R. B. A.(…) y en ese sentido el ocultamiento de la verdadera identidad importa un serio indicador sobre la existencia del riesgo de elusión. También se valora la huida emprendida en un vehículo a alta velocidad con riesgo para terceros como lo evidencia el choque contra un colectivo. En consecuencia, siempre que el tiempo que D. viene cumpliendo en detención no se exhibe irrazonable en virtud del estado del proceso -el auto de procesamiento ha quedado firme- y la pena en expectativa, la decisión puesta en crisis debe ser homologada, tal como lo ha postulado el Ministerio Público Fiscal a fs. (…) de este incidente. Así voto. El juez Mauro A. Divito dijo: A. D. se encuentra procesado en orden al delito de encubrimiento agravado por haberse cometido con ánimo de lucro (artículo 277 párrafo 1° inciso "c", y párrafo 3°, inciso "b", del Código Penal), cuya penalidad permite encuadrar su situación en la primera de las hipótesis que contemplan los arts. 316, segundo párrafo y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal. Por otra parte, como la condena a la pena de tres años de prisión en suspenso -informada a fs. (…) del legajo de identidad personal- no se hallaba firme al momento del hecho, en los términos del art. 27 del Código Penal no impediría que una eventual sanción en la presente fuera impuesta bajo la misma modalidad. A lo expuesto se suma que al momento de su detención D. se identificó correctamente (…) y que la madre, el padrastro y la pareja de aquél concurrieron a la audiencia oral, en la que la defensa precisó los dos domicilios en los que puede ser localizado. Finalmente, destaco que, aunque ya ha estado sometido a una causa penal, el nombrado no registra rebeldía alguna. En tales condiciones, si bien el imputado se encuentra anotado con diferentes identidades, no se han constatado los domicilios que aportó inicialmente y habría intentado fugar frente al personal policial, estimo que el riesgo de elusión que cabe presumir a partir de tales circunstancias puede ser morigerado sin necesidad de mantener su encierro cautelar. En consecuencia, me inclino por revocar la resolución recurrida y conceder la excarcelación solicitada, bajo una caución real de tres mil pesos ($ 3.000) -cuyo monto se estima a partir de las referencias brindadas en la audiencia oral- y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juez o tribunal que corresponda. Así voto. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Hasta tanto se practiquen las diligencias necesarias para conocer quién es el imputado, debo adherir al voto del colega Mariano A. Scotto. En efecto, la conducta contraria al sometimiento al proceso del detenido es de una entidad tal que no es posible sostener fundadamente que estemos frente al ciudadano peruano R. B. A., con los datos personales que aportó en la causa precedente y que surgen de fs. (…) del legajo de personalidad (proceso en el que se lo está citando desde junio último, conf. …), o al ciudadano brasileño A. D., con los datos que aportó en su audiencia indagatoria de fs. (…), u otra persona cuya filiación aún desconocemos. Esta circunstancia es dirimente para la resolución del caso, no siendo suficiente para dilucidarla la presencia de quiénes serían la pareja y su padrastro en la audiencia (cuyos domicilios tampoco fueron constatados) por lo que considero que, de momento, debe confirmarse el auto recurrido. Así voto. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. (…) de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Rimondi, Divito. (Sec.: Besansón). c. 3.828/17, DANILO, Alexis s/ Excarcelación. Rta.: 07/02/2017 66

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Hecho investigado: robo en poblado y en banda. Imputado sin antecedentes condenatorios, identificado correctamente y con arraigo. Ausencia de indicadores de riesgos de elusión. Registro de procesos en trámite paralelos. Revocación. Concesión bajo caución real y la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado. Fallo: "(…) La escala penal prevista para el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda por el cual se requirió la elevación a juicio respecto de L. E. A. (cfr. fs. ...) y su carencia de antecedentes condenatorios, admiten la excarcelación solicitada, en función de la hipótesis contemplada en el artículo 316 segundo párrafo, segunda oración y 317 inciso 1 del código adjetivo. A su vez, su correcta identificación, tanto al momento de su aprehensión como ante el Registro Nacional de Reincidencia, y el haber sido constatado el domicilio que brindó a la prevención (fs. …), muestran que no se verifican, en principio, los riesgos de elusión que admitirían la denegatoria del instituto a tenor del artículo 319 del mismo código de forma. No obstante, en atención a los procesos en trámite paralelo que registra, en uno de los cuales se suspendió el proceso a prueba por el término de un año, la excarcelación debe ser otorgada bajo una adecuada caución real, cuyo monto, en virtud de lo dispuesto por el art. 320 del CPPN corresponde sea fijado en la suma de mil pesos ($1000), a la que habrá de adunarse la obligación de concurrir quincenalmente al juzgado de origen (art. 310, 320 y 322 del CPPN). En consecuencia, el tribunal RESUELVE: Revocar la decisión recurrida y conceder la excarcelación a L. E. A. bajo caución real de mil pesos ($ 1000) y la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado (artículos 310, 320 y 324, CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González Palazzo, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 12.468/17, ALDERETES, Leandro Ezequiel s/excarcelación. Rta.: 16/05/2017 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Asociación ilícita en calidad de jefe. Pena máxima prevista para el delito imputado que supera los 8 años de prisión. Peligro de elusión. Jerarquía de funciones asignadas al imputado que evidencia que cuenta con los medios para entorpecer la investigación. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa recurrió en apelación el auto documentado a fs. (…), en cuanto se rechazó la excarcelación de J. P. P. Se atribuye al nombrado, según el auto de procesamiento documentado a fs. (…) -no firme-, el delito de asociación ilícita en calidad de jefe (artículos 45 y 210, segundo párrafo, del Código Penal), cuya escala penal impide encuadrar su situación en alguna de las hipótesis contempladas por los artículos 316, segundo párrafo, y 317, inciso 1º del Código Procesal Penal, en atención a que el máximo de la pena supera los ocho años de prisión y su mínimo -de cinco años de prisiónimpide que una eventual condena resulte de cumplimiento en suspenso (art. 26 del Código Penal). A ello se adiciona que -según la imputación formulada- la organización delictiva investigada habría estado comandada por la jefa de la Circunscripción VII de la Policía Federal, S. A., y el imputado, quien por entonces revestía la condición de Comisario Inspector de la Dirección General de Comisarías de dicha fuerza, complementándose con funcionarios de distintas jerarquías que se desempeñaban en la Seccional 35ª y habrían sido los encargados de recaudar mensualmente dinero de los comerciantes y "trapitos" a cambio de otorgarles protección. Las características de los sucesos y el cargo que ostentaba el causante en la institución policial a la época de los hechos -cuando se ordenó su detención se desempeñaba como Jefe de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- permiten sostener que a la severidad de la pena conminada en abstracto se le añade la gravedad de la concreta imputación formulada, extremo que robustece el peligro de elusión, el que en el caso no se advierte neutralizado con la comparecencia del imputado ante el juez de la causa (…), luego de que se dispusiera recibirle declaración indagatoria. Por otra parte, cabe destacar que la jerarquía de las funciones asignadas a P. evidencia que cuenta con medios para entorpecer el curso de la investigación. Al respecto, es dable memorar que aún no se ha recabado el testimonio de los comerciantes que supuestamente entregaron sumas de dinero en el marco de actuación de la organización investigada -el señor Fiscal General expuso en la audiencia oral celebrada que aquéllos habrían sido objeto de exacciones ilegales o extorsiones- y bajo tales condiciones, puede inferirse que, de recuperar su libertad, el causante podría ejercer actos que afecten la tranquilidad de las personas que fueron convocadas a declarar. En ese orden, basta repasar lo expuesto el 2 de mayo pasado por H. A. K., imputado en esta causa, quien dio a conocer que el 27 de abril pasado advirtió en las inmediaciones de su domicilio ubicado en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, la sospechosa presencia de un automóvil de color negro -en marcha y con las luces encendidas-, que si bien se retiró cuando el denunciante se asomó por la ventana (…), al egresar éste de su casa encontró atado al picaporte de la puerta de ingreso un crespón de color negro (…). Tal acontecimiento avala el temor que relatara J. H. M., cabo primero de la Seccional 35° la Policía Federal Argentina, quien al entregar el video en el Ministerio de Seguridad de la Nación "hizo saber que temía por su vida en caso de que esto se filtrara o bien resultara judicializado", por lo que al haberse agregado esa prueba a 67

esta investigación "le causa miedo, pues teme sufrir represalias a instancias del Comisario V. o de las demás autoridades de la Policía Federal Argentina que se ven involucradas…ya sea ataques en la integridad física suya o de su familia" (…). Lo propio aconteció con R. A. G., numerario de la referida comisaría, quien denunció maniobras similares a las que motivaron el inicio de la causa nº 23.723/16 -acumulada a estas actuaciones- y solicitó que se le provea "en forma inmediata y urgente custodia para mí y mi familia a raíz de distintos hechos llamativos que le generaron temor" (…). Todo ello, sumado al contenido de la nota de fs. (…), motivó el requerimiento del juez de instrucción para que se incorpore a G. al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (…). Tampoco puede soslayarse la particular circunstancia de que luego de iniciadas estas actuaciones y tras el registro de la Comisaría 35° el 22 de agosto de 2016, el comisario N. V. fue trasladado sin más a la Comisaría 52°, decisión que no pudo escapar al conocimiento del por entonces Comisario Inspector P. y corrobora la idea de que podría usar su influencia para ejecutar actos que puedan entorpecer la investigación, máxime si se pondera que el funcionario prófugo, según lo narrado por el imputado H. K., dijo "yo tengo banca con P. que me trajo de la circunscripción quinta". En ese sentido, también resulta ilustrativa la actitud que habría asumido el aludido P. luego del allanamiento de la Seccional 35°, al solicitar que las cincuenta y cuatro comisarías le elevasen la totalidad de libros a su despacho -sesenta por cada una-, los que devolvió días después pero quedándose con el de la "Brigada", que aportaría a la fiscalía "para dar la sensación de colaboración" (...). De tal suerte, conforme a lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. (…) y lo manifestado por el Fiscal General ante esta Alzada, Dr. M. V., esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto extendido a fs. (…) de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Sánchez). c. 26.168/16, POTOCAR, José Pedro s/ Excarcelación. Rta.: 12/05/2017 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Asociación ilícita -en calidad de miembro-, incumplimiento de los deberes de funcionario público y concusión. Pena máxima prevista para el delito imputado que supera el límite de 8 años y mínima que no habilita a eventual sanción en suspenso. Seriedad o gravedad del hecho: circunstancia válida para presumir la fuga del imputado. Características de la organización delictiva investigada formada por policías de distintas jerarquías. Imputado que en caso de encontrarse en libertad podría entorpecer la investigación, posibles conductas de hostigamiento o amedrentamiento sobre los testigos. Riesgo de obstaculización. Tiempo en detención no desproporcionado en relación a la gravedad de la imputación. Confirmación. Fallo: "(…) I. Convoca a la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto documentado a fs. (…), en cuanto se denegó la excarcelación de P. C. II. Cuestiones preliminares. (…). III. Excarcelación de Cataldo. El juez Mariano A. Scotto dijo: El imputado fue procesado en orden a los delitos de asociación ilícita -en calidad de miembro-, incumplimiento de los deberes de funcionario público y concusión (artículos 45, 55, 210, primer párrafo, 249 y 266 del Código Penal de la Nación). Su soltura no es posible desde la perspectiva de los arts. 316, segundo párrafo, primer supuesto y 317, inciso 1º, del Código Procesal Penal, puesto que se ve superado el tope máximo de ocho años de pena privativa de libertad. En cuanto a la hipótesis remanente, debe ponderarse que el mínimo legal de tres años se ubica precisamente en el margen máximo de posibilidad de otorgarse una condena de ejecución condicional, ámbito en el cual, entre otros parámetros, debe valorarse la "naturaleza del hecho" (art. 26 del Código Penal). En ese entendimiento, la severidad de la pena ha sido concebida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una pauta de elusión (Informes números 12/96, parágrafo 86; 2/97, parágrafo 28; y 86/09, parágrafo 89), al igual que la Cámara Federal de Casación Penal (1). Lo propio ha sido establecido por la citada Comisión en orden a la seriedad o gravedad del hecho, como circunstancia válida para presumir la fuga del imputado, en los citados informes, criterio también prohijado a los mismos fines por la Cámara Federal de Casación Penal (2). En ese sentido, deben considerarse las características de la organización delictiva investigada, que se encontraría compuesta por policías de distintas jerarquías, ello es, H. R. P., ex comisario de la Seccional XX de la Policía Federal, el subcomisario L. F. A., el ayudante G. D. N., el cabo primero A. G. O. C. y el mencionado suboficial escribiente C., quienes según la imputación formulada brindaban protección exclusiva al prostíbulo regenteado por A. C. y J. I. D. y de ese modo evitar el inicio de las pertinentes investigaciones, a pesar de tener conocimiento de que en dicho lugar se desarrollaban conductas ilícitas. Tal accionar resulta harto gravoso, pues provendría de los funcionarios públicos destinados a garantizar la seguridad de los ciudadanos, extremo que autoriza a sostener que quien así se conduce, difícilmente observe las pautas que regulan el procedimiento. Asimismo, no puede desecharse que en el caso bajo estudio, además, se investigan las exigencias dinerarias que el personal de la citada Comisaría habría requerido a diversos comerciantes para ofrecer "protección". Por otro lado, C. podría entorpecer la investigación y procurar un resultado favorable en el proceso en el supuesto de encontrarse en libertad, mediante el ejercicio de conductas sobre los testigos que importen su hostigamiento o amedrentamiento, máxime si se pondera, como señaló la alzada al confirmar su procesamiento, que "de la conversación número 141019 emana un diálogo entre C. y "P." -quien sería P. C.-, el cual permite inferir la relación cercana que mantenía este último con el comisario P., al que se refiere como 68

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional "el hombre" [y] el audio número 212626 da cuenta de una comunicación en la que C. le expresó a C. "vamos ahí, vamos a hacer como que hago la inspección" [que] … acredita la protección que los funcionarios de la Seccional XX brindaban al local "P." y la concreta ejecución por parte de O. C. y de C. de esa actividad ilegal. A su vez, en el caso del último de los nombrados se verificó un vínculo casi familiar y de rotunda confianza con P., por cuanto el comisario resulta ser el padrino de su hijo, habiendo trabajado juntos también en las Seccionales X, X, X y X de la Policía Federal Argentina". Tales conductas futuras sobre víctimas o testigos importan un criterio pertinente en el ámbito de apreciación del riesgo de obstaculización al que remite el art. 319 del Código Procesal Penal (3), criterio que se sostuvo en estas mismas actuaciones recientemente (4). Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal a fs. (…) y por la Fiscalía General en la audiencia oral, la decisión puesta en crisis debe ser avalada, con mayor razón cuando el tiempo que C. lleva en detención no luce desproporcionado en atención a la gravedad de la imputación formulada. El juez Mauro A. Divito dijo: Con independencia de que la pena prevista para los delitos de asociación ilícita -en carácter de miembro-, incumplimiento de los deberes de funcionario público y concusión (artículos 45, 55, 210, primer párrafo, 249 y 266 del Código Penal), por los que P. C. se encuentra procesado, permite encuadrar su situación en el segundo supuesto que contemplan los arts. 316, segundo párrafo y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal, estimo que en el caso se verifican peligros procesales que autorizan a mantener su encierro cautelar. En ese sentido, la gravedad de la concreta imputación formulada resulta un indicador del peligro de elusión al que se añade, principalmente, el de entorpecimiento de la investigación que cabe presumir -tal como se ha reseñado en el voto que antecedeal valorar, conjuntamente, la condición de policía del imputado, su vínculo con el comisario P. y las características de los hechos atribuidos. Por ello, adhiero a la solución propuesta por el juez Scotto. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto pronunciado a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 52.640, C., P. s/ Excarcelación. Rta.: 07/02/2017 Se citó: (1) C.F.C.P., Sala I, c. 12.917, "C.", rta.: 14/05/2010; Sala II, c. 10.422, "B.", rta.: 19/03/2009; Sala III, c. 9957, "G.", rta.: 05/11/2008 y Sala IV, c. 10.315, "C.", rta.: 13/04/2009. (2) C.F.C.P., Sala II, c. 1247/2013, "O.", rta.: 14/11/2013; Sala III, c. 10.859, "C.", rta.: 19/06/2009; Sala IV, c. 10.512, "C.", rta.: 04/05/2009. (3) C.F.C.P., Sala II, c. 12.152, "A. D., J.", rta.: 29/03/2010 y C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.035/13/3, "C., A. C.", rta.: 12/09/2013. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 52640/16/1, "D., J. I."; c. 52640/16/2, "C., A." y c. 52640/16/3, "N., G. D.", todas ellas del 7 de diciembre de 2016. EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Rechazada. Agravio de las defensas: falta de legitimación del acusador particular para actuar en este proceso por tener una sentencia condenatoria en perjuicio de la damnificada e inexistencia de un perjuicio directo que lo habilite a ser tenido como tal toda vez que no es heredero. Acusador privado que habría a una perjudicado a la misma víctima, en los mismos bienes jurídicos que aquí pretende proteger para luego beneficiarse económicamente. Necesidad de preservar el correcto desarrollo del proceso. Revocación. Apartamiento. Fallo: “(…) apelación interpuesta por las defensas de (…) y (…), contra el auto de fs. (…) que no hizo lugar a la excepción de falta de acción, y por la defensa de (…), contra esa decisión y la imposición de costas a la vencida. II.- La solución recurrida cuenta con los requisitos exigidos por el artículo 123 del Código Procesal Penal, no vislumbrándose ninguna arbitrariedad o vicio que conlleve a su invalidez. Por ello, las controversias introducidas en este sentido no prosperarán y sólo se observan como una mera disconformidad con su contenido. III.- El (…) denunció a los nombrados por la supuesta comisión de los delitos que lo habrían perjudicado en su condición de sobrino de (…). Posteriormente acreditó su vínculo (…) y fue tenido por querellante. Transcurridos 6 años de trámite, (…), (…) y (…) fueron procesadas como autoras de la privación ilegítima de la libertad agravada cometida en perjuicio de (…), mayor de 70 años y, en caso de las dos primeras, en concurso ideal con circunvención de incapaz, decisión que fue confirmada por el voto de la mayoría de los miembros de esta Sala, con una integración diferente a la actual. En septiembre de 2016 se conoció su fallecimiento. Las defensas plantearon la falta de legitimación del acusador particular para actuar en este proceso. La fundaron, principalmente, en la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (…) 2 del Departamento Judicial de La Plata en la causa (…) por la que fue condenado por un injusto en perjuicio de su tía y, por otro lado, en la inexistencia de un perjuicio directo que lo habilite a ser tenido como tal toda vez que no es siquiera su heredero. IV.- La cuestión radica en determinar lo acertado, o no, de mantener a (…) en su actual rol teniendo en cuenta los sucesos acontecidos en los últimos meses. Esto es: lo resuelto el 26 de octubre pasado por la Suprema

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Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que, en principio, otorgó virtualidad a la sanción apuntada (…) y el fallecimiento de (…), carente de herederos forzosos. Es criterio de esta Sala que existen excepciones a los familiares taxativamente enumerados en el artículo 82 del Código Procesal Penal, ya que “cuando debemos decidir si el sujeto está legitimado o no, apreciando por un lado la protección judicial y, por el otro, la necesidad de mantener al Poder Judicial dentro de los límites adecuados (“La tendencia actual a ampliar la legitimación activa: sus riesgos”, María Vásquez JA 05/04/2006), corresponde excepcionalmente armonizar la citada norma en función del artículo 2 de ese catálogo” (1), pero en este caso la solución debe ser brindada merituando otro aspecto. Los argumentos de las defensas no serán atendidos en la forma pretendida, por cuanto por un lado no se verifican imputaciones recíprocas en un mismo legajo, lo que sí imposibilitaría a las partes adquirir legitimación activa, y porque si bien el artículo 2281 del Código Civil y Comercial reza “en todos los supuestos –de indignidad- enunciados, basta la prueba de que al indigno le es imputable el hecho lesivo, sin necesidad de condena penal”, lo cierto es que doctrina sostuvo: “la indignidad sólo se especifica y efectiviza cuando ha sido declarada judicialmente. Mientras no sea declarada judicialmente, no surte ningún efecto jurídico” (2). Pero más allá de no verificarse lo que estrictamente sugieren las defensas en su línea argumental, una interpretación más amplia de sus razones permiten inferir otros motivos de entidad suficiente para separar a (…) del rol que hasta ahora mantenía en la causa. Es que, fundamentalmente, la sentencia condenatoria que recobró vigencia luego de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en principio lo responsabiliza de realizar maniobras delictivas contra (…) que, en lo sustancial, se identifican con las investigadas en esta causa. Entonces, sin perjuicio que ese temperamento aún no esté firme, nos aparta de toda lógica elemental aceptar que en estas actuaciones se mantenga como acusador privado a una persona que habría perjudicado a la misma víctima, en los mismos bienes jurídicos que aquí pretende proteger. Contrariamente aquí acudiría para poder consumar la otra maniobra y hacer valer una condición de supuesto heredero que también aparece seriamente cuestionada y así finalmente, beneficiarse económicamente. Es decir, frente a este nuevo panorama y tras el planteo efectuado por las defensas, es imposible soslayar las circunstancias objetivas que rodean el entramado de conflicto entre las partes y que, para preservar el correcto desarrollo del proceso, impide compartir la decisión recurrida. Pues, tal como ya adelantamos, mantener como acusador a (…) contraría reglas básicas del sentido común y afecta una correcta administración de justicia en términos de igualdad de armas. Al respecto recordemos que “la sana crítica establece la plena libertad para el convencimiento de los jueces, reconociendo como límite el respeto a las normas que gobiernan la corrección del pensamiento, es decir las leyes de la lógica, de la psicología y de la experiencia común…” (3). V.- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso y APARTAR del rol de querellante a (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Prosec. Cám.: Asturias). c. 49.842/10, MAIDANA, Graciela Esther s/Incidente de falta de acción. Rta.: 09/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 10620/2015 “Campos”, rta.: 8/6/16; (2) Eduardo Gabriel Clusellas, “Código Civil y Comercial, Comentado, Anotado y Concordado”, Astrea y Notarial, tomo 7, página 892; (3) Guillermo Rafael Navarro – Raúl Roberto Daray, “Código Procesal Penal de la Nación, análisis doctrinal y jurisprudencial”, Hammurabi, 4° edición, tomo 3, página 177, Buenos Aires, 2010. EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Rechazada. Agravio de la defensa: Hecho atípico por aplicación del principio de insignificancia. Rechazo. Afectación al derecho de propiedad. Confirmación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la (…), contra el auto de fs. (…) que rechazó la excepción de falta de acción que promoviera. II.- Entiende la asistencia técnica que su conducta no constituye delito, en la medida en que no importó una afectación penalmente relevante del bien jurídico tutelado (propiedad); es decir que el escaso valor del objeto, presuntamente sustraído, torna aplicable la teoría de la "insignificancia". III.- Esta Sala, aunque con una integración parcialmente distinta, sostuvo que "…la doctrina como la jurisprudencia [entienden] que la excepción de falta de acción resulta procedente cuando la atipicidad es evidente y palmaria pues, a través de esta vía procesal, no se admite debate ni producción de prueba" (1), circunstancias que no se verifican en este caso. Cabe recordar también que "…el delito de hurto no distingue graduación alguna en lo que respecta a la lesión del bien jurídico tutelado, pues la protección al derecho de propiedad es tan amplia que se verá afectado más allá del valor económico que la cosa en sí posea" (2). Por su parte, nuestro máximo Tribunal postuló en el precedente "Adami, Leonardo Esteban" que "De la manera como se encuentra legislado el hurto, cualquiera que sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte como consecuencia del apoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que la conducta quede comprendida en el artículo 162 del Código Penal" (Fallos: 308:1796). Y que la "insignificancia" sólo podría jugar cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter, lo que no se da en este supuesto. Finalmente, la doctrina afirmó que "[…] Solamente cuando la insignificancia del valor de la cosa pueda racionalmente hacer presumir el consentimiento del propietario; cuando sus características autoricen a 70

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional considerar a la cosa como ´res nullius´, aún hallándose bajo la esfera de custodia de alguien, deberá decirse que no hay hurto […]" (3), extremo que como ya mencionamos no se vislumbra en autos. En consecuencia, no logrando la parte conmover el pronunciamiento cuestionado, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Carande). c. 61.425/16, DUNAJEC, Sergio s/incidente de falta acción. Rta.: 06/03/2017 Se cito: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 60020864/13, "Bastiano, Leonardo Javier", rta.: 03/12/13; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 1688/16, "Frank, Cristián Omar", rta.: 18/03/16; (3) Soler, Sebastián; "Derecho Penal Argentino"; Tomo IV, Ed. TEA; 11° edición; 2000; pág. 215. EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Rechazada. Agravio de la defensa: Legitimados que no son ofendidos porque no han sido declarados herederos del causante. Delito investigado: Circunvención de incapaz. Sucesión en la cual se encuentra pendiente la declaratoria de herederos. Maniobra que, de verificarse, perjudicaría a los querellantes al verse afectada la porción de herencia. Sujeto pasivo: puede ser un sujeto distinto del menor o incapaz. Confirmación. Fallo: "(…) III. La defensa sostiene que P. R. y A. I. B. A. no revisten la calidad de ofendidos por el delito investigado (art. 174, inc. 2do del C.P.) pues, si bien son sobrinos de L. E. G. A., no fueron declarados herederos del causante. Si bien es cierto, como afirma la defensa, que en el marco de la sucesión ab intestato de L. E. G. A., en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Civil N° 90 (expediente nro. 81.592/2016, ver fs. …) no ha recaído aún declaratoria de herederos, tal circunstancia no impide que, de verificarse la maniobra denunciada, los querellantes puedan resultar directamente perjudicados al verse afectada la porción de la herencia que, en principio y de no existir herederos con mejor derecho, les pudiera corresponder. En este sentido, se ha sostenido que "El artículo 174, inciso 2° del Código Penal, es claro cuando alude al daño hacia el menor, el incapaz, o "de otro", referencia que permite sostener que si bien el sujeto pasivo será el menor o incapaz, en tanto la acción descripta por el tipo sólo a ellos puede dirigirse, ofendido o perjudicado, en tanto la ley lo establece, puede ser un sujeto distinto a aquellos" (1). En igual inteligencia, se ha dicho que "El heredero legítimo o testamentario es el "otro" que puede resultar ofendido por el delito de circunvención de incapaz …en razón de la disminución del acervo hereditario que implica el abuso" (2). Por lo tanto, esta referencia que hace la ley habilita a sostener que si bien el sujeto pasivo de este delito será el menor o el incapaz, también, en tanto la ley lo establece, puede ser un sujeto distinto de aquellos. Entonces, teniendo en consideración que según el requerimiento fiscal de fs. (…) del principal, las maniobras denunciadas podrían subsumirse en la figura analizada y que, de verificarse, habrían provocado una disminución del acervo hereditario, en principio, en perjuicio de los querellantes (cfr. fs…), corresponde rechazar los agravios de la defensa y homologar la resolución atacada. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Prosec. cám.: Daray). c. 39.194/15, U., A. E. y otro s/ falta de acción. Rta.: 29/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. Y Correc., Sala VI, C. nro. 297/2012 "NN s/ pretenso querellante", rta. 18/4/12 en donde se citó de la Sala V, c. nro. 38.458 "Z.", rta. 18/2/10. (2)C.N.Crim. y Correc., Sala V, C. 40.482, "P., R. s/defraudación", rta. el 7/02/2011 y sus citas, del voto del Dr. Pociello Argerich. EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Rechazada. Agravio: Aplicación de la causal prevista en el art. 59 inc. 6° del CP por haberse logrado un acuerdo económico entre las partes. Causal invocada que ha perdido operatividad con el Decreto Ley 257/2015 que postergó su implementación. Confirmación. Disidencia: Causal que se aplica debido a que un Decreto del Poder Ejecutivo no puede suspender la aplicación de una norma de fondo. Revocación. Fallo. "(...) en razón de la concesión del recurso de apelación interpuesto por el Dr. José Console, defensor particular de V. O. B., contra la resolución obrante a (fs. ...), en cuanto no se hizo lugar a la excepción de falta de acción por extinción de la acción penal, oportunamente interpuesta (art. 339, inciso 2°, del CPPN). (...). Al momento de corrérsele vista en los términos del art. 349 de la normativa procesal, la defensa dedujo excepción de falta de acción por extinción de la acción penal (fs. ... del incidente) bajo el argumento de que el imputado y el damnificado arribaron a un acuerdo económico ante la empresa "Z. Argentina Compañía de Seguros S.A.", en el marco del cual aquel desistió de cualquier proceso iniciado (ver fs. ...). En consecuencia, a su criterio, resulta aplicable la causal prevista en el art. 59 inc. 6° del Código Penal, en tanto las partes llegaron a un acuerdo conciliatorio. Para sustentar su tesitura destacó que no es posible supeditar la aplicación de una norma del Código Penal a la puesta en ejecución de una ley de procedimiento que aún no entró en 71

vigencia ya que implicaría una desigualdad de tratamiento, en tanto si el hecho hubiese ocurrido en provincia la cuestión se resolvería en una Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos, lo que viola el principio de igualdad previsto en el art. 16 de la Constitución Nacional. De este modo, entiende que se debe citar al damnificado para que ratifique ante el juez la voluntad conciliatoria y, en base a su respuesta, declarar extinguida la acción penal. El juez Luis María Bunge Campos dijo: Si bien en el precedente "Mazer" -causa nro. 70.166 de la Sala VI de esta Cámara, resuelto el 15 de octubre de 2015- he sostenido que la aplicación del instituto de extinción de la acción penal, contenido en el artículo 59, inciso 6° del Código Penal requería de la aplicación del Código Procesal Penal, aprobado por la ley 27.063 cuya implementación se había dispuesto para los primeros días de marzo de este año, entiendo que la situación se ha modificado tras el dictado del decreto 257/15 mediante el cual aquélla se postergó, conforme un cronograma de implementación progresiva. En este sentido, y tal como sostuve al votar en la causa "Giampaoletti" de esa misma Sala, resuelto el pasado 31 de agosto (causa n° 12.750/14), ello no puede implicar que estos institutos de extinción de la acción penal contenidos en el Código Penal no se puedan aplicar por lo dispuesto en un decreto. En ese caso estaríamos haciendo una interpretación in malam partem de la posibilidad de aplicar una norma de fondo que extingue la acción penal, otorgándole a un decreto del Poder Ejecutivo una potestad de la que carece, cual es la suspensión de la aplicación de una norma de fondo. No se puede soslayar, en este punto, el principio general contenido en el artículo 2 del Código Penal que establece que se aplicará siempre la ley más benigna. El adverbio "siempre" es claro en que no se admiten excepciones a esta regla. Por ello, entiendo que se debe formar el respectivo incidente a efectos de escuchar a las partes, a fin de que manifiesten si la víctima ha recibido una reparación integral y si el Ministerio Público, en ese supuesto, considera que la acción penal se ha extinguido o no. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Tal como he sostenido al adherir al voto del Dr. Ricardo Matías Pinto en el precedente n° 50.621/11 de la Sala V de esta Cámara, "Gluzman", resuelto el pasado 21 de abril, entiendo que el legislador ha incurrido en una equivocación, académicamente conocida como "error de libros", al incorporar materia vinculada con el ejercicio de la acción penal en el código sustantivo. En este sentido, la regulación de dicha materia (y dentro de ella, más específicamente, la extinción de la acción penal) integra el conjunto de poderes que las provincias no han delegado en el gobierno federal, por lo que la expresa previsión en la ley local es indispensable para la aplicación del instituto de la conciliación. En efecto, el inciso 6° del art. 59, en todo caso, resulta una norma marco incorporada al Código Penal al sólo efecto de no restar eficacia a los posibles ordenamientos locales frente a los diferentes criterios existentes en torno a la disponibilidad de la acción penal por parte del acusador público. Ello se colige de la exposición efectuada por el senador nacional Urtubey, en cuanto sostuvo que "… las provincias argentinas hacen sus códigos y empezaron a admitir que los fiscales podían dejar de lado la acción cuando se producían situaciones de reparación, conciliación o el caso de principio de oportunidad. ¿Qué hicimos nosotros? Para zanjar esta discusión y convertirla en una cuestión casi de gabinete dijimos: pongamos en el Código Penal esta posibilidad de extinción de la acción, para que quede claramente en el Código Penal sancionado para todo el país, como código de fondo, que esa posibilidad de disponer de la acción exista. Por supuesto que en las condiciones que cada ordenamiento procesal penal de la provincia disponga. Simplemente, ha quedado conciliada esta diferencia en cuanto a si tenía que estar en el código de fondo; lo hemos puesto allí" (cfr. versión taquigráfica de la 4° reunión -3° sesión ordinaria- del 27 de mayo de 2015). Sentado cuanto precede y en atención a lo alegado por el Dr. Console en la audiencia, sólo me resta destacar que la normativa bajo estudio no establece distingo alguno entre la conciliación y la reparación integral, debido a que en ambos casos remite a la legislación procesal que, como he dicho, no ha entrado en vigencia, de modo tal que ninguna consideración adicional corresponde efectuar al respecto. Por los motivos expuestos voto por homologar el decisorio puesto en crisis. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Luego de escuchar el audio de la audiencia y sin tener preguntas que formular, adhiero al voto del juez Rimondi por cuanto tal como he sostenido al votar en los precedentes n° 70.166/04, "Mazer", resuelto el 15 de octubre de 2015, n° 12.989, "Lecea", del 27 de abril de 2016 y n° 12.750/14, "Giampaoletti", resuelto el 31 de agosto de 2016, todos de la Sala VI de esta Cámara y a cuyas consideraciones me remito en honor a la brevedad, entiendo que la causal invocada e incorporada al código sustantivo perdió operatividad desde que el Decreto Ley 257/2015 postergó su implementación. En consecuencia, voto por homologar el auto apelado. Por las consideraciones expuestas en el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto glosado a (fs. ...), en todo cuanto fuera materia de recurso (art. 455 del CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos (en disidencia), Rimondi, Lucini. (Sec.: Sosa). c. 71.961/13, BALSEIRO, Vicente.s/ Falta de acción. Rta.: 05/04/2017 EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Rechazada. Delito de acción privada. Excepción de falta de acción basada en cuestiones probatorias y ajenas al instituto. Confirmación. Audiencia de conciliación que debió ser suspendida ante la presentación de la excepción de falta de acción y no concretada sin la presencia del imputado. Magistrado que debió suspenderla. Nulidad. Fallo: "(…) recurso de apelación interpuesto por la defensa de (…), contra el párrafo primero del auto de fs. (…) que rechazó in limine el planteo de falta de acción que articulara. II.- En oportunidades anteriores esta Sala, aunque con una conformación parcialmente distinta, ha sostenido que el querellado tiene a su disposición todos los derechos inherentes a su condición, pero adecuados al

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional especial trámite previsto para juicios por delitos de acción privada. Por ello está habilitado para interponer las excepciones legalmente contempladas (1). Entonces, si bien su rechazo bajo ese fundamento no sería acertado, lo cierto es que lo argumentado por el imputado en su presentación versa exclusivamente sobre la valoración que debe hacerse de una prueba agregada al sumario y sobre cuestiones de fondo, lo cual es ajeno a la vía intentada y provoca su rechazo. Nótese que nada de lo allí expuesto surge de forma manifiesta e inequívoca del escrito promotor de la acción. III.- Estimamos que la interposición de la excepción impone la suspensión de la audiencia prevista en el artículo 424 del Código Procesal Penal de la Nación (ver el precedente enunciado y sus citas). Aún cuando la defensa no lo planteó, se advierte que el magistrado, en lugar de fijar una nueva al mismo efecto, concretó la ordenada pero sin la participación de la parte, lo que indudablemente afectó sus garantías constitucionales. Por ende, debe aplicarse la solución prevista en el artículo 167 inciso 3° del citado ordenamiento. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: I.- CONFIRMAR lo dispuesto en el párrafo primero del auto de fs. (…), en cuanto ha sido materia de recurso; II.- DECLARAR LA NULIDAD de lo decidido en el párrafo segundo del auto de fs. (…) y lo actuado en consecuencia, debiendo el magistrado proceder conforme se indica en el acápite III de los considerandos. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Silva). c. 52.401/15, OLSON RIET, Juan Pablo s/falta de acción y suspensión de audiencia. Rta.: 02/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 42210/11, "Kodama, María", rta.: 22/8/13. EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Rechazada. Agravio de la defensa: abuela del menor damnificado que no puede estar legitimada ante el fallecimiento de la madre debido a que el padre resulta ser quien tiene el vínculo más cercano. Rechazo. Excepción al art. 82, párrafo tercero del CPPN. Padre del niño por reside en el exterior y que otorgó oportunamente un poder a la abuela para ejercer la tenencia y garantizar sus derechos. Hecho de graves particularidades. Abuela legitimada que resulta ser la única pariente cercana mejor posicionada para ejercer las acciones que resguarden al menor. Confirmación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa (…), contra el auto de fs. (…) que rechazó la excepción de falta de acción formulada. II.- El recurrente planteó que (…) como abuela del menor no está legitimada para instar la acción penal contra (…), en relación a los abusos sexuales denunciados pues no es su representante legal, calidad que sólo podría revestir, ante el fallecimiento de su progenitora, sólo su padre. Sobre esa base solicitó el archivo del legajo y el sobreseimiento de su defendido por incumplimiento de las previsiones del artículo 72 del Código Penal. III.- Se constata que la víctima nació en la ciudad de (…), que su madre falleció y que en el 2009 su padre, (…), autorizó a que se mudara junto a su abuela a nuestro país. Tres años después su progenitor otorgó un poder general y especial a la nombrada con múltiples facultades, entre ellas, la de "representarlo ante toda clase de autoridades y funcionarios nacionales o extranjeros, así como ante toda clase de persona natural o jurídica" y fue contundente al dejar asentado que "el presente poder no podrá ser tachado de insuficiente pues es deseo del poderdante que la apoderada ejerza las referidas facultades sin reserva ni limitación alguna". Si bien sólo se aportó en la causa una copia del documento, de fs. (…) surge que el original se exhibió ante la prevención al efectuar la denuncia. Además cuenta con la Apostilla emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú y nuestro Estado se comprometió en el Convenio de la Haya de 1961 a reconocer la validez de esos instrumentos sin necesidad de otro tipo de autenticación. Es decir que cuenta con las formalidades requeridas. Por otra parte valoramos que el padre del niño por residir en el exterior está impedido de velar por sus intereses y expresó claramente su deseo de que su abuela ejerza la tenencia y garantice sus derechos en nuestra República. Se debe acudir a la realidad sin rigorismos formales extremos. No se pueden desconocer las graves particularidades del hecho, atento a que se trata de una víctima de ataques sexuales serios y prolongados durante varios años y desde su pubertad, perpetrados por el marido de su prima. Además, como único pariente cercano la denunciante es quien mejor está posicionada para ejercer las acciones que resguarden al menor. Esta Sala en una composición parcialmente distinta, efectuó una excepción a los familiares expresamente enunciados en el artículo 82, párrafo tercero, del Código Procesal Penal de la Nación, otorgando legitimidad a un pariente de igual grado al que reviste (…), dando preeminencia al vínculo más cercano con el damnificado (1). Esta interpretación es la más acertada para el caso pues, como se dijo, (…) reside en este país desde hace 8 años. Lo contrario importaría desampararlo de toda protección judicial, contrariando las obligaciones asumidas por el Estado al ratificar la Convención Sobre los Derechos del Niño, pudiendo incurrir en extrema gravedad institucional. 73

Finalmente, recordamos que (…) fue procesado por el delito de abuso sexual agravado en cuatro oportunidades, por ser la víctima un menor de dieciocho años de edad y aprovechado la situación de convivencia preexistente y, en dos de ellas, también se calificó por el acceso carnal y contagio de su enfermedad de transmisión sexual, conociendo que la padecía, injustos que concurren idealmente con el de corrupción de un menor de dieciocho años de edad agravado por la condición de convivencia preexistente.Es decir, que las conductas dependientes de instancia privada que se le endilgan son inescindibles del reproche de acción pública descripto, por lo que el escollo procedimental planteado por la impugnante tampoco encontraría apoyo en las restantes constancias de la causa, ya que surge que el fiscal promovió la acción y posteriormente presentó el requerimiento de la elevación a juicio a fs. (…). Por todo lo expuesto, el Tribunal RESULEVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Silva). c. 4.142/16, C. D., H. s/Falta de acción. Rta.: 09/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 10620/15, "C., J. J. s/ pretenso querellante", rta.: 8/06/16. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Rechazada. Falsa denuncia. Agravio: Pago del mínimo de la multa prevista. Rechazo. Delito que prevé pena alternativa de prisión o de multa. Causal de extinción que funciona para los delitos reprimidos únicamente con multa. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa de V. A. P. interpuso recurso de apelación contra la decisión extendida a fs. (…), puntos 1 y 4, (…) no hacer lugar a la extinción de la acción penal. (…) En cuanto a la cuestión a decidir, la asistencia técnica sostuvo que "cuando el art. 64 del Cód. Penal establece que el pago del mínimo de la multa produce la extinción de la acción penal…incluye tanto los casos en los que esta sanción está prevista de manera exclusiva como también a los delitos en los que tal sanción se encuentra fijada de manera alternativa" (...). Al respecto, es dable señalar que el artículo 245 del Código Penal, prevé la aplicación -alternativa- de una pena de prisión o de multa; de modo que la elección de un tipo u otro de sanción queda librada al órgano judicial, que puede optar indistintamente por cualquiera de dichas sanciones, siguiendo las reglas del artículo 41 del citado ordenamiento. En ese marco, en relación con el artículo 64 de la ley sustantiva, se ha dicho que "Existe consenso respecto de que la causal de extinción solamente funciona en el ámbito de los delitos reprimidos únicamente con pena de multa. No es factible si además es posible (en abstracto) otra pena, alternativa…" (1). Por lo expuesto, a criterio de esta Sala, en el caso no resulta procedente el pago voluntario como un medio de extinción de la acción penal, pues para el delito de falsa denuncia -artículo 245 del Código Penal- la ley no establece la multa como pena única, sino de manera alternativa con la de prisión (2). Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: I. (…) II. CONFIRMAR el auto extendido a fs. (…), punto 4, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec. Cám.: Decarli). c. 13.641/16, PONCE, Vicente A. s/ Procesamiento. Rta.: 18/05/2017 Se citó: (1) David Baigún y Eugenio Zaffaroni, Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial, 2da. ed., Hammurabi, Bs. As., 2007, t. 2B, p. 296. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.878, "Dominique, Alejandro", rta: 30/11/2009; c. 39.526, "Alé, Jorge", rta.: 20/09/2010 y c. 2086/12, "González, Evaristo M.", rta: 15/02/2013. EXTINCION DE LA ACCIÓN PENAL. Por aplicación del art. 59, inc. 6 del CP rechazada. Lesiones agravadas. I- Legitimación de la actuación del auxiliar fiscal en la audiencia (Resolución PGN 103/08 y Art. 51, de la Ley 27.148). Disidencia: Ausencia del Fiscal General en la audiencia (Art. 454, C.P.P.N.). Recurso desierto. II. Acuerdo de conciliación suscripto entre las partes. Rechazo. Inaplicabilidad. Legislación que remite al Código Procesal Penal sancionado por la ley 27.063 cuya vigencia fue dejada en suspenso a través del Decreto Nº 257/2015). Investigación por hechos de violencia de género en los que han sido prohibidas las audiencias de conciliación o mediación para esta clase de conflictos. (Art. 28, Ley 26.485). Acuerdo suscripto por las partes para dar fin al conflicto que igualmente resultaría, cuanto menos, de dudosa aplicación para el caso. Confirmación Fallo: "(…) II. Cuestión previa El juez Ricardo Matías Pinto dijo: Previo expedirme sobre el fondo del recurso planteado, corresponde realizar un análisis acerca de la legitimación del fiscal auxiliar para intervenir en la audiencia y replicar los argumentos de los recurrentes. En esa dirección, debo señalar que frente a la ausencia del Fiscal General a la audiencia prevista por el art. 454 del código adjetivo, y por los fundamentos brindados en las causas nro. 64.169/14, "Alviña" y nro. 16908/15, "Ortega" resueltas por esta Sala el 23 y 24 de febrero de 2017, respectivamente -a cuyos argumentos me remito-, considero inadmisible la réplica formulada por el Dr. Piombo. Así voto.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Respecto del planteo efectuado en relación con la actuación de un fiscal auxiliar en la audiencia, nada puede objetarse a su desempeño en la alzada en tanto cuentan con una resolución de la Procuración General de la Nación que así lo autoriza -PGN 103/08- (ver en este sentido CFCP, Sala III, causa n° 5322 "Almada, César" del 22/02/05). Por otro lado, no encuentro motivos para cuestionar en este momento una actuación que viene dándose hace más de ocho años en forma más que eficiente y que permitió el funcionamiento de esta Cámara frente a la gran cantidad de audiencias que se desarrollan en cada sala. Así voto. El juez Mariano A. Scotto dijo: En virtud de la disidencia suscitada entre mis colegas exclusivamente en relación con la legitimación de los auxiliares fiscales para intervenir en las audiencias, luego de escuchar el audio de la misma y sin tener preguntas que formular, corresponde que me expida sobre la cuestión. Así, en la medida que el artículo 51 de la ley 27.148 autoriza la designación de auxiliares fiscales que "actuarán bajo las instrucciones del Fiscal General pudiendo asistir a audiencias (inc. b) con los límites dados por el recurso de apelación, y que, el funcionario fiscal ha sido designado en los términos del art. 52 de la citada norma, comparto la propuesta del juez Pociello Argerich. Así voto. III. Resuelta la cuestión vinculada a la intervención del auxiliar fiscal, respecto al fondo del asunto, los jueces Ricardo Matías Pinto y Rodolfo Pociello Argerich dijeron: De conformidad con la postura asumida por este Tribunal en el precedente "Mustapic" (causa nro. 45.159/14, rta: el 5/4/17), el planteo formulado por las partes con motivo del acuerdo celebrado -mediante el cual solicitan que se dicte auto de sobreseimiento respecto del imputado por encontrarse extinguida la acción penal en aplicación de lo normado por el art. 59, inc.6 del C.P.-, no puede prosperar. En lo que aquí interesa, allí se sostuvo que la modificación del artículo 59 del inciso 6° Código Penal, según ley 27.147, que añadió como causales de extinción de la acción penal la conciliación o reparación integral del perjuicio, remite en forma expresa a la ley procesal cuando prescribe "de conformidad con lo previsto en las leyes procesales vigentes" (textual) y, la entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación, según ley 27.063, ha sido suspendida por el DNU 257/2015, del 24/12/15, ratificado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo -ley 26.122- (ver orden del día N° 917 de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional), el 16/02/16. En base a ello, y al resto de los fundamentos desarrollados in extenso por el Tribunal en el precedente citado a cuya lectura remitimos-, el acuerdo celebrado entre las partes no conduce a la solución pretendida por los recurrentes sobre la base de lo establecido en el artículo 59, inciso 6° del código de fondo, en tanto remite a la legislación procesal respectiva y el Código Procesal Penal sancionado por la ley 27.063 que -como se señalóno ha entrado en vigencia. De otro lado, en atención a la particularidad del caso, en el que se investigan hechos ocurridos en un contexto de violencia que debe ser analizado desde la perspectiva de género, cabe poner de resalto el énfasis puesto por el Estado Nacional en la persecución de toda violencia practicada contra la mujer mediante la suscripción de la "Convención de Belem do Para" y la Ley 26.485 en la que han sido expresamente prohibidas las audiencias de mediación y de conciliación para este tipo de conflictos (art. 28 in fine de la citada ley). De ello se infiere que el acuerdo suscripto por las partes para dar fin al conflicto resultaría, cuanto menos, de dudosa aplicación para el caso que nos convoca. En consecuencia, por compartir los fundamentos del juez en la resolución impugnada y de conformidad con lo que surge del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: I. DECLARAR VÁLIDA la intervención del Dr. Piombo en la audiencia celebrada el 11 de abril pasado. II. CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto (en disidencia parcial), Scotto, Pociello Argerich. (Prosec. Cám.: Daray). c. 60.733/16, K., G. D. s/ lesiones agravadas. Conciliación. Rta.: 19/04/2017 EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. I) Auxiliar Fiscal: Análisis de la legitimación. Validez en tanto no exceda los motivos de agravio introducidos oportunamente en el recurso (arts. 51 y 52 de la ley 27.148). Disidencia: Actuación inválida. Manifestaciones en la audiencia que no serán tenidas en cuenta. II) Extinción de la acción penal rechazada. Agravio: Aplicación de la causal prevista en el art. 59 inc. 6° del CP por haberse logrado un acuerdo económico entre las partes. Instituto que perdió operatividad con la sanción del decreto/ley 257/15 que postergó la implementación del C.P.P.N. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Ricardo Matías Pinto dijo: Previo expedirme respecto del fondo del recurso planteado, corresponde realizar un análisis acerca de la legitimación del Dr. Piombo en su calidad de auxiliar fiscal para intervenir en la audiencia y efectuar la réplica. En esa dirección, cabe señalar que frente a la ausencia del Fiscal General a la audiencia prevista por el art. 454 del código adjetivo, y por los fundamentos brindados en las causas 64.169, "Alviña" y 16.908, "Ortega" resueltas por esta Sala el 23 y 24 de febrero de este año, respectivamente -a cuyos argumentos me remito-, corresponde declarar inválida la intervención del Dr. Piombo en la audiencia de modo tal que no se tendrán en cuenta sus manifestaciones en la audiencia, a fin de no vulnerar el derecho de defensa en juicio de la contraparte (art. 167 inc. 1° del C.P.P.N.). Así voto.

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El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Respecto al planteo efectuado en relación a la actuación de un fiscal auxiliar en la audiencia, en tanto no exceda los motivos de agravio introducidos oportunamente en el recurso, nada puede objetarse a su desempeño en la alzada, en tanto cuentan con una resolución de la Procuración General de la Nación que así lo autoriza -PGN 103/08- (ver en este sentido, CFCP, Sala III, causa nro. 5322 "Almada, César" del 22/2/05). Por otro lado, no encuentro motivos para cuestionar en este momento una actuación que viene dándose hace más de ocho años en forma más que eficiente y que permitió el funcionamiento de esta Cámara frente a la gran cantidad de audiencias que se desarrollan en cada sala. Así voto. El juez Mariano A. Scotto dijo: En virtud de la disidencia suscitada entre mis colegas exclusivamente en relación a la legitimación de los auxiliares fiscales para intervenir en las audiencias, luego de escuchar el audio y sin tener preguntas que formular, me encuentro en condiciones de expedirme sobre la cuestión. Así, en la medida en que el artículo 51 de la ley 27.148 autoriza la designación de auxiliares fiscales que "actuaran bajo las instrucciones del Fiscal General pudiendo asistir a audiencias (inc. b) con los límites dados por el recurso de apelación, y que el funcionario fiscal ha sido designado en los términos del art. 52 de la citada norma, comparto la propuesta del juez Pociello Argerich. Así voto. III. Resuelta la cuestión vinculada a la intervención del Dr. Piombo, corresponde que nos expidamos sobre el fondo del asunto. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: El acuerdo que obra a fs. (…) no puede ser aceptado como propone la defensa, por cuanto la modificación del artículo 59 del inciso 6° Código Penal, según ley 27.147, que añadió como causales de extinción de la acción penal a la conciliación o reparación integral del perjuicio, remite en forma expresa a la ley procesal cuando prescribe "de conformidad con lo previsto en las leyes procesales vigentes" (textual). La entrada en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación, según ley 27.063, ha sido suspendida por el decreto de necesidad y urgencia 257/2015, de fecha 24 de diciembre de 2015. Al respecto cabe destacar que éste fue ratificado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo -ley 26.122- (ver orden del día N° 917 de la Cámara de Senadores del Congreso Nacional), el día 16 de febrero del 2016. Así, puede sostenerse que el acuerdo celebrado entre las partes no conduce a la solución pretendida por el recurrente sobre la base de lo establecido en el artículo 59, inciso 6° del código de fondo, en tanto remite a la legislación procesal respectiva y el Código Procesal Penal sancionado por la ley 27.063 y además -como se señaló- no ha entrado en vigencia. Además, debe apuntarse que la modificación aludida en virtud de la norma 27.147 tuvo por objeto adecuar ciertos preceptos de la ley 27.063, mediante la cual se reguló una nueva norma de procedimientos en el orden nacional que aspira a instaurar un sistema guiado por el principio acusatorio y aún no se encuentra en vigor. En este ordenamiento se introducen soluciones alternativas de resolución de conflictos -artículos 30 a 35 y 218-, entre las que se encuentra la conciliación cuya aplicación pretende la defensa en este caso (ver en tal sentido de esta Cámara, Sala VII, causa N° 33944/2015/CA1 "B., L.", rta. 10/2/16 y de Sala IV, causa N° 14814/2014/CA3, "Ávila, Jorge Osvaldo", rta. 28/12/2015). En igual inteligencia, comparto los argumentos brindados por el Juez Gustavo Rofrano en la causa N° 635/2014/TO1, del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 7 de fecha 26 de noviembre de 2015, en la cual el magistrado hizo referencia a la clara remisión de la norma (art. 59 inc. 6°) al ordenamiento procesal que cada provincia dicte al respecto, por lo que no debería tener efectos operativos hasta tanto la ley de forma no defina las condiciones de procedencia del instituto. Esta interpretación concuerda con el texto y con el espíritu de la ley, tal como lo establece el término "de conformidad con" que necesariamente alude a la existencia de una norma adjetiva que defina los alcances de esa regla de extinción. Sin perjuicio de la hermenéutica de la norma a la luz de su texto en forma literal, cabe analizar la cuestión de acuerdo a la voluntad e intención del legislador. En este sentido de la exposición efectuada por el Dr. Uturbey, Senador Nacional, en el Senado surge que "…Las provincias argentinas hacen sus códigos y empezaron a admitir que los fiscales podían dejar de lado la acción cuando se producían situaciones de reparación, conciliación o el caso de principio de oportunidad. ¿Qué hicimos nosotros? Para zanjar esta discusión y convertirla en una cuestión casi de gabinete dijimos: Pongamos en el Código Penal esta posibilidad de extinción de la acción, para que quede claramente en el Código Penal sancionado para todo el país, como código de fondo, que esa posibilidad de disponer de la acción exista. Por supuesto que en las condiciones que cada ordenamiento procesal penal de la provincia disponga. Simplemente, ha quedado conciliada esta diferencia en cuanto a si tenía que estar en el código de fondo; lo hemos puesto allí" (cfr. versión taquigráfica de la 4° Reunión - 3° Sesión ordinaria- 27 de mayo de 2015). En este aspecto, la conciliación no resulta un instituto que pueda aplicarse sin más, ante la falta de una regulación expresa en la normativa de forma que le brinde contenido, especificando los requisitos en los cuales procede. El legislador no tuvo la finalidad de que la extinción de la acción penal por conciliación fuera directamente operativa, pues artículo 4° de la ley 27.147 refiere que "la suspensión de juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes. Ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarán las disposiciones de este título". En definitiva, si se hubiera tenido el objetivo de que este modo de finalizar la acción penal fuese directamente operativo, debió haberse introducido una fórmula similar a la que fuera utilizada para la probation en la conciliación y reparación integral del perjuicio. Por el contrario, aquel instituto se encuentra regulado en la ley de fondo en cuanto a su contenido y requisitos, fijando un estándar mínimo que debe respetarse.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En el caso de la conciliación y reparación, a diferencia de la suspensión del proceso el Código Penal no estipuló las condiciones y requisitos necesarios para su aplicación. Por el contrario la ley remitió su regulación a la normativa procesal. Por otro lado, es dable valorar especialmente el contexto en el cual se sancionó la ley 27.147 que modificó el artículo 59 del Código Penal, el mismo día en que se sancionó la ley 27.150 que dispuso que el nuevo código procesal entraría en vigencia recién el 1° de marzo de 2016 y que, actualmente, se encuentra suspendido por el decreto N° 257/2015. En definitiva, más allá del debate en cuanto a establecer si el instituto de la conciliación pertenece al derecho procesal o penal, su contenido y regulación remite a las jurisdicciones locales tal como fue redactada la norma (1). De esta forma, no puede suponerse la inconsecuencia o falta de previsión del legislador (conforme doctrina de la CSJN en Fallos: 297:142, 300:1080, 301:460 y 310:192, entre otros) que delegó esta cuestión en la legislación procesal, por eso mientras no se encuentre regulado en los códigos procesales, no se afecta el principio de igualdad ante la ley toda vez que los presupuestos son distintos en razón del lugar donde se comete el delito. El legislador ha condicionado una regla a lo que dispongan las leyes procesales correspondientes a la par que el mismo día y en el mismo contexto pospuso la entrada en vigencia de la norma procesal en la que preveía como causal de extinción la conciliación y la reparación del daño. (leyes 27.150 y 27.147). Debe tenerse en cuenta que "Si observamos el conjunto de códigos, fácil es advertir en muchos de ellos la inclusión de criterios de oportunidad en su normativa propia, entre otros Mendoza (art. 26), Buenos Aires (art. 56), Entre Ríos (art. 205), Río Negro (art. 172), Chubut (art. 44), Santiago del Estero (art. 61), Santa Fe (art. 19), como así también importantes proyectos a nivel nacional (…) en base a una interpretación positiva sobre esta facultad, muchos Estados provinciales adoptaron, como vimos, criterios propios de oportunidad (…). Si nos atenemos al reparto constitucional, artículos 5°, 121 y 122 de la Constitución Nacional, el constituyente originario diagramó un sistema donde las provincias se organizaban sus propias instituciones locales, entre ellas, las relativas a la administración de justicia local. A su vez, en la norma del artículo 75, inciso 12° se plasmó la posibilidad de parte del Estado nacional de dictar el Código Penal, advirtiéndose que ello no podría alterar las jurisdicciones locales" (…). Lo concreto es que el nacimiento de nuestro actual régimen de la acción penal no tiene que ver con el constitucionalismo de 1853, sino con los codificadores penales de fines de siglo XIX y comienzos del XX, en los cuales la discusión pasó por si las provincias o la Nación podían ejercer de la misma manera la administración de justicia (…). En este concepto, es inescindible interpretar que no sólo la provincia es soberana en el modo de administrar su justicia, sino que también lo debe ser en el marco de disposición de sus recursos en cuanto a la persecución penal y a las pautas que localmente fijen sus ciudadanos en relación con el manejo de la acción penal." (2). Con respecto a la conciliación, como mecanismo vinculado al principio de oportunidad se ha sostenido que "…el uso de la conciliación no es nuevo en el sistema penal. En los trámites previstos en los digestos procesales relativos a las querellas por delitos de acción privada, uno de los pasos previos a la constitución de la litis es pasar precisamente por una audiencia donde el fin principal es procurar la conciliación de las partes (art. 356 CPPSF) Si ésta se consigue, se deberá dictar el sobreseimiento del imputado (arts. 357 CPPSF). En similar sentido, se encuentra legislada dentro del digesto procesal nacional (arts. 424 y 425 del C.P.P.N.)". "A su vez, y consecuente con la postura del nuevo digesto procesal santafesino, la misma también se encuentra incorporada en el artículo 19 en sus incisos 5° y 6°, al permitirse la conciliación entre los interesados y el imputado en delitos con contenido patrimonial cometidos sin violencia sobre las personas, o también en determinados delitos allí previstos, siempre que se reparen los daños y no exista alguna cuestión de seguridad, interés público o no se encuentre comprometido el interés de un menor de edad…." (3). En consecuencia, corresponde homologar por homologar el auto apelado. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Adhiero al voto que me precede con el que concuerdo en todas sus partes. (…)el Tribunal RESUELVE: I. DECLARAR VÁLIDA la actuación del Dr. José Piombo en la audiencia prevista en el artículo 454 del CPPN en su calidad de replicante en representación del ministerio público fiscal. II. CONFIRMAR el auto de fs.(…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto (en disidencia parcial), Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: Raña). c. 45.159/14, MUSTAPIC, Martín s/ prescripción. Rta.: 05/04/2017 Se citó: (1) Andrés José D´Alessio, Código Penal comentado y anotado: 2ª edición actualizada y ampliada, 2ª edición, Buenos Aires, La Ley 2011, pág. 957 y siguientes. (2) Eduardo M. Jauchen, Tratado de derecho procesal penal. 1ª edición, Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2013, pág. 682 y ss. (3) ver ob. cit., pág. 687. EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Por desistimiento tácito de la querella y sobreseimiento. Inconstitucionalidad de oficio de los artículos 422, inciso 1º y 423 del CPPN por resultar opuestos a los postulados constitucionales y, en consecuencia, revocación del auto impugnado. Prosecución del trámite de la investigación. Disidencia: artículos 422, inciso 1º y 423 del CPPN que no afectan garantías constitucionales. Lapso transcurrido entre las dos presentaciones de la querella y modo de contar el plazo al que alude el artículo 422 inc. 1° del código de forma, conforme las

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previsiones del artículo 162 de ese digesto, que permiten concluir que no ha operado la causal de desistimiento tácito. Revocación. Fallo: "(…) El juez Alberto Seijas dijo: En los precedentes (1), entre otras de esta sala IV, sostuve mi postura acerca de que los artículos 422, inciso 1º, y 423 del código adjetivo no afectan garantías constitucionales, en tanto fueron dictados por el Congreso Nacional, quien es el órgano facultado por la Constitución Nacional para crear o reformar normas de fondo y de forma -sin perjuicio de que los dispositivos analizados se encuentren contenidos en un cuerpo normativo destinado a regular las mandas de naturaleza procesal-. Sin embargo, en tales ocasiones me pronuncié por una solución adversa, mas tan sólo lo hice por razones de economía procesal basadas en el criterio unánime que habían adoptado para entonces todas las Salas de la Cámara Federal de Casación Penal. La constitución posterior de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, me permiten sostener la validez constitucional de la norma procesal. En ese orden, al votar en la causa n° 51060/12/CNC1, el Dr. Luis Fernando Niño sostuvo que "…de modo alguno la normativa cuestionada viola el bloque constitucional -máxime frente al reconocido principio de celeridad como uno de aquéllos que integran el derecho procesal en la materia y que pretende poner término, del modo más rápido posible, a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de libertad que comporta el enjuiciamiento penal-, por cuanto el código sustantivo establece, taxativamente, las causas por las cuales se extingue la acción penal, entre ellas, la renuncia del agraviado respecto de delitos de acción privada (art. 59 apartado 4to.); quedando, únicamente, en el artículo 422, inc. 1° del digesto ritual, la regulación de esta hipótesis de finalización, sin crear -por cierto- una nueva causal de clausura del proceso" (2). Sentado ello, y en cuanto al fondo del asunto, advierto que luego de que se ordenara la formación del legajo de personalidad (condicionándose a ello la continuación del procedimiento, conforme el decreto de fs. …), y previo al dictado de la decisión recurrida, la querella intervino en dos ocasiones en dicho incidente. La primera, el 15 de noviembre del año próximo pasado, oportunidad en la que brindó información acerca del domicilio del querellado, y la restante el 15 del mes siguiente, cuando aportó las constancias vinculadas con el diligenciamiento de los oficios ordenados. Así, y teniendo en cuenta el lapso transcurrido desde este último, hasta la resolución del 3 de marzo de este año, y el modo de contar el plazo al que alude el artículo 422 inc. 1° del código de forma, conforme las previsiones del artículo 162 de ese digesto, dable es concluir que no ha operado la causal de desistimiento tácito allí previsto. En ese orden la doctrina señala que "…se computarán los días hábiles (art. 162) y correrán a partir de la última diligencia cumplida o desde el fracaso de aquella…" (3). En razón de lo expuesto, voto porque se revoque el auto impugnado. El Juez Carlos Alberto González dijo: Con anterioridad he sostenido que la aplicación de los artículos 422, inc. 1º, y 423 del código ritual conculca garantías constitucionales (ver precedentes citados por el colega que me precede en el voto). Mantengo tal criterio pues el artículo 422, inc. 1º del catálogo aludido -precepto de aplicación local- no puede prevalecer frente a lo dispuesto en el artículo 59 del Código Penal, por tratarse ésta de una norma nacional que contraría la declaración contenida en el artículo 31 de nuestra ley fundamental, razón por la cual resulta inadmisible declarar extinguida la acción penal, ya que de lo contrario se estaría creando un procedimiento extintivo ilegítimo, al no haber sido sancionado expresamente por el ordenamiento jurídico de fondo (4). En este último precedente también consideré asimismo que no puede soslayarse que el ejercicio de la acción penal por parte del acusador particular se verá limitado en el tiempo en virtud del instituto de la prescripción, respondiendo así a la razonabilidad de la duración de los procesos exigidos por nuestro ordenamiento y los tratados internacionales pertinentes. En función de lo señalado, entiendo que corresponde declarar de oficio la inconstitucionalidad de los artículos 422, inciso 1º y 423 -que es resultado ineludible de la aplicación del anteriorambos del digesto ritual, por resultar opuestos a los postulados constitucionales, y en consecuencia revocar el auto impugnado. Así lo voto. El Juez Mariano González Palazzo dijo: Me toca intervenir ante la disidencia planteada entre mis colegas, tras haber escuchado el audio de la audiencia oral llevada a cabo y sin tener preguntas que formular. Pues bien, mi criterio acerca de la cuestión aquí analizada es coincidente con el del juez González, y así ha quedado plasmado (5). Por esa razón, voto por declarar la inconstitucionalidad de los arts. 422, inc. 1°, y 423 del Código Procesal Penal. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I. Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 422, inciso 1º, y 423, del Código Procesal Penal de la Nación. II. Revocar el auto de (fs. …), en cuento fue materia de recurso, y proseguir con el trámite de la investigación conforme lo aquí dispuesto. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas (por su voto), González Palazzo, González. (Sec.: Barros). c. 60.912/15, CARRASCO, Lucas Emanuel s/rec. de apelación. Rta.: 09/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 27.872, "Mel" rta. 20/06/06, c. 33.210. "Cerruti", rta. 30/11/2007, "Maritato" c. 33.374, rta. 19/2/2008, y "Bonnani" c. 35.175 rta. 17/09/08. (2) C.N.Cas.Penal, Sala III, c. 51.060, rta. el 4/8/15. (3) Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación Análisis doctrinal y jurisprudencial, tomo 3, 4° edición, Editorial Hammurabi, 2010, página 261. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1925/10 "N.N", rta. 16/10/2010. (5) C.N.Crim. y Correc.,

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sala IV, c. 23.595 "Silva", rta. 24/6/04; c. 25.732 "Ninci", rta. 25/02/05; c. 25.000 "Alifano" rta. 7/7/05, c. 27.872 "Mel" rta. 20/06/06, n° 33.210 "Cerruti" rta. 30/11/2007, c. 33.374, "Maritato.", rta. 19/2/2008. EXTORSIÓN En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que exigió dinero a cambio de la devolución de un teléfono celular sustraído por autores no identificados. Pruebas que avalan los dichos de la víctima. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal. Confirmación. Fallo: "(…) La imputación halla sustento en la versión de R. G. C. al describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que L. N. B. -quien no desconoció la comunicación entre ambosle exigió una suma de dinero para obtener la devolución de su teléfono celular, del que previamente fuera despojado por autor o autores desconocidos (fs. ...). A ello se suma la declaración del Subinspector Enzo Gastón Chávez, quien sostuvo que, en conocimiento de ello, acompañó a C. al lugar pactado para la entrega (Avenida XX y XX de esta ciudad) y describió que al cabo de unos minutos arribó B. y "….se aproximó al Sr. C., llamándolo por su nombre G., intimándolo a que entregue el dinero y le exhibe un celular, guardándolo en su bolsillo derecho delantero del pantalón…". Ante esa situación, demoró al imputado y procedió a secuestrar el aparato telefónico exhibido previamente, que luego fue reconocido por el damnificado como de su propiedad (fs. …). Tales declaraciones logran desvirtuar el descargo realizado por B. (fs. …), máxime al ponderar que no existen elementos objetivos en el sumario que den cuenta de un conocimiento previo entre las partes que pudieran poner en duda sus relatos, y conforman las exigencias del art. 306 del código de forma. En consecuencia, y sin perjuicio de que deben ratificar y ampliar en sede judicial los testimonios recogidos durante la prevención e incorporar al legajo la declaración del Cabo "Calo" (ver fs. …), se RESUELVE: Confirmar el auto de (fs. ...), en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Barros). c. 18.937/17, BAIZ, Luca Nicolás s/Procesamiento. Rta.: 01/06/2017 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. Público. Procesamiento. Apariencia de lo verdadero que no tiene que ser perfecta. Similitud de licencia con una auténtica. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa de A. T. A. interpuso recurso de apelación contra la decisión extendida a fs. (…), en cuanto se dispuso su procesamiento. Tras celebrarse la audiencia oral prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver. La asistencia técnica solicitó que se revocara la resolución, en el entendimiento de que la conducta reprochada resulta atípica por no haberse afectado el bien jurídico respectivo (…). En torno a ello, acreditada la falsedad del documento (…), cabe señalar que, en opinión del Tribunal, "la apariencia de lo verdadero no tiene que ser perfecta, desde que el grado de idoneidad se mide en los términos del aspecto exterior de lo genuino, extremo que se vincula con el público en general, más allá de las conclusiones a las que los expertos pudieran arribar mediante un informe pericial" (1). En consecuencia, sin perjuicio de que el preventor F. E. A. advirtiera las irregularidades de la licencia -dijo que era "aparentemente apócrifa"- (…), en virtud de la similitud de aquélla con una auténtica, su falsedad no puede reputarse de burda, razón por la que se estima alcanzado el convencimiento exigido para esta etapa (artículo 306 del Código Procesal Penal). Por ello, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva pudiere corresponder, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto extendido a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Franco). c. 65.376/16, TORRICO ALBA, Adhemar s/ Procesamiento. Rta.: 30/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 48.178/16, "Maneiro Fernández, Ivo Benjamín", rta.: 23/11/2016. FALSO TESTIMONIO Sobreseimiento. Manifestación falsa vertida al ser preguntada por las generales de la ley y relatar las circunstancias en las cuales se habría conocido con quien es actora en el expediente laboral. Declaración que podría provocar en el juzgador un error acerca de mérito de tal exposición. Necesidad de profundizar la investigación. Revocación. Fallo: "(…) La mendacidad acerca de las generales de la ley puede constituir el delito de falso testimonio siempre que posea potencialidad para provocar en el juzgador un error acerca del mérito de la declaración (1), extremo que en el caso no puede ser descartado, al menos de momento.

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En particular, no se trataría tan sólo de haber omitido toda referencia al parentesco que mantendría M. L. Z. con la actora en el juicio laboral en que prestó testimonio -serían primas hermanas- sino del relato falaz vinculado con las circunstancias en que supuestamente se conocieron en un gimnasio, para de tal manera afectar la prueba del proceso judicial. Frente a lo expuesto, corresponde profundizar la investigación, siendo necesario requerir ad effectum videndi et probandi el expediente en el cual la imputada habría atestiguado así como también la acreditación del vínculo que existiría entre ésta y S. En consecuencia, se RESUELVE: REVOCAR el auto de (fs. …)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Godnjavec). c. 59.569/16, ZABAN, María Laura s/ sobreseimiento. Rta.: 24/04/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 65692/14 "S." rta. 1/7/2015 y c. 30986 "T.", rta. 21/6/07. FALSO TESTIMONIO. Procesamiento. Imputada que se pronunció falazmente en actuaciones donde su pareja estaba imputada. Agravio: Aplicación de la regla de exclusión del art. 242 del CPPN. Rechazo. Relación que no reúne las características de la unión convivencial señaladas en la normativa civil (arts. 509 y 510 del CCyC). Pareja que no convive. Confirmación. Fallo. "(...) contra el auto procesamiento dictado a su asistida A. S. H. como autora del delito de falso testimonio (punto dispositivo I del auto de fs. ...). (...). Los motivos de agravio de la defensa no logran conmover la decisión apelada. Arribamos a esta conclusión por unanimidad y por compartir los fundamentos del juez de instrucción, a los que nos remitimos (art. 455 del código de forma). Solo resta agregar que el argumento defensista referido a la equiparación de la relación de pareja entre la imputada y G. B. al concepto de "cónyuge" con el objeto de descalificar su testimonio en el marco de la causa penal 19.492/2016, en la cual G. B. es imputado, no resulta atendible en tanto el vínculo invocado no cumple con los requisitos de las reglas de exclusión previstas en el artículo 242 del CPPN, ni reúne siquiera las características de la unión convivencial señaladas en la normativa civil (arts. 509 y 510 del CCyC) para ahondar en su análisis. En efecto, la propia H., al declarar en dicho proceso, dijo que llevaban 7 meses juntos y que no convivían (cfr. fs. ...). De allí que no se puede sostener válidamente afectación a garantía constitucional alguna que pudiera habilitar la procedencia del reclamo de la defensa. A mayor abundamiento cabe mencionar que de todas maneras el legislador ha escogido el empleo del término jurídico "cónyuge". Si hubiera querido ampliarlo al conviviente lo hubiera hecho tal como hizo con la reforma del inciso 1º del artículo 80 del Código Penal, por lo que no se debe interpretar que se trata de una omisión involuntaria del legislador. En las múltiples oportunidades en que se ha reformado el cuerpo legal esta mención no ha sido modificada. Debemos recordar que las causales de exclusión o anulación de la pena son decisiones de carácter político o político-criminal elegidas por el legislador y nada tienen que ver con el contenido de injusto de un acto ni con su reprochabilidad, por lo que deben ser interpretadas de un modo restrictivo. Son excepciones a la punibilidad de las acciones típicas, antijurídicas y culpables. Con el mismo criterio deberíamos ampliar esta causal a los hermanos que no viven juntos dado que el vínculo es el mismo (in re voto del juez Luis María Bunge Campos en la causa 20.713/2016, "(...)). En síntesis se RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de (fs. ...) en cuanto fue materia de apelación (art. 455 del CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Biuso). c. 53515/16, HEREDIA, Antonella Solange s/Procesamiento. Rta.: 07/03/2017 FISCAL "AD HOC". Nulidad rechazada del requerimiento de elevación a juicio. Requerimiento presentado por una fiscal "ad hoc". Designación e intervención que debe ser analizada a la luz del control de los presupuestos de razonabilidad de los actos de gobierno (artículos 28, 31 y 120 de la Constitución Nacional). Resolución que la designa y prorroga su función que tiene fundamento en lo previsto por el art. 12 de la ley 27.148 que dispone que sólo tendra lugar este tipo de designaciones a raíz de la importancia o dificultad de un caso o fenómeno delictivo. Fundamento que no se compadece con la genérica atribución que se le otorgara. Requerimiento de elevación a juicio: acto de trascendental relevancia. Funcionaria no habilitada a estos fines (art. 167 inc. 1° y 2° del CPPN). Acto inválido. Revocación. Nulidad. Magistrado que deberá correr nueva vista. Fallo: "(…) II. 1. Antecedentes del caso El 5 de agosto de 2016, el juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. 2 resolvió procesar a A.H. en orden al delito de hurto y declarar la incompetencia de dicho Tribunal a favor de la justicia correccional (fs…), decisorio que fue confirmado por esta Sala (fs….). Al recibir el legajo, el juez correccional interviniente estimó completa la instrucción y corrió vista a la Sra. Fiscal, en los términos del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación (fs…). El 31 de octubre pasado, la Dra. María de los Ángeles Gutiérrez, fiscal "ad hoc" conforme resolución MP 2276/2016 de la Fiscalía Correccional de Distrito Saavedra-Núñez, solicitó la elevación a juicio de estas actuaciones con relación a A.H., a quien imputó como autora del delito de hurto (fs…). El 21 de noviembre de 2016, el Dr. Oneto contestó la vista que se le confirió en los términos del artículo 349 del CPPN, oportunidad en que se opuso a la elevación a juicio y postuló el sobreseimiento de H. (fs…). 80

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional El 30 de noviembre siguiente, el juez rechazó la oposición de la defensa y dispuso la elevación a juicio de las actuaciones, decisión que se notificó a la defensa el 1° de diciembre de 2016 (fs…). El 2 de diciembre siguiente el Dr. Oneto introdujo el presente planteo que, denegado, determina nuestra intervención actual por vía de apelación (fs…). 2. La decisión impugnada, que dispuso rechazar el pedido de nulidad de la actuación de la doctora María de los Ángeles Gutiérrez, no resulta ajustada a derecho, así como tampoco constituye una derivación razonada de la ley 27.148 ni del criterio seguido sobre el particular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Previo a ingresar en el fondo del asunto, es necesario hacer un repaso de las resoluciones del Ministerio Público Fiscal vinculadas con el asunto que aquí nos concierne. Mediante la resolución MP nro. 51/12, el día 26 de julio de 2012, el Dr. Luis Santiago González Warcalde designó a la doctora María de los Ángeles Gutiérrez en carácter de Fiscal "Ad Hoc" para actuar en forma conjunta o alternada con la Fiscal titular de dicha dependencia, doctora Claudia R. Katok, de conformidad con la facultad conferida por el artículo 11 de la ley 24.946. El 5 de marzo de 2015, mediante resolución MP 485/15, la actual Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Gils Carbó, resolvió mantener la designación de la mencionada letrada en carácter "Ad Hoc" por el término de seis meses a partir de dicha fecha, en las mismas condiciones que la originaria designación. Similares prórrogas se realizaron mediante las resoluciones MP nro. 2641/15 (del 28 de agosto de 2015), 3920/15 (del 2 de diciembre de 2015), 423/16 (del 2 de marzo de 2016) y 2276/16 (del 12 de agosto de 2016), no obstante lo cual estas fueran realizadas de conformidad con los alcances del artículo 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal nro. 27.148. En lo que aquí concierne, dicha normativa establece que la Procuradora General de la Nación podrá "Disponer la actuación conjunta o alternativa de dos (2) o más integrantes del Ministerio Público Fiscal cuando la importancia o dificultad de un caso o fenómeno delictivo lo hagan aconsejable. Los miembros del equipo de trabajo podrán ser de igual o diferente jerarquía y pertenecer a una misma o distinta fiscalía de distrito… El Procurador General de la Nación podrá realizar delegaciones específicas respecto de las funciones y atribuciones mencionadas en este Artículo en magistrados o funcionarios de la Procuración General de la Nación, de conformidad con la reglamentación que se dicte al respecto". La atribución de dichas funciones, desde una óptica constitucional, debe ser interpretada como una situación de excepción, dada la relevancia institucional que los fiscales poseen en los procesos penales como titulares de la acción pública (art. 120 de la C.N., 6 del C.P.P.N. y 1° de la ley 27.148). En ese sentido, los integrantes del Ministerio Público Fiscal tienen como misión constitucional promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad (art. 120 C.N.). La Corte Suprema de la Nación ha señalado que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales de orden internacional (Fallos: 321:3555; 328:1491; 330:3248), el principio de independencia judicial (que se extiende a la actuación de los integrantes del Ministerio Público -arg. art. 120 1º párr. C.N.-) constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso. El Tribunal internacional ha señalado, por su parte, que cuando se establecen mecanismos para el nombramiento de los jueces, debe tenerse en cuenta que no cualquier procedimiento satisface las condiciones que exige la Convención para la implementación adecuada de un verdadero régimen independiente. Si no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas (CIDH, caso "Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas", Sentencia del 30 de junio de 2009, párrafo 74). La importancia de las funciones jurisdiccionales y de las del Ministerio Público Fiscal, requiere un proceso de designación de sus integrantes, transparente y que asegure la igualdad de los candidatos, como garantía fundamental para su independencia (conf. informe de la C.I.D.H. sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, párrafo 187). En este aspecto, la designación de los fiscales obedece a un procedimiento de selección, público y con concurso mediante (artículos 48 y 49 de la ley 27.149). Además, requiere el acuerdo del senado y la designación por parte del Poder Ejecutivo. Por ello, la delegación de funciones en funcionarios del Ministerio Público Fiscal -de acuerdo a las prescripciones de la ley 27.148- se debe dar en supuestos específicos y ante situaciones que demuestren lo indispensable del acto que, como tal, está sujeto al control de constitucionalidad y legalidad por parte de los jueces de la causa (arts. 116 de la C.N. y 69 del C.P.P.N.). La interpretación que se realice de dicha normativa, debe ser efectuada a la luz del principio de razonabilidad -derivado de los artículos 28 y 33 de nuestra Carta Magna- en tanto nuestro sistema constitucional excluye toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Por lo cual la ley -y los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente- tienen que poseer contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, sea válido (1). En esa línea se ha dicho que "es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto" (2).

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En la línea antedicha, los fiscales deben contar con un adecuado proceso de selección, estabilidad y permanencia, de forma tal que se encuentre debidamente garantizada su autonomía e independencia en la intervención que les corresponda en los asuntos que lleguen a su conocimiento. En este contexto, la designación de la doctora María de los Ángeles Gutiérrez y su intervención en este proceso merece ser analizada a la luz del control de los presupuestos de razonabilidad de los actos de gobierno (artículos 28, 31 y 120 de la Constitución Nacional). Dentro de este marco, las resoluciones por las que la mencionada funcionaria fue designada y prorrogada en tal carácter no configuran una interpretación razonable de la normativa analizada. El artículo 12 de la ley 27.148 -en el que se ha fundado las últimas prórrogas- establece que la atribución de tales funciones -situación de por sí excepcional- sólo tendrá lugar a raíz de la "la importancia o dificultad de un caso o fenómeno delictivo", extremos que no se compadecen con la genérica atribución otorgada a la doctora María de los Ángeles Gutiérrez. En este sentido, la extensión que se ha intentado efectuar permitiría suplantar, en cualquier supuesto, a los fiscales designados conforme al procedimiento de los artículos 48 y 49 de la ley 27.148 por otros funcionarios, desnaturalizando en forma indirecta y supliendo las disposiciones de la ley del Ministerio Público Fiscal (27.148) que regula el procedimiento de selección de sus integrantes y el art. 120 de la Constitución Nacional. En este punto, es dable señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente causa D. 204 XLIX, "De Martino", del 14 de agosto de 2013, ha señalado que la designación de una Secretaria como Fiscal: "no se compadece con el régimen general previsto en el art. 11 de la ley 24.946, ni con la normativa reglamentaria establecida por medio de las resoluciones PGN 13/98 y PGN 35/98, puesto que ninguna de las disposiciones que componen el régimen en materia de subrogancias contempla como alternativa -aún como vía de excepción-, la designación directa de abogados ni de funcionarios o auxiliares del Ministerio Público en el cargo de magistrado vacante de que se trata (…) no parece disputable, pues, que la subrogación de magistrados del Ministerio Público Fiscal se rige por dos alternativas legalmente previstas, con la consecuente prohibición de designaciones directas. Esa ha sido, además, la interpretación que emerge de la redacción de los ordenamientos reglamentarios dictados en el seno mismo del Ministerio Público Fiscal, pues ha sido expresa la decisión de contemplar la inclusión como subrogantes de funcionarios y auxiliares sólo a partir de su desinsaculación en la lista de reemplazantes que prevé el segundo párrafo del art. 11 citado (ver punto dispositivo 6° de la Resolución PGN 35/98)". Similar postura ha adoptado la C.F.C.P. en el precedente "Blaquier" (causa N° 1775/13, reg. 366.15.4 del 13/3/2015) y la C.F.C.Y.C. en la causa "CFP 10.120/2016/1/CA1 "Fiscal General s/ nulidad de apelación fiscal ad-hoc en autos NN s/ incompetencia" del 17 de noviembre de 2016. En efecto, como ha señalado la Corte en el citado fallo se transgreden principios fundamentales inherentes a la mejor y más correcta administración de justicia cuando se afecta la constitución legal misma de los tribunales federales, indispensable para fallar en las causas. Que esa situación se extiende a la representación del Ministerio Público Fiscal ("De Martino", ya citado). Los representantes del Ministerio Público -en los términos de la Corte- para actuar legítimamente, requieren de una norma de habilitación (Fallos 32:120, entre otros). En este caso -ya se explicó-, la arrogación de una facultad no prevista legalmente que concierne al nombramiento de la funcionaria que suscribió el escrito en el que se requirió la elevación a juicio de esta causa (art. 167 inc. 1° del C.P.P.N.) tiene efectos prácticos y concretos que no podemos desconocer, a la luz de la normativa vigente, y la clara manda de la Corte en el fallo mencionado. En síntesis, aceptar la intervención de dicha funcionaria para materializar un acto de trascendental relevancia en el proceso penal -como lo es la requisitoria a juicio, en la que se asentará la base de debate del juicio oral y público- implicaría sortear las reglas atinentes a la designaciones de los Fiscales que, para resguardar su independencia, se rige por los artículos 48 y 49 de la ley 27.148. De acuerdo a lo expuesto, la funcionaria no estaba habilitada a estos fines (art. 167 inc. 1° y 2° del C.P.P.N.), por lo cual su actuación -limitada a requerir la elevación a juicio- debe ser invalidada, así como también los actos dispuestos como consecuencia de ella. Finalmente, resta decir que la nulidad aquí decretada no conllevará el dictado del sobreseimiento de la imputada, conforme lo solicitado por la defensa. Es que no existe ningún obstáculo legal para que el juez, al recibir la causa, corra vista a la representante del Ministerio Público Fiscal para que ésta se expida en los términos del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación. Por ello, el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. 12/13 vta. y declarar la NULIDAD del requerimiento de elevación a juicio formulado por la doctora María de los Ángeles Gutiérrez a fs. (…)de los autos principales y de los actos dispuestos en consecuencia, debiendo el juez de grado correr una nueva vista, en los términos del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Herrera). c. 8.236/16, HAINARD, Agustina s/ nulidad. Rta.: 05/05/2017 FISCALES "AD HOC". Representante del Ministerio Público Fiscal que acudió a la audiencia como "auxiliar fiscal". Resolución PGN 3866/16. Facultad para asistir a la audiencia. Arts. 44 inc. g y 51 inc. b. de la Ley 27.148. Procedencia. Fallo: "(…) I. Convoca a la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto documentado a fs. (…), en cuanto se denegó la excarcelación de P. C.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional II. Cuestiones preliminares. Durante la audiencia la defensa se opuso a la intervención de la representante del Ministerio Público Fiscal que concurrió, por no tratarse del Fiscal General y destacando que la actuación de fiscales "ad hoc" resultaría contraria al criterio fijado por la C.S.J.N. en el fallo "D. M". Al respecto, más allá de lo resuelto por la Sala en anterior ocasión, con sustento en la Resolución N° 103/08, dictada por la Procuración General de la Nación (causas números 39.288, "B., D. A." del 20 de agosto de 2010 y 19261/2013, "M., C. E.", del 25 de junio de 2015) en el caso cabe apuntar que la Dra. Alejandra Pérez se presentó en su carácter de "auxiliar fiscal", conforme la Resolución PGN N° 3866/16, del 16 de diciembre de 2016, de modo que su facultad para asistir a la audiencia celebrada encuentra sustento en las previsiones de los arts. 44 inc. "g" y 51 inc. "b" de la ley 27148. (…)En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto pronunciado a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 52.640/16, C., P. s/ Excarcelación. Rta.: 07/02/2017 FISCALES "AD HOC". Actuación de fiscal auxiliar que se ajusta a las disposiciones del art. 51 y 52 de la Ley 27.148 y que actuó bajo las instrucciones del fiscal titular. Validez de la intervención. Disidencia: Ausencia del fiscal general que invalida la actuación del fiscal auxiliar debido a que no se trata de un caso de flagrancia. Réplica inadmisible. Fallo: "(…) II. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: Previo expedirme sobre el fondo del recurso planteado, corresponde realizar un análisis acerca de la legitimación de la auxiliar fiscal para intervenir en la audiencia y replicar los argumentos de la defensa. En esa dirección, debo señalar que frente a la ausencia del Fiscal General a la audiencia prevista por el art. 454 del código adjetivo, y por los fundamentos brindados en las causas N° 64169/2014 "Alviña" y 16908/2015 "Ortega", resueltas por esta Sala el 23 y 24 de febrero de 2017, respectivamente -a cuyos argumentos me remito-, por cuanto en forma expresa, en la parte dispositiva, la resolución P.G.N. 3777/16 permite la actuación de un fiscal auxiliar en los supuestos de flagrancia (Ley 27.272), considero inadmisible la réplica formulada por la representante del Ministerio Público Fiscal en este caso. Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: En relación con la actuación de un fiscal auxiliar en la audiencia, nada puede objetarse en cuanto a su desempeño en la alzada, en tanto cuenta con una resolución de la Procuración General de la Nación que así lo autoriza (P.G.N. 103/08) (ver, en este sentido, C.F.C.P., Sala III, causa N° 5322 "Almada", rta. 22/2/2005). Por otro lado, no encuentro motivos para cuestionar en este momento una actuación que viene dándose hace más de ocho años en forma más que eficiente y que permitió el funcionamiento de esta Cámara frente a la gran cantidad de audiencias que se desarrollan en cada sala. Así voto. El juez Mariano A. Scotto dijo: En virtud de la disidencia suscitada entre mis colegas exclusivamente en relación con la legitimación de los auxiliares fiscales para intervenir en las audiencias, luego de escuchar el audio de la misma y sin tener preguntas que formular, corresponde que me expida sobre la cuestión. Así, en la medida que el artículo 51 de la Ley 27.148 autoriza la designación de auxiliares fiscales que actuarán bajo las instrucciones del Fiscal General pudiendo asistir a audiencias (inc. b) con los límites dados por el recurso de apelación, y que, la funcionaria fiscal ha sido designado en los términos del art. 52 de la citada norma, comparto la propuesta del juez Pociello Argerich. Así voto. (…) el Tribunal RESUELVE: I. DECLARAR VÁLIDA la intervención de la Fiscal auxiliar en la audiencia celebrada el 8 de marzo pasado. C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto (en disidencia parcial), Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: de la Bandera) c. 63.249/15, D., J. M. s/ procesamiento. Rta.: 20/04/2017 FISCALES "AD HOC". Nulidad de dictamen. Juez que consideró que la intervención de los auxiliares fiscales no resulta de carácter general y corresponde exclusivamente para causas que tramiten bajo el régimen de flagrancia. Actuación de fiscal auxiliar que se ajusta a las disposiciones del art. 51 de la Ley 27.148. Actuación bajo instrucciones y supervisión del fiscal titular. Revocatoria. Fallo: "(…) El representante del Ministerio Público Fiscal recurrió en apelación el auto extendido a fs. (…), en cuanto se decretó la nulidad del dictamen glosado a fs. (…). Dicha sanción procesal se fundó en que, según el juez, la intervención de los auxiliares fiscales no resulta de carácter general, sino que corresponde exclusivamente para aquellas causas que tramitan bajo el régimen de flagrancia establecido por la ley 27.272. Al respecto, esta Sala sostuvo con anterioridad (1), que la actuación de un fiscal auxiliar se ajusta a lo establecido en el artículo 51 de la ley 27.148, que autoriza su designación y su actuación bajo las instrucciones y supervisión del fiscal titular, sin fijar la limitación señalada por el señor juez de grado. En consecuencia, siempre que la actuación del auxiliar fiscal no se halla circunscripta a los casos de flagrancia, corresponde revocar el auto apelado. 83

Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 68.749/15, CUELLO, Mario Lucas s/ Nulidad del dictamen fiscal. Rta.: 29/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 52640/16/24, "Cataldo, Pedro", rta.: 07/02/2017. FLAGRANCIA (Ley 22.272). Sobreseimiento. Fiscal que recurre. Defensa que se agravia porque entiende que el recurso fue mal concedido porque si la clausura de la instrucción no es recurrible en el procedimiento de flagrancia, resulta violatorio del principio de igualdad de armas que sí lo sea el auto que dispone la desincriminación. Rechazo. Procedimiento introducido por la ley 27.272 que no desplaza al art. 352 del CPPN sino que modifica la forma (introduce la oralidad). Existencia de un agravio de imposible reparación ulterior para el fiscal. Recurso bien concedido. Análisis del fondo. Revocación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por el Fiscal contra el sobreseimiento de (…), resuelto en la audiencia inicial de flagrancia (…). II.- La defensa planteó que el recurso fue mal concedido, pues si la clausura de la instrucción no es recurrible en el procedimiento de flagrancia (1) resultaría violatorio del principio de igualdad de armas que sí lo sea el auto que dispone la desincriminación. El art. 352 del Código Procesal Penal de la Nación prevé expresamente la inapelabilidad de la elevación a juicio y la posibilidad de que ambos acusadores puedan recurrir el sobreseimiento, tal como lo estipulan sus arts. 337 y 449. El trámite introducido por la Ley 27.272 de ningún modo desplaza aquella norma, sino que sólo se limita a modificar la forma -ahora oral- en la que se producen los pasos procesales establecidos en los arts. 346 y ssgtes. Ahora bien, en lo que hace a la supuesta disparidad entre partes, la distinta naturaleza de los institutos cuya impuganción se cuestiona permite descartar la afectación invocada. En el fallo mencionado precedentemente se señaló que: "…lo dirimente en el caso es la inexistencia de un gravamen irreparable que imponga su revisión por un tribunal superior, de conformidad con las garantías constitucionales y convencionales que invoca la parte. Ello, en tanto la decisión que pretende recurrir la defensa lo único que dispone es el avance de la causa hacia la próxima etapa, donde justamente se definirá, con los principios que la caracterizan, la situación de su asistido." En definitiva, la decisión prevista en el art. 351 del ordenamiento ritual sólo difiere la discusión a otra instancia, mas no implica un cambio de la situación procesal. En cambio, el sobreseimiento sí genera en el acusador un agravio de imposible reparación ulterior en tanto pone fin a la investigación. Al no ser entonces equiparables una y otra resolución, tampoco se verifica la desigualdad esgrimida. De esta manera, el recurso es admisible. III.- El dueño del supermercado declaró que un cliente le advirtió que un sujeto se había llevado bebidas alcohólicas ocultas entre su ropa. Una vez que lo corroboró mediante las filmaciones que obtuvo del lugar, notó que ingresó nuevamente al local, por lo que lo retuvo hasta que arribó el agente (…), que también observó la grabación en que el imputado introduce cinco botellas en su campera para luego retirarse del lugar, las que fueron halladas en las inmediaciones del negocio escondidas entre una cámara de luz y un árbol. Este cuadro probatorio reúne el grado de convicción suficiente para avanzar a un debate. Si bien no se cuenta con el video porque el damnificado lo borró al intentar traspasarlo a un pendrive (…), el preventor interviniente aseguró haber visto en él la sustracción que se atribuye a (…), por lo que su testimonio en tal sentido adquiere relevancia y es formador de criterio, sin enervarse por la simple circunstancia que los objetos no hayan estado en poder del encausado, o que no se incorporaran constancias para acreditar los datos de su propietario. En este sentido, no se advierten motivos para dudar de la veracidad del comerciante y del personal de las fuerzas de seguridad. Asimismo, la mercadería secuestrada (…) se corresponde con la apropiada, lo cual se erige como otro indicio de su vinculación con el evento. La hipótesis delictiva planteada tiene entidad para avanzar hacia la próxima etapa. IV.- La asistencia técnica también aduce que es inaceptable la detención de su pupilo, dado que no estamos frente a un caso de los previstos en los incisos 1°, 2° y 4° del art. 284 del bloque instrumental, a los que remite su art. 287 para habilitar que un civil la efectúe. En sentido análogo, para definir la aplicabilidad de la instrucción sumaria que reglaba el anterior art. 353 bis se prevé que: "dentro del concepto de flagrancia definido por el art. 285 del C.P.P.N., se analizan tres supuestos: a) flagrancia propiamente dicha, que se refiere al caso de los autores de un ilícito que son descubiertos en el mismo acto de su perpetración o un instante después; b) cuasi flagrancia, que supone el alejamiento de los partícipes del lugar del hecho, pues ellos deber ser aprehendidos tras haber sido perseguidos por la fuerza pública, por el ofendido o por el clamor público; y c) flagrancia presunta, que hace referencia a la situación de la persona que es aprehendida con objetos o rastros que permitan presumir, con seguridad, que acaba de participar en un delito. (…) se presenta como arbitraria la interpretación realizada por nuestros tribunales que, sin reparar siquiera en la definición suministrada por el mismo cuerpo normativo, la declaran virtualmente inválida. La 84

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional interpretación restringida del concepto de flagrancia es inadecuada pues con ella se realiza una distinción donde la ley no la ha efectuado." (2). En el caso fue detenido cuando se disponía a ingresar nuevamente al supermercado donde supuestamente acababa de llevarse mercadería. Además, la vestimenta e incluso la similitud física del imputado con el sujeto que había sido descubierto por las cámaras de seguridad operan como datos concretos y objetivos que sugieren su participación. En consecuencia, se RESUELVE: REVOCAR la resolución recurrida y devolver la causa a la magistrada de grado a fin de que dicte un nuevo pronunciamiento en los términos del art. 351 y 353 quinquies del Código Procesal Penal. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; González Palazzo (Sec.: Gallo). c. 24.105/17, CONTRERAS, Germán Fausto s/sobreseimiento. Rta.: 02/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 73.924/16/2, "Galano", rta.: 6/02/17; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 34.652, "Pagan Zegarra", rta.: 23/4/08; c. 35.848, "Hereñu", rta.: 1/10/08, c. 38.120, "Olivera", rta.: 8/10/09 y, de la Sala IV, c. 27.975, "Chipana", rta.: 17/02/06. FLAGRANCIA (Ley 27.272) Suspensión del juicio a prueba rechazada. Fiscal que prestó su conformidad. Delito imputado que contempla un mínimo punitivo de tres años de prisión. Imputados que no registran antecedentes condenatorios ni procesos en trámite paralelo. Suceso que no presenta características violentas. Revocación. Suspensión del juicio a prueba. Fallo: "(…) En la audiencia de flagrancia celebrada en la anterior instancia la defensa postuló la suspensión del juicio a prueba por el plazo de un año respecto de sus asistidos, A. G. L. P, J. E. D. V. y H. Q., ofreciendo una reparación económica por la suma de mil quinientos pesos ($ 1.500) cada uno de ellos - a pagar en tres cuotas -, la realización de tareas en un establecimiento de bien público y el sometimiento al cuidado del Patronato de Liberados. Si bien el fiscal se pronunció a favor de la concesión del instituto, el juez de grado la denegó con fundamento en que la escala penal prevista para el delito que se les atribuye (robo en poblado y en banda; artículo 167, inciso 2°, del CP, según fs. …) permite avizorar la posibilidad de una sanción mayor a los tres años de prisión, superando así las exigencias del artículo 76 bis, segundo párrafo, del código sustantivo (fs. ...). Asiste razón a la defensa acerca de la procedencia de la probation cuya aplicación reclama. Ello así en tanto el delito que se les endilga contempla un mínimo punitivo de tres años de prisión y los encausados no registran antecedentes condenatorios ni procesos en trámite paralelo (ver fs. …). A su vez, el suceso no presenta características violentas (ver fs. ...). Tales circunstancias, que tornan viable el discernimiento de una condena de cumplimiento ficto, sumadas al consentimiento oportunamente prestado por el agente fiscal, muestran que los presupuestos del caso se adecuan a las condiciones de procedencia exigidas en el artículo 76 bis, cuarto párrafo, del Código Penal, a tenor de la tesis amplia receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Acosta" (rto. 23/4/2008), que parece haber sido desconocido en el auto recurrido (1). Es por ello que este tribunal RESUELVE: I. REVOCAR la resolución que fuera materia de recurso y SUSPENDER EL JUICIO A PRUEBA en relación con A. G. L. P., J. E. D. V y H. Q. por el plazo de un año (artículos 76 bis y ter del CP y 293 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 7.538/17, DURAN VERGARA, Jorge Esteban y otros s/Suspensión del juicio a prueba. Rta.: 06/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 72.836/16 "Godoy", rta. 23/12/2016. FLAGRANCIA (Ley 27.272) Menores. Defensa que recurre la resolución que rechazó el planteo inconstitucionalidad de la ley 27.272 y no hizo lugar al pedido de que no se aplique el procedimiento allí previsto. Imputados que fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación y, al día siguiente, fueron traslados a una residencia socioeducativa debido a la ausencia de adultos que asumieran su cuidado, circunstancias que debilitan el argumento del recurrente referido a que la nueva normativa choca con la regulación específica del fuero penal de menores y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061. Principios de progresión y no regresividad que no se han visto vulnerados. Legislación que es compatible y no deroga la normativa especial prevista en la ley 22.278. Plazos previstos en la ley 27.272 que no aparecen en el caso como insuficientes. Investigación no compleja. Confirmación. Fallo: "(…) Los cuestionamientos que la asistencia técnica introduce en estos obrados no difieren de aquellos que motivaron el pronunciamiento de esta Sala en la causa n° 72.867/16 "C. M.", resuelta el 21 de diciembre próximo pasado, y por tanto merecen igual solución. En primer lugar, cabe resaltar que inmediatamente después haberse sorprendido en flagrancia a ambos imputados, que resultaron menores punibles en razón de 85

su edad y el hecho atribuido, el a quo dispuso su alojamiento en el Centro de Admisión y Derivación, y al día siguiente ordenó su traslado a una residencia socioeducativa, habida cuenta la ausencia de adultos que asumieran su cuidado. Tal situación fáctica resta eficacia al argumento del recurrente acerca de que la previsión del artículo 353 ter, choca con la regulación específica del fuero penal de menores y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061. Por su parte, la alegada afectación a los principios de progresión y no regresividad, basada en el hecho de que el imputado no cuenta con la posibilidad de optar por el procedimiento ordinario o por el de flagrancia, tampoco puede sustentar la pretensión aquí tratada. En efecto, "…las cuestiones que se vinculan con la política criminal ponderadas por el legislador resultan ajenas a la órbita judicial si no se ven vulneradas las garantías constitucionales, lo que no fue demostrado en el presente caso. Es dable resaltar que el imputado y su defensa cuentan con la posibilidad de cuestionar la procedencia del trámite establecido por la Ley 27.272 y el juez debe pronunciarse, con la posibilidad de articular un recurso ordinario al que se le otorga efecto suspensivo. Que dicho trámite responde a los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración que garantizan la sustanciación del debido proceso y observan las reglas previstas para la declaración indagatoria en el procedimiento común, en todo lo que no resulte contrario a las nuevas disposiciones vigentes." -cfr. fallo citado-. Asimismo, le asiste al prevenido el derecho de entrevistarse con su defensor y es impuesto del hecho, de las pruebas habidas en su contra y de la posibilidad de negarse a declarar sin que ello constituya una presunción en su contra. En tanto, la defensa puede ofrecer prueba dentro del plazo previsto que, en el presente, puede extenderse hasta veinte días, lo que aparece suficiente a la luz de la ausencia de complejidad que supone la investigación de los casos abarcados por la nueva legislación. Del mismo modo, la ley recepta la posibilidad de solicitar la excarcelación, de plantear las nulidades y excepciones que se consideren pertinentes y recurrir su eventual denegatoria, de modo que no hay lugar para impetrar la afectación del debido proceso en lo que se refiere a los aspectos mencionados. En punto al planteo del apelante en orden a la supuesta incompatibilidad de las previsiones del artículo 353 sexies, del código de forma, con las pautas de la ley 22.278, este tribunal sostuvo que: "la inconstitucionalidad de una norma no puede basarse en la ampliación de una facultad ya vigente en favor de los intervinientes -vgr. presentar peticiones y acuerdos entre partes ante el juez desde una etapa procesal anterior a la prevista antes de la modificación-, pues en todo caso constituyen potestades que la defensa, de considerarlo inconveniente en el caso concreto, puede no ejercer" -cfr. fallo citado-. Sin perjuicio de ello, se resaltan también aquí cuestiones fácticas suscitadas en los tribunales de menores, donde es frecuente la presentación de acuerdos de juicio abreviado o solicitudes de suspensión del juicio a prueba, receptados favorablemente sin relegar las especificidades de la ley 22.278, que posee respaldo constitucional en tanto contempla condiciones especiales para habilitar la sanción de delitos cometidos por personas menores de edad. De tal modo, el juego armónico de las normas involucradas "…dio paso a la aplicación de los institutos mencionados, ajustándolos convenientemente a la especial situación de las menores de dieciocho años ante la ley penal, lo que demuestra que es posible compatibilizar las soluciones anticipadas previstas por la ley de flagrancia con los rasgos particulares del régimen de menores derivados de la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes" -fallo citado-. El nuevo articulado no deroga, como parece entender el impugnante, la normativa especial prevista en la Ley 22.278, ya que esta última constituye una ley de fondo con respaldo constitucional y convencional. Además, tal como sucede con todo el ordenamiento jurídico, al aplicarlo a los casos concretos los jueces deben tener en consideración el resto de la legislación pertinente a cada supuesto. Así, tratándose de un menor imputado por la comisión de un delito, se deberá tener en cuenta toda la regulación de la ley penal de menores, entre ella los fines tuitivos y resocializadores y los específicos mecanismos que deben observarse en cumplimiento de dicho objetivo. Ahora bien, si se entiende que la defensa considera violatorio de garantías constitucionales es la caducidad prevista en el artículo 353 sexies, CPPN, para presentar hasta el momento de la audiencia de clausura un acuerdo de juicio abreviado o una solicitud de suspensión del juicio a prueba, ese agravio tampoco es actual y su tratamiento no se vincula con el caso de autos, donde las partes no pretendieron ninguna de las soluciones mencionadas ni se alegó un agravio derivado del rechazo de aquellas alternativas con fundamento en el carácter fatal del plazo. El anterior régimen aplicable a los casos de flagrancia fue sustituido por los artículos 2° y 3° y completado por los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley cuestionada, de modo que si prosperase el pedido de no aplicación de la Ley 27.272 a los procesos regulados por la Ley 22.278, los menores imputados no tendrían otra posibilidad que la de atenerse al trámite ordinario, lo que no aparece como una solución satisfactoria frente a la comprobada posibilidad de coordinar la aplicación de ambas normas respetando los estándares constitucionales vigentes en la materia. En función de todo lo expuesto, y a la luz de que una declaración de inconstitucionalidad solo procede excepcionalmente cuando la confrontación de la norma demuestra su incompatibilidad con la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional de manera absoluta y evidente (1), al punto de no poder ser salvada por una correcta interpretación del ordenamiento en su conjunto -aspecto que aquí no se verifica- corresponde homologar el rechazo del pedido de no aplicar la Ley 27.272 a este proceso, y asimismo su inconstitucionalidad. Por último, resta tratar el argumento esbozado en torno a la pretendida complejidad del procedimiento, respecto del cual corresponde señalar en primer lugar que, pese a las previsiones del artículo 353 quater, párrafo cuatro, del catálogo procesal, el planteo de inconstitucionalidad tratado anteriormente ha desplazado en autos la intervención en el recurso de un único magistrado de cámara para su tratamiento.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sentado ello, también sostuvimos en el precedente citado que "el único supuesto en que resulta factible discutir la aplicación del procedimiento de flagrancia, conforme el artículo 353 quater, del CPPN, se halla constituido por la falta de verificación de los presupuestos del artículo 285 o la complejidad de la investigación". Y lo cierto es que ninguno de esos extremos fue argumentado por el recurrente, pues su pretensión se basa exclusivamente en la necesidad de obtener informes interdisciplinarios y la opinión del asesor de la minoridad. Como se dijo, la defensa no plantea una pesquisa dificultosa, que impida recoger pruebas dentro del plazo fijado por el juez para la celebración de la audiencia de clausura. Ello es así, porque el supuesto no exhibe desde esa perspectiva ninguna de tales características, en tanto no existen otras diligencias que deban disponerse para la investigación del suceso. Además, no explica el apelante las razones que tornarían insuficiente al respecto el término transcurrido desde el inicio de las actuaciones hasta la audiencia inicial, a lo que debe adicionarse el que transcurre hasta la disposición de la clausura (artículo 353 quater, párrafos quinto y sexto, CPPN). De tal modo, los plazos previstos en la Ley 27.727, si bien acotados, no aparecen en principio insuficientes a los fines señalados por la defensa, y no existiendo complejidad en la pesquisa, habrá de avalarse la decisión del magistrado a quo. Por ello, el tribunal RESUELVE: I. Confirmar el auto traído a estudio en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, González. (Sec.: Barros). c. 5.478/17, G., A. N. y otro s/ inconstitucionalidad. Rta.: 16/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c.1.667/12, "R.", rta. 28/11/12. FLAGRANCIA (Ley 27.272) Excarcelación rechazada. Fiscal que se opone a que se otorgue tal beneficio. Defensa que recurre y que, ante la ausencia del Fiscal General en la audiencia oral, solicita que se tenga por desistido del recurso. Recurso de apelación que se regula por el art. 454 y ss del CPPN. Rechazo del agravio.Excarcelación ya rechazada en la audiencia multipropósito, no recurrida. Nuevo pedido de excarcelación presentado una vez clausurada la instrucción. Confirmación. Disidencia: Penalidad prevista para el delito atribuido que permite hacer lugar a lo solicitado en función de la primera alternativa estipulada en el artículo 316, segundo párrafo, al que remite el artículo 317, inciso 1º del CPPN. Inexistencia de riesgos procesales que no puedan ser neutralizados de un modo menos lesivo. Escasa complejidad del suceso, prueba que ya ha sido recabada. Ausencia de declaraciones de rebeldía y de procesos en trámite paralelo. Registro de condenas que tornan necesario fijar una fianza para asegurar su futura comparecencia. Revocación. Concesión. Fallo: "(…) El juez Alberto Seijas dijo: En primer lugar, la ausencia del Ministerio Público Fiscal en la audiencia celebrada, en modo alguno puede ser interpretada como una postura diversa a la asumida en primera instancia, oportunidad en que dejó en claro que se oponía a la concesión de la libertad. La ley 27.272, no exige que tal posición sea mantenida en la Alzada y los recursos de apelación interpuestos al respecto se encuentra regulados y tramitan conforme las prescripciones del artículo 454 y ss. del código de forma (1). Además, en el caso en particular, no puede soslayarse que en la audiencia multipropósito documentada a (fs. ...) se denegó la excarcelación a R. -decisión que no fue impugnada- requiriendo el acusador público la elevación de la causa a juicio y el dictado de la prisión preventiva, que se concretó a (fs. …). Incluso, el pedido de excarcelación que diera origen a este incidente, se realizó con posterioridad a la clausura del sumario, es decir, cuando las audiencias previstas por el procedimiento de flagrancia ya se habían concretado y la causa se encontraba en condiciones de ser elevada a juicio. Sentado ello, si bien la escala penal del delito de amenazas coactivas atribuido a J. W. R. (cfr. fs. ...) permite adecuar su situación en la primera de las hipótesis del artículo 316, segundo párrafo, al que remite el 317, inciso 1, ambos del código de rito, considero que se verifica un riesgo de elusión que obsta a la libertad pretendida. En tal sentido, cabe señalar que carece de un domicilio real donde pueda ubicárselo, extremo que no puede ser neutralizado con las constancias aportadas por la defensa a (fs. …) y permite afirmar su falta de arraigo. A ello se aduna que registra dos condenas previas, siendo en ambas declarado reincidente (cfr. fs. … y certificación de fs. ...). Ello implica que, de recibir igual sanción en la presente, su cumplimiento no podrá ser dejado en suspenso (arts. 26 y 27, CP). Las circunstancias reseñadas evidencian un riesgo procesal ante el cual la restricción de la libertad se presenta como el único medio para garantizar la sujeción de R. al proceso, máxime cuando el tiempo que lleva en detención no luce desproporcionado si se tiene en cuenta los acotados plazos previstos en la Ley 27.272 y que, como ya se ha dicho, se ha dispuesto la clausura del sumario para su elevación a tribunal oral (cfr. fs. …). El juez Mariano González Palazzo dijo: Disiento con mi colega preopinante en cuanto a la procedencia de la excarcelación, por cuanto la penalidad prevista para el delito atribuido a J. W. R. la torna viable en función de la primera alternativa estipulada en el artículo 316, segundo párrafo, al que remite el artículo 317, inciso 1º, ambos del código adjetivo y no se verifican riesgos procesales que no puedan ser neutralizados de un modo menos lesivo. 87

No puede soslayarse además la escasa complejidad del suceso que se le imputa y que la prueba ya ha sido recabada, decretándose la clausura del procedimiento, extremos que diluyen el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Sobre la posibilidad de fuga, valoro que no registra declaraciones de rebeldía ni procesos en trámite paralelo y, más allá de no contar con un domicilio real, aportó los datos de un centro de día al que concurre regularmente desde 2012 donde podrían cursársele las notificaciones. Sin perjuicio de lo expuesto, las condenas que posee tornan necesario fijar una fianza para asegurar su futura comparecencia cuyo monto, atento la situación personal que reflejan las constancias de (fs. …) del principal, y lo dispuesto por el artículo 320, CPPN, propongo establecer en la suma de quinientos pesos ($500), adunándole la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado de origen. El juez Juan Esteban Cicciario dijo: Habiendo escuchado el audio de la audiencia celebrada en estos actuados y no teniendo preguntas que formular, tras la deliberación pertinente, adhiero al voto del juez Alberto Seijas. En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de (fs. ...), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo ( en disidencia), Cicciaro. (Sec.: Uhrlandt). c. 4.238/17, ROMERO, Julio Wilmen s/ Excarcelación. Rta.: 14/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 76196/2016 "Ruocco", rta. 29/12/2016. FLAGRANCIA (Ley 27.272) Excarcelación rechazada. Fiscal que no se opuso. Fiscal de cámara que rectificó la posición de su inferior jerárquico. Audiencia que debe tener carácter contradictorio (art. 353 bis del C.P.P.N.). Magistrado que debió resolver de manera favorable. Nulidad. Concesión bajo la caución que el magistrado estime adecuada. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra la denegatoria de su excarcelación decidida en la audiencia inicial de flagrancia. II.- Convocadas las partes, la defensa expuso sus agravios, haciendo especial hincapié en la conformidad fiscal prestada en aquella oportunidad. Concedida la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal, la Dra. (…) rectificó la postura adoptada por su inferior jerárquico y se expidió por la negativa del beneficio solicitado. Ello en tanto a su criterio el juez conserva su potestad para resolver el conflicto por fuera de las pretensiones de las partes, conforme lo disponen las reglas generales del Código Procesal Penal, aún con el trámite especial que prevé la Ley 27.272. Para fundamentar su oposición tuvo en cuenta la declaración de rebeldía que registra en la causa que se le sigue ante el Tribunal Oral en lo Criminal nro. 27 y otro proceso en trámite ante la justicia provincial, en el que no pudo ser notificado de la citación a juicio. III.- Toda vez que el Sr. Fiscal en primera instancia no se opuso a la soltura de (…) el Juez, atento al carácter contradictorio que debe tener la audiencia para estar habilitado a expedirse, sólo debió resolver la excarcelación de manera favorable. No puede en perjuicio del imputado tomarse en cuenta la nueva postura del Ministerio Público ya que evidentemente se verifica el agravio de la defensa en el marco del acto previsto por el art. 353bis. Por ello se impone declarar la nulidad de lo decidido por el Juez en esa audiencia. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la decisión adoptada a fs, (…) del incidente y CONCEDER la excarcelación de (…), bajo la caución que el Juez de la primera instancia estime adecuada. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Sec.: Gallo). c. 8256/17, RUIZ, Franco David s/excarcelación. Rta.: 15/02/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272) Fiscal que apela la concesión de la excarcelación. Facultad precluída debido a que al llevarse a cabo la audiencia de clausura no solicitó la imposición de la prisión preventiva (art. 353 quinquies del CPPN). Principios de preclusión y progresividad. Recurso abstracto. Fallo: "(…) Si bien coincidimos con el acusador público en que las condiciones personales del imputado, en particular su falta de arraigo en el país y la multiplicidad de condenas que registra, sustentan un riesgo de fuga que obstaría a su permanencia en libertad, cierto es que al celebrarse la audiencia de clausura, esa parte no solicitó el dictado de la prisión preventiva, lo que obsta a un pronunciamiento en tal sentido por parte de este tribunal. En efecto, el artículo 353 quinquies del Código Procesal Penal de la Nación fija el momento último en que podrá dictarse el auto de prisión preventiva: hasta la notificación a la defensa del requerimiento de elevación, en los términos del artículo 349. Superada esa etapa, cesa la posibilidad de su imposición, y menos de manera oficiosa (1). Ello por cuanto tal decisión conspiraría contra los principios de preclusión y progresividad que impiden que el proceso se retrotraiga a etapas ya superadas, al igual que contra los de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración, distintivos del procedimiento de flagrancia instaurado en la Ley N° 27.272 (artículo 353 bis, segundo párrafo), que impone que una resolución como la analizada sea debidamente requerida por quien se encuentra autorizado a peticionarla. 88

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Las circunstancias apuntadas han tornado abstracta la cuestión traída a estudio, lo que así se RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 14.978/17, GUERRA RIVAS, Mario Enrique s/excarcelación. Rta.: 28/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 7538.17 "Lobeluz Pérez" rta. 1/3/2017. FLAGRANCIA (Ley 27.272) Excarcelación rechazada. Verificación de riegos procesales: elusión, registro de múltiples condenas y reincidencia. Tiempo que llevaba en detención que no es desproporcionado si se tiene en cuenta los acotados plazos previstos en la ley 27.272 de flagrancia y que el expediente ya fue elevado a juicio. Confirmación. Fallo: "(…) Si bien la escala penal prevista para el delito de desobediencia por el cual se requirió la elevación a juicio respecto de G. E. G. (cfr. fs. …) permite adecuar su situación en la primera de las hipótesis previstas en el artículo 316, segundo párrafo, al que remite el 317, inciso 1, ambos del código de rito, se verifica un riesgo de elusión que obsta a la libertad pretendida. En efecto, no puede soslayarse que registra múltiples condenas y que la última de ellas fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal nº XX el 27 de diciembre pasado, recuperando la libertad dos días después bajo el régimen de libertad asistida y viéndose involucrado en el episodio que diera origen a estas actuaciones durante su vigencia, el 5 del corriente mes y año. Además, en la última sanción que le fuera impuesta fue declarado reincidente. Ello implica que, de ser condenado también en la presente, su cumplimiento no podrá ser dejado en suspenso y corresponderá la aplicación del art. 50 del CP, situación que impide el acceso a la libertad condicional y constituye una pauta más de valoración negativa prevista en el artículo 319 del código de rito. Las circunstancias reseñadas evidencian un riesgo procesal ante el cual la restricción de la libertad se presenta como el único medio para garantizar la sujeción de Gómez al proceso, máxime cuando el tiempo que lleva en detención no luce desproporcionado si se tiene en cuenta los acotados plazos previstos en la Ley 27.272 y que la causa ya se encuentra radicada ente el Tribunal Oral en lo Criminal n° XX. Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la denegatoria de la excarcelación G. E. G. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo. (Sec.: Uhrlandt). c. 6.582/17, GOMEZ, Gustavo Ezequiel s/Excarcelación. Rta.: 14/02/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272) Imputados menores de edad. Defensa que recurre la resolución que rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.272 y no hizo lugar al pedido de que no se aplique el procedimiento allí previsto. Imputados que fueron alojados en el Centro de Admisión y Derivación y al día siguiente fueron entregados a un familiar o mayor responsable. Circunstancias que debilitan el argumento del recurrente referido a que la nueva normativa choca con la regulación específica del fuero penal de menores y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061. Principios de progresión y no regresividad que no se han visto vulnerados. Legislación que es compatible y no deroga la normativa especial prevista en la Ley 22.278. Plazos previstos en la Ley 27.272 que no aparecen en el caso como insuficientes. Investigación no compleja. Confirmación. Fallo: "(…) Los agravios introducidos por defensa de A. E. R. en el marco de la audiencia oral inicial de fragancia que prevé el art. 353 ter del Código Procesal Penal de la Nación (ley 27.272), no difieren de aquellos que motivaron los pronunciamientos de esta Sala en las causas n° 72.867/16 "C. M.", resuelta el 21 de diciembre del 2016, y 5478/2017 "G.", del pasado 16 de febrero, por lo que habremos de adoptar igual solución. No puede soslayarse que, luego de haber sido sorprendido en flagrancia el imputado, menor punible en razón de su edad y la calificación del hecho atribuido, el a quo dispuso su alojamiento en el Centro de Admisión y Derivación y su entrega a un familiar o mayor responsable, lo que se efectivizó al día siguiente (ver fs. …). Tal situación fáctica resta eficacia al argumento del recurrente acerca de que la previsión del artículo 353 ter se contrapone a la regulación específica del fuero penal de menores y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061. En cuanto a la alegada afectación a los principios de progresión y no regresividad, basada en el hecho de que el niño no cuenta con la posibilidad de optar entre el procedimiento ordinario y el de flagrancia, tampoco puede sustentar la pretensión aquí tratada. Hemos sostenido que "…las cuestiones que se vinculan con la política criminal ponderadas por el legislador resultan ajenas a la órbita judicial si no se ven vulneradas las garantías constitucionales, lo que no fue demostrado en el presente caso. Es dable resaltar que el imputado y su defensa cuentan con la posibilidad de cuestionar la procedencia del trámite establecido por la Ley 27.272 y el juez debe pronunciarse, con la posibilidad de articular un recurso 89

ordinario al que se le otorga efecto suspensivo. Que dicho trámite responde a los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración que garantizan la sustanciación del debido proceso y observan las reglas previstas para la declaración indagatoria en el procedimiento común, en todo lo que no resulte contrario a las nuevas disposiciones vigentes." -cfr. precedentes citados-. Asimismo, le asiste al prevenido el derecho de entrevistarse con su defensor y es impuesto del hecho, de las pruebas habidas en su contra y de la posibilidad de negarse a declarar sin que ello constituya una presunción en su contra. En tanto, la defensa puede ofrecer prueba dentro del plazo previsto que, en el presente, puede extenderse hasta veinte días, lo que aparece suficiente a la luz de la ausencia de complejidad que supone la investigación de los casos abarcados por la nueva legislación. Del mismo modo, la ley recepta la posibilidad de solicitar la excarcelación, de plantear las nulidades y excepciones que se consideren pertinentes y recurrir su eventual denegatoria, de modo que no hay lugar para impetrar la afectación del debido proceso en lo que se refiere a los aspectos mencionados. Con relación a la supuesta incompatibilidad del régimen de flagrancia con las pautas de la ley 22.278 que alega la defensa, este tribunal ha dicho que: "la inconstitucionalidad de una norma no puede basarse en la ampliación de una facultad ya vigente en favor de los intervinientes -vgr. presentar peticiones y acuerdos entre partes ante el juez desde una etapa procesal anterior a la prevista antes de la modificación-, pues en todo caso constituyen potestades que la defensa, de considerarlo inconveniente en el caso concreto, puede no ejercer" -cfr. fallos citados-. Sin perjuicio de ello, se resaltan también aquí cuestiones fácticas suscitadas en los tribunales de menores, donde es frecuente la presentación de acuerdos de juicio abreviado o solicitudes de suspensión del juicio a prueba, receptados favorablemente sin relegar las especificidades de la ley 22.278, que posee respaldo constitucional en tanto contempla condiciones especiales para habilitar la sanción de delitos cometidos por personas menores de edad. De tal modo, el juego armónico de las normas involucradas "…dio paso a la aplicación de los institutos mencionados, ajustándolos convenientemente a la especial situación de las menores de dieciocho años ante la ley penal, lo que demuestra que es posible compatibilizar las soluciones anticipadas previstas por la ley de flagrancia con los rasgos particulares del régimen de menores derivados de la Constitución Nacional y los tratados internacionales vigentes" -fallo citado-. El nuevo articulado no deroga, como parece entender el impugnante, la normativa especial prevista en la Ley 22.278, ya que esta última constituye una ley de fondo con respaldo constitucional y convencional. Además, tal como sucede con todo el ordenamiento jurídico, al aplicarlo a los casos concretos los jueces deben tener en consideración el resto de la legislación pertinente a cada supuesto. Así, tratándose de un niño imputado por la comisión de un delito, se deberá tener en cuenta toda la regulación de la ley penal de menores, entre ella los fines tuitivos y resocializadores y los específicos mecanismos que deben observarse en cumplimiento de dicho objetivo. Ahora bien, si se entiende que la defensa considera violatorio de garantías constitucionales es la caducidad prevista en el artículo 353 sexies, CPPN, para presentar hasta el momento de la audiencia de clausura un acuerdo de juicio abreviado o una solicitud de suspensión del juicio a prueba, ese agravio tampoco es actual y su tratamiento no se vincula con el caso de autos, donde las partes no pretendieron ninguna de las soluciones mencionadas ni se alegó un agravio derivado del rechazo de aquellas alternativas con fundamento en el carácter fatal del plazo. El anterior régimen aplicable a los casos de flagrancia fue sustituido por los artículos 2° y 3° y completado por los artículos 4°, 5°, 6° y 7° de la Ley cuestionada, de modo que si prosperase el pedido de no aplicación de la Ley 27.272 a los procesos regulados por la Ley 22.278, los menores imputados no tendrían otra posibilidad que la de atenerse al trámite ordinario, lo que no aparece como una solución satisfactoria frente a la comprobada posibilidad de coordinar la aplicación de ambas normas respetando los estándares constitucionales vigentes en la materia. La declaración de inconstitucionalidad solo procede excepcionalmente cuando la confrontación de la norma demuestra su incompatibilidad con la letra y el espíritu de nuestra Constitución Nacional de manera absoluta y evidente (1), al punto de no poder ser salvada por una correcta interpretación del ordenamiento en su conjunto -aspecto que aquí no se verifica- corresponde homologar el rechazo del pedido de no aplicar la Ley 27.272 a este proceso, y asimismo su inconstitucionalidad. Ahora bien, en cuanto a la pretendida complejidad del procedimiento, corresponde señalar en primer lugar que, pese a las previsiones del artículo 353 quater, párrafo cuatro, del catálogo procesal, el planteo de inconstitucionalidad tratado anteriormente ha desplazado en autos la intervención en el recurso de un único magistrado de cámara para su tratamiento. Sentado ello, también sostuvimos en el precedente citado que "el único supuesto en que resulta factible discutir la aplicación del procedimiento de flagrancia, conforme el artículo 353 quater, del CPPN, se halla constituido por la falta de verificación de los presupuestos del artículo 285 o la complejidad de la investigación". Ninguno de esos extremos fue argumentado por el recurrente, pues su pretensión se basa exclusivamente en la circunstancia de que su asistido cuenta con 17 años y por ende, es menor de edad. La asistencia técnica tampoco plantea una pesquisa dificultosa que impida recoger pruebas dentro del plazo fijado por el juez para la celebración de la audiencia de clausura. Ello es así, porque el supuesto no exhibe desde esa perspectiva ninguna de tales características, en tanto no existen otras diligencias que deban disponerse para la investigación del suceso. En definitiva, no existiendo complejidad, habrá de avalarse la decisión del magistrado a quo. Por ello, el tribunal RESUELVE: I. Confirmar el auto traído a estudio en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 72.899/16, R., A. E. s/ inconstitucionalidad. 90

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Rta.: 02/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1.667/12, "R.", rta. 28/11/12. FLAGRANCIA (Ley 27.272) Audiencia multipropósito en la cual, luego de la declaración del imputado, del rechazo de las diligencias solicitadas por la defensa, el dictado de la prisión preventiva y el rechazo al pedido de excarcelación, el magistrado la transformó en una clausura del procedimiento (art. 353 quinquies del C.P.P.N.). Defensa que al dia siguiente plantea la nulidad de la clausura y de la elevación a juicio a juicio por no habérsele corrido el traslado previsto por el art. 349 del CPPN. Extemporaneidad del planteo. Principios de preclusión y progresividad. Recurso mal concedido. Fallo: "(…) El 11 de mayo de 2017 se celebró la audiencia inicial, multipropósito y oral de flagrancia prevista en el artículo 353 ter y quater del Código Procesal Penal de la Nación. En aquella ocasión el fiscal solicitó que el procedimiento se enmarque dentro de lo establecido en la ley 27.272, sin recibir objeción alguna. Además, en esa misma oportunidad, declaró el imputado; se rechazaron las medidas de prueba solicitadas por su asistencia técnica; se dictó la prisión preventiva de S. y no se hizo lugar al pedido de su excarcelación. Por último, la juez de grado transformó aquella audiencia inicial en una de clausura del procedimiento -artículo 353 quinques del ordenamiento procesal- (ver acta de fs. …). Al día siguiente la asistencia técnica presentó un escrito solicitando que se declare la nulidad de la clausura y elevación a juicio, por considerar que se omitió darle traslado en los términos del artículo 349 del ordenamiento de forma (fs. ...). En la misma fecha ese planteo fue rechazado (fs. …). Luego, también por escrito, la defensa apeló aquella decisión (fs. ...); recurso que fue concedido en la anterior instancia (fs. …). Ahora bien, en el examen de procedibilidad que nos corresponde efectuar (artículo 444 del CPPN), cabe recordar que el artículo 353 bis del código de forma dispone que las decisiones jurisdiccionales en el marco del procedimiento de flagrancia se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Así como también que las resoluciones se notificaran en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo. Asimismo, el artículo 353 sexies de ese mismo ordenamiento prevé que desde la audiencia oral inicial de flagrancia hasta la de clausura inclusive deberán introducirse los pedidos de nulidad y las excepciones que se consideren pertinentes, los que serán resueltos en la misma audiencia. De ello se colige entonces la manifiesta extemporaneidad del planteo de invalidez realizado por la defensa, cuestión que, por consiguiente, también acarrea a la apelación articulada. Abrir la vía recursiva a estos supuestos conspira contra los principios de preclusión y progresividad que impiden que el proceso se retrotraiga a etapas ya superadas, al igual que atenta contra los de oralidad, inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración, distintivos del procedimiento de flagrancia instaurado en la ley 27.272. Por lo expuesto, se RESUELVE: DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación de (fs. …) (artículos 353 bis, 353 sexies y 444 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, González Palazzo. (Sec.: Barros). c. 28.445/17, SOTO, Gonzalo s/ Flagrancia. Rta.: 24/05/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272) Menores. Recurso de casación contra la resolución que confirmó el rechazo al planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.272 y rechazó la aplicación del procedimiento allí previsto. Conceder parcialmente el recurso respecto de la decisión que confirmó el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la ley 27.272 por resultar la resolución equiparable a sentencia definitiva y rechazar parcialmente el planteo respecto de la objeción a aplicar el procedimiento mencionado por tratarse de una cuestión de carácter procesal. Fallo: "(…) I. Sobre la inconstitucionalidad: En el análisis de la viabilidad del recurso corresponde señalar que la impugnación fue deducida en forma temporánea (art. 463, CPPN), cuenta con una fundamentación autónoma, con la enunciación de las normas que considera erróneamente aplicadas y el sentido que entiende debe dárseles. De igual modo, la decisión cuestionada se encuentra prevista en el art. 457 del citado cuerpo legal, toda vez que resulta equiparable a sentencia definitiva pues, de verificarse las lesiones constitucionales denunciadas, tal pronunciamiento puede generar al reclamante un perjuicio de imposible o tardía reparación en una etapa procesal ulterior. II. Sobre la complejidad de la investigación: Distinta solución merece lo relacionado a este punto, en tanto lo decidido se encuentra fuera de los supuestos contemplados en el artículo 457 citado, toda vez que define una cuestión de carácter procesal (1). Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: I.- Conceder parcialmente el recurso de casación interpuesto por la defensa oficial contra la decisión que confirmó el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la Ley 27.272 respecto del régimen penal de menores emplazándosela de acuerdo a lo previsto en el artículo 464 del CPPN. II.- Rechazar parcialmente el recurso interpuesto en relación al punto restante. (…)".

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C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 72.899/16, R., A. E. s/ recurso de casación. Rta.: 01/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 5478.17 "G." rta. 14/3/2017. FLAGRANCIA (Ley 27.272) Recurso de queja contra el auto que rechazó in limine el pedido de excarcelación, que fuera presentado al día siguiente del cierre de la audiencia multipropósito (Art. 353 quater del C.P.P.N.). Excarcelación oportunamente rechazada en la audiencia multipropósito y no recurrida. Principios de preclusión y progresividad. Rechazo. Fallo: "(…) Llega a estudio del tribunal la queja deducida por la Dra. Mariana Soledad Herrera (fs. …) contra el rechazo a su recurso de apelación contra el proveído del 12 de mayo de 2017 (fs. ...). Las constancias de autos revelan que al cierre de la audiencia multipropósito (fs. …), la defensa requirió la excarcelación de su asistido, pedido que en esa oportunidad fue rechazado por el juez a quo, de conformidad con la opinión del fiscal allí presente. En esa ocasión, la asistencia técnica no interpuso recurso alguno. Al día siguiente presentó un escrito requiriendo nuevamente la libertad del imputado, lo cual fue rechazado in limine por el a quo a (fs. …), con cita de las previsiones del artículo 353 quater del código de forma. La denegatoria de la posterior impugnación contra esa decisión, suscitó la queja que aquí nos ocupa. Tal como lo ordena el art. 353 bis, según la ley n° 27.272, en los procedimientos especiales de flagrancia "Si el imputado solicitare la excarcelación deberá hacerlo en forma oral y el juez resolverá en la misma audiencia", y que las resoluciones se notificaran en esa oportunidad, debiendo en ese momento interponerse los recursos pertinentes. De ello se colige que resulta extemporánea la presentación posterior al acto documentado a (fs. …), ya que no se adecua al procedimiento instaurado por la ley citada, y atenta con los principios de preclusión, progresividad, oralidad, inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración, por ella instaurados. De tal modo, la apelación fue correctamente denegada, y la queja debe ser rechazada. En consecuencia, se RESUELVE: RECHAZAR la queja articulada por la Dra. Mariana Soledad Herrera. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, González. (Sec.: Barros). c. 28.445/17, SOTO, Gonzalo s/Queja. Rta.: 06/06/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272) Excarcelación rechazada. Verificación de riesgos procesales. Imputado que registra antecedentes condenatorios. Eventual sanción a imponer que no podrá ser de ejecución condicional. Identificación en los procesos con distintos nombres. Dudoso arraigo. Tiempo proporcionado de detención. Confirmación. Fallo: "(…) Si bien la escala penal prevista para el delito de robo en grado de conato que se le atribuye a C. S. (cfr. fs. … del principal) permite adecuar su situación a la primera hipótesis liberatoria del artículo 316, al que remite el artículo 317, inciso 1°, ambos del código adjetivo, lo cierto es que emergen del caso riesgos procesales que obstan a la concesión del instituto. En ese sentido, valoramos que fue condenado en tres oportunidades, siendo el último de tales pronunciamientos el dictado el 21 de octubre de 2014 por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 13, a la pena de seis meses de prisión, como autor del delito de robo tentado (fs. …). De allí se infiere que, en caso de recaer igual sanción en estos obrados, ella no podrá serlo de ejecución condicional e importará la declaración de reincidencia del prevenido, pauta de expresa ponderación, conforme el artículo 319 del código ritual. Tampoco puede soslayarse que del informe del Registro Nacional de Reincidencia surge que el causante se encuentra anotado con cinco identidades diversas (cfr. fs. …). Sobre este punto, "se ha señalado como obstáculo para la excarcelación… la utilización de nombres falsos…. (1). Asimismo, cabe reparar en que si bien el domicilio que brindó inicialmente ante el personal policial fue ratificado por el encargado del parador comunitario que funciona en C. XX de esta ciudad (fs. …), luego, en el marco de las dos audiencias materializadas ante el juzgado instructor, sostuvo residir en esa misma calle pero a la altura XX donde alquila semanalmente, mientras que al confeccionarse el informe obrante a (fs. …) señaló que en realidad se encontraba en "situación de calle" desde un año y medio atrás, todo lo cual torna incierto su arraigo. Además, se le sigue otra causa en el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1, iniciada el año pasado en orden al delito de robo en grado de tentativa, la que se encuentra próxima a fijar fecha de debate (fs. ...). Finalmente, los quince días que lleva en detención no se exhiben desproporcionados en relación con el avanzado estado del proceso, cuya instrucción fue clausurada, y que sus condiciones personales impiden sostener que, en caso de recaer condena, lo será por el mínimo legal previsto para el delito que se le atribuye. Por lo expuesto, se RESUELVE: Confirmar la decisión del juez a quo que no hizo lugar a la excarcelación de L. D. C. S. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 35.864/17, CEJAS, Luis Daniel S/ Incidente de excarcelación. Rta.: 28/06/2017

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Se citó: (1) [CCC, Sala VII, DJ, 1997-2-412; CCC, Sala VI, JPBA, 116-103-262; CCC, Sala V, LL, 2001-E849, 16.013-S]" Navarro, Rafael José y Daray, Roberto Raúl, "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, Bs. As. 2013, t. II, comentario al art. 319. FLAGRANCIA (Ley 27.272). Nulidad de la decisión de adecuar el trámite al procedimiento de flagrancia. Fiscal que recurre. Imputada sorprendida inmediatamente después de cometido el hecho. Magistrado que, ante la oposición formulada por la defensa de que el proceso tramite como un proceso de flagrancia, tenía la posibilidad de disponer que la causa se sustancie de conformidad con las reglas comunes (art. 353 quarter, párrafo tercero del ritual), sin necesidad de declarar la nulidad recurrida por la fiscalía Revocación. Fallo: "(…) La representante del Ministerio Público Fiscal recurrió en apelación la resolución documentada a fs. (…), en cuanto se declaró la nulidad de la decisión de esa parte de adecuar el trámite al procedimiento de flagrancia. Al respecto, si bien en la descripción del hecho efectuada a fs. (…) se omitió hacer referencia a las circunstancias en que se produjo la detención de la imputada, se coincide con la recurrente en cuanto a que "de acuerdo al art. 285 del código de rito, cuando el personal policial interviene inmediatamente después del hecho, se encuentra concretado el requisito legal para que el hecho sea encuadrado como flagrancia" (…), pues de la declaración testimonial de N. A. B. -que se puso en conocimiento de la imputada y su defensa-, surge que "instantes después llegaron al lugar varios móviles policiales" (...). En consecuencia, se considera que G. B. R. G. habría sido sorprendida "inmediatamente después" de cometido el hecho que se le reprocha (artículo 285 del Código Procesal Penal). Por ello, sin perjuicio de señalar que al haberse opuesto la defensa a la tramitación del caso como un proceso de flagrancia, el señor juez de grado tenía la posibilidad de disponer que la causa se sustancie de conformidad con las reglas comunes (art. 353 quarter, párrafo tercero del ritual), sin necesidad de declarar la nulidad recurrida por la fiscalía, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución obrante a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec.: Ad hoc.: Sposetti). c. 6.507/17, RUIZ GONZALEZ, Georgina B. s/ Lesiones leves. Flagrancia. Rta.: 16/02/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Imputado menor de edad. Defensa que recurre la resolución que 1) no hizo lugar al pedido de que no se aplique el régimen de la ley 27.272 y 2) rechazó el planteo inconstitucionalidad de la norma. 1) Régimen especial cuya aplicación sólo procede a instancias del ministerio público fiscal. Caso en que la cuestión no ha precluído toda vez que el fiscal fundadamente abandonó su pretensión inicial. Revocación. Tramite común. 2) Agravio que no debe ser tratado debido a que se ha tornado inoficioso su análisis. Disidencia: 1) Planteo que no debe ser tratado debido a que se dirigió a cuestionar la aplicación de la ley para la generalidad de los casos en que pretenda ser aplicada a juicio de menores y no al caso concreto. 2) Caso en el que no se advierte que la aplicación de la legislación haya provocado un gravamen al menor. Confirmación. Fallo: "(…) Se celebró la audiencia oral prevista en el artículo 454 del Código Procesal Penal, con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la defensa de C. G. V. (…). La recurrente se agravia, por un lado, en virtud del rechazo de la solicitud de que no se aplique el procedimiento de flagrancia previsto en el artículo 353 bis del Código Procesal Penal, según ley 27.272, y, por otro, del planteo subsidiario de inconstitucionalidad de la citada ley en los procesos seguidos contra menores de edad en los términos de la ley 22.278. La defensa sostuvo, en forma genérica, que el régimen establecido por la ley 27.272 no debe aplicarse en ningún supuesto en el que se encuentren involucrados menores de edad. Afirmó en ese sentido que la imposibilidad de otorgar la libertad a los menores desde la comisaría en atención a que el imputado debe comparecer detenido a la audiencia prevista en el artículo 353 ter del citado código, afecta el derecho a la libertad ambulatoria y la igualdad, pues la situación del menor que se encuentra sometido a este régimen difiere de la de aquél que no lo estuviera. Agregó que el plazo de detención es desproporcionado y que el lapso previsto para el procedimiento afecta el régimen penal juvenil, que contempla un período de un año para el trámite del expediente tutelar. En ese sentido, adujo que si bien la defensora de menores estuvo de acuerdo con la aplicación del nuevo procedimiento de flagrancia, no aportó datos sobre la situación de V. ni compareció a la audiencia celebrada ante esta alzada. Por otra parte, sostuvo que la decisión que rechazó el planteo carece de la debida fundamentación pues únicamente se argumentó que el artículo 4 de la ley 22.278, es aplicable. En cuanto al planteo subsidiario de inconstitucionalidad, indicó la defensora que la ley 27.272 contradice la Convención de los derechos del niño y el estado de inocencia del menor de 18 años. Por su parte, el Dr. R. S., Fiscal General, expresó que coincidía en lo sustancial con los argumentos vertidos por la defensa.

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Al presentar su réplica, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la aplicación de la ley 27.272 colisiona con el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional que otorga jerarquía constitucional a la Convención de los derechos del niño. Agregó que violaba el principio de mínima intervención respecto de menores y el principio de progresividad, en oposición al de regreso que contemplaba el anterior procedimiento en tanto permitía al imputado optar por la aplicación del procedimiento común, lo cual resultaba más favorable. También indicó que en razón de que los legisladores no contemplaron la situación de los menores al tiempo del dictado de la norma, se impone realizar un esfuerzo interpretativo como el presente. Señaló además, que el artículo 4 de la ley 22.278, prevé un plazo para el tratamiento tutelar del menor que no se compadece con los plazos exiguos establecidos en el nuevo régimen de flagrancia. Finalmente, sostuvo que la complejidad a la que se refiere la norma en el artículo 353 quáter, tercer párrafo, del Código Procesal Penal, puede interpretarse como extensiva a las distintas vicisitudes que se presentan en la investigación como es el caso en que hay menores involucrados, y formuló reservas de recurrir en Casación. El juez Mariano A. Scotto dijo: Cabe destacar preliminarmente que las críticas efectuadas no fueron en relación al hecho concreto, sino que se dirigieron a cuestionar la ley para la generalidad de los casos en que pretenda ser aplicada a juicio de menores. Esta circunstancia, en la medida que no se formuló oposición concreta en los términos establecidos por en el artículo 353 quáter, párrafo tercero, del ritual, lleva a descartar la oposición al trámite de flagrancia. Por lo demás, he sostenido en oportunidad de decidir en la causa N° 2435/17, "F., J. E.", de la Sala de Feria A, resuelta el pasado 31 de enero que, ante todo y como principio rector del análisis se debe recordar que "La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, y requiere de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio en el caso concreto" (1), lo que no se aprecia en este caso. Cabe poner de resalto que al momento de ordenarse la aplicación de la ley 27.272 se dispuso la remisión del menor al I. I. (…) y la jueza interviniente ordenó la aplicación de lo normado en el artículo 2° de la ley 22.278. No parece, entonces, advertirse ningún gravamen que justifique la sanción pretendida cuando dicho proceder se adecua claramente a lo establecido en el artículo 10 de las "Reglas de Beijing" invocadas por la defensa al interponer el planteo por escrito y en la audiencia inicial (…). En cuanto a la imposibilidad de optar por la aplicación del régimen común (violación al principio de progresividad), no se aprecia una crítica suficiente que permita contemplar dicha situación como encontrada con la Carta Magna, aún frente al artículo 33 invocado por la fiscalía. Es que la decisión legislativa se encuentra por encima de la simple crítica a situaciones más o menos favorables respecto de una ley anterior en tanto la actual no vulnere garantías constitucionalmente protegidas, de lo contrario se estaría ante la descalificación de una ley, basada en la argumentación de su confronte con el texto constitucional por el solo hecho de no agradar a la parte que lo invoca, máxime cuando la ley expresamente contempla la posibilidad, aunque reglada, de oponerse a este trámite especial. De todas formas, no parece la interpretación propuesta por la fiscalía, ser la tenida en cuenta por el legislador al contemplar la complejidad de la investigación como impedimento para la aplicación del nuevo régimen de flagrancia. Pero, al margen de ello, no se aprecia cuál es el perjuicio que podría irrogarle, en este tópico concreto, cuando al imputado se le otorgan todas las garantías que contempla el procedimiento común, a las que se suman la obligación de que todas las decisiones jurisdiccionales "se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración" (artículo 353 bis, segundo párrafo del ordenamiento adjetivo), lo que pareciera otorgar un mejor resguardo a sus derechos y un mayor espectro a las posibles soluciones alternativas. En este, y en otros puntos cabe recordar que la "Reglas de Beijing" establecen en su artículo 7.1 que "En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior." Extremos todos garantizados en el procedimiento de la ley 27.272. Es que debe resaltarse que la sanción de la nueva ley no ha derogado la 22.278, la que como ley especial deberá primar en su aplicación cuando ésta confronte sin posible solución alternativa con la criticada. Tal debe ser la solución aplicable pues de lo contrario sólo se dejaría a los menores ante la posibilidad de ser juzgados por el procedimiento común, en tanto la anterior legislación sancionada para casos flagrantes ha quedado en la actualidad derogada. Esta solución ha sido sostenida por la Sala IV de esta Cámara en la causa 72.867/2016/CA1 "C.M, L." rta: el 21-12-2016 y por la Sala VII en la causa 73.574/2016/CA1 "A., L." rta el 15-12-2016. De allí que, aunque escueta, la argumentación introducida por la señora juez de la instancia anterior en el acotado margen que la celebración de la audiencia oral permite, se estima suficiente a los fines de fundar el rechazo decidido. Por lo demás, la cuestión que se vincula con la coerción personal encuentra un especial tratamiento, puesto que en la primera audiencia se discute la libertad del imputado, instancia que se resuelve inmediatamente. Lo propio tiene lugar con la introducción y motivación del recurso respectivo, así como su concesión, además de que se prioriza la intervención del tribunal de apelación respecto de otras cuestiones cuyo análisis es diferido. Como puede verse, en su caso el encausado bien puede obtener un pronunciamiento relativo a su libertad con mayor celeridad que en el sistema común del procedimiento. 94

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional De lo actuado en esta causa, inclusive, se desprende el efectivo y cierto ejercicio del derecho de defensa, sin que tenga andamiento el argumento introducido en la audiencia oral relativo a la ausencia de fundamentación de lo decidido En tal sentido, las cuestiones que se vinculan con la política criminal ponderadas por el legislador resultan ajenas a la órbita judicial si no se ven vulneradas garantías de tenor constitucional. En razón de las consideraciones que anteceden, voto por homologar la resolución recurrida. El juez Mauro A. Divito dijo: La asistencia técnica de C. V. -que es un joven de 16 años de edad- ha cuestionado la tramitación del caso como un proceso de flagrancia y, en subsidio, postuló la declaración de inconstitucionalidad de la legislación que lo instituyó. Frente al planteo principal, mediante el que la defensa procura, como se dijo, que no se apliquen las previsiones de la ley 27.272 en relación con el menor de edad aquí imputado, estimo necesario señalar que la reforma que aquélla introdujo en los arts. 353 bis y ss. del Código Procesal Penal ha importado, según mi opinión, la consagración de un régimen que, en los supuestos allí contemplados, se aparta -en forma significativade la distribución de funciones entre los representantes del ministerio público fiscal y los jueces que caracteriza al procedimiento penal común, de carácter mixto. Ello queda evidenciado, por caso, en que este nuevo trámite ha de aplicarse solamente si la fiscalía así lo decide, las resoluciones deben adoptarse en audiencias contradictorias y respetando la bilateralidad, y el dictado de la prisión preventiva depende de la solicitud de alguna parte, extremos que, entre otros aspectos, dejan en claro que en tales hipótesis el sistema sigue un modelo eminentemente acusatorio, de modo que el órgano jurisdiccional cumple, durante la investigación, un rol de "juez de garantías". Desde esa perspectiva, es menester recordar, en cuanto ahora interesa, que en el sub examine la defensa objetó inicialmente la aplicación de este procedimiento especial (…), que ese planteo fue rechazado por la señora juez, que tal decisión fue apelada y, finalmente, que durante la audiencia oral celebrada en esta instancia, el señor fiscal general expuso las razones por las que comparte, en lo sustancial, las pretensiones de la recurrente. Esa reseña deja en claro, por un lado, que la cuestión vinculada con el trámite que corresponde imprimir al proceso no se encuentra precluída y, por el otro, que al respecto ya no hay controversia entre las partes, pues a estas alturas- tanto la acusación pública como la defensa coinciden en que la causa no debe sustanciarse en los términos que la ley establece actualmente para los supuestos de flagrancia. En tales condiciones, tratándose de un régimen especial cuya aplicación sólo procede a instancias del ministerio público fiscal, que aquí, mientras la cuestión -como se dijo- no se hallaba definida, ha abandonado fundadamente su pretensión inicial, sin que se advierta arbitrariedad en la argumentación del señor fiscal general, me inclino por hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa. Por lo demás, destaco que, en lo sustancial, este es el criterio que ha sostenido, en un reciente caso -muy similar al aquí planteado- una sala de esta Cámara (2). Lo expuesto conduce, en definitiva, a sostener que en la causa no debe ser aplicado el nuevo régimen, extremo que torna inoficioso el examen de los otros aspectos que se han ventilado en torno de su inconveniencia -e incluso su inconstitucionalidad- en materia penal juvenil. Consecuentemente, voto por: 1. revocar la resolución apelada y disponer que la causa se sustancie de conformidad con las reglas comunes; y 2. declarar abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Tras haber oído la grabación de la audiencia celebrada, sin preguntas que formular a la defensa y luego de haber deliberado, adhiero a la solución propuesta por el colega Mauro A. Divito por los fundamentos oportunamente brindados en el precedente "G." (3), al que me remito en honor a la brevedad. En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR lo resuelto a fs. (…), y disponer que la causa se sustancie de conformidad con las reglas comunes. II. DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto (en disidencia), Divito, Rimondi. (Sec.: Besansón). c. 1.699/17, V., C. G. s/ Robo en tentativa. Inconstitucionalidad. Rta.: 13/02/2017 Se citó: (1) C.S.J.N., "Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/exhorto, rta.13/9/16, entre muchas otras". (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 2255/2017, "S.C., R.", rta.: 07/02/2017. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala I, c. 2422/2017, "G., A. A.", rta.: 10/02/2017. FLAGRANCIA (Ley 27.272). Menores. Rechazo al pedido de que no se aplique a la investigación el régimen previsto por la Ley 27.272. Inconstitucionalidad rechazada. Régimen que no resulta compatible con el procedimiento especial previsto para los menores sometidos a un proceso penal. Revocación.Planteo de inconstitucionalidad cuyo pronunciamiento deviene inoficioso. Fallo. "(...) en el presente recurso N° 6350/2017, en la que expusieron las partes de acuerdo a lo establecido por el art. 454, Cód. Proc. Penal (conf. ley 26.374). (...). Los argumentos brindados por la defensa en la audiencia, que fueron oportunamente respondidos por el Sr. fiscal, merecen ser atendidos, por lo que la resolución apelada habrá de ser revocada, disponiéndose la no aplicación del procedimiento de flagrancia (Ley 27.272). Sin perjuicio de dejar sentado que el suceso que se investiga en autos resulta un evento de 95

escasa complejidad y en principio cumple con los requisitos del art. 285 del Código Procesal Penal de la Nación a los efectos de aplicar la nueva ley, este tribunal ha resuelto muy recientemente en un caso similar, que éste régimen no resulta compatible con el procedimiento especial previsto para los menores sometidos a un proceso penal. En ese sentido, hemos sostenido, entre otros argumentos que damos por reproducidos en este acto, que "…sin desconocer un mayor respeto a las garantías procesales fijadas en el nuevo sistema en cuanto a la oralidad en su tramitación y, con ello, los principios de bilateralidad, contradicción, publicidad, concentración e inmediatez que entran en juego -los que, por lo demás, compartimos y aplicamos a partir de la reforma de la ley 26.374-, consideramos que ambos sistemas devienen incompatibles y que su aplicación conjunta crearía un procedimiento 'centauro': una cabeza que guía al joven para que comprenda más inteligentemente los hechos imputados derivado de su inmadurez emocional o afectiva, que podría concluir con su absolución, en un cuerpo que, contrariamente, busca una solución expedita en el marco de la emergencia de seguridad pública…" (in re: CN° 2422/2017, "G.", del 10/02/2017). Atento lo expuesto precedentemente, toda vez que la declaración de inaplicabilidad del procedimiento según ley 27.272 da respuesta satisfactoria a las partes, no procederá su declaración de inconstitucionalidad, pues debe ser considerada como última ratio del orden jurídico (Fallos: 312:122; 312:1437; 314:407; 316:1681); ello, en atención a la gravedad institucional que representa, por lo que se exige una adecuada utilización del instituto cuando no sea posible efectuar una interpretación de la norma acorde al texto de la constitución (in re, CN° 27.548, "C.", del 29/3/2006); extremo que en el caso, como se dijo, ya tiene solución. En consecuencia, como se adelantara, se RESUELVE: I.- REVOCAR PARCIALMENTE el auto de (fs. ...), y DISPONER LA NO APLICACIÓN del procedimiento de flagrancia en la presente causa seguida a J. A. R. y R. E. L. (art. 455 del Código Procesal Penal de la Nación); II.- NO HACER LUGAR al planteo de inconstitucionalidad deducida en subsidio por la defensa de los imputados (art. 455 ibidem). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: León). c. 6350/17, R., J. A. y otro s/Aplicación ley flagrancia en proceso de menor e inconstitucionalidad. Rta.: 15/02/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Excarcelación rechazada. Instrucción clausurada sin el dictado de la prisión preventiva. Detención del imputado que no fue regularizada (art. 353 quinquies, cuarto párrafo del CPPN). Revocatoria. Libertad. Fallo: "(…) La defensa de L. D. V. apeló la decisión por la que se rechazó su excarcelación (…). Durante la audiencia oral el recurrente solicitó, liminarmente, que se disponga la inmediata libertad del nombrado en función de que en la audiencia multipropósito celebrada en la instancia anterior, no se impuso la prisión preventiva del imputado. Al respecto, del acta de la audiencia y del audio correspondiente a la grabación de ésta, se extrae que el señor juez a quo, si bien decidió -conforme a lo dictaminado por el auxiliar fiscal- rechazar la excarcelación pretendida por la defensa, en momento alguno decretó la prisión preventiva de V., pese a que declaró clausurada la instrucción. Por ello, siempre que no se ha regularizado la detención de V. en los términos del art. 353 quinquies, cuarto párrafo, del Código Procesal Penal y puesto que el auto de prisión preventiva supone una ponderación que no puede entenderse tácitamente realizada, corresponde acceder al reclamo de la defensa. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR lo decidido a fs. (…) y DISPONER LA INMEDIATA LIBERTAD de L. D. V.". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Franco). c. 10.255/17, VALLEJOS, Leandro Daniel s/ Excarcelación. Flagrancia. Rta.: 07/03/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Contienda entre dos juzgados correccionales (hoy llamados juzgados en lo criminal y correccional, a partir de la ley 27.308) para determinar quién debe pronunciarse respecto del acuerdo de juicio abreviado presentado por las partes. Normativa que no realiza ninguna distinción respecto del tribunal que debe resolver un acuerdo de juicio abreviado pero establece que, de presentarse, el juez debe dictar un pronunciamiento de forma inmediata. Resolución que debe ser dictada por quien intervino primigeniamente. Fallo. "(...) se celebra la audiencia oral y pública en el presente recurso n° 5.971/17/1, en la que expuso el compareciente de acuerdo a lo establecido por el art. 454, Cód. Proc. Penal (conf. ley 26.374). (...). En esta contienda negativa de competencia entre dos juzgados correccionales la cuestión de disenso se vincula a si corresponde al tribunal que intervino primigeniamente resolver respecto al acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes, por aplicación del nuevo art. 353 sexies del CPPN o si es un nuevo magistrado de dicho fuero el que debe tomar conocimiento, en virtud de lo dispuesto por el artículo 431 bis del mismo cuerpo legal. Pues bien, en primer término se debe tener en cuenta que la ley 27.272, recientemente puesta en vigor, ha introducido un procedimiento especial para casos como el presente, esto es de flagrancia -extremo no cuestionado en autos-, y que el espíritu de dicha norma ha sido el de dotar al trámite de un director del proceso que actúe como un verdadero juez de garantías, que tome sus decisiones en forma oral, en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración, garantizándose de tal modo su imparcialidad. En el caso analizado, tan evidente es el rol en el que actúa el Sr. juez de grado que en la audiencia de clausura, al manifestar la fiscalía que M. no debía continuar detenido, reevaluó la cuestión de la libertad, no impuso la prisión preventiva y ordenó su libertad 96

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (fs. ...). De este modo, entendemos que un análisis sistemático del asunto nos lleva a considerar que corresponde que el Juzgado en lo Correccional n° (...) sea el que siga interviniendo estos actuados. Ello, además de atenernos a la interpretación literal de la norma, que no realiza distingo alguno respecto al tribunal que debe intervenir al resolver un acuerdo de juicio abreviado y por el contrario establece que, en esos casos como así también al solicitarse la suspensión del proceso a prueba, el juez siempre debe "dictar un pronunciamiento de forma inmediata", dado así cabal cumplimiento a los principios que rigen al proceso de flagrancia, ya enunciados (en ese sentido ver CNCCC, cn° 72.809/16, reg. n° ST 1631/2016, rta.: 28/12/16). Por lo expuesto el tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia para seguir interviniendo al Juzgado en lo Correccional n° 3, (...)”. C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Sosa). c. 74367/16, O. M., M. A. s/ contienda. Rta.: 21/02/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Excarcelación rechazada. Fiscal que durante la audiencia celebrada bajo el procedimiento de flagrancia previsto en el art. 353bis del C.P.P.N., requirió la elevación a juicio y calificó el hecho como robo con armas en calidad de autor, siendo procesado por ése delito, imponiéndosele también la prisión preventiva. Ausencia de antecedentes condenatorios. Eventual sanción a dictarse en la presente que no podrá ser de ejecución condicional. Registrado bajo dos nombres distintos. Falta de arraigo. Inconducta procesal en una excarcelación otorgada en otro proceso. Confirmación. Exhortar a la Sra. Jueza de instrucción a la inmediata elevación de las actuaciones a juicio. Fallo. "(...). Oída la defensa y examinadas las actuaciones, debemos señalar que el fiscal en la audiencia celebrada bajo el procedimiento de flagrancia previsto en el art. 353 bis, CPPN, requirió la elevación a juicio y presentó en consecuencia el correspondiente escrito a (fs. ...), en donde calificó el hecho imputado a M. como constitutivo del delito de robo con armas, en calidad de autor, por el que se le dictó auto de prisión preventiva en la citada audiencia (cfr. (fs. ...), audiencia a la luz del art. 353 quinquies del C.P.P.N., y requerimiento de elevación a juicio agregado a fs. ...). Sentado ello y respecto a la solicitud de excarcelación cuya denegatoria recurrió la defensa, entendemos que los agravios expuestos por el recurrente en la audiencia no logran conmover los fundamentos del auto apelado, que compartimos, por lo que la resolución será homologada. Ello, por cuanto si bien carece de antecedentes condenatorios, la eventual sanción a dictarse en la presente no podrá ser de ejecución condicional en atención al monto mínimo de pena previsto para el delito que se le atribuye (cinco años de prisión). Por otra parte, se advierten riesgos procesales que no pueden ser zanjados mediante medidas menos gravosas que la privación de la libertad (arts. 280 y 319, CPPN). En efecto, se encuentra anotado en la planilla prontuarial de la P.F.A. bajo dos nombres distintos y carece de arraigo. En este sentido, mientras que en la recordatoria de derechos refirió residir en la localidad de Lanús sin perjuicio de no recordar la dirección exacta- (cfr. fs. ...), durante la audiencia de flagrancia adujo pernoctar en una escuela que se ubica detrás de la estación de trenes de Retiro, circunstancia cuya constatación fue negativa ya que se comprobó que en la zona no se sitúa ningún establecimiento escolar y que no es conocido por los vecinos (cfr. fs. ...). Sumado a lo expuesto, no podemos soslayar que en el marco de la causa n° (...) del T.O.C. N° 8 gozó de una excarcelación, pese a lo cual no sólo se vio nuevamente involucrado en un proceso penal, extremo que denota su desapego a las normas sociales de convivencia por cuanto la anterior libertad concedida no incidió en su comportamiento posterior, mostrando una actitud proclive hacia el delito (ver en este sentido, "(...)", rta. 9/12/08, entre muchos otros) sino que además fue declarado rebelde, revocándose en consecuencia la excarcelación, por no haber cumplido con las obligaciones asumidas. Sobre este punto vale destacar además que dicha contumacia fue dejada sin efecto no por su voluntaria comparecencia sino por haber sido habido el 4 de enero del corriente, oportunidad en la que nuevamente asumió el compromiso de presentarse ante el tribunal de origen el 1° de febrero de este año, que también incumplió (cfr. fs. ...). Tal inconducta procesal debe ser valorada como riesgo de fuga (ver en este sentido el precedente de esta Sala n° "(...)", rta. 21/02/17). Por último, resaltamos que el sumario ya ha sido elevado al T.O.C. N° 8 -que resultó sorteado-, en donde el imputado podrá plantear nuevamente esta cuestión, dentro de un espectro jurisdiccional de mayor amplitud. Por los motivos expuestos, el tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR la denegatoria de la excarcelación planteada en favor de M. O. M., en el marco de la audiencia celebrada el 16 de febrero pasado (455 del Código Procesal Penal de la Nación).II.EXHORTAR a la Sra. Jueza de instrucción a la inmediata elevación de las actuaciones a juicio, conforme a lo requerido por el Sr. Fiscal. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Sosa). c. 9306/17, MARIN, Miguel Orlando s/excarcelación. Rta.: 01/03/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Defensa que apela a) la solicitud de suspensión del proceso a prueba rechazada y b) el tipo y monto de la excarcelación impuesta. a) Audiencia realizada sin la intervención de la víctima por falta de notificación suficiente. Acto nulo (art. 76 bis párrafo tercero del C.P.) (art. 166, 167 inc. 2 y cctes. del C.P.P.N.). b) Fiscal que no se opone en la audiencia al pedido de excarcelación bajo caución juratoria. Ausencia de 97

contradictorio. Nulidad del rechazo de la suspensión del proceso a prueba y de la decisión de caucionar la libertad. Magistrado que debe devolver el monto de dinero depositado. Disidencia parcial: b) opinión del fiscal sobre libertad que no es vinculante. Trámite del sumario que debe continuar fijándose la audiencia prevista en el art. 454; CPPN para dar curso a la impugnación efectuada. Fallo. "(...) Los jueces Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi dijeron: De acuerdo a lo que surge del audio de la audiencia y del acta glosada a (fs. ...), la defensa de J. M. B. interpuso recurso de apelación contra la decisión del Sr. juez de grado de rechazar su pedido de suspensión del juicio a prueba y el tipo y monto de la excarcelación de su asistido, que le fue concedida bajo caución real de mil pesos. Ahora, en cuanto a la primera de las cuestiones -probation-, corresponde señalar que de las actas escritas que tenemos a la vista y del audio de la audiencia celebrada no surge constancia alguna que de cuenta sobre la notificación suficiente de la víctima a fin de intervenir en ese acto. A (fs. ...) obra la declaración de G. M. L. damnificado- quien a la pregunta expresa de personal policial manifestó su deseo de asistir a la audiencia que se realizaría "el día miércoles 15 de febrero a las 11 horas", no obstante lo cual no surge indicación alguna en ese instrumento ni en los agregados posteriormente respecto a la dirección donde debía concurrir; por otra parte, tampoco se dejó constancia en el audio de la audiencia, ni en el acta mencionada el motivo por el cual el Sr. L. no concurrió, teniendo derecho a hacerlo (art. 353 ter, CPPN). Así, teniendo en consideración la temática en estudio, en la que se ventila la posibilidad de suspender el juicio a prueba, la falta de su intervención, como parte damnificada (art. 76 bis, párrafo tercero, CP), determina la nulidad de la decisión adoptada a ese respecto (arts. 166, 167, inc. 2° y cctes., del código de forma) -in re: Sala I, causa 72853/16, "S., P.R." del 26/12/16). En consecuencia, frente a la invalidez formal detectada, corresponde declarar la nulidad del rechazo de la suspensión del proceso a prueba adoptada en el marco de la audiencia cuya acta se agregó a (fs. ...), debiendo celebrarse la audiencia prescripta en el art. 293, CPPN. En cuanto al recurso de apelación interpuesto por la defensa respecto al tipo y monto de la excarcelación concedida -real de mil pesos ($1.000), la que fue oblada según constancias de (fs. ...)-, debemos señalar que la petición de esa parte, en el marco de la audiencia celebrada, fue la libertad de B. bajo caución juratoria, sin objeción de la fiscalía, titular de la acción penal pública (cfr. fs. ...), por lo que frente al desinterés demostrado, el Sr. juez De Campos debió haber resuelto en ese sentido. Así, al no existir contradictorio, el magistrado no debía decidir "ultra petitia" porque la propuesta de la defensa no fue controvertida por el Representante del Ministerio Público Fiscal (in re causas nro. 11.381/13/1 "Jofre", rta. 16/4/13 y nro. 8680/13/1, "Mendieta", del 4/4/13; entre otras). En efecto, dentro del actual régimen de flagrancia, el órgano judicial solo puede pronunciarse en audiencia contradictoria, por lo que la ausencia de dicha contradicción sólo habilita la homologación de lo acordado, previo control de legalidad. Entonces, la decisión de caucionar la libertad de B. con la imposición del tipo previsto en el art. 324, CPPN debe ser anulada y en consecuencia, proceder a la devolución del monto oblado (según constancia de fs. ...). Finalmente, en atención a que el informe médico legal de (fs. ...) nada tiene que ver con el trámite de estas actuaciones, corresponde que, una vez devueltas al juzgado de origen se proceda a su desglose. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Comparto la valoración efectuada por mis colegas, plasmada en el punto II pero disiento con la postura que se desarrolla en el punto III. Tal y como lo sostuve en varios precedentes de la Sala VI respecto a si la opinión del Fiscal es vinculante al momento de resolver la libertad del imputado, entiendo que no está expresamente establecido en nuestro catálogo procesal (in re: Sala VI, causas nro. 28961/12 "Oyola Sanabria Jony Stid" del 13 de febrero de 2015; nro. 62709/14 "Ramírez, Juan Ariel", del 13 de noviembre de 2014). Así, entiendo que correspondería continuar con el trámite del sumario y fijar la audiencia prevista en el art. 454; CPPN a fin de dar curso a la impugnación efectuada por la defensa oficial respecto al tipo y monto de la caución fijada al conceder la excarcelación a J. M. B.. Así las cosas, el tribunal RESUELVE: I. DECLARAR la nulidad del rechazo de la suspensión del proceso a prueba adoptada en el marco de la audiencia cuya acta se agregó a (fs. ...), debiendo celebrarse la audiencia prescripta en el art. 293, CPPN. II. ANULAR la decisión de caucionar la libertad de B. con la imposición del tipo previsto en el art. 324, CPPN y proceder a la devolución del monto oblado (según constancia de fs. ...). III. DAR CUMPLIMIENTO a lo dispuesto en el punto IV de los considerandos. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini (en disidencia parcial). (ProsecCám.: Castrillón). c. 8963/17, BOGADO, Manuel Juan s/suspension del juicio a prueba-excarcelacion. Rta.: 01/03/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Menores. Defensa que recurre la resolución que 1) no hizo lugar al pedido de que no se aplique el régimen de la ley 27.272 y 2) planteó en forma subsidiaria la inconstitucionalidad de la norma. 1) Defensa que desde el inicio objetó la aplicación del procedimiento especial. Cuestión vinculada con el trámite que corresponde imprimir al proceso que no ha precluído. Fiscal General que compartió las pretensiones del recurrente. Ausencia de controversia entre las partes. Régimen especial cuya aplicación sólo procede a instancias del ministerio público fiscal. Principio de jerarquía en el vínculo de actuación entre los fiscales. Revocación. Tramite común. 2) Planteo de inconstitucionalidad que deviene abstracto. Disidencia: 1) Defensa que no dio cuenta de cual sería la complejidad concreta para la aplicación del nuevo régimen. Ausencia de perjuicio. Vigencia de la ley 22.278. Adhesión del fiscal vinculada con aspectos generales del régimen y no con circunstancias concretas. 2) Ausencia de gravamen que justifique la sanción pretendida. Proceder adecuado al art. 10 de las Reglas de Beijing. Confirmación.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fallo: "(…) Se celebró la audiencia oral prevista en el artículo 454 del Código Procesal Penal, con motivo de los recursos de apelación interpuestos por la defensa de R. S. S. (…). El recurrente se agravia, por un lado, en virtud del rechazo de la solicitud de que no se aplique el procedimiento de flagrancia previsto en el artículo 353 bis del Código Procesal Penal, según ley 27.272, y, por otro, del planteo subsidiario de inconstitucionalidad de la citada ley en los procesos seguidos contra menores de edad en los términos de la ley 22.278, al que adhirió el Fiscal de Cámara en esta audiencia. La defensa sostuvo, en forma genérica, que el régimen establecido por la ley 27.272 no es conciliable con la Carta Magna, la Convención sobre los Derechos del Niño ni con el plazo de tutela y estudio disciplinario de los menores. Por otra parte, sostuvo que la complejidad estás dada por el procedimiento en sí y no por los hechos que se investigan. El juez Mariano A. Scotto dijo: Al respecto, cabe reeditar aquí lo sostenido en oportunidad de resolver en la causa n° 1699/2017, "V., C. G.", del 13 de febrero pasado (con cita de la causa N° 2435/17, "F., J. E.", de la Sala de Feria A, resuelta el pasado 31 de enero), en cuanto a que no parece la interpretación propuesta por la defensa, ser la tenida en cuenta por el legislador al contemplar la complejidad de la investigación como impedimento para la aplicación del nuevo régimen de flagrancia. Tampoco la defensa da cuenta de cuál sería la complejidad concreta en el caso sub examen. Pero, al margen de ello, no se aprecia cuál es el perjuicio que podría irrogarle, en este tópico concreto, cuando al imputado se le otorgan todas las garantías que contempla el procedimiento común, a las que se suman la obligación de que todas las decisiones jurisdiccionales "se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración" (artículo 353 bis, segundo párrafo del ordenamiento adjetivo), lo que pareciera otorgar un mejor resguardo a sus derechos y un mayor espectro a las posibles soluciones alternativas, más aún si se tiene en cuenta que el sub lite el menor fue entregado a su madre en la Comisaría y concurrió a la audiencia de flagrancia en libertad. En este, y en otros puntos cabe recordar que la "Reglas de Beijing" establecen en su artículo 7.1 que "En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior." Extremos todos garantizados en el procedimiento de la ley 27.272. Es que, debe resaltarse que la sanción de la nueva ley no ha derogado la 22.278, la que como ley especial deberá primar en su aplicación cuando ésta confronte, sin posible solución alternativa, con la criticada. Tal debe ser la respuesta aplicable pues de lo contrario sólo se dejaría a los menores ante la posibilidad de ser juzgados por el procedimiento común, en tanto la anterior legislación sancionada para casos flagrantes ha quedado en la actualidad derogada. De allí que se estima acertada la decisión asumida en la anterior instancia, sin que sea óbice para ello la adhesión del Fiscal General en esta audiencia a la postura defensista, en la medida que los argumentos que expuso el representante del Ministerio Público Fiscal se vinculan con los aspectos generales del régimen y no con las circunstancias concretas del supuesto de autos. Por lo demás, en cuanto al planteo de inconstitucionalidad, ante todo y como principio rector del análisis se debe recordar que "La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, y requiere de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio en el caso concreto" (1), lo que no se aprecia en este caso. Cabe poner de resalto que, además, luego de disponerse la remisión del menor al Instituto I. (…), la jueza interviniente aplicó lo normado en el artículo 1°, segundo y tercer párrafos de la ley 22.278. No parece, entonces, advertirse ningún gravamen que justifique la sanción pretendida cuando dicho proceder se adecua claramente a lo establecido en el artículo 10 de las "Reglas de Beijing" (…). En razón de las consideraciones que anteceden, voto por homologar la resolución recurrida. El juez Mauro A. Divito dijo: La asistencia técnica de R. S. S. -que es un joven de 16 años de edad- ha cuestionado la tramitación del caso como un proceso de flagrancia y, en subsidio, postuló la declaración de inconstitucionalidad de la legislación que lo instituyó. En ese sentido, frente al planteo principal, mediante el que la defensa procura, como se dijo, que no se apliquen las previsiones de la ley 27.272 en relación con el menor de edad aquí imputado, he sostenido que la reforma que aquélla introdujo en los arts. 353 bis y ss. del Código Procesal Penal ha importado, según mi opinión, la consagración de un régimen que, en los supuestos allí contemplados, se aparta -en forma significativa- de la distribución de funciones entre los representantes del ministerio público fiscal y los jueces que caracteriza al procedimiento penal común, de carácter mixto. Ello queda evidenciado, por caso, en que este nuevo trámite ha de aplicarse solamente si la fiscalía así lo decide, las resoluciones deben adoptarse en audiencias contradictorias y respetando la bilateralidad, y el dictado de la prisión preventiva depende de la solicitud de alguna parte, extremos que, entre otros aspectos, dejan en claro que en tales hipótesis el sistema sigue un modelo eminentemente acusatorio, de modo que el órgano jurisdiccional cumple, durante la investigación, un rol de "juez de garantías" (2). Desde esa perspectiva, es menester recordar, en cuanto ahora interesa, que en el sub examine el joven S., luego de su aprehensión, en la misma fecha egresó del Centro de Admisión y Derivación con su madre (…), 99

que en la audiencia multipropósito -a la que concurrió por la citación que se le había notificadola defensa objetó inicialmente la aplicación de este procedimiento especial (…), que ese planteo fue rechazado por la señora juez, que tal decisión fue apelada y, finalmente, que durante la audiencia oral celebrada en esta instancia, el señor fiscal general Dr. Ricardo Sáenz expuso las razones por las que comparte, en lo sustancial, las pretensiones de la recurrente. Esa reseña, además de evidenciar que, en rigor, las nuevas reglas no han sido aplicadas -S. no fue trasladado detenido al juzgado interviniente- deja en claro, por un lado, que la cuestión vinculada con el trámite que corresponde imprimir al proceso no se encuentra precluída y, por el otro, que al respecto ya no hay controversia entre las partes, pues -a estas alturas- tanto la acusación pública como la defensa coinciden en que la causa no debe sustanciarse en los términos que la ley establece actualmente para los supuestos de flagrancia. En tales condiciones, tratándose de un régimen especial cuya aplicación sólo procede a instancias del ministerio público fiscal, que aquí, mientras la cuestión -como se dijo- no se hallaba definida, ha abandonado fundadamente su pretensión inicial, sin que se advierta arbitrariedad en la argumentación del señor fiscal general, me inclino por hacer lugar al recurso interpuesto por la defensa. Por lo demás, destaco que, en lo sustancial, este criterio se ha seguido en otros casos recientes (3). Lo expuesto conduce, en definitiva, a sostener que en la causa no debe ser aplicado el nuevo régimen, extremo que torna inoficioso el examen de los otros aspectos que se han ventilado en torno de su inconveniencia -e incluso su inconstitucionalidad- en materia penal juvenil. Consecuentemente, voto por: 1. revocar la resolución apelada y disponer que la causa se sustancie de conformidad con las reglas comunes; y 2. declarar abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: En el marco del recurso por la defensa, el planteo principal estriba en la inaplicabilidad del régimen de flagrancia en estas actuaciones y en subsidio se bregó por la inconstitucionalidad de la normativa -ley 27.272en lo que pudiere resultar aplicable a los menores punibles. En la audiencia oral celebrada en esta alzada, el señor fiscal general interviniente avaló el planteo defensista. Con arreglo a lo previsto en el art. 353 quater del Código Procesal Penal, la defensa del imputado puede apelar la decisión del juez que, en consonancia con lo dispuesto por el fiscal, confiere al caso el procedimiento especial a que alude la mentada ley. Tal recurso conlleva efecto suspensivo, extremo que permite colegir que el legislador se ha inclinado por someter la cuestión a la definición que surja en el ámbito de la respectiva cámara de apelaciones, en la que, con sustento en las directivas generales de la actividad impugnativa, es llamado a intervenir el fiscal general (art. 454 del canon ritual). Como puede verse, la aplicabilidad o no del régimen es un tópico que se encuentra abierto, ello es, no precluido, y en la audiencia las partes intervinientes -tanto la que ha recurrido como la que no lo ha hechopueden suministrar sus razones al respecto. En tal contexto, siempre que acorde al novel sistema es el Ministerio Público Fiscal el que "…deberá declarar, de corresponder, el caso como flagrancia" (art. 353 ter) y en tanto el punto discutido se encuentra en crisis precisamente ante la actividad recursiva de la defensa -única posibilitada para hacerlo- la opinión del fiscal general puede adquirir relevancia, particularmente cuando su posición es adversa a la sostenida por el fiscal que pretéritamente había entendido que resultaba aplicable el régimen de flagrancia. En ese entendimiento, opera el principio de jerarquía en el vínculo de actuación entre ambos fiscales (art. 9, inciso "a", de la Ley Orgánica del Ministerio Público 27.148), de modo que aquella discusión se cierra cuando en torno al tema debatido el superior jerárquico ha entendido que debían asumirse las reglas del régimen común. Consiguientemente, su dictamen oral opera como un modo de revertir la inicial decisión de imprimir el régimen de flagrancia. En ese sentido, la actuación así descripta del Ministerio Público Fiscal sella la suerte del asunto -cabe aclarar que no ocurre lo propio en otras cuestiones que surte el sistema mixto de enjuiciamiento según las reglas comunes de la ley 23.984-; ello, claro está, como lo ha sostenido el juez Divito, siempre que la posición asumida por el fiscal general no luzca arbitraria -falencia que no surge del caso- y más allá de la opinión que al respecto pudiere abrigar el juzgador. Por ello, en tanto resulta inoficioso abordar el planteo subsidiario de inconstitucionalidad, adhiero a las conclusiones que se extraen del voto del juez Divito. En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR lo resuelto a fs. (…), y disponer que la causa se sustancie de conformidad con las reglas comunes. II. DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto (en disidencia), Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 11.549/17, S., R. S. s/ Robo en tentativa. Rta.: 17/03/2017 Se citó: (1) C.S.J.N., "Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/exhorto, rta.:13/09/2016. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 1699/2017, "V., C. G.", 13/02/2017. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 1699/2017, "V., C. G.", 13/02/2017 y Sala VI, c. 2255/2017, "S.C., R.", rta.: 07/02/2017. FLAGRANCIA (Ley 27.272). Sobreseimiento. Fiscal que recurre por escrito con posterioridad a la audiencia multipropósito. Agravio del Fiscal de Cámara: Auxiliar fiscal que concurrió a la audiencia multipropósito y no realizó planteos ni firmó debido a la postura adelantada por el magistrado de que no aceptaría la presencia de fiscales auxiliares en el acto por considerarlos inválidos. Principio de legalidad. Presentación extemporánea. Planteos que debió 100

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional llevar a cabo la Fiscal Auxiliar durante la audiencia (art. 353 bis, tercer párrafo, de la ley 27.272). Confirmación. Fallo: "(…) II. Agravios: El Sr. Fiscal, Dr. Mauricio Agustín Viera, se agravió de la resolución adoptada por el magistrado de grado -en tanto sostuvo que era inválida la presencia de una auxiliar fiscal en la audiencia multipropósito porque el art. 5° de la ley 24.946 preveía que sólo pueden hacerlo los fiscales titulares-, pues sostuvo que la ley actual del Ministerio Público Fiscal -n° 27.148- prevé en su art. 44, inc. "g", la existencia de los miembros auxiliares y asistentes fiscales. Esa normativa, a su vez, determina las características de sus atribuciones (entre ellas, asistir a las audiencias y realizar diversas diligencias, todo ello bajo las órdenes y la responsabilidad del titular fiscal) y los requisitos que deben reunir para su designación -arts. 51, "b" y 52-. Asimismo argumentó que la Procuración General de la Nación delegó en los fiscales titulares la facultad de designar a los auxiliares, como en el caso bajo estudio, en el cual el Dr. Giménez designó a la funcionaria auxiliar para concurrir a la audiencia, cuya designación acompañó en el acto, y expresó las razones de urgencia que le impidieron concurrir personalmente. Esas circunstancias indican, a su criterio, que la presencia de esa funcionaria se ajusta a la normativa citada y a la jurisprudencia emanada por esta Sala en casos similares -cita la causa n° 75563/16, "Chanampa", rta. 28/12/16, entre otras-, máxime cuando el juez no tacho de inconstitucional esas normas al momento de resolver. Asimismo afirmó que la funcionaria presente en la audiencia no introdujo planteos en esa ocasión pues el juez de grado no la habría dejado intervenir, circunstancia que se evidencia del hecho de que aquella no suscribió el acta. Finalmente, toda vez que la fiscalía impulsó la acción desde el comienzo de las actuaciones y que la concurrencia de la funcionaria auxiliar es válida en virtud de la normativa reseñada, sostuvo que no resulta aplicable la doctrina emanada del fallo "Tarifeño" y que corresponde revocar el sobreseimiento. Por su parte, la defensora oficial Dra. Julieta Mattone, dividió sus argumentos en tres partes: a) planteó la improcedencia del recurso por la forma en la que fue materializado, pues el fiscal apeló la resolución por escrito. Al respecto, destacó que el art. 353 bis, tercer párrafo, de la ley de flagrancia n° 27.272, establece expresamente que los planteos, decisiones e impugnaciones deben hacerse en forma oral. Esa norma no prevé que se pueda hacer por escrito, como lo hizo el fiscal de grado, por lo que aceptar su procedencia afectaría el principio de legalidad. En la misma línea, resaltó que la funcionaria auxiliar concurrió a la audiencia en cuestión -pese a que el juez de grado notificó en forma previa a la audiencia al fiscal Giménez de su criterio en relación a los funcionarios auxiliares, como también al fiscal de cámara para que designe un fiscal titular nuevo- y no efectuó ningún planteo, ni pidió la palabra para dejar asentado los agravios que le generaba la decisión adoptada sobre su legitimación. b) También planteó la improcedencia en relación a la forma en la que se instrumentó, en tanto se hizo extemporáneamente porque fue presentada -por escrito- dos días después de celebrada la audiencia. De la ley de flagrancia surge que los cuestionamientos deben plantearse inmediatamente después de conocida la decisión que se intenta modificar. Reiteró que si bien la auxiliar se encontraba presente en la audiencia, no pidió la palabra ni introdujo algún planteó sobre lo decidido por el magistrado a quo. Asimismo, destacó que el artículo 450 del código adjetivo no es aplicable supletoriamente al procedimiento especial de flagrancia, cuya ley es específica y posterior. c) Finalmente, para el supuesto caso de que esta Sala entienda que el recurso de apelación es procedente, expuso que la decisión impugnada resulta acertada. En ese sentido, argumento que el precedente de esta Sala citado por el fiscal en la audiencia no se aplica al presente caso, pues allí se cuestionó la legitimidad de los auxiliares fiscales en las audiencias de cámara, pero no en las de primera instancia extremo que, a su entender, marca una diferencia fundamental. Ello pues manifestó no es fácticamente posible que un magistrado le de instrucciones a un funcionario sobre todas las eventualidades o planteos sorpresivos que puedan surgir en el desarrollo de una audiencia de esas características. Asimismo, introdujo un planteo constitucional relativo a la ausencia de requisitos de la funcionaria para actuar como fiscal titular. Concretamente, sustentó su argumento en lo previsto en el parágrafo 84 del informe de la CIDH sobre "la garantía para la independencia de los/las operadores de la justicia" (2013), pues esos funcionarios carecen del requisito de independencia que se exige en los magistrados (no son designados por el proceso adecuado, carecen de estabilidad y garantía de permanencia en el cargo). Desde esa óptica constitucional, el impulso de la acción solo puede llevarla adelante un magistrado que reúna esas características. Finalmente, requirió que se rechace el recurso interpuesto y confirme el sobreseimiento, pues una decisión distinta afectaría la garantía de la cosa juzgada y el ne bis inidem. III. Planteada la cuestión en estos términos, compartimos las consideraciones introducidas por defensora oficial en la audiencia, relativas a la forma y oportunidad en la que fue presentado el recurso de apelación de la fiscalía. Si bien hacen a la procedencia de la impugnación, lo cierto es que se encuentra íntimamente vinculadas a la legitimación y la actuación de la Fiscal Auxiliar en la audiencia de flagrancia. Por estas razones, sin perjuicio de los resuelto a fs. (…), es razonable analizarlas en el caso presentado. En efecto, el artículo 353 bis, tercer párrafo, de la ley 27.272 establece que "…las decisiones jurisdiccionales…se adoptaran en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los 101

principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración…". Asimismo prevé que "…las resoluciones se notificarán oralmente en la misma audiencia y los recursos de reposición y apelación se interpondrán y concederán del mismo modo…". De la lectura de esa normativa se advierte que el legislador no previó supuestos de excepción que habiliten a las partes a hacer presentaciones por escrito y/o en una oportunidad distinta de la misma audiencia en la que se adoptan las resoluciones. En esa dirección debe resaltarse que la oralidad de la audiencia materializada en los términos del artículo 454 del ritual para analizar el recurso que presentó oportunamente el Fiscal Titular por escrito 48 horas después de concluida la audiencia, no subsana la omisión en la que incurrió la fiscalía al no plantear el recurso de apelación oralmente y en la audiencia correspondiente. La audiencia ante esta Cámara no resulta equiparable a las multipropósitos contempladas en los arts. 353 ter, quater y quinquies que regulan las audiencias de inicio y clausura de esta forma del proceso, y cuyas notas distintivas resultan ser la inmediación, continuidad, bilateralidad y contradicción (artículo 353 bis del CPPN); principios que se erigen como garantías para el imputado. Con base en ello, la presentación por escrito que obra a fs. (…) y en forma extemporánea -dos días después de celebrada la audiencia-, resulta improcedente (art. 353 bis del CPPN, tercer párrafo, que regula en forma específica la cuestión). Más aun si se valora que la funcionaria que compareció a la audiencia de flagrancia, como Fiscal Auxiliar cuya legitimación el juez cuestionó, pese a que la fiscalía fue notificada con anterioridad a la apertura de ese acto sobre el criterio del juez interviniente relativo a la falta de validez de la presencia de fiscales auxiliares es decir, que no se trató de un planteo sorpresivo para la parte-, no objetó ninguna de las decisiones adoptadas en esa ocasión, que se presentaba como la única oportunidad para introducir los agravios que aquellas le producían al Ministerio Público Fiscal. Tal como surge del video de la audiencia esta funcionaria se encontraba presente y no protestó ni cuestionó su falta de legitimación ni recurrió la resolución que ahora pretende en forma extemporánea plantear. Esta circunstancia, además, no hace más que evidenciar la importancia de la presencia de los titulares fiscales en las audiencias multipropósito que, por su naturaleza, requieren estar a cargo de magistrados independientes e idóneos para enfrentar las eventualidades y distintos planteos que puedan surgir en el desarrollo de las mismas. En caso contrario, si le delega esa facultad a un funcionario auxiliar, deberán estar en condiciones de aceptar las consecuencias que esa decisión pueda tener sobre la continuación de la acción pública o el devenir de la investigación. En todo caso si lo que plantea la parte acusadora era cuestionar la negativa del magistrado en brindarle legitimación a la "Fiscal Auxiliar" este debía -en tanto podía- ejercer las facultades recursivas que la ley le brinda, situación que omitió pese a la legitimación que alegaba. (…) el tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR la resolución impugnada de fs. 66/67, en cuanto fuera materia de recurso con los alcances expuestos (art. 353 bis, 3° párrafo, del CPPN)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, López González. (Sec.: Poleri). c. 1.626/17, VENTIMIGLIA, Federico J. s/ sobreseimiento. Rta.: 23/02/2017 FLAGRANCIA (LEY 27.272). Excarcelación rechazada. 1) Defensa que, en el marco de la expresión de agravios ante la Cámara, habiendo recurrido sólo el rechazo de la excarcelación, solicita el sobreseimiento del imputado. Planteo improcedente. Defensa que interpone reposición y, previo traslado al fiscal, se resuelve señalándose que la ley 27.272 no modificó el régimen general de los recursos (ver arts. 353 bis y 353 quinquies, último párrafo del CPPN), por lo que la audiencia materializada en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación no puede ser equiparada a una audiencia multipropósito. No ha lugar. 2) Delito imputado que permite encuadrar la situación en el 1er supuesto previsto en el 2do. párrafo del artículo 316, en función del 317 inciso 1°, ambos del CPPN. Domicilio constatado. No registro de rebeldías ni capturas. Revocación. Concesión bajo caución real debiendo comparecer mensualmente ante el juzgado debido al antecedente condenatorio que registra. Fallo: "(…) II. Pedido de la defensa durante la audiencia La Dra. Nuria Sardañons, en el marco de su expresión de agravios, solicitó al Tribunal que dispusiera el sobreseimiento de su asistido, frente a lo cual se le hizo saber por Presidencia que el planteo resultaba improcedente al encontrarnos en el marco de un recurso de apelación interpuesto contra la denegatoria de la excarcelación. Contra esa decisión, la letrada interpuso recurso de reposición y fundó su petición, corriéndosele traslado al representante de la Fiscalía de Cámara, luego de lo cual se realizó un cuarto intermedio. Reabierto el acto, se puso en conocimiento de la letrada que el recurso interpuesto sería rechazado. En efecto, se destaca que la ley 27.272 no modificó el régimen general de los recursos (ver arts. 353 bis y 353 quinquies, último párrafo del CPPN) por lo que la audiencia materializada en los términos del artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación no puede ser equiparada a una audiencia multipropósito (segundo párrafo del decreto de fs. (…), que rige los principios de las audiencias que realiza el juez a tenor del supuesto inicial y de clausura (arts. 353 ter y quinquies del CPPN). La jurisdicción de este Tribunal encuentra su límite en dicha normativa, teniendo como fin la resolución del recurso interpuesto, sin poder las partes "realizar peticiones distintas a las formuladas al interponer el recurso" (art. 454, CPPN). En cuanto al planteo de que no se realizó la audiencia de clausura por un problema en el traslado del interno por parte del Servicio Penitenciario Federal, corresponde destacar que -en su caso- debió la propia defensora

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional haber solicitado lo pertinente por ante el juez instructor, y no ante esta instancia de revisión que, como se dijo, encuentra su límite en el recurso interpuesto. III. De la libertad La escala penal prevista para la calificación legal escogida permite encuadrar la situación del nombrado en el primer supuesto previsto en el segundo párrafo del artículo 316, en función del 317 inciso 1°, ambos del Código Procesal Penal de la Nación. En este sentido, G.N.D. se identificó correctamente a lo largo del presente legajo, no registra rebeldías ni pedidos de captura (fs….). Por otra parte, el domicilio aportado por el imputado al momento de su detención ha sido constatado por su madre, A.S.O. (fs…). Además, el episodio no posee aristas a merituar a tenor del artículo 319 del CPPN, a la luz de lo dictaminado a fs. (…). De este modo, existen medidas diferentes a la privación de la libertad del nombrado que resultan aptas para conjurar el riesgo procesal que surge de la condena que registra. En función de ello, corresponde revocar el auto apelado, conceder su excarcelación y en atención al riesgo procesal que surge de la hipotética forma de cumplimiento de la sanción por el antecedente condenatorio que registra, es adecuada la imposición de una caución de tipo real de mil pesos ($1.000) para garantizar su sujeción al proceso, teniendo en cuenta lo que surge del contenido de la audiencia (fs…), junto con la obligación de comparecer al tribunal una vez por mes, en la oportunidad que el magistrado determine. En mérito a lo que surge del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: I. NO HACER LUGAR al recurso de reposición interpuesto por la Dra. Nuria Sardañons en el marco de la audiencia del art. 454, CPPN. II. REVOCAR la decisión de fs. (...)de este incidente, y CONCEDER la excarcelación a G.N.D., bajo caución real de mil pesos ($1.000), junto con la obligación de comparecer al tribunal una vez por mes, en la oportunidad que el magistrado determine". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, López González. (Sec.: Raña). c. 6.560/17, DUERO, Gustavo N. s/ excarcelación. Rta.: 15/02/2017 FLAGRANCIA (LEY 27.272). Excarcelación rechazada. 1) Defensa que plantea que al no haberse presentado el Fiscal General en la audiencia ante la cámara, debe tenerse por desistido el recurso del inferior jerárquico. Legislación que no modificó el régimen de los recursos. Audiencia materializada en los términos del art. 454 del CPPN que no es equiparable a las audiencias multipropósito. Rechazo del planteo. Disidencia: La ausencia del Fiscal General importa el desistimiento del recurso. Revocación. Libertad. 2) Imputado procesado por robo en grado de tentativa. Indicadores de peligro de fuga. Situación migratoria irregular del prevenido. Confirmación. Fallo: "(…) II. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: Como primera cuestión, corresponde dar respuesta al planteo de la defensa vinculado con la ausencia del Representante del Ministerio Público Fiscal en este acto. En líneas generales, sostiene que su incomparecencia a la audiencia a efectos de efectuar la réplica respectiva importa el desistimiento a la oposición formulada por su inferior jerárquico, en virtud de lo dispuesto en el artículo 353 bis, párrafo segundo, del CPPN -según la modificación incorporada por la ley 27.272-. De adverso a lo argumentado por la defensa, entiendo que la ley 27.272 no modificó el régimen general de los recursos (artículo 353 bis y 353 quinquies, último párrafo del CPPN), de modo que la audiencia materializada en los términos del artículo 454 del ritual no resulta equiparable a las audiencias multipropósito contempladas en los arts. 353 ter, quater y quinquies del ordenamiento procesal que regulan las audiencias de inicio y clausura del procedimiento de flagrancia y que, por expresa disposición de la norma (art. 353 bis ibídem), se rigen por los principios de inmediación, continuidad, bilateralidad y contradicción. En función de ello, y a la luz de lo dispuesto en el artículo 453 segundo párrafo del CPPN, la ausencia del Fiscal de Cámara en la etapa recursiva no conduce a la solución pretendida por la defensa (libertad del imputado) en la medida en que, su actividad en esta instancia (vgr. mantener o desistir del recurso que hubiese deducido su inferior jerárquico, como adherir al recurso interpuesto por otra parte) resulta facultativa, al igual que su asistencia, en carácter de no recurrente, a la audiencia prevista en los términos del art. 454 del CPPN a efectos de replicar. Como corolario de ello, no puedo sino concluir en que habiéndose opuesto el Fiscal de Instrucción a la concesión de la excarcelación y no haber formulado el Fiscal de Cámara adhesión al recurso de la defensa (art. 439 y 453 del CPPN) -pese a hallarse debidamente notificado (fs…)-, ha mantenido el criterio de su inferior jerárquico. Lo expuesto no quita que pueda verificarse, en el caso de que Fiscal General haga uso de la facultad que la norma le confiere y concurra a replicar los fundamentos del recurrente, una audiencia contradictoria. Pero, claro está, de no asistir, se celebrará con las partes que comparezcan por cuanto, como se dijo, su presencia es meramente facultativa. Es que, la actual legislación, a diferencia de lo que establece el Código Procesal Penal sancionado mediante la ley 27.063 que prevé expresamente la presencia de "todas las partes" (art. 314), no dispone que el acusador deba mantener en forma obligatoria la postura asumida por el fiscal de grado (ver, en este sentido, voto del juez Cicciaro en la causa nro. 78.453/16, de la Sala de Feria A, rta. el 10/1/17). Se advierte entonces que el régimen del proceso previsto en los arts. 353 bis y siguientes del CPPN no ha modificado el trámite de los recursos de apelación, salvo en lo referido a la objeción al procedimiento de 103

flagrancia -caso en el cual se prevé que resuelva la cuestión un juez en forma unipersonal- y en lo referente a la remisión de las apelaciones que se hubieran formulado (art. 353 quinquies). El resto de las cuestiones, frente a la ausencia de disposición expresa, deben regirse por las prescripciones de los arts. 454 y 455 del CPPN. En atención a lo expuesto, el planteo formulado por la defensa no puede prosperar. Aclarado cuanto antecede, corresponde ingresar al análisis de la cuestión objeto de recurso. En este sentido, cabe señalar que el hecho que aquí se ventila fue calificado jurídicamente como constitutivo del delito de robo en grado de tentativa. La escala penal prevista para ese delito y la ausencia de antecedentes condenatorios (fs…) permiten encuadrar la situación de O. C. en los supuestos contemplados en el art. 317, inciso 1°, por remisión al art. 316, segundo párrafo, del compendio adjetivo. No obstante, surgen de la lectura del legajo indicadores de peligro de fuga que requieren, de momento, mantener el encierro cautelar impuesto en la anterior instancia. Al respecto, se pondera que en el marco de las causas N° 2379/2017 y 3496/2017 (acumuladas jurídicamente a la presente, fs...) se otorgó al imputado -el 24 de enero pasado- el beneficio de suspender ambos procesos a prueba por el término de 1 año. Sin embargo, el prevenido incumplió con el compromiso allí asumido al no presentarse a la primer convocatoria (fijada en el término de 48 hs.) en la que se le informarían las reglas de conducta que debía observar (ver certificación de fs…). De tal suerte, a tenor del art. 76 ter del compendio sustantivo, no podrá acceder nuevamente a ese instituto y una eventual pena en estas actuaciones importará además la realización del juicio en las causas de mención. Por otro lado, en el sumario N° 2379/2017 -iniciado el 12 de enero de este año-, en el marco de la audiencia inicial (flagrancia), se resolvió concederle la libertad bajo caución juratoria y, tan sólo 6 días después, se vio involucrado en la causa N° 3496/2017, en la que se le dio soltura desde la comisaría el 19 de enero. Menos de un mes después de ello tuvo lugar el hecho que dio génesis a estas actuaciones. El comportamiento de O. C. que se extrae de tales circunstancias permite inferir que éste no se rige por las normas de derecho impuestas e impide considerar atinado acceder al pedido de libertad que aquí se examina. Es que la existencia de esta nueva imputación aparece per se entorpecedora de los demás casos en trámite, ya que interrumpe el normal desarrollo de aquellos procesos. Frente a ello, el mantenimiento del encarcelamiento preventivo aparece como la única herramienta idónea para neutralizar el peligro de entorpecimiento constatado. Finalmente, valoro la situación migratoria irregular del prevenido, quien residiría en el país desde hace más de un año y medio y aún no cuenta con la identificación nacional correspondiente (fs…), extremo que traduce un arraigo inestable en este territorio e impone cursar notificación de lo resuelto a la Oficina de Extranjeros Judicializados de la Dirección Nacional de Migraciones, a los fines de las cuestiones administrativas que pudieren corresponder, medida que deberá ser canalizada a través de la instancia de origen. En función de lo expuesto, voto por convalidar el decisorio atacado, máxime teniendo en cuenta que el tiempo que lleva en detención (desde el 2 de febrero pasado) no se exhibe desproporcionado en relación con la pena en expectativa, el trámite impuesto a las presentes actuaciones (ley 27.272) y el estado en el que se encuentran (cfr. fs. 84/85), extremos que auguran una pronta resolución de su situación. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Conforme he sostenido anteriormente (ver, de la Sala VI de esta Cámara, causa N° 72795/2016, rta. 6/12/2016) el art. 353 bis, párrafo segundo, del catálogo procesal (según modificación incorporada por la Ley 27.272), claramente establece que "las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración". La ausencia del Ministerio Público Fiscal en el acto contraría evidentemente tal espíritu y sólo puede interpretarse, a los fines de resolver la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada, como su desistimiento a la oposición formulada por su inferior en relación a la libertad de O.L.O.C. la cual entonces deberá ser dispuesta de manera inmediata. Por los mismos argumentos, entiendo que la Sala se encuentra imposibilitada de limitar su libertad a condiciones más severas que la mera caución juratoria. En función de ello, voto por revocar y disponer la inmediata libertad de O.L.O.C. bajo caución juratoria. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Oída la grabación de la audiencia, sin preguntas por formular y tras haber participado en la deliberación, me encuentro en condiciones de emitir mi voto. En este sentido, de conformidad con el criterio que expuse en la causa nro. 78.453/16, "Estévez, Ezequiel s/excarcelación" de la Sala de Feria A, rta. el 10/01/17, coincido con la conclusión y fundamentos expuestos por el Dr. Pinto, tanto en relación con el planteo efectuado en esta instancia por la Dra. Sardañons, como respecto del pedido de excarcelación de O.L.O.C. y, en consecuencia, voto por homologar la decisión recurrida. (…) el Tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR la decisión del a quo que dispuso rechazar la excarcelación de O.L.O.C., en cuanto fue materia de recurso. II. ORDENAR a la instancia de origen que se notifique de lo resuelto a la Oficina de Extranjeros Judicializados de la Dirección Nacional de Migraciones, a los fines de las cuestiones administrativas que pudieren corresponder". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich (en disidencia), Cicciaro. (Prosec. Cám.: Daray). c. 6.501/17, OLIVERA CARMEN, Oscar L. s/ excarcelación (flagrancia). Rta.: 16/02/2017 FLAGRANCIA (LEY 27.272). Excarcelación rechazada en audiencia bajo las previsiones de los arts. 353 quater y quinquies del C.P.P.N. (ley 27.272). Agravio de la defensa: reapertura de la clausura de instrucción a pedido del fiscal quien solicitó la imposición de la prisión preventiva. Facultad precluída. Improcedencia de la medida de coerción dispuesta. 104

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Revocación. Nulidad. Libertad. Declarar abstracto el tratamiento del recurso interpuesto contra el rechazo de la excarcelación. Fallo: "(…) II. El juez Ricardo M. Pinto dijo: (…)en relación al agravio invocado por la defensa en torno al momento procesal en el cual se dictó la prisión provisoria de su asistido, corresponde su tratamiento en virtud de lo resuelto en oportunidad de expedirnos sobre la procedencia del recurso (ver fs. …). (…) la defensa se agravia al considerar que, una vez clausurada la instrucción sin que el fiscal solicitara la prisión preventiva de G., la reapertura del acto a esos fines resultó improcedente y el pedido de prisión provisoria, extemporáneo. Por tanto, la prisión preventiva dispuesta deviene inadmisible. Por otro lado, aduce que al denegar la excarcelación a su asistido, la jueza omitió expresar los fundamentos de su decisión, difiriendo los motivos de la denegatoria (cfr. fs. …), extremo que no se ajusta al procedimiento establecido por la ley 27.272 que prevé el juez debe resolver de inmediato, oralmente, respetando los principios de inmediación, concentración y continuidad. Para analizar la cuestión planteada por la defensa se debe tener en cuenta y definir el rol del fiscal y del juzgador en las audiencias en los casos de flagrancia previstos de acuerdo a la ley 27.272. En este aspecto, a diferencia de lo que establece el art. 353 ter del CPPN que regula la audiencia inicial de flagrancia en la que el juez debe expedirse sobre la libertad o detención del imputado, que se asemeja a la audiencia de control de la detención prevista en los ordenamientos procesales acusatorios (confrontar con el art. 11 de la ley 13.811 de la Provincia de Buenos Aires), el art. 353 quinquies que regula la audiencia de clausura prescribe que "…solicitarán [en referencia a la querella y al agente fiscal], si correspondiere a su juicio, el dictado de la prisión preventiva". A su vez, la norma establece que el juez resolverá respecto del pedido de sobreseimiento o elevación a juicio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 351, "y en el mismo acto, decidirá sobre el pedido de la prisión preventiva". De la redacción empleada por el legislador se extrae con claridad que en el primer caso el juez tiene la obligación de examinar o controlar la detención del imputado sin que medie pedido de parte en ese sentido, ya que el impulso para que resuelva la cuestión viene dado por la detención que produjo la prevención policial. En el segundo supuesto, sin embargo, se confiere a la parte acusadora la facultad de solicitar la imposición de la medida cautelar. En este caso, el dictado de la prisión preventiva del imputado procede únicamente a partir del pedido expreso, pues, constituye una facultad que la norma les otorga y el juez debe resolver acerca de esa cuestión formulada en la audiencia contradictoria, de acuerdo a los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración (art. 353 bis, segundo párrafo, del CPPN). Como consecuencia de ello, la parte tiene la opción de ejercer esta facultad y peticionar que el imputado permanezca en detención durante el transcurso del proceso para asegurar la aplicación de la ley y el descubrimiento de la verdad. Al observar el video de la audiencia se advierte que finaliza sin que el fiscal solicite el dictado de la prisión preventiva del imputado, habiendo requerido únicamente la elevación de las actuaciones a juicio. Luego de cerrado el acto y hallándose clausurada la instrucción, el fiscal pide su reapertura y la jueza procede en consecuencia, a efectos de dar tratamiento al pedido fiscal sobre la imposición de la prisión preventiva del imputado -omitido inicialmente- disponiendo, en definitiva, la medida de coerción. Ello motivó el planteo de defensa que alega ha precluido la facultad del fiscal para solicitar la imposición de la medida cautelar. (…) la preclusión por vencimiento del término útil no es otra cosa sino la caducidad o decadencia de la facultad no ejercitada (1). (…) la omisión del pedido fiscal en la audiencia conduce inexorablemente al análisis acerca de si precluyó -o no- su facultad. A propósito del tema, se ha sostenido que cuando el Ministerio Público Fiscal actúa como órgano de instrucción del proceso, o bien cuando se le corre vista en función del art. 346 del CPPN, los plazos son meramente ordenatorios porque su intervención es indispensable para asegurar el desarrollo del proceso. Sin embargo, cuando actúa como parte, por el contrario, "serán perentorios si se han fijado para ejerza una simple facultad, v. gr. los términos para recurrir u ofrecer prueba" (2). Al aplicar estos conceptos al supuesto bajo análisis, no puede sino concluirse que la norma prevé al representante del Ministerio Público Fiscal una facultad con plazo perentorio, que al no haber sido ejercida en tiempo y forma, debe considerarse precluida. La reapertura inmediata del acto y posterior subsanación de la omisión fiscal no conmueve lo que aquí se argumenta por cuanto el excesivo rigorismo formal que podría alegarse sólo puede ser aplicado a favor del imputado o para que la parte pueda ejercer sus derechos (3). En función de lo expuesto, al haber omitido el representante del Ministerio Público Fiscal ejercer la facultad que la norma le confiere en tiempo y forma, la posterior solicitud de imposición de la prisión preventiva resultó extemporánea y por ende, la medida de coerción dispuesta, improcedente. Si bien en estas audiencias preliminares el juez puede ejercer un rol activo en cuyo marco puede preguntar a las partes si tienen cuestiones por tratar o requerir, sin que se vea afectada su imparcialidad por no ser el juez del Tribunal de Juicio, y siempre que su actividad se desarrolle para solucionar el conflicto y resolver los incidentes, esta situación no se ha presentado en el caso analizado en el que el Fiscal omitió realizar su requerimiento de medida de coerción en tiempo oportuno. De acuerdo a lo expuesto, dado que tras la celebración de la audiencia la jueza clausuró la instrucción y le hizo saber al imputado que elevaría la causa a juicio, sin que el fiscal hubiera solicitado en tiempo y forma la 105

prisión preventiva, corresponde concluir que perdió la facultad de hacerlo por cuanto "Los términos son perentorios e improrrogables, salvo las excepciones dispuestas por la ley" (art. 163 del CPPN y arts. 161, 353 quinquies del CPPN). Como consecuencia de ello, la medida de coerción se exhibe como un acto jurisdiccional inválido por haber sido ordenada a partir de un pedido extemporáneo en virtud del cual resulta inadmisible, debiendo ordenarse, por tanto, la inmediata libertad de G. Así voto. La jueza Mirta. L. López González dijo: En virtud de lo decidido a fs. (…) de este legajo me encuentro habilitada para tratar los agravios vertidos por la defensa con relación al tiempo y forma en que se dispuso la prisión preventiva del imputado. En este sentido, tras observar el video de la audiencia de clausura del procedimiento de flagrancia, e incluso de cuanto se desprende de la lectura del acta de fs. (…) en la que se documentó, advierto que guarda la razón la defensa cuando sostiene que el pedido de imposición de prisión preventiva efectuado por el Representante del Ministerio Público Fiscal resulta extemporáneo. Conforme se extrae la letra del art. 353 quinquies del CPPN, las partes "solicitarán, si correspondiere, a su juicio, el dictado de la prisión preventiva". De ello se sigue que la imposición de la medida cautelar es facultativa para el fiscal, como también que, superada esta instancia (la audiencia de clausura), precluye su potestad para solicitarla. Se trata de un plazo perentorio. En el caso de autos, no existen dudas en torno a que la audiencia de clausura finalizó sin que el fiscal hiciera uso de la facultad que le confiere la norma. El video que contiene la filmación de la audiencia es determinante en este aspecto. También lo es el acta de fs. (…) en la que se consignó "…A continuación se reabre la audiencia y se le otorga nuevamente la palabra al Sr. Fiscal, quien hace saber que respecto de la prisión preventiva solicita que disponga juntamente con la clausura…", pues, el término utilizado (se reabre) revela que la audiencia había concluido sin que el fiscal se expidiera en relación a la medida cautelar. De tal suerte, entiendo que reapertura del acto -a la que, cabe señalar, se opuso la defensa- con la finalidad de subsanar la omisión fiscal resultó improcedente y por ende, la solicitud de imposición de la prisión preventiva formulada, extemporánea. La discusión que propone el representante del Ministerio Público Fiscal cuando afirma que el acta no se encontraba firmada motivo por el cual no podía tenerse por concluido el acto, carece de asidero desde el momento en que el video de la audiencia revela lo contrario. De tal modo, con independencia de la posterior confección del acta y suscripción por parte de los intervinientes, surge evidente que la audiencia finalizó cuando la jueza a quo dispuso la clausura del sumario y su elevación a juicio. No puedo dejar de mencionar, a propósito del tema que se debate, que de acuerdo a lo previsto por el art. 280 del ordenamiento procesal la prisión preventiva constituye una medida excepcional y no la regla, de modo que si el fiscal omite pronunciarse a favor de su imposición, no puede reprocharse a la defensa la carga de no haber dicho nada al respecto, en tanto corresponde al acusador público -siempre que lo considere necesarioexpedirse sobre la medida de coerción. En función de ello, dado que tras la celebración de la audiencia la jueza clausuró la instrucción y le hizo saber al imputado que elevaría la causa a juicio, sin que el fiscal hubiera solicitado en tiempo y forma la prisión preventiva, corresponde concluir que perdió la facultad de hacerlo. Como consecuencia de ello, la medida de coerción se exhibe como un acto jurisdiccional inválido por haber sido ordenada a partir de un pedido extemporáneo en virtud del cual resulta inadmisible, debiendo ordenarse, por tanto, la inmediata libertad de G. Es que, la omisión en que incurrió no puede ser subsanada in malam partem con el argumento de que el acta no se hallaba firmada cuando, como bien señaló la defensora, dicho requisito no se encuentra expresamente previsto en la normativa vigente. (…) el Tribunal RESUELVE: 1) DECLARAR LA NULIDAD DE LA PRISIÓN PREVENTIVA DISPUESTA y, en consecuencia, ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD de P.E.G. (arts. 161, 163, 166, y 353 quinquies del CPPN). 2) DECLARAR ABSTRACTO el tratamiento del recurso de apelación deducido contra la denegatoria de su excarcelación". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, López González. (Prosec. cám.: Daray). c. 2.645/17, GOROSO, Pablo E. s/ excarcelación. Rta.: 10/02/2017 Se citó: (1) Clariá Olmedo, Jorge, Tratado de Derecho Procesal Penal, 1ª Ed., Tomo IV, La actividad procesal, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2008, pág.78). (2) "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Guillermo R. Navarro y Roberto R. Daray, T I, Ed. Hammurabi, Bs. As., (2004), p. 416, y sus citas: Núñez, Ricardo C., "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba", Lerner, Córdoba, 1978, pág. 145; en similar sentido, D´Albora, Francisco J., "Código Procesal Penal de la Nación", Abeledo Perrot, Buenos Aires, 6ª Ed., 2003, pág. 286. (3) CSJN, "Carrascosa, Carlos Alberto s/recurso de casación", rta. 27/11/14; "Mosqueda, Héctor Eduardo s/causa nro. 107.501", rta. 27/11/14. (4) Revista de Derecho Procesal Penal, El juicio y la litigación oral, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2016, pág. 280; Kessler-Vergés, Audiencias de medidas cautelares o de medidas de coerción, en Las Audiencias de trámite en el proceso penal acusatorio y adversarial, Unidos por la Justicia. FLAGRANCIA (Ley 27.272). Suspensión del juicio a prueba rechazada. Fiscal que se opuso. Víctima que, notificada, manifestó expresamente que no deseaba concurrir. Dudoso arraigo. Identidad que no fue fehacientemente constatada. Imputado que posee paralelamente cuatro causas en trámite ante el fuero de menores. Confirmación.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa oficial de (…), contra la decisión que no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba adoptada en la audiencia de carácter multipropósito del proceso de flagrancia (artículo 353 sexies del Código Procesal Penal de la Nación, según Ley 27.272). El hecho en análisis fue calificado por la fiscalía como robo tentado (arts. 42 y 164 del Código Penal), por lo que el instituto resultaría objetivamente viable de acuerdo a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo "Acosta", resuelto el 23 de abril de 2008. II.- La representante del Ministerio Público postuló su rechazo valorando negativamente los antecedentes no condenatorios del imputado, su dudoso arraigo e identidad no constatada. Haciéndose eco de ello, el Sr. Juez de grado denegó la petición, dejando a salvo que la opinión de la Sra. Fiscal resulta vinculante. III.- En primer término habremos de puntualizar que no se encontraba presente el damnificado pero de las constancias de fs. (…) surge que fue notificado personalmente de la audiencia que se celebraría, con especificación de día, horario y lugar. Pese a ello manifestó su deseo expreso de no concurrir, lo cual evidencia su desinterés en el proceso. IV.- Sentado ello y más allá de que la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal cuenta con la debida razonabilidad y logicidad, coincidimos con la solución propuesta. Si bien en la audiencia oral la defensa hizo saber que aportó al juzgado el domicilio de la madre del imputado, cierto es que no ha sido posible verificar tal extremo. Al momento de su detención dijo estar en situación de calle y no fue factible acreditar su identidad pues no aportó el D.N.I., ni su número, ni su fecha de nacimiento. Además está registrado con cinco alias en el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. Por último, se le siguen paralelamente cuatro procesos en su contra en el fuero de menores, pauta demostrativa de su inconducta procesal, todo lo cual nos convence de que no están dadas las condiciones subjetivas para la concesión del beneficio solicitado. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Bobes). c. 12.466/17, RECITELLI, Brian s/probation. Rta.: 14/03/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Menores. Rechazo del planteo de no aplicación del nuevo régimen procesal (flagrancia) y de inconstitucionalidad de la norma en los procesos seguidos contra menores. Fiscal que se allanó a lo solicitado por la defensa. Ausencia de contradictorio. Revocación. Trámite que debe continuar bajo los lineamientos de la normativa procesal común. Planteo de inconstitucionalidad declarado abstracto. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…) y (…) contra la resolución de fs. (…) que no hizo lugar a los planteos de no aplicación del régimen de flagrancia instaurado por la Ley 27.272 y, subsidiariamente, de inconstitucionalidad de la citada norma en los procesos seguidos contra menores según las previsiones de la Ley 22.278. II. En el marco de la audiencia llevada a cabo en el día de la fecha el recurrente fundamentó sus agravios, argumentando que en este caso concreto no era de aplicación el nuevo régimen procesal. Subsidiariamente, solicitó la inconstitucionalidad de la Ley 27.272. Al concedérsele la palabra al representante del Ministerio Público Fiscal, doctor (…), se allanó a lo solicitado por la asistencia técnica y compartió sus fundamentos. III. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Teniendo en cuenta el espíritu del nuevo artículo 353 bis, párrafo segundo, del Código Procesal Penal de la Nación y al no existir contradicción entre las partes respecto a que en esta causa no es de aplicación el procedimiento instaurado por la Ley 27.272, las actuaciones deberán continuar su trámite bajo los lineamientos de la normativa procesal común. Máxime cuando el acusador público, a quien la norma citada le otorga la potestad de declarar al caso como flagrante, ha decidido no hacerlo. En virtud de lo expuesto precedentemente, el planteo subsidiario deducido por la defensa se tornó abstracto. IV. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: La situación planteada en este expediente es distinta a la de la causa n° 2416/17 "M., J. E." del 31/1/17 de la Sala de Feria A en la que me ha tocado intervenir, pues allí si bien se trataron los mismos planteos lo fue en forma genérica y no en el caso concreto como aquí ocurre. Por otro lado, la defensa dejó en claro que el planteo era en relación a la no aplicabilidad del procedimiento especial y que la pretendida declaración de inconstitucionalidad, lo era sólo en forma subsidiaria. A ello adhirió el fiscal, lo que conduce a resolver como el voto que precede. Por último, cabe aclarar que dado el planteo subsidiario de inconstitucionalidad, la audiencia debió llevarse a cabo con el Tribunal integrado y no en forma unipersonal como contempla el artículo 353 quáter En consecuencia, el tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el auto de fs. (…), debiendo el juez de la instancia anterior proseguir el trámite de estas actuaciones bajo los lineamientos de la normativa procesal común; II. DECLARAR ABSTRACTO el planteo de inconstitucionalidad deducido por la defensa. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pociello Argerich. (Sec.: Carande). c. 2.255/17, S. C., R. y otro s/inconstitucionalidad Ley 27.272. 107

Rta.: 07/02/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). 1) Excarcelación. Rechazada: Amenazas coactivas, amenazas simples, lesiones agravadas por tratarse de la pareja y atentado a la autoridad. Imputado que registra una condena de prisión en suspenso y, en caso de ser nuevamente condenado, ésta última no podrá ser dejada en suspenso, a lo que debe sumarse que se deberá revocar la condicionalidad y unificar con la mencionada en primer término. Registro de otra causa en trámite con fecha de debate fijada. Peligro de elusión. Posible entorpecimiento de la investigación por posibles conductas del imputado respecto de la damnificada y sus hijas. Confirmación. 2) Magistrado que dispuso que el sumario tramite bajo las prescripciones del proceso común, luego que el fiscal así lo solicitara en la audiencia multipropósito. Modificación del cuadro inicial por el cual se aplicó el régimen de la ley 27.272. Normativa que no prevé para el caso recurso de apelación para la defensa. Perjuicio no demostrado. Recurso de mal concedido. Fallo: "(…) I. Tras celebrarse la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, concita la atención de la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto documentado a fs. (…) que no hizo lugar a la excarcelación de D. M. G. -punto 1- y dispuso que la causa pase a tramitarse bajo las prescripciones del proceso común -punto 3-. II. Excarcelación de G. En la audiencia multipropósito, el fiscal de grado calificó los hechos atribuidos como amenazas coactivas, amenazas simples, lesiones agravadas por tratarse de su pareja y atentado a la autoridad (arts. 89 y 92 -en función del 80 inciso primero-, 149 bis y 237 del Código Penal), cuya escala punitiva permite encuadrar la situación de G. en la primera de las hipótesis que contemplan los artículos 316 y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal. Sin embargo, la Sala pondera que G. fue condenado el 4 de agosto de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 20 a la pena de un año de prisión en suspenso (…). De tal manera, en el supuesto de recaer una nueva condena en estas actuaciones, su cumplimiento no podrá tener carácter ficto y, además, ello importará la revocación de la condicionalidad de aquélla y la unificación correspondiente (artículos 27 y 58 del Código Penal). A las circunstancias expuestas cabe adicionar que registra otra causa en trámite en la cual se fijó fecha de debate para el día 10 del corriente mes (...), incurrió en dos rebeldías (…) y, por lo demás, fue hostil con el personal policial interviniente, por lo que estimamos que se ha verificado suficientemente el peligro de elusión al que hace alusión el artículo 319 del digesto ritual. Por otra parte, se valora lo mencionado por la damnificada A. M. C. P. en la audiencia referida y a fs. (…), en el sentido de que fue agredida y amenazada por G., al igual que sus hijas, y el temor que puso de manifiesto, por lo que le pudiera pasar de recuperar el encausado la libertad -incluso solicitó la entrega de un botón antipánico-, extremos que permiten presumir la posibilidad de que exista entorpecimiento de la investigación. En tal sentido, también se advierte que G., cuando intervino el personal policial, le manifestó a la víctima "voy a volver y te voy a matar…", y además, según refirió el cabo Carlos González, el encausado insultó al personal policial, y cuando intentó calmarlo se le abalanzó y trató de impactar en su rostro un golpe de puño (…). En tales condiciones, el ofrecimiento de la defensa para que su representado, de ser liberado, se domicilie en otro lugar y se le coloque una pulsera electrónica, no diluye el riesgo que la soltura de aquél representa para el desarrollo normal del proceso y la prueba que aportaría con su declaración la damnificada. Por lo tanto, dado que esos peligros sólo pueden neutralizarse, en el caso, mediante el encierro cautelar de G. y puesto que el tiempo que lleva en detención no se exhibe desproporcionado frente a la imputación formulada y la eventual aplicación de los artículos 27 y 58 del Código Penal, habrá de homologarse la denegatoria de la excarcelación del nombrado. III. Trámite de la causa. En cuanto a la aplicación del trámite común solicitado por la Fiscalía en la audiencia multipropósito, al entender que se modificó el cuadro inicial que se tuviera en cuenta para aplicar el régimen previsto en la ley 27.272 (...) y que tuvo acogida por parte del juez de la instancia anterior, se estima que la normativa mencionada no prevé recurso de apelación en tal sentido para la defensa -que sí puede recurrir en caso de mantenerse el procedimiento de flagrancia según lo establece el artículo 353 quater, tercer y cuarto párrafo del Código Procesal Penal-. Por otra parte, tampoco ha dado cuenta el defensor en esta audiencia del perjuicio que le ocasiona el trámite común, mas aún si se tiene en cuenta que a su entender es necesario ahondar la investigación en torno a la capacidad de comprender la criminalidad de los actos y dirigir sus acciones. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR el punto 1 de la decisión extendida a fs. (…) de este legajo, en cuanto fuera materia de recurso. II. Declarar mal concedido el recurso de apelación impetrado en contra del punto 3 de la misma resolución". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 17.178/17, G., D. M. s/ Flagrancia. Rta.: 07/04/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Suspensión de juicio a prueba rechazada. Audiencia en la que el fiscal de la instancia de origen prestó conformidad y la víctima no estuvo presente. Magistrado que se ha excedido en el ejercicio de su función. Decisiones que deben en adoptarse en audiencia pública y contradictoria y respetándose los principios de 108

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional inmediación y bilateralidad. Audiencia que debe ser nuevamente convocada con participación de la víctima. Revocación. Fallo: "(…) apelación de la defensa de (…) contra el rechazo del pedido de suspensión de juicio a prueba resuelto en la audiencia inicial de flagrancia. Al no hacerle lugar el juez consideró que por cuestiones de política criminal, el instituto fue impuesto para delitos poco graves y, en este caso, el hecho fue cometido con un arma y en perjuicio de un menor. Sin embargo, el magistrado soslaya que la Ley 27.272 establece en su art. 353 bis que "las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración". Así, su decisión por fuera de las pretensiones de las partes del proceso y sin la presencia de la víctima en el acto, la que fuera necesaria para expedirse, ya no en el marco de la flagrancia sino del nuevo instituto introducido, ha implicado un exceso en el ejercicio de aquellas facultades. Una interpretación armónica de la normativa vigente lleva a considerar que la función jurisdiccional se limita a evaluar los requisitos legales que establece el art. 76 bis. De tal modo, el juicio de conveniencia y oportunidad político-criminal es, en realidad, de competencia exclusiva del titular de la acción, que no es otro que el acusador público. En este sentido se ha sostenido que "El juicio de oportunidad del acusador acerca de la conveniencia de suspender el procedimiento, por otro lado, se debe limitar a las razones político-criminales que el ministerio público puede legítimamente tener en cuenta para tomar su decisión. (…)" y que además "Este juicio [del fiscal] no debe estar fundado en los mismos requisitos legales establecidos para la suspensión del procedimiento. Estos requisitos ya han sido objeto de un juicio de conveniencia y oportunidad por parte del legislador… y la verificación efectiva de su existencia corresponde, en cada caso concreto al tribunal." (1)). En consecuencia, ante la conformidad fiscal manifestada tanto en la anterior instancia como ante este órgano, el Tribunal DISPONE: REVOCAR el auto de fs. (…) para que se complete la audiencia en el sentido señalado en el cuarto párrafo de los considerandos. (…). C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Gallo). c. 15.442/17, ESPIÑEIRA, Juan Andrés s/probation. Rta.: 31/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 267, "Cassas, Ricardo s/ probation" rta.: 19/4/12. FLAGRANCIA (Ley 27.272). Defensa que recurre la excarcelación rechazada en audiencia bajo las previsiones de los arts. 353 quater y quinquies del C.P.P.N. (ley 27.272) y plantea la nulidad de la detención, de la requisa, de la audiencia unificada por no haber obtenido copia previa del requerimiento de elevación a juicio y por existir una vía de apelación pendiente en relación a las medidas de prueba que solicitó y no se le hizo lugar. Unificación forzosa de la audiencia de clausura. Audio que da cuenta que la defensa que se opuso a la apertura, en el mismo acto, de la audiencia de clausura. Vicio que invalida el acto procesal celebrado (art. 166, CPPN y sgtes). Nulidad. Devolución de las actuaciones para que nuevamente se lleve a cabo la audiencia. Restantes planteos que se declaran abstractos. Magistrado que deberá elevar un legajo de apelación para resolver la cuestión relativa a la libertad. Fallo. "(...) impugnaciones interpuestas por la defensa oficial de C. J. A. de L. y N. A. M. respecto a la denegatoria de su pedido de excarcelación y de los planteos de nulidad interpuestos contra la detención, la requisa, la audiencia de clausura y del dictado de la prisión preventiva. (...), debe señalarse la existencia de un vicio que invalida el acto procesal celebrado el pasado 27 de marzo en los términos del art. 166, CPPN y sgtes.- y que impide el tratamiento del resto de las cuestiones que han llegado a nuestro conocimiento. Así, tal y como lo dispusimos en la causa nro. 17580/17 -de este mismo juzgado- si bien no escapa a los suscriptos el espíritu del legislador al sancionar la ley 27272 -procedimiento para casos de flagrancia- de reducir los tiempos del proceso, ello no puede tener lugar en desmedro de los derechos del imputado. Surge de la reproducción del audio que expresamente la defensa interpuso la nulidad de la audiencia de clausura al no haber obtenido copia previa del requerimiento de elevación a juicio y por existir una vía de apelación pendiente en relación a las medidas de prueba que solicitó y no se le hizo lugar; su pretensión no tuvo acogida favorable por el juez de grado al considerar que no existe vicio alguno que avale el pedido de invalidez, lo que motivó la impugnación que nos llega. Claramente, el juez desoyó la postura de la defensa de oponerse a la apertura de la audiencia de clausura en perjuicio de los derechos del imputado. Por ello, al no existir conformidad de esa parte de tratar en una única audiencia las cuestiones referidas al trámite del proceso, incluso, con la expresa oposición, corresponde declarar la nulidad de lo actuado el 27 de marzo pasado en lo que respecta a la unificación forzosa de la audiencia de clausura y devolver las actuaciones para que en los términos legales se celebre el acto en cuestión. Por lo expuesto, no corresponde ingresar al análisis propuesto por la defensa sobre las nulidades que a su criterio deben ser declaradas, por tornarse, de momento, abstractas las cuestiones, debiendo el Sr. juez de grado una vez recibida la causa, devolver a esta instancia un legajo de apelación para resolver la materia relativa a la libertad de los imputados (art. 452, CPPN). Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: I. 109

DECLARAR LA NULIDAD de lo actuado el 27 de marzo pasado en lo que respecta a la unificación forzosa de la audiencia de clausura y devolver las actuaciones para que en los términos legales se celebre el acto en cuestión. II. DECLARAR ABSTRACTA la cuestión relativa a los planteos de nulidad. III. ORDENAR que se de cumplimiento a lo dispuesto en el último párrafo de los considerandos. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 17.607/17, AGUILAR de LEON, Carlos Javier y otra s/nulidad. Rta.: 31/03/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Menores. Defensa que recurrió el auto que rechazó planteo 1) para que no se aplique el régimen de flagrancia y 2) la inconstitucionalidad de la ley en procesos seguidos a menores de edad. 1) Decisión a adoptar que debe ponderar las circunstancias concretas del caso y evaluar el trámite que mejor se adecua al interés superior del niño. Reglas especiales que no fueron observadas. Disposiciones procesales que se aplicaron de manera parcial, adaptación del procedimiento de flagrancia al régimen especial de menores de edad. Interés superior que podría verse afectado. Aplicación de reglas ordinarias que resulta más respetuosa de garantías constitucionales. Revocatoria. 2) Planteo de inconstitucionalidad que se tornó abstracto. Disidencia: 1) críticas que no fueron efectuadas en relación al hecho concreto. Ausencia de una oposición concreta. Se descartó la oposición al trámite de la flagrancia. 2) Declaración de inconstitucionalidad: acto de suma gravedad institucional. Imputado que tras la aplicación de la Ley 27.272 fue remitido a instituto de menores, posteriormente entregado a su padre y concurrió a la audiencia de flagrancia en libertad. Libertad ambulatoria que no fue comprometida. Procedimiento adecuado al art. 10 de las Reglas de Beijing. Principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. Mejor resguardo de los derechos del imputado y mayor espectro a posibles soluciones alternativas. Sanción de nueva ley que no derogó Ley 22.278. Ausencia de demostración del perjuicio por la aplicación de la Ley 27.272. Confirmación. Fallo: "(…), con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de R. A. G. (…) contra la resolución de fs. (…), que rechazó tanto el planteo de que no se aplique el régimen de flagrancia previsto en el artículo 353 bis del Código Procesal Penal, según la ley 27.272, como la inconstitucionalidad de la citada ley en los procesos seguidos contra menores de edad en los términos de la ley 22.278. Por la parte recurrente, la doctora María Luisa Montes de Oca sostuvo en forma genérica que el régimen establecido por la ley 27.272 no debe aplicarse en ningún supuesto en el que se encuentren involucrados menores de edad. Afirmó en ese sentido que la imposibilidad de otorgar la libertad a los menores desde la comisaría, en atención a que el imputado debe comparecer detenido a la audiencia prevista en el artículo 353 ter del citado código, afecta el derecho a la libertad ambulatoria y la igualdad, pues la situación del menor que se encuentra sometido a este régimen difiere de la de aquél que no lo estuviera, al contar con menores garantías. Agregó que la celeridad que pretende la ley a través de plazos sumarios para el procedimiento afecta el régimen penal juvenil, que contempla un período de un año para el trámite del expediente tutelar, y sostuvo que la complejidad que ofrecen las causas de menores está dada, entre otras cuestiones, por la necesidad de abordajes interdisciplinarios. En relación con la alegada inconstitucionalidad, indicó que la ley 27.272 contradice la Convención de los Derechos del Niño. Por su parte, la doctora Natalia Bonino, por la Defensoría de Menores e Incapaces de Instancia Única en lo Penal Nacional y Federal N° 4, expresó que no coincidía con los argumentos de la recurrente, pues la 27.272 es una ley procesal que no deroga el régimen especial previsto por la ley de fondo 22.278. Agregó que hay que analizar el caso concreto a la luz de la legislación pertinente en materia penal juvenil, tanto nacional como internacional. Al respecto, señaló que en este supuesto el joven concurrió en libertad a la primera audiencia de flagrancia, estado en el que permanece en la actualidad. Además, cumple los dieciocho años de edad en tres meses y registra una causa en trámite ante el Tribunal Oral de Menores N° 2, de modo que la aplicación del régimen de flagrancia en la presente causa coadyuvaría a que, al adquirir su mayoría de edad, se resuelva en el corto plazo su situación en forma global. Indicó que la celeridad en el caso de los menores de edad es de especial importancia conforme a la Observación General N° 10 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que establece que para los niños que tengan conflictos con la justicia, el tiempo transcurrido entre la comisión de un delito y la respuesta definitiva a ese acto debe ser lo más breve posible, ya que cuanto más tiempo pase, tanto más probable será que la respuesta pierda su efecto positivo y pedagógico y que el niño resulte estigmatizado. Por último, explicó que el joven registra un año de tratamiento tutelar ante el citado Tribunal Oral, con lo que, en síntesis, no advierte incompatibilidad con la ley 22.278. El juez Mariano A. Scotto dijo: Cabe destacar preliminarmente que las críticas efectuadas no fueron en relación al hecho concreto, sino que se dirigieron a cuestionar la aplicación de la ley para los casos en que se encuentren involucrados menores de edad. Esta circunstancia, en la medida que no se formuló oposición concreta en los términos establecidos por el artículo 353 quáter, párrafo tercero, del ritual, lleva a descartar la oposición al trámite de flagrancia. Por lo demás, ante todo y como principio rector del análisis, se debe recordar que "La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, y requiere de manera inexcusable un sólido

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional desarrollo argumental y la demostración de un agravio en el caso concreto" (1), lo que no se aprecia en este caso. Cabe poner de resalto que en el caso de autos, tras la aplicación de la ley 27.272 y al día siguiente de disponerse la remisión de R. A. G. -de 17 años de edad y por tanto punible en función del hecho imputado- al Instituto Inchausti (…), el joven fue entregado a su padre (…), y ulteriormente concurrió a la audiencia de flagrancia en libertad. Tal situación fáctica desdibuja el argumento de la recurrente acerca de que la previsión del artículo 353 ter, choca con la regulación específica del fuero penal de menores y contraviene la Convención sobre los Derechos del Niño, siempre que no se ha comprometido la libertad ambulatoria del imputado. Asimismo, cumple mencionar que el juez de menores interviniente ordenó la aplicación de lo normado en el artículo 2° de la ley 22.278 (…). No parece, entonces, advertirse ningún gravamen que justifique la sanción pretendida cuando dicho proceder se adecua a lo establecido en el artículo 10 de las "Reglas de Beijing". De todas formas, no parece la interpretación propuesta por la defensa, ser la tenida en cuenta por el legislador al contemplar la complejidad de la investigación como impedimento para la aplicación del nuevo régimen de flagrancia. Pero, al margen de ello, no se aprecia cuál es el perjuicio que podría irrogarle, en este tópico concreto, cuando al imputado se le otorgan todas las garantías que contempla el procedimiento común, a las que se suman la obligación de que todas las decisiones jurisdiccionales "se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración" (artículo 353 bis, segundo párrafo del ordenamiento adjetivo), lo que pareciera otorgar un mejor resguardo a sus derechos y un mayor espectro a las posibles soluciones alternativas. En este, y en otros puntos cabe recordar que la "Reglas de Beijing" establecen en su artículo 7.1 que "En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior." Extremos todos garantizados en el procedimiento de la ley 27.272. Es que, debe resaltarse que la sanción de la nueva ley no ha derogado la 22.278, la que como ley especial deberá primar en su aplicación cuando ésta confronte, sin posible solución alternativa, con la criticada. Tal debe ser la solución aplicable pues de lo contrario sólo se dejaría a los menores ante la posibilidad de ser juzgados por el procedimiento común, en tanto la anterior legislación sancionada para casos flagrantes ha quedado en la actualidad derogada (2). En ese sentido, cabe destacar que en el caso del sub examen el joven registra el expediente tutelar N° X en trámite ante el Tribunal Oral de Menores N° 2 -a cuyo favor el magistrado de la instancia anterior cedió su disposición tutelar- (…), marco en el cual, inclusive, viene recibiendo tratamiento tutelar desde hace un año, tal como ha informado la defensora de menores en la audiencia oral. Así, tampoco se ha demostrado el perjuicio por la aplicación de la ley 27.272. Al respecto, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, declaró inadmisible un recurso de casación sobre este tema al no estar detenido el imputado (3). En razón de las consideraciones que anteceden, se estima acertada la decisión asumida en la anterior instancia, por lo que habrá de homologarse la resolución recurrida. El juez Mauro A. Divito dijo: I. La asistencia técnica de R. A. G. -que es un joven de 17 años de edad- ha cuestionado la tramitación del presente caso como un proceso de flagrancia y, en subsidio, postuló la declaración de inconstitucionalidad de la legislación respectiva. Luego de escuchar los agravios de la recurrente y lo expresado en la audiencia oral por la representante de la Defensoría de Menores, estimo que en el caso corresponde hacer lugar a la pretensión de que la causa se sustancie bajo las reglas del procedimiento ordinario previsto para los menores de edad. II. Es dable recordar ante todo que distintas Salas del Tribunal ya han examinado planteos similares, los que con diferentes fundamentos- han sido tanto admitidos (4) como rechazados (5), de modo que -a estas alturasno se aprecia que exista una jurisprudencia mínimamente asentada sobre el punto. III. Al respecto, más allá de que es cierto que los planteos de la defensa se han formulado en términos eminentemente genéricos, y de señalar que comparto, en lo sustancial, las consideraciones realizadas por la Sala I de esta Cámara en el precedente recién citado, estimo que la decisión a adoptar debe necesariamente ponderar las circunstancias concretas del caso y, principalmente, evaluar cuál es el trámite que mejor se adecua al interés superior del niño involucrado -el joven G.(Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 3.1). En otras palabras, por imperio de disposiciones de jerarquía constitucional (CN, art. 75, inc. 22), la aplicación del régimen de flagrancia respecto de los menores de edad no sólo podría ser cuestionada -y, en su caso, dejada de lado- sobre la base de la complejidad de la investigación o invocando que no se verifican las circunstancias previstas en el art. 285 del CPPN (supuestos contemplados en el art. 353 quater de dicho ordenamiento), sino también cuando se considere que dicho trámite no atiende al citado interés superior. Aquí es menester recordar que, según lo ha reconocido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "M.", los menores de edad cuentan con los mismos derechos que los adultos y, además, con derechos especiales, derivados de su condición, cuyo reconocimiento constituye un imperativo jurídico (6). IV. En ese marco, corresponde destacar que si bien el señor juez de grado, de conformidad con lo dispuesto por la fiscalía, ordenó tramitar el sumario bajo las reglas especiales instauradas por la ley 27.272 (…), éstas en rigor no fueron observadas, porque -por un lado- pese a lo que establece el actual art. 353 ter del CPP, el 111

imputado no fue llevado detenido al juzgado interviniente, pues egresó del "Instituto Inchausti" con su padre (…). Aunque ello, evidentemente, ha sido decidido con buen criterio, ya que se ajusta a lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, en cuanto prescribe que "…La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda" (artículo 37, inciso b), constituye un primer indicador de que el procedimiento actual de flagrancia, al menos como está diseñado en la ley, no se ha considerado compatible con la situación particular de G. El mencionado egreso, por lo demás, se ha ordenado sin otorgar intervención al ministerio público fiscal, extremo que -frente al protagonismo que le reconoce a dicho organismo la ley 27.272avala la apreciación recién formulada. Por otro lado, también apuntala dicha conclusión la circunstancia de que no se han respetado los breves plazos que fija el citado art. 353 ter, pues la audiencia inicial recién se llevó a cabo diez días después de la aprehensión (…). V. Las consideraciones efectuadas demuestran que el trámite de la causa se ha fundado en disposiciones procesales que, en realidad, sólo se aplicaron de manera parcial, en una suerte de adaptación pretoriana del procedimiento de flagrancia al régimen especial de los menores de edad. Sin embargo, ese singular proceder, que ha sido recientemente advertido -en minoría- por el juez Pablo Jantus, de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, en cuanto destacó que en casos como el presente no se estaría aplicando la ley 27.272, sino "una nueva ley creada para tratar de convalidar que esta ley se aplique al sistema" (7), solamente resultaría admisible -según entiendo- en la medida en que reportara más beneficios que desventajas para la situación concreta del menor de edad que enfrenta el enjuiciamiento penal, pues -como se dijo- en este aspecto debe atenderse, de manera primordial, a su interés superior. Bajo tales premisas, si bien las reglas procesales recientemente instauradas para los casos de flagrancia pueden, al menos en abstracto, ser consideradas como un progreso en cuanto a la consagración de principios tales como la oralidad, la inmediación, la celeridad y la contradicción, su aplicación no necesariamente importará, en todos los casos, una ventaja -en términos de reconocimiento de derechos- para el niño que resulta imputado, frente al procedimiento común de los menores de edad. VI. En consecuencia, teniendo en cuenta las particularidades del sub examine y procurando atender al interés superior del niño imputado, considero atendible la pretensión de la recurrente, pues -en definitiva- la aplicación de las reglas ordinarias resulta más respetuosa de la garantía de un "juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso" y permite un ejercicio más amplio del derecho de defensa (CN, art. 18). Adviértase al respecto que, de mantenerse el trámite que la defensa técnica cuestiona, dicho interés superior podría verse afectado en virtud del plazo de caducidad que fija el art. 353 sexies del CPPN -más allá de los cuestionamientos que éste pueda merecer- para solicitar una suspensión del juicio a prueba, con mayor razón al ponderar que el juez de la instancia anterior ha cedido la disposición del joven al Tribunal Oral de Menores nro. 2 -donde se encuentra radicado el expediente tutelar nro. X- (…). En efecto, el hecho que se atribuye a G. en la presente ha sido calificado como robo en grado de tentativa y aquél registra otra causa, radicada en el citado tribunal oral, en orden al delito de robo en poblado y en banda, de modo que, al menos desde un punto de vista formal y conforme a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "A." (Fallos: 331:858), no es posible descartar la eventual aplicación, en relación con ambas imputaciones, del instituto que contempla el art. 76 bis del Código Penal, hipótesis ésta que, al menos en principio, no sería viable si se aplicara la caducidad para solicitarlo que establece la ley 27.272. Por lo demás, la condición de menor del imputado -tenía diecisiete años al momento del hecho- impone recordar que la suspensión del juicio a prueba podría importar una alternativa adecuada para la observancia, en el caso, del principio de subsidiariedad de la pena de prisión que establece el art. 37. b) de la Convención sobre los Derechos del Niño, según los lineamientos que pueden inferirse de lo decidido por el máximo tribunal en el fallo "R.M., J.L." (Fallos: 329:4770). VII. Por lo expuesto, en definitiva me inclino por revocar la resolución apelada, disponer que la causa se sustancie de conformidad con las reglas comunes y declarar abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad que la defensa formulara en subsidio. Así voto. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Tras haber oído la grabación de la audiencia celebrada, sin preguntas que formular a la defensa y luego de haber deliberado, teniendo en cuenta cuanto sostuve en la causa Nº 2422/2017 de la Sala I, "G.", del 10 de febrero de 2017, adhiero al voto del juez Divito. En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR la resolución extendida a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso y DISPONER que la causa se sustancie de conformidad con las reglas comunes. II. DECLARAR abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad que la defensa formulara en subsidio". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto (en disidencia), Divito, Rimondi. (Sec.: Sánchez). c. 16.358/17, G., R. A. s/ Robo en tentativa. Flagrancia. Rta.: 19/04/2017 Se citó: (1) C.S.J.N. "Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/exhorto", rta.: 13/09/2016. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 73.574/2016/CA1, "A., L.", rta.: 15/12/2016. (3) C.N.C.C.C., Sala III, c. 72.867/16, reg. 220/2017, 28/03/2017. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala I, c. 2422/2017, "G.", rta.: 10/02/2017. (5) 112

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 72867/2016, "C. M.", rta.: 21/12/2016. (6) C.S.J.N., Fallos 328:4343. (7) C.N.C.C.C., Sala III, c. 5478/2017/ CNC1, "G., A. N. y P., K. A. s/ robo con armas", rta.: 04/04/2017. FLAGRANCIA (Ley 27.272). Suspensión del proceso a prueba rechazada. Fiscal que oportunamente prestó conformidad. Beneficio viable conforme la doctrina del fallo de la CSJN "Acosta". Opinión del fiscal que supera el control de legalidad y razonabilidad. Argumentos del magistrado no razonables. Revocación. Hacer lugar a la suspensión del proceso a prueba. Fallo: "(…) II. Antecedentes del caso. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba y ofreció en concepto de reparación del daño la suma de cien pesos ($100) así como el establecimiento en dónde realizar las tareas comunitarias, ofreciendo 8.00 horas mensuales en el comedor en donde asiste cotidianamente. La fiscalía prestó consentimiento de ley. Sostuvo que en el caso se presentan los requisitos necesarios para ello. Frente a la calificación legal escogida y la ausencia de antecedentes, de recaer condena en estas actuaciones, eventualmente será de ejecución condicional. También consintió respecto a las tareas comunitarias ofrecidas por resultar acordes para acceder al instituto y la reparación simbólica de cien pesos se aprecia como la máxima dentro de las posibilidades, atendiendo a las condiciones personales del imputado. Por su parte, el magistrado de la instancia anterior no hizo lugar a lo solicitado por la defensa teniendo en cuenta que, a su criterio, los párrafos primero y cuarto del art. 76 bis del C.P. resultan complementarios y no hipótesis diferentes. Por lo tanto, no se presentan -en el caso- las condiciones para su procedencia. III. La decisión recurrida será revocada. Conforme la doctrina del fallo "Acosta" de la C.S.J.N., la atribución delictiva -robo simple, en grado de tentativa- la circunstancia de que el hecho no revista características particularmente graves y la posibilidad de aplicación de una pena en suspenso -ante la ausencia de antecedentes condenatorios del imputado conforme surge de fs. (…)- habilitan la concesión del instituto (art. 76 bis del C.P.). En la especie, se encuentran satisfechos los supuestos del párrafo 4to del art. 76 bis del CP. Se cuenta con la anuencia fiscal que supera el control de legalidad y razonabilidad en razón de las características del hecho descripto en la audiencia multipropósito, y de los demás fundamentos allí expuestos por el acusador público. En esta dirección, los argumentos del magistrado resultan irrazonables y carecen de sustento en tanto adopta un criterio dogmático de interpretación de la norma carente de fundamentación. En estas condiciones, existiendo consentimiento fiscal respecto a lo ofrecido por la defensa, y al presentarse los supuestos que habilitan en el caso la suspensión de juicio a prueba, ésta se le concederá a F.A.C. en las condiciones que las partes han acordado en el legajo. (…) el tribunal RESUELVE: I. Revocar lo resuelto en acta documentada a fs. (…), en cuanto fue materia de recurso. II. Hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba de F.A.C. en los términos que las partes han acordado en el legajo". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Raña). c. 14.662/17, CUELLAR, Arturo F. s/ suspensión del juicio a prueba. Rta.: 04/04/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Rechazo al pedido de que no se aplique a la investigación el régimen previsto por la Ley 27.272. Inconstitucionalidad rechazada. Régimen que no resulta compatible con el procedimiento especial previsto para los menores sometidos a un proceso penal. Incompatibilidad con la ley 22.278. Revocación. Planteo de inconstitucionalidad cuyo pronunciamiento deviene inoficioso. Fallo. "(...) recurso de apelación deducido por la defensa contra el acta de (fs. ...) que no hizo lugar a los planteos de: i) inaplicabilidad del procedimiento de flagrancia según ley 27.272; ii) inconstitucionalidad de tal procedimiento y iii) inaplicabilidad por complejidad. (...). De los planteos y la posición de las partes en la audiencia prevista en el art. 353 quater, CPPN Sucintamente, puede señalarse que el Dr. Juan Pablo Peralta planteó la no aplicación del procedimiento de flagrancia dado que su traslado al juzgado como detenido, pese a que es menor de edad, viola el principio según el cual sólo se puede recurrir a la privación de libertad en casos extremos (art. 37, b) y 40, 4) de la CDN y arts. 19, inc. c, parr. 2 y 3, 36 y 41 de la ley 26.061. Además, las soluciones que prevé la ley de suspensión de juicio a prueba y juicio abreviado no resultan compatibles con el art. 40, 3, ap b) de la Convención sobre los Derechos del Niño pues atentan contra esenciales garantías legales; tampoco podría elegir, como en el anterior, el tipo de procedimiento a seguir, en contra del principio de progresividad. Agregó que el art. 4 de la 22.278 establece que, previo aplicar pena, el imputado debe haber cumplido 18 años y tener un año de tratamiento tutelar, incompatible con los plazos previstos en el procedimiento. La posibilidad de formular un acuerdo de juicio abreviado, además, contrasta con la de absolución o reducción de pena, prevista en la norma citada. Ello, conforme lo resolviera el máximo tribunal a partir de los lineamientos sentados en el precedente "(...)". Así, resulta necesario la interacción de distintos grupos interdisciplinarios, a través del expediente tutelar, con la intervención del asesor de menores. Concluye que los imputados menores de 18 años gozan de los derechos que le corresponden a los seres humanos y además derechos especiales, como personas en proceso de

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desarrollo y, por ello, el régimen de la justicia penal juvenil tiene una finalidad esencialmente tuitiva o proteccional y reeducativa, a los fines de su reinserción en la sociedad derivado de su inmadurez emocional. Por ello, este procedimiento no supera el test de constitucionalidad o convencionalidad. Subsidiariamente plantea su no aplicación por complejidad, por las medidas que deben realizarse en el marco del expediente tutelar. El Sr. agente fiscal se expidió en sentido contrario al sostener que, a diferencia de otras provincias, la ley no estableció específicamente su no aplicación para los menores de 18 años de edad, por lo que, tratándose de una ley en sentido formal, no advierte que resulte inconciliable con los derechos especiales protegidos en el bloque constitucional. En cuanto al traslado del joven G., interpretó que se trata de una comparecencia compulsiva en los términos de los arts. 411 y 412, CPPN. Así también, indicó que el procedimiento comprende dos etapas diferenciadas (...). Además, se incorporan expresamente los principios de celeridad, plazo razonable y contradicción propios de la oralidad, así como el derecho a ser oído, ofrecer prueba, en claro beneficio para el imputado. En cuanto a la complejidad del asunto, la oposición de la defensa debe estar referida a las pruebas necesarias para la investigación del hecho, no así las vinculadas al trámite tutelar. (...). En la audiencia de apelación, la Dra. Fusco mantuvo y mejoró los fundamentos expuestos, al agregar que la resolución jurisdiccional luce infundada. Por su parte, el Dr. Sáenz, en oportunidad de la réplica, a diferencia de su inferior jerárquico, se adhirió a los argumentos de la defensa, aunque varió su pretensión pues propuso en primer lugar se declare la inconstitucionalidad del trámite para el caso de imputados menores de 18 años por violación al debido proceso y al derecho a la libertad en tanto su privación obedece como última ratio y, subsidiariamente, su no aplicación. Agregó que se viola el principio de mínima intervención respecto de menores de edad así como el de progresividad. También señaló que el juzgamiento de un tribunal unipersonal supone inferioridad de condiciones y que el trámite para verificar la edad del imputado, en muchos casos, excede el plazo previsto. Oídas las partes, y más allá de la concordancia de criterios entre el acusador público y la defensa, lo que limitaría nuestra actuación ante la ausencia de contradictorio, debido al planteo de inconstitucionalidad deducido, corresponde que nos expidamos sobre el asunto como tribunal colegiado, desplazando la intervención unipersonal prevista en el art. 353 quater, cuarto párrafo, CPPN. Intervención que se limita al análisis si determinado supuesto fáctico constituye o no un supuesto de flagrancia, lo que no es la cuestión a decidir en la presente. Así, analizada la cuestión traída a estudio, adelantamos que la resolución será revocada. En este sentido, coincidimos con las partes en cuanto a la incompatibilidad que presenta el procedimiento de flagrancia establecido con la sanción de la ley 27.272 en el caso de personas imputadas menores de 18 años de edad, por varias cuestiones que serán analizadas a continuación. En primer lugar, y allá de los argumentos genéricos brindados por la Sra. jueza de grado en la audiencia inicial respecto del traslado del imputado al juzgado, no puede desconocerse que en el caso G. fue derivado al Instituto I. y luego, a la sede tribunalicia, de la manera prevista por el art. 353 ter, CPPN que dispone: "El detenido será trasladado ante el juez a fin de participar de una audiencia oral de flagrancia…". El esforzado intento del fiscal Togni de equiparlo al traslado compulsivo autorizado por el art. 411, CPPN pasa por alto la ausencia de justificación ex ante de los motivos que allí se disponen, desde que no se acreditó presunción alguna que no vaya a comparecer, tampoco que intentará destruir rastros del hecho y, menos, un caso de complicidad por ser el único autor del hecho ilícito investigado. En suma, resuelta la aplicación de este procedimiento por parte del acusador público -pese a que al inicio indicó su no aplicación, ver (fs. ...)- el joven fue derivado a los fines de celebrar la audiencia inicial fijada en el art. 353 quater, CPPN, no de manera voluntaria. Sentado ello, a nuestro criterio el análisis a efectuar no resulta de la actual imposibilidad de elegir el tipo de trámite -sumario u ordinario- así como tampoco de la facultad de postular soluciones alternativas al conflicto, precisamente, por la decisión de las partes de utilizar, o no, estos mecanismos. Por el contrario, lo que debe analizarse es si el nuevo régimen fijado para todas las personas imputadas de un delito cometido en flagrancia -en los términos fijados tras la reforma al art. 285, CPPN- resulta compatible con aquél especial dispuesto para aquellos que aún no han cumplido la mayoría de edad (ley 22.278). Ello, pues "los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado (Corte Interamericana de Derechos Humanos, Condición Jurídica y Derechos Humanos de los Niños, párr.. 54). Que estos derechos especiales que tienen los menores (...). Así también, que "La Convención ordena utilizar procedimientos específicos para adoptar resoluciones que puedan afectar el interés de las personas que entraron en conflicto con la ley penal cuando eran menores de dieciocho años (artículo 40.3). (...). (...). Para ello, el art. 2 de la ley 22.278 ordena durante la tramitación su disposición provisoria a los fines de la aplicación de las facultades conferidas por el art. 4, esto es, determinar la necesidad, o no, de imposición de pena o su reducción, para lo cual se requiere, además de la declaración de responsabilidad penal ya indicada, i) que haya cumplido 18 años; ii) que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año. Ello, sumado a las modalidades del hecho, los antecedentes, el resultado del tratamiento y la impresión directa recogida por el juez es lo que determinará una sanción, incluso con pena reducida o, por el contrario, su absolución. No puede escaparse en este análisis que las amplias facultades que otorga la ley al juez de menores tiende a procurar la adecuada formación de aquél mediante su protección integral tanto para el estudio de su personalidad como de las condiciones familiares y ambientales en las que se encuentra. Tampoco, la obligatoria intervención del asesor de menores y la exclusión del Ministerio Público Fiscal. Del otro lado, la reforma del trámite de instrucción sumaria tuvo por finalidad la de resolver de manera rápida los casos de autor conocido y de prueba sencilla, para una mayor eficiencia en la asignación de recursos materiales y humanos así como para cumplir en corto plazo la manda constitucional de ser juzgado en un plazo razonable (conforme exposición de motivos del PEN al ser elevado el proyecto de ley al PLN). Ello se refleja en los plazos fijados -de 20 díastanto para la etapa de instrucción como la de juicio y en la caducidad de presentación de soluciones alternativas al finalizar la primera de éstas. En resumen, advertimos que el procedimiento de flagrancia tiene como objeto la resolución rápida de un conflicto pasado mediante la 114

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolución de la aplicación o no de una sanción penal. El procedimiento de menores, por el contrario, tiene como objeto -repetimos- la inserción de el menor en la vida social. Así las cosas, sin desconocer un mayor respeto a las garantías procesales fijadas en el nuevo sistema en cuanto a la oralidad en su tramitación y, con ello, los principios de bilateralidad, contradicción, publicidad, concentración e inmediatez que entran en juego -los que, por lo demás, compartimos y aplicamos a partir de la reforma de la ley 26.374-, consideramos que ambos sistemas devienen incompatibles y que su aplicación conjunta crearía un procedimiento "centauro": una cabeza que guía al joven para que comprenda más inteligentemente los hechos imputados derivado de su inmadurez emocional o afectiva, que podría concluir con su absolución, en un cuerpo que, contrariamente, busca una solución expedita en el marco de la emergencia de seguridad pública. No desconocemos que otras salas de este tribunal de alzada se han expedido en sentido contrario (así, (...)) al sostener, entre otros argumentos, la posibilidad de aplicación al caso concreto de este procedimiento con la normativa especial de la citada ley 22.278 e, incluso, frente a la derogación del anterior régimen. Sin embargo, a nuestro criterio, las razones precedentemente indicadas nos llevan a sostener que resulta inconciliable el régimen sumario recientemente sancionado con aquél específico de la justicia penal juvenil. En sencillas palabras, el nuevo procedimiento mira hacia el pasado, en la búsqueda de una respuesta judicial útil y expedita para la averiguación de la verdad ante la comisión de un hecho ilícito cometido y la sanción penal de sus intervinientes. El régimen penal juvenil mira, además, hacia el futuro, es decir, su reinserción en la sociedad de manera constructiva, por su especial condición de personas en desarrollo, con hincapié en su bienestar y para garantizar que cualquier respuesta a los menores delincuentes sea en todo momento proporcionada a las circunstancias del delincuente y del delito (Regla 5.1 de las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores). No se advierte tampoco qué beneficios trae aparejado al joven G. que en poco más de un mes se declare su responsabilidad penal cuando, por otro lado, deberá aguardar casi dos años (su fecha de nacimiento es del 11/9/00) y, por lo menos un año de tratamiento tutelar (es decir hasta los primeros meses de 2018) para que, en definitiva, se determine la necesidad, o no, de aplicar una pena. Es que, para poder cumplir ello, todo el proceso, desde su inicio, debe ser compatible con ese propósito; única manera de garantizar a los jóvenes los derechos especiales que le asisten como tales y que se ven reflejados en el tratamiento tutelar, con intervención interdisciplinaria. Sin perjuicio de ello, y toda vez que la declaración de inaplicabilidad del procedimiento según ley 27.272 da respuesta satisfactoria a las partes, no procederá su declaración de inconstitucionalidad, pues debe ser considerada como última ratio del orden jurídico (Fallos: (...)), es decir "cuando no existe otro modo de salvaguardar algún derecho o garantía amparado por la Constitución" (Fallos 316:2624); ello, en atención a la gravedad institucional que representa, por lo que se exige una adecuada utilización del instituto cuando no sea posible efectuar una interpretación de la norma acorde al texto de la constitución (in re, causa n° (...)); extremo que en el caso, como se dijo, ya tiene solución. El planteo subsidiario debido a la complejidad del asunto, se ha tornado abstracto, por lo que nada cabe agregar. Por último, finalizada la exposición de las partes, el tribunal interrogó al fiscal acerca del derrotero dado desde el inicio de las actuaciones. Ello, frente a la decisión inicial del Ministerio Público de no aplicar el régimen sancionado con la ley 27.272 (fs. ...), las medidas de prueba ordenadas por el juzgado interventor ((fs. ...), 23.10 hs que tomó conocimiento de la edad de G.) y el llamado telefónico del Dr. Togni (fs. ..., 23.45 hs) frente a ello. Es que, si bien como indicó el Dr. Sáenz, podría cuestionarse la validez de las medidas de prueba ordenadas por el juzgado, pese a que corresponde que sean dispuestas por la fiscalía en su primera intervención y, luego, pedidas al juez en la audiencia multipropósito, toda vez que se ha dispuesto su tramitación ordinaria, no corresponde que nos expidamos sobre esta cuestión. Por lo expuesto, el tribunal resuelve: I. REVOCAR parcialmente el auto de (fs. ...) y DISPONER LA NO APLICACIÓN del procedimiento de flagrancia en la presente causa seguida a A. A. G. (art. 455, CPPN). II. NO HACER LUGAR al planteo de inconstitucionalidad deducido en subsidio por su defensa (art. 455 del CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Peluffo). c. 2422/17, G., A. A. s/Flagrancia. Rta.: 10/02/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Excarcelación rechazada y recurrida por la defensa. Fiscal que durante la audiencia celebrada bajo el procedimiento de flagrancia previsto en el art. 353bis del C.P.P.N., requirió la elevación a juicio y calificó el hecho como robo con escalamiento en grado de tentativa, imponiéndose a ambos imputados la prisión preventiva. Registro de antecedentes condenatorios. Eventual sanción a dictarse que no podrá ser de ejecución condicional. Actitud de ambos que demuestra un desapego al cumplimiento de las normas y una actitud proclive a la reiteración delictual de su parte, dado que las condenas impuestas no han incidido en la modificación de sus conductas. Falta de arraigo. Tiempo en detención que no luce desproporcionado. Confirmación. Fallo. "(...). Examinadas las actuaciones, debemos señalar que el fiscal requirió la elevación a juicio del presente caso, calificando el hecho imputado a C. J. A. D. L. y N. A. M. como constitutivo del delito de robo con escalamiento en grado de tentativa, por el que se les dictó la prisión preventiva en la audiencia llevada a cabo a la luz del art. 353 quinquies del C.P.P.N -lo que fue confirmado en la fecha por esta sala-.

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Sentado ello, y respecto a las solicitudes de excarcelación de los nombrados, cuyas denegatorias recurrió la defensa, entendemos que los agravios expuestos por la recurrente en la audiencia, no logran conmover los fundamentos del auto apelado, que compartimos, por lo que será homologado. Existen serios indicios de responsabilidad, para sustentar de manera objetiva la presunción de una futura reacción hostil al sometimiento al proceso (in re: c. n° 37.244, "Freijó", rta. el 12/11/2009, c. n° 39.644, "Favale", rta: 28/12/10, entre muchas otras). Asimismo, concurren particulares circunstancias que según una provisional y objetiva valoración de los elementos de juicio reunidos, harían suponer que en caso de recuperar la libertad se presentarían los riesgos procesales prescriptos en el artículo 319 del C.P.P.N, no siendo posible neutralizarlos mediante caución u obligación accesoria alguna. En el eventual caso de ser condenados en la presente causa, la pena a imponer no podrá ser de ejecución en suspenso -arts. 26, a contrario sensu, 27 CP-, pues conforme se desprende del informe proporcionado por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal -(fs. ... )- y la certificación actuarial que luce a (fs. ...), ambos registran sentencias condenatorias. En ese sentido, A. D. L. fue condenado en la IPP n° (...) del Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial de Morón, Provincia de Buenos Aires, con fecha 16 de diciembre de 2015, a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de robo calificado por fractura de ventana de lugar habitado, cuyo vencimiento operaría el 16 de diciembre de 2019. Asimismo, se le impusieron reglas de conducta por el término de dos años, hasta el 16 de diciembre de 2017. Por su parte, M. fue condenada el 6 de octubre de 2016 a un año de prisión de ejecución condicional -y reglas de conducta por dos años- por el delito de tenencia simple de estupefacientes, en el marco de la causa n° (...) del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1. Además, Aguilar De León posee en trámite la IPP n° (...)17/00 del Juzgado de Garantías N° 5 del Departamento Judicial de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, iniciada el 12 de marzo del corriente año por el delito de violación de domicilio, en la que con fecha 13 del mismo mes y año se le concedió su libertad -siendo detenido por un nuevo hecho en la presente causa tan sólo trece días después-; y M., por su parte, la causa n° (...) del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 6, donde fue detenida el 29 de agosto de 2016 y el 18 de octubre del mismo año se dispuso su libertad y la prohibición de salir del país. De tal modo, las circunstancias reseñadas evidencian el desapego de los encausados al cumplimiento de las normas, y una actitud proclive a la reiteración delictual de su parte, dado que las condenas impuestas no han incidido en la modificación de sus conductas -in re: "González", rta. 9/12/08 entre otros precedentes de la Sala I-. Finalmente, el arraigo que tienen los imputados es poco claro ya que M. refirió encontrarse en situación de calle y A. D. L., si bien luego brindó un domicilio, en un primer momento también manifestó que vivía en la calle. Sentado ello, en torno al tiempo que vienen sufriendo en detención, a la fecha 22 días, no se evidencia irrazonable ni desproporcionado, pues de acuerdo a la reseña efectuada ambos imputados registran condenas en suspenso, y este nuevo hecho imputado se registra dentro de los cuatros años que señala el art. 27 del CP, por lo que corresponderá la acumulación de penas de efectivo cumplimiento. En consecuencia, lo mencionado precedentemente nos lleva a concluir que la medida cautelar de carácter personal deviene necesaria a fin de garantizar el normal desarrollo del proceso. Máxime, teniendo en cuenta la celeridad de los plazos del trámite de flagrancia que generará una pronta resolución definitiva al asunto. Por ello, en este marco de situación, acreditado un serio peligro de fuga, nos encontramos frente a una situación de excepción que admite la restricción de su libertad a fin de asegurar la eventual realización del juicio -art. 280 y 319 del CPPN, y 26, contrario sensu, del CP-. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la denegatoria de la excarcelación planteada a favor de C. J. A. D. L. y de N. A. M., en el marco de la audiencia celebrada el 27 de marzo pasado -455 del Código Procesal Penal de la Nación-. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Biuso). c. 17607/17, AGUILAR DE LEON, Carlos Javier y Morales, Natalia Anabella s/ excarcelación. Rta.: 17/04/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Suspensión del juicio a prueba rechazada. Fiscal de la instancia de origen que había prestado conformidad con el otorgamiento del beneficio y había solicitado la elevación a juicio por robo en grado de tentativa. Actuaciones a las que esta acumulada jurídicamente otra causa. Circunstancia ésta última que determina que los montos punitivos de los delitos reprochados no habiliten la concesión del instituto. Dictamen fiscal infundado. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Ricardo Matías Pinto dijo: La decisión recurrida se encuentra ajustada a las constancias sumariales y a la normativa que rige el caso (artículo 76 bis, cuarto párrafo, del Código Penal). En estas actuaciones, el Ministerio Público Fiscal formuló requerimiento de elevación a juicio con respecto a A. W. en orden al delito de robo en grado de tentativa, como coautor (fs…). Por otra parte, en el legajo nro. 49000/2016, al que se encuentra acumulada jurídicamente esta causa, se lo procesó como coautor del delito de robo agravado por su comisión con armas y por haber causado lesiones graves a la víctima, resolución que hemos confirmado en el día de la fecha (fs. …) de esas actuaciones). Conforme la composición de las penas correspondientes a esos delitos (artículo 55 del Código Penal), la situación del nombrado no encuadra en ninguna de las hipótesis que objetivamente habilitarían la concesión del instituto -artículo 76bis, segundo y cuarto párrafos, del Código Penal-, por cuanto el máximo correspondiente supera los tres años y el mínimo respectivo impide que la eventual pena que se le imponga pueda ser dejada en suspenso (artículo 26, a contrario sensu, del CPPN).

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En este marco, el dictamen positivo del representante del Ministerio Público Fiscal expuesto a fs. (…) resulta legalmente infundado, atento a que no formuló una exposición de las razones por las cuales consideraba que la probation debía ser concedida, apartándose de las constancias del legajo al omitir valorar la causa acumulada. En razón de ello, el no presentarse los supuestos previstos en el artículo 76 bis del Código Penal, voto por homologar lo resuelto. Finalmente corresponde señalar que, tal como se desprende de lo expuesto precedentemente, se descarta la solicitud de la defensa de que la decisión del caso se circunscriba, exclusivamente, a la consideración de la situación procesal de A. W. en estas actuaciones nro. 17105/17. Establecida su conexidad con la causa nro. 49000/17 y la acumulación jurídica de ambas, dicha pretensión resulta inadmisible. Sin perjuicio de ello, se advierte -además- que la admisión de la hipótesis propuesta conduciría a una situación objetiva de imposible cumplimiento, por cuanto no sólo A. W. no podría recuperar su libertad -por cuanto en su oportunidad hemos confirmado, también, su detención en la causa de atracción-, sino que tampoco le sería posible el cumplimiento de las tareas comunitarias que eventualmente se le impusieran (confr. CNCP, Sala III, "Robles, Fabián Antonio", rta. 3/7/2009). Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: En lo sustancial adhiero al voto que antecede. En este marco, el dictamen positivo del Ministerio Público Fiscal resulta legalmente infundado (fs. …). Si bien esta circunstancia debería acarrear su nulificación y la remisión de las actuaciones a la instancia anterior para la revisión del asunto por parte de la fiscalía, ello afectaría el principio de celeridad procesal que subyace en el procedimiento instaurado por la ley 27.272 y, a su vez, la remisión a la instancia anterior sólo lo sería para que se expida conforme a lo indicado en aquél voto. En tales condiciones, voto por la confirmación de la decisión recurrida. (…) el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Herrera). c. 17105/17, ABASCAL WILSON, Adrian Marcelo s/ Suspensión de juicio a prueba. Rta.: 25/04/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Excarcelación rechazada. Audiencia multipropósito en la que la defensa solicitó la excarcelación, el fiscal la consintió bajo caución real, el juez la rechazó, solicitando el fiscal en el mismo acto la elevación a juicio y, seguidamente, la imposición de la prisión preventiva ante la pregunta en ése sentido formulada por el magistrado. Defensa que recurre. Opinión formulada por el fiscal, a instancias del magistrado, que no se encuentra motivada y resulta contradictoria con su postura favorable a la excarcelación. Magistrado que se excedió en su jurisdicción. Nulidad. Revocación. Disposición de inmediata libertad. Voto del vocal Pociello Argerich: Excarcelación que debió hacer sido concedida por no haberse opuesto el fiscal. Imputado que registra antecedentes. Libertad que debe ser caucionada. Revocación y concesión bajo caución real más la obligación de comparecer una vez por mes. Prisión preventiva que debe mantenerse hasta tanto se deposite el importe. Fallo: "(…) II. El juez Ricardo M. Pinto dijo: Tras escuchar el audio de la audiencia multipropósito de flagrancia, cabe señalar en lo que aquí concierne, que la defensa solicitó la excarcelación de su asistido luego de lo cual la Fiscal argumentó estar de acuerdo a la concesión de su libertad, bajo una caución de tipo real, por los motivos esgrimidos en esa oportunidad. El juez resolvió denegar la petición de soltura, decisión impugnada por la recurrente y que se encuentra a estudio de esta Sala. Sin embargo, de la grabación surge que al momento de efectuar el requerimiento de elevación a juicio, la Fiscal omitió expedirse y motivar si consideraba pertinente la imposición o no de la prisión preventiva. Pese a ello, el magistrado ordenó la medida cautelar. Para analizar la cuestión se tiene en cuenta que la ley 27.272 que regula el procedimiento de este asunto prevé que "…Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de flagrancia deberán ser resueltas por el juez en forma oral, inmediata y de manera fundada" (art. 353 quater del C.P.P.N.) Luego, en relación al dictado de la prisión preventiva el art. 353 quinquies del código procesal establece que en la audiencia de clausura, el juez "le otorgará la palabra a la querella y al agente fiscal a fin de que soliciten el sobreseimiento o bien la elevación a juicio…En tal oportunidad solicitarán, si correspondiere, a su juicio, el dictado de la prisión preventiva. La defensa formulará sus oposiciones en forma oral en los términos del art. 349. El juez…en el mismo acto, decidirá sobre el pedido de la prisión preventiva.". A su vez se debe valorar que el art. 353 bis del ordenamiento procesal regula que en estos procedimientos se respetarán los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración y que la audiencia será pública y contradictoria. Así las cosas, la resolución que se impugna trata sobre la denegatoria de la excarcelación en la cual la agente fiscal se expidió favorablemente, y en la misma audiencia al opinar sobre el dictado de la prisión preventiva la funcionaria ante la pregunta del Magistrado solicitó el dictado de la prisión provisional. Resulta claro que la excarcelación resulta una medida de contracautela a la medida cautelar en el proceso de índole personal que es la constitutiva de la prisión preventiva. Por ello, en el proceso de flagrancia es evidente el tinte contradictorio y acusatorio en la parte de ese procedimiento en el cual el Agente Fiscal debe expedirse sobre la medida de coerción personal. De esta manera, la Fiscal en este asunto solicitó la prisión preventiva sin fundarla y en forma contradictoria a lo expuesto en la misma audiencia multipropósito en la cual se trató tanto el pedido de contracautela, como la 117

medida cautelar. Por ello, ante la opinión favorable al pedido de libertad en la excarcelación, y la falta de explicación para pedir que el imputado permanezca detenido durante el proceso en relación a la prisión preventiva, se concluye que ese dictamen carece de fundamentación suficiente a tenor del art. 69 del CPPN. Como consecuencia de lo expuesto, el dictado de prisión preventiva resulta irrazonable por cuanto constituyó un exceso en la jurisdicción al no tener sustento en un pedido fundado de la fiscal. A su vez se infiere de lo sostenido que el análisis de la excarcelación, como contracautela de la medida de coerción, resulta abstracto toda vez que no tiene sustento en el dictado de una coerción personal. Así las cosas, más allá del análisis sobre la posibilidad y razonabilidad de la denegatoria de la excarcelación con el dictamen fiscal favorable en la audiencia de inicio a la luz del principio de bilateralidad y contradicción, lo cierto es que la ley es clara en tanto que el dictado la prisión preventiva resulta ser a pedido de los acusadores. En efecto, esta medida es la que le brinda sustento en su caso a la denegación de la libertad. Al respecto, se ha sostenido que "…el dictado de la prisión preventiva del imputado procede únicamente a partir del pedido expreso, pues, constituye una facultad que la norma les otorga y el juez debe resolver acerca de esa cuestión formulada en la audiencia contradictoria, de acuerdo a los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración (art. 353 bis, segundo párrafo, del CPPN)" (ver de esta Sala V, la causa nro. CCC 2645/2017/1/CA1, rta. 10/2/17). Por lo cual, ante el infundado pedido de dictado de la prisión preventiva efectuado por la acusación, con un cambio de criterio respecto de la coerción personal sin explicación, la medida cautelar resulta infundada y por ello abstracta la discusión sobre la libertad, debiendo ser anulada la prisión preventiva y ordenarse la libertad del imputado. Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Toda vez que la Fiscal en primera instancia no se opuso a la soltura de G. correspondía que el Juez resolviera la excarcelación de manera favorable, dado el carácter contradictorio que debe tener la audiencia. En casos análogos al aquí analizado en los que el Ministerio Público no se ha opuesto a la concesión de la excarcelación, he sostenido que "teniendo en cuenta el desinterés de la parte acusadora en adoptar cualquier medida restrictiva de la libertad, superado el control de legalidad, no se advierte razón alguna para convalidar el auto en crisis frente a la ausencia de contradictorio entre ambas partes" (ver de la Sala VI la causas nro. 20499 "González, Eduardo Jorge" del 28 de abril de 2016, entre otras). Por lo tanto, considero que corresponde revocar la decisión recurrida y conceder la excarcelación al imputado. Ahora bien, las numerosas causas en trámite que registra, a lo que se suma una condena ante la Sala IV de la Cámara Penal de Tucumán, dispuesta el 30 de junio de 2006 a tres años de prisión condicional (ver fs. 29/30 del legajo de identidad personal), permiten sostener como insuficiente una caución juratoria. La diferencia entre los apellidos informada por el Registro Nacional de Reincidencia no deberá ser tenida en cuenta, ya que parece deberse a un error probablemente auditivo. Estimo entonces que debe imponerse una caución que corresponde regular en tres mil pesos ($3.000), más una obligación de comparecer una vez al mes ante el Tribunal donde quede radicada la causa. En cuanto al no pedido expreso de la prisión preventiva por parte de la Fiscal, entiendo que en modo alguno ello puede invalidar la decisión del Juez, pues sería atarnos a formalismos excesivos que restan sentido común al fin de la norma. En aquellos casos en que la primer audiencia, en la cual el Juez debe pronunciarse sobre "…la libertad o detención del imputado…" se convierte en una audiencia de clausura, en que el fiscal debe pedir la prisión preventiva, no pueden desdoblarse ambos roles. Cierto es que, en este caso, la Fiscal no se había opuesto a la soltura de G. lo que quitaría sustento a la medida dispuesta, la que pareciera que cabría invalidar como se sostiene en el voto precedente. Pero no es esa, en mi criterio, la solución correcta, ya que la concesión de la excarcelación bajo caución real, todo resuelto en el mismo acto, al menos deja subsistente la medida cautelar, hasta tanto se efectivice la condición suspensiva con el depósito de la caución. Voto entonces por revocar la resolución que deniega la excarcelación de Á.A.G. y concederla bajo caución real de tres mil pesos ($ 3.000), junto con una obligación de comparecencia una vez al mes en el juzgado donde quede radicada la causa. Como segundo punto, entiendo que corresponde mantener la prisión preventiva hasta tanto se efectivice la caución impuesta. El juez Mariano Scotto dijo: Luego de las diversas opiniones vertidas por mis colegas de grado, intervengo en el legajo a fin de conformar la mayoría. Tras escuchar el audio de la audiencia y sin tener preguntas que formular, adhiero al voto del juez Pinto y emito el mío en idéntico sentido. (…) el Tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la prisión preventiva dispuesta por el magistrado a quo y disponer la inmediata libertad de Á.A.G.". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: de la Bandera). c. 21.157/17, GARNICA, Angel Alfredo. Flagrancia. Excarcelación. Rta.: 20/04/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Suspensión del proceso a prueba rechazada. Fiscal de la instancia de origen que prestó conformidad. Argumentos del magistrado para rechazar lo solicitado que resultan irrazonables y carecen de sustento normativo. Caso en el que se encuentran presentes los supuestos para conceder el beneficio. Revocación. Concesión.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fallo: "(…) II. Antecedentes del caso. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba por el término de un año, comprometiéndose a realizar las tareas que el juez de grado establezca y ofreció en concepto de reparación del daño la suma de cuatrocientos pesos ($400) de acuerdo a sus posibilidades y la mensuración del daño ocasionado. La fiscalía prestó consentimiento de ley. Sostuvo que en el caso se presentan los requisitos necesarios para ello. Frente a la calificación legal escogida y la ausencia de antecedentes, de recaer condena en estas actuaciones, eventualmente será de ejecución condicional. También consintió respecto a la realización de tareas comunitarias por resultar acordes para acceder al instituto y la reparación simbólica de cuatrocientos pesos se aprecia dentro de las posibilidades, atendiendo a las condiciones personales del imputado. Por su parte, el magistrado de la instancia anterior no hizo lugar a lo solicitado por la defensa pues, si bien aclaró que a su criterio los párrafos primero y cuarto del art. 76 bis del C.P. resultan complementarios y no hipótesis diferentes, en el caso en concreto no corresponde hacer lugar al instituto en virtud de la violencia desplegada en el hecho, la constatación negativa del domicilio real aportado y que registra una causa en trámite. III. La decisión recurrida será revocada. Planteada la cuestión en estos términos, de acuerdo a la doctrina del fallo "Acosta" de la C.S.J.N., de la atribución delictiva -robo simple, en grado de tentativa- y la posibilidad de aplicación de una pena en suspenso -ante la ausencia de antecedentes condenatorios del imputado conforme surge de fs. (…)- el instituto pedido por la defensa surge viable. En este aspecto, se cuenta con la anuencia fiscal que supera el control de legalidad y razonabilidad, al ponderar que el hecho no reviste características graves, y los demás fundamentos allí expuestos por el acusador público. Así las cosas, se encuentran satisfechos los supuestos del art. 76 bis del CP. En esta dirección, los argumentos en virtud de los cuales el magistrado denegó el instituto solicitado resultan irrazonables, y carecen de sustento normativo por cuanto, tal como sostuvieron las partes, se encuentran reunidos los requisitos objetivos para su concesión. Por otro lado en este caso el ofrecimiento de reparación se presenta como razonable a la luz del daño causado, y la víctima ha sido notificada de la realización de la audiencia, con lo cual tuvo la posibilidad de opinar en relación al ofrecimiento de reparación. En estas condiciones, al existir consentimiento fiscal respecto al formulado por la defensa, y al presentarse los supuestos que habilitan en el caso la suspensión de juicio a prueba, corresponde revocar el auto cuestionado y conceder la suspensión de juicio al imputado A.N.Z., en las condiciones que las partes han acordado en el legajo. (…) el tribunal RESUELVE: I. Revocar lo resuelto en acta documentada a fs. (…), en cuanto fue materia de recurso (arts. 353 ter y quater del CPPN, según ley 27.272).II. Hacer lugar a la suspensión de juicio a prueba de A.N.Z. en los términos que las partes han acordado en el legajo (art. 76 bis del CP)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Poleri). c. 19.205/17, ZEBALLOS, Alexis Nicolás s/ Flagrancia. Rta.: 20/04/2017 FLAGRANCIA (LEY 27.272). Recurso de queja contra el recurso de apelación rechazado respecto del auto que dictó la prisión preventiva de los imputados. Excarcelación previamente rechazada en la audiencia multipropósito y confirmada por la Alzada. Dictado de prisión preventiva que regularizó la privación de libertad. Doble conforme. Rechazo. Fallo: "(…) En la audiencia de clausura del procedimiento de flagrancia fijada por la ley 27.272, el 28 de diciembre de 2016 se dictó la prisión preventiva de los encausados A. O. U. y E. G. R. Apelada tal decisión en la misma audiencia por la defensa, la denegatoria de la vía recursiva motivó esta presentación directa. El recurso introducido no puede prosperar. Con sustento en el informe documentado a fs. (…), con anterioridad a la prisión preventiva, ello es, el 12 de diciembre último, el juzgado interviniente rechazó el pedido de excarcelación de los nombrados, criterio que fue homologado por la Sala VII de esta Cámara ocho días después. Como puede verse, en el marco de la audiencia multipropósito, primero se sustanció el pedido de excarcelación, con arreglo a lo previsto en el artículo 353 quater, noveno párrafo, del Código Procesal Penal, y la actividad recursiva del caso obtuvo la prioridad de tratamiento a que alude su artículo 353 quinquies, cuarto párrafo, de modo que el ulterior dictado de la prisión preventiva no hizo sino regularizar la privación de libertad de los imputados, en el contexto de un sistema de indudable impronta sumaria en el que es dable evitar la duplicación de planteos que reportan a la misma cuestión, ello es, a la coerción personal durante el proceso. Así, el caso remite a aquellas situaciones que se presentan ordinariamente en el régimen común, acorde a las cuales no procede la apelación de la prisión preventiva en la medida en que su dictado pueda ser neutralizado por la vía excarcelatoria (1), máxime en el caso, cuando al tiempo de decretársela ya había sido denegada la libertad, doble conforme mediante. A cualquier evento, cabe reeditar la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual la exclusión de las apelaciones contra los autos que decretan la prisión preventiva reposa en la circunstancia de que ello no impide, por sí solo, la obtención de la tutela jurisdiccional mediante la articulación de la excarcelación (Fallos: 314:451); ello, precisamente en aquellos regímenes que, como el del Código Procesal Penal de la Nación, a diferencia de otros provinciales, mantienen el instituto de la excarcelación. Consecuentemente, cabe rechazar la queja formulada, lo que ASÍ SE RESUELVE (…)". 119

C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria A, González, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc: Godnjavec). c. 73.938/16, URQUIA, Adrián Omar s/ queja. Rta.: 05/01/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39501/11, "Cornejo Durán, Julio", rta: 28/05/2013 y Sala IV, c. 27.069, "Muñoz", rta: 10/06/2015. FLAGRANCIA (Ley 27.272). Fiscal que recurre la resolución que dispuso, ante la declaración de rebeldía del imputado, continuar el trámite del sumario bajo el procedimiento común (ley 23.984). Audiencia que fue correctamente suspendida ante la ausencia y posterior declaración de rebeldía del imputado para garantizar el principio de bilateralidad. Contumacia que no resulta ser un impedimento para la reanudación del trámite bajo las pautas de flagrancia una vez habido el imputado. Curso de la causa que queda suspendido. Revocatoria del punto resolutivo que imprimió a la actuaciones el procedimiento de la ley 23.984. Fallo: "(…) Interviene la sala en la presente causa con motivo del recurso de apelación deducido por la fiscalía (…) contra el auto que dispuso la continuación del trámite bajo el procedimiento común previsto en la Ley N° 23.984 (…). (…) Y CONSIDERANDO: En razón de que durante la audiencia celebrada ante esta sala, el fiscal general limitó su agravio a la mutación dispuesta por la anterior instancia del procedimiento de flagrancia, previsto en la Ley N° 27.272 e inicialmente aplicado en la causa (…), por el trámite ordinario contemplado en la Ley N° 23.984 ante la declaración de rebeldía de F. Q. (…), tal será la cuestión a tratar. No obstante, en punto a la suspensión de la audiencia de clausura fundada en la mencionada rebeldía, consideramos que efectivamente tal acto no puede llevarse a cabo estando el causante en situación de contumacia, pues su ausencia - o la de su defensor, en el caso - implicaría una afectación al principio de bilateralidad especialmente consagrado en el segundo párrafo del artículo 353 bis del ordenamiento adjetivo, que dispone que será público y contradictorio, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. A nuestro juicio, la imposibilidad de contar con la presencia del imputado o la de su abogado - quien estaría vedado de representar sus intereses mientras subsista la rebeldía importaría un apartamiento a esas pautas rectoras del procedimiento de flagrancia. Dicho esto, coincidimos con el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que de la declaración de rebeldía no se sigue inexorablemente como consecuencia el cese del trámite bajo las directrices de la Ley N° 27.272. Una primera aproximación sobre el punto surge del propio texto de la norma, que no contempla ese supuesto y sólo recepta la posibilidad de que el causante o su defensor puedan objetar en un inicio su aplicación (artículo 353 quáter, tercer párrafo), o bien la concurrencia de una causal de conexidad que obste a la tramitación separada de los procesos, en cuyo caso debería desistirse del régimen de flagrancia (penúltimo párrafo de ese mismo artículo). Más allá de la falta de previsión normativa expresa que se erija en veda de la continuación del trámite recientemente incorporado a nuestro sistema procesal ante un caso de contumacia, lo cierto es que la alteración de unas reglas por otras importaría privar al encausado - una vez a derecho - de la facultad de requerir la suspensión del juicio a prueba o la realización de un acuerdo abreviado, posibilidad que en principio precluiría una vez cumplida la audiencia de clausura (artículo 353 sexies). Además, las normas en cuestión prescriben pautas que disminuyen el plazo del proceso, y requieren un nuevo debate sobre las medidas de coerción en forma previa al juicio, lo cual da cuenta que garantiza los derechos del imputado (artículos 353 quáter y septies). Por lo demás, la mutación de régimen no solo introduce cambios en la etapa de instrucción por la que transita actualmente la causa sino también en su posible evolución futura, en tanto los casos sometidos al procedimiento de flagrancia por hechos cuya pena máxima no exceda de quince años de prisión (en que se enmarca la situación de Q., conforme la calificación legal asignada provisoriamente al hecho por el que soporta reproche, según pronunciamiento de fs. …) serán juzgados por un único magistrado y los plazos para ofrecer prueba, citar a audiencia y concretar el debate se acotan del modo en que dispone el artículo 353 septies, mientras que los que se rijan por la Ley N° 23.984 proseguirán su marcha acorde a tal norma y a lo dispuesto en la reciente Ley de "Fortalecimiento de los Tribunales Orales" N° 27.307. Cabe añadir, por último, que la declaración de contumacia del imputado no se instituye en impediente para la reanudación del trámite bajo las pautas de flagrancia una vez cesado ese estado de contumacia. El curso de la causa queda suspendido desde entonces - sin perjuicio de las diligencias que hubieran solicitado las partes en la primera audiencia y fueran tendientes a reunir elementos de prueba, acorde a lo dispuesto en el artículo 290 del digesto adjetivo -, y - tal como se ha dicho en comentario a ese último precepto - "el expediente recién continuará regularmente su marcha una vez integrado el rebelde al proceso" (1), bajo el mismo régimen procesal dispuesto antes de comenzada la rebeldía. Es entonces en virtud de las consideraciones hasta aquí desarrolladas que este tribunal RESUELVE: REVOCAR el pronunciamiento de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria A, Pociello Argerich, Scotto, Pinto. (Sec.: Fuertes). c. 370/17, QUIÑONES, Francisco s/ flagrancia. Rta.: 31/01/2017 Se citó: (1) Clariá Olmedo, Tratado de Derecho Procesal Penal, t. II, 1964, p. 92/93.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

FLAGRANCIA (LEY 27.272). Menores. Defensa que planteó la no aplicación del régimen a procesos seguidos contra menores e inconstitucionalidad de la ley. Críticas que no aludieron al caso concreto. Menor trasladado a instituto de menores. Procedimiento dispuesto que se adecua a las Reglas de Beijing. Alegada imposibilidad de optar por el régimen común. Ausencia de violación a garantías de raigambre constitucional. Ausencia de perjuicio. Imputado al que se le otorgan todas las garantías del régimen común más obligación que todas las audiencias se deben realizar en forma oral y pública, respetando la inmediación, contradicción y bilateralidad. Legislación que no deroga la normativa especial prevista por la Ley 22.278. Confirmación. Fallo: "(…) VISTOS Y CONSIDERANDO: I. Interviene la Sala de feria con motivo de la apelación interpuesta por la defensa de J. E. M. contra la resolución de fs. (…) que no hizo lugar al planteo de no aplicación del régimen de flagrancia instaurado por ley 27.272 y al planteo de inconstitucionalidad de la citada ley en aquellos procesos seguidos contra menores según las previsiones de la ley 22.278. II. Las críticas dirigidas por la Dra. M. L. M. d. O. relacionadas con el rechazo a la aplicación de la ley no lo fueron en relación al caso concreto y conforme las previsiones del tercer párrafo del art. 353 quater sino en forma genérica, al entender que no debía aplicarse en ningún supuesto en el que se encuentren involucrados menores. Concretamente, los motivos que adujo fueron similares a aquellos en que fundó el planteo de inconstitucionalidad, es decir, la argumentación fue la misma mientras que la solución fue presentada en forma alternativa. Básicamente, sostuvo en este sentido que el régimen de menores contempla un procedimiento especial con mayores garantías que la ley cuestionada, en que se ordena que el imputado sea llevado detenido frente al juez e invocó la aplicación de la "Reglas mínimas de la Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing) y la Convención sobre los derechos del Niño. Explicó que la celeridad que pretende la ley a través de plazos sumarios no se condice con la previsión del tratamiento tutelar que exige la ley 22.278 y sostuvo que la complejidad que ofrecen las causas de menores está dada, entre otros casos por la necesidad de abordajes psicológicos necesarios para una correcta aplicación del mencionado sistema tutelar. El Dr. R. S., por la fiscalía, al momento de presentar su réplica, explicó que coincidía con los argumentos vertidos por la Sra. defensora aún cuando sostuvo que la única forma de no aplicar la mencionada ley era mediante la declaración de inconstitucionalidad de la ley en la medida en que pretenda aplicarse a menores. Sostuvo que violaba el principio de mínima intervención respecto de menores y el principio de progresividad, en oposición al de regreso que contemplaba el anterior procedimiento en tanto permitía al imputado optar por la aplicación del procedimiento común. A su entender, sostuvo, la previsión del juzgamiento por un tribunal unipersonal supone inferioridad de condiciones para el menor y que la verificación de la edad, en muchos casos, excede el plazo previsto por la ley. Por último, manifestó que como representante del Ministerio Público Fiscal solicitaba la aplicación del régimen común sosteniendo que debía entenderse como un desistimiento de la solicitud efectuada en la primera instancia. Ambas partes hicieron reservas de recurrir a Casación y a la Corte Suprema. III. En primer lugar, cabe explicar que las críticas efectuadas no fueron en relación al hecho concreto sino que se dirigieron a cuestionar la ley para la generalidad de los casos en que pretenda ser aplicada a juicio de menores. Por otro lado, es de resaltar que al articularse conjuntamente el planteo de inconstitucionalidad con el de no aplicación del procedimiento especial, la intervención de un solo juez ha quedado desplazado por la necesidad de la conformación del tribunal completo. Ante todo y como principio rector del análisis se debe recordar que "La declaración de inconstitucionalidad de una disposición legal es un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico por lo que no cabe efectuarla sino cuando la repugnancia del precepto con la cláusula constitucional invocada sea manifiesta, y requiere de manera inexcusable un sólido desarrollo argumental y la demostración de un agravio en el caso concreto" (C.S.J.N."Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/exhorto, rta.13/9/16, entre muchas otras"), lo que no se aprecia en este caso. Cabe poner de resalto que al momento de ordenarse la aplicación de la ley 27.272 se dispuso la remisión de los menores al Instituto Inchausti donde se impartirían la instrucciones, y la jueza interviniente dispuso la aplicación de lo normado en el segundo y tercer párrafo del artículo 1° de la ley 22.272. No parece, entonces, advertirse ningún gravamen que justifique la sanción pretendida cuando dicho proceder se adecua claramente a lo dispuesto en el artículo 10 de las "Reglas de Beijing" invocadas por la parte. En cuanto a la imposibilidad de optar por la aplicación del régimen común (violación al principio de progresividad), no se aprecia una crítica suficiente que permita contemplar dicha situación como encontrada con la Carta Magna. Es que la decisión legislativa se encuentra por encima de la simple crítica a situaciones más o menos favorables respecto de una ley anterior en tanto la actual no vulnere garantías constitucionalmente protegidas, de lo contrario se estaría ante la descalificación de una ley, basada en la argumentación de su confronte con el texto constitucional por el solo hecho de no agradar a la parte que lo invoca, máxime cuando la ley expresamente contempla la posibilidad, aunque reglada, de oponerse a este trámite especial. 121

Pero, al margen de ello, no se aprecia cuál es el perjuicio que podría irrogarle, en este tópico concreto, cuando al imputado se le otorgan todas las garantías que contempla el procedimiento común, a las que se suman la obligación de que "todas la audiencias se deben realizar en forma oral y pública, respetando la inmediación, contradicción y bilateralidad", lo que pareciera otorgar un mejor resguardo a sus derechos y un mayor espectro a las posibles soluciones alternativas. En este, y en otros puntos cabe recordar que la "Reglas de Beijing" establecen en su artículo 7.1 que "En todas las etapas del proceso se respetarán garantías procesales básicas tales como la presunción de inocencia, el derecho a ser notificado de las acusaciones, el derecho a no responder, el derecho al asesoramiento, el derecho a la presencia de los padres o tutores, el derecho a la confrontación con los testigos y a interrogar a éstos y el derecho de apelación ante una autoridad superior." Extremos todos garantizados en el procedimiento de la ley 27.272. Es que debe resaltarse que la sanción de le nueva ley no ha derogado la 22.278, la que como ley especial deberá primar en su aplicación cuando ésta confronte sin posible solución alternativa con la criticada. Tal debe ser la solución aplicable pues de lo contrario sólo se dejaría a los menores ante la posibilidad de ser juzgados por el procedimiento común en tanto la anterior legislación sancionada para casos flagrantes ha quedado en la actualidad derogada. Esta solución ha sido sostenida por la Sala IV de esta Cámara en la causa 72.867/2016/CA1 "C.M, L." rta: el 21-12-2016 y por la Sala VII en la causa 73.574/2016/CA1 "A., L." rta el 15-12-2016. Por último, cabe hacer referencia que de la destacable actividad desarrollada por las partes, puede concluirse que en nada puede invocarse que se haya visto comprometido el derecho a una defensa adecuada. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fs. (…), en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria A, Pociello Argerich, Scotto, Pinto. (Sec.: Sánchez). c. 2.416/17, M., J. E. s/ inconstitucionalidad - flagrancia. Rta.: 31/01/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Defensa que recurre: a) el rechazo al pedido de extinción de la acción penal por acuerdo conciliatorio de conformidad con el fiscal (art.59 inc.6 CP); b) rechazo al planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio y, c) rechazo de la excarcelación e imposición de la prisión preventiva. a) Actuación del fiscal que no fue una derivación razonada del derecho vigente (art. 69 del CPPN) y afectó el debido proceso. Nulidad del acuerdo conciliatorio. b) Validez del requerimiento de elevación a juicio; c) Pedido de prisión preventiva que carece de fundamento válido, ya que el acusador público estaría requiriendo esa medida cautelar para asegurar el cumplimiento de la pena efectiva a la que previamente había voluntariamente renunciado. Nulidad. Ausencia de contradictorio. Libertad. Disidencia parcial: a) Aplicación del principio general contenido en el artículo 2 del Código Penal que establece que se aplicará siempre la ley más benigna. Voluntad del fiscal de extinguir la acción penal, por lo que nos encontramos en la situación en la que el titular de la acción penal pública manifiesta que no quiere seguir con la acción penal. Validez del acuerdo conciliatorio. Fallo. "(...) el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de N. O. y de R. D. M. contra la decisión que no hizo lugar a la extinción de la acción penal por conciliación (art. 59 inc. 6 del Código Penal), la que rechazó el pedido de nulidad del requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal y la que no hizo lugar al pedido de excarcelación de los imputados y les impuso la prisión preventiva; adoptadas el pasado 5 de mayo en la audiencia de clausura del art. 353 quinquies y ccs. del Código Procesal Penal de la Nación (fs. ...). (...). a-Sobre la nulidad del acuerdo conciliatorio -artículo 59 inciso 6 del Código Penal-. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Oído el debate, y tras compulsar las actas escritas que tengo a la vista, tal como manifesté al adherirme al voto del Dr. Ricardo Matías Pinto en el precedente n° 50.621/11 de la Sala V de esta Cámara, "Gluzman", resuelto el pasado 21 de abril, entiendo que el legislador ha incurrido en una equivocación, académicamente conocida como "error de libros", al incorporar materia vinculada con el ejercicio de la acción penal en el código sustantivo. En este sentido, su regulación (y dentro de ella, más específicamente, la extinción de la acción penal) integra el conjunto de poderes que las provincias no han delegado en el gobierno federal, por lo que la expresa previsión en la ley local es indispensable para la aplicación del instituto de la conciliación. En efecto, el inciso 6° del artículo 59, en todo caso, resulta una norma marco incorporada al Código Penal al sólo efecto de no restar eficacia a los posibles ordenamientos locales frente a los diferentes criterios existentes en torno a la disponibilidad de la acción penal por parte del acusador público. Ello se colige de la exposición efectuada por el senador nacional Urtubey, en cuanto sostuvo que "…las provincias (...)" (cfr. versión taquigráfica de la 4° reunión -3° sesión ordinaria- del 27 de mayo de 2015). Por lo demás, esta posición ha sido la seguida al analizarse la admisibilidad del recurso de casación en un caso similar: "Asimismo, (...)." (CNCCC, del voto de los jueces Pablo Jantus y Gustavo A. Bruzzone, Sala de Turno, c.º78.222/2016, rta. 17/3/2017). Por los motivos expuestos, se observa que lo actuado por el fiscal del caso no resultó una derivación razonada del derecho vigente (art. 69 del Código Procesal Penal de la Nación), y afectó con su proceder al debido proceso, por lo que debe ser descalificado el acuerdo de fs. 111/112 como acto jurisdiccional válido, y lo obrado en su consecuencia. Así voto. El juez Luis María Bunge Campos dijo: Como lo sostuve recientemente en la causa nº 71.961/2013 "Balseiro" de esta Sala I (rta. 5/4/2017) si bien en el precedente "Mazer" -causa nº 70.166 de la Sala VI de esta Cámara del 15 de octubre de 2015- afirmé que la aplicación del instituto de extinción de la acción penal contenido en el art. 59, inc. 6° del Código Penal requería de la aplicación del Código Procesal Penal, 122

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional aprobado por la ley 27.063 cuya implementación se había dispuesto por ley para los primeros días de marzo de este año, entiendo que la situación se ha modificado tras el dictado del decreto 257/15 mediante el cual aquélla se postergó, conforme un cronograma de implementación progresiva, en el que nada se dice de las reformas del Código Penal. En este sentido, y tal como lo expresé al votar en la causa "Giampaoletti" de esa misma Sala, resuelto el pasado 31 de agosto (causa n° 12.750/14), ello no puede implicar que los institutos de extinción de la acción penal contenidos en el Código Penal no puedan aplicarse por lo dispuesto en un decreto. En ese caso estaríamos haciendo una interpretación in malam partem de la posibilidad de aplicar una norma de fondo que extingue la acción penal, otorgándole a un decreto del Poder Ejecutivo una potestad de la que carece, cual es la suspensión de la aplicación de una norma de fondo. No se puede soslayar, en este punto, el principio general contenido en el artículo 2 del Código Penal que establece que se aplicará siempre la ley más benigna. El adverbio "siempre" es claro en que no se admiten excepciones a esta regla. En este caso, además, más allá de la errática conducta del fiscal, éste manifestó su voluntad de extinguir la acción penal, por lo que nos encontramos en la situación en la que el titular de la acción penal pública manifiesta que no quiere seguir con la acción penal. La cuestión, a mi juicio, debe interpretarse a la luz del principio contenido en el artículo 5to del Código Procesal Penal que señala que el ejercicio de esta acción no podrá extinguirse, suspenderse ni hacerse cesar, sino en los casos expresamente previstos en la ley. Pues bien, éste es uno de los casos expresamente previstos en la ley, al estar contenido en una norma vigente del Código Penal, que el decreto 257/15 expresamente no ha incluido en la suspensión de aplicación del Código Procesal Penal. Por ello, entiendo que el acuerdo conciliatorio es plenamente válido, y en consecuencia se debe analizar su viabilidad en este legajo. Así voto. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Llamado a intervenir a los efectos de expedirme acerca de la validez del acuerdo celebrado por las partes a la luz del artículo 59 inciso 6 del Código Penal, adhiero a la solución propiciada por el juez Rimondi. He sostenido al votar en los precedentes nº71.961/13 "Balseiro" del 5 de abril de 2017 de la Sala I, y n° 70.166/04, "Mazer", resuelto el 15 de octubre de 2015, n° 12.989, "Lecea", del 27 de abril de 2016 y n° 12.750/14, "Giampaoletti", resuelto el 31 de agosto de 2016, todos de la Sala VI de esta Cámara y a cuyas consideraciones me remito, entiendo que la causal que ha sido invocada perdió operatividad desde que el Decreto Ley 257/2015 postergó la implementación del nuevo Código Procesal Penal sancionado con la ley 27.063. Frente a ello, la actuación de las partes basada en la aplicación de la norma citada debe ser descalificada y lo actuado en su consecuencia, tal como lo propone el vocal que inicia el acuerdo. Así voto. b- De la nulidad del requerimiento de elevación a juicio; la imposición de la prisión preventiva y el rechazo de la excarcelación de Nahuel Orase y Ricardo Damián Muzzio: El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Zanjada la cuestión relativa al rechazo del acuerdo conciliatorio, corresponde señalar que más allá de la poca coherencia de la actuación precedente, el fiscal requirió la elevación a juicio luego de la no homologación del acuerdo suscripto, por lo que su dictamen, a este respecto, es válido. Por el contrario, el pedido de prisión preventiva carece de fundamento válido, ya que el acusador público estaría requiriendo esa medida cautelar para asegurar el cumplimiento de la pena efectiva a la que previamente había voluntariamente renunciado. En consecuencia, y no siendo una derivación razonada de los hechos del caso, corresponde anularlo (art. 69 del Código de rito). Ello genera una ausencia de contradictorio que invalida la prisión preventiva dictada, por lo que corresponde disponer la inmediata libertad de los imputados, al tiempo que se ha tornado abstracto el análisis del rechazo de las excarcelaciones solicitadas oportunamente. Así voto. El juez Luis María Bunge Campos dijo: Habiendo sido vencido en mi posición en torno a la interpretación del artículo 59 inciso 6 del Código Penal, debo continuar en mi análisis partiendo del acuerdo al que arribaron mis colegas. El fiscal del caso se encontraba habilitado para requerir la elevación del asunto a juicio dado que había sido rechazada la conciliación, por lo que más allá de la posibilidad de recurrir optó por continuar con el ejercicio de la acción penal. Coincido con la lectura que efectúa el juez Rimondi acerca de la actuación errática del acusador puesto que a poco de considerar innecesaria la aplicación de una pena para el quehacer reprochado solicitó la imposición de una medida cautelar que asegurara su eventual cumplimiento. La actuación anterior del acusador público, más allá de que luego fuera judicialmente invalidada, quita la motivación necesaria a su pedido de prisión preventiva, tornándose violatorio del art. 69 del Código Procesal Penal de la Nación por lo que corresponde su anulación; y de la prisión preventiva dictada en su consecuencia por falta de contradictorio. De allí que corresponde disponer la libertad de los causantes, habiéndose tornado abstracto el análisis del rechazo de sus excarcelaciones. Así voto. En virtud del acuerdo que surge de los votos que anteceden el tribunal RESUELVE: I-Declarar la nulidad del acuerdo conciliatorio obrante a (fs. ...) y lo actuado en consecuencia, art. 167 inc. 2 y 168 del Código Procesal Penal de la Nación. II-CONFIRMAR el rechazo de la nulidad del requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal (cfr. fs. ...), art. 455 del Código Procesal Penal de la Nación. III-DECLARAR la nulidad del pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal de la instancia de origen y de la imposición de la medida cautelar de mención a los imputados N. O. y R. M.; disponiéndose la inmediata libertad de los nombrados en el presente legajo, art. 69 del Código Procesal Penal de la Nación. IV-Declarar abstracto el tratamiento del rechazo de las excarcelaciones solicitadas oportunamente respecto de los imputados O. y M. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini. (Sec.: Biuso). c. 25.026/17, ORASE, Nahuel y otro s/ Conciliación/Nulidad/Excarcelación. Rta.: 29/05/2017

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FLAGRANCIA (Ley 27.272). Excarcelación rechazada. Incomparecencia del fiscal a la audiencia que no debe ser tomada como un desistimiento del recurso. Imputado que registra antecedentes condenatorios. Eventual sanción a imponer que no podrá ser dejada en suspenso. Desapego al cumplimiento de las normas y una actitud proclive a la reiteración delictual. Tiempo en detención que no luce desproporcionado. Confirmación. Disidencia: Ausencia del Fiscal General a la audiencia que debe ser interpretada como un desistimiento del recurso. Revocación. Libertad. Fallo: "(…) II. Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Analizado el caso, considero que existe una cuestión preliminar que conlleva a revocar el auto puesto en crisis y disponer su inmediata libertad R.O.L. Conforme he sostenido anteriormente (ver, de la Sala VI de esta Cámara, causa N° 72795/2016, rta. 6/12/2016) el art. 353 bis, párrafo segundo, del catálogo procesal (según modificación incorporada por la Ley 27.272), claramente establece que "las decisiones jurisdiccionales a las que se refiere el presente título se adoptarán en forma oral en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración". La ausencia del Ministerio Público Fiscal en el acto contraría evidentemente tal espíritu y sólo puede interpretarse, a los fines de resolver la cuestión traída a conocimiento de esta Alzada, como su desistimiento a la oposición formulada por su inferior en relación a la libertad de L., la cual entonces deberá ser dispuesta de manera inmediata. Por los mismos argumentos, entiendo que la Sala se encuentra imposibilitada de limitar su libertad a condiciones más severas que la mera caución juratoria. En función de ello, voto por revocar y disponer la inmediata libertad de R.O.L., bajo caución juratoria. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: I. Como primera cuestión, corresponde señalar que, tal como me he pronunciado en las causas nro. 6501/2017, "Olivera Carmen", rta. 16/02/2017 y nro. 26292/2017 "Duarte", rta. el 11/05/2017 de esta Sala, considero que la incomparecencia del fiscal a la audiencia ante este Tribunal no importa el desistimiento a la oposición formulada por su inferior jerárquico. En consecuencia, sentado lo expuesto, corresponde tratar la cuestión traída a consideración. II. Previo al análisis del recurso se advierte una cuestión de orden público que podría incidir en el recurso de apelación contra la decisión que no hizo lugar a la excarcelación. La ley 27.272 dispone que en la audiencia de clausura, art. 353 quinquies, el Fiscal solicitará en su caso la elevación a juicio del caso y que podrá pedir la prisión preventiva. La defensa formulará en su caso su oposición y el Juez se expedirá conforme lo previsto en el art. 351 del código procesal y en relación al pedido de prisión preventiva. A su vez podrá diferir la lectura de los fundamentos hasta un plazo de tres días. Al cotejar la norma con las constancias del acta, y escuchado el audio y la resolución mediante la cual se fundó el auto que no hizo lugar al pedido de excarcelación y la prisión preventiva de los imputados, se advierte que la jueza, luego de formulado el pedido de elevación a juicio y de prisión preventiva por parte del fiscal y oída la defensa, se expidió fundando la prisión preventiva, por los motivos que surgen en registro de la filmación a partir de 12:34 y siguientes, como en los que obran en la resolución de fs. (…)-confrontar con fs. (…).- sin hacer referencia ni valoración alguna al hecho imputado, a la prueba que sustenta la acusación en el legajo, ni a su valoración. En este aspecto la ley requiere que, en estos supuestos en los cuales la acusación sea pública o privada pide la detención que el juez se expida en su caso a tenor del art. 312 del CPPN. El presupuesto de la prisión preventiva lo constituye el auto de procesamiento, art. 306, y su forma se encuentra reglada en el art. 308 del código procesal. Estos recaudos deben ser evaluados a la luz de los principios que ilustran este procedimiento que intenta ser una solución ágil y rápida para los casos de flagrancia, como ser los enunciados en el art. 353 bis de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración. A su vez, se requiere que las decisiones sean tomadas en forma oral, inmediata y fundada (art. 353 quater). Especialmente, en el supuesto del pedido de prisión preventiva y elevación a juicio, se admite que los fundamentos sean expuestos en forma escrita en el plazo de tres días (art. 353 quinquies, todos del CPPN). Así las cosas, la resolución que restringe el derecho del imputado a permanecer en libertad en el proceso implica una ponderación de los "elementos de convicción" del legajo, que llevan a considerar a la jurisdicción que existe un hecho delictuoso y que el imputado es presuntamente culpable -art. 306 del CPPN-. A estos fines el juez debe enunciar el hecho imputado, los motivos en que se funda y la calificación legal -art. 308 del CPPN-. Estos requisitos constituyen los presupuestos del dictado en su caso de la prisión preventiva establecida en el art. 312 del ceremonial. En este contexto, la cautela debe sustentarse no sólo en el peligro procesal, como se analiza en la contracautela que es la excarcelación, sino también en la verosimilitud en la imputación, circunstancia que requiere que el juzgador en la audiencia pública -o bien en los fundamentos que brinde por escrito- enuncie el hecho imputado, la prueba mediante la cual lo tiene por acreditado y el razonamiento, como la calificación legal. A estos fines en estas audiencias, dados los principios que las nutren, puede remitirse en relación a estas cuestiones a los argumentos de las partes, pero ello no quita la necesidad de la fundamentación suficiente. En el legajo esta situación se ha omitido porque la jueza sólo pondera la gravedad del hecho como riesgo de fuga, la penalidad del delito y otras cuestiones que hacen a los peligros procesales de fuga y entorpecimiento al proceso sin hacer referencia al mérito de la prueba, ni alusión al pedido de la fiscalía de elevación a juicio. Sin embargo, toda vez que las cuestiones tratadas en la audiencia deben ser analizadas como un único acto, y que la nulidad de un acto en el proceso constituye un remedio excepcional, sólo si existe un perjuicio que reparar (art. 18 de la CN y 166 del CPPN), se tiene en consideración que al momento de denegar oralmente el pedido de excarcelación la magistrada sostuvo que lo tenía por comprobado con la declaración del 124

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional damnificado, que no tenía ningún motivo para dudar de sus dichos y que valoraba el uso de un cuchillo en el hecho. Así, pese a no estar explicado en forma ordenada en el momento procesal oportuno, es decir al dictar la prisión preventiva, la verosimilitud de la imputación que da sustento a la medida de coerción surge del acto procesal de la audiencia habiendo sido analizado ese tema por la magistrada, por lo cual no resultaría razonable disponer la nulidad, pese a la omisión expuesta del auto de fs. (…). III. Así las cosas, en cuanto al recurso, del registro fílmico correspondiente a la audiencia de flagrancia y al requerimiento de elevación a juicio realizado por parte del ministerio público fiscal (ver fs….), se le atribuye a L. el delito de robo con armas en grado de tentativa. La escala penal prevista para el delito atribuido y la existencia de antecedentes condenatorios, impiden adecuar su situación en las hipótesis liberatorias previstas por el artículo 316, segundo párrafo, al que remite el 317, inciso 1°, ambos del código adjetivo. En esa dirección, corresponde tener en cuenta que el imputado ha sido condenado con anterioridad y la última sanción que registra fue dictada en el marco de la causa n° 3873 del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 2, a la pena de tres meses de prisión por considerarlo coautor del delito de robo y a la pena única de tres años y siete meses de prisión, comprensiva de la dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 15, en la causa n° 2865, oportunidad en la que, además, se lo declaró reincidente. De lo expuesto se infiere entonces, que en caso de recaer sentencia condenatoria en estas actuaciones, no podrá ser dejada en suspenso (artículo 26 a contrario sensu del CP), circunstancia que constituye una pauta de valoración negativa en tanto la sanción será efectiva y de cumplimiento íntegro (artículo 14 del C.P.). Por otra parte, en el marco de la causa n° 3732 del Tribunal Oral en lo Criminal nro. 23, registra una rebeldía dispuesta el 8 de agosto de 2013, medida que se encontraba vigente al inicio de estos actuados. De esta manera es dable sostener que, pese a las severas admoniciones que implicaron las condenas anteriores, el imputado se ha visto nuevamente involucrado en un proceso penal. Por lo cual resulta razonable inferir que no se someterá voluntariamente al trámite de estas actuaciones. Ante los extremos ponderados, la circunstancia de haberse identificado correctamente no logra neutralizar el peligro procesal reseñado, por lo cual la obligación de comparecencia o la fijación de una caución real o personal aparecen como insuficientes para garantizar su sujeción al proceso. En cuanto a la proporcionalidad se pondera que el tiempo que lleva en detención (desde el pasado 27 de mayo) no se exhibe irrazonable teniendo en cuenta el monto de la escala penal prevista para el delito que se le atribuye y que una eventual condena no podrá ser dejada en suspenso. Asimismo, resulta proporcional y razonable, por ser indispensable para garantizar el proceso, máxime si se tiene en consideración el trámite otorgado a las actuaciones (ley 27.272) y el estado en el que se encuentran, lo que permite presumir una pronta resolución de su situación, pues la instrucción ha sido clausurada (ver fs. …). En este aspecto, el Tribunal de juicio deberá reevaluar la cuestión en la audiencia en caso de no poder realizar el juicio en tiempo razonable (artículo 353 septies primer y segundo párrafo del CPPN). Así el control de la razonabilidad de la prisión provisional por dicho Tribunal y la realización rápida de éste a la luz del plazo del artículo 353 septies mencionado denota la proporcionalidad de la medida ahora cuestionada. Así voto. El juez Mariano A. Scotto dijo: (…) comparto en un todo los argumentos brindados por el juez Ricardo Matías Pinto ya que considero que la presencia del Fiscal General en la audiencia oral no resulta indispensable, pues la ley 27.272 no modificó el marco recursivo, a excepción de la audiencia unipersonal prevista en el artículo 353 quater, cuarto párrafo del Código Procesal Penal de la Nación. Del mismo modo, coincido con los argumentos brindados con relación a la existencia del riesgo de elusión, lo que justifica la detención cautelar de L. Así voto. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la decisión de fs. (…) de este legajo, en cuanto no hizo lugar a excarcelación a R.O.L.". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich (en disidencia), Scotto. (Sec.: Herrera). c. 31.824/17, LÓPEZ, Roberto Oscar s/ robo. Excarcelación. Rta.: 07/06/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Rechazo del pedido de suspensión de juicio a prueba resuelto en la audiencia inicial. Defensa que recurre. Fiscal de la instancia de origen y Fiscal General que estan de acuerdo en que se otorgue la suspensión del juicio a prueba. Oposición que es vinculante, toda vez que supera el control de legalidad y razonabilidad. Necesidad de respetar los principios de contradicción y bilateralidad inculcados por la Ley 27.272 Revocación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra el rechazo del pedido de suspensión de juicio a prueba resuelto en la audiencia inicial de flagrancia. II.- En nuestra anterior intervención sostuvimos, al resolver un planteo similar, que la decisión del magistrado se encontraba fuera de las pretensiones de las partes del proceso, ya que se debían respetar los principios de contradicción y bilateralidad inculcados por la Ley 27.272. En esta ocasión, la fiscal y el defensor nuevamente estuvieron de acuerdo en que el imputado podría acceder a la suspensión del juicio a prueba. No obstante, el juez de grado insiste en su errático y poco desarrollado análisis, sin advertir que la obstinación reniega de la razonabilidad ya que, tal como se señaló a fs. (…), en estos supuestos se presenta una valla insuperable que impide continuar con el trámite. 125

Debe repararse en los claros lineamientos de corte acusatorio que rigen el instituto de flagrancia, dentro del cual lo único que quedaría es efectuar un control de legalidad sobre su procedencia y prevaleciendo un criterio amplio -siempre que las circunstancias particulares del caso lo permitan-, a fin de no vulnerar el espíritu que la ley contempla, ya que el juicio de conveniencia y oportunidad político-criminal es competencia exclusiva del titular de la acción. La ausencia de la víctima no permite siquiera evaluar la propuesta económica. III.- En consecuencia, toda vez que la opinión de la fiscal de la instancia anterior se vio reforzada por la del general, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fuese materia de apelación. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; González Palazzo (Prosec. Cám.: Mariño). c. 15.442/17, ESPIÑEIRA, Juan Andrés s/ probation. Rta.: 11/05/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Nulidad rechazada. Procesamiento. Agravio de la defensa: Trámite nulo debido a que la no aplicación de la ley 27.272 privó al imputado de la rápida respuesta jurisdiccional que implican las audiencias multipropósito y de clausura, con particular incidencia en la definición de la libertad. Fiscal que debe aplicar la ley luego de verificados los requisitos de procedencia, siendo la defensa quien tiene la potestad de objetar el trámite de flagrancia o apelar su rechazo. Nulidad de la indagatoria, del procesamiento e impresión al sumario del trámite previsto en la Ley 27.272. Necesidad de ordenar con premura la audiencia multipropósito. Fallo: "(…) Intervenimos en la apelación interpuesta por la defensa (…), contra el punto I del auto de fs. (…) que no hizo lugar al planteo de nulidad efectuado. II.- El Dr. (…) puntualizó en su presentación que la detención de (…) se produjo por un accionar policial encuadrado en los artículo 184 y 284 del Código Procesal Pena de la Nación, en función del concepto de flagrancia del artículo 285. La falta de aplicación de la Ley 27.272 que regula el procedimiento específico para esos casos, vulneraba la garantía del debido proceso, la defensa en juicio y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En la audiencia, la Dra. (…) ratificó esa presentación y explicó pormenorizadamente en dónde radicaba el agravio. Requirió la conversión del trámite impreso y la libertad del imputado. Sobre este punto, alegó que el perjuicio que la arbitraria decisión del Fiscal había ocasionado a (…) -quien lleva un mes detenido sin que hasta el momento se hubiera definido su suerte en el proceso- debía ser ponderado a su favor, disponiéndose la libertad. El Dr. (…), en representación de la Fiscalía General (…) indicó primeramente que la norma pone en cabeza del Fiscal la facultad de imprimir este trámite, dado que la locución "…deberá, en caso de corresponder, declarar el caso como flagrancia…", deja abierto un marco de discrecionalidad para que evalúe la complejidad que puede presentar la investigación y la consecuente tensión que se genera con la persecución penal eficaz. Así, siempre que el acusador advierta una dificultad en la recolección de prueba, puede disponer el procedimiento ordinario. Por otro lado, sugirió que el recurrente no había podido demostrar cuál era el gravamen que esa decisión había provocado. Se trataba entonces de un alegato meramente teórico, que no podía ser admitido. Explicó además que en caso de que el Tribunal resolviera conforme a la pretensión de la defensa, la detención de (…) era absolutamente válida, pues en momento alguno se había discutido que el accionar policial se enmarcara en el inciso 4° del art. 284 del Código Procesal Penal. Finalmente, señaló la contradicción que evidenciaban los planteos que se trajeron a esta audiencia, pues por un lado se reclamaba la no aplicación del trámite novedoso, pero por el otro se cuestionaba el auto de procesamiento dictado. Y esto no se había articulado en forma subsidiaria. III.- Los argumentos que invoca el acusador público no logran conmover el temperamento que se adoptara en el día de la fecha en la causa nro. 32.749/17 "Catalano, Renzo Fabián", los que acá se reproducen. Es cierto que la Ley 27.272 sólo prevé la oposición de la defensa a su aplicación en dos casos: cuando no se verifiquen los presupuestos del citado art. 285 o cuando la complejidad de la investigación lo impida. Pero el gravamen que su no aplicación puede generar al imputado es, a esta altura, indiscutible. Le asiste razón al recurrente en cuanto a que se lo ha privado de la rápida respuesta que el sistema prevé en una primera audiencia multipropósito y otra de clausura. En ellas se define lo relativo a su libertad, las soluciones alternativas de conflicto que se propongan y, eventualmente, el avance hacia la próxima etapa. Reduce así la duración del trámite del legajo en la instancia instructoria, en esta alzada en su revisión y en el debate a través del juicio unipersonal. Nótese que mientras la tradicional instrucción puede demandar cuatro meses desde la declaración indagatoria, prorrogable conforme al art. 207, en la de flagrancia se prevé un máximo de diez días si hay personas detenidas y de veinte días para cuando se hubiera acordado su libertad previamente. Este plazo sólo puede ser diferido por otros veinte días cuando fuere indispensable para un correcto ejercicio del derecho de defensa. El mejor ejemplo es ver cómo han operado los términos en este caso. (…) Al día de hoy lleva un mes en detención, sin que se hubiera definido la necesidad de un debate oral y público o se vislumbre una conclusión alternativa. Si en cambio se hubiera actuado conforme indica la Ley 27.272, el (…) se habría desarrollado la audiencia multipropósito y, de no acordar las partes una solución al conflicto, la decisión de elevar la causa a juicio o desvincular al imputado se podría haber adoptado diez días después. Aquel mismo día hubiese sido tratada su libertad y revisada en esta instancia en las 24 horas posteriores. 126

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional No puede dejar de destacarse tampoco, que el reclamo que introdujo el día 3(…) por vía de nulidad y que ahora se trata bien podría haberse planteado en la primera oportunidad que tuvo conocimiento del caso, oponiéndose a que preste declaración indagatoria. Pero de cualquier manera el agravio que se alega -aunque en forma tardía- es evidente y merece ser atendido porque aún continúa causando perjuicio. La flagrancia se caracteriza especialmente por sus cortos plazos, pero éstos no alcanzan por sí solos para definirla o agotarla. El dictado de una resolución que decida la cuestión es la piedra angular del ensamblaje legislativo vigente y ello debe ser privilegiado. La pregunta entonces que subyace es la siguiente: ¿puede el Fiscal invocar razones de complejidad para evitar el trámite que dispone esa norma? Para despejar tal interrogante debe reconocerse que tras más de seis meses de la entrada en vigencia de la norma, hoy pueden analizarse sus disposiciones de un modo más preciso. La experiencia muestra que su aplicación ha ido decreciendo considerablemente, a tal punto que hoy pareciera ser la excepción. Y lejos de obedecer a la escasez de detenciones flagrantes, respondería a una deformación inexplicable que se ha ido haciendo de la letra de la ley. Repárese que el art. 353 bis establece tres supuestos que deben concurrir para que proceda: que el hecho sea doloso; que se verifiquen las circunstancias del artículo 285 y que la pena máxima no supere los quince años de prisión o veinte años de prisión en los supuestos del art. 119, cuarto párrafo, y del artículo 166, penúltimo párrafo del Código Penal; o tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos exceda dicho monto. Luego, el apartado tercero dispone: "Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el Fiscal deberá declarar, de corresponder, el caso como flagrancia, sometiendo el mismo al trámite establecido en este título" -el destacado nos pertenece-. Se extrae entonces que no es potestad del representante del Ministerio Público Fiscal decidir sobre la conveniencia de su aplicación. La norma lo impone siempre que se verifique la presencia de esos tres requisitos. A ellos justamente se refiere la expresión "de corresponder". No contempla excepciones como las que en este sumario se han invocado (…), menos aún pueden alegarse razones de política criminal. Pone sólo en cabeza de la defensa la posibilidad de alegar cuestiones de complejidad para objetarlo y, eventualmente, apelar su rechazo (art. 353 quater). Creemos que esa es la interpretación que se adecua a la clara intención de legislador, pues la literalidad de la ley es la primera forma de hacerlo. Y así fue expresamente consignado. No se trata de un juego semántico sobre el alcance del vocablo "deberá". La dificultad probatoria fue expresamente ponderada como herramienta de oposición para una sola de las partes -la defensa-. Suponer que se trató de una omisión no parece correcto porque desvirtúa de manera directa el objetivo de dar un tratamiento dinámico, conciliador y expeditivo en un marco contradictorio. Desde un postulado lógico, que para el Fiscal sea un deber -y no una facultad-, explica por qué la norma sólo contempla en relación a la defensa la potestad de oponerse, y no ya el reclamo activo. Guarda entonces absoluta coherencia con el norte tenido en miras al sancionar la reforma -acelerar la sustanciación de los expedientes- y con la obligación de velar por un adecuado ejercicio del derecho de defensa en un marco de garantizada transparencia por la presencia exigida de todas las partes. Nótese incluso que esto es ratificado cuando se prevé para la asistencia técnica la posibilidad de obtener una prórroga del plazo de producción de prueba, siempre que "fuera indispensable para el correcto ejercicio del derecho de defensa". Parece quedar claro que la preocupación del legislador estuvo dada porque los exiguos plazos que se prevén para dar resolución al conflicto no pusieran en riesgo la defensa eficaz. La premisa es que cuando el imputado fue sorprendido en cualquiera de los supuestos que marca el art. 285 del ordenamiento ritual, la producción de la prueba para el acusador será sumamente sencilla. De allí que cualquier prerrogativa sea puesta únicamente a favor del imputado. Si el legislador hubiese querido otorgar al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de decidir si el trámite del sumario responderá a un criterio de conveniencia, así lo habría hecho. Cuanto menos, podría haber reducido el margen de su aplicación a delitos con una pena menor. Lejos de ello el instituto nació con estándares mínimos -nos referimos aquí a los tres requisitos que menciona el art. 353 bis y que fueron reseñados anteriormente- para atender la necesidad social de dar celeridad en los conflictos de los ciudadanos con la ley penal. Excepcionar la norma con semejante liviandad importaría facilitar en la práctica que se ignore lisa y llanamente algo que, por imperio legal, ha significado una modificación de parte del sistema de enjuiciamiento, dotándolo incluso de recursos humanos y técnicos en busca de mejor servicio de justicia. Esto no puede ser desatendido por el acusador público en la forma en que se pretende. Por otro lado no se advierte la contradicción que señala el Dr. (…) en los planteos del recurrente. Más allá de la forma en que fueron articulados -si de modo subsidiario o no-, la impugnación del auto de procesamiento responde a un principio básico: el ejercicio de una defensa eficaz. De allí que este argumento no pueda ser admitido. Resta entonces determinar si su decisión se proyecta en términos de validez sobre todo lo actuado como lo solicita el recurrente. La respuesta es en parte negativa. Veamos. En primer lugar porque de acuerdo a los principios de conservación y trascendencia los actos procesales sólo serán nulos cuando no se hubieran observado disposiciones expresamente prescriptas bajo esa sanción, o se constate algún vicio sustancial.

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Sobre este punto la ley nada dice y por otro lado, retrotraer el proceso a su inicio sólo operaría en desmedro de los intereses del imputado, en tanto su situación de detención se vería innecesariamente prolongada una vez más. Habiéndose entonces demarcado los lineamientos básicos de lo que, a nuestro entender, es la interpretación correcta de la norma y verificado el agravio concreto que afecta los intereses de la defensa, indudablemente debe corregirse el trámite que se ha pretendido imprimir a este legajo, para adaptarlo a las previsiones de la Ley 27.272. Será en esa ocasión en la que los involucrados podrán argumentar sobre la forma en que se procura concluir este juicio, con la celeridad y dinámica que el instituto demanda. En ese mismo marco podrá el recurrente reeditar el planteo relativo a la libertad que en este acto introdujo, pues dado que hasta la fecha el sumario se regía por las normas ordinarias de procedimiento, la ausencia previa de un contradictorio no tiene la incidencia que reclama. Pero entonces, para concluir, como la Ley 27.272 no prevé declaración indagatoria ni auto de procesamiento y que ese será el régimen con el que continuará el expediente a partir de ahora, entendemos que lo más prudente es anular únicamente esos actos. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I. DECLARAR LA NULIDAD de la indagatoria de fs. (…), su ampliación de fs. (…) y del auto de procesamiento dictado a fs. (…); II. DISPONER que se lleve a cabo, con la premura que el caso exige, la audiencia multipropósito prevista en la Ley 27.272. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; González Palazzo (Sec.: Gallo). c. 31.775/17, DOGLIOTTI, Brian Darío s/nulidad. Flagrancia. Rta.: 29/06/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Suspensión del juicio a prueba rechazada en el marco de la audiencia de flagrancia (art. 353 quinquies del C.P.P.N.). Fiscal de primera instancia que se opone debido a que el imputado tiene una irregular situación migratoria, multiplicidad de nombres y domicilio incierto. Fiscal de Cámara que está a favor de la concesión pero no tachó de inválidos los fundamentos brindados por la fiscal de primera instancia. Argumentos que superan el control del razonabilidad y logicidad. Confirmación. Fallo: "(…) La representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a la concesión del instituto en virtud de la irregular situación migratoria en la que se encuentra el imputado, la multiplicidad de nombres que registra y lo incierto de su domicilio. Así, consideró que tales circunstancias impedían sostener que P. S. pueda ajustarse a las pautas de conducta que establece la suspensión del proceso a prueba. Aun cuando en el marco de la audiencia desarrollada, la Fiscalía de Cámara se pronunció de modo favorable, lo cierto es que no tachó de inválidos los fundamentos que sostuvieron la opinión brindada oportunamente por la fiscal de primera instancia y, en estas condiciones, tales motivos superan el control de razonabilidad y logicidad que corresponde efectuar y, por tanto, resultan vinculantes para el juzgador (1). En este marco, no resulta posible desconocer que el primer ingreso al país de P. S. habría sido hace más diez años y que, con posterioridad, se vio involucrado en hechos ilícitos, otorgándosele en uno de ellos el beneficio de la "probation" que finalmente fue revocado, recibiendo una condena a una pena en suspenso, ya caduca. A su vez, del acta que suscribió a (fs. …) surge que su actual permanencia en el territorio nacional dataría de hace más de un año, tiempo durante el cual no inició trámite alguno para regularizar su situación migratoria. De otro lado, atento a que el prevenido es originario de la República de Chile, corresponde encomendar al juez de grado que libre oficio, junto con un juego de fichas dactilares, al Departamento de Extranjeros Judicializados de la Dirección Nacional de Migraciones y al Consulado respectivo para que se proceda a su correcta identificación (Acuerdo de esta Cámara del 27/11/09). Por los motivos expuestos, el Tribunal RESUELVE: Confirmar la resolución traída a estudio, en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Godnjavec). c. 35.959/17, PRIETO SOTO, Rodrigo s/ suspensión de juicio a prueba. Rta.: 28/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 8061/14, "L., A. E.", rta. 13/08/15. FLAGRANCIA (Ley 27.272). Excarcelación rechazada en el marco de la audiencia de flagrancia (art. 353 quinquies del C.P.P.N.). Penalidad prevista para el delito atribuído que permite hacer lugar a lo solicitado en función de la primera alternativa estipulada en el artículo 316, segundo párrafo, al que remite el artículo 317, inciso 1° del C.P.P.N. Fiscal que se pronunció de manera favorable. Inexistencia de riesgos procesales. Ausencia de procesos en trámite y declaraciones de rebeldía. Domicilio constatado. Suceso que se le endilga que no registra características violentas. Irregular situación migratoria que torna necesario fijar una fianza para asegurar su futura comparecencia. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de comparecer al tribunal cada quince días. Fallo: "(…) La escala penal prevista para el delito por el cual se ha dispuesto la elevación a juicio del proceso seguido contra R. F. P. S. (hurto en grado de tentativa) permite la concesión del instituto a tenor de lo

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional normado en la primera de las hipótesis contempladas en el párrafo segundo del artículo 316 al que remite el 317, inciso 1°, ambos del código de rito. A su vez, si bien a (fs. …) se informó la condena condicional que el Tribunal Oral en lo Criminal n° 27 dictara a su respecto, lo cierto es que aquélla data del 22 de septiembre de 2004 por lo que, en virtud de haber transcurrido el plazo previsto en los artículo 50 y 51 del Código Penal, ha caducado. De otro lado, se pondera favorablemente la ausencia de procesos en trámite y declaraciones de rebeldía, así como también la circunstancia de que su domicilio haya sido constatado y que el suceso que se le endilga no revista características violentas (cfr. fs. …). Así las cosas, el riesgo que emerge de su irregular situación migratoria, es pasible de ser neutralizado con una caución real ajustada a sus condiciones personales junto con la obligación de comparecencia quincenal en la instancia de origen. En consecuencia, y teniendo en cuenta la opinión favorable brindada por la fiscalía de Cámara, se RESUELVE: Revocar la decisión traída a estudio y conceder la excarcelación a R. F. P. S. bajo caución real de mil pesos ($ 1.000), aunada a la obligación de comparecencia quincenal a la instancia de origen. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Godnjavec). c. 35.959/17, PRIETO SOTO, Rodrigo s / excarcelación. Rta.: 28/06/2017 FLAGRANCIA (Ley 27272) Fiscal que recurre la suspensión del juicio a prueba otorgada. Audiencia de clausura en la cual se resolvió lo solicitado sin haber dado previa intervención a la damnificada. Característica distintiva del régimen de flagrancia (ley 27272): celeridad, que debe necesariamente conciliarse con los recaudos legales para el válido otorgamiento de las soluciones alternativas posibles. Nulidad de la audiencia de clausura. Fallo: "(…) El artículo 167 del Código Procesal de la Nación establece, en su apartado segundo, y bajo pena de nulidad, la observancia de las disposiciones concernientes a la intervención de las partes en el proceso. Aún cuando el texto legal menciona únicamente al juez, ministerio fiscal y parte querellante, ello debe ser conciliado con la regulación del régimen especial de suspensión de juicio a prueba, incorporado al ordenamiento de fondo en su artículo 76 bis, mediante la ley 24.316 del 19 de mayo de 1994, es decir, posterior a la vigencia del actual código de rito. En dicha norma se regulan las condiciones para la procedencia del instituto y en su párrafo tercero se prevé la intervención de la víctima. En lo pertinente, se establece "La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente". De tal modo, la reciente modificación legislativa al régimen procesal para supuestos de flagrancia y la circunstancia de contemplarse en el artículo 353 sexies del código adjetivo la posibilidad de otorgar la suspensión de juicio a prueba desde la audiencia oral inicial hasta la de clausura, debe interpretarse en forma armónica con los requisitos para el otorgamiento exigidos por el Código Penal, que continúan vigentes. Ello, en línea con la doctrina sentada por nuestro Máximo Tribunal en cuanto a que "La hermenéutica de las leyes debe practicarse siempre evitando darles un sentido que ponga en punga sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras, y adoptando, como verdadero, el que las concilio y deje a todas con valor y efecto" (1). Es dable remarcar que se ha caracterizado la oferta de reparación del daño como un requisito de admisibilidad de la solicitud para que se suspenda el procedimiento penal, remarcándose que "este mecanismo respeta razonablemente el interés de la víctima a que el sistema penal de una respuesta al padecimiento que ella sufrió. Esto se consigue con la exigencia que se pone en cabeza del imputado de ofrecer una indemnización…en la medida que le sea posible" (2). Ese ofrecimiento será necesario en los casos en que exista un damnificado identificable, que resulta destinatario del mismo y, como consecuencia, parte en el procedimiento. En este marco, deviene ineludible, al menos, su notificación a la audiencia en la que se discutan los extremos a los que alude el artículo 76 bis del Código Penal. Ello, sin perjuicio del carácter vinculante que se le otorgue a la opinión vertida, aspecto sobre el cual nos hemos expedido en la causa n° 40124/2013 "C.", resuelta el 28 de diciembre de 2016. En definitiva, la celeridad que como una de sus características distintivas exhibe el régimen de flagrancia (ley 27272) debe necesariamente conciliarse con los recaudos legales para el válido otorgamiento de las soluciones alternativas posibles. En el sub examine se advierte que la audiencia de clausura respecto de C. G. R. se fijó al momento de llevarse a cabo la atinente a la coimputada N. B. H. (ver fs. …), anoticiándose tan sólo a quienes se encontraban allí presentes, sin comunicar lo propio a la víctima W. A. (cfr. fs. ...). En tales condiciones, se ha omitido dar intervención a una parte que debió ser notificada del acto según la manda legal, razón por la cual cabe concluir en la invalidez de la audiencia desarrollada el 20 de marzo pasado en lo relativo al tratamiento del instituto de "probation" solicitado por la defensa de R. (art. 167 del CPPN). Sin perjuicio de ello, no puede soslayarse que al otorgar el beneficio, el juez de grado prescindió de considerar la imputación que recae sobre aquel en la causa que posee en trámite paralelo ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 44, que, de acuerdo a la certificación que antecede, se inició a poco más de un mes del hecho que diera origen a este sumario (17 de marzo pasado), habiendo sido procesado en orden al delito de resistencia a la autoridad. 129

Frente a dicho concurso material de delitos, resolver tan sólo por una de las imputaciones afecta, a nuestro juicio, la finalidad que ha tenido en miras el legislador al incorporar vías alternativas a la aplicación de la pena de prisión, y que no se reduce a la mera finalización temprana de los procesos. En consecuencia, se RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la audiencia desarrollada el 20 de marzo pasado en lo relativo al tratamiento del instituto de "probation" solicitado por la defensa de R. (art. 167 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Godnjavec). c. 7.653/17, R., C. G. s/ probation. Rta.: 03/04/2017 Se citó: (1) C.S., 1984/09/06, E. de R., M. a. y otros c Municipalidad de la Capital. LA LEY, 1984-D, 594, citado en Zuleta Puceiro, Enrique, Interpretación de la Ley. Casos y Materiales para su estudio. La Ley, Buenos Aires, 2007, p. 105. (2) Bovino, Alberto, Lopardo, Mauro y Rovatti, Pablo, Suspensión del procedimiento a prueba. Teoría y práctica, Editores del Puerto, 2013, p. 267. FLAGRANCIA. (Ley 27.272). Recurso de queja contra el rechazo de la apelación interpuesta respecto de la decisión de clausurar la instrucción y elevar a juicio las actuaciones. Ausencia de perjuicio y de gravamen irreparable. Defensa que guardó silencio cuando se impuso como procedimiento el régimen de la ley 27.272. Decisión cuestionada que dispone el avance de la causa hacia la próxima etapa. Rechazo. Fallo: “(…) recurso de queja interpuesto por la defensa de (…), contra el rechazo de la oposición a la clausura de la instrucción y la elevación a juicio, dispuestas en la audiencia celebrada en el marco de la Ley 27.272. La cuestión pasa por determinar si resulta aplicable el artículo 352 del Código Procesal Penal que expresamente dispone la irrecurribilidad de esa decisión o si, por el contrario, la sanción de la nueva normativa para los casos de flagrancia, que ha eliminado el auto de procesamiento, impone la necesidad de revisar el mérito de la prueba cuando así lo peticiona la defensa. Para definir el planteo es necesario, primero, recurrir a los lineamientos generales que determina este novedoso procedimiento, pues la aplicación de las normas que regulan el trámite común serían sólo carácter supletorio. No puede negarse el cambio paradigmático que la norma en cuestión ha introducido para estos supuestos, en sintonía con un procedimiento de corte acusatorio, como es la tendencia actual. Por un lado recoge la problemática relacionada con la demora en la tramitación de los procesos al establecer celeridad para la resolución de conflictos en ella contenidos, garantizando una respuesta eficaz a las partes que, ciertamente, responde a una mejor administración de justicia. Por el otro, determina un sistema de naturaleza adversarial, sobre la base de los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración (art. 353 bis). En este contexto, la figura del juez abandona su rol instructor al limitarse a resolver controversias que son llevadas a su conocimiento. Su intervención, entonces, queda supeditada a ello. De ahí que ya no es quien, al estimar completa la instrucción, da inicio a la etapa crítica conforme establece el art. 346 del Código Procesal Penal, sino que es el Ministerio Público Fiscal, que, tras recolectar la prueba de cargo y sin que hubieran consensuado con la defensa alguna solución alternativa, reclama la realización del debate. Por eso la tarea del magistrado en esa oportunidad queda circunscripta a habilitar o no la elevación a juicio del caso. Sobre la posibilidad de recurrir esta decisión la nueva ley nada dice y el artículo 352 del ordenamiento ritual expresamente la veda. Entonces, frente al actual agravio de la asistencia técnica, cabe preguntarse si esta específica regulación es contraria a la garantía de la doble instancia, en tanto no habría una revisión por parte de este órgano de los hechos y el mérito de la prueba. Es cierto que ha quedado excluido el auto de procesamiento de este nuevo régimen pero ello, lejos de vulnerar el derecho de defensa, trae aparejado un control más amplio de esta Alzada en las oportunidades en que es convocada a intervenir. Tanto es así que las cuestiones relativas a la libertad que tramitan de este modo llevan implícito un examen sobre la verosimilitud en el derecho, lo que implica un repaso de la prueba y del encuadre jurídico. Ello sin perjuicio del posterior control que se efectúa sobre las decisiones que el código adjetivo prevé como recurribles, en que también se termina por ampliar el ámbito de discusión. Lo que la ley trae también, y en el caso resulta determinante, es la facultad de la defensa de objetar el procedimiento desde su inicio impidiendo su aplicación. Y, en este punto, resulta por demás relevante que la asistencia técnica de (…), lejos de manifestar esa oposición, prestó su conformidad conociendo las disposiciones legales previstas al efecto que incluyen obviamente la limitación recursiva. Pero independientemente de estas consideraciones, lo determinante en el caso es la inexistencia de un gravamen irreparable que imponga su revisión por un tribunal superior, de conformidad con las garantías constitucionales y convencionales que invoca la parte. Ello, en tanto la decisión que pretende recurrir la defensa lo único que dispone es el avance de la causa hacia la próxima etapa, donde justamente se definirá, con los principios que la caracterizan, la situación de su asistido.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Entonces, la defensa no ha logrado vincular sus agravios con un perjuicio concreto, en la medida en que la falta de revisión del auto que dispone la elevación a juicio de las actuaciones, de acuerdo a los argumentos desarrollados, no restringe los derechos de su asistido, ya que admitió la sustanciación de las actuaciones bajo esta modalidad. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: NO HACER LUGAR a la queja planteada a fs. (…). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich; Scotto (Sec.: Gallo). c. 73.924/16, GALANO, Lucas Gastón s/queja. Rta.: 06/02/2017 FLAGRANCIA. (Ley 27.272). Excarcelación rechazada. 1) Defensa que se agravia porque la prisión preventiva fue impuesta de oficio por el juez y no fue solicitada por el fiscal. Rechazo del agravio. Excarcelación que fue pedida por la defensa a comienzos de la audiencia multipropósito y, con oposición del fiscal, fue rechazada por el magistrado y recurrida por la defensa. Audiencia de clausura en la cual el juez dictó la prisión preventiva, señalando la defensa que no iba a recurrirla por haber apelado oportunamente el rechazo al pedido de excarcelación. Garantía de defensa en juicio no menoscabada. Preclusión. 2) Imputado procesado por robo en grado de tentativa. Indicadores de peligro de fuga. Existencia de antecedentes condenatorios. Domicilio no constatado. Tiempo en detención que no surge desproporcionado frente a la pena en expectativa y su forma de cumplimiento. Confirmación. Fallo: "(…) El Dr. Rodolfo Pociello Argerich dijo: Cabe sostener que la lógica indica que al solicitarse la excarcelación en la oportunidad de la audiencia de clausura y pedir el representante del Ministerio Público Fiscal que se deniegue, se entiende que tácitamente está requiriendo el dictado de la prisión preventiva. Pero a su vez, en esa misma oportunidad la defensa expresamente indicó que "…no recurriría dicho resolutorio por cuanto ya se encuentra apelado el rechazo de la excarcelación planteada en este acto.". Por tanto entiendo no se hará lugar a esta queja. El Dr. Ricardo Matías Pinto dijo: La defensa para sustentar su pedido de libertad hace referencia al precedente de esta Sala "Goroso", en el cual se dispuso la libertad del imputado ante la ausencia de pedido expreso del dictado de la prisión preventiva por parte del Ministerio Público Fiscal en la audiencia conforme lo establece el art. 353 quinquies del CPPN. Sin embargo, y por las razones que se expondrán a continuación, la situación allí analizada se presenta distinta a la aquí planteada. En el legajo se realizó la audiencia inicial a tenor de lo previsto en el artículo 353 quater del Código Procesal Penal, oportunidad en la cual la defensa solicitó la excarcelación y el Fiscal se opuso al pedido. Tras ello el Juez denegó la libertad, resolución que fue criticada por la asistencia técnica del imputado y concedido el recurso de apelación. Luego continuó la audiencia en los términos del artículo 353 quinquies, 1° párrafo del código de forma, como audiencia de clausura. En ese momento el Fiscal requirió la elevación a juicio del sumario, y el Sr. Juez consideró viable el dictado de la prisión preventiva por los argumentos expuestos al denegar la excarcelación. Ante ello, la defensa manifestó que no recurriría dicho resolutorio por cuanto se encontraba apelado el rechazo a la excarcelación planteada en primer término en aquel acto. Lo expuesto, difiere de la cuestión resuelta en la causa "Goroso" el 10 de febrero pasado, pues allí en la audiencia de clausura el Fiscal omitió pedir la imposición de la prisión preventiva y en ningún momento se discutió entre las partes la cuestión relativa a la libertad del imputado y se dispuso la clausura del legajo sin disponerse la prisión preventiva del imputado. A su vez, en esa ocasión al reabrirse el acto ante el pedido del Fiscal, luego de clausurada la instrucción la defensa planteó en esa oportunidad la preclusión del acto y de la facultad del Fiscal de solicitar la medida cautelar en cuestión. Así las cosas, ese precedente no resulta aplicable a este caso por cuanto por un lado el Fiscal en este supuesto expresamente se pronunció en contra del pedido de libertad efectuado, replicando a la Defensa, con lo cual el Juez resolvió ante la contradicción y ante opinión negativa del acusador público. Si bien al convertirse la audiencia inicial en una de clausura (art. 353 quinquies del C.P.P.N.), el Juez -por los fundamentos de la denegatoria de la excarcelación- dispuso la prisión preventiva de D. D. N. G., lo cierto es que la defensa no sólo no planteó la preclusión del acto, o la falta de pedido expreso del Fiscal, sino que expresamente dijo que no recurriría. Con lo cual, no se advierte una lesión a la garantía de defensa en juicio pues la cuestión relativa a la libertad del imputado fue discutida al principio de la audiencia multipropósito cuando la defensa solicitó la excarcelación de su asistido, y el Fiscal se opuso a la libertad, luego de lo cual el Sr. Juez resolvió denegado el pedido. Por otra parte ante el dictado de la prisión preventiva la defensa en la audiencia no criticó la cuestión tal como se planteaba, y dijo en forma expresa que no recurriría. Así las cosas no puede alegarse preclusión para formular el pedido y para resolver la cuestión por cuanto la cuestión vinculada a la libertad tuvo la contradicción y pedido del Fiscal y a su vez la defensa en el momento procesal oportuno no formuló reparos. En definitiva, no existe la afectación al debido proceso. Art. 18 de la C.N. III. En el presente sumario seguido contra D. D. N. G. se ha ordenado la elevación a juicio en orden al delito de robo simple en grado de tentativa y la prisión preventiva (cfr. fs. ..). La calificación legal escogida permite encuadrar la situación del nombrado en la primera hipótesis prevista del segundo párrafo del artículo 316, en función del 317, inciso 1°, ambos del Código Procesal Penal de la Nación. Sin embargo, se verifica en el caso la existencia de riesgo de fuga que justifica la detención cautelar del nombrado. En este sentido, existen indicios suficientes para sostener que D. N. G. en caso de recuperar su libertad, no se someterá al accionar judicial. En primer lugar, ponderamos negativamente que el nombrado fue condenado en la causa nro. ………. del Tribunal Oral en lo Criminal nro. ….., el 13 de julio de 2016, a la pena única de once meses de 131

prisión de efectivo cumplimiento (comprensiva de la dictada en la nro. ….. del Tribunal Oral en lo Criminal nro. …..), y se le otorgó la libertad asistida el pasado 28 de octubre. Es decir, que a tan sólo tres meses de obtener su libertad, se vio nuevamente involucrado en la comisión de un hecho ilícito (cfr. certificación de fs. 55/vta.). Así, en caso de ser eventualmente condenado en estas actuaciones, la sanción que pudiera corresponderle no podrá ser dejada en suspenso (arts. 26 y 27 del CP) y que deberá cumplir, además, la pena que le resta de la causa en donde fue beneficiado con la libertad asistida. Por otra parte, también es necesario destacar que de momento no se cuenta con un domicilio constatado del imputado y que, si bien se haya identificado correctamente en el legajo, esta circunstancia no logra neutralizar el riesgo de fuga que se extrae de lo expuesto. En definitiva, toda vez que el tiempo que lleva en detención (desde el pasado 30 de enero) no luce desproporcionado frente a la pena en expectativa y su forma de cumplimiento, como también el estado avanzado de las actuaciones (elevada al Tribunal de Juicio a la espera del debate), es que corresponde homologar el auto impugnado. No obstante ello, la medida de coerción personal de momento luce razonable sin perjuicio de que se deba reevaluar la cuestión a la luz de las pautas del precedente "Argüelles v. Argentina", Serie C, 288, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, rta. 20/11/2014. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fs. (…) que fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Poleri). c. 5.690/17, DE NACIMIENTO GIMÉNEZ, Darío s/ excarcelación. Rta.: 20/02/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Expediente al que se le imprimió el trámite común. Elevación de testimonios en consulta para determinar cual sería el correcto modo a aplicar. Procedimiento no previsto legalmente. Devolución. Disidencia parcial: Legislación que no faculta al magistrado a decidir el trámite a imponer. Nulidad de la elevación en consulta. Fallo. "(...); incorpórese al presente, copia del decreto de fecha 8 de mayo del año en curso que se encuentra cargado en el sistema lex 100. El juez Luis María Bunge Campos dijo: El legajo llega a esta Sala por la extracción de testimonios ordenada por el Sr. juez de grado a fin que se defina la ley procesal aplicable al sumario. Ello porque se efectuó consulta con la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 9 y su titular dispuso darle trámite normal en atención a la "complejidad de la investigación para lograr esclarecer la circunstancia del hecho imputado como la inimputabilidad de los detenidos…debiendo realizar consulta con el juzgado de instrucción en turno" (cfr. fs. ... de los presentes). Por su parte, concretada esta última, el juez Gorostiaga dispuso "que sin perjuicio de lo manifestado por la fiscalía, el tribunal entiende que el tratamiento del caso de flagrancia dadas las características del hecho y la falta de complejidad en las medidas realizadas, más allá de ello a fin de no dilatar el trámite de la prevención se acuerda consulta para el trámite de ordinario" (cfr. fs. ... de este legajo). Ahora bien, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 353 ter, CPPN, es el agente fiscal quien deberá declarar, de corresponder, el caso como flagrancia, por decisión del propio cuerpo normativo y en caso de disponerlo, será la defensa del/los imputado/s quién podrá objetar, fundadamente, la aplicabilidad del procedimiento para los casos previstos en la norma. Entonces, en el entendimiento de que no resulta ser el juez quien debe decidir sobre el trámite que se le debe imprimir al asunto, corresponde disponer la nulidad de la elevación en consulta dispuesta a (fs. ...) -copia extraída del sistema lex 100-, por no ser una derivación razonada del derecho vigente (arts. 166 y sgtes., de aquél código). Así lo voto. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Entiendo que el Dr. Gorostiaga se limitó a dejar a salvo su opinión en cuanto a que en este legajo deberían aplicarse las disposiciones establecidas en la Ley 27272 y decidió imprimir el trámite común para evitar dilaciones innecesarias -ver (fs. ...)-. Luego instruyó sumario con intervención del Ministerio Público Fiscal, dispuso la recepción de declaraciones indagatorias a G. J. G. y R. M. B., remitió testimonios a esta sede para que si "lo estime pertinente" y previa intervención de su superior jerárquico, se determine cual sería el correcto procedimiento a aplicar. Estimo que una vez aplicada una modalidad de trámite ya no es posible su modificación, máxime cuando las partes no han formulado objeción alguna. Particularmente la defensa, como lo prevee el art. 353 quater, de la citada ley. Más allá de ello, la supuesta elevación en consulta no esta formalmente prevista ni puede ser atendida por esta Alzada por su improcedencia, por lo que no corresponde tratamiento alguno. Así voto. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: La intervención de esta Cámara no se encuentra prevista en el régimen de la ley 27272 para el supuesto traído a estudio, sin perjuicio de destacar que la fiscalía ha explicitado las razones por las cuales entendió que el caso escapaba al régimen de flagrancia; que ya se imprimió el trámite común al legajo; que la defensa no formuló objeciones; y que la determinación de la capacidad de culpabilidad -en orden a la supuesta inimputabilidad de los imputados- puede conducir, ordinariamente, a que la etapa investigativa se prolongue, a cuenta de los informes forenses que habitualmente se requieren, panorama este que bien pudo tenerse presente al tiempo de la consulta practicada al Ministerio Público Fiscal. Voto entonces en consonancia con la propuesta del juez Lucini. En virtud del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: DEVOLVER estas actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 36. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos (en disidencia parcial), Lucini, Cicciaro. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 27.453/17, GUALBERTO, Gustavo Javier s/ Nulidad. Rta.: 19/05/2017

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional FLAGRANCIA (Ley 27.272). Nulidad rechazada. Defensa que planteó la nulidad del acta que plasma la consulta al fiscal donde dispuso aplicar el trámite común y no el de flagrancia. Normativa que no contempla la posibilidad de que la defensa propicie la aplicación del régimen de excepción - aunque sí a oponerse-. Recurso mal concedido. Disidencia: Procedimiento que permite al imputado y su defensa obtener una rápida respuesta del sistema, principalmente por permitir en su audiencia oral proponer soluciones alternativas al conflicto planteado, reducir la duración del trámite del legajo, una rápida respuesta al planteo liberatorio o, eventualmente, a la intervención de esta alzada en su revisión. Existencia de un agravio que permite la procedencia del recurso Fallo. “(...) Los jueces Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi dijeron: El presente incidente llega a esta sala por el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de H. J. G. R. contra la resolución que rechaza el planteo de nulidad del acta donde consta la consulta efectuada a (fs. ...) del principal por la que se dispuso asignar el trámite ordinario a la investigación y no aplicar el procedimiento de flagrancia de la ley 27.272 (cfr. fs. ...). El espíritu que motivó a la defensa a concretar el planteo radicó en que, a su criterio, el Ministerio Público Fiscal decidió imprimir el trámite del proceso común de manera arbitraria, apartándose de la normativa vigente y sin siquiera explicar los motivos de su elección, invocando que aquella ley prevé plazos exiguos, resolviéndose el conflicto de manera más ágil y en audiencia pública y contradictoria, lo que no ocurrirá en esta causa. Ahora, más allá que el planteo defensista en cuanto a que el hecho podría encuadrarse bajo las previsiones de la ley 27.272, podría resultar plausible, lo cierto es que la actual normativa no contempla la posibilidad de la defensa de propiciar la aplicación de este régimen de excepción, aunque sí a oponerse. El art. 353 bis, del Código Procesal Penal de la Nación establece el procedimiento para casos de flagrancia, ordenando la celebración de una audiencia oral, pública y contradictoria, en los supuestos en los que el fiscal así lo declare; el acusador público es el único que tiene la potestad de declarar el caso como flagrante (art. 353 ter, de ese cuerpo normativo) y sólo está prevista la objeción del imputado o su defensa, de manera fundada, respecto a la aplicabilidad de ese procedimiento y frente a la decisión adversa, su impugnación (art. 353 quater, tercer y cuarto párrafo, de aquél), pero no a la inversa. Entonces -sin que por otro lado se verifiquen vicios de forma-, la pretendida invalidez del acto en cuestión –(fs. ...)- no tendrá acogida favorable pues la invocada inobservancia de las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad no es tal (art. 166, a contrario sensu, CPPN). El juez Julio Marcelo Lucini dijo: El procedimiento denominado de flagrancia establecido por la ley 27.272 también permite al imputado y su defensa obtener una rápida respuesta del sistema, principalmente por permitir en su audiencia oral proponer soluciones alternativas al conflicto planteado, reducir la duración del trámite del legajo, una rápida respuesta al planteo liberatorio o, eventualmente, a la intervención de esta alzada en su revisión. Todo ello configura un claro agravio a la defensa y, más aún, cuando la decisión de no aplicar esta novedosa modalidad surge, aparentemente, de una decisión arbitraria del fiscal que sin fundamento alguno, no la aplicó. Esta situación se advierte ya de manera reiterada. Por todo ello entiendo que el recurso debió ser atendido. Por el mérito que ofrece el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial a (fs. ...). (...)”. C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini (en disidencia). (Sec.: Sosa) c. 29.355/17, GOYCOCHEA RAMIREZ, Huber Jone s/ Mal concedido. Rta.: 09/06/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Defensa que recurre el procesamiento con prisión preventiva centrando su agravio en que el fiscal no debió aplicar el trámite común sino aquél previsto por la ley 27.272 violentándose la garantía del debido proceso y vulnerándose el derecho de defensa en juicio. Normativa que no contempla la posibilidad de que la defensa propicie la aplicación del régimen de la ley 27.272 -aunque sí a oponerse-. Recurso mal concedido. Disidencia: Agravio procedente. Procedimiento que permite a la defensa obtener una rápida respuesta del sistema, principalmente por permitir en su audiencia oral proponer soluciones alternativas al conflicto planteado, reducir la duración del trámite del legajo, una rápida respuesta al planteo liberatorio o, eventualmente, a la intervención de esta alzada en su revisión. Procedencia del recurso. Decisión arbitraria del fiscal. Fallo. “Los jueces Luis María Bunge Campos y Jorge Luis Rimondi dijeron: (...) El presente incidente llega a esta sala por el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial de J. D. C. contra la resolución que dispuso procesar con prisión preventiva a su defendido por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo simple en grado de tentativa (art. 42 y 164 del CP y 312 del CPPN). El espíritu que motivó a la defensa a concretar el planteo radicó en que, a su criterio, el Ministerio Público Fiscal decidió imprimir el trámite del proceso común, apartándose de la normativa vigente, impactando en la garantía del debido proceso y vulnerándose lo derechos de defensa en juicio de su defendido. De esta forma, no sólo se infringiría su derecho a ser juzgado en un plazo razonable, sino que también se retrocedería en materia de garantías, comportando una regresión prohibida en materia de derechos humanos, al evitar la aplicación de un procedimiento acusatorio vigente. Más allá de que el planteo defensista, vinculado a que el caso sería encuadrable en las previsiones de la ley 27.272, podría resultar plausible, lo cierto es que la actual normativa 133

no contempla la posibilidad de esa parte propicie la aplicación del régimen de excepción analizado, aunque sí a oponerse, tal como hemos sostenido recientemente en la causa n° 29355/2017. El art. 353 bis, del Código Procesal Penal de la Nación establece el procedimiento para casos de flagrancia, ordenando la celebración de una audiencia oral, pública y contradictoria, en los supuestos en los que el fiscal así lo declare; el acusador público es el único que tiene la potestad de declarar el caso como flagrante (art. 353 ter, de ese cuerpo normativo) y sólo está prevista la objeción del imputado o su defensa, de manera fundada, respecto a la aplicabilidad de ese procedimiento y frente a la decisión adversa, su impugnación (art. 353 quater, tercer y cuarto párrafo, de aquél), pero no a la inversa. Entonces -sin que por otro lado se verifiquen vicios de forma-, la pretendida invalidez del acto en cuestión no tendrá acogida favorable pues la invocada inobservancia de las disposiciones expresamente prescriptas bajo pena de nulidad no es tal (art. 166, a contrario sensu, CPPN). El juez Julio Marcelo Lucini dijo: El procedimiento denominado de flagrancia establecido por la ley 27.272 también permite al imputado y su defensa obtener una rápida respuesta del sistema, principalmente por permitir en su audiencia oral proponer soluciones alternativas al conflicto planteado, reducir la duración del trámite del legajo, una rápida respuesta al planteo liberatorio o, eventualmente, a la intervención de esta alzada en su revisión. Todo ello configura un claro agravio a la defensa y, más aún, cuando la decisión de no aplicar esta novedosa modalidad surge, aparentemente, de una decisión arbitraria del fiscal que no la aplicó. Esta situación se advierte ya de manera reiterada. Por todo ello entiendo que el recurso debió ser atendido. Por el mérito que ofrece el acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial a (fs. ...). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini (en disidencia). (Sec.: Sosa) c. 31.727/17., CORDOBA, Jorge Daniel s/ flagrancia. Recurso de apelación. Rta.: 19/06/2017 FLAGRANCIA (Ley 27.272). Recurso de queja contra el rechazo de la apelación presentada respecto del auto que no hizo lugar a las medidas de prueba sugeridas por la defensa. Ley 27.272 que no contempla el supuesto en forma específica. Cuestión que debe regirse por las normas comunes del Código Procesal Penal de la Nación. Resolución irrecurrible. Rechazo. Fallo: “(…) recurso de queja interpuesto por la defensa de (…), contra lo resuelto el pasado (…) que no hizo lugar a la apelación deducida por no ser materia de recurso la denegatoria de medidas sugeridas por esa parte. II.- El recurrente no logró superar el requisito de admisibilidad previsto en el artículo 438 del Código Procesal Penal de la Nación, en tanto cuestionó la falta de realización de diversas pruebas y un eventual agravio en la etapa subsiguiente de juicio oral. La Ley 27.272 no contempla el supuesto en forma específica motivo por el cual rigen las normas comunes del Código Procesal Penal de la Nación. En tal sentido, el temperamento adoptado es discrecional del juez e irrecurrible a la luz del artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación. Sentado cuanto precede y habiendo resuelto el magistrado de la instancia anterior la cuestión en forma oral, inmediata y fundada de conformidad con lo establecido en el artículo 353 quáter, no se advierte lesión en la defensa en juicio ni agravio actual e irreparable. En consecuencia y toda vez que tampoco se trata de actos irreproducibles, el Tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de queja interpuesto por la defensa de (…), con costas (art. 530 y 531 del Código Procesal Penal). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pociello Argerich, González Palazzo. (Sec.: Bobes) c. 17.578/17, AGUERO, Gustavo Daniel s/queja. Rta.: 03/04/2017 HABEAS CORPUS. Incompetencia a favor de la justicia federal. Acto lesivo que tuvo lugar en una dependencia de la Gendarmería Nacional Argentina de esta ciudad. Situación que no se ajusta al precedente "Corrales" de la CSJN. Revocatoria. Fallo: "(…) Llega a consulta de esta Sala la presente acción de habeas corpus promovida por I. E. P. C., alojado transitoriamente en la Unidad de Investigaciones y Procedimientos Judiciales Buenos Aires Gendarmería Nacional Argentina-, con base en las consideraciones expuestas a fs. (…). De acuerdo con el criterio de la Sala, la Ley de Hábeas Corpus 23.098, asigna competencia a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción cuando el acto lesivo ha tenido lugar en la Capital Federal (art. 8), sin que el supuesto en estudio se ajuste a la situación planteada en el precedente "Corrales" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causa N° 9640/2016, "CARRIZO, Maximiliano", del 24 de febrero de 2016). Bajo esa inteligencia, cabe revocar la incompetencia material dispuesta por el señor juez a quo a favor del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 1, a cuya disposición se encuentra P C. Por lo tanto, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado a fs. (…), en cuanto fuera materia de consulta". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 12.004/17, PEREZ CORRADI, Ibar Esteban s/ Habeas corpus. Rta.: 03/03/2017 134

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HABEAS CORPUS. Rechazado. Interpuesto mediante comunicación telefónica al juzgado de turno. Necesidad de ordenar una videoconferencia con el detenido para que sea ratificado y para que delimite el objeto de la presentación. Revocación. Fallo: “(…) la acción de habeas corpus interpuesta por el interno (…), alojado en el pabellón (…), planta (…) del C.P.F de esta ciudad, a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° (…), quien denunció que pese a que le fue concedido el arresto domiciliario aún no se concretó su traslado por una demora del Servicio Penitenciario Federal (cfr. fs. 1). Conforme surge del incidente, la interposición de la acción fue mediante una comunicación telefónica al juzgado de turno, razón por la cual corresponde revocar lo decidido a fs. (…) para que se lleve a cabo una videoconferencia que permita tomar contacto con aquél y facilite la ratificación y delimitación del objeto de la denuncia, lo que así se RESUELVE. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Rosciani). c. 17.721/17, GONZALEZ, Claudio Joel s/habeas corpus. Rta.: 28/03/2017 HABEAS CORPUS. Colectivo rechazado. 1) Eventual reforma de la Ley 24.660 por parte del Poder Legislativo que no demuestra un actual perjuicio que requiera ser subsanado de manera urgente. 2) Inexistencia de oficinas de la Procuración General de la Nación dentro de las unidades penitenciarias que diligencien presentaciones judiciales de los detenidos: Circunstancia que no impide "el ejercicio de la defensa material". Confirmación. Fallo: "(…) Llega a consulta de esta Sala la presente acción de hábeas corpus colectivo interpuesta por C. O. D. y R. A. C., en favor de "todas las personas que se encuentran detenidas en el ámbito jurisdiccional del Poder Judicial de la Nación" y "de todas las personas privadas de la libertad en el ámbito de la Nación" (...) en base a las consideraciones expuestas en las presentaciones documentadas a fs. (…). A criterio de esta Sala, el cuestionamiento sobre la eventual reforma de la ley 24.660 por parte del Poder Legislativo, no permite vislumbrar, en el caso, la existencia de un agravamiento arbitrario e ilegítimo de las condiciones de detención de los beneficiarios, pues no se advierte la existencia de un perjuicio actual que requiera ser subsanado de manera urgente por esta vía. Tampoco resulta posible predicar en abstracto que podría producirse un agravamiento de las condiciones de detención de aquellas personas privadas de la libertad que pudieran, en su caso, ser alcanzadas por las posibles reformas aludidas. Por otra parte, en cuanto al agravio que se vincula con la inexistencia de oficinas físicas de la Procuración General de la Nación dentro de las unidades penitenciarias que diligencien las presentaciones judiciales que pudieran efectuar las personas allí alojadas, sin perjuicio de que la situación particular de cada uno de los beneficiarios podría ser objeto de tratamiento distinto, teniendo en cuenta cada caso concreto, lo cierto es que, de momento, no se ha determinado que tal circunstancia impida "el ejercicio de la defensa material", como se afirma en la presentación glosada a fs. (…). En consecuencia, se considera que no se ha conformado en la especie ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 3 de la ley 23.098. Por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución asumida a fs. (…), en cuanto ha sido materia de consulta, sin costas". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec.: Sposetti). c. 22.671/17, CASTRO, Ricardo A s/ Habeas Corpus. Rta.: 19/04/2017 HABEAS CORPUS. Preventivo rechazado promovido por una mujer en su favor y en el de sus hijas debido al fallo emitido por la C.S.J.N. que dispone que las menores en su compañía deben ser restituídas al padre en Estados Unidos, bajo condiciones de seguridad, cuando allí existe una orden de captura emitida en su contra. Orden de captura respecto de la cual la accionante debe, ante el magistrado que la emitió, hacer valer sus derechos. Confirmación. Fallo: "(…) El presente habeas corpus preventivo es promovido por (…) en su favor y el de sus hijas (…) que a (…) y fs. (…) refirió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Recursos de queja deducidos por (…) por sí y en representación de sus hijas menores y la Defensoría Oficial de (…) en causa (…) y otros s/ reintegro de hijos", dispuso que las púberes en su compañía debían ser restituidas a Virginia, Estados Unidos, bajo ciertas condiciones de seguridad que especificaba el fallo del 25 de octubre de 2016 (…). A las distintas intervenciones del Juzgado Civil (…) sin que se diera respuesta a su pedido acerca de la captura ordenada por un Tribunal de ese estado, acudió a la sede de la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional de la Cancillería donde le hicieron saber que continuaba vigente.

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Aduce la accionante que de concretarse la restitución a los Estados Unidos de sus hijas se daría una situación de riesgo ya que ante su arresto las niñas quedarían al cuidado de su padre, con el que no convivían desde hacía seis años y sobre el cual pesaban distintas denuncias. Agregó que al no haberse verificado el levantamiento de la restricción, contrariando lo expuesto en el pronunciamiento mencionado, su libertad ambulatoria estaba comprometida. De las constancias del legajo se desprende que para revertir la orden era necesario hacerlo en el país que la dispuso, tal como surge de fs. (…). El Juez Hiram E. Puig Lugo "informo que les correspondía a las partes revocar una orden de arresto…" y "…que ningún juez consideraría revocar… si la parte que lo solicita no tiene planes inminentes de regresar a los Estados Unidos -fs. (…). En ese sentido, la Corte Suprema señaló, luego de examinar el expediente civil, que lo decidido sobre la madre por incumplir con la sentencia del tribunal extranjero no era óbice para que se restituyera a las menores y que dilucidar la aptitud de los padres para ejercer la guarda era una discusión que debía darse ante el órgano competente del lugar de residencia habitual, con antelación al traslado. Resuelta la cuestión de esta manera por el Supremo Tribunal de la Nación, entendemos que (…) tendrá que hacer valer sus derechos ante los juzgados de aquel país y así nada cabe decidir respecto a una medida adoptada en el marco de un proceso radicado fuera del ámbito de los tribunales nacionales que ya ha tenido en esta una prolongada discusión que zanja toda afectación sorpresiva o arbitraria de quien hoy con este instituto solo pretende dilatar algo jurisdiccionalmente dispuesto. Con relación a los demás planteos efectuados, coincidimos con los argumentos expuestos por el magistrado de la instancia anterior y creemos que se tratan de aspectos procesales a tratar en el fuero civil y ajenos al remedio procesal intentado. En esas condiciones y en virtud de lo previsto en el artículo 10 de la ley 23098, corresponde homologar la decisión, lo que así se RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; González Palazzo. (Sec.: Williams). c. 18.421/17, C., M. V. s/Habeas Corpus. Rta.: 31/03/2017 HABEAS CORPUS. Rechazado. Detenido alojado en la Unidad 28 S.P.F., durante más de veinte días. Unidad de Tránsito. Acordadas 43/2016 y 8/2017 de la C.S.J.N. Revocación: realización de la audiencia del artículo 14 de la ley 23.098 con presencia de las autoridades del S.P.F. Fallo. "(...) La acción de habeas corpus es presentada por J. J.T. porque continúa alojado en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal a disposición del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 a la espera de ser nuevamente trasladado al Complejo Penitenciario Federal de la Capital Federal en donde ya estuvo alojado. Hizo saber también que no puede ser derivado a las unidades carcelarias de Marcos Paz y Ezeiza por haber denunciado a sus autoridades. Surge de las actuaciones que desde el 26 de abril pasado se lo alojó en la Unidad 28 y que el tribunal de juicio a cuya disposición se encuentra, el 5 de mayo pasado libró oficio a ese organismo para hacer saber que se había fijado fecha de debate para el día de hoy y que desaconsejaban su traslado al interior de país. En la fecha, se recibió vía fax un oficio librado por el Sr. Presidente del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 4 comunicando que la audiencia de debate continuará el próximo viernes, por lo que reiteró la inconveniencia de su derivación. A su vez, hizo saber que la defensa concuerda con esta oposición ya que está en discusión el motivo de su egreso de la unidad capitalina, para lo cual se requirió su legajo. Ello ha sido corroborado a través de la comunicación telefónica mantenida por la actuaria con el Secretario del tribunal que agregó que el oficio remitido al Complejo Penitenciario Federal de la Capital Federal para el envío del legajo T1517/16 fue recibido el pasado 10 de mayo. Sin perjuicio de las particularidades que el caso presenta, atento lo dispuesto por el Máximo Tribunal en las Acordadas 43/2016 y 8/2017, en particular el hecho de que la superintendencia es ejercida por esta alzada y la resolución dictada en el Acuerdo General celebrado el 10 de mayo, toda vez que se haya detenido en una unidad que es de tránsito desde el 26 de abril pasado, es que corresponde se realice la audiencia del art. 14 de la ley 23.098 a la que deberán concurrir las autoridades del Servicio Penitenciario Federal que la Sra. juez a quo estime conveniente. Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de (fs. ...) en cuanto fuera materia de consulta y DISPONER que se de cumplimiento a lo ordenado. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Lucini, Cicciaro. (Sec.: Peluffo). c. 29543/17, TORRES, Juan José s/Habeas corpus. Rta.: 17/05/2017 HABEAS CORPUS. Preventivo rechazado. Presentación en la que no se vislumbra una amenaza cierta, concreta e inminente a la libertad de las mujeres que eventualmente van a participar en una movilización. No configuración de las hipótesis previstas en el artículo 3 de la Ley 23.098. Confirmación. Fallo: "(…) habeas corpus interpuesto por (…). Las nombradas solicitan que en la marcha que se realizará el día de mañana contra la violencia a la mujer se ordene al Ministerio de Seguridad de la Nación y al de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires a "abstenerse de realizar todo acto de persecución, hostigamiento y afectación a la libertad ambulatoria respeto [de ellas], como así también de todas aquellas mujeres que participen…". También que se notifique a las fuerza de seguridad que "se abstengan de portar 136

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional armas de fuego (…) utilizar balas de goma (…) gases lacrimógenos (…) [y] que los efectivos abocados a la asistencia y control (…) sean exclusivamente mujeres, o bien en su gran mayoría mujeres" (…). Estimamos que la decisión del magistrado de la instancia anterior resulta ajustada a derecho, en tanto no se vislumbra de momento una amenaza cierta, concreta e inminente a la libertad de las mujeres que participen mañana en la movilización. Sólo aparece un temor interno de las accionantes. Tampoco existen indicios que autoricen a suponer que las fuerzas de seguridad afectaran sus derechos, ni que se apartaran de sus funciones previstas por el ordenamiento vigente. Además, en caso contrario, incurrían en la comisión de un delito. Por lo tanto, atento a que no se advierte ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 3 de la Ley 23.098 y que el juez remitió testimonios del presente a los Ministerios de Seguridad de la Nación y de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, para que tomen conocimiento de las pretensiones de las nombradas y adopten las medidas que estimen pertinentes, se impone convalidar el pronunciamiento, lo que así se RESUELVE (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Carande). c. 32.991/17, VIVANCO, Raquel y otras s/ Habeas Corpus. Rta.: 02/06/2017 HABEAS CORPUS. Interpuesto por un detenido. Presentación que debe ser ratificada mediante el sistema de video-conferencias para así tomar contacto con aquél y delimitar debidamente su objeto. Revocación. Fallo: "(…) interpuso acción de habeas corpus denunciando como acto lesivo que la autoridad del área de estudios superiores del Centro Universitario de Devoto le exigía para avanzar al período de prueba aprobar seis materias, cuando originariamente se habían establecido dos. Su agravio sólo se encuentra plasmado en la presentación de fs. (…). Este tipo de exposiciones deben ser ratificadas por el presentante a través del sistema de video-conferencia que permita tomar contacto con aquél y delimitar debidamente el objeto de la presente, por lo tanto y hasta tanto ello ocurra, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) en cuanto fue materia de consulta. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Gallo). c. 33.913/17, POLIO, Benjamín Damián s/ habeas corpus. Rta.: 07/06/2017 HABEAS CORPUS. Rechazado. Situación que no implica un agravamiento en las condiciones de detención y debe ser canalizada por otra vía. Confirmación. Fallo: "(…) acción habeas corpus promovida por (…). Compartimos el temperamento adoptado por el Juez de la anterior instancia, por cuanto la lectura de los agravios expuestos por el nombrado al ratificar la presentación, permite descartar un agravamiento en las condiciones en que cumple su detención. Para ingresar al período de prueba se le exige, entre otras pautas, que apruebe seis materias, siendo dos el mínimo exigible por ciclo lectivo. Esta disposición fue consensuada entre las autoridades del Centro Universitario de Devoto y el interno, quien suscribió el acta dando cuenta de su conformidad. De tal modo, la reformulación de objetivos que ahora pretende no puede ser canalizada por esta vía, en tanto no se enmarca en las previsiones de la Ley 23.098. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fue materia de consulta. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Gallo). c. 33.913/17, POLIO, Benjamín Damián Mariano s/ habeas corpus. Rta.: 08/06/2017 HABEAS CORPUS. Competencia. Situación que no se ajusta al precedente "Corrales" de la C.S.J.N. Acción individual. Ley 23.098: asigna competencia a los jueces nacional en lo criminal de instrucción cuando el acto lesivo emanado de autoridades del Servicio Penitenciario Federal- tuvo lugar en la Capital Federal y a los jueces de sección si sucedió en alguna provincia. No conformación de ninguna de las hipótesis previstas en el art. 3 de la ley 23.098. Confirmación. Disidencia: Alzada que resulta incompetente para intervenir. Cuestión que corresponde que sea resuelta por la justicia federal. Fallo C.S.J.N. "Nisman". Incompetencia a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Fallo: "(…) Llega a consulta de esta Sala la presente acción de hábeas corpus promovida por C. G. G. alojado en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires-, en base a las consideraciones que expuso a través del sistema de videoconferencia (…). 137

El juez Mariano A. Scotto dijo: I. En lo que atañe a la competencia de esta Sala, puesto que la situación de G. no se ajusta a la que se presentara en el precedente "Corrales" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que en el caso se trata de una acción individual, situación que a mi juicio no se modifica con el Fallo "Nisman", considero que la justicia ordinaria debe continuar interviniendo en estos actuados. II. Sentado ello, las constancias del legajo se aprecian suficientes para homologar lo resuelto por el señor juez a quo, pues no se ha conformado en la especie ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 3 de la ley 23.098, lo que descarta su aplicación al caso. A tal conclusión se arriba en virtud de que de las constancias obrantes a fs. (…) y, en particular, del informe glosado a fs. (…) se desprende que "no obra registro alguno de los … [elementos] ni de retención por parte del personal, debido a que los mismos están destinados a ser consumidos durante el usufructo del horario de visita" y que "En cuanto al anafe reclamado por el interno …, el mismo fue retirado del lugar de alojamiento, a raíz de que … contaba con una autorización adulterada, la cual se adjunta, y que es un elemento que no se encuentra autorizado para tenencia individual…". En consecuencia, como se ordenó la remisión de testimonios a la Oficina de Sorteos de esta Cámara a fin de que desinsacule el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional que deberá intervenir en la posible comisión del delito denunciado por G., entiendo que el rechazo de la acción de habeas corpus ha sido bien decidido. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: No surgiendo medidas urgentes de producción, conforme fuera resuelto en el precedente de la Sala I de esta Cámara, "Gutiérrez" a cuyos argumento me remito, (1) considero que este tribunal resulta incompetente para revisar lo resuelto, en tanto se trata de un hábeas corpus en el que se analiza un acto lesivo ocurrido en perjuicio de una persona privada de su libertad a cargo de una autoridad federal como lo es el Servicio Penitenciario Federal, sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 8.1 y 20 de la ley 23.098. Este criterio fue recientemente reiterado por el máximo tribunal en la causa "NN s/av. Delito. Dam: Nisman" en cuanto a que: "no corresponde equiparar a los tribunales ordinarios con los federales (de acuerdo a los considerandos 5° y 10°). En efecto, en dicha oportunidad y frente a un conflicto de competencia en materia penal entre jueces federales y nacionales, el Tribunal señaló que: 'en atención a que la Constitución federal le reconoce a la Ciudad de Buenos Aires su autonomía no puede sino concluirse que el carácter nacional de los Tribunales ordinarios de la Capital federal es meramente transitorio…'." (consid. 5°, CCC 3559/2015/16/5/1, rta: 20/9/16). A su vez, recordó su doctrina inveterada en cuanto a "la competencia federal con relación al juzgamiento de delitos comunes cometidos contra o por funcionarios federales en ejercicio de sus tareas…" (consid. 7°). Por lo demás, cabe añadir que la sanción de la ley 27.308 estableció en su art. 1° que: "Los Juzgados Nacionales en lo Criminal de Instrucción y los Juzgados Nacionales en lo Correccional se denominarán Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional" de manera tal que, a la fecha, la denominación es asimilable a la de los Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional Federal. Se aclara ello pues ambas salas del fuero federal sostienen que el art. 8 de la ley 23.098 asigna competencia a los Jueces en lo Criminal de Instrucción pero, a partir del 1° de marzo del corriente año, tanto la justicia federal como la local pasamos a denominarnos de idéntica manera, lo que refuerza la postura del tribunal en cuanto a la competencia del fuero federal. En virtud de lo expuesto, voto por declarar la incompetencia en razón de la materia de este tribunal y remitirla sin más a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, a fin de que se desinsacule el juzgado federal que deba intervenir en las presentes actuaciones. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Tal como hube de expedirme oportunamente en la causa número 9.640/16, "Carrizo, Maximiliano", del 24 de febrero de 2016, de la Sala VII de esta Cámara, cabe apuntar que pese a que diversas instituciones procesales y órganos judiciales han sido objeto de reformas, no ha ocurrido lo propio con la Ley de Hábeas Corpus 23.098, que asigna competencia a los jueces nacionales en lo criminal de instrucción cuando el acto lesivo -en lo que aquí interesa, emanado de autoridades del Servicio Penitenciario Federal- ha tenido lugar en la Capital Federal, y a los "jueces de sección" si sucede en alguna provincia (art. 8), a cuyo fin rigen las reglas de aplicación fijadas por esta Cámara -que puede intervenir cuando se decide la desestimación o se recurre lo resuelto- o las Cámaras Federales del interior del país, según el caso (arts. 10, 19 y 25). Superada la cuestión de competencia, adhiero al voto del juez Mariano A. Scotto, pues comparto sus fundamentos para concluir en que no se ha conformado en la especie ninguna de las hipótesis previstas en la ley 23.098. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución asumida a fs. (…), en cuanto ha sido materia de consulta, sin costas". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Rimondi (en disdencia), Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 36.821/17, GRANDI, Claudio G s/ Habeas Corpus. Rta.: 22/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala I, c. 49685/09, "Gutierrez, Alejandro", rta.: 17/12/2015. HOMICIDIO Culposo. Procesamiento. Obrero que había finalizado su trabajo en el techo de un galpón y subió para proteger la pared arreglada debido a la lluvia, sin tener puestos los elementos de seguridad, cayendo al pisar una chapa plástica y falleciendo como consecuencia de las heridas. Imputado: Persona que contrató los servicios. Relación contractual que no obligaba al imputado en los términos descriptos por la jueza de grado. Fallecimiento sucedido como consecuencia de una autopuesta en peligro. Revocación. Sobreseimiento. 138

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Fallo: "(…) No se encuentra controvertido que el 4 de diciembre de 2015, siendo aproximadamente las 12.30, R. J. M. ascendió al techo del galpón ubicado en la calle XX de esta ciudad para cubrir la pared que había terminado de revocar instantes previos y así impedir que la lluvia que comenzaba a caer afectara el trabajo realizado. Cuando cruzaba por el techo, conformado por chapas metálicas y algunas plásticas traslúcidas, al romperse una de estas últimas cayó al piso desde una altura de 7 metros. El 29 del mismo mes y año, falleció a raíz de múltiples traumatismos producto de la caída (autopsia de fs. …). Las declaraciones de J. R. M. y de sus hijos M. O. y M. N. (hermano y sobrinos de la víctima) quienes se hallaban presentes al momento del episodio, permiten reconstruir lo acaecido ese día (ver testimonios agregados a fs. ...). Surge del relato de J. R. M. que desde hace muchos años realiza esporádicamente trabajos de albañilería para el aquí imputado y que para el arreglo del mencionado galpón lo había contactado en el mes de septiembre de 2015, oportunidad en la cual, envió a sus hijos a realizar la limpieza del lugar, para luego poder comenzar con lo encomendado. Agregó que, en un principio, concurrió también a trabajar su hermano R. bajo su supervisión, pero sufrió una caída al pisar la chapa plástica de un techo, a poca altura del suelo, y por ello decidió continuar trabajando sin él, es decir, sólo con sus hijos. Tiempo después, cuando el encartado le preguntó si tenía alguna persona de confianza para sumarse a la tarea y agilizarla, le recomendó a su hermano R., dándole su teléfono para que se contactara directamente con el aludido, quien enseguida comenzó a trabajar nuevamente en el galpón junto a él y sus hijos. En cuanto al hecho que se investiga, precisó que ese día estaban los cuatro en dicha tarea y aproximadamente a las 11, su hermano ya había finalizado la parte que le correspondía en el techo, por lo que descendió, se higienizó y prepararon el almuerzo, que se concretó a las 12.30. Luego, se recostaron todos unos minutos para descansar, cuando comenzó a llover, refiriendo su hermano que habría de subir para cubrir la pared que había levantado minutos antes, porque temía que se arruinara. Frente a ello, le expresó que no lo hiciera, ofreciéndose a ascender luego con un balde y un filtro para ocuparse de arreglarlo, sin atender a su propuesta la víctima, procedió igualmente a subir y minutos después cayó hacia el suelo. Aclaró que no contaban con ningún equipo de seguridad. Por su parte, M. O. M. afirmó que el día del hecho estaba trabajando en el fondo del galpón en tanto su hermano, su padre y su tío lo hacían en el techo. Señaló que su tío R. y su hermano M. habían estado toda la mañana en la planta alta del lugar, a la que se llegaba por una escalera, donde levantaron una pared de cuatro o cinco hiladas de ladrillo hueco y la revocaron. Poco antes del mediodía, ya estaba terminada. A esos de las 12.00, se reunieron los cuatro para almorzar y comenzó a llover, ante lo cual su tío R., para evitar que se deteriorara el revoque que había realizado, subió para tapar la pared y en forma repentina se precipitó al piso. Explicó también que la caída se produjo como consecuencia de haber pisado una de las placas transparentes del techo, provocando su rotura por el propio peso debido a la fragilidad del material, lo que ya le había sucedido en otra ocasión. Agregó que su tío había colocado, previo a la tarea, tablones de madera para poder pisar con seguridad en el lugar, pero seguramente olvidó que los había retirado al finalizar el trabajo. Afirmó que no tenían elementos de seguridad. Finalmente, M. N. M. sostuvo que el día del suceso, después del mediodía, estaba descansando junto a su padre, su hermano y su tío, cuando comenzó a llover, ante lo cual, R. fue a buscar unas chapas para tapar la pared que habían hecho momentos previos y así evitar que se dañara el revoque. Aclaró que al techo del galpón subían por una escalera de aluminio y para trabajar allí su tío había colocado unos tablones, los que retiró una vez terminada la pared. Es decir que, cuando subió a taparla, esos tablones ya no estaban. Refirió que su pariente pisó las chapas plásticas y se cayó. Afirmó también que no contaban con otros mecanismos de seguridad. En este contexto, se imputó a D. M. M., en su calidad de locatario del galpón referido, no haber proporcionado al occiso los elementos necesarios para la realización de trabajos con riesgo de caída a distinto nivel, en particular, un arnés con anillas por donde debe pasar el denominado "cabo de vida" conforme lo prescripto por el art. 112 del decreto 911/1996, reglamentario de la Ley n° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, en el entendimiento de que la ausencia de ese elemento importó la creación de una fuente de peligro que lo torna responsable por el resultado acaecido. Ahora bien, en primer término, cabe señalar que la normativa invocada para sostener que si existió una violación al deber de cuidado por parte del encausado, no le resulta aplicable, por cuanto no lo unía a la víctima una relación de dependencia sino un contrato por el cual la segunda actuaba independientemente, obligándose a realizar, en el caso particular, las reparaciones acordadas (artículos 1252 y ss del Código Civil y Comercial de la Nación). Por lo demás, las constancias de la causa dan cuenta que el resultado encuentra explicación, exclusivamente, en la conducta de la víctima. Al respecto, no es una cuestión menor señalar que R. J. M. había atravesado tablones en el techo del galpón para poder pararse en una superficie segura y así levantó la pared medianera. Luego, cuando ya había finalizado su cometido, retiró dichos tablones sin haberse producido contingencia alguna. Por último, cuando comenzó a llover y para evitar que se deteriorara el revoque, decidió sin otra consulta y a pesar de la opinión contraria de su hermano, subir al techo para taparlo sin adoptar ningún mecanismo de seguridad. Por el contrario, él mismo había retirado minutos antes las maderas que le permitían transitarlo, no obstante lo cual, caminó por el techo y pisó una de las chapas plásticas traslúcidas, la que se partió provocando su caída. 139

En este sentido, adquiere relevancia el informe de la División Siniestros de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, del cual surge que "las chapas plásticas traslúcidas no son aptas para el tránsito por ser elementos que no resisten el peso de una persona" (fs. …). Sobre este aspecto, más allá de que no se requieren conocimientos especiales, no puede soslayarse que según los testigos, el propio damnificado se había caído ya en una oportunidad anterior por idénticos motivos. Cierto es que en el mismo informe se sostiene que "los elementos de seguridad como arneses y sogas de seguridad podrían haber evitado la colisión de la persona con el solado", mas dicha conclusión tan solo resultaría relevante si el suceso hubiese acaecido durante la tarea de refacción de la medianera, circunstancia que no condice con lo ocurrido. Por el contrario, se encuentra acreditado que la caída se produjo por la propia conducta del damnificado, tras haber retirado los elementos que le permitian caminar en forma segura decidiendo hacerlo igualmente sobre una superficie no apta para el tránsito de las personas y provocando así, por su propio peso, la rotura de la chapa plástica. No es un dato menor que el trágico suceso acaeciera luego de finalizadas las tareas y de allí que no existieran entonces colocados los recaudos que permitieran su realización sin contingencias de tal naturaleza. En estas condiciones, no puede imputarse en cabeza de D. M. M. el resultado acaecido a la violación a un deber objetivo de cuidado. En efecto, por un lado y como dijimos, la relación contractual que lo unía con la víctima no lo obligaba en los términos descriptos por la jueza de grado y, por otro, su fallecimiento fue consecuencia de una autopuesta en peligro y, como tal, ajena a la conducta del encartado, pues no podía resultarle previsible que aquélla decidiera caminar por el techo que no estaba construido con materiales aptos para ser transitados y menos hacerlo luego de terminado el trabajo y retirados los tablones, arriesgando su propia integridad física. Por estas razones, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de (fs. …) y decretar el sobreseimiento de D. M. M. en orden al hecho por el que fuera indagado, con la expresa mención de que la formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor del que hubieran gozado con anterioridad (art. 336, inc. 3°, del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 623/16, MARTINEZ, Daniel Marcelo s/ procesamiento. Rta.: 03/03/2017 HOMICIDIO Agravado por haber sido cometido con abuso de función por ser integrante de la fuerza policial en exceso de la legítima defensa. Procesamiento. Policía que disparó con su arma reglamentaria provocando la muerte del delincuente cuando al detener su auto en un semáforo en rojo se le acercaron dos sujetos en una motocicleta y el acompañante le exhibió su arma de fuego exigiéndole la entrega del rodado. Elementos de prueba insuficientes para agravar la situación procesal. Necesidad de realizar una amplia reconstrucción del hecho y ampliación de declaraciones testimoniales. Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) La resolución impugnada tuvo por acreditado que el disparo que recibió M. L. A. y que causó su muerte fue efectuado por el policía R. G. R. M. con su arma reglamentaria desde el interior del rodado Volkswagen Gol, dominio XX, en las circunstancias descriptas a (fs. … (segundo párrafo). Esto es, cuando el nombrado se encontraba al mando de su vehículo particular en dirección a su domicilio, momentáneamente detenido por la luz roja del semáforo, y se le acercaron por el lado izquierdo dos sujetos a bordo de una motocicleta, siendo que quien se hallaba en la posición de acompañante le exhibió un arma de fuego al tiempo que le exigió la entrega del rodado. La juez de grado consideró probada la agresión ilegítima de la que fue víctima el aquí imputado (cfr. fs. …, primer párrafo), pero entendió que éste actuó con exceso en la legítima defensa. Para ello, sostuvo que la zona en que se verificó el impacto del proyectil en A. (área occipital paramedial derecha, con salida en el sector parieto temporo occipital izquierdo y trayectoria de atrás-adelante, de derecha a izquierda) "no parece corresponder con la situación de justificación, por lo menos del modo que describió R. M.: al verse apuntado por A., gritó "alto policía" y disparó. En esa situación de hipotética inmediatez, el disparo habría impactado en el lóbulo frontal, o cuanto mucho, en el temporal" (cfr. fs. … in fine). Más adelante dijo: "aún considerando verosímil el escenario que describió el imputado, no aparece probada la necesidad racional de disparar para defenderse en el marco de un frustrado robo, cuando quien lo apuntaba ya se había dado vuelta" (cfr. fs. … vta. segundo párrafo). Ahora bien, a pesar de que la magistrada parece descartar la necesidad racional del medio empleado, las consideraciones efectuadas se dirigen a excluir la actualidad de la agresión que se tuvo previamente por verificada (cfr. cita doctrinaria de fs. ...), razonamiento que nos colocaría por fuera de la hipótesis del exceso en la legítima defensa. Asimismo, lo afirmado por la a quo en cuanto a que R. M. disparó cuando A. se encontraba de espaldas se advierte, en el contexto descripto, como una opinión que, como tal, es pasible de ser controvertida, mas si se tiene en cuenta la variación de postura que puede experimentar el cuerpo de quien se encuentra sobre un motovehículo en movimiento en plena vía pública y, supuestamente, intentando desapoderar violentamente a un conductor de su rodado. Por tal motivo, luce conducente la realización de una amplia reconstrucción del hecho con participación del imputado, el personal policial y de gendarmería actuante, testigos de actuación, expertos de los Departamentos de Investigación y Pericias Complejas y Criminalística de la Gendarmería Nacional (especialmente versados en balística y planimetría) y peritos del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Nación, a efectos de establecer la dinámica del evento. Dicha diligencia deberá ser registrada en material fotográfico y fílmico por personal idóneo. Finalmente, atento a la discordancia que surge entre la versión que diera R. M. y las secuencias relatadas por el alferéz V. H. R. y el gendarme L. D. M., entendemos necesaria la ampliación de las declaraciones testimoniales de estos últimos. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de (fs. …) y estar a la FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer a R. G. R. M. dictada a (fs. …) (artículo 309 del Código Procesal Penal de la Nación). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo. (Prosec.Cám.: Godnjavec). c. 60.304/16, ROJAS MALGOR, Roberto Gerardo s/ procesamiento. Rta.: 22/02/2017 HOMICIDIO Agravado por su comisión con arma de fuego. Procesamiento. Imputado: personal policial que, mientras circulaba en el móvil conducido por su compañero, en el marco de una persecución policial, efectuó varios disparos, impactando uno de ellos en el cuerpo de un vecino que se encontraba circunstancialmente en el lugar, que finalmente falleció. Agravio de la defensa: causa de justificación y error de prohibición indirecto e invensible. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal del imputado. Inobservancia de los requisitos del Reglamento General de Armas y Tiros. Ausencia de causas de justificación. Dolo homicida probado. Tipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) La materialidad del suceso que diera origen a estos actuados no resulta objeto de agravio, así como tampoco lo es la prueba que la sustenta, circunscribiéndose la defensa a esgrimir la justificación de la conducta de su asistido (art. 34, inciso 6, Código Penal) o bien a pretender que su desempeño no pueda ser considerado doloso por haber actuado en el marco de un error de prohibición indirecto e invencible. Subsidiariamente, pide que se considere la actuación de su pupilo dentro de la esfera de la culpa, para morigerar su responsabilidad. Toda esta pretensión no puede ser admitida, desde que uno de los elementos convictivos, como lo son los trascendentales registros fílmicos aportados -que fueran consultados detenidamente por el Tribunal- evidencian, cual se sostuvo en la resolución criticada, un obrar doloso por parte del encausado. Cabe señalar, sintéticamente, que el 27 de diciembre de 2016, D. H. P., cabo de la Policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circulaba a bordo de un móvil policial conducido por su colega P. V. cuando fue anoticiado por frecuencia radial que se había receptado un llamado a la línea de emergencia "911" dando cuenta que un individuo, a bordo de un automóvil marca "Volkswagen" modelo "Bora", había participado de un intento de sustracción. Ante tal novedad, decidieron acudir en su procura y al divisar dicho rodado, comenzaron a perseguirlo por la calle XX., siendo en ese trayecto, específicamente entre la avenida XX y XX, que el prevenido efectuó, en principio, siete disparos con su arma reglamentaria, uno de los cuales fue a impactar en el tórax del vecino J. E., persona ajena al episodio, quien circunstancialmente se hallaba en la puerta de su domicilio lavando su vehículo, cayendo abatido y falleciendo minutos después en la vía pública (autopsia de fs. …). Así, el archivo identificado como "basualdo_14_08.avi" ilustra el momento en que la víctima -de 25 años de edad- recibe el disparo, en tanto que en el denominado "MOV_0003.mp4" se aprecia un tramo de la persecución aludida. El escenario de los acontecimientos puede ser reconstruido de tal modo como ocurrido a plena luz del día, en una zona urbana densamente poblada, y advertirse que P., instalado en el patrullero en el asiento delantero derecho (su compañero V. sólo lo conducía), efectuó en forma inicial siete disparos, hallándose luego dispersas en la calzada de la calle XX las vainas servidas pertinentes (ver plano nº 2 de fs. …) y después otros cuatro en arterias aledañas (ver declaración del Subcomisario Marcelo Fiori -(fs. …)- y el exhaustivo informe pericial de Gendarmería Nacional obrante a (fs. …), es decir, once en total. Importa agregar que el automóvil particular circulaba a alta velocidad, seguido de igual modo por los policías, con los vidrios levantados y sin que se vislumbre que su tripulante haya agredido con armas a sus perseguidores, pues se determinó posteriormente que no portaba ninguna. Este análisis, que comulga con el que realizara durante la audiencia el letrado de los querellantes, puede también concordarse con el que esta Sala realizara recientemente en la causa nº 77.364/16, "C.", resuelta el 21 de febrero del corriente. En efecto, por la misma condición de policía que revestía quien ya fuera procesada en aquel precedente y dejando a salvo las diferencias casuísticas, el tema que hoy nos convoca debe también ser analizado a la luz del artículo 34 del Código Penal. Por tanto, resulta relevante acudir, como se hizo en dicha oportunidad, a la consulta del "Reglamento General de Armas y Tiros [R.G.P.F.A. N° 8], Capítulo X, "Portación y uso de armas de fuego, Disposiciones vigentes. Personal policial. Abuso de su función. Régimen penal aplicable. Recordatoria", apartado F. "recomendaciones generales" referente al uso de armas de fuego / Generalidades) pues allí se indica que un caso de fuga "NO justifica el uso de armas, excepto que: En su huida el agresor continúe haciendo fuego contra el personal policial y ante esa circunstancia no impedir su fuga implique peligro inminente de muerte para sí o terceros". Las filmaciones ya referidas ponen de resalto que estos requisitos no fueron observados por el cabo P., lo que lleva a descartar que le asista alguna causa de justificación o bien un error de prohibición invencible que 141

diluyan su culpabilidad y, además, permite tener por verificado el conocimiento y la voluntad de realizar el hecho típico atribuido en el caso con dolo eventual. Las particularidades del hecho dan cuenta del peligro que el justiciable creó con su comportamiento, del conocimiento acerca de ese potencial dañoso y de la actitud interna asumida frente a ello, las que evaluadas en conjunto, permiten atribuirle el resultado muerte producido a título de la especie de dolo referida (1). Ello así, pues al haber efectuado once disparos con su arma reglamentaria, desde un vehículo que circulaba a elevada velocidad, por diferentes arterias en plena zona urbana, con personas transitando por las calles recorridas durante la persecución, en un horario vespertino y en una jornada con condiciones climáticas que permitían una absoluta visibilidad, resultaba harto probable un desarrollo causal como el acontecido. Entonces, si aun representándose que un tercero pudiera ser alcanzado por alguno de los proyectiles lanzados frenéticamente por él, igualmente decidió continuar con su plan aceptando esa posibilidad, el fatal resultado debe achacársele bajo la forma dolosa del homicidio agravado por el que se lo indagara. En todo lo demás, cabe remitirse a la minuciosa cita de pruebas efectuada por el juez de grado y a sus argumentos desarrollados en la resolución apelada. Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de (fs. ...), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Bloj). c. 78.566/16, PALERMO, Diego Hernan s/ apelación. Rta.: 13/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 18109/2016/1, "Martinero", rta. 6/5/2016. HOMICIDIO Culposo. Procesamiento. Imputados: directora de la obra, supervisor y capataz que omitieron apuntalar correctamente la pared medianera, desmoronándose y aplastando a un obrero que falleció como consecuencia de las heridas sufridas. Elementos de prueba suficientes que permiten afirmar la responsabilidad en el hecho por parte de los imputados. Confirmación. Fallo: "(…) De las constancias de la causa se desprende que el deceso de L. L. G. se produjo el 19 de septiembre de 2013, antes de las 15:00, en el interior de la obra en construcción sita en XX de esta ciudad, como consecuencia del derrumbe de una pared medianera de 0.30 metros de espesor por 16.25 de largo y 2.10 de alto, que se desplomó sobre éste ocasionándole politraumatismo, hemorragia interna y externa (cfr. fs. … y autopsia de fs. …) y el daño masivo de estructuras anatómicas intratorácicas y anoxia (ver también peritaje médico forense de fs. …). De igual modo, se ha acreditado que las causales de dicho derrumbe se relacionarían directamente con la ausencia de un adecuado sistema de apuntalamiento preventivo en el muro de ladrillo común, que al habérsele efectuado el corte longitudinal (calado) para la realización de la nueva estructura de hormigón armado, habría permanecido sin un medio eficaz de apoyo, amarre o sujeción. Además, contribuyó al debilitamiento del muro la profundidad de la canaleta, que superaba la permitida por el Código de Edificación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Finalmente, se corroboró que en esa pared inestable pudo haber aumentado el riesgo de caída la utilización de maquinaria neumática para efectuar el calado, por las vibraciones que produce. Avalan esta hipótesis, el informe técnico de (fs. … y las declaraciones de R. G. W. y J. L. S., ambos profesionales de la Dirección General de Fiscalización del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quienes afirmaron que la estructura no tenía apuntalamiento, lo que provocó su quiebre y derrumbe (fs. ...). También los dichos del arquitecto Jefe de Guardia de Auxilio y Emergencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, W. G. D., quien indicó que no observó que la pared estuviera reforzada (cfr. fs. …). Por su parte, en el peritaje de (fs. …) se precisó que pudo haber contribuido a la producción del resultado el uso de una herramienta inadecuada como el martillo neumático así como también que se acanalara más del cincuenta por ciento de la pared. Sobre este último aspecto, se especificó que la canaleta de 0, 19 metros efectuada en la pared medianera de 0, 30 metros de espesor generó una alta inestabilidad del muro e inobservó la normativa vigente, según la cual, en paredes de ese espesor sólo se permiten cortes hasta el eje divisorio para colocar estructura resistente, es decir, no podían superar los 0, 15 metros. Al brindar su testimonio a (fs. ...), la arquitecta E. A. V. de la División Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina ratificó los peritajes señalados y reiteró que no había apuntalamiento alguno, lo que sumado a la profundidad de la canaleta y la utilización de una maquinaria que provocó vibraciones produjo el desmoronamiento, que podría haberse evitado con un adecuado apuntalamiento preventivo. Ahora bien, la esencia de los delitos culposos se encuentra en la infracción a un deber de cuidado que genera peligros y que, en caso de concretarse en un resultado, amerita un reproche penal. En términos generales, esa inobservancia al cuidado exigido intenta captar la situación de quien no medita, antes de actuar, en el alcance de su conducta y en los riesgos que entraña, estableciéndose así una falta de prudencia punible (1) En concreto, en el análisis de la tipicidad imprudente se requiere entonces la verificación de dos requisitos: a) la creación o incremento de un riesgo y b) que el resultado sea producto de aquél (2). Sobre estos parámetros, consideramos que las pruebas reunidas hasta el momento acreditan, con el grado de convicción que requiere esta etapa del proceso, que M. H. G., en su condición de directora de la obra, A. E. F., en su calidad de supervisor y A. A. F. L., en su carácter de capataz, frente a una actividad de por sí riesgosa como es el picado de una pared medianera, aumentaron el riesgo mas allá de lo permitido y ello arrojó como consecuencia la muerte de L. L. G. 142

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Más precisamente, la violación al deber de cuidado determinante del resultado consiste en haber ordenado las tareas sobre la pared medianera sin un sistema previo de apuntalamiento o alguna otra medida de apoyo, amarre o sujeción, lo que provocó su desmoronamiento. A su vez, ese riesgo de derrumbe se vio incrementado por la profundidad del calado que superaba la permitida y el empleo de una herramienta que aumentaba las vibraciones. Por otra parte, no puede soslayarse la incidencia que pudo tener en la caída del muro el retiro, en los días previos, de una estructura de hierro que se extendía de una a otra medianera para sujetarlas e impedir cualquier movimiento. En efecto, las fotografías aportadas a (fs. …) ilustran sobre su existencia pretérita y también dieron cuenta de ello los empleados de la obra, quienes afirmaron que había sido retirada porque "estorbaba" (ver declaraciones de R. S. F.; M. C. S. J. y B. E. G.). A su vez, el testigo D. refirió que la misma "podría ser un elemento atenuante de una eventual caída, dependiendo de su colocación, ubicación y resistencia" (ver fs. …) y no es posible desconocer que su extracción fue conocida y avalada por G., F. y F. L. Los roles asumidos por cada uno de los imputados no se excluyen entre sí sino que, por el contrario, se complementan y en el caso el resultado se explica por el incumplimiento de deberes cuya observancia era de su estricta incumbencia. En el caso de M. H. G., directora de obra, su función no se limita a la de mera realizadora de un trabajo intelectual como pretende la defensa sino que, por el contrario, tenía a su mando coordinar y controlar el cumplimiento de las tareas, máxime si se tiene en cuenta que, como anticipamos, se trataba de una actividad riesgosa (3). Incluso, el Licenciado en Higiene y Seguridad en el trabajo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Daniel Andrés Pirri afirmó a (fs. …) que es función del director de obra calcular la caladura del muro medianero y su apuntalamiento. Además, en el caso concreto, se ha demostrado que la arquitecta G. concurría asiduamente al lugar del episodio e impartía órdenes tanto al supervisor como al capataz (cfr. declaraciones de los empleados E. L. de fs. ..., R. F. R. de fs. …, R. S. F. de fs. …, M. C. S. J. de fs. … y B. E. G. …). También se acreditó que la encartada consintió el retiro de la estructura de hierro antes aludida, aproximadamente un mes antes de que se produjera el derrumbe (cfr. testimonios de fs. …). Respecto de esto último, la propia imputada afirmó que A. E. F. le comunicó personalmente que había pedido la remoción del tensor y ella estuvo de acuerdo en que se hiciera con la salvedad de que debía reemplazarse por puntales urgentemente (ver su descargo a fs. …). Esta circunstancia resulta determinante de su responsabilidad, pues ante su anuencia para quitar la pieza de sostén debió extremar los recaudos para que se hiciera de inmediato el apuntalamiento preventivo que ella misma consideraba urgente e indispensable. Es decir, le incumbía verificar que se cumpliera con la indicación que dijo haber impartido. Tampoco cabe restringir su responsabilidad con fundamento en el principio de confianza, según el cual "... no viola el deber de cuidado la acción del que confía en que el otro se comportará correctamente, mientras no tenga razón suficiente para dudar o creer lo contrario…" (4). Es que en función de las importantes dimensiones del muro al que sabía que se le habían retirado el apoyo, la tarea de por sí riesgosa de fraccionar la pared a través de cortes -cuya profundidad no controló- que la tornaban extremadamente inestable y el rol que ejercía, no resulta atendible que se limitara a impartir la directiva de reemplazo por puntales al supervisor. Máxime cuando asistía con frecuencia al lugar y por tanto le resultaba ostensible que dicha medida de seguridad no se había implementado. Sobre esto último, si bien algunos empleados señalaron que se habían realizado tareas de apuntalamiento con hierros "U" de 25 mm colocados cada 50 cm, dicha hipótesis es desvirtuada por las constancias ya reseñadas. Así, los profesionales de la División Siniestros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA y de la Dirección General de Fiscalización del G.C.B.A dieron cuenta de lo contrario. Además el testigo D., quien se presentó en el lugar tras el episodio, al ser preguntado precisamente sobre la existencia y el carácter de dichos hierros, amén de reiterar que la estructura carecía de apuntalamiento, respondió que no recordaba haberlos visto y que aún de haber existido, resultaban insuficientes para suplir aquella omisión (cfr. fs. ...). A la misma conclusión se arribó en el peritaje de (fs. …). Sentado ello y en lo que respecta a la responsabilidad de A. E. F., en su carácter de supervisor, corresponde señalar que también asistía a la obra con frecuencia y daba órdenes al capataz (cfr. los testimonios de los empleados agregados a fs. …). Las pruebas reseñadas rebaten de modo suficiente su descargo en cuanto a que sólo desempeñaba tareas administrativas y no impartía directivas. Además, no puede desconocerse que fue quien ordenó el retiro de la estructura de hierro que hacía de sostén y en consecuencia debía procurar algún sistema de apuntalamiento en su reemplazo, máxime cuando tenía plena conciencia del peligro que ello irrogaba pues, según lo expresado por B. E. G. y R. F. R., después de que se quitara el tensor le dijo a quienes realizaban las tareas de picado en la pared que tuvieran cuidado porque se podía caer (cfr. fs. ... respectivamente). Finalmente, resta analizar la situación del capataz A. A. F. L. quien a nuestro juicio también habría infringido los deberes de cuidado a su cargo, ya que si bien no era el encargado de diseñar el plan de trabajo sí debía velar por el modo de su cumplimiento. Así, los empleados de la construcción coincidieron en que recibían las órdenes directamente de F. L. (cfr. fs. ...) desvirtuando lo expresado por este en cuanto a que no cumplía funciones como capataz y únicamente se encargaba de controlar la entrega de materiales en el lugar para que sus compañeros pudieran desempeñar sus tareas (fs. …). Además, al encontrarse presente al momento del derrumbe, sin dudas estaba al tanto de la utilización de una herramienta inadecuada en una pared altamente inestable, que contribuyó a la realización del resultado. En 143

efecto, tras la caída del muro, se incautó en el lugar un martillo neumático -que incluso parecía estar enchufado, ver fotografía de (fs. …- y R. F. R. (quien al momento del hecho se encontraba trabajando en la pared junto a la víctima, ver fs. …) sostuvo que tal objeto fue empleado por ambos para realizar tareas de picado durante ese día, habiendo sido el propio imputado quien dio instrucciones para su uso. Agregó que todos los empleados lo utilizaban para ese fin, más precisamente "para aflojarla, los primeros diez centímetros". Incluso, personas que trabajaban en fincas lindantes a la obra en construcción afirmaron que escuchaban con frecuencia el ruido que provocaba su uso, lo que denota que no era la primera vez que acudían a esta herramienta (cfr. dichos de A. N. T. y F. R. M. agregados a fs. … y … respectivamente). Finalmente, se desprende de los dichos de G. y F. R. que el encausado les había advertido sobre la posibilidad de derrumbe de la pared, pues expresó a los obreros que trabajaban en ella que picaran con cuidado ya que era peligrosa y más concretamente, que se podía caer (ver fs. … y respectivamente). Por todo ello, habiéndose probado que M. H. G., A. E. F. y A. A. F. L. con su actuar incrementaron el riesgo permitido y que la muerte de L. L. G. fue consecuencia de la realización de ese riesgo, corresponde homologar el temperamento adoptado respecto de la primera, al reunirse las exigencias del art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación. Del mismo modo y de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, habremos de revocar el sobreseimiento de F. y F. L., disponiendo el procesamiento de ambos por el delito de homicidio culposo (artículos 45 y 84 del C.P.). En tales condiciones, el tribunal RESUELVE: I. Confirmar el punto I del auto de (fs. …) en cuanto dispuso el procesamiento de M. H. G. por el delito de homicidio culposo. II. Revocar el punto III del mismo decisorio y dictar el procesamiento de A. E. F. y A. A. F. L. por el delito de homicidio culposo (artículos 45 y 84 del Código Penal, 306 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación) debiendo el juez de grado expedirse respecto de las medidas cautelares pertinentes. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 51.839/13, GARCIA, Mónica Hebe y otros/ procesamiento. Rta.: 31/03/2017 Se citó: (1) Terragni, Marco Antonio: Autor, partícipes y víctima en el delito culposo, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2008, p. 79 a 84. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 106/13 "Insaurralde" rta. 6/3/13. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 45593.2011 "Rivarola" rta. 21/12/2016. (4) Welzel, citado por Eugenio Raúl Zaffaroni en su obra "Derecho Penal. Parte General", Ed. Ediar, 2000 págs. 532/533. HOMICIDIO Culposo. Procesamiento. Mujer que falleció al ser atropellada por un camión, al bajar el cordón de la vereda, por estar ésta última obstruida por la poda de árboles. Imputación: Encargado de la cuadrilla de la poda de árboles que no dispuso la colocación de bandas de seguridad. Hecho en el cual no se advierte de qué modo la colocación de tales elementos podrian haber evitado la producción del suceso, en tanto solo están destinados a restringir el paso de peatones a través de ese sector delimitado y no por fuera de él, tal como aconteció en el caso. Resultado que no fue consecuencia directa de una infracción atribuible al encargado de la cuadrilla. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) A criterio del juez a quo, el imputado, en su rol de encargado de la cuadrilla de poda de árboles en la vía pública omitió disponer la colocación de las bandas de seguridad necesarias, incrementando así el riesgo permitido, a raíz de lo cual se produjo la muerte de la víctima. Afirmó al respecto que, de haberlo hecho, tal resultado "quizás no se habría producido" (sic), toda vez que la damnificada no habría descendido a la calle en casi la mitad de la cuadra, no resultando consecuentemente embestida por el camión. Pues bien, aun cuando la ausencia de tales elementos de seguridad emana específicamente de la declaración inicial del personal de gendarmería que intervino en el caso (cfr .fs. …), lo concreto es que no se advierte de qué modo su colocación podría haber evitado la producción del suceso, en tanto solo estaba destinado a restringir exclusivamente el paso de peatones a través de ese sector delimitado y no por fuera de él, tal como aconteció en el caso. Por lo tanto, en el sub examine la producción del resultado no fue consecuencia directa de una infracción atribuible a C., sino de una conducta ajena a él, cual es la actividad imprudente de quien condujo un rodado sin atender las contingencias que le imponían una mayor precaución, tal como se expuso en la anterior intervención de esta Sala. El accionar aquí analizado, sólo podría fundar una autoría si su contribución (considerado por separado y aún cuando el otro aporte no concurra) hubiese permitido concretar el hecho, aspecto que a partir del detalle secuencial descripto queda descartado. En función de lo expuesto, corresponde revocar el auto traído a estudio y disponer el sobreseimiento de R. C., en los términos del artículo 336 inc. 4°del Código Procesal Penal de la Nación, con la aclaración de que la formación de estos actuados no afectó el buen nombre y honor del que hubiere gozado, lo que así se RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, González Palazzo. (Sec.: Barros). c. 14.296/16, CUBILLAS, Roberto s/ procesamiento. Rta.: 23/05/2017

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional HOMICIDIO. Simple. Procesamiento. Agravio de la defensa: Elementos de prueba insuficientes para acreditar que el encausado efectuó la acción típica. Rechazo. Aspectos objetivos y subjetivos que permiten afirmar que hubo codominio del hecho por lo que corresponde atribuirle el resultado penalmente relevante. Confirmación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra el punto I del auto de fs. (…) que lo procesó como coautor del delito de homicidio simple. II. El magistrado desarrolló sus fundamentos de manera acabada, con los requisitos exigidos por el artículo 123 del Código Procesal Penal y no se vislumbra arbitrariedad en la solución a la que arribó, ni algún vicio que conlleve a su invalidez. Los cuestionamientos en este sentido no prosperarán pues sólo se observa disconformidad con su contenido. III. La materialidad del hecho no se encuentra cuestionada por el recurrente, que centra su agravio en que no se acreditó que su defendido habría efectuado la acción típica, ni contaba con el dominio necesario. Es más, destacó que ninguno de los testigos lo ubicó en la escena y aludieron a dichos de terceros. (…) el (…), caminaba por (…) y, en su intersección con (…), observó que de un Volkswagen (…) descendieron dos hombres que se dirigieron directamente hacía donde estaba (…). El de contextura física robusta, de aproximadamente 170/180 cm y campera de color naranja esgrimió un arma de fuego y le efectuó varios disparos en el cuerpo. Inmediatamente ambos subieron al vehículo descripto, pero como no arrancó se dieron a la fuga corriendo. Aclaró que el otro sujeto que intervino -flaco y vestido con ropa oscura- era el conductor (…). El relato de este testigo presencial, sumado a los de (…), (…), (…), (…), (…) y (…) y al reconocimiento del propio imputado respecto a que estaba junto a (…) en el rodado cuando ocurrió el suceso (…) son suficientes para tener por probada su presencia en esta etapa preliminar del proceso. Por otra parte, su descargo en cuanto a que únicamente solicitó a éste último que lo traslade hasta su casa, desconociendo que sus intenciones eran dar muerte a (…), se ve conmovido por otros elementos de juicio. No es un dato menor que conducía el vehículo en el cual arribaron y en el que, luego de consumado el evento, intentaron escapar, pero como no arrancó lo hicieron a pie. Además, como lo destaca el magistrado de la instancia de origen, su actitud es cuanto menos llamativa, pues si no hubiera tenido ningún tipo de responsabilidad, no se explica por qué en vez de brindar auxilio a la víctima huyó y, posteriormente, se ausentó de los lugares que frecuentaba, lo que motivó su orden de detención (…). Estas circunstancias descartan toda posibilidad de que era un mero "espectador" de lo sucedido, en la medida que tuvo un codominio funcional del hecho. Es decir actuó junto a su consorte de causa en base a una previa división de tareas, lo que permite atribuirle la totalidad de la obra común, más allá de que no haya realizado de propia mano la conducta descripta en el verbo típico. Se sostuvo que "La coautoría es realización del tipo mediante ejecución con división del trabajo. El dominio del hecho del coautor se deriva de su función en la ejecución; asume una tarea que es esencial para la realización del plan del hecho y le hace posible el dominio del conjunto del acontecimiento a través de su parte o participación en el hecho" (1), lo que se da en el caso traído a estudio. En definitiva, la prueba detallada por el juez instructor basta para demostrar aspectos objetivos y subjetivos que la teoría del dominio del hecho requiere para la atribución de un resultado penalmente relevante. Las objeciones de la defensa merecen en todo caso un más amplio tratamiento, en un eventual debate, debido a los principios que lo caracterizan. Por lo expuesto y sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda (artículo 401 del Código Procesal Penal de la Nación), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Carande). c. 35.959/16, SUELDO, Cristian Ezequiel s/procesamiento. Rta.: 10/03/2017 Se citó: (1) Claus Roxin, "Derecho Penal, Parte General", tomo II "especiales formas de aparición del delito", editorial Thomson Reuters, Buenos Aires, 2014, página 146. HOMICIDIO. Culposo. Anestesiólogo que no estuvo presente en el quirófano durante la totalidad del procedimiento. Infracción que incidió en el resultado luctuoso y aumento el riesgo debido. Permanencia en el lugar que le hubiera permitido advertir que los latidos cardíacos habían comenzado a descender, incidiendo su infracción en el resultado por no haber actudo con la diligencia y rapidez que le era exigible. Confirmación. Fallo: "(…) III. Para decidir respecto de la responsabilidad penal que le cupo al anestesiólogo G. en el suceso investigado resulta fundamental el testimonio del médico cirujano, Dr. A.G.CH. D. (sobreseído a fs…), a cargo del procedimiento practicado a quien en vida fuera M.E.G. A fs. (…) el profesional indicó que el cardiólogo, Dr. D.E.L., advirtió la bradicardia que padecía la paciente, motivo por el cual ingresó al quirófano para asistir a la paciente (confr. también declaración indagatoria de fs…) -recuérdese que éste se hallaba en otra sala monitoreando a las personas que eran operadas en el "Sanatorio Colegiales"-; luego de lo cual ingresó G. al lugar. Dicho extremo coincide con lo que surge de fs. 145

(…) del protocolo quirúrgico; allí se asentó "Monitoreo intraoperatorio: se constata en monitor central bradicardia, paciente en ARM con broncoespasmo y bradicardia e hipotensión severa. Se inicia maniobras de reanimación cardiopulmonares de avanzada…" (el subrayado nos pertenece). Del testimonio del Dr. Ch.D. se extrae así que el descargo ensayado por el procesado no se condice con lo que efectivamente ocurrió dentro del quirófano, pues, revela que G. no se hallaba en el quirófano en el preciso momento en que comenzó la descompensación de la víctima. Por otro lado, de las constancias del sumario se desprende que el Cuerpo Médico Forense efectuó distintos dictámenes a partir de la información brindada por la Clínica Colegiales y de la historia clínica de la damnificada (ver fs….), a la cual se tuvo acceso varios meses después de iniciada la investigación (ver allanamiento dispuesto el 30 de mayo de 2014, fs…). De ellos se extrae que si bien la medicación suministrada a G. fue la correcta, la demora en advertir el cuadro que presentaba (bradicardia) e intentar revertirlo, acarreó el daño cerebral severo posteriormente verificado en la nombrada y, como consecuencia de la septicemia sufrida a partir del cuadro presentado, su deceso. En efecto, tras la anterior intervención de esta Sala V a fs. (…) se revocó el procesamiento de G. para que se practicaran las diligencias solicitadas por su defensa, producto de lo cual el Cuerpo Médico Forense elaboró un nuevo informe (confr. fs…) del que se desprende que, según el parte anestésico, el paro cardíaco de la Srta. G. se instaló en forma brusca precedido de una bradicardia extrema, entre otras conclusiones. Ello, lejos de diluir la imputación que se dirige contra el imputado, persuade al Tribunal acerca de que el desenlace fatal acaecido se produjo, justamente, por no haber estado en el quirófano en ese preciso momento, lo que le impidió advertir el broncoespasmo y posterior bradicardia, que desencadenó en un paro cardíaco. En tal sentido, el médico forense H.N.P. (anestesiólogo) señaló que la función del anestesista consiste en monitorear todos los parámetros del paciente (oxígeno, tensión arterial, etc.) y debe hallarse siempre en el interior del quirófano, desde que coloca el suero hasta la recuperación total del paciente. Manifestó que la medicación suministrada por el imputado había sido correcta, sin perjuicio de lo cual explicó que una persona no "ingresa" en una bradicardia de forma inmediata, sino que se inicia con un broncoespasmo, deriva en bradicardia, luego en bradicardia extrema y finalmente un paro cardio-respiratorio. Agregó, que en este caso la reanimación demoró ocho minutos, y que si el procedimiento dura más de cinco, se produce un daño neurológico irreversible. Al respecto, debe señalarse que "la norma penal no prohíbe que se produzca cualquier resultado infausto; por el contrario, parte de la evidencia que es muy probable que acontezca (pues ello es acorde con la naturaleza de las cosas). La norma penal solamente quiere impedir que de la actuación médica se derive una consecuencia que el profesional hubiese podido evitar" (1). También es preciso apuntar que "[la] diversidad de situaciones y circunstancias que concurren en la actividad médico-sanitaria ha generado (…) una multitud de reglas técnicas particulares en el ejercicio de la profesión, hasta el punto de que se ha mantenido que existe ´para cada caso una ley´. De ahí que un sector de la doctrina estime más adecuado hablar de lex artis ad hoc (…). Con tal expresión, se hace referencia a un criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico, confeccionado teniendo en cuenta las características especiales de la profesión, la complejidad y trascendencia vital del acto y, en su caso, la influencia de otros factores endógenos (tales como el estado del enfermo o de las instalaciones sanitarias) para determinar si dicho acto es conforme o no al nivel de cuidado exigido en esa particular situación (…)" (2). Se ha dicho en similar sentido que "La determinación de la responsabilidad médica ha de hacerse en contemplación de las situaciones concretas y específicas sometidas al enjuiciamiento penal huyendo de todo tipo de generalizaciones. A este respecto, ha puesto igualmente de manifiesto la doctrina cómo el deber de cuidado en la actividad médica está muy vinculado a las circunstancias de tiempo y de lugar" (3). En definitiva, de las pruebas colectadas en el sumario y valoradas conforme a las reglas de la sana crítica, es posible afirmar, con la probabilidad que esta etapa demanda, que G. no se encontraba dentro del quirófano cuando los latidos cardíacos de la paciente comenzaron a descender, es decir, que habría desatendido su obligación y tal infracción se verificó en el resultado, pues al no haber advertido a tiempo el cuadro que padecía la víctima, no actuó con la diligencia y rapidez que le era exigible conforme a su deber de profesional de la salud. Pese a las maniobras de reanimación cardio-pulmonar avanzadas que duraron aproximadamente ocho minutos, lo que posibilitó que la damnificada saliera del cuadro que presentaba y continuara con vida, sufrió una secuela neurológica irreversible (encefalopatía hipoxémica) que ocasionó una septicemia -luego de innumerables complicaciones (ver fs…)- que finalmente causó su deceso años después, el 21 de noviembre de 2015. En cuanto a la testimonial propuesta por la defensa, estimamos que no resulta útil ni dirimente para la investigación, por cuanto M.M.R. fue clara al sostener que, por su posición, no veía el sector de la mesa de anestesia. Concretamente, refirió que permaneció atenta al monitor que filmaba el interior del abdomen de la víctima y que en un momento dado escuchó "paren, paren, dejen de operar que la paciente entró en bradicardia", situación que, como se señaló, fue advertida por el Dr. L. y no por G. (ver fs….). En definitiva, las pruebas reseñadas permiten descartar la versión del imputado en cuanto a que la descompensación de M.G. se produjo de manera "brusca" y demuestran que el procesamiento apelado deber ser homologado al haberse comprobado prima facie la infracción al deber de cuidado que su rol de anestesista le imponía observar. En cuanto al resto de las diligencias solicitadas por la defensa en su recurso de apelación, deberán ser propuestas en la próxima etapa procesal donde se juzga el caso en forma definitiva y las partes pueden valorar, discutir y revisar con amplitud la prueba (arts. 389 y 393 del CPPN). IV. Embargo: Con relación al monto establecido en concepto de embargo, teniendo en consideración que el fundamento de la medida cautelar consiste en garantizar una eventual indemnización civil y las costas originadas y las que pudieran devenir en el curso del proceso (art.518 del Código Procesal Penal), estimamos 146

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que la suma impuesta se exhibe razonable en atención a la edad de la víctima y a su expectativa de vida, aspectos que podrían incidir en el monto de un eventual reclamo civil. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los puntos I y II del auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Prosec. cám.: Daray). c. 29.977/13, GALLOVICH, Walter W. s/ procesamiento y embargo. Rta.: 03/04/2017 Se citó: (1) Marcos Antonio Terragni, "El delito culposo en la praxis médica", Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2003, pág. 53. (2) Esther Hava García, "Responsabilidad penal por mala praxis médica. La determinación del cuidado exigible al personal sanitario", en Revista de Derecho Penal, Delitos Culposos I, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2002, pág. 93. (3) Romeo Casabona, Carlos María "El médico y el Derecho Penal". Tomo II, volumen I. "Los problemas penales actuales de la biomedicina", Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, 2011, pág. 280. HOMICIDIO. En tentativa agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de un arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa. Procesamiento. Personal policial a quien le fue arrebatado su celular, que efectuó varios disparos con el arma reglamentaria sobre quien se encontraba como acompañante en una motocicleta mientras se daban a la fuga, impactando uno de los disparos en el casco que llevaba el acompañante, sufriendo éste último lesiones de carácter grave. Agravios: legítima defensa. Rechazo. Exceso en la legítima defensa. Confirmación. Fallo "(...) recurso de apelación deducido por la defensa de la imputada contra los puntos dispositivos III y IV del auto de (fs. ...) que decretaron el procesamiento de G. P. d. O. por considerarla autora del delito de homicidio en grado de tentativa agravado por su comisión con violencia contra las personas mediante la utilización de un arma de fuego, cometido con exceso en la legítima defensa y mando a trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $ 305.000. (...). Según surge del decisorio impugnado "Se atribuye a G. P. D. O. haber intentado causar la muerte a F. G. V. F., tras efectuarle varios disparos con un arma de fuego, mientras el nombrado iba como acompañante a bordo de una motocicleta, impactando uno de esos disparos en el casco del citado, lo que provocó que cayera al suelo, ocasionándole un traumatismo de cráneo grave; lesiones que tuvieron un tiempo de curación mayor al mes, pusieron en peligro su vida, le provocaron una debilitación permanente de la salud y dificultad permanente de la palabra. (...) F. V. F., quien tras descender de una motocicleta conducida por otro sujeto aún no identificado, se le aproximó, le refirió 'dame todo, dame todo o te mato, te quemo' y le arrebató el teléfono celular que ella tenía en sus manos, para luego volver a subirse al vehículo, dándose a la fuga por la calle P., en dirección a A. C. de esta ciudad. En ese momento, D. O. -quien es agente de la Policía Federal Argentina-, comenzó a perseguirlos, se identificó como policía y les dio la voz de alto, para luego extraer su arma reglamentaria y efectuar varios disparos en dirección a V. F.. Fue así que cuando la motocicleta se encontraba a mitad de cuadra, V. F. cayó al suelo, continuando su fuga corriendo por la calle P., tomando H. y luego la calle E. d. I., donde la citada lo perdió de vista. El restante sujeto, se dio a la fuga a bordo de la motocicleta. Seguidamente, se hizo presente personal policial a quien D. O. le comentó lo sucedido y se procedió al secuestro de su pistola marca Bersa Thunder, calibre 9mm, serie N° (...), con un cartucho en recámara y cargador con once cartuchos. Por otra parte, sobre la calle P. a pocos metros de R., se halló una vaina servida calibre 9 mm, marca FLB -que fue disparada por el arma secuestrada-; sobre la calle P. pasando G. V. se secuestró un teléfono celular marca Philips imei (...) y (...) -propiedad de G. P. D. O.-, un rodado marca Fiat Palio que tenía manchas de sangre, una visera de casco y un casco negro manchado de sangre, con impacto de bala, -del cual forma posterior se extrajo proyectil, que fue disparado por el arma secuestrada-. Por otra parte, siendo 7 de junio de 2015, alrededor de las 22.30 horas, ingresó en el Hospital Fernández de esta ciudad, F. V. F. -proveniente del Hospital Durand-, con diagnóstico de traumatismo de cráneo grave por accidente con motovehículo, por lo cual fue intervenido quirúrgicamente. (...). Luego del análisis de la cuestión traída a estudio consideramos que los agravios introducidos por la defensa particular no logran desvirtuar los fundamentos de la decisión puesta en crisis, por lo que ésta será homologada. Tal como ha quedado establecido en la audiencia, la asistencia técnica de la imputada centra su planteo en la afirmación de que de O. ha actuado en legítima defensa. En definitiva, entonces, no se encuentra controvertido que la imputada, al sacar de entre sus ropas el arma que portaba y disparar hacia V. F., impactando la munición en la parte trasera del casco que este llevaba puesto en la cabeza, intervino con conocimiento y voluntad de causarle la muerte, ello más allá de que las constancias médicas glosadas al expediente den cuenta que la lesión que evidenciara V. F. tuvo como origen el posterior accidente de moto. Superado ese estadio de imputación (tipicidad), corresponde sostener, en lo que atañe a la antijuridicidad de la conducta analizada, que de O. actuó al menos en exceso del permiso legal mencionado. La legítima defensa, recordemos, requiere para su concurrencia de tres elementos: agresión ilegítima, necesidad de la defensa y falta de provocación suficiente. Al analizar la primera condición concluimos que el ataque sufrido por de O. luce absolutamente ilegítimo, dado que V. F. habría arrebatado de sus manos el celular de su propiedad, que utilizaba mientras caminaba por la vía pública. Sin embargo, la actualidad de la agresión que reclama esta causa de justificación, a nuestro entender, habría cesado en el instante en que V. F. ascendió a la moto conducida por otro sujeto y se disponía a abandonar el lugar. Luego de haber observado los videos incorporados al legajo, estimamos que esa inicial agresión (en 147

definitiva cometida por quien detentaba mayor poder ofensivo dada la superioridad numérica de los atacantes y que se encontraban a bordo de un vehículo) ya había mutado a lesión consumada, por lo que al intentar repelar la huida con su pistola reglamentaria, la imputada actuó excediendo la legítima defensa, teniendo en cuenta además que de las imágenes no se advierte que V. F. blandiera un arma de fuego en ese momento. En ese sentido ha dicho la doctrina que "(i)mporta subrayar que faltará esta nota (en alusión a la actualidad de la agresión) cuando la víctima ha sido ya objeto de la lesión perseguida y es tarde ya para evitarla. El requisito de actualidad de la agresión distingue la defensa de la venganza. Sólo la primera se permite al particular; el castigo se halla reservado al Estado" (Mir Puig, Santiago, Derecho Penal. Parte general, 5a edición, Reppertor S.L., Barcelona, 1998, p. 436). Por tales motivos, consideramos que el agravamiento de la situación procesal de D. O. luce ajustada a derecho y a las constancias de la causa, por lo que habremos de homologar el decisorio impugnado a efectos de que el asunto avance hacia etapas ulteriores del proceso, siendo la etapa de juicio aquella que, por sus características, será el ámbito en el que podrá debatirse con mayor detenimiento las cuestiones planteadas por la defensa en torno a la justificación del obrar atribuido a su asistida. Dicha medida de cautela real, fijada en $ 305.000, luce razonable y suficiente a efectos de garantizar el cumplimiento de futuras responsabilidades de índole económica que deba afrontar. Es así que habremos de homologar también dicho punto de agravio. En virtud de lo expuesto el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de (fs. ...), en cuanto fue materia de recurso (art. 455 del CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Sosa). c. 37.077/15, DE OLIVERA, Giselle Paola s/procesamiento. Rta.: 22/03/2017 HOMICIDIO. Culposo. Procesamiento. Conductor de colectivo que, con derecho de paso, infringió las disposiciones de tránsito al doblar y no respetar la prioridad del transeúnte que cruzaba con semáforo habilitante y por la senda peatonal, desencadenando su accionar el resultado luctuoso. Confirmación. Fallo: "(…) recurso de apelación interpuesto por la defensa de (…), contra el auto de fs. (…) que lo procesó en orden al delito de homicidio culposo y trabó un embargo sobre sus bienes de (…). II.- Se determinó que el (…), alrededor de las (…), el imputado dobló con el interno (…), de la línea de colectivos (…), dominio (…), desde la avenida (…) y embistió a (…) cuando cruzaba esta última con el semáforo habilitante y por la senda peatonal. Tal como afirma la defensa, ningún testigo observó el momento del impacto. Pero de lo expuesto por (…) y (…) se desprende con claridad que tanto el imputado como el damnificado tenían derecho de paso, y que este último traspuso la arteria por el lugar específicamente demarcado (…), razón por la cual el conductor debió respetarlo. En virtud de ello mal puede sostenerse que su aparición fue repentina o imprevisible como para tornar inevitable el impacto y hacer ceder la prioridad contemplada en la norma. Por el contrario, el indagado, tenía a su cargo deberes especiales y debió haberlos extremado para evitar la colisión que desencadenó el resultado luctuoso.Lo expuesto permite concluir, con el grado de conocimiento propio de esta instancia, que (…) habría violado disposiciones de tránsito que debía atender como conductor del colectivo, dado que aún cuando la señal lumínica también estaba a su favor, no respetó la prioridad de los transeúntes, -en infracción a los artículos 39 inciso b) y 41, inciso e) de la Ley 24.449 y 6.1.1 y 6.7.1, inciso a) de la Ley 2148-, creando así un riesgo no permitido.Finalmente, sin perjuicio de que (…) comprendió cabalmente la imputación y pudo ejercer de manera eficaz su defensa (…), a fin de evitar futuros planteos sería conveniente ajustar la intimación, haciéndole saber cuál es, puntualmente, la infracción al deber de cuidado que se recrimina.(…) Lo argumentado respecto a que la aseguradora o el empleador afrontarán el eventual reclamo de las víctimas carece de entidad. Es que sin perjuicio de que se pueda accionar contra el tercero civilmente demandado, éste en caso de ser condenado podrá luego repetir contra el autor, atento a principios generales en materia de solidaridad en las obligaciones (1). En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: I.- CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso; (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Silva). c. 30.729/14, FERNANDEZ, Damián Ezequiel s/procesamiento y embargo. Rta.: 18/04/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 790028349/12, "Karakouz, Pablo Alejandro", rta.: 25/6/13. HOMICIDIO. En riña. Procesamiento. Figura legal que requiere la imposibilidad material de determinar quién de los intervinientes en el acometimiento tumultuoso resultó ser autor de la lesión que desencadenó la muerte del damnificado. Caso en el cual varios testigos señalaron a una persona que portaba un arma blanca y que no pudo ser individualizada. Fallecimiento sucedido por herida de arma blanca. Deficiente investigación. Resolución que no es una derivación razonada de los hechos. Nulidad. Fallo. "(...) concesión de los recursos de apelación interpuestos por la defensa de M. C. L. y N. R. L., la defensa de A. S. M. M. y H. G. F. M., la defensa de S. A. C. y el Sr. defensor oficial a cargo de la Defensoría

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Nro. 7, por la asistencia de F. G., contra el punto I del auto de (fs. ...) mediante el que se procesó a los nombrados en orden al delito de homicidio en riña. (...). (...). Luego de oír el debate producido en la audiencia y de examinar las constancias escritas de la causa, entendemos que la resolución en crisis no es el producto de una derivación razonada de los hechos y las pruebas incorporadas a la investigación, conforme el derecho vigente, por lo que corresponde que sea anulada. No podemos dejar de señalar que en nuestra anterior intervención hemos manifestado que la figura que el magistrado de la anterior instancia insiste en aplicar al caso, posee como elemento diferenciador la imposibilidad material de determinar quién de los intervinientes en el acometimiento tumultuoso resulta ser autor de la lesión que desencadenó la muerte de M. S. En el sub exámine esa circunstancia no se observa, pues más allá de las contradicciones que menciona el juez a quo, lo cierto es que varios de los testigos señalaron la existencia de un sujeto que portaba dos cuchillos o elementos punzocortantes en el marco de la riña, lo cual también es destacado en la resolución en crisis. A ello basta agregar que, conforme el dictamen del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, la muerte de M. A. S. fue producida por una herida penetrante en cuello (cfr. fs. ...), lo cual descarta otras vías de hecho violentas como causa de la muerte del damnificado, que a todas luces impide la aplicación de la figura prevista en el art. 95 del código sustantivo sin violentar las reglas en materia de concurso de personas en el delito. En efecto, el tipo penal en cuestión de ningún modo puede ser utilizado para suplir una deficiente investigación, tal como lo señalamos en nuestra anterior intervención, cuestión en la que parece no haberse reparado. Asimismo, el juez a quo sostuvo: "La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al expedirse sobre la constitucionalidad de este tipo penal falló en el sentido de que 'que si esto fuera efectivamente así, es decir, si el art. 95 del Código Penal supliera la falta de prueba acerca de quién fue el autor del hecho por medio de la atribución de responsabilidad a todos los intervinientes de la riña, nos encontraríamos frente a una regla que lesionaría la presunción de inocencia'" (textual), pero igualmente aplicó esa figura en los propios términos que la Corte fulmina de responsabilidad objetiva; máxime cuando no sólo estaría acreditado que el resultado se debió exclusivamente a la conducta de un sujeto, sino que ello surge de la propia resolución cuestionada. Por ello, y tal como se adelantara, atendiendo además a los fundamentos de la resolución de (fs. ...), lo resuelto por la anterior instancia no es una derivación razonada del derecho vigente, ya que no fue el producto de una valoración de las pruebas acuñadas a la causa ni conforme la normativa aplicable, por lo que corresponde declarar la nulidad del punto I del auto de (fs. ...) y de todo lo obrado en consecuencia. En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD del punto I del auto de (fs. ...) y de todo lo obrado en consecuencia (arts. 123 y 168 del Código Procesal Penal de la Nación). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 78846/14, CIBERT, Santiago Andrés y otros s/ procesamiento. Rta.: 05/04/2017 HOMICIDIO. Culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor que superaba en más de 30 kilómetros/hora la velocidad máxima permitida en la zona. Procesamiento. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal. Velocidad que no ha sido objetivamente acreditada por ningún estudio, lo que de momento, impide agravar la conducta. Necesidad de profundizar la investigación al respecto. Confirmación. Modificación de la calificación por homicidio culposo producido por la conducción de un vehículo con motor. Fallo: "(…) recurso interpuesto por la defensa de (…), contra los puntos 1 y 2 del auto de fs. (…) por los que se dispuso su procesamiento como autor del delito de homicidio culposo agravado por la conducción de un vehículo automotor que superaba en más de 30 kilómetros/hora la velocidad máxima permitida en la zona (artículos 45 y 84 bis, segundo párrafo, del Código Penal) y trabó un embargo sobre sus bienes por $ (…) (artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación). II.- El (…), personal policial fue desplazado a la avenida (…). A su arribo, observó en los tres carriles del lado izquierdo restos de carrocería y partes mecánicas de un rodado (…), de color gris plomo. Próximo a éste, un (…), gris plata, con daños en su sector frontal. Sobre el asfalto, al lado del guarda-rail izquierdo el cuerpo sin vida de quien fuera identificado como (…). Se determinó que (…) conducía el primero de los automóviles y (…) el restante. A ambos se les realizó el test de alcoholemia, que dio como resultado (…), respectivamente. De los informes de fs. (…) surge que la víctima presentaba (…), por lo que su muerte se produjo por politraumatismos y hemorragia interna. El peritaje confeccionado por la División Ingeniería Vial agregado a fs. (…) constató que el vehículo del imputado cuya situación procesal se trajo a estudio, tenía vestigios de contacto en el sector delantero, con deformaciones permanentes, roturas y desplazamientos de reciente data, compatibles con roce contra elementos de características duras. El restante automotor involucrado se hallaba seccionado en tres partes dispersas a lo largo de la calzada. En el pavimento se determinó la existencia de una huella de neumático perteneciente al Honda, con características de derrape en forma semicircular y sentido contrario a las agujas del reloj, de una extensión de 59 metros que finalizaba en la valla de contención central izquierda. Sobre ésta se detectaron abrasiones a lo largo de 10 metros, luego de lo cual se ubicaba el cuerpo de (…).

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En función de esos datos el especialista concluyó que ese vehículo circulaba por la avenida (…) y, a la altura aproximada del km. 10, inició el derrape en sentido contra horario, desplazándose hasta contactar su vértice delantero derecho contra el guarda-rail izquierdo de la vía de circulación. Como consecuencia se produjo el seccionamiento del vehículo y la dispersión de sus partes. Los daños del Volkswagen habrían sido producidos por el contacto contra alguna pieza desprendida del Honda. Si bien no se cuenta con la versión del hecho que podrían haber aportado los imputados, dado que ambos se ampararon en su derecho a negarse a declarar (…), de la de (…) incorporada a fs. (…), surgen elementos que permiten reconstruir lo ocurrido. (…) La prueba de cargo, ponderada de acuerdo a la sana crítica (artículo 241 del Código Procesal Penal), acredita con la provisoriedad que caracteriza a esta etapa el incumplimiento por parte de (…) de los deberes a su cargo, esto es circular con cuidado y prevención conservando el dominio efectivo del vehículo (cfr. artículo 39 inciso b) de la Ley 24.449 y 5.2.1 de la 2418), lo que determinó la colisión a raíz de la cual perdió la vida (…). El peritaje no aludió a un posible contacto entre los rodados de los indagados atribuible a alguno de ellos, pero concluyó que los daños verificados en el que conducía (…) fueron producto del roce de alguna pieza desprendida del de (…). Ello sin embargo no enerva que la testigo afirmó haber divisado cómo el primero realizó un movimiento brusco, desplazándose hacia el carril que ocupaba el Honda "Civic", a raíz de lo cual perdió el control e impactó contra la valla de contención central. Es que aún cuando efectivamente no hubiera existido fricción entre ambos como sostuvo el especialista, la intempestiva maniobra alteró el desplazamiento del Honda y contribuyó a la colisión y su fatal resultado, lo que justifica convalidar la decisión atacada. Sostiene la doctrina que "…La fórmula hipotética más extendida en la imputación objetiva del resultado incorpora la hipótesis de qué hubiera sucedido si el autor se hubiese comportado correctamente comportamiento alternativo conforme a derecho-. En este sentido, se dice que el resultado no resulta imputable cuando éste se hubiera producido con certeza rayana a la seguridad, aunque el sujeto se comportara correctamente…" (1), lo que no ocurre en el caso en estudio. Disentimos con la aplicación al caso de la agravante prevista en el segundo párrafo del artículo 84 bis del Código Penal. Es que más allá de la apreciación de (…), que admitiendo que ella misma conducía en exceso al límite de velocidad permitido en el lugar donde ocurrió el siniestro, calculó en función de su experiencia, que el imputado lo hacía a más de 130 km./h., lo cierto es que ello no ha sido objetivamente acreditado por ningún tipo de estudio, lo que de momento, impide encuadrar la conducta reprochada en la hipótesis calificada que contempla la norma. En ese sentido, se estima necesario profundizar la investigación para poder esclarecer ese extremo mediante el pertinente peritaje o, eventualmente, como lo señalara la Sra. Juez de grado, localizando al conductor que se habría comunicado al 911, para que aporte su versión del suceso. Esta decisión se hará extensiva al coimputado (…) por aplicación del artículo 441 del código de rito. (…) el Tribunal RESUELVE: I.- CONFIRMAR el punto 1 del auto de fs. (…) en cuanto dispuso el procesamiento de (…), modificando la calificación legal asignada a la conducta atribuida por la de homicidio culposo producido por la conducción de un vehículo con motor (artículo 84 bis del Código Penal), lo que se hará extensivo a (…) (artículo 441 del Código Procesal Penal de la Nación); II.- CONFIRMAR el punto 2 (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Carande). c. 16.090/17, ILIO, Leonardo Daniel s/ Procesamiento. Rta.: 01/06/2017 Se citó: (1) Cancio Melía, Manuel, "Líneas Básicas de la Teoría de la Imputación Objetiva", Ediciones Jurídicas, Cuyo, Mendoza, pág. 134 y sig. IMPEDIMENTO DE CONTACTO. Denuncia formulada por el padre de la menor quien hace meses perdió contacto con su hija debido a que su progenitora se mudó a la ciudad de Ushuaia, circunstancia de la que tomó conocimiento a través de un mensaje de texto. Magistrado que ordenó la audiencia de contacto que prevé el art. 3 de la Ley 24.270 con la concurrencia de todas las partes. Defensor de Menores e Incapaces que se opone a su realización. Existencia ante el fuero civil de actuaciones en las cuales se ha judicializado el conflicto. Audiencia que corresponde que sea llevada a cabo ante el fuero especializado. Revocación. Fallo. "(...) Debe intervenir el tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por el Dr. José Atilio Álvarez, Defensor de Menores e Incapaces, en representación de la niña R. B. V., contra el auto de (fs. ...) que fijó la audiencia de contacto prevista en el art. 3 de la ley 24.270. (...). Se inician las presentes actuaciones con la denuncia formulada por E. J. F. V. debido a que desde el 21 de septiembre pasado perdió contacto con su hija R. B. V., de 4 años de edad, debido al impedimento de su progenitora, M. A. G., quien se mudó a la ciudad de U., provincia de T. d. F., de lo que tomó conocimiento el 17 de octubre a través de un mensaje de texto. Así, a raíz de la orden dispuesta por el juzgado interviniente con los datos aportados por el denunciante, se determinó que ambas se domiciliarían en la calle H. d. M. XX de aquella ciudad, y se ordenó la realización de un informe por parte de los profesionales del Cuerpo Médico Forense (fs. ...). Por ello, la Sra. juez de grado dispuso se celebre la audiencia de contacto que prevé el art. 3 de la ley 24.270 a la que debían concurrir el denunciante y la imputada, acompañada de su hija. Notificado su 150

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional representante legal, en pos de reafirmar el interés superior del niño, interpuso recurso de reposición con apelación en subsidio al considerar que son los adultos quienes deben asistir a la audiencia. Llegado el momento de resolver, consideramos que la decisión debe ser revocada. Conforme surge de autos, tramita ante el Juzgado Nacional en lo Civil n° 92 el expediente XX/16 iniciado por la aquí imputada en contra del denunciante por violencia familiar; y el n° XX/16 en el que resulta actor V. a los efectos de la fijación de alimentos en favor de su hija. En el primero de ellos se dictó una medida cautelar de prohibición de acercamiento el 1° de septiembre pasado por 90 días, en tanto no se dispuso orden de restricción ambulatoria respecto de la imputada, quien el 18 de octubre informó su traslado a aquella ciudad, aunque no dio a conocer su domicilio real. Asimismo, en la audiencia el Dr. Atilio Álvarez informó que el pasado 14 de febrero el padre inició un expediente de medidas precautorias el cual fue remitido para su dictamen a los efectos de la recomposición del vínculo. De este modo, como lo expresara el representante de la niña, el conflicto suscitado entre los adultos ya se encuentra judicializado, en el caso, en ambos fueros, lo que reabre la discusión en torno a si el ámbito penal es el adecuado para brindar soluciones en cuestiones de familia. "Así como el existe un derecho penal mínimo, también en esta misma línea se podría aseverar con varios argumentos, que no es el campo jurídico más represivo el más adecuado para resolver problemáticas generadas en el ámbito familiar. (...)". No nos referimos a la tipicidad, o no, de la conducta dado que no es motivo de discusión en este momento sino, precisamente, a si la audiencia de contacto que dispone la norma penal a los efectos de restablecer el contacto y determinar un régimen de visitas debe ser materia de discusión en este expediente o, por el contrario, que ello sea resuelto por ante el juez civil especializado en asuntos de familia, al que las partes ya acudieron. La respuesta negativa se impone. En efecto, el actual Código Civil y Comercial de la Nación, prevé en su art. 706 que en los procesos de familia deben regir los principios de tutela judicial efectiva, inmediación, buena fe y lealtad procesal, oficiosidad, oralidad y acceso limitado al expediente. Reitera en el art. 709 que es el juez el encargado del impulso procesal con facultades para ordena prueba oficiosamente. El sistema de "coparentalidad" incorporado en el nuevo ordenamiento a partir del art. 638 que establece que la participación en la formación y desarrollo de los hijos atañe a ambos progenitores por igual, permite al juez que interviene, por el principio de oficiosidad indicado que, en caso de conflicto, adopte las medidas que sean necesarias para el interés superior del niño. Ello, en consonancia con lo dispuesto en el art. 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño respecto del derecho de los niños cuyos padres estén separados a mantener relaciones personales y de contacto con ambos, salvo si ello es contrario a su interés. Así las cosas, concluimos que, ante un conflicto familiar ya judicializado ante el fuero de familia, toda decisión vinculada a la forma en que debe restablecerse el contacto de los niños con el progenitor no conviviente debe ser materia de debate ante el juez especializado -al que, por lo demás, ya recurrió la parte para este tema-, ámbito en el que además los derechos de las partes se encuentran salvaguardados a través de los principios procesales expresamente indicados en el art. 706, CCyCN. Por ello, y sin perjuicio de que el recurrente sólo cuestiona la participación de su representada en la audiencia de contacto, entendemos que tampoco aparece viable que sea realizada con los mayores pues, de lo contrario, el juez correccional debería expedirse sobre un asunto que, en paralelo, está siendo abordado por la justicia de familia; y reservar esta facultad jurisdiccional en casos en los que no se haya recurrido al fuero civil. Por lo expuesto, el tribunal resuelve: REVOCAR el auto de (fs. ...) en cuanto fue materia de recurso (art. 455, CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Peluffo). c. 62314/16, G., M. A. s/Audiencia de contacto. Rta.: 21/02/2017 IMPEDIMENTO DE CONTACTO. Sobreseimiento. Madre de una menor de edad que habría impedido el contacto con el padre. Imputada que habría denunciado al querellante por abuso sexual. Causa que se encuentra trámite. Caso en el que no esta acreditado que hubo intención de obstruir la vinculación sino de proteger a la menor. Proceso de revinculación en sede civil que se encuentra en marcha. Atipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) La querella recurrió la decisión documentada a fs. (…), por la que se decretó el sobreseimiento de M. P. S. El recurrente, G. N. S., sostuvo que la nombrada S. le impide mantener contacto con su hija menor de edad M. M. S., desde el 29 de marzo de 2012, ocasión en la que aquélla lo denunció por un supuesto abuso sexual en perjuicio de la niña, hecho que fue investigado en la causa n° X, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° X (…). Si bien no se encuentra controvertido que S. no mantuvo contacto con su hija, se advierte que el sobreseimiento dictado en la causa aludida el pasado 30 de agosto de 2016, que fuera confirmado por la Sala VI de ésta cámara el 31 de octubre de ese mismo año (…), no se halla firme pues, según surge del sistema informático "Lex-100", se encuentra pendiente de resolución el recurso de queja por casación denegada, que fuera interpuesto contra dicha resolución (…). En ese marco, puede inferirse que el accionar reprochado habría estado guiado por el propósito de proteger a la niña y no el de impedir arbitrariamente su contacto con el querellante. Por otra parte, según se expuso en la audiencia oral, en el fuero civil se ha ordenado la revinculación entre el padre y la niña, bajo la modalidad asistida, y se están cumpliendo los pasos necesarios para su ejecución -ya se efectuó el depósito del anticipo de gastos para la licenciada que se ocupará de la labor, quien aceptó el cargo en febrero del corriente año-. 151

Tales extremos persuaden acerca de que la conducta atribuida, en el particular caso del sub examine, no puede ser encuadrada en el artículo 1° de la Ley 24.270, pues como el impedimento de contacto es un delito doloso y no se encuentra acreditado que la causante hubiera actuado con el fin de obstruir de manera ilegítima la vinculación de la menor con el querellante -en la medida en que existía una causa penal en trámite y actualmente, está en marcha el proceso de revinculación en sede civil-, debe concluirse en la atipicidad del hecho (1). Así, puesto que se comparten los argumentos formulados por el señor juez de la instancia anterior, en torno de la existencia de un conflicto familiar que, en miras de resguardar el interés superior de la niña, merece ser canalizado en el marco de las actuaciones civiles correspondientes, conforme al régimen de comunicación allí establecido (…), habrá de confirmarse la resolución apelada. En torno a las costas de alzada, considera el Tribunal que deben ser soportadas en el orden causado, ya que hubo razones plausibles para litigar, siempre que hubo de ordenarse la declaración indagatoria de la imputada, aunque aquella finalmente no se concretó (…). En consecuencia, esta Sala RESUELVE: CONFIRMAR la resolución extendida a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 26.827/16, S., M. P. s/ Sobreseimiento. Rta.: 06/04/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 630012708/11, "C., N. D.", rta.: 25/06/2014. IMPEDIMIENTO DE CONTACTO. Sobreseimiento. Atipicidad. Imputada que no ha impedido el contacto. Denunciante que plantea objeciones sobre el lugar de residencia y situaciones respecto de los menores que corresponden que sean ventiladas ante el fuero civil. Confirmación. Fallo: "(…) M. del H. C. habría viajado junto a los hijos que tiene con E. A.A., en el mes de diciembre de 2016 a la ciudad de C. para vacacionar, por cuanto tendría familiares en dicha localidad salteña. Ese traslado tuvo lugar en conocimiento del denunciante, quien poco después, en enero de 2017, se unió al resto de la familia, conviviendo con la imputada y los menores hasta el momento de su regreso. En esa ocasión, C. le manifestó que había decidido quedarse allí y que quería comenzar con sus estudios, quedando con ella los infantes. Asimismo, surge de (fs. …) que la nombrada se encontraría viviendo con una nueva pareja junto a sus hijos. Como se advierte de esta breve reseña, el conflicto familiar suscitado no se vincula con una obstrucción del contacto paterno-filial que pueda dar lugar al delito previsto en el artículo 2° de la Ley 24.270, pues la norma exige que la conducta de mudar el domicilio responda a la específica finalidad de impedir el contacto de los menores con el padre no conviviente (1), lo que luce ausente en este caso. Al respecto, debe ponerse de resalto que el denunciante dijo mantener comunicación telefónica con C., mas no con sus hijos por ser muy pequeños y, debido a la distancia, le es imposible verlos (ver fs. …), pero nunca mencionó que su ex pareja se hubiera negado a que los contactara, lo que refuerza la atipicidad del accionar reprochado. Las objeciones que planteara en su declaración testimonial de (fs. …) respecto al lugar de residencia de los menores, acerca de quién queda a su cuidado cuando la madre se ausenta del hogar y demás cuestiones relativas al ejercicio de la responsabilidad parental, así como también la revinculación reclamada por el Sr. fiscal general y el representante de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores, deben encauzarse a través de la justicia especializada ya que nada reclama la competencia de un juez penal en este asunto. En este sentido, asiste razón al magistrado a quo en cuanto propicia la intervención del fuero civil de familia, que luce como el más apropiado para brindar solución a la problemática familiar instalada y garantizar los derechos de los menores (artículos 9, inciso 3°, y 12, inciso 2°, de la Convención sobre los Derechos del Niño), pues no se verifica ninguna de las acciones típicas contempladas en la Ley 24.270. Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de (fs. …). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 9.520/17, C., M. del H. s/ sob. Rta.: 15/06/2017 Se citó: (1) D'Alessio, Andrés José (dir.) - Divito, Mauro A. (coord.), "Código Penal de la Nación. Comentado y anotado", 2a. edición actualizada y ampliada, tomo III, Editorial La Ley, 2013, pág. 1232. IMPUTABILIDAD. Sobreseimiento. Fiscal que apela. Circunstancias que rodearon el hecho que permiten sostener que el imputado comprendía la ilicitud de su conducta. Revocación. Procesamiento. Fallo: “(…) apelación interpuesta por el Fiscal (…), contra el punto I del auto de fs. (…) que sobreseyó a (…). II. (…) explicó que el (…), mientras caminaba en la Avenida (…) de esta ciudad, el imputado utilizando un arma de fuego le refirió “dame el arma, dame el arma” y cuando contestó que no poseía ninguna y observó que se aglomeraban transeúntes la gorra marca “nike” de color negro que llevaba el damnificado y se dio a la fuga, perdiéndolo de vista. 152

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Media hora más tarde volvió al sitio y lo reconoció cuando estaba detenido por personal policial y rodeado por mucha gente. Se secuestró en su poder el bien de su propiedad (…). III.- Los argumentos vertidos por el recurrente tendrán acogida favorable en tanto las pruebas acreditan, al menos en esta etapa, la materialidad del hecho, la intervención de (…) y la tipicidad de la conducta. Los informes médicos aseguran que al cometerlo pudo comprender su criminalidad y dirigir su conducta. La Sala en su anterior conformación ha sostenido que: “A efectos de determinar la capacidad de culpabilidad de una persona, en los términos del art. 34, inc. 1 del Código Penal, no interesa tanto el diagnóstico médico dentro del catálogo de enfermedades mentales, sino el aporte de las cualidades psíquicas del individuo, para que conjuntamente con el resto de las pruebas, los jueces puedan establecer si el sujeto, en el momento de ocurrido el suceso, tenía una perturbación en su conciencia, que le haya impedido comprender y dirigir sus acciones” (1) y aún cuando la Sra. Jueza decidió exculparlo sobre la base del artículo 336 inciso 3° del ceremonial (atipicidad de la conducta), de sus argumentos se infiere que consideró al imputado inimputable. Por lo tanto, para establecer si (…) -como destinatario de la norma- tuvo capacidad para entender la ilicitud del acto, deben analizarse los dictámenes médicos junto a las restantes constancias de la causa que revelan el contexto en que se desarrolló su conducta. Del informe de fs. (…) surge que, al momento de ser evaluado (cinco horas después), “se encontraba parcialmente lúcido, orientado en tiempo y espacio, discretamente coherente, se desplaza deambulando por sus propios medios, aunque en forma discretamente errática, compatible con el eventual consumo de drogas”. Esta posible disminución cognitiva y volitiva no fue compartida por el Cuerpo Médico Forense pues concluyó que “(…) sus facultades mentales se encuentran conservadas [y tras analizar] las constancias obrantes en autos teniendo especial consideración por los hechos del 24/12/15, no se han detectado elementos psicopatológicos, en aquel entonces, por lo tanto es verosímil que haya poseído capacidad psíquica para comprender su accionar en el hecho investigado” (…). Se suma la actitud asumida por (…) pues cuando notó que se acercaba gente, rápidamente arrebató la gorra de (…) y huyó velozmente, logrando que su propietario lo perdiera de vista. Lo expuesto demuestra, en principio, control, dominio y comprensión de sus acciones, inconciliable con el cuadro atendido por la instancia anterior. No se desconoce que el Oficial (…) refirió que el imputado, al momento de la detención, poseía “signos gestuales y motrices característicos de una persona adicta a los estupefacienes, encontrándose con los párpados caídos, con contestaciones poco racionales y somnolientas” (…) pero ello es insuficiente, frente a lo analizado, pues no se puede sostener de manera inequívoca su estado de inconsciencia. Máxime cuando del descargo de (…) se vislumbra una memoria selectiva, ya que si bien alegó no recordar nada producto de la ingesta de pasta base y pastillas, sorpresivamente describió pormenores de como lo detuvieron. Paralelamente no puede dejar de ponderarse que el consumo, según dijo, habría sido tres horas antes del hecho y si bien se detectaron en su orina rastros de metabolitos de cocaína, no se indicó su porcentaje (…). Lo expuesto demuestra que actuó en forma libre al cometer el evento del (…), por lo que verificados los extremos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde revocar el auto recurrido y decretar su procesamiento. IV. De la calificación La conducta desplegada encuentra adecuación típica en el delito de robo con armas cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada (artículo 166, inciso 2°, tercer párrafo del Código Penal). Ello pues el imputado se apoderó de una cosa ajena y es suficiente para la aplicación de la agravante que el damnificado haya asegurado la utilización del arma no secuestrada. V. De la libertad Por no darse en el caso los recaudos previstos en el artículo 312 del catálogo instrumental debe mantenerse la libertad de (…). VI. Del embargo (…). VII.- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el auto de fs. (…) y DICTAR EL PROCESAMIENTO, sin prisión preventiva, de (…), en orden al delito de robo con armas cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada (artículo 166, inciso 2°, tercer párrafo, del Código Penal de la Nación); II. TRABAR EMBARGO (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Prosec. Cám.: Silva). c. 75.951/15, HERRERA, Alan Ezequiel s/sobreseimiento. Rta.: 23/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 65999/2016, “Rodríguez Velázquez, Enzo Gabriel”, rta.: 15/12/2016. IMPUTABILIDAD. Sobreseimiento. Fiscal que recurre. Informes que no descartan que el imputado haya comprendido la criminalidad del acto y la capacidad de dirigir sus acciones. Proceder que demuestra conocimiento del disvalor de la acción. Suministro correcto de datos personales. Elementos de prueba suficientes para agravar su situación procesal. Revocación. Procesamiento por robo agravado en lugar poblado y en banda. Disidencia: Informes médicos evaluados en conjunto y a la luz del accionar del imputado que permiten sostener que el imputado no comprendió la criminalidad de su accionar. Confirmación. 153

Fallo: "(…) El juez Ricardo Matías Pinto dijo: Los agravios vertidos por la parte recurrente en la audiencia no resultan suficientes para desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida, que se exhiben ajustados a derecho y a los elementos que conforman la encuesta. Si bien la Dra. Portnoy en su primer informe -fs. (…)- sostuvo que es "verosímil que el causante [S.] haya poseído la autonomía psíquica suficiente como para comprender y/o dirigir su accionar en los hechos descriptos en autos", lo que ratificó en su segunda presentación -fs.(…)-, debe destacarse que también dictaminó que "presenta un trastorno de la personalidad con retraso mental leve en comorbilidad con poliabuso tóxico de larga data". Además, hizo énfasis en que la determinación del estado mental de un sujeto en tiempo pretérito es uno de los casos más complejos de la psiquiatría forense y se sustenta en probabilidades. Por otra parte, pondero los informes realizados por diferentes galenos en anteriores oportunidades (fs…), en los cuales consta que el imputado posee un retraso mental moderado de carácter estructural y que es poliadicto. A ello se suma que una junta médica determinó que este retraso mental es permanente e irreversible (fs…), todo lo cual ha llevado a concluir en anteriores procesos que el encausado no podía comprender ni dirigir sus acciones. A su vez, en relación al episodio aquí investigado, los peritos propuestos por la D.G.N. sostuvieron que "el examinado posee un retraso mental, que presenta alteraciones en la valoración de sus conductas, debido no sólo a los trastornos en su esfera intelectual sino también trastornos en su esfera afectiva, la cual es inmadura, lábil y vulnerable teniendo en cuenta el cuadro de policonsumo de larga data (desde los 13 años) y su historia de vida…", tras lo cual concluyeron que "existen elementos para determinar que el Sr. Sosa no ha tenido capacidad para dirigir o comprender sus actos o dirigir su accionar" y su situación "puede ser encuadrad[a] dentro de insuficiencia de sus facultades mentales" (fs…). De esta manera, en función de las consideraciones médicas apuntadas, entiendo que el dictamen elaborado en autos por la Dra. Portnoy no puede ser evaluado en solitario sino junto a los anteriores dictámenes del C.M.F -de los que se extrae que el imputado es un alienado mental, que padece un retraso mental, ver (fs…)- y lo dictaminado por los peritos de la D.G.N (fs…). Esa evaluación, a la luz de las circunstancias fácticas que aquí se ventilan, me persuade acerca de que el comportamiento desarrollado por el imputado en la ocasión no permite afirmar que comprendió la criminalidad de su accionar y se desenvolvió en consecuencia. Nótese, en este aspecto, que tras desapoderar a la víctima de sus pertenencias permaneció en el lugar (dentro del parque), producto de lo cual fue rápidamente aprehendido, de manera que a la luz de las características del desapoderamiento reprochado se verifica una situación que conduce a considerar que no poseía la capacidad judicativa para comprender lo ilícito de su accionar. Por lo expuesto, entiendo que corresponde convalidar el temperamento adoptado. Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Lo mantenido por la Dra. Portnoy en sus informes de (fs…), aún cuando no coincida con lo sostenido por el resto de los peritos permite, al menos en esta instancia, avanzar hacia la siguiente etapa del proceso. Es que no puede, de la situación de S. -no discutida, por cierto-concluirse que no haya podido comprender la criminalidad de sus actos al momento del hecho, por lo que entiendo, entonces, que corresponde atender a la queja del Ministerio Público Fiscal, revocar la resolución impugnada y dictar el procesamiento de S.D.S. En esta dirección, evalúo que conforme se desprende del acta de (fs…), S.D.S. fue legitimado pasivamente por el hecho ocurrido el 13 de septiembre de 2016, a las 0:00 hs aproximadamente, oportunidad en la que mientras se encontraba en compañía de dos personas, no identificadas, se habría apoderado ilegítimamente de una bicicleta, todo terreno, mountain bike, color negra, marca "VAIRO 3.8", un teléfono celular (marca Apple, modelo Iphone 5, abonado de la empresa Movistar n° XX), junto con sus auriculares y un cargador portátil, pertenecientes a F.C.F., en ocasión en que éste circulaba a bordo de su bicicleta por la bicisenda de la Av. Del Libertador de esta ciudad. Al formular su descargo el indagado negó el hecho reprochado y refirió que "… estaba bajando el colectivo como a las once y media de la noche… caminé y vi a dos pibes corriendo, un poquito lejos. Uno tenía un buzo rojo y el otro uno azul, no les vi la cara, los vi corriendo. Y me vuelvo otra vez para tomarme otra vez el colectivo y ahí escucho "ehh tírate al piso" y el policía estaba lejos, yo si quería corría y me tiré al piso. Yo nomás me había tomado el colectivo y estaba caminando" (fs…). Sin perjuicio de la explicación brindada por el imputado, entiendo que las constancias escritas de la causa resultan suficientes para acreditar tanto la materialidad del hecho como su participación en él. En este sentido, pondero el testimonio del damnificado F.C.F., quien refirió que mientras circulaba a bordo de su bicicleta por la ciclovía de Av. Del Libertador fue sorprendido por tres personas, una de ellas le sustrajo su bicicleta mediante un empujón que provocó que cayera al suelo dándose rápidamente a la fuga a bordo de aquélla, mientras que Sosa -junto con otro sujeto no individualizado- lo desapoderó de su celular, un cargador portátil y el cable del cargador del móvil, dándose a la fuga hacia el interior del parque allí emplazado. Explicó, que tras ello puso en conocimiento de lo sucedido a un cuidador del parque, quien dio aviso a la policía (fs…). Su relato halla corroboración en lo declarado por L.R.L. y M.A.R. -auxiliares del Parque Tres de Febrero de esta ciudad-, en tanto señalaron que al tomar conocimiento de lo sucedido recorrieron el lugar, momento en el cual la víctima visualizó al imputado y éste al notar su presencia comenzó a realizar ademanes de poseer un arma con el fin de amedrentarlos (cfr. fs…). Por otra parte, se agregaron al sumario los testimonios del preventor Matías Andrés, quien procedió a la detención del imputado y P.G., que halló el celular sustraído en las inmediaciones del parque, extremo que fue asentado en el acta de secuestro agregada a la encuesta (fs…).

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional El panorama reseñado, al que se añade la inmediatez verificada entre que sucedió el episodio y la detención de S., como el secuestro del celular previamente sustraído en las inmediaciones del lugar, se exhibe suficiente para alcanzar el grado de probabilidad que el art. 306 del CPPN demanda para su procedencia. En consecuencia, estimo que corresponde revocar el auto impugnado y decretar el procesamiento de S.D.S. por considerarlo prima facie coautor del delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda (artículos 45 y 167, inc. 2, del CP y 306 del CPPN). En cuanto a la calificación legal asignada, se destaca que del testimonio del damnificado se desprende que habrían sido tres personas las que intervinieron en el desapoderamiento, que estimo consumado habida cuenta de que, con independencia del celular, el resto de los objetos no lograron ser recuperados y el sujeto que habría sorprendido al damnificado en primer lugar, se dio a la fuga con la bicicleta sustraída. Con relación a las medidas cautelares que prevén los artículos 312 y 518 del CPPN, encomendaré al magistrado de origen que se expida al respecto. Así voto. El juez Mariano A. Scotto dijo: Luego de escuchar la grabación de la audiencia y tras haber deliberado con mis colegas, me encuentro en condiciones de opinar sobre el fondo del asunto. En este sentido, comparto los fundamentos expuestos por el juez Rodolfo Pociello Argerich, en tanto los informes de (fs…) no descartan que el imputado hubiere comprendido la criminalidad del acto y dirigir sus acciones. Incluso el informe de evaluación del PRISMA concluyó que no presentaba criterios de admisión para su tratamiento en ese dispositivo (fs…). A ello se suma que las características del hecho no demandan un esfuerzo singular, incluso ante la posibilidad de ser aprehendido hizo ademanes de tener un arma (fs…)lo que demuestra el conocimiento del disvalor de su acción; y también suministró correctamente sus datos personales (fs…). No obsta a ello el informe aportado por los peritos psicólogos de parte (fs…), pues en el mismo sólo se analizan los antecedentes psiquiátricos pasados, sin mención alguna de las circunstancias actuales que motivaron la detención. Por consiguiente, coincido con mi colega en cuanto a que debe revocarse el sobreseimiento dispuesto y, en virtud de lo solicitado por la Fiscalía a (fs…), al compartir la valoración de la prueba efectuada por el Dr. Pociello Argerich, decretar el procesamiento del imputado en orden al delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda, en calidad de coautor. Así voto. (…) el tribunal RESUELVE: 1) DECLARAR VÁLIDA la intervención de la Dra. Verónica Fernández de Cuevas en la audiencia celebrada en esta instancia.2) REVOCAR el auto de (fs…), en cuanto fue materia de recurso y DECRETAR EL PROCESAMIENTO de S.D.S., de las demás condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo prima facie coautor del delito de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda (artículos 45 y 167, inc. 2, del CP y 306 del CPPN). 3) DISPONER que el juez de grado se expida respecto de las medidas cautelares personales y reales (artículos 312 y 518 del CPPN)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto (en disidencia), Pociello Argerich, Scotto. (Prosec. Cám.: Daray). c. 54.338/16, SOSA, Sergio Daniel s/ Sobreseimiento. Rta.: 16/05/2017 IMPUTABILIDAD. Procesamiento por robo simple en grado de tentativa. Agravio: Imputada que no comprendió la criminalidad de sus actos ni podía dirigir sus acciones. Circunstancias que rodearon el hecho que permiten sostener que la imputada comprendía la ilicitud de su conducta. Rechazo. Confirmación. Fallo: "(…) II. La defensa circunscribió sus agravios a cuestionar la capacidad de culpabilidad de C.V., pues sostuvo que no se encuentra probado si, al momento de la detención, comprendía la criminalidad de sus actos ni si podía dirigir sus acciones. Finalmente, postuló que carecía de ella. Para analizar el planteo debe tenerse en cuenta que, en caso de puesta en duda la capacidad de culpabilidad del imputado, es el Estado el que tiene que probar que aquél podía actuar en forma libre y con comprensión de la ilicitud de sus actos (ver voto del Dr. Pinto en el precedente de la Sala VI, c/n° 46473/14, "Placereano, Oscar Darío", rta. 18/9/14). En el presente sumario, del informe médico de fs. (…) no surgen datos sobre su orientación en tiempo y espacio, su coordinación psicomotriz, ni si se advirtió la presencia de signos de intoxicación alguna. Por otra parte, se cuenta con el certificado del análisis de alcohol, donde consta que tenía 1,10 g/l, a las 10:59:39 del día del hecho, es decir, más de cuatro horas después. No obstante, de las declaraciones del J.L.R. -preventor-, M.E.P. y A.L.G. acerca del modo en que se habría desarrollado el hecho, se vislumbra que -en principio- C.V. se habría conducido con discernimiento de la situación y libre, circunstancias propias de aquéllos que dominan sus acciones. Tal es así que le habría arrebatado el celular a la víctima para luego darse a la fuga, oportunidad en que la testigo lo habría alcanzado y aquél le habría propinado dos golpes en la cara para intentar huir nuevamente hasta ser aprehendido por los tres -ver fs.(…). Si a ello se añade que brindó sin dificultad todos sus datos personales al ser detenido (fs…), se deduce a través de las reglas de la sana crítica racional que el imputado se hallaba en uso de sus facultades mentales y tenía capacidad de dirigir sus acciones al momento del hecho que se investiga. Asimismo, de una proyección del alcotest que arrojó que C.V. tenía 1,10 g/l más de cuatro horas después del suceso -fs. (…)-, no se advierte que podría haber tenido al momento del evento un grado de alcohol en sangre 155

que hubiere afectado su capacidad de culpabilidad de modo tal que no haya podido comprender la criminalidad del acto. Por ello, más allá de que el imputado hubiera tenido aliento etílico y de la ausencia de respuesta respecto del informe ordenado a fs. (…), no existen, de momento, elementos que permitan corroborar la hipótesis prevista en el artículo 34, inciso 1° del código sustantivo. Así las cosas, no luce pertinente ni necesario revocar el auto impugnado para esperar al informe médico dispuesto a fs. (…), en tanto las constancias expuestas dan cuenta que no tienen entidad para rebatir el cuadro probatorio, que corrobora, con probabilidad, la capacidad de culpabilidad. En este contexto, cabe destacar lo expuesto por Frías Caballero en su obra "Inimputabilidad Penal" (1), en el sentido de que para determinar la intensidad de un trastorno, además del índice de alcoholemia o intoxicación, son de suma importancia los testimonios y la sintomatología objetiva exhibida en el momento del hecho. No obstante, más allá de lo señalado, atento al nivel de alcohol en sangre, será en su caso, como se plantea, un supuesto de capacidad disminuida que deberá tenerse en consideración frente a una eventual sanción. En esta dirección, se ha señalado que "el límite entre la imputabilidad y la inimputabilidad está indicado por una valoración jurídica que exige cierta magnitud de esfuerzo y no más... Afirmar que el código argentino no reconoce la posible disminución de la imputabilidad implica asignarle a la expresión "no haya podido" del inciso 1° del art. 34 un carácter de imposibilidad total y absoluta... Por ello es totalmente falso negar grados de imputabilidad y, por consiguiente, de culpabilidad. Reconociendo esos grados, queda claro que debe aceptarse que hay sujetos que tienen capacidad psíquica de culpabilidad, pero que ésta se halla disminuida..." (2) "Debe quedar claro que la imputabilidad disminuida es un caso particular de menor culpabilidad o una regla para la cuantificación de la pena..." (3). Por último, no pasamos por alto que, el 19 de abril pasado, el juez ordenó la remisión de la causa al Cuerpo Médico Forense a fin de que informen si al momento del hecho C.V. se encontraba en condiciones de comprender y dirigir sus acciones. No obstante, el 21 del mismo mes y año se decretó su procesamiento sin hacer mención alguna al respecto ni que surja del expediente su efectivo envío oportunamente dispuesto previo a la elevación a Cámara efectuada el 2 de mayo pasado. En consecuencia, y sin perjuicio de la convalidación del temperamento incriminante adoptado, el juzgador deberá darle curso a la medida ordenada a fs.(…). (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Raña). c. 22.282/17, CORIA VILLAFAÑE, Mauro Raúl s/robo en tentativa. Procesamiento. Rta.: 07/06/2017 Se citó (1) Frías Caballero, Jorge, "Inimputabilidad Penal", Ediciones Ediar, Buenos Aires 1981; p.243/4. (2) Zaffaroni, Alagia y Slokar, "Derecho Penal Parte General", Ed. Ediar, Bs. As. 2000, pág. 707 citado por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 18, en la causa n° 3402 "Balverde, María del Carmen" del 4 de agosto de 2011. (3) Zaffaroni, Alagia y Slokar ob. cit., pág. 708. INCENDIO. Doloso en concurso real con coacción. Procesamiento. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal del imputado. Confirmación. Fallo: "(…) II. La decisión recurrida se encuentra ajustada a las constancias sumariales y a su análisis bajo las reglas de la sana crítica racional. La materialidad de los tres sucesos no cuestionada por la defensa se encuentra suficientemente acreditada. En el caso del hecho I, por la intervención policial en simultáneo con la acción de un foco igneo en el comercio sito en A. XXXX por parte del ayudante M.R., quien también verificó la existencia de una vidriera violentada y, así también, por el informe de la Superintendencia Federal de Bomberos, que calificó el hecho como intencional y explicó cómo se lo generó en concreto (fs…). A su vez, con relación a los hechos II y III, se cuenta con los dichos de las damnificadas E.A. y V.R.C.L. (fs…); y (Fs…, respectivamente) y con la captura y transcripción de los mensajes almacenados en los teléfonos celulares de ambas, cuyo tenor de índole amenazante surge del legajo de prueba que corre por cuerda. A ello se agrega el informe de la empresa "Telefónica", que dio cuenta de la pertenencia al imputado del celular desde el cual fueron enviados (fs…). Sin perjuicio de que él mismo se autoidentificó en uno de ellos bajo los siguientes términos: "soy yo M., V. despertá" (conforme surge de fs…, parte inferior), su emisión y su contenido literal no han sido negados por el encausado. En el caso de los hechos II y III, la defensa argumentó en pos de la atipicidad de la conducta que "…las conversaciones telefónicas mantenidas entre mi asistido y las denunciantes tuvieron lugar en un contexto de conflicto, que originaba discusiones, insultos y enojos, en modo alguno puede atribuirse a las supuestas frases carácter amenazante y menor aún darles entidad suficiente como para amedrentar y coartar la libre determinación". Sin embargo, varias circunstancias demuestran lo contario, es decir, que ambas damnificadas registraron como veraces y posibles los males futuros anunciados para el caso de que continuaran con los reclamos laborales iniciados y, en consecuencia, actuaron al sentir coartada su libre determinación. En ese sentido valoramos las específicas manifestaciones de temor expuestas por ambas, la búsqueda de auxilio evidenciada por las denuncias que radicaron en diferentes sedes y su activa colaboración para la acreditación de los 156

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hechos mediante el aporte de sus teléfonos celulares a la División Apoyo Tecnológico para que fueran peritados. En principio, la llamativa pluralidad de las amenazas y su persistente reiteración en el tiempo (entre 23 de diciembre de 2013 y el 21 de junio de 2014, y entre el 18 de octubre de 2013 y 27 de enero de 2014, a una y otra damnificada) revelan, en principio, que no se trató de un acceso de furia único y sorpresivo, sino de manifestaciones deliberadas de tono intimidatorio en aumento, en cuyo contexto se anunciaron alternativamente actos de venganza con armas, con fuego, denuncias administrativas para impedir la habilitación del comercio que las damnificadas estaban por inaugurar y, luego, para obstaculizar su funcionamiento. Todo ello desecha el argumento defensista de atipicidad. A su vez, este contexto torna razonable la atribución de responsabilidad que el juez le formuló al encausado por el delito de incendio (hecho I). Debe tenerse en cuenta que el negocio que las víctimas estaban acondicionando para poner en funcionamiento era del mismo rubro peluquería y se situaba a escasa distancia del que explotaba el imputado, a lo que se agrega que el acometimiento ígneo coincidió con uno de los lapsos agudos del conflicto que se había suscitado entre las partes por la cercanía de ambos negocios y por el reclamo laboral que una de ellas había formulado por presuntos saldos deudores de sueldos y aportes durante el término que trabajó para el imputado. A modo de ejemplo, antes del 2 de diciembre de 2013, éste venía diciéndoles, entre otras cosas: "Así que vas a abrir por idea de Aurora a la vuelta…jaja…flor se sotere resultaron eh… mirá fácil no te la vamos a hacer…" (1/11/2013); "…mirá les doy un mes para que retiren las demandas, si no atenete a la maldad de tus actos…ustedes me quiere cagar, yo peor, te avisé… (18/11/2013);"…sabé negra resentida que nada va a poder pararme cuando me vengue de ustedes...sabelo…? (19/11/2013; "…negras inmundas…sucias... se llenaron los bolsillos en el negocio y ahora me hacen juicio…que lindo es vengarse de negras como ustedes?? (20/11/2013);…Pero sabelo…" mi vieja tiene que a esta altura pasar por esto y yo te destrozo? (23/10/2013); "Mi vieja est? re mal, le pasa algo y te mato...hacé lo que quieras pero a vos te mato..." (23/10/2013); "…yo te juro que si seguís con esto terminar? preso pero te la doy y lo vas a merecer por inescrupulosa?? (22/10/2013). Por otra parte, tal como el juez lo resaltó, con posterioridad al incendio también les dirigió mensajes de similar contenido, afirmando en uno de ellos que ya había ejecutado un acto concreto: "…mirá, sé que están laburando bien…espero les alcance y de verdad me alegro…espero que siga todo así y no sigan con los juicios…ustedes tienen maldad y yo voy a ser peor…ya tuviste una muestra…ahora me rodea gente que esta secuestra y por la remisería, amigo de comisarios...no tengo más que decirte que hasta son capaces de cualquier cosa…espero no lleguemos a eso porque si pierdo un solo auto ahí van a arrepentirse toda la vida?(7/5/2014); el envío de links con "fotos de la muerte" (25/5/2014) y el envío de una imagen de un arma con la inscripción "me faltan cinco (balas) son para ty" (21/6/2014). En este marco, la vinculación sustancial que el juez estableció entre la frase "ya tuviste una muestra? y el incendio verificado a principios de diciembre de 2013 se presenta como acertada. Acorde a lo expuesto, los elementos reunidos resultan suficientes en la instancia para conformar lo resuelto en los términos del artículo 306 del CPPN. (…) el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs.(…), en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Herrera). c. 36.495/14, ANAGNOSTÓPULOS, Mariano s/ procesamiento. Rta.: 30/03/2017 INCENDIO. Culposo. Agravado por la muerte de personas. Procesamiento. Incendio en un geriátrico compuesto por 4 niveles y 29 residentes de edad avanzada y algunos con movilidad reducida que se encontraban a cargo de una sola persona. Violación a los deberes de cuidado por parte del administrador del establecimiento toda vez que, de haber previsto la presencia de más personas, se hubiera podido detectar de manera más temprana el siniestro. Confirmación. Fallo: "(...) recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de V. M. G., contra la resolución obrante a (fs. ...) por el cual se dictó el procesamiento a su pupilo en orden al delito de incendio culposo agravado por haberse generado la muerte de personas, a título de autor y se dispuso un embargo por la suma de $.5.500.000. Oído el debate, y confrontado que fuera con las actas escritas que tenemos a la vista, a la luz de la sana crítica racional, arribamos a la conclusión que la decisión en revisión debe ser homologada. Ello así por cuanto si bien la defensa expuso los deberes de cuidado que habría cumplido su asistido G. durante el desarrollo de la administración del Geriátrico denominado "S. M.", lo cierto que advertimos, tal como lo expuso el a quo en su decisión, una falla en su actuación que entendemos tuvo incidencia directa en el resultado lesivo constatado en autos. Sobre el particular, no está controvertida la mecánica del suceso relativa a cómo se habría iniciado el foco ígneo, dónde habría ocurrido y que no se pudo establecer quién o quiénes habrían intervenido en esa generación inicial. Tampoco lo está que C. R. era la única encargada del lugar, que se trata de un edificio compuesto por planta baja y tres pisos y que en el momento del hecho fueron asistidos 29 pacientes adultos (cfr. fs. ...), quienes estarían distribuidos en las habitaciones de los diferentes niveles. También se constató 157

que en el último -tercer piso- donde se inició el fuego estaban alojadas personas con movilidad reducida (cfr. testimonios de sus familiares a fs. ...). Sobre este cuadro situacional, la violación del deber objetivo de cuidado en cabeza de G. resulta razonablemente construida por el a quo, en tanto la existencia de una sola persona al cuidado de un geriátrico compuesto por cuatro niveles en los cuales había distribuido 29 residentes de edad avanzada y muchas de ellas con dificultad para autovalerse, elevó el riesgo por encima de lo permitido tornándolo jurídicamente relevante a punto tal de haber, a nuestro juicio, determinado el resultado lesivo. Pues más allá de la carga laboral que podría asignársele conforme a la cita realizada por el imputado en su descargo (Convenio Colectivo de Trabajo), lo cierto es que este acuerdo no está destinado a cubrir la fuente de peligro que implica tener al cuidado un edificio de las características ya detalladas, en el que las personas alojadas se encuentran distribuidas no solo en distintas habitaciones sino, también, en varios pisos, siendo que varias no podías valerse por sí mismas. Tal así, que durante el día serían más las personas destinadas a desarrollar dicha actividad. Sobre este punto, A. L. M., hijo de S. B. -una de las fallecidas-, afirmó que concurría diariamente a ver a su madre, y que durante el día en "general había dos empleados al cuidado de los ancianos y una cocinera y por las noches solo había una persona de guardia" (fs. ...). La deficiente provisión de personal nocturno queda en evidencia por lo manifestado por el Subinspector de la División Prevención de la Superintendencia Federal de Bomberos de la PFA que interviniera en el peritaje de (fs. ...) sostuvo que ninguna de las falencias detectadas -detalladas en su informe- hubiera evitado que el fuego se generase; aunque sí destaco que de haber contado con un sistema de alarmas centralizado de detectores automático de incendios, hubiera contribuido a detectar de forma más temprana el siniestro, dado que "la encargada del edificio, aun estando en la planta baja, hubiera oído la alarma en caso de presencia de fuego en el tercer piso, por la conexión entre todos los detectores." Si bien no fue ésta una obligación normativa a cargo del imputado, sí permite evidenciar que una sola persona es insuficiente para detectar cualquier situación que si bien imprevista es posible de representar -como la que ocurrió en autos-, porque claramente un solo individuo no puede controlar en tiempo oportuno todas las dependencias del lugar, máxime cuando están ocupadas con personas de edad avanzada con un estado de salud que les impedía movilizarse normalmente, a lo que se suma que se trataba del turno noche, cuando es esperable que los pacientes duerman, sin poder advertir y en consecuencia dar aviso en tiempo oportuno de un acontecer como el aquí analizado. La propia R. (ahora sobreseída) afirmó en su descargo (fs. ...) que la última vez que había estado en el tercer piso fue en la recorrida previa al siniestro realizada alrededor de las 22:00hs. Y agregó que estando en la planta baja, sintió un olor raro "y vio humo, por lo que subió las escaleras hasta el primer piso, (...)." De acuerdo a las actas escritas, la prevención fue derivada a ese lugar recién a las 00:10 horas del 18 de mayo de 2015. Es decir, cuando la mujer percibe el humo en la planta baja, ya en el tercer piso no podía acceder para procurar el auxilio, lo que es un claro indicio de que una sola persona no bastaba para neutralizar los peligros que podían presentarse. Esta inferencia se refuerza con los dichos del preventor Javier Alfredo Villafuerte, quien llegó en primer lugar al geriátrico. Indicó que desde una cuadra antes de arribar pudo observar las llamas de fuego que se asomaban de la ventana que da a la calle del tercer piso del edificio (cfr. fs. ...). Precisó que ingresó directamente y cuando pudo acceder al tercer nivel, el calor y el humo que encontró le impidió avanzar, por lo que tuvo que regresar al móvil y buscar una mascarilla con la que ingresó nuevamente pero solo hasta el hall distribuidor de ese nivel, dado que el siniestro le impedía trabajar más allá de ese sitio. La ley que regula el funcionamiento de los establecimientos residenciales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (nº 661/2001, y sus modificaciones), como el que nos ocupa, dispone que estos centros "en todos los casos deben garantizar las condiciones que preserven la seguridad, salubridad e higiene de los residentes…", extremo que fue desatendido por el imputado. Por ello, consideramos que se han reunido elementos suficientes para agravar la situación procesal de G. en los términos que se exponen en la resolución apelada, a fin de que el asunto avance hacia etapas ulteriores del proceso donde de arribar podrán ventilarse ampliamente las defensas desarrolladas por el recurrente. Finalmente, y en lo que hace al monto del embargo dispuesto, entendemos que más allá de que resulta plausible la posición del impugnante sobre la eventual indemnización por los fallecidos, omitió considerar los daños producidos a los lesionas; de este modo, tratándose de una medida cautelar provisoria podrá ser modificada eventualmente en la instancia definitiva del trámite. Por las raciones expuestas, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la decisión obrante a (fs. ...) en todo cuanto fuera materia de apelación, art. 455 del CPPN. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Canpos, Rimondi. (Sec.: Biuso). c. 34885/15, GUARAGLIA, Víctor Marcelo s/Procesamiento y embargo. Rta.: 05/05/2017 INCUMPLIMIENTO DE DEBERES PROCESALES. Procesamiento. Perito que pese a estar notificado por cédulas electrónicas, no presentó un informe pericial. Elementos que permiten sostener que no tuvo real conocimiento de la citación y, en consecuencia, no omitió deliberadamente cumplir con la orden. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) II. Los agravios traídos a consideración por la defensa merecen ser atendidos, razón por la cual corresponde revocar la resolución impugnada. No se encuentra discutido que N.E.B. fue sorteado como perito neonatólogo en el marco de la causa 358722013 que tramita por ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional N° 46 (fs….), que oportunamente acepto el cargo (fs…) y que se le cursaron dos cédulas electrónicas haciéndole saber que debía presentar su informe pericial antes del 31 de agosto de 2016 y que se lo convocaba para concurrir al tribunal el 1 de septiembre de 2016 respectivamente (fs…) Si bien es cierto que el imputado no presentó el informe pericial en el tiempo fijado, ni concurrió a la citación que se le cursara, lo determinante en el caso es que los elementos con los que

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional se cuentan resultan insuficientes para inferir que aquél actuó con la deliberada intención de incumplir con la orden judicial. En primer lugar, cabe destacar que si bien las cédulas electrónicas se emitieron correctamente, no existen elementos que permitan afirmar que B. efectivamente vio esas notificaciones. En este punto adquiere especial relevancia el informe de la C.S.J.N. obrante a fs. 45 en el que se destacó que el sistema no guarda registro de la visualización de los documentos disponibles. Por otro lado, no puede dejar de destacarse que entre el término que se fijo para la presentación de la pericia (31 de agosto de 2016) y se dispuso la extracción de los testimonio que dieron origen a estas actuaciones (8 de septiembre del mismo año) transcurrieron tan solo cinco días hábiles, lapso del que no puede inferirse de manera razonable una actitud reticente de parte del imputado respecto de la orden judicial (ver fs…). Frente a este escenario, no se obtuvieron datos objetivos que permitan desvirtuar el descargo del imputado, quien aseguró que nunca vio las notificaciones debido a la gran cantidad de cédulas electrónicas que recibe y a la inexperiencia que, para el momento de los hechos, tenía respecto del sistema pues era relativamente nuevo. En tal sentido se ha dicho que "el delito es doloso y el dolo requiere el conocimiento cierto y real (no ficto) de la citación, la calidad en que se es citado y la voluntad de no comparecer o de prestar declaración ante la autoridad" (1). Así, dado que en el caso no se ha demostrado el dolo típico que exige la figura que se le atribuye, en tanto no se logró acreditar que B. tuviera un real conocimiento de la citación que se le cursaba y en consecuencia, que haya omitido deliberadamente cumplir con la orden judicial, corresponde revocar el auto impugnado y disponer su sobreseimiento. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) y disponer el SOBRESEIMIENTO de N.E.B." C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: de la Bandera). c. 53.565/16, BELLINI, Norberto E. s/ procesamiento. Rta.: 06/06/2017 Se citó: (1) David Baigún, Eugenio Raúl Zaffaroni "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Tomo 10, página 146, editorial Hammurabi. INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO Por omisión. Procesamiento. Personal policial que al ausentarse brevemente de la custodia, incumplió su función de consigna, posibilitado que dos individuos armados se acercaran al lugar y efectuaran disparos que impactaron en una persona a la que le provocaron heridas de gravedad. Confirmación. Fallo: "(…) La imputación que se dirige a G. A. G. es avalada por los testimonios de la causa n° 24817/2016 caratulada "N.N. por extorsión" del registro del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 36 que obran a (fs. …), el informe de "Estados de Cuarto de la Comisaría 39ª" correspondiente al 30 de abril del 2016 glosado a (fs. …) y el registro de novedades de la misma seccional de idéntica fecha cuya copia luce a (fs. …). Las pruebas reseñadas corroboran que el 30 de abril de 2016, siendo aproximadamente las 20.45, el encartado habría incumplido su deber de custodiar el supermercado sito en la Avenida M. n° XX de esta ciudad, desatendiendo las órdenes impartidas por la jefatura de la Seccional 39ª en respuesta a la orden judicial que así lo disponía. Ello por cuanto, no obstante hallarse cumpliendo funciones de consigna en dicho comercio, habría abandonado la puerta de ingreso, posibilitado así que dos individuos armados, desplazándose a bordo de una motocicleta, subieran a la vereda, se acercaran a la entrada del local y efectuaran dos disparos hacia Z. P. S., uno de los cuales impactó en su cuello, provocándole heridas de gravedad. Para contextualizar el actuar policial resulta dirimente el testimonio de la Oficial Ayudante Natalia Fidela Alzogaray, quien precisó que al momento del hecho estaba conversando con el imputado en la esquina de las avenidas M. y L. -distante a unos 20 metros del negocio aludido- y como su compañero no se sentía bien (estaba engripado) le sugirió ir juntos a beber algo caliente a un kiosco situado en las cercanías (sobre M., cruzando L.), siendo que cuando se dirigían hacía allí escucharon detonaciones y gritos, por lo que regresaron al lugar del que provenían (cfr. fs. …). Lo expuesto, acredita que G. se alejó del objetivo asignado y de ese modo incumplió con los deberes a su cargo, no habiéndose acreditado que estuviera impedido de hacerlo con normalidad y diligencia. No puede soslayarse que la consigna policial tiene por finalidad la vigilancia exclusiva de un lugar determinado, que no puede abandonarse sin aviso previo a la autoridad (1). Sentado ello y en cuanto al embargo decretado, cabe señalar que la suma fijada en la anterior instancia no luce excesiva teniendo en consideración el hecho atribuido, las obligaciones civiles que éste puede generar, los honorarios profesionales del letrado defensor y la tasa de justicia correspondiente. Por las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto impugnado en todo en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 27.349/16, GEDDE, Germán Arturo s/ procesamiento. Rta.: 21/06/2017

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Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 42.684 "Tobares", rta. 15/11/2012, con cita de la Orden del Día Interna n° 122 de la Policía Federal que distingue dicha modalidad de otros tipos de vigilancia más laxa. INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.). Fiscal que apela la resolución que no hizo lugar al sobreseimiento solicitado y devolvió las actuaciones en el marco del art. 196 del C.P.P.N. señalando las diligencias que debían llevarse a cabo. Posibilidad de ocasionar gravamen irreparable. Resolución del magistrado que importó una indicación de cauce propio de investigación. Magistrado que debe reasumir la investigación. Revocatoria. Fallo: "(…) Convoca a la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal contra el auto pasado a fs. (…), en cuanto no se hizo lugar al sobreseimiento postulado por esa parte y se devolvieron las actuaciones acorde a la manda del artículo 196 del Código Procesal Penal. Pese a que los agravios formulados por el recurrente abarcan ambas cuestiones, únicamente lo concerniente a la delegación de las actuaciones puede ocasionar un gravamen irreparable a esa parte. Al respecto, según se extrae de la decisión apelada, el señor juez de grado entendió prematuro el sobreseimiento postulado por el fiscal respecto de J. M. M. M., lo que derivó en la devolución de las actuaciones a la Fiscalía, previo señalar qué diligencia debía ser llevada a cabo a fin de profundizar la pesquisa. Así, en la medida en que la solución arbitrada no se limitó a rechazar la solicitud formulada por el recurrente, sino que importó la indicación de un cauce propio de investigación para quien tenía confiada la dirección de la pesquisa, y como además en esta etapa del procedimiento el juez conserva la facultad de reasumir la encuesta, se impone que así lo haga -artículo 214 del código adjetivo-. En consecuencia, esta Sala RESUELVE: REVOCAR el auto documentado a fs. (…), segundo párrafo, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Scotto. (Sec.: Franco). c. 66.987/16, MONTEVERDE MEZA, Jetcenia Margaret s/ Robo. Rta.: 22/02/2017 INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.) Fiscal que recurre el auto por el cual el magistrado rechazó su pedido de que se llame a indagatoria al imputado y le devolvió las actuaciones. Magistrado que debe reasumir. Revocación. Fallo: "(…) apelación deducida por el titular de la acción pública (…) contra el auto de fs. (…) que no aceptó la convocatoria del imputado en los términos del artículo 294 del Código Procesal Penal y devolvió las actuaciones a la Fiscalía para que continúe con la instrucción, de conformidad a la delegación oportunamente dispuesta. II.- Del legajo surge que tras circunscribir el objeto procesal, reseñar la prueba colectada y requerir que (…) sea examinado por el Cuerpo Médico Forense para determinar su capacidad de culpabilidad al momento de los hechos (…), la representante del Ministerio Público entendió reunido el estado de sospecha que exige el ordenamiento ritual y solicitó su indagatoria (…). El magistrado entendió que ello era prematuro pues, previamente, correspondía concretarse la medida que oportunamente aquél había sugerido y devolvió las actuaciones para su producción, lo que motivó el planteo que ahora nos ocupa. III.- Hemos sostenido reiteradamente ante este tipo de contingencia, que corresponde que el magistrado de grado reasuma la investigación y actúe en consecuencia (1). Es que no estar de acuerdo con lo dictaminado constituye una afectación al principio de su autonomía consagrada en el art. 120 de la Constitución Nacional. Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) con el alcance que surge de la presente. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Rosciani). c. 53.103/16, HERVE ZANNINOVICH, Cristian s/medidas. Rta.: 08/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 10847/2016, "Barbalace, Miguel", rta.: 24/5/2016 ; c. 58912/14, "Soria, Gastón y otros", rta.: 31/2/16; Sala IV, c. 56128/13, "Arce, Raúl Ricardo", rta.: 25/02/2014; c. 35749/13, "De la Plaza, Carmen", rta.: 25/03/2014. INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.) Fiscal que recurre el auto por el cual el magistrado le devolvió las actuaciones luego de recibir declaración indagatoria y de haber ordenado diligencias. Revocación. Magistrado que debe reasumir la investigación. Fallo: "(…) Encontrándose a cargo de la investigación en los términos del artículo 196 del código de forma, el acusador público solicitó la declaración indagatoria de I. J. I., remitiendo a tal fin las actuaciones al juzgado de instrucción (cfr. fs. ...). El juez a quo, tras escuchar al nombrado en esos términos, concretó otras medidas. Finalmente, el 5 de mayo del año en curso, adoptó un temperamento expectante respecto de otro imputado y devolvió el legajo a la fiscalía en virtud de la delegación oportunamente dispuesta, sugiriendo incluso una serie de diligencias que consideraba útiles para esclarecer lo ocurrido.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Ahora bien, la realización de prueba por parte del juzgador, importó en concreto reasumir la investigación, la que debe entonces continuar a su cargo (1). Por los demás, no corresponde constreñir al representante del Ministerio Público Fiscal a proseguir con la pesquisa, con indicación de pruebas puntuales, ya que en los casos de delegación aquél no actúa como auxiliar del juez sino como órgano encargado de la dirección del proceso (2). Por estas razones, el Tribunal RESUELVE: Revocar el punto III del auto de (fs. …) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 6.640/13, ISHIMINE, Ignacio Javier y otros s/delegación. Rta.: 06/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 39/08, "Muñoa", rta. 7/10/08; c. 151/08, "Villalba", rta. el 4/11/08, c. 1647/09, "Merlo", rta. el 4/11/09, c. 337/10, "Aspelicueta", rta. 6/4/10, c. 522/10, "Uriarte", rta. 4/5/10, c. 557/09, "Antúnez", rta. 11/5/10 y c. 624.10, "Franco", rta. 18/5/10. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1647/09 "Merlo" rta. el 4/11/09; c. 337/10 "Aspelicueta" rta. 6/4/2010; c. 872/10 "Gómez", rta. 29/06/10. INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.) Fiscal que recurrió la resolución por la cual el magistrado no dispuso el sobreseimiento solicitado y devolvió las actuaciones. Actuaciones en las que se ha legitimado a la parte como querellante. Magistrado que debió, frente al dictamen fiscal, realizar el control de legalidad y resolver la desvinculación, ya sea por compartir el criterio de la titular de la acción o por no poder proceder por carecer del debido impulso, habilitando así la posibilidad de que la parte querellante interpusiera los correspondientes recursos. Nulidad. Fallo: "(...), en virtud de los recursos de apelación interpuestos a (fs. ...), por el fiscal Dr. Patricio Lugones y por el defensor oficial Dr. Ricardo de Lorenzo, respectivamente, contra la decisión obrante a (fs. ...), mediante la cual el juez de grado resolvió no hacer lugar a los sobreseimientos de J. L. Z., R. R. D., J. A. C. y G. N. B.. Así y dentro del marco del examen de la admisibilidad del recurso hemos advertido que lo resuelto a (fs. ...), no resulta una derivación razonada del derecho vigente. Puede advertirse que la fiscalía actuante solicitó en el dictamen obrante a (fs. ...) la desvinculación de los imputados, ya que tras analizar la prueba colectada, consideró que ésta no resultaba suficiente para agravar su situación procesal, no vislumbrándose tampoco ninguna otra medida probatoria que permitiera continuar con la investigación y dar con los autores del hecho. El juez de grado recibió el expediente y dispuso notificar a la parte querellante -(fs. ...)-, quien se opuso a la solicitud de sobreseimiento -(fs. ...)-. Es así que el director del proceso, sin efectuar ningún control negativo sobre la legalidad y razonabilidad del dictamen fiscal, a (fs. ...) no hizo lugar al sobreseimiento postulado, por considerarlo prematuro, ya que estimó que todavía restaban medidas probatorias por realizarse a los fines de poder determinar la posible participación de los imputados en el hecho investigado. Ahora bien, en reiteradas oportunidades hemos sostenido que el magistrado no puede avanzar con el caso sin el impulso de la acción penal ejercido por quien legalmente se encuentra facultado -art. 5, CPPN-. Ello en virtud de que es el Ministerio Público Fiscal quien ejerce la pretensión punitiva estatal, por lo que la iniciativa procesal evidenciada por el magistrado viola el principio ne procedat iudex ex officio, confundiendo nuevamente el rol del acusador con el del juzgador. El juez a quo, frente al dictamen de la fiscal solicitando el sobreseimiento de los encausados y superado el control de legalidad de dicha pieza procesal debió resolver desvinculándolos, bien por compartir el criterio de la titular de la acción penal, bien por no poder proceder por carecer del debido impulso -cfr. entre otros "Ottaggio", causa n° 40.175, del 28/4/11-, habilitando así la posibilidad de que la parte querellante interpusiera los correspondientes recursos. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD la resolución obrante a (fs. ...) y lo actuado en consecuencia, debiendo el Sr. juez de grado dictar una resolución que se ajuste a los considerandos -art. 166 y sgtes, CPPN-. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 31.290/16, ZARATE, José Luis y otros s/ nulidad. Rta.: 09/06/2017 INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.). Fiscal que recurre la resolución por la cual el magistrado le devolvió las actuaciones para que profundice la investigación. Resolución dictada que no es una derivación razonada del derecho aplicable. Afectación a los derechos de los imputados. Nulidad. Fallo: "(...) recurso de apelación deducido por el Sr. agente fiscal contra el auto de (fs. ...) que no hizo lugar al pedido de fiscal de dictar el procesamiento de los imputados en autos. (…) Durante la audiencia, la representante de la fiscalía cuestionó la actuación del magistrado de grado en tanto ordenó una nueva remisión al Sr. agente fiscal que ya considera probada su hipótesis acusatoria por lo que, concretamente, peticionó que reasuma la instrucción del proceso, o bien dicte una resolución de mérito 161

ya sea a través de un auto de procesamiento o sobreseimiento que permita, eventualmente, una nueva revisión por esta alzada. Fijada de este modo su pretensión, ambos letrados defensores no consideraron necesario efectuar réplica alguna. Corresponde en primer lugar mencionar que la instrucción se encuentra delegada al fiscal conforme lo dispone el art. 196, CPPN. Su titular, tras recolectar la prueba que consideró pertinente solicitó que los imputados sean escuchados a tenor de lo normado en el art. 294, CPPN. Oídos A. L. R., P. F. L., A. R. V. y V. S., dispuso la falta de mérito en atención a que: "resulta necesario profundizar la investigación sobre varios aspectos, ente los cuales considero necesario a efectos de poder resolver sobre el fondo del asunto la realización de un estudio caligráfico para determinar si alguna de las firmas o inscripciones insertas en los documentos agregados a la investigación les pertenecen a los demás imputados, ello más allá de la aceptación por parte de S. de haberlas hecho de propia mano" (fs. ...). Remitidos nuevamente, la fiscalía interviniente ordenó dicha pericia caligráfica y, frente a su resultado, postuló se dicte el procesamiento de los acusados (fs. ...). En el auto que viene recurrido, el Sr. juez de grado entendió que: "por el momento no se encuentran reunidos los elementos suficientes para avanzar en ese sentido, ya que la sola incorporación del peritaje caligráfico que da cuenta sobre de la identidad escritural de las cesiones fraudulentas circunstancia que S., por ejemplo, ya había admitido en su descargo -no logran conformar la certeza requerida para adoptar la grave resolución que prevé el art. 306 del CPPN". Así, ordena su remisión para que se "profundice la investigación". Ahora, sin perjuicio de señalar que no se logra comprender la petición de la fiscalía en tanto pese a su rol como parte acusadora en el proceso no solicitó a este tribunal el dictado de un auto de mérito incriminatorio, lo que motivó que las defensas nada tuviesen para replicar, se advierte que la resolución dictada por el órgano jurisdiccional no es una derivación razonada del derecho aplicable, por lo que el auto recurrido debe ser descalificado como tal. En este sentido, y si bien al resolver el recurso de reposición sostiene que es el fiscal quien debe dirigir la investigación -lo que compartimos-, yerra en cuanto a la decisión adoptada. Concluida por el titular de la acción penal su investigación, frente al pedido de agravar la situación procesal de los imputados -tras haberse dictado la falta de mérito- debió hacer lugar a ello, de compartirlo o, caso contrario, resolver definitivamente en favor de los imputados. Demás está decir que si bien esta solución fue propuesta por la representante de la fiscalía, ya en esta instancia tal posibilidad no resulta razonable desde que debió haber requerido expresamente el avance del asunto, lo que no hizo. La mera remisión a profundizar la investigación no resulta una salida al asunto, sino que simula un sobreseimiento encubierto, tanto más si se repara que ello afecta los derechos de los imputados de obtener una decisión que ponga fin al asunto, transcurrido el plazo del art. 207, CPPN. En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD del auto de (fs. ...) (art. 168, CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Peluffo). c. 54.530/15, TOMASELLI, Fabián y otros s/ Delegación de la instrucción. Rta.: 26/05/2017 INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del CPPN). Fiscal que apela la resolución del magistrado que 1) tuvo presente el sobreseimiento postulado respecto de un imputado, 2) no hizo lugar al llamado a indagatoria de otro imputado y devolvió las actuaciones en el marco de la delegación oportunamente dispuesta. 1) Actuaciones en las que la parte no ha sido legitimada y el fiscal, luego de ratificar la denuncia, postuló la desvinculación de un imputado del proceso. Dictamen que, al no haber sido declarado nulo, superó el test de negativo de legalidad. Violación al principio de "ne procedat iudex ex officio". Nulidad parcial de la resolución. 2) Fiscal que, luego de circunscribir el objeto procesal y reseñar la prueba, encontró reunido el estado de sospecha que exige el artículo 294 del CPPN. Magistrado que, no estando de acuerdo, debió reasumir la investigación. Revocación parcial. Fallo: "(…) apelación interpuesta por el fiscal (…), contra el auto de fs. (…) que tuvo presente el sobreseimiento que postuló respecto de (…), no hizo lugar a la declaración indagatoria a (…) y remitió la causa en los términos del artículo 196 del Código Procesal Penal. II.- En lo que respecta a la situación del primero esta Sala, aunque con una integración parcialmente diferente, ya sostuvo que el impulso y el consecuente avance del proceso requieren, necesariamente, de acusación pública o particular -conf. CSJN, Fallos "Santillán" y "Quiroga"- (in re nro. 29652/2012 "Chávez, Juan Carlos Lautaro", del 22 de abril de 2013 con cita de la nro. 41271 "Soldo, Julián Alexis" del 26 de abril de 2011). Tal exigencia no se cumple en este caso, pues no existe querella y el Ministerio Público Fiscal, luego de ratificar la denuncia de (…), postuló su desvinculación del proceso a través del dictamen de fs. (…) que, al no haber sido declarado nulo, superó el test de negativo de legalidad. Esa posición representa una valla insuperable ya sea que comparta o no los motivos, no puede avanzar el análisis del fondo pues en materia criminal la garantía consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales (Fallos: 125:10: 127:36; 189:34; 308:1557, entre muchos otros). Lo único que le restaba era evaluar el dictamen en los términos del artículo 69 del Código Procesal Penal que, como se dijo, fue considerado válido. La resignación de la imputación por parte de la fiscal de instrucción puso al descubierto la ausencia de unos de esos elementos esenciales que impiden, entonces, continuar con la sola intervención del juez so riesgo de afectar sobremanera el derecho de defensa y el debido proceso De allí que la nueva remisión del sumario constituye una violación al principio "ne procedat iudex ex officio" que impone declaras la nulidad parcial del auto recurrido. III.- Por lo demás, advertimos que tras circunscribir el objeto procesal y reseñar la prueba colectada, el acusador público encontró reunido el estado de sospecha que exige el artículo 294 del catálogo citado y 162

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional solicitó se citara a (…) en esos términos (…). Por su parte, el magistrado entendió que era prematuro y ordenó profundizar la pesquisa. Ante este tipo de contingencia, corresponde que el juez de grado reasuma la investigación y actúe en consecuencia (1). Pues el hecho de no compartir el fundamento del dictamen representa una afectación al principio de autonomía del recurrente consagrada en el art. 120 de la Constitución Nacional. III.- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I.- DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del auto de fs. (…); II.- REVOCAR PARCIALMENTE el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám. Ad-Hoc: Mariño). c. 67.838/16, CABRERA, Hernán Javier s/ devolución por art 196 CPPN Rta.: 13/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 10847/2016, "Barbalace, Miguel", rta.: 24/5/2016 y c. 58912/14, "Soria, Gastón y otros", rta.: 31/2/16 y Sala IV, c. 56128/13, "Arce, Raúl Ricardo", rta.: 25/02/2014 y c. 69941/16, "Xue", rta.: 7/2/17. INTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del CPPN). Fiscal que solicitó se recibiera declaración indagatoria al imputado. Magistrado que no hizo lugar y devolvió las actuaciones indicando diligencias a realizar. Decisión jurisdiccional que no resulta una derivación razonada del derecho aplicable (art. 123, CPPN). Nulidad. Fallo: "(...) recurso de apelación interpuesto a (fs. ...) por el representante del Ministerio Público Fiscal, contra el auto obrante a (fs. ...), a través del cual la Sra. juez de grado no hizo lugar a la solicitud de recibir declaración indagatoria a T. V. O. (art. 294, CPPN), en consecuencia devolvió la causa a la fiscalía para que continuara con la pesquisa. En el caso, el acusador público formuló dictamen a (fs. ...) en el que fundamentó detalladamente los motivos por los cuales considera alcanzado el estado de sospecha en torno a la materialidad de los hechos imputados y la responsabilidad que le cupo en éstos. Contrariamente, la Sra. jueza de grado rechazó tal petición por las consideraciones indicadas en el auto de (fs. ...). La insistencia del Sr. agente fiscal a cargo de la Unidad Fiscal de la investigación de delitos contra la integridad sexual así como de la magistrada motiva nuestra intervención como tribunal de alzada. Ahora bien, sin perjuicio del derrotero por el que transitaron estos actuados, advierte el tribunal que la decisión jurisdiccional no resulta una derivación razonada del derecho aplicable. En efecto, frente a la imputación formulada por la fiscalía a cargo de la investigación para que se escuche al imputado en los términos establecidos en el art. 294, CPPN, se debió analizar la procedencia de tal planteo y, resolver en consecuencia, esto es, hacer lugar a su pedido, o por el contrario, disponer su sobreseimiento. Ello permitiría, eventualmente, la revisión por parte de esta alzada. La devolución a los fines de precisar circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos denunciados e indicación de medidas de prueba no sólo se traduce en un sobreseimiento encubierto sino que además confunde el rol de[l] fiscal de investigar y requerir con la del juez de decidir, base del sistema inquisitivo, en desmedro del sistema acusatorio, reconocido en el bloque de constitucionalidad actual, así como en las últimas reformas legislativas (leyes 27.063 y 27.272)." (in re: causa nro. XX/15/2/RH1 "A.", rta. el 27/12/16)". De este modo, el auto de (fs. ...) posee un vicio que lo descalifica como acto jurisdiccional válido que impone su anulación, así como el de (fs. ...) por ser reiteración de aquel, tal como lo establece el art. 123, CPPN. En consecuencia, abstracta la apelación deducida, devueltas las actuaciones, deberá expedirse conforme lo señalado, máxime teniendo en cuenta el tiempo de tramitación de este sumario. En virtud de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de los autos de (fs. ...) y de lo obrado en consecuencia (art. 123 y 168, CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Peluffo). c. 36954/15, V. O. T. s/ falta de merito. Rta.: 02/05/2017 LESIONES Culposas leves. Procesamiento. Imputado que brindó una versión completamente distinta a la del denunciante respecto a la ocurrencia del hecho y señaló que los testigos presenciales serían amigos de aquél en la red social "Facebook". Necesidad de convocar a los testigos que habrían auxiliado al damnificado y ahondar en la relación preexistente entre la víctima y los testigos por él aportados. Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) Se cuenta en autos con la denuncia radicada por M. Á. P. M. dos meses después de la ocurrencia del suceso, y las declaraciones de quienes habrían sido sus testigos presenciales, aportados por el denunciante, M. A. P. y P. J. M. T., que brindaron un relato coincidente con el de la víctima, con quien negaron tener cualquier tipo de vínculo, más allá de un conocimiento ocasional entre P. M. y T. por haber acudido el primero en algunas ocasiones a la heladería donde trabaja el último (fs. …). Sin embargo, J. C. R. dio una versión completamente opuesta de la mecánica del hecho y aportó también constancias obtenidas de la red social "Facebook" que revelan que P. M., P. y T. serían amigos (fs. …).

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Frente a ese cuadro, en que a su vez la presencia de los testigos en el lugar no se explica por la distancia de sus domicilios ni lugares de trabajo - véase que incluso la heladería a la que T. hizo referencia se sitúa a más de cuarenta cuadras del lugar en que ocurrió la colisión, la que, por otra parte, es lindera a la vivienda de P. -, y el peritaje realizado por la División Ingeniería Vial Forense (fs. ...) permite apontocar indistintamente a cualquiera de las dos versiones de los acontecimientos, no puede homologarse la decisión recurrida. Se impone en cambio recabar otros testimonios que permitan esclarecer el hecho, tales como los del personal de la gomería ubicada en la avenida O. entre la avenida F. B. y la calle L., a la que se disponía ingresar el imputado, y que habrían auxiliado al denunciante (fs. …), y ahondar en la relación preexistente entre P. M. y los testigos aludidos. Por ello, se RESUELVE: REVOCAR el auto de (fs. ...) en cuanto fue materia de recurso y DECLARAR LA FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer a J. C. R. en orden al hecho por el cual fue indagado (artículo 309 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 53.970/16, RAMADAN, Juan Carlos s/Procesamiento. Rta.: 19/06/2017 LESIONES. Culposas leves. Procesamiento. Imputado que operó un vehículo aéreo conocido como "Drone" en una plaza pública y perdió el control del mismo y cayendo el objeto sobre tres personas y produciéndoles lesiones de carácter leve constatadas por el C.M.F. Agravio: Descripción del hecho en donde no se puntualizó concretamente cuál fue la violación del deber de cuidado que por acción u omisión produjo las lesiones descriptas. Inexistencia de una norma que regule el vuelo de los vehículos aéreos no tripulados al momento de los hechos. Rechazo. Caso en el cual ha habido una violación al deber de cuidado que surge de las reglas de convivencia. Artefacto operado en una zona densamente poblada. Confirmación. Fallo: "(...) recurso de apelación interpuesto por la Dra. Roxana Piña, a (fs. ...), contra la resolución de (fs. ...), que dispuso el procesamiento de su asistido, S. F., en orden al delito de lesiones culposas (arts. 45 y 94 del Código Penal). (...). Tal como se le formulara la imputación en el acta indagatoria, se le imputa a S. F., el hecho "…ocurrido el día 15 de agosto de 2015, siendo aproximadamente entre las 13:20 y 15:20 horas, en las inmediaciones de la P. C. de esta ciudad. En dicha oportunidad, el imputado (…) se encontraba operando, de manera imprudente, y sobre una zona densamente poblada, un vehículo aéreo no tripulado -V.A.N.T., conocido como drone-, modelo DJI Spreading Wings S1000+, desde una obra en construcción que se llevaba a cabo en la '(...)", ubicada entre la A. G. y las calles L. E., L. O. y P. C., de esta ciudad. En cierto momento, el incuso perdió el control de dicho vehículo, lo que provocó que éste se disparara y se fuera de su dominio, dirigiéndose hacia la calle L. E. (entre C. y A. G. de esta ciudad), en donde se precipitó abruptamente, y al caer el V.A.N.T. impactó con sus rotores y hélices contra L. N. C., el hijo de ésta M. B., y contra C. E. D., quienes se encontraban en una parada de taxi ubicada en la zona, aguardando para subirse a uno de ellos. Que producto del impacto los damnificados sufrieron las siguientes lesiones: la Sra. C. tuvo traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, un hematoma en brazo derecho y una herida contuso cortante en región occipital del cuero cabelludo; el menor B. sufrió un hematoma en mentón, y la Sra. D. padeció traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento, un hematoma en brazo y flanco derecho, una herida contuso cortante en región parieto-occipital y contusiones en ambas rodillas, revistiendo dichas lesiones el carácter de leve, conforme informes del Cuerpo Médico Forense de (fs ...)" (Cfr. fs. ...). Llegado el momento de expedirnos, entendemos que los agravios expuestos por la letrada defensora en la audiencia, confrontados con las actas escritas que componen el legajo, no logran conmover los fundamentos de la resolución apelada los que compartimos por lo que habrá de ser homologada. En efecto, la Dra. Piña centró su agravio en la circunstancia que, según su criterio, el hecho que se le imputa a su defendido adolece de deficiencias al describir sucesos que se relacionan causalmente, sin puntualizarse en concreto cuál ha sido la violación del deber de cuidado que por acción u omisión hubiera producido las lesiones descriptas. Entendió la letrada que la referencia efectuada por el a quo en cuanto sostuvo que el imputado operara de manera imprudente el V.A.N.T. a su cargo, no resulta suficiente a los fines de resguardar los derechos de su asistido. Por lo demás explicó que al momento de los sucesos que aquí se investigan, no existía norma que regule el vuelo de vehículos aéreos no tripulados, sin perjuicio de lo cual se concluyó que F. no guardó el deber genérico y básico de cuidado, sin otro sustento. Ahora bien, de la lectura del acta indagatoria surge que la imputación que se le formuló a S. Fe., no solo describe que el nombrado habría operado en forma negligente el V.A.N.T. a su cargo, sino que tal situación se concretó "sobre una zona densamente poblada". El deber general de cuidado, no surge únicamente de la ley, sino que se establece además por la costumbre, el uso o el sentido común. Las fórmulas elegidas por el codificador al hablar de "imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los deberes o reglamentos a su cargo", nos señalan que, además de las violaciones de carácter normativo, en el caso de actividades regladas, existen violaciones al deber de cuidado que surgen de las reglas de convivencia, ninguna norma prohíbe el lanzamiento de jabalina en el interior de un banco, pero coincidimos en que se trata de una conducta que viola el deber general de cuidado. En este caso, F. debió prever la posibilidad de su caída en caso de desperfecto -máxime cuando él mismo afirma haberse preparado adecuadamente para su correcta manipulación-, y debió evitar el sobrevuelo en una zona de gran circulación de personas como lo es P. C., donde se reúnen muchísimos transeúntes que se dirigen o vuelven de los múltiples medios de transporte que circulan por el lugar (trenes, subtes, ómnibus), aún en un día sábado. Lo expuesto se corrobora, con la expresa prohibición de operar este tipo de artefactos, sobre zonas densamente pobladas o aglomeración de personas, prevista por el art. 15, de la Resolución N° 164

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 527/2015 de la Administración Nacional de Aviación Civil, publicada en el Boletín Oficial, el 10 de julio de 2015, que adquirió vigencia 120 días después de su publicación. Es decir, de la misma forma en que no existe normativa alguna que prohíba la ubicación de macetas en balcones; detalle restricciones sobre los lugares donde está permitido jugar con un "frisbee" o remontar un barrilete, el deber genérico básico de cuidado regido por las normas de la costumbre, uso, o del sentido común- indica cuáles son las zonas en que tales actividades generan menor riesgo, y de producirse alguna lesión como consecuencia de tales actividades (o si cae una maceta del balcón), no existirá duda alguna para el genérico de la sociedad que tales lesiones serán imputadas a título de culpa. En consecuencia, entendemos que la imputación fue formulada de forma correcta, motivo por el cual habremos de homologar el pronunciamiento dictado, al no haber sido controvertido que fue el imputado Sebastián Ferrari quien manipulaba el drone al momento de que éste se precipitara. Por lo expuesto, se RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de (fs. ...), en todo cuanto ha sido materia de apelación (art. 455 del Código Procesal Penal de la Nación). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: León). c. 48.313/15, FERRARI, Sebastián s/procesamiento. Rta.: 20/03/2017 LESIONES. Culposas. Procesamiento. Imputado que durante un recital, mientras manejaba un drone para llevar a cabo una grabación, perdió el control del aparato y golpeó en el rostro a una persona que resultó lesionado. Violación al deber de cuidado que tenía a su cargo el imputado. Resolución 527/2015 de la Administración Nacional de Aviación Civil aplicable por tratarse de un vehículo aéreo no tripulado. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa oficial apeló la decisión extendida a fs. (…), punto I, en cuanto se dispuso el procesamiento de S. B. A. Al respecto, se comparte el temperamento de reproche discernido en la instancia anterior, pues los elementos reunidos permiten concluir en que la lesión padecida por M. E. A. ha sido resultado de la violación al deber de cuidado que tenía a su cargo el imputado. En esa senda, se valora el relato del damnificado, en cuanto a que "se encontraba tocando con su banda de música…en el interior del Parque C.…por lo que en un momento…un empleado de la producción el Sr. S. B.…quien se encontraba manejando el drone de la grabación, de forma violenta y sin ningún motivo le propinó al declarante un golpe con el drone en el rostro…." (…). Sus dichos encuentran sustento en las declaraciones testimoniales de N. C. y J. M., quienes mencionaron que en momentos en que se encontraban sobre el escenario, el causante comandaba un "drone" que impactó en el rostro de A., observando posteriormente que éste presentaba lesiones (…). A ello se agrega que M. aclaró que el aparato se dirigió a gran velocidad hacia el damnificado y que cuando se acercó al imputado para recabar sus datos pudo constatar que tenía aliento etílico (…). Por otro lado, las lesiones padecidas por el damnificado fueron visibles ante las autoridades policiales (...) y surge de la copia de la historia clínica labrada en el Hospital del Quemado -nosocomio al que aquél acudió el día del hecho- que A. presentó "hematoma cortante en párpado y nariz" (…). Asimismo, el examen médico dio cuenta de que presentó "excoriaciones lineales en puente nasal, equimosis en párpado superior derecho", heridas cuya localización, tiempo y modo de producción resultan compatibles con el relato del damnificado. En ese marco, cabe recordar que, el manejo de los drones se rige por las disposiciones de la resolución 527/2015 de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en cuyo anexo, el Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados, se establece que la operación debe desarrollarse en un radio nunca inferior a los "treinta metros en la horizontal" ni a los "diez metros en la vertical" respecto a personas ajenas a la tripulación remota (artículo 27). De ello es posible concluir en que la inobservancia por parte del causante respecto a la distancia que debía mantener -el mismo admitió que "lo posicionó a un metro y medio del rostro del cantante"-, ha determinado el resultado lesivo que se le atribuye. En tales condiciones, la prueba reseñada conduce a desechar las explicaciones brindadas por el causante en torno a que una ráfaga de viento movió el aparato (…), pues, aunque así hubiera ocurrido, es dable concluir, con la provisoriedad que requiere esta etapa del proceso, que aquél violó sus deberes de cuidado al accionar el artefacto sin adoptar los recaudos de seguridad que el caso demandaba. Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución dictada a fs. (…), en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 77.397/16, BENITEZ AYALA, Silvino s/ Procesamiento. Rta.: 24/04/2017 LESIONES. Culposas. Procesamiento. Perro que salió de su vivienda y mordió a transeúnte. Imputado que alegó que el perro se escapó cuando intentaba ingresar al garaje con su vehículo. Omisión de adoptar recaudos para controlar las mascotas ante el ingreso al garaje. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa de M. A. K. apeló el procesamiento dictado a fs. (…). 165

Se le atribuyó al nombrado el hecho ocurrido el 20 de junio de 2016, oportunidad en la que habría omitido custodiar debidamente un perro de su propiedad, aparentemente de la raza Bóxer, que salió a la vía pública desde su vivienda ubicada en la calle L. X de esta Ciudad y mordió en una pierna a M. E. P., quien se encontraba paseando su perro, ocasionándole lesiones leves. Al respecto, se cuenta con los dichos del damnificado, quien narró que "se encontraba caminando con su perro por la calle L. …cuando observa que un vehículo del cual no recuerda dato alguno desciend[e] una pareja y abren el portón, y es allí cuando un perro sale del interior…y empieza a atacar a su mascota y luego salen dos canes,…de dicha finca y resultan ser agredidos su mascota como [a] si también el firmante…siendo lesionado el firmante en su pierna izquierda" (…). Su relato aparece corroborado por la declaración de la testigo S. B., quien manifestó que "vio a M., un vecino al cual conoce del barrio que estaba paseando su perro tipo ovejero alemán con su correspondiente correa, el cual estaba rodeado por otros tres perros que lo agredían, tanto a M. como a su perro. La situación era desesperante, y además de los gritos de M., quien intentaba salir del lugar y se acercaba hacia la Av. D. l. I., se escuchaban gritos de un hombre desde el interior de una vivienda que estaba con el portón abierto, ubicada en la vereda de enfrene, quien llamaba a los perros". Agregó que "sabe que esos tres perros pertenecen a esa casa donde siempre hay un casero y los propietarios son un matrimonio de unos setenta años de edad aproximadamente" (…). Por otro lado, las lesiones denunciadas se encuentran acreditadas con el informe médico legal realizado el día posterior al hecho, del que se desprende que P. presentó "hematoma con excoriación en muslo izquierdo, cara anterior por arriba de la rodilla y dos excoriaciones en la rodilla izquierda" (…), la constancia de su atención en el CEMIC sede Saavedra -del mismo día del suceso- en donde se le diagnosticó "Mordedura de perro. Herida superficial. Vacunas. Antibióticos. Control" (…) y las conclusiones del Cuerpo Médico Forense que establecieron que "presentó lesiones contusa excoriativa-equimótica" y que "el mecanismo de producción es compatible con presión, compresión, fricción y tracción en forma combinada" (…). En tales condiciones, aún de otorgarse crédito a la versión suministrada por el imputado al ser legitimado pasivamente, en cuanto a que los perros se escaparon cuando ingresaba al garaje de su casa (…), es posible inferir que habría omitido adoptar los recaudos tendientes a controlar a sus mascotas cuando abrió el portón de su domicilio para ingresar con su vehículo. Cabe recordar que la doctrina ha sostenido que "quien posee en su esfera de dominio una fuente de peligro (...animales...) para bienes jurídicos, es el responsable de que tal peligro no se realice." (1). En consecuencia, los extremos reseñados se exhiben suficientes para tener por alcanzado el convencimiento exigido por el artículo 306 del Código Procesal Penal y por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. (…), en cuanto ha sido materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Franco). c. 60.354/16, KANTOR, Mario Arnaldo s/ Procesamiento. Rta.: 26/04/2017 Se citó: (1) Mir Puig, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 4ta. ed., Reppertor, Barcelona, 1996, p. 305. LESIONES. Culposas graves. Procesamiento. Médico cirujano que omitió alertar al anestesiólogo que iba a utilizar el electrobisturí para que éste dejara de suministrar oxígeno por la "bigotera" a la paciente. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal del imputado. Confirmación. Fallo: "(…) Los informes periciales incorporados a la encuesta a (fs. …), dieron cuenta de la conducta debida que era exigible por parte del cirujano frente a las circunstancias concretas verificadas en autos, esto es, el deber de alertar al anestesiólogo acerca de la inminente utilización del electrobisturí, para que éste interrumpa durante ese procedimiento la provisión de oxígeno a través de la denominada "bigotera". El perito Gustavo E. Prezzavento, indicó que el episodio analizado es altamente improbable; por su parte, la Dra. Ana G. Aramburu señaló que "según una bibliografía de la Sociedad Española de Anestesiología" (sic), no es preciso que se observe la precaución señalada cuando se trabaja con un electrocoagulador. También los peritajes arrojaron que las dosis de anestesia suministradas eran las adecuadas para mantener a la paciente sedada pero a la vez consciente, quien eventualmente podría realizar movimientos corporales voluntarios, más aún ante un estímulo externo. Agregaron que es posible que algún movimiento de la damnificada pudiera sacar la "bigotera" de las narinas en forma total o parcial. Frente a este panorama, la factibilidad -conforme las condiciones existentes- de que una actividad corporal u otra circunstancia provocara el deslizamiento de la sonda de oxigenación, permitiendo la salida del fluido hacia el campo quirúrgico en el que se utilizaba un electrobisturí, imponía adoptar los recaudos indicados por los profesionales, sin perjuicio de que lo ocurrido no resulte habitual en este tipo de procedimientos. En tal sentido, resulta insuficiente para variar la solución adoptada la solitaria opinión de la experta Aramburu, quien basó su opinión aludiendo genéricamente a bibliografía no especificada, en cuanto a la necesidad del cierre del flujo del oxígeno al utilizar la herramienta quirúrgica en cuestión. Cabe señalar que esa referencia, desprovista del análisis concreto de las particulares y poco frecuentes características del caso, torna infundada su postura contraria a la del resto de los especialistas intervinientes. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de (fs. …). C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 75.007/15, ALONSO, Francisco s/ procesamiento. 166

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Rta.: 04/05/2017 LESIONES. Leves recíprocas. Procesamiento. Agravio: Actuación en legítima defensa (inc. 6º del art. 34 del CPN). Análisis de la estructura de la causal de justificación invocada. Procedencia. Revocación. Sobreseimiento (art. 336 inciso 5º del CPPN, en función del inc. 6º del art. 34 del CP). Fallo: "(...) recurso de apelación interpuesto por el Dr. Adrián Miguel Cornaglia, letrado defensor de S. J. G. C., contra el punto dispositivo I del auto de (fs. ...) en cuanto se procesó a su asistido por ser considerado autor del delito de lesiones leves recíprocas (arts. 45 y 89 del CPN y 310 del CPPN). (...). I. Se le imputa a S. J. G. C. "el hecho ocurrido el día 24 de marzo de 2017, las 16:35 horas aproximadamente, en las inmediaciones de la intersección de las calles G. y F. R. de esta ciudad. En aquella oportunidad, mientras G. C. circulaba a bordo de su motocicleta marca "Bajaj", modelo "Rowser 135", dominio (...), por la calle G. a los efectos de hacer una entrega de comida, le fue impedido el paso por V., quien conducía el rodado de alquiler marca "Volkswagen", modelo "Suran", dominio (...) y luego de una discusión con G. C., le refirió "¿Qué haces boludo", a lo que G. C. le respondió "Encima de que freno para no chocarte te enojas", para luego V. expresarle "Ah, ¿querés pelear?", descendió de su vehículo e intempestivamente empujó a G. C. de su motocicleta, lo que provocó que cayera al piso y se dañara la luz delantera de dicho rodado. Seguidamente, una vez que G. C. se reincorporó, V. descendió nuevamente de su automóvil y lo agredió mediante golpes de puño en diferentes partes de su cuerpo y con un destornillador de aproximadamente 15 cm de largo le provocó una herida corto punzante en el lado izquierdo de su abdomen. En la misma pelea, G. C. agredió a V. con golpes de puño, utilizando una "manopla" o algún elemento contundente similar que le provocó una herida contuso cortante sobre el extremo externo del arco superciliar izquierdo con edemas y hematomas en los parpados izquierdos. Seguidamente, V. ascendió a su vehículo y se dio a la fuga por la calle F. R. en dirección a N. V." Sucintamente, el agravio de la defensa radica en que, a su entender, la conducta del imputado está justificada legalmente por haber obrado en ejercicio de legítima defensa (inc. 6º del art. 34 del CPN). Debemos mencionar, a efectos de un adecuado análisis de la cuestión, que la estructura de dicha causal de justificación requiere: a) una agresión ilegítima; b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y c) falta de provocación suficiente por parte del defensor. a) Agresión ilegítima: Por agresión se entiende la amenaza de lesión o puesta en peligro de derechos jurídicamente protegidos; ataque que debe provenir de una acción humana tanto imprudente como dolosa. No existe límite alguno respecto a qué derechos o bienes tutelados pueden ser defendidos justificadamente, incidiendo su valor dentro del ordenamiento jurídico en la evaluación de la racionalidad del medio empleado para impedir la agresión. Asimismo se exige que la agresión sea antijurídica, lo que se da si representa un ilícito de conducta y hace temer la realización de un ilícito de resultado. Desde esta perspectiva, es suficiente con que la agresión realice o al menos amenace realizar el ilícito de resultado. Debe existir un ilícito de acción y de resultado (Edgardo A. Donna, Teoría del Delito y de la Pena, Astrea, Bs. As., 2003, t. II, p. 146 y ss.). Por último, se requiere que la agresión sea actual, debe estar en curso o ser al menos inminente, esto es, cuando el peligro de la agresión es suficientemente próximo como para que el agente se vea obligado a actuar para neutralizarla. b) Racionalidad del medio empleado: Supone en primer lugar que se actúe en contra del agresor o, lo que es lo mismo, reconociendo la acción de defensa. La necesidad constituye una exigencia tan básica como lo es el ataque; sin el requisito de ser necesaria no puede hablarse de defensa, ni completa ni excesiva. Jiménez de Asua señala que la necesidad supone oportunidad del empleo de la defensa; imposibilidad de usar otros medios menos drásticos; inevitabilidad del peligro por otros recursos; pero todo ello en directa relación y subordinación al peligro que nos amenaza, a la entidad del bien jurídico amenazado y a la figura típica que surge de la reacción. La ley, sin embargo, requiere algo más: que el medio con que se repele la agresión sea racionalmente necesario, para lo cual han de tomarse en cuenta todas las circunstancias del caso concreto. Al calificarse la necesidad de racional, se hace un distingo entre necesidad y proporcionalidad, que tiene por consecuencia, por una parte, determinar una cierta proporción en los medios, y por la otra, que la proporción entre el daño que se evita y el que se causa tampoco sea absoluta. Aquí también surge la proporcionalidad no ya referida al binomio agresión-medio, sino la que se establece, admitida la agresión, en la relación entre medio-bien defendido. Para evaluar los contornos de este requisito deben tomarse en cuenta las circunstancias concretas de cada caso, con el criterio común a la personas en condición semejante a la del atacado, o bien desde el punto de vista de un "agredido razonable" (como dice Soler) en el momento de la agresión, y no con la objetividad que puede consentir la reflexión ulterior (Andrés J. D'Alessio, Código penal, comentado y anotado, La Ley, Bs. As., 2007, p. 390 y ssgtes.). c) Falta de provocación suficiente: La ley niega el permiso para defenderse legítimamente a quien ha provocado suficientemente la agresión. La provocación suficiente por parte del titular del bien agredido es una conducta anterior a la agresión, desvalorada por el derecho en forma tal que hace cesar el principio fundamentador de la legítima defensa. Nadie está obligado a soportar lo injusto, pero siempre que no haya dado lugar a lo injusto con una conducta inadecuada para la coexistencia (Eugenio R. Zaffaroni, Manual de Derecho Penal, Ediar, Bs. As., 1997, p. 492/493). IV. Luego de estudiar el asunto concluimos que le asiste razón al recurrente, por lo que habremos de revocar la decisión impugnada y desvincular definitivamente del proceso a S. J. G. C. en los términos del inciso 5º del artículo 336 del código de forma. En efecto, entendemos que se han dado los presupuestos para considerar que el nombrado actuó amparado en el permiso legal previsto en el inciso 6º del artículo 34 del ordenamiento de fondo. El imputado admitió haber golpeado a V. y detalló las circunstancias previas que 167

motivaron su reacción: explicó que este último descendió en dos oportunidades de su vehículo con intenciones de golpearlo, y fue en la última, cuando aquel le clavó un elemento cortopunzante en su abdomen. Fue por ello que le atinó un golpe en la cara a fines de repeler tales agresiones. Este descargo brindado por el imputado en el marco de la declaración indagatoria, se encuentra robustecido con lo manifestado por el testigo F. D., quien se expresó en los mismos términos. En efecto, G. N. F. D. declaró a (fs. ...), que vio como V. se le acerco a G. C. con ánimos de iniciar una gresca, siendo que se abalanzó sobre el motociclista y mediante "una acción rara" lo golpeó en el estomago, producto de lo cual este tomó su abdomen. Señaló que inmediatamente después de ello, el taxista abordó su rodado y se retiró presurosamente, sosteniendo en todo momento la actitud hostil inicial de V., propia de quien quiere iniciar una agresión física. Es dable afirmar, a partir de estos elementos, que dentro del contexto en que ocurrió el hecho, el medio empleado por G. C., siendo este un golpe para repeler la agresión ilegítima de V., quien lo apuñaló con un elemento cortopunzante en su abdomen, no luce desproporcionada. Por el contrario, consideramos que resultó el medio racional para repelerla, por ser el menos lesivo dentro de los que tenía disponibles, lo que queda en evidencia por la entidad leve de las lesiones producidas. Finalmente, debemos señalar que si bien no se ha incautado el elemento punzo-cortante detallado por G. (circunstancia más que entendible teniendo en cuenta que V. se dio a la fuga y lo pudo "descartar"), las características de las lesiones que presentaba el primero (detalladas a fs. ...), nos eximen de realizar cualquier valoración al respecto. Por estas consideraciones, el tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el punto dispositivo I de la resolución de (fs. ...) en todo cuanto ha sido materia de recurso (art. 455 del CPPN). II. SOBRESEER A S. J. G. C. en orden al hecho por el que fuera formalmente indagado, con la expresa declaración de que la formación del presente proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado (inciso 5º y último párrafo del art. 336 del CPPN en función del inc. 6 del art. 34 del CPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 17611/17, GABUTTI CUESTAS, Santiago Justo s/ procesamiento. Rta.: 04/05/2017 LESIONES. Leves.Sobreseimiento. Motociclista que embistió a un peatón causándole lesiones leves. Delito de instancia privada. Damnificado que manifestó que no deseaba instar la acción penal.Inexistencia de proceso. Revocación. Imposibilidad de proceder.Archivo. Fallo: "(…) III. Resuelta la cuestión vinculada a la intervención del fiscal auxiliar, respecto al fondo del asunto, los jueces Ricardo Matías Pinto y Rodolfo Pociello Argerich dijeron: El 18 de marzo del año en curso L.G. a bordo de su motocicleta habría embestido a F.S. en Av. San Juan frente a la altura catastral 2555 de esta ciudad. Como consecuencia del impacto este último habría padecido lesiones de carácter leve. S. manifestó que no deseaba instar la acción penal contra el conductor de la moto (fs…). Ahora bien, conforme lo establece el artículo 72 inciso 2° del Código Penal el delito de lesiones leves, es dependiente de instancia privada. Asimismo el quinto párrafo de ese artículo -en lo que aquí interesaestablece que "en los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado…". Frente a este cuadro normativo y la ausencia del impulso por parte de la víctima asiste razón al ministerio público fiscal, en punto a que la solución del caso es el archivo de las actuaciones, pues la necesidad de instar la acción penal es una condición previa y necesaria para la formación de la causa. En razón de ello, debe aplicarse lo establecido por el artículo 195 del CPPN en cuanto dispone el archivo de las actuaciones policiales cuando no se pueda proceder. Sobre el punto se ha dicho que "la imposibilidad de proceder, como razón del archivo, guarda relación con la instancia en aquellos delitos que la requieran…"(1). (…) el sobreseimiento dispuesto por la jueza de grado no puede ser convalidado, pues el proceso no fue formalmente iniciado. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) y disponer el archivo de las presentes actuaciones". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: Roldán). c. 19.247/17, GONZÁLEZ, Luis s/ lesiones culposas. Rta.: 04/05/2017 Se citó: (1) Navarro, Guillermo R. -Daray, Roberto R., "Código Procesal Penal de la Nación, análisis doctrinal y jurisprudencial, editorial Hammurabi, pág. 490. LESIONES. Culposas graves. Procesamiento. Damnificado que sufrió un paro cardiorespiratorio debido al agotamiento del oxígeno disponible en los tanques de una ambulancia -a los que debía estar conectado en forma permanente- mientras era trasladado en forma programada. Necesidad de profundizar la investigación para delimitar responsabilidades Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) Según se encuentra establecido en la causa, el paro cardiorespiratorio que sufrió el menor J. R. E. fue consecuencia del agotamiento del oxígeno disponible en los tanques de la ambulancia en que era trasladado y a los que debía estar conectado en forma permanente. No obstante, resta por determinar aún si dicha circunstancia resultaba previsible antes de emprender el viaje desde un centro de salud en Concepción

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional del Uruguay, Provincia de Entre Ríos, hasta el Hospital Pedro Garrahan de esta ciudad, y si en ese caso se adoptaron los recaudos necesarios para evitar el resultado. En este sentido, más allá de establecer si efectivamente la carga con la que contaba la unidad era acorde a las exigencias que prevé la Resolución N° 794/1997 del Ministerio de Salud de la Nación, estimamos indispensable verificar si la programación del viaje en lo relativo a la cantidad de oxígeno que podría demandar cubrir esa distancia respondió a las condiciones que el paciente ya mostraba a su inicio. En efecto, resta así esclarecer si frente a su cuadro clínico, y particularmente la demanda constante de oxígeno, era posible encarar un trayecto de 300 km. en el móvil utilizado y si ex ante las reservas se presentaban suficientes para completarla. Se torna necesario determinar pericialmente qué estimación debió concretarse a partir de esos extremos. Por otra parte, a los efectos de delimitar la responsabilidad de los prestadores del servicio de ambulancia, deviene conducente establecer qué indicaciones le fueron impartidas a dicha compañía al concretar el pedido y quiénes se ocuparon de atender la solicitud. En este orden, deberán procurarse las constancias escritas de la clínica, de la empresa y de la obra social intervinientes. En estas condiciones, más allá del análisis que deberá efectuarse respecto del rol y tareas específicas que cabía desarrollar a cada uno de las personas que participaron del traslado del menor, hasta tanto se despejen los interrogantes planteados, la solución a adoptar debe ser aquella que recepta el art. 309 del CPPN. Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: Revocar el auto de (fs. ...) y decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer a S. D. M., M. L. F. y M. A. R. (artículo 309 del CPP). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 55.338/15, MARCLAY, Silvina y otros s / Procesamiento. Rta.: 15/06/2017 LESIONES. Leves culposas. Sobreseimiento. Imputado: Chofer de una empresa que no aseguró con precintos de seguridad las puertas del contenedor que transportaba, abriéndose una de las hojas al realizar un giro y golpeando en la cabeza y espalda a un operario que estaba trabajando, provocándole lesiones. Medidas de seguridad que no fueron adoptadas correctamente (Anexo I, artículo 56 inciso g) del decreto 779/95 que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito por remisión del artículo 9.5.1. inciso e) de la ley 2.148 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Conductor que estaba obligado a colocar precintos de seguridad (Ley 2148). Revocación. Procesamiento por lesiones leves culposas. Fallo: "(…) I. El juez de la instancia de origen dispuso el sobreseimiento de G.A.R. (punto I del auto de fs….), decisión que fue impugnada por el querellante mediante el recurso de apelación obrante a fs. (…). A la audiencia prevista por el artículo 454 del CPPN compareció a fin de exponer agravios por la parte querellante la Dra. M.C.A. Por la contraparte y en representación de los intereses del imputado efectuó la replica respectiva el Dr. H.B. del Cuerpo de Letrados Móviles de la DGN. Finalizada la deliberación, el tribunal se encuentra en condiciones de resolver. II. a. Conforme surge de la indagatoria obrante a fs.(…) se le atribuyó a R. el siguiente hecho: "en su calidad de chofer de la empresa "Vía Urbana Transporte" no cerró las puertas del contenedor amarillo MEDU 270733-5 que transportaba en el camión IVECO Tector dominio (…), con semirremolque colocado (…), en tanto no aseguró ninguna de las hojas con precintos de seguridad para garantizar el adecuado cierre de las mismas. Concretamente, el 10 de diciembre de 2013, alrededor de las 16:00 horas, mientras circulaba por la avenida Antártida Argentina en su intersección con Cecilia Grierson, una de las hojas del contenedor se abrió al doblar por esta última arteria y golpeó en la cabeza y la espalda al operario J .C.V., capataz de la firma MIVASA que se encontraba realizando un vallaldo para la obra en construcción de un túnel, en un área correctamente delimitada y demarcada, por lo cual éste padeció lesiones de entidad leve". Los argumentos traídos a consideración por la recurrente merecen ser atendidos y, en consecuencia, corresponde revocar el auto impugnado y disponer el procesamiento del imputado. No existe controversia en punto a que el día 10 de diciembre de 2013 mientras G.A.R. se encontraba a cargo de la conducción del camión marca "Iveco", patente (…) al girar en la avenida C.G. de ésta ciudad, se abrió la puerta del contenedor que transportaba en el semirremolque, la cual impactó sobre J.C.V. provocándole lesiones de carácter leve (fs...). De ello dan cuentas las actas de fs. 1, 2, 3; el relato del damnificado (fs. 52) y de los testigos T.G. (fs…), M.G. (fs…), L.G.L. (fs. 50); fotografías de fs. (…) incluso el propio imputado no puso en duda tales extremos (fs…). Por su parte las lesiones padecidas por el damnificado se encuentran acreditadas mediante los informes médicos de fs. (…). Asimismo el informe técnico de fs. (…) reveló que el cierre y la traba del contenedor eran eficiente pero se destacó que no se observaba ningún precinto de seguridad en las dos hojas que lo componen para asegurar el cierre de las puertas. En igual sentido, M.A.O., quien tuvo a su cargo la inspección del vehículo explicó que si bien las puertas cerraban bien y poseían un ojal no tenían colocado precinto alguno en las trabas. Explicó que la función específica de aquéllos es asegurar que no se abra la puerta cuando el camión circula (fs…).

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Así en primer lugar cabe señalar que conforme la normativa que regula las medidas de seguridad que deben adoptarse en el transporte de contenedores (Anexo I, artículo 56 inciso g) del decreto 779/95 que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito por remisión del artículo 9.5.1. inciso e) de la ley 2.148 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) establece que "…todas las aberturas de las puertas se deben acondicionar para poder colocar un precinto de seguridad de acuerdo a la IRAM 3853, para prevenir que se abra o entreabra cualquiera de las puertas sin remover el precinto" -conforme norma IRAM 10.027 citada en la norma citada-. Asimismo la norma IRAM 10.022- también citada en el reglamento referido- establece como requisito básico, entre otros, que las puertas deben sujetarse adecuadamente antes de emprender cualquier operación de izado, movimiento o apilamiento (ver fs…). Del análisis conjunto de ambas normas puede concluirse que para el transporte y manipulación de contenedores, dentro de los dispositivos de seguridad que deben adoptarse es necesario para el cierre de las aberturas la utilización de precintos, los cuales -como se señaló- no llevaba colocado el vehículo conducido por el encausado (fs…)( y declaración del perito Oviedo de fs…). La cuestión, entonces, se ciñe a establecer si R., en su calidad de conductor del vehículo, tenía la obligación de asegurar la colocación del dispositivo de seguridad referido. En esa dirección, no compartimos los fundamentos del juez de grado en punto a que tal diligencia correspondía -exclusivamente- al propietario del vehículo de carga. Ello así por cuanto, en el caso, no se verificó una deficiencia sustancial estructural de la caja, ni de sus cierre, pues hasta incluso tenía el ojal para colocar precintos de seguridad (fs…). Por el contrario, se demostró que fue la falta de colocación del precinto la omisión que -en definitivaprovocó la apertura de la puerta, su impacto sobre la víctima y las consecuentes lesiones. Esa acción -como se dijo omitida- de completar el aseguramiento necesariamente debía realizarse en forma contemporánea o previa al inicio de la circulación y esto involucra en forma directa al chofer a cargo del vehículo. En esta dirección, adquiere relevancia las obligaciones que la ley 2148 pone en cabeza de los conductores "….deben verificar antes de ingresar a la vía pública que tanto él como su vehículo están en adecuadas condiciones de seguridad, bajo su responsabilidad…" (artículo 5.2.1. de la citada ley y su correlato en el artículo 39 de la ley 24.449). Asimismo el artículo 6.1.1. inciso e) de la primera de las normas citadadas establece que para poder circular con un automóvil es necesario que los vehículos del servicio de transporte de pasajeros, carga o maquinaria especial, cumplan con las condiciones que le son exigibles. Frente a este escenario, el descargo del imputado quien señaló que no se encontraba autorizado a manipular el contenedor y que el adecuado cierre del conteiner le correspondía a los operarios del lugar donde dejó la mercadería que transportaba (fs…) no encuentra sustento alguno en la normativa aplicable al caso y en las obligaciones que de ellas se derivan y que se colocan en cabeza del conductor del vehículo. Así las cosas, el cuadro probatorio reseñado permite tener por acreditada la violación al deber objetivo de cuidado por parte del encausado y su incidencia directa en las lesiones padecidas por el damnificado. De manera tal que, corresponde revocar el auto impugnado y disponer el procesamiento de G.A.R. (artículo 306 del CPPN). b. En cuanto a la significación jurídica del comportamiento descripto, se estima que constituye el delito de lesiones leves culposas (artículo 94, primer párrafo del Código Penal). c. Por último, deberá el juez de grado expedirse respecto a las previsiones de los arts. 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución de fs. (…) y disponer el procesamiento de G.A.R., titular del DNI. n° XXX (…) (artículos 312 y 518 del C.P.P.N.)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Roldán). c. 5.120/17, ROMERO, Gonzalo A. s/ lesiones. Rta.: 08/05/2017 MEDIDA CAUTELAR. Rechazada. Damnificado que solicita una interdicción para evitar el cobro de unos cheques. Verosimilitud del derecho no demostrada. Estado incipiente de la causa. Confirmación. Fallo: "(…) II. 1) En primer lugar, respecto a la medida cautelar de interdicción solicitada por el pretenso querellante para evitar el cobro de cartulares emitidos por la firma "S. S. S. A.", cabe recordar que éstas sólo proceden si encuentran suficiente justificación a partir de las singularidades del caso, fundamentalmente porque importan una restricción para los derechos del imputado que, de conformidad con el artículo 2° del código ceremonial, deben ser interpretadas con criterio restrictivo. Dicho esto, cabe destacar que en el incipiente estado de las actuaciones en el que, más allá de la escueta descripción de los hechos realizadas al promover la presente denuncia, ni siquiera se ha constatado mínimamente la relación comercial que existe entre la firma denunciada y los aquí damnificados, y el concepto en que se libraron los cheques cuyo cobro se pretende investigar o bien la maniobra para hacerse con dichos instrumentos de pago y, principalmente quienes han sido sus autores. A ello se suma el hecho de que aún ni siquiera se ha llamado a persona alguna a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 del CPPN. En el marco apuntado, al no vislumbrarse fundamentos que demuestren la verosimilitud del derecho invocado, no procede la aplicación de la medida cautelar solicitada, por lo que corresponde convalidar lo resuelto con relación a este punto. (…) Por los motivos expuestos el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los autos de fs. (…) y fs. (…) en cuanto han sido materia de recurso".

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Poleri). c. 78.081/16, Representante Legal Janitor S.A. s/ estafa. Querella. Rta.: 04/05/2017 Se citó: (1) Navarro, Guillermo R.; Daray, Roberto R., Código Procesal Penal de la Nación, Hammurabi, Buenos Aires, 2004, tomo I, pag. 288. MEDIDA DE SEGURIDAD Internación bajo las condiciones del dispositivo de internación "PRISMA" (art. 34 inc. 1 del C.P.) con control a cargo del Juzgado de Ejecución Penal. Imputado declarado oportunamente inimputable y sobreseído. Confirmación. Fallo: "(…) En sus respectivos informes y al ampliar judicialmente sus consideraciones, la psicóloga Mónica Herrán y el psiquiatra Andrés Mega del Cuerpo Médico Forense, señalaron que las facultades mentales de N. A. B. "no encuadran dentro de la normalidad", y que su patología se hallaba presente ya al momento del hecho. Amén de ello, destacaron la existencia de indicadores de riesgo cierto e inminente para sí y para terceros, entre los cuales precisaron que incluso en la jornada en que atacara a la víctima con un cuchillo mientras caminaba por la calle, tenía el propósito de quitarse su propia vida, ya que no lo había conseguido en un intento anterior dentro de su domicilio (cfr. fs. ...). En razón de ello, los profesionales consideraron que la mejor manera de atender las afecciones de B. era mediante su alojamiento en el dispositivo "PRISMA", del Servicio Penitenciario Federal, en tanto no existen clínicas privadas u otras instituciones capaces de asegurar la continuidad del tratamiento frente al cuadro actual que presenta. Cabe añadir que a igual conclusión se arribó en las sucesivas evaluaciones en las juntas médicas realizadas el 8 de marzo y el 15 de mayo próximo pasados, pues por medio de éstas se constató la subsistencia de los indicadores de riesgo señalados y la necesidad de mantener su internación en el centro de alojamiento en que actualmente se encuentra (cfr. fs. …). A partir de lo expuesto, corroborada la concurrencia de un hecho antijurídico que prima facie hallaría encuadre en la figura de homicidio en grado de tentativa, de conformidad con las previsiones del artículo 34, inciso 1°, del Código Penal, se declaró la inimputabilidad de B., se dispuso su sobreseimiento y se adoptó como medida de seguridad su internación en "PRISMA", ligada precisamente al peligro de que pudiera dañarse a sí mismo o a terceros. Al respecto hemos dicho que "la medida de seguridad se sustenta en razón de su aplicación a los presupuestos jurídicos establecidos en la ley, esto es, que el individuo hubiese cometido un hecho considerado objetivamente delictuoso por el cual se lo haya considerado inimputable y que se presente como un sujeto peligroso en los términos del artículo 34, inc. 1 del Código Penal" (1). La asignación del control jurisdiccional de esa medida a la justicia de ejecución penal luce a nuestro criterio acertada, en tanto así lo dispone lo norma del artículo 511 del Código Procesal Penal de la Nación (2). Por lo demás, debe recordarse que la Ley N° 26.657 de Salud Mental, que modificó el artículo 482 del Código Civil, no sólo no introdujo reformas en los artículos 511 del ordenamiento adjetivo y 34 del sustantivo, sino que exceptuó expresamente en su artículo 23 a "las internaciones realizadas en el marco de lo previsto en el artículo 34 del Código Penal". Consideramos entonces que debe ser homologada la resolución de la anterior instancia, por lo cual se RESUELVE: CONFIRMAR el pronunciamiento de (fs. …), punto III, en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 8.911/17, BUCOVITS, Nicolás Axel s/ rec. apelación. Rta.: 07/06/2017 Se citó: (1) C.F.C.P., Sala III, c. 12.434 "Antuña, Guillermo Javier", rta. 13/9/2010 y C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 44640/14 "Machuca", rta. 10/09/2014. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 911/11, "García Castillo", rta. 4/7/2011, c. 1201/11, "Paules", rta. 31/8/2011, en consonancia con los lineamientos fijados por la C.F.C.P., Sala III, c. 12.434 "Antuña, Guillermo Javier", rta. 13/8/2010. MEDIDA DE SEGURIDAD. Sobreseimiento del imputado por inimputabilidad. Fiscal que recurre el punto que dispuso la internación a disposición de un magistrado civil. Cese de jurisdicción para el magistrado penal. Confirmación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por el Fiscal (…), contra el punto IV del auto de fs. (…) que dispuso la internación de (…) en el Hospital "Dr. José T Borda" a disposición del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil que por turno corresponda. II.- El 17 de febrero pasado fue declarado inimputable y en consecuencia sobreseído (artículos 34 inciso 1° del Código Penal y 336 inciso 5° del Código Procesal Penal), ordenándose su inmediata libertad e internación involuntaria.

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Los profesionales del Cuerpo Médico Forense, a través de una junta médica, evaluaron al imputado y concluyeron que presentaba 1) "síntomas de alteraciones psicopatológicas que configuran una enfermedad mental enajenante por lo tanto sus facultades mentales, no encuadran dentro de la normalidad psicojurídica". 2) reviste la forma clínica de un trastorno cerebral orgánico de origen tóxico (alcohol y drogas) en una estructura de personalidad limitada (deficiente pedagógico) configurando un deterioro neurocognitivo de larga data de evolución tórpida y pronóstico reservado y con tendencia a la progresividad y la irreversibilidad". 3) En el momento actual y en el momento del hecho no tiene ni tuvo aptitud para comprender y/o dirigir sus acciones (art. 34 inc. 1 del CP) con respecto a la totalidad de los hechos que se le imputan" (…). En la ampliación del estudio informaron "que en el momento de su examen (…) no presentó riesgo cierto e inminente para sí o para terceros. No obstante ello, tal situación depende de la posibilidad de que el mismo se encuentre libre de consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas y no se halle en estado de indefensión social". Además sugirieron que en el caso de recuperar su libertad deberá ser evaluado por el equipo interdisciplinario de una institución afín a su patología, que deberá establecer el tipo, la modalidad, duración y frecuencia del tratamiento a instituir (…). Sentado lo expuesto, entendemos que debe homologarse el auto apelado, pues el sobreseimiento fundado en la inimputabilidad del encausado determina el cese de la jurisdicción penal sobre su persona (1) y el juez civil es el magistrado competente para efectuar su control (2). La Corte Suprema de Justicia indicó en Fallos 331:211 "R.M.J. s/insania" del 19 de febrero de 2008, que el eventual tratamiento a que deban ser sometidas las personas desvinculadas de un proceso penal, aún cuando se hayan detectado indicadores de riesgo de daño para sí o para terceros, será materia exclusiva de la justicia civil en los términos del artículo 482 del código de fondo, por lo que más aún se debe hacer eco de ello, en este caso, en el cual el peligro se estimó potencial y condicionado al consumo de alcohol y/o sustancias psicoactivas en estado de indefensión social. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto (…) del auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Asturias). c. 4.748/13, M., C. R. s/medida de seguridad. Internación Involuntaria. Rta.: 23/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 40026/16, "Espinosa, Darío Ricardo", rta.: 5/10/16, la c. 44597/15, "Alderete Brian Alexis", rta.: 29/9/15; (2) C.N.C.P., Sala IV, c. 15.627, "Pérez", rta.: 22/9/11 y c. 13.942 "Carulla", rta.: 3/6/10. MEDIDA DE SEGURIDAD. Aprehensión e internación de los menores. Agravios: Menores que no tuvieron conocimiento efectivo de la citación. Rechazo. Magistrado que tiene un rol tuitivo por ser los imputados menores de edad que lo faculta y obliga a adoptar medidas para su custodia y protección integral (artículo 1° in fine y 3 de la Ley 22.278). Episodio que, por las particulares características y, debido a la imposibilidad de tomar contacto directo con aquéllos, permiten presumir un posible estado de abandono o peligro. Confirmación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…) y (…), contra el auto de fs. (…) que ordenó su aprehensión e internación.II.- Durante la audiencia la asistencia técnica sostuvo que el pronunciamiento se justificaba sólo si los imputados hubieran tenido conocimiento efectivo de la citación y no se presentaran en el término fijado sin alegar un impedimento legítimo, lo que al no verificarse la tornaba incorrecta.Por ello requirió su reemplazo por una medida menos gravosa que garantizara igual la comparecencia, como una orden de paradero o, eventualmente, de comparendo, pero evitaría la detención de menores no punibles lo que no está autorizado por la normativa aplicable.III.- La circunstancia que los imputados ignoren la existencia del proceso y su convocatoria a la justicia no tiene incidencia alguna sobre lo decidido, en tanto ese argumento responde, en rigor de verdad, al instituto de la rebeldía, cuestión que resulta absolutamente ajena a la decisión que aquí se plantea. Veamos.Primeramente señalaremos que luego de practicarse varias diligencias se determinó su participación en el hecho, se allanaron inmuebles para secuestrar elementos a el relacionados, identificar a sus ocupantes y trasladar a (…) y (…) a la sede del (…) para su posterior alojamiento en el Centro de Régimen Cerrado que por edad corresponda (…). Lo que la parte soslaya es que justamente su condición de menores coloca en cabeza del juez un rol tuitivo que lo faculta y obliga a adoptar medidas para su custodia y protección integral (artículo 1° in fine y 3 de la Ley 22.278). De modo que las particulares características del episodio en el que habrían disparado un arma de fuego contra (…) provocando su deceso, y que no se haya logrado aún tomar contacto directo con aquéllos, se erigen como pautas suficientes para inferir un posible estado de abandono o peligro para ellos que justifica holgadamente su aprehensión para su internación. Es la única forma idónea de neutralizar ese riesgo de manera rápida y eficaz, sin que se vulneren sus derechos como niños pero cumpliendo justamente con la facultad tuitiva del juez y la seriedad que todo proceso exige o reducirlo a una cuestión semántica.Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Williams). c. 13.663/17, C., M. O. y otro s/aprehensión e internación. Rta.: 25/04/2017 172

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

MEDIDAS DE PRUEBA. Informes psicológicos y psiquiátricos del imputado. Posible afectación de la garantía de autoincriminación forzada. Imputado que se niega a someterse a los exámenes. Revocatoria. Fallo: "(…) Celebrada la audiencia prevista en el art. 454 del Código Procesal Penal, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver en torno al recurso de apelación formulado por la defensa oficial, contra el auto documentado a fs. (…), tercer párrafo, únicamente en cuanto se ordenó practicar "sendos informes psicológicos y psiquiátricos, con el objeto de determinar si presenta signos de perversión en términos psicopatológicos y/o desviaciones de la libido, que puedan conducirlo a realizar actos como los que se investigan en autos" respecto de A. O. A. La defensa se opuso a la medida ordenada, en el entendimiento de que su realización viola la garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo, el derecho a la intimidad y el principio de derecho penal de acto (artículos 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional). Cabe aclarar que el recurso fue formulado y concedido solamente respecto de la segunda parte del tercer párrafo de fs. (…), en tanto no se cuestionó que se practique el examen previsto en el artículo 78 del Código Procesal Penal de la Nación. Al respecto, entiende la Sala que tal como fue requerido el examen, podría afectar la garantía que proscribe la autoincriminación forzada, en tanto demandaría -cuanto menosentrevistar al imputado. La negativa del imputado a someterse a tales exámenes, expuesta en el acto de la indagatoria (…), sumada a los argumentos formulados por su defensa (…), conducen a admitir el reclamo de la recurrente, pues la imposibilidad de constreñirlo a hablar o requerirle un "hacer", operativamente impide a los facultativos recoger los elementos convictivos necesarios para fundar su dictamen (1). Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado a fs. (…), tercer párrafo, segunda parte, en cuanto fue materia del recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Franco). c. 53.037/15, A., A. O. s/ Abuso sexual. Rta.: 17/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 6502/14, "C., S. S.", rta.: 06/06/2014 y c. 135/12, "A., Y. A.", rta.: 01/03/2012. MEDIDAS DE PRUEBA. Procesamiento. Agravios: Afectación al derecho de defensa debido a que las versiones sobre los hechos fueron brindadas por testigos de identidad reservada. Validez. Revocatoria parcial del procesamiento debido a que los elementos reunidos respecto del hecho no son suficientes. Falta de mérito y confirmación parcial respecto de otro hecho. Disidencia parcial: práctica prevista para casos excepcionales. Necesidad de revelar la identidad de los testigos en caso de disponerse el procesamiento. Fallo: "(…) I. La defensa de P. A., C. O. L. y O. T. interpuso recurso de apelación contra la decisión extendida a fs. (…) -puntos I, IV y VII- por la que se los procesó en orden a los hechos "I" y "II". A la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, concurrieron la doctora Valeria Corbacho por la defensa de los nombrados y los imputados L. y T. II. Con respecto al hecho "I" Los jueces Mariano A. Scotto y Mauro A. Divito dijeron: a) Según las intimaciones formuladas a fs. (…), se les atribuyó a los imputados el haber recibido indebidamente, en su calidad de miembros de la Comisaría 7ª de la Policía Federal, sumas dinerarias de parte de distintos comerciantes de la zona, desde -en principio- el año 2008 y hasta el año 2012. Dichas dádivas habrían sido cobradas por A. y/o personal de la Brigada de la Comisaría 7ª a los comerciantes, quienes las abonarían en contra de su voluntad, a cambio de seguridad en la zona, de ejercer libremente el comercio y de que se les permitiera ingresar a los locales mercadería ilegítima (como por ejemplo, ropa de marca falsificada, perfumes importados carentes de documentación respaldatoria, entre otras) que luego era ofrecida a la venta. Siempre según la intimación formulada, los vendedores ambulantes de la jurisdicción también habrían entregado dádivas al personal de la Brigada, a cambio del permiso para vender sus productos en la avenida P., entre las calles V. G. y B. M., de esta ciudad y productos comestibles en las inmediaciones de la estación de ferrocarriles "Once de Septiembre", incluyendo a quienes lo hacían solamente los fines de semana. Además, se denunció que las personas que trabajaban como "arbolitos" abonarían sumas dinerarias a los uniformados, a fin de que les permitieran ejercer la actividad de cambio de moneda extranjera en la vía pública, en las inmediaciones del local gastronómico "E. C.", sito en la avenida C. y P., de esta ciudad. Por último, algunos comerciantes dedicados a la venta de teléfonos celulares habrían entregado también dinero a los miembros de la Policía Federal. Asimismo, se les endilgó el suceso que fuera narrado por un testigo de identidad reservada que se dedicaba a la venta de teléfonos celulares (…), quien refirió que mientras se encontraba en la costa atlántica recibió un llamado telefónico de una persona apodada "C." que le dijo que estaba con el "P." y con "P. A." y que iban a allanar su comercio. Ante ello, el declarante les manifestó que "no…rompieran nada que yo me dirigiría inmediatamente hacia allí…me tomé un micro desde la costa…al llegar me enteré que ya habían entrado a la 173

oficina, que el allanamiento había dado negativo…mientras yo estaba viajando en micro y ellos dentro de mi oficina, el C. lo llama y me dice 'che, esto es la cueva de Alí Baba, está lleno de celulares', le respondo 'y sí, si me dedico a la venta de celulares'…, C. me dice pero mirá que todo esto te lo pueden secuestrar, cómo querés hacer?', me dice 'mirá, nosotros te podemos aguantar pero en realidad quieren secuestrar toda la mercadería…pero te lo podemos frenar…decime cuánto me podés dar'…". En ese contexto, sostuvo que ofreció mil quinientos pesos, lo que no fue aceptado y que le solicitaron la suma de tres mil pesos a pagar en dos cuotas. Agregó que se encontró con "C." y P. A. en un estacionamiento, oportunidad en la que le entregó mil quinientos pesos al último de ellos, mientras que la segunda cuota la abonó una semana después a "C.". Explicó además que cerró el negocio que tenía en "Once" cuando A. pasó a ser el jefe de la Brigada, pues en ese momento "se empieza a pedir plata a todo el mundo, se hizo insoportable, de hecho los comentarios eran 'o pones guita o te vas'…y tampoco se puede pagar una vez y nunca más…si pagás una vez no parás…incluso había una suma, había que poner 200 pesos por semana, el comentario era 'ahora está Pablo, él lo cobra en serio, o ponés los 200 pesos o te vas". Finalmente, dijo que "si querés verlo a A. haciendo la recorrida, hay que ir a la intersección de las calles B. S. M. y Sarmiento de esta ciudad…es donde P. hace la recorrida con su bolsito tipo morral y cobra, esto es los jueves o viernes después de las 18 hs…siempre se encuentra con una persona vestida con ropa de civil". b) Previo a ingresar al fondo de la cuestión, corresponde referir que no se vislumbra afectación alguna al derecho de defensa en las versiones brindadas por los testigos de identidad reservada, pues el artículo 79 del Código Procesal Penal establece que "desde el inicio de un proceso penal y hasta su finalización, el Estado nacional garantizará a las víctimas de un delito y a los testigos convocados a la causa por un órgano judicial el pleno respeto de los siguientes derechos….c) A la protección de la integridad física y moral, inclusive de su familia". En esa senda, se ha sostenido que "el magistrado, en la etapa de recolección de la prueba, está facultado para ordenar la recepción de un testimonio prestado por un testigo de identidad reservada, si ello obedece a la existencia de un riesgo de seguridad que exige por parte del Estado la protección de su identidad…" (CFCP, Sala III, causa Nº 4419, "Sanfurgo Ocampo, Eric Manuel", del 4 de diciembre de 2003). En igual sentido, se indicó que "el punto de discusión se centra en el debido control del testimonio, situación que puede diferirse al momento de la oralidad del debate y, finalmente, en que el deber del Estado en tales hipótesis se ciñe a otorgar al testigo contención y protección para que pueda declarar libremente. La extensión de ese medio probatorio en nuestro catálogo procesal no provoca en la defensa perjuicio alguno en tanto se permita en el juicio el examen del testigo" (Sala VI, causa Nº 39.122, "Mojica, Sergio y otros", del 15 de abril de 2010). En consecuencia, ponderando que los hechos atribuidos involucrarían a distintos miembros de una fuerza de seguridad, puede concluirse -en este estadio procesal- en la validez de las declaraciones de los testigos de identidad reservada, máxime si se considera que uno de aquéllos trabajó en la misma seccional que los imputados, y otro ejerció el comercio en esa zona. (…) Por lo expuesto, hasta tanto se profundice la pesquisa en el sentido indicado, corresponde revocar el auto apelado y disponer que no existe mérito suficiente para procesar ni para sobreseer a los imputados (artículo 309 del Código Procesal Penal), en orden a los hechos identificados como "I" por los que fueron legitimados pasivamente. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: De acuerdo a lo que se tratara en la deliberación, comparto los fundamentos brindados en el que voto que antecede, en lo que respecta a la valoración probatoria del hecho indicado como "I". Por otra parte, estimo que en el caso de disponerse eventualmente los procesamientos de los imputados deberá revelarse la identidad de los testigos que declararon en las presentes actuaciones, conforme lo resuelto en la causa Nº 47.693/2015, "Cabrera, Sergio Damián y otro", de la Sala I, del 9 de noviembre de 2015, entre otras. En ese sentido, he sostenido que "su práctica no se encuentra prevista para este tipo de casos sino excepcionalmente se encuentra regulada en el art. 33bis de la ley 23.737, que fue incorporado por la ley 24.424 para la investigación de organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes. También la figura se ha hecho extensiva a hechos de terrorismo bajo la ley 25241, y aquéllos descriptos en los tipos penales de los arts. 142 bis y 170, a la luz de la ley 25764…por lo que su extensión analógica a casos no expresamente previstos en la norma está vedada por el propio carácter excepcional de una norma que impide al imputado ejercer el control sobre la prueba. Es, que no podemos dejar de señalar que la utilización de sus dichos como prueba de cargo, sin brindarle al imputado posibilidad alguna de contrarrestarla, decididamente afecta su derecho de defensa, art. 18 de la CN. Con esta práctica se anula la posibilidad del contradictorio, en definitiva se limita el poder de cuestionar el testimonio de cargo (art. 8 inc. "f" de la CADH, art. 14.1. "e" del PIDCP). La posibilidad de controlar la prueba resulta una herramienta indispensable para ejercer acabadamente el derecho de defensa que constitucionalmente le asiste al imputado, lo cual fue claramente destacado por el máximo tribunal en el caso "Benítez". En particular, se ha dicho que '…la pretensión de utilizar durante la etapa del juicio el testimonio de un testigo de identidad reservada, presentaría obstáculos constitucionales prácticamente insalvables…el derecho de defensa se ve menoscabado si un tribunal basa en todo o en parte un veredicto de condena en un testimonio anónimo, sin posibilidad para el imputado de conocer los antecedentes del testigo, y otros datos mínimos para testear su credibilidad" (de la Sala I, causa Nº 47.693/2015, "Cabrera, Sergio Damián y otro", del 9 de noviembre de 2015; entre otras). Así voto. III. (…) Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR parcialmente el auto extendido a fs. (…), en orden al hecho individualizado como "I" y DECLARAR que, en relación con esos sucesos, no existe mérito suficiente para procesar ni para sobreseer a P. A., C. O. L. y O. T. (artículo 309 del Código Procesal 174

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Penal). II. CONFIRMAR parcialmente la decisión documentada a fs. (…), en cuanto se procesó a C. O. L. y O. T., por el hecho individualizado como "II" (…). C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Rimondi, Divito. (Prosec.: Larcher). c. 32.688/12, LUCIONE, Claudio y otros s/ Procesamientos. Rta.: 05/05/2017 MEDIDAS DE PRUEBA. Reconocimiento en fila de personas solicitado por el fiscal. Actuaciones con autor desconocido. Juez que dispuso que la fiscalía lleve a cabo la medida. Diligencia vedada al Ministerio Público Fiscal. Acto irreproducible y definitivo. Revocatoria. Fallo: "(…) El representante del Ministerio Público Fiscal apeló el auto obrante a fs. (…), en cuanto dispuso que la propia acusación pública llevara a cabo la medida probatoria solicitada. Comparte el Tribunal el argumento expuesto por el fiscal en el recurso de apelación presentado a fs. (…), en el sentido de que la realización de una diligencia de reconocimiento en fila de personas está vedada a ese ministerio, en virtud de cuanto se dispone en el artículo 213, inciso "c", del Código Procesal Penal, en relación con los actos irreproducibles y definitivos, conforme sostuviera en sus precedentes (1). Por ello, esta Sala RESUELVE: REVOCAR la providencia dictada a fs. (…) en cuanto ha sido motivo de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Rimondi. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 29.714/17, N.N s/ Medida de Prueba. Rta.: 21/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.528, "Leonardo", rta.: 07/10/2009 y c. 264/13, "Díaz, Daniel Alberto", rta.: 08/04/2013. MEDIDAS DE PRUEBA. Abuso sexual. Extracción compulsiva de muestras biológicas al imputado para examen comparativo de ADN y de grupo sanguíneo. Defensa que alegó la afectación de derechos fundamentales ante la negativa del imputado para la realización de la medida. Ausencia de violación de las garantías constitucionales. Medida razonable y proporcional a la gravedad del hecho atribuido. Vinculación con el objeto procesal del sumario. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa de G. R. M. recurrió en apelación el auto de fs. (…), punto I, en cuanto se ordenó la extracción compulsiva de muestras biológicas del nombrado para realizar un examen comparativo de ácido desoxirribonucleico (ADN) y de grupo sanguíneo ante la posible presencia de semen en las muestras de los hisopados anal y vaginal de la víctima y en la remera aportada por ella. La asistencia técnica sostuvo que, en virtud de que su representado se negó expresamente a la extracción de muestras para un estudio comparativo de ADN (…), la medida conlleva la afectación de sus derechos fundamentales. A su vez, alegó que la medida ordenada implica forzar al encausado a aportar prueba al proceso pese a su derecho a guardar silencio y a que existen otras formas no compulsivas de obtener muestras. Por último, argumentó que no se evidencian en el caso razones que ameriten la extracción de material biológico de manera compulsiva y que ello no ha sido debidamente justificado, por lo que la decisión resulta arbitraria y violatoria de las prescripciones de los artículos 123 y 218 bis del Código Procesal Penal, de modo que debe declararse su nulidad (…). Al respecto, esta Sala considera que, en el caso, no importa una violación de las garantías constitucionales de M. la realización de un estudio como el ordenado por el juez de la instancia anterior, que constituye una medida razonable y proporcional a la gravedad del hecho atribuido, máxime cuando es sabido que este tipo de procedimientos, en el ámbito forense, se realizan con arreglo a las técnicas corrientes en la medicina, sin resultar humillantes ni degradantes, y no implican riesgos para la salud del imputado (1). Por lo demás, de adverso a lo sostenido por el recurrente, se estima que la decisión cuestionada satisface los recaudos exigidos por la normativa procesal, pues el magistrado a quo se ha pronunciado fundadamente acerca de la necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida que, en el caso, guarda vinculación con el objeto procesal del sumario, en tanto resulta pertinente para constatar extremos de importancia para la investigación, en función del episodio pesquisado. En consecuencia, como se encuentran cumplidos los requisitos relativos al modo en que debe ser ordenada la extracción de muestras biológicas del imputado, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. (…), punto I, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 27.546/16, M., G. R. s/ Abuso Sexual. Medida de prueba. Rta.: 28/06/2017

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Se citó: (1) Javier Augusto De Luca, Pruebas sobre el cuerpo del imputado o testigos y las garantías constitucionales, Revista de Derecho Penal, Garantías constitucionales y nulidades procesales, 2001-I, Rubinzal-Culzoni, p. 396 y C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39862, "F., R.", rta.: 09/11/ 2010. MENOR Dispuesto tutelarmente. Agravio de la defensa: Necesidad de que cese la disposición y que el menor quede a cargo del órgano administrativo correspondiente debido a que, en razón de su edad, será declarado inimputable y en consecuencia sobreseído. Análisis de la legislación nacional e internacional aplicable al caso y de la jurisprudencia de nuestro máximo tribunal. Caso en el que no se ha restringido la libertad, sino que sólo se ha designado a un equipo interdisciplinario para que evalúe el desarrollo del medio social y condiciones de vida y se solicitó al Cuerpo Médico Forense la realización de un amplio estudio que permita recabar la mayor cantidad de información posible acerca de su nivel madurativo, la existencia de situaciones traumáticas en su historia personal y establecer el tipo de abordaje más adecuado para su tratamiento con el fin de priorizar el mejor interés del niño. Confirmación. Fallo: "(…) I.- El pasado 18 de abril la jueza de la anterior instancia ordenó formar el presente legajo tutelar respecto de B. E. M., de trece años de edad (cfr. fs. … de los autos principales), quien reside actualmente junto a su padre A. M. T. y la pareja de éste, Z. G. M., en el domicilio ubicado en la Manzana x, casa x bis, de la Villa x de esta ciudad. Asimismo, el informe elaborado por el Equipo Interdisciplinario n° 5 da cuenta de la compleja problemática que presenta el niño en tanto proviene de una familia desintegrada, donde habría sufrido abusos de índole sexual tanto por parte de su hermano mayor J. M. como de su madre V. G. A. (fs. …), mientras que él habría hecho lo propio respecto de sus hermanas J. y A. de 8 y 6 años, respectivamente. II.- Su defensor solicitó el cese de la intervención tutelar por parte de la justicia penal de menores, en el entendimiento de que la actuación debe limitarse al órgano administrativo pertinente, tal como lo dispone la ley 26.061, máxime cuando su asistido, en razón de su edad, habrá de ser declarado inimputable y sobreseído en su consecuencia. III.- Sentado lo anterior, cabe señalar que si bien es cierto que la mencionada norma confirió al "órgano administrativo competente local" -que en el ámbito nacional sería el "Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia"- la aplicación de las medidas de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes (artículos 33 y 46), no menos lo es que su entrada en vigencia derogó la ley 10.903 pero no en cambio la 22.278, que confió a la autoridad judicial la posibilidad de disponer provisionalmente de un menor de 16 años de edad contra el cual existe una imputación penal, pudiendo ordenar los informes y peritaciones conducentes al estudio de su personalidad y condiciones familiares y ambientales, y lo facultó a disponer definitivamente de aquel si de ellos resultare que se encuentre abandonado, falto de asistencia, en peligro material o moral, o presente problemas de conducta (artículo 1) (1). Aun cuando parecen mediar ciertas tensiones entre ambas normas en vigencia, en tanto una asigna un control administrativo y otra uno judicial en relación con una misma situación, la Corte Suprema de Justicia de la Nación zanjó la discusión al afirmar que "…en nada impide y en todo exige, naturalmente que los jueces … dicten, cuando correspondiere, las decisiones que en el caso concreto sean requeridas para la salvaguarda de los derechos y libertades del menor y para la protección especial a que éste es acreedor, con arreglo a la Constitución Nacional y con los tratados internacionales que rigen la materia" (2). Entre los lineamientos centrales del fallo se inscribe: "en relación a los niños que cometen un delito cuando todavía no han cumplido la edad mínima, el Comité de los Derechos del Niño, ha reconocido, recientemente, que si bien no pueden ser formalmente acusados ni considerárselos responsables en un procedimiento penal, 'si es necesario, procederá adoptar medidas especiales de protección en el interés superior de esos niños (3)". De tales consignas se deriva que, más allá de que la intervención del órgano administrativo no obsta a la actuación conjunta del juez siempre que el caso lo requiera, tal como incluso lo señaló el propio recurrente en la audiencia, el análisis de la situación debe tener en miras el "interés superior del niño", conforme la obligación asumida por el Estado en el marco de la "Convención sobre los Derechos del Niño", adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas y aprobada por ley 23.849, entendido tal como "el que mejor lo asista y beneficie" (4). En coincidencia con ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en su Opinión Consultiva OC/17/2002 que la expresión "interés superior del niño" implica que el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos sean considerados principios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Bajo esas directrices, no se advierte que en el caso de M. la actuación judicial que se ha de mantener vaya en contra de tales designios. Al respecto, debe destacarse que no se ha restringido su libertad, sino que la judicante ha limitado su intervención a designar a un equipo interdisciplinario para que evalúe el desarrollo de su medio social y sus condiciones de vida, así como a requerir al Cuerpo Médico Forense la realización de un amplio estudio que permita recabar la mayor cantidad de información posible acerca de su nivel madurativo, la existencia de situaciones traumáticas en su historia personal y establecer el tipo de abordaje más adecuado para su tratamiento (cfr. fs. …), todo ello justamente a fin de priorizar el mejor interés del niño. Entonces, sin perjuicio de que se arbitren en la instancia anterior los medios necesarios para que no se dupliquen en sede judicial y administrativa estudios de similares características respecto del menor, a fin de evitar su eventual revictimización, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de (fs. …), en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). 176

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional c. 22.348/17, M., B. E. s/ Incidente de medidas tutelares. Rta.: 31/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 8.475/16 "B. K.", rta. 12/5/16. (2) C.S.J.N., Fallos 331:2691, "G. M.", del 02/12/2008. (3) Observación General N° 10/2007, "Derechos del niños en la Justicia de menores", del 25 de abril de 2007, párr. 31. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 43.104/15 "G.", rta. 10/9/2015, con cita de Augusto Belluscio, artículo publicado en "la Ley", Año LXX, N° 40, Buenos Aires, 26/02/2006, pág. 1/5. MENOR. Sobreseimiento por inimputabilidad. Agravio: Desvinculación porque el delito no fue cometido por la imputada. Rechazo. Prueba suficiente que acredita la comisión de los hechos y su participación. Confirmación. Fallo: "(…) El juez de grado sobreseyó a (…) por no resultar punible en razón de su edad (artículo 336, inciso 5° del CPPN). No obstante ello, la defensa oficial impugnó el resolutorio en cuestión, por cuanto consideró que el juez de grado debió desvincular a la nombrada a tenor de lo dispuesto en el artículo 336, inciso 4° del citado cuerpo, en virtud de que, a su entender, no existen pruebas que incriminen a la imputada. (…) II. Analizadas las constancias traídas a estudio y oídos los agravios del recurrente, entendemos que no merecen ser atendidos. Se cuenta en autos con el testimonio de R. R. R. -madre de S. A. A.-, quien explicó que tomó conocimiento de que las compañeras de su hija -entre ellas, D. A.- le refirieron "te vamos a re cagar a trompadas negra de mierda, de esta semana no pasas", para luego propinarle a la damnificada varios golpes de puño en su espalda, rostro y brazos. Agregó que luego de veinte minutos el preceptor de nombre G. separó a las menores (cfr. fs….). Sumado a ello, la denunciante aportó las constancias que lucen a fs. (…), las cuales revelan que la imputada efectuó manifestaciones de tenor amenazante contra la víctima vía twitter; además de que acreditó que la menor padeció lesiones como consecuencia de las agresiones aludidas. Esta última circunstancia se encuentra corroborada por el informe médico legal incorporado a fs. (…). A su vez, cabe destacar que si bien el preceptor G. A. F. tuvo intervención recién cuando fue anoticiado de la reyerta por parte de la profesora de biología, de su testimonio se extrae que la víctima se encontraba manteniendo una discusión con la aquí sindicada (cfr. fs. …). En este contexto, el relato de la testigo A. N. da cuenta de que con anterioridad al episodio investigado, la damnificada ya había recibido agresiones físicas por parte de la encausada (cfr. fs…) y, en igual sentido, debe valorarse el testimonio de D. N. D. O., quien también presenció que aquel día la víctima se encontraba rodeada por varios compañeros, los que le propinaron distintos golpes (cfr. fs. 51/vta.). Por lo cual, a la luz de la sana crítica (artículo 241 del CPPN), las pruebas colectadas resultan suficientes para tener por acreditada tanto la materialidad del hecho como la participación que le cupo a D. M. A., de modo que el decisorio cuestionado merecer ser homologado, por lo que el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs.(…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Raña). c. 62.780/16, A., D. M. y otros s/ sobreseimiento. Rta.: 05/04/2017 MENOR. Que cumplió los 18 años de edad y fue trasladado a una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Defensa que recurrió el rechazo al pedido de permanencia del imputado en instituto para jóvenes adultos. Establecimiento del S.P.F. en el cual podrá recibir adecuada atención acorde a su franja etaria (18 a 21 años de edad). Legajo de disposición tutelar del cual no surgen motivos que impidan convalidar la medida. Confirmación. Disidencia: enjuiciamiento que se rige por las disposiciones de la ley 22.278. Referencia al fallo "Maldonado" de la C.S.J.N. Reglas de Beijing. Modificación en las condiciones de alojamiento que no acarrearían ventaja para lograr una adecuada inserción social. Fallo: "(…) La defensa oficial recurrió en apelación el auto extendido a fs. (…), en cuanto se rechazó el pedido de alojamiento de H. J. K. L. en el Centro "Manuel Belgrano". La asistencia técnica formuló agravios pues considera que el nombrado debe permanecer en un instituto para jóvenes adultos, tal como lo es el mencionado Centro de Régimen Cerrado y no ser trasladado a una Unidad del Servicio Penitenciario Federal -como lo había ordenado el magistrado-, en razón de que en dicho lugar el sistema de encierro es más riguroso y le provocará un menoscabo en sus derechos (…). El juez Mariano A. Scotto dijo: Al respecto, en la medida que el imputado adquirió la mayoría de edad (…), se considera que resulta razonable su alojamiento en el Complejo de Jóvenes Adultos de Marcos Paz -Anexo Unidad 24-. En tal sentido, sin perjuicio de que el trámite del proceso continúe bajo el régimen minoril (ley 22.278), en dicho establecimiento podrá recibir una adecuada atención, acorde a su franja etaria de dieciocho a veintiún años de edad. 177

A su vez, tal traslado respeta la manda de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 37 inc. 4º), ya que L. convivirá con personas de su edad, no será alojado con adultos -mayores de veintiún años de edad- y se le proporcionará un tratamiento específico y diferenciado tal como lo prevé la Ley 24.660 (art. 197 y 198). Por lo demás, los argumentos que brinda la defensa en cuanto a que el alojamiento en el Centro de Régimen Cerrado Manuel Belgrano es más favorable al no contar la Unidad 24 "con las mismas facilidades"; que en el primero se prohíbe la portación de armas a los encargados de velar por la seguridad; y que la detención bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal enfrenta a L. a un régimen sancionatorio que difiere de las instancias de diálogo que se usan en el centro dependiente del SENAF, son referencias de carácter genérico que abarcan a todo el colectivo de menores que, encontrándose alojados en un centro para esa condición, alcanzaran los 18 años. Así, y habiendo solicitado esta alzada el legajo de disposición tutelar de L., no se advierten motivos que impidan convalidar la medida del juez de menores. En tal sentido, del informe de cierre (…) surge que en el "1 Período", relacionado con la vinculación de L. al primer proceso penal por el que recientemente resultara condenado a la pena de tres meses de prisión en suspenso (…), si bien participaba en las entrevistas pautadas con el equipo interdisciplinario, "no se logró que tuviera impacto concreto en el desarrollo de su vida cotidiana" (ver fs. …, e informe de fs. -…- en cuanto a la falta de realización de actividades organizadas y sistemáticas, como así también la falta de concurrencia a un encuentro con el equipo interdisciplinario). Respecto del "2º período", que se vincula con su permanencia en "CRC Rocca" por el inicio de esta causa -y que cesó el 12 de abril del corriente año al cumplir 18 años-, de la conclusión surge que en ese reducido lapso "no se logró establecer con el joven un vínculo que promoviera el logro de los objetivos propuestos", aunque sí que se iniciara un proceso que le permitiera relacionar la situación de vida que tenía con las consecuencias relativas a su actual detención. Así, y mas allá de su reciente traslado al "C.R.C. Manuel Belgrano" (…), el nombrado no se encuentra escolarizado en el año en curso, y la actividad terapéutica que realizaba en el "CRC Rocca" se interrumpió, de todos modos, por su traslado al primer centro mencionado acorde a su franja etaria, por lo que no se advierte un perjuicio en este aspecto. La ausencia de tales pautas hacen que el presente caso difiera de lo que sostuvo esta Sala en la causa nº 12.898/2015 "Sanabria Alcaraz, Julio Aldimir", del 14 de abril de 2015. En consecuencia, y teniendo en cuenta también la naturaleza de los hechos que se le atribuyen al menor (fue procesado a fs. -…como coautor de los delitos de robo agravado por el uso de armas en concurso real con tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido para consumar el anterior y procurar su impunidad, de conformidad con los arts. 42, 45, 55, 166 inc. 2º y 80 inc. 7 del Código Penal), y que fue recientemente condenado a la pena de tres meses de prisión en suspenso (…), voto por confirmar la resolución recurrida. El juez Mauro A. Divito dijo: En torno de la cuestión planteada he de disentir con la solución que propone el juez Scotto, pues estimo que -en el caso- no es conveniente que la prisión preventiva decretada respecto del joven H. J. K. L. se cumpla en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Cabe recordar que el imputado, recientemente, cumplió los 18 años y, en consecuencia, ha sido trasladado del Centro de Régimen Cerrado "Manuel Rocca", en el que se hallaba, al "Manuel Belgrano" (…), también dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), donde -según se conocepodría permanecer hasta los 21 años. Al respecto, teniendo en cuenta que los hechos que se atribuyen a Lugo fueron cometidos cuando él contaba con 17 años y que, por ende, su enjuiciamiento penal se rige por las disposiciones de la ley 22.278, interpretada -claro está- bajo las previsiones de la Convención sobre los Derechos del Niño (Constitución Nacional, art. 75, inc. 22), la decisión que aquí corresponde adoptar, vinculada con su alojamiento durante la sustanciación del proceso, ha de tomar en consideración, necesariamente, cuál es el ámbito que mejor contempla su interés superior (CDN, artículo 3.1). Es menester recordar que, según lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "M.", los menores de edad cuentan con los mismos derechos que los adultos y, además, con derechos especiales, derivados de su condición, cuyo reconocimiento constituye un imperativo jurídico (cfr. "Fallos" 328:4343 considerandos 32º y 33º del voto mayoritario-). Por otra parte, el punto 19.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores ("Reglas de Beijing") dispone que "El confinamiento de menores en establecimientos penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el más breve plazo posible", mientras que el punto 29.1 consagra que "Se procurará establecer sistemas intermedios como establecimientos de transición, hogares educativos, centros de capacitación diurnos y otros sistemas pertinentes que puedan facilitar la adecuada reintegración de los menores a la sociedad". En ese marco, no advierto razones que, en este caso, avalen lo resuelto por el señor juez de grado, que -como puede versesupone retirar al joven del ámbito dependiente de la SENNAF, en cuya órbita se encuentra desde que fue detenido el 6 de diciembre del año pasado, y alojarlo en una unidad del Servicio Penitenciario Federal ubicada en la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires -Complejo de Jóvenes Adultos-. Sobre este punto, si bien la defensa ha formulado ciertas consideraciones de orden genérico en torno de los perjuicios que acarrearía a L. su traslado a una unidad penitenciaria -los que, en rigor, no resultan difíciles de vislumbrar-, destaco que los agravios no se han limitado a ello, pues también la recurrente expuso que los informes de seguimiento del joven eran favorables, que a partir de éstos la Defensoría Pública de Menores e Incapaces había pedido su egreso ante el Tribunal Oral de Menores que venía tramitando el legajo de disposición tutelar (…) e incluso que existía la posibilidad de que -en ese casoconsiguiera un trabajo, según se extrae de lo que expresó su progenitora a los profesionales del instituto "Rocca" (…), extremos que, en definitiva, permitían apreciar una buena evolución de aquél en el ámbito dependiente de la SENNAF.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Por lo demás, los informes que se fueron glosando al legajo de disposición del joven dejan en claro que su internación allí ha favorecido dicha evolución y el inicio de un proceso orientado a que pueda relacionar la situación de vida que venía desarrollando con las consecuencias que ello ha tenido, habiéndose destacado, en particular, la necesidad de que continúe "accediendo a su espacio terapéutico con el objetivo de profundizar en la problematización de las situaciones de riesgo a las que ha estado expuesto, promover su responsabilización subjetiva y brindar contención psicológica" (ver el "informe de cierre" agregado a fs. -…del legajo citado). Esta última sugerencia profesional permite apreciar, en mi opinión, que la modificación de las condiciones actuales de alojamiento de L., trasladándolo a una unidad penitenciaria, no habría de acarrear ventaja alguna a los fines de lograr una adecuada inserción social de aquél, sino todo lo contrario. En este punto considero necesario recordar que el máximo tribunal, en el ya citado fallo "M.", ha señalado que los jueces -en los casos de menores de edad- tienen el deber de fundamentar la necesidad de la privación de libertad desde el punto de vista de la prevención especial, es decir, ponderando los posibles efectos nocivos del encarcelamiento respecto de las posibilidades de readaptación social (cfr. voto de los jueces Petracchi, Highton de Nolasco, Maqueda, Zaffaroni y Lorenzetti, considerandos 21º al 23º); y ha insistido en la necesidad de evitar que la pena privativa de libertad tenga efectos negativos para la reintegración social del condenado (íd., considerando 35º). Ese mandato, en el caso, adquiere una relevancia mayor, pues si bien Lugo ha sido procesado por hechos de gravedad, se halla cumpliendo prisión preventiva y, por ende, amparado por el estado de inocencia que el art. 18 de la Constitución Nacional garantiza. A mayor abundamiento, cabe señalar que esta misma Sala, en un caso con similitudes al del sub examine, decidió revocar la decisión de trasladar al imputado a una unidad del servicio penitenciario federal, por entender que su derivación al Centro "Manuel Belgrano" se exhibía como un proceso de adaptación necesario previo a dicho eventual traslado (causa nro. 12898/2015, "Sanabria Alcaraz", del 14 de abril de 2015). En conclusión, siguiendo los lineamientos apuntados, estimo que el traslado recurrido por la defensa del joven en nada habrá de contribuir al objetivo de minimizar el impacto perjudicial del encierro para la eventual reinserción de aquél. Por lo expuesto, me inclino por revocar la resolución apelada, en cuanto fue materia de recurso. Así voto. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Habiendo escuchado la grabación de la audiencia oral, participado de la deliberación y sin preguntas para formular, comparto sustancialmente los argumentos formulados por el juez Scotto, pues se ajustan a las particularidades del caso. Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto extendido a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito (en disidencia), Cicciaro. (Sec.: Sánchez) c. 73.872/16, L., H. J. K. s/ Traslado de lugar de alojamiento. Rta.: 10/05/2017 MENOR. Sobreseimiento por inimputabilidad en razón de su edad. Agravio de la defensa: Hecho no acreditado. Desvinculación que debe realizarse por aplicación del inciso 2º del art. 336 del C.P.P.N. Procedencia. Materialidad del hecho no comprobada. Modificación. Sobreseimiento por aplicación del inciso 2º del art. 336 del C.P.P.N. Fallo: "(...) recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial de P. A. M. B., contra el auto de (fs. ...) que resolvió sobreseer al nombrado en razón de no resultar punible por su edad (art. 336, inciso 5° del CPPN). (...). Se inician las actuaciones en virtud del evento acaecido el 20/03/17, siendo alrededor de las 15.30 hs., a bordo de una formación de la línea "X" de subterráneo de este medio, oportunidad en la cual el menor M. B., mediante fuerza en las cosas, habría intentado sustraer ilegítimamente elementos de valor del interior de la cartera de J. M. P. Para ello, mientras la damnificada se encontraba viajando en el subte desde la estación A. hacia la P. d. M., sintió un tirón en su cartera, por lo que al darse vuelta pudo observar al imputado a su lado, razón por la cual le manifestó "que hacés" -sic-, siendo en dicha circunstancia, que ocasionales pasajeros comenzaron a gritar a viva voz "te están robando" señalando al menor como el autor del suceso. Fue así, que al arribar a la estación P. M. el imputado se bajó de la formación y emprendió la fuga, motivo por el cual la víctima comenzó a seguirlo solicitando apoyo policial, siendo aprehendido en el andén sur de la estación referida por tres sujetos, de los cuales uno de ellos era personal de Gendarmería Nacional vestido de civil. Finalmente, instantes después, se hizo presente personal policial, quien procedió a formalizar la detención del imputado. Tras el análisis del caso, consideramos que el agravio principal de la defensa -mediante el cual cuestionó que el hecho investigado se haya cometido- resulta atendible, por lo que el auto recurrido será revocado. En efecto, si bien P. manifestó las circunstancias de tiempo, modo, lugar y autoría del supuesto ilícito que la damnificara, lo cierto es que la acusación sólo se sustenta en sus propios dichos. Por otro lado, tenemos en consideración que no se produjo ningún menoscabo en su integridad física como tampoco daño alguno en la cartera, que pudiera dar siquiera indicios de lo acontecido. Por otra parte, no se ha logrado incorporar el testimonio de quienes advirtieran la maniobra de sustracción, ni videos que captaran lo ocurrido. Frente a esta situación de absoluta orfandad probatoria y no restando medidas de prueba útiles pendientes de producción que puedan arrojar luz al asunto (in re: cn° 22.041 "G.", rta.: 5/2/04), corresponde desvincular 179

definitivamente del proceso a P. A. M. B. De tal modo, accediendo al planteo de la defensa, habrá de modificarse la subsunción legal escogida por el Sr. Juez de grado por el inciso 2° del art. 336 del CPPN dejando constancia que la sustanciación de este proceso en nada afecta el buen nombre y honor de los que el imputado hubiere gozado. En consecuencia el tribunal RESUELVE: MODIFICAR la subsunción legal escogida por el Sr. Juez de grado en la resolución de (fs. ...) por la prevista en el inciso 2 del art. 336 ibídem, dejando constancia que la sustanciación de este proceso en nada afecta el buen nombre y honor de los que el imputado hubiere gozado. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Sosa). c. 17.612/17, M. B., P. A. s/ Sobreseimiento. Rta.: 16/06/2017 NULIDAD Rechazada. Exhibición a la víctima de un registro fotográfico de personas con antecedentes penales en sede policial antes de que los enjuiciados estuvieren imputados. Actuación válida (Art. 270 del C.P.P.N.). Confirmación. Fallo: "(…) Se ha catalogado al reconocimiento por fotografías "como una diligencia 'eminentemente investigativa, de inteligencia y preliminar a imputación alguna… se trata de una medida que por sus características se realiza, generalmente, en los albores de la investigación -por ejemplo, a través de la exhibición de álbumes de malvivientes-, a los fines de encaminarla debidamente… puede ser practicada no sólo por el juez sino también por la autoridad de prevención… Igualmente por el fiscal que tenga delegada -o a su cargo, art. 196 bis- la instrucción" (1). Resta agregar, para agotar los cuestionamientos de la impugnante, que "la omisión de notificar a la defensa su producción en sede policial … no causa la invalidez del acto si ello tuvo lugar con anterioridad a que los enjuiciados estuvieren imputados" (2), tal como se advierte en la presente pues se trataba de un caso de autores ignorados y a raíz de las manifestaciones de la víctima, en punto a que podría reconocer a alguno de los intervinientes, en persona o por fotografías, es que se llevó a cabo el acto (ver fs. …). II. Con relación a la rueda prevista en el art. 270 del código adjetivo, fue practicada de conformidad con el procedimiento previsto y las supuestas diferencias fisonómicas entre los integrantes (en comparación con el imputado), con base en las cuales la recurrente fundamenta su pedido de nulidad, no torna inválida la medida pues "lo que la ley exige no es que se integren con personas de idéntica fisonomía, sino que tengan similitudes, no identidades…" (3). Tampoco puede admitirse para sustentar la sanción pretendida, que la prueba fue llevada a cabo el mismo día que se la ordenó en tanto la propia norma enfatiza su premura al establecer que "…el reconocimiento se efectuará… por testigos o cualquier otro, inmediatamente de ser posible, bajo apercibimiento de ser sancionado el órgano judicial que así no lo hiciere" (artículo 270 del CPPN). Por lo demás, y sin perjuicio del valor convictico que pueda asignársele, lo cierto es que ninguna garantía constitucional se ha violado ni la impugnante, más allá de afirmarlo genéricamente, señala un vicio o menoscabo concreto. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de (fs. …) en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo. (Sec.: Bloj). c. 63.749/16, LOPEZ, Hugo Orlando s/ nulidad. Rta.: 14/02/2017 Se citó: (1) Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación, 5ª ed., , Hammurabi, Buenos Aires, 2013, tomo 2, pág. 423 y ss. (2) Navarro, Guillermo Rafael y Daray Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación, 5° ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2013, Tomo 2, pág. 424. (3) Navarro, Guillermo Rafael y Daray Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación, 5° ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2013, Tomo 2, pág. 419. NULIDAD. Rechazada del procedimiento policial. Detención materializada por los datos aportados por un testigo. Validez. Confirmación. Fallo: “(…) apelación interpuesta por la defensa de (…) y (…), contra el auto de fs. (…) que rechazó la nulidad deducida contra el procedimiento policial. II. Los agravios del recurrente se circunscriben a cuestionar el procedimiento policial por resultar, a su juicio, violatorio de los artículos 184, 221, 227, 230, 230 bis, 284 y 285 del Código Procesal Penal de la Nación. III. El (…), el subinspector (…) fue desplazado por el Departamento Federal de Emergencias porque un hombre y una mujer, en actitud sospechosa, introdujeron al playón del edificio ubicado en (…) una moto negra, sin asiento y que estaba abandonada su puerta de acceso desde aproximadamente un mes atrás. Al llegar se entrevistó con el ayudante de limpieza, (…), que aseguró que minutos antes la pareja que habitualmente concurre al piso (…) entró con el vehículo descripto. Autorizado el ingreso, tocó el timbre del departamento y fue atendido por (…) y (…), quienes manifestaron que la habían comprado varios días atrás pero no poseían su documentación, ni recordaban el nombre del vendedor.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Luego se dirigió al estacionamiento donde la vió sin patente y deteriorada, determinado a través de su número de cuadro que poseía un pedido de secuestro activo del (…). Ante ello efectuó consulta con el juzgado de turno y su secretario dispuso, entre otras medidas, la detención de los nombrados (…). Lo expuesto demuestra la razonabilidad del accionar de (…) y el procedimiento que imprimió al sumario. En cuanto al supuesto interrogatorio al que hace mención la defensa recordamos que “la Corte Suprema [insistió] con el criterio que las declaraciones de un imputado ante la autoridad policial no son en sí mismas violatorias de la garantía contra la no autoincriminación, salvo que el imputado demuestre la existencia de coacción” (1), lo que no se verifica en el caso. Además, “El conjunto de facultades que a la autoridad preventora asigna el precepto, valoradas a la luz del deber que le es impuesto en el art. 183, párr. 1°, ha hecho decir que no puede por lógica ser llevado a cabo en silencio, sin conversar, sin preguntar (…) no puede suponerse una actividad de aquélla desarrollada a ciegas o abstraídas de la realidad” (2). En consonancia “la mera comunicación a la policía de un dato que permitió una diligencia posterior o una manifestación espontánea, no es indicio que deba desecharse sino a sido producto de coacción, pues lo contrario importaría sostener la imposibilidad de que los funcionarios continúen la investigación” (3). De esta manera, compartimos las consideraciones efectuadas por el representante del Ministerio Público Fiscal y el Juez de la instancia anterior respecto a que no hubo de parte del efectivo un interrogatorio incriminatorio o coaccionante. Además, lo cierto es que de suprimir esa circunstancia, hubiese llegado al mismo resultado. Nótese que a través del llamado al 911 de uno de los habitantes del complejo se puso en conocimiento de la autoridad la conducta desplegada por los imputados, como así también sus características personales y de la motocicleta, circunstancias verificadas por el portero del edificio. Puede concluirse entonces en que la identificación de los posibles tenedores de la moto era certera antes que ellos lo reconocieran. Por algo el preventor acudió directamente a la vivienda para corroborarlo y recién luego concurrieron al estacionamiento a verificar el estado del rodado y la subsistencia de su pedido de secuestro. La actuación policial resulta razonable y ajustada a la normativa vigente para la determinación de un hecho supuestamente delictivo y de sus posibles responsables. Es decir que, a contrario de lo sostenido por el recurrente, no se llegó a la detención de sus defendidos por sus declaraciones, sino por datos que le dieron debido sustento al accionar del funcionario público. Así, no habiéndose vulnerado garantía constitucional alguna, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto ha sido materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Prosec. Cám.: Asturias). c. 63.258/16, BEZON RODRIGUEZ, Fernando Adrián y otro s/Nulidad. Rta.: 09/02/2017 Se citó: (1) Alejandro D. Carrió, “Garantías constitucionales en el proceso penal”, sexta edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, 2015, pág 513 y fallos del Máximo Tribunal “Cabral y “Minaglia” a los que hace alusión; (2) Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencia, Hammurabi, Bs. As., 2010, tomo II, pág. 113/114; (3) Almeyra, Miguel Ángel – director–, Código Procesal Penal de la Nación. Comentado y Anotado, La Ley, Bs. As., 2007, Tomo II, página 55. NULIDAD. De todo lo actuado. Denuncia realizada luego de que se llevara cabo la compra de una computadora con programas instalados sin la licencia correspondiente, con intervención posterior de una notaria que fajó el bien y lo traslado a su oficina hasta que la autoridad judicial se la solicitó. Garantías constitucionales que no han sido vulneradas. Actuación válida. Cadena de custodia respecto de la cual no se advierte indicios para presumir que haya sido alterada. Revocación. Fallo: “(…) Interviene el Tribunal en la apelación interpuesta por el Fiscal (…), contra el auto de fs. (…) que hizo lugar a la nulidad planteada por la defensa a fs. (…). II.- (…) tomó conocimiento de que en los comercios (…), administrados por (…) y ubicados en (…) de esta ciudad, se vendían computadoras que tenían instalados programas de su firma sin la licencia correspondiente. El (…) concurrió a uno, donde le presupuestaron un equipo “listo para usar” (textual) con los productos (…), (…) y antivirus instalados, sin cobrarle un precio adicional por aquéllos. Cinco días después lo adquirió y lo entregó a la notaria (…) que, junto con sus accesorios, lo trasladó a su escribanía, fajó la caja que los contenía, la firmó y la selló, dejando constancia de ello en un acta (….). Posteriormente el Juez ordenó el allanamiento de los locales mencionados (…), donde se secuestraron varios elementos de interés para la investigación. La defensa interpuso la nulidad de todo lo actuado por entender, principalmente, que a) el accionar de (…) y (…) vulneró Garantías Constitucionales que amparan a su asistido; b) la prueba se obtuvo de forma ilícita y se rompió su cadena de custodia; y c) la medida fue infundada. El planteo fue acogido por el Magistrado y ello apelado por el acusador público.

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III.- Disentimos con el temperamento adoptado pues el modo en el cual se obtuvo la información no vulneró ningún derecho del imputado. (…) simplemente compró el equipo con el único fin de verificar un hecho en perjuicio de la empresa donde trabaja y, consecuentemente, comunicarlo a las autoridades para su verificación. Tampoco se advierte haya obligado a (…) a declarar contra sí mismo, incitado a cometer el suceso o invadido su privacidad. Por el contrario libremente y por decisión propia habría ofrecido abiertamente la venta de las computadoras, sin que se vislumbre que tuviera un mínimo de interés por ocultarlo. Independientemente de lo expuesto, aún cuando (…) se hubiera limitado a denunciar lo sucedido, esa sola circunstancia indefectiblemente hubiera conducido al Juez a ordenar el allanamiento de los comercios, por lo que de una u otra forma se hubiera descubierto la conducta, lo que constituye una excepción a la exclusión de la prueba ilegítimamente incorporada (1).En cuanto a la computadora, cabe señalar que no fue secuestrada en los términos del artículo 231 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, sino que la notaria se limitó a fajar la caja que la contenía y la trasladó a su oficina donde la conservó en ese estado hasta que fue requerida judicialmente. Por otro lado plasmó en el acta lo ocurrido ante su presencia, sin que su actividad refleje vicio alguno. En relación a la cadena de custodia, de momento no surgen indicios para presumir que el ordenador fue manipulado con animosidad en contra de (…). De igual modo, aquéllo es susceptible de corroboración y cualquier dificultad sobre ello tendrá incidencia directa al valorar su alcance probatorio (2).Esta Sala, con una conformación parcialmente distinta, ya ha sostenido que “(…) los escribanos son profesionales que ejercen un función pública, otorgada por el Estado al delegarle la facultad de “dar fe pública” en determinados actos jurídicos, por lo cual se les entrega un sello de autenticidad, el cual junto a su firma avala todo un proceso previo de control de legalidad que le atribuye un grado de certeza absoluto. Más aún si se entiende que el notario no toma posición, sino que es imparcial sobre lo que sucede pues sólo verifica un acto (...)” (3). Además la parte tiene y tendrá todas las posibilidades de controlar todos los elementos de juicio recolectados en el sumario, aún la practicada por el acusador particular, por lo que no se advierte el gravamen irreparable que exige el instituto pretendido. Respecto al allanamiento de los comercios ubicados en (…) de esta ciudad, contrariamente a lo alegado entendemos que respeta las pautas previstas para su dictado, sin que se vislumbren irregularidades que puedan afectar su validez. Se fundó debidamente y los elementos con los que se contaba eran suficientes para ordenarla. En los términos de los artículos 138, 139, 224 y 228 del ritual, por cuanto emanó de autoridad competente, se concretó en presencia de testigos ajenos a la fuerza de seguridad que presenciaron el acto y se formalizó adecuadamente, por lo que los agravios sobre este punto tampoco tendrán acogida favorable (…) Destacamos que la nulidad es un remedio de carácter excepcional que fulmina un acto que, por contener un vicio sustancial, conculca garantías constitucionales. Quien la pretende debe demostrar el perjuicio irreparable provocado por el acto impugnado y sólo allí se encontraría el interés jurídico a proteger, lo que por todo lo antes expuesto, evaluado en su conjunto, no se verifica en la presente. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) cuanto fuera materia de recurso (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Sec.: Williams). c. 45.756/12, KADIC, Carlos Salvador s/Nulidad. Rta.: 20/02/2017 Se citó: (1) Alejandro D. Carrió, “Garantías Constitucionales en el Proceso Penal”, Hammurabi, ed. 201, pág. 329 y ss.; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 29907/2013/6; “Mangeri, Jorge Néstor s/ nulidad”, rta.: 6/09/2013; (3) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 19693/12, “Medios Digitales de Programación” s/ procesamiento, rta.: 24/10/13. NULIDAD. Robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. Procesamiento. Imputados que fueron detenidos sin que el personal policial estuviera autorizado a interceptarlos. Nulidad del acta de detención y de lo actuado en consecuencia. Actuaciones en las que no existe un curso de prueba independiente. Sobreseimiento. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…) y (…) a fs. (…), contra los puntos 1 y 2 del auto de fs. (…) que los procesó como coautores del delito de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública (arts. 45 y 167 inc. 4° del 163 inc. 6° del Código Penal). II.- (…) denunció que el (…) salió de su vivienda en (…) de esta ciudad en dirección a la Av. (…). Al regresar minutos después, notó que habían sustraído su motocicleta (…), que dejó estacionada en el lugar (…). Paralelamente a las (…) del (…) de ese año, en un procedimiento efectuado en (…) en la localidad de (…) del partido de (…), provincia de Buenos Aires, el vehículo fue hallado en poder de (…) y (…). Advertimos que del acta de fs. (…) no surgen elementos que hayan autorizado a los policías para interceptar y detener a los imputados a la luz de las normas que regulan la materia. El sargento (…) y el oficial (…) observaron a dos hombres que "… se encontraban junto a dos motovehículos y al darles la voz de alto policía es que uno de ellos emprende la fuga a la carrera e ingresa en un domicilio de la calle (…), más precisamente en un pasillo que se encuentra a un lado de la delegación municipal de (…), por lo que el personal policial lo persigue sin perderlo de vista, y el sujeto corre hasta el fondo de la finca e ingresa en otra dependencia por lo 182

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que el personal policial ingresa a la dependencia tratándose de una habitación y el masculino se tira sobre la cama momento este que los uniformados intentan esposar al ciudadano y este comienza a arrojar todo tipo de golpes de puño e improperios contra el personal policial por lo que utilizando la fuerza mínima e indispensable los efectivos logran reducir al ciudadano…" Se desconocen los motivos por los cuales el funcionario dio la voz de alto que desencadenó la detención de los imputados y el secuestro del vehículo. No surge de la secuencia reseñada y de haber existido el preventor lo mantuvo in rectore, actitud sospechosa alguna que exhiba indicios vehementes de culpabilidad que justificaran su proceder; menos aún se estaba ante un flagrante delito. Más allá del resultado que arrojó la intervención, lo cierto es que al momento de iniciarse, los policías no contaban con elementos objetivos razonables y debidamente fundados para actuar del modo en que lo hicieron. Repárese incluso que la denuncia de la sustracción fue concretada más de tres horas después de que los aprehendieran, por lo que no había pedido de secuestro que la legitimara a actuar de ese modo. En línea con ello, se ha postulado que es "…Ilícita la detención de quien no fue visto cometer delito alguno por el personal policial, ni surge indicio alguno que razonablemente pudiera sustentar la sospecha de su vinculación con la comisión de un delito…". "…La disposición normativa que autoriza a la detención de personas con fines de identificación personal, no constituye una autorización en blanco para detener a ciudadanos según el antojo de las autoridades policiales, la que requiere que estén reunidas circunstancias que justifiquen la razonabilidad de la detención…" (Del voto de los doctores Nazareno, Moliné O'Connor y Levene, en el fallo "Daray" CSJN). De este modo, corresponde declarar la nulidad de lo actuado a fs. (…) (art. 168 del ceremonial) y, toda vez que así la acusación queda vacía de contenido en tanto no surge un curso de prueba independiente que pudiera mantenerla vigente, se impone desvincular a los imputados del proceso. Ello por cuanto el Tribunal debe velar primeramente por el control de legalidad del proceso para garantizar su desarrollo con estricto ajuste a la normativa vigente (Fallos 332:2397, 323:929, 325.1404, entre otros). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I.- DECLARAR la nulidad del acta de fs. (…) y de todo lo actuado en consecuencia (arts. 168 y 172 del CPPN); II.- DECRETAR el SOBRESEIMIENTO de (…) y (…), de las demás condiciones obrantes en autos, con la expresa mención que la formación del presente no afecta el buen nombre y honor que gozaran con anterioridad (art. 336 inc. 2 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Rosciani). c. 61.926/16, BAZ, Víctor Alejandro y otro s/ robo de vehículo en la vía pública. Rta.: 07/04/2017 NULIDAD. Rechazada contra las presentaciones y declaraciones que dan cuenta de la estrategia de la defensa. Agravio: imputado que refiere que su letrado lo engaño para suscribir un descargo en el que reconocía circunstancias que no eran ciertas y que se negara a declarar. Actuación que no se vislumbra que haya sido ejercida para perjudicar al imputado. Apelante que no precisó cuál fue el medio de que se valió el letrado para “engañarlo” y hacerle suscribir los escritos. Confirmación. Fallo: “(…) apelación deducida por la defensa de (…), contra el auto de fs. (…) que no hizo lugar a la nulidad promovida. II.- El recurrente plantea que al imputado se lo privó de ejercer su defensa material en razón de la actuación de su anterior asistencia letrada, la que lo habría hecho suscribir un descargo en el que reconocía circunstancias que no eran ciertas (…) y asesorado que se negara a declarar, cuando era otra su voluntad. Por lo tanto, postuló la invalidez de esas piezas procesales porque afectaban sus garantías constitucionales y, por ende, de todo lo actuado en consecuencia. III.- No existe controversia entre las partes en cuanto a que el acta documentada a fs. (…) cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 298 del Código Procesal Penal. El magistrado de la instancia de origen comunicó en forma detallada a (…) el hecho que se le atribuía, describió las pruebas recabadas y que podía abstenerse a declarar sin que su silencio implicara una presunción de culpabilidad. La audiencia fue presenciada por el doctor (…), con el que aquél se había entrevistado previamente. Entonces, la cuestión transita por determinar si la imposibilidad de brindar su versión de lo ocurrido por consejo de su abogado -tal como ahora alega- y que en la presentación de fs. (…) hubiera aceptado hechos que no eran verídicos y que además, supuestamente, lo hubiese rubricado bajo engaño, afecta su defensa en juicio. La Corte Suprema de Justicia de la Nación postuló que “en materia criminal, en la que se encuentran en juego los derechos esenciales de la libertad y el honor, deben extremarse los recaudos que garanticen plenamente el ejercicio del derecho de defensa; la tutela de dicha garantía ha sido preocupación del Tribunal desde sus orígenes, en los que señaló que el ejercicio de la defensa debe ser cierto, de modo tal que quien sufre un proceso penal ha de ser provisto de un adecuado asesoramiento legal, al extremo de suplir su negligencia en la provisión de defensor, asegurando, de este modo, la realidad sustancial de la defensa en juicio” (ver voto en disidencia de los ministros Juan Carlos Maqueda y Eugenio Raúl Zaffaroni en la causa nro. 27.309/07 “Cajal Orlando Antonio s/ homicidio calificado por alevosía” del 21 de septiembre de 2010 donde se citó Fallos: 5:459; 237:158; 255:91 y 311:2502). 183

Y que “ para determinar la viabilidad del agravio referente a la carencia de asistencia legal eficaz (…) [se] debe analizar las circunstancias del proceso; pues no existe un catálogo exhaustivo de reglas que permita determinar a través de su confrontación si la conducta del defensor ha sido satisfactoria o no; por el contrario, un sistema de ese tipo significaría “restringir la amplia latitud que debe tener la defensa para tomar decisiones tácitas” pues el “acto u omisión de un defensor…que es impropio en un caso puede ser legítimo e incluso inteligente en otro” (“Strickland v. Washington”, 466 U.S. 688, 1984, citado en “Pancia” Gallos: 324:3632, voto en disidencia de los jueces Petrachi, Boggiano y Bossert). En “Strickland v. Washington”, la Corte Suprema norteamericana interpretó que, como test general, se deberían probar dos componentes fundamentales, la actuación deficiente del abogado y el perjuicio a la defensa tan grave como para poner en duda el resultado del procedimiento, descarándose, en principio, los casos relativos a las distintas opciones de estrategias defensivas relativas a la aplicación del derecho o aspectos fácticos de la investigación (The constitution of the United States of America, Analysis and Interpretation, Congressional Resarch Service, Library of Congress, 1996, págs.. 1437 y sgtes)” (ver precedente citado). Destacamos que el apelante no precisó cuál fue el medio de que se valió el letrado para que a través de un presunto “engaño” el imputado firmara el escrito, lo que impide conocer el alcance de esa acción y si, efectivamente, cercenó su derecho de defensa. Tampoco resulta suficiente que se valiera de la angustia que generaba a (…) el estar privado de su libertad. El episodio analizado ocurrió el (…) y la primera intervención del doctor (…) en este expediente, en favor de los intereses de (…), se produjo cinco días después (…), cuando pidió su exención de prisión la que al ser denegada impugnó (ver incidente pertinente que corre por cuerda). Ello demuestra que durante los casi cuatro meses en que (…) estuvo al margen del proceso -por consejo de aquél o no-, pudo elaborar con (…) la estrategia que se iba adoptar. No es menor que el profesional tuvo acceso al expediente y extrajo fotocopias con anterioridad a su aprehensión (…). En otras palabras, su detención no fue ni súbita ni inesperada; por el contrario, conocía cuál era el suceso que se le atribuía y contó con el tiempo suficiente para asesorarse con ese profesional, o cualquier otro, si tal como ahora sostiene sus consejos diferían con su postura. Además, su anterior asistencia técnica recurrió el procesamiento dictado, el que fue convalidad por esta Sala con una conformación parcialmente diferente. Estos pronunciamientos no se fundaron en la versión brindada a fs. (…), sino en la contundencia de la prueba, lo que descarta un perjuicio irreparable que amerite ser saneado por la vía intentada. Por lo tanto, los hechos asentados allí, bien pudieron estar encaminadas a sostener una estrategia que no prosperó. No puede perderse de vista que los defensores “…ejerce[n] sus facultades conforme su propia voluntad y estrategia, incluso en discrepancia con el imputado, siempre que respete[n] su primer mandamiento, el de abogar en su beneficio” (1). Extremo que se verifica en este caso. De este modo, al no advertirse que su hubiera vulnerado su derecho de defensa material y técnica, tal como se pregona, sumado que al momento de ampliar su indagatoria a fs. (…), en presencia de su actual asistencia, narró su versión de lo ocurrido, no se hará lugar a la sanción pretendida. Llama la atención también que la defensa sugiera una actuación reñida con la ética y hasta posiblemente delictiva respecto al doctor (…), y no haya efectuado denuncia alguna ante el Colegio de Abogados o el tribunal competente. Ello enerva el planteo, tal como propone la querella. Sin perjuicio de ello deberán extraerse testimonios para esclarecer tal circunstancia. Por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) del presente, en cuanto fue materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Sec.: Gallo). c. 27.602/16, CORZO, Rodolfo Manuel y otros s/Nulidad. Rta.: 21/02/2017 Se citó: (1) Maier, Julio B. J., “Derecho Procesal Penal- Tomo II- Parte General- Sujetos Procesales”, 1° edición, 3° reimpresión, Editores del Puerto, 2013, pág. 267. NULIDAD. Rechazada. Contra el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Fiscal. Agravio: violación al principio de congruencia. Presentación que contiene los datos del imputado, una relación clara, precisa y detallada del hecho, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda. Plataforma fáctica no alterada. Confirmación. Fallo: “(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra el auto de fs. (…) que rechazó la nulidad deducida contra el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Fiscal (…). II. El pronunciamiento impugnado cuenta con los requisitos exigidos por el artículo 123 del Código Procesal Penal. El magistrado desarrolló sus fundamentos de manera acabada y no se vislumbra una arbitrariedad en la solución a la que arribó, ni otro vicio que conlleve a su invalidez. Los cuestionamientos no prosperarán pues sólo se observa disconformidad con su contenido. III. Destacamos que el dictamen que se pretende atacar contiene los datos del imputado, una relación clara, precisa y detallada del hecho, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda, cumpliendo así con el artículo 347 del ordenamiento legal citado. En ese sentido se sostuvo que “(…) el requerimiento de elevación a juicio es el acto a través del cual el acusador concreta objetiva y subjetivamente la pretensión punitiva, describiendo el hecho que da por probado, imputándolo al procesado –al que debe individualizar- y señalando tanto las pruebas de se que vale 184

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional como el tipo legal en el que se subsume el reproche. Con él, queda integrado el objeto procesal del debate” (1), requisitos que contiene el acto procesal cuestionado. Los agravios del recurrente no son más que su discrepancia con la valoración efectuada por el representante del Ministerio Público Fiscal, a partir de un análisis distinto del legajo que, lejos de habilitar la vía escogida, impone que deba proseguir para ser evaluados con mayor y mejor amplitud en la etapa de debate. Pretende reeditar cuestiones de hecho y prueba que oportunamente fueron analizadas, incluso por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el procesamiento de (…) dispuesto por este Tribunal (…), lo que resulta inadmisible. De acceder a lo solicitado se afectarían los principios de progresividad y preclusión que deben regir en todo expediente. Por última, la defensa considera que el requerimiento de elevación a juicio es inválido por violar el principio de congruencia, pues modificó la asignación jurídica por la cual la nombrada fue procesada. La plataforma fáctica incorporada en el dictamen de fs. (…) no varió respecto de la que se puso en su conocimiento al intimarla pasivamente (…) y que posteriormente se tuvo en cuenta para agravar su situación procesal. Es más, nótese que en los términos del artículo 294 del ritual se le hizo saber “(…) que con motivo de dichas quemaduras, se le han realizado injertos de tejido en las zonas afectadas, recibiendo como tratamiento escarectomía e injerto en cuello y tórax. Asimismo se hace saber que en caso de que dicha sustancia hubiera ingresado en las vías aéreas y oculares de la víctima, podría haber sido fatal o causado la pérdida de la visión. Asimismo las lesiones podrían acarrear secuelas definitivas y parciales, fundamentalmente relacionadas con la estética” (el resaltado nos pertenece). Lo que se advierte en la acusación es la exteriorización de una apreciación exclusivamente subjetiva que se circunscribe al dolo de la conducta de (…), en la medida que a su juicio habría demostrado su “intención de matarla”. No obstante, la situación desde un punto de vista objetivo no fue alterada y, por ello, nada ha resultado sorpresivo, máxime cuando había sido informada que, de haber ingresado el ácido derramado en las vías aéreas, podría haber causado la muerte de la denunciante. Tuvo entonces la oportunidad de efectuar su descargo sobre este tópico. Sobre el asunto la doctrina sostiene que “(…) La regla no se extiende, como principio, a la subsunción de los hechos bajo conceptos jurídicos. El Tribunal que falla puede adjudicar al hecho acusado una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación (…) Lo que interesa, entonces, es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (acción u omisión), que se pone a cargo de alguien como protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión, es precisamente decidir sobre él” (2). Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación que “el cambio de calificación adoptado por el tribunal será conforme al artículo 18 de la Constitución Nacional, a condición de que dicho cambio no haya desbaratado la estrategia defensiva del acusado, impidiéndole “formular sus descargos” (Fallos: 319:2959, votos de los jueces Petracchi y Bossert, con cita de Fallos: 242: 234)” (cfr. Dictámen del Procurador en causa “Sircovich” S. 1798. XXXIX). La subsunción típica escogida en el auto de procesamiento es provisoria (artículo 401 del ritual) y no limita ni cercena al acusador, siempre que éste postule una que no altere el acontecimiento histórico, ni cause sorpresa a la defensa, circunstancias que aquí no han ocurrido. Además no debe perderse de vista que la variación introducida se encuentra fundamentada y se sustenta en las pruebas del expediente que estuvieron a disposición de la defensa en todo momento. En consecuencia y no habiéndose afectado garantía constitucional alguna, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Sec.: Gallo). c. 26207/14, CUENTAS ALVAREZ, Barromea Verónica s/Nulidad. Rta.: 21/02/2017 Se citó: (1) Guillermo Navarro - Roberto Daray, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Buenos Aires, 2010, tomo 2 pág. 657; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 31686/12, “Espinoza Arnez, Jhonny”, rta.: 1/10/14. NULIDAD. Retención inicial por particular. Inmediata intervención del funcionario policial y consulta telefónica con el juzgado de turno que dispuso la detención del imputado. Accionar que contó con el debido control judicial. Ausencia de vicio. Validez. Fallo: "(…) I. Luego de celebrarse la audiencia oral prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, convoca al Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la decisión extendida a fs. (…), punto I, en cuanto se dispuso el procesamiento de M. H. C. II. Con respecto al planteo de nulidad El juez Mariano A. Scotto dijo: Cierto es que el artículo 284 del Código Procesal Penal establece los supuestos en que el personal policial puede detener a las personas sin orden judicial, y que el artículo 287 del mismo ordenamiento excluye a los particulares de la facultad de detención en la hipótesis prevista en el inciso 3º de la primera norma citada, en la medida en que esta exige una valoración previa que escapa a las personas ajenas a la actividad prevencional. Sin embargo, las

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circunstancias que rodearon la aprehensión me llevan a descartar la existencia de una irregularidad que amerite declarar la nulidad del proceder como reclama la defensa. En tal sentido, el testimonio del preventor L. G. S. (…) da cuenta que W. Q. B. -encargado del supermercado "S. Z."-, reconoció a C. como aquél que había sustraído el teléfono celular de su pareja diez días antes, al verificarlo con la filmación de las cámaras de seguridad que se emplazan en el local del día de la sustracción, por lo que salió del comercio y lo retuvo hasta el arribo del declarante. Asimismo, cabe destacar que ante la situación descripta, el funcionario policial rápidamente se comunicó con el secretario del juzgado interventor quien, por orden del juez a cargo del tribunal, le encomendó diversas medidas y dispuso la detención de C. (…). La síntesis de lo ocurrido demuestra, a mi juicio, que la breve retención practicada por los particulares ha tenido por objeto dar intervención a la autoridad policial, que luego enmarcó su proceder a lo establecido en los artículos 184 -incisos 8º y 10º- y 284, inciso 3º del código de forma, accionar que por otra parte contó con el debido control judicial (1). Por lo expuesto, la nulidad pretendida por la defensa no tendrá recepción favorable en esta instancia. El juez Mauro A. Divito dijo: Comparto lo expuesto por mi colega en cuanto a que las circunstancias en que se produjo la detención de C. no autorizan a invalidar lo actuado como pretende la asistencia técnica del nombrado (…). En efecto, si bien el particular que ab initio retuvo al encausado no obró al amparo de las previsiones del Código Procesal Pental (artículo 287), el efectivo policial que intervino sí lo hizo, ajustando prudentemente su actuación a lo establecido por los artículos 184 incisos 8º y 10º- y 284 -inciso 3º- del código adjetivo, porque hallándose frente a una persona sindicada como imputada de un delito, procedió a identificarlo y de inmediato promovió consulta con el juzgado de turno, que fue la autoridad que ordenó trasladarlo a la Comisaría (...). De tal modo, como se ha verificado que en la detención cuestionada ningún agente estatal infringió las reglas del ordenamiento ritual, estimo que no se ha producido un vicio que habilite a invalidarla como acto procesal, pues aunque se comprobó un irregular proceder inicial por parte de W. Q. B. -en tanto excedió los límites que establece la ley (CPPN, art. 287)-, en el sub examine para la validez de lo actuado no es dable exigir que los particulares, cual si fueran funcionarios, ajusten su comportamiento a determinadas normas procedimentales (2). Por estas razones, la inobservancia apuntada no basta para provocar la sanción procesal pretendida, cuya procedencia -por lo demás- debe ser juzgada con criterio restrictivo (artículo 2 del Código Procesal Penal). III. (…) Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. (…), punto I, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 44.944/16, CARDOZO, Miguel H s/ Procesamiento. Rta.: 03/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 35.241/2015/3, "Gómez, Vanesa Alejandra", rta.: 23/11/2015. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.531, "Guzmán, Claudio Ricardo", rta.: 08/11/2010 y c. 35.241/2015/3, "Gómez, Vanesa Alejandra", rta.: 23/11/2015. NULIDAD. Rechazada. Agravio de la defensa: detención sin orden judicial, llevada a cabo por particulares. ILegitimación de la actuación del auxiliar fiscal en la audiencia (Resolución PGN 103/08 y art. 51 de la ley 27.148). II- Validez de la detención. Damnificados que engañaron al imputado entreteniéndolo hasta la llegada policial. Inexistencia de una restricción a la libertad. Legalidad de la actuación policial quien realizó la correspondiente consulta al secretario del juzgado de turno (art.18 CN, y 283, C.P.P.N). Confirmación. Disidencia: Inadmisibilidad de la réplica formulada por el auxiliar fiscal. Fallo: "(…) I. La jueza de la instancia no hizo lugar a la nulidad planteada por la defensa de E.A.N. con relación a su detención y todo lo actuado en consecuencia (fs. …). La defensora oficial alzó sus críticas a ese pronunciamiento mediante el escrito de apelación glosado a fs. (…), en el que cuestionó la detención practicada por particulares, al sostener que, en el caso, no se han verificado los supuestos previstos por el artículo 287 del Código Procesal Penal, en función de lo establecido en los incisos 1°, 2° y 4° del artículo 284. Además, destacó que el inciso 3° de dicho artículo, relativo a la existencia de indicios vehementes de culpabilidad, no autoriza la intervención de los particulares, por lo que la detención practicada resultó ilegal. (…) II. Cuestión previa El juez Ricardo Matías Pinto dijo: Previo expedirme sobre el fondo del recurso planteado, corresponde realizar un análisis acerca de la legitimación del Dr. Paramos en su calidad de auxiliar fiscal para intervenir en la audiencia y replicar los argumentos de la defensa. En esa dirección, debo señalar que frente a la ausencia del Fiscal General a la audiencia prevista por el art. 454 del código adjetivo, y por los fundamentos brindados en las causas nro. 64.169/14, "Alviña" y nro. 16908/15, "Ortega" resueltas por esta Sala el 23 y 24 de febrero de 2017, respectivamente -a cuyos argumentos me remito-, considero inadmisible la réplica formulada por la representante del Ministerio Público Fiscal. Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Respecto del planteo efectuado en relación con la actuación de un fiscal auxiliar en la audiencia, nada puede objetarse a su desempeño en la alzada en tanto cuentan con una

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolución de la Procuración General de la Nación que así lo autoriza -PGN 103/08- (ver en este sentido CFCP, Sala III, causa n° 5322 "Almada, César" del 22/02/05). Por otro lado, no encuentro motivos para cuestionar en este momento una actuación que viene dándose hace más de ocho años en forma más que eficiente y que permitió el funcionamiento de esta Cámara frente a la gran cantidad de audiencias que se desarrollan en cada sala. Así voto. El juez Mariano A. Scotto dijo: En virtud de la disidencia suscitada entre mis colegas exclusivamente en relación con la legitimación de los auxiliares fiscales para intervenir en las audiencias, luego de escuchar el audio de la misma y sin tener preguntas que formular, corresponde que me expida sobre la cuestión. Así, en la medida que el artículo 51 de la ley 27.148 autoriza la designación de auxiliares fiscales que "actuarán bajo las instrucciones del Fiscal General pudiendo asistir a audiencias (inc. b) con los límites dados por el recurso de apelación, y que, la funcionaria fiscal ha sido designado en los términos del art. 52 de la citada norma, comparto la propuesta del juez Pociello Argerich. Así voto. III. Sobre la nulidad En virtud de lo resuelto por el voto de la mayoría en el acápite que antecede, corresponde ingresar al fondo de la cuestión Los argumentos esbozados por la defensa en el escrito de apelación, como en la audiencia, resultan insuficientes para conmover los fundamentos que llevaron a la magistrada de la instancia de origen a otorgar eficacia al procedimiento cuestionado. Conforme surge de las actuaciones, el 21 de septiembre de 2016 L.E.P. se retiró del kiosco de su propiedad y tras caminar algunos metros reconoció a un sujeto que se encontraba en la vía pública como el autor del desapoderamiento ocurrido el 11 de agosto del citado año en su comercio, motivo por el cual lo invitó a concurrir al interior del establecimiento y una vez que se encontraba adentro, J.A.B. -esposo de P. - demoró al encausado, para luego contactarse con el Departamento Federal de Emergencias. A los pocos minutos, arribó personal policial y tras cotejar la fisonomía del imputado con la del hombre que fue captado por las cámaras de seguridad del lugar y de constatar la existencia de la correspondiente denuncia, efectuó consulta telefónica con el secretario del juzgado de turno, quien dispuso la detención del causante (cfr. fs. …). Las circunstancias reseñadas permiten concluir que no hubo restricción de la libertad del imputado. El engaño aludido por la defensora que incidiría en su determinación, no puede ser aceptado porque no tiene razonablemente entidad para ser evaluado como una privación de la libertad, pues no existió un encierro en el lugar, no se restringió su facultad de locomoción o se le impuso un determinado comportamiento (1). En este marco, la conducta practicada por B. y P. tuvo por objeto asegurar al imputado y dar intervención a la autoridad policial, quien ajustó su proceder a lo establecido en los artículos 184 -inciso 8º y 10º- y 284, inciso 3º del código de forma. Este accionar, por otra parte, contó con el debido control judicial. Es este aspecto, la detención resulta la consecuencia de la orden judicial ante la consulta del preventor -art. 18 de la CN y 283 del CPPN). En este sentido, la Cámara Federal de Casación Penal señaló que en estos casos se "acredita la inmediata entrega del detenido a la autoridad preventora conforme lo prescribe el art. 287 del código ritual siendo que, a su vez y conforme surge de las constancias sumariales…el personal preventor dio inmediata intervención al juzgado instructor actuante, por lo que tanto la actuación de los particulares como de las fuerzas policiales contó con el debido control jurisdiccional… [el] magistrado si alguna duda cabe, ratifica la gestión de la actuaria". (conf. Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, causa n° 2540 "Lee, Moon Ho s/recurso de casación", registro n° 3365.2.). Por tanto, toda vez que el procedimiento se adecuó a los parámetros que impone la ley, la nulidad planteada por la defensa no puede prosperar. (…) el tribunal RESUELVE: 1) DECLARAR VÁLIDA la intervención del Dr. Paramos en la audiencia celebrada el 14 de marzo pasado. 2) CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Herrera). c. 58.032/16, NOCETTI, Enuel A. s/ nulidad. Rta.: 20/03/2017 Se citó: (1) Jorge E. Boumpoadre, "Tratado de derecho Penal", parte especial, Tomo 1, 3° edición actualizada y ampliada, editorial Astrea, pág. 569. NULIDAD. Rechazada. Contra el procedimiento del personal policial por el cual se intercepto a una persona con fines identificatorios debido a la reacción de nerviosismo mostrada al advertir la presencia. Cuestionamiento del accionar desplegado cuando, ante la ausencia de un documento de identificación, se le requirió que exhibiera sus pertenencias, rechazando en ése momento el demorado una llamada entrante en un celular que exhibió. Elementos objetivos razonables y debidamente fundados para actuar bajo una situación excepcional y de urgencia (art. 230 bis del C.P.P.N.). Confirmación. Fallo: "(…) II. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: La apreciación del personal policial en cuanto al motivo que lo llevó a compulsar uno de los teléfonos celulares que el imputado exhibió ante su solicitud, no reviste irregularidad en los términos planteados por la defensa. De las constancias de la causa se advierten los motivos que fundaran la actuación del preventor, W.M.G. A fs. (…) narró que mientras realizaba el procedimiento habitual de identificación de un sujeto, al que -ante el notorio estado de nerviosismo agravado por la presencia del personal policial detuvo con el fin de identificarlo y ante la ausencia de documentación le solicitó que exhibiera sus pertenencias (art. 1° de la ley 187

23.950). En ese momento, el imputado extrajo -entre otros objetos- un teléfono celular nuevo, el cual, en ese instante, recibió una llamada telefónica de una persona agendada como "Osvaldo" observándose en la pantalla la imagen de una niña. Refirió que el sujeto cortó inmediatamente la comunicación y guardó el teléfono, pero al consultarle sobre la imagen de la niña que se pudo observar en la pantalla, el encartado no supo dar respuesta. Por ese motivo, solicitó apoyo policial y en su presencia, llamó al contacto desde el cual se había recibido la llamada anteriormente, oportunidad en la que una mujer le contó que el teléfono le había sido recientemente sustraído. Dicho ello, se observa que el preventor contaba con elementos objetivos razonables y debidamente fundados que le hicieran actuar bajo una situación excepcional y de urgencia que motivara su proceder (art. 230 bis del C.P.P.N.). Así, tras la evaluación de fs. (…) del principal -en el cual se confirmó el procesamiento de S. - donde se rechazó el planteo de nulidad efectuado por la defensa como parte del recurso respectivo, y si bien no se amplió el testimonio de W.M.G., no existen nuevas pruebas que ameriten modificar la postura allí expuesta. En este contexto, la decisión del juez se ajusta a un correcto análisis de las particularidades del caso de conformidad con las pautas del código ceremonial y, por tanto, debe ser homologada. La jueza Mirta López González dijo: La requisa practicada luego de la detención con fines de identificación excedió el marco del art. 230 bis del Código Procesal Penal, ya que, los dichos del preventor que justificaron el pedido de identificación no lucen suficientes. En efecto, observar a una persona que transita con paso apresurado a las 17.35hs. de un día de semana en Santa Fe y Pueyrredón, cuando es de público conocimiento que es un lugar altamente transitado por numerosas personas, que confluyen por diversos motivos, y a ello se aduna que pudo advertir nerviosismo antes su presencia, criterio altamente subjetivo si ponemos en contexto el lugar de detención, impiden justificar, a mi juicio, el procedimiento policial. Por ello, y por no darse ninguna de las circunstancias previstas en el art. 230 bis del CPPN, considero que corresponde declara la nulidad de tal actuación policial y de todos actos procesales posteriores, lo que así voto. El juez Mauro A. Divito dijo: Luego de escuchar el audio de la audiencia, no teniendo preguntas que formular y luego de participar de la deliberación respectiva adhiero a la solución propiciada por el juez Pinto. En tal sentido, estimo que del relato del preventor se extraen razones suficientes para procurar identificar inicialmente- a quien caminaba presuroso, "mirando en todas direcciones" y al notar la presencia policial apresuró el paso llegando "casi a correr", pues se trata de una actitud inusual que puede dar lugar a sospechas sobre la posible comisión de un delito o contravención. Luego, la circunstancia de que -en el marco descripto- la persona demorada careciera de documentación, facultaba al policía a trasladarlo a la Seccional en los términos del art. 1º de la ley 23.950, de modo que aparece razonable el pedido de que exhibiera sus pertenencias, pues se imponía establecer si quien decía ser S. portaba algún elemento que pudiera servir para atentar contra el servidor público u ocasionales transeúntes. Finalmente, puesto que el sospechoso exhibió dos teléfonos celulares, uno de los cuales -más nuevocomenzó a vibrar en esos momentos, con motivo de un llamado entrante, que aquél procedió a cortar, resultaba fácil presumir, a esas alturas, que el aparato provenía de un hecho ilícito, extremo que justificó suficientemente -en la emergencia- la actuación policial orientada a esclarecer tal hipótesis. En tales condiciones, no comparto lo expuesto por la defensa acerca de que el preventor efectuó un "arbitrario procedimiento de registro telefónico". Antes bien, pienso que el funcionario obró con prudencia y, frente a los serios indicios de que el celular en cuestión no pertenecía al imputado, practicó una medida sencilla para corroborar o descartar esa sospecha, en el marco previsto por el art. 230 bis del CPPN (cfr., entre otras, causa Nº 57725/2015, "Verón", de la Sala VII, del 2 de junio de 2016.) (…)el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, López González (en disidencia), Divito. (Sec.: Poleri). c. 33.145/16, SORIA, Leonardo F. s/ nulidad. Rta.: 07/02/2017 NULIDAD. Rechazada. Agravio de la defensa: Detención y requisa sin orden judicial injustificada. Rechazo. Actitud sospechosa de los imputados (art. 184, inc. 5, y 230 bis del CPPN.). Validez. Existencia de "causa probable". Vehículo en el cual, a través de las ventanillas, podía observarse, en el asiento trasero, dos ruedas completas, guantes de trabajo y herramientas. Confirmación. Fallo: "(…) II. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: La defensa sostuvo que el procedimiento que culminó con la detención de M.A.C. se encuentra viciado desde sus orígenes, por lo cual solicitó que se lo declare nulo. Ello pues, a su entender, no se verificó en el caso un supuesto de excepción que habilitara al personal policial, sin orden fundada, a detener la marcha de los imputados, y menos para requisar el rodado en el cual circulaban y secuestrar los elementos allí encontrados. Ahora bien, para analizar la cuestión sometida a estudio corresponder tener en cuenta que "…la necesidad de una fundamentación como presupuesto para posibilitar el control judicial también fue puesta de manifiesto por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. Así, en "Terry v. Ohio" y los numerosos precedentes en el mismo sentido que en él se citan, al admitir la facultad policial del arresto y registro personal ("stop and frisk") sin necesidad de que se cumpliera el requisito de la "causa probable" -sólo limitada a los casos de riesgo para la integridad física del policía o de terceros- se elaboró la denominada "exigencia de especificidad de la información"…: para justificar la injerencia sobre el particular, el oficial de 188

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional policía podía puntualizar los hechos específicos y articulables que, tomados conjuntamente con inferencias racionales a partir de esos hechos, autoricen la intromisión… Y se agregó: para determinar si el oficial actuó razonablemente en tales circunstancias, se debe otorgar el peso debido no a su sospecha inicial y no particularizada, o a su corazonada, sino a las inferencias razonables específicas que debe describir a partir de los hechos y a la luz de la experiencia…" . Asimismo, "...que el requisito de que se manifiesten las causas de la sospecha no desaparece por el hecho de que se trato de un automotor o por motivos de urgencia que impidan obtener en tiempo una orden judicial, como así tampoco por el éxito de la medida o por el cumplimiento posterior de las formalidades procesales. Si así fuera, la garantía que se busca tutelar, con la doctrina y jurisprudencia citadas, moriría de imprecisión o, si se quiere, de incertidumbre. En efecto, tales circunstancias por sí solas, no alcanzan para justificar la ausencia de fundamentación expresa de acto originario cuando, como en el caso, las constancias sumariales padecen falencias tales que impiden reconocer la necesidad misma de la medida, ya sea que ella haya sido dispuesta por la autoridad policial -como ocurrió en el sub examine-, o aun en el supuesto de que hubiera sido ordenada por un juez…" . A su vez, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación ha resuelto en casos similares, relativos a la actuación policial en diligencias de prevención en controles de rutas nacionales que "…se procedió a inspeccionar el vehículo...al advertir mediante pequeños golpes la posible existencia de algún elemento en el interior de su techo, en cuyos costados había pintura y masilla reciente, practicó una incisión y así pudo comprobar que allí se ocultaban cuarenta y dos paquetes conteniendo una sustancia blanca…", y finalmente concluyó que se encontraba acreditado el requisito que exige el artículo 230 bis, inciso a), del CPP, en cuanto a la "concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas…(pues) las constancias del legajo indican que durante el control de rutina en la vía pública se advirtió aquella anomalía en el techo del automotor, a partir de lo cual se acreditó razonablemente ese requisito y se impuso el deber de actuar a los funcionarios…" . Allí se dijo, además, que con "la finalidad de hallar la existencia de cosas probablemente provenientes o constitutivas de un delito o de elementos que pudieran ser utilizados a tal fin, esa norma autoriza a los funcionarios a requisar e inspeccionar "a las personas…así como el interior de los vehículos" y, en su último párrafo, reitera que "tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de vehículos…". En la misma línea argumentativa, la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, en el fallo "California v. Acevedo" (500 US 565, 1991), afirmó que el registro de un automotor o de un estuche container que hay en su interior es razonable conforme lo previsto en la cuarta enmienda constitucional, si existe causa probable para realizar el registro, y que "la policía puede inspeccionar sin orden judicial previa si el registro se realiza con los presupuestos de causa probable". Aplicados los conceptos reseñados precedentemente al caso bajo estudio, la interceptación en la vía pública de los imputados a fin de identificarlos (art. 1° de la ley 23.950) aparece razonable y válida dentro de las funciones de prevención, en tanto narraron que observaron un rodado sin ocupantes en su interior, con sus dos puertas laterales derechas y el baúl abiertos, como también a un sujeto parado al costado de aquél observando insistentemente para todas las direcciones. Agregaron que luego ese individuo ascendió al vehículo y que otro lo hizo en el asiento del conductor, e iniciaron velozmente la marcha hacia la calle César Díaz. De forma concomitante al momento en el cual se realizaba esa diligencia, los preventores pudieron observar que en el asiento trasero del rodado había dos ruedas completas -una de chapa nueva y otra de llanta de aleación usada-, además de guantes de trabajo y herramientas. Ello, analizado en conjunto con las circunstancias descriptas en los párrafos que anteceden, conforma un cuadro que razonable y objetivamente justificaba el registro del baúl del vehículo, en donde se hallaron los elementos que constan en el acta de fs. (…) de los principales en tanto, en ese contexto, se vislumbra como legítima y motivada aquella diligencia a fin de constatar la posible comisión de un delito contra la propiedad (art. 230 bis del CPPN). Por los motivos expuestos, de la secuencia narrada por el personal policial interviniente y la prueba objetiva incorporada al legajo, se advierte la existencia de una "causa probable" para proceder a requisar el automóvil en el cual circulaban los imputados, y por ello no se presenta una conducta arbitraria y abusiva de la prevención, como alega la defensa. En este contexto, la decisión del juez de grado se ajusta a un correcto análisis de las particularidades del caso de conformidad con las pautas del código de forma y, por tanto, debe ser homologada. Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Al abordar la inspección de la diligencia que dio origen a las actuaciones se extrae que aproximadamente a las 18:00 horas del 9 de septiembre de 2016, con fines identificatorios, se detuvo la marcha del rodado XX XX, dominio XX, al que instantes previos el personal policial había observado estacionado sin ocupantes en su interior, con sus puertas laterales derechas y el baúl abiertos; así como el momento en el cual un sujeto que se encontraba parado al lado del vehículo observando insistentemente hacia varios lados de la calle, subió raudamente al rodado en la parte del acompañante, mientras que otro individuo lo hizo en el asiento del conductor, para luego iniciar la marcha a gran velocidad por la calle Bolivia en dirección hacia César Díaz. A partir de ello, desde la experiencia común puede calificarse como "sospechosa" la actitud descripta por los preventores y que razonable y objetivamente justificó la requisa del rodado, en el marco de una actuación prudente de aquellos en el ejercicio de sus funciones específicas.

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Más aun si se tiene en cuenta que asentaron en el acta de procedimiento que tras compulsar los registros de la dependencia se logró establecer que en la misma fecha a las 17:40 horas se había recepcionado una denuncia por la sustracción de una rueda de auxilio -hecho ocurrido en la calle Condarco y Belasutegui- y que de la simple vista del asiento trasero del vehículo en el que circulaban los imputados se observaban elementos, que por sus características, podrían estar vinculados con ese suceso ilícito (fs….). Además, se destaca que la formal detención de los imputados y secuestro de los elementos hallados en el interior del rodado, se hicieron efectivos en presencia de los testigos de procedimiento y luego de la comunicación entablada con el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 35. Por esos motivos, entiendo que la actividad desplegada por el inspector O. y el sargento G., quienes llevaron adelante la detención de los imputados y el secuestro de los elementos descriptos a fs. (…), se encuentra justificada tanto en el artículo 184, inciso 5 , como en el 230 bis, del C.P.P.N. y no ha vulnerado, en consecuencia, derecho alguno (ver mi voto en la causa n° 3163/17 de la Sala A de Feria, "Pucheta", rta: 31/1/17 y de la Sala V, causa n° 34740, "Gase, Luis Alberto", rta: 30/6/08 y causa n° 42059, "De la Cruz", rta: 13/10/11, entre otras). (…) voto por homologar el decisorio impugnado. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR del auto de fs. (…)"

C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto (por sus fundamentos), Pociello Argerich (por sus fundamentos). (Sec.: Poleri). c. 54.938/16, CARUCCI, Matías A. y otros s/ nulidad. Rta.: 28/03/2017 Se citó: (1) (Sala VI, 29071/15, "Del Puerto Magallanes", rta. 23/6/15; c/n°1072/12, "Alfonzo Domínguez", rta. 31/8/12, entre otras). NULIDAD. Rechazada. Denuncia efectuada por la madre de una menor de edad que fuera abusada sexualmente, ante la noticia brindada por un obispo de Iglesia Mormona que tomó conocimiento de los hechos en secreto de confesión del imputado. Agravio de la defensa: Violación del secreto de confesión. Rechazo. Revelación que importó alertar una posible reiteración en un futuro inmediato debido a que la menor convivía con el imputado. Revelación efectuada con justa causa. Confirmación. Fallo: "(…) I. La defensa de G. E. R. interpuso recurso de apelación contra la decisión extendida a fs. (…) de esta incidencia, que rechazó el planteo de nulidad interpuesto por esa parte. La asistencia técnica solicitó la anulación de lo actuado, ya que -según expuso- fue a partir de la violación del secreto de confesión por parte del obispo G. C. C. que V. L. P. tomó conocimiento de los hechos que se investigan y concurrió a formular la denuncia inicial. II. Al respecto y luego de celebrarse la audiencia oral prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, entiende el Tribunal que la nulidad pretendida por la defensa no debe tener recepción favorable. Cabe recordar que las actuaciones tuvieron inicio con motivo de la denuncia efectuada ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación formulada por la nombrada P. (…), quien refirió que su hija -C. L. B. P.- había sido víctima de abusos sexuales, cometidos por el imputado, y aclaró que se enteró de ello por el obispo C., el que -a su vezlo supo por la confesión de R. Al ratificar sus dichos, P. instó la acción penal por los sucesos que perjudicaron a su hija y precisó que el obispo mencionado pertenece a la "Iglesia XX" -iglesia mormona- sita en la calle A. y F., de esta ciudad, sitio al que concurría habitualmente junto al encausado (…). Posteriormente, se le recibió declaración en los términos del artículo 250 bis del Código Procesal Penal a la menor C. L. B. P. (…). Finalmente, también se convocó al obispo C., quien dijo que "se abstendrá de declarar todo cuanto ha conversado en un inicio con V. P. debido a que guarda estrecha relación e incluye lo que conoce por medio de la confesión del imputado" (…). III. A partir de la reseña efectuada, puede decirse -ante todoque los órganos estatales involucrados en la persecución penal no han incurrido, en el caso, en irregularidad alguna, toda vez que la denuncia inicial fue concretada por la madre de la menor damnificada, quien instó la acción, y durante la investigación posteriormente sustanciada se observaron las reglas procesales pertinentes. La cuestión se circunscribe, entonces, a determinar si la circunstancia de que la denunciante P. se hubiera enterado de lo sucedido por intermedio del mencionado obispo C., quien -por su parte- al revelarlo habría infringido su obligación de mantener en reserva lo que conoció con motivo de una confesión de R., tiene incidencia sobre la validez de lo actuado. Al respecto, cabe recordar que esta Sala -aunque con una integración parcialmente distinta-, en una causa en la que se efectuó un planteo similar al del sub examine, pero respecto de un pastor de la Iglesia Evangélica Armenia, consideró que la circunstancia de que éste hubiera revelado lo que supo en el marco de una confesión -la que en ese credo no conlleva la expectativa de intimidad, pues no es secreta- no había importado una afectación de garantías constitucionales (1). El presente, claro está, ofrece una diferencia, pues, más allá de que no se ha establecido si se trata de un "culto admitido" (artículo 244 del Código Procesal Penal) ni qué expectativa de privacidad rodea en él la práctica de la confesión, cabe inferir, a partir de lo declarado por el obispo C., que en el credo en cuestión ésta se lleva a cabo en un ámbito de intimidad, que quien la recibe ha de respetar.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional De todos modos, dado que el asunto debe resolverse desde una perspectiva legal, incluso admitiendo que C. hubiera violado las reglas de sigilo propias de su iglesia al transmitir lo que supo a P., la Sala considera que ello, sin perjuicio de las consecuencias de orden religioso que pudiera acarrearle a aquél, no conduce en este caso a declarar la nulidad reclamada por la defensa. Adviértase en este punto que, de acuerdo a lo expuesto y tomando en consideración las características de los hechos que fueron puestos en conocimiento del clérigo, no es dable sostener que éste ha incurrido en una violación de secretos en los términos que contempla el artículo 156 del Código Penal. En efecto, dicha disposición legal establece que "Será reprimido con multa de pesos mil quinientos a pesos noventa mil e inhabilitación especial, en su caso, por seis meses a tres años, el que teniendo noticia, por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya divulgación pueda causar daño, lo revelare sin justa causa". Las particulares circunstancias de este caso, en el que la revelación no sólo importó dar a conocer a la madre de la víctima los dos hechos delictivos pasados sino, principalmente, alertarla acerca de su presumible reiteración en un futuro inmediato, permiten estimar que -al menos en principio- se verificó la "justa causa" que contempla la ley, con mayor razón al ponderar que la afectada resultaba ser una menor de edad y que, por su situación de convivencia con el imputado, el riesgo de nuevos ataques a su integridad sexual podía considerarse inminente. Cabe apuntar que, al comentar la citada disposición legal, la doctrina ha admitido las "…situaciones en las cuales la revelación sea hecha con justa causa, no ya ante la autoridad, sino ante un particular" (2), tal como ha ocurrido en el sub examine. Bajo tales premisas, la Sala estima que el peligro apuntado, en relación con la integridad sexual de la niña, impone diferenciar este caso del que se presentara en el precedente "B." de la Corte Suprema, en el que, si bien se declaró la nulidad de todo lo actuado, la mayoría destacó que en el caso no existía "… ningún otro interés en juego, pues no mediaba peligro alguno ni había ningún proceso lesivo grave en curso que fuese necesario detener para evitar daños a la vida o a la integridad física de terceros, de modo que cabe descartar toda otra hipótesis conflictiva" (3). Sobre la base de dichas consideraciones, puede decirse también que el rechazo de la nulidad, en definitiva, no se aparta de la doctrina fijada -en torno de la llamada "regla de exclusión"por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "M." (Fallos: 303:1938) y los que le sucedieron. Cabe recordar que en el precedente recién citado el máximo tribunal entendió que, como el imputado había sido sometido a apremios ilegales, su condena -sobre la base de la confesión así obtenida- comprometía "la buena administración de justicia al pretender constituirla en beneficiaria del hecho ilícito", mientras que en este caso puede decirse que, en principio, la revelación efectuada por el obispo C. a la aquí denunciante no habría importado un delito. En conclusión, el Tribunal estima que el inminente peligro que, en el momento en que se produjo tal revelación, podía advertirse para la integridad sexual de la menor damnificada, conduce a convalidar lo actuado, en tanto impide considerar, al menos en el estricto marco del planteo aquí tratado, que el conocimiento de los hechos por parte de la denunciante hubiera sido obtenido mediante un delito. Por ello, esta Sala RESUELVE: CONFIRMAR el auto extendido a fs. (…) de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec.: Larcher). c. 14.349/11, R., G. E. s/ Nulidad. Rta.: 10/04/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.848, "A., F.", rta.: 21/05/2010. (2) Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, t. IV, Tea, Bs. As., 1992, p. 141. (3) C.S.J.N., "B., C. A. s/causa n° 4733", rta.: 20/04/2010. NULIDAD. Rechazada contra la detención y requisa del imputado. Imputado en poder de una bicicleta nueva que, ante la mirada del personal policial, se mostró nervioso e intentó retirarse. Circunstancias objetivas que reflejan indicios vehementes de culpabilidad. Interceptación policial válida. Validez de la requisa y secuestro de los objetos. Confirmación Fallo: "(…) II. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: A la luz de los elementos que conforman el legajo, estimo que el procedimiento que culminó con la detención y requisa de M.V. se inició válidamente. Surge de autos que el Oficial W.N.G. de la Policía de la Ciudad se encontraba prestando funciones de prevención en las inmediaciones de la plaza sita en "Barrancas de Belgrano" cuando observó al imputado en poder de una bicicleta nueva, quien al advertir la presencia policial se mostró muy nervioso e intentó retirarse del lugar. Ante estas circunstancias se lo interceptó, identificándoselo como M.V., de 24 años y en situación de calle no aportando más datos-, y se procedió a la posterior requisa, hallándose en su poder tres celulares, tres relojes, un cuchillo y una pistola de plástico (cfr. fs…). El examen de las constancias reseñadas exhibe que la inicial intervención del preventor se vio determinada por circunstancias objetivas que reflejan los "indicios vehementes de culpabilidad" -la actitud evasiva del sospechoso- a los que refiere el artículo 284, inciso 3°, del catálogo procesal y, por tanto, permiten colegir

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que la detención de V. se dio en el marco de las facultades que reconoce esa norma a los funcionarios preventores. Mismo análisis le cabe a la requisa, llevada a cabo con los alcances que surgen del art. 230 bis, apartado "a", ibídem, toda vez que se conformó un cuadro que razonable y objetivamente pudo llevar al agente policial a considerar que se hallaba en presencia de la comisión de un delito o, al menos, frente a una situación que ameritaba indagar sobre qué era lo que estaba ocurriendo. Ello, incluso, sin considerar el resultado de la diligencia. Es que, si bien la acción desarrollada en la ocasión por V. no excedió de un proceder lícito (esto es, la forma presurosa y alterada en la que intentó retirarse del sitio en poder del rodado, que se apreciaba nuevo), no puede descartarse que ello generara un interrogante en el preventor, quien tiene a su cargo precisamente la prevención de delitos y, por tanto, disipar esa duda. Resta señalar que la percepción de los policías radica en su profesionalismo y experiencia y que, con los extremos que surgen de la presente resolución, no se está habilitando a condenar al prevenido -función inherente a los magistrados- sino, antes bien, a los preventores a averiguar qué sucede ante determinado escenario fáctico, resultando una posible consecuencia de esa pesquisa comprobar que nada habilita a instruir sumario. En esta dirección, entiendo que restringir exageradamente las funciones policiales hasta el límite de la inacción podría conducir a un incumplimiento con eventuales consecuencias para el funcionario público. Una postura contraria llevaría a ignorar la legitimidad de lo actuado en prevención de delitos, en circunstancias de urgencia y dentro del marco de una actuación prudente y razonable del funcionario policial en el ejercicio de sus funciones específicas (1). En definitiva, lo expuesto da cuenta de que el procedimiento, en todo su desarrollo, se ajustó a los parámetros que para estos supuestos impone la ley procesal de modo que, al compartir los argumentos vertidos por la jueza de grado en el auto recurrido, voto por confirmar el auto impugnado. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: Si bien mi decisión en torno a la cuestión que nos convoca será en el mismo sentido que la adoptada por mi colega preopinante, entiendo necesario efectuar las siguientes consideraciones. Conforme se desprende del testimonio prestado por el oficial W.N.G. en sede policial (fs…), la detención del prevenido, así como también su inmediata requisa, se vio motivada básicamente en que éste se mostró nervioso ante el arribo del personal policial e intentó retirarse del lugar. Sentado ello, si bien no considero prudente, en la avanzada instancia que transita el legajo, declarar la nulidad del procedimiento, en tanto constituye una sanción excepcional y dado que, en su caso, la cuestión puede ser reeditada en una eventual etapa de debate, estimo que, ante el planteo introducido por la defensa y las escuetas apreciaciones volcadas en el acta reseñada, hubiera resultado prudente ampliar las expresiones del policía en el juzgado, a efectos de obtener mayor precisión en cuanto atañe a las circunstancias que aquí interesan. En el particular episodio que dio génesis a las presentes actuaciones, entiendo que el preventor bien pudo haberse aproximado al imputado con fines de identificación y, de considerar que podía existir un peligro para sí o terceros, llevar a cabo un cacheo de sus prendas. Así, de haber presumido entonces que el encausado portaba en su poder un elemento tal como los que se aprecian en las vistas fotográficas de fs. 38 y 38 -un cuchillo o un arma de utilería- (conducta que reprime el Código Contravencional de la C.A.B.A. en su art. 85), bien hubiera correspondido avanzar en el procedimiento hacia una requisa personal, al verificarse la "circunstancia concomitante" que reclama la norma adjetiva (art. 230 bis, apartado "a"). Al respecto, corresponde señalar que "la necesidad de una fundamentación como presupuesto para posibilitar el control judicial también fue puesta de manifiesto por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América. Así en "Terry v. Ohio" (392, U.S., 1 -1967-), y los numerosos precedentes en el mismo sentido que en él se citan, al admitir la facultad policial de arresto y registro personal ("stop and frisk") sin necesidad de que se cumpliera el requisito de la "causa probable" -sólo limitada a los casos de riesgo para la integridad física del policía o de terceros- se elaboró la denominada "exigencia de especificidad de la información" (confr., pág. 21, nota 18): para justificar la injerencia sobre el particular, el oficial de policía debe poder puntualizar los hechos específicos y articulables que, tomados conjuntamente con injerencias racionales a partir de esos hechos, autoricen la intromisión. "El esquema de la cuarta enmienda sólo adquiere significación si se asegura que en algún punto la conducta de aquéllos a quienes se imputa violar la ley puede ser sujeta al escrutinio neutral de un juez que debe evaluar la razonabilidad de una búsqueda o registro personal a la luz de las circunstancias particulares (pág. 21). Y se agregó: "para determinar si el oficial actuó razonablemente en tales circunstancias, se debe otorgar el peso debido no a su sospecha inicial y no particularizada, o a su ´corazonada´, sino a las inferencias razonables específicas que debe describir a partir de los hechos y a la luz de su experiencia (pág. 27). Si ello no ocurre, resulta aplicable la regla de exclusión, en tanto no puede ser introducida prueba obtenida por medio de una requisa y búsqueda que no fue razonablemente relatada en relación con la justificación de su iniciación (2). En igual sentido, es dable destacar que "se argumenta frecuentemente que estas situaciones involucran situaciones peligrosas en la vía pública, en las cuales el policía debe adoptar respuestas flexibles, que deben ser graduadas en relación con el monto de información con que cuenta. A estos fines debe distinguirse una interceptación -stop- de un arresto -detención propia- (o secuestro de una persona), y entre el cacheo -frisk- y un registro -search-. Se argumenta que la policía puede interceptar a una persona en la vía pública, detenerla por un breve lapso para interrogarla, si existe sospecha de que puede estar conectada con un delito. Si existe sospecha de que el sujeto está armado, la policía puede cachearlo -frisk- con el objeto de verificar la sospecha. Si la interceptación y el cacheo del sujeto permiten fundamentar un supuesto de causa probable para sostener que el acusado ha cometido un delito, la policía puede realizar una detención formal -arrest-, y efectuar un registro de la persona. Este tipo de acciones se encuentran justificadas en parte como consecuencia de que la interceptación y cacheo de una persona significa una menor intromisión 192

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional inconvenience and petty indignity- a las personas, que resulta necesario para la aplicación de la ley cuando existe la sospecha por parte del personal policial" (3). Así también se ha dicho que "Para analizar la razonabilidad del accionar del oficial policial es necesario focalizarse primero en el interés estatal que justificaría la intromisión en el individuo, y a estos fines no existe otro criterio para determinar la razonabilidad del acto policial que efectuar un balance entre la necesidad para realizar el registro y la intromisión que sufre el acusado (Cámara v. Municipal Court). Para justificar la intromisión el oficial de policía debe brindar datos precisos y específicos que, valorados en forma conjunta, permiten inferir en forma racional los hechos en cuestión y justificar en forma razonable la intromisión" (4). Del mismo modo, es pertinente señalar que la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que "así como es exigible la existencia de elementos objetivos para evaluar la razonabilidad de la sospecha necesaria para el dictado de una medida que pueda afectar garantías fundamentales, ese mismo parámetro debe aplicarse cuando los jueces resuelven invalidar diligencias que, por haber sido dispuestas con acreditación de esos requisitos, no merecen reparos constitucionales" (5). Con los alcances trazados, voto entonces asimismo por confirmar el pronunciamiento que rechazó el planteo de nulidad de la defensa. (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs.(…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich (por sus fundamentos), Pinto (por sus fundamentos). (Prosec. Cám.: Daray). c. 9.875/17, VILLALBA, Miguel s/ incidente de nulidad. Rta.: 21/04/2017 Se citó (1): "Código Procesal Penal de la Nación", dirigido por Miguel Ángel Almeyra, Tomo II, Edit. La Ley, Bs. As., pág. 45, citado en mi voto en causa N° 34.740 "Gase", rta. 30/6/2008. (2) confr. "Warden v. Hayden" [387, U.S., 294, 310 -1967-])" (considerando 8° de la disidencia del Dr. Petracchi en la causa "Fernández Pietro, Carlos A.", rta. 12/11/1998. (3) ver comentario al fallo "Terry vs. Ohio" de la Corte Suprema de Estados Unidos en "La investigación penal y las garantías constitucionales", Ediciones La Rocca, Bs. As., 2009, pág. 142. (4) ob. cit., pág. 144. (5) Ver considerando 8° del precedente N° 462/2013 "Stancatti, Oscar", rta. 24/5/2016 y sus citas. NULIDAD. Rechazada. Allanamiento y registro en el domicilio de la querellante en el cual se secuestraron muestras para la realización del estudio de histocompatibilidad. Medida necesaria para la dilucidación del caso debido a que se investiga la posible alteración del estado civil de un niño. Modo en que se llevó a cabo que no admite cuestionamientos en el orden constitucional, pese a la evidente tensión entre el derecho a la intimidad de sus ocupantes y la necesidad de su realización. Confirmación. Fallo: "(...), por el recurso de apelación deducido por los letrados Marta Elsa Nercellas y Hernán Prepelitchi, apoderados de la querellante S. R., contra la resolución de (fs. ...) que en el punto dispositivo I) no hizo lugar a la nulidad articulada por esa parte. (...) apelación presentado por la defensa de S. M. C. en cuanto no impuso las costas a la parte vencida. (...). Se agravia la querella del auto de (fs. ...) del principal que ordenó el allanamiento y registro en el domicilio de la querellante S. B. R. y procedió al secuestro de muestras para la realización del estudio de histocompatibilidad dispuesto. Sus motivos fueron resumidos en los siguientes puntos: i) tal estudio es irrelevante para el hecho denunciado e improcedente en sede penal; ii) no se configuraron los requisitos del art. 224 del catálogo procesal por lo que la medida conllevó una ilegítima inferencia en la intimidad de la querellante y su familia; iii) el Código Civil y Comercial de la Nación en su art. 580 establece que se debe realizar con los restos de J. C. R., , aplicable aún en sede penal; y iv) la amplitud de la orden de allanamiento, al revisar y tomar muestras de lugares en los que claramente no correspondía -tal como el baño de hijos y/o del personal doméstico, transgredió la libertad de éstos. Analizadas las constancias de autos, concluimos que los agravios de la querella fueron adecuadamente rebatidos por la fiscalía y la defensa, y la resolución debe ser confirmada. En este sentido, sin que corresponda ingresar al análisis acerca de la necesidad de la prueba de histocompatibilidad -como pocas veces, objetado por la querella y resuelto desfavorablemente en todas las instancias- el allanamiento ordenado en la vivienda de S. B. R. se justifica como medio útil para su realización. Así, no puede desconocerse que, desde que se dispusiera el 8 de abril de 2015 (fs. ...), la recurrente, introdujo un planteo de nulidad que fue rechazado el 2 de junio de ese año, confirmado por esta sala el 14 de julio y por la Sala de Turno de la CNCCC el 7 de octubre al no hacer lugar a la queja deducida. Este trámite motivó que el juez suspendiese la presentación de la parte ante la División Laboratorio Químico de la PFA para la obtención de muestras útiles a tal fin. Luego, el 11 de noviembre de 2015 se rechaza un nuevo pedido de suspensión y se dispone su presentación ante la División Medicina Legal de la PFA, contra lo cual se deduce recurso de reposición, rechazado el 30 de diciembre y cuyo recurso de apelación fuera declarado mal concedido por el tribunal el 12 de febrero de 2016. No prosperó tampoco ante la Sala de Turno de la CNCCC la queja presentada (19/5/16), lo que motivó a la parte a presentar recurso extraordinario. En el interin, se intentó obtener muestras que, supuestamente, se encontraban reservadas en el Instituto Fleming, aunque a la postre se determinó que había sido retirado tanto por el paciente para un estudio en el exterior como por un profesional médico para su 193

estudio. Así, el 14 de diciembre de 2016, junto con el auto que dictó la falta de mérito de M. C., se ordenó que la querellante se presentase el 22 del mismo mes y año a retirar orden para concurrir a la Morgue Judicial. Con el recurso de apelación, la querella nuevamente pidió suspensión de la medida. Finalmente, ante la queja por retardo de justicia deducida por la defensa que dispuso su inmediata realización, se rechazó por improcedente el nuevo pedido de suspensión presentado por la querella y se ordenó el allanamiento, ahora cuestionado. De lo hasta aquí expuesto, se deriva que el registro fue dispuesto de conformidad con la normativa procesal vigente como medida necesaria para la dilucidación del caso. Cabe señalar que si bien la norma civil que alega dispone como posibilidad la exhumación del cadáver, la inmediata anterior (art. 579) establece como principio general que en las acciones de filiación se admiten toda clase de pruebas incluidas las genéticas, que pueden ser decretadas de oficio y, ante la imposibilidad de ser efectuada con alguna de las partes, con material genético de los parientes por naturaleza hasta el segundo grado. Por lo demás, ello en modo alguno limita a la justicia penal para ordenar su realización máxime si, como en el caso, constituye materia del objeto procesal la posible alteración del estado civil de un niño y tanto quien ejerce su representación como la fiscalía y la defensa solicitaron, repetidamente, su producción. Sentado ello, el modo en que ésta se llevó a cabo, no admite cuestionamientos en el orden constitucional, pese a la evidente tensión entre el derecho a la intimidad de sus ocupantes y la necesidad de su realización, ninguno de ellos protegido sin limitación alguna. En cuanto al recurso de la defensa, sin advertir razón alguna para apartarnos del principio general de la derrota, deberán ser soportadas por la parte vencida, al igual que las de alzada. En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto dispositivo 1) de la resolución de (fs. ...) en cuanto fue materia de recurso, con costas de alzada (arts. 455 y 531, CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Lucini. (Sec.: Peluffo). c. 13752/14, M. C., S. s/Nulidad y costas. Rta.: 11/05/2017 NULIDAD. De la medida que dispuso el relevamiento en hospitales públicos para determinar el ingreso de heridos de bala, de lo actuado y del sobreseimiento. Validez de la diligencia ordenada. Garantías constitucionales no violentadas. Revocación. Disidencia: Violación del deber de confidencialidad (art. 19 CN) y afectación la garantía que tiene toda persona a no ser obligada a declarar contra sí misma (art. 18, CN). Confirmación. Fallo: "(...) Convoca la atención del tribunal el recurso de apelación interpuesto por el agente fiscal contra la decisión de (fs. ...), que declaró la nulidad de la medida ordenada a (fs. ... de estos actuados), esto es la solicitud de que se efectuara un relevamiento en tres hospitales públicos de esta ciudad para determinar si habían ingresado heridos de bala, y lo actuado en la investigación fiscal I-DP-70260/16 que condujo a que se dirija imputación a A. F. C. en esta causa y de todo lo actuado en consecuencia -punto I- y, el sobreseimiento del nombrado -punto II- (artículo 336, inciso 4 del Código Procesal Penal de la Nación). (...). "Se le atribuye al imputado haber intentado apoderarse -junto a otra persona aún no identificada- y mediante el uso de un arma de fuego, de una motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ 250, dominio (...), perteneciente a A. E. B.. Así, el día 1 de octubre de 2016, entre las 23:00 y las 23:30 horas aproximadamente, oportunidad en que el damnificado se encontraba circulando a bordo de la motocicleta descripta, detuvo su marcha sobre la intersección de las calles (...) (frente a la manzana 28 de la villa 1-11-14) de esta ciudad, donde lo esperaba una amiga que se arrimó a la moto a fin de abordarla, y mientras se disponía a colocarse el casco, se le aproximó a bordo de una motocicleta marca Honda, modelo CG 150, que conducía otro sujeto, descendió y le refirió 'bajate que te quemo, desaparece de acá', mientras portaba una arma de fuego en una de sus manos que sería de calibre 9 milímetros, que estaría cargada en tanto hizo un movimiento con la corredera hacia atrás. Ante ello, B. descendió de su motocicleta, se identificó como personal de la Gendarmería Nacional Argentina y sacó su arma reglamentaria. Tras ello, Cabral apuntó a B. con el arma de fuego que portaba, por lo que el damnificado efectuó dos disparos en su dirección, y de su parte se dio a la fuga a pie a través de la calle R., mientras que el sujeto que conducía la motocicleta se marchó a bordo de la misma". El juez Luis María Bunge Campos dijo: Oídos los agravios expuestos por el Sr. fiscal, considero que los fundamentos vertidos en la resolución cuestionada, al que me remito en honor a la brevedad, se encuentran ajustados a derecho y a las constancias obrantes tanto en el presente legajo como en el que corre por cuerda, motivo por el cual la decisión en crisis será confirmada. La decisión de efectuar un relevamiento en tres hospitales públicos para determinar si habían ingresado heridos de bala y, lo actuado en la investigación fiscal que permitió vincular al imputado con el hecho ilícito que damnificara a A. B., debe interpretarse como violatorio del deber de confidencialidad y constitutivo de una divulgación de lo que debió mantenerse en el marco del secreto profesional médico. Así, se evidencia que éste ha sido revelado a las autoridades sin justa causa, en violación al art. 156 del C.P.N. Tal como lo sostuvo la Sra. jueza de grado, por un lado, se vio afectada la garantía que tiene toda persona a no ser obligada a declarar contra sí misma (art. 18, CN), ello en atención a que al prestar declaración testimonial bajo juramento respecto del hecho por el cual se lo acusa, ya lo habían vinculado a la presente investigación y, por el otro, se debe estimar afectado el derecho a la privacidad que tiene toda persona en la relación que lo une con el médico que lo atiende (art. 19, CN). Ahora bien, el artículo 11 de la ley 17.132, que regula el ejercicio de la medicina, establece el principio de que todo aquello que llegare a conocimiento de los médicos en razón de su ejercicio, no podrá darse a conocer sin perjuicio de lo previsto en el Código Penal. En el artículo 156 de dicho cuerpo normativo, se castiga al que teniendo noticias de un secreto en virtud de su profesión, lo divulga sin justa causa pudiendo causar un daño.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Por el contrario, el art. 177, inciso 2° del código de forma establece la obligación de denunciar por parte de "los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a los delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional". Lo expuesto evidencia una situación de coexistencia entre el derecho al secreto médico y las normas legales que imponen, en ciertos casos, la obligación del médico de un hospital público de formular la denuncia penal por los hechos que conocieran en virtud de su profesión. Ahora bien, la actuación que permitió vincular a C. a esta pesquisa no puede ser admitida -relevamiento en hospitales y, anoticiamiento del Dr. Bosso a la prevención-, pues C. no habría concurrido al hospital de no haber tenido la necesidad imperiosa de ser asistido por el estado de salud que padecía -heridas de arma de fuego-, caso contrario incidiría en la libertad de decidir entre su vida o estar sujeto a un proceso penal. Conforme a lo expuesto, es que debe homologarse la decisión cuestionada, puesto que la información que transmitió el Dr. Bosso debe interpretarse como violatoria del deber de confidencialidad y constitutiva de una divulgación del secreto profesional médico, por haber sido éste revelado a las autoridades sin justa causa, esto es sin que la excepción prevista por el ordenamiento procesal sea aplicable al caso (art. 156 del C.P.N). Así voto. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Los argumentos expuestos por el Sr. fiscal en la audiencia merecen ser atendidos. En ese sentido, el médico tiene por un lado, el deber de abstenerse de revelar un secreto del paciente conocido en razón de su profesión (art. 156 del C.P.N. y 244 del C.P.P.N.) y, por el otro, la obligación de denunciar delitos perseguibles de oficio (art. 177 del digesto ritual). En el caso, la comunicación realizada por el Dr. Bosso se limitó a brindar un dato objetivo: avisó del ingreso al Hospital Penna, en el que presta servicio, de una persona con herida de arma de fuego, mas no denunció la comisión de un delito ni circunstancia secreta alguna. Es decir, la información aportada por el profesional no excedió aquello que percibió a través de sus sentidos. Entonces, la investigación que se originara a partir de la noticia dada por el médico desde el establecimiento mencionado no se originó en violación al secreto profesional que debía guardar (art. 156 del C.P.N.). Por consiguiente, y de conformidad con lo sostenido por el Ministerio Público Fiscal en la audiencia, corresponde revocar el auto apelado, pues la imputación que se le ha dirigido a C. fue iniciada por un acto válido que en modo alguno puede considerarse violatorio de garantía constitucional alguna, por lo que deberá proseguirse con el trámite del proceso, teniéndose en consideración que el imputado ya ha sido legitimado pasivamente a (fs. ...), el pasado 27 de marzo de 2017. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: En atención a la existencia de votos encontrados, luego de oír el desarrollo de la audiencia, deliberado con los colegas y sin preguntas que formular, adhiero a la solución propuesta por el juez Lucini. De las actuaciones identificadas como Investigación Fisc-DP-70260/2016 (Fiscalnet: 106975/2016) surge que la prevención policial -Comisaría 32ª- se desplazó al Hospital Penna, el 2 de octubre de 2016, a las 00:10, "por masculino con herida de arma de fuego", donde en la guardia tomó contacto con el médico Wilson Bosso, quien aludió al ingreso de A. C. con dos heridas de proyectil de arma de fuego, "sin riesgo de vida". El preventor Lucas Almirón pudo entrevistar "al damnificado" (así luce a fs. ...) a la 1:30 de ese día, quien narró haber sido víctima de un robo en la vía pública, ocasión en la que proporcionó detalles del hecho, y a la hermana del nombrado, avisada por personal del hospital, quien desconocía las circunstancias de lo ocurrido. Según la respectiva historia clínica, C. ingresó el 1 de octubre de ese año, a las 23:00 y la convocatoria policial tuvo lugar a las 23:15 de ese día. La primera directiva de la prevención se dirigió a individualizar a los autores del hecho (fs. ...) y en la consulta fechada el 3 de octubre, a las 6:45, practicada a la fiscalía, se aludió a la necesidad de establecer en qué momento podía recibirse la declaración testimonial de C. (fs. ..., en las nuevas actuaciones agregadas), temperamento reiterado al día siguiente (fs. ...). La fiscalía instruyó el sumario en los términos del art. 196 bis del Código Procesal Penal, ello es, un supuesto delictivo con autor desconocido, de lo que se infiere claramente que C. no revestía la condición de imputado sino de damnificado (fs. ...). Justamente, C. prestó declaración testimonial en las actuaciones de prevención el 7 de octubre del pasado año y allí reeditó sustancialmente las circunstancias por las que sufriera un robo, en consonancia con lo que había dicho apenas ingresara al hospital (fs. ...). Tal condición de víctima incluyó la provisión de una orden para que concurriera a la repartición especializada en individualización de personas (fs. ...). A su vez, de la causa Nº (...) se desprende que la prevención policial dio comienzo el 2 de octubre de 2016, a las 2:32, y que el cabo primero A. E. B., de la Gendarmería Nacional, cuando se encontraba con su amiga C. N. C., dijo haber sufrido un robo armado entre las 23:00 y 23:30 del 1 de octubre, que lo obligó a extraer su arma reglamentaria y a disparar hacia uno de los autores, que salió corriendo (fs. ...), versión que aquélla ratificó (fs. ...). La Comisaría 34ª cursó oficios a varios hospitales (fs. ...) y así se tomó conocimiento del ingreso al Hospital Penna de un sujeto que había recibido dos disparos (fs. ...). En la consulta practicada al juzgado interviniente, a las 10:20 del 2 de octubre de 2016, se decidió no adoptar ningún temperamento con tal persona y que la fiscalía continuara instruyendo el sumario (fs. ...), lo que permite colegir que en este legajo C. tampoco revestía la calidad de imputado y que la actuación de la fiscalía se ordenaba a lo dispuesto en el art. 196 bis del canon ritual, de lo que el Ministerio Público Fiscal tomó conocimiento (fs. ...). En la ampliación documentada por la fiscalía a (fs. ...), B. aclaró que suponía que su atacante había recibido los impactos de proyectil del arma que el declarante utilizó, pues se encontraban a corta distancia -dos o tres metros-. Recién el 24 de noviembre último, sobre la base de las dos actuaciones sumariales reseñadas y la correspondencia al calibre 9 mm., del proyectil desprendido de las prendas de C. al tiempo de su intervención quirúrgica -munición análoga a la utilizada por el gendarme B.aun cuando la fiscalía describió que en el hecho intervinieron "dos masculinos cuya identidad por el momento se desconoce", solicitó la realización de una diligencia en rueda de personas en aras de establecer si C. había 195

participado del suceso denunciado por B. (fs. ...). El 15 de diciembre de 2016 el juzgado actuante entendió que se había formulado una imputación, mudó el régimen otrora aplicado (art. 196 quater del Código Procesal Penal) y ordenó la realización de una rueda de reconocimiento (fs. ...), que se concretó el 2 de febrero de 2017 y que arrojó resultado positivo en la persona de C. (fs. ...). Ello motivó su llamado a prestar declaración indagatoria (fs. ...), diligencia en la que el imputado se negara a declarar (fs. ...), tras lo cual se decretó la nulidad de la medida ordenada a (fs. ...), en cuanto se dispuso relevar en tres hospitales el ingreso de heridos de bala, lo actuado en la investigación I-DP-70260/16, que condujo a la imputación en la causa Nº (...), lo actuado en consecuencia y el sobreseimiento de C., en los términos del art. 336, inciso 4º, del código adjetivo, solución apelada por la fiscalía y que concita la atención de esta Sala. El auto apelado ha fundado el análisis en la perspectiva constitucional relativa a la afectación de los derechos a la intimidad y privacidad por violación del secreto profesional médico y a la veda de la autoincriminación forzada. No puede negarse que el caso evoca aquellos supuestos harto tratados por la doctrina y la jurisprudencia en los que concurre a la atención médica una abortante (hipótesis del pronunciamiento plenario de esta Cámara en "Natividad Frías" y de la Sala VII, que he integrado, en "Gallo", causa Nº 30.739, del 17-4-2005) o de quien oculta en su vía digestiva estupefacientes para su transporte (casos de la Corte Federal fallados en "Zambrana Daza" -Fallos: 320:1717- y "Baldivieso" -Fallos: 333:405-). En torno a ello, ampliamente me he pronunciado en el caso "Gallo", en sentido análogo al citado "Zambrana Daza". Aun así, las constancias del caso evidencian un supuesto fáctico distinto, pues en modo alguno el médico interviniente manifestó que C. hubiera cometido un delito y, por el contrario, de las actuaciones policiales se desprende claramente que ante la prevención -no ante el facultativo-, aquél suministró un relato que se compadecía con su condición de damnificado. (...) (...). Ninguna conducta que lo incriminara reveló C. Es más, su versión de lo ocurrido, en verdad, resultaba perfectamente plausible. Siquiera el médico que diera aviso a la policía dio cuenta de un relato distinto. Sólo la diligente actividad investigativa de la fiscalía permitió esclarecer lo sucedido. Como puede verse, ninguna confidencia violada surge de lo actuado, máxime al advertirse que C. ingresó a las 23:00 del 1 de octubre de 2016 y a los quince minutos se avisó a la policía, lo que permite inferir que, en todo caso, la obligada comunicación tuvo el sustento de la versión del causante. En ese sentido, descartar tal comunicación en supuestos como el aquí tratado o pretender neutralizar la realización de averiguaciones en hospitales cercanos para quien se encontraba obligado a esclarecer el hecho sufrido por B., importa una demasía en el tratamiento de las normas de superior rango y legales involucradas, además de recordar la existencia de casos en los que, aun bajo el secreto médico, existe obligación de denunciar (ver en tal sentido mi voto en el caso "Gallo", los supuestos reportados por la juez Argibay en "Baldivieso" -considerando 8º de su voto- y el particular caso del art. 24, inciso "e", de la ley 26.485, en el que, en abstracto, el hecho podría revestir menor entidad punitiva que lo ventilado en autos). Ninguna afectación a la privacidad o intimidad se verifica, entonces, frente al hecho de que la misma fiscalía interviniente hubiera tenido presente el ingreso de una persona baleada y luego enderezara diligencias mediante las cuales se debía determinar si tal persona había sido la misma que protagonizara el evento sufrido por el gendarme B.. Al cabo, la averiguación en los hospitales de las jurisdicciones cercanas, practicada por la prevención y avalada por la fiscalía, no ha constituido sino una medida idónea -por cierto también lógica- que encuentra amparo en las normas de los arts. 183 y 193 del Código Procesal Penal. Tal directiva, a su vez, permite diferenciar el caso de aquellos supuestos tratados en "Natividad Frías" y "Baldivieso", pues en estos, de suyo, la prevención policial no tenía conocimiento del hecho delictivo concretado antes del ingreso al hospital. Precisamente, la juez Arbigay ha objetado "(...)". Por otro lado, debe descartarse cualquier afectación a la garantía que proscribe la autoincriminación forzada (art. 18 de la Constitución Nacional). Sin perjuicio de las extensas puntualizaciones que he formulado en el precedente "Gallo", en cuanto a que siquiera en los casos donde el concurrente al hospital en rigor vierte una "declaración" en los términos de tal norma de rango superior, cabe evocar nuevamente a la juez Argibay en el caso "Baldivieso", en torno a que en tal situación no se encontraba comprometida la garantía, ocasión en la que, inclusive, sostuvo que "la utilización como prueba de cargo de aquellos materiales obtenidos legítimamente por el médico que atiende al imputado no implica que el acusado haya sido obligado a declarar contra sí mismo…". Esto, en el sub examine, a propósito del proyectil que cayera de las ropas de C. antes de su intervención quirúrgica y la prueba pericial que tuvo en cuenta la fiscalía para concretar el pedido de formación de una rueda de personas. Por lo demás, si el argumento formulado en la instancia anterior se extremara (ver fs. ...), bastaría con que una persona que incursionara en un hecho delictivo concurriera a un hospital -supóngase el caso de una leve lesión, que aun así importa una afectación a la incolumidad del cuerpo o a la "integridad física" en los términos antes aludidos- para neutralizar cualquier actividad perquisitiva dirigida a esclarecer el hecho que ese mismo sujeto protagonizó. Como lo sostuve en "Gallo", "de otro modo, cualquier autor de un delito que hubiere padecido cierta lesión podría manipular el sistema y preordenadamente especular con su impunidad al autoincriminarse en un hospital. Sólo los incautos, así, quedarían involucrados en un proceso penal". El agravio volcado por la fiscalía al apelar, en ese mismo sentido, es pertinente (fs. ...), como lo es la también la fundamentación suministrada por la fiscalía general en la audiencia oral, cuando imaginó el "buen consejo" que podía dar un defensor para que cualquier herido que incursionara en un delito concurriera a un hospital en aras de obtener su impunidad. Debe evocarse también aquí a la juez Arbigay, porque "la garantía constitucional contra la autoincriminación está dirigida contra los abusos de otras personas y no contra la acción de la naturaleza, las autoagresiones o incluso la fuerza ejercida dentro de la ley por los funcionarios encargados de hacerla cumplir" (considerando 5º del ya citado fallo). Finalmente, además de compartir lo apuntado por el Ministerio Público Fiscal, en cuanto a que se han nulificado actuaciones en las que intervenía otro juzgado y no el a quo -las sustanciadas con motivo del ingreso al hospital- observo que no puede reputarse de nula la declaración de C. que obra a (fs. ...) del legajo I-DP-70260, como se afirma en la resolución apelada, puesto que en aquella instancia, según se reseñó, la hipótesis que se concebía transitaba por haber sido víctima de un delito y en rigor fue reconocido en fila de personas varios meses después. 196

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Otra cuestión podrá configurarse en torno a qué efectos pudiere tener tal declaración testimonial en este sumario y a la circunstancia de que no se aprecia en la declaración indagatoria que corre a (fs. ...) que C. hubiera sido relevado del juramento de decir verdad prestado en aquella declaración testimonial, lo que sugiere, en su caso, la ampliación de tal acto a ese fin. Voto entonces por revocar lo resuelto. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución de (fs. ...), en todo cuanto ha sido materia de recurso (art. 455, CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos (en disidencia), Lucini, Cicciaro. (Sec.: Sosa). c. 72948/16, CABRAL, Alan Fabián. s/Sobreseimiento y nulidad. Rta.: 29/05/2017 NULIDAD. Rechazada. Defensa que alegó afectación del derecho del imputado a ser oído al rechazarse la ampliación de la declaración indagatoria y en consecuencia requirió la nulidad del requerimiento de elevación a juicio. Causa con procesamiento firme. Presentación de la defensa efectuada el mismo día que las actuaciones fueron recibidas en la fiscalía. Requerimiento que no resulta invalido. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa de A. M. apeló la decisión por la que se rechazó la nulidad planteada (…). La recurrente argumentó que al no haberse dispuesto la ampliación de la declaración indagatoria del imputado que se solicitara, se afectó su derecho a ser oído y en consecuencia resulta nulo el requerimiento de elevación a juicio formulado y todo lo obrado luego del pedido (...). El Tribunal considera que ese cuestionamiento no puede prosperar, pues el requerimiento de elevación a juicio no resulta inválido por la circunstancia de haberse formulado luego del pedido de ampliación de la declaración indagatoria, el que -por lo demás- fue presentado por la defensa el mismo día en que las actuaciones se recibieron en la fiscalía, más aún si se tiene en cuenta que a fs. (…) el juez de la instancia anterior expuso los motivos por los que consideró que dicha solicitud no era pertinente. Como se señaló en la instancia anterior, el día previo el juez había ordenado la vista pertinente en los términos del artículo 346 del Código Procesal Penal (…) y en la causa ya se contaba con un auto de procesamiento firme, de modo que lo actuado no adolece de vicio alguno (1). De tal modo, con sustento en el principio de especificidad de las nulidades (artículos 2 y 166 del Código Procesal Penal), será homologada la decisión recurrida. Por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución dictada a fs. (…), en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec. Cám.: Decarli). c. 6.700/13, MOSSOLANI, Ariel s/ Nulidad. Rta.: 06/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 41.202-12-1, "Lamm, D.", rta.: 21/05/2013. NULIDAD. Rechazada. Agravio de la defensa: omisión de ser notificada de la concertación de la entrevista del art. 250 bis del C.P.P.N. Rechazo. Modo distinto de llevar a cabo una declaración testimonial para evitar la interrogación directa del tribunal o las partes en casos de menores que han sufrido hechos que importen lesiones y delitos contra la integridad sexual, para hacerlo a través de facultativos especializados. Garantías constitucionales no violentadas. Ausencia de perjuicio. Confirmación. Fallo: "(…) III. Del fondo: Los agravios de la defensa dirigidos a cuestionar que, al haberse llevado a cabo la entrevista en los términos del artículo 250 bis del código de rito sin notificación a esa parte se la habría privado de controlar la prueba, no resultan suficientes para derribar el auto puesto en crisis. Al respecto, cabe puntualizar que, tal como nos hemos pronunciado en otras oportunidades, los artículos 250 bis y ter que incorporó al código de forma la ley 25.852 fueron incluidos en el capítulo atinente a los "Testigos" y no al siguiente vinculado a los "Peritos" y, como emerge de la primera de las normas, se buscó evitar la interrogación directa del tribunal o las partes en casos de menores que han sufrido hechos que importen lesiones y delitos contra la integridad sexual, para hacerlo a través de facultativos especializados (1). El sentido de la reforma se ubica en proteger al menor, en coordinación directa con la Convención sobre los Derechos del Niño (ver en especial arts. 3.1 y 39) y, en razón de ello, no puede perderse de vista que, desde la perspectiva instrumental, se trata de un modo distinto de producir una declaración testimonial. A diferencia de lo que ocurre con los peritajes (art. 258 del CPPN), no existe conminación de nulidad alguna en las disposiciones aludidas, analizada la cuestión desde el principio de especificidad (art. 166 del cuerpo adjetivo). Ello, con independencia del examen que puede realizar la defensa en torno al informe producido por el Cuerpo Médico Forense y, en su caso, la propuesta de inquietudes en el propio marco de la norma traída a estudio. En consecuencia, en el presente caso, ninguna violación a la intervención del imputado puede derivarse de la omisión invocada por la asistencia letrada, en la medida en que, como se dijo, conserva la facultad de examinar el testimonio así producido mediante la introducción de las observaciones que eventualmente 197

considere pertinentes, siempre con arreglo a la disposición contenida en el artículo 250 bis del Código Procesal Penal de la Nación. Corresponde recordar que la nulidad es un remedio de carácter excepcional que fulmina un acto que, por contener un vicio sustancial, conculca garantías constitucionales y/o derechos de las partes y, quien la pretende debe demostrar el perjuicio irreparable provocado por el acto impugnado. Sólo allí radica el interés jurídico a proteger. Pese a los esfuerzos del recurrente, no se observa de qué manera la realización de la audiencia pudo haber afectado los derechos del imputado y, menos aún, que ello haya generado un perjuicio irreparable, exigencia indispensable para la procedencia del remedio intentado. Finalmente, respecto de la impugnación dirigida hacia la imposición de costas al incidentista, no se advierte motivo alguno para apartarse del principio general establecido por el artículo 531 del C.P.P.N., esto es, su imposición a la parte vencida, por no verificarse en el caso la excepción a la que hace alusión tal normativa. (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs.(…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Herrera). c. 46.654/16, COLLANTE, Jorge Oscar s/nulidad. Rta.: 27/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. n 32.443/7, "Krywonis, Cristophe Vladimir Bernard", rta: 10/9/07 y Sala VI, c. n° 55.165/2013, "L., M.", rta: 8/7/2014. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Procedencia. Fiscalía que recurre haciendo hincapié en la existencia de una causa paralela en trámite. Irrelevancia. Actuaciones paralelas en las que no hay sentencia condenatoria. Transcurso del máximo de la pena prevista para el delito imputado sin causas de interrupción. Confirmación. Fallo: "(…) Tal como lo señaláramos a (fs. ...), una interpretación acorde al principio de legalidad impone dejar fuera de la causal de interrupción de la prescripción a todos aquellos sucesos que, al momento de evaluar si revisten tal entidad, no hubieran sido definidos como acción típica, antijurídica y culpable, "status" que sólo puede alcanzarse mediante una sentencia condenatoria (1). Así, en nada incide en la cuestión la causa en trámite que el causante registra a la fecha ante el Tribunal Oral en lo Criminal n° XX, iniciada el 29 de agosto de 2015. De tal modo, y en razón de la significación jurídica escogida en el auto de procesamiento de (fs. ...), dictado por el delito de coacción, dos hechos, uno de ellos en concurso ideal con abuso sexual simple (Arts. 119 y 149 bis del Código Penal), y el tiempo transcurrido hasta el presente desde los llamados a indagatoria del 2 de mayo y 29 de octubre del año 2012 (cfr. fs. … del ppal), dable es concluir que ha transcurrido el máximo previsto como pena de prisión aplicable a ambos sucesos, y por ende que operó la prescripción en la presente causa. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto traído a estudio en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Barros). c. 9.668/12, LAZARTE, Ricardo Fernando s/ prescripción. Rta.: 08/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 28.129 "Ledesma, Angel Alberto", rta. 27/6/2006; c. 29.198 "Alarcón, Ricardo Horacio s/prescripción", rta. 17/7/06; c. 674/08, "Casado, Guillermo Horacio" rta. 12/02/09 y c. 35.384, "Aguirre Castillo, Carlos", rta. 15/10/08. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Sobreseimiento. Procesamiento por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesaria. Acto del partícipe que esta ligado al hecho ajeno -típico y antijurídico- y, por tanto, a todas las consecuencias que de éste se deriven. Aportes anteriores o concomitantes con el hecho principal: cómputo desde la consumación o el comienzo de ejecución de aquél. No transcurso del plazo máximo. Revocación. Fallo: "(…) II. Conforme surge del legajo principal, L.G.M. se encuentra procesada en orden al delito de defraudación por administración fraudulenta en calidad de partícipe necesaria, respecto del accionar que se ventila en los autos principales y fuera emprendido por su consorte de causa, S.P.C. -autor del hecho-, quien ostentó el carácter de Jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (UOMRA) y de la Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina (OSUOMRA) desde 1983 hasta que fue desvinculado de su cargo el 9 de septiembre de 2009. Cabe adelantar que no puede convalidarse la extinción de la acción en lo que atañe a M., en tanto el acto del partícipe permanece ligado al hecho ajeno -típico y antijurídico- y, por tanto, a todas las consecuencias que de éste se deriven, más allá de excluir las que se vinculan exclusivamente a la persona del autor y su culpabilidad. En punto a ello, se ha señalado que "en el supuesto de la participación criminal, cuando los aportes de los partícipes son anteriores o concomitantes con el hecho principal, la consumación o el comienzo de ejecución de éste constituyen el punto de arranque del cómputo para el plazo de prescripción de la acción penal" (1). Asimismo, que "la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que se cometió el delito (art. 63, C.P.) y por aplicación del principio de accesoriedad de la participación, que implica 198

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dependencia del hecho del partícipe respecto del hecho del autor, debe entenderse que el dies a quo del curso prescriptivo no es aquél en que se realizó la conducta participativa sino que es el de la comisión del delito" (C.F.C.P., Sala I, "Fontana", rta. 14/6/2004, precedente citado en la obra mencionada). A su vez, atañe agregar que la participación "es punible porque constituye un aporte a la realización del ilícito del autor por lo que el contenido de ilicitud del hecho del partícipe tiene su primer elemento en el hecho del autor, pues el partícipe infringe la prohibición de impulsar o apoyar el hecho prohibido del autor, dirigiendo su acción a la lesión del mismo bien jurídico que es agredido por el autor del delito" (2). En esta línea, a la luz del delito reprochado -defraudación por administración fraudulenta-, en tanto que C. cesó en su mandato el 9 de septiembre de 2009, e incluso después de ello habría continuado con la gestión tendiente a obtener fraudulentamente el cobro pretendido -indexado en dos oportunidades- en contra de los intereses que habían sido puestos a su cargo (ver fs. (…) del expediente comercial N° 84104/2002), y que la convocatoria a prestar declaración indagatoria de los imputados data del 7 agosto de 2015 (fs. 546 del ppal.), cabe colegir que no transcurrió entre esas fechas el plazo máximo previsto para el ilícito regulado en el art. 173, inciso 7°, del ordenamiento sustantivo (art. 45 del C.P.). Para concluir, merece destacarse la provisoriedad de la calificación legal escogida durante las primeras etapas del proceso, así como también que es el debate oral, dadas las características de oralidad e inmediación que le son propias, el marco donde deberá eventualmente reeditarse esta cuestión. En este aspecto, se ha sostenido que "para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al inculpado y a la posible calificación más gravosa que razonablemente pueda corresponderle (…) Si la acción imputada puede configurar prima facie un delito u otro debe estarse, para resolver en el incidente de prescripción, al de mayor gravedad, sin perjuicio que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en el principal, se concluya en una significación jurídica más benigna, declarándose entonces, y recién allí, la prescripción de la acción, luego del debate en donde las partes hayan tenido la oportunidad de probar y alegar sobre las características del suceso para darle uno u otro encasillamiento legal"(3). (…) el Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, López González, Pociello Argerich. (Sec.: Raña). c. 73.770/13, CÓRDOBA, Segundo P. s/ incidente de prescripción. Rta.: 23/02/2017 Se citó (1) (Código Penal y normas complementarias, Análisis doctrinal y jurisprudencial, dirigido por David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Ed. Hammurabi, Tomo 2B, 2° ed., pág. 224. (2) Romero Villanueva, Horacio J., Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria, 3ª ed., Ed. Abeledo Perrot, 2008, pág. 180. (3) C.F.C.P., Sala III, "Galarza", rta. 6/2/2003; Sala II, "D'Ortona", rta. 10/7/1997; Sala III, "Weinstein", 10/4/2000; Sala IV, "Clebañer", rta. 3/4/1997. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Sobreseimiento. Fiscalía que tipifica la conducta con un delito más grave. Descripción del hecho imputado que impide descartar el delito de abandono de persona seguida de muerte. Vigencia de la acción penal. Revocatoria. Fallo: "(…) La representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de apelación contra la decisión extendida a fs. (…), puntos I y II, de este incidente, en cuanto se declaró extinguida por prescripción la acción penal respecto de Florentino José Vargas y se lo sobreseyó, en orden a los hechos "1" y "3". Tras celebrarse la audiencia oral prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, el Tribunal se encuentra en condiciones de resolver. La asistencia técnica del nombrado Vargas solicitó la prescripción de la acción penal respecto de los hechos que damnificaron a M. P. E. y V. H., en el entendimiento de que transcurrió el plazo de cinco años establecido como pena máxima para el delito de homicidio culposo, sin que hasta la fecha hayan mediado actos con entidad para interrumpirlo (…). Por su parte, la fiscalía tanto en su escrito recursivo (…) como en la audiencia oral, sostuvo que las conductas atribuidas configurarían el delito de abandono de persona seguido de muerte. En torno al instituto aquí procurado, ha sostenido el Tribunal que "es la calificación legal más grave, dentro de las formuladas en el expediente, la que debe privar en orden a la determinación de la vigencia de la acción penal" (1). En el dictamen documentado a fs. (…) del principal, la fiscal de la instancia anterior entendió que los hechos reprochados consistieron en que "los profesionales médicos contaban en el Hospital Churruca Visca con el equipo de cirugía cardiovascular infantil, unidad de terapia neonatal y pediátrica, de modo tal que no habría existido necesidad de derivar o demorarse para resolver el cuadro de la paciente -en alusión a las niñas E. y H.-. Cabe destacar que los profesionales médicos, en las circunstancias antes indicadas, al demorar la realización de la cirugía…y conociendo la gravedad que ello acarreaba, pusieron en peligro la vida de la menor e influyeron en su evolución desfavorable que culminó con su fallecimiento…". Dicha descripción, tal como lo sostuvo la señora fiscal (…), impide descartar -a estas alturas- el delito de abandono de persona seguido de muerte (artículo 106, último párrafo del Código Penal). Teniendo en cuenta que la pena máxima prevista para ese delito es de quince años de prisión, el plazo para que opere la prescripción es de doce años (artículo 62, inciso 2° del Código Penal). Así, puesto que el deceso 199

de M. P. E. acaeció el 1 de septiembre de 2010 y el de V. H. ocurrió el 11 de abril de 2011, mientras que el primer llamado a prestar declaración indagatoria de V. data del 12 de agosto de 2016 (…), se concluye en que la acción penal respecto del nombrado no se ha extinguido. Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto extendido a fs. (…), puntos I y II, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 2.576/13, VARGAS, Florentino s/ Prescripción. Rta.: 06/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 1635/12, "Rivero, Sebastián", rta: 01/11/2012; c. 46.688/12, "Valenzuela, Guillermo", rta: 18/09/2013 y c. 39.698/10/7, "Cifre, Jorge Esteban", rta: 13/11/2015. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Rechazada. Defraudación por circunvención de incapaz en concurso ideal con estafa procesal en grado de tentativa. Único hecho con tipicidad plural. Cómputo del plazo desde el cual comienza a correr el término de la prescripción: último acto positivo del imputado. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa de E. L. apeló el auto obrante a fs. (…), por el que no se hizo lugar a la extinción de la acción penal por prescripción. Según surge de las actuaciones (…), se le atribuye a L. el haberse aprovechado de la incapacidad física y mental de F. R. A., a quien le habría hecho suscribir un boleto de compraventa sobre el inmueble ubicado en S. XX, de esta ciudad, propiedad de este último, a favor del imputado, y otros tres documentos con los que se presentó el 29 de noviembre de 2012 ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 105, promoviendo los autos n° 99.835/12, "L., E. c/ A. S., F. R. s/escrituración", con la finalidad de llevar a engaño a la magistrada civil para que dicte un fallo a su favor y obtener la titularidad del inmueble en cuestión. Los hechos fueron calificados por el señor juez de grado como constitutivos del delito de defraudación por circunvención de incapaz en concurso ideal con estafa procesal en grado de tentativa (artículos 42, 54, 172 y 174, inciso 2°, del Código Penal). Al respecto, la Sala comparte que la hipótesis investigada debe entenderse como un hecho único con tipicidad plural, pues el uso que se habría dado al boleto de compraventa y los demás documentos, más allá del tiempo transcurrido desde que supuestamente se confeccionaron, impiden aplicar al caso las reglas del concurso real. Por lo demás, se considera aplicable -en lo pertinente- la doctrina plenaria emergente del fallo "N. R., J.", del 24-05-1949 (L.L., 42-464), de modo que a fin de computar el inicio del término de la prescripción de la acción penal de la supuesta estafa procesal tentada debe estarse al último acto positivo enderezado a obtener un fallo favorable a los intereses del imputado (1). En el caso, ello se reputa ocurrido el 21 de marzo de 2013, ocasión en la que se adjuntaron cinco cartas documento mencionadas como prueba instrumental en la demanda inicial (…). Desde entonces hasta la convocatoria a prestar declaración indagatoria, dispuesta el 30 de junio de 2016 (…), no ha transcurrido el máximo de seis años de prisión que resulta de la aplicación de los artículos 42, 54, 62, inciso 2°, 172 y 174, inciso 2°, del ordenamiento sustantivo. En consecuencia, sin perjuicio de lo que pudiere resultar con el devenir de la pesquisa, se estima que el planteo de prescripción ha sido correctamente rechazado en la instancia anterior y, al no advertirse razones que conduzcan a apartarse del principio general, las costas de alzada se impondrán al recurrente vencido (artículo 531 del Código Procesal Penal). Por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR, con costas de alzada, el auto documentado a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec. Cám.: Decarli). c. 48.744/12, L., E. s/ Prescripción. Rta.: 07/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 48543/08, "A., C.", rta.: 27/06/2014. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Rechazada. Magistrado que calificó los hechos bajo la figura prevista en el art. 163, inc. 3° del CP. Proceso en el cual la imputación, de conformidad con los acusadores, siempre fue la de hurto simple. Subsunción sorpresiva del magistrado que atenta contra el derecho de defensa en juicio. Acción que se encuentra prescripta. Revocación. Extinción de la acción penal y sobreseimiento. Fallo. "(...) recursos de apelación deducidos por la defensa oficial de C. U. M., E. A. C., R. D. C., E. F. O., A. L. R., C. E. T., V. M. y S. M. y por la defensa particular de G. I. contra el auto de (fs. ...) de esta incidencia, que declaró que la acción penal no se encuentra prescripta. (...). (...). Llegado el momento de resolver en el presente, estimamos que los agravios esgrimidos por los recurrentes merecen ser atendidos, por lo que habrá de revocarse la decisión impugnada. En ese sentido se debe destacar que si bien es postura unánime de la jurisprudencia nacional que al resolver sobre cuestiones vinculadas a la vigencia de la acción penal corresponde valorar el tipo penal de posible aplicación a los hechos que prevea la escala penal más severa, lo cierto es que en este expediente no existen dudas que el delito por el que en todo momento se persiguió a los imputados es el de hurto simple (art. 162 del CP), sin que ningún otro haya sido 200

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional siquiera deslizado por los acusadores. Nótese que al intimarse a los encausados en modo alguno se incorporó referencias al posible uso de llaves. Tampoco se tuvo en cuenta ese dato en el auto por el que se agravara la situación procesal de éstos (fs. ...). Finalmente, y tal como han destacado los apelantes, teniendo en cuenta esa concordancia de los diferentes actos procesales practicados en el legajo, oportunamente esta Sala suspendió el tratamiento de los recursos llegados a estudio y remitió al a quo para que tramitara los respectivos incidentes de prescripción (fs. ...). Así, la actual apreciación efectuada por el Sr. juez de grado, concerniente a que es posible la subsunción de los hechos a las previsiones del art. 163, inciso 3° del código sustantivo, aparece como una cuestión sorpresiva que, de convalidarla, irrogaría un consecuente perjuicio al derecho de defensa en juicio de los encausados. Entonces, aplicando al caso la subsunción a la que durante todo el proceso se ha atenido la jurisdicción a fin de dar respuesta a las partes, esto es el hurto simple, se debe sostener que desde la comisión de los eventos imputados el curso de la prescripción se vio interrumpida por el primer llamado a indagatoria, ocurrido el 9 de abril de 2014. A partir esa fecha ningún otro acto ha tenido dicha virtualidad, por lo que concluimos que la acción penal se encuentra extinguida al haber transcurrido el plazo previsto en el art. 62, 2° del CP. Finalmente, y sin perjuicio de no haber recurrido la decisión que aquí se analiza, al correrse vista en esta incidencia al Ministerio Público fiscal, el Dr. Munilla Lacasa solicitó se declare prescripta la acción respecto a los imputados cuya situación se sometió al análisis de los suscriptos (cfr. fs. ...), de tal modo, ante la falta de impulso del acusador público, no resulta posible mantener abierto el presente legajo (in re: cn° "(...)", rta.: 21/8/09, entre muchas otras). Por todo lo expuesto el tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el auto de (fs. ...) en cuanto fue materia de recurso (art. 455 a contrario sensu del código de forma) y II. DECLARAR EXTINGUIDA la acción penal por PRESCRIPCIÓN en lo que atañe a los hechos atribuidos a C. U. M. (hecho 4), E. A. C. (hecho 7), R. D. C. (hecho 4), E. F. O. (hecho 4), A. L. R. (hecho 4), C. E. T. (hecho 4), V. M. (hechos 1, 3, 5, 6 y 7), S. M. (hecho 4) y G. I. (hecho 4) y DISPONER el sobreseimiento de los nombrados en orden a los hechos mencionados, por los que fueran indagados, dejando constancia que el presente proceso en nada afecta el buen nombre y honor de los que hubieren gozado -arts. 59, inciso 3°, 62, inciso 2° y 162 del CP y 336, inciso 1° y última parte del C.P.P.N.-. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Sosa). c. 10764/13, MENDOZA, César Ubaldo s/Prescripción Rta.: 03/03/2017 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Sobreseimiento. Falsificación de documento (art. 292 primer párrafo del CP). Querella que reclama que el hecho es constitutivo de una estafa procesal. Rechazo. Presentación realizada en el juicio civil de manera extemporánea por lo que no pudo haber generado error alguno al magistrado. Confirmación. Fallo: "(…) recurso interpuesto por la querella (…), contra el punto I del auto de fs. (…) que declaró la extinción de la acción penal por prescripción y sobreseyó a (…). II.- A criterio del apelante el evento no encuadraría en el art. 292 primer párrafo del Código Penal, ya que por el contrario, la conducta tiene receptación típica en sus artículos 172 y 173. III.- (…) denunció que (…) falsificó la firma de (…) en un escrito que fue presentado el 7 de julio de 2014 en el legajo nro. (…) del Juzgado en lo Civil Nro. (…). Adujo que tomó conocimiento de ello pues, al compulsar el legajo nro. (…) del Juzgado en lo Contencioso y Administrativo Federal Nro. (…), advirtió que la caligrafía del letrado era idéntica a la de (…). Ahora bien en la anterior intervención de esta Sala, con una integración distinta (…) se sostuvo que la conducta que podría atribuirse a (…) no constituye el delito de estafa procesal pues la presentación fue extemporánea y, en consecuencia, no pudo haber generado error alguno al juez al momento de decidir. La hipótesis planteada por el acusador privado debe ser descartada. Así entendemos que la calificación adoptada por el colega de grado es razonable, pues resulta una derivación lógica del derecho vigente y de las constancias agregadas a la investigación. En función de lo expuesto, la conducta encuadraría en el artículo 292 primer párrafo del código de fondo, que prevé una pena privativa de la libertad máxima de dos años. Atento a ello y teniendo en cuenta que en ningún momento se llamo a (…) a brindar declaración indagatoria, ni hubo otros actos interruptivos, debe contarse el plazo a partir de la presentación del escrito en cuestión en sede civil, es decir el 7 de julio de 2014, por lo que ha transcurrido holgadamente el término legalmente establecido para que opere la prescripción de la acción (artículos 59 y ccs. del Código Penal de la Nación). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo, Pociello Argerich. (Sec.: Williams). c. 64.978/15, ALVAREZ, Marcelo Horacio s/prescripción. Rta.: 16/03/2017 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Sobreseimiento. Imputado por abuso sexual de una menor de trece años y de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado contra otra damnificada. Convocatoria a prestar declaración indagatoria materializada cuando había transcurrido el máximo de la pena prevista para los delitos imputados. Fiscal que pretende se 201

apliquen los principios jurídicos que motivaron posteriormente el dictado de la ley 27.206 por haberse comprometido oportunamente la Argentina a dictar las normas de protección como Estado parte en la Convención del Niño. Prevalencia del principio de legalidad (art. 18 de la C.N.) y de la prohibición de la aplicación retroactiva. Ley aplicable que debe ser la vigente a la fecha en la que se han cometido presuntamente los episodios (art. 2 del CP.) Delitos imputados que no pueden ser catalogados como de lesa humanidad, en los términos de la CSJN, para que opere asi la excepción y el hecho no pierda vigencia por el transcurso del tiempo. Confirmación. Fallo: "(…) II. Antecedentes del caso. Hecho reprochado: Se le atribuye a R. A. M. haber abusado sexualmente de M. S. B. -nacida el 17 de febrero de 2004 (ver fs…), a través de tocamientos en los senos, vagina y otras partes del cuerpo, como así también, besos en la boca, lo que habría acontecido el 21 de diciembre de 2010, a la salida del cumpleaños de una prima de la víctima, en el R. N°x de P. de esta ciudad (ver fs…). Asimismo se le atribuye el haber abusado sexualmente de M. A. B., de manera reiterada, cuando tenía entre 10 y 11 años, a través de tocamientos impúdicos que tenían lugar tanto en el inmueble de su abuela paterna A. C. XX- como en el del imputado -P. Z. XX, ambos de esta ciudad-. Los hechos habrían tenido lugar entre los años 2001 y 2002 cuando la damnificada y su familia concurrían a la casa de su abuela paterna, junto al resto de la familia, entre ellos, su madrina y (tía) y su marido, R. A. M. (ver fs…). Tales conductas fueron subsumidas por la agente fiscal, como constitutivas del delito de abuso sexual de una menor de trece años, en perjuicio de M. S. B. (art. 119, primer párrafo del C.P) y de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado en perjuicio de M. A. B. (art. 119, segundo párrafo, del Código Penal). El 21 de julio de 2016 el imputado fue convocado a prestar declaración indagatoria (ver fs…). La defensa planteó oportunamente la prescripción de la acción penal respecto del imputado al entender que la ley N°27.206 no estaba vigente al momento de comisión de los hechos objeto de análisis (ver fs…). En el caso de M. S. B., indicó que había transcurrido en exceso la pena máxima de cuatro años prevista para el delito cuya comisión se le endilgara a M. y que, si bien la actual redacción del párrafo 4° del art.67 del Código Penal (ley 27.206 sancionada el 10 de noviembre de 2015), impediría la prescripción, esa norma no podía aplicarse pues no estaba vigente al momento de los acontecimientos. Lo mismo se aplica, a su criterio, para el supuesto de M. A. B., cuyos hechos habrían tenido lugar entre los años 2001 y 2002. Por su parte, la Fiscalía, se opuso a la extinción de la acción penal. Finalmente, la Sra. Jueza decidió hacer lugar al planteo de la defensa y, para fundamentar su postura, señaló que la ley vigente al momento de comisión de los hechos era la nro. 25.990 que es más beneficiosa para el imputado (ver fs…). Dicha decisión fue recurrida por la representante del Ministerio Público Fiscal. III. Los agravios expuestos por la parte recurrente no logran conmover los argumentos del auto apelado. En efecto, y tal como se expuso en un caso similar (causa nro. 12490/15, "B., J. M. s/ prescripción" resuelto por esta Sala el 12 de agosto de 2016) existe un impedimento para aplicar al sub examine la regulación pretendida por la acusadora pública. El ministerio público fiscal argumenta que la acción penal con relación a ambos sucesos no se encuentra prescripta. Indicó que al momento de la entrada en vigencia de las leyes 26.705 y 27.206 la acción penal respecto de ambos delitos estaba vigente y condicionaron el comienzo del decurso de la prescripción de la acción penal en este tipo de delitos. Señaló que a la fecha de entrada en vigencia de la primera de las leyes referidas no habían transcurrido las penas máximas -4 años para el caso de M. S. B. y 10 años para el de M. A. B.previstas para los delitos cuya comisión se atribuye al imputado (abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante). Añadió que aún cuando los eventos hubiesen estado prescriptos al momento de la entrada en vigencia de aquella norma, resulta fundamental considerar que al momento de la comisión de los sucesos ya estaban vigentes los principios jurídicos fundamentales que motivaron la reforma en la norma nacional pues el Estado Argentino ya había adquirido, como Estado Parte, en convenciones internacionales de rango constitucional Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer y la Convención de los Derechos del niño- el compromiso de actuar con la debida diligencia y adoptar, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, como así también proteger "al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental (…) incluido el abuso sexual". En primer lugar, corresponde señalar que M. A. B. tenía 10 años aproximadamente cuando se habrían cometido los presuntos abusos, los cuales se prolongaron por el lapso de un año (desde el año 2001 hasta el 2002). Alcanzó la mayoría de edad el 29 de enero de 2009 (ver fs…). La denuncia la efectuó el 29 de enero del año 2016. Por su parte, M. S. B. contaba con 6 años de edad cuando habría tenido lugar el abuso sexual en su perjuicio (21 de diciembre de 2010), aún no ha cumplido la mayoría de edad y su madre instó la acción penal el 23 de febrero de 2016 (ver fs…). Es decir, que a la fecha de comisión de los hechos denunciados aún no se habían sancionado las leyes cuya aplicación reclama la fiscalía (5/10/2011 fue promulgada la ley 26.705 y 9 de noviembre de 2015 la ley 27.206). De tal manera, frente a la tensión entre las normas Convencionales que postula la representante del ministerio público fiscal referidas a la protección judicial y al compromiso del Estado Argentino a proporcionarla, por un parte, y por la otra los artículos 9 de la C.A.D.H. y el artículo 15 del P.I.D.C.P., que regulan el principio de legalidad y la prohibición de aplicar una ley penal retroactivamente en perjuicio del imputado, debe prevalecer el principio de legalidad (art. 18 de la C.N.), y su derivación constituida por el de la prohibición de la aplicación retroactiva de una ley de mayor rigurosidad. En este aspecto al momento de la comisión de los 202

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hechos estas normas que postula el Sr. Fiscal no se encontraban vigentes, por lo cual si bien la acción se encontraba vigente al momento de la sanción de las leyes mencionadas por la recurrente, no puede retrotraerse su aplicación al caso, por cuanto la pauta que guía la interpretación del principio de legalidad es la fecha de comisión de los hechos. La ley que regula la situación, y es aplicable al supuesto resulta ser la vigente a la fecha en la que han cometido presuntamente los episodios (artículo 2 del C.P.). Al respecto, se ha sostenido que "Derivada de la legalidad penal, esta garantía se encuentra en el artículo 18 CN al decir que nadie puede ser penado "sin ley anterior al hecho del proceso". Se consagra así el famoso aforismo del nullum crime nulla poean sine lege proevia de claro cuño iluminista del sigo XVIII, que tanta gravitación tuvo en el nacimiento del constitucionalismo para fijar un valladar al poder coactivo de Estado. Esta prohibición de leyes penales ex post facto supone dos pares de requisitos: uno adjetivo (ley formal y previa), otro sustantivo (precisar la figura delictiva y la pena correspondiente), no siendo válidas las leyes que estableciendo lo prohibido omiten establecer la pena (delegando su fijación al arbitrio judicial), ni la leyes que disponiendo la pena no incriminaran el delito (Nuñez). Los instrumentos internacionales también se refieren a esta garantía. Con más precisión que el artículo 18 CN, el artículo 11.2 DUDH y el artículo 15.1, parte 1° PIDCP dicen que "nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional…" (1). En este aspecto aun cuando el Estado debe garantizar la tutela judicial efectiva -art. 25 del C.A.D.H.-, ésta encuentra su límite en las garantías judiciales, y que las mismas convenciones de derechos humanos, limitan el poder estatal garantizando la defensa de los individuos ante el Estado. En dicha inteligencia, cabe resaltar que "En la doctrina liberal estado de derecho no sólo significa subordinación de los poderes públicos de cualquier grado a las leyes generales del país que es un límite puramente formal, sino también subordinación de las leyes al límite material del reconocimiento de algunos derechos fundamentales considerados constitucionalmente, y por tanto en principio "inviolables"" (2). De igual modo, se ha destacado que "Los mecanismos constitucionales que caracterizan al estado de derecho tienen el propósito de defender al individuo de los abusos de poder. Dicho de otro modo: son garantías de libertad, de la llamada libertad negativa, entendida como la esfera de acción en la que el individuo no está constreñido por quien detenta el poder coactivo a hacer lo que no quiere y a la vez no es obstaculizado para hacer lo que quiere" (3). La excepción a esta interpretación se presenta en aquellas situaciones que pueden ser catalogadas como delitos de lesa humanidad en los términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, en el precedente "Arancibia Clavel" nuestro Máximo Tribunal estableció que el instituto de la prescripción importa que el hecho sometido a la jurisdicción pierda vigencia por el transcurso del tiempo. Sin embargo, determinó como un estándar que la excepción a esta regla se encuentra configurada para aquellos actos que constituyen crímenes contra la humanidad. Señaló en esa oportunidad que si bien la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de la Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad no estaba vigente al momento de los hechos, cabe su aplicación retroactiva en función del derecho internacional público de origen consuetudinario, razón por la que no se estaría forzando el presupuesto de la prohibición de la retroactividad de la ley penal (4). En idéntico sentido en los precedentes "S." (Fallos: 328:2056) y "Derecho" (Fallos: 330:3248) (ob. cit., págs. 161 y 195). Ahora bien, las conductas aquí ventiladas no constituyen un delito de lesa humanidad ni puede ser enmarcado en el contexto de la doctrina de los fallos reseñados de la Corte Suprema, razón por la cual no corresponde la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal pues, su aplicación en contra de los derechos que goza el imputado constituiría una violación a los derechos que han adquirido jerarquía constitucional. Ciertamente, las leyes 26.705 y 27.206 no resultan más benignas para el imputado, sino que se trata de leyes cuya aplicación, con toda claridad empeora considerable su situación sin que existan motivos atendibles que sí lo impongan (artículo 75 inciso 22° de la C.N.; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; artículo 15, apartado 1° y artículo 9° de la Convención Americana de los Derechos Humanos). En virtud de lo expuesto puede concluirse que la ley aplicable al caso resulta ser la vigente al momento de la comisión de los hechos (ley 25.990). Así las cosas, desde la fecha en que los delitos dejaron de cometerse hasta la fecha en que el imputado fue convocado a prestar declaración indagatoria respecto de ambos episodios (ver fs…) transcurrió un plazo que supera los topes de cuatro años y diez años respectivamente, términos descriptos en la norma para que opere la prescripción de la acción. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los puntos I y II del auto de fs. (…), en cuanto fueron materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Roldán). c. 6.194/16, M., R. A. s/ inc. de prescripción. Rta.: 17/03/2017 Se citó: (1) Quiroga Lavié, Benedetti y Cenicacelaya, Derecho Constitucional Argentino, Rubinzal Cluzoni Editores, Buenos Aires, Tomo I, págs. 392/393. (2) ver Norberto Bobbio, "Liberalismo y democracia", Fondo de Cultura Económica, México D. F., 1989, pág. 19. (3) Ob. Cit. Pág. 21. (4)C.S.J.N., Fallos: 327:3312; Secretaría de Jurisprudencia de la C.S.J.N., "Delitos de Lesa Humanidad", Julio 2009, pág. 113.

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PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Sobreseimiento. Necesidad de que los hechos se encuentren delimitados de manera precisa. Debe computarse la calificación legal más gravosa que razonablemente pueda aplicarse. Hecho en el cual no puede descartarse que se haya cometido el delito previsto en el artículo 293 del CP. Acción no prescripta. Revocación. Fallo: "(…) II. No compartimos la solución dada al asunto. Cabe destacar para analizar si la acción penal se encuentra prescripta, que es necesario que los hechos que constituyan el objeto del proceso se encuentren delimitados de manera precisa, para dejar en claro sus bases fácticas y jurídicas (1). Asimismo, para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal, debe computarse la calificación legal más gravosa que razonablemente pueda aplicarse y, en caso de duda, debe atenderse a aquélla que, por su penalidad, permita la vigencia de la acción penal (2). En este contexto, en la anterior intervención de la sala -8 de noviembre pasado, fs. (…) del principal- se homologó la incompetencia dispuesta en la instancia anterior en favor de la justicia correccional, por considerarse que la maniobra atribuida importaría, en principio, una insolvencia fraudulenta, comprensiva también de las hipótesis de ventas simuladas como las denunciadas en autos, con cita de Carlos Creus, Derecho Penal, Parte Especial, to. 1, 3ª. Ed. Act., Editorial Astrea, Bs. As, 1991, p. 577. Se dijo entonces "Ello es así por cuanto la denunciada venta "simulada" del principal activo de "C.P.P. SA", un inmueble de 3774,4 m2 en el Partido de San Isidro habría tenido por objeto disminuir el valor de las acciones de titularidad de M.C.A. en aquella sociedad, correspondientes al 75% del paquete accionario, con la finalidad de frustrar en todo o en parte el cumplimiento de las obligaciones emergentes de la sentencia condenatoria firme dictada en su contra por el Juzgado Civil N°99, en el marco de sendos expedientes en los que el Dr. G.E.G. demandó la fijación y cobro de honorarios contra la nombrada, nacidos a partir de una relación profesional entre ambas partes." En este marco, si bien en principio la conducta aplicable resulta ser la prevista en el artículo 179, segundo párrafo, del CP, lo cierto es que no puede descartarse en forma absoluta que se puede considerarla comisión del delito previsto en el artículo 293 del código sustantivo, por lo que el plazo que cabe considerar como base de cómputo de la prescripción es el máximo de seis años, es decir, el de la figura que prevén pena mayor, tal como se considera la sanción penal en virtud de lo dispuesto en el artículo 54 del Código Penal (3). A su vez, en cuanto al momento de inicio de ese término corresponde considerar la fecha en que quedó firme la sentencia civil condenatoria, lo que ocurre una vez notificada al condenado y no recurrida en término legal (4). En este dirección, cabe señalar las siguientes circunstancias de interés procedentes del cotejo del expediente nro. 43750/09, "G., G. c/ A., M. C. s/cobro de honorarios": * el 17 de agosto de 2012, el titular del Juzgado Civil N°99 condenó a M.C.A. a pagar al actor la suma de $150.000 más sus intereses, para cuya liquidación se fijaron las pautas correspondientes, desde el 25 de septiembre de 2008, hasta el pago efectivo (fs. ..). * apelada dicha resolución, el 21 de febrero de 2013 la Sala "C" de la Cámara Civil elevó el importe fijado al monto de $450.000, confirmándose la sentencia de grado en todo lo demás que decidió y fuera materia de agravio (fs…). Dicho fallo fue notificado a la demandada el 26 de febrero siguiente (fs…). * el apoderado de la demandada, Dr. Alonso, planteó una aclaratoria, para que se subsanara "el error material incurrido al calcularlos montos de honorarios regulados y lo relativo a la actualización o intereses que éstos habrían de llevar" (fs. ..) Así, el 12 de marzo de 2013, la Sala "C" aclaró la mención numérica de un párrafo de fs. (…)-"La suma de siete millones setecientos cincuenta mil ($7.750.000) -resultando de $6.000.000 más $1.750.000"-, pero desestimó el recurso interpuesto respecto de las demás pretensiones, dado que "no se configura en al especie ninguno de los supuestos establecidos en las citadas normas", rechazándose así el recálculo de los honorarios y lo relativo a su actualización (fs…). Esta decisión fue notificada al Dr. A. el 13/3/2013 (fs. …). * el 25 de agosto de 2013, practicada la liquidación respectiva, el titular del Juzgado Civil N° 99 reguló los honorarios del Dr. G. en su carácter de letrado en causa propia y de la Dra. S.P.I., en su carácter de letrada patrocinante de la parte actora, en conjunto, en la suma de $170.000 (fs. …), decisión que fue confirmada por la Sala "C" de la Cámara Civil el 7 de noviembre de 2013, regulándose asimismo los honorarios de alzada de ambos en la suma de $42000 (fs. …), resolución de la que fue notificada la demandada el 20 de noviembre siguiente (fs...). Conforme lo expuesto, no ha transcurrido el término de seis años, por lo cual la acción penal no se halla prescripta. (…) se revocará la decisión recurrida. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR puntos 1 a 5 del auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Herrera). c. 54.062/16, AMADEO, María C. y Otros s/ Prescripción. Rta.: 05/06/2017 Se citó: (1) "Tratado de la prescripción de la acción penal, volumen I", Adolfo Calvete, ediciones de la República, edición 1°, 2008 y fallos citados "CNCAP, Sala IV "Liendo s/ rec. casación", rta. el 28/3/07; CSJN fallo 298:642, entre otros.(2) C.N.Crim.y Correc., Sala VII, C. 21666/96, "Rial, Osvaldo", rta.: 26/6/15; Sala V, c. n° 39385-12 "N.L.", rta. 10/6/15; c. n° 35643 "Mendez", Sala V, rta: 9/10/08; Sala VII, c. n° 41521-7 "Tripodi", rta: 30/9/11. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. nro. 6133/2014, "F., D. A. y otros", rta. el 20/4/2017. (4)Andrés José D´Alessio - Mauro Divito, Código penal de la Nación Comentado y Anotado, La Ley, tomo II, pág. 816. 204

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

PRIVACIÓN ELEGÍTIMA DE LA LIBERTAD. Lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas coactivas. Sobreseimiento. Hecho que tuvo lugar en un ámbito de intimidad que debe ser valorado conforme a las pautas establecidas en la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer" y la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belem Do Pará-". Fiscal al que asiste razón toda vez que los elementos son suficientes para agravar la situación procesal. Conducta del imputado que ha limitado el ámbito espacial de la víctima. Presencia de los elementos típicos de la figura prevista en el art. 141 del CP. Lesiones constatadas. Revocación. Procesamiento por lesiones leves agravadas por el vínculo, privación ilegal de la libertad y amenazas coactivas, en concurso ideal entre sí. Fallo: "(…) apelación interpuesta por el Fiscal (…), contra el punto I del auto de fs. (…) que sobreseyó a (…). II.- Postula el recurrente que los elementos recolectados son suficientes para agravar la situación del nombrado. III.- El acta de fs. (…) da cuenta que se atribuye al nombrado "el episodio transcurrido entre las (…) horas del día (…) y las (…) del día siguiente, durante el que mantuvo encerrada contra su voluntad a (…) en el domicilio ubicado en la calle (…). Concretamente, a raíz de una discusión (…) se retiró del hogar y dejó sola a la denunciante el interior del inmueble con la puerta cerrada con llave, a sabiendas de que la misma no tenía forma de retirarse del lugar. Al otro día (…) volvió al domicilio a las (…) horas de la mañana, e increpó a (…), tomó el teléfono celular de la misma y lo rompió. Luego, la tomó de sus cabellos, la arrojó contra una de las paredes al mismo tiempo que golpeaba las paredes con un martillo y le decía "ves este martillo vas a ver dónde te lo voy a meter". Al caer al suelo (…) le propinó varios puntapiés en las piernas a la damnificada, y continuó refiriéndole frases de tinte amenazante como "ves lo que me haces hacer, te voy a matar, te voy a pegar un corchazo, te voy a dar un martillazo en la cabeza", "tengo ganas de tirar, ¿dónde están mis armas?" También (…) golpeó a (…) con el puño en el brazo, la zamarreó, la tiró al piso contra los muebles y por último le refirió "si te veo con otro te mato, si me estas cagando vas a ver todo lo que hago con vos". IV.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Asiste razón al acusador público pues la firme imputación en análisis luce verosímil y, en principio, desprovista de indicios de mendacidad. (…) detalló las circunstancias en que habría acontecido el suceso que la damnificó (…) y que fueron descriptas en el apartado anterior. Las heridas fueron constatadas (…). En este punto vemos que el tiempo de evolución indicado por los galenos es aproximado. Sin embargo, coincide con aquél en que habría ocurrido el episodio. Por otro lado, el informe de la Oficina de Violencia Doméstica evaluó la situación como de altísimo riesgo ante la posibilidad que se reiteren los episodios en virtud del carácter periódico, crónico y cíclico de la violencia de pareja; el sentimiento de posesión del denunciado respecto de (…); su vulnerabilidad dada por el déficit en el nivel de alarma sobre el riesgo en que se encuentra, su falta de redes familiares, de contención; el estado de dominio en el que se encuentra y la naturalización de la violencia padecida. También la gran cantidad de síntomas que estaría presentando asociados al "Síndrome de Stress Postraumático" y las amenazas de muerte que habría proferido (…), siendo en algunas ocasiones con armas de fuego (…). No podemos soslayar que este tipo de conductas suelen desarrollarse en un ámbito de intimidad por lo cual "la prueba más trascendental en la causa son los dichos de la víctima…" (1). Pero además en estas actuaciones se cuenta con los dictámenes médicos que otorgan verosimilitud al reproche. Recuérdese que la valoración de la prueba debe realizarse en un sentido amplio, tal como lo postula la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer" y la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belem Do Pará-", que revisten jerarquía constitucional desde su aprobación mediante las Leyes 23.179 del 8 de mayo de 1985 y 24.632 del 13 de marzo de 1996, respectivamente, a partir de las cuales el Estado Argentino se comprometió a investigar, sancionar y reparar de manera efectiva conflictos que se susciten en temáticas en que mujeres y niños estén involucrados. Sobre la base de lo expuesto entendemos que el descargo de (…) se ve desvirtuado por plexo probatorio reseñado. Por lo demás, (…), testigos propuestos por la asistencia técnica, dan cuenta de situaciones que acontecieron con posterioridad, no habiendo presenciado el evento en estudio (…). Entonces, sin desconocer la relación conflictiva entre las partes, se comprueban reunidos los requisitos previstos por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que "si bien significa un avance en orden al conocimiento de la imputación, no requiere certidumbre apodíctica por parte del juez acerca de los extremos requeridos para decretarlo (...) Sólo exige elementos de convicción suficientes sobre la ocurrencia del delito y la intervención del imputado" (2), lo que se verifica en este legajo. De la calificación: La conducta desplegada por (…) se adecua a las figuras prevista en los artículos 89, 141 y 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal, los que se vinculan idealmente entre sí y por el que deberá responder en calidad de autor (artículos 45 y 55 del mismo texto legal). Las lesiones están constatadas en los informes de fs. (…) y los especialistas estimaron que curarían en menos de treinta días.

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Respecto de la privación ilegal de la libertad asiste razón al recurrente en que el hecho de que (…) haya tenido acceso a un teléfono para pedir ayuda no es óbice para descartarla, pues fue clara cuando expresó a sus amigas que por temor a represalias lo evitó (…). Recordemos que este delito prohíbe toda conducta que limite el ámbito espacial de un individuo. La acción típica recaerá sobre las acciones que impidan que una persona pueda ambular libremente, ya sea que se afecte su facultad de trasladarse o permanecer en el lugar que quiera (3), lo que se verifica en el caso en la medida en que de lo dicho por S. se desprende que durante doce horas y media, aproximadamente, habría quedado encerrada bajo llave, sin contar con una en su poder que le facilitara salir del departamento. En cuanto a las frases proferidas, sostuvimos que el delito de coacción se consuma "cuando la víctima toma conocimiento de la amenaza, siendo suficiente que con ello se genere en el sujeto pasivo la alarma o el amedrentamiento" (4). Se produce con la mera utilización de una amenaza con la finalidad de obligar al destinatario de ella, independientemente del resultado obtenido por el procedimiento compulsivo (5). Entonces, el miedo que refirió sentir de que concretara sus amenazas y el "terror" que padeció por la situación vivida (…), lucen como claros indicadores de una perturbación psíquica y emocional que no estaba obligada a soportar.De las medidas cautelares: (…) En virtud de lo dispuesto deberá trabarse un embargo sobre los bienes y/o dinero de (…). V.- El juez Mariano González Palazzo dijo: Comparto la solución propuesta por el juez Julio Marcelo Lucini en cuanto a la valoración y la calificación legal escogida. (…) En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I.- REVOCAR el punto I del auto de fs. (…), DISPONER EL PROCESAMIENTO, sin prisión preventiva, de (…), cuyos demás datos obran en autos, en orden a los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo, privación ilegal de la libertad y amenazas coactivas, los cuales concurren idealmente entre sí, en calidad de autor (…); II.TRABAR EMBARGO sobre sus bienes en la suma de (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Carande). c. 40.705/16, A., P. E. s/ Sobreseimiento. Rta.: 02/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI., c. 30.668, "R. D., Á. D.", rta.: 13/3/17; (2) D'Albora, Francisco "Código Procesal Penal de la Nación", pág. 517, Ed. Abeledo Perrot, 1999; (3) Luis F. Niño - Stella Maris Martínez "Delitos contra la Libertad", 2ª ed., Ad-Hoc, Buenos Aires 2010, pág. 68; (4) Arce Aggeo - Báez, Directores del "Código Penal Comentado y Anotado" Parte Especial, Cathedra Jurídica, Buenos Aires, 2013, tomo 2, página 451; (5) Creus, Carlos, "Derecho Penal. Parte Especial", 6° edición, 2 reimpresión, Astrea, tomo 1, página 337, 1999. PROCESAMIENTO. Por lesiones culposas leves. Defensa oficial que se agravia debido a que se ha violentado la garantía procesal de la prohibición del doble juzgamiento. Imputada que ya ha sido beneficiada por un juzgado contravencional con una suspensión del proceso a prueba por el término de seis meses, declarándose extinguida la acción y disponiendo su sobreseimiento por haber conducido con mayor cantidad de alcohol en sangre del permitido o bajo los efectos de estupefacientes (art. 111 del C.C), situación constatada cuando fuera detenida en ocasión del accidente vial en el que se produjo lesiones a la aquí damnificada. Nulidad. Sobreseimiento. Fallo: "(...) recurso de apelación interpuesto por la defensa de M. B. B., Dr. Daniel G. Neuman, titular de la Defensoría Criminal y Correccional N° 21, a (fs. ...), contra la resolución de (fs. ...), que dispuso el procesamiento de su asistida, por encontrarla, en principio, autora penalmente responsable del delito de lesiones culposas leves (art. 94 del Código Penal). (...). Tal como se le impusiera al recibírsele declaración en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación, se le imputó a M. B. B., el hecho ocurrido el "… 19 de septiembre de 2015, a las 09:25, cuando C. B. B. viajaba como acompañante y N. S. V. en el asiento trasero, del vehículo [Peugeot] 408 dominio (...), que manejaba L. D. D., desplazándose por la Av. Á. T. a metros de su intersección con B. E. de esta ciudad. En determinado momento, el Sr. D. detuvo la marcha del rodado, en doble fila, colocó las balizas, ya que la Sra. B. debía descender del rodado para entregar unas bolsas a una persona que la estaba esperando. En ese contexto, cuando la Sra. B. intentó regresar al vehículo, se colocó delante del mismo esperando que cese el tránsito para poder abrir la puerta e ingresar. En ese marco, un vehículo marca Peugeot 206 dominio (...) -conducido por M. B. B.- que venía circulando por la misma avenida, continuó la marcha sin el cuidado y precaución requerido para el caso y en estado de intoxicación alcohólica impactando al vehículo que tripulaba el Sr. D. en la parte trasera. Como consecuencia del impacto, éste vehículo se desplazó hacia delante y embistió a B. que se encontraba frente al vehículo de pie. Como Corolario de ello, C. B. B. sufrió lesiones leves: politraumatismo y N. S. V. lesiones leves tales como traumatismo dorsal- art. 94 del CP- infracción a los arts. 39 inc. "b" y art. 48 "a" de la Ley 24.449". Llegado el momento de expedirnos, entendemos que los agravios expuestos por la Dra. Cortea en la audiencia, confrontados con las actas escritas que componen el legajo, merecen ser atendidos por lo que procederemos a anular la resolución traída a nuestro conocimiento. En efecto, luego de determinar que el 22 de octubre de 2015, M. B. B. fue beneficiada con una suspensión del proceso a prueba por el término de seis meses (cfr. fs. ... de los testimonios del expediente N° 18.067/2015, del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6, que corren por cuerda) que se dio por cumplido mediante la resolución dictada el pasado 6 de julio de 2016, en la cual se declaró extinguida la acción y se dispuso el sobreseimiento de B. por la presunta contravención de conducir con mayor cantidad de alcohol en sangre de permitido o bajo los efectos de estupefacientes, establecida en el art. 206

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 111 del C.C. (cfr. (fs. ...), del expediente citado); la Sra. magistrada actuante, pese admitir que aquella imputación, en contraste con la efectuada en estos actuados, correspondía a un mismo sustento fáctico, arribó al dictado del procesamiento de la nombrada por el hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2015, violentando la garantía procesal de la prohibición del doble juzgamiento contenida en el art. 1° del Código Procesal Penal de la Nación. Entonces, dado que los pronunciamientos jurisdiccionales recaen sobre las conductas imputadas y no sobre la adecuación típica de las mismas -en el caso la conducción en estado de intoxicación alcohólica, en la que fundamentó la magistrada la violación al deber objetivo de cuidado que debía observar la imputada-, por tratarse de una nulidad de orden general que afecta derechos y garantías constitucionales corresponde que el tribunal se expida de acuerdo a lo establecido en el art. 168 del Código Procesal Penal de la Nación, y consecuentemente, anular la resolución cuestionada y estar al sobreseimiento dictado en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas que ha adquirido autoridad de cosa juzgada material. Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la resolución de (fs. ...), en todo cuanto allí decide y estar al sobreseimiento dispuesto en la causa N° 18.067/2015 del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.B.A. (arts. 1° y 168 del Código Procesal Penal de la Nación). Notifíquese mediante cédulas electrónicas y devuélvase, dejándose expresa constancia de que el juez Julio Marcelo Lucini, designado para subrogar la Vocalía n° 4, no suscribe por hallarse cumpliendo funciones en la Sala VI de esta Cámara. Sirva lo proveído de atenta nota de envío. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Prosec. Cám.: León). c. 60984/15, BASSUS, María Belén s/procesamiento Rta.: 05/06/2017 PROPIEDAD INTELECTUAL (Ley 11.723). Defraudación a la propiedad intelectual (arts. 71 y 72, inciso "a" y "c", de la ley 11.723. Procesamiento. Ausencia de dolo. Imputado que advirtió, tanto en el título como en la posdata, que se trataba de un experimento literario conocido como "engorde". Aceptación legítima de dicho procedimiento. Edición llevada a cabo con fines educativos y sin la voluntad de defraudar los derechos de autor. Atipicidad. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) El juez Ricardo Matías Pinto dijo: 1. El imputado fue intimado en los siguientes términos al recibírsele declaración indagatoria: "Haber defraudado los derechos de propiedad intelectual que le reconoce la legislación vigente a M. K. -viuda de J.L.B. -, en relación a la obra literaria "El Aleph", que fuera publicado por primera vez el 3 de septiembre del año 1945 en el nro. 131 de la revista "Sur", la cual ha sido inscripta en el Registro de la Propiedad Intelectual bajo el nro. 187.855. Ello, al haber violado la protección de los derechos de autor reconocidos a la nombrada en la Ley 11.723 (arts. 71 y 72 incs. a) y c). Por un lado, modificando el texto original, ya que el compareciente habría utilizado y deformado la obra de J.L.B., intercalando al texto original, palabras, frases y oraciones completas sin diferenciarlas, y por otro habría quitado palabras del texto original, sustituyéndolas por otras. A más de ello, habría transcripto la obra literaria de que se trata en su totalidad o parte sustancial, excediendo el límite de mil palabras dispuesto en la normativa aludida. En efecto, en fecha 17 de mayo del año 2011, ante la Oficina de Sorteos y Turnos de la Excma. Cámara del Fuero, el Dr. Fernando Soto, en nombre y representación de M.K. (exclusiva titular de la propiedad intelectual de toda la obra de J.L.B.), puso en conocimiento de la publicación de un libro titulado "El Aleph engordado", editado por "Imprenta Argentina de Poesía", en marzo del año 2009 en la Ciudad de Buenos Aires, bajo la autoría de P.K. (como autor y responsable de la edición), quién sin ningún tipo de autorización de K. y motivado al parecer por una nueva modalidad o tipo de experimentación literaria (que consistiría en la reescritura de clásicos), habría reproducido íntegramente el cuento "El Aleph" del escritor argentino J.L.B. -sin aclarar debidamente que estaba haciendo tal reproducción, ni que ella pertenecía a la obra de B., manipulando y modificando su texto conforme a la siguiente mecánica: a) En primer lugar, intercalaba, en el curso del texto original reproducido, palabras, frases y hasta oraciones completas de la cosecha personal del propio K., que así venían a agregarse al texto original -engordándolo-, sin siquiera diferenciarse de él a través de una tipografía distinta sin explicar al lector dónde y cómo jugaba la experimentación ( no lo aclaraba antes, en un prólogo, ni lo aclaraba luego, en el desarrollo del texto), alterando así completamente la estética, sentido y espíritu de la obra borgeana, de manera de confundir al lector, de tener en cuenta que eran palabras sueltas u oraciones cortas, muy difíciles de advertir si no se tenía el texto original a mano o si no se era un experto en la obra de B.. A más de ello, los agregados apuntados se extendían a lo largo de toda la obra, desde el principio - incluso a partir de la cita de Shakespeare del epígrafe-, hasta el final. Esto se repetía - de manera creciente- en el resto de la obra, sin que prácticamente se salve casi ninguno de los párrafos. b) Además de intercalar, explicó el denunciante, también, en algunos casos, K. quitaba palabras del texto original y directamente las sustituía por otras de su propio acervo. A modo de ejemplo, en el primer párrafo de la obra, el texto original se reproducía íntegramente, consistiendo la alteración o modificación exclusivamente en intercalar la prosa nueva entre medio del original. En tanto, en otras partes el imputado, suprimía alguna palabra, avanzando con la sustitución por una propia -como en los otros casos, sin advertir ni diferenciarlo de manera alguna-. Que la obra literaria "El Aleph", se trata de un cuento de la autoría del escritor J.L.B., circunstancia que se acreditó con el ejemplar acompañado, de la edición de Editorial Sudamericana S.A., con acuerdo de Random House Mondadori S.A., bajo el sello Debolsillo, del mes de abril del año 2011, hecha en Buenos Aires, Argentina. Asimismo, se verificó que 207

M.K., era la única y universal heredera de J.L.B., fallecido en el año 1986, y por tanto la titular de la totalidad de los derechos de autor de aquél. En tal carácter celebró, el 22 de septiembre del año 1988, un contrato con la firma "EMECE EDITORES S.A.", mediante la cual cedió al editor y no a otros los derechos de reimprimir la obra citada. Asimismo, la nombrada K., de manera alguna autorizó la reproducción de la obra y mucho menos con las modificaciones señaladas y tampoco fue retribuida materialmente o participada de algún fruto a raíz de dicha reproducción/publicación" (fs…). 2. El 13 de junio de 2012, en la intervención que le cupo a esta Sala, se confirmó el sobreseimiento decretado en la instancia anterior, y se indicó que "La alteración del texto descripta por la figura requiere -al igual que todas las demás conductas de los artículos 71 y 72 de la ley 11.723- una actuación dolosa encaminada a defraudar los derechos de propiedad intelectual en lo que hace a la "integridad de su creación", sea en su aspecto moral o patrimonial, es decir, un obrar con conocimiento de la habilidad de la acción para infringir la norma y con la voluntad de, aún así, concretarla (1). El juez rechazó, correctamente a nuestro entender, que "El Aleph engordado" hubiera sido el resultado de una actuación de esas características. Coincidimos con el magistrado en cuanto a que los términos de la posdata de K. desechan cualquier rasgo de engaño o de vedada apropiación de un texto ajeno, por cuanto explícitamente se expusieron los detalles del mecanismo de construcción del experimento literario y se indicó el posible camino inverso de decodificación para volver al texto puro del cuento de B., reconocido como punto de partida presente en la obra, literal y gramaticalmente inalterado (como lo reconoció la propia querella, salvo en el caso aislado de una palabra)." (fs. ..). 3. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso de casación que la querella interpuso, casó la resolución de fs.(…) y revocó el sobreseimiento de P.K. y dispuso la prosecución del trámite (fs. …). El juez Gustavo M. Hornos, a cuyo voto adhirieron los vocales Eduardo Riggi y Juan Carlos Gemignani, dijo: "…en relación a la modificación del texto cuya propiedad intelectual se busca preservar, cabe recordar que mediante la ley 11.251, el Congreso aprobó la adhesión a la Convención de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, firmada el 9 de septiembre de 1986. Dicha Convención establece en su art. 6 bis que ´Independientemente de los derechos patrimoniales de autor, y aún después de la cesión de dichos derechos, el autos conserva, durante toda su vida, el derecho de reivindicar la paternidad de la obra y de oponerse a cualquier deformación, mutilación u otra modificación de esta obra a cualquier otro menoscabo a la misma obra, que pudiera afectar su honor o su reputación (el destacado me pertenece). Es así que, como consecuencia del derecho a la propiedad intelectual de la obra, el autor posee el derecho a la integridad de la obra, razón por al que podrá oponerse a toda modificación, deformación o utilización que de su obra pueda hacer un tercero. Ello, pues el autor tiene derecho a que su obra se exhiba, represente, ejecute en forma íntegra y tal como él la concibió, por lo tanto, cualquier modificación o alteración debe contar con su previa aprobación…. Fortalece el planteo de la querella considerar que aun cuando nuestra legislación prevé el derecho de cita en la obra literaria, existen pautas para regular el extracto de una obra literaria o artística. La convención ya mencionada…regula el derecho a cita a través de los artículos 10 y 10 bis que disponen: ´Artículo 10- (1) Se considera lícito en todos los países de la Unión hacer citas breves de artículos de diarios o de publicaciones, así como incluirlas en resúmenes de prensa. (2) Queda reservada a las legislaciones de los países de la Unión y a los acuerdos especiales ya existentes o a concluirse entre ellos, la facultad de hacer lícitamente extractos de obras literarias o artísticas para incluirlas en publicaciones destinadas a la enseñanza o de carácter científico o en crestomatías, en la medida que lo justifique la finalidad perseguida. (3) Las citas y extractos deben ir acompañados de una mención sobre la fuente y el nombre del autor, si su nombre, figura en dicha fuente´…". Es así que la ley 11.723, en su artículo 10 dispone que: "Cualquiera puede publicar con fines didácticos, científicos, comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil palabras de obras literarias o científicas….y en todos los casos sólo las partes del texto indispensables a ese efecto. Quedan comprendidas en esta disposición las obras docentes, de enseñanza, colecciones antologías y otros semejantes." De esta manera, la ley nacional ha optado por crear una excepción expresa a las facultades exclusivas del autor, y la condiciona de la siguiente manera: a) debe tener una finalidad didáctica o científica; b) debe limitar la utilización hasta mil palabras en las obras literarias….; c) las partes del texto deben ser indispensables a ese efecto, y d) la utilización debe ser en la forma de comentarios, críticas o notas. Además dichas condiciones son acumulativas… El hecho de que P.K.n haya efectuado el "engorde" de la reconocida obra de J.L.B. omitiendo la autorización, ha violado la protección de los derechos de autor reconocidos en la ley 11.723. Ello así pues, por un lado, se ha modificado el texto original ya que, conforme el querellante ha denunciado, K. ha utilizado y deformado la obra de B. mediante dos recursos; primero, K. intercala y agrega al texto original reproducido, palabras, frases y oraciones completas, sin diferenciarlas a través de una tipografía distinta a lo largo de toda la obra, y, segundo: explicó el denunciante que en algunos casos K. quitó palabras del texto original y directamente las sustituyó por otras. Por otro lado, se ha transcripto la obra de B. en su totalidad, o parte sustancial, excediendo el límite de mil palabras dispuesto en el art. 10 de la mencionada ley. De este modo, su accionar queda enmarcado en el tipo objetivo enunciado por el art. 72 de la mencionada ley al efectuar la acción típica de defraudar los derechos de autor." 4. Al proseguirse la instrucción, se escuchó en declaración indagatoria al imputado (fs…), oportunidad en que se remitió al descargo agregado a fs. (…). Sustancialmente explicó que no tuvo intención de engañar a nadie y que nadie resultó engañado, ni pudo serlo, porque por esa razón incluyó una posdata donde, sin ambigüedad y de una manera que no puede confundir a nadie, indicó qué tipo de trabajo hizo con el texto original y de quién era el texto, por supuesto. 208

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Agregó que en las entrevistas que le hicieron y en las notas que salieron sobre este libro en distintos medios periodísticos quedó en claro la naturaleza del juego propuesto, todos hicieron mención a la obra de B., y entendieron el libro como un diálogo con la tradición. Asimismo, negó haber obtenido algún tipo de lucro económico, "ni tampoco se me cruzó por la cabeza en ningún momento, para nada, obtener lucro económico con este experimento", agregó. Indicó que se trató de una tirada de doscientos ejemplares, cuyo costo de impresión pagó él mismo y de la cual la mayor parte los regaló. Señaló que, si bien en algunas librerías hubo ejemplares, fue a un costo bajísimo -de entre 10 y 14 pesos- y eso fue más que nada, porque hay ciertas librerías especializadas, que ayudan a circular ciertos libros, pero ni aún así estuvo en eso la idea de recuperar parte del dinero, muchos menos la de obtener una ganancia. Agregó que todos los libros de la editorial -muy "amateur" y hecha por un grupo de amigoscirculaban de la misma manera, es decir, sin finalidad lucrativa y, en general, más bien con pérdidas, que no consideraban tales. Afirmó que el libro es un experimento literario, que tiene antecedentes clásicos a lo largo de toda la historia de la literatura pero cuya tradición más fuerte empieza en el siglo XX, habiendo sido incluso B. fue un cultor entusiasta de esta tradición. Explicó que consistiría en trabajar explícitamente con otros textos y que la obra sea justamente la exhibición de ese trabajo. Lo que se hizo en este caso, dijo, fue, duplicar la extensión de un texto agregándole palabras, tal como se expuso en la posdata. La eventual modificación de palabras que se atribuyó en la imputación, dijo haberla detectado en una palabra y que se trató de errata. En sustento de la tradición argüida y de su conocimiento por parte de B. como un "trabajo literario…con textos ajenos, como un juego que se le propone al lector", reseñó que un escritor salvadoreño -M.L. - fue denunciado ante B., por haber escrito un prólogo falso con frases sueltas de B. y con la firma éste para dar difusión a su libro. Expuso que B. no lo acuso, sino que decidió que le caía mejor el acusado que el acusador, y le envió a M.L. una carta felicitándolo por el libro. Dio cuenta además de que su idea de no distinguir tipográficamente qué partes del libro le pertenecían al cuento original y cuáles eran sus agregados fue justamente parte de un juego que, de haberla hecho, hubiese perdido interés. Reconoció que no conversó previamente con M.K. ni pidió autorización para la inclusión del texto de B., por cuanto "… este tipo de juegos literarios, se hacen siempre espontáneamente y no se pide autorización, de la misma manera que M.L. no le pidió autorización a B. y este le festejó el libro. Forma parte de la tradición hacerlo así y sobre todo cuando uno sabe que no esta perjudicando a nadie al hacerlo. Ni obteniendo nada a costa de nadie, sino dialogando con un autor con el que uno como escritor quiere dialogar." 5. El 17 de junio de 2015, el juez de la instancia anterior procesó a P.E.K. (fs…), decisión que fue revocada por esta sala. En dicha oportunidad de decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer al imputado y se dispuso la realización de un estudio pericial para establecer si el texto original del "Aleph" fue transcripto literalmente por K. en "El Aleph engordado" (fs. ..). 6. Planteada la cuestión en estos términos y ante el recurso de la defensa, en la evaluación de la responsabilidad del imputado en términos de las conductas defraudatorias descriptas en los artículos 71 y 72 de la ley 11.723, cabe formular las siguientes consideraciones: No se presenta en el caso un supuesto de plagio. Ello así, por cuanto "El delito de plagio ha dicho esta Cámara…reside en la acción dolosa del plagiario decidido a revestir con nuevos ropajes lo ya existente, para hacer creer que lo revestido es de cosecha propia" (2). En este aspecto, el título y la posdata desechan que ése hubiera sido el designio de K. La denuncia formulada se ubica en las hipótesis de la reproducción y/o alteración. Sobre el particular, en las primeras décadas de vida de la ley los tribunales exigieron para la configuración del tipo del artículo 71 la presencia de los elementos propios del tipo de defraudación, tal como los describen los artículos 172 y 173 del Código Penal, los cuales nunca se verificaban porque el carácter inmaterial de la obra determina que el delito pueda concretarse sin mediar una relación personal entre el autor y el titular del derecho y, por tanto, sin que medie abuso de su confianza, ardid o engaño (3). J.L. rechazó la idea de que para que se configurara el delito previsto por el art. 71 deba exigirse que se reúnan los caracteres requeridos por el delito de defraudación del Código Penal o que se tipifique. Consideró que el término "defraudación" empleado en la norma no tenía alcance técnico -jurídico y que debía asignársele un sentido amplio y genérico, es decir, del significado común, como la actividad intencional desplegada en violación de la propiedad del autor, restringiendo la equiparación con el art. 172 del CP estrictamente a la pena. A partir de la década de 1970, los tribunales interpretaron la remisión al artículo 172 del Código Penal en la norma en el sentido indicado por L. y que "…el fraude de que habla la ley 11.723 en el art. 72 se conforma con las ofensas inferidas al derecho de crear y al consecuente dominio del autor, derechos que resultarán menoscabados en cuanto alguien, contra la voluntad del propietario del bien intelectual, se apropie en beneficio personal…" (4). 7. En este aspecto es importante tener en cuenta el estudio pericial concretado en autos que señaló las siguientes circunstancias de interés (fs…). En primer término corresponde resaltar, entre otras cuestiones, la explicación expuesta bajo los siguientes términos: "La parodia del un clásico, expresada a través de una acción material, concreta…corporal como "engordar" expresa un gesto…de vulgarización de un procedimiento literario o poético con el objeto de desacralizar un clásico, un guiño admisible al canon literario que cuenta con antecedentes ilustres dentro de la literatura universal, tal el caso de Miguel de Cervantes Saavedra con Don Quijote de la Mancha, que parodizó la literatura de caballería". 209

Se concluyó que no existían dudas sobre la intención literaria que guió la intervención de K. sobre el texto de B., por cuanto el título del cuento, el estilo empleado y la posdata final dejaban en claro el propósito del autor, resaltándose además que el procedimiento de "engorde" dio como resultado un estilo que se contrapone de manera radical al de B. El texto de "El Aleph" se encuentra transcripto en su totalidad (salvo las modificaciones señaladas a fs. …) en la obra cuestionada. Además, esa transcripción de "El Aleph" está intervenida y modificada por la inserción de palabras, frases y párrafos, ajenos al texto de B., los que lo transforman en términos sintácticos, narrativos y estilísticos, razón por la cual el "engorde" supone no sólo la incorporación de palabras al cuento "El Aleph", sino un cambio de forma, de un texto armonioso y cuidado, en otro cuento diferente (fs…). A la pregunta relativa a si las modificaciones revelaban una intención maliciosa o podían atribuirse a otras razones -"erratas" o al procedimiento del "engordamiento"-, se explicó que K. anunció en el título "El Aleph engordado" que la operación básica (engordar) se realizó sobre el cuento de B., y en la posdata sus propósitos o procedimientos de escritura. Además, se señaló que esas modificaciones podían atribuirse al procedimiento literario de "engorde", calificándoselas de "pretenciosas", en el sentido de que el autor procuró discutir meta-literariamente, en el mismo texto y a partir de la escritura, con la poética y el lugar de B., un texto clásico (fs…) Se concluyó que no existían dudas de la intención literaria que guió la intervención de K. sobre el texto de B., por cuanto el título del cuento, el estilo empleado y la posdata final dejaban en claro el propósito del autor, y que el procedimiento de "engorde" dio como resultado un estilo que se contrapone de manera radical al de B. Ante la requisitoria expresa de si podía llegar a entenderse que el "El Aleph engordado" resultara de autoría de B., la respuesta fue negativa. Sobre el punto se resaltó el contraste marcado entre el estilo de B. -definido por la economía de recursos, donde "menos" es "más", la evitación de desbordes y repeticiones, un estilo que alude en vez de decir, que deja al lector inferir los supuestos- y el de K. -caracterizado por la saturación, la repetición, la explicitación, la valoración definida, la descripción por extensión de las acciones, personales y sucesos que poco deja en manos del lector a la hora de asignar sentido al texto, bajo una sintaxis compleja-, ver fs.(…). Así, se señaló que las diferencias de estilo y las referencias explícitas sobre el procedimiento de "adición", en el título y en la postdata, resultan evidencia suficiente para reconocer el "engorde" en el texto y los propósitos literarios perseguidos por el autor. A ello se agregó que el procedimiento de engorde duplica las palabras de "El Aleph", diferencia que resulta significativa, no sólo cuantitativa sino cualitativamente, ya que afecta profundamente la trama narrativa, al narrador y a los personajes, proponiendo visiones contrapuestas (otro eje narrativo; cambio de las caracterizaciones de los personales y su relación con el autor o con los aspectos sustanciales tratados; en la posición del narrador, desdibujado en el cuento de B. y autorreferencial en el "engorde", modificándose asimismo los órdenes del relato, es decir, la organización textual), ver fs. (…). Esos cambios de "El Aleph engordado", afirmó la perito, proponen no sólo un nuevo cuento sino una poética diferente. "El cuento de K. exige analizar el préstamo textual realizado, no sólo por la similaridad entre ambas obras, sino por sus profundas diferencias narrativas y estilísticas, sin evaluar la calidad literaria de uno u otro", ver fs. (…). Del análisis realizado, se concluyó que "las diferencias entre uno y otro texto son los suficientemente significativas para permitir reconocer que no hubo una reelaboración del texto original, sino la creación de un texto nuevo y diferente, por lo que para los peritos no quedan dudas sobre la autoría de cada texto", fs. (…). Si bien no se pudo señalar si "El Aleph engordado" habría sido de interés de J.L.B., se indicó que los problemas de la autoría, el interés por los clásicos de la literatura y la intertextualidad fueron motivo de reflexión crítica y punto de partida para muchos de los textos ficcionales de B., incluyendo "El Aleph". También se explicó que el "engordamiento" es un procedimiento literario extremo pero legítimo, en la medida en que abiertamente toma en préstamo las palabras de un texto para producir una nueva obra literaria, técnica que supo utilizar B. y que, incluso, tematizó en el cuento "P.M., autor del Quijote" (fs…). 8. Así, conforme el estudio pericial, el procedimiento literario aplicado confluyó en la creación de una obra nueva -"El Aleph Engordado"-. Se habló de obra nueva porque, en base al núcleo base de "El Aleph", se llegó a una creación literaria diferente, expandida, elaborada bajo una estructura gramatical y literaria propia del imputado, absolutamente diversa del estilo de B. y, por tanto, fácilmente diferenciable, no quedando "dudas sobre la autoría de cada texto" (fs…). La inclusión de la palabra "engordado" en el título y los explícitos términos de la posdata -que se transcribe a continuación- dejaron en claro que no se trataba de "El Aleph", sino un experimento literario con punto de partida en éste. "Posdata del 1° de noviembre de 2008. La posdata del 1° de marzo de 1943 no figura en el manuscrito original de "El Aleph", posterior a la escritura del cuento, es el primer agregado y la primera lectura de B. Esa posdata es la única parte que quedó intacta en este engordamiento. El resto, de aproximadamente 4000 palabras llegó a tener más de 9600. El trabajo de engordamiento tuvo una sola regla: no quitar ni alterar nada del texto original, ni palabras, ni comas, ni puntos, ni el orden. Esto significa que el texto de B. está intacto pero totalmente cruzado por el mío, de modo que, si alguien quisiera, podría volver al texto de B. desde éste. Con respecto a mi escritura, si bien no intenté ocultarme en el estilo de B. tampoco escribí con la idea de hacerme demasiado visible: los mejores momentos, me parece, son esos en los que no se puede saber con certeza qué es de quién. A J.B." A su vez, en autos se acreditó un uso primordialmente académico de la obra cuestionada, a través de diversas presentaciones.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Así, la de la profesora G.M., ´Director of Graduate Studies, Department of Latin American and Iberian Cultures, Columbia University´, quien señaló haber usado la obra "El Aleph Engordado" en los cursos de doctorado, haberla sometido a discusión con colegas en congresos y conferencias en diferentes universidades y foros de Estados Unidos, donde se ha escrito sobre ella. Entre otras cuestiones, señaló que era considerada una obra literaria que experimenta con procedimientos estéticos de forma en que lo hacen muchos autores contemporáneos, que da "la posibilidad de explorar nuevos procedimientos estéticos" y cuyo "relato obliga a los lectores a enfrentarse a una doble lectura, a leer a B. mientras se lee otra obra." Explicó que no sólo que no sólo existen muchísimos trabajos que han hecho éste u otro tipo de exploraciones y que varios de los procedimientos usados para experimentar con la autoridad y la textualidad han sido teorizados por pensadores de la talla de N.B., J.R., J.C., B.L. y B.G. entre otros, a lo que agregó que lo que hizo K. forma parte de una de las tendencias predominantes del arte contemporáneo. En particular, opinó que la obra de B., ya constituida como un clásico universal, no se ve afectada por lo que hizo el imputado, porque se trata de dos obras diferentes y que "El Aleph Engordado" se suma a una cantidad de obras-homenaje a B. Finalmente afirmó que "Sin entrar en consideraciones concretas en cómo afecta esta acusación la libertad de expresión, creo que la penalización de un autor por usar procedimientos literarios que no perjudican ni a la obra ni los derechos de otros autores significa desconocer el funcionamiento del arte y la literatura en el mundo contemporáneo. Lejos de ser un antecedente, este caso se puede convertir en un escandaloso ejemplo de censura y desconocimiento de la obra del propio B." (fs…). En similares términos de pronunciaron el Dr. B.B., Felow and Tutor in Spanish del ¨St. Catherine´s College, University of Oxford´ (fs…); J.P., catedrático de literatura hispanoamericana de la ´Universidad de Paris 8, Vincennes Saint-Denis y Director del Laboratoire d´Etudes Romanes´ (fs…), Annick Louis, docente de la ´Universidad de Reims y de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de París (fs…); la Dra. Annette Gilbert, investigadora y Directora del proyecto de investigación ´In & Out & Between. Sobre la emmarcación del arte´, con sede en el Instituto Szondi de Literatura General y Comparada de la Universidad Libre de Berlín (fs…); G.B. responsable de la Cátedra de Introducción a la Literatura Española, editor fundador de Cathay Publishers, Normal Capital University, Beijing (fs…). Dichos catedráticos coincidieron en que la propuesta del "El Aleph Engordado" es un experimento literario contemporáneo con numerosos antecedentes en el siglo veinte y que dicha obra habría sido utilizada académicamente en sus respectivos ámbitos, habiendo sido motivo de discusión y análisis en foros de la especialidad. A ello se sumaron afirmaciones como las siguientes: es "…un trabajo de reescritura literaria que responde a los principios defendidos por B., es decir a la idea que la vocación de la literatura es producir variantes literarias destinadas a multiplicar los textos…la capacidad de crear a partir de otra obra es la reivindicación borgeana por excelencia" (fs. …); " …se ve un trabajo creativo y la continuación del relato de B., lo que como lo demuestra una lectura atenta- implica un análisis crítico intensivo y estilístico del contenido del precursor y al mismo tiempo le mayor valor. El Aleph engordado contribuye al renombre de B. y es una invitación a una segunda lectura…" (fs…). En base a todo lo expuesto, del peritaje surge nítidamente que "El Aleph engordado" constituyó la creación de un texto nuevo, generado a partir de un procedimiento literario reconocido en el paradigma que guía la literatura contemporánea y que clásicos como el mismo B. habían aceptado. El propio imputado anunció que se trataba de un "cuento diferente" a "El Aleph", lo hizo a través del título seleccionado y lo explicitó claramente en la posdata, donde expuso su finalidad, la discusión metaliteraria de un texto clásico. "Desde el título mismo del cuento, hasta el estilo empleado y la posdata final dejan en claro el propósito del autor", dijo la perito de oficio (fs. ...). Ésta explicó que el engordamiento es un procedimiento literario extremo pero legítimo, correspondiendo destacar la consideración expuesta a fs. (…), en tanto se evaluó que dicha metodología no perjudicó ni a la obra ni al autor, y su punición significaría desconocer el funcionamiento del arte y la literatura contemporáneos. La conceptualización como legítimo del método usado y las demás consideraciones a que se ha hecho referencia llevan, en forma razonable, a concluir y que, aun de sostenerse la existencia del tipo objetivo a la luz del criterio de la Cámara Federal de Casación Penal a fs. (…), la aceptación como legítimo de dicho procedimiento por la especialista que llevó a cabo el estudio técnico y la aplicación educativa de la edición acreditada en autos demuestran en forma notoria que el imputado actuó sin dolo directo, es decir, sin la voluntad de defraudar los derechos del autor y animado exclusivamente por los fines literarios y educativos expuestos. La aceptación del "engorde" como paradigma metodológico legítimo por la rama científica específica expuesto por la perito de oficio que tuvo intervención en el estudio técnico realizado y, asimismo, por los académicos de diversas universidades de la especialidad del mundo, cuyas presentaciones se incorporaron a la instrucción- requiere que el juzgador tenga en cuenta como dirimente esa circunstancia al momento de la aplicación de la ley al caso, en tanto preconcepto que debe guiar su interpretación de la norma (5). Por todo lo expuesto, corresponde revocar el auto en crisis y disponer el sobreseimiento del imputado, en los términos del artículo 336, inciso 3°, del código adjetivo. Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: El peritaje realizado recientemente en autos, cuyas conclusiones lucen a fs. (…), ha corroborado sustancialmente el criterio que expuse en mi intervención inicial (fs. ..), oportunidad en que consideré atípica la actuación de K., por no haberse acreditado el contenido subjetivo que requiere el delito que se le ha atribuido. 211

Afirmé entonces que los términos de la posdata de K. en "El Aleph engordado" desechaban cualquier rasgo de engaño o de velada apropiación de un texto ajeno, por cuanto explícitamente se expusieron los detalles del mecanismo de construcción del experimento literario y se indicó el posible camino inverso de decodificación para volver al texto puro del cuento de B., reconocido como punto de partida presente en la obra. A ello se sumó, que en todas las ocasiones en que el imputado fue entrevistado como autor de "El Aleph engordado" (Anexo E de la documental) volvió a mencionar la presencia de "El Aleph" de B. en el texto y su clara voluntad de no alterarlo, actitud que se consideró que lo alejaba de toda intención de solapar u ocultar al autor original. También descarté el "engaño" que la querella cifró en el hecho de que esa advertencia al lector se halla inserta al final del libro, por cuanto el título que se le asignó anticipa -sin duda alguna- un trabajo creativo a partir de la reconocida obra original de J.L.B. En ese sentido cabe destacar los aspectos fundamentales que surgen del peritaje que se llevó a cabo, que corroboró todos esos extremos. El estudio comparativo entre la obra de B. y "El Aleph engordado" para determinar si la primera fue o no transcripta literalmente y, en caso negativo, qué diferencias se observaban, dio como resultado que el texto de "El Aleph" se encuentra transcripto en su totalidad (salvo las modificaciones señaladas a fs. …) en la obra cuestionada. Se indicó que esa transcripción de "El Aleph" está intervenida y modificada por la inserción de palabras, frases y párrafos, ajenos al texto de B., los que lo transforman en términos sintácticos, narrativos y estilísticos, razón por la cual el "engorde" supone no sólo la incorporación de palabras al cuento "El Aleph", sino un cambio de forma- de un texto armonioso y cuidado, en otro cuento diferente. A la pregunta relativa a si las modificaciones revelaban una intención maliciosa o podían atribuirse a otras razones -"erratas" o al procedimiento del "engordamiento"-, se explicó que K. anunció en el título "El Aleph engordado" qué operación básica (engordar) se realizó sobre el cuento de B., y en la postdata sus propósitos o procedimientos de escritura. Además, se señaló que esas modificaciones podían atribuirse al procedimiento literario de "engorde", calificándoselas de "pretenciosas", en el sentido de que el autor pretendió discutir meta-literariamente, en el mismo texto y a partir de la escritura, con la poética y el lugar de B., un texto clásico. Explicó la perito que "La parodia del un clásico, expresada a través de una acción material, concreta….corporal como "engordar" expresa un gesto….de vulgarización de un procedimiento literario o poético con el objeto de desacralizar un clásico, un guiño admisible al canon literario que cuenta con antecedentes ilustres dentro de la literatura universal, tal el caso de Miguel de Cervantes Saavedra con Don Quijote de la Mancha, que parodizó la literatura de caballería". Se concluyó que no existían dudas de la intención literaria que guió la intervención de K. sobre el texto de B., por cuanto el título del cuento, el estilo empleado y la posdata final dejaban en claro el propósito del autor, y que el procedimiento de "engorde" dio como resultado un estilo que se contrapone de manera radical al de B. Ante la requisitoria expresa de si podía llegar a entenderse que el "El Aleph engordado" resultara de autoría de B., la respuesta fue negativa. Sobre el punto se resaltó el contraste marcado entre el estilo de B. -definido por la economía de recursos, donde "menos" es "más", la evitación de desbordes y repeticiones, un estilo que alude en vez de decir, que deja al lector inferir los supuestos- y el de K. -caracterizado por la saturación, la repetición, la explicitación, la valoración definida, la descripción por extensión de las acciones, personales y sucesos que poco deja en manos del lector a la hora de asignar sentido al texto, y la sintaxis compleja-. Las diferencias de estilo y las referencias explícitas sobre el procedimiento de "adición" en el título y la postdata resultan evidencia suficiente -conforme se indicó pericialmente- para reconocer el "engorde" en el texto y los propósitos literarios perseguidos por el autor. A ello se agregó que el procedimiento de engorde duplica las palabras de "El Aleph", diferencia que resulta significativa, no sólo cuantitativa sino cualitativamente, ya que afecta profundamente la trama narrativa, al narrador y a los personajes, proponiendo visiones contrapuestas (otro eje narrativo; cambio de las caracterizaciones de los personales y su relación con el autor o con los aspectos sustanciales tratados; en la posición del narrador, desdibujado en el cuento de B. y autorreferencial en el "engorde", los órdenes del relato, es decir, la organización textual) Esos cambios de "El Aleph engordado", afirmó la perito, proponen no sólo un nuevo cuento sino una poética diferente. "El cuento de K. exige analizar el préstamo textual realizado, no sólo por la similaridad entre ambas obras, sino por sus profundas diferencias narrativas y estilísticas, sin evaluar la calidad literaria de uno u otro". Del análisis realizado, se indicó que "las diferencias entre uno y otro texto son los suficientemente significativas para permitir reconocer que no hubo una reelaboración del texto original, sino la creación de un texto nuevo y diferente, por lo que para los peritos no quedan dudas sobre la autoría de cada texto". Si bien no pudo señalarse si "El Aleph engordado" habría sido de interés de J.L.B., se refirió que los problemas de la autoría, el interés por los clásicos de la literatura y la intertextualidad fueron motivo de reflexión crítica y punto de partida para muchos de los textos ficcionales de B., incluyendo "El Aleph". También se indicó que el "engordamiento" es un procedimiento literario extremo pero legítimo, en la medida en que abiertamente toma en préstamo las palabras de un texto para producir una nueva obra literaria, que se trata de una técnica que supo utilizar B. y que, incluso, tematizó en el cuento "P.M., autor del Quijote". Así, en coincidencia con el colega que me precedió y a cuyo voto me adhiero sustancialmente en cuanto a los demás aspectos por él considerados, voto en el mismo sentido (artículo 336, inciso 3°, del CPPN). (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…)y SOBRESEER a P.K., de las restantes condiciones personales obrantes en autos, con la mención de que la formación de este sumario en nada afecta el buen nombre y honor de que gozare (artículo 336, inciso 3°, del CPPN). C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Herrera). 212

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional c. 18.957/11, KATCHADJIAN, Pablo s/ Procesamiento. Rta.: 15/05/2017 Se citó: (1) D´Alessio, Andrés José - Divito, Mauro, Código Penal de la Nación comentado y anotado, La Ley, 2ª. Ed., Tomo III, pág. 42 y ss. (2) C.N.C.P. c. nro. 18618, "Carreras" del 25/11/1975, en Carlos A. Villalba - Delia Lipszyc, "El Derecho de Autor en la Argentina, La Ley, 2005, pág. 283 y ss. (3) Villalba Lipszic, op. cit., pág. 274 vta. y ss. (4) CNCy Corr, Sala VI, "Troncoso, Oscar A.", diciembre 21-1979; "Taubin, Gregorio", agosto 5, 1980; Sala III, "Ferrari de Gnisci, Noemí", abril 1, 1980; Sala V, "Dragani, Luis A. y otrops", julio 5, 1991, entre muchos otros. (5) Gadamer, Verdad y Método, 1992, pág. 366 y ss.; Thomas S. Kuhn, Qué son las revoluciones científicas y otros ensayos, Paidós, 1889, págs. 91 y ss. QUERELLANTE Legitimación activa rechazada. Exigencia del pago de lo adeudado bajo la amenaza, en caso de incumplimiento, de acudir a los medios de comunicación masiva para desprestigiar a los denunciantes. Posible encuadre en la figura prevista por el art. 169 del CP. Revocatoria. Legitimación. Fallo: "(…) El juez de grado rechazó el pedido de legitimación activa de H. J. S. y E. D. G. por entender que no resultaban particulares ofendidos en tanto las maniobras denunciadas habrían afectado el patrimonio de la "A. M. del P. de O. A.". Ahora bien, del escrito de (fs. … y del dictamen fiscal (fs. ...), surge que les habrían exigido a ellos mediante cartas documento que saldaran las deudas contraídas por dicha entidad (fs. …) y que tan sólo días después uno de los imputados les anunció que de no efectivizar el pago, acudirían a los medios de comunicación masiva para desprestigiarlos. En tal contexto y de acuerdo al contenido de las intimidaciones, la conducta podría encuadrar en la figura legal prevista en el art. 169 del Código Penal en torno a la cual S. y G. resultarían particulares damnificados, en virtud de lo cual, corresponde tenerlos por querellantes. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de (fs. …, y tener por parte querellante a H. J. S. y E. D. G. (artículos 82 y 83 del Código Procesal Penal). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 66.156/16, SPAIRANI, Hugo Julio y otro s/ rec. de apelación. Rta.: 04/04/2017 QUERELLANTE Unificación de personería. Familiares directos de la víctima. Intereses comunes. Plural concurrencia de representantes. Criterios tenidos en cuenta para unificar la representación que lucen correctos. Confirmación. Fallo: "(…) El derecho a querellar de G. V. S. y de M. E. O. emana, en ambos casos, de la circunstancia de ser familiares de C. C. O., quien perdiera la vida en el marco de los sucesos ocurridos el 21 de marzo de 2017, en el barrio de La Boca, de este medio. En efecto, el artículo 82, tercer párrafo, del Código Procesal Penal de la Nación, autoriza a los padres e hijos de la persona fallecida, entre otros parientes, a ejercer dicha facultad por la obvia imposibilidad de que lo haga el ofendido por el delito. A diferencia de lo que ocurre cuando existen varios damnificados por una única maniobra, en supuestos como el analizado se verifica inevitablemente entre los legitimados un interés común, que deriva de aquél que le hubiese correspondido a la víctima del ilícito, siendo irrelevante, a partir de ello, los discrepancias de criterio que pudieran tener los distintos autorizados a ejercer el rol. No puede obviarse en este análisis que las disposiciones contenidas en los artículos 85 y 416 del CPPN, imponen el deber de actuar bajo una sola representación en los casos de multiplicidad de ofendidos por el delito, de lo cual se colige la imposibilidad de una solución adversa en este supuesto, por referirse al mismo particular damnificado y plural concurrencia de representantes. Entender lo contrario implicaría desdoblar el rol acusador conforme la cantidad de familiares que decidieran intervenir en el proceso penal por la muerte de su allegado, lo que resulta inadmisible. Sentado lo expuesto, toda vez que los criterios tenidos en cuenta en la instancia de origen para unificar la representación en la persona de G. V. S. lucen correctos, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto glosado en copias a (fs. …) del presente legajo. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 17.360/17, R. S., C. O. s/ rec. apelación. Rta.: 06/06/2017 QUERELLANTE. Apelación por parte de una de las querellas contra el auto que repone a otro en su carácter de acusador particular. Ausencia de agravio. Mal concedido. Fallo: "(…) recurso de apelación interpuesto por el Dr. (…), en su calidad de apoderado de (…), contra el auto de fs. (…) que revocó el decisorio de fs. (…) y tuvo nuevamente a (…) como querellante conforme lo dispuesto a fs. (…). 213

II.- La decisión impugnada no le causa agravio irreparable en los términos del art. 449 del Código Procesal Penal de la Nación. Esto así, ya que el auto que impugna es aquél que repone a (…) como acusadora particular, lo que en nada perjudica al recurrente, quien también ostenta el mismo rol. Por ello el Tribunal RESUELVE: I.- DECLARAR MAL CONCEDIDO a fs. (…) el recurso de apelación interpuesto por el Dr. (…), en su calidad de apoderado de (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo, Pociello Argerich. (Sec.: Gallo). c. 44.885/16, Romano, Elias Daniel s/incidente de falta de acción. Rta.: 17/03/2017 QUERELLANTE. Separación del rol de querellante. Empresa oportunamente legitimada como querellante que sólo tiene dos socios respecto de los cuales se dispuso posteriormente convocarlos a prestar declaración indagatoria. Confirmación. Fallo: "(…) I. El abogado M. B., apoderado de la querellante "J. S.A." recurrió en apelación los puntos I y II del auto documentado a (…) mediante los que se lo separó del rol de querellante y no se hizo lugar a su petición de formar incidente para apartar a la empresa propietaria del local en que ocurrió el siniestro investigado. II. El juez Mariano A. Scotto dijo: Cabe recordar que a fs. (…) la mencionada empresa fue tenida por parte querellante, representada por el Dr. B., en virtud del poder especial que le otorgó su presidente, Á. A. F. (…). Con posterioridad (…), la representante del Ministerio Público Fiscal requirió que se les reciba declaración indagatoria a la nombrada F. y a J. C. M. D., en su calidad de presidente y director suplente, respectivamente, de la firma; y que se aparte a ésta del rol de querellante (…). Al evaluar el requerimiento fiscal, el magistrado consideró la existencia de mérito suficiente para convocar a los nombrados a tenor del artículo 294 del Código Procesal Penal y formó este incidente para tratar la cuestión vinculada con el apartamiento de la querella de "J. S.A.". Tal como sostuve en otras oportunidades, "el imputado en un proceso no puede, habida cuenta esa calidad, ser tenido por parte querellante en orden al mismo hecho que lo motivó o hechos conexos, pues las imputaciones recíprocas originan incompatibilidad de roles" (1). Por ello y teniendo en cuenta que del instrumento agregado a fs. (..) se extrae que Á. A. F. y J. C. M. D. son los únicos socios de "J. SA", entiendo que el punto I del auto puesto en crisis debe ser confirmado. En torno a la petición del recurrente enderezada a que se forme incidente para tratar el apartamiento de su rol de querellante de la propietaria del local siniestrado, con sustento en las valoraciones efectuadas por los peritos, sin perjuicio de que no ha mediado un requerimiento de la fiscalía en ese sentido, entiendo que no existe impedimento alguno para que se tramite tal incidencia, sin perjuicio de lo que allí corresponda resolver. III. El juez Mauro A. Divito dijo: Si bien ya he sostenido que no cabe confundir a la persona jurídica con las personas físicas que la integran (2), criterio que se ajusta a lo establecido en el artículo 143 del Código Civil y Comercial de la Nación, advierto que en este caso la entidad ideal que pretende querellar está compuesta únicamente por los dos socios que se encuentran aquí imputados (…). En función de ello, y puesto que comparto lo expuesto por el colega en relación con lo decidido en el punto II de la resolución apelada, adhiero al voto del juez Scotto. En virtud de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR el punto I de la providencia suscripta a fs. (…), en cuanto ha sido materia de recurso. II. REVOCAR el punto II del auto pasado a fs. (…), en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 56.028/15, PROPIETARIO DE COMERCIO s/ Apartamiento de la querella. Rta.: 28/04/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c Nº 37170/2007, "Laulhe, Juan P.", rta.: 30/12/2014. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c Nº 37170/2007, "Laulhe, Juan P.", rta.: 30/12/2014. QUERELLANTE. En solitario que recurre el sobreseimiento. Fiscal que no recurre. Necesidad de garantizar una tutela judicial efectiva. Aplicación de la doctrina del fallo "Santillán". Revocatoria. Disidencia: Ausencia de requerimiento fiscal que, ante la falta de adhesión del fiscal de Cámara al recurso de la querella, limita el recurso a la revisión de aspectos formales. Confirmación. Fallo: "(…) La parte querellante apeló el auto extendido a fs. (…) en cuanto se dispuso el sobreseimiento de S. A. O. Los jueces Juan Esteban Cicciaro y Mauro A. Divito dijeron: Ante todo, debe señalarse que la ausencia de impulso fiscal no impide en el caso iniciar la investigación que solicita la querella, pues cabe colacionar la doctrina sostenida por la Sala, según la cual los criterios habidos a partir del caso "Santillán" (Fallos: 321:2021) en el marco de la tutela judicial efectiva, importan la necesidad de que los derechos de las víctimas a una investigación judicial sean garantizados por un juez competente aún con anterioridad al juicio (1). (…) El juez Mariano A. Scotto dijo: Conforme a los argumentos que he sostenido en anteriores oportunidades -de esta Sala, causas números 20.934/13, del 31 de julio de 2013 y 1.852/12, del 14 de diciembre de 2012entiendo que la ausencia de requerimiento fiscal impone que la decisión de esta Alzada, ante la falta de 214

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional adhesión del Fiscal de Cámara al recurso de la querella, deba limitarse a revisar los aspectos formales de la resolución del juez y del dictamen fiscal a fin de corroborar su razonabilidad y debida fundamentación, en orden a lo prescripto por los artículos 69 y 123 del Código Procesal Penal. Bajo esa inteligencia, considero que de conformidad con las exigencias contenidas en las disposiciones aludidas, tanto el señor juez de la instancia anterior como el fiscal de grado han dado fundadas razones para arribar a sus propias conclusiones En esas condiciones y teniendo en cuenta que lo resuelto en la instancia anterior responde a la solución propiciada por el Ministerio Público Fiscal, en virtud del límite del recurso, voto por homologar la decisión adoptada. Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el punto II del auto documentado a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Cicciaro, Divito, Scotto (en disidencia). (Sec.: Franco). c. 61.522/16, OLIVERA, Sebastián Alberto s/ Sobreseimiento. Rta.: 06/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.634, "Ramos Mendoza, Carmela", rta.: 22/04/2010 y c. 67.034/13, "Argentino, Daniel", rta: 11/04/2014. QUERELLANTE. Apelación interpuesta por la pretensa querellante contra el auto que sobreseyó a los imputados y no hizo lugar a su pedido de ser tenida como parte. Hecho en el que se no se advierte que los imputados hubieran inducido a la víctima a error mediante un ardid, para provocar una disposición patrimonial perjudicial ni se encuentran presentes los elementos del tipo penal de la usura. Legitimación activa improcedente por no configurar el hecho delito alguno. Confirmación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la pretensa querellante (…), contra el auto de fs. (…) que sobreseyó a (…) y (…) y no hizo lugar a su pedido de ser tenida como parte. II.- El (…) firmó ante la Escribana (…) un contrato de mutuo, con garantía hipotecaria por U$S (…), pese a haber recibido U$S (…). Los acreedores (…) y (…) vendieron su crédito a los imputados luego de percibir 6 cuotas. El (…) de ese año suscribió un nuevo instrumento que poseía, según la denunciante, cláusulas "complejas y confusas" que indicaban que había recibido U$S (…), para adquirir (…) gramos de oro, cuando ello no era real. No se advierte que los imputados hubieran inducido a la víctima a error mediante un ardid, para provocar una disposición patrimonial perjudicial. Sino que, más allá de su dificultad para comprender los alcances del convenio, el préstamo sí le fue dado y las estipulaciones relativas a la tasa de interés bien pudieron haber sido discutidas entre las partes. Tampoco se puede circunscribir su situación a la de una víctima del delito de usura, porque no se presentan los elementos del tipo objetivo. Recordemos que el aprovechamiento de la necesidad, ligereza o inexperiencia de otra persona para obtener intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con la prestación "…es, sin duda, el aprovechamiento por parte del autor de una situación especial de la víctima (…) la que explota económicamente para sus intereses. El concepto no se reduce a la inexperiencia jurídica que puede hallarse en gran parte de las personas adultas consideradas capaces, sino a la de vida. Sea por inmadurez, por no haberla alcanzado nunca o haberla perdido en el curso y por efecto de una enfermedad mental…" (1). Escapa a su esfera supuestos que ofrecen y pactan tasas altas de interés en el mercado. Lo decisivo está en el conocimiento que tiene el autor de esas circunstancias y su provecho para actuar valiéndose de aquéllas. El prestamista debe conocer que el damnificado recurre a una financiación usuraria por estar en una situación agobiante. La figura exige correspondencia entre la desproporción del interés y esos datos que, de antemano, aprovecha el autor para exigir acceder al préstamo. En ese sentido la doctrina postula que "…la desproporción entre las prestaciones debe ser "evidente", esto es, manifiesta, llamativa, notoria. No se trata de una simple falta de equivalencia entre lo que el usurero exige y lo que el deudor da o promete (…) la evidente desproporción existe cuando los intereses o las ventajas representan una ganancia exorbitante con arreglo a la naturaleza de la prestación hecha por el autor, y a su objeto, tiempo y lugar. No basta el simple exceso de la tasa legal de interés o de ganancia…" (…) pero esta circunstancia no se da en la presente. Lo expuesto no se verifica en este caso, pues un despido y consecuentes problemas económicos no revisten la entidad suficiente de "necesidad, ligereza o inexperiencia" que requiere. Nótese que (…) solicitó el préstamo para efectuar un emprendimiento laboral, es decir, lejos de encontrarse en una situación apremiante, surge un discernimiento de su parte para inmiscuirse en este negocio y, habiendo ya celebrado un mutuo, accedió al año siguiente a confeccionar otro idéntico. Pero por si no fuese suficiente, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos determinó que los intereses del segundo convenio, que es el que finalmente provocó la denuncia, fueron del 3,87% anual. Y, teniendo en cuenta que según la jurisprudencia en los créditos hipotecarios aquéllos no pueden exceder del 8%, los pactados en este caso claramente no lo convierten en un crédito usurero (…). En definitiva, lo ventilado en esta causa pareciera ser sólo disconformidad respecto al resultado obtenido después de haber asumido libremente un riesgo comercial pero, "…en los delitos patrimoniales rige como 215

regla general la contraria que en los delitos contra la vida: corresponde al titular del bien jurídico su autoprotección y sólo en casos excepcionales al Estado". Es que por un lado el titular del bien jurídico está en mejor posición que el Estado para lograr su protección y, por otro, en el ámbito de las relaciones jurídico-económicas, un Estado liberal busca la mayor autonomía posible de las convenciones entre particulares (2). Es decir que si bien de la lectura del contrato se desprenden cláusulas posiblemente rebuscadas, era obligación de la denunciante tomar los recaudos mínimos y necesarios para decidir un proyecto de esa envergadura de manera adecuada. Máxime si no era una entendida en este tipo de cuestiones comerciales. Por lo reseñado, se vislumbra un inadecuado proceder de la recurrente en la transacción intentada, ajena a la órbita del derecho penal que, por el principio de "ultima ratio", debe ser el recurso estatal al que se debe apelar en procura de lograr una solución a los problemas en casos excepcionales. III.- Finalmente y sobre la solicitud de ser tenida por parte, el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación establece como condición indispensable un hecho que interese en la órbita penal, por lo que atento a los argumentos señalados en los párrafos que anteceden su legitimación activa luce improcedente. IV- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám. Ad-Hoc: Mariño). c. 20.372/16, ZYWICA, Javier Edgardo y otro s/ Sobreseimiento y pretensa querellante. Rta.: 06/06/2017 Se citó: (1) Edgardo Donna, "Derecho Penal- Parte Especial", Tomo II-B, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2008 págs. 726 y ss.; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c 40.279, "Zurita Almirón", rta.: 21/10/10. QUERELLANTE. En solitario que recurre el sobreseimiento. Desvinculación resuelta por el magistrado debido a que, tanto el fiscal de la instancia de origen como el general, no requirieron la elevación a juicio. Necesidad de garantizar la tutela judicial efectiva a la parte legitimada. Fallos de la CSJN "Quiroga" y "Santillán". Revocación. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la querella (…), contra el auto de fs. (…) que sobreseyó a (…). II.- El juez desvinculó a los nombrados luego de que la fiscalía, tanto de primera instancia como la general no requirió la elevación a juicio a su respecto, con apoyo en la doctrina de la Corte sentada en los fallos "Fermín" y "Santillán" y en el marco de los artículos 346 y 348 del Código Procesal Penal. Es útil repasar que los impugnantes fueron tenidos por parte a fs. (…) y (…) y así participaron activamente durante casi cuatro años de trámite del proceso. Incluso en la oportunidad pertinente pidieron la remisión a debate de los procesados. III.- Para resolver el conflicto, entonces, es necesario determinar si es posible superar la etapa de instrucción con el impulso exclusivo del querellante. Y la respuesta, por los motivos que se expondrán es positiva y conduce a revocar la decisión cuestionada. El avance de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en línea con los compromisos internacionales que asumió el país, se dirige hacia un acusador privado autónomo que se aleja de una figura adhesiva, en miras de garantizar en su máxima expresión la tutela judicial efectiva reconocida por los artículos 8, párrafo 1° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que forman parte de nuestro derecho interno en virtud de lo normado por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. En esa línea se inscribieron los conocidos fallos "Quiroga" y "Santillán", cuya armónica interpretación lo habilita a intervenir en el proceso en solitario (ver causa n° 5/2012 "Karuza, Walter", rta. el 23/3/12 y sus citas). En el primero se estableció que tiene la posibilidad de ser oído por la Alzada en la etapa crítica del sumario porque lo "dicho precedentemente no resulta aplicable a los supuestos en los que la discrepancia se plantea entre el fiscal que se manifiesta en favor del sobreseimiento y el querellante, que pretende que la causa sea elevada a juicio" y, en el restante, que se encuentra legitimado para continuar la acción penal durante el debate y lograr un pronunciamiento jusridiccional al momento de su conclusión, pese a una postura desvinculante del fiscal. Entonces su rol le permite alegar unilateralmente frente al tribunal sentenciante, más allá de la postura que asuma la vindicta pública. Y es razonable que así sea porque, si se respeta el debido proceso, quien tiene personería para actuar debe obtener una sentencia fundada. De ahí que si la acusación se divide en dos grandes momentos, donde el primero habilita el segundo, se advierte como un absurdo desde un postulado lógico muy elemental, la aceptación de un consecuente descartando el antecedente que reconoce su razón de ser. Más aún cuando el debate en última instancia es de mayor transcendencia por sus consecuencias negativas y, por ello, no tiene ningún sentido que pueda pedir pena de prisión pero no la elevación a juicio previa. Esta interpretación en modo alguno afecta la forma sustancial del proceso porque, para salvaguardar el requisito de la acusación, no importa el carácter público o privado de quien la formula (fallos 143:5). En este contexto la aplicación que hizo el juez del fallo "Fermín" -causa nro. 2061-, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 22 de julio de 2008, fue errónea porque este caso no es análogo con tal precedente. Allí se trató el acierto o no de la Cámara de Apelaciones del Noroeste de la Provincia de Chubut al rechazar dos recursos planteados por la defensa, con lo cual el "nuevo pronunciamiento con arreglo a lo expresado", al que hace referencia el Máximo Tribunal, claramente versa sobre la aparente falta de fundamentación de esas denegatorias. 216

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Si bien es cierto que el Procurador General de la Nación dictaminó acerca de la falta de finalidad práctica de elevar a juicio una causa en que no haya ejercicio de la acción por parte del órgano del Estado, esa opinión no puede ser sacada de contexto. En esa provincia, para esa época, el artículo 306 de su código procedimental establecía que la decisión del juez de instrucción debía estar sujeta "al concurso de voluntades sobreseyentes del procurador fiscal y del fiscal de cámara", lo que implica un carácter adhesivo del querellante que hoy se aleja de nuestro ordenamiento procesal. Además los principales agravios para habilitar el recurso extraordinario federal transitaron por una excesiva duración en el proceso -7 años aproximadamente- y la afectación de los derechos de las comunidades indígenas sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado. Todo ello, indefectiblemente, nos hace concluir que en modo alguno el supuesto que nos ocupa se acoge a esa doctrina, ya que difiere sustancialmente lo que aquí se analiza. IV.- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…), DEBIENDO el magistrado instructor continuar con el trámite del sumario, en relación a todos los procesados en estas actuaciones. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám. Ad-Hoc: Mariño). c. 43.899/13, CUPI, Aldo Guillermo y otros s/ Sobreseimiento. Rta.: 13/06/2017 QUERELLANTE. Legitimación activa rechazada. Representante de una S.R.L. Supuesta falsificación de facturas y posible defraudación en perjuicio de la empresa y/o de la A.F.I.P. Revocación. Legitimación. Fallo: "(…) El representante de la empresa "A. E. S.R.L", J. A. G., dedujo recurso de apelación contra la decisión documentada a fs. (…), en cuanto se rechazó su pretensión de querellar en estas actuaciones. El juez Mauro A. Divito dijo: Al respecto, cabe recordar que la calidad de ofendido directamente por el delito debe acreditarse con carácter meramente hipotético, tal como ocurre en este caso (1). En efecto, se ha denunciado la supuesta falsificación de numerosas facturas de la empresa representada por G., lo que -más allá del engaño a la AFIP- en principio podría configurar una maniobra idónea para perjudicar a la recurrente. En atención a lo expuesto y cumplidos los recaudos establecidos en el artículo 83 del Código Procesal Penal, sin perjuicio de lo que pudiera corresponder con el avance de la investigación, cabe tener a la S.R.L. "A. E." como parte querellante. El juez Mariano A. Scotto dijo: Comparto lo señalado por el juez Divito, en tanto el estado incipiente de la investigación no permite descartar que la posible falsificación de facturas de la empresa "A. E. S.R.L" le pueda ocasionar un perjuicio a ésta en los términos del artículo 82 del Código Procesal Penal. Por ello, y sin perjuicio de que el avance estas actuaciones o de la inspección que se encuentra realizando la AFIP pueda variar la situación frente a las previsiones de la Ley 24.769, voto por revocar lo decidido y tener por parte en esta causa a la sociedad mencionada. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión extendida a fs. (…) y TENER por parte querellante a la empresa "A. E. S.R.L", representada por J. A. G., haciéndole saber que queda sometida a la jurisdicción del juzgado interviniente y a las resultas de la causa". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec.: Decarli). c. 11.527/17, LEZCANO, Melina y otros s/ Querella. Rta.: 27/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 58017583/2012, "Venegas, G.", rta: 13/08/2013 y c. 67034/2013, "Argentino, D.", rta: 11/04/2014. QUERELLANTE. Legitimación activa rechazada. Socio accionista de una sociedad anónima que pretende querellar individualmente a los directores. Directorio presuntamente implicado. Acción "ut singuli": Procedencia. Revocación. Fallo: "(…) II. Analizadas las constancias del legajo y compulsada la documentación pertinente, revocaremos el decisorio que se cuestiona. Si bien el perjudicado directo de las maniobras denunciadas resultaría ser R. Ch. S.A., cuyo órgano natural habilitado para el ejercicio de la acción penal es el directorio, cabe destacar que en este caso, los representantes de aquél podrían estar implicados en el hecho materia de investigación (cfr. Anexos "1", "9" y "10") y la sociedad se encuentra constituida por el denunciante, el imputado y quien resultaría la madre de éste (cfr. Anexo "2"). Así las cosas, se dan las especiales circunstancias que permiten el ejercicio de la acción "ut singuli", de modo que corresponde facultar al socio peticionante para querellar en forma individual en virtud de la inacción que podría derivarse frente a la comisión de un delito en perjuicio de la sociedad. Por los motivos expuestos, el tribunal RESUELVE: REVOCAR el punto I, párrafo primero del auto de fs. (…)y tener por parte querellante a RM.L., con el patrocinio letrado de los Dres. Tomás Jacobo Lichtmann y 217

Deborah Lichtmann, quedando sujeto a la jurisdicción del Tribunal y a las resultas del proceso (artículos 82 y 83 del CPPN)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Raña). c. 78.356/16, STEINMETZ, Federico Martín s/defraudación. Querella. Rta.: 30/06/2017 REBELDÍA Fiscal que recurre. Imputado respecto del cual, al momento de disponer su libertad, no se le impuso ninguna obligación ni se lo convocó para realizar medida alguna. Imposibilidad de concluir que no compareció voluntariamente. Revocación. Fallo: "(…) El juez Mariano González Palazzo dijo: La resolución en crisis debe ser revocada ya que no surge del legajo constancia alguna que permita acreditar que el prevenido J. M. S. intente sustraerse del accionar de la justicia pues, no solo al momento de otorgarse su soltura ninguna obligación se le impuso, sino que además tampoco en la actualidad ha sido convocado al tribunal para materializar diligencia alguna. En ese contexto, coincido con el impugnante en que, previo a adoptar un temperamento como el recurrido, devienen necesario agotar las medidas tendientes a dar con el paradero del imputado, máxime teniendo en cuenta que a (fs. …) se dejó consignado el número de teléfono de su hermana. Así lo voto. El juez Carlos Alberto González dijo: Si bien estimo que la declaración de rebeldía no es de aquellos autos expresamente declarados apelables por el ordenamiento adjetivo (1), habiéndose habilitado el recurso contra su dictado, con arreglo al criterio mayoritario del tribunal y debiendo entonces expedirme sobre el fondo del asunto, concuerdo con el voto que antecede y adhiero a la solución allí propuesta. Conforme al acuerdo que precede, se RESUELVE: REVOCAR el auto de (fs. …) del principal en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González Palazzo, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 10.053/17, S., J. M. s/ Rebeldía. Rta.: 24/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 8.216/11 "V.", rta. 1/10/13. REBELDÍA. Pedido de captura. Imputado citado a indagatoria que justifica con anterioridad inasistencia por razones de fuerza mayor que le impiden viajar, manifestando intención de que se lleve a cabo aún a través de videoconferencia y adjuntando certificado médico en idioma italiano. Expediente en el que se ha aportado lugar de residencia, teléfono y correo electrónico. Revocación. Fallo: “(…) apelación interpuesta por la defensa (…), contra el auto de fs. (…) que declaró la rebeldía y ordenó la captura de (…). II.- Se convocó al nombrado para que preste declaración indagatoria el (…). El día (…) de ese mes, por medio de su asistencia técnica, informó que por “… razones de fuerza mayor son las que le impiden viajar, desconociendo, de momento, en qué fecha podrá hacerlo, no obstante aclaró que es su voluntad cumplir con el acto procesal para el cual fuera convocado. Por tal motivo, y a los fines de demostrar que su intención es colaborar con el órgano jurisdiccional…consideró que su declaración podría ser materializada a través de videoconferencia” (…). A los pocos días acompañó un certificado médico en idioma italiano (…). En el cual aclaró que no podía viajar hacia este país “…por razones de salud…” y que “…su imposibilidad está relacionada con problemas en sus oídos, indicando que por prescripción médica, no puede realizar actividades con cabinas presurizadas, la que incluye el vuelo en aeronaves…”. En esa oportunidad reiteró el pedido que la “… declaración indagatoria sea recibida a través de videoconferencia (Acordada N° 20/2013 de la CSJN)…”. Entendiendo que el hecho investigado no reviste mayor complejidad y que el imputado demuestra voluntad de estar a derecho, pues a diferencia de lo señalado en la decisión recurrida brindó su lugar de residencia, teléfono de contacto y un correo electrónico (…), la propuesta de la defensa resulta viable conforme lo previsto en la Acordada Nro. 20/13 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del 2 de julio de 2013 que establece la posibilidad de materializar las declaraciones, no sólo de los testigos o peritos, sino de imputados mediante este procedimiento en los casos en los cuales no sea posible que quien deba comparecer acuda personalmente a la sede del tribunal (1). Ello deberá realizarse, con las adaptaciones del caso, según la reglamentación dispuesta en el Anexo I de la acordada mencionada. En este caso debe ser particularmente atendido, ya que es la propuesta de su asistencia técnica, por razones médicas atendibles que imposibilitan su traslado, sin perjuicio de que complemente la información en tal sentido y sea ratificada, eventualmente, en la Embajada pertinente. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…), con los alcances que surgen de la presente. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Prosec. Cám.: Asturias). c. 3.514/16, TROBIANI, Diego, Germán s/Rebeldía y captura. Rta.: 23/02/2017

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VII, 73193/13 “Terlinden, Jerome”, rta.: 14/9/15. REBELDÍA. Magistrado que dispuso la averiguación de paradero y el archivo de la causa. Imputado que fue notificado personalmente de que su incomparecencia injustificada acarrearía su contumacia, no informando el cambio de domicilio. Revocación. Rebeldía. Orden de captura y detención. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la Fiscal (…), contra el punto II del auto de fs. (…) que mantuvo la averiguación de paradero de (…) y archivó la causa. II.- El nombrado fue notificado personalmente de que su incomparecencia injustificada a prestar declaración acarrearía su contumacia (…). No sólo no se presentó, sino que habría cambiado de domicilio sin dar el correspondiente aviso. Basta repasar que tanto su madre como la encargada del edificio afirmaron que no residía en aquél desde hace un mes (…). III.- En consecuencia, toda vez que conocía sus obligaciones y cargas procesales y decidió, aparentemente con el único fin de eludir la justicia no hacerse cargo de ellas, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el punto II del auto de fs. (…) y DECLARAR REBELDE a (…), debiendo hacer efectiva su orden de captura y su detención el juzgado de la instancia anterior. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám. Ad-Hoc: Mariño). c. 7.035/17, LUCERO, Adrián s/ Rebeldía. Rta.: 06/06/2017 REBELDÍA. Elementos que no permiten afirmar que la imputada estaba en conocimiento de la existencia de las actuaciones. Revocatoria. Fallo: "(…) La defensa oficial recurrió en apelación la declaración de rebeldía dispuesta respecto de L. A. (…). Sin perjuicio de la notificación por edictos cursada (…), la imposibilidad de afirmar que la causante conoce la existencia de las actuaciones (…), impide adjudicarle la voluntad de no comparecer, que autorizaría a declarar su rebeldía. En esa dirección, el artículo 288 del Código Procesal Penal exige -para la declaración de rebeldía- que quien resulta imputado no comparezca a la citación judicial sin grave y legítimo impedimento. Por consiguiente, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado a fs. (…) en cuanto declaró la rebeldía de L. A. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 43.407/16, AMORIETA, Laura s/ Rebeldía. Rta.: 13/03/2017 REBELDÍA. Disposición de captura. Imputado denunciado nuevamente por un hecho de violencia doméstica respecto del cual se dispuso recibirle declaración indagatoria, allanar el domicilio y detenerlo. Registro de otra causa en donde se lo condenó por un hecho del mismo tenor a cumplir una pena (sentencia no firme) y se lo excarceló habiéndosele impuesto la obligación de cumplir con las disposiciones del juzgado civil -no tener contacto con la denunciante ni sus hijos. Desapego al cumplimiento de las normas. Imputado que no tiene conocimiento de la formación de la nueva causa. Caso en el que corresponde admitir la restricción de su libertad a fin de asegurar el correcto accionar de la justicia. Confirmación. Fallo:"(...). Oídos los agravios, consideramos que no son suficientes para desvirtuar los fundamentos de la resolución recurrida, por lo que corresponde confirmarla. Más allá de la opinión de cada uno de los suscriptos en cuanto a la admisibilidad del recurso de apelación para estos casos, lo cierto es que, habiéndose concretado la audiencia, entendemos que la rebeldía decretada por el Sr. juez de grado luce acertada, por ser la solución procesal prevista por el código para estos supuestos. El a quo entendió que en la presente existen motivos suficientes de sospecha para recibirle declaración indagatoria a J. M. L. en los términos del art. 294 CPPN, ordenando el allanamiento de su domicilio y su detención (fs. ...). Cuando se allanó el domicilio del nombrado, L. L. -su hija- informó que aquél vivía con ella por haber sido excluido de su hogar pero que hacía más de una semana que no iba por allí. Así las cosas, si bien L. aún no tiene conocimiento de la formación de la causa, su ausencia de los lugares que frecuentaba sumado al peligro de entorpecimiento del proceso permiten la declaración de rebeldía y detención conforme lo establecido en los arts. 280, 283 y 289 del código de rito. En ese sentido, valoramos que el Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 lo condenó, con fecha 19 de octubre de 2016, a la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento -la que aún no se encuentra firme- por cinco hechos denunciados por L. E. F. Además, el tribunal de mención le impuso al momento de concederle la excarcelación -el 29 de septiembre de 2016- la obligación de cumplir con las disposiciones del juzgado civil interviniente, entre las que se encuentra la de no tener contacto con la denunciante ni sus hijos. Sin embargo, fue nuevamente denunciando por Á. por un hecho de violencia, quedando evidenciado el desapego del encausado al cumplimiento de las normas, y 219

una actitud proclive a la reiteración delictual de su parte, dado que las obligaciones impuestas no han incidido en la modificación de su conducta -in re: "G.", rta. 9/12/08 entre otros precedentes de la Sala I-. Además, que haya incumplido con el compromiso asumido al momento de recuperar su libertad (...). En consecuencia, se resuelve: CONFIRMAR la resolución de (fs. ...) en cuanto fuera materia de recurso -art. 455 del CPPN-. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Biuso). c. 8926/17, L., J. M. s/Rebeldía y captura. Rta.: 04/05/2017 RECURSO DE APELACIÓN. Extracción de testimonios. Fiscal que recurre por considerar que se trata de un único hecho. Rechazo. Hechos diferentes y escindibles. No afectación a la garantía del "non bis in idem". Mal concedido. Fallo: "(...) recurso de apelación en subsidio interpuesto por la representante del Ministerio Público Fiscal a (fs. ...) contra el auto de (fs. ...) que dispuso extraer testimonios a fin de investigar la posible comisión de un nuevo delito, por considerar que los hechos investigados no deben ser desdoblados toda vez que se trata de un único hecho y no existe motivo alguno para presuponer lo contrario. Entendemos que la decisión del Sr. Juez de grado en cuanto resuelve extraer testimonios para que se investigue la posible comisión de un delito de acción pública en relación al teléfono celular secuestrado en poder del encausado P.- del que desconocemos su procedencia-, el cual no había sido identificado como propio por el damnificado del hecho que motivó la presente investigación, no le genera al Ministerio Público agravio alguno. Ello así, toda vez que en caso de que el titular del teléfono celular en cuestión declarase haber sido victima de un ilícito, tal suceso concursaría en forma real con el hecho por el que se procesara, no existiendo por el contrario una persecución penal múltiple. En ese sentido, coincidimos con el juez de grado en cuanto a que el origen del aparato celular es un hecho ajeno al desapoderamiento del cual fuere victima W. P., por el cual los imputados ya fueran indagados y procesados. De modo tal que al encontrarnos presuntamente en presencia de dos hechos diferentes y escindibles, no se vería afectada la garantía del "non bis in idem". Sentado ello, también consideramos que si bien el juez de grado no debió demorar la investigación respecto a la procedencia del teléfono en cuestión, lo cierto es que no existe discusión alguna con el Ministerio Público Fiscal. Concretamente, los dos coinciden en investigar dicha conducta, solo que difieren en la forma y en los tiempos. Por ello, toda vez la decisión recurrida no provoca un agravio concreto e irreparable al Ministerio Público, el tribunal RESUELVE: DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación en subsidio interpuesto por la fiscalía a (fs. ...) contra la resolución de (fs. ...) (art. 444, párrafo segundo, CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Lucini. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 22245/17, PRADA, Néstor Adrián s/ extraccion de testimoniios Rta.: 02/06/2017

RECURSO DE APELACIÓN. Contra el auto que rechaza el planteo de nulidad efectuado por la defensa, respecto del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, alegando encontrarse en desacuerdo con la valoración efectuada. Agravios esbozados por el recurrente que no critican el razonamiento del juez de grado, sino que se limitan a manifestar su disenso con la decisión recurrida. Posible intento del apelante bajo el ropaje de una nulidad, de lograr una nueva revisión de la situación procesal de su asistido y, consecuentemente, evitar el avance de las presentes actuaciones a la etapa de juicio oral. Improcedencia. (Art. 347 C.P.P.N.). Mal concedido. Fallo: “(...) recurso de apelación interpuesto a (fs. ...) por el Dr. José Luis Cordero, defensor particular de I. S., contra el auto de (fs. ...), en cuanto rechaza el planteo de nulidad efectuado por esa parte a (fs. ...), respecto del requerimiento de elevación a juicio de la fiscalía, alegando encontrarse en desacuerdo con la valoración que realizara aquel ministerio público, para lo que hizo hincapié en que los hechos no se habían desencadenado del modo en que sostenía el fiscal y que existían diversas contradicciones en el dictamen. Ahora bien, abocados a examinar la admisibilidad del recurso interpuesto por José Luis Cordero a (fs. ...), advertimos que los agravios esbozados por el recurrente no se dirigen a criticar el razonamiento del Sr. juez de grado para llegar a la decisión de (fs. ...), sino que se limitan a manifestar su disenso con la decisión recurrida, sosteniendo que el dictamen fiscal se encontraría desvirtuado por diferentes contradicciones, haciendo a su vez un incorrecto análisis de los hechos traídos a estudio. Sin embargo, y mas allá de las posibles discrepancias existentes con el dictamen fiscal las cuales podrán ser planteadas en una instancia ulterior, consideramos que el requerimiento que el recurrente intenta anular cuenta con todos los elementos que el art. 347 del código de rito establece, no observando por el contrario omisiones ni contradicciones graves que justifiquen hacer lugar a la nulidad planteada. De este modo, bajo el ropaje de una nulidad, el apelante intenta una nueva revisión de la situación procesal de su asistido y, consecuentemente, evitar el avance de las presentes actuaciones a la etapa de juicio oral, lo que no luce improcedente. Por los motivos expuestos, habrá de declararse mal concedido el recurso de apelación deducido a (fs. ...) contra el auto de (fs. ...). En mérito a las consideraciones que anteceden, el tribunal RESUELVE: DECLARAR MAL CONCEDIDO interpuesto a (fs. ...) por el Dr. José Luis Cordero, defensor particular de I. S., contra el auto de (fs. ...). (...)".

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini. (Sec.: Sosa). c. 17813/16, SUCALESCA, Ignacio s/ nulidad. Rta.: 05/04/2017 RECURSO DE APELACIÓN. Contra el sobreseimiento del imputado interpuesto por el fiscal. Auxiliar fiscal que concurrió a expresar agravios en representación del Ministerio Público Fiscal. Análisis de la Resolución PGN 3777/16. Actuación de los fiscales auxiliares que se encuentra limitada a los casos de flagrancia y sus apelaciones. Recurso declarado desierto. Fallo: "(…) II. El juez Ricardo M. Pinto dijo: Oportunamente en los antecedentes “Dapueto” del 27 de diciembre y “Ramírez” del 28 de diciembre, ambos del año 2016, nos expedimos respecto de la invalidez de la presencia de los auxiliares fiscales ante esta Sala en casos como el presente -designados sobre la base de lo dispuesto por el artículo 1 de la Resolución PGN 3777/16 de fecha 7 de diciembre de 2016- tanto para mantener el recurso del fiscal de la instancia anterior como para efectuar las réplicas respectivas. En tales precedentes hemos señalado que, en lo que aquí interesa, la actuación que pretende el representante del ministerio público fiscal no se ajusta a las previsiones del artículo 2° de la citada Resolución, pues conforme surge de sus fundamentos y la parte dispositiva de esta última, el desempeño de aquéllos queda circunscripto a los casos de audiencias de flagrancia y sus apelaciones. Se sostuvo en aquellas oportunidades que “…la ley n° 27.148 (actual Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal) fue sancionada por el Congreso de la Nación en forma coetánea con las leyes de implementación del código procesal aprobado por la ley n° 27.063, de neto corte acusatorio y actualmente suspendido por el Decreto 257/2015. En ese contexto, los artículos que regulan las funciones de los fiscales auxiliares (artículo 51 y 52 de la ley citada), encuentran su explicación en el rol que en un sistema procesal acusatorio cumplen los fiscales. Sintéticamente, tienen a su cargo la carga de la prueba para posteriormente presentar los casos en audiencias públicas ante los jueces. Por su parte, la resolución PGN n° 3777-16 tal como surge de su parte dispositiva -artículos 1 y 2- y su motivación, regula -de momento- la intervención de los fiscales auxiliares en virtud de la entrada en vigencia de la ley 27.272, que modificó el procedimiento de flagrancia (artículos 353 ter y quinquies del CPPN). Concretamente en su artículo 2° establece “Disponer que la entrada en vigencia del mecanismo establecido en el artículo anterior –referido a la puesta en funciones de auxiliares fiscales- en esta primera etapa, comenzará por las fiscalías que atienden audiencias iniciales de flagrancia y las que conocen en las apelaciones de este procedimiento de alzada (artículo 353 ter y quinquies, según ley 27.272) del ámbito del servicio de administración de justicia penal nacional”. Asimismo, en las consideraciones de los puntos II y III de la mencionada resolución se tuvo en cuenta las presentaciones -entre otras- de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación, en las cuales se hizo hincapié en la imposibilidad de la planta actual de magistrados/as del Ministerio Público Fiscal para implementar las reformas procesales previstas en las leyes 27.272, 27.307 y 27.308 y las dificultades operativas que les generaría debido a la multiplicidad de audiencias que pudieran realizarse de manera simultánea. Sentado ello, cabe señalar que, en este caso, la intervención del ministerio público fiscal está circunscripta a una réplica en el marco de una audiencia fijada en virtud de un recurso de apelación interpuesto por la defensa -conforme las previsiones de la ley 26.374 que modificó el artículo 454 del código procesal penal vigente, ley 23.984-. Si bien el artículo 51, segundo párrafo, inciso b) de la Ley Orgánica del Ministerio Público autoriza a los auxiliares fiscales para asistir a las audiencias que el Fiscal le indique y litigar con los alcances y pretensiones que aquél disponga, este supuesto no se presenta en este recurso por cuanto no se dan los supuestos previstos por la Resolución PGN n° 3777-16 del 7 de diciembre de 2016 que –como se dijo- en esta primera etapa, se refiere a la actuación de fiscales auxiliares en las fiscalías que atienden audiencias iniciales de flagrancia y sus apelaciones. Luego de tales precedentes, la única circunstancia novedosa es el dictamen del Procurador Fiscal, Víctor Abramovich, del 17 de enero de 2017 que el Fiscal General, Dr. Joaquín Ramón Gaset, remitió a la presidencia de esta Sala con fecha 1 de febrero de 2017. En ese dictamen, el Procurador Fiscal interpreta que si bien en la Resolución PGN n° 3777/16 las reformas procesales originadas en las leyes 27.272, 23.307 y 27.308 constituyeron el motivo principal para decidir la habilitación del mecanismo de auxiliares fiscales, la actuación de estos funcionarios no debe circunscribirse únicamente a los casos vinculados a las nuevas normas. Concluyó que “los fiscales auxiliares están autorizados a desempeñarse en todos los casos que les asignen los magistrados para quienes colaboran, bajo las pautas de actuación, supervisión y responsabilidad fijadas por los artículos 51 y 52 de la LOMPF, y los parámetros operativos que reglamentó la Procuradora General en las referidas Resoluciones PGN n° 3777/16 y 3866/16”. Sin embargo, el proveído del Procurador Fiscal no modifica el criterio que esta Sala sostuvo en los precedentes “Dapueto” y “Ramírez”, pues sólo se trata de un dictamen donde se brinda una interpretación del reglamento. La resolución de PGN N° 3777/16 que determina la actuación de los fiscales auxiliares, es clara en su punto 2° en cuanto a que la puesta en funciones de los auxiliares fiscales -en esta primera etapa- comenzará por las fiscalías que atienden audiencias iniciales de flagrancia y las que conocen en las apelaciones de este procedimiento ante la alzada.

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Las funciones de los auxiliares fiscales deben ser interpretadas como una situación de excepción, dada la relevancia institucional que los fiscales poseen en los procesos penales como titulares de la acción pública (art. 120 de la C.N., 6 del C.P.P.N. y 1° de la ley 27.1489). En ese sentido, los integrantes del Ministerio Público Fiscal en tanto, magistrados de la Nación, tienen como misión constitucional promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad (art. 120 C.N.). La Corte Suprema de la Nación ha señalado que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales de orden internacional (Fallos: 321:3555; 328:1491; 330:3248), el principio de independencia judicial (que se extiende a la actuación de los integrantes del Ministerio Público -arg. art. 120 1º párr. C.N.-) constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que cuando se establecen mecanismos para el nombramiento de los jueces, debe tenerse en cuenta que no cualquier procedimiento satisface las condiciones que exige la Convención para la implementación adecuada de un verdadero régimen independiente. Si no se respetan parámetros básicos de objetividad y razonabilidad, resultaría posible diseñar un régimen que permita un alto grado de discrecionalidad en la selección del personal judicial de carrera, en virtud de lo cual las personas escogidas no serían, necesariamente, las más idóneas (CIDH, caso “Reverón Trujillo vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia del 30 de junio de 2009, párrafo 74). La importancia de las funciones jurisdiccionales y de las del ministerio público fiscal, requiere un proceso de designación de sus integrantes, transparente y que asegure la igualdad de los candidatos, como garantía fundamental para su independencia (conf. informe de la C.I.D.H. sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, párrafo 187). En este aspecto, la designación de los fiscales obedece a un procedimiento de selección, público y con concurso mediante (artículos 48 y 49 de la ley 27.149). Además, requiere el acuerdo del senado y la designación por parte del Poder Ejecutivo. Por ello, la delegación de funciones en funcionarios del Ministerio Público Fiscal -de acuerdo a las prescripciones de los artículos 51 y 52 de la ley 27.148- se debe dar en supuestos específicos y ante situaciones que demuestren lo indispensable del acto que, como tal, está sujeto al control de constitucionalidad y legalidad por parte de los jueces de la causa (arts. 116 de la C.N. y 69 del C.P.P.N.). La interpretación de la resolución PGN 3777/16 propuesta por el Fiscal General Abramovich, debe ser analizada la luz del principio de razonabilidad -derivado de los artículos 28 y 33 de nuestra Carta Magna- en tanto nuestro sistema constitucional excluye toda arbitrariedad o irrazonabilidad en el ejercicio de las prerrogativas de los poderes públicos. Por lo cual la ley -y a los actos estatales de ella derivados inmediata o mediatamente- tienen que poseer contenido razonable, justo, valioso, de modo que alguien puede ser obligado a hacer lo que manda la ley o privado de hacer lo que la ley prohíbe, siempre que el contenido de esa ley sea razonable, sea justo, sea válido (conf. Bidart Campos, "Derecho Constitucional", t. II págs. 118/119 y Sala IV, in re: “Frigorífico Paso de Los Libres S.A. (T.F. 12.019-I) c/ D.G.I.” Causa nº 4108/95, sentencia del 31/10/95). En esa línea se ha dicho que es precisamente la razonabilidad con que se ejercen tales facultades el principio que otorga validez a los actos de los órganos del Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de la parte interesada, verificar el cumplimiento de dicho presupuesto (C.S.J.N. Fallos 304:721; 305:14899; 306:126; y Sala II del Fuero, in re: “Marini, Beatriz Teresa c/ Dirección de ayuda social para el personal del Congreso Nacional” Causa n° 24028/96, sentencia de fecha 17/02/98). En la línea antedicha, los fiscales deben contar con un adecuado proceso de selección, estabilidad y permanencia, de forma tal que se encuentre debidamente garantizada su autonomía e independencia en la intervención que les corresponda en los asuntos que lleguen a su conocimiento. En este contexto, la intervención de los Auxiliares Fiscales debe ser interpretada a la luz de estos principios constitucionales, por tanto debe existir un acto estatal expreso. La resolución 3777/16- no es aplicable al supuesto de este caso porque explícitamente circunscribe la actuación de esos auxiliares a los casos de flagrancia. La cuestión también merece ser analizada a la luz del control de los presupuestos de razonabilidad de los actos de gobierno (artículos 28, 31 y 120 de la Constitución Nacional). Dentro de este marco, la interpretación de la resolución que ha comunicado la Fiscalía General no se ajusta a la clara indicación de la resolución general PGN 3777/16, que reglamenta los arts. 51 y 52 de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal, ni constituye una razonable interpretación de los artículos citados, en tanto por su extensión, permite suplantar, en cualquier supuesto, a los fiscales designados conforme al procedimiento de los artículos 48 y 49 de la ley 27.148 por los auxiliares fiscales, desnaturalizando en forma indirecta y supliendo las disposiciones de la ley del Ministerio Público Fiscal (27.148) que regula el procedimiento de selección de sus integrantes y el art. 120 de la Constitución Nacional. En síntesis –como se ha señalado- la mencionada resolución 3777/16, no considera la designación de los Auxiliares Fiscales con el carácter general que se propone. De tal manera, aceptar la intervención de aquéllos funcionarios en casos como el presente –causas que no tramitan bajo el régimen de flagrancia establecido por la ley 27.272- en los que su actuación no está prevista expresamente, implicaría sortear las reglas atinentes a la designaciones de los Fiscales que, para resguardar su independencia, se rige por los artículos 48 y 49 de la ley 27.148. Sentado ello, cabe destacar que, en este caso concreto, el Fiscal General no explicó las razones por las cuales no podía asistir a la audiencia, no requirió una postergación y, además, no se visualiza una imposibilidad por la cual no haya podido presentarse a mantener el recurso.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En virtud de ello, voto por declarar desierto el recurso interpuesto por el ministerio público fiscal (artículo 454, párrafo segundo del CPPN). La jueza Mirta L. López González dijo: En lo sustancial comparto los fundamentos brindados por mi colega preopinante y, en consecuencia, voto en idéntico sentido. La decisión adoptada en las causas “Dapueto” y “Ramírez” (citadas en el voto que antecede), en punto a requerir la presencia del Fiscal General en la audiencia ante la Cámara, tuvo como precedente advertir que aquellas situaciones que generó el paso a la oralidad y que la judicatura fue adecuando a las necesidades de una eficiente administración de justicia no tenían su paralelo con la participación efectiva de los titulares de las fiscalías de cámara. Ello así, no obstante que no se verificó una imposibilidad para que concurrieran, dado los escasos recursos planteados por el Ministerio Público Fiscal contra las decisiones de los jueces de primera instancia y a que su intervención no los obliga a una comparecencia diaria a las audiencias que se celebran, pudiendo –inclusoconsiderarse la fijación de una agenda acordada con el Tribunal para permitir contar con la necesaria presencia de dichos Magistrados. Más aún la Sala tiene precedentes de pedidos de prórroga por superposición de audiencias que fueron contempladas y consensuadas sin ningún menoscabo del proceso. La opinión brindada por el Procurador no modifica esta realidad que tenemos por la vasta experiencia en muchos años de audiencias orales, por lo cual considero que no corresponde modificar la decisión que oportunamente adoptamos en los precedentes citados. En virtud de ello, en coincidencia con mi colega preopinante voto por declarar desierto el recurso interpuesto por el ministerio público fiscal (artículo 454, párrafo segundo del CPPN). Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: DECLARAR DESIERTO el recurso fiscal interpuesto a fs. (…)" C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, López González (Sec.: Roldán). c. 64.169/14, A., O. H. s/coacción. Sobreseimiento. Rta.: 23/02/2017 RECURSO DE CASACIÓN Contra la resolución que revocó el sobreseimiento de los imputados y dispuso el procesamiento. Resolución que no es una sentencia definitiva y tampoco pone fin al proceso. Rechazo. Disidencia: Derecho a la doble instancia insatisfecho. Hacer lugar. Fallo: "(…) Los jueces Alberto Seijas y Carlos Alberto González dijeron: (…) Sentado ello, se advierte que el art. 457 del ordenamiento ritual determina las resoluciones pasibles de remedio de excepción, mencionando a las sentencias definitivas y también a determinados autos, en tanto estos últimos "...pongan fin a la acción, a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena". Ninguno de tales extremos se verifican en el caso bajo estudio, toda vez que la decisión de la Sala que dispuso el procesamiento de la imputada no puso fin a la acción ni impide que continúen los actuados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que los interlocutorios cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen, por regla, la calidad de sentencia definitiva (1). También la Cámara Federal de Casación Penal tiene dicho que "...las resoluciones cuya consecuencia sea la obligación de seguir sometido a proceso criminal no reúnen esa calidad [de sentencia definitiva o equiparable a tal], aun cuando se invoquen presuntas afecciones a garantías constitucionales" (2). En igual sentido, se ha pronunciado recientemente la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (3). Por lo dicho, votamos por el rechazo del recurso interpuesto. (…) El juez Mariano González Palazzo dijo: En virtud del examen de admisibilidad que corresponde efectuar, debe destacarse en primer orden que la impugnación ha sido deducida dentro del plazo previsto por el artículo 463 del ordenamiento adjetivo. Por otro lado, si bien es cierto que el decisorio atacado no cumple con el requisito establecido en el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, entiendo que de acuerdo a la doctrina emanada de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el informe Nro. 17/94 -caso "Maqueda"-, el derecho a la doble instancia no sólo ampara a la sentencia penal condenatoria sino a todos los "autos procesales importantes" y el procesamiento, por obligar al imputado a seguir vinculado al proceso, se ve incluido dentro de dicho grupo de decisiones. Bajo esos lineamientos, estimo que la garantía señalada no se encuentra satisfecha puesto que el procesamiento de T. fue dictado por esta misma Sala y esa decisión no ha sido revisada por una instancia superior. Así las cosas y dado que en nuestro sistema de enjuiciamiento penal no se encuentra previsto otro recurso que no sea el de casación contra ese pronunciamiento, corresponde hacer lugar al recurso pretendido. Así lo voto. En virtud del acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por la defensa de M. de la A. P. R. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo (en disidencia), González. Sec.: Barrios). c. 20.476/14, PEREZ RAMIREZ, Maria de la Asunción y otros s/ Estafa. 223

Rta.: 15/02/2017 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos 310: 1486. (2) C.F.C.P., Sala IV, c. 3.381, "C. de C., M.A.", rta: 30/4/2004. (3) C.N.Cas.Crim. y Correc., c. 7.764/13 "Ramos", rta. 30/4/15, reg. 197/2015; c. 40.557/10 "Bilbao", rta. 8/5/15, reg. 196/2015 y c. 6.915/09 "Gysin", rta. 8/5/15, reg. 205/2015. RECURSO DE CASACIÓN. Contra la resolución que confirmó la imposición de una medida cautelar: abstenerse de concurrir a estadios de futbol en ocasión de espectáculos deportivos durante seis meses luego de lo cual se deberá realizar una nueva evaluación. Agravios: Aplicación de una pena anticipada que implica una vulneración al art. 18 del CN. Medida susceptible de generar de un perjuicio de imposible reparación ulterior. Concesión. Fallo: "(…) recurso de casación interpuesto por la defensa de (…), contra el punto II de la resolución de esta Sala de fs. (…), que confirmó la obligación de abstenerse de concurrir a estadios de fútbol en ocasión de espectáculos deportivos (…), pero limitándola a un período de seis meses para su nueva evaluación. II. El remedio es procedente por haber sido interpuesto en los términos establecidos en el artículo 463 del ordenamiento citado, cumpliendo con el requisito de autosuficiencia exigido por la normativa que lo regula (1); enumerando las normas que el recurrente considera erróneamente aplicadas y la inobservancia de aquéllas que, a su juicio, debieron aplicarse al caso y la interpretación que pretende debe dársele. Además se introduce una cuestión federal en tanto la parte señala que lo decidido vulnera el art.18 de la Constitución Nacional, ya que pese a no haber sentencia condenatoria se aplicó una pena anticipada en franca contradicción con el principio de inocencia. Estando en cuestión entonces la imposición de una medida cautelar susceptible de generar de un perjuicio de imposible reparación ulterior, el Tribunal RESUELVE: I. CONCEDER el recurso de casación interpuesto por la defensa de (…); II. EMPLAZAR a las partes en los términos del artículo 464 del Código Procesal Penal de la Nación. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo, Pociello Argerich. (Prosec. Cám. Ad-Hoc: Mariño). c. 38.047/13, DI ZEO, Rafael s/recurso de casación. Rta.: 19/04/2017 Se Citó: (1) C.N.C.P., Sala II, c. 7601, "Pereyra Zorraquín, Ezequiel s/casación", rta.: 6/7/07. RECURSO DE CASACIÓN. Contra la resolución que confirma el rechazo de nulidades y el procesamiento. Decisiones que implican la continuación del proceso. No demostración de un agravio de imposible reparación que autorice a su equiparación a sentencia definitiva. Rechazo. Fallo: "(…) Los puntos I y II de la resolución cuestionada por los presentantes mediante recurso de casación, cuya copia protocolizada se tiene a la vista, no supera la limitación objetiva impuesta por el art. 457 del Código Procesal Penal, extremo que torna inviable este recurso. En efecto, ha sido definido por la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional que el mentado artículo 457 exige que se trate de una sentencia definitiva o equivalente (1), entre las que no se encuentran las resoluciones que, como en el caso, confirman el rechazo de nulidades articuladas en la causa y el procesamiento de uno de los imputados, en la medida que tales decisiones implican la continuación del proceso (2). Tampoco ha demostrado la parte de qué manera lo decidido por esta alzada irroga un daño de imposible reparación durante el curso del proceso, que autorice su equiparación a sentencia definitiva (3). Por ello, el Tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de casación interpuesto por los señores defensores Dres. F. G. G. y D. M. S.". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito, Rimondi. (Sec.: Sánchez). c. 52.640/16, CHARADIA, Antonio y otros s/ procesamiento - Casación. Rta.: 10/02/2017 Se citó: (1) C.N.C.C.C., c. 54996/2013, "Alderete, Jorge Nicolás", reg. S.T. 44/2015, rta.: 31/03/2015 y c. 73893/2013, "Ruffa, Leandro", reg. S.T. 253/2015, rta.: 15/05/2015. (2) C.F.C.P., Sala I, c. 7.920, "Vrtal, Roberto", rta.: 02/11/2006 y Sala IV, c. 5.706, "Cama Loutsch, Guillermo", rta.: 23/06/2006. (3) C.N.C.C.C., c. 9810/2012, reg. S.T. 648/2015, rta.: 12/08/2015. RECURSO DE QUEJA. Contra el rechazo al recurso de apelación interpuesto respecto de las negativas a ordenar una prohibición de contacto solicitada por la querella. Letrado notificado del rechazo el 27 y 30 de diciembre, que el 10 de enero solicitó la habilitación de la feria, recurriendo las resoluciones. Magistrado que habilitó la feria a partir del 2 de enero y declaró extemporáneos los recursos. Resolución retroactiva que truncó la pretensión recursiva. Existencia de agravio. Hacer lugar. Conceder. Fallo: “(…) recurso de queja interpuesto por la querella (…), contra el auto de fs. (…) que no hizo lugar a las apelaciones de fs. (…), contra los pronunciamientos de fs. (…) y (…) que no hicieron lugar a la medida de prohibición de contacto solicitada por esa parte (…). 224

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional II.- De las actuaciones surge que el Dr. (…), en representación del querellante (…), el 22 de diciembre de 2016 solicitó la prohibición de acercamiento y contacto de (…) y (…) al grupo familiar de aquél (…). Por nuevas razones, el 29 de diciembre de ese año reiteró su pedido (…). El magistrado de grado no hizo lugar a los planteos (…) y notificó de ello al acusador privado los días 27 y 30 de diciembre próximo pasado, respectivamente (cfr. constancia del sistema “Lex 100” de fs. …). Con posterioridad, el 10 de enero el letrado solicitó la habilitación de la feria judicial para tratar el recurso de apelación que, en esa ocasión, también articuló contra lo decidido. En respuesta la jueza dispuso la habilitación en los términos del artículo 149, inciso i) del Reglamento para la Jurisdicción en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal desde el 2 de enero de 2017 y, en función de ello, declaró extemporáneo el remedio impetrado (artículo 450 del CPPN, fs. 476). Tal decisión no luce acertada en tanto la solución retroactiva ha truncado la pretensión recursiva del presentante, extremo para el cual, en definitiva, interrumpió el receso del mes de enero. En consecuencia, encontrándose cumplidos los requisitos de tiempo y forma, y toda vez que lo decidido podría causarle agravio (artículos 438 y 449 del Código Procesal Penal de la Nación), corresponde hacer lugar a la queja presentada a fs. (…). III.- En mérito de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar a la queja deducida a fs. (…) y declarar mal denegadas las impugnaciones articuladas a fs. (…) y (…) del principal. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Gallo). c. 1.193/16, P. K., J. y otro s/queja. Rta.: 30/03/2017 RECURSO DE QUEJA. Contra la decisión del magistrado que resolvió no hacer lugar al pedido de allanamiento solicitado por la fiscalía. Resolución que podría menoscabar el ejercicio de la acción penal pública y causar gravamen irreparable en los términos del art. 449 del C. P. P. Hacer lugar. Conceder. Fallo: "(...) recurso de queja interpuesto por el Dr. Sandro Abraldes, Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°31 a (fs. ...), contra la decisión del magistrado de origen de no concederle la apelación articulada contra la resolución de (fs. ...) de los autos principales que resolvió no hacer lugar al pedido de allanamiento respecto de la residencia geriátrica "A.". El 8 de marzo de 2016 la causa fue recibida por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 y la remitió a la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31 en los términos del art. 196 del Código Procesal Penal de la Nación. El 19 de abril de 2017, el fiscal consideró necesario contar con la documentación original de donde surgen las circunstancias de cómo ingresó R. Y. a la residencia geriátrica "A.", y determinar una posible responsabilidad de los directivos de ese establecimiento en el hecho aquí investigado, por lo que solicitó al Sr. Juez interviniente que se librara una orden de registro del geriátrico sito en la calle A. (...) de esta ciudad (art. 224 y ss. del C.P.P.N.), con el objeto de secuestrar la historia clínica completa, formulario de admisión y permanencia de Y., quien había ingresado el 7 de febrero de 2016 al aludido establecimiento. A (fs. ...) el magistrado de origen señaló que la historia clínica cuyo secuestro el fiscal demanda fue aportada voluntariamente por la encargada del establecimiento al personal policial comisionado -en presencia de dos testigos- que procedieron a obtener copias (fs. ...) y que en cuanto a las constancias de ingreso de Y. al geriátrico se encuentran agregadas a (fs. ...) de la causa. De esta manera, para el a quo, el objeto del allanamiento propiciado por el Ministerio Público se encuentra cumplido con las presentaciones aludidas, sin haberse aducido motivos para la obtención de los originales. Argumentó que el allanamiento es una medida excepcional, que constituye una intromisión en el ámbito de la privacidad de las personas y en atención a la ausencia de razones concretas que ameriten autorizar tal medida, no hizo lugar al registro solicitado. Ante esta negativa, el fiscal interpuso recurso de apelación y expuso que la resolución representa un riesgo cierto sobre la realización de la acción penal, presupuesto esencial de un debido proceso. Consideró que más allá de que la directora del geriátrico aportara copias simples de la historia clínica de Y. y las constancias de ingreso a la institución, lo cierto es que se la convocó en reiteradas oportunidades para que brindara más información, lo que no ocurrió ante las constantes incomparecencias de la nombrada. Además, adujo que no puede descartarse la posibilidad de que existan otros documentos u otro tipo de información de interés que resulten trascendentes. A (fs. ...) el Sr. Juez consideró que la decisión que el fiscal impugna, se encuentra entre aquellas vinculadas con cuestiones de prueba reservadas al criterio del juez de la causa y como tal, no susceptibles de apelación. Asimismo, agregó que el recurso interpuesto no reunía el requisito de motivación exigida por el art. 438 del código de forma. El juez Luis María Bunge Campos dijo: Por las consideraciones desarrolladas en oportunidad de emitir el pronunciamiento en la causa nro. 25.269 del registro de la Sala VI de esta Cámara, caratulada "Villa, Federico y otros s/ queja", rta.15/9/04, a las que corresponde remitirse en honor a la brevedad, considero que la denegatoria a realizar medidas probatorias propuestas por el Ministerio Público Fiscal podrían menoscabar el ejercicio de la acción penal pública, lo que la convierte en recurrible, so pena de dejar librado ella a la discrecionalidad del Juez, contra el principio republicano de control de los actos de gobierno. El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Como ya he sostenido en la causa N° 32.986/2012 "Gómez, Aurelia Noemí y otros s/ medidas de prueba", rta. 11/06/2013, la medida solicitada por el Sr. Fiscal, que fuera denegada por 225

el instructor, podría causarle gravamen irreparable en los términos del artículo 449 del Código Procesal Penal, por lo que corresponde hacer lugar a la queja. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: HACER LUGAR a la queja impetrada por el Dr. Sandro Abraldes, Fiscal interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°31, a (fs. ...) y en consecuencia conceder el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de (fs. ...) del principal del pasado 26 de abril por el cual se dispuso no hacer lugar al allanamiento del geriátrico "A.". (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Lucini. (Sec.: Peluffo). c. 13.714/16, Residencia geriátrica Artigas s/recurso de queja. Rta.: 18/05/2017 RECURSO DE QUEJA. Contra el auto que rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por la defensa. Procesamiento dictado y notificado a la Defensoría Oficial. Imputado que una hora antes de vencer el plazo establecido para recurrir la resolución mencionada, solicitó revocar aquella asistencia y propuso a abogados particulares que solicitaron la suspensión de los plazos. Requerimiento éste último que no se encuentra previsto. Apelación correctamente denegada por extemporánea. No hacer lugar. Fallo. "(...) recurso de queja deducido por el Dr. José Manuel González, defensor de confianza de C. A. M., contra el auto de (fs. ...), por el cual se rechazó por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por esa parte. Coincidimos con los fundamentos expuestos por el Sr. magistrado instructor, por lo que será rechazada la queja. El 27 de marzo de 2017 se dictó el procesamiento de M. por el delito de abuso sexual simple (fs. ...), decisión que se notificó a la defensa oficial el 29 de marzo de este año que, para entonces, asistía al imputado. No obstante ello, a una hora de vencer el plazo establecido en el art. 450 del CPPN para recurrir la resolución mencionada por parte de la defensoría oficial, el encausado solicitó revocar aquella asistencia y propuso a los Dres. José Manuel González y José Constantino Moyano Barro como abogados de su confianza (fs. ...), oportunidad en la que requirieron la suspensión de plazos a los efectos de apelar el procesamiento de M. Así, el juez de grado tuvo presente el pedido y designó a los letrados nombrados por el acusado, no así respecto a la pretensión mencionada, de lo que fueron notificados el 12/4/17. Cabe señalar que el artículo 108, CPPN establece que: "la designación del defensor de oficio no perjudica el derecho del imputado de elegir ulteriormente otro de su confianza; pero la sustitución no se considerará operada hasta que el designado acepte el cargo y fije domicilio". En ese sentido, Navarro expone: "En ningún caso la sustitución de un defensor por otro, sea de oficio o de confianza, puede verificarse y concretarse sin la asunción del cargo por el sustituto y la constitución por éste de domicilio" (Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, Código Procesal Penal de la Nación, T. I, tercera edición, Hammurabi, Bs. As., 2018, pág. 380). De lo hasta aquí expuesto, concluimos que la apelación ha sido extemporánea, habida cuenta que, además de no estar prevista tal suspensión de plazos, fue deducida por quien no era en ese momento el defensor del imputado, cargo que recién fuera aceptado por el Dr. González el 18 de abril pasado (cfr. fs. ...); ello además de señalar que el recurso fue deducido al día siguiente, a las 9 horas. En virtud de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: RECHAZAR con costas, el recurso de queja interpuesto a (fs. ...), por el Dr. José Manuel González, defensor de C. A. M. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Lucini. (Sec.: Peluffo). c. 62.446/16, M., C. A. s/ Recurso de queja. Rta.: 19/05/2017 RECURSO DE QUEJA. Contra el rechazo del recurso de apelación del auto que ordenó la obtención compulsiva de muestras biológicas para estudio comparativo de ADN. Cuestión que involucra una discusión sobre los alcances de la garantía que proscribe la autoincriminación forzada. Medida que podría causar gravamen de imposible reparación ulterior. Procedencia. Hacer lugar. Fallo: "(…) Convoca la atención del Tribunal el recurso de queja deducido por la defensa de G. R. M., tras el rechazo de la apelación interpuesta contra el auto documentado a fs. (…), por considerar el señor juez a quo que la medida ordenada -obtención compulsiva de muestras biológicas para realizar un estudio comparativo de ADN- no causa gravamen irreparable ni importa una violación al artículo 18 de la Constitución Nacional (…). En el estricto marco de la admisibilidad formal del recurso, el Tribunal advierte que la cuestión debatida involucra una discusión sobre los alcances, en el caso, de la garantía que proscribe la autoincriminación forzada, pues se debate una medida que podría afectarla y cuya concreción es susceptible de causar un gravamen de imposible reparación ulterior (art. 449 del Código Procesal Penal) -de esta Sala, causa n° 652/11, "A., Y.", del 13 de febrero de 2012-. En consecuencia, esta Sala RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de queja y conceder el recurso de apelación deducido (…) contra el auto documentado (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito, Rimondi. (Prosec. Cám.: Sposetti). c. 27.546/16, B., M. L. s/queja. Rta.: 16/06/2017

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional RECURSO DE REPOSICIÓN. Interpuesto por el Fiscal de Cámara contra la providencia que declaró desierta la apelación deducida por el fiscal de la instancia de origen. Agravio: Silencio al momento del emplazamiento que no habilita a considerar desierto el recurso. Normativa que refiere que el fiscal de cámara debe manifestar, en su caso, si mantiene o no el recurso deducido (art. 453 del CPPN). Rechazo. Disidencia: Interpretación del art. 453 del CPPP, para el Ministerio Público Fiscal, dentro de los parámetros del art. 443 del mismo ordenamiento ("Garzoli", CCC Sala I, causa nº 31.549, rta. 11/7/2007). Hacer Lugar. Fallos: "(…) Los jueces Mariano A. Scotto y Mauro Divito dijeron: El representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Alzada interpuso recurso de reposición contra la providencia documentada a fs. (…), en cuanto se declaró desierta la apelación deducida a fs. (…), pues a su entender el silencio al momento del emplazamiento no habilita a considerar desierto el recurso cuando no se dejó expresa constancia de una intención contraria a la del Fiscal de la instancia de origen (…). Al respecto, cumple recordar que el artículo 453 del Código Procesal Penal establece que "concedido el recurso, quienes tengan derecho a recurrir y no lo hubiesen hecho, podrán adherir en el plazo de tres días desde su notificación. En ese término el fiscal de Cámara deberá manifestar, en su caso, si se mantiene o no el recurso que hubiese deducido el agente fiscal…". En esa senda, se ha sostenido que "respecto del fiscal de cámara, extrañamente subsiste el mantenimiento. Puede suponerse que esa exigencia no es derivación sino del objetivo de asignar al superior jerárquico la posibilidad de control de la actividad del inferior" (1). Por lo expuesto, votamos por rechazar el recurso de reposición interpuesto a fs. 46/47. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Considero que el término establecido por el artículo 453 del Código Procesal Penal, para el caso del Ministerio Público Fiscal debe ser interpretado dentro de los parámetros que el artículo 443 específicamente impone para el desistimiento del acusador público. En consecuencia, el silencio del Fiscal General respecto del mantenimiento solo puede ser interpretado en el sentido contrario al de la decisión de la presidencia repuesta (2). Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de reposición interpuesto a fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito, Rimondi (en disidencia). (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 62.182/16, N.N. Damnf: Grondona, Mariano s/ Recurso de reposición. Rta.: 21/04/2017 Se citó: (1) Guillermo R. Navarro y Roberto R. Daray, Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, 5ta. ed., t. 3, Bs. As, 2013, p. 365. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala I, "Garzoli", rta.: 11/07/2007. RECUSACIÓN. Causal: demora en la tramitación del expediente. Falta de adecuación a los supuestos previstos en el art. 55 del C.P.P.N.). Rechazo. Fallo: "(...) recusación planteada por la querella contra el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 12, Dr. Walter J. Candela. (...). En atención a los argumentos expuestos por la querella en el escrito cuya copia luce agregada a (fs. ...) del presente incidente, consideramos que no debe hacerse lugar a la recusación de magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 12. Cabe aclarar que más allá de la razón, o no, que le asistiría a la querella respecto de la demora en la tramitación del expediente, debemos mencionar que esos planteos no pueden ser canalizados a través del instituto de la recusación, por no encuadrar en ninguna de las causales previstas en el art. 55 del CPPN que habilite apartar al juez a cargo de la causa, ni la parte pudo fundar un temor de parcialidad cierto en ese sentido, ya que las decisiones que cuestiona pueden ser revisadas por una instancia superior que, eventualmente, revea la decisión del juez. Además de ello, no puede soslayarse que el Dr. Walter Candela interviene en la causa desde hace poco menos de un año, por lo que no puede atribuírsele enteramente la holgada tramitación que lleva ya una causa de escasa complejidad como la presente. Sin perjuicio de ello, exhortamos al juez a que arbitre los medios necesarios para acelerar el avance de la pesquisa, de modo tal de no vulnerar el derecho que tienen las partes a una respuesta judicial en un plazo razonable. Por último, cabe recordar que la recusación -al igual que la inhibición o excusación- es un instituto establecido para asegurar la imparcialidad de los jueces, pero éste, a su vez, no debe transformarse en un medio espurio para apartar a los magistrados del conocimiento de la causa que por ley les ha sido atribuida (in re: C.S.J.N. Fallos 319:759). Por todo ello, el tribunal RESUELVE: NO HACER LUGAR a la recusación planteada por la querella, contra el Dr. Walter J. Candela, juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Correccional Nro. 12, con los alcances que surgen de la presente. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 70249/14, VISSER, Carlos Alberto s/ recusación. Rta.: 01/03/2017

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REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO. Nulidad rechazada. Agravio de la defensa: invalidez por haber introducido un hecho que no fue considerado en el auto de procesamiento. Afectación al principio de congruencia. Revocación parcial. Nulidad parcial del requerimiento de elevación a juicio en relación al suceso calificado como tentativa de robo agravado por su comisión con un arma de utilería y en poblado y en banda. Fallo: "(…) I. Mediante el auto de (fs…) el juez de grado resolvió no hacer lugar al planteo de nulidad parcial promovido por la defensa oficial contra el requerimiento de elevación a juicio que luce a (fs…). La asistencia técnica de los imputados criticó ese pronunciamiento a través del recurso de apelación que luce a (fs…). En primer lugar cabe recordar que, según la descripción realizada en la indagatoria de los imputados y el auto de procesamiento (fs…)., "Se imputa a C.M.A. y a L.A.R., junto con otro hombre de quien se desconoce sus datos personales y rasgos fisonómicos, en virtud de que se dio a la fuga, el hecho ocurrido el día 27 de septiembre de 2014 a las 23:00 horas aproximadamente, en la intersección de las calles XX yXX de esta ciudad, consistente en haber intentado apoderarse ilegítimamente, y mediante la exhibición un revolver con la inscripción Jaguar Industria Argentina, numeración 04169 calibre 32 SWL sin munición, de las pertenencias que dos mujeres- de quienes se desconocen sus datos personales- llevaban consigo. En efecto, en el día y hora de mención, en momentos en que N.A.B. se encontraba circulando a bordo del vehículo de alquiler XX, dominio colocado XX (taxi), al llegar a la intersección de las calles Bonavena y Santo Domingo de esta ciudad, observó que tres hombres, uno del cual esgrimía un arma de fuego, estaban abordando a dos mujeres. Frente a ello, se aproximó con el automóvil al lugar, hecho que provocó que los agresores se alejaran de dicho sitio a gran velocidad por la Avenida Amancio Alcorta hacia Bonavena, circunstancia que aprovechó para preguntarle a las damnificadas si necesitaban ayuda, y en virtud de que se encontraban muy nerviosas, se retiraron del lugar. Fue así que continuó su marcha por Bonavena hacia la Avenida Alcorta, momento en el cual observó que los tres individuos caminaban hacia él con fines de sustraerle sus bienes, y que uno de ellos llevaba consigo un arma, por lo que dio marcha atrás, pudiendo ver que que los encartados doblaron por la Avenida Alcorta hasta el Pasaje Juez Magnaud, donde observó que uno de ellos arrojó el arma debajo de un vehículo, siendo que dos de ellos siguieron caminando hacia la Avenida Alcorta en dirección a la villa 21, y el restante continuó por Bonavena. En ese momento divisó un móvil de la Prefectura Naval Argentina, el que era tripulado por el Oficial Principal Daniel Fernández, al que dio aviso del hecho ocurrido minutos antes y lo guió hasta el lugar, donde se procedió al secuestro al secuestro de de un revolver de color negro marca AJguar, calibre 32 N° 04169 con empuñadura de plástico color negra; momento en el cual B. observó a las personas que momentos antes habían cometido el ilícito, por lo que se procedió a la formal detención de C.M.A. y de L.A.R., siendo que el tercer sujeto se dio a la fuga por la calle Bonavena en dirección a la villa 21 de esta ciudad" La defensa argumenta que el requerimiento fiscal cuya invalidez solicita introduce un presupuesto fáctico que no fue tenido en consideración por el a quo en el auto de procesamiento. Puntualmente, se refirió al evento que involucró a los imputados y a dos mujeres, cuyos datos se ignoran, y sobre el cual no existe ningún pronunciamiento, a pesar de lo cual el fiscal lo consideró en forma diferenciada -en concurso real- de aquel mantenido con el taxista y lo calificó como "tentativa de robo agravado por su comisión con un arma de utilería y en poblado y en banda". Agregó que el requerimiento, en las condiciones señaladas, importa una alteración al principio de congruencia (fs…). Analizadas las actuaciones, entendemos que los reclamos del recurrente, merecen ser atendidos. Si bien la plataforma fáctica que se puso en conocimiento de los imputados al recibirles declaración indagatoria y sobre la cual realizaron su descargo, es coincidente con la descripta tanto en el auto de procesamiento obrante a (fs…) como en el requerimiento de elevación a juicio de (fs…), lo cierto es que asiste razón a la defensa en cuanto sostiene que el titular de la acción pública consideró como un suceso diferente un segmento de la conducta sobre el cual no existió un pronunciamiento de mérito. En efecto, más allá de la significación jurídica asignada a los hechos, lo cierto es que al dictarse el procesamiento de los acusados únicamente se tuvo en cuenta el hecho que damnificó a N.A.B., sin pronunciarse respecto al supuesto intento de desapoderamiento previo a la intervención de éste (fs…). Al respecto, cabe señalar que "el procesamiento fija la situación del imputado (art. 306) y, a la par, configura un presupuesto para la elevación a juicio. Sin procesamiento con respecto a cada uno de los hechos investigados, si el objeto procesal es múltiple, el acto aquí contemplado se resiente en su validez y deviene nulo en cuanto al imputado por aplicación de lo prescripto en el art. 167 inc. 3°; mengua su intervención, pues se pretende llevarlo a juicio sin estabilizar su situación procesal durante la instrucción; el defecto tiene carácter absoluto (art. 18, CN y 168, párr. 2°)" (1). En virtud de lo expuesto, resulta parcialmente nula la requisitoria de elevación a juicio respecto del suceso calificado como tentativa de robo agravado por su comisión con un arma de utilería y en poblado y en banda, sin haber cumplido con la manda del artículo 306 del código de rito, que obliga a dictar el auto de procesamiento. (…) el tribunal RESUELVE: I. DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL del requerimiento de elevación a juicio de (fs…) en lo relativo al suceso calificado como tentativa de robo agravado por su comisión con un arma de utilería y en poblado y en banda (artículo 123 y 168 del CPPN)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Raña). c. 58.381/14, ARECO GALEANO, Carlos M. y otro. s/ nulidad. Rta.: 13/03/2017 Se citó: (1) Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado, Francisco J. D´albora, Ed. Abeledo Perrot, pág. 615; 2008.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO. Nulidad por falta de motivación. Fiscal que recurre. Dictamen que se encuentra motivado. Consideraciones referidas por el magistrado en cuanto a la ponderación de la prueba que no son causal de nulidad. Revocación. Fallo: "(...) I. El juez de grado resolvió, mediante el auto de fs. (...), declarar la nulidad del dictamen fiscal de fs. (…) por falta de fundamentación. El representante del Ministerio Público Fiscal alzó sus críticas contra ese pronunciamiento a través del recurso de apelación que luce a fs. (…). La asistencia técnica del imputado L. J. S., a cargo del Dr. C.A.C., que también recurrió a fs. (…), no compareció. (…) en punto al fondo del asunto, lucen atendibles las críticas efectuadas por el recurrente, en tanto el dictamen nulificado cumple acabadamente con los recaudos contenidos en los artículos 69 y 123 del código adjetivo, en la medida en que de su lectura se advierte que la fiscalía señaló los elementos probatorios que consideró relevantes en la encuesta y realizó sobre éstos la pertinente valoración para concluir en postular el sobreseimiento de S. en orden al delito que se le enrostra. En este sentido, sopesó el testimonio de la damnificada, con la lesión que, según manifestó, habría sufrido a raíz del suceso y, además, lo manifestado por el imputado en la presentación de fs (…).. Por su parte, el juez instructor sostuvo que el dictamen fiscal no se encuentra debidamente fundado, en tanto consideró, en primer lugar, que la ausencia de testigos presenciales no puede ser un elemento válido para postular el sobreseimiento del imputado. Asimismo, argumentó que la damnificada brindó un relato pormenorizado acerca de lo ocurrido y que el hecho de que la única lesión constatada sea la excoriación que sufrió en uno de sus dedos no resulta suficiente para afirmar que el hecho denunciado no existió y, con base en ello, consideró que la pieza que luce a fs. (…) resulta nula. Tales consideraciones se vinculan con la ponderación de la prueba y por tanto la discordancia no atañe a la validez del líbelo, sino a una diferente conclusión acerca del criterio que debe asumirse en el proceso. Al respecto, es dable señalar que "El control de motivación de los requerimientos del Ministerio Público está en manos de los jueces y debe ser ejercido de manera que no se afecten otros derechos del imputado. Dicho control… sólo puede abarcar los siguientes puntos: a) si el hecho imputado (o la hipótesis de imputación) está debidamente descripto; b) si existen pruebas que lo sustenten mínimamente y c) si para llegar a tal conclusión (imputación) se ha articulado un razonamiento lógico…" (1) Estos requisitos se verifican en la pieza procesal en cuestión que valoró la prueba en forma razonada. Es dable recordar en este punto que la mera discrepancia no representa un vicio formal pasible de sanción, más aun cuando el Juez, en esta etapa, tiene la posibilidad de reasumir la investigación si así lo considera conveniente y, de ésta manera disponer las diligencias que a su criterio se encuentren pendientes para luego decidir sobre el fondo de la cuestión conforme su criterio y, eventualmente, habilitar la vía recursiva para las partes sobre cuanto pueda disponer al respecto. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto (en disidencia parcial), Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: Raña). c. 48.474/16, SERBIN, Leandro J. s/ nulidad. Rta.: 17/03/2017 Se citó: (1) Francisco J. D´Albora, Código Procesal Penal de la Nación, anotado, comentado y concordado, tomo I, página 178. REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO. Nulidad rechazada. Calificación en el requerimiento de elevación que introdujo un extremo que no integró la imputación. Imputación que fue esencialmente modificada. Afectación a la intervención del imputado, derecho de defensa y debido proceso. Revocatoria. Nulidad. Disidencia: recurrente que no pudo precisar cuál había sido la mutación del sustento fáctico entre la intimación y el requerimiento de elevación a juicio y no explicó como se vio sorprendido en el ejercicio de la defensa. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa de L. A. M. interpuso recurso de apelación contra la decisión extendida a fs. (…), en cuanto se rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal (…). El juez Mariano A. Scotto dijo: Al respecto, cabe mencionar que en las declaraciones indagatorias cumplidas, la intimación efectuada a M. no incluyó la intención de dar muerte a Z. D. (…). Por otra parte, se valora que al disponer el procesamiento del causante se consideró que se habría "intimidado a Z. D. lesionándolo en su pierna mediante el disparo de un arma de fuego, provocándole las heridas ya acreditadas a fs. (…). En función de ello, … las lesiones causadas a la víctima concurren en forma ideal con el delito de extorsión toda vez que éste ha sido un medio necesario para configurar uno de los elementos de la figura, es decir la intimidación" (...). En consecuencia, se considera que al calificarse el hecho atribuido como constitutivo del delito de homicidio en grado de tentativa -artículos 42 y 79 del Código Penal- se introdujo un extremo que no integró la imputación, de manera que ésta resultó esencialmente modificada.

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Al respecto, con anterioridad se ha sostenido que "el hecho de que la mutación se hubiera verificado solamente en el acápite de la significación jurídica … no permite sostener que el agravio se reduzca a un cambio ordinario de calificación, habida cuenta de la ya apuntada variación sustancial de la imputación, que debió permanecer circunscripta a lo resuelto en su oportunidad por la señora juez a quo y esta Sala" (…), "al no haberse solicitado con posterioridad a esos interlocutorios, ello es, en la oportunidad prevista en el artículo 346 del Código Procesal Penal, medida alguna enderezada a lograr la correspondiente reformulación del hecho" (1). Por ello, al verificarse una afectación a la intervención del imputado, a su derecho de defensa y al debido proceso, considero que la resolución recurrida debe revocarse y disponerse la anulación del requerimiento de elevación a juicio formulado a fs. (…) del principal. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: El recurrente no pudo dar cuenta en qué mutó el sustento fáctico en la intimación y el requerimiento de elevación a juicio que cuestiona. Tampoco explicó cómo se vió sorprendido en el ejercicio de su ministerio, es decir qué defensa no habría podido articular. Por ello considero que corresponde confirmar la resolución recurrida, con costas. El juez Mauro A. Divito dijo: Tras haber oído la grabación de la audiencia celebrada, sin preguntas que formular a la defensa y luego de haber deliberado, por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del juez Mariano A. Scotto. Por el mérito que ofrece el acuerdo que antecede, el Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR la decisión obrante a fs. (…). II. DECLARAR la nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado a fs. (…) del principal por el Ministerio Público Fiscal (artículos 166, 167, inciso 3°, y 347, inciso 2°, último párrafo, del Código Procesal Penal)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Rimondi (en disidencia), Divito. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 9.206/17, MALERBA, Luis Alberto s/ Nulidad. Rta.: 21/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 49.895/13, "Chuliver Pérez, Carlos", rta: 08/06/2016. RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Procesamiento. Hecho en el cual existen serias dudas en torno a la imputabilidad debido al resultado que tuvo el test de alcoholemia practicado nueve horas después del hecho. Endeble cuadro cargoso. Actuaciones en las que no restan medidas pendientes. Revocación. Sobreseimiento (artículo 336, inciso 5°, del CPPN). Libertad. Fallo: "(...), en razón del recurso de apelación interpuesto por el Dr. Pablo Domínguez, defensor oficial de G. N. D., contra la resolución obrante a (fs. ...), mediante la cual se dispuso su procesamiento en orden al delito de resistencia a la autoridad (artículo 306 de la normativa ritual y artículos 45 y 239 del Código Penal). (...). Se atribuye a G. N. D. el hecho acaecido el 23 de abril de 2017, en el interior de la finca sita en la calle M. 1225, habitación 4, planta alta, de esta ciudad, el cual consta en haberse resistido a la orden impartida por un funcionario público. El episodio se originó cuando el imputado, hijo de A. O., se presentó en su domicilio y comenzó a escuchar música en alto volumen, por lo que la nombrada le solicitó que bajara los decibeles, a lo que aquel hizo caso omiso y golpeó los parlantes de la computadora, por lo que la desconectó. En ese momento, su hijo pateó las puertas de la finca, provocando daños en la que da al patio trasero de la vivienda. Atento a ello, O. se comunicó con el abonado n° 911, por lo que a los pocos minutos se hizo presente el personal policial que ordenó al imputado que se calmara, notando que el mismo se encontraba bajo un estado de intoxicación alcohólica. Al acercársele, D. los insultó, tomó un palo y les refirió: "vengan de a uno, los voy a cagar a palos, yo me re planto". Ante esta situación los preventores lo redujeron empleando la fuerza mínima e indispensable, oportunidad en la que el encausado intentó agredirlos físicamente, sin lograr su objetivo. Oídos los agravios expuestos en la audiencia y tras confrontarlos con las constancias que componen el sumario, entendemos que merecen ser atendidos. Destacamos que si bien la declaración de la madre del imputado no fue explícitamente valorada por el tribunal de grado, lo cierto es que es la base de inicio de las actuaciones, en tanto los propios dichos de los funcionarios policiales sobre los cuales se construye la imputación, parten de aquella, en franca contravención de la prohibición probatoria contenida en el artículo 242 de la normativa procesal. Sin perjuicio de ello, se acreditó mediante el test de alcoholemia glosado a (fs. ...) que a nueve horas del hecho D. presentaba 1, 23 g/l de alcohol en sangre, de modo que es dable inferir según los trabajos de Widmark- que su nivel al momento de su comisión fue notoriamente superior y en consecuencia pudo haber afectado su capacidad de culpabilidad. Esta circunstancia se condice con los testimonios de los tres funcionarios que participaron en su detención en cuanto al estado de intoxicación etílica que presentaba (cfr. fs. ...), como así también, con la problemática de adicciones que padecería, de conformidad con lo alegado por su defensora en la audiencia. Entonces, el endeble cuadro cargoso y las serias dudas que existen en torno a su imputabilidad durante el episodio investigado, sumado a que no se vislumbran medidas pendientes que puedan modificar esta escena, imponen su definitiva desvinculación del proceso (artículo 336, inciso 5°, del Código Procesal Penal de la Nación) y su inmediata libertad. Por los motivos expuestos, el tribunal RESUELVE: I. REVOCAR la resolución de (fs. ...) y DISPONER el SOBRESEIMIENTO de G. N. D. -de las demás condiciones personales obrantes en autos- en orden al hecho por el que fuera indagado, dejándose constancia de que la formación del presente sumario no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado (artículos 455, a contrario sensu, y 336, inc. 5º, e in fine del Código Procesal Penal de la Nación). II. DISPONER que el tribunal de grado ordene la INMEDIATA LIBERTAD del nombrado, atento a lo resuelto precedentemente. (...)".

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Lucini. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 24.285/17, DUERO, Gustavo Nicolás s/ Procesamiento. Rta.: 18/05/2017 RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Procesamiento. Imputado que al intentar ser identificado por personal policial esgrimió una cadena en cuyo extremo pendía un candado y realizó movimientos. Actitud que tuvo como objetivo a impedir el acto propio de la función. Tipicidad. Elementos de prueba suficientes. Confirmación. Fallo: "(…) La agente policial C. M. refirió que cuando quiso identificar a M. A. S. -quien se hallaba caminando descalzo por el interior de la terminal de ómnibus de Retiro-, éste esgrimió una cadena de la que pendía un candado en uno de sus extremos y comenzó a hacer ademanes de que iba a golpearla (fs. ...). Lo expuesto condice con las declaraciones de los preventores M. I. C. y M. R. a (fs. ...), quienes se hallaban en las inmediaciones del lugar y dieron cuenta de que observaron la actitud agresiva del encausado hacia su compañera, razón por la que intervinieron para efectivizar su detención, secuestrándole en su poder el elemento contundente aludido (cfr. fs. …). Además, la primera señaló que minutos antes el prevenido les había llamado la atención pues caminaba rápido mientras miraba los bolsos de los transeúntes, lo que motivó que su colega M. se le acercara. El marco probatorio reunido impone la homologación del auto de mérito adoptado en tanto se encuentra reunido el grado de convicción que reclama el art. 306 del digesto ritual, a lo que cabe agregar que para que se configure el delito de resistencia a la autoridad "no son necesarios golpes de puño, patadas o cabezazos, sino que alcanza con cualquier acción destinada a trabar el ejercicio de un acto funcional" (1). En consecuencia, SE RESUELVE: Confirmar el auto de (fs. …), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González Palazzo, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 22.693/17, SERRANO, Mario Alberto s/ procesamiento. Rta.: 24/05/2017 Se citó: (1) Código Penal, Comentado y Anotado, D´Alessio, José A. y Divito, Mauro; 2a. edición actualizada y ampliada, tomo II, Parte especial, Editorial La Ley, 2009, pág. 1179; C.N.Crim. y Correc, Sala IV, c. 33.505/15 "Mormandi", rta. 4/10/16. RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Procesamiento. Hecho en el que no se advierte que el personal policial haya tenido que emplear una fuerza superior a la ordinaria para lograr reducir al imputado. Revocación. Sobreseimiento. Tratamiento abstracto de la obligación impuesta al concederle la excarcelación. Fallo: "(…) I. El juez de la instancia anterior decretó el procesamiento de A. D. S. por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de resistencia a la autoridad (art. 239 del Código Penal) y mantuvo la obligación impuesta al concederle la excarcelación consistente en la prohibición de mantener contacto con J. G. D. y la restricción de acercamiento a quinientos metros de su domicilio, así como de los lugares de concurrencia habitual (puntos dispositivos I y II del auto de fs. …). Tal decisión fue cuestionada por la defensa oficial del nombrado, mediante el recurso glosado a fs. (…). (…). II. Luego de un análisis de la totalidad de las actuaciones, estamos en condiciones de afirmar que disentimos con la solución dada al asunto. Del testimonio del preventor N.F.R., se desprende que la detención de A. D. S. no conllevó el ejercicio de violencia alguna de su parte. En concreto, explicó que el imputado se mostró reticente y arrojaba golpes de puño, pero que no le causó lesión alguna sobre su persona y que, sin perjuicio de que el nombrado opuso resistencia a la detención, utilizó la fuerza mínima indispensable para reducirlo (fs. …). Ese contexto de hechos circunscribe el caso a una mera oposición a la propia detención sin resonancia típica alguna. Ello es así, por cuanto el personal policial no indicó haber tenido que enfrentar una actividad opositora de particular intensidad -presupuesto de la tipicidad-, ni por tanto haber tenido que exceder del uso mínimo de la fuerza para vencerla (causa nro. 3921-2015 "Roberto, Luis César", Sala V, resuelta el 27/5/2015). En efecto, tal como se ha sostenido "la oposición de un individuo a la propia detención, aún teniendo por cierta la existencia de un forcejeo, no puede considerarse típica, puesto que la resistencia a la autoridad se configura cuando el esfuerzo físico empleado por el sujeto activo, que exige el empleo de fuerza por parte de la autoridad, es superior al ordinario" (causa nro. 76071910/12 "Severo Fernández" Sala V, resuelta el 03/05/13). En virtud de ello, corresponde revocar el auto en crisis y disponer el sobreseimiento de imputado. III. En virtud de lo sostenido por el a quo en el auto de mérito de fs. (…), en relación a que las constancias de la causa no permiten tener por configurado un hecho de privación de la libertad, y en atención a la decisión adoptada en el apartado que antecede en relación al suceso que fuera calificado como resistencia a la autoridad, el tratamiento del recurso respecto de la mantención de la obligación impuesta al concedérsele la excarcelación a S. deviene abstracto.

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(…) el tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el punto dispositivo I del auto de fs. (…) y disponer el sobreseimiento de A. D. S. por el suceso por el cual fue indagado, dejando expresa constancia que la formación de la presente en nada afectó el buen nombre y honor del que gozara con anterioridad (arts. 334 y 336, inc.3° del Código Procesal Penal de la Nación). II. Declarar abstracto el tratamiento del recurso respecto de obligación impuesta al imputado de prohibición y restricción de contacto y acercamiento a J. G. D. (punto dispositivo II del auto de fs. …)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich, (Sec.: Poleri). c. 19.555/17, S., A. D. s/ procesamiento. Rta.: 16/06/2017 RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Procesamiento. Imputado que agredió a los agentes de tránsito del GCBA para impedir que labraran el acta de infracción y procedieran a la remoción de su vehículo mal estacionado. Agravio: legítima defensa. Inadmisibilidad. Elementos de prueba que permiten afirmar que no hubo un obrar abusivo o arbitrario por parte de los funcionarios. Confirmación. Fallo: "(…) III. Los argumentos expuestos por la defensa resultan insuficientes para conmover la decisión adoptada por el magistrado instructor. En efecto, la imputación que recae sobre F.A.C. encuentra sustento en los dichos de los agentes de tránsito de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, N.E.R.D. (fs… ) y W.R.J., quienes en forma conteste relataron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que fueron agredidos físicamente por el encausado a fin de impedirles que labraran el acta de infracción y removieran del lugar un vehículo que estaba mal estacionado. En esta dirección, ambos damnificados manifestaron que D. se encontraba labrando el acta de infracción de un rodado XX, dominio XX porque estaba estacionado en un lugar prohibido y J. pasando la pala por debajo del rodado. Así las cosas se les aproximó C. cruzando en forma rápida la calle Tagle propinándole a este último un golpe en la oreja que provocó que cayera al suelo, sin poder levantarse por encontrarse mareado. Agregaron que, cuando D. intentó ayudar a su compañero y retirar al agresor recibió un golpe en el pómulo izquierdo del rostro, por lo cual procedieron a comunicarse con el 911. Sus afirmaciones, se ven corroboradas por los informes médicos obrantes a fs. (…), mediante los que se constataron las lesiones sufridas por los damnificados, que por su ubicación y modo de producción se condicen con el relato realizado. Estas circunstancias permiten descartar el argumento del letrado recurrente en tanto que los damnificados se lesionaron con la puerta delantera del rodado en el forcejeo que protagonizaron con C. para impedir que accediera al vehículo. Refuerza la prueba de cargo lo manifestado por el Sargento A.R., quien al presentarse en el lugar, tras ser desplazado por el Departamento de Emergencia, tomó conocimiento de lo ocurrido y observó al imputado en el interior del rodado, por lo cual procedió a su detención. Finalmente, en relación a la causa de justificación introducida por la defensa en tanto esgrimió que su asistido actuó en legítima defensa, no puede ser admitida por cuanto no se advierte la existencia de un obrar arbitrario o abusivo por parte de los agentes de tránsito. En esta dirección, se sostuvo que "la legítima defensa, como causa de justificación, sólo puede tener lugar frente a una agresión ilegítima, y no cuando el actuar del encausado lo ha sido para impedir el ejercicio de un deber impuesto por la ley al funcionario policial (1). (…) el Tribunal considera adecuada la valoración del plexo probatorio realizado por el magistrado instructor que llevaran a tener por acreditada la materialidad del hecho y la responsabilidad del imputado. (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: de la Bandera). c. 14.433/17, CRIVELLERO, Fabián A. s/ procesamiento. Rta.: 21/06/2017 Se citó: (1) D'Alessio- Divito "Código Penal De la Nación Comentado, Ed. La Ley, Año 2011, pág 1179, con cita de CNCP, Sala IV, "Villa, Alberto D s/ recurso de casación", 2007/02/07, la ley online. RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Sobreseimiento. Imputado que al intentar ser identificado habría reaccionado violentamente contra el preventor, propinándole un golpe de puño en su rostro. Lesión constatada por el médico legista. Agravios del acusador público que deben ser atendidos. Elementos suficientes para convocar al inculpado a prestar declaración indagatoria (art. 294 del CPPN). Revocación. Fallo. "(...) presente recurso, en la que expuso la parte de acuerdo a lo establecido por el art. 454, Cód. Proc. Penal (conf. ley 26.374). El compareciente aguarda en la Sala del tribunal, mientras los jueces pasan a deliberar en presencia de la actuaría (art. 396 ibídem). Consideramos que los agravios vertidos por la fiscalía en la audiencia deben ser atendidos. En ese sentido, si bien el juez de grado hizo referencia a pacífica jurisprudencia que sostiene el criterio vertido en la decisión en revisión lo cierto es que no la citó, y aquélla que comulga esta Sala difiere sustancialmente en la solución del caso. En efecto, hemos sostenido que la mera oposición a cumplir una orden de detención no configura el delito de resistencia a la autoridad (art. 239, C.P.)." (causa nº63.860/2015 "Brunetti" rta. 17/2/2016, entre otras); como tampoco su no acatamiento o la autoeximición dado que "La falta de acatamiento (...)." TOCr. Fed. N 2 de La Plata, 07/07/95, "Vega, P. J.", c.59/95, J.P.B.A., t. 93, f. 133. (Edgardo Alberto Donna, Ed. Rubinzal -Culzoni Editores, Derecho Penal, Parte Especial, Tomo III, "Delitos contra la Administración Pública", p. 89/90,)" (in re causa nº 32.515 232

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional "Bernardo" rta. 22/11/2007). Si bien en este caso el preventor afirmó que solicitó apoyo para reducir al imputado y que lo hizo finalmente utilizando la fuerza mínima e indispensable para ello, del relato del hecho surge que el imputado habría reaccionado violentamente a su intervención cuando éste quiso identificarlo y separarlo de una mujer con la que discutía, a punto de arrojarle un golpe de puño que impactó en su rostro, en el pómulo izquierdo, constatándose luego que el policía presentó una lesión en ese sector al ser examinado por el médico legista, oportunidad en la cual se dejó constancia de la intervención del SAME según refirió el examinado (cfr. fs. ...). De allí que la posición del acusador público debe ser atendida y en consecuencia revocar la decisión y convocar a C. G. en declaración indagatoria en los términos previstos por el art. 294 del CPPN. Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión obrante a (fs. ...) en cuanto fuera materia de recurso, art. 455 del CPPN; debiendo el juez de grado dar cumplimiento a lo que surge de los considerandos. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Biuso). c. 61.658/16, CIRINO GUAGLIONE, Ernesto s/ Sobreseimiento. Rta.: 19/06/2017 ROBO Agravado por haber sido perpetrado con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en grado de tentativa, en concurso real con portación de arma de fuego sin la debida autorización legal. Coautoría. Procesamiento. Hecho: Imputados que interceptaron a una persona en la calle, siendo sólo uno de ellos quien apuntó con el arma a la víctima en la cabeza y la desapoderó. Elementos de prueba suficientes para acreditar que todos los imputados participaron en el hecho. Imputados que tomaron parte activa en la realización típica, desempeñando distintos roles en función de una división de tareas previamente consensuada. Codominio funcional del hecho. Coautoría. Informe pericial que da cuenta que el revólver secuestrado no estaba en condiciones inmediatas de uso. Tenencia. Confirmación del procesamiento con la aclaración de que deberá responder como coautor del delito de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se acreditó en grado de tentativa, en concurso real con tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal. Fallo: "(…) La defensa no cuestiona la materialidad del suceso que se atribuye a sus asistidos ni su presencia en el lugar en ese momento, sino su responsabilidad, en tanto, sostiene, que quien habría concretado el desapoderamiento fue uno de los menores sobreseídos, F. V. P. A. Argumenta que este último, tras apoyar el revólver secuestrado en la cabeza de la víctima, tomó su teléfono celular, sin intervención de los restantes integrantes del grupo. Sobre el punto, C. de V. expuso al declarar en sede policial y al ampliar judicialmente sus dichos, que durante la madrugada del 2 de noviembre pasado, cuando caminaba por S. de L. en su intersección con la Av. S. J. de esta ciudad, advirtió la presencia de un conjunto de cinco varones, que al verla comenzaron a acercársele rápidamente. Intentó huir corriendo, mas fue alcanzada por uno de ellos, que la tomó por el brazo, le colocó el arma del modo mencionado y le exigió la entrega de sus pertenencias. Precisó que, luego de darles su aparato celular, los cinco sujetos se dieron a la fuga (cfr. fs. ...). Así, más allá de que solo uno hubiera sostenido el revólver empleado, resulta evidente que los encausados y demás integrantes del grupo estaban reunidos previo al suceso, que todos interceptaron a la víctima cuando corrió para evadirlos y que mientras era encañonada por uno de ellos, los restantes permanecieron allí en un claro gesto de apoyo para asegurar el desapoderamiento, tras lo cual emprendieron conjuntamente la fuga. Estas circunstancias permiten sostener, al menos con el grado de probabilidad exigida para este estadio del proceso, que los imputados tomaron parte activa en la realización típica, desempeñando distintos roles en función de una división de tareas previamente consensuada, lo que deviene indicativo de un codominio funcional del hecho. De allí lo acertado de asignarles a cada uno de ellos el carácter de coautores. Entre las variantes de dominio colectivo del hecho se ha considerado la de "colaboración alternativa", en la que cada uno de los integrantes está preparado para ejecutar alguna de esas alternativas, que llevará a cabo sólo uno del grupo (1). Tal pareciera ser el caso de autos, en que uno retuvo a la víctima y la apuntó mientras los demás, alertas y ubicados en las proximidades, se encontraban prontos para impedir su huida o bien tomar los efectos que ella les entregaba. Sentado cuanto precede, cabe mencionar que el revólver marca "D.", calibre x largo, número de serie xxx, secuestrado al momento de la aprehensión de los imputados, carecía de martillo percutor y tampoco contaba con cartuchos a bala dentro de su tambor, según dan cuenta los informes técnicos de (fs. ...). En ese marco, asiste razón a la defensa en que no es de aplicación al caso la figura de portación ilegal de arma de fuego, pues para su concurrencia resultaría indispensable que se hallara en condiciones de inmediato uso, lo que no se ha verificado. No obstante, se acreditó que el revólver carecía de registración tanto a nivel nacional como provincial y que poseía un pedido de secuestro vigente (cfr. fs. …). Dicha circunstancia, en el marco del recurso habilitado por la defensa, conduce a afirmar que B. A. habría al menos compartido su tenencia que, por lo expuesto, cabe reputar como ilegítima (artículos 54 y 189 bis, apartado 2°, párrafo primero, del Código Penal). En consecuencia, se RESUELVE: CONFIRMAR el auto de (fs. ...), con la aclaración de que M. E. A. B. A. habrá de responder como coautor de robo con arma de fuego cuya aptitud para el disparo no se acreditó en grado de tentativa, en concurso real con tenencia de arma de fuego sin la debida autorización legal (arts. 42, 45, 55 y 167, inciso 2, tercer párrafo, 189 bis, apartado 2°, párrafo primero, del CP y 306 del CPPN). (…)". 233

C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, González. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 66.098/16, P. A., A. y otros s/ procesamiento. Rta.: 20/02/2017 Se citó: (1) D´Alessio, Andrés José y Divito, Mauro Antonio, "Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado", Ed. La Ley, 2009, t. I, pág. 775. ROBO Agravado por el uso de armas. Procesamiento. Damnificado que al ser asaltado, persiguió a sus atacantes y reconoció a uno de ellos en la fotografía del registro de conducir que se le cayó durante la huída. Testimonio de la víctima suficiente para descartar la versión del imputado y dar por cierta su intervención en el hecho. Confirmación. Fallo: "(…) W. R. L. detalló de manera pormenorizada las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló el desapoderamiento ocurrido en su perjuicio el 26 de julio de 2016, oportunidad en la cual, tras ser asaltado dentro de su vehículo de alquiler, persiguió a sus atacantes, advirtiendo que a uno de ellos se le cayó durante la huida una licencia de conductor (obrante a fs. …) reconociéndolo por la fotografía allí inserta como uno de los autores del suceso (ver fs. …). Lo expuesto, contrariamente a lo afirmado por la defensa, resulta suficiente para tener por acreditada la intervención del encausado en el episodio y descartar su versión en torno a que el registro en cuestión lo había extraviado dos meses antes en un accidente de tránsito y que no había denunciado su pérdida por "ignorancia" (fs. ...). No debilita el cuadro de cargo, sustentado en la firme imputación de la víctima y en el hallazgo del documento referido en el trayecto de la fuga, el resultado negativo del allanamiento efectuado días más tarde en el domicilio del prevenido, máxime teniendo en cuenta que en el hecho participó otra persona aún no identificada. Reunido el cuadro de cargo que reclama el art. 306 del CPPN, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de (fs. …) en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Bloj). c. 44.330/16, BIEBEL, Cristian Emanuel S/ procesamiento. Rta.: 28/03/2017 ROBO Agravado por tratarse de vehículo dejado en la vía pública en grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que se ubicó al lado de una bicicleta para sacar de su mochila un "cortacadenas", dando aviso el damnificado al personal policial de lo que estaba sucediendo, siendo detenido luego de intentar fugarse, secuestrándosele de entre sus ropas una pinza de corte. Elementos de prueba suficientes. Comienzo de ejecución del delito: actos que resultan inmediatamente anteriores al comienzo de ejecución típica y que importan peligro para el bien jurídico. Confirmación. Fallo: "(…) Contrariamente a lo argumentado por la defensa, existen en autos Elementos suficientes para tener por acreditadas la materialidad del suceso y responsabilidad que cabe atribuirle a su asistido. En efecto, el damnificado N. O. M. fue contundente al señalar que el pasado 2 de mayo, al salir de su lugar de trabajo sito en la calle XX de esta ciudad, advirtió que al costado de la bicicleta que había dejado atada a una reja se hallaba el imputado, quien miraba para ambos lados y se lo notaba nervioso, para luego extraer de su mochila un "cortacadenas", momento en que se percató que estaba siendo observado, por lo que se dirigió hacia un tacho de basura fingiendo estar buscando algo. Ante ello, dio aviso de lo ocurrido a un agente policial que se hallaba en la zona (fs. ...). Por su parte, los efectivos Lucas Guerrico y Sandra Cantero dieron cuenta de la persecución que debieron emprender para concretar la detención del prevenido, ya que en todo momento intentó darse a la fuga. En particular, la nombrada indicó que, al verlo agachado junto a las bicicletas, se acercó a fin de identificarlo pero éste salió corriendo, siendo aprendido momentos después por su compañero Guerrico, oportunidad en que se le secuestró de entre sus ropas una pinza de corte (cfr. fs. …). En este contexto, la versión exculpatoria ensayada por el causante, alegando que nunca se acercó a las bicicletas y que la herramienta que tenía en su poder la usa solo para cortar cables y metales que pueda hallar en la calle (fs. …), se ve desvirtuada frente al tenor de las declaraciones reseñadas y por cuanto en el lugar donde extrajo la pinza no se hallaban elementos como los que aludiera, sino tan solo los rodados en cuestión. A ello que cabe agregar que la actitud elusiva adoptada frente al personal policial tampoco se condice con la ajenidad que proclama. Finalmente, cabe recordar que "el comienzo de ejecución del delito no es estrictamente el comienzo de ejecución de la acción señalada objetivamente por el verbo típico, sino que también abarca los actos que, conforme al plan del autor, son inmediatamente anteriores al comienzo de la ejecución de la acción típica e importan objetivamente un peligro para el bien jurídico protegido" (1). En ese orden, se ha dicho que para determinar el principio de ejecución deben tomarse en cuenta dos cuestiones: la puesta en peligro inmediata del bien jurídico protegido y la inmediatez temporal -cuando se efectúa un acto inmediatamente anterior a la plena realización de todos o alguno de los elementos del tipo- (2). Desde esta óptica, es posible concluir inequívocamente que el propósito de G. no era otro que apoderarse de las bicicletas, para lo cual se acercó hasta ellas y sacó del interior de su mochila un objeto apto para vencer 234

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional las cadenas que tenían colocadas como medida de seguridad, no logrando su cometido al ser descubierto por el referido M. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de (fs. ...), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González Palazzo, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 1.721/17, GLASS, Lucas Alejandro y otro s/Procesamiento. Rta.: 24/05/2017 Se citó: (1) Zaffaroni, Eugenio Raúl; Alagia, Alejandro y Slokar Alejandro, "Tratado de Derecho Penal. Parte General", Ediar, Buenos Aires, 2002, pag. 829. (2) Mir Puig, Santiago, "Derecho Penal, Parte General", Corregrafic S.L., Barcelona, 1998, pág. 339 y ss. ROBO. Procesamiento. Agravio de la defensa: hecho cometido sin violencia. Imputado que forcejeó con violencia para lograr sustraer el celular. Rechazo. Confirmación. Fallo: “(…) apelación interpuesta por la defensa de (…) contra el punto I del auto de fs. (…) que lo procesó como coautor del delito de robo simple. II.- El nombrado el (…) en la intersección de (…) y en compañía de otro sujeto aún no identificado, habría sustraído el celular a (…). El planteo defensista se centra en la insuficiencia de prueba para demostrar la autoría y cuestiona la calificación legal, pues a su criterio la figura jurídica adecuada es la de hurto simple, ya que no fue descripta con claridad suficiente la “fuerza” desplegada por (…) para lograr su impunidad. (…) Así, (…) refirió que una transeúnte le advirtió que dos sujetos (que aparentaban ser menores de edad) le habían introducido la mano en el bolsillo derecho de la campera de su novia y se fueron corriendo. Tras comprobar el faltante del celular, fue tras ellos, y sin perderlos de vista, logró dar alcance al aquí imputado, iniciándose un forcejeo hasta que arribó personal policial. (…) Tampoco lo es la circunstancia de que no se haya encontrado el aparato telefónico en su poder, ya que bien pudo habérselo llevado su consorte de causa. III.- El segundo de los agravios también será rechazado. La existencia del forcejeo no se encuentra en discusión; así lo declaró el novio de la damnificada (del que no se advierten motivos que lo lleven a expresarse con intencionalidad) y por el preventor que lo presenció. El Diccionario de la Real Academia Española define “forcejeo” como el uso de fuerza para vencer una resistencia u oponerse a ella. De tal manera, la violencia propia del delito así se verifica ya que, de momento, no sería posible sostener que el imputado no la haya ejercido. En distintos precedentes sostuvimos que “la figura de robo no distingue entre distintos grados de violencia que, de existir, en definitiva serán merituados al momento de imponer la pena” y recordamos que la doctrina ha postulado que “la violencia es el despliegue de energía física para vencer materialmente la resistencia que el sujeto pasivo o un tercero opone o puede oponer al apoderamiento (vis absoluta); no importa la intensidad de la energía ni es necesario que medie contacto físico entre el agente y la víctima (el arrebato de la cartera de un tirón constituye robo)” (1). IV.- En consecuencia, (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; Pociello Argerich (Sec.: Williams). c. 66.700/16, G., A. A. s/Procesamiento. Rta.: 20/02/2017 Se cito.: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 50538/15, “T., L. G.”, rta.: 12/11/15. ROBO. Procesamiento. Agravio: principio de insignificancia. Principio no previsto en la legislación de fondo. Bien jurídico protegido: derecho a la propiedad. Hecho que implicó despliegue de violencia física. Imposibilidad de afirmar que se trató de una acción insignificante desde la perspectiva jurídico penal. Confirmación. Fallo: "(…) Luego de celebrarse la audiencia oral prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, convoca al Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra la decisión extendida a fs. (…), punto I, en cuanto se dispuso el procesamiento de G. G. V. Al respecto, cabe destacar que el recurrente no ha controvertido la existencia del hecho ni la intervención que le cupo al imputado en aquél. De ese modo, el agravio de la asistencia técnica se ciñó a la atipicidad de la conducta por aplicación del principio de insignificancia, siempre que -a su criterio- el bien jurídico no se ha lesionado de un modo tal que requiera una reacción penal del Estado. El juez Mariano A. Scotto dijo: Al respecto he sostenido que el principio invocado por la defensa no ha sido previsto en la legislación de fondo y que, además, el bien jurídico tutelado en el caso es el derecho de 235

propiedad, entendido en el sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional. De manera que la insignificancia sólo puede incidir cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter, independientemente de su mayor o menor valor, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena. En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Adami" (Fallos: 308:1796), ha dicho que "de la manera como se encuentra legislado el hurto, cualquiera que sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte como consecuencia del apoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que la conducta quede comprendida en el referido art. 162 [del Código Penal]". A mayor abundamiento, la propia Corte Federal ha fijado la doctrina según la cual "los jueces, al tiempo de dictar sus sentencias, deben ponderar las consecuencias posibles de sus decisiones…pues atender a las consecuencias que normalmente derivan de sus fallos constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su interpretación y su congruencia con el todo del ordenamiento jurídico" (Fallos: 313:532; 315:158; 315:992 y 326:417, ente otros), criterio que en el caso cobra relevancia frente a la generalización de conductas análogas que pudiere operar en el supuesto de que prospere el reclamo defensista, en el marco de una legislación que, a la sazón, no recepta el expediente procurado (1). La situación de V., por lo demás, no puede desentenderse de lo ocurrido inmediatamente después, en orden a la actitud violenta que adoptó. En ese aspecto, W. Z. declaró que "el imputado le propinó un golpe con su mano sobre la mano derecha", lo que le ocasionó lesiones que fueron visibles al momento de la instrucción (…). A ello, se adiciona que el cabo primero R. J. R. intervino en el hecho a pedido de un transeúnte, ocasión en la que pudo observar un forcejeo que se suscitaba en el interior del local y a fin de concretar la aprehensión del imputado tuvo que utilizar la fuerza mínima e indispensable para poder reducirlo (…). Por ello, no puede prosperar la alegada atipicidad. El juez Mauro A. Divito dijo: Si bien considero que el llamado principio de insignificancia resulta aplicable en los casos en que la conducta no importa una afectación penalmente relevante respecto de algún bien jurídico, criterio que he asumido en las causas números 36.185, "Gerban, Alfredo Javier", del 31 de marzo de 2009 y 37.004, "Arana, Juan C.", del 10 de agosto de 2009, entre otras, en la presente corresponde ponderar que además de la sustracción de dos botellas de vino marca "Norton", el hecho atribuido implicó el despliegue de violencia física pues el imputado habría reaccionado contra la propietaria del local, propinándole un golpe en su mano derecha, lo que le ocasionó lesiones que fueron visibles a la instrucción (…), a lo que se añade que habría agredido y empujado al personal policial interviniente (…). Los extremos apuntados impiden afirmar que se trató de una acción insignificante desde la perspectiva jurídico penal, de modo que en definitiva, entiendo que debe convalidarse el auto puesto en crisis. En consecuencia, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. (…), punto I, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Scotto. (Sec.: Besansón). c. 74.824/16, VALDEZ, Gregorio G. s/ Procesamiento. Rta.: 17/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 2.015/12, "Ruiz, J.", rta: 26/12/2012. ROBO. Agravado en grado de tentativa. Bicicleta. Vehículo que fue dejado en la vía pública y no se encontraba bajo la esfera de custodia de su propietario. Situación en la que se verifica la indefensión que reclama la significación jurídica. Confirmación. Disidencia: Bien que no puede considerarse vehículo. No aplicación de la agravante. Robo simple. Fallo: "(…) La defensa oficial apeló el auto de procesamiento obrante a fs. (…), limitando su agravio a la calificación legal asignada al hecho atribuido. El juez Mariano A. Scotto dijo: Al respecto, de acuerdo al criterio que he sostenido en las causas números 11.076/13, "N.N, damnificado Heredia, Ignacio", del 26-6-2013 y 167/13, "Ramírez Salazar, Marisol", del 15-3-2013, entre otras, entiendo que no puede considerarse a la bicicleta como vehículo, en el sentido previsto en el artículo 163, inciso 6°, del Código Penal, por lo que, en el caso, se impone descartar la agravante escogida en la instancia anterior y calificar la conducta de E. G. como robo simple ( artículo 164 del Código Penal). Así voto. El juez Mauro A. Divito dijo: Cabe compartir los argumentos expuestos en la instancia anterior, ya que la bicicleta es un objeto cuya sustracción encuadra en el artículo 163, inciso 6°, del Código Penal, pues se trata de un velocípedo que el diccionario de la Real Academia Española define como vehículo (1). A ello se adiciona que en el caso se verifica la indefensión que reclama la significación jurídica en cuestión, puesto que el vehículo fue dejado en la vía pública mientras T. L. llevaba su teléfono celular a un service oficial de "Samsung" para reparar, lo que conduce a sostener que el bien no se hallaba dentro del ámbito de custodia de su usuario. Así voto. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Tras haber oído la grabación de la audiencia celebrada, sin preguntas que formular a la defensa y luego de haber deliberado, adhiero a la solución propuesta por el colega Mauro A. Divito. En mérito al acuerdo que antecede, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso".

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto (en disidencia), Divito, Rimondi. (Sec.: Franco). c. 6.939/17, GODOY, Elías s/ Procesamiento. Rta.: 22/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.352, "N.N. denunc: Noya, Norma Beatriz", rta.: 15/03/2010. ROBO. En poblado y en banda. Procesamiento. Mayor poder vulnerante que implica el actuar en conjunto. Agravante que se configura con la concurrencia de al menos tres personas de manera conjunta y dirigida a la comisión del hecho. Confirmación. Disidencia parcial: no concurrencia de la agravante "en banda" porque no se desmotró que sus participantes integren una asociación ilícita. Robo simple. Fallo: "(…) La defensa de S. D. A. apeló el procesamiento dictado (…). El juez Mariano A. Scotto dijo: La crítica expuesta sobre el plexo probatorio debe desestimarse, pues la detención del causante a metros del inmueble sito en P. X, de esta ciudad, donde ocurrió el hecho que damnificó a M. G. y G. N., quien -además- lo reconoció como uno de los individuos que ingresara a la vivienda (...), conforma un cuadro cargoso suficiente para tener por desvirtuado el descargo del indagado (…). Tampoco puede prosperar el cuestionamiento sobre la calificación legal adoptada, ya que por las características del lugar -una pensión- el hecho de que G. y N. residan en habitaciones diferentes no conduce en el caso- a sostener que se tratara de dos hechos independientes (…), en tanto A. y sus consortes accedieron juntamente a la propiedad y se distribuyeron en los dos cuartos. Por lo demás, la razón de la calificante del robo la constituye el mayor poder vulnerante que implica actuar en conjunto, por lo que la concurrencia de, al menos, tres personas basta para dicha configuración cuando su actuación sea conjunta y dirigida a la comisión del hecho (1). Finalmente, coincido con el juez de grado, en tanto el robo atribuido debe reputarse consumado, al no haberse secuestrado el teléfono celular del que fue desapoderada G. Así voto. El juez Mauro A. Divito dijo: Comparto las consideraciones formuladas por el juez Scotto acerca de que las pruebas reunidas autorizan a pronunciarse en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal. Mas, disiento en torno de la calificación legal adoptada, pues a los fines de tener por configurado el requisito de que un hecho sea cometido "en banda" (previsto en los arts. 166, inc. 2°, 167, inc. 2° y 184, inc. 4°, del Código Penal) no basta con comprobar que tres o más personas tomaron parte en su ejecución, sino que además- ha de verificarse que ellas integran una asociación en los términos del art. 210 del mismo ordenamiento legal (2). Al no haberse establecido esa circunstancia, entiendo que el hecho constituye el delito de robo simple (artículo 164 del código sustantivo), ya que también coincido en que debe reputarse consumado. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Habiendo escuchado la grabación de la audiencia celebrada, sin preguntas que formular al defensor recurrente y tras la deliberación mantenida, sobre la disidencia que mantienen los jueces preopinantes, adhiero al voto del doctor Scotto, en tanto entiendo que, en el supuesto de violencia física, "la concurrencia de tres o más personas en la etapa ejecutiva del delito satisface el elemento banda del tipo de mención" (3). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución dictada a fs. (…), en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito (en disidencia parcial), Rimomdi. (Prosec. Cám.: Decarli). c. 11.114/17, ARANDA, Sergio s/ Procesamiento. Rta.: 20/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 29.626/14, "Soria, Stella Maris", rta.: 28/08/2015 y c. 13.795/13, "Ruiz Ledesma, B.", rta.: 07/06/2013. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.702, "Atencio, Facundo", rta.: 19/05/2009 y c. 2089/12, "Bravo, Damián", rta.: 26/12/2012. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala I, c. 28.854, "Romero, J.", rta.: 18/05/2006. ROBO. En grado de tentativa. Procesamiento. Intento de apoderamiento de un volante de un vehículo dejado en la calle en evidente estado de abandono. Autoridades de la Ciudad que habían anunciado la remoción del vehículo. Objeto abandonado y desprovisto de valor. Revocatoria. Sobreseimiento. Fallo: "(…) I. La defensa oficial recurrió en apelación el auto extendido a fs. (…), en cuanto se dispusieron los procesamientos de P. L. L. T. y A. D.; y la decisión documentada a fs. (…), mediante la que se rechazó el planteo de nulidad introducido. II. Los procesamientos La parte recurrente sostuvo que en el legajo no se han reunido suficientes elementos de convicción que sustenten los procesamientos decretados. Al respecto, no se advierten circunstancias que conduzcan a poner en duda los dichos de los preventores G. E. P. y M. M. (artículo 241 del Código Procesal Penal), quienes manifestaron haber observado a dos sujetos dentro de un automóvil en estado de abandono y con varias herramientas y un volante en el suelo (…). 237

Tales declaraciones se corroboran con el secuestro del volante perteneciente al automóvil y elementos tales como destornilladores, llaves, tubos, arandelas y tornillos, que se hallaban cerca del rodado (…). Sentado ello, en el caso se verifican ciertas circunstancias que, con independencia de cuanto en ocasiones anteriores hemos sostenido acerca de la aplicación, o no, del principio de insignificancia que invoca la defensa (1), nos llevan a considerar que no debe asignarse relevancia penal a la conducta atribuida. En efecto, tal como se extrae del auto recurrido, el hecho se reduce al intento de apoderamiento del volante correspondiente al vehículo marca "Fiat", modelo 128, dominio X, que se hallaba dejado en la calle en evidente estado de abandono, tal como lo expuso el preventor (…) y se aprecia claramente en la vista fotográfica superior de fs. (…). Adviértase al respecto que, incluso, en el inventario que se labrara se consignó que el rodado estaba "totalmente desmantelado" (…), mientras que el informe técnico realizado corroboró su mal estado general, que presentaba daños en las tres cerraduras y que carecía de batería, distribuidor, carburador con filtro de aire, calefacción, parlantes de puertas, consola y stereo, llaves de luces del tablero y brazo limpiaparabrisas con escobillas (…). Por otra parte, M. P. C., titular registral del automóvil, dijo que se lo había vendido hacía tres años a un amigo, quien no lo terminó de pagar y se mudó, dejándolo allí estacionado (…). Finalmente, cabe destacar que el parabrisas del vehículo tenía fijada una calcomanía mediante la que se anunciaba que sería removido de la vía pública (…). Sobre la base de tales elementos puede decirse, entonces, que el volante en cuestión se encontraba colocado en un viejo rodado, que fue dejado en la calle hace años, sin que su titular registral ni otra persona se hubieran ocupado -en modo algunode su mantenimiento o cuidado, de modo que, en definitiva, el automóvil permaneció en situación de abandono por un prolongado lapso, hasta que se produjo el hecho que aquí se investiga. En ese contexto, las deficientes condiciones en que se hallaba el automotor y, principalmente, la circunstancia de que las autoridades de la ciudad ya habían anunciado su remoción de la vía pública permiten, a criterio del tribunal, sostener que la pieza (volante) cuya sustracción habrían intentado los imputados no era, a esas alturas, más que un objeto abandonado y desprovisto de todo valor. Cabe entonces recordar que si bien "el valor patrimonial de la cosa no coincide estrictamente con su valor económico, si éste se entiende como valor de uso o cambio … la cosa debe representar algún interés, sea económico, científico, moral o de afección" (2). En sentido similar, se ha entendido que "cuando sus características autoricen a considerar a la cosa como res nullius, aun hallándose bajo la esfera de custodia de alguien, deberá decirse que no hay hurto" (3), criterio éste que en el presente caso ha de ser complementado con el dato adicional de que, según se ha visto, nadie tenía bajo su amparo el desmantelado automóvil. Ello evidencia que no sólo la conducta atribuida importó un intento de apropiarse -sin éxito- de un elemento carente del valor que, mínimamente, ha de tener un objeto para ser considerado susceptible de ser hurtado o robado, sino que -al momento del hecho- aquél siquiera se encontraba bajo la esfera de custodia del propietario registral del automotor, quien -como quedó dicho- se había desentendido de éste. Desde esa perspectiva, más allá de que el hecho no ha afectado la relación de disponibilidad entre el titular del bien jurídico y la pieza del automóvil que se pretendió tomar, puede sostenerse que ésta no revestía el carácter que es dable requerir en el objeto material de los delitos previstos en los arts. 162 y ss. del Código Penal. Por ello, habrá de revocarse la resolución apelada y disponerse el sobreseimiento de ambos imputados, de conformidad con lo previsto por el artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal. (…) En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR, en cuanto fue materia de recurso, la resolución documentada a fs. (…) y SOBRESEER a P. L. L. T. y A. D. en orden al hecho por el que fueron indagados, con la aclaración de que la formación del proceso no afecta el buen nombre y honor del que gozaren (art. 336, inc. 3°, del CPPN). II. DECLARAR abstracto el tratamiento del recurso de apelación interpuesto contra el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Besansón). c. 72.298/16, TORRES, Patricio Leandro y otro s/ Nulidad y Procesamientos. Rta.: 28/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VII, c. 36.185, "Gerban, Alfredo Javier", rta: 31/03/2009 y c. 2.015/12, "Ruiz, J.", rta: 26/12/2012. (2) Edgardo A. Donna, Derecho Penal, parte especial, RubinzalCulzoni, Bs. As., t. II-B, 2001, p. 38. (3) Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, t. IV, Tea, Bs. As., 1992, p. 215. ROBO. Procesamiento. Agravio: Defensa que alega que su defendido no actuó de campana y no tenía conocimiento de que su compañero iba a sustraer algo del baño. Sustracción de una tapa de inodoro con sus respectivos tornillos del sanitario de discapacitados de un comercio. Persona en situación de calle que alega que acompaño al baño al coimputado como habitualmente lo hacía. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…) contra el punto I del auto de fs. (…) que la procesó en orden al delito de robo. II.- (…) el 7 de junio de 2015 a las 13:00 estaba pidiendo monedas en la puerta del local de comidas rápidas (…) de la avenida (…) de esta ciudad, cuando observó ingresar a un sujeto con una bolsa de consorcio de color negra vacía en sus manos que subió al baño del primer piso, mientras la imputada lo esperaba en la 238

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional vereda. Minutos después bajó las escaleras, se dirigió al sanitario de discapacitados de la planta baja y se retiró del lugar. Al notar una actitud sospechosa, revisó el baño y advirtió que faltaba la tapa de un inodoro con sus respectivos tornillos. Avisó al gerente del local, (…) y al personal policial (…). El ayudante (…) interceptó a las dos personas y secuestró la bolsa con aquel objeto en su interior (…). Disentimos con el criterio adoptado en la instancia anterior ya que no hay elementos de prueba que permitan vincular el hecho con (…). Del relato de (…) y del supervisor del local (…) se desprende que permaneció en la puerta del restaurante hasta que su compañero egresó, circunstancia que no es suficiente para atribuirle responsabilidad en el suceso, toda vez que en su descargo negó su comisión y mencionó que solo acompañó a su amigo que necesitaba utilizar las instalaciones sanitarias, como lo hacía frecuentemente y aguardó fuera del comercio. Con lo cual no se puede afirmar que conocía cuál era la intención, ni que actuara de "campana" ya que de haber sido así hubiere permanecido en la puerta del baño vigilando la entrada hasta que aquél lograra su cometido. Nada de ello se encuentra acreditado. Por otra parte, que aquél tuviera en su poder una bolsa no necesariamente tendría que haber llamado la atención, pues ambos están en situación de calle y es habitual que en ellas lleven sus pertenencias, más aún si tenemos en cuenta que ingresó, entre otras cosas, para cambiarse la vestimenta por lo que bien pudo pensar que allí tenía ropa (…). Nada dirime que lo viera portar ese elemento. Así, no advirtiéndose medidas útiles y conducentes, la investigación se encuentra agotada y corresponde adoptar un temperamento desvinculante. En ese sentido, se sostuvo que "...al no haberse incorporado al sumario elementos que permitan quebrantar el estado de inocencia del que goza todo imputado y que se encuentra reconocido a lo largo de todo el ordenamiento (arts. 18, 33, 75 inc. 22 C.N. art. 26 Declaración Americana de los Derechos del Hombre. Art. 14 inc. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. 8 inc. 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 1 C.P.P.N.), resulta correcto adoptar un temperamento desincriminante respecto de [los aquí imputados] que ponga fin a su incertidumbre procesal, ya que el derecho a obtener una decisión judicial en un plazo razonable integra la garantía de defensa en juicio" (1). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…), DISPONER EL SOBRESEIMIENTO de (…) por el hecho por el que fuera indagada, dejando expresa mención que la formación de la presente en nada afecta el buen nombre y honor del que gozare con anterioridad (art. 336 inc. 4 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Williams). c. 34.439/15, GUTIERREZ, Rocío Cecilia s/procesamiento. Rta.: 08/03/2017 ROBO. En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que ocultó mercadería entre sus ropas con la finalidad de no abonarlas. Propósito que se vio frustrado por circunstancias ajenas a su voluntad. Alegado principio de insignificancia que no se encuentra previsto en la legislación de fondo. Imputado que entabló forcejeo con los encargados del comercio. Acción que no puede considerarse insignificante desde la perspectiva jurídico penal. Confirmación. Fallo: "(…) Convoca al Tribunal el recurso de apelación interpuesto por la defensa de M. E. F. contra el auto documentado a fs. (…), en cuanto se dispuso su procesamiento. El juez Mariano A. Scotto dijo: Por un lado, y contrariamente a lo expuesto por la asistencia técnica, lo observado en la filmación que fuera elevada al Tribunal permite afirmar que F. había comenzado a ejecutar el apoderamiento que se le atribuye, pues el ocultamiento de la mercancía entre sus ropas importa una conducta ilegítima que, en el caso, habría tenido por fin no abonarla, propósito que se vio frustrado por circunstancias ajenas a su voluntad. De otra parte, en cuanto al argumento que se vincula con la insignificancia de la conducta atribuida al causante, cabe destacar que en oportunidades anteriores se ha sostenido que el principio invocado no ha sido previsto en la legislación de fondo -puede verse al respecto el art. 19, inciso 1º, del Anteproyecto de Código Penal de 2013 y aun así dable es verificar en el caso si el daño o peligro para el bien jurídico ha sido insignificante-, y que, además, el bien jurídico tutelado en el caso es el derecho de propiedad, entendido en el sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional. De manera que la insignificancia sólo puede incidir cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter, independientemente de su mayor o menor valor, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena (1). En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Adami" (Fallos: 308:1796), ha dicho que "de la manera como se encuentra legislado el hurto, cualquiera que sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte como consecuencia del apoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que la conducta quede comprendida en el referido art. 162 [del Código Penal]". A mayor abundamiento, la propia Corte Federal ha fijado la doctrina según la cual "los jueces, al tiempo de dictar sus sentencias, deben ponderar las consecuencias posibles de sus decisiones…pues atender a las consecuencias que normalmente derivan de sus fallos constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su interpretación y su congruencia con el todo del ordenamiento jurídico" (Fallos: 313:532; 315:158; 315:992 y 326:417, ente otros), criterio que en el caso cobra relevancia frente a la generalización de conductas análogas que pudiere operar en el supuesto de que prospere el reclamo defensista, en el marco de una legislación que, a la sazón, no recepta el expediente procurado (2). 239

Por lo demás, en el caso, debe destacarse el disvalor de acción que importó el episodio, pues el imputado entabló un forcejeo con los encargados del comercio (…), circunstancia que revela la violencia en las personas a que alude el artículo 164 del Código Penal, extremo que escapa al planteo introducido por la defensa. El juez Mauro A. Divito dijo: Comparto la argumentación expuesta en el voto precedente en torno al fondo del asunto y entiendo que la conducta atribuida a Maximiliano Emanuel Fernández exhibe particularidades que impiden la aplicación del denominado principio de insignificancia, cuya procedencia he sostenido en distintas ocasiones (3), pues el hecho habría implicado el despliegue de violencia sobre los encargados C. G. F. F. (…) y N. M. M. (…), quienes declararon que el imputado les propinó "golpes de puño, patadas", extremo que impide, entonces, afirmar que se trató de una acción insignificante desde la perspectiva jurídico penal. Por ello, extiendo este voto en orden a que se homologue el procesamiento dictado. En consecuencia, esta Sala RESUELVE: CONFIRMAR el auto extendido a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Franco). c. 40.023/16, FERNANDEZ, Maximiliano Emanuel s/ Procesamiento. Rta.: 11/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 51254/14, "Delano, Luciano", rta: 10 de agosto de 2015, 43.545/15, "Rombula, Octavio Martín", rta: 12/02/2016. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 2.015/12, "Ruiz, J.", rta.: 26/12/2012. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.185, "Gerban, Alfredo Javier", rta.: 31/03/2009. ROBO. En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que habría arrebatado una mochila con pertenencias que tenía la damnificada en su poder. Reproche basado principalmente en los dichos de la victima en el que no se advierte que hubiera actuado con ánimo de perjudicar al imputado, a quien no conocía e identificó como quien momentos antes sería el autor del siniestro. Confirmación. Disidencia: falta de elementos objetivos que permitan acreditar la materialidad del hecho y la intervención del imputado en él. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(...), por la defensa de J. G. B. (fs. ...), contra el auto de (fs. ...), mediante el que se resolvió decretar el procesamiento de su asistido por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo simple en grado de tentativa (art. 42, y 164 del CP y art. 306 del CPPN). (...). Conforme surge del acta de la declaración indagatoria obrante a (fs. ...) se le atribuye a J. G. B. "el haber intentado sustraer una mochila marca 47 street, de cuerina y de color negra, que tenía en su interior elementos personales, siendo propiedad de A. A. A., quien el día 9 de abril de 2017, aproximadamente a las 19: 30 horas, en momentos en que se encontraba en el interior del predio de Ciudad Universitaria, de forma imprevista se le acercó el indagado (quien la estaba siguiendo, y vestía bermuda de jeans, remera de River, una gorra de color negra, siendo de contextura delgada, de 1, 60 de estatura, con tatuajes en las piernas); y le arrebató la mochila que llevaba colgada en sus hombros, para luego el imputado darse a la fuga hacia avenida C.. Instantes después, un ocasional masculino (quien sería chofer de colectivo) le entregó a la damnificada su mochila junto con sus pertenencias, circunstancia en la que al observar a personal policial de la Comisaría 51ª, le dio aviso de lo ocurrido. Al mismo tiempo, el oficial mayor Cabrera de la Seccional 53ª. de la PFA, quien se hallaba en las inmediaciones del lugar, realizando control policial, observó al imputado que estaba corriendo, por lo que al detener su marcha y tener el indagado una postura de nerviosismo, se procedió a identificarlo, tratándose de J. N. M. A. B., momento en el que se presentó la damnificada quien lo reconoció como al autor de la sustracción de su mochila; procediéndose de este modo a la detención del nombrado." El juez Luis María Bunge Campos dijo: Luego del análisis del asunto, considero que los cuestionamientos desarrollados por el defensor en la audiencia, confrontados con las actas escritas que tengo a la vista, resultan atendibles, por lo que el auto puesto en crisis deberá ser revocado. Ello, toda vez que la imputación que se erige contra J. G. B. solo encuentra respaldo en la versión de cargo expuesta por la damnificada A. Á. A. (fs. ...). Así, no contamos con la declaración de ningún otro testigo, toda vez que el personal preventor tomó intervención una vez acontecido el hecho, y el suceso no fue registrado por cámaras de seguridad a fin que pudiera arrojar luz sobre lo ocurrido. Por su parte, al momento de realizar su primer acto de defensa, el imputado negó el reproche que pesa sobre él (cfr. fs. ...), explicó que el día del hecho estaba en las inmediaciones del estadio de futbol del Club Atlético River Plate junto con otras personas, también vestidos con ropas referentes al club de futbol, y que fue detenido por equivocación, negando haber sustraído a la denunciante bien de ningún tipo. Cabe destacar que al momento de detención, al imputado no se le sustrajo ningún elemento de interés en la causa, toda vez que la mochila en cuestión ya le había sido restituida a la victima por parte de una persona, quien sería colectivero, el cual no ha sido identificado en autos. Así, no se presenta otro elemento objetivo que permita acreditar la materialidad del hecho y la intervención del imputado en él, pues de las constancias del legajo no se desprenden elementos de convicción que avalen la continuación del proceso, ni se advierten medidas pendientes de producción que pudieran aclarar la situación analizada. Por ello, continuar con el proceso a fin de arribar a la etapa de juicio constituiría un desgaste jurisdiccional innecesario y estéril por el pronóstico de negativa certeza (in re: causa n° 22.041, "González", del 5/2/04). De este modo, no alcanzándose el estado de probabilidad positiva respecto a la ocurrencia del suceso disvalioso y la intervención que en él le cupo al indagado, considero corresponde disponer su sobreseimiento (art. 336, inc. 3° del CPPN).Así voto. 240

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Disiento con lo expuesto por mi colega preopinante en el voto que antecede. En efecto, comparto los argumentos esbozados por el magistrado de grado en la resolución recurrida, y entiendo que obran en autos elementos probatorios suficientes que permiten mantener a J. G. B. sometido al proceso. En el caso, si bien la imputación se basa principalmente en los dichos de A. Á. A. (cfr.fs. ...) no se advierte que hubiera actuado con ánimo de perjudicar los intereses del imputado, a quien no conocía e identificó sin hesitación alguna como quien momentos antes le habría sustraído sus pertenencias. Conforme lo expuesto, y como ya he sostenido en diversos precedentes (in re: Causa n° 244-10 "Cabral", del 18/03/10), considero que la firme imputación de la damnificada, quien ha reconocido a B. en el lugar del hecho breves minutos después, sumado a los dichos del personal de seguridad que interviniera en su detención, resulta suficiente para sospechar que B. participó de la comisión del ilícito. Tal es mi voto. El juez Juan E. Cicciaro dijo: Intervengo en la presente en función de la disidencia suscitada entre los integrantes de la Sala I, conforme lo regulado en el art. 36 inciso b) del R.J.C.C.- Tras escuchar el audio, habiendo deliberado con mis colegas y sin tener preguntas que formular, comparto los argumentos expuestos por el juez Julio Marcelo Lucini, a cuyo voto adhiero.- Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR punto I del auto a (fs. ...) que resolvió decretar el procesamiento de J. G. B. por considerarlo autor penalmente responsable del delito de robo simple en grado de tentativa (art. 42, y 164 del CP y art. 306 del CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos (disidencia), Lucini, Cicciaro. (Sec.: Peluffo). c. 21553/17, BARRIOS, Gabriel Jonathan s/ procesamiento. Rta.: 15/05/2017 ROBO. Con arma. Procesamiento. Utilización de un caño de color negro, doblado en un extremo y con un encendedor sujeto con cinta aisladora. Objeto que igualmente se subsume en las hipótesis que agravan la conducta en los términos del artículo 166 inciso 2° del Código Penal porque su utilización privó a la víctima o al menos disminuyó - su posibilidad efectiva de resistencia. Confirmación. Fallo: "(…) recurso interpuesto por la defensa de (…), contra el punto II del auto de fs. (…) que lo procesó como autor del delito de robo cometido con un arma (arts. 45 y 166 inciso 2°, primer párrafo del Código Penal). II.- El (…) conducía el taxi (…) propiedad de (…) por la avenida (…), cuando ascendió una mujer que requirió que se dirija hacia (…) para buscar a su marido. Al llegar se ubicó en el asiento del acompañante, detrás se sentó el imputado y le aportaron una dirección donde debían recoger a otros familiares. En el trayecto (…) lo sujetó del cuello y de forma intimidante le refirió: "Estás puesto", mientras apoyó un objeto en su cintura que, a simple vista parecía un arma de fuego. Por temor descendió y el indagado lo desapoderó de un reloj, dos cadenas y una pulsera dorada y se dieron a la fuga en el automóvil conducido por la mujer. En su interior había dos teléfonos celulares y documentación del damnificado y sus hijos que no fueron hallados cuando fue abandonado (…). El agente (…) fue alertado de una pareja en un vehiculo de alquiler que había sido sustraído. Al verlo escaparon y tras una breve persecución detuvo al indagado al que nunca perdió de vista. El automóvil estaba con las llaves colocadas y en su interior secuestró un caño de color negro, doblado en un extremo y con un encendedor sujeto con cinta aisladora (…). La defensa destaca que en la rueda de reconocimiento de fs. (…), (…) señaló a otro hombre como el autor del hecho, circunstancia con la que pretende robustecer la ajenidad que su asistido ya alegó en su descargo de fs. (…). Sin desconocer el resultado de esa medida, lo cierto es que (…) ubicó a (…) en la escena cuando a fs. (…) aseguró que escuchó a un hombre decir: "bajate chorro" y observó a una pareja descender del taxi en el que circulaban y correr por la calle (…) y que un policía los perseguía. Aclaró que sólo aquél fue aprehendido. Los elementos de juicio reseñados son suficientes en esta instancia para sustentar el temperamento incriminante adoptado, sin perjuicio de una discusión más profunda en una eventual etapa de debate, bajo los principios de inmediación y contradicción que la caracterizan. El planteo de la recurrente sobre la calificación asignada no tendrá acogida favorable ya que si bien el objeto metálico incautado no es de las denominadas armas "propias" porque no fue creado para atacar o defenderse o en este caso particular efectuar disparos, igualmente se subsume en las hipótesis que agravan la conducta en los términos del artículo 166 inciso 2° del Código Penal. Lo relevante será el destino o función que se le otorga en el caso concreto, antes que su naturaleza intrínseca y ello nos lleva a apartarnos parcialmente del criterio seguido en la anterior instancia. Es que en el caso particular, sin perjuicio que del peritaje de fs. (…) se desprende que se trataba de un caño de aproximadamente 20cm., doblado en forma de "L" y envuelto con una cinta adhesiva que sujetaba partes de un encendedor (…), lo cierto es que el damnificado a simple vista creyó que el objeto que se colocó en su cintura para lograr la entrega de sus pertenencias era un arma de fuego (…). No cabe duda entonces de que se trata de un medio más peligroso de ejercer violencia sobre las personas que justifica la agravante, ya que su utilización fue para la ejecución del desapoderamiento y privó a la víctima - o al menos disminuyó de su posibilidad efectiva de resistir.

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De este modo, sus características externas - metal esmaltado y forma de pistola - y el modo y las circunstancias en que fue empleado, bastan para dar por satisfechos los extremos que exige el tercer párrafo de la norma en cuestión, en el que el fundamento de la agravante radica exclusivamente en la capacidad de intimidación del elemento. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto II del auto de fs. (…), modificando la calificación legal asignada por la de robo agravado por el uso de un arma de utilería (art. 166, inciso 2° in fine del Código Penal). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Sec.: Bobes). c. 2.918/17, GOMEZ, Pedro Roberto s/Procesamiento. Rta.: 05/05/2017 ROBO. Agravado por su comisión con armas, en grado de tentativa, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y amenazas coactivas. Procesamiento. Agravio del fiscal: Aplicación del agravante del art. 41 quater e imposición de la prisión preventiva. Procedencia. Agravante que se aplica con la sólo intervención en el hecho de un menor sin necesidad de acreditar especiales intenciones de los "mayores". Confirmación modificando la calificación legal por robo agravado por su comisión con armas, en grado de tentativa, agravado por la intervención de menores de 18 años de edad, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y amenazas coactivas. Decretar la prisión preventiva. Disidencia: No aplicación de la agravante debido a que no se advierte que el mayor haya querido descargar en el menor su responsabilidad. Caso en el que no debe imponerse la prisión preventiva. Confirmación. Fallo: "(…) III. Resuelta la cuestión vinculada a la intervención del fiscal auxiliar, especto al fondo del asunto, El juez Ricardo Matías Pinto dijo: Tal como lo heostenido en múltiples ocasiones, el artículo 41 quater "no especifica que debe comprarse un deslinde de responsabilidad hacia el menor para su procedencia, sino que basta con su intervención (…) la agravante de mención se aplica a las personas de 18 años o más que cometan un ilícito con la intervención de otra que no haya cumplido esa edad al momento del hecho, sin que sea necesario, a tal fin, acreditar especiales intenciones de los actores "mayores", sobre los cuales el texto legal ninguna referencia formula" (1). Por otro lado, a partir de las constancias del legajo es dable sostener presuntivamente el conocimiento de la minoridad de sus consortes de causa por parte de D., aspecto que requiere el tipo penal (ver voto de los Ministros Lorenzetti, Maqueda y Zaffaroni, en la causa n° 125 XLVI "N., M. s/ causa n° 12.183", del 24 de septiembre de 2013). En tales condiciones, voto por modificar la subsunción legal de los hechos que el magistrado atribuyó al encausado D., incluyéndose en su caso la agravante prevista en el artículo 41 quater del Código Penal. En consideración a la pena prevista para los ilícitos correspondiente a los delitos asignados al nombrado -robo agravado por su comisión con armas, en grado de tentativa, agravado por la intervención de menores de 18 años de edad, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y amenazas coactivas- su situación no encuadra en las hipótesis del artículo 316, aplicable por remisión del 317, inciso 1°, del CPPN, por cuanto el máximo de la composición respectiva supera los ocho años y el mínimo no permite que, en caso de ser condenado, la pena impuesta pueda ser dejada en suspenso (artículo 26, a contrario sensu, del CPPN). Por tanto, voto por revocar lo resuelto y por decretar la prisión preventiva del nombrado (artículo 312, inciso 1°, del CPPN. Así también, de acuerdo con la previsión del inciso 2° de esa norma, por cuanto el pronóstico de pena efectiva, la gravedad del hecho protagonizado -conforme la descripción realizada en el auto de mérito- y la amenaza específica que dirigió a una de las víctimas, a quien dijo conocer, resultan indicadores objetivos de la presencia en el caso de los peligros procesales de fuga y de entorpecimiento de la investigación que justifican disponer que el encausado transite el proceso en detención, sin perjuicio de de los estándares favorables derivados de su correcta identificación y de la constatación de su domicilio (Sala V, causa nro. 20586/2017, "C. B., L. B.", entre otras). Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Tal como lo he dicho en múltiples ocasiones, la finalidad del legislador al introducir la agravante prevista en el art. 41 quater del Código Penal no fue la circunstancia objetiva de la intervención de un menor en un hecho grupal, sino que ésta se dirija a descargar la responsabilidad en aquél, situación que en cada caso deberá ser de concreta acreditación respecto del tipo subjetivo, por tratarse de un especial elemento subjetivo distinto del dolo (2). En este contexto, cabe señalar que de las constancias probatorias incorporadas al legajo no surge que sea de aplicación en este caso, toda vez que, más allá de la presencia de dos menores en el suceso investigado, no existe elemento alguno que permita sostener que D. hubiera pretendido descargar su responsabilidad en aquéllos. En razón de ello, voto por mantener la subsunción legal que el magistrado asignó a los hechos atribuidos al nombrado en el auto documentado a fs. 154/162.A su vez en consideración a que conforme a la composición respectiva (artículo 55 del Código Penal), de condenárselo en estas actuaciones, la pena podrá eventualmente ser dejada en suspenso (artículo 26 del CP), voto por mantener la decisión que no le impuso la prisión preventiva (artículo 312, inciso 1°, del CPPN). No ingreso a la consideración del inciso 2° de la norma de referencia por cuanto este imputado se encuentra actualmente en libertad, situación que, a mi criterio, conduce a una evaluación distinta de la que haría si la cuestión viniera a mi conocimiento estando el mismo en detención. Así voto. 242

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional No habiéndose llegado a un acuerdo, se da intervención al juez Mariano Scotto, quien dijo: He escuchado la audiencia y he deliberado con mis colegas, por tanto, me encuentro en condiciones de emitir mi opinión. En ese sentido, coincido con las conclusiones y argumentos de sustento expuestos por el juez Pinto, y, por tanto, voto en el mismo sentido. Por ello, el tribunal RESUELVE: I. MODIFICAR el punto I del auto de fs. (…)y asignar responsabilidad a L. J. D. como coautor del delito de robo agravado por su comisión con armas, en grado de tentativa, agravado por la intervención de menores de 18 años de edad, en concurso real con tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil y amenazas coactivas, este último como autor. II. DECRETAR LA PRISIÓN PREVENTIVA de L. J. D., la que deberá hacer efectiva el juez de la instancia de origen". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: Herrera). c. 21.253/17, D., L. J. s/ Imposición de prisión preventiva. Rta.: 16/05/2017 ROBO. Calificado por haberse ocasionado lesiones graves. Procesamiento. Agravio de la defensa: hecho que debe ser calificado como robo en lugar poblado y en banda en grado de tentativa sin que ese suceso abarque las lesiones padecidas las que deben ser catalogadas de imprudentes y concursar idealmente con la sustracción. Colisión de vehículos producida en circunstancias en que los imputados conducían en contra mano escapando de la policía. Imputados que no llegaron a consumar el apoderamiento de los bienes sustraídos. Modificación del encuadre legal. Confirmación parcial. Robo calificado por haberse provocado lesiones graves, en grado de tentativa. Disidencia parcial: Verificación de las lesiones que traen como consecuencia que el robo se tenga por consumado, independientemente de que los autores no hayan logrado apoderarse de los bienes. Confirmación. Fallo: "(…) Las defensas de R. B. A., C. N. F., H. E. M. y O. J. Ch. P. recurrieron en apelación el auto extendido a fs. (…), en cuanto se dictaron sus procesamientos en orden al delito de robo calificado por haberse ocasionado lesiones graves. El juez Mariano A. Scotto dijo: Surge del análisis de los recursos interpuestos a fs. (…) y (…) que las asistencias técnicas se limitaron a criticar la significación jurídica asignada al accionar de los causantes. A diferencia de la adoptada por el señor juez de la instancia anterior (artículo 166, inciso 1º, del Código Penal), las defensas sostienen que en todo caso corresponde subsumir el hecho en la figura de robo en lugar poblado y en banda en grado de tentativa respecto al episodio sufrido por D. E. B., sin que ese suceso abarque las lesiones padecidas por G. A. D. L. las que, mas allá de su gravedad (art. 90 del Código Penal), deben ser catalogadas de imprudentes y concursar idealmente con la sustracción. En primer lugar, cabe señalar que, sin perjuicio de la significación jurídica asignada por la fiscalía al tiempo de analizar las excarcelaciones de los encausados -en tanto habría calificado el hecho como tentativa de robo en poblado y en banda (… )-, dicha selección resultaba provisoria, pero al tiempo de resolver las situaciones procesales de los imputados se mutó a la que se cuestiona, circunstancia que el Ministerio Público Fiscal consintió, al no haber apelado el procesamiento. Liminarmente, para un correcto análisis del encuadre jurídico de los hechos, corresponde hacer alusión al desarrollo de los eventos que se investigan en autos. En esa senda, se extrae de los dichos del personal policial interviniente que dos de los imputados -Ch. P y B. A.-, tras sustraer los ocho cascos de motociclista que se hallaban en el interior del comercio denominado "DBM Motos", ubicado en la Avenida R. x de este medio, abordaron un vehículo marca "Fiat", modelo "Stylo", dominio x, que era conducido por M. y al que también subió la encausada Fernández, quien actuaba de "campana". Dicha circunstancia, que fuera observada por los preventores y motivó una persecución de varias cuadras durante la que no los perdieron de vista-, culminó cuando el automóvil en que se trasportaban los imputados impactó con un vehículo marca "Renault", modelo "Sandero", dominio x, en la calle J. M. -por la que circulaban en contramano- en su intersección con la avenida A., de esta ciudad, y en virtud de la colisión, resultó herida G. A. D. L., quien viajaba como acompañante. Finalmente, se logró detener a los imputados y se secuestraron los elementos sustraídos en el local mencionado. Ahora bien, el cuestionamiento de las defensas en derredor de la calificación legal del suceso, ya que sostienen que los encausados sólo deben responder por el delito de robo en lugar poblado y en banda en grado de tentativa, en concurso ideal con lesiones culposas graves (art. 94 del Código Penal) no puede ser atendido. Ello, por cuanto la remisión del artículo 166, inciso 1° del código sustantivo al tipo básico del robo (artículo 164 del Código Penal), conduce a sostener que normativamente abarca también los supuestos en los que la violencia se encamina a procurar la impunidad, independientemente de quien resulte ser la víctima (1). Así, puesto que se acreditó que el rodado en el que se desplazaban los imputados, más allá de cuál de ellos lo conducía, embistió a G. A. D. L. mientras era perseguido un móvil policial luego de la sustracción, se advierte una conexión entre el robo y las lesiones, que conduce a rechazar el planteo sobre la calificación legal.

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Por otro lado, ante lo expuesto por la asistencia técnica de B. A. (…), en cuanto a que las lesiones descriptas fueron producto de un accionar imprudente, considero que la norma en cuestión abarca tanto las dolosas como culposas (2). Igualmente, y a todo evento, de las circunstancias del caso se desprende que los imputados, al circular a alta velocidad en contra mano mientras eran perseguidos por personal policial, se representaron y conformaron con la posibilidad de la ocurrencia del choque que produjo las lesiones graves, por lo que actuaron al menos con dolo eventual. Respecto al grado de consumación, en tanto se verificó la existencia de la lesión sufrida por G. A. D. L., el robo ha quedado consumado, independientemente de que los autores no hayan logrado apoderarse de los bienes pues "Como las violencias ejercidas para facilitar el robo ya agravan el delito, la calificante no exige la consumación del apoderamiento y, por ende…el robo con lesiones se consuma cuando concurren el apoderamiento o su tentativa, y la lesión grave o gravísima" (3). En igual sentido, la jurisprudencia ha sostenido que se trata de "un delito complejo que no requiere la consumación del robo, nota ésta que excluye la posibilidad de la aplicación de las reglas de la tentativa." (4). En suma, alcanzado el marco de probabilidad que exige el art. 306 del Código Procesal Penal, el auto puesto en crisis debe ser homologado. El juez Mauro A. Divito dijo: Si bien comparto las consideraciones efectuadas por el juez Scotto acerca de la intervención de los imputados en los hechos atribuidos, entiendo que corresponde modificar el encuadre legal seleccionado en la instancia anterior, aunque -como se verá- no con los alcances que pretenden los recurrentes. En tal sentido, ante todo considero, al igual que el colega que votó precedentemente, que las lesiones -de carácter grave- que padeciera la damnificada D. L., razonablemente, pueden ser consideradas como ocasionadas con dolo eventual, ya que la colisión de los vehículos se produjo en circunstancias en las que el de los aquí imputados se desplazaba en contramano por la calle J. M., escapando de la policía que los perseguía. Cabe recordar que la doctrina ha sostenido que media dolo eventual "cuando, según el plan concreto del agente, la realización de un tipo es reconocida como posible, sin que esa conclusión sea tomada como referencia para la renuncia al proyecto de acción" de modo que "se acepta seriamente la posibilidad de producción del resultado" (5). De ese modo, en el caso resulta aplicable -con la aclaración que formularé seguidamente- la figura del art. 166, inc. 1º, del Código Penal, aunque se admita que las lesiones a las que allí se alude deben ser dolosas (6). La precisión que resta formular obedece a que se halla fuera de discusión que los imputados no llegaron a consumar el apoderamiento de las cosas sustraídas, que fueron recuperadas en su totalidad, sin que aquéllos hubieran alcanzado a gozar de cierto poder de disposición sobre los bienes. Al respecto, he sostenido con anterioridad que el hecho de que se hayan ocasionado lesiones graves durante la ejecución de un robo, si bien torna aplicable la figura prevista en el artículo 166, inciso 1°, del Código Penal, no basta para considerar que este delito se ha consumado (7). En efecto, el diseño de la fórmula legal -que agrava la pena "Si por las violencias ejercidas para realizar el robo, se causare alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91"- y su ubicación sistemática en el Código Penal, dejan en claro que se trata de un robo agravado. Desde esa perspectiva, la aplicación sin reducciones de la escala punitiva allí prevista presupone -como en todos los restantes supuestos del mismo artículo- que se ha perfeccionado el apoderamiento que caracteriza al delito de robo y, si ello no ocurre, deben aplicarse las reglas propias de la tentativa conforme a lo que establecen los artículos 42 y ss. del ordenamiento de fondo. En función de ello y remitiendo a los demás argumentos que dejé expresados en el precedente citado, estimo que corresponde modificar la significación jurídica asignada a los hechos, que -según entiendo- configuran el delito de robo calificado por haberse provocado lesiones graves, en grado de tentativa (artículos 42 y 166, inciso 1°, del Código Penal). Así voto. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Llamado a intervenir respeto al grado de consumación del robo agravado imputado, oído el registro de audio y habiendo deliberado con mis colegas, debo exponer liminarmente que resulta necesario resolver la cuestión a esta altura por tener directa incidencia en la libertad durante el proceso del imputado Hilton Enrique Morales. Sentado ello y por compartir sus fundamentos, adhiero al voto del juez Mauro A. Divito. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso, modificando la calificación legal del hecho atribuido, que se considera constitutivo del delito de robo calificado por haberse provocado lesiones graves, en grado de tentativa (CP, artículos 42 y 166, inciso 1º)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto (en disidencia parcial), Divito, Rimondi. (Sec.: Franco). c. 24.213/17, CHUMBIAUCA PACHECO, Oscar y otros s/ Procesamiento. Rta.: 31/05/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 57091/13, "Martínez, Nicolás Ariel", rta.: 04/12/2013. (2) Edgardo Alberto Donna, Derecho Penal, Parte Especial, Rubinzal - Culzoni, Santa Fé, t. II, 2001, p. 154; y Carlos Creus, Derecho Penal, Parte Especial, Astrea, 4ta. ed. actualizada, t. 1, Bs. As., 1993, p. 454. (3) Edgardo Alberto Donna, ob. cit, p. 157. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 1808/12, "Miguel, Juan G. y otros", rta.: 23/11/2012. (5) Eugenio R. Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Derecho Penal parte general, Ediar, Bs. As., 2002, p. 524. (6) Elizabeth Marum, Código Penal y normas complementarias,

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional análisis doctrinal y jurisprudencial, David Baigún y Eugenio R. Zaffaroni-, t. 6, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, p. 274. (7) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 1808/12, "Miguel, Juan G. y otros", rta.: 23/11/2012. SOBRESEIMIENTO. Por no constituir los hechos investigados delito alguno (art. 336 inc. 3º del C.P.P.N.). Querella que recurre. Fiscal que tramitó las actuaciones por aplicación del art. 196 bis del C.P.P.N. y solicitó el archivo en los términos del art. 213, inc. "d" del mismo código. Resolución adoptada que no se ajusta a derecho. Jurisdicción que no se encontraba habilitada para expedirse. Nulidad del dictamen fiscal y todo lo actuado en consecuencia. Fallo: "(...) recurso de apelación interpuesto por la querella contra la decisión de (fs. ...) por la que se sobresee en esta causa por no constituir los hechos investigados delito penal (art. 336, inc. 3°, CPPN). Que desde el inicio -diciembre de 2013- las actuaciones se han regido por lo dispuesto en el art. 196 bis de ese código, es decir que es de aquellas investigaciones con autor desconocido. El agente fiscal a cargo de la pesquisa, luego de producir algunas medidas de prueba, volvió a dictaminar en la causa, pero en esta oportunidad solicitó el archivo en los términos del art. 213, inc. "d", del código de forma porque considera que es la única solución para el caso y que de compartir el juez las consideraciones sobre el fondo del asunto, se habilitaría de alguna manera, la posibilidad de la querella de recurrir la decisión. Pero, llega a esta conclusión luego de analizar las constancias de la causa y determinar que "(…) subsiste la carencia de una secuencia de los hechos imputables a nivel de las exigencias propias del art. 84 del Código Penal, que indiquen la presencia de un obrar…en contra de las reglas del arte de curar…a la luz de las circunstancias señaladas considero que los presupuestos del caso no permiten ajustarlo a la configuración típica del art. 84 (…)". Sostiene también que tampoco advierte la configuración de conductas merecedoras de ser situadas en la figura típica de art. 248, CP como tampoco desde la perspectiva del delito de abandono de persona -art. 106 de ese código-. Ahora, en ese contexto, entendemos que el fiscal ha errado la solución aplicable al caso apartándose del espíritu del art. 196 bis en cuestión pues su propuesta de archivar el sumario al concluir que no existe delito alguno que pesquisar, no se ajusta a derecho. El único motivo legal que habilita la intervención del órgano judicial es la individualización de los autores, siendo que, antes de ello, el caso no pueda salir de la órbita del Ministerio Público Fiscal. Es más, en este asunto es dable advertir a simple vista que no existe una imposibilidad fáctica de cumplir con la condición legal aludida, sino que se pretende una decisión de mérito sobre los hechos, absolutamente contraria al sistema de enjuiciamiento de personas vigente. En consecuencia, habrá de declararse la nulidad del dictamen fiscal de (fs. ...) y todo lo actuado en consecuencia. Por ello, el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD del dictamen fiscal de (fs. ...) y todo lo actuado en consecuencia (art. 123, CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Sosa). c. 3.484/14, N.N.; Dam.: Zarate Mackoviak, Evelyn Albina. Rta.: 27/03/2017 SOBRESEIMIENTO. Recurrido por el fiscal. Actuaciones iniciadas de oficio por tentativa de homicidio. Investigación en la cual se determinó que la conducta quedó subsumida en un delito dependiente de instancia privada, lesiones leves agravadas por el vínculo respecto del cual la víctima no quiso instar la acción. Validez de lo actuado. Investigación que debe proseguir por haber tenido el correspondiente impulso procesal. Revocación. Magistrado que debe resolver la situación procesal del imputado. Disidencia: Víctima que no instó la acción. Imposibilidad de proceder de oficio. Confirmación. Fallo: "(…) III. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: Conforme se desprende de fs. (…)y (…), previo a la entrada en vigencia de la ley 27.308 que unificó la competencia criminal y correccional, las actuaciones fueron remitidas a la justicia de instrucción -y la investigación fue delegada a la fiscalía en los términos del artículo 196 del ritual-, dado que el episodio relatado por R.A.V.A. resultaba constitutivo del delito de homicidio en grado de tentativa. Con el devenir de la pesquisa se descartó la calificación aludida y se determinó que el suceso podría subsumirse en el tipo penal de lesiones leves agravadas por el vínculo, el que requiere la instancia de parte para habilitar la persecución penal (artículo 72, inciso 2 del CP). En efecto, la nombrada A. expresó ante la Oficina de Violencia Doméstica que no era su deseo instar la acción penal, pues lo iba a consultar; postura que mantuvo en la sede judicial (cfr. fs…). Ante este panorama, corresponde establecer si en casos como el que nos ocupa -en los que la persecución penal se inició de oficio por tratarse de un delito de acción pública y luego se determinó que el hecho configura un delito dependiente de instancia privada-, resulta requisito para proseguir con la sustanciación del proceso la habilitación de parte (artículo 72, inciso 2 del CP). Tal como surge del legajo, éste se inició y se tuvo por promovida la acción penal, pues el suceso se calificó como homicidio en grado de tentativa. El cambio de calificación legal sostenida, a partir de las conclusiones del informe médico de fs.(…) y al descartarse el dolo homicida, no impide que el legajo prosiga por cuanto en su momento tuvo un inicio de acuerdo al código procesal. En su caso, el eventual derecho aplicable resulta ser una cuestión a ponderar en la etapa de juicio, y por los jueces que deban fallar en el caso. 245

En esa inteligencia, se ha dicho que "…no obstante la acción del delito ahora investigado resulte dependiente de instancia privada (…), ninguna incidencia puede tener esta circunstancia ante la ausencia de voluntad del damnificado, pues el sumario se inició válidamente por un delito de acción pública, por lo cual han desaparecido las causas en las que se fundamenta la necesidad de instar la correspondiente acción y sin que deba detenerse porque el transcurso del proceso arroje una distinta calificación legal" (CCC, Sala VII, cn° 26445, "Coronel, Walter M.", rta. 3/5/2005; en similar sentido, CCC, Sala III, "Martínez, Pedro", rta. 3/4/84). A todo evento la modificación de la tipificación legal al no poder descartase en forma absoluta la más gravosa, amerita que el curso del proceso prosiga de forma tal de determinar los hechos denunciados. Por lo expuesto, se debe revocar el auto cuestionado y el juez de la instancia de origen deberá expedirse respecto de los elementos probatorios reunidos a los efectos de resolver la situación procesal de I.M.H. Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Sin perjuicio de que la investigación se inició por un delito de acción pública, ante la circunstancia de que la calificación legal ha variado, resulta insoslayable que de la lectura de las declaraciones prestadas por la víctima surge que no instó la acción penal en orden al delito de lesiones leves e incluso explicó que "es su deseo no volver a revivir la situación y que solamente quiere rehacer su vida" (…). En función de lo señalado, en tanto no se advierten razones de seguridad o interés público, que a modo de excepción prevé el artículo 72, inciso 2° del CP, para proceder de oficio, corresponde confirmar la decisión recurrida. Así voto. El juez Mariano A. Scotto dijo: Habiendo escuchado la audiencia grabada y no teniendo preguntas que formular, me encuentro en condiciones de emitir mi voto. Luego de confrontar las constancias de la causa y participar de la deliberación, en el particular caso de autos comparto los fundamentos brindados por el juez Pinto, en la medida que de momento no es posible descartar otras subsunciones típicas del hecho -que son de acción pública-, por lo que voto en idéntico sentido. (…) el tribunal, RESUELVE: (…) II) REVOCAR el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso, debiendo el juez de la instancia de origen expedirse a los fines de resolver la situación procesal de I.M.H." C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich (en disidencia), Scotto. (Sec.: Raña). c. 63587/16, H., I.M. s/ Sobreseimiento Rta.: 17/05/2017 SOBRESEIMIENTO. Delito de instancia privada en el que la víctima señaló no querer instar la acción. Fiscal que solicitó el archivo por no poder proceder. Magistrado que entendió que al haber una persona imputada, debía desvinculárselo con un sobreseimiento. Actuaciones en las que no puede hablarse formalmente de una "causa" debido a que no ha habido instancia de acción penal. Decisión prematura que privaría a la damnificada de instarla posteriormente. Magistrado que debe archivar las actuaciones por no poder proceder con la formal iniciación de la causa en contra del imputado. Nulidad. Fallo: "(...) La presente causa llega al tribunal por el recurso de apelación interpuesto por el Representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución de (fs. ...) por la que se sobresee a M. E. C. N. en los términos del art. 336, inc. 3°, CPPN. Una lectura detenida de las actas que conforman el legajo nos lleva a declarar la nulidad de la decisión atacada por el fiscal, por las consideraciones que siguen. La génesis de este sumario se remonta a las manifestaciones volcadas por la víctima, J. C. N. -madre del imputado- en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 8 de marzo pasado, oportunidad en la que describió el hecho que podría configurar el delito de lesiones leves -de acuerdo al informe del CMF de (fs. ...)- y el de amenazas, y al ser interrogada sobre su intención de instar la acción penal dijo no quererlo, de momento (cfr. fs. ...). Luego, desde la fiscalía se estableció comunicación con la mencionada, quien reiteró su deseo de no promover la acción en contra de su hijo (cfr. fs. ...), lo que motivó el dictamen de (fs. ...), en el que el acusador público solicitó la reserva de las actuaciones por no poder proceder -respecto a las lesiones- y la desestimación por inexistencia de delito -por las amenazas denunciadas-. El fundamento para arribar a la primera solución radica en la falta de instancia y en que no considera que existan razones de interés público o seguridad que permitan proceder de oficio. El Sr. juez de grado, luego de evaluar las constancias de la causa, concluyó que ese dictamen se ajusta a las circunstancias concretas y esta fundado en el ordenamiento legal vigente, pero no comparte la postura del fiscal en cuanto al "archivo". Sin perjuicio de hacer mención a un sujeto distinto al imputado -véase que en dos oportunidades lo identifica como "L. A."-, lo cierto es que el a quo entiende que al existir una imputación concreta respecto de una persona determinada es necesario resolver su situación procesal y por ese motivo es que dispone la desvinculación de C. N. Ahora, no escapa a los suscriptos el criterio que hemos sostenido en otros antecedentes en cuanto a que si hay personas imputadas de la comisión de un delito -como es el caso de autos- no procede el archivo o reserva de la causa, sino resolver su situación procesal conforme alguna de las hipótesis que establece la ley (in re: Sala I, causa nro. 56811/15, "Y.", del 5/2/16), pero, tal criterio no es de aplicación a este asunto pues no contamos con impulso necesario para adoptar la solución que viene recurrida. El presupuesto esencial para que se pueda hablar formalmente de una "causa" es, conforme el art. 193 del C.P.P., el requerimiento fiscal o la prevención policial. En el presente caso no hay, ni puede haber requerimiento ya que se trata de un delito dependiente de instancia privada en el que no se ha instado la acción penal. De modo que tal prematura decisión, privaría en el caso a la persona damnificada de instar la acción penal, que se encontraría cerrada, sin haberse iniciado (in re: causa nro. 15521-17, "M.", del 28/4/17). El juez, entonces, fue más allá del pedido del fiscal -el cual, por otra parte, consideró legal, razonable y fundado-, porque al no contar con la instancia requerida, la única 246

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional respuesta jurisdiccional posible respecto a las lesiones leves mencionadas por la víctima es el archivo de las actuaciones por no poder proceder con la formal iniciación de la causa en contra del imputado, por lo que al no haber ajustado su decisión a las constancias de la causa, corresponde declarar su nulidad, debiendo ajustarla a lo resuelto en la presente. Así, el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la resolución de (fs. ...). (arts. 123, 166 y sgtes., CPPN), debiendo el Sr. juez de grado ajustar su decisión de acuerdo a lo dispuesto en la presente. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi, Lucini. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 13.726/17, C. N., M. E. s/ Nulidad. Rta.: 08/06/2017 SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA Defensa que recurre la imposición como regla de conducta de una prohibición de conducir automotores por el plazo de un año. Imposibilidad de imponer la prohibición a la luz de la naturaleza del instituto. Sanción incompatible. Revocatoria parcial. Fallo: "(…) Ceñidos a los límites de la impugnación, compartimos el criterio de la defensa en cuanto a la improcedencia de imponer compulsivamente la inhabilitación para conducir automotores, como regla de conducta de la suspensión del juicio a prueba concedida a J. L. A. M. La identidad entre la prohibición aplicada al imputado y la pena prevista en los artículos 5, 20 y 94 del Código Penal, a la luz de la especial naturaleza del instituto acordado a (fs. …), impide avalar lo decidido en la anterior instancia, en tanto la imposición de una sanción, más allá del modo que fuera discernida, no se compatibiliza con una suspensión del proceso a prueba. Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR PARCIALMENTE el punto I del auto de (fs. …), en cuanto prohibió a J. L. A. M. la conducción automotores por el plazo de un año, en los términos de los artículos 76 bis, 76 ter, primer párrafo, y 27 bis del Código Penal. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, González. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 42.369/14, AMIGO MURINIGO, José Luis s/ suspención del juicio a prueba. Rta.: 20/02/2017 SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA. Rechazado. Procesamiento por robo en poblado y en banda, en concurso real con robo agravado por su comisión con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede ser acreditada. Fiscal que requirió la elevación a juicio y se opuso al beneficio solicitado por tratarse de hechos violentos contra personas vulnerables por su minoridad. Voto de Lucini: Oposición del fiscal que es vinculante, toda vez que supera el control de legalidad y razonabilidad. Voto de González Palazzo: Adhesión al voto de Lucini, aclarando que la oposición del fiscal no es vinculante en ninguno de los supuestos del art. 76 bis del CP. Confirmación. Fallo: "(…) Tras la deliberación pertinente analizaremos los recursos interpuestos por la defensa de (…) y (…), contra el auto de fs. (…) que no hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada por esa parte. II.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo: El (…) se dispuso el procesamiento de (…) y (…) en orden a los delitos de robo en poblado y en banda -hecho nro. 1-, robo agravado por su comisión con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede ser acreditada -nro. 2- y robo - nro. 3-, en concurso real entre sí (45, 55, 164, 166 inciso 2do. tercer párrafo, primer supuesto del Código Penal), que fue confirmado por esta Alzada el (…). Estimada completa la instrucción se remitió el legajo al acusador público en los términos del artículo 346 del Código Procesal Penal de la Nación, que requirió su elevación a juicio, manteniendo la misma calificación (…). En ese contexto, la asistencia técnica peticionó la aplicación del instituto (…). En la audiencia celebrada en los términos del artículo 293 (…), los imputados ofrecieron en concepto de reparación del daño (…) para cada uno de los damnificados, agregando que podrían, de ser necesario, elevar el monto. La fiscal (…) se opuso por estimar que no satisfacía el disvalor de la acción, ya que se trata de hechos violentos contra personas vulnerables por su minoridad y consideró que hacer lugar al instituto, en este caso, sería darle al derecho penal un carácter simbólico. La pena privativa de la libertad prevista para la figura endilgada excede en su máximo los tres años de prisión, por lo que el pedido debe analizarse desde la óptica del cuarto párrafo del artículo 76 bis del Código Penal, donde el consentimiento del acusador público resulta necesario y vinculante, ya que su oposición veda la posibilidad de aplicación (1). La razón por la cual la ley reclama tal conformidad es porque tal norma abarca los delitos de mayor gravedad, en los que, en la proyección hipotética de recaer condena, podría ser de aplicación la ejecución condicional del artículo 26 del Código de fondo. (2). Así, en estos supuestos, el juzgador queda limitado a ejercer el control de legalidad y razonabilidad de la negativa brindada por el Fiscal. Sentado ello, entiendo que los motivos expuestos por el Ministerio Público Fiscal en la audiencia celebrada a tenor del artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación y ante este tribunal, resultan lógicos y ajustados 247

a los artículos 69 y 123 del Código Procesal Penal de la Nación, pues expresó de manera clara su posición e invocó los motivos en los que se fundó. Su postura, basada en la conveniencia y oportunidad político criminal por la asignación al caso de conductas violentas reiteradas en escaso tiempo, es suficiente y adecuada a las constancias de la causa (3). Circunscripto, entonces, a los agravios introducidos por el recurrente y, habiendo analizado el juez de instrucción la fundamentación y logicidad de la oposición fiscal a la concesión del instituto en análisis, su rechazo es ajustado a derecho. III.- El juez Mariano González Palazzo dijo: Adhiero al voto de mi colega, ello sin perjuicio de aclarar que estimo que la oposición del fiscal no es vinculante en ninguno de los supuestos del artículo 76 bis del Código Penal. En consecuencia, el Tribunal, RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fueran materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini; González Palazzo (Prosec. Cám.: Silva). c. 40.694/15, BASUALDO, Juan Agustín s/probation. Rta.: 07/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c.. 1269/11, "Macipe, Alejandro Tomás s/suspensión del juicio a prueba", rta.: 26/04/2013 y Sala IV, c. 72836/16, "Godoy, Carlos Ariel s/ recurso", rta.: 23/12/2016; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 775, "Pereira Alvite, Rocío Vanesa", rta.: 06/07/12; Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio R. (dir), "Código Penal", 2ª edición, Hammurabi, 2007, pág. 452, y Vitale, Gustavo L. "Suspensión del proceso penal a prueba", 2ª edición actualizada, ed. del Puerto, 2010, pág. 257 y ss.; (3) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 11.954, "González, Nadia Micaela", rta.: 8/7/10. SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA. Rechazada. Magistrado y querella que entendieron que la reparación económica ofrecida no era suficiente. Requisito para la procedencia del instituto: ofrecimiento de compensación. Fiscal que no se opuso. Ofrecimiento que implica el destino del 30% del salario. Reparación integral que puede ser buscada a través de la vía civil. Revocación. Concesión, debiendo la juez de grado fijar sus términos. Fallo: "(…) apelación interpuesto por la defensa de (…), contra el auto de fs. (…) que rechazó la solicitud de suspensión de juicio a prueba. II.- La magistrada de la anterior instancia no hizo lugar al beneficio argumentando, al igual que la querella, que los $ (…) ofrecidos en concepto de reparación económica, pagaderos en tres cuotas, no era suficiente para satisfacer el daño ocasionado al damnificado. Postuló que tampoco se advertía en ello un esfuerzo, dado que tenía medios económicos para afrontar el pago de un monto más acorde. El texto exige como requisito indispensable para la procedencia del instituto, que el imputado ofrezca una compensación a la víctima, como ocurrió en este caso (…). Ahora bien, este resarcimiento no debe entenderse en términos de reparación integral del daño emergente del delito, ya que a ese fin queda expedita la vía civil correspondiente (1). (…) En definitiva, dejando de lado cualquier especulación, lo concreto es que el representante del Ministerio Público Fiscal no se opuso a la concesión de la suspensión (…) y se trata de un sujeto de veintidós años que estaría destinando por tres meses más del 30% de su salario a reparar parte del perjuicio que sufriera (…), como se dijo, podrá canalizar otro reclamo resarcitorio en otra sede. La doctrina postula que "…una de las finalidades del instituto radica en la protección de la víctima, y ello se cristaliza a través de la reparación del daño que el delito imputado le hubiera causado, mas cabe precisar que el art. 76 bis del Cód. Penal no hace alusión a una reparación integral, por cuanto aquélla conserva la facultad de concurrir a la vía civil… La reparación, como menciona Maier, aparece como solución alternativa al conflicto que conduce al intento de conciliación autor-víctima, la cual deberá ser individual y para cada caso en concreto, por sobre el interés estatal de la penal… No obstante el mismo texto normativo destaca que la reparación debe ofrecerse 'en la medida de lo posible', es decir que debe estar en el baremo de las posibilidades del imputado" (2). En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) y CONCEDER la suspensión de juicio a prueba respecto de (…), debiendo la Sra. jueza de grado fijar sus términos. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo. (Prosec. Cám.: Asturias). c. 1.251/16, STRADA, Isidro s/ Suspensión de juicio a prueba. Rta.: 06/06/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 46971/14, "López, Luis Ariel", rta.: 11/12/15; (2) Miguel Á. Arce Aggeo - Julio C. Báez, "Código Penal Comentado y Anotado", Tomo I, Ed. Cathedra, 2013, páginas 553/554. SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA. Rechazada. Voto del vocal Pinto: Hechos que se enmarcan en supuestos de violencia de género. Solicitud que para tener acogida favorable, debe contar con el consentimiento del fiscal -superado el test de legalidad y razonabilidad-, situación que no es la del caso a resolver. Víctima que no aceptó la reparación ofrecida. Supuesto abarcado por la doctrina emanada del fallo Góngora de la C.S.J.N. Confirmación. Voto del vocal Pociello Argerich: Opinión del fiscal que no es vinculante en ninguno de los supuestos. Doctrina emanada del fallo Góngora que debe ser receptada. Confirmación. 248

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Fallo: "(….) IV. Por el Voto del juez Ricardo Matías Pinto dijo: Del requerimiento de elevación a juicio obrante a fs. (…) se desprende que se atribuyen al imputado los delitos de violación de domicilio, amenazas, y lesiones leves, todos en concurso real (arts. 105, 149 bis y 89 del C.P.). A su vez, estos hechos se enmarcan en supuestos de violencia de género al resultar de aplicación las normas de los arts. 1, 2 y 7 de la Convención de Belém do Pará. Esta calificación legal demuestra que en el caso analizado es necesario que el fiscal preste su consentimiento a los fines de otorgar la probation, en virtud de lo establecido en el 4° párrafo del artículo 76 bis del Código Penal que prescribe que "…Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio". En este contexto, los argumentos brindados por el fiscal en la audiencia realizada en los términos del art. 293 del código adjetivo para oponerse a la concesión del instituto lucen razonables (art. 69 del CPPN). El acusador planteó que se le atribuye al imputado dos hechos que constituían supuestos de violencia de género, agregó que la convención de "Belém do Pará" exigía la realización de un juicio oportuno y se remitió al precedente del fallo "G." de la C.S.J.N. El juez consideró que la opinión fiscal se encontraba motivada y justificada, por lo cual rechazó el pedido de la defensa. El recurrente considera que aquella decisión no ha sido debidamente fundada, sin embargo los argumentos expresados por el magistrado en la audiencia reúnen los requisitos de motivación del art. 123 del C.P.P.N., por lo cual el agravio enderezado en este sentido no prosperará. Así, en el supuesto analizado, el consentimiento del fiscal en tanto superó el test de legalidad y razonabilidad resulta vinculante. Por otra parte, también debe valorarse en forma negativa que una de las víctimas a fs. (…) expresó que no le interesaba el ofrecimiento realizado por el imputado R. En las actuaciones se investigan hechos de violencia de género, y de conformidad a la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo "G." (G. 61 XLVIII, del 23 de abril de 2013), surge la necesidad de realizar el juicio oral para esclarecer la cuestión a fin de cumplir con la Convención de Belém do Pará que brinda protección a las mujeres víctimas de violencia de género. La Corte Suprema en el citado precedente sostuvo que "…que siguiendo una interpretación que vincula a los objetivos mencionados con la necesidad de establecer un "procedimiento legal justo y eficaz para la mujer", que incluya "un juicio oportuno" (cfr. el inciso "f", del articulo citado), la norma en cuestión impone considerar que en el marco de un ordenamiento jurídico que ha incorporado al referido instrumento internacional, tal el caso de nuestro país, la adopción de alternativas distintas a la definición del caso en la instancia del debate oral es improcedente (…) Particularmente, en lo que a esta causa respecta, la concesión de la suspensión del proceso a prueba al imputado frustraría la posibilidad de dilucidar en aquél estadio procesal la existencia de hechos que prima facie han sido calificados como de violencia contra la mujer, junto con la determinación de la responsabilidad de quien ha sido imputado de cometerlos y de la sanción que, en su caso, podría corresponderle (…) no debe tampoco obviarse que el desarrollo del debate es de trascendencia capital a efectos de posibilitar que la víctima asuma la facultad de comparecer para efectivizar el "acceso efectivo" al proceso (cfr. también el inciso "f" del artículo 7 de la Convención) de la manera más amplia posible, en pos de hacer valer su pretensión sancionatoria. Cuestión esta última que no integra, en ninguna forma, el marco legal sustantivo y procesal que regula la suspensión del proceso a prueba. De lo hasta aquí expuesto resulta que prescindir en el sub lite de la sustanciación del debate implicaría contrariar una de las obligaciones que asumió el Estado al aprobar la "Convención de Belem do Pará" para cumplir con los deberes de prevenir, investigar y sancionar sucesos corno los aquí considerados". Por todo lo expuesto, corresponde homologar la denegatoria de suspender el proceso a prueba. Así voto. Por el voto del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: En primer lugar, considero que la opinión fiscal no es vinculante en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 76 bis del Código Penal, de modo tal que disiento con la opinión vertida con mi colega preopinante al respecto. Sentado cuanto precede, en el caso analizado tanto el fiscal como el juez de primera instancia coincidieron en que los hechos que se atribuyen a R. -violación de domicilio, amenazas, y lesiones leves, todos en concurso real, ver fs. 156/158-, constituyen supuestos de violencia contra la mujer. Sin perjuicio de la opinión personal que pudiera tener sobre el acierto de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo "G.", lo cierto es que la seguridad jurídica de un país también se basa en esta solución pues cualquier persona tiene derecho a presumir que su doctrina se obedecerá. Entiendo entonces que, salvo que pudiera causar violencia moral o que existiera algún dato que permita distinguir la situación o hacer cambiar la doctrina del tribunal supremo, lo dispuesto por él debe acatarse. Con estos alcances, entiendo que lo resuelto por el Juez de grado debe homologarse. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto (por su voto), Pociello Argerich (por su voto). (Sec.: de la Bandera). c. 28.386/15, R., P. L. s/ probation. Rta.: 21/06/2017

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SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Rechazada. Pena contemplada para el delito imputado que supera en abstracto los tres años de prisión. Obstáculo éste último que no impide hacer lugar a lo solicitado. Fiscal que prestó conformidad. Revocatoria. Procedencia. Fallo: "(…) La defensa recurrió en apelación la decisión adoptada en la audiencia documentada a fs. (…), en cuanto se rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba presentada a favor de J. E. R. Al respecto, se desprende del requerimiento de elevación a juicio documentado a fs. (…) que se atribuyó al imputado la presunta comisión del delito de robo en grado de tentativa (artículos 42 y 164 del Código Penal), sin que resulte obstáculo para la procedencia del instituto procurado la circunstancia de que la pena contemplada para el delito endilgado supere -en abstracto- los tres años de prisión, a partir de la doctrina fijada por la Corte Federal en el precedente "Acosta" (Fallos: 331:858). En consecuencia, siempre que en el caso se cuenta con el aval del Ministerio Público Fiscal (…), cuyo representante prestó conformidad para el otorgamiento de la probation solicitada, habrá de revocarse el rechazo de la solicitud y conceder la suspensión del juicio a prueba peticionada, bajo las condiciones que deberá establecer el señor juez de grado (1). Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión recurrida y conceder la suspensión del juicio a prueba solicitada a favor de J. E. R. (…), bajo las condiciones que deberá establecer el señor juez de grado". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 7.439/17, ROJAS, Jonathan E. s/ Suspensión de juicio a prueba. Rta.: 15/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 72.788/16, "Mendoza, Horacio E. y otro", rta: 20/12/2016. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Revocada. Imputado que se vio involucrado en nuevo suceso durante el período de control por el que fue procesado. Principio de inocencia. Ausencia de pronunciamiento condenatorio firme. Revocatoria. Fallo: "(…) La defensa dedujo recurso de apelación contra el auto extendido a fs. (…), punto I, en cuanto se revocó la suspensión del juicio a prueba concedida a C. R. H. F. El instituto aludido fue concedido el 19 de mayo de 2015, por el término de un año y bajo la condición de cumplir con las reglas impuestas en aquella oportunidad, consistentes en el pago de una suma de dinero en concepto de reparación patrimonial, la fijación de un domicilio y la realización de tareas comunitarias por el lapso de un año, por un total de 80 horas en el centro de rehabilitación y comedor "R. d. S." (…), que se encuentran cumplidas (…). Sin perjuicio de que no se dispuso la celebración de la audiencia prevista en el artículo 515 del Código Procesal Penal, la resolución recurrida se ha basado en que el imputado se vio involucrado en un nuevo proceso por un hecho presuntamente cometido el 20 de agosto de 2015, es decir durante el lapso de control, agravándose su situación procesal con el auto de procesamiento del 8 de septiembre de 2016. De todos modos, el principio de inocencia impide predicar que se está -por ausencia de un pronunciamiento condenatorio firmeante la comisión de un nuevo delito que autorice a revocar la decisión conforme prevé el artículo 76 ter del Código Penal. En ese sentido, "cuando el art. 76 ter, quinto párrafo, CP, hace referencia a un 'nuevo delito', para tener por acreditada dicha circunstancia, debe existir una sentencia condenatoria que así lo establezca, y ella debe adquirir firmeza dentro del plazo por el que se otorgó la suspensión de juicio a prueba" (1). Por lo expuesto, esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto extendido a fs. (…), punto I, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Sec.: Franco). c. 419/15, HIDALGO FUENZALIDA, Cristian R. s/ Suspensión de juicio a prueba. Rta.: 13/02/2017 Se citó: (1) C.N.C.C.C., Sala 2, c. 500000146/09/2, "Gramajo, Gastón y otros", rta: 07/05/2015. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Concedida. Resolución en la que se fijó en concepto de reparación de daño una suma superior a la ofrecida por el imputado. Legislación que no faculta al órgano jurisdiccional a establecer discrecionalmente el monto sino que refiere que la reparación debe ser ofrecida "en la medida de lo posible". Situación del imputado que no es holgada. Damnificado que ha referido tener interés en la reparación económica, sin importar el monto. Revocatoria. Fallo: "(…) La defensa de E. A. R. recurrió en apelación el punto dispositivo III de la resolución documentada a fs. (…), en cuanto fijó -en concepto de reparación al damnificado- la suma de cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500), a ser abonada "en 12 cuotas mensuales y consecutivas de trescientos setenta y cinco pesos ($375)", cuando el ofrecimiento efectuado por el nombrado fue de trescientos pesos ($ 300). Al respecto, es dable recordar que -en una intervención anterior- esta Sala resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba a R. (…) y que, al regular dicho instituto, el art. 76 bis del Código Penal no apunta a la reparación integral del daño emergente del delito atribuido, pues alude a que ella debe ser ofrecida "en la medida de lo posible". 250

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En ese marco, si bien el órgano jurisdiccional debe evaluar la razonabilidad de la reparación propuesta por la persona imputada, la ley no lo faculta a establecer discrecionalmente su monto. Bajo tales premisas, ponderando que la situación del imputado dista de ser holgada (…) y que, en el caso, el damnificado ha manifestado su interés en una reparación económica, pero "sin importar el monto de dinero en cuestión" (…), se considera adecuado aceptar la suma que se ofreciera. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución adoptada a fs. (…), punto dispositivo III, en cuanto ha sido materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 72.788/16, REYNOSO, Esteban Alejandro s/Robo. Suspensión del juicio a prueba. Rta.: 10/03/2017 SUSPENSION DEL TRÁMITE DE LA CAUSA POR INCAPACIDAD SOBREVINIENTE DEL IMPUTADO (art. 77 del CPPN). Situación prevista por la norma que no resultaría aplicable al caso toda vez que de las constancias de la causa se refleja que la alteración podría haber existido al momento de la producirse el hecho que se le imputa. Necesidad de estar a la espera de las diligencias ordenadas. Revocación. Fallo: "(…) El artículo 77 del Código Procesal Penal recepta la posibilidad de suspender el trámite del proceso para aquellos supuestos en que se presentara una incapacidad sobreviniente en el imputado. Tal pronunciamiento comporta la paralización de la causa, al menos en orden a la realización de los actos ligados al sujeto incapaz. La situación prevista por la norma no resulta aplicable al sub examine, en tanto, más allá del estado en que se habrían encontrado las facultades mentales de N. A. B. al tiempo en que fue evaluado por el Cuerpo Médico Forense, lo cierto es que las constancias de la causa reflejan que la alteración descripta podría haber existido al momento de la producirse el hecho que se le imputa (cfr. fs. …, segundo párrafo). Es precisamente tal circunstancia la que deviene necesario esclarecer, para lo cual la diligencia dispuesta en el punto II del auto ahora recurrido podría resultar de utilidad. En estas condiciones, el pronunciamiento impugnado no puede ser convalidado, sin perjuicio de que las medidas que aún se encuentran pendientes de cumplimiento permitan determinar si el caso se adecua a la causal contemplada en el artículo 34, inciso 1° del Código Penal y 76 del Código Procesal Penal, como procura la defensa. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de (fs. …) en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 8.911/17, BUKOVITS, Nicolás Axel s/ Suspensión. Rta.: 24/04/2017 SUSTRACCIÓN DE MENORES. Procesamiento. Padre no conviviente de un menor de edad que retiró a su hijo del domicilio de residencia. Elementos reunidos que permiten afirmar que no hubo intención de sacar al menor de la esfera de custodia de la madre. Atipicidad. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) II.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo: (…), El 23 de octubre de 2016, a la 1:00, recibió un llamado de (…), hermana de (…), haciéndole saber que el pequeño (…) estaba con su progenitor en el domicilio de su abuela paterna, sito en la calle (…). Ese día regresó a su vivienda y advirtió que el imputado se había llevado la documentación y un bolso con vestimenta del menor. Finalmente, pudo reencontrase con su hijo el (…). (…) En cuanto a la figura contemplada por el artículo 146 del código de fondo, la asistencia técnica postuló que en función del vínculo que (…) tenía con el menor no podía ser considerado autor. Sobre si el progenitor puede ser o no sujeto activo de ese delito, sostuve con anterioridad una postura negativa (1). No obstante, a partir de un nuevo examen de la materia, particularmente por la incidencia de los tratados internaciones hace tiempo incorporados a nuestra Constitución Nacional en materia de menores (Convención de los Derechos del Niño), asumí que debe atenderse puntualmente a cada uno de los casos en examen ya que varias son las situaciones que pueden suscitarse (2). La acción de sustraer "consiste en sacar al niño de la esfera de custodia en que se encuentra, sea que ese ámbito derive de una situación de derecho (padre o tutores) o de hecho (persona encargada: maestros, niñeras), permanente o transitoria" (3). Se trata entonces de un precepto orientado a sancionar la apropiación del niño. La doctrina sostiene que se trata de "un verdadero despojo en el que se produce la interrupción de la tenencia mediante el apartamiento del menor de su sede, o el impedimento de su reanudación a través del apoderamiento fuera de su sede" (3). En este supuesto debe ponderarse que si bien (…) llevó a su pequeño hijo a un lugar distinto del que residía con su madre, con lo cual su accionar -objetivamente- coincidiría con alguna de las conductas que la figura sanciona, lo cierto es que no puede afirmarse que hubiese tenido intención de hacerlo desaparecer en los términos y alcances que requiere la norma analizada. 251

Ello, toda vez que la propia denunciante explicó que el domingo 23 de octubre de 2016, alrededor de la 1:00 (recuérdese que el nombrado se habría ido con (…) el sábado 22 a las 19:30), recibió un llamado de la hermana de (…) diciendo que se encontraban en la casa de su abuela paterna, ubicada en (…). Incluso conocía su dirección exacta. Pero además, si bien hizo hincapié en que el imputado le manifestó que "no tenía intenciones de devolvérselo", reconoció que mantuvieron un dialogo cordial y que por ello decidió esperar un día más para reencontrase con su niño, ya que seguramente le dirían cuándo retirarlo (…). Por lo tanto, la conducta de (…) no ha generado ruptura del lazo materno filial, lo cual desecha las hipótesis del artículo 146. Por último, teniendo en cuenta las características de los elementos que se apoderó, se advierte procedente la excusa absolutoria prevista en el artículo 185 del código fondo y, en función de ello, también se adoptará un temperamento desvinculante respecto al delito de hurto. III.- El Juez Mariano González Palazzo dijo: Comparto los fundamentos y la decisión propiciada por mi colega preopinante. Sin embargo, debo dejar en claro cuál es mi postura sobre el delito tipificado por el artículo 146 del Código Penal. En numerosos precedentes sostuve que "No podrá aplicarse el delito previsto en el art. 146 del C.P. al padre que substrae y retiene para sí a un menor y se lo arrebata al cónyuge que legalmente lo tenía, si es titular de la patria potestad de los menores. En consecuencia, si el delito atribuido al imputado consiste en haber sustraído a sus hijos menores de edad del poder de la madre, con quien compartía la patria potestad, ésta aparece como óbice a fin de proseguir el reproche penal que se intenta, toda vez que tal institución contiene "per se" distintas atribuciones para los titulares de los derechos y obligaciones consignadas por éste que no pueden ser objeto de punición por parte del ordenamiento de fondo" (4). No obstante, deseo señalar que la intensidad, variedad y gravedad de las situaciones que se han planteado judicialmente a lo largo de estos años, recomiendan considerar las condiciones de cada caso en particular para evaluar si no se han flanqueado los límites del legítimo ejercicio de la responsabilidad parental y configurado el despojo o desaparición que parte de la doctrina nacional enuncia para sostener la imputabilidad del padre como sujeto activo de esta figura. Por la tanto, en virtud de las consideraciones expresadas en el voto que antecede, a las que adhiero, entiendo que en el presente no se verifica un exceso en el ejercicio derivado de los derechos del vínculo paterno filial. Así, este Tribunal RESUELVE: I.- (…); II.- REVOCAR PARCIALMENTE el punto I del auto de fs. (…) y DISPONER EL SOBRESEIMIENTO de (…), en orden a los delitos reprimidos por los artículos 146 y 162 del Código Penal, con expresa mención que la formación de la presente no afecta el buen nombre y honor que gozara con anterioridad (art. 336, inc. 2° del C.P.P.N.).(…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo (por sus fundamentos). (Sec.: Carande). c. 63.999/16, B., C. S. s/Procesamiento. Rta.: 28/03/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI., c. 38.028, "G. C., E.", rta.: 17/9/09; c. 35.237, "B., C. G.", rta.: 11/7/08 y c. 33.676, "B., G. L.", rta.: 21/11/07; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI., c. 1947 "I., V.", rta.: 14/2/13; (3) David Baigún-Eugenio Raúl Zaffaroni, Código Penal y Normas Complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, I edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2008, Tomo V, pág. 487; (4) C.N.Crim. y Correcc., Sala IV, c. 22.609, "R.", rta.: 15/10/03. USURPACIÓN DE TÍTULOS Y HONORES. Sobreseimiento. Imputado a quien se le atribuyó haber llevado adelante acciones alcanzadas por la actividad de corredor inmobiliario sin estar matriculado. Diferencias entre “usurpar un título” y “ejercer tareas propias de una actividad reglamentada sin reunir la calidad requerida”. Actuaciones en las que no se ha verificado que el imputado se haya arrogado un título del que carece. Atipicidad. Confirmación Fallo. "(...) Debe intervenir el tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la querella y la fiscalía contra el auto de (fs. ...) que dispuso el sobreseimiento de R. O. M. en orden al hecho por el que fuera indagado. (...). Se le atribuyó al nombrado -conforme se encuentra circunscripto en el requerimiento fiscal de (fs. ...) - haber llevado adelante acciones alcanzadas dentro de la actividad de corredor de inmuebles, sin encontrarse debidamente inscripto a tal efecto ante el ente de contralor, siendo éste C.U.C.I.C.B.A, todo ello mediante la oficina sita en la calle (...) de esta ciudad, donde funciona la Inmobiliaria "(...)". De todo esto se tomó conocimiento a partir del inicio ante el mencionado organismo de contralor de la actividad inmobiliaria del expediente (...), a partir del 9 de marzo de 2012 (cuyas copias se encuentran incorporadas al sumario), en el marco del cual se analizó la posible Infracción a la Ley 2340 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, con lo que la conducta quedaría atrapada dentro de las previsiones del art. 247 párrafo 1º del Código Penal, teniéndose conocimiento de que las actividades de corretaje inmobiliario se habrían desarrollado hasta el momento en que se presentó la denuncia que dio origen a la presente causa. Oído el debate entre las partes, consideramos que la resolución debe ser confirmada. En este sentido, ambos acusadores sostuvieron que el imputado M. actuó como corredor inmobiliario sin estar debidamente matriculado ante el colegio que representa el letrado particular. Ello, en base a las constancias que dan cuenta de publicaciones en el local en los que se oferta la venta de diversos inmuebles. Ahora bien, limitados por esta hipótesis acusatoria, entendemos que la conducta que se le imputa resulta atípica. Ello así pues no se le atribuye que haya ostentado el título de corredor inmobiliario sin serlo, lo que, por otra parte, tampoco estaría acreditado que no 252

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional lo es, sino sólo que no se encuentra matriculado. Ello solo es deducido de las publicaciones a las que se hizo referencia ya que ninguna medida fue realizada a los efectos de acreditar debidamente cuál es concretamente la actividad de la inmobiliaria y, en particular, la del imputado M. Ello, pese a que la primera inspección data del 9 de marzo de 2012. Tampoco ello ha sido solicitado en el marco de la audiencia, en la que ambos peticionaron se revoque el sobreseimiento y se dicte su procesamiento como autor del delito de usurpación de títulos, previsto en el art. 247, inc. 1°, CP. En este sentido, la doctrina enseña que el delito consiste en "arrogarse grados académicos, títulos profesionales u honores, esto es, en atribuírselos falsamente de un modo público también. Para ello basta cualquier medio: anuncios, membretes, placas. No basta, en cambio, la mera aceptación silenciosa de un título que no se tiene. Quien es 'doctoreado' no está obligado a una aclaración continua. Lo ilícito es doctorearse" (Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, Tea, Bs. As., 1994, t. V, p. 178). Resulta claro que una cosa es usurpar un título que no se posee y otra, bien diferente, es ejercer tareas propias a las de una actividad reglamentada sin reunir la calidad requerida. Es la diferencia que va de la usurpación del título de médico con el ejercicio ilegal de la medicina, el ejercicio ilegal no requiere que se atribuya la condición de médico y, mucho menos, permite atribuir en forma automática -como lo pretenden los acusadores- la usurpación del título por el ejercicio de esa actividad. Así como el ejercicio ilegal de la medicina se encuentra tipificado, muchas otras actividades regladas se encuentran fuera de la amenaza penal. El estudiante que brinda un consejo legal no usurpa el título de abogado, como no lo hace el que asiste a un parto de un animal sin ser veterinario. Sin embargo, ambos realizan actividades que resultan reglamentadas pero carecen de esa protección penal. Pretender que quien realiza una actividad reglamentada sin estar colegiado o tener el título habilitante "usurpa" el título es una ampliación del ámbito de prohibición de la norma rayano en la analogía, que se encuentra vedada en nuestro derecho. De este modo, atento la forma en que el asunto fue puesto en conocimiento de este tribunal, la conducta que pretende atribuírsele no resulta típica frente a la ausencia de dato alguno que permita suponer que se ha arrogado un título del que carece. Así, corresponde homologar la resolución dictada, aunque por la causal prevista en el inc. 3° del art. 336, CPPN pues el hecho denunciado no encuadra en una figura legal, conforme lo autoriza el último párrafo del art. 445, ibídem. En mérito a lo expuesto el tribunal resuelve: CONFIRMAR el auto de (fs. ...) en cuanto dispuso el sobreseimiento de R. M. por cuanto el hecho investigado no encuadra en una figura legal (arts. 336, inc. 3°, 445, último párrafo y 455, CPPN). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Rimondi. (Sec.: Peluffo). c. 37746/15, MAFFEI, Roberto s/Sobreseimiento. Rta.: 22/02/2017 USURPACIÓN DE TÍTULOS Y HONORES Procesamiento. Imputado que, sin título habilitante, ostentó y ejerció como abogado. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal. Confirmación. Fallo: "(…) Se ha probado, con la provisoriedad de la etapa, que C. J. T. ostentó la calidad de abogado cuando en rigor de verdad no la reviste. Al respecto, S. G. G. G. refirió haber conocido al imputado a través de la encargada del inmueble sito en la calle A. XX de esta ciudad, donde se ubica una propiedad de su familia, quien le manifestó que "T. era un abogado que resolvía todos los conflictos, además de vivir en el séptimo piso de aquel inmueble", razón por la cual se contactó con él para iniciar dos procesos sucesorios. Se reunió entonces con el nombrado en la oficina que éste dio a conocer como su estudio jurídico, ubicado en S. XX, piso XX, departamento XX, donde acordaron los pasos a seguir en los expedientes (cfr. fs. ...), destacando G. que T. "en todo momento se presentó como abogado" e incluso le entregó una tarjeta personal en la que se adjudicaba esa condición y que fue agregada en copia simple a (fs. ...). Destacó, por último, que con motivo de los trámites que debían llevarse a cabo le otorgó un poder general judicial (cfr. fs. …). Sus dichos encuentran correlato en los resultados de las tareas investigativas ordenadas a (fs. …), que permitieron determinar que en esa dirección efectivamente "funciona un estudio jurídico, siendo su representante el Dr. T. C. J." (cfr. fs. …). A su vez, se agregaron copias del instrumento en el cual el nombre del imputado aparece precedido de la expresión "doctor" (cfr. fs. 14/15 del expediente n° 68.832/2011 caratulado "Garmaz, Antonio Jorge s/ sucesión ab-intestato"). Así las cosas, la versión de T. en cuanto a que únicamente habría desarrollado tareas como "gestor" en los procesos de mención y a los conflictos de índole civil que se habrían suscitado con los querellantes y que, según aquél, originaron la presente denuncia, en nada modifican el cuadro probatorio reseñado. Es que, en lo que respecta al artículo 247, segundo párrafo, del código sustantivo "es la atribución que se hace el agente la que consuma el tipo, sin que sea necesario el ejercicio de la profesión correspondiente al título ni el efectivo goce de los grados u honores…" (1). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de (fs. …) en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González Palazzo, González. (Prosec.Cám.: Godnjavec). c. 75.686/15, TUCUNA, Carlos Jesús s/ procesamiento. Rta.: 20/02/2017

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Se citó: (1) D´Alessio, Andrés José y Divito, Mauro Antonio, "Código Penal comentado y anotado": 2da. edición actualizada y ampliada, Buenos Aires, Ed. La Ley, 2009, v. 2, p. 1223. VIOLACIÓN DE SELLOS. Procesamiento. Violación de las fajas de cierre impuestas al momento de clausurarse un inmueble por estar vinculada la actividad comercial con la facilitación de la prostitución. Indicios suficientes para sostener que el imputado tenía un interés personal de índole lucrativo para acceder al lugar. Confirmación. Revocación parcial. Reducción del monto del embargo. Fallo: "(…) I. El juez de la instancia anterior procesó a E.R.B. como autor del delito de violación de sellos y dispuso el embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de veinticinco mil sesenta y nueve pesos, con sesenta y siete centavos (fs…), pronunciamiento que impugnó su defensa (fs…). Realizada la audiencia prevista en el artículo 454 del CPPN, expuso agravios el Dr. Marcos Juan Carpanella, defensor del imputado. Luego de deliberar, nos encontramos en condiciones de resolver. II. El procesamiento decretado se encuentra ajustado a las constancias de la causa y a su análisis bajo las reglas de la sana crítica racional. El desconocimiento de la clausura y de la colocación de una faja expuesto por el imputado queda sin sustento a la luz de su presencia -de inicio a fin- en la diligencia de allanamiento dispuesta en la causa nro. 12310/14, actualmente radicada en el Tribunal Oral N°15, que se desarrolló el 8 de julio de 2015 en el domicilio de la calle XX, piso XX , dpto. X de esta ciudad, de su propiedad (ver al respecto fs…). Durante su curso, la Dirección General de Fiscalización y Control del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires concretó la clausura de la actividad comercial y colocó una faja en el centro de la puerta de acceso, procediendo los presentes a la suscripción del acta que se labró, entre ellos el imputado B. A su vez, las afirmaciones de este último en cuanto a que no residió allí, que lo alquilaba a tres personas como vivienda y que concurría ocasionalmente a cobrar la locación, percibiéndola en otras ocasiones a través de un mensajero, encaminadas todas ellas a justificar su negativa de haber estado involucrado en la destrucción de la faja de clausura colocada en el lugar por su presunta falta de interés en ello, quedan sin sustento frente a la prueba incorporada. En la indagatoria que prestó el 17 de marzo de 2016 en la causa nro. 12310/14, documentada en la copia que se agregó a fs. (…), al ser preguntado por sus datos personales dijo: "Que se domicilia en la calle XX piso XX , depto X de esta ciudad, donde reside solo hace ocho años y siempre lo hizo sin compañía". De ello cabe, en principio, inferir su interés personal de acceso al lugar que había sido franjado por la autoridad administrativa de la ciudad. Sin embargo, a la luz de los términos del requerimiento fiscal de elevación a juicio en las actuaciones de referencia, también cabe presumir un interés adicional, de índole lucrativo. El fiscal del caso solicitó la elevación a juicio con respecto al nombrado como autor de los delitos de facilitación de la prostitución de personas mayores de edad, en concurso real con el tipo penal de explotación económica del ejercicio de la prostitución, ambos reiterados en dos oportunidades, en concurso material. Ello así, "…pues luego de practicado el allanamiento y dispuesta la clausura del local, esto es, una vez interrumpido el primer segmento de actividad delictual -iniciado aproximadamente en agosto de 2014 y culminado el 8/7/2015, fecha del registro domiciliario-, operó en el incuso una renovación de la voluntad criminal seguida de un nuevo despliegue de comportamientos del mismo tenor susceptibles de idéntica subsunción legal -período inaugurado al menos con fecha 9/9/15 y finalizado el 11/12/15-." (fs. …). En este contexto, aun cuando no se cuente con un observador directo o una filmación que den cuenta de su intervención personal en la destrucción de la faja de clausura, los indicios previamente señalados resultan razonables y suficientes para sostener la hipótesis de responsabilidad que se enunció el auto de mérito en los términos del artículo 306 del CPPN, razón por al cual homologaremos la decisión recurrida. En orden al cuestionamiento dirigido al monto del embargo, consideramos atinado el argumento expuesto sobre la insustancialidad del daño provocado, razón por la cual lo reduciremos a la suma de diez mil pesos $10.000-, para cubrir los demás rubros previstos en el artículo 533 del CPPN. (…) el tribunal RESUELVE: I. Confirmar el punto I del auto de fs. (…), en cuanto fue materia de recurso.II. Revocar parcialmente el punto III del auto de fs. (…) y reducir a diez mil pesos -$10.000- el monto del embargo decretado". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Herrera). c. 45.922/16, BOSCO, Enrique Rafael s/ violación de sellos. Embargo. Rta.: 09/05/2017 VIOLENCIA DE GÉNERO. Violencia doméstica. Coacción en concurso ideal con lesiones agravadas por el vínculo. Procesamiento. Exposición de la víctima ante la Oficina Violencia Doméstica. Damnificada que no fue citada a ratificar sus dichos en sede judicial o en la comisaría. Exposición ante la OVD que resulta suficiente para continuar con el proceso. Elementos de prueba que permiten agravar la imputación. Confirmación. Disidencia: Exposición de la victima que debe entenderse como "notitia criminis". Necesidad de convocar a la víctima para que declare con las formalidades requeridas por el ordenamiento. Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra el punto I del auto de fs. (…) que lo procesó por el delito de coacción en concurso ideal con el de lesiones agravadas por el vínculo. II.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Ya he sostenido que la mera exposición de la víctima ante la Oficina de Violencia Doméstica (O.V.D) debe entenderse como una "notitia criminis" que no constituye una denuncia en 254

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional los términos de los artículos 175 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación, a menos que esté acompañada por su presentación en comisaría o su ratificación en sede judicial. El artículo 249 del catálogo procesal es muy claro en cuanto a que "antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas por falso testimonio y prestará juramento de decir verdad" y, de ser pertinente, deberá ser informado de las penas de la falsa denuncia. Tales extremos no se verifican en una presentación ante la O.V.D. (ver causa N° 76179/2015 "M. C., R.", rta.: 5/12/16, entre otras). Por ello, a los fines de preservar la prueba y poder analizar cabalmente la conducta reprochada, que sería constitutiva de un delito instancia privada que concurre idealmente con uno de acción pública, considero necesario convocar a (…) , pues su declaración es esencial para investigarla. De este modo, hasta que se materialice la medida, corresponde decretar la falta de mérito para procesar o sobreseer a (…) (artículo 309 del C.P.P.N.). III.- El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Entiendo que la ratificación de la declaración efectuada en la Oficina de Violencia Doméstica, ya sea en sede judicial o en la seccional, no es indispensable para continuar el proceso. Aclarado ello, adelantaré que comparto la decisión de la instancia anterior. (…) refirió que el (…), en el interior de su vivienda de la calle (…), luego de una discusión, (…) la amenazó, la insultó y la agredió físicamente. Explicó que la empujó contra la pared, la tomó del cuello, y forcejeó para quitarle las llaves de la casa que tenía en su mano, pero como no pudo sacárselas, la tiró al suelo y le torció el brazo hasta lograrlo. Finalmente, previo a retirarse, le manifestó que "ahora sí se las iba a pagar" (…). En primer término, y a diferencia de lo sostenido por el recurrente, la versión de la damnificada corrobora el reproche. Este tipo de conflictos, donde media violencia física o psicológica por parte de un hombre hacia una mujer, deben ser evaluados bajo el principio de amplitud probatoria previsto en el ordenamiento nacional y supranacional -artículo 31 de Ley 26.485 y la Convención de Belém do Pará-. Ello implica dar una particular trascendencia a los dichos de quien dice ser víctima de un evento de tal índole si son claros, precisos y no surgen indicios para pensar que se pronunció con falsedad o animosidad, tal como ocurre en el presente caso. Es que requerir testigos para probar un suceso delictivo de tales características dejaría en una situación de desprotección total a sus potenciales víctimas y de constante impunidad a sus autores, pues suelen suscitarse en un ámbito íntimo, sin terceros que puedan presenciarlos o incluso muchas veces escucharlos. Tampoco puede soslayarse que en muchas ocasiones, personas ajenas al evento, que toman conocimiento de ellos, optan por no intervenir, aunque sea llamando a la policía. Sin embargo, en este legajo, además de contar con el circunstanciado y minucioso relato de (…), existen datos objetivos que avalan su denuncia y la dotan de verosimilitud. Veamos. Indicó, concretamente, que como consecuencia del altercado sufrió marcas en el cuello, raspones en sus rodillas debido al roce con el suelo, cortes en sus manos y moretones en sus brazos por el forcejeo (…).El informe médico y las vistas fotográficas de fs. (…) verificaron lesiones (…). Esta coincidencia entre su exposición y el diagnóstico corrobora, al menos de momento, su versión, máxime si se tiene en cuenta que la data estimada de las heridas se corresponde con la del hecho investigado y no hay motivos que lleven a suponer que fueron autoinfligidas o apunten hacia otro sujeto que podría haberla lastimado, tal como aduce el encartado en su descargo (…). En este punto, es pertinente destacar que la imposibilidad de control previo de aquel examen clínico no genera un perjuicio a la asistencia técnica. Ya se ha sostenido en reiteradas oportunidades que las evaluaciones u operaciones técnicas llevadas a cabo en la prevención no revisten el carácter de prueba pericial, por lo que puede prescindirse de las exigencias que requieren (1). A todo ello se agrega que los profesionales de la O.V.D concluyeron que, frente a este panorama, (…) estaría en una situación de violencia doméstica de riesgo medio, que podría incrementarse de no tratarla con las medidas adecuadas (…). Esta deducción, si bien no es incuestionable ni tampoco reviste condición de pericia, fue elaborada por profesionales y empleados especializados en la temática, de modo tal que constituye un aporte cargoso que, en consonancia con el escenario expuesto, dota de entidad a la acusación. Entonces, todo lo reseñado, acredita, con el grado de probabilidad requerido en esta instancia, la hipótesis delictiva planteada y su responsabilidad, siendo competencia exclusiva del Tribunal Oral interviniente en una eventual próxima etapa, decidir si, de la evidencia y su estudio conforme los lineamientos de la sana crítica, se le impondrá o no una condena. Por consiguiente, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda (artículo 401 del Código Procesal Penal de la Naicón), voto por homologar el auto recurrido. III.- El juez Mariano A. Scotto dijo: Intervengo en la presente en virtud de la disidencia suscitada entre mis colegas preopinantes. Entiendo que la ratificación de la exposición en la Oficina Violencia Doméstica, ya sea en sede judicial o en la comisaría, no es indispensable para continuar el proceso. Ante ello, habiendo escuchado la grabación de la audiencia y participado de la deliberación, sin tener preguntas que formular, adhiero a la solución propuesta por el juez Pociello Argerich. IV.- (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso. (…)" 255

C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini (en disidencia); Pociello Argerich; Scotto (Prosec. Cám.: Silva). c. 39.074/16, B., M. J. s/Procesamiento. Rta.: 08/02/2017 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 60384/2014, "V., S.", rta.: 13/08/15. VIOLENCIA DE GÉNERO. Defensa que recurre la resolución que la cual el magistrado se inhibió de seguir interviniendo en las actuaciones ante el pedido realizado por un magistrado federal en el cual tramitan actuaciones que tienen vinculación. Investigación de la que surgiría que la provisión ilegítima de medicamentos a la víctima tenía como presunto objetivo llevar a cabo delitos sexuales o atentar contra la integridad física, situación que vulnera la salud pública, dada la cantidad de medicamentos involucrados. Confirmación. Fallo: “(…) apelación interpuesto por la defensa de (…), contra el auto de fs. (…) que hizo lugar a la inhibitoria solicitada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° (…). Los Dres. Julio Marcelo Lucini y Rodolfo Pociello Argerich dijeron: Coincidimos con el recurrente en tanto la prórroga de competencia a favor de la justicia federal por el uso de drogas para la comisión de delitos de naturaleza ordinaria constituye tan sólo una circunstancia agravante de la pena respecto de las infracciones previstas en el ordenamiento general de este ámbito. No obstante, entendemos que el medio empleado no es la única hipótesis que se plantea (artículo 13 de la Ley 23.737). El artículo 9 de la citada ley reprime con pena de prisión y multa al “médico u otro profesional autorizado para recetar, que prescribiera, suministrare, o entregare estupefacientes fuera de los casos que indica la terapéutica o en dosis mayores de las necesarias”. Si lo hiciera con destino ilegítimo, la sanción es aún mayor. Lo cierto es que de la recolección de algunos testimonios del legajo principal, se desprendería la provisión ilegítima, en los términos señalados y con el presunto objetivo de llevar a cabo delitos sexuales o peor aún, que eventualmente atentarían contra su integridad física. Desde esta óptica, no es posible descartar hechos con potencialidad para afectar incluso la salud pública en razón de la cantidad de medicamentos involucrados. En tal sentido se ha expedido la Corte Suprema de Justicia de la Nación al sostener que “… del contexto de la Ley 23.737 se infiere que el legislador decidió penalizar no sólo hechos relacionados con el comercio de estupefacientes –y a los que, en principio, apuntarían la mayoría de las conductas previstassino también aquellos otros en los que, por algún medio, se lesione o afecte la salud pública en general como consecuencia de una comercialización indiscriminada de medicamentos que pueda ponerla en peligro…” (Fallos 326:4906). Lo expuesto, independientemente del curso que tome el legajo, justifica en forma palmaria la competencia del fuero de excepción en los términos del artículo 34, sumado a la comunidad probatoria evidente con los dos legajos que ya se encuentran en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° (…). Por último, entendemos que pretender desdoblar la investigación en base a calificaciones legales implicaría una clara violación a las formas sustanciales del proceso, por lo que no se advierte en qué modo la inhibitoria pueda afectar al derecho de la defensa. El Dr. Mariano González Palazzo dijo: La utilización de estupefacientes para la comisión de ilícitos no habilita por sí sola la necesidad de intervención del fuero federal (artículo 13 de la ley 23.737) pues se trata meramente de un agravante de la pena. No obstante, en el caso concreto, razones de economía procesal como así también la identidad de partes verificada y la evidente comunidad probatoria entre los legajos que tramitan en la justicia ordinaria y la de excepción, son datos indicadores que evidencian que la prórroga de competencia luce ajustada. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pociello Argerich, González Palazzo (por su voto). (Sec.: Bobes). c. 5.698/17, B., G. I. s/inhibitoria. Rta.: 31/03/2017 VIOLENCIA DE GÉNERO. Tentativa de femicidio. Procesamiento. Agravios: lesiones que no tuvieron entidad suficiente para ocasionar su muerte y ausencia de elementos que permitan atribuir al imputado una actitud misógina, requisito indispensable para configurar el tipo penal del art. 80 inc. 11 del Código Penal. Rechazo. Cantidad y tipo de lesiones verificadas en zonas vitales del cuerpo de la damnificada que pudieron derivar en su muerte. Elementos de prueba que impiden desechar la hipótesis homicida. Restante agravio que pierde virtualidad por ser la asignación jurídica, en esta etapa, provisoria y, fundamentalmente, porque no se advierte incidencia directa en otros institutos que amerite su tratamiento. Confirmación. Fallo: “(…) apelación interpuesta por la defensa de (…), contra el auto de (…) que lo procesó en orden al delito de tentativa de femicidio. En la audiencia el recurrente circunscribió su agravio a la calificación adoptada por el instructor, en tanto sostuvo que el suceso debe ser encuadrado en la figura de lesiones graves porque las heridas que presentaba 256

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional M. E. B. T. no tuvieron entidad suficiente para ocasionar su muerte. Por otro lado, nada sugiere una actitud misógina por parte del imputado, requisito indispensable para configurar el tipo penal del art. 80 inc. 11 del Código Penal. Para dar acabado tratamiento al planteo primero reseñaremos los pormenores del episodio en estudio. Ambos se conocieron a través de la red social (…) y, tras conversar, (…) le hizo una propuesta de trabajo que consistía en volcar partes quirúrgicos manuscritos a un sistema informático, dado que era anestesista del Hospital (…). Le ofreció un salario superior al que percibía y con una carga horaria considerablemente inferior que le permitiría iniciar sus estudios como maestra jardinera. En este contexto se produjeron al menos dos encuentros previos. Finamente el (…) la damnificada concurrió a la vivienda de la calle (…) cerca de las 19:00 y, al cabo de unas horas, (,...) le dijo que saldría a cenar con su amiga (…), pidiéndole que se quedara y no atendiera el portero eléctrico. Regresó cerca de la 01:30, consumieron “crack” que preparó y se recostaron en la cama. En esta instancia (…) observó que aquél realizaba movimientos extraños, adjudicándolos a una convulsión. Por eso lo colocó en el suelo de costado para evitar que se ahogara, instante en el que se reincorporó y comenzó a golpearla con el puño y patadas hasta que logró refugiarse en el baño. (…) pretendió forzar la puerta para ingresar y salió corriendo hasta llegar al palier donde él, nuevamente, continuó agrediéndola sin siquiera detenerse cuando yacía en el suelo, inconsciente, contra la puerta del departamento del (…). Cesó recién su actitud cuando el vecino, (…), que observó la secuencia desde la mirilla de la vivienda, se lo reclamó insistentemente. Para comprender la magnitud del ataque hay que tener en cuenta la fuerza de cada golpe que asestaba (…) y su reiteración en el tiempo, lo que no permite descartar, de momento, que su acción tuviera por fin quitarle la vida a (…). La cantidad y tipo de lesiones verificadas en zonas vitales del cuerpo de (…) con extrema intensidad y anulando su escasa defensa, bien pudieron derivar en su muerte. Las fotos obtenidas por la policía en el lugar son reveladoras. Repárese que se la ve tendida en el pasillo, con su rostro totalmente cubierto por sangre. Los rastros hemáticos hallados tanto ahí como en el interior de la finca dejan al descubierto la gravedad del episodio. Concordantemente (…) precisó que la agresión fue con golpes reiterados, que se prolongaron durante dos o tres minutos y con tal fuerza que incluso temió tirara su puerta abajo, por lo que la sostuvo mientras le solicitaba -en un primer momento sin éxito- que dejara de hacerlo. Tanta fue la sangre que perdió (…) que traspasó por debajo de su puerta. Y no debe perderse de vista que esta mínima secuencia presenciada por un testigo fue sólo el desenlace de la que se desarrolló en el departamento de (…), donde fue superior de acuerdo al relato de la mujer y los ruidos y gritos que escucharon los habitantes del edificio (…). Aun cuando el enlace lógico de todos estos datos objetivos no autorizan, como ya se dijo, excluir su intención de quitarle la vida, el propio imputado exteriorizó esa voluntad cuando le refería: “hija de puta, hija de puta, te voy a matar” (textual), mientras la agredía en la forma descripta. Tampoco se detuvo cuando aquélla alcanzó un estado de indefensión absoluto al perder la consciencia, ni ante los numerosos llamados de atención de (…). Si bien el informe de fs. (…) en que se escuda el recurrente concluyó que las heridas no pusieron en riesgo su vida, ello no conmueve la decisión adoptada. Es que la conducta, a los fines de su encuadre jurídico, no sólo debe ser analizada a la luz de la consecuencia sino en cuanto a su finalidad, siendo ésta la línea argumental decidida por el Juez. De ahí que la pretensión defensista de circunscribirlo al resultado de ese peritaje, sin atender a las fases en forma integral, no puede ser admitida. Ante este cuadro en el que las pruebas incorporadas impiden desechar la hipótesis homicida, el restante agravio esbozado por el recurrente referente a la aplicación del inciso 11 del artículo 80 del Código Penal pierde virtualidad. Por un lado porque la asignación jurídica es, en esta etapa, absolutamente provisoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 401 del Código Procesal Penal y, fundamentalmente, porque no se advierte incidencia directa en otros institutos que amerite su tratamiento. Si bien la defensa sugiere alguna posible afectación en la capacidad de culpabilidad, ella misma difiere su eventual tratamiento al resultado de los estudios pendientes. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en cuanto fue materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, González Palazzo, Pociello Argerich. (Sec.: Gallo). c. 5.735/17, B., G. I. s/procesamiento. Tentativa de femicidio. Rta.: 29/03/2017

VIOLENCIA DE GÉNERO. Violencia doméstica. Procesamiento. Lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo. Padre que agrede físicamente a su hija. Elementos de prueba suficientes para agravar la situación procesal. Confirmación. Fallo: "(…) III. Sobre el fondo del recurso: En virtud de lo resuelto por el voto de la mayoría en el acápite que antecede, corresponde ingresar al fondo de la cuestión.

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En este aspecto, a la luz de los elementos que conforman las presentes actuaciones, estimamos que la decisión adoptada en la anterior instancia se ajusta a derecho, por lo que habremos de convalidarla. Del legajo se destaca, en particular, que el testimonio ofrecido en sede fiscal por M.S.D., quien dio pormenorizada y categórica cuenta de las circunstancias en las que su progenitor la habría agredido físicamente (fs. …), encuentra aval en el informe médico de fs. (…), que ilustra los hematomas exhibidos por la damnificada, lesiones que fueron asimismo visibles a la instrucción el día del suceso (fs….) y cuyas características -en cuanto a ubicación y modo y tiempo de producción- lucen compatibles con la dinámica del episodio a la que hizo referencia. Por su parte, al brindar su descargo, el imputado no desconoció la existencia del altercado mantenido en la ocasión con su hija (fs. …), mas su versión de lo ocurrido y la ajenidad alegada se ve desdibujada frente a las constancias ut supra analizadas. Ante este panorama, que alcanza el estado de convicción al que alude el art. 306 del digesto adjetivo, y dado que las cuestiones que aquí se ventilan reclaman un marco de discusión más adecuado al caso, el que podrá proveerse en una eventual próxima etapa. (…) el Tribunal RESUELVE: II. CONFIRMAR el auto de fs.(…) en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto (en disidencia parcial), Pociello Argerich, Scotto. (Sec.: de la Bandera) c. 63.249/15, D., J. M. s/ procesamiento. Rta.: 20/04/2017 VIOLENCIA DE GÉNERO. Violencia doméstica. Lesiones leves dolosas agravadas. Procesamiento. Lesiones que no se encuentran constatadas. Conducta que podría subsumirse en el hostigamiento (art. 52, CCCABA). Revocación. Falta de mérito. Declinación de competencia a favor de la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fallo: "(…) II. C. M. denunció, el 3 de enero de 2017, que mientras se encontraba en el interior de su casa sito en XX, altura XX, mantuvo una discusión con su ex pareja A. Ch. F., quien le propinó golpes de puño en el rostro y patadas en su espalda (cfr. fs. …). Conforme surge de las constancias de autos, la damnificada no concurrió para ser examinada a la Oficina de Violencia Doméstica, ni tampoco a Medicina Legal (cfr. Fs…). A su vez que, de las transcripciones de la comunicaciones telefónicas que la víctima realizó al 911, se desprende que en varias oportunidades rechazó que le enviaran una ambulancia del SAME (cfr. fs…). Finalmente, tampoco existieron testigos presenciales del suceso (cfr. fs…). De otro lado, la circunstancia de que en la declaración de la víctima se asentó que las lesiones lucían visibles a la instrucción sin realizar mayores consideraciones, impide también determinar el tiempo de curación, modo de producción, ubicación y características de aquéllas; extremos que resultan indispensables para configurar el tipo penal previsto y reprimido en el artículo 89 del CP. No obstante lo expuesto, ponderamos que las transcripciones de las comunicaciones aludidas evidencian que el episodio investigado ocurrió en un contexto de violencia, en el que el imputado regresó al lugar del suceso al menos en tres oportunidades para amedrentar a la víctima (cfr. fs. …). Además de que ésta última expuso en su denuncia que no resultaba ser la primera vez que padecía este tipo de sucesos (cfr. fs. …). Desde esta perspectiva, advirtiéndose que la conducta podría encuadrar en el artículo 52 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires, corresponde adoptar un temperamento expectante y declinar la competencia a favor de ese fuero. Ello, en tanto su desvinculación en este legajo podría afectar el principio del ne bis in idem. (…) el tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso, y DICTAR AL FALTA DE MÉRITO PARA PROCESAR O SOBRESEER a A. CH. F. (artículo 309 del CPPN). II. DECLINAR la competencia a favor de la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pinto, Pociello Argerich. (Sec.: Raña). c. 3.019/17, CH. F., A. s/lesiones leves. Procesamiento. Rta.: 17/05/2017 VIOLENCIA DOMÉSTICA. Suspensión del juicio a prueba. Rechazada. Lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo. Diferencias con el precedente "Góngora" de la C.S.J.N. Expresa conformidad del fiscal para el otorgamiento de la probation. Revocatoria. Procedencia. Fallo: "(…) La defensa de L. M. G. recurrió en apelación la decisión adoptada en la audiencia documentada a fs. (…), en cuanto se rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba presentada. El juez Mauro A. Divito dijo: Al respecto, cabe ponderar que el hecho atribuido al imputado fue provisoriamente calificado como constitutivo del delito de lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo (artículo 92, en función de los artículos 80, inciso 1, y 89 del Código Penal), cuya penalidad se adecua a las previsiones del artículo 76 bis, párrafo primero, del citado ordenamiento sustantivo. A ello se suma que el imputado carece de antecedentes penales, de modo que nada obsta a que en la presente, si en definitiva se le impusiera una condena, la sanción fuera de ejecución condicional (artículo 26 del Código Penal).

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Por otra parte, G. ha ofrecido "fijar domicilio, realizar un curso sobre violencia de género, someterse al control de un patronato" y una reparación simbólica de quinientos pesos, mientras que la víctima manifestó su conformidad "telefónicamente a la Sra. Fiscal" (…). Además, es dable destacar que se cuenta con el aval del Ministerio Público Fiscal, cuya representante prestó conformidad para el otorgamiento de la probation solicitada. De otro lado, se valoran las características del hecho atribuido y, en particular, que la damnificada expresó que "ella nunca dijo en sede policial que él la había golpeado la noche anterior, sí que habían discutido por celos. Que tampoco recibió varios golpes de puño por parte del encausado en el colectivo, que sólo le pegó una sola vez en la cara, un cachetazo. Que nunca le había pegado antes, y que no es una persona violenta… que fue un cachetazo y una agarrada del brazo… que fue la primera vez que le pega… que en la actualidad siguen hablando... que le solicitó hacer terapia los dos para estar juntos… y que considera que esto se tiene que llegar a un acuerdo entre ellos…" (…). En el mismo sentido, de la constancia obrante a fs. (…) surge que la víctima "no concurrió a Medicina Legal de la P.F.A.; que no quiere causarle problemas a G. porque aún lo ama y considera que es una buena persona; que su único interés es que haga un tratamiento psicológico psiquiátrico sobre violencia de género y poder hablar con él en un marco privado para ver si pueden solucionar sus asuntos, es decir sin intervención de ningún integrante del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal… que G. no volvió a contactarse con ella por ningún medio, que por el contrario ella le mandó mensajes de texto pero él no le contestó y que justamente como quiere hablar y solucionar sus conflictos con él en el ámbito privado, y en su caso evaluar la posibilidad de reanudar la relación sentimental, no quiere que se le disponga la prohibición de acercamiento a su persona, máxime porque considera que lo que sucedió fue algo del momento y no cree que vuelva a repetirse si realiza el tratamiento correspondiente ". Finalmente, en virtud de que el rechazo de la probation se fundó en que el señor juez de grado consideró que no estaba en condiciones de apartarse de la doctrina del fallo "G.", corresponde señalar que conforme los fundamentos que desarrollé en mi voto en la causa número 59.096.098/12, "D. G., F.", del 26 de mayo de 2014, no cabe extraer del citado precedente (G. 61. XLVIII, Recurso de hecho, "G., G. A.", causa n° 14.092, resuelta el 23 de abril de 2013) la conclusión de que la probation resulta completamente inviable en todos los casos de violencia de género, cualesquiera fueren las circunstancias particulares del hecho atribuido y las vicisitudes procesales -principalmente, las vinculadas con la existencia o no de la conformidad del Ministerio Público Fiscal- que en la causa hubieran acaecido. En tal sentido, se advierten diferencias entre el caso "G." y el presente que, a mi entender, resultan dirimentes, ya que en estas actuaciones, como se adelantó, la representante del Ministerio Público Fiscal ha manifestado su expresa conformidad para el otorgamiento de la probation, extremo que adquiere singular relevancia al tratarse de un proceso tramitado en los términos previstos por la ley 27272, conforme a la cual se ha instaurado un modelo eminentemente acusatorio en el que el órgano jurisdiccional cumple un rol de "juez de garantías". Además, la imputación formulada en "G." involucraba dos hechos de abuso sexual -uno en grado de tentativa- en perjuicio de dos mujeres, de modo que difería sustancialmente de la que aquí se examina, vinculada con un único episodio cuyas connotaciones -conforme lo expresó la damnificada- no han revestido singular gravedad. Ello, en definitiva, no hace más que corroborar la razonabilidad de la posición -favorable a la concesión de la probation solicitada- que ha asumido el ministerio público fiscal, que -en definitiva- ha acordado con la petición de la defensa y no impulsa la prosecución de la causa a la etapa siguiente. Por lo expuesto, entiendo que corresponde revocar la decisión impugnada y conceder la suspensión del juicio a prueba respecto de L. G., por el plazo y bajo las condiciones que deberán fijarse en la instancia anterior, a efectos de garantizar, en su caso, el derecho al recurso de las partes. El juez Mariano A. Scotto dijo: Comparto con la defensa que, en principio, la postura favorable del Ministerio Público Fiscal al otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba, veda al juez la posibilidad de denegarla, más aún, al solicitarse en el marco del procedimiento previsto por la ley 27.272, pues, de conformidad con el reformado art. 353 bis párrafo segundo, las decisiones jurisdiccionales, además de adoptarse en forma oral en audiencia pública, deben ser consecuencia del principio de contradicción que en el caso falta. No obstante ello, el artículo 69 del ritual establece que la representante de la vindicta pública debe motivar sus requerimientos, por lo que corresponde a los jueces evaluar la razonabilidad de las peticiones. En tal sentido, del audio de la audiencia de clausura -…-, no surgen los motivos objetivos que sustenten la postura de la señora Fiscal para apartarse de la doctrina del fallo "G.", sin que resulte suficiente fundamento que "confía en que el señor G. puede cumplir" con las pautas que se le fijen "y que los hechos no volverían a suceder", más aún si se tienen en cuenta las ambivalencias de la damnificada que surgen entre su declaración oral con la prestada en la seccional (…) y las constancias de fs. (…). Ello así, y en la medida que además se ha prescindido de un peritaje psicológico de la víctima en función de la naturaleza del hecho investigado -como la propia defensa menciona, según surge de fs. (…)-, que podría aportar datos suficientes para que, fundadamente, se expida la Fiscalía, entiendo corresponde declarar la nulidad del dictamen fiscal emitido en la audiencia de clausura, y consecuentemente la decisión de denegar la probation (arts. 69 a contrario sensu, 167 inc. 2°, 168 y 172 del código de rito.) Así voto. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: Adhiero al juez Mauro Antonio Divito, por considerar que la opinión fiscal supera el control de legalidad y razonabilidad. Así voto. 259

Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión recurrida y conceder la suspensión del juicio a prueba solicitada a favor de L. M. G., bajo las condiciones que deberá establecer el señor juez de grado". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Scotto, Divito, Rimondi. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 20.203/17, G., L. s/ Suspensión del juicio a prueba. Rta.: 04/05/2017 VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS (Ley 23.184). Homicidio y lesiones agravados con arma y abuso de arma de fuego, calificados por ser en ocasión de un espectáculo deportivo. Instigadores y participes necesarios. Imposición de una medida cautelar: Abstenerse de concurrir a estadios de fútbol en ocasión de espectáculos deportivos. Pelea entre dos grupos pertenecientes al mismo club, por la conducción de la barra oficial. Episodios que se vinculan con una puja de poder por manejos espurios con claros fines económicos. Confirmación. Medida cautelar que debe ser reevaluada cada seis meses. Fallo: "(…) apelaciones interpuestas por la defensa de (…), (…) y (…), contra el auto de fs. (…) que los procesó, a los dos primeros en calidad de instigadores y al último como partícipe necesario, por los delitos de homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego (dos hechos), lesiones agravadas por la misma circunstancia (dos hechos) y abuso de arma de fuego (cuatro hechos), todos ellos calificados por ser en ocasión de un espectáculo deportivo. Además a (…) y (…) se los procesó por instigar a la formación de grupos destinados a cometer delitos en el marco de un espectáculo deportivo. La asistencia técnica de (…) también recurrió el monto del embargo decretado, mientras que la de (…) impugnó la obligación de abstenerse de concurrir a estadios de futbol en las condiciones impuestas. II.- El juez Julio Marcelo Lucini dijo: La violencia en los partidos de fútbol no es novedosa para nuestra sociedad, aunque posiblemente haya logrado una inusitada y preocupante progresión en los últimos tiempos. No siempre obedece a un mero enfrentamiento pasional por los colores que "defienden" sus simpatizantes, sino que muchos de estos episodios se vinculan con una puja de poder por manejos espurios con claros fines económicos. Y si bien la solución no puede ser brindada únicamente desde el derecho penal, pues responde más a una temática social compleja, propia de las carteras ministeriales de seguridad, se impone mencionarlo porque conforma el contexto en que ocurrieron los hechos. El caso examinado presenta aquellos matices porque no se trató de una simple pelea entre integrantes de distintos clubes; por el contrario, ambos grupos pertenecen al de (…) y el motivo de la disputa, lejos de responder a la rivalidad propia del fútbol, habría estado dado para establecer cuál de esas dos facciones ocuparía la conducción de la barra oficial. (…) La visualización del video desglosado a fs. (…) aporta detalles fundamentales para descartar un altercado casual: llegaron al lugar con una antelación de casi cinco horas; extrema para un partido amistoso, encapuchados, blandiendo palos, cascotes y arengando con expresiones tales como: "los vamos a matar" (…). Ni bien advirtieron la presencia del oponente fueron directamente a su cruce, con todo tipo de armas de fuego, efectuando recíprocamente alrededor de ciento cincuenta disparos. Su consecuencia fue la muerte de (…) y (…) y lesiones en al menos otras dos personas. Ello sin dudas denota un plan previo y organizado para doblegar a cualquier costo "al rival" ese día, de ese modo y en ese lugar. Por eso, sostener que no hubo un actuar coordinado por los líderes en el marco de una "guerra" declarada, con dominio sobre sus subordinados que con conocimiento y voluntad ejecutaban sus decisiones, es aceptar la pueril postura de las defensas. En contrapartida las pruebas del sumario son suficientes para convalidar el decisorio. Veamos entonces la situación de cada uno de ellos en particular. Respecto de (…): Su letrado no cuestionó su pertenencia al grupo de "la barra de (…)", facción disidente encabezada por (…) conforme las tareas de inteligencia practicadas a fs. (…) y siguientes, la cual habría concurrido al estadio con la voluntad común de reposicionarse como grupo de poder. Su aporte consistió en trasladar en el (….), dominio (…) parte de las armas que se utilizaron para abatir a supuestos adversarios. Ello se aprecia en las grabaciones realizadas por la Policía Federal, que primero muestran cómo el vehículo ingresa por un sector no autorizado y, luego, que varios individuos toman objetos de su interior, los que según precisó el subcomisario (…) -testigo directo- eran armas de fuego. Si bien en las imágenes no se logra visualizar al conductor, su vinculación al proceso no es antojadiza. Es que aun cuando no era su titular, está demostrado que (…) utilizaba el automóvil antes y después del suceso, de lo que puede inferirse que también lo hizo durante su desarrollo. Existen constancias que dan cuenta de que (…) la póliza de seguro estaba a su nombre. Pero lo trascendental es que el sistema de rastreo de "Lo Jack" estableció que se hallaba frecuentemente en su vivienda y en la de su madre (….), lo que se corrobora con tareas de inteligencia (…) que tan sólo cinco días después del hecho destacaron los mismos puntos de concurrencia. Las paradas en su domicilio -y esto no es un dato menor- se registraron durante las noches, lo que lo posiciona como su usuario más que probable, en tanto en el lugar sólo reside él con su pareja. La investigación no reveló, al menos por el momento, la participación de alguna mujer. Esto la defensa no lo explica. En contrapartida, la cuestión relativa a su titularidad no es contundente y es por demás llamativa la aparición de (…), quien supuestamente lo habría adquirido aproximadamente tres meses después del suceso, de manera por demás precaria (no aportó datos ciertos) y a un precio irrisorio.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Suma dudas que al practicarse el allanamiento que culminó con su detención se encontró una camioneta (…), que el imputado reconocio como propia pese a que, al igual que el anterior, carecía de documentación que acreditara la propiedad (…). De ahí que la circunstancia que destaca la defensa -registración a nombre de un tercero- para atribuir al Ford (…) el carácter de ajeno, no tiene la fuerza que le asigna. Sobre (…) y (…). La posible presencia de (…) en las inmediaciones del estadio ese día se instaló a partir de comentarios efectuados por el subcomisario (…), efectivo a cargo del procedimiento, a sus compañeros que estaban en el lugar. Fue contundente (…) cuando aseguró que (…) le había advertido que el imputado tenía entradas para ingresar a la cancha; que había conversado con él. Incluso detalló la vestimenta que llevaba (…), que era la misma que tenía puesta la persona que en las filmaciones da indicaciones con el casco de una moto colocado. Sobre este punto aseguró que si "(…) -integrante de la barra de (…)- escuchaba atentamente a ese sujeto, tal como se ve en el video, termina por confirmar que se trataba del líder de la barra disidente (…). El uso del casco sólo tenía la finalidad de ocultar la identidad. Si bien (…) en un primer momento pretendió desentenderse del tema al no recordar con quién había hablado, luego, al practicarse un careo con (…), reconoció que las únicas dos personas que podían dar órdenes en un enfrentamiento de ese tipo eran los hermanos (…). Incluso terminó por admitir que aunque no tenía certeza, le pareció que la persona que se acercó a él era (…). Sobre los comentarios del subcomisario se expidieron coincidentemente (…) y (…) y llamó la atención del último la coordinación que mostraba la banda (…). Ello únicamente puede responder a la presencia en el lugar de una voz de mando autorizada. También (…) dio cuenta de los rumores sobre la presencia de (…). (…) La enfática negativa de (…) parte de que no es propietario ni usuario de motos (…), pero se ve rebatida con las imágenes del (…) que se agregaron al expediente a fs. (…), en las que se lo observa como acompañante en una motocicleta y utilizando un casco similar al del día del hecho. (…) En el caso de (…), su concurrencia al estadio de (…) no se encuentra controvertida, pues él mismo lo reconoció, sólo que se postuló como víctima de una emboscada. Sin embargo, lo cierto es que la actitud de esta facción de la barra descripta por (…), encargado de escoltar al grupo en el último tramo, dista de quien se ve sorprendido ante un ataque de esa envergadura, principalmente en lo que atañe a su intervención. Tanto es así que lo ubicó comandándolo, blandiendo palos y dirigiéndose "en actitud de pelea" (textual), hacia lo que terminó por ser un escenario de fuego cruzado (…). En la misma línea argumental (…) dio cuenta de que en el cruce de (…) y (…) había alrededor de 200 personas, que respondían a la "barra oficial", que participó en una contienda en la que dispararon con pistolas y escopetas (…). Es más, en una conversación que tiempo después mantuvo el imputado con (…), dejó entrever su responsabilidad al indicar que: "El (…) se me murió a mí, por una decisión mía, yo fui a buscarlo porque estaba en frente (...) No murió más gente de casualidad en ese escenario, alguien iba a morir ese día". Pero su defensa se centra en un presunto movimiento de prensa y/o político que hostiga a los imputados cuando son, según sostiene, sólo simples simpatizantes del club (…) que, en el peor de los escenarios, están agrupados de un modo informal por el fanatismo que comparten. Ello obliga entonces a analizar la estructura de estas bandas y el rol que ocupaban los nombrados. Sin pretender avanzar sobre materias propias de la sociología o la antropología, la realidad muestra que responden a un esquema jerarquizado, en el cual los subordinados reciben órdenes de forma directa y regidas por el principio de autoridad lineal. En un mando único se centraliza la toma de decisiones dentro de un diseño piramidal, que a medida que se asciende en su nivel disminuye el número de cargos y aumenta el poder y compromiso. Allí campea la determinación mediante órdenes hacia subalternos, dentro del ámbito de una estructura graduada, verticalista y manejada bajo reglas de obediencia no formales. Suelen utilizar, como otras organizaciones criminales, "tácticas de rapiña, tales como la intimidación, la violencia y la corrupción. Estas tácticas pueden ser complejas y sutiles, o brutales, manifiestas y directas. Se utilizan para obtener un beneficio mediante el monopolio del mercado de los bienes y servicios legales o ilegales" (1). A diario escuchamos ejemplos que ilustran esa modalidad, vinculada a ventas de entradas, control de estacionamiento en cercanías de los estadios, participación en actos políticos, entre otros. La disputa no respondería a una lucha por ocupar esa banca oficial, sino que, como se deslizó en distintos pasajes, estaría vinculada con la magnitud de negocios que ese ambiente maneja y que como juzgadores no podemos desconocer. Menos aun cuando el testigo (…) y algunas escuchas telefónicas incorporadas al legajo versan, entre otras cuestiones, sobre la venta ilegítima de entradas. Recuérdese en este punto que las reglas de la sana crítica racional imponen una valoración de acuerdo a la lógica, la experiencia y la ciencia. Soslayar entonces el contexto en que este hecho se produjo atentaría contra una correcta administración de justicia y el sentido común. Cómo ejercían su autoridad tanto (…) como (…) lo expresa el padre del fallecido (…), al asegurar que al funeral de su hijo concurrió la primera y segunda línea de "(…)", por aquel entonces comandada por (…), aludiendo al escalafón jerárquico mencionado. Y el hermano de aquél reconoció como referente de su grupo a (…), quien "manejaba todo". Respecto de la disidente dijo que sin (…) "no son nadie" y respondían a él (…).

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Además el subcomisario (…), con veinte años de trayectoria en la seguridad de estos eventos, precisó que las únicas dos personas que podían dar órdenes en un enfrentamiento eran los hermanos (…). Más aun entonces en uno con la violencia y preparación verificada. Pero por otro lado los recurrentes soslayan que las bandas son reconocidas y nombradas por el apellido de los acusados (…); que dirigen desde el ingreso al estadio hasta las canciones que se deben entonar; que durante el espectáculo se ubican en el "para avalanchas" de la segunda bandeja de la popular, lugar que históricamente es asignado a los jefes (…) y que difícilmente alguna persona vinculada al mundo del fútbol no los reconozca como líderes de facciones de la hinchada de (…). Pretender entonces calificarlos como meros simpatizantes, quizá con un simple rol organizativo, como el de quien dirige un "club de fans" resulta, francamente, un descaro. No puede dejar de destacarse que justamente por esa posición privilegiada mantienen línea directa con personajes de suma importancia política. Basta citar los encuentros de (…) con el ex Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires (…) en (…), las escuchas telefónicas donde surge un pedido de colaboración en las elecciones nacionales "PASO" (…) y posibles reuniones con el Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires de aquél entonces, (…) y con (…), Secretario de Justicia (…). Éstos son datos objetivos más que suficientes para demostrar la relevancia que ocupan quienes lideren las denominadas comúnmente "barras". Se colige entonces una estructura de poder con proyección de gravedad como la que nos ocupa, que se aleja de la imagen del simple fanático que pretenden instalar para mejorar su comprometida situación procesal. En cuanto a la calificación adoptada en el decisorio, limitado por el marco del recurso y por el impuesto por el Ministerio Público al circunscribir la investigación únicamente a (…), (…) y (…) tras consentir el sobreseimiento de los restantes imputados, sólo cabe decir en respuesta al agravio de la defensa que "no puede haber instigadores luego de la desvinculación de los instigados", que los autores puede que aún no hayan sido individualizados y que la labilidad de la subsunción típica es modificable en los términos de los artículos 311 y 401 del catálogo procesal, razón por la cual nada debe dirimir esta instancia. Del embargo (…); De la obligación de abstenerse de concurrir a estadios de fútbol en ocasión de espectáculos deportivos (…) Y si los jueces tienen la posibilidad de aplicar la de mayor rigor -prisión preventiva-, también pueden hacer uso de otras de menor intensidad como la que aquí se analiza. Frente a ello queda claro entonces que si la hipótesis de máxima es constitucionalmente válida, mal puede cuestionarse la legitimidad de la segunda siempre que, claro está, sea para salvaguardar un interés superior. No puede desconocerse la gravedad del hecho examinado, que no sólo responde a los resultados fatales verificados y el tipo de enfrentamiento desarrollado, sino también a las particularidades de este tipo de grupos, donde (…) continúa incluso en la actualidad siendo referente. Así, su posible injerencia en ese ámbito es una pauta más a tener en cuenta. Y éste es un parámetro que se debe ponderar al evaluar la libertad ambulatoria de un imputado (informe 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la prisión preventiva). La medida dispuesta responde a razones de interés general y seguridad pública, que al ser valores fundamentales en nuestra sociedad para una convivencia armónica, deben ser atendidos en forma conjunta por todas las reparticiones del Estado. Máxime cuando a esta altura (…) se encuentra vinculado de manera probable con el homicidio de dos personas y lesiones de -al menos- otras dos, que tuvieron lugar, precisamente, en un encuentro deportivo. No obstante, el carácter temporal de este tipo de restricción impone su revisión en el período de seis meses, para volver a evaluar su necesidad. Por todo ello voto por confirmar la medida. III.- Los jueces Mariano A. Scotto y Rodolfo Pociello Argerich dijeron: Los argumentos expuestos por los recurrentes en la audiencia no han logrado conmover la decisión adoptada por el juez de la anterior instancia. En efecto, las pruebas incorporadas permiten concluir que la disputa suscitada el (…) en las inmediaciones del estadio de fútbol del Club (…), no habría respondido a la rivalidad propia del deporte dado que sus protagonistas son referentes de dos facciones de un mismo club. En tal sentido, la división entre estos dos grupos antagónicos fue destacada por la gran mayoría de los testigos, que además señalaron a (…) y (…) como líderes enfrentados por ocupar la barra oficial, en virtud de los supuestos beneficios que el puesto traía aparejado. Sobre ello, (…) indicó: "pasa lo que pasa, calculo que por un fin, un poder, una plata. No hay otra cosa, acá no se trata de alentar a (…). Los involucrados serían los que salen en la tele que llaman barra oficial y disidente" (…). De ahí que el hecho analizado no se puede disociar de ese marco, menos aun cuando se encontraron en el lugar cuatro horas y media antes de un partido de carácter amistoso, en el que (…) tenía prohibida la venta de entradas en las boleterías del estadio (…). Y no sólo ese lapso resulta sugestivo, pues la forma en que concurrieron tampoco pasa inadvertida: muchos de ellos estaban encapuchados, con palos y cascotes. Esos antecedentes se alejan más aún de un escenario meramente casual, originado por algún conflicto del momento. (…) Así, la duda que pretende introducir la defensa de (…) sobre su presencia en el estadio, queda zanjada con las declaraciones prestadas por los preventores (…), quienes tomaron conocimiento de ello por el comentario del subcomisario (…), encargado del operativo, que había conversado con él antes de que se presentara el grupo de (…). Aún cuando al practicarse el careo entre (…) y (…), el primero presentó ciertas vacilaciones al evocar lo sucedido, luego terminó por admitir que aunque no tenía la certeza, le pareció que la persona que se acercó a él era (…). Incluso, también reconoció que las únicas dos que podían dirigir un enfrentamiento de esa naturaleza eran los hermanos (…). (…), pese a su negativa, existen en el sumario fotografías del imputado -publicadas en medios periodísticosque lo muestran trasladándose en una motocicleta y con un casco puesto de similares características (…). 262

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (…) La conjunción de las pruebas reseñadas permite tener por acreditado con el grado de certeza que exige el art. 306 del Código Procesal Penal, la participación de (…), por lo que corresponde homologar el auto atacado. De otro lado, (…) dio cuenta de que en el cruce de (…) y (…) había alrededor de doscientas personas con armas de fuego que respondían a la barra oficial y que participaron en la agresión en la que se intercambiaron alrededor de 150 disparos (…). A ello se suma el testimonio de (…) quien describió a (…) en actitud de pelea y al frente de aquél grupo, al que dirigió hacia el lugar donde se hallaban sus oponentes (…). La versión que pretende instaurar la defensa respecto a una presunta "emboscada", se desvirtúa también con la transcripción de la conversación telefónica que el imputado mantuvo con (…) en la que reconoció: "el (…) se me murió a mí, por una decisión mía, yo fui a buscarlo porque estaba enfrente (…), no murió más gente de casualidad en ese escenario, alguien iba a morir ese día". Por lo demás, el padre del fallecido (…), que integraba la "barra oficial", destacó que al funeral concurrió la primera y segunda línea del grupo, lo que denota distintos niveles de mando y desecha la informalidad del grupo en que se escudó la defensa (…). Es más su otro hijo, (…), también señaló a (…) como referente de la facción; era quien "manejaba todo" (…). Entonces, la seriedad de estos indicios que lo colocan no sólo en una posición de poder respecto al grupo, sino que demuestran -con el alcance que esta etapa requiere- su intervención en el hecho objeto de estudio, impone homologar el auto de mérito dispuesto. Finalmente, resta analizar la situación de (…) que se vincula con la utilización del Ford (…). No está discutido el arribo del vehículo al estadio ni su acceso a un espacio restringido. Tampoco que desde allí, parte de la facción que responde a (…), tomó armas de fuego. Pero si bien la defensa del nombrado cuestiona que su asistido estuviera relacionado con el rodado, las tareas de inteligencia practicadas verificaron distintas paradas realizadas que indican el uso por parte de (…). (…), lo que desvanece su valor probatorio y permite afirmar que el imputado estuvo en poder del mismo al momento de los hechos. (…) En consecuencia, sin perjuicio de la calificación legal que pudiera corresponder, votamos por homologar el auto atacado con los alcances propios de esta instancia. Por último corresponde dejar asentado que tanto en lo relacionado al monto del embargo como a la prohibición de concurrir a estadios de fútbol, compartimos en un todo el razonamiento trazado por el juez Julio Marcelo Lucini. IV.- En consecuencia, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda (art. 401 del Código Procesal Penal de la Nación) y limitados por el marco de los recursos, el Tribunal RESUELVE: I.CONFIRMAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fue materia de recurso; II.- MODIFICAR la obligación de abstenerse de concurrir a estadios de fútbol en ocasión de espectáculos deportivos impuesta y LIMITARLA a un período de seis meses para una nueva evaluación. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini (en disidencia), Scotto, Pociello Argerich. (Sec.: Gallo). c. 38.047/13, ARAVENA, Marcelo y otros s/homicidio. Rta.: 09/03/2017 Se citó: (1) cfr. "Globalización, Prevención del Delito y Justicia Penal", Pedro R. David, ed. Zavalía, Buenos Aires, 1999, fs. 388.

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