Boletin Jurisprudencia 2012.pdf

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional BOLETÍN DE JURISPRUDENCIA (1er. Semestre de 2012) Elaborado por la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Dra. Valeria Rebagliati Secretaria de Cámara

ÍNDICE DE VOCES

A. ABOGADO. - Apartamiento oficioso. Argumento: Resguardo de garantías y derechos constitucionales de los imputados. Violación de la voluntad de la imputada a designar un abogado de su confianza. Revocación ................... 1 - Magistrado que rechaza el pedido formulado por la querella de apartamientos, prohibiciones y sanciones respecto de los defensores pero envía actuaciones al Colegio Público de Abogados. Confirmación .......... 1 ABORTO. - Sobreseimiento. Investigación llevada a cabo con una agente encubierta que se hizo pasar por embarazada y a quien la imputada le ofreció realizarle un aborto a cambio de dinero. Imposibilidad de identificar a las mujeres a quienes se les habría practicado un aborto. Necesidad de que existencia el embarazo en la mujer y que el feto esté con vida para que la figura sea típica. Atipicidad. Confirmación ................................................................................................................................................ 2 ABSOLUCIÓN POR CALIFICACIONES. - Procesamiento por amenazas coactivas con armas. Sobreseimiento por tenencia de armas y disparo de arma de fuego. Hecho único que no puede escindirse. Sobreseimiento revocado. Confirmación del procesamiento por abuso de armas agravado por el vínculo en concurso ideal con amenaza coactiva con arma .............................................................................................................................................................. 2 ABUSO SEXUAL. - Agravado por haber sido con acceso carnal. Procesamiento. Confirmación ................................................ 3 - Agravado por haber sido con acceso carnal en dos oportunidades. Procesamiento. Defensa que alude a que las relaciones fueron consentidas. Confirmación ................................................................................... 4 - Con acceso carnal agravado por ser contra un menor de dieciocho años. Procesamiento. Confirmación ................................................................................................................................................ 4 - Con acceso carnal. Falta de mérito. Imputado pareja de la damnificada que la golpeó, violó por vía anal y vaginal, y obligó a practicarle sexo oral como condición para retirarse de la vivienda. Situación de altísimo riesgo. Revocación. Procesamiento sin prisión preventiva. Prohibición de contacto con la víctima. Disidencia: procesamiento con prisión preventiva ......................................................................... 4 - Procesamiento. Agravado por su duración: sometimiento sexual gravemente ultrajante, en concurso real con el de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo –reiterado-, concurriendo idealmente con el de corrupción de menores. Confirmación .............................................................................. 5 - Procesamiento. Con acceso carnal en tentativa. Teorías respecto al comienzo de ejecución de la conducta. Confirmación. Modificación de la calificación legal por la de abuso sexual simple.................................... 7 - Procesamiento. Versión de la víctima. Prueba idónea de cargo. Confirmación ........................................... 7 - Sobreseimiento. Ausencia de certeza negativa. Menor de edad que habría sido abusado sexualmente por su abuelo. Prueba suficiente. Revocatoria. Procesamiento. Abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendiente ........................................................................................................................ 8 - Sobreseimiento. Menor de 4 años. Víctima en Cámara Gesell que no hace referencia al hecho investigado. Imputado que no evidencia un perfil de violencia amenazante ni perfiles asociados a alguna patología en la esfera psicosexual. Representante de la menor que se opone a volver a escuchar a la menor para no revictimizarla. Confirmación ................................................................................................ 9 - Sobreseimiento. Testimonios a la justicia civil. Imputado que sorprendió a la damnificada en el momento en que ingresaba a su domicilio, le exhibió sus genitales y le ordenó que le practicara sexo oral. Imputado que presenta un trastorno psíquico compatible con retraso mental leve. Causa de justificación. Inimputabilidad. Confirmación. Revocación respecto del envío de testimonios a la justicia civil: Individuo no peligroso, que ha tenido acceso a estudios y actividades sociales y laborales gracias a la contención familiar ..................................................................................................................................... 10 - Sobreseimiento. Tocamientos reiterados de glúteos. Tipicidad. Revocación ............................................. 10 - Simple. Procesamiento. Imputado que al entrar a un local comercial besó en la boca de improvisto a la empleada contra su voluntad. Ausencia de elementos de convicción que avalen la denuncia. Revocación. Sobreseimiento ........................................................................................................................................... 11 I

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Simple. Procesamiento. Médico que realizó tocamientos en partes pudendas alegando ser parte del tratamiento. Procedimiento no aplicable a la patología presentada por la damnificada. Confirmación ..... 11

ACCIÓN CIVIL. - Demanda civil interpuesta. Cuestionamiento a la ausencia de conciliación previa. Rechazo del cuestionamiento. Acción que se rige en cuanto al trámite y a los plazos, por las previsiones del C.P.P.N. Aplicación subsidiaria del C.P.C. y Com. en cuanto a los requerimientos formales que debe cumplir la interposición de la demanda. Confirmación................................................................................................ 12 ACTUACIONES CON AUTOR DESCONOCIDO (Art. 196 bis del CPPN). - Fiscal que eleva las actuaciones al magistrado para que requiera un listado de llamadas entrantes de un abonado telefónico. Magistrado que devuelve las actuaciones precisando que la medida puede ser cumplida por la fiscalía. Fallo Halabi. MPF imposibilitado. Revocación .................................................. 12 - Fiscal que solicitó la desestimación por inexistencia de delito y remitió las actuaciones al juzgado para que el magistrado dictase una resolución en ése sentido. Magistrado que se niega por entender que se trata de actuaciones con autor desconocido. Fiscal que recurre. Revocación. Magistrado que impide el control de legalidad ..................................................................................................................................... 13 ALLANAMIENTO. - Procesamiento. Personal policial que se presentó en el domicilio del imputado porque la señal satelital del rodado sustraído indicaba que se encontraba allí. Policías que omitieron informar el derecho a negar la autorización del allanamiento. Exceso de las atribuciones legales de los funcionarios policiales. Procedimiento llevado a cabo en la madrugada. Ausencia de motivos de urgencia. Revocación. Nulidad. Sobreseimiento ............................................................................................................................................ 13 AMENAZAS. - Coactivas en concurso real con lesiones leves. Procesamiento. Ley 26.485. Aplicación del principio de amplitud probatoria. Acreditación de las lesiones. Situación de riesgo. Verificación de la conminación. Validez del procedimiento observado por la Oficina de Violencia doméstica de la C.S.J.N. Confirmación14 - Coactivas. Procesamiento. Frases amenazantes destinadas a atemorizar a la víctima. Situación conflictiva preexistente entre las partes. Confirmación ................................................................................................ 14 - Coactivas. Procesamiento. Frases destinadas a compeler a los damnificados a hacer abandono de su residencia. Orden procedente de la justicia de civil de abstenerse de perturbar o intimidar a la víctima. Situación riesgosa informada por la O.V.D. de la C.S.J.N. Confirmación ................................................. 15 - Coactivas. Procesamiento. Imputada que se presentó en la casa de la damnificada exigiéndole la devolución de la casa, o que contrariamente la mataría. Idoneidad típica. Art. 149 bis del C.P.N.N. Confirmación .............................................................................................................................................. 15 - Coactivas reiteradas. Procesamiento. Victima de violencia doméstica que minimiza las imputaciones con la intención de que no se continúe con la investigación. Ley 26.485. Informe de la O.V.D., prohibición de acercamiento y exclusión del hogar dictado en el marco del expediente civil. Confirmación.................... 16 - Coactivas. Sobreseimiento. Ausencia de entidad amenazante de las frases. Situación de ofuscación propia del momento. Suceso producido durante un tenso enfrentamiento. Confirmación..................................... 16 - Coactivas. Sobreseimiento. Frases emitidas por la ex pareja con entidad vulnerante e intimidantes. Afectación a la libertad de la denunciante. Prueba suficiente. Infracción a la ley n° 26. 485. Revocación. Procesamiento ............................................................................................................................................. 17 - Coactivas. Sobreseimiento. Frases emitidas por la ex pareja con entidad vulnerante e intimidantes. Afectación a la libertad de la denunciante. Prueba suficiente. Revocación. Procesamiento....................... 17 - Coactivas. Sobreseimiento. Imputado que amenazó de muerte y con golpear a los damnificados empleados de una administradora que concurrieron al edificio a repartir la liquidación de expensas. Revocación. Procesamiento ........................................................................................................................ 18 - Desestimación por inexistencia de delito. Imputado que le refirió frases amenazantes a su hijo. Situación familiar conflictiva. Ausencia de entidad intimidatoria. Confirmación ...................................................... 19 - Sobreseimiento. Dichos expresados en el marco de una conflictiva relación familiar. Confirmación ....... 19 APROPIACIÓN DE COSA PERDIDA. - Procesamiento. Imputado que toma una agenda olvidada en un estacionamiento y la arroja en el tacho de basura. Hecho típico. Confirmación............................................................................................................ 19 ARMA. - De fuego. Procesamiento. Tenencia. No apta para el disparo. Atipicidad. Delito de peligro abstracto. Ausencia de puesta en peligro del bien jurídico protegido: seguridad pública. Posible encuadre en la figura del encubrimiento. Revocación. Falta de mérito .............................................................................. 20 - Portación de arma de uso civil (artículo 189 bis, inciso 2° del Código Penal) por parte de un ex integrante de las fuerzas armadas. Procesamiento. Portación sin autorización legal. Peligro potencial a la seguridad común. Confirmación. Disidencia: Atipicidad. Explicación razonable. Credenciales de legítimo usuario vencidas. Transporte en condiciones antirreglamentarias. Revocación. Sobreseimiento ........................... 20 - Portación tenencia y encubrimiento. Procesamiento. Arma cargada y secuestrada en el automóvil que tripulaban los imputados. Portación: no susceptible de ser compartida. Tenencia: posibilidad de coautoría. Encubrimiento: concurso ideal. Confirmación............................................................................................ 21

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Procesamiento. Portación de arma de fuego cuyo funcionamiento es anormal pero es apta para producir disparos. Afectación al bien jurídico protegido "seguridad pública". Confirmación. Disidencia: necesidad de probar el riesgo. Imposibilidad de sostener el castigo por el hecho de tener un arma descargada o no apta para el disparo ..................................................................................................................................... 22 Robo con arma de fuego descargada. Procesamiento. Agravio de la defensa: Calificación. Equiparación de arma descargada con arma de utilería. Aplicación del agravante debido al poder ofensivo. Confirmación. Disidencia parcial: Arma de fuego descargada: robo simple ............................................. 22 Robo con armas. Procesamiento. Agravante: arma utilizada en cualquier tramo del "iter criminis". Confirmación .............................................................................................................................................. 24

ASOCIACIÓN ILÍCITA. - En concurso material con extorsión, en grado de tentativa cometido en forma reiterada. Existencia de los elementos del tipo penal "asociación ilícita". Confirmación ...................................................................... 25 - Procesamiento. Existencia de los elementos del tipo penal "asociación ilícita". Confirmación................. 25 AUDIENCIA ORAL. - Reforma procesal (Ley 26.374). Procedimiento en Cámara. Letrado patrocinante que asiste sin el querellante a la audiencia. Habilitado. Nulidad rechazada ......................................................................... 26 AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS. - Rechazada. Querellantes que recurrieron el sobreseimiento del imputado, estando en trámite el recurso. Ausencia de inconductas procesales. Exención de prisión bajo caución real. Autorización anterior de salida del país debidamente cumplida. Revocación. Concesión sin la entrega de su pasaporte por tratarse de un país limítrofe y poder viajar con DNI ............................................................................................... 27 C. CALUMNIAS E INJURIAS. - Desestimación por inexistencia de delito. Expresiones vertidas en el contexto de una disputa sindical. Posibilidad de que las manifestaciones de adjudicación de conductas ilícitas y calificativos deshonrosos resulten idóneos para afectar el honor de la persona. Revocación ............................................................. 27 CAUCIÓN. - Pedido de sustitución de caución real por juratoria o reducción del monto impuesto. Largo tiempo sin ser depositado el dinero. Modificación de la caución impuesta por una de tipo personal................................ 28 CIRCUNVENCIÓN DE INCAPAZ. - Defraudación. Sobreseimiento. Damnificado con retraso madurativo leve que lo inhabilitaría a realizar actos jurídicos y administrar sus bienes. Estado de vulnerabilidad psicológica. Revocación. Procesamiento ............................................................................................................................................. 28 - Desestimación por inexistencia de delito. Imputado beneficiario de un testamento como único heredero de todos sus bienes. Proceso civil en trámite en el que consta que el causante al momento de celebrar el testamento no adolecía de enfermedad o deterioro alguno. Atipicidad. Cuestión que debe ser resuelta en sede civil. Confirmación ............................................................................................................................. 28 - Procesamiento. Imputados que aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima la indujeron a firmar un poder para enajenar un inmueble del que era titular. Imposibilidad de dar consentimiento por resultar incapaz. Perjuicio patrimonial. Confirmación................................................ 29 COACCIÓN. - Procesamiento. Imputado que profirió frases amenazantes a la damnificada al tiempo que le mostraba balas de una pistola. Confirmación ............................................................................................................. 30 COMPETENCIA. - Atribución de competencia a la justicia federal. Imputadas que se aprovecharon del estado de salud mental y edad avanzada de la damnificada y mediante el pretexto de conseguirle una obra social, le hicieron firmar un documento que les permitió cobrar su jubilación y pensión, no resultando el dinero cobrado destinado a sus gastos. Perjuicio patrimonial a la víctima. Revocación. Justicia de instrucción................................................................................................................................................... 30 - Corrupción de menores, abuso sexual con y sin acceso carnal agravado por el vínculo. Competencia del juez que previno. Necesidad de analizar toda la prueba en conjunto. Revocación de la incompetencia parcial ......................................................................................................................................................... 31 - Desapoderamiento de mercadería transportada producido durante el tramo de descarga. Bienes sometidos a menor vigilancia por parte de su dueño. Hurto agravado. Justicia de instrucción ................................... 31 - En razón de la materia. Colocación por parte del imputado de una chapa metálica en la abertura de expendio de dinero del cajero para evitar la entrega. Hecho que permite varias posturas en cuanto al encuadre jurídico. Conveniencia en mantener la intervención del juzgado de competencia más amplia. Revocación. Disidencia: Hecho que encuadra en el artículo 162 del C.P. Justicia correccional. Confirmación .............................................................................................................................................. 32 - En razón de la materia. Residuos peligrosos en la vía pública. Revocación. Justicia federal .................... 32 III

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En razón del territorio a la provincia de Buenos Aires. Competencia delimitada por el lugar donde tuvo principio de ejecución la maniobra. Lugar de infracción a la ley 11.723. Edición de la obra sin autorización. Capital Federal. Revocación.................................................................................................. 33 En razón del territorio. Perjuicio patrimonial: donde se produce la disposición patrimonial perjudicial. Justicia de instrucción ................................................................................................................................. 33 Encubrimiento agravado. Animo de lucro: posibilidad de uso o de cambio de los objetos receptados. Justicia de Instrucción. Disidencia: figura básica ....................................................................................... 34 Excepción de incompetencia rechazada. Falsificación de acta de matrimonio. Destrucción de actas del libro de Registro Civil, expedición de una certificación de la pieza fraguada presumiblemente en un Registro Civil de la provincia de Santa Fé. Uso de ese documento en Capital Federal, en un juicio sucesorio para la obtención de un beneficio. Sumario con investigación avanzada en esta ciudad. Principio de economía procesal. Confirmación .......................................................................................... 34 Falso testimonio. Bien jurídico tutelado: administración de justicia. Presunta deposición falsa prestada en investigación de competencia federal. Justicia federal ............................................................................... 35 Fiscal que recurre la incompetencia dispuesta por el juez de instrucción a la justicia correccional. Imputada: madre de una menor que se lleva a su hija del hogar conyugal por un conflicto familiar y posteriormente regresa. Adecuación típica: art. 1 de la Ley 24.270. Confirmación ................................... 35 Hostigamiento. Jefa de laboratorio que al renunciar a su puesto y luego que el laboratorio fuese inspeccionado por el ANMAT comenzó a recibir en su teléfono y en su perfil de Factbook mensajes de tipo intimidatorios en los que se la responsabilizaba de la inspección. Justicia contravencional. Disidencia: coacciones agravadas por cuanto la damnificada fue amenazada previamente para no realizar la denuncia ante la ANMAT. Revocación. Justicia de instrucción ............................................................. 36 Infracción a la ley de propiedad intelectual y a la ley de marcas y designaciones. Concurso ideal. Única conducta. Justicia federal ............................................................................................................................ 37 Infracción ley 11.723, a través de la Web. Querella que recurre la declinación del Juzgado de Instrucción a favor de la justicia provincial. Exclusión de la aplicación del principio territorial ante la comisión de un delito a través de la web. Imposibilidad de determinar el lugar. Principio de economía procesal: prevalece el juez que previno en la denuncia. Justicia de la provincia de Córdoba .................................................... 37 Justicia correccional. Daño simple en concurso ideal con lesiones. Damnificado que no instó la acción por el delito de lesiones. Imposibilidad de desdoblamiento. Hecho único. Revocación. Justicia contravencional ........................................................................................................................................... 38 Lesiones. Expresiones de carácter antisemita e intimidatorio. (Ley 23.592). Imputado que alienta la discriminación racial, nacional o religiosa. Justicia Federal ....................................................................... 39 Lesiones leves. Posible encuadre jurídico en la figura de homicidio en grado de tentativa. Justicia de Instrucción ................................................................................................................................................... 39 Robo. Teléfono celular sustraído de las manos de la víctima. Justicia de instrucción. Confirmación ........ 39 Sustracción de bicicleta. Vehículo dejado en la vía pública. Hurto agravado. Justicia de Instrucción ....... 40

CONCURSO DE DELITOS. - Violación de domicilio en concurso real con lesiones leves. Procesamiento. Superposición temporal parcial de las figuras y afectación a bienes jurídicos diferentes. Confirmación ......................................... 40 CONCUSIÓN. - Procesamiento. Imputado: chofer de un móvil policial que exigió dinero a cambio de no secuestrar un vehículo y no labrar el acta respectiva. Confirmación ................................................................................ 40 CONSULTA DEL ART. 348 DEL C.P.P.N. - Sobreseimiento pedido por el fiscal. Ausencia de querella. Juez que eleva en consulta. Afectación a garantías procesales. Nulidad ...................................................................................................................... 41 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. - Abuso sexual. Manifestación ante el magistrado de que la investigación no avance respecto a los hechos de índole sexual. Denuncia ante la O.V.D. por las lesiones leves instando a la acción. Justicia Correccional ................................................................................................................................................ 41 - Apoderamiento de bienes de una obra en construcción. Sereno del edificio en construcción. Posible abuso de confianza. Justicia de Instrucción ........................................................................................................... 42 - Apoderamiento de elementos del interior de una valija cerrada con candado a lo que se accedió utilizando llave que se encontraba a la vista. Hurto simple. Justicia Correccional ...................................................... 42 - Autor que sustrajo elementos aprovechando el descuido de quien padeció un desperfecto en el rodado. Hurto simple. Justicia correccional ............................................................................................................. 42 - Estafa. Colocación de un dispositivo llamado "pescador" en un cajero automático para retener los billetes. Ausencia de ardid o engaño. Hurto en tentativa. Justicia Correccional ...................................................... 43 - Vehículo dejado en la vía pública con las llaves colocadas y sin asegurar sus puertas. Hurto simple. Tenedores que nunca resignaron su vigilancia. Justicia Correccional ........................................................ 43 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO FEDERAL. - Acceso ilegítimo a página web y modificación del contenido. Competencia exclusiva de la justicia federal44 - Casa de servicios personales. Ofrecimiento de servicios por personas de nacionalidad extranjera. Posible aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Imposibilidad de descartar la realización de alguna de las acciones del art. 145 bis del C.P. Justicia Federal ............................................................ 44 IV

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Imputado que colocó en la puerta de un banco un dispositivo electrónico capaz de leer y copiar datos de las bandas magnéticas de las tarjetas de débito, como así también, filmó el momento en que los usuarios introducen sus claves personales. Justicia correccional.............................................................................. 44 Violación de secreto (art. 153 bis del C.P.). Internet. Apropiación de fotos de una cuenta en facebook y metroflog y creación de una nueva cuenta. Juzgado federal. ...................................................................... 45

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. - Certificación de balance extendida por el Secretario de Legalizaciones del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad. Instrumento público. Art. 979 CC. Falsificación de documento público. Justicia de instrucción ................................................................................................................................. 45 - Conexión clandestina de cables para acceder al fluido eléctrico. Fuerza no asimilable a la requerida por la figura del robo. Atipicidad. Justicia correccional ....................................................................................... 46 - Damnificado que denunció ante la OVD lesiones provocadas por su padre. Informe de la OVD que precisa que lo inutilizarían por un lapso mayor a un mes. Informe del CMF en encuadran las lesiones en lo normado por el art. 89 del C.P. Justicia correccional ............................................................................. 46 - Daño agravado por haber sido cometido contra un bien de uso público (competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Cdad. Autónoma de Bs. As.). Lesiones leves (competencia Justicia Correccional). Hecho inescindible abarcado por dos figuras penales. Intervención de un único tribunal. Conocimiento del fuero con mayor espectro jurisdiccional. Justicia de Instrucción. Disidencia parcial. Colectivo: bien de propiedad privada. Justicia Correccional...................................................................... 46 - Declinatoria prematura. Ausencia de determinación de gravedad de las lesiones. Robo. Daño agravado. Colectivo: afectado al servicio de transporte público de pasajeros. Justicia de instrucción. Disidencia parcial. Colectivo: bien de propiedad privada ............................................................................................ 47 - Empleado en relación de dependencia que se apropió de la encomienda de dinero que le fuera ordenado retirar. Hurto. Justicia correccional............................................................................................................. 48 - Hurto calamitoso. Aprovechamiento del infortunio sufrido por la damnificada. Juzgado de instrucción................................................................................................................................................... 48 - Imputado que comercializa una antena y un decodificador capaz de obtener la señal satelital de Cablevisión. Atipicidad. Necesidad de determinar si el software utilizado es una copia apócrifa. Justicia de Instrucción.............................................................................................................................................. 49 - Imputados que sin título habilitante de abogados tendrían un estudio jurídico. Declinatoria prematura. Ardid consistente en simular la condición de abogados: inducción a error a sus clientes con la consiguiente disposición patrimonial indebida. Justicia de Instrucción ..................................................... 49 - Imputado que mintió a la damnificada para obtener la entrega del celular. Ausencia de ardid. Hurto. Justicia correccional.................................................................................................................................... 50 - Inclusión de la bicicleta en el concepto de vehículo a los fines de agravar el delito de hurto. Justicia correccional................................................................................................................................................. 50 - Mensajero que no entrega en destino los cheques que luego son presentados al cobro. Quebrantamiento de fidelidad en el cuidado de los bienes confiados. Justicia de Instrucción ............................................... 50 - Persona que exhibe una tarjeta personal de la que surge que tendría una profesión para la cual no habría estudiado. Ausencia de ardid defraudatorio. Justicia correccional ............................................................. 51 - Personal policial que secuestró un rodado al presentar a simple vista anomalías en las chapas patentes, que luego se terminó que eran falsas. Chasis y motor adulterados. Magistrado de Instrucción que rechaza la competencia asignada y la devuelve indicando que aún es necesario determinar si la cédula verde es falsa para definir si corresponde asignar competencia por los hechos a un magistrado del fuero federal. Justicia correccional.................................................................................................................................... 51 - Sustracción de menor por el padre que comparte la patria potestad con la denunciante. Atipicidad: sujeto activo con derecho de custodia. Configuración del delito de impedimento de contacto. Justicia correccional. Disidencia: Hecho en el que se advierte que el padre ha hecho "desaparecer" al menor. Justicia de instrucción ................................................................................................................................. 52 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCION Y JUZGADO FEDERAL. - Administración y regenteo de casa de tolerancia. Trata de personas. Justicia federal................................ 52 - Adulteración del formulario 02, expedido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Art. 33 inc. 1 del C.P.P.N. Justicia federal.............................................................................................................. 53 - Damnificada que denunció que otra persona se encontraba registrada con su DNI tanto en una entidad bancaria como en la AFIP y en ANSES. Posible falsificación de DNI. Justicia federal ............................ 53 - Denuncia de falsificación de D.N.I. y uso de datos personales para comprar equipos telefónicos. Competencia de la justicia federal .............................................................................................................. 54 - Desviación de usuarios desde una página web hacia otra de similar denominación mediante la técnica de phishing. Delito de acción privada. Cuestión que ya había sido resuelta por la Cámara en donde se precisó que el delito era de acción privada y que debía el magistrado emitir una decisión al respecto. Justicia de instrucción que continuó el trámite como si fuera un delito de acción pública y luego se declaró nuevamente incompetente provocando una nueva disputa por la competencia. Nulidad de todo lo actuado ........................................................................................................................................................ 54 - Dinero girado por la Nación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desvío. Perjuicio a las arcas nacionales. Justicia Federal ............................................................................................................... 54

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En razón del territorio. Infracción Ley 22.421 de conservación de la fauna silvestre y su decreto reglamentario n° 666/97 en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Justicia de instrucción .................... 55 Existencia de dos tarjetas de crédito idénticas. Utilización ilegítima de D.N.I. para la obtención de la tarjeta de crédito en sede bancaria. Juzgado Federal .................................................................................. 55 Interno que prende fuego un colchón en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, produciendo daños en las instalaciones. Afectación al patrimonio del Estado Nacional. Resguardo de los intereses nacionales. Justicia Federal ......................................................................................................................... 56 Receptación dolosa de teléfonos celulares. Ley 25.891. Justicia federal .................................................... 56 Tentativa de estafa mediante uso de documento privado adulterado y documento de identidad ajeno. Equiparación de la cédula de identidad al carácter de documento nacional. Bien jurídico lesionado: la fe de los documentos emitidos por la Policía Federal. Justicia federal ........................................................... 57 Utilización de recursos por parte de personal de la P.F.A. para beneficio propio. Imputado que ejerce función local dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Justicia de Instrucción .............................................. 57 Violación de secretos (art. 153 y 153 bis del C.P.). Internet. Apropiación ilegal de datos enviados por correo electrónico y publicación de las mismas con fines ilícitos de oferta sexual. Juzgado federal ......... 57

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO PENAL ECONÓMICO. - Cheques de pago diferido considerados instrumentos de crédito y no de pago. Entrega a cambio de contraprestación que no implica simultaneidad. Posible encuadramiento en el art. 302 inc. 2 CPN. Justicia en lo penal económico................................................................................................................................. 58 - Damnificado que presentó al cobro cheques de pago diferido que fueron rechazados por falta de fondos. Art. 302 inc. 2 CP. Imposibilidad de configurar el delito de estafa por ausencia del elemento indispensable de la simultaneidad, por tratarse de instrumentos de crédito y no de pago. Justicia en lo penal económico ......................................................................................................................................... 58 CORRUPCIÓN DE MENORES. - Agravada por amenazas y resultar imputada la persona conviviente con la víctima y encargada de su educación. Procesamiento. Confirmación ................................................................................................... 59 - Procesamiento. Imputado que realizó tocamientos en las partes íntimas de una menor de 14 años, la obligó a realizarle sexo oral mientras la filmaba e intentó penetrarla, siempre a cambio de dinero. Solicitud del imputado de exhibición de imágenes de la niña a través de Internet mientras se masturbaba en su casa. Confirmación ............................................................................................................................ 59 COSTAS PROCESALES. - Excepción al principio general del artículo 531 CPPN. Razones plausibles para litigar. Eximición a la querella del pago de las costas .................................................................................................................... 60 D. DAÑO. - A un colectivo. Ausencia de agravantes del art. 184, inc. 5 del CP. Daño simple. Disidencia: alcance de la agravante desde el momento en que se encuentra afectado a la prestación de un servicio de uso general para la comunidad ....................................................................................................................................... 60 DECLARACIÓN INDAGATORIA. - Juez que no hizo lugar al pedido formulado por el fiscal de llamar al imputado a prestar declaración indagatoria. Fiscal que considera que existen motivos suficientes para sospechar del mismo. Revocación .................................................................................................................................................. 61 - Negativa al pedido de la defensa de ampliar la declaración indagatoria. Derecho del imputado a declarar cuantas veces quiera. Revocación ............................................................................................................... 61 DEFRAUDACIÓN. - Administración fraudulenta en concurso real con retención indebida. Procesamiento. Damnificada que entregó al imputado un rodado para que lo vendiera o lo destinara como parte de pago de otro rodado. Imputado que vendió sin rendir cuentas y no lo devolvió cuando fue intimado. Confirmación ................. 61 - Administración fraudulenta. Procesamiento. Defensa que se agravia porque restan investigar determinados sucesos para definir si merecen reproche jurídico. Circunstancia que no neutraliza la consumación del tipo. Conjunto de hechos y actos jurídicos que conforman un hecho único, indivisible y global. Confirmación................................................................................................................................... 62 - Desbaratamiento de derechos acordados en concurso real con usurpación. Procesamiento. Imputado que suscribió con el damnificado un boleto de compraventa por el que le vendió una propiedad y tiempo después volvió a enajenarlo a un tercero. Despojo de la posesión al cambiar la cerradura del inmueble e impedir su ingreso luego de celebrar el contrato de compraventa. Confirmación. Embargo...................... 62 - Procesamiento. Dolo anterior no acreditado. Diferencia con el petardismo. Dolo posterior: incumplimiento de contrato que debe resolverse por vía civil. Necesidad de llevar a cabo medidas. Revocatoria. Falta de mérito ....................................................................................................................... 63 - Procesamiento. Imputados que manipularon máquinas tragamonedas con el objeto de lograr que imprimieran tickets por un valor superior al otorgado por el sistema. Perjuicio patrimonial a la casa de juegos. Confirmación .................................................................................................................................. 63 - Retención indebida. Sobreseimiento. Falta de restitución del bien reclamado en el tiempo establecido. Imputado: ex empleado al cual se le entregó un vehículo con contrato de leasing. Imputado que alude VI

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional derecho de retención por reclamo indemnizatorio en sede laboral. Necesidad de profundizar la investigación. Revocación .......................................................................................................................... 64 Retención indebida. Sobreseimiento. Atipicidad. Ausencia del dolo de retener. Conflicto laboral. Confirmación .............................................................................................................................................. 65 Retención indebida. Sobreseimiento. Ausencia de título o acto jurídico que afirme la existencia de obligación de restituir. Sentencia de divorcio que no definió sobre los objetos supuestamente retenidos. Confirmación .............................................................................................................................................. 65 Retención indebida. Sobreseimiento. Ex empleados que no restituyeron formularios de una empresa de salud. Imposibilidad de perjuicio. Papeles que no revisten la calidad de "documento" ni pueden ser comprendidos dentro del concepto de "cosa". Atipicidad. Confirmación .................................................. 66 Retención indebida. Sobreseimiento. Restitución de mobilario reclamado por su ex pareja. Ausencia de voluntad inequívoca de retener las cosas que estaban bajo su custodia. Inexistencia de dolo. Costas en orden causado. Confirmación ..................................................................................................................... 66 Sustracción. Procesamiento. Propietario de un vehículo que lo sustrae de la playa de acarreo para evitar pagar por la infracción cometida. Confirmación ........................................................................................ 67 Sobreseimiento. Excusa absolutoria. Esposa que denuncia a su cónyuge. Confirmación .......................... 67 Sobreseimiento. Operación de compraventa por Internet a través del sitio web "Mercado libre". Ausencia de ardid o engaño. Atipicidad. Confirmación ............................................................................................. 68 Uso no autorizado de los datos de una tarjeta de crédito. Imputado empleado de un restaurante que utilizaba sin autorización de la damnificada los datos de su tarjeta para efectuar pagos. Confirmación .............................................................................................................................................. 68

DELITO DE ACCIÓN PRIVADA. - Archivo. Lesiones culposas. Defensa que solicita el sobreseimiento. Damnificado que no instó la acción penal. Ausencia de interés público que autorice a suplir la voluntad de la presunta víctima. Confirmación .............................................................................................................................................. 69 - Desestimación por inexistencia del delito. 1) Calumnias. Situaciones narradas por el autor: generalidades en contexto histórico. Ausencia de imputación de un delito concreto y circunstanciado. Atipicidad. 2) Injurias. Expresiones referidas a asuntos de interés público. Atipicidad. Confirmación............................ 70 - Inadmisibilidad. Claridad y precisión en el escrito promotor de la querella. Defensa en juicio garantizada. Revocación ................................................................................................................................................. 71 - Lesiones. Sobreseimiento. Apelación del fiscal. Acción no instada. Revocación. Archivo por imposibilidad de proceder........................................................................................................................... 71 DESARMADERO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES (LEY 25.761). - Procesamiento. Omisión dolosa. Tipicidad. Confirmación ........................................................................ 72 DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO - Rechazo de legitimación activa. Revocatoria. Juez y fiscal denunciados por violación al secreto de sumario y prevaricato. Revocatoria. Legitimación activa. Atipicidad. Publicidad de los actos de gobierno. Confirmación .............................................................................................................................................. 73 DETENCIÓN DOMICILIARIA. - Rechazada. Robo con armas. Concurso de delitos. Proceso en trámite. Hijos menores de 5 años de edad. Imputada embarazada. Bienestar del niño. Ley 26.472. Revocación. Concesión bajo responsabilidad de su tío y la supervisión del servicio social y/o terapéutico local y del tratamiento que las adicciones referidas por la imputada puedan requerir ................................................................................................................. 74 DETENCIÓN SIN ORDEN JUDICIAL. - Nulidad rechazada. Comportamiento de los imputados que habilitó la interceptación. Detención justificada en la visualización de un arma de fuego en la mochila que dejaran caer los imputados al ser interrogados. Actuación prudente y razonable en ejercicio de funciones específicas. Confirmación. Disidencia: actuación de los preventores que excedió las atribuciones legales. Ausencia de datos objetivos indicativos de una posible infracción a la ley. Revocación. Nulidad .......................................... 74 - Nulidad rechazada. Indicios vehementes de culpabilidad que permiten presumir la comisión de un hecho delictivo. Confirmación .............................................................................................................................. 75 DETENCIÓN Y REQUISA SIN ORDEN JUDICIAL. - Nulidad. Preventor alertado por transeúnte de actitud sospecha de dos personas. Actitud asumida al notar la presencia policial. Pautas objetivas y razonables que justifican la intervención policial. Confirmación .............................................................................................................................................. 76 - Nulidad rechazada. Imputado sin casco empujando motocicleta y nervioso al advertir al personal policial. Requerimiento de documentación. Manifestaciones espontáneas sobre el origen del bien. Ausencia de coacción. Validez. Confirmación................................................................................................................ 76 - Nulidad rechazada. Procedimiento policial válido. “Actitud sospechosa”. Manifestaciones espontáneas del enrostrado. Validez. Confirmación ....................................................................................................... 77 - Nulidad rechazada. Recelo inicial del preventor por comportamiento asumido por el imputado. Legitimación de la intervención policial. Actuación prudente y razonable. Confirmación........................ 78 VII

E. ENCUBRIMIENTO. - Sobreseimiento. Por receptación. Arma de fuego con numeración erradicada. Tipicidad: recibimiento con ánimo de lucro. Revocatoria. Disidencia: ausencia de requisitos de configuración. Imposibilidad de determinar si el arma fue previamente obtenida mediante la comisión de un delito. Confirmación .......... 78 ENTREGA DE EFECTOS. - Rechazada. Cuadro secuestrado en una galería al llevarse a cabo un allanamiento. Necesidad de que intervenga la justicia civil para definir la cuestión. Revocación. Entrega del bien en carácter de depositaria judicial ...................................................................................................................................... 79 - Rechazo a la petición por parte de la querella de cambiar las condiciones impuestas por el tribunal para convertirse en depositario judicial. Alusión a una imposibilidad de cumplimiento no demostrada. Confirmación .............................................................................................................................................. 80 - Rechazo respecto del pedido de destrucción de cheques secuestrados. Actuaciones archivadas con autor desconocido. Pedido prematuro. Confirmación .......................................................................................... 80 ENTREGA DE RODADO. - Al padre del imputado en carácter de depositario judicial. Vehículo susceptible de ser decomisado. Revocación .................................................................................................................................................. 80 - Juez que denegó la restitución del automóvil sin fundamentar los motivos ni especificar el modo en que se relacionarían los rodados con el hecho investigado. Nulidad ................................................................. 81 - Rechazada. Asociación ilícita. Interesada que no fue imputada en el proceso. Ausencia de relación temporal entre los hechos pesquisados y la compra del rodado. Documentación que no ofrece reparos sobre la titularidad. Revocatoria ................................................................................................................. 81 ESTAFA. - En grado de tentativa. Defensa que alega la verificación de una tentativa inidónea. Rechazo. Tipicidad. Procesamiento ............................................................................................................................................. 81 - En grado de tentativa. Procesamiento. Denuncia falsa de sustracción del vehículo para cobrar el seguro. Autoincriminación al momento de ampliársele la declaración y reconocer la falsa denuncia. Nulidad del requerimiento de instrucción, de la declaración indagatoria y del procesamiento ...................................... 82 - En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que simulando ser policía se presentó ante el damnificado y le exigió la entrega de una suma de dinero con el fin de colaborar en la compra de un móvil policial. Confirmación ...................................................................................................................... 83 - En grado de tentativa. Procesamiento. Denuncia falsa de sustracción del vehículo para cobrar el seguro. Autoincriminación al momento de ampliársele la declaración y reconocer la falsa denuncia. Nulidad del requerimiento de instrucción, de la declaración indagatoria y del procesamiento ...................................... 84 - En grado de tentativa. Sobreseimiento. Entrega de cheques a persona desconocida con la promesa de entrega de dinero a título de préstamo. Negligencia del damnificado. Ausencia de maniobra ardidosa. Confirmación .............................................................................................................................................. 85 - Procesamiento. Defraudación por retención indebida. Confirmación ........................................................ 86 - Procesamiento. Prueba endeble e indiciaria. Ausencia de ardid o engaño para el tipo penal. Necesidad de cumplir medidas de prueba. Revocación. Falta de mérito .......................................................................... 86 - Sobreseimiento. Cesión de derechos hereditarios y mutuo con garantía hipotecaria respecto del mismo bien. Víctima inducida a celebrar dos actos incompatibles entre sí. Revocatoria. Procesamiento ............. 87 - Sobreseimiento. Compra de mercadería a supermercado vía Internet, abonada con tarjeta de crédito ajena. Piezas probatorias de incriminación. Revocación. Procesamiento por estafa reiterada en cuatro oportunidades .............................................................................................................................................. 89 - Sobreseimiento. Damnificada que realizó en un locutorio una recarga de saldo de un teléfono celular, que no fue acreditado. Atipicidad. Incumplimiento contractual. Confirmación ................................................ 89 - Sobreseimiento. Denunciantes que con el objeto de ocultar la verdadera situación patrimonial solicitaron al imputado que figurara como propietario de una finca. Celebración de boletos de compraventa instrumentados mediante escritura pública. Transmisión de posesión y poder para concretar la escrituración. Demanda a vendedores por incumplimiento de escrituración. Ausencia de ardid o engaño, abuso de confianza. Falta de suscripción de contradocumento. Atipicidad. Confirmación ........................ 90 - Sobreseimiento. Imputados que pretendieron entrar a un espectáculo deportivo con entradas apócrifas. Deficiente calidad de impresión. Inidoneidad para causar perjuicio frente a los sujetos capacitados para detectar su validez. Elementos que permiten sostener que quienes exhibieron los tickets fueron a su vez defraudados. Confirmación .............................................................................................................. 91 - Sobreseimiento. Socio y titular de una agencia de viajes. Engaño error disposición patrimonial perjudicial. Conocimiento y voluntad de desviar el dinero en provecho propio o de terceros. Revocación. Procesamiento ............................................................................................................................................. 91 - Sobreseimiento. Trámite de sucesión. Omisión de denunciar la existencia de otros herederos. Aporte de domicilio falso. Posibilidad de hacer incurrir al juez civil en error. Revocatoria ....................................... 92 ESTAFA PROCESAL. - En concurso ideal con uso de documento privado falso. (arts. 172 y 296 del Código Penal). Entrega de pagare falso. Incertidumbre sobre el conocimiento del imputado respecto la falsedad del titulo valor

VIII

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional presentado en el Juzgado Comercial. Atipicidad por no configurarse la faz subjetiva del delito. Duda insuperable. Revocación. Sobreseimiento .................................................................................................. 93 Presentación de documento presuntamente adulterado en causa penal. Comportamiento que no puede ser tipificado como estafa procesal porque no constituye un medio para obtener un pronunciamiento que origine disposición de índole pecuniaria. Posible falsificación de documento privado. Confirmación de la declaración de incompetencia al fueron correccional ................................................................................. 93 Sobreseimiento. Ausencia de todos los elementos del tipo legal. Atipicidad. Confirmación..................... 93 Sobreseimiento. Demandado que presentó recibos con firma adulterada. Ausencia de elementos para configurar una estafa procesal. Configuración del delito de falsificación de instrumento privado. Revocación. Proces Sobreseimiento. Maniobra realizada por la imputada en el juicio sucesorio de la madre para percibir un crédito provisional. Omisión de denunciar la existencia de otro heredero. Posibilidad de hacer incurrir al juez civil en error. Tipicidad. Revocatoria. Procesamiento ........................................................................ 95

ESTRAGO. - Culposo. Procesamiento. Derrumbe de pared medianera por falta de apuntalamiento necesario para asegurar la sustentabilidad de la excavación. Responsabilidad del director técnico de la empresa contratista. Cuantificación considerable del daño. Inexistencia de vulneración al principio ne bis in ídem. Sanción administrativa: cuestión de distinta índole a la sanción penal. Confirmación .............................. 96 ESTUPRO. - Procesamiento por corrupción de menores. Hecho que encuentra tipificación en la figura del estupro. Confirmación: Cambio de calificación ....................................................................................................... 97 EXACCIONES ILEGALES. - Procesamiento. Policías que se presentaron ante la sede de una empresa exigiéndole a un empleado una colaboración a cambio de no labrarle una infracción. Necesidad de profundizar la investigación. Revocación. Falta de mérito ....................................................................................................................... 98 EXCARCELACIÓN. - Concedida bajo caución juratoria con la obligación de comparecencia ante el tribunal. Robo simple tentado. Inexistencia de peligros procesales. Evidencia de estar a derecho. Confirmación ....................... 99 - Concedida bajo caución juratoria, apelada por el fiscal. Registro de condena. Rebeldía. Ausencia de peligros procesales. Confirmación .............................................................................................................. 99 - Concedida bajo caución real. Agravio: monto elevado, imposibilidad de cumplir. Importe ya depositado. Agravio desvirtuado. Confirmación ........................................................................................................... 99 - Concedida bajo caución real. Confirmación. Disidencia: antecedente condenatorio, eventual pena en el legajo de efectivo cumplimiento. Reincidente. Revocación ..................................................................... 100 - Rechazada. Abuso sexual agravado. Imputado: padre. Damnificada: hija menor de edad. Arraigo dudoso. Obligación del Estado proteger los derechos reconocidos por la ley 26485. Prioridad a la salud psicofísica de la menor. Confirmación ....................................................................................................................... 100 - Rechazada. Amenaza de eventual condena de efectivo cumplimiento por la penalidad que prevé el delito. Nombre de pila diferente aunque similar. Revocación. Caución personal junto con la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado .................................................................................................. 101 - Rechazada. Antecedente condenatorio. Imputado registrado con 8 nombres. Incomparecencia al Tribunal en la fecha acordada. Violencia desmedida ejercida contra su ex pareja embarazada. Imputado denunciado en varias oportunidades por hechos de violencia. “Convención de Belém do Pará” y leyes 12.569 y 26.485. Confirmación ................................................................................................................ 101 - Rechazada. Antecedentes condenatorios. Ausencia de arraigo. Domicilio constituido con su defensa. Ausencia de peligros procesales. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de comparecer al tribunal el 1er. día martes de cada mes. Disidencia: Condenas anteriores que presumen un incumplimiento a compromisos en caso de obtener su libertad. Confirmación ....................................... 102 - Rechazada. Arraigo acreditado y datos filiatorios verdaderos. Registro de condena de efectivo cumplimiento. Revocación. Concesión bajo caución personal con la obligación de comparecer al Juzgado cada 15 días............................................................................................................................................... 102 - Rechazada. Arraigo, aporte de datos filiatorios verdaderos. Registro de una causa en trámite, en la que se encuentra detenido por un hecho ocurrido un día antes del inicio de la causa en la que se ventila el planteo. Extrema gravedad de ambos hechos. Confirmación ................................................................... 103 - Rechazada. Arraigo. Datos verdaderos. Proceso en trámite ante un Tribunal Oral de Menores por robo agravado con arma, en lugar poblado y en banda en tentativa. Hechos imputados cometidos con arma y con desprecio a la vida. Confirmación...................................................................................................... 103 - Rechazada. Asociación ilícita en concurso real con robo con armas y hurto de mercaderías en tránsito. Ausencia de antecedentes condenatorios y causas en trámite. Arraigo. Domicilio constatado. Posibilidad de neutralizar los riesgos procesales con otras formas de cuatela. Revocación. Concesión bajo caución real. Disidencia: en cuanto al monto de la caución a imponer.................................................................. 103 - Rechazada. Ausencia de antecedentes condenatorios. Datos personales correctos y domicilio constatado. Riesgo de elusión que puede ser morigerado con una caución real. Revocatoria. Concesión bajo caución real más la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. Disidencia: soltura no procedente. Concurso de delitos que supera los ocho años. Suceso con especiales características. Conducta evasiva. IX

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X

Asunción de distintas filiaciones en otros procesos. Arraigo precario y dudoso. Verificación de peligro de elusión. Confirmación ............................................................................................................................... 104 Rechazada. Ausencia de condenas. Registro de rebeldía, imputado identificado con diferentes nombres, falta de arraigo Revocación. Caución personal más la obligación de comparecer al Juzgado cada quince días ............................................................................................................................................................ 105 Rechazada. Defraudación por manipulación de un sistema de transmisión de datos. Imputado que ingresó recientemente al país. Falta de arraigo. Riesgo procesal de fuga. Peligro de entorpecimiento de la investigación. Confirmación ..................................................................................................................... 105 Rechazada. Delito imputado reprimido con una penalidad máxima que excede los 8 años de prisión. Severidad de la pena y gravedad del hecho. Pautas válidas para presumir la fuga. Extranjero con dos meses de habitar el territorio nacional: arraigo dudoso. Causa en trámite. Confirmación. Disidencia: Penalidad mínima del delito imputado que no impide la posibilidad de aplicar una condena de cumplimiento ficto debido a que carece de antecedentes. Revocación. Concesión bajo caución real, más la retención del pasaporte y la prohibición de salida del país ................................................................... 106 Rechazada. Delitos imputados que superan el límite de ocho años previsto en el art. 316, 2do párrafo del C.P.P.N. Existencia de pronunciamientos condenatorios anteriores. Imposibilidad de eventualmente aplicar condena de ejecución condicional. Registro con diferentes filiaciones. Ocultamiento de la verdadera identidad. Mendacidad al aportar el domicilio. Riesgo de elusión. Confirmación................... 107 Rechazada. Domicilio no constatado. Imputado que en detención ya ha cumplido el mínimo legal previsto para el hecho. Registro de rebeldías en dos causas que registra en trámite. Confirmación ........ 108 Rechazada. Escala penal que supera el tope de ocho años de pena privativa de libertad. Registro de tres sentencias condenatorias por delitos de naturaleza patrimonial y declaración de reincidente en dos oportunidades. Arraigo dudoso. Registro bajo distintos nombres. Peligro corrido por la víctima. Intento de fuga previo a la detención. Riesgo de fuga suficiente. Confirmación .................................................. 108 Rechazada. Excarcelación concedida anteriormente bajo caución real y registro de una prohibición de salida del país. Carencia de arraigo y falta de trabajo. Esposa e hijos con domicilio en Colombia. Confirmación ............................................................................................................................................ 109 Rechazada. Extracción de vehículo estacionado en la vía pública. Peligro de fuga. Imputado que se encuentra detenido por otro hecho. Condena anterior. Declaración de reincidencia. Arraigo dudoso. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Rebeldía. Confirmación ...................................................... 109 Rechazada. Falta de identificación del encausado, de documentación y de arraigo. Confirmación ......... 110 Rechazada. Homicidio agravado en grado de tentativa. Arraigo. Inexistencia de condenas anteriores ni rebeldías. Ausencia de peligros procesales. Revocación. Concesión bajo caución juratoria más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal sumado a la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima ......................................................................................................... 110 Rechazada. Incursión en otro delito a poco tiempo de ser excarcelado. Reincidente. Peligro procesal de fuga (art. 319, C.P.P.N.). Confirmación.................................................................................................... 111 Rechazada. Pareja del imputado que asistió a la audiencia y exhibió documentación de ambos que disipan dudas respecto de la identidad y del arraigo. Revocación. Concesión bajo caución real más la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante el tribunal cada quince días ..................................... 111 Rechazada. Pautas válidas para presumir la fuga. Dudoso arraigo. Imputado extranjero. Falta de contención familiar u otros lazos. Verificación de riesgos procesales para la no realización del juicio: peligro de entorpecimiento de la investigación por intimidación a la víctima. Confirmación.................. 111 Rechazada. Peligro de fuga: dudoso arraigo e inconducta procesal. Rebeldía y posterior captura. Violencia desmedida ejercida contra su ex pareja. Conflicto de pareja. “Convención de Belém do Pará” y Leyes de violencia contra la mujer. Confirmación ................................................................................... 112 Rechazada. Peligros procesales. Valoración de la gravedad del hecho. Incursión en el delito durante el transcurso de otorgamiento de libertad asistida por un hecho anterior. Probabilidad de eludir la acción de la justicia. Confirmación. Disidencia: Corroboración del domicilio. Imposibilidad de eludir la acción de la justicia. Revocación. Concesión, con caución real y obligación de comparecencia al tribunal ............ 112 Rechazada. Portación de arma de guerra. Pena en expectativa. Actitud elusiva frente a los preventores. Secuestro de documento de identidad apócrifo. Medios para asumir otra identidad. Peligro de elusión. Confirmación ............................................................................................................................................ 113 Rechazada. Procesado con prisión preventiva por homicidio en riña con arma. Rebeldía en otro proceso. Imputado que aportó correctamente sus datos personales. Arraigo precario. Condenas anteriores. Causas en trámite. Peligro de fuga. Confirmación ................................................................................................ 114 Rechazada. Procesado con prisión preventiva por homicidio en riña con arma en concurso con portación de arma de guerra. Ausencia de riesgos procesales. Imputado que aportó correctamente sus datos personales. Arraigo acreditado. Ausencia de rebeldías. Probation otorgada por otro tribunal vencida. Revocación. Concesión bajo caución real. Disidencia: gravedad del delito. Imposibilidad de aplicar la pena en suspenso. Confirmación ............................................................................................................... 114 Rechazada. Procesado con prisión preventiva por robo con armas. Ausencia de antecedentes condenatorios. Domicilio y datos personales constatados. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse ante el tribunal cada quince días. Disidencia: mínimo legal previsto para el delito imputado que impide la excarcelación. Gravedad del delito y severidad de la pena. Imputado que sustrajo la cartera de la damnificada exhibiéndole un cuchillo. Confirmación ......................................... 115 Rechazada. Procesado con prisión preventiva por robo con armas. Escala legal que impide dejar en suspenso la condena. Imputado que aportó un domicilio en el que no residía. Declaración de rebeldía en otro proceso. Confirmación....................................................................................................................... 115

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Rechazada. Procesamiento por robo. Aportación correcta de sus datos personales. Imputado que ya no vive con su madre pero tiene contacto habitual con ella. Ausencia de rebeldías. Riesgo de entorpecimiento de la investigación neutralizado. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal ..................................................................... 116 Rechazada. Pronóstico de pena de efectivo cumplimiento. Posibilidad de elusión de la acción de la justicia. Diversidad de domicilios. Actitud desaprensiva hacia terceros. Confirmación .......................... 116 Rechazada. Registro de condena. Precaria situación económica, sin vivienda. Revocación, concesión bajo caución juratoria mas la obligación de comparecer al juzgado cada 15 días ............................................ 116 Rechazada. Registro de rebeldía. Dos procesos penales en trámite. Confirmación ................................. 117 Rechazada. Registro de varias condenas. Domicilio desconocido. Imputado identificado en el Registro Nacional de Reincidencia con distintos nombres. Peligro de fuga. Confirmación. Disidencia: Aplicación del plenario "Diaz Bessone". Ausencia de rebeldías. Investigación completa. Inexistencia de peligros procesales. Revocación. Concesión con caución real más la obligación de comparecer ante el Juzgado ..................................................................................................................................................... 117 Rechazada. Reiteración delictiva en un breve lapso. Falta de arraigo. Incumplimiento procesal en la causa conexa. Confirmación ............................................................................................................................... 118 Rechazada. Riesgo de elusión. Condena anterior. Pautas válidas para presumir la fuga: características violentas del hecho. Tiempo proporcionado de detención. Confirmación ............................................... 118 Rechazada. Robo agravado por haber sido cometido con arma cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada en concurso ideal con lesiones leves. Ausencia de riesgos procesales. Inexistencia de antecedentes condenatorios. Aportación correcta de datos personales. Domicilio constatado. Declaración de rebeldía en otro proceso anterior. Posibilidad de dejar la condena en suspenso. Revocación. Concesión bajo caución real mas la obligación de presentarse ante su defensor cada semana y la prohibición de tomar contacto con la víctima ................................................................................................................... 119 Rechazada. Robo agravado por haber sido cometido con arma de utilería, con escalamiento y en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa. Ausencia de peligros procesales y de antecedentes condenatorios. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse al juzgado cada 15 días. Disidencia: Valoración del hecho en el que se patenta el desprecio a los bienes jurídicos tutelados. Peligros procesales. Confirmación ........................................................................................... 119 Rechazada. Robo agravado por lesiones graves mediante una botella de vidrio. Violencia en el hecho. Desprecio por los bienes ajenos. Tiempo indeterminado no desproporcionado en consideración a la gravedad del hecho imputado. Confirmación ........................................................................................... 120 Rechazada. Robo agravado por su comisión con armas y en lugar poblado y en banda. Valoración de la gravedad del hecho: superioridad numérica de los autores, acometimiento nocturno, violencia del hecho. Peligros procesales: carencia de arraigo. Confirmación ........................................................................... 120 Rechazada. Robo con arma en grado de tentativa. Imputado registrado con otro nombre. Antecedentes condenatorios. Declaración de reincidencia. Actitud proclive a la reiteración delictual. Arraigo precario. Peligro de fuga. Confirmación .................................................................................................................. 121 Rechazada. Robo con arma. Agravado por la intervención de un menor. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Imputado que aportó correctamente sus datos personales. Domicilio constatado. Contención familiar. Neutralización de riesgos procesales. Revocación. Concesión bajo caución juratoria más la obligación de presentarse cada quince días antes el tribunal .................................................................... 121 Rechazada. Robo con armas cuya aptitud para el disparo de ningún modo pudo tenerse por acreditada en grado de tentativa. Arraigo. Ausencia de rebeldías anteriores. Revocación. Concesión bajo caución real. Disidencia: Reincidencia a siete meses de una condena anterior. Registro de condenas precedentes. Peligro de fuga. Procesamiento con prisión preventiva. Confirmación.................................................... 122 Rechazada. Robo con armas en concurso con lesiones graves agravadas por ser cometidas contra un miembro de fuerzas de seguridad. Antecedentes condenatorios. Imposibilidad de dejar la pena, en caso de condena, en suspenso. Declaración de rebeldía. Actitud proclive a la reiteración delictual. Imputado registrado con diversos nombres. Causas en trámite. Riesgo procesal de fuga. Confirmación ................ 122 Rechazada. Robo con armas en grado de tentativa en concurso con portación ilegal de armas. Inexistencia de inconductas procesales anteriores. Domicilio constatado. Datos personales brindados correctamente. Personas a cargo. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Ausencia de riesgos procesales. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal. Prohibición de salida del país ..................................................................................................... 123 Rechazada. Robo con armas en grado de tentativa. Peligro de entorpecimiento de la investigación. Proceso paralelo en trámite. Confirmación............................................................................................... 123 Rechazada. Robo en grado de tentativa agravado por la intervención de un menor de edad. Suspensión del juicio a prueba en trámite. Rebeldía en una causa anterior. Imputado en situación de calle. Desapego a las normas vigentes. Peligro de fuga. Confirmación ................................................................................ 123 Rechazada. Robo en grado de tentativa. Ausencia de antecedentes condenatorios. Declaración de rebeldía en una causa anterior. Imputado que mintió al aportar sus datos personales. Arraigo precario. Riesgo procesal de fuga. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse cada quince días al juzgado de origen. Disidencia: en cuanto al monto de la caución a imponer ................................ 124 Rechazada. Robo en grado de tentativa. Peligro de fuga. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Imputado que dijo desconocer su domicilio real. Falta de arraigo. Antecedentes condenatorios. Declaración de reincidencia. Actitud proclive a la reiteración delictual. Confirmación .......................... 125

XI

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Rechazada. Robo en poblado y en banda en concurso real con amenazas coactivas. Inexistencia de peligros procesales. Posibilidad de aplicar la pena en suspenso. Ausencia de antecedentes condenatorios. Domicilio constatado. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal. Disidencia: En cuanto al monto de la caución a imponer ............................ 125 Rechazada. Robo en poblado y en banda. Ausencia de antecedentes condenatorios. Domicilio constatado. Datos personales aportados correctamente. Numerosas causas en trámite. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal ...................................... 126 Rechazada. Robo en poblado y en banda. Ausencia de riesgos procesales. Inexistencia de causas en trámite ni rebeldías en su haber. Condena anterior. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Revocación. Concesión bajo caución real ................................................................................................. 126 Rechazada. Robo en poblado y en banda. Posibilidad de dejar la pena, en caso de condena, en suspenso. Proceso en trámite. Riesgo procesal de fuga. Aportación de datos personales falsos. Falta de arraigo. Situación de calle. Declaración de rebeldía anterior. Precaria situación socioeconómica. Revocación. Concesión bajo caución juratoria más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal ..... 126 Rechazada. Robo simple en grado de tentativa. Imputado que no registra una condena pero sí un proceso en trámite. Riesgos procesales neutralizados. Imputado identificado bajo varios nombres. Situación de calle. Excarcelaciones anteriores. Revocación. Concesión bajo caución juratoria más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal. Disidencia: Falta de arraigo. Proclividad delictiva. Confirmación ............................................................................................................................................ 127 Rechazada. Robo simple. Ausencia de condenas anteriores. Procesos en trámite por delitos contra la propiedad. Probation concedida. Inexistencia de riesgos procesales. Situación de calle. Revocación. Concesión bajo caución juratoria. Disidencia: reiteración delictiva. Falta de arraigo. Ausencia de núcleo familiar propio. Peligro de fuga. Confirmación ........................................................................................ 127 Rechazada. Sentencia condenatoria que impediría dejar en suspenso una eventual sanción y que debería ser unificada. Revocación. Concesión bajo caución juratoria más la obligación de presentarse ante el magistrado cada 15 días. Disidencia: riesgo de elusión. Sentencia condenatoria anterior. Procesos anteriores en los que asumió distintas filiaciones y actitud elusiva. Registro de otro proceso en etapa de debate. Confirmación ................................................................................................................................ 128 Rechazada. Sin antecedentes penales, dudoso arraigo y rebeldía previa. Defensa que solicita caución real y no personal. Revocación. Concesión bajo caución personal más la obligación de presentarse al Juzgado cada diez días. Caución de menor intensidad de la real requerida por la defensa, ya que puede sustituirla con la caución más gravosa que la impuesta si lo cree pertinente ............................................................ 129 Rechazada. Tenencia ilegítima de arma de uso civil en concurso ideal con encubrimiento. Condenas anteriores. Reincidencia. Imposibilidad de dejar la pena, en caso de condena, en suspenso. Actitud proclive a la reiteración delictual. Imputado registrado bajo diversos nombres. Riesgo procesal de fuga. Confirmación ............................................................................................................................................ 129 Rechazada. Tentativa de robo agravado por el uso de arma de utilería. Posibilidad de aplicar ejecución condicional y suspensión del juicio a prueba. Inconducta procesal en el pasado. Inexistencia de domicilio. Revocación. Concesión más la obligación de presentarse cada 15 días ante el tribunal y comunicarse semanalmente con su defensor. Disidencia: declaración de rebeldía y aporte de nombre falso en procesos en trámite. Falta de arraigo. Situación de calle. Peligro de fuga. Confirmación ....................................... 130 Rechazada. Verdaderos datos filiatorios, arraigo. Registro de condena única. Imputado que gozaba de libertad condicional. Posibilidad en caso de ser nuevamente condenado de ser declarado reincidente. Confirmación ............................................................................................................................................ 130 Rechazada. Verificación de riesgos procesales para la realización del juicio. Gravedad del delito y severidad de la pena. Evaluación de la magnitud de la pena en expectativa. Imputada que aportó otro domicilio. Tiempo proporcionado de detención. Confirmación ............................................................... 130

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. - Por cosa juzgada planteada por el fiscal. Procedencia. Querellante que recurre. Posibilidad de que la querella continúe en solitario. Existencia de identidad de persona, objeto y causa. Imputado absuelto, autoridad de cosa juzgada. Confirmación ................................................................................................. 131 - Procedencia. Sobreseimiento. Lesiones leves. Delito dependiente de instancia privada. Damnificada que instó la acción penal. Desinterés manifestado meses después. Acción no disponible. Revocación ......... 132 - Procedencia. Sobreseimiento. Lesiones culposas. Magistrado que funda la resolución en la existencia de un acuerdo transaccional celebrado entre la Compañía de Seguros y la víctima por daños y perjuicios derivados del hecho investigado. Falta de receptación en el ordenamiento nacional. Acción no disponible. Revocación ................................................................................................................................................ 132 - Rechazada. Delito dependiente de instancia privada. Damnificada que aseveró su intención de no proseguir con la acción penal por desconocer su alcance al momento de denunciar. Indisponibilidad de la acción por tratarse de un delito de acción pública. Imposición de costas a la defensa oficial. Confirmación. Revocación de las costas a la vencida por resultar imposible condenar a los miembros del MPD .......................................................................................................................................................... 133 - Rechazada. Lesiones. Defensa que alega que la víctima refirió que no deseaba instar la acción penal cuando concurrió a la Oficina de Violencia Doméstica. Voluntad evidenciada el día anterior al presentarse a denunciar los hechos en la Comisaría. Confirmación ......................................................... 133 - Rechazada. Lesiones. Acción debidamente instada en la seccional. Exteriorización de la voluntad de denunciar por parte de los damnificados. Confirmación........................................................................... 133

XII

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Rechazada. Magistrado que legitimó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Intereses suficientemente garantizados por la actuación del Ministerio Público Fiscal. Revocación. Apartamiento ............................................................................................................................................ 134

EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN. - Rechazada. Defraudación por administración fraudulenta. Contrato en el que se perfecciona y se asumen obligaciones bajo la legislación del Estado de Nueva York. Imposibilidad de prórroga ni la jurisdicción ni la competencia (Art. 18 del C.P.P.N.). Hechos cometidos en la Argentina. Confirmación ..................... 135 EXCUSACIÓN. - Juez de cámara que se excusó de intervenir en la causa por haber resuelto reservar las actuaciones siendo titular del juzgado de origen. Aceptación de la inhibición ....................................................................... 136 EXENCIÓN DE PRISIÓN. - Fiscal que recurre la concesión bajo caución real. Voluntad de estar a derecho. Ausencia de riesgos procesales de elusión. Obligación de concurrir al tribunal mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles. Confirmación ............................................................................................................................... 136 - Rechazada. Abuso sexual con acceso carnal a menor de 18 años. Imputado que al conocer la existencia de la denuncia se retiró de su residencia, desconociéndose su paradero. Peligro de fuga. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Seriedad del delito y eventual severidad de la pena. Confirmación ............... 136 - Rechazada. Excarcelación concedida anteriormente que fue revocada sin haber emplazado al imputado para que compareciere a estar a derecho y sin haber notificado de ello al fiador. Nulidad del auto que revoca la excarcelación y se hace efectiva la fianza depositada. Revocación y concesión de la exención de prisión bajo caución real, mas la obligación de comparecencia quincenal a los estrados ........................ 137 - Rechazada. Policía federal procesado por homicidio agravado por su condición (Arts. 45 y 80, inc. 9° del Código Penal de la Nación). Peligros procesales: Posibilidad de ejercer influencias sobre testigos y víctimas. Confirmación. Disidencia: Falta de antecedentes y verificación de arraigo. Aplicación de caución real. Imposición de una prohibición de acercamiento. Revocación. Concesión ......................... 137 - Rechazada. Procesado por lesiones leves, coacción, abuso sexual con acceso carnal y privación ilegal de la libertad agravada por violencia, en concurso real entre sí. Registro de condenas. Violencia desmedida ejercida contra su ex pareja. Confirmación .............................................................................................. 138 EXTORSIÓN. - Sobreseimiento. Atipicidad. Forma correcta de formular el reclamo. Negociación orientada a la preservación del emprendimiento comercial oportunamente asumido. Confirmación............................. 138 F. FALSA DENUNCIA. - En concurso ideal con estafa. Procesamiento. Imputado que denunció falsamente la sustracción de un rodado ante la compañía de seguros. Confirmación ................................................................................. 139 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. - Archivo por inexistencia de delito. Falsificación de firmas en escritos judiciales. Perjuicio que se mide en cada caso y en el contexto del expediente respectivo. Escritos que remiten a cuestiones de mero trámite sin potencialidad de modificar el curso del proceso. Ausencia de perjuicio. Atipicidad. Confirmación ............................................................................................................................................ 140 - Falsedad ideológica. Inspector que asentó un metraje mayor al realmente existente en un local que posibilitó que la Dirección de Habilitaciones de G.C.B.A. le otorgara una habilitación clase "C". Confirmación ............................................................................................................................................ 141 - Público. Procesamiento. Conductor detenido en un control vehicular que exhibió una licencia de conducir apócrifa. Falsificación fácilmente advertible. Confirmación. Disidencia: necesidad de llevar a cabo una pericia scopométrica a fin de determinar si la firma es auténtica o está impresa a láser. Necesidad de la firma para ser considerado documento (art. 1012 C.C.). Revocación. Falta de mérito ............................ 143 - Público. Procesamiento. Libreta sanitaria apócrifa. Lesión al bien jurídico. Tipicidad. Confirmación ... 144 - Público. Procesamiento. Perito a quien el magistrado le encomendó expedirse. Persona que adquiere por ella la categoría de funcionario público. Confirmación ............................................................................ 145 - Público. Sobreseimiento. Apariencia de lo verdadero que no tiene que ser perfecta. Licencias de conducir que debieron ser sometidas a un examen pericial para determinar su carácter apócrifo. Revocatoria ..... 146 FALSO TESTIMONIO. - Archivo. Magistrado que de conformidad con lo requerido por el fiscal dispone el archivo de las actuaciones por existir una íntima vinculación entre el objeto del proceso y el ventilado en el fuero laboral, ante la posibilidad de resolver de manera contradictoria. Cuestión prejudicial no legislada. Nulidad ..................................................................................................................................................... 146 - Archivo por imposibilidad de proceder y rechazo de ser legitimado como parte querellante. Declaraciones vertidas en expediente laboral en trámite. Cuestión no prejudicial establecida por la ley. Revocación ... 147

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Archivo por imposibilidad de proceder. Estrecha y clara conexión entre el objeto procesal del expediente de instrucción y el de correccional. Confirmación. Disidencia: Cuestión prejudicial no contemplada. Procesos que persiguen finalidades diferentes. Revocación ..................................................................... 147 Archivo por no poder proceder. Juicio laboral en trámite. Investigación penal procedente. Demora incompatible con el derecho a ser juzgado rápidamente. Revocatoria. Disidencia: posibilidad de pronunciamientos contradictorios. Confirmación ..................................................................................... 148

H. HABEAS CORPUS. - Rechazado. Implementación de escáner de inspección de personas por tecnología de rayos X que perjudicaría la salud física de las personas que visitan a los detenidos. Tecnología que se adecua a los parámetros sanitarios establecidos por la ley. Cumplimiento de los requisitos de control y seguridad previstos en la Ley Federal de Rayos X. Ausencia de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Confirmación .................................................................................................. 149 HOMICIDIO. - Agravado por el vínculo en tentativa (en dos hechos) en concurso real entre sí y con los delitos de amenazas coactivas y lesiones agravadas por el vínculo, que concurren en forma ideal. Procesamiento. Defensa que alega orfandad probatoria. Ley 26.485 y compromiso asumido por el Estado al ratificar CEDAW. Intervención de la OVD de la C.S.J.N. Confirmación.............................................................. 150 - Calificado por su comisión mediante el suministro de veneno. Procesamiento. Orfandad probatoria. Diligencias pendientes de producción. Revocación .................................................................................. 150 - Culposo agravado por la conducción imprudente de un automotor. Conductor que permitió viajar en el estribo de la puerta del camión al causante, fallecido por la colisión con otro rodado. Autopuesta en peligro por parte de la víctima que no excluye la imputación al conductor, garante de la evitación del resultado lesivo. Infracción al art. 39 inc. b, ley 24.449. Confirmación ................................................... 151 - Culposo. Conducción imprudente de un automotor. Procesamiento. Conductor que embistió a la víctima cuando cruzaba y le provocó la muerte. Infracción al art. 39, inc. b, 41, inc. c, de la ley 24.449. Confirmación ............................................................................................................................................ 152 - Culposo. Falta de mérito. Imputada encargada de la demolición de una obra que no brindó a la víctima los elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo el trabajo. Dudas respecto de la tarea para la cual el damnificado fue contratado. Confirmación ........................................................................................... 152 - Culposo. Falta de mérito. Médica imputada de no suministrarle a la paciente un tratamiento adecuado a su enfermedad. Omisión al deber objetivo de cuidado. Necesidad de llevarse a cabo medidas de prueba para determinar concretamente la responsabilidad que la imputada pudo haber tenido en el hecho. Confirmación ............................................................................................................................................ 153 - Culposo. Procesamiento. Actitud riesgosa asumida por el damnificado. Violación al deber objetivo de cuidado por parte del imputado. Compensación de culpas: instituto no previsto en el ámbito penal. Responsabilidad del conductor del vehículo. Confirmación ..................................................................... 153 - Culposo. Procesamiento. Evento deportivo de carácter riesgoso. Necesidad de llevar a cabo medidas de prueba para determinar concretamente la responsabilidad que cada uno de los imputados pudo haber tenido en el hecho. Revocación. Falta de mérito....................................................................................... 154 - Culposo. Procesamiento. Instalación antirreglamentaria. Departamento alquilado. Propietario que tuvo la posibilidad de conocer las deficiencias e incumplió sus deberes de cuidado. Falta de verificación d154e funcionamiento de los artefactos. Confirmación............................................................................................. - Culposo. Procesamiento. Médicas que practicaron un parto normal cuando lo aconsejable era una cesárea. Fallecimiento del bebé. Omisión al deber objetivo de cuidado al verificar la existencia de los factores de riesgo. Teoría del incremento del riesgo. Confirmación ........................................................................... 155 - Culposo. Procesamiento. Médico. Accionar negligente, violación al deber objetivo de cuidado por apartarse de las reglas del buen arte de curar. Confirmación .................................................................... 156 - 1) Culposo. Procesamiento. Paciente embarazada internada en el hospital con un cuadro de preclampsia leve. Atención médica brindada por médico concurrente voluntariamente y sin la debida supervisación jerárquica. Posición de garante: incumplimiento del deber de disminuir el riesgo creado. Omisión impropia. Confirmación. 2) Responsabilidad del jefe de guardia. Necesidad de cumplir medidas de prueba. Revocación. Falta de mérito ......................................................................................................... 156 - Culposo. Sobreseimiento. Ausencia a la violación al deber objetivo de cuidado. Víctima que realizó el cruce peatonal cuando su prioridad de paso se había desvanecido. Confirmación ................................... 158 - Culposo. Sobreseimiento. Responsabilidad de la víctima en el hecho. Autopuesta en peligro. Confirmación ............................................................................................................................................ 158 - Culposo. Sobreseimiento. Resultado imprevisible. Autopuesta en peligro de la víctima. Confirmación ............................................................................................................................................ 159 - Sobreseimiento. Ausencia de negligencia y de violación al deber de cuidado por parte del personal médico. Tratamiento adecuado. Atipicidad. Confirmación ...................................................................... 159 HONORARIOS. - Pedido de regulación rechazada. Letrada designada como defensora que no aceptó el cargo participando activamente en el rol en forma conjunta con otro profesional. Revocación ............................................. 161 - Peritos. Pautas para su regulación ............................................................................................................. 162 - Perito traductor que cuestiona los honorarios por ser bajos y se agravia por el rechazo de la inconstitucionalidad planteada del Art. 13, ley 24.432. Justipreciación correcta establecida en la Ley XIV

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 24.432. Parámetros de valoración para la elevación de los honorarios del perito basados en la complejidad del asunto, desgaste intelectual, insumos, traslados y reserva de identidad para garantizar su seguridad. Elevación de estipendios. Confirmación .................................................................................................. 162 Regulación rechazada. Auxiliar de la justicia que solicita la regulación de honorarios como interventor judicial de una mutual. Regulación definitiva que debe ser practicada por el magistrado que debe expedirse sobre la aprobación judicial de la medida cautelar. Confirmación ........................................... 163

HOSTIGAMIENTO. - Elementos del tipo. Delito de competencia de la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. (art. 52 de la ley 1472). Incompetencia .................................................................................... 164 HURTO. - Agravado. Bicicleta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgada en préstamo y dejada en la vía pública. Vehículo. Mayor indefensión por haber sido dejado en la vía pública. Justicia de Instrucción ................................................................................................................................................ 164 - Agravado. Procesamiento. Bicicleta estacionada en la vía pública. Confirmación .................................. 165 - De energía. Sobreseimiento. Apoderamiento de la señal de suministro de energía eléctrica de un edificio mediante una conexión clandestina, para abastecer a un local comercial. Inquilino que adujo que al momento de suscribir el contrato de alquiler, el local ya contaba con luz eléctrica. Revocación. Falta de mérito ........................................................................................................................................................ 165 - De mercadería transportada. En grado de tentativa. Procesamiento. Desapoderamiento de mercadería transportada ocurrida durante su entrega en la vía pública. Confirmación ............................................... 166 - En grado de tentativa. Procesamiento. Ausencia de legislación que contemple la teoría de la insignificancia. Bien jurídico protegido: derecho de propiedad. Confirmación. Disidencia: conducta que no importó afectación penalmente relevante. Escasa gravedad de la acción del imputado como su frustrado resultado. Revocación ............................................................................................................... 166 - En tentativa. Procesamiento. Agravio: principio de insignificancia, escaso valor de los bienes que pretendió sustraer. Rechazo. Afectación al bien jurídico. Confirmación ................................................. 167 - Procesamiento. En grado de tentativa. Mercadería transportada que no llega a su destinatario. Confirmación ............................................................................................................................................ 168 - Procesamiento. Imputado que sustrajo energía eléctrica mediante conexiones clandestinas. Perjuicio económico a la empresa prestadora del servicio. Confirmación............................................................... 168 - Simple en grado de tentativa. Procesamiento. Imputada que intentó sustraer ropa de un local comercial utilizando una bolsa especial a fin de burlar la alarma. Empleada de seguridad que la retuvo hasta la llegada de personal policial, quien le efectuó la requisa y secuestró las prendas de vestir. Inexistencia de violación a garantía constitucional alguna. Confirmación ........................................................................ 168 - Simple. En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que sustrajo una caja de bombones de un local comercial. Aplicación de la teoría de la insignificancia. Revocación. Sobreseimiento. Disidencia: Ausencia de previsión legal del principio de insignificancia. Lesión al derecho de propiedad. Confirmación ............................................................................................................................................ 169 - Simple. En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que sustrajo de un supermercado tres sobres de jugo. Aplicación de la teoría de la insignificancia. Revocación. Sobreseimiento. Disidencia: ausencia de previsión legal del principio de insignificancia. Lesión al derecho de propiedad. Confirmación ............ 169 - Tentativa. Sobreseimiento. Intento de sustraer dos bandejas de carne en un supermercado. Principio de insignificancia: interpretación restrictiva. Confirmación. Disidencia: Tipicidad. Derecho afectado por la amplia protección del tipo legal. Revocación. Prosecución del trámite ................................................... 170 I. IMPEDIMENTO DE CONTACTO. - Audiencia de contacto fijada (art. 3 de la ley 24.270). Oposición por parte del Defensor Público de Menores a la audiencia. Imputado con prohibición de acercamiento en sede civil. Violencia familiar. Causa civil en trámite. Revocación........................................................................................................... 171 - Régimen provisorio de visitas ordenado en sede penal. Necesidad de comunicar al juzgado civil (Art. 3 inc. 2° de la ley 24.270). Confirmación .................................................................................................... 171 INHIBICIÓN. - Fiscal General que requiere apartamiento porque su hija actúa como letrada autorizada en el expediente civil donde se discute la nulidad del acto tildado de fraudulento en la causa penal. No reviste la calidad de “ofendida” o “damnificada”. Rechazo ...................................................................................................... 172 - Manifestación del propio juez de su intención de apartarse por decoro y delicadeza. Procedencia ......... 172 INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS. - Sobreseimiento. Madre que habría determinado a su hija menor a declarar falsamente en causa penal. Necesidad de que haya aunque sea tentativa del delito principal. Atipicidad. Confirmación .................. 173

XV

INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.). - Fiscal que apela la negativa al pedido de registro y secuestro de documentación. Juez que dictó la falta de mérito luego de recibir indagatoria a la imputada. Confirmación. Fiscal que debe reunir elementos que mejoren su postura, o bien señalar la imposibilidad de proceder en ésos términos con la investigación. 173 - Fiscal que plantea agotamiento de su labor y pide se convoque en indagatoria al imputado. Juez que rechaza y devuelve la causa a la fiscalía. Revocación. Obligación de reasumir ....................................... 174 - Fiscal que recurre el auto por el cual se rechazó el pedido de llamado a prestar declaración indagatoria, que se llevara a cabo una rueda de reconocimiento y precisa que su labor está agotada. Juez debe reasumir la investigación........................................................................................................................... 174 - Fiscal que solicita el allanamiento y que se reciba declaración indagatoria. Magistrado que devuelve las actuaciones sosteniendo la necesidad de realizar otras diligencia previas, sin especificar concretamente cuáles. Revocación .................................................................................................................................... 174 - Fiscal que solicita que se de con el paradero del imputado para concretar una rueda de reconocimiento. Magistrado que devuelve las actuaciones para que la fiscalía lleve a cabo las medidas. Fiscal que recurre. Actividad que debe ser materializada por quien llevará a cabo el acto. Revocación ................................ 175 - Fiscal que solicitó el sobreseimiento del imputado. Magistrado que no estuvo de acuerdo y remitió nuevamente las actuaciones al fiscal. Resolución que no tiene el debido control de razonabilidad y legalidad por parte del magistrado del dictamen del fiscal. Nulidad ........................................................ 175 - Fiscalía que recurre el auto por el cual el magistrado refiere que el acusador puede solicitar el registro de llamadas. Único habilitado: juez. Revocatoria .......................................................................................... 175 INSTRUCCIÓN SUMARIA. FLAGRANCIA. (Art. 353 bis del C.P.P.N.). - Apelación del fiscal. Largo tiempo transcurrido desde el inicio de la causa y necesidad de practicar estudios técnicos específicos que desvirtúan la finalidad del instituto. Revocación................................. 176 - Libertad del imputado que resulta materia de discusión. Imputado detenido con prisión preventiva a disposición de otro juzgado. Imposibilidad de descartar ab initio que en el caso corresponda el dictado de prisión preventiva ante eventual auto de procesamiento. Régimen excepcional. Revocatoria. Disidencia: que el imputado se encuentre detenido a disposición de otro tribunal no puede eregirse en un condicionamiento futuro sobre su libertad. Confirmación ........................................................................ 176 - Procedencia. Apelación del fiscal. Registro de suspensión de juicio a prueba. Imputado que mintió al dar su nombre. Imposibilidad de descartar una posible caución personal o real. Revocación. Procedimiento ordinario .................................................................................................................................................... 177 - Procedencia. Discusión respecto de la libertad del imputado. Improcedencia. Revocatoria. Disidencia: ausencia de peligros procesales. Confirmación......................................................................................... 177 - Procedencia. Fiscal que apela. Incompatibilidad con la exigencia que la persona sea "sorprendida". Falta de celeridad procesal frente a la evidencia probatoria. Revocatoria. Trámite ordinario. .......................... 178 - Procedencia. Imputado que registra una rebeldía en una causa en trámite. Imposibilidad de descartar de plano el dictado de la prisión preventiva ante un eventual auto de procesamiento. Adecuación del sumario al trámite ordinario. Revocación ............................................................................................................... 179 INUTILIZACIÓN DE OBJETO DESTINADO A SERVIR DE PRUEBA. - Agravado en concurso real con cohecho pasivo. Procesamiento. Personal policial encargado de la custodia de armas secuestradas. Daño causado sobre los fulminantes. Circunstancia impediente de realizar el estudio de identidad de vainas. Confirmación.......................................................................... 179 - Procesamiento. Imputado que tomó un proyectil sobre el que se estaba practicando una pericia y golpeándolo contra una mesa provocó alteraciones en su forma y brillo. Confirmación ......................... 180 J. JUEZ SUBROGANTE. - Nulidad rechazada. Secretario que actúa como juez subrogante. Fallo “Rosza”. Acordada 10/2008 de la C.S.J.N. Expediente Administrativo de la C.C.C. nº 5196/2011. Validez. Confirmación ........................ 180 L. LESIONES. - Archivo. Lesiones verificadas por personal policial. Investigación que debe llevarse a cabo bajo las pautas establecidas en las leyes Nros. 24.417 y 26.485 y la Convención de Belém Do Pará. Revocación ................................................................................................................................................ 181 - Culposas graves. Procesamiento. Empleador que omitió proveer a sus empleados de los elementos necesarios de protección para trabajar en tareas de la construcción. Violación al deber objetivo de cuidado. Inobservancia reglamentaria para el resultado lesivo. Confirmación ......................................... 181 - Culposas. Gravísimas. Procesamiento. Médico que asistiendo a la damnificada en el nacimiento de su hijo, y tras una complicación en el parto, no finalizó el embarazo por una vía más expedita. Afectación permanente en las funciones neurológicas del bebé. Confirmación. Embargo ......................................... 182 - Culposas Leves. Procesamiento. Imputado empleado de un salón de belleza que aplicó a la damnificada productos para el tratamiento de alisado permanente del cabello. Quemaduras por los químicos utilizados. Imposibilidad de determinar cuál habría sido el deber objetivo de cuidado infringido. Revocación. Sobreseimiento. Disidencia: imputado que se excedió en el tiempo de aplicación recomendado en el manual de instrucciones del producto. Confirmación ............................................................................... 183

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Culposas Leves. Procesamiento. Mordida de perro a damnificado transeúnte en la vía pública. Omisión del deber de cuidado al llevar un can sin correa o sin bozal. Incumplimiento a la ordenanza municipal nro. 41.831, artículo 29. Confirmación ..................................................................................................... 183 Culposas leves. Policía que se le disparó el arma y lesionó levemente al damnificado quien en dos oportunidades señaló no querer instar la acción. Prosecución de la investigación por el fiscal que postuló la afectación al interés público. Imposibilidad de convalidar la intervención del Estado cuando el afectado con discernimiento y voluntad no insta al avance de la causa. Revocación ............................................. 184 Culposas leves. Procesamiento. Menor mordida por un perro. Violación al deber objetivo de cuidado al tener al animal en la vereda atado y sin bozal. Posición de garante. Confirmación ................................. 184 Culposas. Leves. Procesamiento. Menor mordida por un perro. Violación al deber objetivo de cuidado al tener a su animal en la vereda atado y sin bozal. Posición de garante. Confirmación.............................. 184 Culposas. Procesamiento. Informe que acredita que el día del hecho hubo un deficiente funcionamiento del semáforo que provocó otros accidentes. Aplicación del principio in dubio pro reo. Revocación. Sobreseimiento ......................................................................................................................................... 185 Culposas. Procesamiento. Accidente que se produce en el interior de un local propiedad de los imputados. Posición de garante. Aumento del riesgo no permitido. Confirmación .................................................... 185 Culposas. Procesamiento. Accionar del conductor de una ambulancia del S.A.M.E. que excede las previsiones contempladas en la ley 24.449 para situaciones de emergencia. Conductor de la ambulancia que ocasionó un mal mayor al que pretendía resolver. Confirmación ...................................................... 186 Graves. Procesamiento. Agravio: legítima defensa de los encausados. Rechazo. Confirmación ............. 187 Leves calificadas por el vínculo. Procesamiento. Hija que denuncia a su madre por lesiones. Posterior declaración de la víctima para dejar sin efecto la denuncia. Pericia psicológica que indicó la situación de riesgo. Confirmación ................................................................................................................................ 187 Leves dolosas. Sobreseimiento (art. 336, inc. 4, del C.P.P.N.). Damnificado que denunció haber sido agredido con un palo por el imputado, al haberle recriminado que su perro habría orinado el cantero de su propiedad. Orfandad probatoria. Versión exculpatoria del imputado referente a la reacción del perro frente a los gritos del denunciante. Principio de presunción de inocencia. Confirmación ....................... 188 Leves en concurso real con amenazas coactivas. Procesamiento. Violencia doméstica. Situación de violencia considerada de "alto riesgo". Lesiones acreditadas. Confirmación........................................... 189 Leves. Procesamiento. Defensa que alega legítima defensa. Imputado que reacciona contra un periodista intentando golpearlo por haberlo acusado de formar parte de una organización ilícita. Desproporción entre el medio empleado y el bien jurídico protegido. Rechazo. Confirmación ....................................... 189 Leves. Procesamiento. Análisis interdisciplinario de la O.V.D. que evaluó la situación de la denunciante como de riesgo psicológico alto. Imputado que fue perdonado. Convivencia reanudada. Confirmación 190 Leves. Procesamiento. Trascendencia de los dichos de la víctima. Ley de Protección integral de las mujeres (Ley 26.485). Confirmación. Disidencia: evidencias insuficientes. Denunciante que no prestó juramento y no ratificó la denuncia en sede judicial. Revocación ............................................................ 191 Leves. Procesamiento. Imputado que le propinó golpes de puño a la damnificada, con quien convivía, al advertir que su ropa no estaba planchada. Situación de violencia familiar de altísimo riesgo. Confirmación ............................................................................................................................................ 192 Leves que concurre idealmente con el de amenazas simples. Procesamiento. Agravio de la defensa: fal1ta de tipicidad de las amenazas por haber sido proferidas en el contexto de una discusión. Unidad de acción. Situación del denunciante como de riesgo medio según la O.V.D. Confirmación ................................... 192 Leves. Sobreseimiento. Versión brindada por la damnificada y pruebas que dan sustento. Lesiones acreditadas. Evaluación de la Oficina de Violencia Doméstica que califica la situación de alto riesgo. Ámbito íntimo de la familia. Ausencia de testigos. Revocación. Procesamiento ..................................... 192 Leves y amenazas. Sobreseimiento. Denuncia realizada ante la Oficina de violencia doméstica de la C.S.J.N. Víctima que manifiesta no querer continuar en el proceso. Omisión de aplicar los parámetros de amplitud probatoria previsto en la ley 26.485 Antecedentes de denuncias. Lesiones verificadas. Afectación a los bienes jurídicos protegidos por la ley 26.485. Revocación. Procesamiento por lesiones leves en concurso real con lesiones en concurso material con amenazas coactivas ................................. 193 Procesamiento. Tropezón de la damnificada en la vereda. Ausencia de violación de los deberes de cuidado del propietario frentista. Repetidas roturas de vereda por parte de empresas de servicio público. Deficientes condiciones de las aceras. Ausencia de responsabilidad penal. Revocatoria. Sobreseimiento ......................................................................................................................................... 194 Procesamiento. Damnificados múltiples por accidente en transporte público en donde algunos no instaron la acción. Hecho inescindible. Concurso ideal. Confirmación. Disidencia: Exclusión en la imputación respecto de las lesiones que no fueron formalmente instadas. Nulidad parcial de la declaración indagatoria y del procesamiento ............................................................................................................... 194 Sobreseimiento. Lesiones acreditadas. Hechos de violencia domestica. Evaluación de la Oficina de Violencia Doméstica que califica la situación como de “alto riesgo”. Ley 26.485. Revocación. Procesamiento ........................................................................................................................................... 195

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. - Procesamiento. Art. 72 inc. "d" de la ley 11.723. Tenencia de copias en formato DVD editadas y/o reproducidas sin autorización para su posterior comercialización. Personal policial que secuestró los discos. Pericia que determinó que se trataba de reproducciones ilegales. Imposibilidad de dar con los XVII

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testigos de actuación. Prueba insuficiente como para asegurar que el imputado estaba vendiendo los CD. Revocación. Sobreseimiento ..................................................................................................................... 195 Sobreseimiento. Documental que incluyó 9 segundos de un largometraje sin aclarar la autoría. Reproducción de obra: realización de una parte sustancial en cualquier forma material. Atipicidad. Posibilidad de la recurrente de realizar el reclamo correspondiente en otra sede. Confirmación ............. 196 Sobreseimiento recurrido por la querella. Denuncia por alteración dolosa de obra literaria. Concepto de "alteración" en la ley 11.723. Trabajo creativo en base a una reconocida obra original. Autor que reconoce que su trabajo parte de esa obra original y que no la altera. Confirmación ............................... 197 Sobreseimiento. Reproducción de fragmentos de novela de forma diaria en programa televisivo. No utilización de una parte sustancial de la novela. Formato del programa: reproducción de pequeños segmentos relativos a creaciones que se encuentran bajo el dominio público. Espectador conocedor de que los responsables del ciclo son ajenos a la autoría del material retransmitido. Atipicidad. Confirmación198

M. MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. - Procesamiento. Depositario judicial de vehículo. Ausencia de restitución del bien. Confirmación ......... 198 - Procesamiento. Faltante de dinero en la cooperadora de una escuela subsidiada en parte por el Gobierno de la Ciudad. Imputado que reviste la calidad de director de la escuela. Medidas tendientes a profundizar la investigación Revocación. Falta de mérito............................................................................................ 199 MEDIDAS CAUTELARES. - Pedido de anotación de litis por parte de la querella. Rechazada. Imputada que aún no ha sido convocada a prestar declaración indagatoria. Confirmación....................................................................................... 200 - Pedido de inhibición general de bienes por parte de la querella. Carácter excepcional de la medida. Presupuestos para su procedencia: verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y prestación de contracautela. Necesidad de que exista un grado de sospecha suficiente para disponer el llamado a indagatoria. Improcedencia. Confirmación ............................................................................................... 200 - Pedido tendiente a suspender la medida cautelar dispuesta en el marco de un proceso civil. Medida ya cuestionada en el expediente civil con resultado negativo. Improcedencia. Rechazo .............................. 200 - Rechazada. Imputado aún no convocado a prestar declaración indagatoria. Duda de la verosimilitud del derecho invocado. Confirmación .............................................................................................................. 201 MEDIDAS DE PRUEBA. - Defensa que se opone a que el imputado sea obligado a someterse a una pericia psicológica. Peritaje que implica la entrevista del imputado. Garantía que proscribe la autoincriminación forzada. Revocatoria ............................................................................................................................................... 201 - Extracción compulsiva de sangre según las pautas del art. 218 bis del C.P.P.N. Procesamiento firme por robo simple tentado. Único medio para evaluar como prueba el hallazgo de rastros de sangre en el elemento secuestrado. Obligación de someterse al examen como objeto de prueba. Confirmación. Disidencia: Medida desproporcionada al hecho atribuido. Revocación ................................................... 202 - Nulidad rechazada. Declaración de la menor en Cámara Gesell, art. 250 bis del C.P.P.N. Notificación a la defensa oficial. Ausencia de una notificación personal al imputado. Validez. Confirmación .................. 203 - Nulidad rechazada. Defensa que se agravia porque los peritos no deliberaron con ellos antes de emitir el dictamen. Juicio que se abrió a prueba. Participación del perito de la defensa en el procedimiento. Validez. Confirmación .............................................................................................................................. 203 - Nulidad rechazada. Informe médico expedido por la Oficina de Violencia Doméstica. Medida urgente. Lesiones en el cuerpo de la víctima. Confirmación .................................................................................. 203 - Nulidad rechazada. Reconocimiento en rueda de personas. Fundamentación suficiente. Imputado objeto de prueba que no puede oponerse al acto. Confirmación .......................................................................... 204 - Pedido de nulidad. Providencia que ordenó reconocimiento en fila de personas. Damnificado que ha visto a quien tiene que reconocer en varias ocasiones. Previsión del art. 271 del C.P.P.N. Validez ................. 205 - Pericia psicológica y psiquiátrica ordenada respecto del imputado. Defensa que alega violación a la garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo. Imposibilidad de constreñir al imputado. Revocatoria ............................................................................................................................................... 205 - Procesamiento por robo simple y robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en grado de tentativa. Manifestación espontánea de los damnificados al haber reconocido al imputado, en sede policial mientras esperaban formular la denuncia. Validez de la prueba. Confirmación ............................................................................................................................................ 205 - Rechazada. Fiscal que solicita la intervención de líneas telefónicas de un inmueble donde presuntamente se ejercería la prostitución. Ausencia de motivos para presumir que se estaría violando la ley de profilaxis N° 12.331. Mujeres que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero en forma privada. Confirmación ................................................................................................................... 206 - Solicitud de llamadas pretéritas. Medida reproducible. Magistrado que señala que el pedido puede hacerlo el fiscal. Fiscal que apela. Confirmación. Disidencia: Revocación. Diligencia que debe ser llevada a cabo por el magistrado ....................................................................................................................................... 206 MEDIDAS DE SEGURIDAD. - Imputado declarado inimputable, internado y puesto a disposición exclusiva de la justicia civil. Confirmación ............................................................................................................................................ 207

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Imputado sobreseído por inimputabilidad. Alteración de sus facultades mentales. Riesgo para sí y para terceros. Juez instructor que ordenó su internación y que el control esté a cargo del juez de ejecución. Ley 26.657. PRISMA. Revocación. Materia exclusiva de la justicia civil. Disidencia: caso donde interviene la justicia penal previamente ante la comisión de un delito. Intervención conjunta de la justicia civil y penal. Confirmación ............................................................................................................................................ 208 Internación. Competencia. Juez civil que no aceptó el control de la medida de internación. Traba de competencia entre la Cámara de Apelaciones y el Juzgado Civil. Elevación a la Cámara de Casación. Disidencia: no debe trabarse conflicto. Medida debe ser controlada por el juez de ejecución ................. 209 1) Internación. Imputado sobreseído. Facultades mentales que no encuadran en la normalidad psicojurídica. Indicadores de peligrosidad. Confirmación parcial. 2) Control jurisdiccional. Juez civil. Expediente por insania. Control con mayor precisión de la razonabilidad de la medida. Revocatoria parcial. Disidencia parcial: control a cargo del juez de ejecución penal por disposición normativa ........ 209 Sobreseimiento por inimputabilidad. Art. 34 inc. 1 CP. Magistrada que dispone la internación en el ala psiquiátrica de la unidad penitenciaria de Ezeiza y dar intervención al Director del programa PRISMA, sin perjuicio de lo que disponga el juez civil. Defensa que sólo se agravia por el lugar de internación. Revocación. Persona que ya no se encuentra bajo la tutela de la justicia penal. Internación que no puede efectivizarse en una unidad penitenciaria. Internación en el Hospital Borda a exclusiva disposición del juez civil ................................................................................................................................................... 210

MENOR. - Derivación desde el Instituto Roca a una “residencia educativa”. Rechazada. Defensa que se agravia porque no se trató la cuestión bajo los parámetros establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Excepción prevista en las Reglas de Beijing. Menor que interrumpió sus estudios, no tiene actividades recreativas y deportivas, no posee contención familiar y posee amistades que lo influenciarían a realizar actividades transgresoras de la ley penal. Necesidad de continuar la internación. Confirmación ............................................................................................................................................ 211 - Procesamiento. Robo agravado en grado de tentativa y por la participación en el hecho de un menor de edad (art. 41 quater del C.P.). Necesidad de que se demuestre la intención por parte del mayor de descargar responsabilidad en el menor. Modificación de la calificación: robo en poblado y en banda en grado de tentativa. Disidencia parcial: aplicación de la agravante ........................................................... 212 - Procesamiento. Robo agravado por la participación de un menor de edad de 18 años. Art. 41 quáter del C.P. Agravante que se aplica sin necesidad de acreditar especiales intenciones de los "mayores". Confirmación ............................................................................................................................................ 213 - Sobreseimiento por imputabilidad (art. 1, Ley 22.278 y 336 del C.P.P.N.), intervención al Juez de Familia y simultáneamente al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resolución que no se ajusta a la normativa vigente. Nulidad. Ley 26.061 y 114 CABA ................................................................................................................................. 214 N. NULIDAD. - Acta de secuestro. Infracción Ley 11.723. Sobreseimiento. Falencia al no individualizar correctamente el material incautado al momento de labrar el acta y formalizar la aprehensión del inculpado. Incertidumbre sobre la cadena de custodia de los objetos que vulnera el derecho de defensa. Confirmación ................ 215 - Acta de secuestro. Sobreseimiento. Ausencia de individualización de la totalidad de los elementos incautados que impide la validez del acta y del procedimiento. Confirmación ........................................ 216 - De la detención por arbitrariedad. Rechazada. Personal policial que se encontraba en una estación de subte y le solicitó al imputado que se identificara como consecuencia de su actitud sospechosa. Indicios vehementes de culpabilidad. Art. 284 CPPN. Secuestro de pertenencias en su poder en presencia de testigos. Confirmación .............................................................................................................................. 216 - Del pedido de sobreseimiento del fiscal. Fiscal que entiende que el delito no fue cometido por los imputados (art. 336, inc.4, del C.P.P.N.).Dictamen motivado. Validez. Afectación a las reglas del debido proceso. Revocación ................................................................................................................................. 217 - Magistrado correccional que se declaro incompetente ordenando remitir las actuaciones a la justicia de instrucción por un hecho diferente al delimitado por el fiscal y por el que se habilitó la actividad jurisdiccional. Violación al principio ne procedat iudex ex officio. Nulidad ........................................... 217 - Magistrado que amplía la declaración del imputado para ponerlo en conocimiento de las nuevas pruebas incorporadas y dicta una resolución por la cual señala que mantiene el procesamiento dictado con anterioridad a la ampliación indagatoria. Procedimiento no previsto legalmente. Nulidad ..................... 217 - Rechazada. 1) Requerimiento de elevación a juicio que no guarda congruencia con el episodio por el cual se intimó al imputado en la declaración indagatoria. Modificación sustancial. Aspecto subjetivo del suceso que no fue objeto de conocimiento por el imputado. Revocatoria. Nulidad. 2) Falencia en el auto de procesamiento en detrimento del imputado. Atribución de hecho por el cual no se instó la acción penal. Nulidad parcial ............................................................................................................................... 218 - Rechazada. Cédula de notificación. Ausencia de testigo que suscriba la diligencia. Omisión del procedimiento formal. Procedencia .......................................................................................................... 219 - Rechazada. Cédula de notificación. Falta de indicación del testigo que firmó el acta. Afectación del derecho de defensa en juicio. Revocación. Nulidad ................................................................................. 219

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Rechazada. Defensa debidamente notificada de la realización de peritaje médico y del derecho de proponer especialista de confianza. Confirmación ................................................................................... 220 Rechazada. Del pedido de procesamiento presentado por el fiscal, de su dictado, del requerimiento de elevación a juicio y de la notificación del artículo 349 del C.P.P.N. Agravio: incumplimiento de los plazos procesales, exceso en el plazo previsto en el artículo 207 del C.P.P.N. Términos ordenatorios. Validez. Confirmación .............................................................................................................................. 220 Rechazada. Respecto del auto que dispuso correr vista al fiscal para que se expida en orden a lo previsto en el art. 346 del C.P.P.N. Defensa que alega que existe un recurso de casación pendiente de resolución. Art. 353 del C.P.P.N. Validez. Confirmación ........................................................................................... 221 Rechazada. Validez de la detención y la posterior revisación del celular. Requisa justificada recién ex post. Nulidad. Sobreseimiento .................................................................................................................. 221

O. OFICINA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE LA C.S.J.N. - Procesamiento por lesiones, coacción, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. Denuncia recibida ante la O.V.D. Agravio: victima que no presta declaración ante el fiscal o juez. Idéntico valor probatorio. Confirmación .......................................................................................................................... 222 - Sobreseimiento. Lesiones leves. Orfandad probatoria y manifestación de la víctima de no continuar la causa. Omisión de aplicar los parámetros de amplitud probatoria previstos en la ley 26.485 Antecedentes de denuncias basadas en el relato de la victima: acreditación de la violencia física. Afectación a los bienes jurídicos protegidos por la ley 26.485. Revocación. Procesamiento por lesiones leves en concurso real con lesiones en concurso material con amenazas coactivas ...................................................................... 223 P. PERITO. - Rechazo de la designación por no estar inscripto en las listas de Superintendencia. Confirmación......... 223 - Rechazo de la designación de perito por no estar inscripto en las listas de Superintendencia. Confirmación. Disidencia: Inconstitucionalidad de los arts. 254 y 259 del C.P.P.N. Afectación a la garantía de defensa en juicio. Revocación ................................................................................................ 224 PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. - Rechazada. Delito continuado. Apoderamiento de energía mediante una conexión clandestina. Plazo de prescripción que debe computarse desde el momento en que se procedió al corte de la conexión ilegal y no desde que se tendió el cableado clandestino. Confirmación ................................................................ 225 - Rechazada. Imputados que eran menores al momento de la comisión del hecho. Necesidad de analizar la cuestión a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 4° de la ley 22.278 que consagra la posibilidad de reducir la pena en la forma prevista para la tentativa, de acuerdo a los requisitos allí establecidos. Art. 37, inciso "b" y "d" de la Convención sobre los Derechos del Niño. Reducción de la pena consagrada por el Art. 4 de la ley 22.278: obligatoria y aplicable al instituto de la prescripción. Revocación. Prescripción de la acción penal. Sobreseimiento. Disidencia parcial: Confirmación. Incumplimiento del máximo de la escala penal del delito. Acción penal no prescripta. Reducción de la pena del art. 4 de la ley 22.278: facultativa, no obligatoria. Aplicación excepcional ............................... 225 - Rechazada. Transcurso del máximo de la pena prevista para la figura atribuida. Causa en trámite por delitos cometidos en ese lapso. Ausencia de pronunciamiento condenatorio. Afectación de la garantía de la defensa en juicio. No aplicación de la doctrina del Plenario "Prinzo". Revocatoria ............................. 228 - Sobreseimiento. Fiscal que recurre porque no se actualizaron los antecedentes del imputado. Requisito ineludible y previo. Revocación ................................................................................................................ 229 PRISIÓN PREVENTIVA. - Intervención contradictoria del fiscal, quien se agravió por la excarcelación concedida solicitando la revocación, y al mismo tiempo consintió la no imposición de la prisión preventiva. Recurso declarado abstracto. Disidencia: no es requisito el dictado de la prisión preventiva para caucionar la libertad del imputado.................................................................................................................................................... 229 PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. - En concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante. Procesamiento. Uso de armas. Menores abandonados por su madre en la vía pública. Imputados que los sustrajeron y obligaron a pedir limosna en la calle y los sometieron a abuso sexual mediante violencia y amenazas. Confirmación .................... 229 PROCEDIMIENTO POLICIAL. - Nulidad planteada por la defensa. Imputado detenido en la vía pública por estar caminando con una motocicleta sin la documentación y sin llaves. Validez. Nulidad rechazada ............................................ 230 - Nulidad rechazada. Infracción Ley 11.723. Averiguaciones realizadas por el personal policial para determinar el titular del comercio dentro de las directivas impartidas por el fiscal. Validez. Confirmación ............................................................................................................................................ 330 PROCESAMIENTO. - Ampliación de la declaración indagatoria. Magistrado que tuvo presente las manifestaciones del imputado y estuvo al procesamiento ya dictado. Requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal. Reforma del procesamiento o revocatoria: resoluciones apelables. Ampliación indagatoria que importa XX

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional una alteración en el hecho original. Defensa que no tuvo oportunidad de rebatir. Revocatoria y nulidad. Disidencia: imputado que se lo impuso de la extensión del resultado lesivo resultante de único hecho. Nuevo auto de mérito: innecesario. Confirmación ................................................................................... 231 Ampliación respecto de las lesiones culposas de un damnificado que no instó la acción penal. Único suceso histórico con múltiples resultados lesivos. Confirmación. Disidencia: Juez no habilitado a pronunciarse por las lesiones no instadas. Nulidad parcial de indagatoria y de la ampliación del procesamiento ........................................................................................................................................... 232 Defensa que plantea su nulidad debido a las imprecisiones del resolutorio. Hecho que no se encuentra debidamente descripto e imprecisión respecto a la responsabilidad que les cabe a cada uno de los imputados. Procedencia. Nulidad ............................................................................................................. 233 Imputado que se pronunció espontáneamente en el lugar del hecho. Manifestaciones espontáneas volcadas en la declaración testimonial del preventor. Validez. Confirmación ......................................... 233 Invocado supuesto de inimputabilidad. Necesidad de certeza. Ingesta de alcohol. Juez que debe ponderar la prueba pericial con sostén en reglas de la sana crítica. Subjetividad alcohólica propia. Consumo tóxico de larga data. Mayor capacidad de resistencia al alcohol. Confirmación. Disidencia: imputado que carecía de capacidad psíquica requerida por la ley. Revocatoria .......................................................................... 234 Lesiones leves dolosas y amenazas en concurso ideal. Damnificada que denuncia los hechos ante la OVD pero refiere que no desea instar la acción penal. Nulidad parcial de la indagatoria y todos los actos llevados a cabo en consecuencia sólo respecto de las lesiones leves por ser un delito de acción privada. Necesidad de valorar las actuaciones desde la perspectiva de la ley 26.485. Confirmación del procesamiento por amenazas .................................................................................................................... 236 Robo en poblado y en banda en grado de tentativa. Investigación delegada en el fiscal quien en su dictamen determinó estar ante una hipótesis de usurpación en tentativa. Juez de instrucción que omitió el planteo del fiscal y convocó a indagatoria a los imputados imputándoles un hecho distinto al descripto por el fiscal y procesándolos en consecuencia. Vulneración del debido proceso: inobservancia de la intervención del fiscal. Afectación principio de congruencia. Nulidad del llamado a prestar declaración indagatoria, de los actos de recepción y de los procesamientos con embargo.......................................... 236

PROFILAXIS ANTIVENÉREA (LEY 12.331). - Sobreseimiento. Administradora de una casa de tolerancia. Tipicidad. Revocación. Procesamiento ...... 237 Q. QUERELLANTE. - Inadmisibilidad de la acción por incumplimiento de las exigencias del art. 418 del C.P.P.N. Relato claro, preciso y circunstanciado del hecho. Presentación de la querella asimilable al requerimiento de elevación a juicio, en los delitos de acción privada. Confirmación .......................................................................... 237 - Legitimación activa aceptada. Presentación efectuada antes de la clausura de la instrucción. Preclusión de los actos cumplidos. Requerimiento de elevación a juicio efectuado por el fiscal, única parte acusadora al momento de correr la vista. Notificación a la defensa ordenada (art. 349 del C.P.P.N.). Imposibilidad de retrotraer el proceso a una etapa precluída ............................................................................................... 238 - Rechazo de la legitimación. Socio gerente que querella en representación de la S.R.L. Presentación de poder especial. Innecesariedad de presentar acta de asamblea por la potestad de designarse a sí mismo por la calidad que reviste. Revocación. Legitimación .................................................................................... 238 - Rechazo de legitimación activa. Pretenso querellante: por sí y en representación de sociedad comercial. Directivos reprochados por presunta comisión de delito de acción pública, de índole económica y con ulteriores consecuencia patrimoniales respecto de los demás socios. Afectación al pretenso querellante. Acción "ut singuli". Revocación ............................................................................................................... 238 - Rechazo de legitimación. Administradora de consorcio. Falta de acreditación de convocatoria de asamblea de copropietarios que haya legitimado para querellar. Análisis restrictivo del ingreso de un querellante al proceso. Confirmación ....................................................................................................... 239 - Rechazo de legitimación. Apoderado de Microsoft Corporation. Poder especial otorgado en el extranjero. Traducción pública legalizada. Apostilla prevista por la Convención de La Haya. Validez plena. Revocación. Confirmación ....................................................................................................................... 239 - Rechazo de legitimación. Homicidio. Aparente único heredero. Enumeración taxativa del art. 82 del CPPN. Confirmación. Disidencia. Enumeración del art. 82 del CPPN enunciativa. Inexistencia de los sujetos individualizados en la norma. Revocación. Legitimación ............................................................ 240 - Rechazo de legitimación. Pretensa querellante con poder general. Poder insuficiente. Exigencia legal de poseer poder especial. Confirmación ........................................................................................................ 240 - Rechazo de legitimación. Quiebra: síndico: único con capacidad para querellar y ante su inacción los acreedores verificados. Confirmación ...................................................................................................... 241 - Rechazo de legitimación. Sobrina del fallecido. Actuaciones en las que se investigan las circunstancias en las que sucedió el deceso. Sobrina que a su vez indica una posible circunstancia de incapaz. Enumeración taxativa del art. 82 del C.P.P.N. No indicación de cuáles habrían sido los actos abusivos conforme lo refiere el art. 174 inc. 2° del C.P. Confirmación ...................................................................................... 241 - Rechazo de legitimación. Supuesto heredero legítimo. Imposibilidad de promover querella por hecho ocurrido en vida del damnificado. Confirmación ..................................................................................... 242

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Sobreseimiento. Fiscal que no recurrió. Querella que apela. Defensa que se agravia en cuanto a que la querella no puede actuar en solicitarlo. Tutela judicial efectiva. Derecho de la víctima a una investigación judicial. Validez ........................................................................................................................................ 242

QUIEBRA FRAUDULENTA. - Procesamiento. Transferencia de bienes con anterioridad al período previsto por el artículo 116 de la ley 24.522. Tipicidad. Confirmación .............................................................................................................. 242 R. REBELDÍA. - Con pedido de captura. Examen psiquiátrico pendiente de producción. Capacidad de culpabilidad cuestionada. Averiguación de paradero. Revocación................................................................................ 243 - Recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial. Imputados que desconocen la existencia de la causa y que se los ha citado a indagatoria. Notificación por edictos: carácter ficto. Revocación. Subsistencia de la orden de averiguación del paradero e intimación a comparecer .................................. 243 RECURSO DE APELACIÓN. - Contra el procesamiento del imputado por robo. Agravio: falta de ratificación de la declaración del damnificado en sede judicial. Rechazo del agravio. Confirmación .......................................................... 244 - Contra la resolución que declaró abstracto el tratamiento de las impugnaciones contra las sanciones disciplinarias impuestas al imputado por el S.P.F. Decisión jurisdiccional desprovista de motivación (art. 123, C.P.P.N.). Nulidad............................................................................................................................. 244 - Contra la resolución que declaró rebelde al imputado. Inexistencia de gravamen irreparable. Mal concedido. Disidencia: gravamen irreparable. Recurso bien concedido ................................................... 245 RECURSO DE CASACIÓN. - Contra la confirmación por parte de la Cámara de la concesión de la suspensión del juicio a prueba. Consecuencias de imposible reparación ulterior. Procedencia ................................................................. 245 - Contra la resolución en la cual se confirmó la denegatoria de la de exención de prisión del imputado. Equiparación a sentencia definitiva. Gravamen irreparable. Concesión ................................................... 245 RECURSO DE QUEJA. - Contra el auto por el cual no se hizo lugar a la convocatoria de testigos solicitados por la querella. Menoscabo al ejercicio de la acción pública. Procedencia. Disidencia: sistema de la sana crítica. Potestad del magistrado para decidir al respecto. Rechazo ..................................................................................... 246 - Contra el auto por el cual se denegó el recurso de apelación en subsidio respecto de la resolución que remitió las actuaciones por aplicación del Art. 196 bis del C.P.P.N. -causa con autor desconocido-. Decisión irrecurrible. Rechazo .................................................................................................................. 246 - Contra el auto que declaró inadmisible el recurso de apelación por el que se dispuso mantener la internación del imputado en la unidad de salud mental del Hospital Piñero y dar intervención al juzgado de ejecución penal y concomitantemente remitir testimonios a la justicia civil a fin de efectuar el contralor. Restricción a la libertad del imputado. Doble control por parte del estado. Agravio irreparable. Hacer lugar y conceder el recurso de apelación ........................................................................................ 247 - Contra el auto que declaró rebelde al imputado. Ausencia de gravamen irreparable. Rechazo. Disidencia: declaración de rebeldía que puede ser valorada como indicio de riesgo procesal de fuga. Gravamen irreparable. Concesión............................................................................................................................... 247 - Contra el auto que denegó el recurso de apelación. Viabilidad del régimen de instrucción sumaria (art. 353 bis del C.P.P.N.). Posible gravamen irreparable. Procedencia........................................................... 247 - Contra el auto que dispuso la rebeldía del imputado. Ausencia de gravamen irreparable. Rechazo. Disidencia: gravamen irreparable. Indicio que puede ser valorado como riesgo procesal de fuga. Concesión .................................................................................................................................................. 248 - Contra el auto que no hizo lugar a la solicitud de declaración indagatoria y devolvió las actuaciones al Fiscal. Concesión ...................................................................................................................................... 248 - Contra la decisión del juez de no hacer lugar a la petición del Fiscal de escuchar al imputado en declaración indagatoria. Investigación delegada al M.P.F. Gravamen irreparable. Concesión ................ 249 - Contra la resolución que no hizo lugar a la reposición interpuesta respecto de la declaración de rebeldía. Ausencia de gravamen irreparable. Rechazo. Disidencia: resolución que puede causar gravamen irreparable ante la posibilidad de ser valorada como indicio de riesgo procesal de fuga. Procedencia .... 249 - Por apelación denegada contra el auto que dispuso la rebeldía sin captura del imputado. Gravamen irreparable. Procedencia ............................................................................................................................ 250 - Por apelación denegada respecto del auto que rechazó la suspensión del llamado a indagatoria hasta tanto se resuelva un recurso pendiente ante la C.N.C.P. Trámite que no suspende el proceso ni impide que la instrucción continúe. Rechazo .................................................................................................................. 250 RECUSACIÓN. - Causales que deben ser interpretadas de manera restrictiva. Opiniones vertidas en la debida oportunidad legal y sobre el concreto tema sometido a decisión. Rechazo................................................................... 251 - Contra un juez por la relación con el abogado de la querella. Supuesto no abarcado por el término "interesado". Rechazo ............................................................................................................................... 251

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Interpretación restrictiva. Intervención de los jueces recusados en el momento procesal oportuno y como consecuencia de la obligación funcional que les correspondía. Ausencia de motivo de prejuzgamiento. Rechazo .................................................................................................................................................... 252 Prejuzgamiento. Concepto. Ausencia de prejuzgamiento. Rechazo ......................................................... 252 Prejuzgamiento. Concepto. Ausencia de prejuzgamiento. Rechazo ......................................................... 252

REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO. - Nulidad rechazada. Ausencia de afectación al derecho de defensa en trámite efectuado en la fiscalía. Notificación personal (art. 353 bis del C.P.P.N.) que asegura el derecho de defensa. Defensa que pudo formular descargo pertinente o ejercitar derechos en tiempo acortado. Confirmación ............................ 253 - Nulidad rechazada. Congruencia entre los hechos detallados en la indagatoria, en el auto de procesamiento y en ese requerimiento de elevación a juicio. Fiscal que adjudica una adecuación típica distinta. Validez. Confirmación ................................................................................................................ 253 - Nulidad rechazada. Defensa que se agravia por violación al principio de congruencia. Hechos que mantienen congruencia en la indagatoria y en el procesamiento. Fiscal que asigna una distinta calificación. Validez. Confirmación ......................................................................................................... 254 - Nulidad rechazada. Requerimiento válido. Discrepancias que encuentran correlato con la manda del art. 349 del C.P.P.N. Ausencia de violación a garantía constitucional. Confirmación ................................... 254 REQUISA SIN ORDEN JUDICIAL. - Nulidad rechazada. Imputados que al advertir la presencia policial vuelven sobre sus pasos. Imputados que al ser interceptados y revisados, tenían dentro de la mochila un arma tumbera y cartuchos de escopeta. Estado de sospecha razonable. Art. 230 CPPN. Autorización de los funcionarios policiales a requisar sin orden judicial. Confirmación................................................................................................. 255

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. - Procesamiento. Conducta dirigida a impedir el cumplimiento de un deber legal del funcionario público utilizando fuerza para su fin. Confirmación ............................................................................................. 256 - Procesamiento. Forcejeo entre imputado y personal policial, destinado a impedir el acto propio de la función. Tipicidad. Confirmación ............................................................................................................. 256 - Procesamiento. Oposición a la propia detención. Fuerza mínima para reducir al imputado. Atipicidad. Revocación. Sobreseimiento..................................................................................................................... 256 - Procesamiento. Oposición a lo ordenado por la autoridad policial dentro de sus funciones con golpes de puños y exhibición de un arma de fuego. Empleo de fuerza mayor a la común para lograr la detención. Confirmación ............................................................................................................................................ 257 ROBO. - Agravado y en tentativa. Vehículo dejado en la vía pública. Procesamiento. Confirmación ................... 257 - Agravado. 1) Excusa absolutoria: improcedencia. No aplicación. 2) Banda. Mayor poder vulnerante que implica actuar en conjunto. Concurrencia de tres personas. 3) Efracción: perforación sobre la defensa que oponían las cerraduras de la puerta de ingreso. Confirmación. Disidencia parcial: necesidad que se verifique la integración de una asociación en los términos del art. 210 del C.P. para calificar el hecho como cometido en banda .......................................................................................................................... 258 - Agravado. Procesamiento. Único testimonio: damnificada. Elementos insuficientes para tener por probado el robo. Pelea y daños en el interior del negocio: posible encuadre en el art. 51 del Cód. Contravencional o en el art. 183, del C.P. Revocación............................................................................. 259 - Con armas. Procesamiento. Arma blanca no secuestrada. Confirmación parcial: Cambio de calificación legal por robo simple ................................................................................................................................ 260 - En grado de tentativa. Hecho que implicó despliegue de violencia física en las personas. Confirmación ............................................................................................................................................ 260 - En grado de tentativa. Procesamiento. Agravante de poblado y en banda. Plenario "Quiroz". Participación de tres o más personas. Confirmación. Disidencia parcial: Robo simple. Necesidad de que se den los mismos presupuestos exigidos para el delito de asociación ilícita ........................................................... 260 - En grado de tentativa. Procesamiento. Damnificada no individualizada. Forcejeo entre imputado y personal policial, accionar destinado a impedir el acto propio de su función. Confirmación. Modificación de la calificación legal: resistencia a la autoridad en concurso ideal con el de lesiones leves ................. 261 - En grado de tentativa. Procesamiento. Declaración prestada por los damnificados extranjeros en sede policial con un intérprete del idioma inglés sin título habilitante. Ausencia de otros elementos que le den sustento al hecho. Revocación. Sobreseimiento ....................................................................................... 261 - En grado de tentativa. Procesamiento. Teoría de la insignificancia. Falta de previsión en la legislación penal. Confirmación ................................................................................................................................. 262 - En grado de tentativa. Sobreseimiento. Imputados que fueron aprehendidos luego de estar en actitud sospechosa tocando timbre y mirando hacia el interior de una vivienda y en poder de llaves y elementos para forzar cerraduras. Inexistencia de un comienzo de ejecución. Ausencia de signos de violencia en la puerta de ingreso. Inexistencia de riesgo alguno al bien jurídico protegido. Confirmación ..................... 263 - En poblado y en banda. Procesamiento. Solidaridad grupal de la coautoría, carácter y exteriorización expresa y tácita del vínculo subjetivo. Confirmación ............................................................................... 264 XXIII

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En tentativa. Único testigo. Vaguedad en la descripción física del imputado que impide acreditar que sea la persona descripta por el testigo. Revocación. Falta de mérito .............................................................. 264 Procesamiento. Victima no individualizada. Testigo que da aviso a la prevención respecto al hecho acontecido. Materialidad que puede ser comprobada por otros medidos de prueba. Confirmación ......... 265 Simple. Procesamiento. Detención válida. Interrogatorio realizado a los imputados inválido (art. 230 bis del C.P.P.N.). Inexistencia de urgencia para proceder sin orden judicial. Violación de la garantía al debido proceso. Nulidad. Sobreseimiento. Disidencia: Personal policial habilitado por aplicación del art. 230 bis del C.P.P.N. Confirmación ........................................................................................................... 265 Simple. Procesamiento. Faltante de elementos de una obra en construcción. Acceso vedado por un portón cerrado con candado. Confirmación. Cambio de la calificación legal por violación de domicilio ........... 266 Tentado. Procesamiento. Objetos sustraídos de lugares específicos dentro de un cementerio. Cosa ajena: conocimiento del imputado de esa situación. Tipicidad. Confirmación ................................................... 267

S. SOBRESEIMIENTO. - Estafa. Ausencia de engaño o ardid. Imputado que entregó heladeras de origen presuntamente espurio y percibió su pago, sin acompañar la documentación de la importación. Denunciante-comerciante que no actuó con la debida diligencia, al no controlar la documentación. Confirmación .................................... 267 - Fiscal que recurre resolución prematura. Necesidad de llevar a cabo medidas para determinar si nos encontramos ante la comisión de un hecho ilícito. Revocación ................................................................ 268 - Magistrado que sobreseyó al imputado y se declaró incompetente ante la posible configuración de otro delito. Absolución por calificaciones. Resolución contradictoria. Non bis in idem. Nulidad. Incompetencia ........................................................................................................................................... 268 - Rechazado. Pedido efectuado por la defensa por exceso de los plazos establecidos en el artículo 207 del C.P.P.N. Acción penal suspendida hasta tanto se adopte una resolución definitiva en el proceso civil. Confirmación ............................................................................................................................................ 269 - Resolución y dictamen fiscal que no superan el control negativo de razonabilidad y logicidad. Fundamentación aparente. Acto jurisdiccional inválido. Nulidad del sobreseimiento y del dictamen fiscal. Disidencia: Resolución prematura. Revocación ............................................................................. 269 SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. - Rechazada. Magistrado que funda el rechazo en la escasez del monto resarcitorio ofrecido. Damnificado que precisó que no aceptaría ofrecimiento económico alguno e iniciaría el juicio civil. Fundamentación que prescinde los dichos del propio interesado. Revocación. Disidencia: suspensión que debe procurarse una vez que la instrucción esté completa. Confirmación .......................................................................... 271 - Rechazada. Oportunidad procesal para peticionarla: a partir de la declaración indagatoria. Revocación ................................................................................................................................................ 272 - Concedida. Fiscal que se opone y recurre. Opinión fiscal no vinculante. Inhabilitación provisoria para conducir no impuesta. Imputado que no obró con temeridad. Confirmación. Disidencia: solicitud que debe efectuarse una vez que la instrucción se encuentre completa ........................................................... 272 - Fiscal que no suscribió el acta de la audiencia (art. 293, del C.P.P.N.). Afectación a la garantía del debido proceso. Nulidad (art. 168, 2° párraf., del C.P.P.N.)................................................................................. 273 - Procedencia. Objeciones del fiscal para la procedencia que no constituyen una derivación razonada del derecho vigente por lo que no es vinculante. Imputado: escribano público en proceso de quiebra. Imputado que reviste la calidad de funcionario público. Imputados concursados y quebrados que están impedidos de prestar una reparación económica. Confirmación .............................................................. 273 - Rechazada. Citación del damnificado que no se llevó a cabo. Desconocimiento sobre la existencia de la audiencia. Privación a la víctima de la posibilidad de pronunciarse. Nulidad. Disidencia parcial: suspensión que debe procurarse una vez que la instrucción se encuentre completa ................................. 275 - Rechazada. Juez que resolvió sin celebrar la audiencia del art. 293 CPPN. Derecho de defensa. Nulidad. Apartamiento del magistrado .................................................................................................................... 276 - Rechazada. Oposición Fiscal por cuestiones de política criminal. Dos imputados en la causa pero solo uno requirió el instituto. Posible afectación de la estrategia respecto de quien no la pidió. Confirmación ............................................................................................................................................ 276 - Rechazada. Proceso en etapa oportuna para introducir el planteo. Revocación ....................................... 277 - Tratamiento diferido. Pedido efectuado tras oírse al imputado en declaración indagatoria y con anterioridad al dictado del auto de mérito. Situación procesal regularizada con posterioridad al pedido. Revocación. Necesidad de celebrar la audiencia. ..................................................................................... 278 U. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. - Procesamiento. Imputado que, ante el requerimiento de la PFA en un control vehicular, exhibió una licencia de conducir a su nombre adulterada en el sector del año de vencimiento. Confirmación. Disidencia: tipo de documento requerido y exhibido a sujetos idóneos y capacitados especialmente para detectar su validez. Instrumento inidóneo para causar algún tipo de perjuicio. Revocación. Sobreseimiento .......................................................................................................................................... 278 USURPACIÓN DE TÍTULOS. - Defensa que plantea la nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por el Colegio Público de Abogados como querellante. Nulidad rechazada. Bien jurídico protegido: buen funcionamiento de la XXIV

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional administración pública y, en concreto, el monopolio estatal de conferir o reconocer títulos profesionales habilitantes, como en el caso el de abogada. Ley 23.187. Imputada que ejerció actos de la profesión desconociendo las sentencias recaídas en el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados que había sido excluida de la matrícula. Confirmación................................................................................... 279 Procesamiento. Imputado que ejerció la profesión de médico veterinario sin contar con el título habilitante. Tipicidad. Confirmación ........................................................................................................ 279

V. VEJACIONES. - Procesamiento. Personal de seguridad. Golpes a menores internados en un instituto. Tipicidad. Confirmación ............................................................................................................................................ 280 VIOLACIÓN DE SECRETOS. - Archivo. Acceso ilegítimo a la base de datos de una empresa. Delito de acción privada. Confirmación ............................................................................................................................................ 281 - Delito de acción privada. Impulso de oficio. Nulidad .............................................................................. 281

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ABOGADO. Apartamiento oficioso. Argumento: Resguardo de garantías y derechos constitucionales de los imputados. Violación de la voluntad de la imputada a designar un abogado de su confianza. Revocación. Fallo: "(…) el a quo convocó a los imputados (…) a deponer en audiencia indagatoria y a continuación sostuvo que, a fin de resguardar los derechos y garantías constitucionales de los nombrados y "toda vez que los (defensores) han tenido y tienen participación en las actuaciones civiles de las que se desprenden los hechos en estudio", correspondía apartarlos. Agravios del Dr. (…): Al interponer el recurso el letrado manifestó que la afirmación de que la decisión se sustenta en la defensa de los derechos y garantías de los imputados es de carácter dogmático, y que no menciona en qué forma su trabajo, para el que fue designado, afecta qué cosa, lo que a su criterio transgrede las previsiones del art. 123 del CPPN. Asimismo afirmó, que el acto de apartamiento viola el art. 5° de la ley 23.187, máxime si se tiene en cuenta la arbitrariedad con la que se dictó. Asimismo señaló que se ha transgredido el debido proceso y el derecho de defensa al no respetar la voluntad de la imputada conforme el art. 104 del CPPN, lo que se vio agravado por no haberse cumplido los plazos del art. 207 ibídem. Finalmente agregó que la decisión atacada ponía en duda su actuación profesional tanto en sede civil como en sede penal, violando su derecho al trabajo, lo estipulado por la ley 23.187 y la voluntad de la imputada de designar abogado de su confianza, quien además -luego de notificarse de la decisión en crisis- lo ratificó en su cargo. (…) estimamos que al resolverse del modo indicado el a quo ha presupuesto que en el caso existe un conflicto de intereses que aún no ha sido explicitado, extremo que -en todo caso- podrá ocurrir recién luego de producidas las indagatorias ya ordenadas. (…) el tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el auto de fs. (…) y (…) dejar sin efecto el apartamiento dispuesto en relación al recurrente (art. 455 a contrario sensu del C.P.P.N.) y II. HACER EXTENSIVO lo dispuesto precedentemente al restante abogado defensor separado de su cargo, esto es el Dr. (…) respecto a la asistencia de (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.112, RODRIGUEZ, Ernesto Ismael y otro. Rta.: 27/03/2012 ABOGADO. Magistrado que rechaza el pedido formulado por la querella de apartamientos, prohibiciones y sanciones respecto de los defensores pero envía actuaciones al Colegio Público de Abogados. Confirmación. Hechos: El apoderado de la querella solicitó la aplicación de una sanción a uno de los abogados del imputado por haber publicado en facebook diversas actas del proceso y con respecto al otro abogado, por haber facilitado al imputado copias del expediente que fueron cargadas en su muro. Además indicó que el primer letrado concurrió a un programa de televisión para hacer público el conflicto ante los medios de comunicación. Fallo: “III.-) En primer lugar debe destacarse que si bien el artículo 18 del decreto-ley 1285/58, conforme modificación por ley 24.289, admite la potestad jurisdiccional de sancionar a los abogados, prevé también como condición para su aplicación que los letrados hubieran obstruido el curso de la justicia o cometido faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra la dignidad o decoro del juez. La Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo la posibilidad de que los jueces ejercieran esa potestad disciplinaria a efectos de “mantener el orden y el decoro en el trámite de los juicios, consistente [en] la facultad de reprimir las faltas producidas en la actuación cuando se afecte su dignidad y autoridad o entorpezca el normal desarrollo de los procedimientos. Su ejercicio traduce la lógica consecuencia de las atribuciones legales que poseen los magistrados para dirigir los casos sometidos a su decisión, ya que la concesión de un poder lleva implícita la facultad de utilizar los medios para lograr su efectividad” (Fallos: 330:1036).Sin embargo, también las distinguió de aquellas otras disposiciones previstas en la ley 23.187 al decir que “...las facultades disciplinarias reconocidas a los jueces por los arts. 35 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y 18 del decreto-ley 1258/58, para mantener el buen orden y el decoro de los juicios, no se superponen ni se confunden con las atribuciones de idéntica naturaleza conferidas al tribunal de disciplina del Colegio Público de Abogados por la ley 23.187, en tanto estas últimas persiguen el objetivo más amplio de asegurar el correcto ejercicio de la abogacía en todos los ámbitos de la actuación profesional” (Fallos: 321:2904; 318:892).Así, consideramos que de las constancias del incidente no se advierte que la actuación de los defensores pueda considerarse como un acto que haya entorpecido el proceso, ni que aquéllos hubieran incurrido en alguna “inconducta procesal” que amerite imponer una sanción como la solicitada. Resulta razonable, y por eso será confirmada, la resolución del juez de la causa que rechazó los apartamientos, prohibiciones y sanciones requeridos. En este sentido, es prudente que la cuestión sea analizada por medio de los testimonios ordenados a fs. (…) extraídos para que se investigaran las conductas descriptas por la querella, en tanto no se advierte que hubiese afectado el curso de la pesquisa o algún acto procesal llevado a cabo. Por otro lado, como señala el juez, los riesgos planteados por la querella “han quedado conjurados por las medidas adoptadas” por el magistrado.

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Es así que no resulta procedente la remoción de los letrados, toda vez que si bien el Dr. (…) ya ha renunciado a su ministerio (…) por lo que el pedido se tornó abstracto, del desempeño de ambos abogados no surgen motivos atendibles para que sean penados de ese modo, que por otro lado afectaría el derecho del imputado a designar el letrado de su confianza. Por lo expuesto, no se hará lugar a la citación del Dr. (…), pues sin perjuicio de que el Dr. (…) integraría su estudio jurídico, lo cierto es que el letrado cuenta con independencia en el ejercicio de sus funciones y no se encuentra “subordinado” a las decisiones del titular del buffett (arts. 6 y 7 de la ley 23.187). En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto IV del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 42.894, SALABER, Ramiro y AVOGADRO, Enrique G. Rta.: 09/03/2012

ABORTO. Sobreseimiento. Investigación llevada a cabo con una agente encubierta que se hizo pasar por embarazada y a quien la imputada le ofreció realizarle un aborto a cambio de dinero. Imposibilidad de identificar a las mujeres a quienes se les habría practicado un aborto. Necesidad de que existencia el embarazo en la mujer y que el feto esté con vida para que la figura sea típica. Atipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) Se le atribuyó (…) haber llevado a cabo abortos ilegales a cambio de dinero (…) en connivencia con un empleado de la farmacia (…) que proveería los fármacos necesarios para la tarea (…). Surge (…) del sumario que la Agente (…) constituyó en el lugar del hecho (…) de manera encubierta y se entrevistó con (…), a quien le dijo que se encontraba embarazada, por lo que ofreció practicarle un aborto a cambio de percibir la suma de $ (…). Le explicó que debía estar en ayunas y que le aplicaría una inyección con cinco dosis, así como que le proveería una pastilla en el órgano sexual femenino (…). Le informó que el procedimiento se llevaría a cabo en el baño del inmueble y durante la entrevista se encontró presente el nombrado (…) que participó de la conversación. Con motivo de la investigación (…) y las intervenciones telefónicas ordenadas (…) se registró una conversación de una mujer (…) en la que (…) le dijo "Yo vivo en Ciudad Evita, la forma de llegar no sería problema, es que yo eh... Intenté ponerme una sonda y en este momento tengo fiebre. Yo quiero saber si usted me puede intervenir igual porque hace tres (3) días que estoy con pérdidas, y yo necesito sacarme el problema de encima". (…) Ahora, conforme fuera expuesto por la Dra. (…), más allá de la manera en que habría sido intimada (…) y que similar acusación se intenta contra (…), no puede soslayarse que, agotada la pesquisa, no se ha podido ubicar a las mujeres anteriormente mencionadas. De esta manera, no se ha podido establecer que, efectivamente, se trate de dos mujeres que, a la fecha de las conversaciones, se encontraran embarazadas, presupuesto indispensable para la configuración del tipo penal de aborto, dado que el sujeto pasivo de dicha conducta debe ser un feto. "Para que pueda darse el delito de aborto es necesario que se den, en principio, dos presupuestos básicos, que son la existencia de un embarazo en la mujer y que el feto esté con vida, ya que el delito en sí consiste en la causación de la muerte del feto por distintos medios" (*). (…) no se han podido (…) tener por acreditados los elementos típicos que la figura requiere (…). (…) el tribunal RESUELVE: I. TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la fiscalía contra el auto que dispuso el sobreseimiento (…). II. CONFIRMAR la resolución de fs. (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch. (Sec.: Peluffo). c. 42.671/12, R., E. y otros. Rta.: 29/06/2012 Se citó: (*) Edgardo A. Donna, Derecho Penal, parte especial, Rubinzal Culzoni, t. I, p. 167.

ABSOLUCIÓN POR CALIFICACIONES. Procesamiento por amenazas coactivas con armas. Sobreseimiento por tenencia de armas y disparo de arma de fuego. Hecho único que no puede escindirse. Sobreseimiento revocado. Confirmación del procesamiento por abuso de armas agravado por el vínculo en concurso ideal con amenaza coactiva con arma. Fallo: “II. A juicio de los suscriptos la decisión adoptada por la magistrada de grado mediante la cual escindió el suceso bajo análisis y desvinculó al imputado en orden al delito de disparo de arma de fuego resulta desacertado. Pues, al resolver de ese modo desdobló una unidad fáctica con exclusiva base en calificaciones legales, ya que las frases adjudicadas al nombrado habrían sido vertidas en el mismo contexto de violencia en el que momentos antes ejecutó el disparo, de manera que no puede colegirse que estemos en presencia de dos conductas criminales separadas en el tiempo, sino que se trató de un “hecho único” motivado en un único designio por parte del autor. Al respecto la jurisprudencia sostiene que: “hay concurso ideal cuando son acciones sucesivas que se confunden en un solo hecho, perpetrado con unidad de designio” (1). (…) II. Del procesamiento: Sobre el tema la doctrina sostiene que: “Tanto las amenazas como las coacciones tienden a quebrantar la tranquilidad espiritual del individuo. Así, el bien jurídico en juego es la libertad individual en su esfera psíquica, que es la libertad de determinarse, de obrar conforme a su propia voluntad. …En el delito de coacción se ataca directamente la libertad de determinación del sujeto pasivo, en procura de sustituir su 2

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional voluntad por la del agente” (2). (…) En definitiva, se determinó con la provisoriedad que esta etapa requiere que se provocó en su ánimo el temor de padecer un episodio de gravedad si no se retiraba del lugar, lo que se ve fortalecido con la conducta desplegada momentos antes por el imputado y con la denuncia realizada posteriormente. III. Del sobreseimiento parcial: Disentimos con el temperamento desvinculante adoptado por la jueza de la anterior instancia en cuanto al delito de disparo de arma de fuego ya que los elementos de cargo permiten acreditar el suceso y asignarle connotación típica. (…) Demostrada entonces la tipicidad requerida por la figura, que además se agrava en el caso por su condición de progenitora, resta determinar cuál fue su intención y descartar la posibilidad de que fue un hecho accidental como argumentó (…) en su descargo. (…) Así pues, de adoptarse esta hipótesis el haber disparado concientemente con el afán únicamente de asustarla, no lo exime de culpabilidad (3). Entendemos que los elementos de cargo recabados en el sumario no permiten sostener que la intención haya sido el pretender terminar con la vida de (…). A estos fines ponderamos la escasa distancia y la destreza del autor lo cual permite inferir de momento que no hubo intención homicida. Máxime si contemplamos su condición de legítimo usuario de armas y que accionó el disparador a menos de dos metros de su blanco. Al respecto, se sostuvo que: “para que una agresión sea calificada como tentativa de homicidio no bastará el mero empleo de un medio capaz de producir la muerte por su poder ofensivo, la repetición de la agresión, el número de las lesiones, el lugar vital en que fueron inferidas, y las manifestaciones verbales, sino que la intención del delincuente debe aparecer claramente definida en tal dirección, por lo que es menester una prueba específica demostrativa de la resolución de matar en el momento de comenzar la ejecución para dar a los signos exteriores una correlativa fuerza intencional, y si ello no se halla plenamente demostrado, por actos confusos y equívocos [o por las manifestaciones de la víctima y el encausado], dicha calificación debe ser rechazada en virtud del principio in dubio pro reo; corresponde en cada caso particular, y en función del resultado producido, la calificación de abuso de armas, etc., en virtud del dolo indeterminado” (4). Todo lo expuesto nos lleva a agravar su situación procesal en los términos del art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación, en orden al delito de abuso de arma agravado por el vínculo. (…). Por lo expuesto el tribunal; RESUELVE: I. Revocar parcialmente el punto I del auto de fs. (…), en cuanto sobreseyó a (…) en orden al delito de disparo de arma de fuego; II. Confirmar el punto II del auto de fs. (…), en cuanto procesó a (…), con la salvedad que la calificación legal es la de abuso de armas agravado por el vínculo en concurso ideal con amenaza coactiva con arma. (…)”.

C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Asturias). c. 501/12, TURANO, Luciano Fabricio. Rta.: 21/05/12

Se citó: (1) Romero Villanueva, Horacio J., “Código Penal de la Nación”, tercera edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires 2008, p. 209 y sus notas; (2) Céliz Fabián R. E., “Amenazas y coacciones”, en “Delitos contra la libertad”, Ad. Hoc., marzo 2003, p. 262; (3) Creus, Carlos, “Derecho penal, Parte especial”, T. I, 6° ed., Astrea, Buenos Aires, 1999, p.110; (4) C.N.C.P., Sala II, “Di Fortuna, Juan Marcelo, rta.: 20/5/2002.

ABUSO SEXUAL. Agravado por haber sido con acceso carnal. Procesamiento. Confirmación. Fallo: "(…) De las manifestaciones de la víctima (…) surge que el imputado la llevó detrás de un vehículo estacionado en la vía pública y le exigió que se sentase sobre él. Ante su negativa, se tornó violento y comenzó a forcejear logrando bajarle el pantalón y la ropa interior para luego accederla carnalmente contra su voluntad, momento éste en que comenzó a solicitar auxilio (fs. ...). Su hermana (…), reprodujo sus dichos sin advertirse fisuras entre sus testimonios (fs. …). En tanto, el Sargento (…) (fs. ...) y el Cabo 1º (…) (fs. …) fueron contestes al referir que en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatadas precedentemente observaron al inculpado forcejear con (…) al tiempo que ésta gritaba "ayúdenme, socorro". También reflejaron que ella se mostraba nerviosa y temerosa al punto que debieron calmarla. Las condiciones señaladas tornan verosímil la hipótesis de cargo, en tanto evidencian que (…), lejos de prestar su consentimiento al acto sexual al cual fue sometida, se resistió a el y solicitó el auxilio de terceros. No obsta a tal conclusión la inexistencia de lesiones en su cuerpo en tanto la doctrina sostiene que "La simple negativa de la víctima al inicio o prosecución del acto sexual resulta determinante para la tipicidad...El nuevo texto del art. 119, no requiere resistencia de la víctima sino que no haya podido consentir libremente la acción…y el consentimiento que haría que esa acción no fuera un abuso, habrá que encontrarlo en actitudes precedentes de los protagonistas, que bien pueden demostrarse por su desenvolvimiento posterior. Pero este último es un asunto probatorio ajeno a la dogmática. En la concepción del bien jurídico no, quiere decir no" 3

(1). En esta inteligencia, su oposición y su comportamiento posterior -inmersa en una crisis de nervios acompañada de llantos- abonan esa postura. En este contexto, la valoración conjunta de las pruebas reunidas conforma un plexo probatorio que aconseja el avance del proceso a la etapa de debate. Por todo ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto (...) del auto de fs. (...) en cuanto fuera materia de estudio. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 328, F. M., D. A. Rta.: 10/04/2012 Se citó: (1) Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl, Ed. Hammurabi, José Luis Depalma Editor, Bs. As. 2008, Tomo 4, págs. 504/505.

ABUSO SEXUAL. Agravado por haber sido con acceso carnal en dos oportunidades. Procesamiento. Defensa que alude a que las relaciones fueron consentidas. Confirmación. Fallo: “(…) En suma, el contexto familiar de sometimiento y maltrato presunto a la víctima brinda sustento al reproche formulado, por lo cual no puede alegarse que existió un consentimiento libre. Los episodios violentos y por los cuales se encuentra procesado el imputado cometidos días previos a estos sucesos desacreditan el agravio de la defensa en cuanto a que la damnificada accedió en forma libre a estos hechos, pues la fuerza usada en uno de los eventos y las amenazas vertidas, se presentan como idóneos para vulnerar la libertad de la víctima en esas condiciones. Por último, si bien asiste razón al apelante en cuanto a que en la Oficina de Violencia Domestica (…) indicó que el imputado no pasaba dinero para la subsistencia de sus hijas, circunstancia que luego rectifico (…), lo cierto es que ello no es óbice para restarle valor probatorio a su relato, máxime si se tiene en cuenta el resto de los elementos colectados y que fueron merituados “ut supra”. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto de fs. (…) del presente, en todo cuanto fue materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 266, L., E. F., S. Rta.: 12/04/2012

ABUSO SEXUAL. Con acceso carnal agravado por ser contra un menor de dieciocho años. Procesamiento. Confirmación. Fallo: "(…) se procesó a (…) por ser considerado, en principio, autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos ocasiones, en ambos casos agravados por haber sido cometidos contra una menor de dieciocho años, aprovechando la situación de convivencia preexistente (arts. 45, 55, 119 primer y tercer párrafo, inc. "f", CP). (…) la nombrada refirió, ante los especialistas del Cuerpo Médico Forense (…) que el imputado abusó de ella en diferentes ocasiones desde los 11 hasta los 15 años de edad. La damnificada explicó que el acusado, pareja de su madre y con quien convivía (…), le tocaba la cola, hechos que ocurrían cuando sus hermanos iban a jugar al fútbol y su madre cumplía su jornada laboral. Asimismo, se le atribuye haber abusado sexualmente con acceso carnal de la damnificada, (…) aprovechándose de la situación de convivencia preexistente, amenazándola para que no contara lo sucedido. (…) Lo expuesto por la nombrada encuentra correlato en los testimonios de sus dos tías, (…) quienes indicaron que ese día (…), en oportunidad de haber ido a visitar a su sobrina, la notaron decaída y compungida, motivo por el cual mantuvieron una larga charla con ella, en la cual les contó cómo su padrastro (…) abusaba sexualmente de ella desde los 11 años (…). Esta circunstancia motivó la radicación de la denuncia que diera origen a estas actuaciones. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR punto dispositivo I de la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 41.941, V. V., W. M. Rta.: 09/03/2012 ABUSO SEXUAL. Con acceso carnal. Falta de mérito. Imputado pareja de la damnificada que la golpeó, violó por vía anal y vaginal, y obligó a practicarle sexo oral como condición para retirarse de la vivienda. Situación de altísimo riesgo. Revocación. Procesamiento sin prisión preventiva. Prohibición de contacto con la víctima. Disidencia: procesamiento con prisión preventiva. 4

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fallo: "(…) Se imputa al nombrado el hecho (…) ocasión en la cual habría abusado sexualmente de su pareja (…) accediéndola carnalmente por vía anal y vaginal, como así también obligándola a practicarle sexo oral (…). Además, la habría agredido físicamente (…). En esa misma ocasión, también habría roto varios objetos de la vivienda de la damnificada (…), habría quemado papeles e intentado prender fuego las cortinas. (…) el imputado se habría presentado en el domicilio de la damnificada (…) y tras un entredicho, la tomó del cuello y comenzó a propinarle golpes de puño en el rostro, y una vez en el suelo, puntapiés en la espalda y abdomen mientras la escupía e insultaba. Luego de ello y como condición para retirarse, la obligó a practicarle sexo oral, bajo amenaza de golpear a su padre si se negaba, por lo que accedió. Posteriormente, la obligó a sacarse la ropa y arrojándola en la cama la accedió en contra de su voluntad, por ambas vías, prolongándose todo ello hasta las 23 horas, cuando tras eyacular sobre la espalda de la damnificada, y previo a retirarse pateó el televisor y rompió una lámpara, tomó dos fotografías y quemó varios papeles en la cocina. Asimismo, surge del relato de la damnificada que el imputado en varias ocasiones no determinadas le habría exigido dinero a cambio de unos huesos que tendría y que le corresponderían a un hijo fallecido de la damnificada, los que (…) habría obtenido del cementerio (…). Los Sres. Jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) si bien en autos se han introducido como prueba testimonial, únicamente los relatos de la damnificada (…), quien detalló las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que acontecieron los sucesos que la damnificaron (…), tales manifestaciones se encuentran corroboradas con el estudio médico pericial (…) del que se desprende el estado de ánimo de la damnificada (…) y las lesiones verificadas en la superficie corporal de la víctima, todas estas compatibles con el relato pormenorizado brindado (…). Se agrega también a la causa, el informe interdisciplinario de evaluación de riesgo, (…) quienes han evaluado la situación (…) como de altísimo riesgo (…). Por todo lo expuesto en el presente punto, y siendo que la parte querellante no lo requirió expresamente en la audiencia, se declarará no aplicable el art. 312, Código Procesal Penal, en la presente y respecto de (…), dictándose su procesamiento sin prisión preventiva. (…). El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) no comparto el criterio sostenido en la causa "Barbará" (…) citada en el voto precedente (*). Considero que la gravedad del delito y la severidad de la pena en expectativa resultan siempre parámetros válidos al momento de decir acerca de la libertad del imputado, criterio sostenido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su informe 2/97 al tratar el peligro de fuga sostuvo: "…la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el encausado intente fugase para eludir la acción de la justicia". (…) Por todo lo expuesto voto por revocar la resolución (…) y (…) decretar el procesamiento con prisión preventiva de (…). (…) se RESUELVE: REVOCAR la resolución (…) y (…) DECRETAR EL PROCESAMIENTO, sin prisión preventiva, de (…) por encontrarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL (arts. 45 y 119, tercer párrafo, del Código Penal, y arts. 306, 312, inc. 1° y 455, a contrario sensu, del Código Procesal Penal de la Nación). DISPONER la prohibición de todo tipo de contacto (…) con (…), debiendo el Sr. juez a quo comunicar lo decidido a la Comisaría del domicilio de la damnificada; MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes y/o dineros de (…) hasta cubrir la suma de $(…), debiendo el Sr. juez de grado librar el mandamiento pertinente (art. 518 del Código Procesal Penal de la Nación). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I,Rimondi, Barbarosch (en disidencia parcial), Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Souto). c. 42.371/2012, C., N. O. Rta.: 16/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, "Barbará", c.21.143, rta.: 10/11/03; C. N. Crim. Corr., Sala I, "Monzón", c. 32.007, rta.: 13/9/07. ABUSO SEXUAL. Procesamiento. Agravado por su duración: sometimiento sexual gravemente ultrajante, en concurso real con el de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo –reiterado-, concurriendo idealmente con el de

corrupción de menores. Confirmación. Fallo: “(…) Se atribuye a (…) que desde que su hija (…) tenía siete años de edad, cada vez que se quedaban solos habría tocado su vagina, y cuando alcanzó los 13 años, ejerciendo violencia moral comenzó a penetrarla en esa zona, lo que finalizó cuando la niña cumplió quince años de edad. Tales circunstancias generaron un grave daño en la salud mental de la damnificada, quien a raíz de lo sufrido y a efectos de evitar que su padre continuara abusando de ella, torció su opción sexual, y se transformó estéticamente en un varón, cambiando su nombre por el de "(…)”.II.- De los agravios. Entiende el recurrente que los elementos reunidos son insuficientes para adoptar el temperamento impugnado. III.- De la valoración probatoria. (…) explicó que la menor le contó que el imputado había abusado de ella. Al principio la manoseaba pero cuando comenzó a menstruar la penetró, conducta que se extendió por aproximadamente dos años. Lo hacía cada vez que quedaba solo con ella y pese a que tomó precauciones no pudo evitar que ocurriera. A los doce años (…) cambió su forma de vestirse, se cortó el pelo muy corto y comenzó a hacerse llamar 5

"(…)" (ver fs. (…). Al ser entrevistada en los términos del artículo 250 bis del Código procesal Penal de la Nación precisó "(…). Respecto al vínculo con su padre refirió "por lo que me hizo lo odio. Me trataba bien cuando estaba con los demás, decía que soy la hija preferida él me agarraba y me llevaba para donde quería. Me dejó sin relaciones, ni con hombres ni con mujeres. Yo me hago pasar por hombre (…)” Con relación a su estado anímico, expresó que se siente "shokeada, se me pasan recuerdos e imágenes cuando me manoseaba. No quiero vivir, me quiero matar, me quise tirar abajo del tren me acerco pero no “Cuando tengo esos recuerdos no paro de pensar". La licenciada concluyó que el relato tenía una estructura lógica, inestructurada y poseía suficientes detalles, lo que permitía encuadrarlo en la categoría de probable verosimilitud (ver fs. …). El Dr. Z. explicó que (…) presentaba un "himen del tipo semilunar de borde libre irregular por la presencia de múltiples escotaduras de carácter congénito, íntegro en el examen físico las maniobras semiológicas efectuadas advirtieron la detección de una gran elasticidad del tejido himeneal, arribando al diagnóstico de –himen elástico o complaciente-. Dicha cualidad permite la penetración a través de la membrana himeneal sin generarle lesión, manteniendo su integridad?" (informe de fs. …). A mayor abundamiento fs. (…) se aprecia que (…) no presenta indicadores clínicos compatibles con enfermedad mental psicótica, se manifiesta con angustia y temor a ser agredida ella o su familia adoptó la vestimenta masculina porque no quiere saber nada con hombres, nunca gustó de un chico, profundo temor hacia la figura paterna a pesar de la exclusión, relata que una ocasión frente a un posible encuentro con su padre se paralizó y no pudo controlar el esfínter urinario...evidencia baja autoestima, se desvalorización de su persona, con sentimientos de culpa subyacentes. Labilidad e inestabilidad emocional". Frente a los agravios del recurrente tenemos en cuenta que el ámbito de privacidad en el que suelen cometerse este tipo de delitos impone que sus pormenores sean valorados de acuerdo a la sana crítica y de forma amplia. En este caso, los estudios realizados por los profesionales intervinientes, analizados en conjunto con el resto de la prueba, generan la probabilidad requerida en el temperamento cuestionado. La imposibilidad de recoger pruebas directas realza la versión de la menor con capacidad para transmitir episodios de esta naturaleza y constituyen además un aporte especialmente valorable, máxime si los exámenes practicados sustentan la verosimilitud de la imputación.El relato de la víctima debe valorarse como formador de criterio, ya que nada pone en duda su veracidad si no existen constancias objetivas que autoricen sospechar que pudo haber falsedad, interés u odio para responsabilizar a (…).No escapa al Tribunal que la madre de (…) expresó que cuando tomó conocimiento de lo sucedido adoptó mayores recaudos para que la menor no quede sola con el imputado. Sin embargo, no pudo evitarlo ya que se presentaba en su domicilio cuando ella trabajaba o la hacía salir con cualquier excusa. Ello evidencia, a diferencia de lo alegado por la defensa, el dominio que (…) aún ejercía sobre ella.- Recordemos que (…) fue víctima de violencia doméstica, motivo por el cual se separó del nombrado. Destacamos que (…) y su hermano (…) coincidieron en las conductas agresivas que éste tenía, expresando la menor que quiso efectuar la denuncia cuando observó los dibujos raros que hacía su hermano y que la hicieron sospechar que también podía estar siendo abusado. En cuanto al cuestionamiento de la defensa respecto a que la menor no habría sido penetrada, señalamos que la contundencia del dictamen de fs. (…) referente a las características del hímen, sumado a la firme imputación de (…), imponen descartarlo al menos en este estadio. Por otro lado, con relación a que el delito de corrupción no procedería ya que el cambio sexual producido fue como consecuencia de la libre elección de la menor, tampoco tendrá acogida favorable. Los informes de los expertos dan cuenta que los hechos imputados tuvieron suficiente idoneidad para afectar, sustancialmente la evolución piscosexual de (…). En esa inteligencia, la figura de corrupción de menores no es un delito de resultado sino de mera actividad que se contenta con que la conducta en sí sea corruptora, extremo que se verifica dada la prolongación en el tiempo de los actos en sí mismo perversos y prematuros. Aquéllos deben tener alcance psicológico, ya que se trata de alterar el comportamiento sexual de una persona. En otras palabras, no basta la naturaleza perversa, prematura o excesiva de las prácticas sexuales, sino, como se dijo, deben tener entidad para poder dejar una huella en el psiquismo de la víctima (1); lo que se verifica en el caso, máxime si tenemos en cuenta que de lo narrado por la niña se desprende claramente que decidió vestirse como un varón a partir de lo ocurrido para evitar que su padre continúe abusando de ella, y no como manifestación de una elección libre (ver fs. …). Por lo cual la conducta impactó en la niña de norma tal de proyectarse en el desarrollo de su personalidad. Por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Sec.: Carande). c. 43.159, Z., P. R. Rta.: 07/03/2012

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Se citó: (1) David Baigún-Eugenio R. Zaffaroni, “Código Penal y Normas Complementarias”, T 4, Hammurabi, Bs. As. 2008, p. 598. ABUSO SEXUAL. Procesamiento. Con acceso carnal en tentativa. Teorías respecto al comienzo de ejecución de la conducta. Confirmación. Modificación de la calificación legal por la de abuso sexual simple. Fallo: “(…) III.- La calificación que corresponde adoptar es la de abuso sexual simple. Para poder determinar cuándo hay comienzo de ejecución de la conducta, que da lugar a la tentativa, se han formulado distintas teorías: la de “la univocidad” de Carrara, (…). La teoría objetivo-formal formulada por Beling (…). Su alcance es ampliado por la teoría material objetiva que incluye también aquellos actos que están tan estrechamente vinculados con los descriptos en el tipo, que aparecen como una unidad según una natural concepción. De esta manera, extraer un arma y apuntar, integraría la acción de matar (1). Aparece luego la teoría objetivo individual que preserva la consideración objetiva y permite una mayor aproximación de la determinación del momento en que el peligro de lesión comienza a ser típicamente relevante. Para determinar la inmediatez de la conducta respecto de la realización típica, toma en cuenta el plan concreto del autor, es decir, cómo ha planificado llevarlo a cabo (2). En este sentido, se sostiene que “el comienzo de ejecución del delito no es estrictamente el comienzo de ejecución de la acción señalada objetivamente por el verbo típico, sino también abarca actos que, conforme al plan del autor (el modo de realización concreto de la acción típica escogido por el autor) son inmediatamente anteriores al comienzo de la ejecución de la acción típica e importan objetivamente un peligro para el bien jurídico, bien entendido que un acto parcial será inmediatamente precedente de la realización de la acción típica cuando entre éste y aquélla no haya otro acto parcial en el plan concreto del autor” (3). Conforme el relato de los hechos que efectuara la damnificada no es posible concluir que hubiera comenzado a ejecutarse el delito de abuso sexual con acceso carnal, pues cuando el imputado intentó quitarle su pantalón, luego de besarla y tocarla por sobre sus ropas, el tenía colocado el suyo. Mal podría entonces concluirse que tal actitud estaba inequívocamente dirigida a lograr una penetración vaginal. Por ello, corresponde modificar la calificación legal escogida por el Juez de grado por la de abuso sexual simple (…). (…), el Tribunal RESUELVE:I.- Confirmar el auto de fs. (…), en cuanto dispone el procesamiento de (…), modificando la calificación legal por la de abuso sexual simple. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 673/12, M., L. A. Rta.: 18/06/2012 Se citó: (1) Cerezo Mir, José, Derecho Penal, parte general, B de F, pág. 909; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 36.417, “Alvarado Ramírez, Marco”, rta.: 16/12/08; (3) Zaffaroni, Eugenio Raúl, Derecho Penal, Parte General, págs. 792 y cc., Ediar, Bs. As., año 2000. ABUSO SEXUAL. Procesamiento. Versión de la víctima. Prueba idónea de cargo. Confirmación. Hechos: apeló la defensa el procesamiento del imputado en orden al delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendiente y contra una menor de dieciocho años en situación de convivencia preexistente, al menos en cinco oportunidades, que concurren entre sí en forma material (arts. 55 y 119, último párrafo, incisos b) y f), del Código Penal). Fallo: "(…) Según se desprende de las constancias del legajo, se atribuyó al causante el haber abusado sexualmente de su hija menor (...), nacida el 20 de noviembre de 1996, con quien convivía, mediante una serie de tocamientos inverecundos producidos, aproximadamente, entre los años 2008 y 2010. Cabe señalar que el Tribunal estima de suma relevancia el informe producido por el licenciado (…), del Cuerpo Médico Forense, a partir de los dichos prestados por la niña bajo las previsiones del artículo 250 bis del catálogo ritual. Concretamente, el profesional indicó que las respuestas emocionales y "actitudinales" de la joven guardaban relación y coherencia con el sentimiento displacentero propio de las vivencias referidas, a la vez que categorizó su relato como compatible con la categoría de verosimilitud (…). Sobre este punto, corresponde destacar que nada autoriza, por el momento, a dudar de la versión de la víctima y que ésta constituye, por ende, prueba idónea de cargo, pues el indicador más específico de abuso sexual es el relato del niño (1). Por otro lado, cabe reparar en las conclusiones elaboradas por la licenciada (…), del Cuerpo Médico Forense, quien evaluó a la víctima y advirtió una sintomatología compuesta por dificultades en la relación con el sexo opuesto, pesadillas, vergüenza y necesidad de ocultar su cuerpo, elementos éstos que consideró posiblemente compatibles con una victimización sexual (…).

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A lo reseñado se añade el informe producido por el "Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes", del que se desprenden las menciones de la menor acerca de los abusos sufridos a manos de su padre, que incluyeron la alusión a tocamientos en los genitales la primera vez y en los senos las restantes oportunidades (…). Frente al peso de la convicción arrojada por los extremos probatorios mencionados, el descargo ensayado por el encausado acerca de la inconducta escolar de su hija y su explicación de que se hallaba en estado de ebriedad al momento del primero de los sucesos ocurridos, no alcanzan para desvirtuar la imputación enderezada en su contra. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución protocolizada (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 653/12, C. C., R. Rta.: 05/06/2012 Se citó: (1) Irene Intebi, Indicadores psicológicos del abuso sexual infantil, Revista de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil, Reimpresión del Volumen 3, n° 3, p. 17/19.

ABUSO SEXUAL. Sobreseimiento. Ausencia de certeza negativa. Menor de edad que habría sido abusado sexualmente por su abuelo. Prueba suficiente. Revocatoria. Procesamiento. Abuso sexual agravado por haber sido cometido por un ascendiente. Fallo: "(…) coincidimos con la querella en que la prueba adunada al sumario no satisface el grado de certeza negativo requerido para arribar a un temperamento desvinculante como el adoptado en la anterior instancia. Por el contrario, los dichos de la denunciante, apuntalados por los de (…) quien -para la época de los hechos desarrollaba tareas domésticas en la casa que habitaba el menor- encuentran también cierto respaldo en los resultados de los estudios periciales efectuados a éste con posterioridad, todo lo cual impone de por sí que la causa avance a la siguiente etapa del proceso. De este modo, el valor de convicción que debe otorgarse a las versiones de la testigo transita por el relato de ciertos episodios relevantes, tales como el sinceramiento del niño en la intimidad de su hogar denotando actitudes incompatibles con la información sobre temas sexuales que podía aprehender por su corta edad. Así, las insinuaciones a la empleada como la de pedirle que lo dejara sentar en su regazo mientras le refería "así me besas el pitulín como el abuelo (…)"; tomarle la mano para llevarla a sus partes íntimas a la par de atribuir el desconcertante comportamiento a la influencia del "abuelo (…)"; repetir con frecuencia que poseía "un secreto que no le podía contar a mamá" o bien arrogar a su abuelo conductas equívocas que convergían, dentro de los límites de su vocabulario infantil, siempre en la redundancia sexual (conf. declaraciones de fs. …), contribuyen decididamente a solidificar el estado de sospecha que promoviera su llamado a declaración indagatoria. Debe adosarse también lo expresado por la propia querellante con referencia a revelaciones de igual índole que le efectuara su hijo y que involucran, con el mismo carácter descripto anteriormente, directamente al prevenido (conf. fs. …). Para completar el panorama probatorio, si bien las conclusiones de los especialistas del Cuerpo Médico Forense se han inclinado a favor del equilibrio psíquico que presenta el imputado (fs.…), deben necesariamente conjugarse con las que atañen al estudio realizado respecto de su nieto, pues aunque permitan conocer que no se verifican en el niño "secuelas emocionales, cognitivas y conductuales postraumáticas de naturaleza sexual atribuibles, de modo fehaciente, a las circunstancias abusivas investigadas…", a la par se ha aclarado que tampoco presenta "un aumento de la ideación fabulatoria y/o imaginaria patológica..." y en forma contundente que "…la ausencia de tales secuelas no permite desestimar la efectiva ocurrencia de hechos como los que se investigan". Esta aparente dicotomía debe ser interpretada, por la gravedad de la imputación, a favor de la parte más débil en el conflicto, ergo, una víctima infantil. Ello, y aunque no surjan signos explícitos de victimización sexual en las reseñas de los facultativos ni de la entrevista efectuada en los términos del art. 250 bis, CPPN, o bien de las exhaustivas experticias del Cuerpo Médico Forense, no pueden llevar a soslayar las referencias de la Licenciada (…), integrante de la aquella dependencia oficial, pues detectó al examinar al menor y en cuanto a "… los recuerdos referidos a su abuelo (…) la presencia de una vivencia penosa por haber sido objeto de conductas 'malas y feas´ por éste, señalando que era ´malo´", además de una "situación de lealtad" que guarda coherencia con las opiniones de las profesionales (…), en relación a que "La presencia del secreto y el conflicto de lealtades se reitera en los sucesivos informes…" (cfr. fs. …). Aún cuando muchas veces no resulte tarea sencilla hallar factores determinantes en las valoraciones de los expertos en medicina que ilustran al juez en los aspectos de su materia, debe recordarse que en los casos donde se encuentre involucrado un niño en calidad de víctima debe estarse a su "interés superior", conforme lo prescribe la "Convención sobre los Derechos del Niño", consagrada en nuestra carta fundamental, lo que debe entenderse no como prevaleciente a cualquier costo aún cuando pueda afectar otro derecho o garantía constitucional de terceros, sino como el "mejor interés" del niño en cuanto a su protección y salvaguarda como tal. En ese sentido, la prolongación de esta causa no puede tomarse como la persistencia de su victimización, sino a modo de herramienta para desentrañar fehacientemente cualquier acto de agresión que pueda haberlo podido damnificar. Por ello debe avanzar hacia la próxima etapa procesal, siendo el debate, por 8

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional sus características de contradicción, inmediación y oralidad, el ámbito más propicio para que las partes puedan discutir y valorar con amplitud los hechos y su pertinente prueba, que en esta instancia previa revisten carácter provisorio. Para finalizar, no puede dejar de asentar este Tribunal su discordancia con cierta hipótesis introducida por la querella en el desarrollo de sus agravios durante la audiencia celebrada a tenor del artículo 454, CPPN. Al respecto, y en cuanto intentó relacionar una intervención quirúrgica a la que fuera sometido oportunamente el encausado refiriendo que ésta le habría acarreado impotencia y por ende abstinencia sexual, con tendencia a conductas desajustadas que podrían inclinarlo a satisfacerse desviadamente, acudiendo incluso al abuso infantil, esta afirmación no tiene apoyatura científica alguna, razón por la cual no ha sido atendida en el análisis precedente. Tampoco serán consideradas las manifestaciones de la defensa respecto a una supuesta inducción del menor por su psicoterapeuta, previo a la entrevista realizada en Cámara Gesell, puesto que según surge de fs. (…), se originó ante una consulta del representante de la vindicta pública en relación a la conveniencia de la postergación de la diligencia, en la cual se informó que el menor ya había sido puesto en conocimiento de la medida "y preparado a fin de que no le resulte traumática". En consecuencia, por los argumentos precedentemente expuestos, el Tribunal RESUELVE: I.- REVOCAR el auto de fs. (…) y DECRETAR EL PROCESAMIENTO de (…), de las demas condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de abuso sexual, agravado por haber sido cometido por un ascendiente (arts. 45 y 119, primer párrafo, en función del inc. b, Código Penal, y 306, Código Procesal Penal). II- Disponer que la señora jueza de grado se expida sobre las medidas cautelares pertinentes. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 600/12, T., S. Rta.: 28/05/2012

ABUSO SEXUAL. Sobreseimiento. Menor de 4 años. Víctima en Cámara Gesell que no hace referencia al hecho investigado. Imputado que no evidencia un perfil de violencia amenazante ni perfiles asociados a alguna patología en la esfera psicosexual. Representante de la menor que se opone a volver a escuchar a la menor para no revictimizarla. Confirmación. Fallo: "(…) Denunció la querellante a su ex marido (…) con quien estuvo casada, (…) dado que la hija de ambos, (…) mientras caminaban por la calle, le dijo "mi papá me dice cosas feas, me toca la cola" y, al insistir "me abre la cola y me toca con el dedo". Dijo la madre que un mes antes de ello, tuvo dos episodios de incontinencia, realizaba dibujos raros, al rayar figuras con fuerza, y quería dormir con la luz prendida. (…) si bien no se soslaya la edad de la víctima -4 años a la fecha de los hechos- ello no alcanza para desvirtuar los categóricos informes agregados a la causa. En este sentido, el licenciado (…) entrevistó a la niña conforme las pautas impuestas en el art. 250 bis, CPPN, ocasión en la que no ha hecho referencia al infortunio investigado (…). A su vez, el informe psiquiátrico da cuenta de la ausencia de indicadores compatibles con enfermedad mental, sin que se adviertan síntomas residuales de stress postraumático, ni patología de imaginación, sin que la niña haya hecho referencia a situaciones abusivas o indicadores de desvío del normal desarrollo psicosexual; en tanto que la licenciada Gaziglia concluyó que logra discriminar todo aquello que ocurre en su contexto como realidad real, sin que se haya establecido indicador de sometimiento o maltrato (…). Frente a ello, no sólo se escuchó al acusado a tenor de lo dispuesto en los arts. 73 y 279, CPPN, sino que también se ordenó un estudio de la especialidad a su respecto. (…) la licenciada (…) concluyó que no evidencia perfil de violencia amenazante como tampoco perfiles asociados a alguna clase de patología en la esfera psicosexual. (…) De este modo, la pretensión de la querellante no puede prosperar por cuanto la sola referencia al tratamiento psicológico que estaría realizando la niña no es suficiente para revertir el contundente plexo probatorio descripto; máxime teniendo en cuenta la oposición de la representante de la defensoría de menores a que sea nuevamente escuchada, a los efectos de evitar su revictimización, lo que impone la homologación de la medida definitiva adoptada; a lo que cabe agregar que (*), tampoco se podría revertirse la decisión, toda vez que en el recurso que habilita nuestra intervención la acusadora particular no ha sido acompañada de la acusación pública y el sistema procesal actual impide a la querella continuar en solitario. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 41.971, F., D. J. Rta.: 15/03/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 40.175, "Ottagio", rta.: 28/4/11.

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ABUSO SEXUAL. Sobreseimiento. Testimonios a la justicia civil. Imputado que sorprendió a la damnificada en el momento en que ingresaba a su domicilio, le exhibió sus genitales y le ordenó que le practicara sexo oral. Imputado que presenta un trastorno psíquico compatible con retraso mental leve. Causa de justificación. Inimputabilidad. Confirmación. Revocación respecto del envío de testimonios a la justicia civil: Individuo no peligroso, que ha tenido acceso a estudios y actividades sociales y laborales gracias a la contención familiar. Fallo: "(…) Se investigan (…) el hecho ocurrido (1) (…) en perjuicio de (…) quien en momentos que ingresaba a su domicilio (…) fue sorprendida por un hombre que la llevó a un cantero y le exhibió sus genitales ordenándole que le practicara sexo oral, pero al pedirle que la soltara, la mujer salió corriendo a su casa, mientras que el autor se dio a la fuga; 2) aquél ocurrido (…) en el interior del (…), momentos en que (…) caminaba por una calle interna y vio que un hombre caminaba en la misma dirección que su hija y una amiga aunque, al notar su presencia, cambió el rumbo hacia ella, con mirada amenazante, por lo que comenzó a correr, lo que también hizo el hombre. Tras pedir ayuda a una pareja, fue identificado como (…). (…) la Dra. (…) concluyó que (…) presenta un trastorno psíquico compatible con retraso mental de grado leve (…). (…) tal patología se encuentra incluida dentro de las insuficiencias mentales consideradas en el art. 34, inc. 1°, CP, resultando, además, irreversible. En consecuencia, es de aplicación lo dispuesto en el inc. 5° del art. 336, CPPN, sin que las medidas de prueba que propone el Sr. agente fiscal permitan modificar ello (…). Atento la forma en que habremos de resolver, corresponde ingresar al análisis de los agravios expuestos por la defensa, adelantando que habremos de revocar el punto puesto en crisis. En este sentido, a lo largo de toda la investigación, habiendo sido incluso examinado por dos profesionales, no se ha hecho referencia a la peligrosidad que pueda revestir el imputado, tanto contra su persona como frente a terceros.- Por el contrario, se ha señalado que ha sido la contención y dedicación familiar lo que le permitió acceder a estudios y actividades sociales y laborales, más allá de lo esperable por la patología que presenta.- En consecuencia, no se advierte razón alguna para ordenar la remisión de testimonios a la justicia civil en los términos del art. 152, CC.- (…) el tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR el punto dispositivo (…) de la resolución de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso (art. 455, CPPN). II. REVOCAR el punto dispositivo (…) de dicha resolución en cuanto dispuso la remisión de testimonios a la justicia civil. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 41.704, F., O. H. Rta.: 15/02/2012

ABUSO SEXUAL. Sobreseimiento. Tocamientos reiterados de glúteos. Tipicidad. Revocación. Hechos: apela el fiscal el sobreseimiento del imputado y sostiene que existe el estado de sospecha requerido para convocarlo a indagatoria. Fallo: "(…) El reproche que se dirige contra (…) surge del relato de (…) (fs. ...), quien dio cuenta de las circunstancias en que el primero hizo objeto de tocamientos reiterados en sus glúteos, desconsiderando incluso su reacción ante el primero de ellos, pues insistió en su actitud en dos ocasiones sucesivas. Se incorporó al respecto el testimonio de (…) (fs. …), presente al momento de ocurrencia de tales episodios, quien se expidió dando cuenta de los actos abusivos y detallando la oportunidad en que tuvieron lugar, aunque pretendió minimizar estas acciones bajo el pretexto de que el sindicado, por su presunta orientación sexual y hasta una cuestión de celos por la exhuberancia física de la víctima, se habría conducido sin la intención lasciva que ella le adjudicara. Ante el panorama descripto, el juez de grado entendió que la conducta atribuida a (…) resulta atípica, pues "los contactos físicos que se le reprochan…no tuvieron significación sexual alguna y sin dejar de reconocer que el imputado habrá causado molestias a la denunciante y que socialmente su conducta es reprochable y constituye una transgresión a las normas de comportamiento social, lo cierto es que su conducta no excede lo que pudo ser un abuso de confianza sin connotaciones sexuales" (fs. …). No coincidimos en modo alguno con estas consideraciones pues, en primer lugar, la conducta del imputado resultaría típica. En cuanto al aspecto subjetivo del hecho endilgado, si bien doctrinariamente algunos autores exigían la presencia de un especial elemento subjetivo del injusto, un ánimo libidinoso, en todos los casos o sólo como elemento diferenciador en las situaciones límite (v. gr., abrazo, beso, tocamientos efectuados por un facultativo con fines ginecológicos o proctológicos), lo cierto es que no existen razones para excluir un abuso sexual cuando el agente, aun soslayando su ultraintención de menoscabar la integridad sexual de la víctima, lleva igualmente a cabo un acto de contenido sexual no querido por ella, y el autor lo sabe, por lo que no cambia el carácter doloso del acto que el autor carezca de un especial ánimo lascivo (1). De tal modo cabe reiterar que "en el delito de abuso deshonesto el ámbito de protección es el de la reserva sexual de una persona, y el dolo no requiere ninguna especificación, sino que basta con que el sujeto toque un lugar o zona de las llamadas pudendas de la víctima" (2); y que "el delito de abuso sexual no requiere ningún ánimo especial" (3). 10

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Así las cosas, y dadas las constancias probatorias incorporadas a la pesquisa hasta el presente, coincidimos con el representante del Ministerio Público Fiscal en cuanto se ve conformado el estado de sospecha al que alude el artículo 294 del ritual para convocar a prestar declaración indagatoria a (…). Es por las razones expuestas que se RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 28, B., L. A. Rta.: 25/04/2012 Se citó: (1) De Luca, Javier y López Casariego, Julio en "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Tomo 4, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2008, pág. 510. (2) D´Alessio, Andrés José y Divito, Mauro, "Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado", 2ª edición, Tomo II, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2011, pág. 236. (3) Fontán Balestra, Carlos, "Derecho Penal. Parte Especial", Editorial Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 231.

ABUSO SEXUAL. Simple. Procesamiento. Imputado que al entrar a un local comercial besó en la boca de improvisto a la empleada contra su voluntad. Ausencia de elementos de convicción que avalen la denuncia. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) Se atribuye (…) haber abusado sexualmente de (…), dándole un beso a la altura de la boca contra su voluntad, en oportunidad en la que concurrió al local (…) donde aquella trabajaba. Al pasar a su lado, de manera imprevista la besó a la altura de la boca, para luego dirigirse hacia la parte posterior del local, donde se puso a contar las prendas que tenía para lavar. Al no saber como reaccionar y con temor, dado que se hallaba sola, ésta le dijo que llevara sus prendas ya contadas, que no le pidiera el teléfono a su compañera y que no intentara nada, ya que sólo estaban trabajando. Luego, el imputado se retiró del lugar sin contestar nada. Al día siguiente (…) el imputado regresó al local a retirar la ropa que había dejado y se fue, pero retornó minutos después reclamando el faltante de cuatro prendas y que no le habían puesto perfume a su ropa, por lo que (…) le manifestó que efectuara su reclamo con el dueño del comercio. En ese momento (…) se le acercó en forma exagerada y, de modo intimidante, la miró y le dijo "y ahora que hacemos" (…), recibiendo como respuesta que se retirara y que arreglara con el dueño, a la vez intentaba alejarlo de ella. Seguidamente, el imputado le dijo en forma intimidante: "vos y tu amiga son dos putas" (…), mientras que (…) intentaba zafarse de esa situación, hasta que la empujó fuertemente y se retiró del lugar. Frente a las circunstancias que rodearon la detención (…), esto es la falta de inmediatez que hubo entre el suceso y la anoticiamiento de la víctima a un tercero, se impone un análisis exhaustivo de la prueba. (…) no corresponde el avance de la causa al encontramos frente a un típico supuesto en el que de así disponerse constituiría un desgaste jurisdiccional innecesario y estéril por el pronóstico de negativa certeza que, desde el punto de vista probatorio representa la ausencia de elementos de convicción que avalen la denuncia (*) (…). (…) el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el punto (…) del auto de fs. (…) y SOBRESEER a (…). C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Souto). c. 42.560/2012, C., J. P. Rta.: 12/06/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 22.041, "González", rta.: el 5/2/04; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.923, "Cabrera", rta.: 15/03/11; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.879, "Molteni", rta.: 18/04/11.

ABUSO SEXUAL. Simple. Procesamiento. Médico que realizó tocamientos en partes pudendas alegando ser parte del tratamiento. Procedimiento no aplicable a la patología presentada por la damnificada. Confirmación. Fallo: "(…) Se atribuye (…) el hecho acaecido (…) en el interior del consultorio médico a su cargo (…) consistente en haber abusado sexualmente de (…). Para ello, momento en que la damnificada concurrió a tratar sus dolencias cervicales como consecuencia de un accidente de tránsito, (…) la hizo colocar apoyando sus rodillas y codos sobre la camilla. Luego, le solicitó que se bajara el pantalón y la ropa interior, petición a la que accedió aquélla pensando que era parte del tratamiento, instante en el que comenzó a manosear -con sus manos descubiertas- la cadera, glúteos y la zona anal y vaginal de la damnificada, para luego simular haber finalizado el tratamiento solicitándole que se vistiera. (…) (…) frente al disenso entre imputado y querellante respecto a cuál había sido la dolencia que había llevado a esta última a la consulta médica, la Sala dispuso una nueva remisión de las actuaciones al CMF junto a las placas radiográficas y la historia clínica de (…) al solo efecto de que ampliara en ese sentido su informe pericial teniendo en cuenta tal documentación (cfr. fs. …), requiriéndosele precise si la revisación, calificada de incompleta e inadecuada en el primer 11

informe, era posible de acuerdo a la lex artis. (…) estimamos que habiéndose cumplido lo ordenado por los suscriptos en su anterior intervención, se logró determinar que en principio si bien eran correctos los diagnósticos de cervicalgia y escoliosis dorsolumbar, "las maniobras empleadas no resultan coincidentes ni apropiadas para la evaluación de los cuadros (señalados) de acuerdo a la lex artis" (fs. …) Ello, sumado al claro y circunstanciado relato de la víctima y a que la pericia psicológica de fs. (…) ha determinado que no se advertía en la damnificada ideación fabulatoria y que los hechos le "han generado (º) un impacto emocional disruptivo", conforman un plexo probatorio suficiente a fin de tener por acreditada tanto la materialidad del suceso reprochado -que el encausado no ha controvertido en ese aspecto como la intervención que en él le cupo a (…), quien ha actuado con intención de realizar tocamientos con connotaciones sexuales y con conocimiento de ello. En virtud de tales argumentos corresponde entonces homologar la decisión en crisis debiendo ser la eventuales próximas etapas del proceso en las que se debata con mayor amplitud las cuestiones introducidas por la defensa en la audiencia. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch. (Sec.: Sosa). c. 42.656/12, Q., M. J. Rta.: 26/06/2012

ACCIÓN CIVIL. Demanda civil interpuesta. Cuestionamiento a la ausencia de conciliación previa. Rechazo del cuestionamiento. Acción que se rige en cuanto al trámite y a los plazos, por las previsiones del C.P.P.N. Aplicación subsidiaria del C.P.C. y Com. en cuanto a los requerimientos formales que debe cumplir la interposición de la demanda. Confirmación. Fallo: "(…) concluimos que la instancia de conciliación previa obligatoria que reclaman los recurrentes -con la consecuente suspensión de los plazos procesales-, no es de aplicación cuando la acción resarcitoria se intenta en sede penal. Ello así, ante el irrazonable impacto que podría tener sobre institutos del derecho procesal penal hasta tanto se sustancie (posible prolongación de la prisión preventiva, imposibilidad de finalizar la pesquisa en el tiempo fijado -art. 207 del código adjetivo-, de concretar la elevación a juicio y la demanda en los plazos estipulados -arts. 93, 346 y 349 del ordenamiento ritual-, etc.), lo que atentaría con la celeridad que prima facie se pretende imprimir a las causas penales. Por otra parte, la aplicación subsidiara del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se vincula con requisitos formales que debe cumplir la interposición de la demanda. Estos son, los de su art. 330, pero en lo concerniente a su trámite y plazos procesales rigen las disposiciones del libro primero, título IV, capítulos V y VI del Código Procesal Penal de la Nación. Es decir, tiene un procedimiento propio regulado atendiendo a las contingencias de la investigación penal, con la que debe sustanciarse en forma simultánea. Entonces, si el legislador hubiera pretendido que para este tipo de casos se aplique la ley 26.589, así lo hubiere dispuesto expresamente, en lugar de fijar un momento determinado para deducir la demanda, poner en cabeza del juez su inmediata notificación e, incluso, para contestarla y reconvenir (arts. 93, 101 y 102 C.P.P.N.). (…) se resuelve: Confirmar la decisión de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López Gonzálz. (Sec.: Poleri). c. 482/15, AGUIRRE, Claudia M. y Otro. Rta.: 24/05/2012

ACTUACIONES CON AUTOR DESCONOCIDO (Art. 196 bis del CPPN). Fiscal que eleva las actuaciones al magistrado para que requiera un listado de llamadas entrantes de un abonado telefónico. Magistrado que devuelve las actuaciones precisando que la medida puede ser cumplida por la fiscalía. Fallo Halabi. MPF imposibilitado. Revocación. Fallo: "(…) Las actuaciones llegan a nuestro conocimiento por el recurso de apelación interpuesto por el Representante del Ministerio Público fiscal contra la resolución (…) por la que el Sr. juez de grado dispuso que la medida peticionada por la fiscalía puede ser producida por esa parte, motivo por el cual, le devolvió las actuaciones en los términos del art. 196 bis, CPPN. (…) La Sra. fiscal solicitó al titular del juzgado que ordenara obtener el listado de llamadas entrantes (…) respecto a ese abonado, de conformidad con las previsiones del art. 236, CPPN. Para fundar su pedido sostuvo que el avance de la investigación puede derivar en una imputación hacia la Sra. (…) por lo cual la medida resulta de resorte exclusivo del Sr. juez y que el único fin de la petición era no vulnerar los derechos de la mencionada y de quienes se les pueda efectuar algún reproche penal. (…) Nuestro Máximo Tribunal se ha expedido en ese sentido. En el fallo "Halabi" señaló que "(…) sólo la ley puede justificar la intromisión en la vida privada de una persona, siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad…es en este marco constitucional que debe comprenderse, en el orden del proceso penal federal, la utilización del registro de 12

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional comunicaciones telefónicas a los fines de la investigación penal que requiere ser emitida por un juez competente mediante auto fundado (cfr. art. 236, segunda parte, del Código Procesal Penal de la Nación, según el texto establecido por la ley 25.760 (…)" (*). (…) Por otra parte, y luego del fallo de la Corte, esta sala tuvo oportunidad de expedirse de manera favorable a la pretensión de la fiscalía. Así, en los autos "Paolucci" (**) se dijo que "(…) el pronunciamiento de la Corte Suprema en el sentido indicado, y aunque no fue expresamente la cuestión que estaba en estudio, pondría fin a la cuestión originada respecto de la aptitud del Ministerio Público fiscal para llevar adelante las medidas impugnadas sin el debido control de legalidad por parte del órgano jurisdiccional, por lo que debemos concluir, entonces, que el fiscal, aún encontrándose a cargo de la investigación en virtud de la delegación dispuesta por el art. 196, CPPN, no puede requerir los registros de las comunicaciones telefónicas a las empresas prestatarias del servicio, sino que la orden debe ser emitida por un juez, bajo auto fundado, tal como lo expresa el segundo párrafo de la referida norma procesal (…)". Se dejó a salvo que la excepción a esa regla se da cuando exista un peligro en la demora y la diligencia se encuentre justificada, circunstancias que no se dan en el caso en estudio. Por lo expuesto, de conformidad con la petición efectuada por el Ministerio Público fiscal, el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución (…), debiendo el Sr. juez de grado expedirse de conformidad con lo dispuesto en la presente. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.350., “Propietario/ocupante del inmueble sito en (…)”. Rta.: 15/05/2012 Se citó: (*) CSJN, "Halabi", (332:111), rto.: 24/02/09 (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, ""Paolucci", c. 37.304, rta.: 7/12/09. ACTUACIONES CON AUTOR DESCONOCIDO (Art. 196 bis del CPPN). Fiscal que solicitó la desestimación por inexistencia de delito y remitió las actuaciones al juzgado para que el magistrado dictase una resolución en ése sentido. Magistrado que se niega por entender que se trata de actuaciones con autor desconocido. Fiscal que recurre. Revocación. Magistrado que impide el control de legalidad. Fallo: "(…) Es que la solución propuesta por el juez instructor impide el control de legalidad respecto de las formas que debe cumplir el acto como también su impugnación, en los términos del art. 180 último párrafo del ordenamiento procesal, por parte de un eventual acusador particular. Además, sin ánimo de ingresar en la discusión de si constituye o no cosa juzgada material, implícitamente implica el archivo definitivo de las actuaciones respectivas, decisión de exclusivo resorte jurisdiccional de acuerdo a lo prescripto por el art. 213, inciso d, del código de forma. (…) se resuelve: Revocar el auto decisorio de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garigós de Rébori, López Gonzalez. (Sec.: Raña). c. 82, JUZG.NAC. EN LO COMERCIAL NRO.22 Rta.: 29/02/2012

ALLANAMIENTO. Procesamiento. Personal policial que se presentó en el domicilio del imputado porque la señal satelital del rodado sustraído indicaba que se encontraba allí. Policías que omitieron informar el derecho a negar la autorización del allanamiento. Exceso de las atribuciones legales de los funcionarios policiales. Procedimiento llevado a cabo en la madrugada. Ausencia de motivos de urgencia. Revocación. Nulidad. Sobreseimiento. Fallo: "(…) se atribuyó (…) haber sustraído (…) el vehículo (…) propiedad de (…), mientras se hallaba estacionado en la (…) calle (…). Alternativamente se le imputa haber recibido o adquirido con conocimiento de su origen ilícito y con ánimo de lucro, el vehículo anteriormente descripto, que fuera secuestrado (…) por personal de la Comisaría (…), provincia de Buenos Aires, (…) en el patio de la vivienda del imputado. (…) conforme surge de las actas (…), el día (…) alrededor de las 3.00 horas, un empleado de la firma "Lo Jack" se dirigió, junto con personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires a la intersección de las calles (…), en el partido de Lomas de Zamora, dado que la señal del rastreador satelital que poseía instalado el vehículo provenía del interior de una vivienda allí ubicada. Al entrevistarse con el morador de la vivienda, (…) éste refirió que efectivamente el vehículo que buscaban se hallaba dentro de su finca y accedió al ingreso del personal preventor, que procedió al secuestro del rodado. (…) Consideramos que al no haberse verificado en el caso las excepciones previstas en los artículos 220 y 222 del Código de Procedimientos en Materia Penal de la provincia de Buenos Aires, los funcionarios de policía actuaron excediendo sus atribuciones legales. (…) en el marco del examen exhaustivo de todas las circunstancias que rodearon la situación (…) surge que no se ha dejado constancia de que el imputado haya sido informado de su derecho a negar la autorización a tal procedimiento. (…). "Si el consentimiento puede admitirse como una causa de legitimación para invadir la 13

intimidad de la morada, él ha de ser expreso y comprobadamente anterior a la entrada de los representantes de la autoridad pública a la vivienda, no debe mediar fuerza o intimidación, y a la persona que lo presta se le debe hacer saber que tiene derecho a negar la autorización para el allanamiento" (*). (…) Por otro lado, no compartimos lo expuesto por la juez a quo en cuanto a que hubo motivos de urgencia (…). Es de destacar (…) que (…) no estaba siendo perseguido, ni los ocupantes de la vivienda clamaban por socorro (art. 222 del CPP de la provincia de Buenos Aires), además que el procedimiento fue llevado a cabo durante la madrugada, lo cual vulnera aún más el derecho a la intimidad reconocido por nuestra Constitución Nacional (…). De este modo, más allá de la invalidez de la autorización supuestamente prestada (…), ésta únicamente hubiera habilitado el ingreso en horario nocturno (art. 220 ibídem) pero nunca sin orden judicial. (…) el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto (…) y DECLARAR la NULIDAD del procedimiento (…). SOBRESEER (…) a (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Souto). c. 42.320/42.384, SHIFINO, Nestor Anibal. Rta.: 10/05/2012 Se citó: (*) Voto del Dr. Petracchi en el fallo CSJN, "Fiorentino", (306:1752).

AMENAZAS. Coactivas en concurso real con lesiones leves. Procesamiento. Ley 26.485. Aplicación del principio de amplitud probatoria. Acreditación de las lesiones. Situación de riesgo. Verificación de la conminación. Validez del procedimiento observado por la Oficina de Violencia doméstica de la C.S.J.N. Confirmación. Fallo: "(…) desde la perspectiva brindada por la ley de 26.485 (…) en cuanto instruye, entre otros aspectos, el principio de amplitud probatoria y ordena ponderar especialmente el testimonio de la víctima, observamos que el juez de grado expuso razonadamente los motivos por los que consideró que la prueba reunida era suficiente (…). (…) vinculó adecuadamente la denuncia de (…) con el informe médico que verificó lesiones en su cuerpo (…), acordes en sus características, tiempo y modo de producción con el relato de aquélla, y con el informe interdisciplinario de la OVD, que dio cuenta de una situación de alto riesgo (…). Ambos elementos resultan indicios claros y concordantes que brindan verosimilitud a la imputación formulada por la víctima. El argumento defensista que propugna la atipicidad de las presuntas amenazas por su emisión durante una discusión no puede ser atendido. Reiteradamente hemos dicho (entre otras, causa nro. 39.547, "López, Silvana s/amenazas coactivas", rta. el 4/8/2010) que esa sola circunstancia (…) no autoriza por sí aquella conclusión (…). (…) las agresiones físicas que (…) concretó sobre la persona de (…) -traducidas en lesiones y en que, además, la tomara del cuello, la arrastrara del pelo hasta una esquina y la zarandeara- en forma simultánea a advertirle que la mataría si se enteraba que tenía otra relación sentimental nos hablan de la verosimilitud de la conminación, de su decisión de convertir sus palabras en actos y, en suma, de la seriedad del mal grave e injusto anunciado, lo que -razonablemente- tuvo habilidad para amedrentar a la víctima y afectar su libre determinación, tal como expresamente lo expuso a fs.(…). La objeción dirigida al examen médico realizado en la OVD, (…) no merece tampoco recepción positiva, (…) también se acompañó con fotos ilustrativas. (…) conforme se desprende del Reglamento aprobado por Acordada 40/06 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la OVD fue creada para recibir denuncias sobre violencia doméstica y producir los informes que las circunstancias demanden. En otras palabras, para asegurar el efectivo acceso a la justicia de los peticionarios y proveer a los jueces de los recursos indispensables para ejercer su labor jurisdiccional. La corrección del procedimiento observado por dicha Oficina en los términos de los artículos 30 y 31 de ese Reglamento -recepción de los dichos de la damnificada, elaboración de los informes y radicación inmediata de la denuncia- justifica la consideración que el magistrado instructor asignó a sus conclusiones. (…) el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Herrera). c. 385, C., CH. J. Rta.: 26/04/2012 AMENAZAS Coactivas. Procesamiento. Frases amenazantes destinadas a atemorizar a la víctima. Situación conflictiva preexistente entre las partes. Confirmación. Fallo: "(…) Los argumentos desarrollados por la defensa no logran conmover la valoración de la prueba realizada por la señora juez de grado ni los fundamentos por los cuales dictó el procesamiento de ambos imputados, por lo que habrá de confirmarse el auto recurrido. En efecto, (…) y (…) a su turno precisaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que habrían sido amedrentadas -la primera por (…) y la segunda por (…)- y coincidieron en la relación de amistad que une a los causantes, el conflicto vecinal subyacente que motivara las expresiones intimidatorias y el especial contexto en que ocurrieron, que sustentara la custodia policial en el domicilio de la denunciante. Lo expuesto, 14

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional otorga verosimilitud a los dichos de las víctimas y autorizan la continuidad del proceso hacia la siguiente etapa. Por estas razones, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 109, ARRUA LACOUR, Esperanza F. y otro. Rta.: 06/03/2012

AMENAZAS. Coactivas. Procesamiento. Frases destinadas a compeler a los damnificados a hacer abandono de su residencia. Orden procedente de la justicia de civil de abstenerse de perturbar o intimidar a la víctima. Situación riesgosa informada por la O.V.D. de la C.S.J.N. Confirmación. Fallo: "(…) Los hechos denunciados examinados a la luz de los testimonios recabados en autos, el informe de la OVD que clasifica a la situación como de alto riesgo (fs. …) y la decisión del Juzgado Civil nº (…) que impuso al encartado la obligación de abstenerse de realizar actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente afecten a la Sra. P. P. (fs. …), nos lleva a considerar correcto el temperamento adoptado por la jueza de grado, por encontrarse ajustado a derecho, a la sana crítica y a las constancias de la causa. Respecto de la atipicidad de la conducta por haberse proferido las frases intimidantes en el fragor de un altercado verbal, cabe señalar que dicho agravio no recibirá acogida favorable en autos, pues en una discusión es necesario que dos personas realicen un intercambio verbal discordante, situación ajena a estos actuados, ya que de los testimonios de fs. (…) se vislumbra que ninguno de los nombrados quiso entrar en contradicción con el encartado. Además, la defensa busca que estos episodios de confrontación sean enmarcados dentro de una relación amorosa de reciente data, situación que queda descartada tras la declaración la Sra. P. quien dijo que: (…) el noviazgo ya llevaba más de dos años de haberse interrumpido, por lo que tal argumento se desvanece. Por otro lado, la oposición contra las declaraciones de J. C. P. y R. A. M. no luce acertada pues, la condición personal de cada uno - siendo el primero el hermano y el segundo una ex pareja de la denunciante- no es un elemento determinante para descreer de sus dichos (…). (…) el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec: Raña). c. 467/12, B. C., M. Rta.: 15/05/2012 AMENAZAS. Coactivas. Procesamiento. Imputada que se presentó en la casa de la damnificada exigiéndole la devolución de la casa, o que contrariamente la mataría. Idoneidad típica. Art. 149 bis del C.P.N.N. Confirmación. Fallo: "(…) entendemos que en el auto de mérito que se revisa se encuentra correctamente evaluado -al menos con el grado de provisoriedad requerido en esta instancia- el hecho reprochado y la participación que en éste le cupo a la nombrada. En efecto, el circunstanciado relato de la damnificada, se ve corroborado por las manifestaciones de (…) y (…), quienes además de oír los golpes y las frases intimidatorias, sostuvieron de manera conteste que fueron proferidas por una mujer (ver fs….). En ese sentido, adquiere especial relevancia lo sostenido por (…) a fs. (…) en cuanto precisó que la voz femenina que profería las frases de corte intimidatorio sostenía que (…) "debía devolverle la casa porque en caso contrario la mataría" (sic). Asimismo, la crítica defensista que sostiene que las frases proferidas por la imputada no revistieron la entidad suficiente como para intimidar o amedrentar la voluntad de su destinataria, no tendrá favorable acogida ante esta alzada pues nótese, que luego de lo acontecido la damnificada no sólo solicitó medidas de resguardo físico, sino que además, conforme se desprende de sus dichos, también dejó de pernoctar en el lugar y sólo concurría a dicho inmueble a fin de verificar el estado de éste y atender algunos clientes (ver fs.…). Tales circunstancias, no permiten descartar que los dichos de (…) no hayan tenido idoneidad típica. (…) el tribunal resuelve: Confirmar el auto de fs.(…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Raña). c. 813, ROMERO, Aurora S. Rta.: 17/02/2012

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AMENAZAS. Coactivas reiteradas. Procesamiento. Victima de violencia doméstica que minimiza las imputaciones con la intención de que no se continúe con la investigación. Ley 26.485. Informe de la O.V.D., prohibición de acercamiento y exclusión del hogar dictado en el marco del expediente civil. Confirmación. Fallo: “(…) A esa conclusión se llega a partir de la versión de la damnificada (…), que fueron corroborados con los informes interdisciplinarios de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (…), el expediente civil sobre violencia familiar donde se le impusieron medidas cautelares de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento a su familia (…). Se suman las constancias de las actuaciones y consignas policiales dispuestas en el domicilio de la víctima (…), todo lo cual acredita la materialidad de los hechos y la responsabilidad de (…). Si bien es cierto que en su última declaración (…) minimizó las imputaciones con la intención de que no se continúe con la investigación, no podemos pasar por alto lo informado por el licenciado (…) en cuanto a que aquélla:“…presenta signos de haber padecido situaciones compatibles con violencia doméstica dentro del ciclo característico de la violencia familiar…el discurso de la entrevistada presenta visos de verosimilitud y se observa en el mismo tanto minimización de las denuncias realizadas como negación de un hecho en particular…aunque no es posible descartar fehacientemente la materialidad de este hecho en particular, como así tampoco la magnitud de las otras denuncias debido a su personalidad dependiente y situación familiar vulnerable” (…). Ello guarda consonancia con las pautas establecidas en la Ley n°26.485 de Protección Integral de las Mujeres, respecto de los recaudos que deben tomarse al momento de valorar lo ocurrido. Así se ha reconocido, como garantía de ellas, la amplitud probatoria en el procedimiento, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus naturales testigos. De esta forma, al valorar el testimonio de la víctima no se advierten contradicciones, y resulta corroborado por el informe psicológico de fs. (…) que brinda verosimilitud a las imputaciones (art. 241 del C.P.P.N). La entidad de las frases intimidatorias surge de las conductas desplegadas por el imputado tendientes a que (…) reanudara la relación sentimental y desistiera de abandonar el hogar para salir con otros hombres. No debe perderse de vista la insistencia y duración en el tiempo de sus decisiones, todo lo cual descarta el argumento vinculado a una supuesta atipicidad de los hechos. Al respecto, recordamos que la doctrina sostiene que: “Tanto las amenazas como las coacciones tienden a quebrantar la tranquilidad espiritual del individuo. Así el bien jurídico en juego es la libertad individual en su esfera psíquica, que es la libertad de determinarse, de obrar conforme a su propia voluntad. En el delito de coacción se ataca directamente la libertad de determinación del sujeto pasivo, en procura de sustituir su voluntad por la del agente” (1). (…), el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar el punto I del auto de fs. (…), en cuanto han sido materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Asturias). c. 548/12, M., R. F. Rta.: 29/05/2012 Se cito: (1) Céliz Fabián, “Amenazas y coacciones, en Delitos contra la libertad”, p. 262/263, Ad. Hoc., Bs. As., 2003 AMENAZAS Coactivas. Sobreseimiento. Ausencia de entidad amenazante de las frases. Situación de ofuscación propia del momento. Suceso producido durante un tenso enfrentamiento. Confirmación. Fallo: "(…) Los fundamentos vertidos por el recurrente durante la audiencia no logran conmover el análisis que de las pruebas reunidas efectuó el Sr. Juez de grado ni los argumentos por los cuales arribó al temperamento desincriminante por lo que habremos de homologarlo. Sin perjuicio del conflicto que se advierte entre las parte, relacionado con un reclamo de una suma de dinero por parte de (…) a (…) y de las impresiones de páginas de "Facebook" y "Twitter" aportadas por el querellante donde el primero habría escrito numerosos mensajes relativos a la persona del segundo -hechos que fueran investigados en la causa (…) ante el Juzgado de Instrucción N° (…) que culminó con el dictado de sobreseimiento, conforme surge de fs. (…)- el presente proceso se circunscribe al hecho que habría acaecido el 8 de agosto de 2011. En dicha fecha, según denunciara (…), el encartado se habría presentado en su agencia artística preguntando por éste y exclamando, entre insultos, que "llegó la hora" y al haberle sido impedida la entrada por empleados del lugar se retiró dirigiéndose a un restaurante denominado "(…)"donde habría reiterado las frases intimidantes. En su descargo, (…) negó rotundamente el hecho manifestando que sólo estaba reclamando el dinero que aquél le debía y que se hicieron presentes en el local gastronómico dos empleados de (…), recibiendo amenazas y golpes por parte de éstos. Aportó, a su vez, impresiones de páginas "web" referidas a su persona, cuya autoría atribuyó al querellante, así como también una vista fotográfica de las lesiones que habría sufrido en el rostro el día del hecho (ver fs. …).

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En este contexto de versiones contrapuestas, no se advierte que pueda llevarse a cabo alguna diligencia útil que contribuya a esclarecer lo realmente ocurrido por lo que prolongar la pesquisa, como pretende la parte recurrente -mas sin indicar concretamente qué medida restaría producir- no resulta atendible. Por lo aquí expuesto, por imperio del art. 3 del Código Procesal Penal de la Nación, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto (…) del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 117, GOMEZ JARA, Daniel. Rta.: 05/03/2012 AMENAZAS. Coactivas. Sobreseimiento. Frases emitidas por la ex pareja con entidad vulnerante e intimidantes. Afectación a la libertad de la denunciante. Prueba suficiente. Infracción a la ley n° 26. 485. Revocación. Procesamiento. Hechos: Apela el fiscal el auto que dispuso el sobreseimiento del inculpado en orden al delito de amenazas (art. 149bis del Código Penal). Las frases intimidantes fueron: "te voy a matar, te voy a prender fuego, te voy a desfigurar","hija de puta si no te vas para tu casa ya, te voy a matar, te espero allá" (hecho 1), "vos me tenés cansado" y " vos hacé lo que tengas que hacer, pero si a mi me viene a sacar la policía te voy a encontrar en la calle y te voy a cagar a trompadas" (hecho 2), "si te encuentro con alguien en casa tengo un fierro y los voy a matar a los dos" (hecho 3). El juez valoró la imposibilidad de reprochar penalmente al inculpado por los hechos denunciados sobre la plataforma de una ruptura del vínculo sentimental con la denunciante debido a que podría tratarse de un exabrupto en un momento de ira u ofuscación. Fallo: "(…) los dichos de (…) requieren ser interpretados con mayor recaudo a la luz de los antecedentes de violencia relatados por (…), que evidencian un nivel de agresividad entre las partes que excede las discrepancias propias de la disolución del vínculo que mantenían. (…) entendemos que, precisamente del nivel de conflictividad, se desprende que las frases intimidantes tuvieron entidad vulnerante y capacidad de intimidación para afectar la libertad de la denunciante. Si a esto se suma que, el peritaje caligráfico de fs. (…), arrojó que las escrituras de corte amenazante que componen el documento cuestionado, fueron realizadas por (…); y que al informe interdisciplinario de evaluación de riesgo efectuado por la Oficina de Violencia Doméstica consideró la situación de la denunciante como de alto riesgo (…) corresponde afirmar que la desvinculación del imputado al proceso resulta improcedente, en atención a las pautas establecidas en la ley n° 26.485 de Protección Integral de las Mujeres (BO: 14 de abril de 2009). (…) el tribunal resuelve: I- Revocar el auto de fs. (…) y, en consecuencia, dictar el procesamiento de (…), en orden al delito de amenazas coactivas cometido en tres oportunidades (art. 149bis, segunda parte del Código Penal y art. 306 del Código Procesal Penal de la Nación). II- Encomendar al juez de grado que se expida respecto de las previsiones de los arts. 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Poleri). c. 758, MINADEO, Luis F. Rta.: 03/02/2012 AMENAZAS Coactivas. Sobreseimiento. Frases emitidas por la ex pareja con entidad vulnerante e intimidantes. Afectación a la libertad de la denunciante. Prueba suficiente. Revocación. Procesamiento. Fallo: "(…) Compulsadas las constancias de autos y analizados los argumentos sostenidos por el Ministerio Público Fiscal, la Sala coincide con su pretensión, por lo que se habrá de revocar el pronunciamiento recurrido y disponer el procesamiento del encausado. Dicha decisión se sustenta principalmente en las manifestaciones de (…), quien con precisión relató las circunstancias de los eventos que la damnificaran (ver fs. …). A ellas se adunan las conclusiones a las que arriba el informe efectuado por la "Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", de las que se desprende la existencia de una concreta situación de riesgo psicofísico para la denunciante (fs. …). De otro lado, disentimos con el argumento de la jueza de grado en cuanto a que los dichos proferidos por el encausado no revisten entidad suficiente para reputarlos delictivos en virtud del estado de ofuscación que presentaba al momento de los hechos, pues se advierte una tensa situación creciente en la relación actual de la pareja, que parece exceder del conflicto derivado de la pugna por la separación y por ende de las meras frases hirientes que puedan vertirse en tal contexto. Es de recordar que con respecto a la figura legal analizada se ha dicho que "La ley pena las amenazas en sí mismas, para lo cual requiere que tengan idoneidad para actuar sobre el ánimo y la voluntad de la víctima...lo importante es que el afectado se amedrente o alarme" (1), circunstancias que se evidencian en el "sub lite", particularmente de la entrevista efectuada por la "Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación", durante la cual la víctima habría manifestado: "Siento que nunca voy a poder separarme porque me amenaza todo el tiempo", lo que permite conocer la idoneidad de las manifestaciones atribuidas al justiciable para producir en la víctima una efectiva vulneración a su libertad (...). 17

A todo ello se suma el testimonio de (…), respecto del evento que presenciara el (…), mientras estaba con su hija. Sobre el particular, explicó que ésta recibió un llamado en su teléfono celular de parte de (…) y pudo oír cómo el nombrado la amenazaba. Fue así que su pariente le entregó el aparato, continuando él su comunicación, hasta que (…) le profirió también dichos amenazantes. De tal modo, al referirse sobre los detalles del suceso, atribuyó sustento a la imputación efectuada por su hija, corroborando la existencia de actos disvaliosos en su perjuicio (cfr. fs. …). El cuadro así descripto, al tiempo que apoya la hipótesis delictiva, al menos con el alcance provisorio que requiere el auto de mérito en crisis, enerva asimismo el descargo del imputado, quien si bien ha negado la autoría de las amenazas coactivas que se le endilgan, admitió haber mantenido la comunicación telefónica en cuestión, así como los altercados ocurridos en el seno familiar, a los que se refiriera la víctima (cfr. fs. …). En consecuencia, los argumentos desarrollados impiden desvincular al prevenido de los sucesos por los cuales fuera indagado y convencen a los suscriptos para dictar su procesamiento en orden al delito de amenazas coactivas (arts. 45 y 149 bis, segundo párrafo, CPN y 306, CPPN), debiendo la jueza de grado decretar las medidas cautelares pertinentes. Ello, sin perjuicio de completar la investigación mediante la realización de un estudio psicológico del imputado y la convocatoria de la damnificada para que brinde su testimonio en sede judicial. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) y decretar el procesamiento de (…) en orden al delito de amenazas coactivas (arts. 45 y 149 bis, segundo párrafo, segunda parte, del Código Penal, y 306, Código Procesal Penal) cometido en forma reiterada -tres hechos-, debiendo el señor jueza de grado decretar las medidas cautelares pertinentes. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 226, C. D. C. Rta.: 27/03/2012 Se citó: (1) Fontán Balestra, Carlos, "Derecho Penal. Parte Especial", edit. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, pág.338. AMENAZAS. Coactivas. Sobreseimiento. Imputado que amenazó de muerte y con golpear a los damnificados empleados de una administradora que concurrieron al edificio a repartir la liquidación de expensas. Revocación. Procesamiento. Fallo: "(…) Se atribuye a (…) el haber amenazado a (…) y a (…), empleados de la firma "(…) S.A.", oportunidad en que los damnificados concurrieron al edificio de la calle (…) a repartir la liquidación de expensas. Así, al pasar por el cuarto piso, donde vive el imputado, éste les habría manifestado "Ladrones váyanse de acá, los voy a matar, los voy a cagar a tiros. Andate de acá porque te mato, los voy a cagar a palos, los voy a cagar a tiros y te dije que te iba a cagar a tiros, andate de acá" (textual) y "si no los sacan de acá los voy a matar" (textual), a la vez que los insultaba. Luego, (…) habría empujado a (…) hasta que llegó el ascensor que había llamado (…), siendo seguidos hasta la planta baja por el imputado quien continuó insultándolos y amenazándolos hasta que abandonaron el edificio. (…) Cabe aclarar que las amenazas resultan suficientes para perfeccionar la tipicidad subjetiva de la figura, por lo que resultan idóneas a los fines de la adecuación típica por cuanto, más allá de la conflictiva del imputado con la administración del edificio, no se trató de un suceso aislado, producto de una acalorada discusión, como afirma la defensa. Por el contrario, la conducta de (…) fue deliberada, destinada a compeler a la víctima, ya que las frases no surgieron de un altercado con ésta última, sino que el imputado egresó de su departamento a increparla. (…) entendemos que los mismos se subsumen dentro de la figura de amenazas coactivas (art. 149 bis, segundo párr., CPN), dado que la exigencia de abandonar el edificio para no sufrir un daño o, incluso, la muerte, tuvo como fin el provocar en el sujeto pasivo el hacer, no hacer o tolerar algo contra la voluntad de éste, imponiendo la voluntad del imputado por sobre la de la víctima. (…) Justamente, la doctrina ha sostenido que en las coacciones "...la ilicitud consiste en la prevalencia ilegítima de la voluntad ajena sobre la propia..." (*); y que "En las coacciones, la libertad de determinación del individuo se anula, toda vez que únicamente le queda actuar como le es impuesto por el sujeto activo (...) El sujeto pasivo debe contar con las mismas características que en el delito de amenazas, exigiéndose que la persona (sujeto pasivo) sea capaz de determinarse." (**), circunstancias que encuadran perfectamente, a la luz de los relatos de (…). (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) y PROCESAR a (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 41.826, DI DONATO, Fabián Alejandro. Rta.: 09/03/2012 Se citó: (*) Creus, Carlos. Derecho Penal parte especial, tomo I; Ed. Astrea; Bs. As. 1990; pag.356. (**) Donna, Edgardo Alberto. Derecho Penal parte especial, tomo II-A, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2002, pág. 256.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional AMENAZAS. Desestimación por inexistencia de delito. Imputado que le refirió frases amenazantes a su hijo. Situación familiar conflictiva. Ausencia de entidad intimidatoria. Confirmación. Fallo: "(…) Tiene inició la presente causa a raíz de la denuncia formulada por (…) ante la Seccional nº (…) de la P.F.A. (…) en contra de su padre (…) por el presunto delito de amenazas coactivas (art. 149, bis del CP). Relató, que (…) concurrió al hospital (…) para interiorizarse sobre el estado de salud de su progenitor, quien al advertir su presencia le habría manifestado en alta voz: "mas vale que te vayas a vivir a lo de tu vieja, no te quiero ver en casa porque te mato", tras lo cual el denunciante se retiró del lugar, atribuyendo el episodio a los problemas que el imputado tiene con la familia de la novia de él, y porque su padre cotidianamente consumiría cocaína y alcohol (…). (…) entendemos que la supuesta frase cuestionada habría sido vertida en el marco de un conflicto familiar entre padre e hijo atribuido a los problemas que tendría el imputado con la familia de la novia de este último, y por su consumo de alcohol y de sustancias psicotrópicas, motivo que fue reconocido por el propio denunciante, lo que descarta, a nuestro juicio, la entidad intimidatoria exigida por la norma penal (art. 149 bis del CP). (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.:Biuso). c. 42.361, MANDL MOTTA, Walter. Rta.: 29/05/2012

AMENAZAS. Sobreseimiento. Dichos expresados en el marco de una conflictiva relación familiar. Confirmación. Fallo: “(…) tanto del descargo del imputado como de los relatos de (…) y (…) se advierte que todo ocurrió en medio de un altercado verbal que mantenían debido a una conflictiva relación familiar. En tal sentido, sostuvimos en reiteradas oportunidades que los dichos expresados en el marco de una discusión no tienen entidad para encuadrarse en la conducta típica del artículo 149 bis del Código Penal (1). Por ello el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 141, G., A. G. Rta.: 26/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim y Correc., Sala VI, c. 4 62/12, “Ríos Martínez, María Alejandra”, rta.: 15/3/12.

APROPIACIÓN DE COSA PERDIDA. Procesamiento. Imputado que toma una agenda olvidada en un estacionamiento y la arroja en el tacho de basura. Hecho típico. Confirmación. Fallo: "(...) El decisorio cuestionado por la defensa fue debidamente fundamentado y por tanto cumple con las exigencias del artículo 123 de aquél cuerpo legal, pues describe la valoración de los elementos probatorios que llevaron a la juez a quo a modificar la falta de mérito ordenada a fs. (…). En punto al fondo del asunto, señalamos que no critican que el imputado (…) tomó la agenda que había dejado olvidada el denunciante en el estacionamiento en el cual ambos habían coincidido al aparcar sus vehículos el día del hecho, tal como quedó registrado en la filmación aportada por los responsables del lugar (cfr. …). Aun más, el mismo causante admitió haberla tomado y aunque alegó haberlo hecho para evitar que otro se apodere ilegítimamente de ella, cierto es que también reconoció que luego la arrojó a un tacho de basura. En esas condiciones, en nada conmueve el asunto la circunstancia de que la agenda tuviera dinero o documentos de valor en su interior, puesto que tratándose de una cosa mueble ajena que fue hallada perdida por el causante que dispuso de ella sin cumplir con las prescripciones del artículo 2.534 del Código Civil que ordena que "Si el que hallare la cosa no supiese quién era el dueño, debe entregarla al juez más inmediato, o a la policía del lugar los que deberán poner avisos de treinta en treinta días". Aun más, el imputado tuvo también la oportunidad de dar aviso de su hallazgo a quienes trabajaban en el referido estacionamiento; sin embargo no lo hizo y asumió la guarda de la cosa alegando que ellos eran jóvenes y "le hicieron dudar de que se la devolverían al dueño" (sic). Sobre tal tópico el citado código señala que el "…que hallare una cosa perdida, no está obligado a tomarla; pero si lo hiciere, carga mientras la tuviere en su poder, con las obligaciones del depositario que recibe una recompensa por sus cuidados...". Por los motivos expuestos, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto (...) del auto de fs. (...) en cuanto fuera materia de recurso. (...)".

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C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Barros). c. 55, BREA, Luis A. Rta.: 23/02/2012

ARMA. De fuego. Procesamiento. Tenencia. No apta para el disparo. Atipicidad. Delito de peligro abstracto. Ausencia de puesta en peligro del bien jurídico protegido: seguridad pública. Posible encuadre en la figura del encubrimiento. Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) El juez Luis María Bunge Campos dijo: (…) con relación a la tenencia de arma (…) tengo dicho que esta figura es punible por la peligrosidad que, supuesta legislativamente -como todo delito de peligro abstracto-, revista la acción. La circunstancia que el arma de fuego secuestrada en poder de (…) no sea apta para el disparo, (…) nos indica que no se ha puesto en peligro el bien jurídico tutelado por dicha norma, la seguridad pública. (…) Es necesario probar entonces, en este tipo de figuras, el peligro hacia el bien protegido; no cabe suponerlo sin más (*). (…) Por ello, se impone la atipicidad de la tenencia reprochada. Sobre el delito de encubrimiento, en este caso, considero que no surge, de momento, la procedencia ilegítima del arma de fuego secuestrada, en tanto se encuentra pendiente de materialización el resultado del revenido químico ordenado en autos (…). Alfredo Barbarosch dijo: En orden a la tenencia de arma de fuego objeto de reproche, se debe resaltar que el arma secuestra en poder el causante, descargada, no es apta para el disparo de conformidad con la pericia técnica practicada a su respecto. Frente a ello, se impone la solución propiciada por el voto precedente (**). En cuanto al delito de encubrimiento (…) considero que corresponde profundizar la pesquisa (…). el Tribunal RESUELVE: (…) Acumular materialmente el presente incidente a los autos principales, y corregir su foliatura a fin de que resulte correlativa; (…) REVOCAR la resolución obrante a fs. (…) en cuanto ha sido materia de recurso, art. 455 contrario sensu del CPPN; III-DECLARAR la falta de mérito de (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Barbarosch (por sus fundamentos), Bunge Campos (por sus fundamentos). (Sec.: Biuso) c. 42.610, FLORIO, Jonatan Gabriel. Rta.: 11/06/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala de Feria B, c. 420, "Díaz", rta.: 30/01/06. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 41.849, "Qiyi Zheng", rta.: 29/02/12.

ARMA. Portación de arma de uso civil (artículo 189 bis, inciso 2° del Código Penal) por parte de un ex integrante de las fuerzas armadas. Procesamiento. Portación sin autorización legal. Peligro potencial a la seguridad común. Confirmación. Disidencia: Atipicidad. Explicación razonable. Credenciales de legítimo usuario vencidas. Transporte en condiciones antirreglamentarias. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) Los jueces Mirta López González y Rodolfo Pociello Argerich dijeron: La portación de un arma en este caso de uso civil condicional-, apta para el disparo, de funcionamiento normal y cargada, en un lugar público y sin la autorización legal correspondiente, representa un peligro que afecta al bien jurídico protegido por el artículo 189 bis del código sustantivo -seguridad común-, en tanto crea las condiciones de hecho que pueden llegar a vulnerarlo (1). Los conocimientos del encartado sobre la materia, por su anterior función de inspector de armas en las Fuerza Armadas, nos indican que sabía efectivamente que no debía trasladar el revólver en esas condiciones, por lo que entendemos que no corresponde admitir su descargo (…). A nuestro criterio, las demás circunstancias invocadas -sus condiciones personales y la finalidad del transporte- no afectan las conclusiones precedentes, sin perjuicio de que eventualmente pueda valorárselas a los efectos de una reducción punitiva (inciso 2°, párrafo 6° de la mencionada norma). En definitiva, consideramos que se encuentran reunidos los recaudos exigidos por el artículo 306 del cuerpo adjetivo al menos con la provisoriedad necesaria para esta etapa de la investigación, por lo que votamos por la homologación del auto impugnado. Disidencia de la jueza María laura Garrigós de Rébori dijo: (…) concluir la atipicidad de la conducta de (…), razón por la cual voto por revocar el auto que se le dictó en los términos del artículo 306 del cuerpo adjetivo. El imputado dijo que tomó el arma en las condiciones en que la tenía en su domicilio con intención de llevarla al RENAR para entregarla al plan gubernamental de desarme voluntario porque su esposa y él no querían tenerla más en su poder por motivos familiares; explicó asimismo que, como circunstancialmente ella llegaba ese día en ómnibus desde la provincia de Formosa, fue primero a buscarla a Retiro, ocasión en que pasó el bolso por el scaner de la terminal nro. 4 y en esa oportunidad fue visualizada por el personal a cargo, quien requirió la intervención policial. La pertenencia a las fuerzas armadas que adujo el nombrado, dato que el juez no puso en duda; la circunstancia de que no estuvo vinculado a un ilícito inmediato precedente ni se cuenta con indicios para presumir que se disponía a cometer uno (fs. …); el hecho de que en la ocasión tuviera consigo las 20

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional credenciales de legítimo usuario de armas de uso civil condicional y de tenencia de ese revólver -aún cuando vencidas- y, en particular, su intervención voluntaria en el escaneo, o sea en la advertencia a la autoridad de la presencia del arma en su bolso -cuestión que sin duda alguna pudo haber evitado-, brindan, a mi criterio, credibilidad a la afirmación defensista de que lo verificado en el caso fue una situación de transporte en condiciones antirreglamentarias y no una portación típica. (…) considero que esos datos objetivos descartan la materialización de una concreta y voluntaria afectación a la seguridad pública, única hipótesis bajo la cual es constitucionalmente admisible una imputación en esos términos. (…) la acreditada circunstancia de que oportunamente tuvo la condición de legítimo usuario de armas de uso civil condicional y que se le asignó la tenencia de la pistola en cuestión indican que tampoco correspondería considerarlo incurso en el delito de tenencia sin la debida autorización legal. Entiendo que el hecho de que esas autorizaciones no estuvieran vigentes al presente resulta una infracción administrativa conforme al artículo 64 del decreto 395/75, reglamentario de la Ley Nacional de Armas, que prevé sanciones ajenas a las estatuidas por el ordenamiento penal de fondo (artículo 69 ibidem). (…) voto por sobreseer al imputado en los términos del artículo 336, inciso 3° del cuerpo adjetivo. (…) el tribunal resuelve: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori (en disidencia), López González. (Sec.: Herrera) c. 679/2012, TOCCALINO, Raúl Emilio. Rta.: 21/06/2012 Se citó: (1) Creus-Buompadre "Derecho Penal, Parte Especial", tomo II, pág. 36, Ed. Astrea, edición 2007, Buenos Aires. ARMA. Portación tenencia y encubrimiento. Procesamiento. Arma cargada y secuestrada en el automóvil que tripulaban los imputados. Portación: no susceptible de ser compartida. Tenencia: posibilidad de coautoría. Encubrimiento: concurso ideal. Confirmación. Fallo: "(…) En cuanto a la calificación legal provisoriamente adoptada coincidimos con el recurrente en que la portación de un arma, que supone llevarla consigo corporalmente en condiciones inmediatas de uso, no puede ser compartida (1). Ello sí resulta factible respecto de la tenencia de tal objeto (2) y en el caso puede afirmarse, dado el ámbito en que fue hallada y la disponibilidad material que en forma alternativa tenían de dicho elemento todas las personas que circulaban en el vehículo conducido por (…). En efecto, la tenencia no requiere el constante contacto físico con el arma sino la disposición que pueda tener cada uno de los involucrados sobre el objeto, lógica que deriva de su indivisibilidad. Así las cosas, la pistola y los cartuchos a bala encontrados en el interior del rodado que según lo informado a fs. (…) son aptos para sus fines específicos, permite hablar de una coautoría funcional, en el marco de una esfera de custodia también compartida (3). Por otro lado, en cuanto al desconocimiento del arma alegado por los imputados, cierto es que la actitud que asumieran ante la presencia policial, pretendiendo eludir el control vehicular, y la posterior reticencia a descender del rodado, indica el conocimiento que tenían acerca de la existencia de la pistola en su interior y permite ser inferida como un intento de evitar su detección, máxime cuando no resulta verosímil la explicación brindada por (…) en cuanto a que una persona de quien no pudo brindar datos precisos dejó el bolso -que contenía el arma y los cargadores- anunciando que luego pasaría a buscarlo. Tal injusto concurre idealmente con el delito de encubrimiento, teniendo en cuenta que la sustracción del arma había sido denunciada por el Cabo 1° (…) en 2005 y las estrictas formalidades que deben respetarse en la adquisición y uso de un elemento de estas características, las cuales no eran desconocidas por los causantes, máxime si se tiene en cuenta que uno de ellos -(…) -habría sido legítimo usuario hasta el 2000, según se desprende del informe mencionado. Además, sabían de su origen espúrio en tanto la pistola poseía un escudo identificatorio de la fuerza de seguridad a la que pertenecía. "(…) El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Coincido con la valoración de la prueba efectuada por mis colegas en el voto que antecede y también con la calificación legal que proponen para el hecho atribuido a (…). Sobre esta última cuestión, deseo aclarar que si bien interpreto que es posible la portación compartida de un arma de fuego (4) para que ello ocurra debe acreditarse que los autores la ejercieron en el marco de una esfera de custodia también compartida, como en los casos en que se perpetra un delito con la utilización de un arma y el plan incluye su detentación y utilización en forma alternativa, sucesiva e indistinta según las necesidades (5) situación que no se verifica en el presente, donde la pistola se incautó dentro de un bolso habido en el automóvil en el que todos circulaban. En virtud de lo que surge del acuerdo que antecede, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto dispuso el procesamiento de (…) MODIFICANDO la calificación legal asignada por la de tenencia ilegítima de arma de guerra y encubrimiento en concurso ideal. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini, (por su voto). (Sec.: Uhrlandt). c. 584/12, BENITEZ, Luis A. y otros. 21

Rta.: 29/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 106/12 "Francetic", rta. 2/3/20012 y c. 1801/09, "Galeano", rta.: 19/11/09. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 987/09, "Pérez; Martín Gabriel", rta.: 8/7/09, C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 38.200, "Felicetti, Gabriel Maximiliano", rta.: 19/10/09. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 38.550, "Herrera, Jonathan y otros", rta.: 14/12/09 y c. 1148/10, "Carizu, Facundo y otro", rta: 23/08/10. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 40.332, "García", rta.: 2/11/10. (5) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 106/12 "Francetic" rta. 2/3/2012. ARMAS. Procesamiento. Portación de arma de fuego cuyo funcionamiento es anormal pero es apta para producir disparos. Afectación al bien jurídico protegido "seguridad pública". Confirmación. Disidencia: necesidad de probar el riesgo. Imposibilidad de sostener el castigo por el hecho de tener un arma descargada o no apta para el disparo. Fallo: "(…) Los Jueces Jorge Luis Rimondi y Alfredo Barbarosch dijeron: (…) de la pericia practicada sobre el arma (…) se determinó que si bien su funcionamiento es anormal, es apta para producir disparos. (…) A su vez, cabe señalar que la pistola secuestrada se encontraba cargada con ocho cartuchos a bala, cinco de ellos con punta hueca, armamento éste prohibido conforme el art. 4, inc. 3) ap. d) del decreto reglamentario n° 395/75. En consecuencia, entendemos que el bien jurídico protegido por el tipo penal "seguridad pública" se ha visto afectado mediante la conducta reprochada, más allá del funcionamiento defectuoso del arma (…). El Juez Luis María Bunge Campos dijo: (*) "los principios de lesividad, legalidad, igualdad y culpabilidad, exigen que los términos se utilicen restrictivamente y en relación al peligro. En el delito de tenencia ilegal de arma de guerra -aplicable a la portación- es necesario probar el riesgo hacia el bien jurídico ya que, si bien esto podría conducir a una conversión de los delitos de peligro abstracto en delitos de peligro concreto, surge como una de las respuestas más adecuadas si se respetan los mencionados principios" (**). "De este modo, se puede concluir que si la razón de castigo de todo delito de peligro es su peligrosidad, siempre debe exigirse para su punición que no desaparezca en ellos todo peligro. Sostener el castigo por el sólo hecho de tener un arma descargada -o no apta para el disparo, como en el caso-, no implica sino avanzar en un derecho penal de anónimo, vedado por nuestra Constitución" (***). Por ello, atento la forma en que el sr. Juez de grado hizo concursar ambos ilícitos, es que no corresponde adoptar una medida definitiva respecto del delito en estudio. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los puntos I) y III) de la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos (en disidencia parcial) (Sec.: Peluffo) c. 41.849, QIYI ZHENG y otro. Rta.: 29/02/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala VI, c. 35.406, "Sanchez", rta.: 25/7/08. (**) C. N. Crim. Corr., Sala V, c. 24.695, "Yamín, Daniel", rta.: 17/8/2004. (***) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 20.431, "Lanza, Germán", rta.: 26/6/2003.

ARMA. Robo con arma de fuego descargada. Procesamiento. Agravio de la defensa: Calificación. Equiparación de arma descargada con arma de utilería. Aplicación del agravante debido al poder ofensivo. Confirmación. Disidencia parcial: Arma de fuego descargada: robo simple. Fallo: "(…) El Dr. Rodolfo Pociello Argerich dijo:(…) el magistrado de grado calificó el suceso investigado como robo con arma de fuego y en su fundamentación citó precedentes relacionados con el tercer párrafo del art. 166, inciso 2° del Código Penal (…). (…) la intimidación realizada en un robo con un arma de fuego apta para el disparo descargada debe ser encuadrada en la hipótesis de arma de "utilería" prevista en la norma arriba mencionada (in re, mi voto, Sala V, causa n° 30.895 "Styrsky, Ariel Eduardo" rta: 16/11/06; entre otros). En la reforma introducida por la ley 25.882, a mi criterio, el legislador ha sostenido que procede agravar el delito también por el plus de intimidación que presupone el uso de un arma o elemento que guarde la forma de tal. Así se desprende del hecho de haber incorporado el supuesto de la utilización de un "arma de utilería". Y no resulta ilógico encontrar congruencia en tal conclusión, desde que siempre se ha tenido como válido en los criterios de agravación, la situación de indefensión en que se coloca a la víctima. El esgrimir un arma de fuego supone un amedrentamiento mayor que la utilización de otro arma. O dicho de otro modo, la víctima tal vez reaccionaría frente a la violencia que de por sí implica la sola amenaza, o inclusive ante la exhibición de otro tipo de armas, propias o impropias (tal el caso de que se la amenazase con un palo con punta), mientras que, probablemente, no lo haría ante la exhibición de un arma de fuego. Si nunca se discutió su mayor poder ofensivo o peligrosidad provocadas, huelga aclarar la congruencia de lo afirmado.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Cabe debatir si se ha contemplado, en la reforma, la situación de quien utiliza un arma inepta para el disparo o descargada y, en este sentido, debo dejar en claro que me inclino por la respuesta positiva interpretando el tipo penal tanto desde un aspecto sistemático como teleológico. En primer lugar cabe mencionar que la Corte Suprema ha dejado sentado en múltiples antecedentes que la primera regla de interpretación de las leyes es darle pleno efecto a la intención del legislador (Fallos 302:973), y la primera fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos 299:167), así como los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos 300:700) también las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos 295:376), máxime cuando aquél concuerda con la acepción corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos 295:376) para todo lo cual se deben computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 312:11) evitando darles aquél sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando, como verdadero, el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos 1:300) por lo que no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros de verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos 307:1018) Ver Fallo Plenario "Kosuta Teresa R" CNCP, rto: 17/8/99, voto de los Dres. Casanovas y Tragant, considerando quinto-. "Si algo enseña la complejidad judicial es a escapar de los esquemas reduccionistas o simplificatorios. La labor interpretativa es mucho más ardua y los parámetros delimitadores que la gobiernan aparecen demarcados por (a) la imposibilidad de hacer justicia con total independencia de la ley, y (b) la imposibilidad de aplicar una ley con total independencia de justicia. Estos dos extremos señalan los contornos entre los que se mueve la tarea a la par de advertir del error en la polarización de algunos de ellos. Aunque no faltan intentos de establecer una jerarquización de los métodos (vgr. Alexy "Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica", Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1989), se señala que el más importante de los criterios de interpretación, en muchos casos decisivo, es el teleológico, sea del fin subjetivo del legislador u objetivo de la ley (Gimbernat Ordeig "Concepto y método de la ciencia del derecho penal", Tecnos, Madrid 1999, pág 77) -del voto de los jueces Casanovas y Tragant, considerando séptimo, en el plenario Kosuta, ya citado. Desde el punto de vista sistemático, el legislador ha entendido que dentro de las armas existe una especie que es el "arma de fuego", cuya utilización durante el desapoderamiento eleva la escala penal en un tercio del mínimo y del máximo. Ahora bien, ya dentro de esta hipótesis, el legislador ha entendido que existe una subespecie que sería el arma cuya aptitud para el disparo no se puede verificar, a la cual corresponde aplicarle una pena menor. Lógico es concluir sistemáticamente que ha considerado que, ante la duda, deberá entenderse del modo más beneficioso para el imputado, esto es su ineptitud, de lo cual, cabe afirmar que, aún cuando no se haya mencionado expresamente, la conclusión asertiva al respecto, esto es su ineptitud (o su descarga), debe ser tratada como una hipótesis también atenuada y contemplada. Una interpretación literalista o gramatical podría llevar al absurdo de sostener que en este caso no rige la disminución y corresponde la aplicación del primer supuesto del segundo párrafo del inciso segundo, esto es una pena de seis años y ocho meses a veinte años (ver en este sentido Cassani, María B. "Cuando las apariencias no engañan", Revista de Derecho Penal y Procesal Penal 10/2006, LexisNexis, pág. 1907/19). Desde un punto de vista teleológico, no puede dejarse de lado que el legislador tuvo por fin, y expresamente se dijo, poner fin a la discusión que reinaba respecto a la utilización de armas que no provocaban un peligro real, ya sea porque no es apta para producir disparos, porque siéndolo no estuviese cargada, o porque no fuese verdadera -de juguete o utilería, término sobre el que volveré-, tal lo que surge tanto del mensaje del Poder Ejecutivo del 3 de diciembre de 2003 cuanto del escueto debate producido en la legislatura (ver exposición del diputado Damiani "La voluntad del legislador es establecer una escala penal que va de 3 a 10 años para castigar este tipo de hechos, es decir, cuando se utilice algo que parezca un arma aunque no lo fuere. ¿Por qué?. Por el mayor poder intimidatorio que ello tiene. De lo contrario, sólo deberíamos castigar esta conducta con la norma del artículo 164, es decir, con el robo simple, la figura básica". También en este sentido: C.N.C.P., Sala I, c. 6390, "Moroni", rta. 4/10/05 y C.N.C.C., Sala I, c. 25.244, "Giménez Saucedo", rta. 27/10/04). Ya allí se alzaron voces sosteniendo que la nueva agravante sería inconstitucional en tanto se estaría ante una doble agravación, pues como se explicó, el amedrentamiento ya estaba incluido como la "vis compulsiva" que calificaba el hecho como robo simple. Como se explicó, nada impide que la pena sea graduada (además de por la lógica evaluación que hará el juez conforme el mandato del art. 41 del Código Penal), por el legislador, estimando que existen elementos que exceden algo básico, siempre que se respeten los límites constitucionales que en lo particular no advierto de qué forma no pudo habérselo hecho (tal el caso justamente del delito de amenazas, que bien viene al caso, en que se agrava por el hecho de que se hayan hecho en forma anónima). El supuesto de arma descargada o inepta para el disparo esta incluida en el tipo penal, el concepto de "arma de utilería", sin duda funciona como residual, incluyendo en la agravante a todo elemento que tenga apariencia de arma de fuego, donde sí podrá discutirse sobre su aptitud o no para engañar o amedrentar a la víctima. Es que en una interpretación tanto sistemática como teleológica, no puede descartarse que es exactamente esto lo que pretende la ley. Si se tiene como arma de utilería a aquella que se emplea en un escenario teatral o cinematográfico, cabría entonces cuestionarse si sólo se refiere esta definición a aquellas que fueron creadas para tales fines (armas de utilería propias) o cualquiera que pueda ser utilizada de tal modo (armas de utilería 23

impropias), pues bien es sabido que en la mayoría de los casos se usan armas verdaderas cargadas con balas de fogueo o simplemente descargadas. Es más si nos quedamos en la letra de la ley solamente, cabría cuestionarse si al referirse a arma de utilería se refiere a "arma de fuego de utilería" o a cualquier arma. Si el tipo contemplaba las armas de fuego bastaba agregar "o con una de utilería". Una interpretación sistemática, como se explicó, permite concluir en que se hace referencia a un "arma de fuego de utilería" (ver al respecto Cassani, María B. obra ya citada). Entrar en estas disquisiciones, creo, ya no tiene sentido, pues es función del juez interpretar la ley, lo que no puede ser considerado como aplicar analogía, siempre que lo sea dentro de los marcos fijados. Por último, comparto el planteo de la defensa en cuanto a que el suceso pesquisado ha quedado en grado de conato, en razón de que el imputado no tuvo el poder de disposición de los bienes sustraídos. Nótese, al respecto, que el acusado fue observado por (…) mientras cometía el atracó y ésta logró salir del hotel para dar noticia a la prevención sobre el ilícito, quien procedió finalmente a su detención. Por lo expuesto, voto por confirmar el auto apelado con la salvedad de que la conducta imputada es la de robo agravado por el uso de arma de utilería, en grado de tentativa, en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil condicionado (arts. 42, 189 bis, 2° apartado, segundo párrafo y 166, inciso 2°, tercer párrafo, del Código Penal). La Dra. Mirta López González dijo: Tal como sostuve en el precedente n° 40.053 "Álvarez, José Luis" rta: 30/9/10, al dictarse la ley 25.882 no se contempló el arma de fuego descargada, y a la luz del principio de máxima taxatividad interpretativa, derivado del principio de legalidad, debe subsumírsela en el delito de robo simple. Sobre este tema, se ha pronunciado la doctrina en cuanto a que: "el robo llevado a cabo con un arma apta para el disparo, pero descargada o cargada, no obstante probadamente inidónea para sus fines específicos, son supuestos que escapan a las previsiones del art. 166 y que encuadran en la figura de robo simple -art. 164-" (1). Las sanciones y derogaciones de normas producen consecuencias que merecen un estudio pormenorizado del tema, por lo que, los efectos que puede provocar la actividad legislativa, de ninguna manera deben perjudicar al ciudadano, máxime cuando la interpretación analógica en materia penal nunca puede ser in malam parte. (…) me adhiero al voto de mi colega de sala en cuanto a que el suceso investigado ha quedado en grado de tentativa. El Dr. Gustavo Bruzzone dijo: (…) entiende que la resolución impugnada debe ser modificada parcialmente. (…) Conforme sostuve en la Sala I en la causa n° 26.106 "Pacheco, Juan" resuelta el 24/6/05, las modificaciones introducidas por la ley 25.882, demuestran que el legislador no sólo ha tenido en cuenta el poder ofensivo de los instrumentos utilizados, sino también el temor que tales instrumentos pueden provocar en la víctima, es decir, ha receptado mediante la reforma mencionada los lineamientos de las teorías subjetivas (2). Por tal razón, adhiero al voto del Dr. Rodolfo Pociello Argerich. (…) SE RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), con la aclaración que la conducta que se le imputa a (…) es la de robo agravado por el uso de arma de utilería, en tentativa, en concurso real con tenencia ilegal de arma de uso civil condicionado (arts. 42, 189 bis, 2° apartado, segundo párrafo y 166, inciso 2°, tercer párrafo, del Código Penal)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Bruzzone, López González (en disidencia parcial). (Sec.: Vilar) c. 825/12, RUIZ DIAZ, Victor M. Rta.: 15/06/2012 Se citó: (1) (Conf. Gustavo E. Aboso "Reformas al Código Penal", Ed., IB de F, año 2005, pág. 150; Rodrigo D. López Gastón, "La Ley 25.2882 y el Nuevo Delito de Robo Con Armas: La peligrosidad de Desconocer Principios Constitucionales en la Construcción de Tipos Penales", Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año X, Números 18/19, Ed. Ad-Hoc, año 2005, pág. 817/848. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala I, 25.224 "Giménez Saucedo" rta: 27/12/04 y 25.690 "Domínguez Chávez" rta: 29/3/05.

ARMA. Robo con armas. Procesamiento. Agravante: arma utilizada en cualquier tramo del "iter criminis". Confirmación. Fallo: "(…) De adverso a los argumentos sostenidos por la defensa (…), esta Sala entiende que el accionar del imputado (…) tuvo la finalidad de lograr la impunidad de (…) y no cabe descartar que hubiere existido un acuerdo de voluntades y una división de tareas entre los causantes, siempre que (…) habría permanecido a escasos metros del lugar en el que (…) procuraba sustraer las pertenencias de la damnificada (…), dispuesto a intervenir ante una contingencia que pudiere frustrar el plan delictivo. A tal conclusión se arriba en virtud de las versiones de la víctima y el cabo (…), quienes fueron contestes al afirmar que (…) inmediatamente se hizo presente en el lugar y mediante la exhibición de un cuchillo le manifestó al preventor "dejalo", en referencia a su consorte de causa. Por ello, con independencia de que (…) desconociera la calidad de policía de (…), tal extremo no impide sostener que se trató de un único suceso con dos intervinientes, máxime cuando al ponderar el diálogo que habrían mantenido entre ellos, es posible afirmar que los prevenidos se conocían con anterioridad. 24

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional De otra parte, en lo que atañe a la calificación legal decidida, reiterada jurisprudencia ha entendido que la modalidad comisiva "uso de armas" que especializa la figura básica agrava el robo cuando su utilización se produce en cualquiera de los tramos del 'iter criminis' contemplados en la figura simple (art. 164), es decir, antes del hecho, durante o después de cometido para lograr la impunidad (1). En consecuencia, con el grado de convencimiento que esta etapa del proceso requiere (artículo 306 del Código Procesal Penal), dable es compartir la conclusión formulada por el señor juez de grado. (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el pronunciamiento documentado (…) en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 792/12, GIMÉNEZ, Pablo G. y otro. Rta.: 18/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 335/12, "Correa, Héctor", rta: 09/04/2012. ASOCIACIÓN ILÍCITA. En concurso material con extorsión, en grado de tentativa cometido en forma reiterada. Existencia de los elementos del tipo penal "asociación ilícita". Confirmación. Fallo: "(…) decretó el procesamiento de los nombrados por considerarlos coautores del delito de asociación ilícita en concurso material con el de extorsión en grado de tentativa cometido en forma reiterada -tres hechos-. (…) en lo que concierne a los hechos subsumidos bajo el tipo penal de extorsión que damnificaran al matrimonio (…) - (…), propietarios de la lavandería sita en la calle (…); a (…), titular de un comercio del mismo rubro, sito en (…) y a (…), quien explota un restaurante en la avenida (…), (…) se encuentran ampliamente acreditados a través de sus declaraciones, en las que de forma conteste manifestaron tanto el modo en el que recibieron en sus locales sendas notas escritas en chino mandarín en las que se los instaba a comunicarse con diferentes celulares (…), como el temor que ello les ha causado para su integridad física y la de sus familias. Por otro lado, se ha constatado que en el primer y tercer caso los damnificados se han comunicado con los abonados que se les indicaba, siendo intimidados por un interlocutor que los constreñía a entregar una determinada suma de dinero a cambio de cierta garantía de protección (…). (…) Si bien la efectiva entrega dineraria sólo se concretó en el suceso que ofendiera a (…) y (…) -aunque mediando intervención de la División Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina, previamente anoticiada de lo que acontecía-, lo cierto es que en el caso de (…), la nombrada llegó incluso a pactar la fecha y la hora en la que habría de pagar lo que se le reclamaba y en el de (…), pese a que el reproche se limita a la recepción de las misivas intimidantes, lo cierto es que, como en todos los casos, más allá del grado que hubieran alcanzado las respectivas conductas en el íter criminis, se verifica tanto la exigencia ilegítima de dinero como el efecto causado por la intimidación ejercida, esto es el amedrentamiento y temor de los receptores. Así es que aparece incorrecto acceder al planteo del Dr. Piragini, en cuanto sostuvo la existencia de actos meramente preparatorios y, por ende, impunes. (…) Ahora bien, en lo atinente a las disquisiciones formuladas por el Dr. (…) en la audiencia en cuanto a la figura de la asociación ilícita (art. 210 del digesto sustantivo) (…). En primer término se destaca que han intervenido al menos cuatro personas, lo que afirma la cantidad de integrantes que prevé la norma (es decir tres o más), en tanto que, al menos quienes se encuentran imputados en este proceso, han actuado en conjunto y simultáneamente. Además, se advierte que ha existido un acuerdo previo de voluntades vinculado a la intención de cometer delitos. De otro lado, la circunstancia de que se incautaran en el procedimiento diversas anotaciones en las que constan una multiplicidad de direcciones, nos permite tener por corroborada cierta estabilidad o permanencia de la asociación. Finalmente, se verifica la característica de indeterminación de los delitos a cometer, que se vincula con el modo, tiempo y lugar en el que habrían de ser desplegados. (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fs. (…) de este incidente, en cuanto fue materia de recurso (art. 306 del Código Procesal Penal). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria B., González, Seijas, Cicciaro. (Sec.: Sosa). c. 44, WEIXING, Jin. Rta.: 06/01/2012

ASOCIACIÓN ILÍCITA. Procesamiento. Existencia de los elementos del tipo penal "asociación ilícita". Confirmación. Fallo: "(…) Analizadas las constancias de la causa, adelantaremos que los agravios introducidos por la defensa no logran desvirtuar la imputación, en tanto existen elementos suficientes para acreditar, con el grado de probabilidad que este estadio requiere, la existencia de una asociación ilícita como la que caracteriza el artículo 210 del Código Penal y el compromiso de (…) como integrante de la misma. Se ha dicho que la organización, como estructura objetiva, "debe tener carácter estable y ser duradera en el tiempo, de por lo menos tres personas, unidas en un orden, bajo la voluntad de los partícipes de cometer

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delitos en general, y la existencia de una relación de reciprocidad y uniformidad que es lo que hace al sentimiento de pertenencia de sus integrantes" (1). En este sentido, las transcripciones de las escuchas telefónicas obrantes a fs. (…), los estudios de voz efectuados por la División Scopometría de la P.F.A. (fs. …) y los testimonios de los perjudicados (…) (fs. ...), (…) (fs. …), (…) (fs. ...) y (…) (fs. …) dan cuenta de la actuación de una banda integrada por más de seis sujetos, de los cuales al menos dos se habrían comunicado en reiteradas oportunidades con abonados diferentes, simulando ser efectivos policiales o personal de algún nosocomio. Ello, a fin de establecer contacto con familiares de una persona supuestamente accidentada para así obtener datos concretos y luego ser utilizados con el fin de exigir a sus víctimas la entrega de dinero para el presunto rescate del mismo pariente que decían mantener como rehén. Tales elementos permiten también presuponer la existencia de un previo acuerdo de voluntades, pues de los diálogos captados entre los distintos integrantes de la pandilla se revela una interacción permanente con varios actores que se identificaron con diversos apodos ("…"), utilizado un lenguaje común y cifrado ("cobro", "rancho") y cumpliendo cada uno de ellos determinados roles dentro del grupo. En efecto, ha quedado demostrado que mientras unos cursaban las llamadas telefónicas a las potenciales víctimas, otros se encargaban de recoger el dinero que éstas debían entregar para la supuesta liberación de los cautivos. Justamente este último rol, es el que cabe asignar a la imputada (…) dentro de la mentada asociación. Para tal presunción se resalta de uno de los tantos diálogos protagonizados por tres miembros de esa organización delictiva ("…"), donde uno de ellos le indicara a los otros dos que no tenía "rancho" para un "cobro" en la zona del barrio de Palermo. Como respuesta, éstos le replicaron "que lo tire ahí… (…) se llama la minita que vive en frente… decile que salga la vieja (en referencia a una posible víctima) y que tome un taxi hasta (…) … hay un cantero ahí que le deje ahí a la plata" (ver transcripción de fs. … y constancia aclaratoria de fs. …). La inferencia que promueve esta comunicación apunta claramente a la referida (…), pues su nombre (…) guarda clara relación con el seudónimo "(…)" y reside precisamente en la misma cuadra y a escasos metros del sitio donde se acordaría la entrega (fs. …). A mayor abundamiento, reviste singular importancia para la incriminación de la sindicada, el hallazgo de los teléfonos secuestrados en el interior de su domicilio, dado que en uno de ellos se encontraba agendado uno de los números telefónicos que a las víctimas (…) les fuera suministrado por sus interlocutores (ver informe de fs. …), amén de registrar un contacto denominado "(…)" que podría relacionarla con uno de los otros miembros de esa organización antes señalados (cfr. fs. …). Al prestar declaración indagatoria a fs.(…), la inculpada negó integrar el grupo delictivo explicando que conoce a su coimputado (…) (a) "(…)" por la amistad que mantiene con su hermana (…), pero no así a (…) (a) "(…)". Esta débil disculpa se ha visto contrastada cuando el recién mencionado afirmó a fs. (…), mantener con la prenombrada una estrecha relación. Por lo demás, cabe añadir que la asociación ilícita es un delito autónomo, independiente de aquellos que la organización se proponga cometer, razón por la cual la ausencia de otros hechos constitutivos de delitos que puedan ser atribuibles a ese grupo no representa un impedimento para reprocharle a la encausada la figura prevista en el art. 210 del Código Penal, pues no se trata "de castigar la participación en un delito, sino la participación en una asociación o banda destinada a cometerlos con independencia de la ejecución o inejecución de los hechos planeados o propuestos" (2). Todo lo señalado alcanza para demostrar la íntima y estable vinculación que la incriminada mantenía, como mínimo, con tres de los miembros de la asociación, así como también su voluntad de integrarla y el rol específico que desempeñaba dentro de ella. Finalmente, y atendiendo ahora a la impugnación del monto de (…) pesos ($...) discernido en concepto de embargo, en modo alguno puede ser considerado excesivo para asegurar la eventual indemnización civil derivada del delito reprochado y los gastos del proceso, que incluye el pago de las costas y los honorarios devengados por los abogados actuantes (artículo 518 del CPPN). En consecuencia, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto (…) del auto obrante a fs. (…) en todo cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 596/12, GUERCIO, Walter M. y otro. Rta.: 18/05/2012 Se citó: (1) Donna, Edgardo "Derecho Penal, Parte Especial", T. II-C., Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2001, pág. 300. (2) Donna, Edgardo, "Derecho Penal, Parte Especial"", T. II-C, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fé, 2001, pág. 302.

AUDIENCIA ORAL. Reforma procesal (Ley 26.374). Procedimiento en Cámara. Letrado patrocinante que asiste sin el querellante a la audiencia. Habilitado. Nulidad rechazada. Fallo: "(…) En torno al planteo formulado en la audiencia oral por la defensa oficial, cabe referir que en lo concerniente a la sola concurrencia del letrado patrocinante de la querella, este Tribunal sostuvo que aquél se encuentra habilitado para fundamentar el recurso de apelación en la audiencia oral ante esta alzada (1), pues al constituir ese informe una actividad técnica, en la que únicamente los letrados pueden tomar la palabra, la 26

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional exigencia entonces de la mera presencia física del querellante conlleva una demasía que importaría un rigorismo ritual excesivo (2). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documento (…), en cuanto fuera materia recursiva". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 385, ATTAR COHEN, Isaac O. y otro. Rta.: 09/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 35.757, "Lorefice, Osvaldo", rta: 24/09/2008. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 35.729, "Selman, Christian", rta: 11/02/2009.

AUTORIZACIÓN PARA SALIR DEL PAÍS. Rechazada. Querellantes que recurrieron el sobreseimiento del imputado, estando en trámite el recurso. Ausencia de inconductas procesales. Exención de prisión bajo caución real. Autorización anterior de salida del país debidamente cumplida. Revocación. Concesión sin la entrega de su pasaporte por tratarse de un país limítrofe y poder viajar con DNI. Fallo: "(…) valoramos que el procesamiento, con prisión preventiva dictado (…) fue revocado por esta Sala con otra integración- (…), que dispuso su sobreseimiento de la totalidad de las imputaciones que pesaban en su contra, decisión que fue recurrida por la parte querellante, encontrándose en trámite el recurso de casación concedido por la Sala III al hacer lugar al recurso de queja interpuesto (…). A ello, debe sumársele que, tal como lo reconoció el magistrado, (…) no demostró inconducta procesal alguna desde el inicio de estos actuados -(…), ponderando incluso que, autorizado a viajar a la República Oriental del Uruguay en el verano de 2011, se presentó a su regreso. De la misma manera, se ha presentado a todas las citaciones que le fueron cursadas. A ello, cabe señalar que el Sr. agente fiscal no se opuso a la petición de la defensa, proponiendo, en su reemplazo, que se presente periódicamente a los estrados del tribunal, ello en virtud de la decisión desincriminatoria adoptada por esta alzada. Por este camino, merece señalarse que la exención de prisión concedida lo fue bajo una caución real, fijada por este tribunal (…). Así las cosas, frente a este cuadro, la negativa en la que se encerró el magistrado frente a la posible anulación del ad quem de la resolución dictada carece de fundamento, lo que impone autorizar al imputado a ausentarse del país (…) con destino a la ciudad de Buzios, Brasil, debiendo presentarse ante el a quo dentro del tercer día hábil posterior a su regreso. Sin embargo, no corresponde hacer entrega del pasaporte, habida cuenta la posibilidad de viajar con el documento nacional de identidad, por tratarse de un país limítrofe, integrante del Mercosur. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el punto dispositivo (…) de la resolución (…) y autorizar la salida del país de (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbaroch. (Sec.: Peluffo). c. 42.422, MARRERO, Alejandro Manuel. Rta.: 21/05/2012

CALUMNIAS E INJURIAS. Desestimación por inexistencia de delito. Expresiones vertidas en el contexto de una disputa sindical. Posibilidad de que las manifestaciones de adjudicación de conductas ilícitas y calificativos deshonrosos resulten idóneos para afectar el honor de la persona. Revocación. Fallo: "(…) La compulsa de lo obrado revela que las conductas adjudicadas a los imputados habrían tenido desarrollo en el marco de un presunto reclamo gremial. En ese contexto, (…) habría señalado durante una entrevista efectuada por la agencia de comunicación "(…)" el 10 de junio de 2011, que "…a nosotros nos maltratan psicológicamente discriminándonos, diciéndonos que somos extranjeros… y nos maltratan verbalmente…", como así también que "… el anterior delegado que hace cuatro años fue echado de la fabrica, fue agredido por el… por la misma patronal y mandado a golpear y pegar en la misma esquina de la puerta de la fabrica…". Por su parte, a (…) se adjudica haber manifestado por un medio televisivo que el querellante amenaza reiteradamente a sus dependientes y los discrimina por ser oriundos de otros países. El hecho de que los querellados se encontraban inmersos en un reclamo de mejores condiciones laborales en modo alguno puede justificar la formulación de las frases en cuestión, en tanto ellas conllevan la adjudicación de conductas ilícitas y calificativos deshonrosos que exceden la mera defensa de sus derechos y resultan idóneos para afectar el honor de la persona a quien se referían de ese modo. En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: Revocar la resolución de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Barros). c. 286, LUNA LIMACHI, Mario N. y otros. 27

Rta.: 12/04/2012

CAUCIÓN. Pedido de sustitución de caución real por juratoria o reducción del monto impuesto. Largo tiempo sin ser depositado el dinero. Modificación de la caución impuesta por una de tipo personal. Fallo: “(…) La circunstancia de haber transcurrido veinte días desde que fuera otorgada la excarcelación sin que se deposite el dinero evidencia que se ha convertido de cumplimiento imposible, vulnerando en el art.320 del Código Procesal Penal. Por ello, a fin de neutralizar el peligro de fuga que representa la causa que aún registra ante el Tribunal Oral en lo Criminal nro. (…), por el delito de tentativa de robo con armas y teniendo en cuenta lo que surge del informe socio-ambiental de fs. (…) del expediente principal, es prudente fijar una caución de tipo personal a efectos de no tornar ilusorio su derecho. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en cuanto concede la excarcelación de (…), modificando la caución impuesta por una de tipo personal de (…) pesos (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 718/12, PEREYRA HUNT, Cristian Julio. Rta.: 18/06/2012 CIRCUNVENCIÓN DE INCAPAZ. Defraudación. Sobreseimiento. Damnificado con retraso madurativo leve que lo inhabilitaría a realizar actos jurídicos y administrar sus bienes. Estado de vulnerabilidad psicológica. Revocación. Procesamiento. Fallo: "(…) Lo actuado en la causa con posterioridad a la última intervención de esta alzada revela la efectiva existencia de la estancia denominada "(…)" ubicada en (…), de la provincia de Santa Fe, dedicada a la cría de ganado vacuno, como su pertenencia a (…) (fs. …). Si bien no se verificó si esa actividad es desarrollada por una sociedad comercial y, en su caso, qué documentos contables posee, aspecto sobre el cual tampoco los imputados aportaron constancia alguna, existen elementos que autorizan el dictado del procesamiento de (…) como partícipe necesaria del hecho por el que (…) ha sido procesado y que encuadraría prima facie en el delito de defraudación por circunvención de incapaz (fs. …). Genera tal grado de convicción el tenor del contrato suscripto entre la imputada y (…), quien, tal como se verificó, presenta un retraso madurativo leve que lo inhabilitaría a realizar actos jurídicos y administrar sus bienes (fs. …). Véase que el documento no registró la operatoria de venta a (…) de sesenta cabezas de ganado vacuno por la suma de U$S (…) como alegan los imputados (fs. …), sino que se trató de un contrato por el cual el 1 de noviembre de 2008 se acordó el derecho a apacentar esa hacienda en el campo de (…) por el pago de un canon mensual. Tampoco en ese acto se identificó con marca o señal alguna a los sesenta animales que pertenecerían al damnificado a fin de permitir su individualización, lo cual, en principio, tornaba incierto e impreciso el objeto mismo de ese negocio. Se aduna a ello que desde el momento en que se suscribió el contrato en el año 2008 los imputados no rindieron cuentas a (…) ni le brindaron información acerca del destino de los bienes que habría adquirido, circunstancia que no se ve conmovida por las explicaciones y la liquidación practicada por (…) en su escrito de descargo. Por lo demás, cobra transcendencia el hecho de que durante ese período tampoco se le formuló a (…) reclamo de pago alguno pese a que el documento generaba, al menos en apariencia, esa obligación. Las circunstancias hasta aquí reseñadas, valoradas en conjunto y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, demuestran que el contrato en cuestión solo fue un instrumento utilizado para defraudar a un incapaz y que (…), en su condición de propietaria del establecimiento ganadero y firmante de aquél, no era ajena a las implicancias de esa operación y, en cambio, aportó una condición necesaria para la comisión del hecho ilícito. En tales condiciones, se RESUELVE: REVOCAR el auto de fs.(...) y dictar el PROCESAMIENTO de (...) como partícipe necesaria del delito de defraudación por circunvención de incapaz (artículos 45 y 174 inciso 2 del CP y 306 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 2.076, O., F. P. y otro. Rta.: 08/03/2012 CIRCUNVENCIÓN DE INCAPAZ. Desestimación por inexistencia de delito. Imputado beneficiario de un testamento como único heredero de todos sus bienes. Proceso civil en trámite en el que consta que el causante al momento de celebrar el testamento no adolecía de enfermedad o deterioro alguno. Atipicidad. Cuestión que debe ser resuelta en sede civil. Confirmación. 28

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fallo: "(…) Constituye el objeto procesal de la causa los sucesos denunciados por los Dres. (…), en representación de (…), únicos y legítimos herederos de R. Á., quien (…) celebró un testamento a favor de R. A. P., en el que lo instituía como único heredero de todos sus bienes, supuestamente aprovechándose de su avanzada edad, el delicado estado de salud, su inexperiencia y, posiblemente, de un engaño, el que luego el imputado presentara ante la justicia civil, en el marco del expte. nro. (…). En el marco del expte. (…) se impugnó y se solicitó la nulidad de dicho instrumento, también de trámite ante el Juzgado Civil (…). (…) tanto el (…) fiscal como el Sr. juez de grado, a la hora de resolver tuvieron especial consideración en los informes médicos obrantes en los expedientes (…). (…) el médico psiquiatra de cabecera, (…) asentó que la encontró "orientada auto y allopsíquicamente, coherente, lúcida, bien conectada con la realidad"; situación que varió para el año 2008 en tanto que para el año siguiente "ya presentaba una digresión de su pensamiento". (…) el Dr. (…) sostuvo que para el 20 de noviembre de 2007 se encontraba lúcida, siendo que su deterioro cognoscitivo comenzó a detectarse al año siguiente. Estos informes médicos, no controvertidos por la parte recurrente en la audiencia, permiten descartar el hecho denunciado en la figura de circunvención de incapaz, prevista en el art. 174, inc. 2° (…), habida cuenta que de ellos es posible afirmar que R. Á., a la fecha de celebrar frente a escribano el testamento luego presentado en sede civil, no adolecía de enfermedad o deterioro cognoscitivo alguno que le impidiese comprender las consecuencias del acto que suscribía, de manera tal que la cuestión aquí planteada deberá ser resuelta en sede civil, donde ya se han iniciado las acciones legales que consideran pertinentes para hacer valer sus derechos. (…) no corresponde hacer lugar a la pretensión de ser tenido por parte querellante, habida cuenta que el hecho denunciado resulta atípico (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los puntos I) y II) de la resolución de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 41.945, PRETA, Ricardo Atilio. Rta.: 21/03/2012

CIRCUNVENCIÓN DE INCAPAZ. Procesamiento. Imputados que aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de la víctima la indujeron a firmar un poder para enajenar un inmueble del que era titular. Imposibilidad de dar consentimiento por resultar incapaz. Perjuicio patrimonial. Confirmación. Fallo: "(…) Se imputa M. F. O. (escribana), el hecho acaecido (…) consistente en haber intervenido en la escritura (…), mediante la cual, N. S. C., quien no podría dar consentimiento válido por resultar incapaz, otorgara poder especial a C. B. N. para enajenar el inmueble de la calle (…). Por su parte, C. B. N. como apoderada de N. S. C., (…) vendió a E. M. G., aquel inmueble, interviniendo en el acto la escribana O. (…). Por otro lado, se imputa a E. M. G., el suceso (…) consistente en haber adquirido el inmueble, con conocimiento que N. S. C., le había suscripto a C. N. un poder especial, sin el debido consentimiento por resultar incapaz, lo que generó un perjuicio patrimonial ante la compra efectuada y formalmente inscripta, respecto del inmueble a la querellante R. (…) entendemos respecto a la encausada C. B. N. que ésta se ha aprovechado de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba su sobrina C. al inducirla a firmar un poder (…) a través del cual la habilitaba a enajenar el inmueble de la (…). Evidentemente, ante la posterior venta efectuada a G. y el correspondiente traspaso del dominio (…) se concretó el perjuicio económico a la damnificada. Por otra parte, teniendo en cuenta el vínculo familiar que une a la imputada con C., que según surge del legajo éstas tendrían una relación estrecha y que de acuerdo a lo sostenido por las partes en la audiencia, habría sido la propia hermana de la imputada la que habría iniciado el expediente que actualmente tramita ante el Juzgado (…) Civil n° (…), caratulado "C. N. S. s/inhabilitación", aparece inverosímil la cuestión planteada al respecto por la (…) defensa de N., esto es que ésta desconocía de la incapacidad de su sobrina. Más allá de que no se pretende exigir a la imputada conocimientos especiales sobre este punto, lo cierto es que esa relación a la que aludimos aparece suficiente como para que la encausada tuviera acabado conocimiento de los problemas de salud de C., los que, además, de acuerdo a los exámenes médicos glosados a la causa, aparecen por demás ostensibles para cualquier persona. Así las cosas, estimamos que N. actuó con el dolo directo que requiere el tipo bajo estudio, es decir con pleno conocimiento de que C. era una persona incapaz y con la voluntad de abusar de esa situación, valiéndose además de la confianza que aquella le tenía en virtud del parentesco que las unía. Sin perjuicio de que el delito se consumó con la firma del instrumento público, no podemos soslayar el daño al patrimonio de C. que trajo aparejado el posterior traspaso de dominio a un tercero. En relación a este tercero, que resulta ser E. M. G., consideramos que del mismo modo que N., ha actuado cumpliendo todos los elementos del tipo objetivo y subjetivo del tipo de la defraudación por circunvención de de incapaz, por lo que debe descartarse la buena fe aludida por su defensa (…). En cuanto a la situación de la escribana (…) la nombrada "debía tomar mayores recaudos de los debidos para determinar si la interviniente tenía capacidad suficiente" y que "no (le) podía pasar por alto que la otorgante del poder poseía sus facultades mentales alteradas (…) sin perjuicio de lo cual, desinteresándose por las consecuencias ulteriores, confeccionó el poder a favor de N.". (…) entendemos que en el caso de la notaria, ésta ha actuado con el mismo grado de conocimiento de las circunstancias que rodeaban el caso y con la misma voluntad de abusar de la situación de vulnerabilidad de la víctima que sus consortes de causa. (…) el tribunal RESUELVE: (…) II. CONFIRMAR el auto de fs. (…). (…)".

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C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.392, OTERO, María Fernanda y otros. Rta.: 22/05/2012

COACCIÓN. Procesamiento. Imputado que profirió frases amenazantes a la damnificada al tiempo que le mostraba balas de una pistola. Confirmación. Fallo: "(…) se procesó al nombrado por ser considerado, en principio, autor penalmente responsable del delito de coacción reiterada (hechos 1, 2 y 3, arts. 45 y 149bis, segundo párrafo, del CP y 306 del CPPN). (…) P. S. T. realizó una denuncia (…) ante la oficina de violencia doméstica de la CSJN. La nombrada manifestó que se encuentra casada y separada de hecho de A. O. P., siendo que fruto de esa unión nació M. A. (de 18 años de edad). Expresó que (…) -no recordando el día exacto-, (…) mientras se encontraba dentro del geriátrico de su propiedad, (…) se apersonó su esposo. Refirió que en esa ocasión no lo dejó estacionar sino que lo atendió en la puerta del establecimiento, oportunidad en la que aquél le dijo "vos me traicionaste, te voy a matar, si antes no te mate fue por tu hijo B., ahora entiendo como hay hombres que matan a sus familias, si vos me denuncias yo te voy a matar, ya te estuve esperando en la calle con un arma para matarte. También idee la manera de incendiar el geriátrico desde afuera sin que nadie se de cuenta", luego de lo cual se retiró y ella ingresó al geriátrico. Indicó que la única testigo fue la hermana del denunciado, S. N. P., quien se desempeña como empleada de la residencia de ancianos (…). (…) Narró que el día (…) recibió otro llamado (…) por parte de P., quien le dijo que estaba en la puerta de su casa y que necesitaba conversar con ella. (…) Explicó que en esa ocasión A. la volvió a amenazar al decirle "te voy a matar, vos me traicionaste, ahora la tenés que echar a mi hermana porque sino te voy a matar", al tiempo que le exhibía balas (…). Finalmente, manifestó que el día (…) su esposo se dirigió a su vivienda a los efectos de pasar a buscar a su hijo B. para ir a cenar con él. Refirió que en esa ocasión P. le pidió ingresar a la casa pero no se lo permitió y que ni ella ni el descendiente que tienen en común -M. A.-, salieron de la vivienda a despedirlo. Expresó que cerca de la medianoche recibió un llamado telefónico (…) por parte de P. quien, de manera muy alterada, le dijo "vos sos una hija de puta, te voy a matar porque por culpa tuya ya no tengo contacto con mi hijo M, vos sabías que yo estaba en la puerta de tu casa y no me dejaste pasar, te voy a matar y no vas a saber de donde va a venir", ante lo cual, cortó la comunicación. Señaló que enseguida recibió otro llamado telefónico del nombrado quien continuó amenazándola de muerte. Sostuvo que el imputado nunca portó armas de fuego y que estaba segura que no tenía autorización para tenencia o portación (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto dispositivo (…) de la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.027, P., A. O. Rta.: 16/03/2012

COMPETENCIA. Atribución de competencia a la justicia federal. Imputadas que se aprovecharon del estado de salud mental y edad avanzada de la damnificada y mediante el pretexto de conseguirle una obra social, le hicieron firmar un documento que les permitió cobrar su jubilación y pensión, no resultando el dinero cobrado destinado a sus gastos. Perjuicio patrimonial a la víctima. Revocación. Justicia de instrucción. Fallo: "(…) se declaró la incompetencia en razón de la materia debiéndose remitir la causa a la oficina de sorteos de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a fin de que se desinsacule el juez que deberá continuar con la presente investigación (…). (…) el Sr. Fiscal, quien tiene delegada la instrucción (…) solicitó la declaración indagatoria de (…) y (…), por presumir que éstas se aprovecharon del delicado estado de salud mental y edad avanzada de (…) y mediante el pretexto de conseguirle una obra social, la hicieron firmar un documento que les permitió cobrar su jubilación por edad avanzada, y, luego, una pensión. El accionar fue en provecho de las imputadas, y como contrapartida de ello, le generó un perjuicio a la víctima, puesto que el dinero cobrado por éstas no fue destinado al pago de ninguno de sus gastos, como ser, el alquiler de su departamento, las expensas, su alimentación y vestimenta. (…) A nuestro juicio (…) el perjuicio patrimonial se verificaría en la persona de (…), en tanto no surgen cuestionamientos (…) acerca de la viabilidad del beneficio jubilatorio detectado, ni que las actividades de las imputadas hubieran tenido por objeto corromper el buen funcionamiento del empleado del ANSES, o su engaño para que se cumpliera con el pago que, en principio, como se indicara, correspondía realizar. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión (…), debiendo continuar el asunto ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Biuso). c. 42.496/2012, RUTIGLIANO, Clarisa y otro. Rta.: 01/06/2012 30

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

COMPETENCIA. Corrupción de menores, abuso sexual con y sin acceso carnal agravado por el vínculo. Competencia del juez que previno. Necesidad de analizar toda la prueba en conjunto. Revocación de la incompetencia parcial. Fallo: “(…) II.b) Ahora bien, no se comparte la consideración fragmentaria y aislada que realizó la juez respecto de los sucesos que habrían ocurrido en esta ciudad cuando (…) ya era mayor de edad y que la llevaron a sostener que aquéllos no sucedieron, disponiéndose el sobreseimiento del indagado únicamente por tales hechos. Lógica que la llevó a declinar su competencia a favor de la justicia penal de la ciudad de Mercedes. En el legajo se verificó, en principio, que (…) cometió una serie de abusos sexuales reiterados en distinto tiempo y lugar en perjuicio de sus hijas, con capacidad de desviar el libre crecimiento sexual de las personas, esto es, una pluralidad de comportamientos de esa naturaleza que conforman una unidad de conducta desde la óptica jurídica y respecto de ambas damnificadas en igual contexto de acción y tratándose de un delito de peligro es innegable la idoneidad de corromper que llevaban ínsitos los actos endilgados al indagado. Los actos corruptores cuando se generan con otras lesiones a las designaciones del sistema penal poseen relación concursal conforme las reglas generales sobre la materia (1). Así, se impone revocar el temperamento desvinculatorio adoptado, debiendo todos los eventos integrar el procesamiento decretado en el punto I del auto impugnado y modificar el encuadre legal efectuado a las figuras de abuso sexual, integrado por actos con y sin acceso carnal, agravado por el vínculo, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores calificado por haber sido cometido por un ascendiente, que a su vez concurre realmente al resultar víctimas (…) y (…). II.c) Este razonamiento incide directamente en la incompetencia territorial decretada pues, tratándose de un delito cometido en distintas jurisdicciones debe mantenerse la intervención de la juez que previno por aplicación del principio de estabilidad de la competencia (2) y como consecuencia de ello corresponde revocar el punto III del decisorio apelado. Más aún cuando la prueba debe ser analizada en su conjunto para arribar a soluciones de mayor certeza y evitar una múltiple persecución por mismas imputaciones en violación al artículo 18 de la Constitución Nacional. Por ello, el Tribunal RESUELVE: I) Confirmar el punto I del auto de fs. (…), debiéndose modificar la calificación legal asignada por resultar en principio el indagado autor de los delitos de abuso sexual, integrado por actos con y sin acceso carnal, agravado por el vínculo, en concurso ideal con el delito de corrupción de menores, calificado por haber sido cometido por un ascendiente, que a su vez concurre realmente al ser víctimas (…) y (…) (artículos 45, 54, 55, 119, primero, segundo y tercer párrafo e inciso b) y 125, tercer párrafo del Código Penal, versión Ley 25.087); II) Revocar el punto III del decisorio de fs. (…), debiendo continuar la causa tramitando en esta sede; III) Revocar el punto IV de ese pronunciamiento, en cuanto decretó el sobreseimiento de (…). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 481/12, Z., J. C. Rta.: 21/06/2012 Se citó: (1) nota (185) en “Código Penal de la Nación” D´Alessio.-Divito, T° II, p. 272; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 39.654, “Arriola, Alberto Martín”, rta.: 24/6/2010. COMPETENCIA. Desapoderamiento de mercadería transportada producido durante el tramo de descarga. Bienes sometidos a menor vigilancia por parte de su dueño. Hurto agravado. Justicia de instrucción. Fallo: "(…) I. Concita la atención de la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa oficial contra el auto documentado (…), punto V, en cuanto se dispuso el procesamiento de (…) en orden al delito de hurto agravado por tratarse de mercaderías transportadas en grado de tentativa (arts. 42, 45 y 163, inc. 5º del Código Penal y arts. 306 y 312 del Código Procesal Penal de la Nación). Igual remedio procesal se articuló respecto de la declaración de incompetencia del juzgado correccional a favor de la justicia de instrucción (…, punto VIII). II. (…). III. En cuanto a la declaración de incompetencia recurrida, el Tribunal comparte el criterio asumido por la señora juez correccional, toda vez que del relato del damnificado surge que el desapoderamiento de la mercadería transportada se habría producido durante el tramo de la descarga y que por ello los bienes se encontraban sometidos a una menor vigilancia por parte de su dueño, resultando pertinente que el caso se sustancie desde la perspectiva de la figura penal agravada, que resulta del conocimiento de la justicia de instrucción. En efecto, (…) ya había iniciado la descarga y es razonable inferir que tal actividad resultó divisada por la imputada al tiempo del hecho, tanto como la momentánea ausencia de aquél cuando cumplía el traslado de los bienes (…), justamente en una zona de vasta actividad comercial. En el caso, no pueden existir hesitaciones en torno a que se trata de "mercaderías" y que el suceso tuvo lugar en uno de los momentos a que alude el art. 163, inciso 5°, del Código Penal, ello es, al tiempo de su descarga, 31

por cualquier medio motorizado (1), además de que debe tenerse por acreditado el elemento subjetivo que exige la figura, dado que, en función del cuadro fáctico aludido, la imputada conocía que se trataba de mercaderías que eran objeto de tal descarga (2). En consecuencia, esta Sala RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), puntos V y VIII, en cuanto fueran materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Cicciaro, Álvero. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 544, BUSTAMANTE, Sabrina Elizabeth. Rta.: 08/02/2012 Se citó: (1) Carlos A. Tozzini, Los delitos de hurto y robo, Depalma, Bs. As., 1995, p. 221. (2) C.N.C.P., Sala I, "Carrasco Palma, Marcelo", rta: 15/06/2006.

COMPETENCIA. En razón de la materia. Colocación por parte del imputado de una chapa metálica en la abertura de expendio de dinero del cajero para evitar la entrega. Hecho que permite varias posturas en cuanto al encuadre jurídico. Conveniencia en mantener la intervención del juzgado de competencia más amplia. Revocación. Disidencia: Hecho que encuadra en el artículo 162 del C.P. Justicia correccional. Confirmación. Fallo: "(…) Los jueces Rodolfo Pociello Argerich y María Laura Garrigós de Rébori dijeron: Si bien el fiscal de grado impugnó la decisión de la instancia anterior por entender que el hecho que se investiga en autos consistente en la introducción de una chapa metálica en la abertura de expendio de dinero de un cajero automático, destinada a evitar la entrega de billetes a su propietario- encuadra en la figura prevista en el artículo 164 del Código Penal, el Dr. Nicolás Amelotti sostuvo el recurso interpuesto por su inferior jerárquico pero con fundamentos distintos. (…)el acusador público expresó que, a su juicio, el evento denunciado consistiría en una autoría mediata del tipo penal establecido en el artículo 173, inciso 15° del Código Penal, precisamente en el supuesto de una defraudación mediante la utilización no autorizada de los datos de una tarjeta de débito a través de una operación automática. El recurrente explicó que el autor utilizó a la víctima como instrumento, toda vez que ésta realizó la operación, pero el evento fue dominado por la persona que estaba escondida esperando que el sujeto finalice su accionar. Es decir, quien procuró extraer dinero procedió en la creencia de que llevaba adelante una operación válida aunque, en realidad, colocaba sus datos conforme lo requiere el tipo penal en cuestión, y efectuaba una maniobra para otra persona, quien tuvo el dominio del hecho en base al error de la víctima. En este contexto, se aprecia que la postura sostenida por el representante del Ministerio Público Fiscal en modo alguno modifica la base fáctica que fue objeto de imputación inicial, suscitándose en consecuencia y respecto de esta última postura una diferencia en cuanto al encuadre jurídico que correspondería atribuirse, de lo que se concluye que resulta conveniente mantener la intervención del juzgado con competencia más amplia. Disidencia de la jueza Mirta López González dijo: (…) considero, tal como lo he sostenido en oportunidades anteriores (c. 39.229 "N.N. -Damf. Miguel Antonio Rosa- s/hurto -contienda-", rta. 21 de mayo de 2010, entre otras) que la conducta en estudio encuadra en la figura prevista en el artículo 162 del Código Penal. En este sentido, y sin llegar al análisis de la autoría, la calificación legal que propone el acusador público debe reunir las características propias del ilícito de estafa genérica, circunstancia que no ocurre en supuestos como el de autos. A mi criterio mucho menos la que postula el fiscal de esta instancia, por cuanto la tipicidad objetiva del inciso 15 del art. 173 del Código Penal, requiere que el sujeto activo pueda, mediante las formas allí descriptas, acceder a los datos y a partir de eso defraudar mediante su uso. Nótese en esa dirección, que podría ocurrir un impedimento circunstancial (por ejemplo que tampoco él pudiera retirar el dinero) lo que no le permitiría asirse de aquél ante la imposibilidad de conocer los verdaderos datos del titular de la tarjeta, situación que a mi modo de ver contempla la figura que actualiza conductas relacionadas con la incorporación de la tecnología a la vida cotidiana. Por ello creo que la maniobra a investigarse no puede superar la jurisdicción de la justicia correccional y así lo voto. (…) se RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Poleri). c. 389/12, OLGUIN, Daniel A.R. Rta.: 06/06/2012

COMPETENCIA. En razón de la materia. Residuos peligrosos en la vía pública. Revocación. Justicia federal. Fallo: "(…) entendemos que asiste razón al impugnante, motivo por el cual habremos de revocar el auto impugnado. 32

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Ello así pues, la ley 24.051 en su artículo 58 estableció sin limitación alguna la competencia del fuero federal en materia de residuos peligrosos. Por otro lado, la ley 25.612, sancionada en sustitución de la anterior (conf. art. 60), fue promulgada por el Poder Ejecutivo con observaciones a las normas inherentes a la responsabilidad penal (arts. 51 al 54), tal y como surge del art. 1 del decreto 1343/02, observación que se hizo extensiva al primer párrafo del art. 60 por el que se derogaba in totum dicha ley anterior. De ello se desprende que, si las normas que componen el régimen penal no han sido modificadas, tampoco lo ha sido aquella que explícitamente otorga competencia a la justicia de excepción; pues, el art. 58 de la referida ley 24.051, por imperio del veto parcial señalado, mantiene plena vigencia. (…) pese la línea argumentativa esbozada por el juez de excepción y sostenida por el magistrado de instrucción, en torno a la necesidad de que los efectos nocivos sean interjurisdiccionales para que intervenga la justicia de excepción, que se basa, a su vez, en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este tribunal considera que la posible afección a las personas que generen los depósitos de residuos peligrosos en la vía pública constituye un presupuesto de punibilidad y no de competencia. A tal fin, no puede dejar de considerarse que ya se ha determinado pericialmente que los compuestos analizados en autos se encuentran contenidos en la ley 24.051 y, por ende, las demás cuestiones inherentes al tipo penal, entre ellas, la capacidad nociva de las sustancias en cuestión para poner en peligro la salud de las personas, deben ser relevadas y decididas por el instructor que tenga asignada por ley la competencia en materia de residuos peligrosos, esto es, el juez federal. Tal postura sostuvimos en la causa n° 36.941 "Center Oil s/ inf. ley 25041" rta. 21/05/09, a cuyos fundamentos nos remitimos por ser análoga la situación planteada. (…) se resuelve: Revocar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Vilar). c. 47, PAPADOPULOS, Luis A.

Rta.: 24/02/2012 COMPETENCIA. En razón del territorio a la provincia de Buenos Aires. Competencia delimitada por el lugar donde tuvo principio de ejecución la maniobra. Lugar de infracción a la ley 11.723. Edición de la obra sin autorización. Capital Federal. Revocación. Fallo: “(…) III.-) De la competencia: La doctrina ha sostenido que tal como concluyó la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Los hechos delictivos se reputan cometidos tanto en el lugar en que se desarrolló alguna parte de la acción como en aquél donde se produjo el resultado” (1),…por lo que es preciso que la elección de alguna jurisdicción se determine atendiendo a las exigencias planteadas por la economía procesal, la necesidad de favorecer la buena marcha de la administración de justicia y, en su caso, la defensa de los imputados” (2)”… teniéndose especialmente en cuenta, a los fines de esto último, su domicilio” (3). En relación a la figura investigada la competencia quedará delimitada por el lugar donde tuvo principio de ejecución la maniobra, es decir donde se dispuso la edición de la obra (4) que, en este caso, coincide con la sede central de la empresa que preside el imputado, quien además reside en esta ciudad, aspectos que nos convencen de la necesidad de que continúe el juzgado de origen. En virtud del acuerdo que antecede, este Tribunal RESUELVE: REVOCAR los puntos I y II del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini (por sus fundamentos), Filozof (en disidencia parcial), Pinto ( por sus fundamentos) c. 443/12, RAINONE, Christian Gabriel. Rta.: 18/05/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos 303:934; (2) C.S.J.N., Fallos 323:2582; 321:1010; 316: 820; (3) C.S.J.N., Fallos 313:824. Navarro, Guillermo Rafael, Daray, Roberto Raúl, “Código Procesal Penal de la Nación”, Tomo I, Hammurabi, tercera edición, 2008, p. 185; (4) C.S.J.N., Fallo 324:3326.

COMPETENCIA. En razón del territorio. Perjuicio patrimonial: donde se produce la disposición patrimonial perjudicial. Justicia de instrucción. Hechos: el fiscal apeló la incompetencia declarada en razón del territorio y la remisión de las actuaciones al Juzgado de Garantías de la Provincia de Buenos Aires. Los imputados desapoderaron al denunciante de una suma dineraria al venderle una consola de juegos play station, cuando desde un principio sabían que nunca se la entregarían. Sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal que el perjuicio patrimonial se produjo en el lugar donde la víctima dispuso de su dinero para adquirir la consola de juegos, lo que ocurrió en la oficina de correo ubicada en el ámbito de esta ciudad. 33

Fallo: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que “...tanto el lugar en el que se desarrolla el ardid propio de la estafa como aquél en que se verifica la disposición patrimonial, deben ser tenidos en cuenta para establecer la competencia territorial, la que se resolverá, en definitiva, conforme a razones de economía procesal y mejor defensa de los imputados”. En este caso, la disposición patrimonial perjudicial se produjo en esta ciudad cuando (…) pagó el precio en el correo Argentino (…). Además, no debe soslayarse que aquí se ha practicado casi toda la investigación, por ende al aplicar el criterio antes expuesto corresponde que la pesquisa siga en esta jurisdicción. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso y disponer que la causa continúe a cargo de la Justicia de Instrucción. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 60, NIEVAS, Nadia Lujan y otro. Rta.: 13/04/2012 COMPETENCIA. Encubrimiento agravado. Animo de lucro: posibilidad de uso o de cambio de los objetos receptados. Justicia de Instrucción. Disidencia: figura básica. Hechos: la defensa apeló la resolución que declaró la incompetencia y dispuso la remisión de la causa a la justicia de instrucción. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: La declinatoria dispuesta no puede ser avalada. Es que la mera tenencia de un bien de origen ilícito no basta para sostener que fue recibido con un propósito lucrativo, es decir, con el fin de obtener una ganancia apreciable en dinero. Tal como hube de sostener en anterior oportunidad, en el delito de encubrimiento, el mentado ánimo de lucro -otrora exigido en la figura básica- constituye un elemento subjetivo del tipo calificado (CP, art. 277, inc 3° "b"), similar al previsto en otras disposiciones legales -CP, arts. 22 bis, 126 y 268 (1)-, que supone una ultraintención orientada al logro de un beneficio económico y que -por ende- no debe reputarse satisfecho simplemente- con la realización de la acción típica de la figura básica. En conclusión, adquirir o recibir un objeto robado -con conocimiento de su procedencia ilícita- constituye un comportamiento antijurídico que no implica ni puede implicar -sin más- que el autor haya obrado con ánimo de lucro, y a falta de probanzas que acrediten este último, el accionar de la aquí imputada debe ser encuadrado en la figura básica del art. 277 inc.1°, apartado "c". Por los motivos expuestos, considero que debe revocarse la resolución impugnada. Así voto. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: En torno a la calificación legal discutida, en cuanto atañe al ánimo de lucro que agrava la figura básica de encubrimiento (art. 277, inciso 1° "c" e inciso 3° "b", del Código Penal), cumple mencionar que la posibilidad de uso o de cambio de los objetos receptados satisface el fin lucrativo exigido en la norma. En suma, compartiéndose los argumentos desarrollados por el señor juez de grado, voto por homologar el auto puesto en crisis. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), coincido con lo sostenido por el juez Juan Esteban Cicciaro, cuyos argumentos comparto. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito (en disidencia), Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Besansón). c. 170, POLO, María Elvira. Rta.: 26/03/2012

COMPETENCIA. Excepción de incompetencia rechazada. Falsificación de acta de matrimonio. Destrucción de actas del libro de Registro Civil, expedición de una certificación de la pieza fraguada presumiblemente en un Registro Civil de la provincia de Santa Fé. Uso de ese documento en Capital Federal, en un juicio sucesorio para la obtención de un beneficio. Sumario con investigación avanzada en esta ciudad. Principio de economía procesal. Confirmación. Fallo: "(…) Tal como lo indicó la magistrada, de hacerse lugar a la petición formulada por la fiscal a fs. (…), la investigación en aquella jurisdicción abarcará -presumiblemente- una pluralidad de maniobras y posibles responsables, relacionados con la falsificación del acta de matrimonio respectiva, con la destrucción de las actas de los Libros del Registro Civil y con la expedición de una certificación de la pieza fraguada-, delitos en los que podrían resultar implicados tanto empleados y/o funcionarios de ese registro, cuanto la propia (…), en este caso, en vinculación con la falsificación misma y/o a su instigación. Sin embargo, esta última circunstancia no justifica de modo alguno la remisión de las presentes actuaciones a una sede ajena a aquélla en que se hizo uso de ese documento para procurar en Capital Federal -presentación

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional mediante por ante el juez del sucesorio- obtener un beneficio ilegítimo en relación a los bienes del acervo hereditario de (…). No se ha acreditado en autos que aquellas actuaciones administrativas iniciadas en la Provincia de Santa Fe (ver fs…) dieran lugar a una denuncia y subsiguiente intervención judicial, con lo que la remisión propiciada resulta contradictoria con el principio de economía procesal, por cuanto este sumario se halla procesalmente muy avanzado y aquella investigación que, como dijimos, no se ha verificado como radicada. Es cierto, como lo afirma la jueza, que existen casos en que la investigación de la falsificación de un documento puede escindirse de su ulterior uso; éste es uno de esos. Sin perjuicio de ello, de determinarse en el curso sumarial una coincidencia entre uno de los autores de la falsificación (o que hubiera instigado su realización) y quien fue individualizado como responsable de ese uso -hipótesis en que la defensa ubica a (…)- no corresponderá atribuirle una doble responsabilidad sino enmarcar su situación en términos del artículo 296 del Código Penal, o, de haber sido ya condenada por el uso, considerar cosa juzgada la eventual imputación por la falsificación. (…) el tribunal RESUELVE: Confirmar la decisión de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Herrera). c. 100, GARCIA, Mónica A. Rta.: 09/03/2012

COMPETENCIA. Falso testimonio. Bien jurídico tutelado: administración de justicia. Presunta deposición falsa prestada en investigación de competencia federal. Justicia federal. Fallo: "(…), concita la atención de la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante, en contra de la declinatoria de competencia decidida (…). Al respecto y de conformidad con lo manifestado por el señor juez de grado, en el particular caso del sub examen se estima que, el hecho en cuestión resulta de competencia del fuero de excepción. En tal sentido, tiene dicho esta Sala que "…en razón de que el bien jurídico tutelado por el delito de falso testimonio es la administración de justicia, la presunta deposición falsa prestada en una investigación de competencia federal debe ser tratada por la justicia federal…" (1). En consecuencia, teniendo en cuenta que la hipótesis extorsiva guarda intima relación con el aludido falso testimonio, en toda la maniobra debe conocer un mismo magistrado -distinto de aquél en cuya investigación se prestaron las declaraciones cuestionadas- en aras de evitar soluciones contradictorias. (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 347, MARTÍNEZ, María Zulema y otra. Rta.: 19/04/2012 Se citó: (1) C. N. Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.485, "Robles, Fernando", rta: 27/04/2009. COMPETENCIA. Fiscal que recurre la incompetencia dispuesta por el juez de instrucción a la justicia correccional. Imputada: madre de una menor que se lleva a su hija del hogar conyugal por un conflicto familiar y posteriormente regresa. Adecuación típica: art. 1 de la Ley 24.270. Confirmación. Hechos: la fiscal apeló el auto del juez de instrucción que se declaró incompetente y ordenó la remisión de las actuaciones a la justicia correccional. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: Conforme a la denuncia formulada por (…), el día 18 de marzo del corriente año, su pareja (…) se llevó a la hija que tienen en común -..., nacida el 14 de enero pasado-, a raíz de que él le habría manifestado a la imputada su intención de separarse y, ante ello, ésta lo habría amenazado con matar a la menor, en caso de no continuar con la relación, desconociendo su paradero. Por último, (…) refirió que la encartada le envió mensajes de texto desde el celular de una amiga solicitándole dinero, bajo amenaza de que no volvería a ver a su hija (…). Posteriormente se determinó que la imputada regresó, junto con la niña, a la vivienda del denunciante (…). La Fiscalía sostuvo que de momento no es posible descartar que la conducta endilgada a (…) se ajuste a lo normado en el artículo 146 del Código Penal. Por el contrario, estimo que asiste razón al juez instructor, toda vez que conforme a las constancias señaladas, la madre de la menor goza de los derechos inherentes al ejercicio de la patria potestad y, en consecuencia el hecho denunciado solo podría encontrar adecuación típica, a todo evento, en las disposiciones del artículo 1° de la ley 24.270 (1), de modo que el auto impugnado merece ser homologado. Así voto.

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El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Adhiero a la solución propuesta por el Dr. Divito; sin perjuicio de sostener que el ejercicio de la patria potestad no es óbice para que se incurra en la conducta prevista en el art. 146 del Código Penal (2). Más allá de cierta coincidencia fáctica que pueda darse entre el delito previsto en la ley 24.270 y algunas de las acciones que el art. 146 del C.P. pune, ambas figuras difieren notablemente en la pena prevista, dato no menor, que guía la interpretación en relación al principio de proporcionalidad. Así, la cuestión a analizar radica en el tenor de la acción llevada adelante; entonces un simple incumplimiento en las obligaciones que como padres separados les competen a las personas, no podría constituir el delito de sustracción de menores. En este sentido, Soler sostiene que bien la ley no reprime la pura ofensa a los derechos familiares, sino el hecho de hacer desaparecer al menor, esto es, robarlo a los padres, no podrá aplicarse la figura al padre que sustrae y retiene para sí a un menor, arrebatándoselo al cónyuge que legalmente lo tenía, siempre que no pueda afirmarse que se ha hecho desaparecer al menor (3). Bajo estos preceptos, vistos los antecedentes reunidos en la presente causa, entiendo que de momento no existen elementos que permitan suponer que la conducta investigada exceda las previsiones del art. 2° de la ley 24.270. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), punto I, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Pociello Argerich. (Sec.: Besansón). c. 583/12, F., M. L. Rta.: 13/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 41.615, "S., M. N.", rta: 30/09/2011. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. "P., L. A.", rta: 21/10/2004. (3) Sebastián Soler, Derecho Penal Argentino, 4ta. ed. actualizada por Manuel A. Bayala Basombrio, t. IV, Tea, Bs. As., 1988, p. 67 y ss.

COMPETENCIA. Hostigamiento. Jefa de laboratorio que al renunciar a su puesto y luego que el laboratorio fuese inspeccionado por el ANMAT comenzó a recibir en su teléfono y en su perfil de Factbook mensajes de tipo intimidatorios en los que se la responsabilizaba de la inspección. Justicia contravencional. Disidencia: coacciones agravadas por cuanto la damnificada fue amenazada previamente para no realizar la denuncia ante la ANMAT. Revocación. Justicia de instrucción. Fallo: "(…) Constituye el objeto procesal de la presente causa, el suceso denunciado (…) oportunidad en la que manifestó que el día (…) había renunciado al cargo de jefa de sector de control de calidad del laboratorio "(…) SA", por estar en desacuerdo con la política de calidad de la empresa. Así, cumpliendo con sus obligaciones profesionales, dio a conocer su renuncia a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), entidad ante la que expuso su disconformidad y la que dos días después (…) realizó una inspección en el laboratorio a raíz de una denuncia recibida y sobre la que la denunciante dijo no tener nada que ver, con el objeto de establecer la totalidad de las actividades técnicas y legislativas de la firma. (…) ese día comenzó a recibir en su teléfono celular y en su perfil de Facebook distintos mensajes en los que se la responsabilizaba por la inspección. (…). (…) Además de otros mensajes de idéntico tenor, ese mismo día, (…) recibió un llamado telefónico en el que le dijeron "ya sabemos donde estás, preparate flaca" (txt) y al llegar a su domicilio (…) observó que en la vereda habían escrito frases con aerosol que rezaban "V. M. trucha", "farmacéutica trucha" "gracias por dejarnos sin trabajo" y le habían arrojado a la puerta de ingreso varias bolsas de consorcio que contenían desechos farmacéuticos, que se hallaban desparramados sobre la vereda, mientras que la puerta se encontraba pintada con rayas negras y aparentemente su cerradura había sido forzada. Ante ello, comenzó a caminar por la calle (…) y a su lado pasó un auto muy cerca suyo, a alta velocidad, de donde una hombre le gritó "Deja de hacer denuncias o tenés que tener cuidado con el auto, vos sabés" (txt). Finalmente (…) la querellante dijo haber recibido un llamado donde una empleada del laboratorio le comentó que se estaban repartiendo volantes en la firma, los que incitaban a la violencia contra su persona. Por su parte, el esposo de la denunciante (…) refirió que (…) recibió un llamado a su teléfono laboral, en el que una mujer le refirió "escuchame hijo de puta, déjense de joder, los vamos a cagar a palos a vos y a tu esposita" (txt), mientras que (…), quien también renuncio a "(…) SA", en la época que lo hizo (…), dijo que recibió mensajes tales como "te vamos a encontrar hijo de puta" entre otras frases agraviantes. El Juez Jorge Luis Rimondi dijo: (…) las frases y mensajes recibidos por (…) se enmarcan dentro de una conducta global, que tendría como fin la constante perturbación de la damnificada, (…) originados en la falsa creencia de que, según ella misma refiriera, había realizado una denuncia ante la ANMAT, sin que se evidencie que tales conductas tengan la entidad suficiente como para configurar el delito de coacción, ya que estarían motivadas en un suceso ya pasado, con lo cual en nada podría afectar un hacer o no hacer de la damnificada, de forma tal de ser subsumidas en el tipo penal del art. 149 bis in fine del CPN. Por ello, (…) toda vez que al tratarse de una única conducta que tendría como finalidad perturbar y fastidiar el ánimo de la damnificada, corresponde que sea la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien evalúe la posibilidad de hallarnos frente a la figura del art. 52 del Código Contravencional de la ciudad. El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) entiendo que los hechos denunciados (…) se subsumen en el delito de coacciones agravadas, por cuanto la damnificada fue amenazada previamente para que no realizara la denuncia ante la ANMAT. (…) Por ello, voto por revocar el auto apelado y mantener la competencia de la Justicia (…) de Instrucción (…). El Juez Luis María Bunge Campos manifestó: (…) adhiero al voto del Juez Jorge Luis Rimondi (…). (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto (…) en cuanto declinó la 36

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional competencia para intervenir en las presentes actuaciones a favor de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (…)".

C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi (por su voto), Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos (por su voto). c. 42.374, E., H. y otro. Rta.: 28/05/12

COMPETENCIA. Infracción a la ley de propiedad intelectual y a la ley de marcas y designaciones. Concurso ideal. Única conducta. Justicia federal. Fallo: "(…), convoca a la Sala el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra el auto (…), por el cual la señora juez de instrucción aceptó la competencia atribuida por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal (…). Se atribuye a (…) el suceso verificado el 9 de enero de 2010, consistente en haber ofrecido para su venta, en la calle (…) frente al número catastral (…) de esta ciudad, ciento cincuenta videos de carácter apócrifo, que se hallaban envueltos con un nylon transparente y ostentaban una fotocopia en color en sus frentes a modo identificatorio. Cabe mencionar que las experticias efectuadas dieron cuenta de que "los discos contienen grabados, en su gran mayoría, títulos fílmicos, siendo estos grabados mediante procedimientos que escapan a los métodos convencionales empleados para su fabricación por tratarse de grabaciones realizadas sobre soportes formato CD-R y DVD-R…se deben considerar como reproducciones ilegales" (…) y que "las láminas de películas incriminadas son 'apócrifas', debido a que no poseen las características que ostentan las láminas indubitables que conforman los archivos de la división…Los soportes digitales propiamente dichos, corresponden a CD-R, conocidos comercialmente como vírgenes o gravables" (…). Al respecto, se ha dicho que "no corresponde descartar la infracción a la ley 22.362 por la sola circunstancia de que la calidad de los artículos no provocaría engaño en los adquirentes, ya que el ilegítimo empleo de los recursos de publicidad y difusión de la actividad comercial inherente a las marcas en cuestión, acarrea un perjuicio a sus titulares que debe interpretarse alcanzado por la infracción de que se trata, si el propietario de los derechos debe competir con el uso desleal de la misma imagen del producto que construyó con su esfuerzo económico, por lo que ese aprovechamiento debe considerarse fraudulento" (1). En sentido similar se ha pronunciado la Cámara Federal de Casación Penal, en un caso análogo al presente (2). Asimismo, el más Alto Tribunal sostuvo que "si el caso resulta aprehendido por dos disposiciones penales leyes 11.723 y 22.362- que concurrían en forma ideal, cuando ambas infracciones habrían sido cometidas simultáneamente mediante una única conducta, es competente el juez federal, más allá de que la infracción a la propiedad intelectual sea ajena a su conocimiento" (3). (..), esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado (…), primer párrafo y NO ACEPTAR la competencia atribuida por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal a la jurisdicción ordinaria para intervenir en estos actuados, invitándola en caso de no compartir el criterio expuesto, a elevarlos a la Cámara Nacional de Casación Penal, a fin de que dirima la contienda". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 427/12, BINDI, Daniel H. Rta.: 15/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 34.739, rta: 25/07/2008. (2) C.F.C.P., Sala II, c. 14.013, "Totev Totev, Jorge Gastón", rta: 19/03/2011. (3) C.S.J.N., Fallos: 323:169.

COMPETENCIA. Infracción ley 11.723, a través de la Web. Querella que recurre la declinación del Juzgado de Instrucción a favor de la justicia provincial. Exclusión de la aplicación del principio territorial ante la comisión de un delito a través de la web. Imposibilidad de determinar el lugar. Principio de economía procesal: prevalece el juez que previno en la denuncia. Justicia de la provincia de Córdoba. Fallo: "(…) consideramos correcta la declinatoria realizada por el juez instructor, mas por distintas razones. En efecto, entendemos que la circunstancia de que uno de los imputados se domicilie, presuntamente, en la Provincia de Córdoba -o como lo sugirió la querella, en la ciudad de Buenos Aires-, es insuficiente para fijar la competencia. (…) nos encontramos ante un posible delito que habría sido concretado a través de internet 37

extremo que, por su naturaleza, impide determinar de manera tradicional y ordinaria cuál ha sido su lugar de comisión, pues su consumación o realización puede materializarse en cualquier lugar del país e incluso fuera de éste en forma simultánea. (…) dirimir la competencia en base al "principio territorial" aparece sin lugar a dudas imposible, más aún si pretende hacérselo operar por el domicilio de alguno de los imputados. (…) debe resolverse por razones de economía procesal y, por tanto, prevalecer el juez que previno (art. 38 del código de rito), máxime cuando, como ocurre en el sub lite, la maniobra delictiva ha sido denunciada en varios expedientes, pese a tener un único o mismo modus operandi.(…) no puede soslayarse que la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando que intervino en la maniobra ventilada desde julio del año pasado, entendió que la competencia en el asunto era de la justicia de Córdoba, siendo que la otra causa se inicio recién en el mes de noviembre, es decir, casi cinco meses después.(…) Nótese, al respecto, que más allá de que el juez provincial se declaró incompetente, lo cierto es que por esta maniobra habilitó la feria judicial en los términos del art. 4 del Reglamento para la Justicia Nacional, es decir, que calificó la noticia criminis de "urgente" -fs. (…) del expediente (…)-, lo que habría implicado un análisis mínimo del caso denunciado. Por otra parte, los recurrentes destacan la conveniencia de generar la prueba ante esta ciudad, basándose en el principio de economía procesal, situación que esta sala no estima correcta, ya que al tratarse de un delito cometido mediante el uso de la web, es posible continuar la pesquisa en cualquier lugar del país sin modificar así las posibilidades investigativas y, menos aún, generar un dispendio jurisdiccional innecesario como se alega. A su vez, la querella ha esbozado su idea de que al encontrarse la empresa (…), quien encomendó la compra del domino a (…) S.R.L, en la ciudad de Buenos Aires, es ésta judicatura la que debe entender en estos actuados. Sin embargo, cabe resaltar que del informe de fs. (…) de la causa 430/12 de este tribunal surge que sólo se ha comprado el dominio "cuevana.tv", sin ser ésta, per se, una actividad delictual, pues adquirirlo no implica que sea ella la administradora del sitio web y, menos aún, quien realiza el "uplouding" (subida del material a la red) y permita el "streaming" (ver videos en línea) del material fílmico. Ante ello, corresponde materializar, en forma urgente, la incompetencia para que se puede resolver si lo aquí denunciado tiene aristas delictivas o no a la luz de la ley 11.723.IV- (…) Aclarado ello, y en relación a la denegatoria de ser tenido por parte querellante a la firma "HBO Ole Partners" consideramos que su planteo debe ser atendido (…) revocaremos el auto en crisis En tal sentido, no puede soslayarse lo afirmado por el superior cuando dijo"(...) el texto del poder general y especial aportado por la pretensa querellante, ha adquirido autenticidad con la Apostilla (convención de La Haya 1961- Ley 23458), certificando la firma y el carácter con que actuó el signatario del documento. Desde esta óptica, no corresponde exigir que en un acto notarial celebrado en el extranjero se demuestren otros títulos que los que la ley doméstica del lugar de celebración estime suficientes para lograr su fin, creando la intervención del notario la presunción "iuris tantum" de su legalidad y del cumplimiento de las leyes del lugar, y ello basta para acreditar la personería del mandatario, de conformidad con la doctrina de la CSJN (Fallos 48:98 y 194: 232 citados en CNCP, Sala II, causa N° 9046, reg.: 12.068, "Web Computación s/ recurso de casación", rta.:7/7/08). Así, a la luz de este precedente jurisprudencial, el poder presentado en fs. (…), satisface las requisitos exigidos, permitiendo de esta manera que la firma "HBO Ole Partners" sea tenida por parte querellante, quien quedará sujeto a las resultas del proceso. (…) el tribunal resuelve: I- Confirmar el auto de fs. (…) mediante el cual se declinó la competencia a favor del Juzgado Federal N (…). II- Revocar el auto de fs. (…) y, consecuentemente, tener por parte querellante a la firma "HBO Ole Partners", cuyo apoderado es el Dr. (…), quien quedará sujeto a las resultas del proceso". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar). c. 99/12, ESCOBAR, Tomás y Otros. Rta.: 24/05/2012

COMPETENCIA. Justicia correccional. Daño simple en concurso ideal con lesiones. Damnificado que no instó la acción por el delito de lesiones. Imposibilidad de desdoblamiento. Hecho único. Revocación. Justicia contravencional. Fallo: "(…) Se investiga (…) el suceso ocurrido (…) en circunstancias en las que un hombre concurrió a la puerta de ingreso principal del inmueble sito en (…), y luego de mantener una discusión con el empleado de seguridad (…), arrojó contra el vidrio de la puerta un casco de moto, lo que produjo la rotura del mismo, cuyos fragmentos lesionaron a (…) en su rostro y mano derecha. (…) estamos en presencia de un hecho único e inescindible, el cual no admite su desdoblamiento sobre la base de calificaciones legales, pero al no haberse instado la acción respecto del delito de lesiones (…), corresponde remitir la causa a la jurisdicción que tiene habilitada la investigación del delito de acción pública, pues de lo contrario quedaría en manos de un magistrado incompetente. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto (…) y remitir las actuaciones a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Souto). c. 42.473/2012, N.N. Rta.: 05/06/2012

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional COMPETENCIA Lesiones. Expresiones de carácter antisemita e intimidatorio. (Ley 23.592). Imputado que alienta la discriminación racial, nacional o religiosa. Justicia Federal. Fallo: "(…) Coincidimos con el Sr. Fiscal General (cfr. fs. ...), en cuanto a que estas actuaciones deben continuar su trámite por ante el fuero de excepción. Véase que la conducta materia de pesquisa habría tenido lugar en la vía pública y en las inmediaciones de una sinagoga, contexto en el cual el causante atacó a uno de los concurrentes causándole lesiones y formuló expresiones con contenido antisemita e intimidatorio (cfr. fs. …). En esas condiciones, no es posible descartar que dicho suceso exceda el concreto interés de las partes involucradas y que por ende revista capacidad suficiente para alentar o incitar a la persecución o al odio racial, religioso o de nacionalidad (ley 23.592). Así las cosas, se RESUELVE: I. Asignar la competencia en estas actuaciones al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 2011, LEDESMA, Damian. Rta.: 26/03/2012

COMPETENCIA. Lesiones leves. Posible encuadre jurídico en la figura de homicidio en grado de tentativa. Justicia de Instrucción. Fallo: "(…) Entiende la sala que a partir del relato efectuado por (…) ante la Oficina de Violencia Doméstica de la CSJN como ante la sede del juzgado no puede descartarse de momento la posible adecuación del hecho denunciado a la figura de tentativa de homicidio (artículos 42 y 79 del CP y fs. …). En consecuencia, la declinatoria efectuada a favor de la justicia de instrucción, de más amplia competencia, se presenta adecuada no solo a esas constancias sino también a las previsiones de los artículos 26 y 27 del ordenamiento procesal. Por ello se RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 418, L., J. I. Rta.: 23/04/2012

COMPETENCIA. Robo. Teléfono celular sustraído de las manos de la víctima. Justicia de instrucción. Confirmación. Fallo: “En el delito del artículo 164 del Código Penal como en el de hurto la acción está constituida por el apoderamiento ilegítimo de una cosa mueble total o parcialmente ajena. La diferencia es que la primera figura incorpora la utilización de la fuerza en las cosas o la violencia en las personas. La cuestión entonces radica en determinar si la acción de (…) reúne los requisitos objetivos de ese tipo penal, lo cual resulta evidente ya que (…) afirmó que el imputado ejerció cierto grado de violencia -por mínimo que sea- para desapoderarla del celular. Esta modalidad comúnmente llamada “arrebato”, el Diccionario de la Real Academia Española, la define como una acción consistente en “quitar (una cosa) con violencia o fuerza”. Por otro lado, la doctrina sostiene que “La violencia es el despliegue de energía física para vencer materialmente la resistencia que el sujeto pasivo o un tercero opone o puede oponer al apoderamiento (vis absoluta); no importa la intensidad de la energía ni es necesario que medie contacto físico entre el agente y la víctima (el arrebato de la cartera de un tirón constituye robo)” (1). En la misma línea la jurisprudencia destaca que “La fuerza requerida por la significación jurídica de robo supone que la cosa opone reparos o resistencia en sí misma para evitar el desapoderamiento” (2). Además la figura de robo no distingue entre distintos grados de violencia que, de existir, en definitiva serán merituados al momento de imponer la pena. Más aún, por aplicación de lo establecido en los artículos 36 y 50 del ceremonial, resulta atinado otorgar intervención al magistrado con mas amplía competencia. (…), el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám: Gallo). c. 687/12, RAVELLO BENÍTEZ, Bernard Steven. Rta.: 25/06/2012

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Se citó: (1) D’Alessio, Andrés José - Divito, Mauro A, “Código Penal de la Nación”, Tomo II, Parte Especial, La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 592; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 41.392, “Gamarra, Neri Javier y otros”, rta.: 27/04/11.

COMPETENCIA. Sustracción de bicicleta. Vehículo dejado en la vía pública. Hurto agravado. Justicia de Instrucción. Fallo: “II.- La cuestión radica en determinar el alcance que debe dársele al término “vehículo” del art. 163 inc. 6° del Código Penal. III.- El diccionario de la Real Academia Española ha definido a la bicicleta como un “medio de transporte de personas o cosas, de dos ruedas de igual tamaño, cuyos pedales transmiten el movimiento a la rueda trasera por medio de un plato, un piñón y una cadena” sin efectuar distinción alguna entre sus características, sistemas de propulsión etc. Esta Excma. Cámara ha sostenido en casos similares que “la razón de ser de la agravante se extiende a todo vehículo aunque no sea motorizado, por lo que tal circunstancia no reside en la naturaleza del objeto sino en la necesidad de proteger aquéllos que son dejados en la vía pública ante la desprotección que esta circunstancia supone para el bien en cuestión y en el marco que se asigna a su uso” (1) como así también que “…la bicicleta se trata de un velocípedo que la Real Academia Española define como vehículo…” y que “…el ámbito de protección del artículo 163, inciso 6° del código sustantivo, no comprende exclusivamente a los automotores, sino también a otros vehículos…” (2). De la misma manera esta Sala ha dicho, aunque con una integración parcialmente distinta, que “…el intérprete no puede ir más allá de lo que el legislador estableció y, en consecuencia, toda vez que la letra de la ley no hace distingos, tampoco corresponde hacerlos al momento de su aplicación, por lo que no resulta correcto excluir del concepto aquello que por definición misma queda abarcado. Por otra parte, no debe perderse de vista que la razón de ser de la agravante no reside en la naturaleza del objeto sino en la necesidad de proteger aquellos que son dejados en la vía pública ante la desprotección que esta circunstancia supone para el bien en cuestión y en el marco que se asigna a su uso” (3). Por esas consideraciones, entendemos que corresponde revocar lo decidido por el Juez de grado. IV.- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 470/12, N.N. Rta.: 21/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 39.580, “N/N s/ competencia. Dam.: Velazquez, Jonathan Daniel”, rta.: 16/06/10; (2) C.N.Crim. y Correcc., c. 41.543, “Bohn Echenique, Rubén Ezequiel”, rta.: 12/09/11; (3) C.N.Crim. y Correcc., c. 38.173, “Fernández, Diego Martín”, rta.: 15/10/09.

CONCURSO DE DELITOS. Violación de domicilio en concurso real con lesiones leves. Procesamiento. Superposición temporal parcial de las figuras y afectación a bienes jurídicos diferentes. Confirmación. Fallo: "(…) más allá de las apreciaciones formuladas por los imputados (fs. …) y su defensa (fs.…), lo cierto es que en su declaración de fs. (…) la damnificada refirió claramente que aquéllos la tomaron "del cuello y de los brazos". De este modo, su relato encuentra efectiva corroboración en la lesión constatada en el informe médico de fs.(…). La circunstancia de que se trate de una lesión leve no conduce a tildarla de insignificante ni torna atípica la conducta endilgada, pues, la gravedad de las mismas ha sido expresamente contemplada por el legislador al momento de graduar la pena prevista para cada caso en particular (arts. 89 y ss. del CP). Tampoco es posible sostener, como pretende la defensa, la existencia de un concurso aparente o ideal entre las figuras enrostradas (art. 150 y 89 del CP), por cuanto además de afectar bienes jurídicos diferentes, sólo se superponen temporalmente en forma parcial, tratándose de acciones físicas y jurídicamente separables que concurren materialmente (art. 55 del C.P). (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Prosec. Cám.: Daray). c. 68, CAMPOS, Luis A. y Otro. Rta.: 23/02/2012

CONCUSIÓN. Procesamiento. Imputado: chofer de un móvil policial que exigió dinero a cambio de no secuestrar un vehículo y no labrar el acta respectiva. Confirmación. Fallo: "(…) A diferencia de lo sostenido por la asistencia técnica, el procesamiento dictado halla sustento no sólo en el testimonio de la víctima (fs. …), de quien no se advierte que haya actuado con ánimo de perjudicar 40

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional los intereses del imputado, sino también en la planilla aportada por la Seccional (…) de la Policía Federal (cfr. fs. …) según la cual el día del suceso el causante se encontraba tripulando el móvil nº (…), interno nº (…), y en la consulta "on line" del dominio "(…)", correspondiente al vehículo propiedad de (…) -empleador de la víctima-, de la que surge que el rodado no registraba pedido de secuestro (cfr. fs. …). Las circunstancias reseñadas, sumadas al reconocimiento de (…) (fs. … que documenta el resultado de la rueda de personas) que efectuara (…), quien lo identificó como el chofer del móvil policial que le exigiera dinero para no secuestrar el rodado que conducía y omitir labrar un acta por la suma de dos mil pesos, acreditan, al menos con el grado de convicción que reclama el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, tanto la materialidad del hecho como la intervención del imputado. Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde agotar las medidas tendientes a ubicar a (…). En consecuencia, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 833/12, KATTAN, Marcelo A. Rta.: 26/06/2012

CONSULTA DEL ART. 348 DEL C.P.P.N. Sobreseimiento pedido por el fiscal. Ausencia de querella. Juez que eleva en consulta. Afectación a garantías procesales. Nulidad. Fallo: "(…) Este tribunal, respecto a la cuestión planteada (la elevación en consulta) ya se ha expedido en varias oportunidades (1).(…) sosteniendo que, luego del fallo "Quiroga, Eduardo" (C.S.J.N. del 23/12/04) y conforme lo resuelto por la mayoría de las Salas de la Cámara Nacional de Casación Penal, cuando la parte querellante no requirió la elevación a juicio en el proceso, no corresponde elevar en consulta el expediente. Conforme la jurisprudencia citada, (…), el juez de origen debe realizar el control sobre la legalidad y razonabilidad de la petición efectuado por el representante del Ministerio Público Fiscal, y en caso de establecerse, que dicho pronunciamento incumple con los requisitos de los artículos 69 y 123 del código adjetivo, deberá declarar la nulidad de la petición efectuada por el agente fiscal. En este sentido, adviértase, que el fiscal considera que la conducta atribuida a (…) constituye delito, pero como no está de acuerdo con la calificación legal escogida, solicita el sobreseimiento. Por ello, ningún control deberá efectuar esta cámara, tampoco, y valga a modo de ejemplo, respecto de la resolución de los tribunales de primera instancia, si no media un pedido de alguna "parte", traducido en recurso, desde que la competencia no le es devuelta sino originada recién por éste. De ninguna manera el a quo está habilitado a elevar en consulta un expediente cuando no comparte la opinión del fiscal y no existe querella, pues de esta manera se arrogaría funciones que no le competen, al alterar la debida intervención del Ministerio Público Fiscal y, asimismo, conculca las garantías procesales del imputado, al alterar las reglas de debido proceso. (…) la solución que corresponde otorgar al caso no puede ser otra que la anulación del punto I del auto de fs. (…). (…) el tribunal resuelve: Declarar la nulidad del punto I del auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec. Cám. ad.hoc.: González) c. 105, BUONTEMPO, Javier. Rta.: 29/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., sala V, in re: c. n° 37.181, "Rubano, Néstor", del 7/9/09; c. n° 38.434, "Incidente de nulidad de Gallart de Cocaro", del 9/2/10 y 41.566, "C., L.I.", del 12/7/11, entre otros.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Abuso sexual. Manifestación ante el magistrado de que la investigación no avance respecto a los hechos de índole sexual. Denuncia ante la O.V.D. por las lesiones leves instando a la acción. Justicia Correccional. Fallo: "(…) Toda vez que (…) expresamente refirió que no deseaba instar la acción penal respecto de los hechos de índole sexual de los cuales habría sido víctima, el objeto procesal de estas actuaciones se circunscribe a las lesiones sufridas que, según el informe de fs. (…) serían de entidad leve. En efecto, al prestar declaración ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, indicó que su intensión era proseguir la acción penal sólo por las lesiones "…y que las expresiones aquí volcadas sean tomadas como la denuncia del hecho…", (cfr. fs. …). Por lo expuesto, atento la penalidad que prevé el artículo 89 del Código Penal, la causa debe seguir su trámite en el fuero correccional. En tal sentido, este tribunal RESUELVE: Que deberá continuar interviniendo el Juzgado Nacional en lo Correccional nº (…)".

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C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 361, C. H. M. Rta.: 19/04/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Apoderamiento de bienes de una obra en construcción. Sereno del edificio en construcción. Posible abuso de confianza. Justicia de Instrucción. Fallo: "(…) Las constancias de la causa revelan que (…), de acuerdo a los dichos de (…) (fs. …), cumplía la labor de sereno en la obra sita en (…). Desde esa óptica, la posición que ocupaba el imputado permite tener por cierto que le había sido confiado la custodia de bienes o intereses ajenos (herramientas o elementos que se encontraban en su interior), por lo que al quebrar el mandato impuesto, procurando para sí o terceros un lucro indebido, podría incurrir en el delito de defraudación (art. 173 inciso 7º del C.P.). Por ello, no pudiendo descartarse la configuración de un delito cuyo conocimiento incumbe al tribunal de más amplia competencia, se RESUELVE: Que deberá seguir interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n ° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Barros). c. 325, ZARATE, Jorge D. y otros. Rta.: 12/04/2012 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Apoderamiento de elementos del interior de una valija cerrada con candado a lo que se accedió utilizando llave que se encontraba a la vista. Hurto simple. Justicia Correccional. Fallo: "(…) Se imputa a (…) la sustracción de elementos que se encontraban en el interior de una valija propiedad de (…). Para lograr su cometido el imputado habría tomado unas llaves que se encontraban sobre una mesa de luz y abrió el candado que la aseguraba. Coincidimos con la postura del Fiscal General en cuanto a que el hecho encuadra en la figura de hurto simple. Ello por cuanto la llave utilizada para abrir se encontraba a la vista y al alcance del imputado, extremo que descarta la posibilidad de que aquella hubiese sido hallada, secuestrada o retenida. En tal contexto, debe mantenerse la competencia en el juzgado de origen, pues no se vislumbra, de momento, que el despojo argüido se haya viabilizado con los métodos descriptos por la norma del artículo 163, inciso 3º del C.P. Al respecto, ha sostenido la doctrina que "La norma contempla la existencia de defensas preconstituidas y creadoras de una esfera de vigilancia que rodea el objeto de la sustracción, de modo que el autor debe vencer los obstáculos mediante una conducta que, aunque no violenta, puede resultar compatible con el fraude, la habilidad, y la destreza, de tal manera que la defensa se vuelve inútil" (1) (2). Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: Que deberá seguir interviniendo el Juzgado Nacional en lo Correccional n ° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 17, CERIANI, Juan P. Rta.: 29/02/2012 Se citó: (1) Baigún, David y Zaffaroni, Eugenio Raúl, Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Tomo 6, editorial Hammurabi, Buenos Aires 2009, pág. 112). (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1896/11 "Laredo", rta. 21/12/11.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Autor que sustrajo elementos aprovechando el descuido de quien padeció un desperfecto en el rodado. Hurto simple. Justicia correccional. Hechos: El magistrado correccional declinó la competencia por entender que el suceso encuadraría en la figura del artículo 163, inciso 2° del Código Penal de la Nación, pues los imputados se habrían aprovechado del infortunio particular de la damnificada para consumar la sustracción, la que fue rechazada por el magistrado de instrucción por que no se evidencia el estado de indefensión al que alude la norma. Fallo: “IV. (…), entendemos que debe intervenir la justicia correccional, por cuanto para que se configure la agravante es necesario que el padecimiento físico o moral sufrido sea de una magnitud tal que aminore la vigilancia que el tenedor posee sobre los bienes, circunstancia que no se verifica en este caso donde el autor simplemente actuó ante el descuido de quien padeció un desperfecto en el rodado que atrapó su atención. No puede ubicarse dentro de ese supuesto la simple pinchadura de un neumático pues (…) en ningún momento debió abandonar su automóvil sino que, por el contrario, se quedó junto a él y con la ayuda de un tercero reparó el desperfecto. 42

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Se ha sostenido que el suceso debe “Afectar directamente al sujeto pasivo del hurto, ya que el fundamento de la agravante pone énfasis en esta circunstancia, en cuanto se basa, principalmente, en el debilitamiento de la defensa que el propietario o tenedor ejerce sobre sus bienes.” (1). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Que debe intervenir el Juzgado Correccional N° (…). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 339, ALVAREZ, Carlos Alberto y otro. Rta.: 27/04/2012 Se citó: (1) Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal Parte Especial, Rubinzal-Culzoni, 2001, Tomo II-B, página 65.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Estafa. Colocación de un dispositivo llamado "pescador" en un cajero automático para retener los billetes. Ausencia de ardid o engaño. Hurto en tentativa. Justicia Correccional. Fallo: "(…) En coincidencia con lo expuesto por el Fiscal General, estimamos que la introducción de un dispositivo denominado "pescador" que opera reteniendo los billetes expedidos por un cajero automático, no traduce una secuencia causal asimilable al delito de estafa, en tanto no se verifica un ardid determinante de una disposición patrimonial perjudicial motivada en el error, ni representa una técnica de manipulación informática en los términos del inciso 16, del artículo 173 del código de fondo, pues no altera el normal funcionamiento ni afecta la transmisión de datos. Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta la penalidad acordada para el delito de hurto en tentativa, en que cabe encuadrar prima facie a la hipótesis denunciada, habremos de asignar competencia a la justicia en lo correccional para seguir entendiendo en la causa, lo cual así se RESUELVE. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 385, RODRIGUEZ, Natalia A. Rta.: 19/04/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO DE INSTRUCCIÓN. Vehículo dejado en la vía pública con las llaves colocadas y sin asegurar sus puertas. Hurto simple. Tenedores que nunca resignaron su vigilancia. Justicia Correccional. Hechos: Empleados de una empresa dejaron estacionado el auto en la vía pública, con las llaves colocadas y sin asegurar sus puertas. Se alejaron unos cincuenta metros y el camión fue sustraído. Fallo: “IV.- Entendemos que, (…), debe intervenir en la presente la justicia correccional. Para ello debemos atender al propósito de la agravante. La mayor protección prevista en el artículo 163, inciso 6° del digesto sustantivo proviene del hecho de que se aplica a los bienes que, por su naturaleza, el propietario se ve en la necesidad de dejarlos expuestos a un riesgo más elevado, como lo es la vía pública, ante la imposibilidad material de someterlos a otro resguardo (1). En el caso, las circunstancias en las que (…) y (…) dejaron el rodado en la vía pública (llaves de arranque colocadas y sin los seguros de sus puertas accionados), a escasos metros del lugar y sin perderlo de vista, permiten inferir que nunca estuvo fuera de su esfera de custodia ni en las condiciones que tuvo en mira el legislador para configurar la calificante (…). Su esencia no radica en la naturaleza del objeto en sí, sino en el particular estado de indefensión que para la víctima provoca el lugar donde debe dejarlo. La falta de protección debilita las defensas habituales y torna más censurable la acción ilícita, lo que no se evidencia en este caso, por cuanto la momentaneidad del alejamiento y las condiciones en que se dejó el vehículo demuestran que sus tenedores nunca resignaron su vigilancia. Al respecto se sostuvo que “la incorporación, como una forma de hurto calificado de la sustracción ‘del vehículo en la vía pública acoge al principio de política criminal según el cual, a mayor desprotección forzosa por el dueño de la cosa mueble se incrementa la amenaza penal’, esa mayor desprotección es el motivo de la agravante […] [La reforma] tuvo en mira los supuestos de lugares en los que el acceso se encuentra expedito sin ninguna limitación” (2), extremos que como se explicó no se verifican en la causa. Por lo tanto, entendemos que el evento debe encuadrarse en el delito de hurto simple y en consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Que debe seguir interviniendo el Juzgado en lo Correccional (…).” C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 314/12, COMBA, Karina Beatriz. Rta.: 25/04/2012 43

Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala V, c. 39.893, “Rossi, José Luis”, rta.: 6/10/2010; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 41.724, “Caracci, Sebastián Pablo”, rta.: 6/6/2011.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO FEDERAL. Acceso ilegítimo a página web y modificación del contenido. Competencia exclusiva de la justicia federal. Fallo: "(…) A juicio de esta Sala, cabe compartir el criterio que, de modo coincidente, trazaron el señor juez correccional y el señor Fiscal General (…), en lo atingente a que la conducta denunciada -el acceso ilegítimo al sitio web (…) que posee el denunciante (…) y de allí la modificación de su contenido constituye prima facie el delito previsto en el art. 153 bis del Código Penal (conf. art.4 de la ley 26.388), de competencia exclusiva del fuero de excepción -artículo 33, inciso 1º, apartado "c", del Código Procesal Penal-. Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la asignación de competencia a la justicia federal en casos como el de autos encuentra su basamento en la protección constitucional y la inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados, prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional (1). Por lo expuesto, esta Sala del Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá continuar interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Cicciaro, Pociello Argerich, Álvero. (Sec.: Besansón). c. 675, N.N. Rta.: 14/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 40.824, "N.N. damnif: Trench, Mariana Victoria", rta: 06/06/2011 y c. 36.974, "Perez Corradi, Ibar", rta: 25/06/2009.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO FEDERAL. Casa de servicios personales. Ofrecimiento de servicios por personas de nacionalidad extranjera. Posible aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Imposibilidad de descartar la realización de alguna de las acciones del art. 145 bis del C.P. Justicia Federal. Fallo: "(…) Las presentes actuaciones tuvieron inicio con motivo de la denuncia interpuesta por el fiscal (…), titular de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas, quien puso en conocimiento de la existencia de una casa de servicios personales sita en la calle (…), (…) de esta ciudad. El magistrado declinante sustentó su declaración de incompetencia en el entendimiento de que los hechos denunciados podrían encuadrar en la figura prevista y reprimida en el artículo 145 bis del Código Penal. A su turno, el señor juez federal no aceptó la competencia atribuida, puesto que no se cuenta con una investigación previa que permita subsumir los hechos en la figura de la trata de personas. Al respecto y de conformidad con lo manifestado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Alzada (…), entiende el Tribunal que corresponde convalidar la decisión adoptada por el señor juez en lo correccional. En efecto, conforme se desprende de las constancias agregadas (…), alguna de las personas que ofrecerían sus servicios en la finca en cuestión sería de nacionalidad extranjera y el medio comisivo empleado podría configurarse con el aprovechamiento de la consecuente situación de vulnerabilidad de la víctima, a lo que cabe adicionar que no puede descartarse la realización de alguna de las acciones que prevé el tipo del artículo 145 bis del Código Penal. En consecuencia, al no poder descartarse de plano la conducta aludida (1) y toda vez que la ley 26.364, en su artículo 13, establece la competencia exclusiva de la justicia de excepción para investigar el delito de trata de personas, corresponde que la presente pesquisa quede a cargo del Juzgado Federal (…). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá continuar interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Prosec. Cám.: Larcher). c. 781/12, N.N. Rta.: 21/06/2012 Se citó: (1) C.N.J.N., comp.. 538. XLV "Fiscal s/av. presuntos delitos de acción pública", rta: 23/02/2010 y 611.XLV "Actuaciones instruidas s/presunta infracción a la ley 26.364", rta: 13/04/2010.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO FEDERAL. Imputado que colocó en la puerta de un banco un dispositivo electrónico capaz de leer y copiar datos de las bandas magnéticas de las tarjetas de débito, como así también, filmó el momento en que los usuarios introducen sus claves personales. Justicia correccional. 44

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fallo: "(…) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud de la contienda negativa de competencia suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Correccional (…) y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° (…). Se investiga el hecho presuntamente cometido por (…), consistente en la colocación de un dispositivo electrónico en la puerta del Banco (…), capaz de leer y copiar datos de las bandas magnéticas de las tarjetas de débito utilizadas por los clientes de la entidad bancaria, como así también, filmar el momento en que los usuarios introducen sus claves personales, debido a la cámara de grabación adherida al dispositivo de mención. (…) el titular del Juzgado Nacional en lo Correccional (…) declinó su competencia a favor del fuero federal en el entendimiento de que el hecho encuadraría en el tipo previsto en el art. 157 bis, inc. 1, CP, correspondiendo la intervención del fuero de excepción en función de lo previsto por el art. 36, apartado b), de la ley 25.326. Efectuado el sorteo correspondiente, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (…) no aceptó la competencia atribuida por ser prematura dados los escasos elementos colectados en la causa, lo que motivó la intervención de esta Alzada (…). En dicha oportunidad, esta Sala sostuvo que correspondía mantener la competencia ordinaria hasta tanto se recolectaran mayores elementos que permitieran esclarecer el encuadre legal aplicable al caso. Ahora bien, (…) del peritaje (…) surge que (…) no se ha podido acceder al contenido de dicho dispositivo ni se ha determinado la forma de operatoria del mismo, como así tampoco se ha recolectado otra prueba que permita dar una calificación legal al hecho, sin perjuicio de su provisoriedad en esta instancia. (…) el Tribunal RESUELVE: MANTENER la competencia del Juzgado Nacional en lo Correccional (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.276, ARREJORÍA, Juan de Dios. Rta.: 19/04/2012 CONTIENDA ENTRE JUZGADO CORRECCIONAL Y JUZGADO FEDERAL. Violación de secreto (art. 153 bis del C.P.). Internet. Apropiación de fotos de una cuenta en facebook y metroflog y creación de una nueva cuenta. Juzgado federal. Hechos: el denunciante tomó conocimiento de que en los sitios de Internet denominados “Facebook” y “Metroflog” había perfiles de usuarios con su nombre, datos personales y fotografías suyas, tomadas ilegítimamente de su verdadera cuenta, en los que se sumaban personas como “amigos” y comentarios. Fallo: “(…) V.- Compartimos el criterio del Representante del Ministerio Público y estimamos que es el Juez Federal quien debe continuar con la investigación. Ello así en tanto la conducta denunciada encuadraría, en principio, en el delito previsto por el artículo 153 bis del Código Penal (Ley 26.388), ya que habrían accedido sin la autorización del titular de la página web a una base de datos vaciando su contenido, siendo de su exclusiva competencia (Conforme Dictamen del Procurado General al que se remitió Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Svatzky, Betina Laura c/ Datos Visuales S.A. S/ habeas data (art. 43 CN)” Fallo: 328:1252). Por otra parte, es la justicia de excepción la que debe practicar aquellas medidas tendientes a verificar la tipicidad de la conducta. VI.- En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Asignar el conocimiento del legajo al Juzgado Federal (…).”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Sec.: Williams). c. 63, N.N. Rta.: 07/03/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Certificación de balance extendida por el Secretario de Legalizaciones del Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad. Instrumento público. Art. 979 CC. Falsificación de documento público. Justicia de instrucción. Fallo: "(…) Llegan las presentes actuaciones a estudio del tribunal con motivo de la contienda suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° (…) y el Juzgado Nacional en lo Correccional N° (…). (…) la certificación extendida por el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad resulta ser un instrumento de carácter público, en virtud del art. 979 del Código Civil y, que de la copia simple de la misma (…) se desprende que se encuentra firmada por el Secretario de Legalizaciones de dicho organismo, quien dio fe que la firma que obra en el balance (…) pertenece a (…). De tal modo que no pudiéndose descartar aún la comisión de los delitos tipificados en los artículos 292 o 293 del Código Penal, resulta prematura la declaración de incompetencia postulada por el a quo, por lo que debe continuar interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° (…). (…) el tribunal RESUELVE: MANTENER competencia en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.252, SHAFERSTEIN, Jorge Eduardo. Rta.: 19/04/2012

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CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Conexión clandestina de cables para acceder al fluido eléctrico. Fuerza no asimilable a la requerida por la figura del robo. Atipicidad. Justicia correccional. Fallo: "(…) Tiene dicho esta sala en múltiples precedentes que, en una conexión clandestina se requiere la aplicación de cierta fuerza en los cables para dar con los hilos metálicos que éstos poseen en su interior y, de ese modo, lograr su adaptación al lugar u objeto al que deben asirse. Al tratarse de una fuerza necesaria para acceder al fluido eléctrico, no puede asimilarse a la que caracteriza el tipo penal del robo (1). En consecuencia, descartada la figura prevista en el artículo 164 del Código Penal, corresponde que sea la justicia correccional la que prosiga con la investigación. (…) el tribunal RESUELVE: Que debe intervenir el Juzgado Nacional en lo Correccional (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec.Cám. adhoc: González). c. 84, MARTINEZ. Rta.: 09/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim.y Correc., Sala V, C. n° 38.103. "Fernández, Manuel…".rta el 3/11/2.009; c. n° 38.286, "Castillo, María Estela…" rta: 19/11/2.009 y c. n° 39.004, "N.N. -Dam. Paola Murgo-… rta 22/4/2.010, entre otras).

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Damnificado que denunció ante la OVD lesiones provocadas por su padre. Informe de la OVD que precisa que lo inutilizarían por un lapso mayor a un mes. Informe del CMF en encuadran las lesiones en lo normado por el art. 89 del C.P. Justicia correccional. Fallo: "(…) Llega a estudio la presente en virtud de la contienda de competencia trabada entre el Juzgado (…) de Instrucción N (…) y el Juzgado (…) Correccional N (…). La causa tiene su génesis en la denuncia efectuada por (…) ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación. El damnificado relató que (…) en el interior de su domicilio (…) comenzó a discutir con su progenitor, (…) ocasión en la cual, éste le propinó tres golpes de cabeza, uno de los cuales impactó en su nariz, provocándole lesiones. (…) si bien del informe médico de la OVD glosado a fs. (...) surge que las lesiones sufridas por (...) lo inutilizarían para el trabajo por un lapso mayor al mes, del informe efectuado por la Dra. (...) del Cuerpo Médico Forense, quien tuvo a la vista la totalidad de las constancias de la causa y examinó a la víctima, se desprende con absoluta nitidez que las lesiones ocasionadas encuadran en lo normado por el art. 89, CP (…) el tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia para intervenir en estas actuaciones al Juzgado Nacional en lo Correccional (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch. (Sec.: Peluffo). c. 42.707/12, S., P. A. Rta.: 28/06/2012 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Daño agravado por haber sido cometido contra un bien de uso público (competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Cdad. Autónoma de Bs. As.). Lesiones leves (competencia Justicia Correccional). Hecho inescindible abarcado por dos figuras penales. Intervención de un único tribunal. Conocimiento del fuero con mayor espectro jurisdiccional. Justicia de Instrucción. Disidencia parcial. Colectivo: bien de propiedad privada. Justicia Correccional. Fallo: "(…) El hecho investigado consiste en la rotura con una herramienta -llave tipo "L"-, de uno de los vidrios de un colectivo de la línea (…), interno (…), y a su vez, las lesiones provocadas al pasajero (…) con motivo del daño provocado al automotor. Los jueces Juan Esteban Cicciaro y Mauro A. Divito dijeron: El suceso investigado se presenta como un hecho inescindible abarcado por dos figuras penales que conforman un concurso ideal de delitos (art. 54 del Código Penal), circunstancia que determina la intervención de un único tribunal. En esa inteligencia, aunque no se desconoce que el delito de daño agravado por haber sido cometido contra un bien de uso público (artículo 184, inciso 5° del Código Penal), resulta de competencia de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que para el delito de lesiones leves (artículo 89 del Código Penal) es competente la justicia correccional, esta Sala entiende que, en el particular caso del sub examen, asiste razón al señor juez en lo correccional (…), toda vez que el suceso en cuestión configura un injusto cuya penalidad excede el marco establecido por el art. 27, inciso 2°, del Código Procesal Penal (1). En consecuencia, de conformidad con lo dictaminado por el fiscal general (…), deberá conocer en la causa el fuero de mayor espectro jurisdiccional (2). 46

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Coincido con mis colegas en cuanto a que ante un concurso ideal de delitos, en donde respecto a una de las figuras es competente la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y respecto a otro la justicia nacional, es ésta última quien debe intervenir por corresponderle la competencia más amplia. He dicho en otras oportunidades que como competencia delegada puede este fuero intervenir en la instrucción del sumario, mientras que no lo puede hacer quien no ha recibido facultad al respecto, en materia en la que no fue nunca competente. Sin embargo, disiento con el voto precedente en cuanto a la subsunción del hecho que se investiga en el agravante previsto por el art. 184, inc 5° del Código Penal. Ello así pues, el colectivo es un bien de propiedad privada, el cual carece de características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad otorgada y reconocida a los bienes de uso público. A su vez, cabe señalar que dicho vehículo no goza de la custodia y protección que merecen los bienes del Estado, pues su uso depende exclusivamente de la voluntad del usuario y, asimismo, no se encuentra librado a la confianza pública como "los otros bienes de uso público" que establece el art. 184 del ordenamiento de fondo (3). Por lo tanto, y en consideración a lo previsto en el art. 27 inc. 2° del Código Procesal Penal, corresponde continuar interviniendo a la justicia en lo correccional. Así voto. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá intervenir el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich (en disidencia). Sec.: Sánchez). c. 157, BUENAGA, Norberto A. Rta.: 19/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 41.487, "Faguaga, Pablo", rta: 06/09/2011.(2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 41.487 "Faguaga, Pablo", rta: 06/09/2011.(3) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. 32.124, "Raviolo, Nicolás", rta: 23/05/2007.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Declinatoria prematura. Ausencia de determinación de gravedad de las lesiones. Robo. Daño agravado. Colectivo: afectado al servicio de transporte público de pasajeros. Justicia de instrucción. Disidencia parcial. Colectivo: bien de propiedad privada. Fallo: "(…) Los jueces Mauro A. Divito y Juan Esteban Cicciaro dijeron: Tuvieron inicio las presentes actuaciones con motivo del episodio acaecido el 28 de noviembre de 2010, a las 6:00, en la intersección de la calle (…) con la avenida (…) de esta ciudad, ocasión en la que un grupo de cincuenta personas aproximadamente, habría propinado diversos golpes de puño y puntapiés a (…), (…), (…) y (…) suboficiales de la Policía Federal Argentina-. Tal accionar estuvo dirigido a evitar el cumplimiento de la orden impartida por aquéllos funcionarios policiales. Posteriormente, parte del grupo de jóvenes -que fueron aprehendidos- abordó el colectivo de la línea (…) interno (…)que se encontraba detenido en las inmediaciones del lugar, para lo cual produjeron la rotura de la puerta delantera del lado derecho y una vez en su interior agredieron a su conductor (…), para que iniciara la marcha. En el desarrollo del hecho le fue sustraída al cabo (…) su arma reglamentaria junto con el estuche cargador y al agente (…) su teléfono móvil. El juez de instrucción declinó su competencia, toda vez que entendió que la prueba resultaba insuficiente para individualizar a los responsables de las sustracciones indicadas y de los daños ocasionados al transporte público de pasajeros, lo que impedía avanzar en la investigación de esos episodios. En ese orden, indicó que quedaría pendiente la resistencia a la autoridad opuesta frente a los agentes del orden, por lo que correspondía que continúe interviniendo la justicia correccional. Por su parte, el magistrado correccional rechazó la competencia atribuida, ya que con independencia de la individualización de sus autores, subsistiría la necesidad de investigar los delitos que exceden la competencia correccional -robo y daño agravado-, además de la resistencia a la autoridad (…). El señor juez de instrucción mantuvo su posición y elevó el legajo a esta instancia (…). Ahora bien, entendemos que, tal como lo ha dictaminado el señor Fiscal General, la declinatoria propiciada por el magistrado de instrucción se exhibe prematura, en lo tocante a que no se determinó la gravedad que revisten las lesiones sufridas por el agente (…), quien, conforme sus dichos, padeció -con motivo de los golpes que le habría propinado (…)- una micro fisura de tabique nasal, la que si bien curó luego de diez días, dejó en su nariz una "pequeña desviación" (…). De otro lado, no puede soslayarse que de las declaraciones testificales de los preventores (…) y (…), se desprende la posible comisión del delito previsto y reprimido por el artículo 164 del Código Penal, puesto que se les habría sustraído el arma reglamentaria y el teléfono celular, respectivamente (…). Además, cabe indicar que los daños ocasionados se subsumen en el tipo penal del artículo 184, inciso 5° ibídem, toda vez que el vehículo en cuestión se encuentra afectado al servicio de transporte público de pasajeros ya que dicha prestación de uso general es de interés para la comunidad. Por lo expuesto, entendemos que en las presentes actuaciones deberá continuar interviniendo el juzgado con mayor espectro jurisdiccional. 47

El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Coincido con mis colegas preopinantes en cuanto a que en las presentes actuaciones deberá continuar interviniendo el juzgado de más amplia competencia. Ello es así, primero, porque no se ha determinado la gravedad que revisten las lesiones sufridas por el agente (…) y, segundo, porque de las declaraciones testificales del preventor mencionado y de (…), se desprende la posible comisión del delito de robo (artículo 164 del CP), lo que torna prematura la resolución atacada. Sin embargo, disiento con el voto precedente en cuanto a que los daños ocasionados en el colectivo de la línea (…) puedan ser subsumidos en el agravante previsto por el art. 184 inc. 5° del Código Penal. Ello así pues, el colectivo es un bien de propiedad privada, el cual carece de características de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad otorgada y reconocida a los bienes de uso público. A su vez, cabe señalar que dicho vehículo no goza de la custodia y protección que merecen los bienes del Estado, pues su uso depende exclusivamente de la voluntad del usuario y, asimismo, no se encuentra librado a la confianza pública como los "otros bienes de uso público" que establece el art. 184 del ordenamiento de fondo (1). (…), el Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá continuar interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich (en disidencia parcial). (Sec.: Larcher) c. 387/12, ALONSO, Santiago M. y otros. Rta.: 09/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. 32.124, "Raviolo, Nicolás", rta: 23/05/2007.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Empleado en relación de dependencia que se apropió de la encomienda de dinero que le fuera ordenado retirar. Hurto. Justicia correccional. Fallo: "(…) entendemos que la presente investigación deberá continuar su curso en la justicia correccional, pues el tipo de defraudación propuesto no se adecua al ilícito denunciado. (…) para que se configure el tipo penal indicado es necesario que el sujeto activo tenga asignado el cuidado del patrimonio ajeno, con cierto poder autónomo respecto del mismo y que, éste se exceda arbitrariamente en las facultades conferidas o incumpla las obligaciones acordadas; extremo que no se da en este caso, pues el imputado era un mero empleado en relación de dependencia, a quien sólo se le encomendó el traslado de los bienes de un lugar a otro, según las ordenes impartidas por la denunciante. (…) tampoco encuentra adecuación típica en el tipo previsto por el art. 173, inc. 2 del código de fondo, puesto que en este caso se requiere que el sujeto activo haya recibido la cosa de parte del anterior titular de la tenencia, en virtud de un negocio jurídico que produzca la obligación de entregar o devolverla luego. (…) se RESUELVE: Asignar competencia para entender en este causa al Juzgado Nacional en lo Correccional (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec. Cám.: González) c. 302, GONCALVEZ, Hugo. Rta.: 30/03/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCION Y JUZGADO CORRECCIONAL. Hurto calamitoso. Aprovechamiento del infortunio sufrido por la damnificada. Juzgado de instrucción. Fallo: "(...) Analizadas las constancias de autos, y de conformidad con lo dictaminado por el fiscal general (fs. ...), entendemos que el juez de instrucción debe continuar con la investigación. La hipótesis delictiva encuadraría en la figura de hurto calamitoso toda vez que según los dichos de la denunciante, el encargado del hotel (...) se habría apoderado ilegítimamente de (...) pesos que tenía la víctima en un ropero, mientras ésta se encontraba descompensada en el suelo. En este sentido se ha dicho que "el concepto de infortunio abarca toda situación de padecimiento físico o moral que normalmente influye sobre el tenedor del objeto, aminorando la vigilancia que suele ejercer sobre él..." y "el infortunio puede obedecer a causas extrañas al sujeto pasivo o no, provocadas por el agente o no, ser previsible o no, haber sobrevenido poco antes del apoderamiento o preexistir a él; pero sí tiene que ser particular del damnificado, ya que es él quien tiene que reducir las defensas sobre las cosas para que se de pie a la mayor punibilidad" (1) circunstancias que al parecer se encontrarían verificadas en el legajo. Por lo expuesto el tribunal RESUELVE: Asignar competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nº (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 697/12, FERNANDEZ, Leonardo. Rta.: 19/06/2012

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Se citó: "(1) D' Alessio, Andrés José y Divito, Mauro, "Código Penal de la Nación", Ed. La Ley, 2009, tomo II, págs. 580 y 581.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Imputado que comercializa una antena y un decodificador capaz de obtener la señal satelital de Cablevisión. Atipicidad. Necesidad de determinar si el software utilizado es una copia apócrifa. Justicia de Instrucción. Fallo: "(…) Cabe destacar que al encausado se le atribuye la colocación de los aparatos, lo cual está permitido por la ley 23.727, y que brindaría las actualizaciones del software que posibilita decodificar la señal, mientras que es el comprador quien lo usa, conociendo su origen. La instalación de antenas FTA (Free to air) están permitidas en nuestro país y concordantemente con ello se reconoce la gratuidad de la recepción de señal mediante el art.8 de la ley 25.266. Así (…) no realizó una acción contraria a derecho al colocar el sistema de TV Digital. Por otra parte, el SDDHS (Servicio de Difusión Directa al Hogar por Satélite), que la Secretaría de Comunicaciones definió en su resolución nº 250/2002 como "cualquier señal de radiocomunicaciones encriptada y unidireccional de video audio y/o video y audio asociado que se trasmite por satélite (…) para su recepción directa por parte de suscriptores mediante una remuneración periódica", es una señal (caracterizada por el movimiento oscilante de campos eléctricos y magnéticos) que podría ser equiparable al concepto de cosa legislado por el art..2311 del Cod. Civil encuadrándose su intercepción ilegal en la figura del art. 162 del Código Penal y no en la de estafa. Pero en éste caso concreto no avizoramos que el hurto se haya perpetrado, pues es el mismo operario de la empresa, quien compra el producto y recibe la señal a que alude. Por esta razón la señal no es objeto de hurto y (…), no puede ser partícipe necesario de aquel delito que no se configuró. Así la venta de un decodificador adulterado tipo DTH (Direct to home), que sea apto para sus fines específicos, se encuentra penado en países como Méjico, Brasil y Perú (que ajustaron su legislación especialmente) pero no encuentra adecuación típica dentro de nuestro ordenamiento normativo. Pues, si bien resulta escandaloso considerar atípica la conducta de quien vende un decodificador para apropiarse indebidamente de una señal satelital, lo cierto es que la legislación no avanza a la velocidad de la tecnología, dejando fuera del alcance del derecho situaciones como las presentes. Finalmente, si el software utilizado fuera una copia apócrifa, -lo que no se ha investigado-, deberá conocer la justicia de instrucción. (…) se RESUELVE: Que debe continuar con la investigación el Juzgado Nacional de Instrucción (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rebori, López González. (Prosec.Cám. adhoc: González). c. 103, LOCAL AABAM y otros. Rta.: 19/03/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Imputados que sin título habilitante de abogados tendrían un estudio jurídico. Declinatoria prematura. Ardid consistente en simular la condición de abogados: inducción a error a sus clientes con la consiguiente disposición patrimonial indebida. Justicia de Instrucción. Fallo: "(…) Tuvieron su génesis las presentes actuaciones con motivo de la denuncia formulada por el doctor (…) -representante del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal-, quien tomó conocimiento por medio de un correo electrónico que le enviara la Comisión de Vigilancia de dicho cuerpo, que (…) y su cónyuge (…) tendrían un estudio jurídico sin contar con título habilitante para ello. Así, expuso que a través de las averiguaciones practicadas por aquella Comisión, se determinó por medio de empleados del estudio que los imputados se presentaban como abogados ante sus clientes y si bien no suscribían las demandas judiciales firmaban los convenios de honorarios. Asimismo, exhibían supuestos títulos -apócrifos- expedidos por la Pontificia Universidad Católica Argentina (…). A ello se adiciona la declaración de (…) brindada ante la Comisión de Vigilancia (…), de la que se desprende que "el 4 de marzo de 2011…en un acto de entrega de Diplomas en la UBA, vio en primera fila a la Sra. (…) que estaba por recibir el diploma [de] abogada". La señora juez de instrucción se declaró incompetente (…), en el entendimiento de que la conducta desplegada por los incusos se subsume en el tipo penal del artículo 247 del Código Penal, toda vez que no se ha logrado verificar de manera fehaciente la existencia de algún perjuicio patrimonial provocado por el obrar de los imputados. A su vez, el magistrado correccional no aceptó la competencia atribuida, toda vez que la estimó prematura, en tanto se ha prescindido de una mínima investigación que permita pronunciarse certeramente en punto a la significación jurídica de la conducta, puesto que no se pudo determinar hasta el momento que efectivamente los clientes no se hubiesen visto afectados en su patrimonio por el accionar de los denunciados, por lo que no puede descartarse la hipótesis contemplada en el artículo 172 del Código Penal. 49

Analizadas las constancias de la causa, dable es convenir en que la declinatoria de competencia deviene prematura, toda vez que, sin perjuicio de la investigación en orden al delito de usurpación de títulos, no puede descartarse -por el momento- que los encausados, mediante el ardid consistente en simular su condición de abogados, hubieran inducido a error a sus clientes, con la consiguiente disposición patrimonial indebida. En tales condiciones, de conformidad con lo manifestado por el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta Alzada, corresponde profundizar la pesquisa en el sentido indicado, por lo que debe continuar interviniendo la justicia de instrucción. (…), el Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá continuar interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Larcher). c. 608/12, DESPOULIS NETRI, Federico y otra. Rta.: 30/05/2012 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Imputado que mintió a la damnificada para obtener la entrega del celular. Ausencia de ardid. Hurto. Justicia correccional. Fallo: "(…) es posible descartar la figura de estafa dado que la maniobra utilizada por los imputados, consistente en mentir a la damnificada para obtener la entrega del celular en cuestión, no constituye ardid o engaño en los términos del art. 172, CP, sino que se trató de un apoderamiento ilegítimo logrado a través de una simple mentira, la conducta desplegada encuadraría en el tipo penal del art. 162 C.P. (…). (…) el Tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia al Juzgado Nacional en lo Correccional n° (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.105, SANCHEZ, Federico Nicolás y otro. Rta.: 19/03/2012 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Inclusión de la bicicleta en el concepto de vehículo a los fines de agravar el delito de hurto. Justicia correccional. Fallo: "(…) respecto a si una bicicleta se encuentra, o no, comprendida dentro del concepto de "vehículo", a los fines de la aplicación del agravante de la figura básica de hurto (*), toda vez que el bien sustraído no se encontraba en una situación de desamparo o indefensión, que amerite la protección de la agravante prevista en el art. 163, inc. 6° del Código Penal, el suceso en estudio encuadraría en el delito de hurto simple (art. 162, del CP) (**). (…) el Tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia al Juzgado Nacional en lo Correccional n° (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.039, N.N., Dam: Velazques, Miguel Walter. Rta.: 15/03/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 35.832, "Blumenfeld Ibars", rta.: 16/04/09; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.342, "N.N.; Young", rta.: 16/11/10; C. N. Crim. Corr., Sala VI, c. 28.721, "Pérez", rta.: 24/02/06. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 41.347, "Mir, Rolando", rta.: 18/11/11.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Mensajero que no entrega en destino los cheques que luego son presentados al cobro. Quebrantamiento de fidelidad en el cuidado de los bienes confiados. Justicia de Instrucción. Fallo: "(…) Los jueces Mauro A. Divito y Juan Esteban Cicciaro dijeron: Convoca la atención de esta Alzada la contienda de competencia negativa trabada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción (…) y el Juzgado Nacional en lo Correccional (…). Según se desprende de la declaración testimonial de (…), durante los últimos tres meses previos a la denuncia contrató los servicios del mensajero (…) para que realizara trámites en esta ciudad, a quien le entregó cinco cartulares para que los trasladara hacia la distribuidora "…", siendo posteriormente informado por el oficial de créditos del "…" que había ingresado el cheque (…) y que debía abonarlo para poder solicitar otro crédito. Posteriormente tomó conocimiento de que ese instrumento de crédito no fue cobrado por la editorial (…). El señor juez correccional declinó su competencia en favor de la justicia de instrucción por entender que el hecho investigado revelaría un actuar fraudulento, ya sea por una administración infiel o porque podría implicar la falsedad de los endosos como parte de una estafa genérica (art. 172 del C.P.) De otra parte, el magistrado de instrucción estimó que la conducta denunciada configuraría el delito de hurto, pues el empleado -mensajero- se limitaba a transportar y entregar los objetos en cuestión sin tener autonomía para administrar o disponerlos. 50

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En torno a la cuestión aquí debatida, cabe descartar la figura de hurto, desde que el modo por el que (…) habría sido privado de los cartulares, luego de su voluntaria entrega para ser trasladados, no se condice con la situación típica contemplada en el artículo 162 del Código Penal. En todo caso, el indebido traspaso de los cheques a terceras personas aprovechando el vínculo que mantenía con su mandante -quien lo contrató como mensajero-, permite concluir en la existencia de un perjuicio patrimonial derivado del quebrantamiento de la fidelidad en el cuidado de los bienes confiados, cuyo encuadre típico se ajustaría al tipo descripto por el artículo 173, inciso 7°, del código de fondo; ello, sin perjuicio del examen que pudiere caber en relación con el perjuicio que pudo irrogarse a la firma "…"- a través de su apoderada (…)-, que aparece presentando al cobro los cheques números (…) y (…) luego del endoso estampado en ambos casos por (…), según lo apuntado por el juez (…) a fs. (…). El Juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), en función de los endosos que lucen en los cartulares aludidos, la firma "…" haya resultado perjudicada, adhiero a la solución propiciada por mis colegas. Así voto. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá conocer el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Besansón). c. 105, PEDRO, Gabriel Román. Rta.: 30/03/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Persona que exhibe una tarjeta personal de la que surge que tendría una profesión para la cual no habría estudiado. Ausencia de ardid defraudatorio. Justicia correccional. Fallo: "(…) el hecho (…) consistente en haber presentado una tarjeta personal de la que surge que el mismo es Ingeniero Químico (…), calidad que sería falsa según los dichos del denunciante (…). Ahora bien, toda vez que en principio dicha conducta podría encuadrar en el tipo previsto en el art. 247, segundo párrafo, CP, sin que pueda sostenerse que dicha calidad simulada hubiera integrado el supuesto ardid defraudatorio, corresponde asignar competencia al fuero correccional para continuar con la pesquisa. (…) el Tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia al Juzgado Nacional en lo Correccional n° (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (sec.: Peluffo). c. 42.169, PATTERSON, Pablo Luis. Rta.: 16/04/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Personal policial que secuestró un rodado al presentar a simple vista anomalías en las chapas patentes, que luego se terminó que eran falsas. Chasis y motor adulterados. Magistrado de Instrucción que rechaza la competencia asignada y la devuelve indicando que aún es necesario determinar si la cédula verde es falsa para definir si corresponde asignar competencia por los hechos a un magistrado del fuero federal. Justicia correccional. Fallo: "(…) contienda suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N (…) y el Juzgado Nacional en lo Correccional N° (…). Se investiga (…) el hecho consistente (…) en el cual (…) procedió al secuestro del rodado (…) conducido por (…), ya que a simple vista presentaba anomalías en las chapas patentes. Por consiguiente, se realizó un peritaje de revenido químico sobre el vehículo (…) y se estableció que las identificaciones de chasis y motor evidenciaron maniobras de pulido de tipo mecánico para erradicar o transformar la numeración original. (…) el informe técnico realizado por la División Scopometría de la P.F.A., concluyó que las chapas patentes colocadas en el automóvil en cuestión eran falsas (…). En consecuencia, el juez correccional declinó su competencia a favor de la justicia de instrucción, toda vez que consideró que los hechos imputados (…) encuadraban en la figura de encubrimiento reiterado (…) agravado por el ánimo de lucro en conformidad con los artículos 55, 277 inc. 3, b) y 289 inc. 3° del C.P. Por otro lado, el juez de instrucción rechazó la atribución de competencia adoptada considerando que (…) aún restaba investigar la posible falsificación de la cédula verde secuestrada en poder del imputado.(…) Ello así, toda vez que tal como lo sostiene el juez de instrucción, aún queda pendiente investigar la posible falsificación de la cédula verde secuestrada (…), lo cual debido a la unidad de conducta -art. 54 del C.P.- y al no ser escindibles la figura aludida y la prevista en el artículo 289 del C.P.P.N., ambas podrían ser materia de estudio del fuero federal. (…) el tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia en el Juzgado Nacional en lo Correccional N° (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.197, LA PUENTE, Antonio Daniel. Rta.: 18/04/2012

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CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO CORRECCIONAL. Sustracción de menor por el padre que comparte la patria potestad con la denunciante. Atipicidad: sujeto activo con derecho de custodia. Configuración del delito de impedimento de contacto. Justicia correccional. Disidencia: Hecho en el que se advierte que el padre ha hecho "desaparecer" al menor. Justicia de instrucción. Fallo: "(…) Las juezas María Laura Garrigós de Rébori y Mirta López González dicen: (…) la disposición del artículo 146 del Código Penal no puede ser aplicada al padre que sustrae y retiene para sí a un menor, arrebatándoselo al cónyuge que legalmente lo tenía. Ello, siempre que el sujeto activo tenga el derecho de custodia en plena vigencia (artículo 265 del Código Civil), toda vez que si el padre o madre se halla privado del ejercicio de la patria potestad al momento del suceso, sí puede ser autor del tipo penal en cuestión, mas no es el caso en estudio (1). (…) el hecho que da inicio a este expediente tiene como acusado al padre del menor quien comparte la patria potestad con la denunciante, de modo que la atipicidad del sujeto activo, en el marco del delito establecido por el artículo 146 del código de fondo, hace conducente que intervenga la justicia correccional. Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich dice: (…) la letra de la previsión que describe la sustracción de menores (artículo 146 del Código Penal) no exige característica especial alguna para su autor. En este sentido, la norma admite cualquier sujeto activo, entre los cuales se encuentran los padres, ejerzan o no la patria potestad. Así, como vengo sosteniendo, la cuestión radica en analizar, en cada caso concreto, el tenor de la acción imputada y, dentro de este contexto, el monto de pena previsto. Así, pues, un simple altercado entre los padres, que pueda derivar en que uno de ellos, por ejemplo, retire al niño del colegio antes de que el otro lo haga, o fuera de los días especialmente estipulados, o que lo devuelva fuera del horario fijado, no va a dar lugar a la figura analizada, más allá de cierta coincidencia con alguna de las acciones que el artículo 146 del código de fondo pune y sin perjuicio de la desobediencia que ello podría constituir. Es que, al confrontar dichas acciones con la pena prevista, esta última sin dudas luce irrazonable, por desproporcionada. La ley no reprime la pura ofensa a los derechos familiares, sino el hecho de hacer desaparecer al menor, esto es, robarlo a los padres. De modo que no podrá aplicarse la figura al padre que sustrae y retiene para sí a un menor arrebatándoselo al cónyuge que legalmente lo tenía, siempre que no pueda afirmarse que se ha hecho desaparecer al menor (2). Voto entonces para que la investigación continúe a cargo de la justicia de instrucción. (…) se RESUELVE: 1) Asignar competencia al Juzgado Nacional en lo Correccional n° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich (en disidencia), Garrigós de Rébori, López González. (Prosec. Cám.: González) c. 251, A., C.D. Rta.: 30/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. 37.335, "Martínez, Vanesa Elizabeth…", rta.: 7/08/2009; c.38.943, "Gallardón Guillermo Gustavo…", rta.: 26/04/2010; c. 39.715, "Martínez Edgardo Ismael…", entre otras). (2) Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", 4ta. Edición actualizada por Manuel A. Bayala Basombrio, t. IV, Tea, Buenos Aires, 1988, pág. 67 y ss.). CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCION Y JUZGADO FEDERAL. Administración y regenteo de casa de tolerancia. Trata de personas. Justicia federal. Fallo: "(...) Analizadas las constancias de esta causa y del expediente federal n° (…), coincidimos con el Ministerio Público Fiscal en que corresponde atribuir competencia al fuero de excepción para continuar con la investigación. Se denunció en estas actuaciones a un presunto grupo económico integrado por varias personas encabezadas por (…), dedicado a la explotación de la prostitución en nueve locales nocturnos ubicados en el ámbito de esta ciudad, atribuyéndoseles también el regenteo de similares establecimientos emplazados en México, dónde además se verificarían supuestos de trata de personas. Ahora bien, a diferencia de lo sostenido por la juez federal, la lectura de la causa sustanciada ante sus estrados exhibe que luego de que declarara su incompetencia parcial para entender en los hechos vinculados a la ley 12.331, al delito de facilitación de la prostitución y a maniobras de encubrimiento desplegadas por el personal policial, la Sala I de la Excma. Cámara de ese fuero dispuso que todos los sucesos debían ser investigadas en dicha sede, conjuntamente con los supuestos de trata de personas que también integran aquel legajo (cfr. fs. … del legajo que corre por cuerda) De tal suerte, considerando que las casas de tolerancia señaladas en el marco de estas actuaciones se encuentra entre aquellas aludidas desde los albores del sumario federal, en varias de las cuales se practicaron allanamientos y otras diligencias, resulta evidente la conveniencia de concentrar la totalidad de la pesquisa ante un mismo tribunal, máxime considerando la íntima vinculación que existiría entre la conducta allí atribuida al personal policial y la de los aquí imputados, pues según se deduce de la denuncia anónima formulada, (…) sería quién se ocupa de efectuar "arreglos y pagos a los policías de la federal" (sic, cfr. fs. …). En consecuencia, verificada la comunidad probatoria, en función de los principios de celeridad y economía procesal, frente a la necesidad de aventar todo riesgo de que se adopten resoluciones contradictorias,

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional habremos de asignar competencia al juzgado federal para intevenir en la causa, lo cual así se RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 1.972, M., R. L. Rta.: 27/03/2012 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Adulteración del formulario 02, expedido por el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Art. 33 inc. 1 del C.P.P.N. Justicia federal. Fallo: "(…) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud de la contienda de competencia negativa suscitada entre el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción nro. (…), y el magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. (…). (…) el formulario "02" es un informe de estado de dominio que es expedido exclusivamente por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Registro Nacional de la Propiedad del Automotor. En efecto, el formulario que habría sido adulterado se encuentra suscripto por la encargada titular del Registro Seccional de la Propiedad del Automotor (…), por lo que resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 33 inc. 1° "c" del CPPN. (…) el Tribunal RESUELVE: ASIGNAR la competencia al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° (…) para continuar interviniendo en las presentes actuaciones. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 41.696, GARCIA, Rubén Orlando. Rta.: 01/02/2012 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Comercialización de películas en formato DVD aparentemente apócrifas en un puesto de diarios. Justicia federal. Fallo: "(…) Se investiga (…) el hecho denunciado por (…) inspector del Ministerio de Trabajo, Empleo y la Seguridad Social, quien en un relevamiento en el puesto de diarios sito en (…) pudo advertir que se comercializaban películas en formato DVD, aparentemente apócrifas. Así, se dispuso la realización de un allanamiento sobre dicho local, diligencia cuyo resultado arrojó el secuestro de varias obras de cine respecto de las cuales, efectuado el peritaje de especialidad, se pudo establecer que eran reproducciones ilegales. El Sr. Juez a cargo del Juzgado de Instrucción n° (…) declinó su competencia en la presente a favor de la justicia de excepción (…) por entender que los hechos que aquí se investigan constituyen infracciones a la ley de propiedad intelectual y la ley de marcas. Por su parte el titular del juzgado federal sorteado, no aceptó la competencia por considerar que la mercadería secuestrada no resultaba idónea como para causar confusión en un posible consumidor y que no se vislumbraba una afectación relevante de los derechos marcarios que la ley 22.362 protege. Así las cosas, oído el Sr. fiscal general, consideramos que en las presentes resulta competente la justicia federal, toda vez que la venta de copias de DVD en cuyas portadas se han falsificado marcas implica un perjuicio patrimonial para el titular de la misma y, como hemos dicho en anteriores oportunidades, "... en las presentes actuaciones se investigan las infracciones a las leyes 11.723 y 22.362, y el art. 31 de esta última, pena aquella conducta mediante la cual se comercializan productos con marca registrada falsificada, valorándose el daño patrimonial que pueda causarle tal accionar al titular de la marca sin perjuicio de que haya o no error en la conducta del consumidor..." (*). (…) el tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.023, LIZZIERO, Sergio. Hernán. Rta.: 14/03/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 34.167, "N.N. Carbone Rolando", rta.: 4/7/08; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.419, "Ocupantes del Predio Salta 1721 s/ infracción ley 11.723", rta.: 2/2/10. CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Damnificada que denunció que otra persona se encontraba registrada con su DNI tanto en una entidad bancaria como en la AFIP y en ANSES. Posible falsificación de DNI. Justicia federal. Fallo: "(…) Se investiga en estas actuaciones el hecho denunciado por (…) quien manifestó que durante la tramitación de una tarjeta de crédito (…) con el Banco (…), tomó conocimiento de que en dicha entidad se encontraba registrada otra persona (…) con su mismo número de D.N.I. Asimismo, y a partir de la información recabada en la sucursal bancaria, la denunciante constató que también en el padrón de AFIP y de la ANSES se encontraba registrada la misma persona con su número de documento. (…) por las razones 53

invocadas por el Sr. Fiscal General que este Tribunal comparte y da por reproducidas, toda vez que las únicas hipótesis delictivas existentes en las presentes actuaciones versan sobre la falsificación del D.N.I. (…) o bien, sobre su uso siendo falsificado, hechos que encuadrarían, respectivamente, en los tipos previstos en los arts. 292 y 296, CP, ambos de competencia federal, corresponde dar intervención al fuero de excepción para que continúe con la pesquisa. (…) el tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.399, Yasalde, Carina Esther. Rta.: 09/05/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Desviación de usuarios desde una página web hacia otra de similar denominación mediante la técnica de phishing. Delito de acción privada. Cuestión que ya había sido resuelta por la Cámara en donde se precisó que el delito era de acción privada y que debía el magistrado emitir una decisión al respecto. Justicia de instrucción que continuó el trámite como si fuera un delito de acción pública y luego se declaró nuevamente incompetente provocando una nueva disputa por la competencia. Nulidad de todo lo actuado. Fallo: "(…) no se encuentra discutido que el hecho investigado, consistente en la desviación de usuarios desde la página web (…) hacia otra de similar denominación a través de la denominada técnica de "phishing", encuentra encuadre jurídico en el tipo previsto en el art. 153 del CP, siendo un delito de acción privada (art. 73, inc. 2°, CP). Por ello, solo a los fines que resuelva en consecuencia, se devolvieron las actuaciones al juzgado que previno. Sin embargo, el a quo continuó con el trámite de la causa como si se tratara de un delito de acción pública, debido a la presentación efectuada por (…) como parte querellante -en representación de (…)- (…), para luego declararse nuevamente incompetente cuando, contrariamente, lo que debió haber hecho es archivar las actuaciones, al corresponder aplicar el trámite del art. 415 y ss., CPPN. En efecto, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en su resolución (…) dictada en consecuencia de la apelación deducida por la parte querellante contra el auto por el cual el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° (…), no aceptó la competencia atribuida por el Dr. (…)destacó lo hasta aquí expuesto al sostener que "(…) la Cámara del Crimen recordó, sobre la base de la calificación legal sobre la cual no existían discrepancias, que la acción penal correspondiente era privada. Ello significa que no es posible proceder sin la acción de la querella y fuera de la especialidad que el código procesal penal le asigna a los procesos iniciados en función de esta especie de acciones. Por ello (…) en función de lo resuelto por la Cámara del Crimen, es el Juez de instrucción quien debe emitir decisión al respecto (…) La remisión por incompetencia a este fuero en relación con una investigación respecto de la cual, según lo expuesto con antelación, no es posible proceder, provocaría la anulación de todo lo actuado en consecuencia(…)". No obstante ello, el titular del Juzgado de Instrucción N°(…) continuó con el trámite de la causa sin dar cumplimiento a las directivas trazadas por esta Alzada (…), declarándose nuevamente incompetente (…). Por los motivos expuestos, habrá de declararse la nulidad de todo lo actuado a partir de fs. (…), debiendo el tribunal que previno pronunciarse de acuerdo a las directivas trazadas por los dos tribunales de Alzada que ya han intervenido en autos. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.095, SANZONI, Pablo Fernando Rta.: 26/03/2012 CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Dinero girado por la Nación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desvío. Perjuicio a las arcas nacionales. Justicia Federal. Fallo: "(…) El análisis de las constancias de autos, entre las que se encuentra la copia del Acta Complementaria n° 18 al Convenio de transferencia de servicios educativos nacionales al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (fs. …), nos lleva a coincidir con la Sra. juez de instrucción en cuanto a que estas actuaciones deben continuar su trámite en el fuero federal. Ello así pues el objeto procesal de esta causa (ver requerimiento de instrucción de fs. ...) guarda estrecha relación con el monto de dinero girado desde la Nación y que no habría sido imputado a la terminación de las obras comprendidas en el artículo 18 de la ley de 24.049 (cfr. fs. …) y a la reparación y mantenimiento previsto en su artículo 19 de los edificios escolares oportunamente transferidos, cual era su destino conforme el acta citada. La lectura de ésta última y de la ley 24.049 refleja sin duda alguna el origen federal de los fondos que el Gobierno de la Ciudad debía administrar, teniendo el deber de informar semestralmente sobre la marcha de las obras (cláusula VI). Véase que el artículo 18 de la mencionada ley preveía que "las obras públicas que se encuentran en ejecución en los servicios a transferir, serán continuadas y finalizadas por la Nación", y aclaraba que "a su término dichos inmuebles serán transferidos a la jurisdicción en los términos de la presente ley".Tal situación fue contemplada en el Acta Complementaria n° 18 mediante la obligación que asume el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires de culminar tales obras con los fondos que a tal fin le enviaba el Gobierno Nacional; cuestión claramente delimitada en la cláusula II. 54

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En ese contexto la presunta falta de aplicación de tal dinero al destino para el cual el mandante (léase la Nación) lo había otorgado, claramente redunda en un perjuicio para sus arcas, excitando en consecuencia la competencia del fuero de excepción, tal como contempla el artículo 33 inciso 1° aparatado "c" del Código Procesal Penal de la Nación. Por ello, se RESUELVE: ASIGNAR COMPETENCIA al Juzgado Federal n° (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 1.904, GOB. DE LA CIUDAD DE BS. AS. Rta.: 08/02/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. En razón del territorio. Infracción Ley 22.421 de conservación de la fauna silvestre y su decreto reglamentario n° 666/97 en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Justicia de instrucción. Fallo: "(…) consideramos que, en tanto la ley en cuestión no determina la competencia exclusiva de la justicia de excepción, corresponde fijar la competencia en razón del lugar de comisión del hecho. Así pues, toda vez que la hipótesis denunciada tuvo lugar en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la justicia ordinaria deberá continuar con la pesquisa. (…) nuestro más alto tribunal lleva dicho que "las infracciones a la ley de protección y conservación de la fauna silvestre n° 22.421, comprobadas en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, deben ser investigadas por la justicia común" (C.S.J.N. Fallo 315:2657), en igual sentido, "la ley de protección y conservación de fauna silvestre, en materia de infracciones, no ha establecido la jurisdicción federal, por lo que las cuestiones de competencia deben ser resueltas atendiendo al lugar de su comisión" (Fallo 329:6056). (…) el tribunal resuelve: Que debe seguir entendiendo en el presente legajo el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec.Cám. adhoc: González) c. 35, BERSERO, Celia L. Rta.: 09/03/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Existencia de dos tarjetas de crédito idénticas. Utilización ilegítima de D.N.I. para la obtención de la tarjeta de crédito en sede bancaria. Juzgado Federal. Fallo: "(…) Tuvieron su génesis los presentes actuados con motivo de la denuncia formulada por (..:), quien manifestó que el día 19 de marzo pasado se dirigió al supermercado "…", situado en la intersección de las calles (…) y (…) de esta ciudad y al intentar abonar las mercaderías, fue rechazada su tarjeta de crédito "MasterCard". Así, al dirigirse al Banco Macro le informaron que existía otra tarjeta idéntica a la suya y por tal motivo debía dar de baja la que poseía. Finalmente, al regresar a su domicilio constató que su Documento Nacional de Identidad no se hallaba en el lugar donde lo guardaba habitualmente. El señor juez de instrucción se declaró incompetente en el entendimiento de que se utilizó ilegítimamente el Documento Nacional de Identidad de la denunciante, puesto que tal instrumento es esencial para el otorgamiento de la tarjeta en cuestión. A su turno, el juez federal no aceptó la competencia atribuida, ya que la estimó prematura, toda vez que no se cuenta con una mínima investigación previa que permita establecer si para la gestión de la tarjeta de crédito cuestionada se habría utilizado el Documento Nacional de Identidad a nombre de la denunciante. En tal sentido, sin soslayar que esta Sala ya se ha pronunciado en la inteligencia de que las cuestiones probatorias que pudiesen suscitarse en el legajo no deben incidir en la determinación de la competencia (1), ante la posibilidad de una defraudación cometida mediante la falsificación, adulteración o utilización ilegítima de un Documento Nacional de Identidad ajeno, o de que solamente se hubiera incurrido en esta última infracción, corresponde declinar la competencia al fuero de excepción (artículo 33, inciso 1°, apartado "c" del Código Procesal Penal y artículos 33, inciso "d" y 42 de la ley 20.974 de Identificación del Potencial Humano Nacional). En consecuencia, se comparte el criterio asumido por el señor juez de instrucción (…) y la opinión brindada por el señor fiscal general ante esta Alzada (…), pues para gestionar una tarjeta de crédito ante una entidad bancaria resulta indispensable la exhibición de un Documento Nacional de Identidad. (…), este Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones corresponde intervenir al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Prosec. Cám.: Larcher). c. 671/12, N.N. Rta.: 06/06/2012

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Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 34.657, "N.N.", rta: 30/06/2008.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Interno que prende fuego un colchón en la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, produciendo daños en las instalaciones. Afectación al patrimonio del Estado Nacional. Resguardo de los intereses nacionales. Justicia Federal. Fallo: “IV.- (…) tal como se ha sostenido con anterioridad, atento a la naturaleza del evento pesquisado entendemos que la conducta desplegada ““afectó directamente al patrimonio del Estado Nacional, por lo que la intervención de la justicia federal, encuentra su fundamento en la defensa y el resguardo de los intereses nacionales, sin importar, a los efectos de determinar la competencia, la magnitud de los daños causados a los bienes estatales. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que en los delitos cometidos en establecimientos del Estado Federal, es la justicia de excepción quien mejor se encuentra habilitada para investigar, más aún cuando no se puede descartar que el accionar desplegado por los menores haya afectado el normal funcionamiento de la institución (1). Por ello, el Tribunal RESUELVE: Que debe continuar con la tramitación de estos actuados el Juzgado Criminal y Correccional Federal nro. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Rosciani). c. 656/12, CURBELO BRITOS, Jorge Sebastián. Rta.: 14/06/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Comp. 739.XL, “Hanselman, Eduardo”, rta.: 29/11/05; C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 38.211, “Ramos, Daniel Fabián s/procesamiento”, rta.: 20/10/2009, c. 36.432, “Aznar, Gregorio Jorge s/ competencia”, rta.: 19/12/2008.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Receptación dolosa de teléfonos celulares. Ley 25.891. Justicia federal. Fallo: "(…) El señor juez de instrucción mediante la decisión (…) se declaró incompetente en favor de la justicia federal, por entender que el caso del sub examen se adecua a la ley 25.891, la que en su artículo 15 otorga exclusiva competencia a la justicia de excepción. A su turno, el señor juez federal no aceptó la competencia atribuida al considerarla prematura, toda vez que no se constató quién de los imputados detentaba el teléfono móvil sustraído. Al respecto, este Tribunal comparte la decisión del señor juez de instrucción, toda vez que la ley 25.891, particularmente en su artículo 12, ha tipificado la recepción dolosa de teléfonos celulares, con lo que no se advierten dificultades para aseverar que esta normativa especial ha desplazado a la general que regula el artículo 277 del Código Penal (ley 25.815). Sentado ello, conforme a lo previsto por el artículo 15 de la ley mencionada, que otorga exclusiva competencia a la justicia de excepción, sin perjuicio de lo que surja del devenir de la investigación, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá intervenir el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Larcher). c. 497/12, DOLZ, Juan Cruz y otros. Rta.: 14/05/2012

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Tentativa de estafa mediante uso de documento privado adulterado y documento de identidad ajeno. Equiparación de la cédula de identidad al carácter de documento nacional. Bien jurídico lesionado: la fe de los documentos emitidos por la Policía Federal. Justicia federal. Fallo: "(…) la cuestión a resolver se circunscribe a determinar si el uso de una cédula de identidad emitida por la Policía Federal Argentina, es un "documento nacional" en los términos del art. 33 de la ley 20.974. (…) es primordial resaltar que la cédula de identidad tiene validez en todo el país y es válida para viajar a países vecinos, por lo que su regulación tiene carácter federal. En la causa nº 40.355 "Rosas Martel" rta: 23/3/11, donde esta sala resolvió una cuestión similar a la presente, dijimos: "En primer lugar, corresponde señalar que la Corte Suprema de la Nación en el año 1953 ha señalado que correspondía a la justicia de instrucción conocer acerca de la falsificación de cédulas de identidad expedidas por la Policía Federal como institución de orden local (1), lo que llevó a muchos tribunales inferiores a resolver de manera distinta. Sin embargo, con posterioridad al citado fallo se sancionó la ley 17.671 -actualmente vigente- que establece que la cédula de identidad otorgada por la Policía Federal 56

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Argentina tiene la misma validez que el documento nacional de identidad (art. 57) y le otorga el carácter federal a dicha ley. Más recientemente, nuestro máximo tribunal ha modificado el criterio sostenido con anterioridad, señalado que el bien jurídico lesionado en el caso de falsificación de una cédula de identidad es la fe que merecen los documentos emitidos por la Policía Federal y que, por tratarse de una autoridad nacional, corresponde atribuir al fuero de excepción el conocimientos de hechos de esa naturaleza acaecidos en territorio provincial (2). Sentado ello, es criterio de la sala, que cuando la hipótesis delictiva consiste en una defraudación cometida mediante la utilización espuria de un documento de identidad, la competencia le corresponde al fuero de excepción. Así lo establece el artículo 33 -inciso "c"- del C.P.P.N. y el artículo 42 según Ley 20.974 "Identificación del Potencial Humano Nacional" -ver causas n° 38.633, "NN s/estafa; damn: Seiles Nicolás", rta. 12/2/10, entre otras-.(…). De otro lado, cumple mencionar que dicha fuerza de seguridad es de orden federal, tiene jurisdicción en todo el territorio argentino y constituye una repartición subordinada de la administración nacional, razón por al que mal puede considerarse que haya otorgado las cédulas de identidad en carácter de institución local". En atención a lo expuesto, y a la luz de que el hecho denunciado puede ser subsumido en el delito de tentativa de estafa mediante uso de documento privado adulterado y documento de identidad ajeno, corresponde estar al carácter federal de éste último tipo penal (art. 33 inc. "d" de la ley 20.974), por lo que esta sala resuelve: Asignar competencia al Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec. Cám.: González). c. 571/12, PÉREZ GARCÍA, Teresa. Rta.: 22/05/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos 210: 1044 y 225:43. (2) Fallos: 302:538; 308:2522, 317:944 y competencia n° 1570, "Lordi, Pedro Leonardo s/infracción art. 292 del C.P.", rta. el 7/5/02.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Utilización de recursos por parte de personal de la P.F.A. para beneficio propio. Imputado que ejerce función local dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Justicia de Instrucción. Fallo: "(…) Tuvieron inicio las presentes actuaciones con motivo de la denuncia interpuesta contra el Jefe de la Seccional (…) de la Policía Federal Argentina, (…), puesto que habría utilizado mano de obra, tiempo y recursos del Estado para reparar el vehículo marca "Ford Escort", dominio (…), propiedad de su hijo, además de disponer que el personal policial ubicado en la intersección de las calles (…) y (…) de este ejido, custodiara permanentemente el rodado de la secretaria de la Fiscalía (…). La señora juez de instrucción declinó su competencia a la justicia de excepción, por entender que el suceso denunciado se subsume en el artículo 261 del Código Penal, puesto que se han afectado las arcas del Estado Nacional (art. 33, inc. 1 "c" del Código Procesal Penal). A su turno, el magistrado federal no aceptó la competencia atribuida, por estimarse prematura, puesto que no se cuenta con una mínima investigación que permita determinar el objeto procesal y en su caso, si se afectaron los intereses de la Nación. Entiende el Tribunal que deberá continuar interviniendo la justicia de instrucción, toda vez que al ejercer el imputado una función local dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aunque hubiera afectado el patrimonio del Estado Nacional, su conducta debe ser investigada por el fuero ordinario de conformidad con lo establecido por el artículo 1º de la ley 14180 (1). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá continuar interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Prosec. Cám.: Larcher). c. 791/12, GARRIDO, Joaquín. Rta.: 18/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc. Sala VII, c. 34.810 "N.N. damnif. Hohenberg, Germán Leonardo", rta: 16/07/2008; c. 35.590 "Oliva, José María", rta: 20/11/2008 y c. 39.392, "Cuevas, Luis Alberto", rta: 27/08/2010. CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO FEDERAL. Violación de secretos (art. 153 y 153 bis del C.P.). Internet. Apropiación ilegal de datos enviados por correo electrónico y publicación de las mismas con fines ilícitos de oferta sexual. Juzgado federal. Hechos: la denunciante recibe llamados telefónicos, de hombres desconocidos que le formulan ofertas sexuales, haciéndole referencia a distintas páginas web en las cuales se publicaron avisos de contenido erótico junto con fotografías suyas y de su hijo menor de edad en traje de baño, las que oportunamente envió por email a una amiga que vive en Estados Unidos. 57

El magistrado de instrucción declinó su competencia a favor del fuero federal por considerar que la naturaleza de los hechos denunciados se subsumen en los artículos 153 y 153 bis del Código Penal de la Nación; el juez federal, no la aceptó por considerar que la decisión resulta prematura. Fallo: “IV.- En el mismo sentido que el Juez de instrucción se expidió el Sr. Fiscal General a fs. (…), criterio que compartimos y en consecuencia consideramos que corresponde que continúe la investigación la Justicia de excepción (1). Por lo tanto, se RESUELVE: Que debe intervenir en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal n° (…). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Sec.: Williams). c. 43.084, N.N. damnificada R. H. Rta.: 13/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 41119, “ N.N. Dam. Costa Romina Noelia s/competencia”, rta.: 11/3/2011 y C.S.J.N., 321:2450 y 323:2074.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO PENAL ECONÓMICO. Cheques de pago diferido considerados instrumentos de crédito y no de pago. Entrega a cambio de contraprestación que no implica simultaneidad. Posible encuadramiento en el art. 302 inc. 2 CPN. Justicia en lo penal económico. Fallos: "(…) Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del tribunal en virtud de la contienda de competencia negativa suscitada entre el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción (…) y el Juzgado Nacional en lo Penal Económico (…). (…) La presente causa se inicia en virtud de la denuncia efectuada (…) por la comisión del delito de estafa (…). El Sr. juez de instrucción (…) resolvió declararse incompetente para investigar en las presentes actuaciones, por considerar que la conducta traída a estudio encuadraría en la figura prevista por el art. 302, inc. 2°, CP, remitiendo la causa al fuero en lo penal económico (…). A su vez, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico (…) no aceptó la competencia atribuida, entendiendo que la misma resulta prematura, devolviendo las actuaciones al juez declinante, quien (…) dio por trabada la contienda de competencia negativa que nos ocupa. Oído el señor fiscal, y de acuerdo a lo que se ha sostenido (*) habremos de asignar competencia al fuero en lo penal económico, por cuanto los cheques de pago diferido son instrumentos de crédito y no de pago, por lo que su entrega a cambio de una contraprestación no implica en ningún caso simultaneidad, la cual resulta ser un elemento indispensable a efectos de que se configure el delito previsto en el art. 172 del código sustantivo. (…) el tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.111, CASTROANI VITALE, Eugenio Alberto. Rta.: 29/03/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr. Sala I, c. 34.682, "Veliz, Liliana.", rta.: 9/10/2008.

CONTIENDA ENTRE JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Y JUZGADO EN LO PENAL ECONÓMICO. Damnificado que presentó al cobro cheques de pago diferido que fueron rechazados por falta de fondos. Art. 302 inc. 2 CP. Imposibilidad de configurar el delito de estafa por ausencia del elemento indispensable de la simultaneidad, por tratarse de instrumentos de crédito y no de pago. Justicia en lo penal económico. Fallo: "(…) Se investiga (…) el hecho presuntamente cometido por (…) quien, tras haberse presentado como gerente de "(…)", concertó la compra de distintos electrodomésticos para ser utilizados en el local de mención, entregando como contraprestación tres cheques de pago diferido, dos de los cuales, al ser presentados al cobro fueron rechazados por la entidad bancaria interviniente, por falta de fondos. (…) El titular del Juzgado (…) de Instrucción (…) resolvió declararse incompetente (…) por considerar que la conducta traída a estudio encuadraría en la figura prevista por el art. 302, inc. 2°, CP, remitiendo la causa al fuero en lo penal económico (…). A su vez, el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico (…) no aceptó la competencia atribuida, entendiendo por un lado que el tribunal declinante no había profundizado en la pesquisa a efectos de descartar la posible comisión del delito de estafa, y por el otro, que incluso si el hecho encuadrase en el tipo previsto en el art. 302, CP, dado que el banco girado tiene su sede en la Provincia de Buenos Aires, sería en esa judicatura en donde debería llevarse a cabo la investigación. (…) por las razones invocadas por el Sr. Fiscal General y de acuerdo a lo que se ha sostenido en otros precedentes (*), no surgiendo del expediente que los cartulares presentados fueran falsificados o que existiera en relación a ellos denuncia por extravío, hurto o robo, habremos de asignar competencia al fuero en lo penal económico, por cuanto los cheques de pago diferido son instrumentos de crédito y no de pago, por lo que su entrega a cambio de una contraprestación no implica en ningún caso simultaneidad, la cual resulta ser un elemento indispensable a efectos de que se configure el delito previsto en el art. 172 del código sustantivo. Ello, sin 58

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional perjuicio de la contienda de competencia negativa que se pueda suscitar entre el Juzgado Nacional en lo Penal Económico (…) y sus pares con jurisdicción en la localidad de San Justo, Provincia de Buenos Aires. (…) el tribunal RESUELVE: ASIGNAR competencia al Juzgado Nacional en lo Penal Económico (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec Cám.: Castrillón). c. 42.387, FUNEZ, Jorge Antonio. Rta.: 07/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 34.682, "Veliz, Liliana.", rta.: 9/10/08. CORRUPCIÓN DE MENORES. Agravada por amenazas y resultar imputada la persona conviviente con la víctima y encargada de su educación. Procesamiento. Confirmación. Fallo: "(…) Analizados los agravios de la defensa en relación a los sucesos de connotaciones sexuales que se atribuyen a (…) coincidimos con el juez de instrucción en que las pruebas reunidas corroboran la denuncia con la provisoriedad exigida en esta etapa del proceso. En efecto, sustentan la imputación los dichos de la víctima (…) y de su madre (…) (fs. …) aunados a las conclusiones de los profesionales que examinaran a la niña, quienes estimaron verosímil su relato y que presentaban signos de victimización sexual, añadiéndose que tales sucesos tendrían entidad potencial suficiente para alterar su normal desarrollo psicosexual. Esta última afirmación torna adecuada la calificación legal provisoria de los sucesos denunciados (cfr. informe de fs. … realizado en los términos del artículo 250 bis del C.P.P.N., peritajes psicológico de fs. (…) y psiquiátrico de fs. (…) e informe de fs. (…). A mayor abundamiento, y acudiendo a la bibliografía médica específica, el indicador más preciso de abuso sexual es el relato del niño (1). Además, cabe recordar que episodios como los investigados acaecen generalmente en la intimidad y en la especie, dentro del propio ámbito familiar, lo cual implica habitualmente la ausencia de testigos ajenos al núcleo y genera lógicos temores que cooperan para la ocultación de lo sucedido sin que trasciendan de ese limitado espacio. En el caso particular, adquiere especial relevancia el claro desamparo en que se encontraba la niña ultrajada, pues pese a haber puesto en conocimiento de su madre en reiteradas ocasiones los abusos sexuales a los que era sometida, ésta no le dio crédito hasta advertir por sí misma la ocurrencia de una conducta abusiva por su pareja hacia la impúber. También deben destacarse en el informe médico que ilustra acerca del estado psicológico de la víctima, las precisiones de la especialista (…) en cuanto a que la progenitora de la niña se encontraba en una situación de alto riesgo "por alta vulnerabilidad psíquica y dependencia emocional" (ver conclusiones del peritaje forense a fs….), lo que puede explicar tanto su demora en denunciar los sucesos como que aún continúe conviviendo con el imputado pese a lo ocurrido. Sentado ello, disentimos con el temperamento dispuesto en relación a las lesiones reiteradas que también se atribuyen a (…), por cuanto no obstante tratarse de un delito de resultado no se encuentran debidamente acreditadas, y tampoco se realizaron las diligencias pertinentes a esos fines -tales como incorporar las fotografías que mencionara la denunciante a fs. (…) o requerir el expediente por violencia iniciado ante el Juzgado Civil n° (…)- lo que torna prematuro el procesamiento. Además, la indeterminación de los sucesos impide incluso conocer si la acción penal se encuentra vigente, por todo lo cual, habremos de adoptar el temperamento expectante que prevé el artículo 309, CPPN hasta tanto se despejen tales incógnitas. Por las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: I. Confirmar parcialmente el auto de fs. (…) en cuanto dispuso el procesamiento de (…) por el delito de corrupción de menores agravada por haber mediado amenazas y por ser el autor del hecho una de las personas que convivía con la víctima y encargada de su educación. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 388, D., A. R. Rta.: 17/04/2012 Se citó: (1) Intebi, Irene "Indicadores psicológicos del abuso sexual infantil", publicado en "Revista de la Sociedad Argentina de Ginecología Infanto juvenil", reimpresión del volumen 3, n° 3, páginas 17/19.

CORRUPCIÓN DE MENORES. Procesamiento. Imputado que realizó tocamientos en las partes íntimas de una menor de 14 años, la obligó a realizarle sexo oral mientras la filmaba e intentó penetrarla, siempre a cambio de dinero. Solicitud del imputado de exhibición de imágenes de la niña a través de Internet mientras se masturbaba en su casa. Confirmación.

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Fallo: "(…) Se atribuye a (…) haber entregado dinero en reiteradas oportunidades a (…) a cambio de efectuarle tocamientos en sus partes íntimas. También a cambio de dinero habría intentado penetrarla con su miembro viril, lo que no concretó por la imposibilidad física de la joven damnificada, sin embargo sí le habría practicado sexo oral mientras la filmaba. Tales actos habrían ocurrido (…) entre los 13 y 14 años de la menor, en la sala de máquinas del edificio sito en (…). Asimismo, siempre a cambio de dinero, el imputado lograba que (…) le exhibiera imágenes a través de la computadora mientras se masturbaba en su casa, haciendo lo mismo el encausado. (…) cobra especial relevancia el relato circunstanciado que efectuó la menor tanto al ser entrevistada en Cámara Gesell (…) como al efectuársele el examen psiquiátrico (…), aportando datos pormenorizados de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se concretaron los sucesos disvaliosos. A ello se debe agregar que (…) profesionales que tuvieron a su cargo las medidas mencionadas respectivamente, fueron contestes al señalar que tales dichos aparecen como verosímiles, coherentes, con correlato afectivo y gestual congruente con lo explicitado. (…) la (…) galena (…) explicó (…) que los hechos han tenido una repercusión emocional y afectiva acorde a lo relatado como vivenciado, esto es que la niña siente asco, culpa, tristeza, se auto reprocha lo ocurrido y revela baja autoestima. Por otro lado, se debe valorar la declaración testimonial de la Licenciada (…), psicóloga que atendiera a (…) hasta que fuera internada (…). La nombrada manifestó haber tomado conocimiento de los hechos a través de la propia damnificada, indicando concretamente que no tenía dudas respecto a la verosimilitud de lo que le refiriera y que, inclusive, habiendo tomado conocimiento de una posterior autoagresión de la niña, reforzaba la idea de que los sucesos vividos la ponían en una situación altamente traumática (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.622/12, M., M. A. Rta.: 15/06/2012

COSTAS PROCESALES. Excepción al principio general del artículo 531 CPPN. Razones plausibles para litigar. Eximición a la querella del pago de las costas. Fallo: "(…) recurso de apelación deducido contra el auto (…) en el que impuso las costas al recurrente (…). (…) la regla general que emana del art. 531 del C.P.P.N. no es absoluta, por cuanto ella prevé una excepción: cuando el vencido hubiera tenido razón plausible para litigar, se lo podrá eximir total o parcialmente de las costas. De ese modo, considera el tribunal que el hecho de que la acusación particular formulada derivó en una investigación profusa acompañada por el Ministerio Público Fiscal, que inclusive ordenó (…) medidas (…) y solicitó la declaración indagatoria del imputado, sumado a la circunstancia de que efectivamente se comprobó que las firmas cuestionadas no le pertenecían al denunciante, demuestra que la querella tuvo argumentos valederos para iniciar la acción penal. Asimismo, valoramos positivamente que oportunamente haya consentido la solución intermedia que se asumiera en la inteligencia de que se debía proseguir con la pesquisa (…) y finalmente el sobreseimiento decretado. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…), y eximir a la querella del pago de las costas (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Sec.: Biuso). c. 41.884, SIARRUSTA, Esteban Manuel. Rta.: 24/02/2012

DAÑO. A un colectivo. Ausencia de agravantes del art. 184, inc. 5 del CP. Daño simple. Disidencia: alcance de la agravante desde el momento en que se encuentra afectado a la prestación de un servicio de uso general para la comunidad. Fallo: "(…) El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) Respecto a la calificación legal asignada al hecho, considero que si bien el autotransporte se pasajeros es propiedad privada, adquiere la calidad requerida por el inc. 5 del artículo 184 del CP, desde el momento en que se encuentra afectado a la prestación de un servicio de uso general para la comunidad que se traduce en la satisfacción de sus intereses y necesidades (…) (*). Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) hemos sostenido en diferentes precedentes (**) que el daño causado a un colectivo no encuadra en las previsiones del art. 184 inc. 5 del CP. En consecuencia, el hecho reprochado (…) debe ser calificado como constitutivo del delito de daño simple. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos, Barbarosch (en disidencia). (Prosec. Cám.: Souto) c. 42.264, L., B. G. Rta.: 16/04/2012

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 31.969, "Salomon", rta.: 13/9/2007. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 31.969, "Salomon", rta.: 13/9/2007; C. N. Crim. Corr., Sala VI, c. 33.261, "Martínez", rta.: 13/9/2007.

DECLARACIÓN INDAGATORIA. Juez que no hizo lugar al pedido formulado por el fiscal de llamar al imputado a prestar declaración indagatoria. Fiscal que considera que existen motivos suficientes para sospechar del mismo. Revocación. Fallo: "(…) La intervención del Tribunal se circunscribe a resolver el recurso de apelación concedido al Sr. fiscal de grado (…) por esta Sala, contra el decreto (…) que no hizo lugar a lo su petición de escuchar al imputado (…) en los términos del art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación. (…) entendemos que las probanzas reseñadas por el Sr. fiscal de grado en su requerimiento (…), por el cual solicitó entre otras cosas, la declaración indagatoria de (…), resultan por demás suficientes a los fines previstos en el art. 294 del Código Procesal Penal de la Nación, para considerar que existen motivos bastantes para sospechar del nombrado y escuchar, en consecuencia, los descargos que entienda corresponder. Ello es así pues, independientemente de que aún restan agregar las pericias ordenadas en relación a los artefactos en cuestión, lo cierto es que a simple vista puede determinarse qué finalidad posee dicho artilugio (…). Por todo ello, entendemos que tales constancias resultan suficientes para constituir indicios suficientes para justificar una imputación a (…). (…) se RESUELVE: REVOCAR el decreto (…) y disponer que el Sr. Juez a quo cite a (…) en los términos del art. 294 del C.P.P.N. (art. 455, a contrario sensu del citado ordenamiento procesal). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.066, RADOV, Nikolay. Rta.: 27/03/2012 DECLARACIÓN INDAGATORIA. Negativa al pedido de la defensa de ampliar la declaración indagatoria. Derecho del imputado a declarar cuantas veces quiera. Revocación. Fallo: "(…) Debe intervenir el tribunal en virtud del recurso de apelación deducido por la defensa (…) contra el auto (…) que no hizo lugar a la ampliación de la declaración indagatoria solicitada por la parte. (…) el art. 303, CPPN, establece claramente que "el imputado podrá declarar cuantas veces quiera, siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador". Ello es así por cuanto "el legislador pretende que el ejercicio del derecho de defensa por parte del imputado sea lo más amplio posible, y lo autoriza a declarar en nuevas oportunidades para que pueda manifestarse libremente acerca de su participación en el suceso delictivo, aspecto que redundará en beneficio de la averiguación de la verdad real. Carece de límite esa facultad, salvo que sus aportes sean inconducentes o notoriamente dilatorios…" (*). Por ello, sin que corresponda hacer distinción alguna en cuanto a la etapa procesal actual, así como tampoco dato objetivo que permita suponer que se trata de un pedido inconducente, mas aún cuando ha cambiado sus asistencia técnica (…) corresponde escuchar al imputado, tal como lo solicita. Ahora, en cuanto a la evacuación de citas que también solicita sean realizadas luego de tal acto, entendemos que el estado procesal en el que transitan las actuaciones, esto es culminando la etapa crítica, impide que puedan ser producidas en la instrucción dado que ha precluido su faz investigativa (…). (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.. Peluffo). c. 41.992, JUNCOS POSETTI, Hernán Paulo. Rta.: 28/03/2012 Se citó: (*) Roberto R. Navarro, Guillermo R. Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Hammurabi, Bs. As., 2006, t. II, p. 892.

DEFRAUDACIÓN. Administración fraudulenta en concurso real con retención indebida. Procesamiento. Damnificada que entregó al imputado un rodado para que lo vendiera o lo destinara como parte de pago de otro rodado. Imputado que vendió sin rendir cuentas y no lo devolvió cuando fue intimado. Confirmación. Fallo: "(…) se le atribuyó (…) los siguientes hechos: 1) Haber abusado de la relación de confianza mantenida con (…), habiendo recibido de ésta (…) el rodado (…), para que lo vendiera o lo destinara como parte de

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pago de un camión, sin perjuicio de lo cual perjudicó los intereses confiados, ya que entregó el vehículo a un tercero sin rendirle cuentas a la damnificada. Así, al reclamarle a aquél no sólo no lo restituyó sin que lo habría dado en venta a un tercero (…) sin darle lo percibido por esa operación. (…). 2) No haber restituido a su debido tiempo a (…) el vehículo de su propiedad (…), que le fuera entregado en febrero de 2011 con el objeto que lo vendiera o lo aplicara a la compra de otro vehículo. Pasado el tiempo sin concretarse la operación, (…) la damnificada intimó al compareciente a la restitución del rodado en 48 horas y, no obstante haber sido notificado, omitió entregarlo. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.607/12, ZOCO, Sergio Fabian. Rta.: 19/06/2012

DEFRAUDACIÓN. Administración fraudulenta. Procesamiento. Defensa que se agravia porque restan investigar determinados sucesos para definir si merecen reproche jurídico. Circunstancia que no neutraliza la consumación del tipo. Conjunto de hechos y actos jurídicos que conforman un hecho único, indivisible y global. Confirmación. Fallo: "(…) La resolución que se revisa detalló, en base a los elementos incorporados a la causa, los actos defraudatorios que habría cometido (…) en calidad de gestor de los intereses de la empresa (…), indicando respecto de cuáles existe prueba que permite acreditar el perjuicio patrimonial (hechos 1 a 9), y respecto de cuáles resta profundizar la investigación para emitir un juicio de reproche (hechos 10 a 17). (…) existen aspectos que aún restan aclarar, el temperamento adoptado se adecua a derecho, pues todos los actos por los cuales se indagó a (…) integran en su conjunto un único delito de defraudación por administración fraudulenta. Es decir, no corresponde procesar o sobreseer por cada uno de esos actos, pues la imputación se trata de un hecho único y global que impide, por lo tanto, analizar las maniobras de manera individual y fragmentada (conf. fallos 325:3255). En este sentido, el alto tribunal dijo que "la administración (…) es un concepto normativo expresado en nombre colectivo, es decir, en singular, si bien admite un conjunto de hechos y actos jurídicos. Pero cada uno de estos elementos que integran la estructura están inseparablemente unidos por voluntad de la previsión típica", indicando que "la gestión es un concepto jurídico indivisible sin perjuicio de su divisibilidad material, espacial o temporal". (…) habremos de confirmar el procesamiento dispuesto. (…) esta sala resuelve: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Poleri). c. 195/12, MITOLO, Miguel O. Rta.: 27/03/2012 DEFRAUDACIÓN. Desbaratamiento de derechos acordados en concurso real con usurpación. Procesamiento. Imputado que suscribió con el damnificado un boleto de compraventa por el que le vendió una propiedad y tiempo después volvió a enajenarlo a un tercero. Despojo de la posesión al cambiar la cerradura del inmueble e impedir su ingreso luego de celebrar el contrato de compraventa. Confirmación. Embargo. Fallo: "(…) dispuso el procesamiento del nombrado en orden a los delitos de defraudación por desbaratamiento de derechos acordados, en concurso real con el delito de usurpación (…). Se le atribuye a C. R. P. el hecho ocurrido (…) en la escribanía (…) oportunidad en la que suscribió con M. N. un boleto de compra venta a través del cual le vendió la unidad funcional (…) del edificio sito en avenida (…). Sin embargo, a través de la correspondiente escritura traslativa de dominio materializada ante el escribano G. A. y desbaratando los derechos oportunamente conferidos sobre tal inmueble a M. N., volvió a enajenarlo a E. J. M. Asimismo, se le atribuye haber despojado de la posesión del inmueble a M. N. (otorgada al celebrarse el boleto de compraventa …), ya que con posterioridad a esa operación y antes de llevarse a cabo la escrituración de fecha (…), cambió la cerradura del inmueble y le impidió consecuentemente su ingreso. (…) En efecto, si bien es cierto que de las constancias probatorias obrantes en el sumario se desprende que, tanto el boleto de compra y venta, como el poder especial para escriturar, confeccionados en favor de E. J. M (…), están datados el 23 de abril de 2008, mientras que los documentos suscriptos en favor del querellante se habrían confeccionado un año después (…), lo que descartaría a M. N. como víctima del delito de desbaratamiento de derechos acordados (art. 173, inc. 11°, del Código Penal), independientemente de que M. haya escriturado la propiedad el 27 de mayo de 2010, ello no torna atípico el hecho, por cuanto el imputado C. R. P., sabía perfectamente que dicha propiedad había sido vendida a E. J. M., circunstancia que ha sido aceptada por el nombrado en su presentación de fs. (…) y asegurada por su letrado defensor en la audiencia (…), por lo que, o bien P. ha vendido un bien, a sabiendas de que era ajeno, como propio (art. 173, inc. 9°, del C.P.), o bien ha simulado una garantía para obtener un beneficio de carácter económico, en el caso, el crédito supuestamente requerido a N. (art. 172 del C.P.). (…) la defensa no acreditó en modo alguno el

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional supuesto conocimiento de N. sobre la venta anterior y, por el contrario, se encuentra acreditado que éste abonó las deudas por expensas que debieron ser soportadas por M. (…) Por último corresponderá declarar desierta la apelación deducida por la defensa en relación al hecho que fuera considerado constitutivo del delito de usurpación (art. 181, inc. 1°, del Código Penal), habida cuenta que esa parte ningún agravio ha reproducido al respecto, tal como lo hiciera notar el letrado apoderado de la querella durante el transcurso de la audiencia. (…) se RESUELVE: CONFIRMAR PARCIALMENTE el punto (…) de la resolución de fs. (…), en cuanto decretó el procesamiento de (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala,Rimondi, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo) c . 41.757, POBLET, Rufino Carlos Rta.: 10/02/2012

DEFRAUDACIÓN. Procesamiento. Dolo anterior no acreditado. Diferencia con el petardismo. Dolo posterior: incumplimiento de contrato que debe resolverse por vía civil. Necesidad de llevar a cabo medidas. Revocatoria. Falta de mérito. Fallo: "(…) El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Los elementos de convicción reunidos en el legajo, a mi juicio, son insuficientes para arribar al procesamiento de la imputada (…). Ninguna hesitación puede caber acerca de que la causante es deudora de la firma que explota la estación de servicios en cuestión, pues hasta la propia imputada lo reconoce (…), lo que no equivale a sostener, sin más, que ello "importa reconocer enfáticamente su maniobra delictiva", como se afirma en la resolución atacada (...). En efecto, en los casos conocidos en doctrina como petardismo, el límite entre la deuda y la tipicidad penal estriba en determinar si el sujeto activo aparenta solvencia y mediante la fingida intención de pago, provoca un error en el sujeto pasivo y la consecuente disposición patrimonial perjudicial. Análogamente, en los supuestos de una casa de comidas y como se ha fijado en la doctrina plenaria de esta Cámara ("Franco", del 7-9-1993), se concurre al lugar "sabiendo que no pagará el precio o con la intención de no pagarlo". Ese extremo no se encuentra suficientemente configurado en el caso del sub examen. En ese sentido, cabe reparar en los propios dichos de la denunciante (…), quien aludió a ciertas circunstancias que podrían neutralizar la imputación penal, tales como el estado de exaltación de la cliente, el hecho de haber pedido hablar con el encargado frente a la demora, siempre que antes de retirarse "se quejó puntualmente de que no se la haya atendido con anterioridad, y que se la hizo esperar" y que ello había coincidido con el cambio de turno de los empleados que despachaban el combustible, sin perjuicio de haber expresado (…) la frase "ahora vas a esperar que te page [pague]". Consecuentemente, debe agotarse la pesquisa, para que se obtengan los dichos de (…), hermana de la imputada, según lo solicitado (…) y con las prevenciones del art. 242 del Código Procesal Penal, y se reciban las declaraciones de los empleados (…) y (...). Voto entonces por revocar la resolución puesta en crisis y dictar auto de falta de mérito para procesar o sobreseer a (…) (art. 309 del Código Procesal Penal). El juez Mauro Divito dijo: Comparto la solución propuesta por el juez Cicciaro. En efecto, en ocasiones anteriores destaqué que la doctrina enseña que en los casos de petardismo "…para que se dé la estafa es necesario que exista un dolo anterior del autor, de modo que ya debe saber con anticipación que no realizará el pago. Si el dolo es posterior (por ejemplo, no paga por haberse quedado sin dinero o porque el sitio no le gustó), estaremos ante un incumplimiento de contrato que debe resolverse en la vía civil" (1). Desde esa perspectiva, y por entender que las medidas que propicia el colega preopinante resultan conducentes para esclarecer tales extremos, adhiero a su voto. (…), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el decisorio extendido a fs. (…) y DECLARAR que no existe mérito suficiente para procesar ni para sobreseer a (…) (art. 309 del Código Procesal Penal)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 220, KITAY, Liliana. Rta.: 16/04/2012 Se citó: (1) Edgardo Alberto Donna y Javier Esteban de la Fuente, Aspectos generales del tipo penal de estafa, Revista Latinoamericana de Derecho, año I, nro. 1, enero-junio 2004, p. 61; C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.418, "Tuma, Alberto F.", rta: 25/11/2009.

DEFRAUDACIÓN. Procesamiento. Imputados que manipularon máquinas tragamonedas con el objeto de lograr que imprimieran tickets por un valor superior al otorgado por el sistema. Perjuicio patrimonial a la casa de juegos. Confirmación.

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Fallo: "(…) el recurrente centraliza sus agravios en dos cuestiones, la primera, al solicitar la invalidez de la detención y requisa personal de sus asistidos y el secuestro de los bienes peritados al haberse practicado sin orden judicial las dos primeras, y al no respetarse la cadena de custodia respecto al secuestro del dispositivo incautado. Pues bien, en primer lugar debemos decir que (…) no advertimos anomalías que permitan acreditar que se haya violado la custodia del efecto secuestrado tal y como exige art. 233, CPPN. En cuanto a la detención y requisa personal, habrá de obtenerse idéntica solución ya que, más allá de los argumentos defensistas, no existen elementos que avalen la declaración de nulidad pretendida en tanto y en cuanto tampoco se cuenta con la versión de descargo de los imputados que permitan sostener esa postura. Aclarado lo expuesto e ingresando ya al fondo de la cuestión, es menester detallar que la materialidad del hecho se encuentra acreditada en tanto los informes periciales (…) determinaron que ambas máquinas presentaban las tapas plásticas que protegen el dispositivo del lector de billetes o tickets violentadas, quedando un espacio para insertar dedos con algún alambre o clip que permitiera capturar el cable. Asimismo, se determinó que la máquina en la que se encontraban los imputados imprimía tickets por un valor superior al otorgado por ese sistema. Además, mediante el cotejo fotográfico de rostros efectuado se concluyó que los imputados eran quienes se encontraban en el interior del Hipódromo de Palermo transitando diferentes sectores los días de los hechos investigados y en especial utilizando las máquinas peritadas (…). A lo expuesto corresponde agregar que conforme surge del acta de fs. 10 se secuestró en poder de los encausados tres tickets expedidos por la máquina "traga monedas" n° (…) por montos de (…). Entonces, frente al cuadro probatorio imperante (…) entendemos que (…) se encuentra acreditado que uno de los imputados habría ingresado al país dos días antes de los hechos que se les reprochan y, en dos días consecutivos, habrían efectuado conductas defraudatorias con el consecuente perjuicio patrimonial hacia la firma del querellante. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.612/12, TRUJILLO ZULUAGA, Manuel Esteban y otros. Rta.: 05/06/2012

DEFRAUDACIÓN. Retención indebida. Sobreseimiento. Falta de restitución del bien reclamado en el tiempo establecido. Imputado: ex empleado al cual se le entregó un vehículo con contrato de leasing. Imputado que alude derecho de retención por reclamo indemnizatorio en sede laboral. Necesidad de profundizar la investigación. Revocación. Fallo: "(…) No se encuentra discutida la materialidad del suceso que se les reprocha a (…), esto es, no haber restituido a su debido tiempo, y tras haber sido debidamente intimados a ello (ver copia de la CD … reservada en autos), el automotor marca "(…)", dominio (…), que les fue entregado por la firma "(…)"en virtud del contrato de leasing suscripto entre esta última y el "Banco (…)" el (…) de 2010 (fs. …). Ahora bien, analizadas las constancias de la causa habremos de revocar el auto impugnado por las consideraciones que pasamos a desarrollar a continuación. En primer lugar, las excusas presentadas por (…) en sus presentaciones espontáneas (fs. …) para intentar justificar la falta de restitución de dicho bien, en modo alguno afectan el conocimiento que tenían sobre las condiciones del acuerdo que originó la tenencia del rodado -contrato de leasing- y, en especial, el vínculo laboral que motivó su entrega al primero de los nombrados. Si a ello se aduna que tras la ruptura de esa relación y la intimación para que lo devolvieran a la empresa, no lo hicieron alegando desconocer las reglas de ese convenio y negando haber recibido el vehículo en cuestión (cfr. copia de la CD … reservada en autos), el aspecto volitivo que conforma el dolo se habría, en principio, exteriorizado a raíz de esa negativa. Dichas conductas se aproximan a la omisión de reintegrar a su debido tiempo la cosa que se les entregara bajo un determinado titulo y tenían obligación de restituir. Sobre el tema ha expresado la Sala, que el elemento objetivo de la figura de la defraudación por retención indebida, prevista por el artículo 173 inciso 2 del Código Penal, queda configurado y se ve integrado con la existencia de una relación de hecho entre el autor de la retención y el titular de la cosa. Así, Fontán Balestra tiene dicho que "por una parte, quien entrega la cosa la pone fuera de su esfera de custodia, con lo que el hecho no puede ser calificado como hurto, y por la otra, el tenedor, de no mediar otro título, está en la obligación de entregar o devolver. No es preciso que la relación o presupuesto de la retención indebida sea de derecho; puede ser de hecho y en gran número de casos lo es" (1) (2). En el precedente "Nan" se sostuvo además que "Si bien la ley hace referencia en forma expresa al depósito, la comisión y a la administración, también están comprendidos dentro del tipo penal todos los contratos en virtud de los cuales una persona entrega a otra una cosa mueble para que la restituya a quien se la dio una vez vencido el término pactado" y se concluyó en que "el delito de defraudación por retención indebida no exige para su consumación la existencia de un título escrito para generar la obligación de restituir, pues basta una relación de hecho que produzca tal carga". Por otro lado, la doctrina sostiene que es posible que la acción de no restituir este justificada si hay derecho a no devolver la cosa en ciertas circunstancias, en tanto y en cuanto el autor retenga para exigir una deuda originada por la cosa misma -artículo 3939 del Código Civil- (3). De tal suerte, la existencia de un conflicto laboral entre las partes en modo alguno daría lugar al derecho analizado, en la medida que el reclamo indemnizatorio de (…) -además de no estar dirigido contra "(…)"- no guarda relación con el rodado por el cual se lo intimara a su restitución (4). 64

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En consecuencia, no vamos a compartir los argumentos expuestos por el magistrado instructor para sostener la atipicidad de la conducta denunciada, pues corresponde continuar con la presente investigación en el sentido ya sugerido, por lo que Tribunal RESUELVE: REVOCAR el (…) auto de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 383, CASTILLO, Daniel A. y otro. Rta.: 18/04/2012 Se citó: (1) Fontán Balestra, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Tomo VI, Ed. Abeledo Perrot 1969, pág. 116. (2) C.N. Crim. y Correc., Sala IV, c. 33.687 "Nan, Celina Margarita, rta. 28/3/2008 y c. 34.762 "Mitilmon, Alberto Mario y otro",rta.12/8/08. (3) Donna, Edgardo A. "Derecho Penal, Parte Especial", Ed. RubinzalCulzoni, 2001, to. II B, págs. 377/378. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 843/10 "Julio Villasenin Moure S.R.L", rta. 23/6/10.

DEFRAUDACIÓN. Retención indebida. Sobreseimiento. Atipicidad. Ausencia del dolo de retener. Conflicto laboral. Confirmación. Fallo: "(…) Los argumentos vertidos por el recurrente en su exposición oral no logran conmover los fundamentos por los cuales el Sr. Juez de grado dictó el temperamento impugnado, por lo que habremos de homologarlo. Cierto es que el imputado fue intimado mediante la carta documento cuya copia obra a fs. (…) a devolver los efectos que le habían sido entregados para desempeñar su tarea al inicio de la relación laboral. Sin embargo, las explicaciones que brindó al prestar declaración indagatoria resultan atendibles y permiten descartar la existencia del dolo requerido por la figura de defraudación por retención indebida. Explicó que tras su renuncia, se puso en contacto con la empresa para materializar el traspaso de la obra que tenía a cargo lo que implicaba a su vez la entrega del aparato "Nextel" y computadora "Bangho"aquí reclamadas por lo que concurrió a la oficina de la querellante portando consigo los elementos. Agregó que simultáneamente la firma debía abonarle la liquidación final por su desvinculación mas ante la negativa a incluir en el monto final el dinero que cobraba "en negro", rechazó la propuesta ante lo cual el empleado que lo atendió lo invitó a retirarse (fs. …). Las impresiones de los correos electrónicos aportados por la defensa (fs. …) confirman parcialmente su versión y las constancias de fs. (…), referidas al reclamo de haberes impagos, dan cuenta del conflicto existente entre las partes. Adviértase, asimismo, que la fecha de la carta documento remitida por (…) a la acusadora particular (fs. …) es de fecha anterior a aquella en la cual el encausado tomó conocimiento del inicio de este proceso penal (cfr. notificación de fs. …), de lo que se desprende que su versión en cuanto a las diferencias con los términos de su alejamiento y la imposibilidad de traspasar la obra al próximo arquitecto que se designara -que, reiteramos, implicaba la entrega de los elementos- no constituye una mera respuesta a la imputación penal sino una explicación que resulta creíble e impide tener por acreditada la existencia de una conducta dolosa. Lo expuesto, en cuanto a la ausencia del aspecto subjetivo, se ve reforzado por la puesta a disposición del magistrado instructor de los equipos reclamados (ver constancia de fs. …) y su buen estado de conservación (ver informe de la División Apoyo Tecnológico Judicial de fs. …) lo que descarta la intención de causar un perjuicio patrimonial. Por lo aquí expuesto y demás argumentos vertidos por el Sr. Juez de grado en la resolución puesta en crisis, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 691/12, MADDEM, Marcelo A. Rta.: 05/06/2012

DEFRAUDACIÓN. Retención indebida. Sobreseimiento. Ausencia de título o acto jurídico que afirme la existencia de obligación de restituir. Sentencia de divorcio que no definió sobre los objetos supuestamente retenidos. Confirmación. Hechos: la parte querellante apeló el sobreseimiento dispuesto respecto de la imputada. Fallo: "(…), en lo que atañe al agravio desarrollado por la querella, que se limitó en la audiencia a la falta de restitución de los bienes muebles que se encontraban en el interior de la finca sita en la calle (…), de este medio, cabe mencionar que sin perjuicio de que la titularidad de los bienes ha sido controvertida por la imputada (…), lo cierto es que no se verifica un título o un acto jurídico que permita afirmar la existencia de una obligación de entregar o restituir por parte de (…) (art. 173, inc. 2°, del Código Penal), pues no lo podría

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constituir la propia sentencia de divorcio, si con motivo de ello sólo se definió lo concerniente a un bien inmueble y no a los objetos supuestamente retenidos. Por lo demás, el propio recurrente advirtió que se hallaban pendientes tratativas con la imputada acerca del modo en el que distribuirían los objetos tras la declaración del divorcio vincular (...). Tales elementos de juicio conducen a compartir lo decidido por el señor juez de grado en torno a la atipicidad del hecho investigado (art. 336, inc. 3°, del canon ritual) y por ello, sin que existan motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota (art. 531 idem), este Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR con costas de alzada el auto protocolizado (…), en cuanto fuera materia recursiva". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 513/12, BARGIELA, María Laura. Rta.: 04/06/2012

DEFRAUDACIÓN. Retención indebida. Sobreseimiento. Ex empleados que no restituyeron formularios de una empresa de salud. Imposibilidad de perjuicio. Papeles que no revisten la calidad de "documento" ni pueden ser comprendidos dentro del concepto de "cosa". Atipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) Compartimos la decisión desvinculatoria dictada respecto de los tres imputados. A través de los propios dichos de la querellante quedó establecido que, hasta el presente, no ha habido reclamos procedentes del uso de alguno o algunos de los formularios cuya devolución se reclamó luego de la desvinculación laboral de los nombrados (…). La restitución de veintiséis de esos formularios, la denuncia de extravío de otros tantos y el particular mecanismo descripto por (…), gerente comercial de "(…), para que ésta llegara a efectivizar las prestaciones objeto de la actividad de la empresa luego del llenado de una solicitud, dejan en claro la imposibilidad de un perjuicio por esa vía, ni aún bajo la hipótesis de una mera especulación futura como la aducida por la querella. Sin embargo, lo esencial para decidir el caso es que las mencionadas solicitudes no pueden ser consideradas documentos ni son cosas y, por tanto, no pueden constituir el objeto pasible de generar una obligación de devolver que describe la figura del artículo 173, inciso 2° del Código Penal, por cuyo incumplimiento pudiera responsabilizarse a quien no lo hiciera o se negara a ello, ni aún bajo una intimación formal. Decimos que no son documentos porque, al no constar en ellas los datos del aspirante a la afiliación y su firma, no representan actos o hechos con repercusión jurídica (artículo 77 del Código Penal). Tampoco puede considerárselos cosa porque no son susceptibles de valor económico (artículo 2311 del Código Civil), más allá del nimio correspondiente a cualquier impresión que se haga en papel. Lo expuesto conduce a la atipicidad de la conducta de los implicados por falta de uno de los elementos objetivos del delito, razón por la cual confirmaremos los sobreseimientos dictados. Respecto de la imposición de costas, entendemos que no existen razones para modificar la decisión de la jueza. La falta de recurso del acusador público, acompañando la pretensión del particular es, también, un indicador de que la cuestión no debe ser resuelta fuera de la pauta general de la derrota. (…) el tribunal RESUELVE: I- Confirmar los puntos I, II y III del auto de fs. (…) en cuanto dispusieron los sobreseimientos de (…), (…) y (…) (artículo 336, inciso 2° del cuerpo adjetivo), con costas de alzada. II.Confirmar el punto IV de la decisión de fs. (…), que impuso el pago de las costas a la vencida". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori. (Sec.: Herrera). c. 713/12, DI NOME, Gonzalo E. y Otros. Rta.: 22/06/2012 DEFRAUDACIÓN. Retención indebida. Sobreseimiento. Restitución de mobilario reclamado por su ex pareja. Ausencia de voluntad inequívoca de retener las cosas que estaban bajo su custodia. Inexistencia de dolo. Costas en orden causado. Confirmación. Fallo: "(…) De la lectura de las actuaciones, se evidencia que la investigación tiene como plataforma una conflictiva relación de pareja, con claras dificultades de comunicación y, por ende, también para llegar a un acuerdo para la restitución del mobiliario reclamado por el querellante. Contamos en el legajo con los dichos de (…) y (…) -testigos aportados por la querella-, quienes sólo corroboraron la existencia de los objetos cuya restitución se reclama, explicando de manera conteste que estaban al tanto de la negativa de (…) únicamente por los dichos del denunciante (…). (…) a fs. (…) lucen fotocopias de las intimaciones cursadas por el querellante a su ex pareja, haciéndole saber que se constituiría en su domicilio con un flete para retirar sus pertenencias. (…) la imputada sostuvo en su descargo que (…)nunca se presentó en su domicilio, ni se comunicó con ella, aclarando que nunca tuvo la intención de retener los muebles reclamados, sino que, por el contrario, estuvo dispuesta a que fuera a buscarlos como establecía la intimación. Afirmó también, que el denunciante posee llaves del inmueble que habita y que, antes de intimarla por carta documento, concurría asiduamente a su domicilio a visitar a sus hijos (ver fs…). 66

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (…) la acusación se construye únicamente sobre las afirmaciones de (…), sin ningún otro elemento objetivo de convicción que avale su versión de los hechos. En ese contexto, no advertimos que la encausada haya decidido adueñarse de los objetos en cuestión o retenerlos para sí, pues no existe ningún indicio que al menos sugiera que la inculpada se negó a entregar los bienes que tenía bajo su custodia. (…) cabe poner de resalto que la hipótesis contenida en el artículo 173, inciso 2° del ordenamiento de fondo requiere una voluntad inequívoca de retener una cosa con el conocimiento de que se ha recibido con la obligación de restituirla, extremo que no se advierte en el accionar de (…). (…) si bien mediante la diligencia de allanamiento se acreditó que los muebles se encontraban en el domicilio de la imputada, lo cierto es que subjetivamente, no resulta lógico concluir que la imputada obró con el dolo requerido por el tipo penal en cuestión, toda vez que conforme se desprende de sus dichos, nunca se opuso a la restitución de los elementos reclamados, ni negó que estos fueran propiedad del querellante. (…) en lo atinente a la apelación respecto de las costas del proceso, entendemos que los fundamentos del juez de primera instancia lucen adecuados, por lo que también homologaremos en este punto el auto recurrido. (...) el tribunal resuelve: I.- Confirmar el punto I de la resolución obrante a fs. (...) en cuanto dispuso el sobreseimiento de (...) (artículo 336, inciso 2° del C.P.P.N.).II.- Confirmar el punto II de la resolución obrante a fs. (...)que impone el pago de las costas en el orden causado (artículo 531 del C.P.P.N.)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Poleri). c. 97/12, STUMPO, Liliana M. Rta.: 07/03/2012

DEFRAUDACIÓN. Sustracción. Procesamiento. Propietario de un vehículo que lo sustrae de la playa de acarreo para evitar pagar por la infracción cometida. Confirmación. Fallo: “(…) con la participación de (…), el (…) en el interior de la playa de estacionamiento ubicada en la (…) habría –mediante maniobras de distracción- tomando el (…), color rojo de su propiedad, el que había sido remolcado ese día a la (…) para evitar abonar el acarreo. (…) el propietario de la cosa (…) al sustraerla de su efectivo tenedor, frustró la garantía consistente en la retención del automotor (1). (…) En consecuencia el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 442/12, ALVAREZ DELVENNNE, Carlos José y otro. Rta.: 15/05/2012 Se citó: (1) Donna, Edgardo Alberto, Derecho Penal Parte Especial, Rubinzal-Culzoni, Tomo II B, páginas 394, Santa Fe, 2001.

DEFRAUDACIÓN. Sobreseimiento. Excusa absolutoria. Esposa que denuncia a su cónyuge. Confirmación. Fallo: "(…) En cuanto al fondo del asunto, entendemos que no es posible un análisis sobre la tipicidad del hecho sin soslayar que el inicio de este expediente tenía por objeto la investigación del presunto detrimento patrimonial que habría sufrido la querellante con motivo del pago de servicios no autorizados desde su cuenta bancaria. A fs. (…), al prestar declaración en la fiscalía de grado, (…) señaló a su cónyuge (…) como el autor de tal conducta, precisando que lo reconoció en las filmaciones del hecho exhibidas por personal del Banco (…). En ese marco, habiéndose constatado en autos el vínculo entre la querellante y el imputado, tiene lugar el sobreseimiento recurrido. Pues bien, la conducta enrostrada a (…) reúne los requisitos típicos de la figura contenida en el artículo 173 inc. 15 del Código Penal. Siguiendo el texto de dicha norma, se advierte que existen dos modalidades distintas de perpetrar el fraude: 1) mediante el uso de una tarjeta de compra, crédito o débito, que haya sido falsificada, adulterada, hurtada, robada, perdida, u obtenida del legítimo emisor mediante ardid o engaño; o 2) mediante el uso no autorizado de los datos de la tarjeta. El caso aquí a estudio se encuentra abarcado por la segunda de las hipótesis habida cuenta el uso de los datos necesarios para operar la cuenta sin la tarjeta correspondiente -DNI y PIN de su titular- a través de un sistema informático. No es posible concebir la restricción que propone la recurrente en torno a que no es aplicable esa figura porque el imputado no ha utilizado aquí un "cajero automático", en tanto el tipo penal en cuestión no descarta la utilización otros medios automáticos distintos. Véase que incluso abarca aquellas maniobras que pudieran efectuarse mediante una compra telefónica o por Internet. La única diferencia entre una terminal de autoservicio y un cajero automático, es que este último expende billetes a requerimiento de sus usuarios, pero 67

en concreto ambos no son más que computadoras con software específico conectadas a la red bancaria y mediante las cuales los usuarios pueden acceder a sus cuentas y efectuar distintas operaciones como, por ejemplo, el pago de servicios. De otro lado, es dable descartar la calificación que propone la querella, pues amén de que la figura que contempla el artículo 153 bis del Código Penal es de acción privada, y que no esa parte no ha adoptado los medios que prevé el código de forma para el inicio de una querella de ese tipo, debe repararse que (…) no es titular del sistema o dato informático presuntamente vulnerado. En todo caso, el afectado por el acceso ilegítimo sería el Banco (…), mientras que la propiedad de la nombrada se limita a la suma de dinero depositada en su cuenta, y cuyo desvío o apropiación se atribuye a su cónyuge. Respecto de lo señalado por la recurrente en cuanto a que la excusa aquí analizada no puede abarcar a los partícipes, es del caso mencionar que la resolución de grado no se expide sobre tal cuestión, de manera que mal podríamos aquí efectuar un análisis sobre ese tópico. Así las cosas, en tanto surgen de autos elementos que permiten sostener prima facie que (…) intervino en el hecho de fraude denunciado por la querellante, y que a la fecha del hecho eran cónyuges, resulta aplicable al caso la excusa absolutoria que contempla el artículo 185 del Código Penal, motivo por el cual debe confirmarse la resolución de grado, lo que así se RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Barros). c. 1.877, PUGLIESE, Marcelo. Rta.: 01/03/2012

DEFRAUDACIÓN. Sobreseimiento. Operación de compraventa por Internet a través del sitio web "Mercado libre". Ausencia de ardid o engaño. Atipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) La Sra. Jueza de grado sostuvo que el denunciante no había actuado con los recaudos necesarios antes de entregar la mercadería y la representante de la acusación pública solicitó medidas con el objeto de determinar tal extremo. La defensa oficial, por su parte, señaló que su asistido había abonado el precio en efectivo y que ello fue acreditado mediante las facturas emitidas por el vendedor donde se había asentado que la forma de pago había sido al "contado". Más allá de los argumentos desarrollados, el sobreseimiento debe ser confirmado porque entendemos que la conducta investigada es atípica. En efecto, del sumario no surge constancia alguna que permita establecer la realización de una maniobra de fraude desplegada por (…) y para provocar la disposición patrimonial sino sólo una compra de productos a través del sitio web "Mercado Libre" la cual, sea que hubiera sido abonada con posterioridad o no, por el modo en que se desarrolló, escapa a la órbita del derecho penal. Es que "El delito de estafa requiere, para su configuración la existencia de tres elementos: el ardid o engaño, el error -provocado por las maniobras engañosas desplegadas por el sujeto activo- y el perjuicio patrimonial, como consecuencia del error" (1), extremos ausentes en el caso traído a estudio. No puede dejar de destacarse que el sumario lleva casi cuatro años de trámite donde la Fiscalía recabó, al menos hasta este momento, todos los elementos que permiten un correcto análisis del hecho y su eventual subsunción típica, extremo al que prestamos hoy particular atención. En ausencia del accionar ardidoso que motivara la entrega de la mercadería, que no se ha verificado ni remotamente, se impone entonces un criterio definitivo y desincriminatorio respecto de (…). (…) Por otro lado, advirtiendo que la pieza obrante a fs. (…) es ajena al legajo, una vez devuelta la causa deberá desglosarse y corregirse la foliatura a partir de fs. (…). Por las razones expuestas, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 296, ECHEGARAY, Julian. Rta.: 04/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 28.558, "Tucci, Claudio Daniel y otros s/ estafa", rta. 14/8/06 y c. 30.046, "Sofía Feijoo, Ricardo y otro s/ estafa", rta. 24/11/06. DEFRAUDACIÓN. Uso no autorizado de los datos de una tarjeta de crédito. Imputado empleado de un restaurante que utilizaba sin autorización de la damnificada los datos de su tarjeta para efectuar pagos. Confirmación. Fallo: "(…) dispuso ampliar su procesamiento en orden al delito de defraudación por el uso no autorizado de los datos de una tarjeta de crédito reiterado (…). (…) a contrario de lo sostenido por la parte recurrente, en este estado del proceso no se requiere una vinculación "fehaciente" o cierta de su pupilo con las maniobras investigadas, siendo prueba válida para acreditar los extremos del art. 306 del C.P.P.N., la similitud con los otros hechos por los que ya se encuentra procesado -pronunciamiento que fuera confirmado por esta Sala, aunque con una integración parcialmente diferente-, los testimonios de (…), socio gerente del restaurant "(…)" (…), como así también la de los empleados (…), (…) y (…), que señalan a (…) como la persona que 68

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional habría usado indebidamente los datos de las tarjetas en cuestión. De ese modo, sin perjuicio de profundizar la investigación a fin de establecer los vínculos existentes entre los supuestos beneficiarios de los pagos efectuados mediante el uso no autorizado de los datos de la tarjeta "MasterCard" nro. (…) del "Banco (…)", a nombre de (…), el modus operandi similar a los otros eventos, sumado a que la nombrada reconoció haber concurrido al restaurant "(…)", donde trabajaba el imputado y se registraran las restantes operaciones observadas por los titulares de las tarjetas "Visa", permiten habilitar el camino hacia la eventual realización de un debate (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto (…) del auto glosado a fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Souto). c. 41.899, OVIEDO, Javier Daniel y otros. Rta.: 23/02/2012

DELITO DE ACCIÓN PRIVADA. Archivo. Lesiones culposas. Defensa que solicita el sobreseimiento. Damnificado que no instó la acción penal. Ausencia de interés público que autorice a suplir la voluntad de la presunta víctima. Confirmación. Fallo: "(…) Conforme el artículo 72 inciso 2 del Código Penal el delito de lesiones leves, tanto dolosas como culposas, es de acción pública pero dependiente de instancia privada, estableciendo el quinto párrafo de esa norma que "En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado…". De tal suerte, ante la falta de impulso por parte del damnificado la única solución posible es el archivo del sumario, tal como lo ha dispuesto la juez de grado a fs. (…), pues la necesidad de instar la acción penal "es una condición válida e indispensable para la formación de la causa" (1). A su vez, el artículo 195 del ordenamiento adjetivo prevé la adopción de esa decisión cuando no se pueda proceder. Y precisamente esa imposibilidad de avanzar en una investigación se relaciona con la instancia en aquellos delitos que la requieren (2). El sobreseimiento de (…) postulado por la defensa es inadmisible porque el proceso no fue formalmente iniciado. Y de serlo, debieran cumplimentarse las medidas tendientes a acreditar tanto la materialidad del hecho como la responsabilidad de sus presuntos autores, camino ineludible para poder afirmar que se ha alcanzado el estado de certeza negativa exigido en el artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación para la adopción del temperamento reclamado por el recurrente. Tampoco puede sostenerse que éste tenga derecho al dictado de una solución final por el paso del tiempo, pues no ha transcurrido el período de prescripción de la acción penal contemplado en el artículo 62 inciso 2 del Código Penal que podría generar su extinción y el consecuente sobreseimiento en los términos del artículo 336 inciso 1 del citado cuerpo legal. Por lo demás, no puede perderse de vista que "Los motivos por los que se ha hecho depender de esta condición algunos delitos son diversos pero, en cualquiera de ellos, ha sido consagrada como una prerrogativa a favor de la víctima y nunca como una garantía acordada al imputado; en este sentido la jurisprudencia No son los intereses personales del imputado sino los particulares de la víctima los que protege la tutela jurídica de la instancia privada…´" (3), por lo que no puede considerarse agraviada por la falta del dictado de un sobreseimiento en esas condiciones aquella persona que ha sido indicada como partícipe de un hecho delictuoso, pero contra quien no se ha instado la acción penal. Al respecto, si bien es cierto que el artículo 72 del ordenamiento sustantivo dispone que la calidad de imputado se adquiere con esa sola indicación, también lo es que debe mediar un acto jurisdiccional que importe tener por válidamente iniciada una instrucción (4). A partir de esa premisa se ha distinguido el derecho de una persona perseguida penalmente a reclamar que la sobresean cuando ha vencido el plazo de validez de la persecución penal o exista otra causa extintiva de la acción penal y, por otro lado, el de reclamar la paralización de esa persecución cuando existe un obstáculo o un impedimento tal que no permite temporalmente que sea perseguido penalmente (5). El análisis esbozado, en cuanto a que la causa penal no se considera formada hasta que se hubiera instado la acción, permite igualmente concluir que sin ese impulso no puede estimarse que exista un proceso contra (…). Y en consecuencia, en ese estado, limita su pretensión al archivo de las actuaciones, cuestión que en definitiva ya resolvió la instancia anterior. Por último, debe destacarse que ninguno de los precedentes citados por el recurrente en la audiencia es aplicable a este caso. Por un lado en el fallo "Lavezzari" de la Sala VII de esta Cámara lo que se trató fue la posibilidad de que una causa prosiguiera frente a la falta de impulso del Ministerio Público Fiscal y de la querella (6), y en la causa "Compudata" de la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal, la cuestión se centró en determinar si podía dictarse el sobreseimiento de quien no había sido convocado a prestar declaración indagatoria (7). Concluimos entonces que ante la falta de instancia de la acción penal exigida por el artículo 72 del Código Penal el proceso aún no fue iniciado por quienes solo pueden hacerlo: las víctimas. La participación en un episodio de posible connotación delictiva no provoca la directa condición del imputado con el derecho de obtener un pronunciamiento desincriminatorio con el alcance del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación que contempla presupuestos taxativos, máxime cuando no se puede producir prueba ni ha transcurrido el lapso en que la acción puede aún ser promovida, pues la ley contempla 69

solo la solución referida a favor de la parte eventualmente perjudicada, aún cuando pueda serlo en desmedro de la expectativa que debe soportar la imputada. Por ello se RESUELVE: CONFIRMAR lo resuelto a fs.(…) en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 234, VILLEGAS BLANCO, Norobys y otra. Rta.: 16/04/2012 Se citó: (1) Fierro, Guillermo J., "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinario y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, 1997, pág. 758. (2) Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, 2004, to. I, pág. 490. (3) D´Alessio, Andrés José y Divito, Mauro A., "Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado", Ed. La Ley, 2011, to. I, pág. 1063. (4) Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl, "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Ed. Hammurabi, 2004, To. I, pág.243. (5) Maier, Julio B. J., "Derecho Procesal Penal. Parte General. Sujetos procesales", to. II, Ed. del Puerto, pág. 195. (6) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.221, rta. 24/9/2009. (7) C.N.C.P., registro n° 1923, rta. 17/10/2010.

DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA. Desestimación por inexistencia del delito. 1) Calumnias. Situaciones narradas por el autor: generalidades en contexto histórico. Ausencia de imputación de un delito concreto y circunstanciado. Atipicidad. 2) Injurias. Expresiones referidas a asuntos de interés público. Atipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) Se imputó a (…), como autor del libro "…", la comisión de los delitos de injurias, calumnias y su reproducción por un medio gráfico, en concurso ideal (arts. 109, 110 y 113 del Código Penal), mientras que al editor responsable del "Grupo Editorial (…)", se le reprochó la publicación y reproducción en un medio gráfico de injurias y calumnias inferidas por otro (art. 113 del mismo catálogo punitivo). La Sala considera que la decisión asumida en la instancia anterior debe ser homologada. En cuanto a las frases seleccionadas en el escrito promotor de la acción privada que fueron apuntadas como calumniosas y que la parte querellante durante la audiencia oral aclaró que se trata de diferentes pasajes del libro -que la Sala tiene a la vista en el cual "se lo trata de estafador", de ningún modo integran el tipo legal del artículo 109 del catálogo penal. Ello a partir del contenido de párrafos del libro que el acusador particular reproduce, como cuando se menciona que "(…) es un estafador porque se aprovecha de un momento de debilidad de Isabel -dice (…)… hay que reconocerle al tipo que tiene una visión para los negocios: agarró un montón de cosas que en ese momento eran un estorbo y se las quedó porque sabía que, en algunos años iban a costar una fortuna. Él vio un negocio que otros no vieron. La estafa, según (…), no consistió solamente en sorprender con la guardia baja a Isabel para sacarle todo: al menos dos tercios de los bienes que (…) dice que pertenecieron a (…)…no pertenecieron a (…)"(...), o lo califican de "encantador de serpientes" o "que eso [le] pasa por andar preguntando cosas sobre un encantador de serpientes que le ha vendido buzones a mucha gente…inclusive a él, admite" (…). Así, las situaciones narradas por el autor se integran en generalidades en un contexto histórico que, aun cuando (…) considere que alteran la verdad, no conforman un obrar calumnioso, por no reunir los elementos constitutivos del tipo previsto en el artículo 109 del Código Penal, que exige la imputación de "un delito concreto y circunstanciado" (1) Zanjado este primer tópico del reclamo, corresponde abordar el restante reproche del querellante centrado en el carácter injurioso de algunos párrafos de la narrativa de (…) a lo largo del libro de su autoría. Desde esta nueva óptica de análisis, cabe recordar que en la normativa actual del artículo 110 del catálogo penal según lo dispuesto por la ley 26.551 (B.O. 27-11-2009), en ningún caso configurarán el delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público ni los calificativos que guarden relación con esos temas. El resultado de la audiencia es esclarecedor a punto tal que ha sido la parte querellante quien ha indicado que el autor "pone en duda lo que se vincula con el traspaso de los bienes de (…)", tema por cierto que no ha perdido trascendencia en el marco de la sociedad argentina. Además, diferentes pasajes del libro de (…) se refieren a situaciones que aluden a la relación de (…) con personajes de la historia de nuestro país, no sólo del pasado sino con puntual mención de las actuales autoridades nacionales y la fundación que el querellante preside (…). A lo dicho debe sumarse que en el escrito de querella (…) reconoce que su "vida es pública… [y que] las operaciones políticas de las que fui objeto durante años, tuvieron siempre mi denuncia ante los medios masivos de difusión …" (…). Dicho de otro modo, los temas abordados por (…) como el resultado de una investigación periodística -y en ello se debe recordar que el querellante le concedió entrevistas (…)-, trascienden la esfera personal del accionante para erigirse en un asunto de interés público. De tal suerte, cabe concluir en que con la modificación introducida mediante la citada ley 26.551, al menos desde la perspectiva criminal, resulta atípico el hecho traído a conocimiento del Tribunal, al estimarse en el caso que las expresiones cuestionadas se refieren derechamente a asuntos de interés público y a todo evento guardan relación con un asunto de ese carácter (2). 70

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En mérito a ello, no corresponde examinar -dentro del contexto aludido- la configuración de la conducta que describe el artículo 113 del Código Penal, tal como lo reclama el recurrente. Cabe apuntar que aun para el supuesto de que se entendiera que el hecho por el que se querella hubiera configurado el delito de calumnias, la nueva normativa excluye a las expresiones referidas a asuntos de interés público. De acuerdo con lo decidido, como no se advierten circunstancias que permitan apartarse del principio general de la derrota, las costas correspondientes al trámite cumplido en la alzada deberán ser satisfechas por el recurrente (artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal). (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la decisión extendida (…), en cuanto fuera materia de recurso, con costas de alzada". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 55, PRENZ, Miguel. Rta.: 21/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 34.436 "Kravetz, Diego", rta: 22/04/2010. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.436, "Kravetz, Diego", rta: 22/04/2010, con cita de Gil Lavedra, Ricardo y Alicia Cano, Un paso positivo. Comentario a la ley 26.551, La Ley, 07/12/2009; C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.028, "Lanata, Jorge", rta: 08/07/2010. DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA. Inadmisibilidad. Claridad y precisión en el escrito promotor de la querella. Defensa en juicio garantizada. Revocación. Fallo: "(…) La lectura del escrito presentado a fs. (…) permite sostener que la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho, reclamada en el artículo 418, inciso 3°, del Código Procesal Penal, ha sido cumplida satisfactoriamente. Tal como surge del apartado "II", punto 2 de dicho libelo, a partir del 2 de junio pasado, el recurrente (…) no pudo acceder más a su casilla de correo electrónico habilitada en el sistema de la empresa de la cual fuera despedido, habiendo tomado conocimiento que una empleada, a la que individualiza, habría ingresado a la oficina del denunciante y descifrado su clave de seguridad, por orden del director de sistemas de "(…)", (…). Según refirió el acusador, dicho ingreso se habría complementado con la realización de un "back up" de los archivos contenidos en la computadora que utilizaba y con la difusión de información privada y laboral que esta guardaba. Incluso señaló con sus nombres a quienes habrían instigado dicha intromisión. Es así que el querellante circunscribió las conductas que a su juicio constituyen delitos contra la libertad en su perjuicio y describió las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que las personas sindicadas pudieron haber llevado a cabo las acciones que denunciara. Este contexto permite conocer los hechos que les son atribuidos, garantizándose el derecho a la defensa en juicio que asiste a los imputados cuya tutela es fundamento de los requisitos de la norma procesal (1). Asimismo, y si bien en el escrito que diera origen a estas actuaciones (…) no estableció puntualmente la fecha en que habría tenido lugar el evento narrado, cierto es que la concreción de su despido pudo haber incidido en su falta de acceso a la completa información. En este sentido, debe señalarse que en el apartado identificado como "V", se propuso la realización de diversas medidas de prueba en los términos del art. 426, CPPN, tales como la citación de testigos y el peritaje de la computadora en cuestión, que se encontraría, conforme a sus dichos, en la caja fuerte de la "Oficina de Asuntos Legales" de la firma para la que se desempeñaba y que su cristalización habilitaría a conocer con mayor certeza los acontecimientos materia de esta denuncia. Sentado ello, entendemos que el pretenso querellante ha cumplido con los requisitos que el Juez de grado le ha desconocido, por lo que el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 105, GARCIA FAU y otros. Rta.: 14/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 106/11 "Pérez", rta: 28/02/2011 y c. 1325/11, "Luna Limache", rta: 15/09/2011. DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA. Lesiones. Sobreseimiento. Apelación del fiscal. Acción no instada. Revocación. Archivo por imposibilidad de proceder. Fallo: "(…) La Dra. (…) descartó que en el caso hubiera existido un nexo causal entre la muerte de (…) y la conducta desplegada por (…). Empero, sostuvo que deben llevarse a cabo las medidas sugeridas por el fiscal de grado a fs. (…), en tanto aún no puede desecharse la posibilidad de que las lesiones que surgen de la 71

autopsia a fs. (…) (hematoma en región lumbar de 12,5 cm x 7 cm., área excoriativa de 5 cm x 7 cm en codo derecho, hematoma de 10 cm x 4 cm en cara posterior de brazo izquierdo, área equimótica de 5 cm x 4 en codo izquierdo y excoriaciones apergaminadas en cara anterior de ambas rodillas), hayan sido consecuencia de su obrar doloso, teniendo en cuenta que (…) observó a (…) forcejeando tras el incidente (fs. ...). Ahora bien, en razón de la entidad de tales heridas y sin perjuicio de que hayan podido ser producto del accidente automovilístico o del forcejeo ocurrido instantes después, lo cierto es que en ambos casos nos encontramos frente a un delito dependiente de instancia privada (artículo 72 del Código Penal de la Nación) por lo que teniendo en cuenta que no ha habido instancia de acción, y al no darse en la especie la excepción que ilustra la segunda oración del inciso 2° del citado artículo que habilita la prosecución de oficio por razones de seguridad o interés público, no podrá hacerlo como pretende el Ministerio Público Fiscal. Así las cosas, y toda vez que de momento no se ha formulado un planteo en tal sentido, habremos de revocar el sobreseimiento dictado en la anterior instancia, y disponer el archivo de las presentes actuaciones por imposibilidad de proceder, conforme lo establece el artículo 195 del código de forma, lo que ASÍ SE RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 15, CLAURE, Oscar A. Rta.: 10/02/2012

DESARMADERO DE AUTOMOTORES Y VENTA DE AUTOPARTES (LEY 25.761). Procesamiento. Omisión dolosa. Tipicidad. Confirmación. Hechos: Apela la defensa el procesamiento del imputado quien ofrecería a la venta repuestos carentes de la debida identificación. Alegó la atipicidad de la conducta. Fallo: "(…) Preliminarmente cabe señalar que, conforme surge de los párrafos precedentes, la defensa no ha cuestionado la materialidad de los hechos investigados, sino que centró su gravamen en que en la especie no existió una afectación a un bien jurídico determinado, por lo que la conducta de su pupilo deviene atípica. Circunscripta así la materia a analizar, entendemos que los cuestionamientos que realiza la parte no pueden prosperar, por lo que habremos de confirmar la resolución en crisis. En este sentido, corresponde traer a colación los argumentos expuestos en nuestra anterior intervención en el marco del incidente de inconstitucionalidad que corre por cuerda (cfr. fs. ...), donde dijimos que del espíritu de la ley 25.761 se vislumbra que el legislador ha pretendido evitar ampliamente mediante su sanción el riesgo que implica el comercio de autopartes sin la satisfacción de los recaudos administrativos pertinentes y preestablecidos en la misma norma, pues tiene exclusivo sustento en la negociación de mercaderías que pueden proceder de la sustracción de los automotores y su posterior desguace o bien de los actos dañosos para el apoderamiento de las piezas separadas que los constituyen, en especial los vehículos dejados en la vía pública. A su vez, señalamos que el legislador también ha querido conjurar el riesgo de que el producto de esta modalidad delictiva sea introducido en el comercio neutralizando con la sanción de la norma esta posibilidad, pues sólo aquellos repuestos o autopartes que cumplan con los requisitos administrativos para garantizar la legalidad de su origen podrán ser puestos en debida circulación, excluyendo del mercado a los que estén imposibilitados de satisfacer estos extremos por su procedencia espuria y además los que pueden poner en riesgo, por sus deficiencias, la seguridad en el tránsito. Por tales motivos, concluimos en esa oportunidad que las disposiciones contenidas en los artículos 6 (incorporación de un número identificatorio de las piezas automotrices mediante los denominados stickers luego de un desarme); 7 (inserción en la pertinente documentación comercial del número identificatorio de la pieza cuando se trate de un repuesto usado y la abstención de la oferta o mantenimiento en stock de repuestos carentes de dicha identificación); 10 (obligación de documentar el ingreso y egreso de vehículos y de partes con determinada exigencia de datos para individualizarlos, destrucción de las piezas no aptas para su reciclaje y conservación y presentación de estos comprobantes ante el requerimiento de la autoridad de control) y 13, párrafo segundo (penalización de las personas dedicadas al desarmado de automotores y/o comercialización, transporte o almacenamiento de repuestos usados que incumplan a lo que los obliga la norma), en orden a los cuales se dictara el procesamiento del referido (…), no resultan materia de confronte con los derechos y garantías de nuestra carta fundamental. Y es que quienes desarrollan dicha actividad reglamentada y lo hacen en condición irregular, podrían llegar a ser considerados como un complemento necesario para la conclusión exitosa de delitos previos de lesión que, sin dicho complemento, no tendrían razón de ser por la ausencia de lucro o cualquier otro tipo de beneficio. Es así que, por lo general, son estadística y sensiblemente menores los casos de sustracción de automotores para ser utilizados o dispuestos como propios mediante la previa alteración de sus números registrales. En conclusión, y a diferencia de lo sostenido por la defensa, consideramos que el incumplimiento de las obligaciones que la normativa en cuestión impone a las personas físicas o jurídicas que revisten cierta calidad, se debe interpretar como una omisión dolosa de las disposiciones de naturaleza administrativa que ella misma contempla y que, merced a su descripción legal, se trata de una tipicidad omisiva que resguarda los principios de legalidad y reserva (artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional). En este contexto, y siendo que la inobservancia de las disposiciones referidas precedentemente por parte del imputado no sólo no fue cuestionada por su asistencia técnica sino que incluso la reconoció, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". 72

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 125, MIRKIN, Carlos A. y otros. Rta.: 14/03/2012

DESESTIMACIÓN POR INEXISTENCIA DE DELITO Rechazo de legitimación activa. Revocatoria. Juez y fiscal denunciados por violación al secreto de sumario y prevaricato. Revocatoria. Legitimación activa. Atipicidad. Publicidad de los actos de gobierno. Confirmación. Hechos: apela la pretensa querellante la desestimación por inexistencia de delito y el rechazo a su legitimación. Le atribuye al juez y al fiscal el haber dado a conocer circunstancias propias del sumario a medios periodísticos. Fallo: "(…) I.- De la solicitud de ser tenido por querellante: Habida cuenta la trascendencia que sobre la apelación de la desestimación de las actuaciones posee el rechazo de la solicitud de ser tenido por querellante, habremos de ingresar en esta cuestión en primer término, pues es criterio del tribunal que la viabilidad de esa pretensión debe analizarse a la luz de la hipótesis de delito denunciada, con independencia de la decisión que se adopte respecto del fondo del asunto (1). Con ese alcance, y toda vez que se verifican cumplidos los requisitos exigidos por los artículos 82 y 83 del ordenamiento adjetivo, hemos de revocar el punto (…) del auto impugnado y admitir la legitimación activa del Dr. (…). II.- De la desestimación de las actuaciones por inexistencia de delito: El querellante atribuyó al Juez de Instrucción (…) haber introducido frases de tenor intimidatorio en la resolución del 22 de noviembre de 2011 en la causa (…), caratulada "(…) s/ Infracción 256 bis, primer párrafo" -mediante la que se evacuó una solicitud de restitución que él efectuó-, basándose en la referencia del magistrado sobre su posible convocatoria a tenor del artículo 294 del código adjetivo, en tanto sostuvo que no tenía vinculación alguna con los hechos allí ventilados. Indicó que al dictar el decisorio, el juez había incurrido también en el delito de prevaricato, pues en sustento del temperamento que adoptó habría afirmado hechos falsos, relativos a que el denunciante nunca había intervenido en aquel proceso cuando en realidad sí lo había hecho. Por otra parte, señaló el recurrente que tanto el juez como el Dr. (…) -fiscal interviniente en la causa-, habrían dado a conocer circunstancias propias del trámite del sumario a medios periodísticos, desconociendo el mandato del artículo 204, tercer párrafo, del Código Procesal Penal, lo cual a su juicio verificaría los requisitos de la figura contemplada en el artículo 157 del Código Penal. Ahora bien, en cuanto a las frases reputadas como intimidatorias, la simple lectura del decisorio en que fueron insertas revela que la aclaración efectuada por el magistrado al rechazar su pedido de ser llamado como testigo, indicando que aún no se había descartado su participación en los sucesos allí denunciados, traduce simplemente la necesidad de tutelar los derechos del aquí querellante frente a su eventual legitimación pasiva, circunstancia que lejos de representar un mal grave e injusto en los términos de la figura penal en estudio, se enmarca entre las prerrogativas propias del juez de instrucción. En este sentido, se ha sostenido que para que la amenaza satisfaga ese requisito, el mal no tiene que ser soportado por la víctima a raíz de una imposición legal, no resultando injusto el anuncio del ejercicio legítimo de un derecho -o prerrogativa-, tal como se verifica en el caso (2). Sentado ello, en lo que concierne a la falta de correspondencia entre lo afirmado por el Juez (…) y las constancias de la causa respecto a que el aquí querellante no se había presentado con anterioridad a formular la solicitud de restitución, advertimos que dicha referencia, si bien errónea, se exhibe insuficiente para habilitar su persecución por el delito de prevaricato, pues ninguna incidencia tuvo en la decisión. A tal punto es así que la petición fue denegada por la utilidad probatoria del dinero secuestrado y la imposibilidad de acreditar que perteneciera al requirente, dadas las diversas explicaciones que sobre su origen dieron algunos imputados en el marco de aquel proceso y que incluso el propio recurrente manifestó en la audiencia que el prevaricato se habría verificado únicamente en los considerandos de la resolución que siquiera apeló. Finalmente, infiere el querellante a partir de las diversas publicaciones periodísticas que cita, que el Dr. (…) o el Fiscal (…) habrían revelado información de la causa, infringiendo el expreso mandato del artículo 204 del código procesal, último párrafo, e incurriendo así en el delito de violación de secretos. Cabe puntualizar al respecto que la reserva legal contemplada en la norma de referencia reconoce su razón de ser en la necesidad de preservar a la investigación del peligro que podría acarrear la divulgación de sus actos para la averiguación de la verdad y la regular tramitación del proceso. De otro modo no sería posible compatibilizar su aplicación con el mandato constitucional de que "el proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia" (3). Con ese alcance, y más allá de la potestad que con aquella finalidad la ley confiere al juez para disponer excepcionalmente y por un plazo acotado el secreto del sumario -no adoptado en aquel proceso-, en ninguna hipótesis la norma invocada por el recurrente persigue salvaguardar los intereses individuales de las partes, máxime considerando que su importancia al inicio de las actuaciones, necesariamente cedería en la etapa del juicio, regida por los principios de oralidad y publicidad. En esas condiciones, la divulgación de información objetiva de la causa por parte del órgano judicial o de la representación del Ministerio Público Fiscal que intervienen en su tramitación se presenta como una manifestación más de la regla de publicidad de los actos de gobierno, inherente al principio republicano 73

adoptado por la ley fundamental, circunstancia que adquiere especial relevancia frente a denuncias de corrupción que, como en aquel caso, involucran a funcionarios públicos. En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: I.- Revocar parcialmente el auto de fs. (…), y tener por querellante al Dr. (…)". II.- Confirmar parcialmente el decisorio recurrido en cuanto dispuso la desestimación de las actuaciones por inexistencia de delito. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 501/12, RODRIGUEZ, Luis O. y otro. Rta.: 31/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 110/10, "La Perseverancia del Sur S.A. y otro", rta: 17/03/10; c. 1811/09, "Laita", rta: 01/12/09 y c. 1550/10 "Talice", rta. 4/11/10. (2) D´Alessio y Divito "Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado, 2da. Edición actualizada y ampliada", Tomo II, Ed. La Ley, 2009, p. 498. (3) Constitución Nacional Art. 75, inciso 22, por remisión al Art. 8°, párr. 5° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Navarro y Daray , "Código Procesal Penal de la Nación, Análisis Doctrinal y Jurisprudencial", Tomo II, Ed. Hammurabi, 2010, pg. 176 y s.s.

DETENCIÓN DOMICILIARIA. Rechazada. Robo con armas. Concurso de delitos. Proceso en trámite. Hijos menores de 5 años de edad. Imputada embarazada. Bienestar del niño. Ley 26.472. Revocación. Concesión bajo responsabilidad de su tío y la supervisión del servicio social y/o terapéutico local y del tratamiento que las adicciones referidas por la imputada puedan requerir. Fallo: "(…) la imputada fue procesada, con prisión preventiva, por ser considerada, a primera vista, coautora penalmente responsable del hecho constitutivo del delito de robo agravado por su comisión con armas de fuego tentado, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro, que concurren materialmente entre sí, a excepción del último que concurre en forma ideal, siendo que, además, el proceso se encuentra tramitando ante el TOC (…). (…) se tiene en cuenta que la causante es madre de las niñas (…) -ambas menores de 5 años de edad-, de (…) -de 7 años-, además de encontrarse embarazada. (…) conforme fuera resuelto en el precedente "Cardozo" (*) "la concesión del arresto domiciliario es una facultad del órgano judicial y no un imperativo legal (art. 10 C.P. y 32 ley 24.660, conforme redacción ley 26.472) en consecuencia, consideramos que una decisión (…) debe fundarse en dos pilares básicos: el primero, que el arresto domiciliario asegure debidamente el fin perseguido al ordenarse la detención (en el caso de la prisión preventiva neutralizar los peligros procesales constatados) y el segundo, que se preserven durante la detención los objetivos buscados por la ley al establecer el arresto domiciliario (en el supuesto del inciso f), que se garanticen los derechos de los hijos de corta edad)". Así, el espíritu del legislador al incorporar mediante la ley 26.472 el inciso f) al art. 32 de la ley de ejecución penal y al art. 10 del C.P. ha sido la de asegurar el bienestar del niño y la integridad del grupo familiar, vinculado claramente a los lineamientos formulados por la Convención de los Derechos del Niño incorporada a nuestra legislación con jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22 de la CN) (**). (…) se destaca positivamente respecto de la pretensión de la defensa que el tío materno de la encausada ratificó en el marco de la audiencia su voluntad de brindarle alojamiento junto a sus hijos, fijando domicilio en la finca que habita en la actualidad, (…) y agregó que colaboraría en la asistencia y manutención de la encausada y sus hijos, de modo que se considera preservados los objetivos del instituto en cuestión y contrarrestado el peligro de fuga. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto (…) y disponer el arresto domiciliario de (…), en el inmueble mencionado, bajo responsabilidad de su tío materno (…) y la supervisión del servicio social y/o terapéutico local y del tratamiento que las adicciones referidas por la imputada puedan requerir. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám: Souto). c. 42.549/2012, Taboada Giménez, María José. Rta.: 30/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 35.902, rta.: 7/4/09. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.645, "Spinassi", rta.: 23/12/10.

DETENCIÓN SIN ORDEN JUDICIAL. Nulidad rechazada. Comportamiento de los imputados que habilitó la interceptación. Detención justificada en la visualización de un arma de fuego en la mochila que dejaran caer los imputados al ser interrogados. Actuación prudente y razonable en ejercicio de funciones específicas. Confirmación. Disidencia: actuación de los preventores que excedió las atribuciones legales. Ausencia de datos objetivos indicativos de una posible infracción a la ley. Revocación. Nulidad. Fallo: "(…) El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: A criterio de la asistencia técnica, la ausencia de indicios vehementes de culpabilidad determina la ilegalidad de las detenciones de (…) y (…). 74

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Al respecto, cumple entonces abordar la inspección de la diligencia que dio origen a las actuaciones y, en ese sentido, de lo actuado se extrae que el 13 de abril de 2012, el comisario inspector (…) y el cabo (…) observaron que dentro del local comercial sito en (…) de esta ciudad, los causantes formulaban preguntas en diversos sectores del comercio y en relación con diferentes indumentarias, luego de lo cual se retiraron sin efectuar compra alguna. Este marco de situación motivó que el preventor se acercara a los encausados dando a conocer su condición de policía, momento en el que quien vestía una campera deportiva de color blanco -trátase de …- (…), dejó caer la mochila que llevaba consigo -que se encontraba abierta- y el personal policial advirtió que contenía un arma de fuego, extremo que en definitiva motivó la detención de los nombrados. A partir de lo expuesto puede sostenerse que el recelo inicial del preventor no importó una actuación arbitraria y que el comportamiento asumido por los aquí imputados resultó una circunstancia objetiva que en un primer momento habilitó su intercepción mientras que -en rigor- lo que justificó la formal detención de aquéllos fue la visualización de un arma de fuego entre sus pertenencias. Desde esa perspectiva, es posible concluir en que tales circunstancias justificaron la intervención policial, en el marco de una actuación prudente y razonable del preventor en el ejercicio de sus funciones específicas. Por tales motivos y con imposición de costas en el orden causado, pues la defensa pudo verse con derecho a plantear la nulidad en función de los términos de las exposiciones de los preventores (…) y (…), voto por confirmar la resolución atacada. El juez Mauro A. Divito dijo: Estimo que -en el caso- los preventores actuaron excediendo sus atribuciones legales, ya que -tal como surge de las declaraciones de los agentes (…) y (…)lo que los condujo a "detener la marcha" de los imputados cuando se retiraban del local "…", ubicado en la avenida (…) de esta ciudad suceso que provocó, según aquéllos, que a uno de los sujetos se le cayera una mochila abierta con un arma de fuego en su interior- fue la mera circunstancia de que éstos se encontraran en el negocio "efectuando preguntas en diversas partes del local, pero sin llegar a pedir ningún artículo, llamándole poderosamente la atención esa circunstancia". En tal sentido, la actitud que los policías describieron por parte de (…) y (…) no puede siquiera ser tildada de inusual o llamativa, ya que, según los testimonios de los funcionarios y de (…) -empleado del comercio- (…), los nombrados se hallaban averiguando los precios de diversos productos allí ofrecidos, un viernes alrededor de las 19.00 horas. En efecto, ingresar a un comercio y hacer preguntas acerca de los objetos ofrecidos es algo habitual y constituye un comportamiento que carece de connotaciones que habiliten a intervenir a las fuerzas de seguridad, que -como es sabido- no tienen atribuciones para practicar detenciones ni requisas indiscriminadas. Por el contrario, de las disposiciones contenidas en los arts. 284 inc. 3° del CPPN, y 1° de la ley 23.950 se deriva que, si no media orden judicial o un supuesto de flagrancia, la policía solamente puede restringir la libertad de un habitante cuando concurren indicios vehementes de culpabilidad o, al menos, circunstancias objetivas y debidamente fundadas que hagan presumir que cometió -o pudiese cometer- un hecho delictivo o contravencional. Dicha regulación resulta claramente demostrativa de que la simple intuición de los agentes, desprovista como en el presente- de todo dato objetivo que permita conformar un cuadro razonablemente indicativo respecto de la posible actividad ilícita, no basta para detener a una persona. A las particularidades señaladas hasta aquí se añade que, en el marco descripto, no resulta verosímil que, tal como refirieron los preventores, luego de que "se detuviera la marcha" de los encartados, la mochila que portaba uno de los sujetos demorados hubiera caído al piso en ese preciso instante, quedando abierta y con un arma de fuego en su interior. En consecuencia, y puesto que se ha establecido que las diligencias cumplidas por los preventores no se basaron en datos objetivos indicativos de una posible infracción a la ley, por aplicación de la denominada regla de exclusión corresponde revocar el auto de fs. 27/29 y declarar la nulidad de la actuación documentada (…) del principal y de todo lo obrado en consecuencia (CPPN, art. 172). Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), adhiero al voto del doctor Cicciaro cuyos argumentos comparto en su totalidad. Es que, en el relato de los agentes (…) y (…), la situación inicial no habilitó a la detención sino sólo a pedir que los imputados se identificaran para luego advertir que portaban un arma y así proceder a su detención. (…), esta Sala RESUELVE: CONFIRMAR la resolución dictada (…), en cuanto no hizo lugar al planteo de nulidad impetrado por la defensa". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito (en disidencia), Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Sposetti). c. 705/12, PINTO CACERES, Rolando René. Rta.: 13/06/2012

DETENCIÓN SIN ORDEN JUDICIAL. Nulidad rechazada. Indicios vehementes de culpabilidad que permiten presumir la comisión de un hecho delictivo. Confirmación. Fallo: "(…) cabe señalar que no mediando orden escrita de autoridad competente, la detención de una persona por parte de funcionarios policiales sólo se halla legalmente autorizada en los supuestos específicamente 75

previstos en los artículos 284 y 230 bis del Código Procesal Penal de la Nación; y en las circunstancias que contempla la ley 23.950. Sin perjuicio de la particularidad que, además, exige la ley 23.950 ("que no acreditase fehacientemente su identidad"), las normas señaladas prevén un sustrato común para habilitar la intervención policial, cual es la existencia de circunstancias debidamente fundadas que hagan presumir que alguien hubiese cometido o pudiese cometer un hecho delictivo o contravencional (ley 23.950), las que deben ser previas o concomitantes y que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de [la]persona…" (artículo 230 bis). (…) consideramos que el instructor efectuó un análisis de las circunstancias de modo, tiempo y lugar del supuesto en estudio conforme a la sana crítica racional y concluyó, en forma correcta, que la actuación judicial de detención se encontró debidamente fundada en ellas. Las particularidades relacionadas con la fuga del imputado y el agrupamiento de gente en un sitio, en el escenario señalado -no en forma aislada- dejan entrever que en el presente caso, se dieron las pautas objetivas que establece la norma para proceder a la detención de (…). (…)se RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Raña). c. 169, SUAREZ, Jonathan E. Rta.: 20/03/2012

DETENCIÓN Y REQUISA SIN ORDEN JUDICIAL. Nulidad. Preventor alertado por transeúnte de actitud sospecha de dos personas. Actitud asumida al notar la presencia policial. Pautas objetivas y razonables que justifican la intervención policial. Confirmación. Hechos: la defensa oficial interpuso recurso de apelación contra el auto que no hizo lugar a la nulidad interpuesta respecto de las detenciones y requisa documentadas. Fallo: "(…) La recurrente sostuvo que la actividad policial cumplida en el caso importó una ilegítima intromisión estatal en el ámbito de privacidad e intimidad de los causantes, pues de modo concomitante a su detención y requisa, no se verificó ninguno de los supuestos contemplados por los arts. 230 bis y 284 del Código Procesal Penal o las disposiciones de la ley 23.950. De adverso a la invalidez postulada, se entiende que lo relatado por el preventor (…), en cuanto a que fue alertado por un ocasional transeúnte acerca de la actitud sospechosa de dos personas del sexo masculino a las que se describió, y la circunstancia de que ellas, al notar la presencia policial se pusieron nerviosas y caminaban "en forma dura", como si tuvieran "algunas cosas en su poder y se les dificultara hacerlo", constituyen pautas objetivas y razonables para que en el contexto aludido se justificara, en el particular caso del sub examen, la intervención policial con arreglo a la autorización que emerge de los arts. 183, 184, inciso 5°, 230 bis y 284, inciso 3°, del Código Procesal Penal (…). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…) de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 275, ELÍAS, Iván Gabriel. Rta.: 12/04/2012

DETENCIÓN Y REQUISA SIN ORDEN JUDICIAL. Nulidad rechazada. Imputado sin casco empujando motocicleta y nervioso al advertir al personal policial. Requerimiento de documentación. Manifestaciones espontáneas sobre el origen del bien. Ausencia de coacción. Validez. Confirmación. Fallo: "(…) I. (…). Al respecto, lo relatado por el agente policial (…), en cuanto a que observó al imputado quien no llevaba casco- empujando una motocicleta y que, al verlo, simuló acomodar la mochila que portaba, "poniéndose nervioso" a medida que se acercaba (…), justificó el accionar del uniformado, al requerirle la documentación pertinente. Fue en ese momento cuando el incuso manifestó espontáneamente que pertenecía a su tío, situación que rectificó al reconocer que la había sustraído; ello, cuando el policía procedía a efectuar la consulta pertinente (arts. 284, inc. 3° y 230 bis del Código Procesal Penal y art. 1° de la ley 23.950). La situación fáctica expuesta persuade acerca de la legitimidad del procedimiento pues de un lado, se justificaba que acreditase la titularidad del motovehículo en función de las particularidades descriptas y, del otro, las manifestaciones de aquél en torno al origen del bien, que resultaron exentas de coacción alguna -y por tanto, válidas- motivaron la requisa de la mochila aludida y la detención de (…). Bajo tal perspectiva y a mayor abundamiento, se ha sostenido que "el simple diálogo del prevenido con el preventor no implica recibirle declaración [CNCP, Sala II, 15/3/95, causa 32/95, 'Cardozo, L']" (1). Lo expuesto, independientemente de la doctrina del Máximo Tribunal en cuanto a que la mera comunicación de un dato, en la medida en que no sea producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal (2), de igual modo que "la prohibición contenida en el art. 184 del C.P.P.N. no 76

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional significa que dicho personal no pueda recoger manifestaciones del detenido como sospechoso y llevar a cabo las diligencias que correspondan" (3). II. Superado ello, en relación con el auto de procesamiento luciente a fs. (…), entiende el Tribunal que las circunstancias en que se produjo la detención del imputado, mientras empujaba la motocicleta "…", dominio (…), que había sustraído ese mismo día -3 de agosto de 2011- a escasos metros de donde se produjo la aludida aprehensión, luego de que su dueño (…) la dejara en la vía pública asegurada con una cadena candado en la intersección de las calles Reconquista y Viamonte de esta ciudad -…- y el hecho de haberse secuestrado de la mochila del incuso los elementos aptos para forzar dicha defensa -…-, persuaden acerca del acierto del auto de mérito, extremo por el que habrá de ser homologado. (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los autos documentados (…) y (…), en cuanto fueran materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Cicciaro, Álvaro. (Sec.: Sánchez). c. 378, MÉNDEZ, Alejandro. Rta.: 08/02/2012 Se citó: (1) Guillermo Navarro y Roberto Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Hammurabi, Bs. As., 2004, t. 1, p. 473. (2) C.S.J.N., Fallos: 317:241, con cita de la c. C.9.XXIV, "Cabral, Agustín s/contrabando", rta: 14/10/1992. (3) C.N.C.P., Sala I, "Zapata", rta: 03/03/2004. DETENCIÓN Y REQUISA SIN ORDEN JUDICIAL. Nulidad rechazada. Procedimiento policial válido. “Actitud sospechosa”. Manifestaciones espontáneas del enrostrado. Validez. Confirmación. Fallo: “(…) 2) El principio contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional relativo a que “...nadie puede ser ...arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente...” se encuentra reglamentado por el artículo 284 del Código Procesal Penal y por la ley 23.950, que establecen un catálogo de excepciones entre las que se prevé un tiempo mínimo para verificar la identidad de la persona, o ante la presencia de circunstancias debidamente fundamentadas -“indicios vehementes de culpabilidad”- que permitan presumir la comisión de un hecho de entidad delictiva o la posibilidad de su producción para poder proceder de esta manera. En el caso traído a estudio se verificaron circunstancias objetivas que habilitaron a los funcionarios a interceptar al imputado en la vía pública al menos para identificarlo, (…) y, cuando los policías se acercaron para individualizarlo, intentó tomar un objeto de su cintura que fue entendido por los funcionarios como una posible agresión. Estos extremos justifican una mínima restricción de su libertad, interpretada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el fallo “Terry vs. Ohio” como “stop and frisk” (interceptación con fines investigativos), que requiere un grado probatorio menor que el de “causa probable”, que permite una detención o requisa (1). En igual sentido, los hechos analizados en el precedente citado “Terry vs. Ohio” son similares a los valorados en la presente causa, (…). Debe distinguirse una interceptación -stop- de un arresto -detención propia (o secuestro de una persona)-, y entre el cacheo -frisk- y un registro -search-. En este sentido, entendemos que los funcionarios están facultados para interceptar a una persona en la vía pública, detenerla por un breve lapso para interrogarla si existe una sospecha de que podría estar vinculada con un delito y de considerar que estuviera armada puede cachearlo para despejar su duda. La inspección encontró justificación en la propia actitud de (…) ya que al intentar tomar “algún objeto” de su cintura habilitó en resguardo de su seguridad y la de los transeúntes que circulaban por la zona, a que los preventores revisaran sus ropas, incautándole un revólver de calibre 38 corto con cuatro proyectiles. Ello conforma la “circunstancia previa o concomitante que razonable y objetivamente” permite avalar la diligencia prevista en el artículo 230 bis del Código Procesal Penal (…). Por lo tanto, la conducta equívoca de (…) tornó razonable y prudente que los funcionarios lo interceptaran, identificaran y requisaran, ocasión en la que advirtieron la existencia del arma. De este modo, el procedimiento fue válido. Desde otro lado, las expresiones del acusado que lucen en las actas de fs. (…) -“estoy armado, iba a meter caño porque no tengo plata” (sic)- pueden ser tenidas en cuenta, ya que no se advierte que hayan sido producto de coacción, máxime cuando en su indagatoria no hizo ninguna referencia respecto de ello (…). En efecto “...sería un sin sentido (...) pedirle a la policía que se tape los oídos o que mire para otro lado, cuando escucha cosas de utilidad para el esclarecimiento de los hechos (...)” (2). En el caso sería pretender hagan oídos sordos a una frase que los alertaba de que corrían peligro. En igual inteligencia, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que las manifestaciones que una persona detenida efectúa ante la autoridad policial, dadas ciertas circunstancias y con un alcance acotado, resultan válidas y que “la mera comunicación de ese dato, en la medida en que no sea producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener (...) que la restricción procesal antes mencionada impide a los funcionarios investigar las pistas que pudieran surgir de esa comunicación” (3).

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Por lo demás, la requisa se realizó como consecuencia no sólo de lo que el aprehendido habría dicho, sino en la actitud más que sospechosa para cualquier agente de las fuerzas de seguridad, como es pretender extraer algún objeto de sus ropas que por su ubicación y modalidad en el ademán sugería que se trataba de un arma. En mérito a lo expuesto, consideramos que tanto el registro de (…) como su aprehensión se efectuaron de acuerdo a lo previsto en los artículos 230 bis y 284 del Código Procesal Penal y, en consecuencia, este Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (...)".

C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 658/12, ROBLES, Ignacio Cristopher. Rta.: 07/06/2012 Se citó: (1) Código Procesal Penal de la Nación. Comentado y Anotado. Miguel A. Almeyra, Director; Roque Funes, coautor, LL. p.277 y siguientes, y C.S.J.N., Fallos: 332:2397, “Ciraolo”, rta.: 20/10/09; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 517, “Martínez, Pedro Alfonso”, rta.: 31/5/12; (3) C.S.J.N., “Minaglia”, -Fallos: 330:3801. DETENCIÓN Y REQUISA SIN ORDEN JUDICIAL. Nulidad rechazada. Recelo inicial del preventor por comportamiento asumido por el imputado. Legitimación de la intervención policial. Actuación prudente y razonable. Confirmación. Fallo: "(…) La asistencia técnica del nombrado se agravió en relación con que, a su criterio, la detención y el posterior secuestro del revólver marca Taurus calibre 38 "Special" con la numeración (…) resultan nulos, toda vez que la actitud del imputado no constituyó una circunstancia razonable y objetiva para proceder a su identificación, y en cuanto a la incautación de dicho instrumento, indicó que únicamente se cuenta con la versión del personal policial y no existe prueba independiente. De la inspección de la diligencia que dio origen a las presentes actuaciones se desprende que el 16 de mayo de 2012, a las 21:00 aproximadamente, el sargento (…) se encontraba recorriendo el ejido de la Seccional (…) junto con el cabo (…), y al llegar a la calle (…) "observa dos personas del sexo masculino los cuales al observar el patrullero, aceleran la marcha y por tal motivo se dispone a descender del mismo para proceder a identificarlos. A lo que estos comenzaron a correr, por la mencionada calle hacia el lado de la General Paz, comenzando una breve persecución y a cien metros es detenida su marcha mas precisamente en la esquina de (…), no siendo perdidos de vista en ningún momento. En esos momentos uno de ellos vestido con campera con capucha blanca, pantalón color beige y zapatillas negras, saca de entre sus ropas un arma de fuego color plateada, exhibiendo dicha arma al personal policial, comenzando un forcejeo, cayendo al suelo la misma" (…). El preventor (…) se expresó en los mismos términos que (…) y a ello se adiciona el acta de secuestro (…) y las declaraciones de los testigos del procedimiento realizado, que dan cuenta de que el revólver en cuestión fue incautado de la cinta asfáltica (…). A partir de lo expuesto puede sostenerse que el recelo inicial del preventor derivó razonablemente del comportamiento asumido por el imputado, circunstancia objetiva que en un primer momento habilitó la actuación de aquél con el objeto de identificarlo, y que con mayor razón aparece justificada frente a la carrera emprendida por Schmidt. Desde esa perspectiva, es posible concluir no sólo en que tales circunstancias legitimaron la intervención policial, en el marco de una actuación prudente y razonable del preventor en el ejercicio de sus funciones específicas, sino que el hecho de habérselas consignado expresamente ha permitido el control jurisdiccional de dicha actuación (1). Por otro lado, en cuanto al secuestro del arma de fuego, entiende el Tribunal que no existen motivos para sostener que fue producto de una requisa, toda vez que el personal policial indicó que el encartado (…) extrajo de sus ropas un revólver, el que exhibió al preventor que iba en su persecución, lo que motivó un forcejeo entre ellos que culminó con la caída del arma al suelo. En consecuencia, las circunstancias indicadas permiten homologar el temperamento puesto en crisis. Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso. C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 917/12, SCHMIDT, Hugo E. Rta.: 29/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.970, "Molina, Matías M.", rta: 24/06/2010.

ENCUBRIMIENTO. Sobreseimiento. Por receptación. Arma de fuego con numeración erradicada. Tipicidad: recibimiento con ánimo de lucro. Revocatoria. Disidencia: ausencia de requisitos de configuración. Imposibilidad de determinar si el arma fue previamente obtenida mediante la comisión de un delito. Confirmación. 78

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fallo: "(…), concita la atención de la Sala el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal (…), contra el auto que dispuso el sobreseimiento de (…) y declaró la incompetencia del tribunal a favor del fuero correccional (…). Cabe señalar que la Fiscalía General no consideró necesaria la medida propuesta por el señor fiscal de instrucción y requirió que se le reciba declaración indagatoria a (…) en orden a los delitos de encubrimiento por receptación y de falsa denuncia, en carácter de instigador, y a (…), como autora del último ilícito mencionado y del delito de encubrimiento por favorecimiento, en concurso ideal (artículos 45, 54, 245, 277, inciso 1°, apartados "a" y "c" del Código Penal). El juez Mauro A. Divito dijo: En cuanto a la configuración del delito de encubrimiento por receptación invocado por el Ministerio Público Fiscal a raíz de que (…) habría recibido la pistola calibre .25 con su numeración suprimida, que personal de la Policía Federal Argentina secuestró del interior del vehículo que (…) denunciara como sustraído, entiendo que la figura en cuestión requiere que el bien que se adquiere, recibe u oculta provenga de un delito, para lo cual no basta que haya sido en sí objeto de un delito. Así, no procede en el caso considerar que se verificó un encubrimiento del delito de supresión de números identificatorios, pues si bien la eliminación de la numeración de un arma, efectivamente, constituye un accionar típico de acuerdo a lo previsto en el art. 189, inciso 5 in fine, del Código Penal, lo que torna penalmente relevante la receptación no es la mera existencia de un delito previo, sino la circunstancia de que la cosa sea proveniente de aquél, como sucede cuando, por ejemplo, ha sido hurtada o robada, u obtenida por medio de estafa, extorsión, cohecho, etc. De tal modo, si no puede sostenerse que el arma de fuego cuya receptación se investiga, fue previamente obtenida mediante la comisión de un delito, falta el requisito indispensable para que se configure el encubrimiento por receptación (1). Por dichos motivos entiendo que el sobreseimiento dispuesto a favor de (…) en orden al hecho que la fiscalía general calificó como constitutivo del delito contemplado en el artículo 277, inciso 1°, apartado "c" del Código Penal debe ser homologado y toda vez que resta investigar la presunta comisión de los delitos previstos en los artículos 245 y 277, inciso 1°, apartados "a" y "c" del Código Penal, cuyo conocimiento corresponde a la justicia correccional (artículo 27, inciso 2°, del Código Procesal Penal) voto por confirmar la incompetencia dispuesta. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Respecto de la situación de (…)|, entiendo que el imputado habría receptado el arma de fuego que presentaba su numeración erradicada y que tal recibimiento habría sido con ánimo de lucro, porque la posibilidad de uso o de cambio de los objetos receptados satisface el fin lucrativo exigido por la norma (art. 277, inciso 1°, apartado "c" e inciso 3°, apartado "b" del Código Penal) -de mi voto en la causa número 40.107, "Santa Cruz Mollera, Luis Enrique", del 23 de diciembre de 2010-. En consecuencia, voto por revocar el sobreseimiento de (…) y convocarlo a prestar declaración indagatoria en orden a los sucesos que la Fiscalía General entendió constitutivos de los delitos de encubrimiento por receptación y de falsa denuncia, en carácter de instigador. Por último, toda vez que el hecho en cuestión configuraría un injusto cuya penalidad excede el marco establecido por el artículo 27, inciso 2°, del Código Procesal Penal, la declinatoria de competencia dispuesta también debe ser revocada, pues corresponde que en ambos sucesos entienda el mismo Juzgado (artículo 41, incisos 2° y 3° del código adjetivo). El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), por compartir los argumentos expuestos por el juez Cicciaro adhiero a su voto. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR los puntos I y II de la resolución (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito (en disidencia), Cicciaro, Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti) c. 287, RODRÍGUEZ, Jorge. Rta.: 18/04/2012 Se citó:(1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 40.107, "Santa Cruz Mollera, Luis Enrique", rta: 23/12/2010.

ENTREGA DE EFECTOS. Rechazada. Cuadro secuestrado en una galería al llevarse a cabo un allanamiento. Necesidad de que intervenga la justicia civil para definir la cuestión. Revocación. Entrega del bien en carácter de depositaria judicial. Hechos: Apela la querella el auto que rechazó la entrega de un cuadro. Fallo: "(…) Coinciden las partes en que el cuadro "(…)" no resulta objeto de prueba, ya que no deberá ser sometido a peritaje o informe alguno. De la lectura del expediente se advierte que luego de que la obra fue secuestrada en la galería "(…)" en el marco del allanamiento dispuesto permaneció reservada en la Comisaría 15 de la Policía Federal Argentina (fs. …). Sin perjuicio de que deberán las partes concurrir a la justicia civil para dirimir el conflicto de intereses que existe en torno a la propiedad del bien (ver fs. … y art. 204 del CPPN), habrá de accederse al pedido que

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realiza (…) para preservar su conservación y, en consecuencia, disponer su entrega en carácter de depositaria judicial con la obligación de exhibirlo cada vez que sea requerido. Por lo expuesto, se RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (...) y disponer la ENTREGA del cuadro "(...)" a la querellante (...) en carácter de depositaria judicial. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 112, KANTT, Hugo E. y otro. Rta.: 14/03/2012 ENTREGA DE EFECTOS. Rechazo a la petición por parte de la querella de cambiar las condiciones impuestas por el tribunal para convertirse en depositario judicial. Alusión a una imposibilidad de cumplimiento no demostrada. Confirmación. Fallo: "(…) La querella cuestionó el rechazo a su propuesta de sustituir por un embargo sobre un bien inmueble la contratación del seguro a la que se condicionó su constitución en depositario de las obras de arte. Adujo que el cumplimiento de dicha condición demandaría un término y un costo excesivos, que no pudo asumir, e indicó que la decisión precedente de esta sala -invocada para denegar la solicitud (fs…)- no habría sido taxativa en cuanto a que esa contratación fuera el único medio idóneo para neutralizar debidamente todo riesgo en el resguardo de esos bienes. Las razones expuestas en nuestra anterior intervención para sujetar el depósito al previo aseguramiento de los cuadros se hallan plenamente vigentes al presente, sin que por el momento existan motivos válidos para su reconsideración (causa nro. 41.848 fs. …). Tal como el juez lo señaló, la imposibilidad de cumplimiento expuesta por la querella no ha sido demostrada de modo alguno y las dificultades que se arguyen -en relación a un seguro londinense- ceden frente a los términos del informe de fs. (…). (…) el tribunal RESUELVE: Confirmar la decisión de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Herrera). c. 215, CERMESONI, Jorge R. Rta.: 30/03/2012

ENTREGA DE EFECTOS. Rechazo respecto del pedido de destrucción de cheques secuestrados. Actuaciones archivadas con autor desconocido. Pedido prematuro. Confirmación. Hechos: el fiscal apeló que no hizo lugar a la destrucción de los cheques secuestrados. Fallo: “(…) Al no individualizarse al autor de la maniobra investigada, el (…) se dispuso el archivo (…). Así, en caso de ubicarse algún sospechoso, éste tendrá derecho de solicitar medidas en relación a los efectos secuestrados en el expediente (pericias, etc), los que de ser destruidos la tornarían imposible. Indispensable también sería para el instructor practicar medidas probatorias que resultan legalmente útiles (artículo 199 del Código Procesal Penal de la Nación). Por otra parte y en la medida que el cartular se encuentra correctamente reservado ningún gravamen puede causar. Por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el proveído de fs. (…) y disponer que el cheque secuestrado en el legajo se reserve conforme fuera ordenado a fs. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 43.162, N.N. Rta.: 04/04/2012

ENTREGA DE RODADO. Al padre del imputado en carácter de depositario judicial. Vehículo susceptible de ser decomisado. Revocación. Fallo: "(…) se dispuso hacer lugar a la entrega del motovehículo marca (…) al progenitor del imputado (…) en calidad de depositario judicial. (…) teniendo en cuenta el estado de las actuaciones y lo prescripto en el art. 23 del CP., la decisión del juez de grado, que aquí se cuestiona deviene improcedente pues, dicho vehículo, podría ser objeto de decomiso. En ese sentido, hemos sostenido que "si el vehículo cuya restitución se reclama ha sido utilizado para consumar los hechos ilícitos investigados en las actuaciones principales, no corresponde restituirlo durante el desarrollo de la etapa del sumario" (*), por lo que la decisión recurrida será revocada. (…) el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución (…) y NO HACER LUGAR a la entrega de la motocicleta secuestrada en autos (…). (…)". 80

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.211, A., D. E. Rta.: 12/04/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 35.930, "Iglesias", rta.: 28/04/09; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 40.687, "Vistos", rta.: 12/7/11. ENTREGA DE RODADO. Juez que denegó la restitución del automóvil sin fundamentar los motivos ni especificar el modo en que se relacionarían los rodados con el hecho investigado. Nulidad. Fallo: "(…) Llegan las presentes actuaciones (…) en virtud del recurso de apelación deducido por el (…) defensor particular de (…) contra la resolución (…) en cuanto deniega la restitución de los vehículos (…) y (…), fundándose en que serían los utilizados para cometer los ilícitos por los que fueran oportunamente procesados. (…) el Sr. Juez de grado, en el decreto (…) no fundamenta los motivos por los cuales deniega la restitución de los vehículos que fueran secuestrados. En efecto, el tribunal de origen se limita a expresar que "Proveyendo sobre la devolución de los automóviles secuestrados (…), tratándose de bienes relacionados a la actividad ilícita investigada en la presente, no ha lugar", sin especificar de qué manera se relacionarían los rodados secuestrados con los hechos pesquisados, incumpliendo con el deber de motivación exigido por el art. 123, CPPN. Por esta razón, habrá de declararse la nulidad del referido decreto, debiendo el a quo pronunciarse en forma fundada acerca de la restitución solicitada por la defensa de (…). (…) el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD del decreto (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. ( Prosec. Cám.: Castrillón). c. 41.952, CAQUI, David Edgar. Rta.: 16/03/2012 ENTREGA DE RODADO. Rechazada. Asociación ilícita. Interesada que no fue imputada en el proceso. Ausencia de relación temporal entre los hechos pesquisados y la compra del rodado. Documentación que no ofrece reparos sobre la titularidad. Revocatoria. Fallo: "(…) Se llevó a cabo la audiencia que prescribe el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación, con motivo del recurso de apelación deducido por (…) en tanto se denegó la petición de entrega del rodado que diera origen a la presente incidencia (…). La solicitante requirió que fuera dispuesta en su favor la restitución del automóvil "VW Gol" dominio (…), motor n° (…), chasis n° (…), que fuera secuestrado por personal policial durante el allanamiento practicado en la vivienda de la calle (…), de este medio, en el marco de la causa seguida contra su progenitora -entre otros imputados- por el delito de asociación ilícita. En los términos del artículo 522 del digesto adjetivo, con arreglo a lo dictaminado por el señor fiscal (…) y frente a la imposibilidad de descartar la relación del rodado con la maniobra delictiva investigada, tanto por los pormenores de su adquisición como respecto a su afectación a la logística de la banda, la señora juez de grado rechazó la petición formulada. Sin embargo, entiende el Tribunal que los extremos invocados para sustentar la decisión impugnada no trascienden el umbral de las especulaciones, máxime cuando, de un lado, la interesada no ha sido imputada en el legajo, del otro, no existe relación temporal entre los hechos pesquisados y la compra del automóvil (año 2006) y, por último, la documentación del vehículo no ofrece reparos sobre la titularidad invocada, por lo que no se advierten razones que impidan acceder a la entrega solicitada, aunque en calidad de depósito judicial (art. 238 del Código Procesal Penal), como subsidiariamente se solicitó en la audiencia, justamente en razón de que la investigación se encuentra en un estado incipiente, extremo reconocido por la parte recurrente al apelar (...) En consecuencia y en los términos señalados en los considerandos precedentes, esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión protocolizada (…), en cuanto fuera materia de recurso y disponer la entrega del vehículo marca "VW Gol" dominio (…), en calidad de depósito judicial". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 117, QUINTEROS, Teresita. Rta.: 13/03/2012

ESTAFA: En grado de tentativa. Defensa que alega la verificación de una tentativa inidónea. Rechazo. Tipicidad. Procesamiento.

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Fallo: "(…) Según se deduce de las actuaciones labradas por la División Defraudaciones y Estafas de la P.F.A., a partir del aviso del abogado de la empresa "(…)", el personal policial concretó la detención de (…) cuando intentaba retirar una gran cantidad de mercaderías solicitada telefónica y electrónicamente por quien se identificó como "(…)", empleado de "(…)". En esa oportunidad el testigo (…) advirtió que la numeración del cheque con el que pretendía pagar el prevenido coincidía con la del cartular entregado a la compañía "(…)" un mes antes, cuyo cobro fue rechazado (cfr. fs. …). Además, en las inmediaciones del depósito donde se efectuaba esta entrega se produjo la aprehensión de (…), a quien los preventores observaron conversar con (…) previo a que éste intentara cometer el hecho y en cuyo rodado se secuestró documentación vinculada con la transacción (cfr. fs. ...). Contrariamente entonces a lo que proclaman sus respectivas defensas, dichos elementos incorporados en el breve lapso que lleva la investigación, permiten tener por acreditadas con el grado de provisoriedad que demanda esta etapa del proceso, la materialidad del suceso y la responsabilidad que cabe atribuirles a (…) y (…), sin perjuicio que se concreten las restantes diligencias mencionadas por la juez de grado al adoptar la resolución cuestionada (cfr. fs. …). Sentado cuanto precede, y en cuanto a la aptitud de la maniobra denunciada que cuestionan las defensas, hemos ya sostenido que para considerarla idónea para un fraude es necesario que, por su propia naturaleza, sea imposible para el agente llevar a cabo su cometido con ella. Ello así, por cuanto el concepto penal de tentativa inidónea o delito imposible es delimitado por los medios de ejecución empleados por el autor, que han de ser absolutamente inidóneos para perfeccionar la conducta típica. Es decir, que designa un comportamiento del cual se puede valorar, ex ante, su absoluta incapacidad para la realización del tipo y, eventualmente, lograr el resultado (1). Así, en el caso de autos se advierte que la falta de consumación del suceso no se debió a la ineptitud del medio escogido por los imputados para lograr el fin propuesto sino a un factor totalmente externo, como lo fue el aviso dado por un colega de la empresa que había resultado víctima de un hecho ilícito con idéntico modus operandi (cfr. fs. …). En consecuencia, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto impugnado en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 471, APOLITO, Alfredo A. y otro. Rta.: 27/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1017/10, " Aguayo", rta. 5/08/10, c. 626/10 " Murguia", rta. 19/5/10 y c. 1498/09 "Hermida", rta. 5/11/09, con cita de David Baigún y Eugenio R. Zaffaroni, "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", ed. Hammurabi, 2007, T° 2-A, pág. 213

ESTAFA. En grado de tentativa. Procesamiento. Denuncia falsa de sustracción del vehículo para cobrar el seguro. Autoincriminación al momento de ampliársele la declaración y reconocer la falsa denuncia. Nulidad del requerimiento de instrucción, de la declaración indagatoria y del procesamiento. Fallo: “(…) Advertimos que por el modo en que se desarrolló la mencionada audiencia se afectó la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación (artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 8 inciso 2 apartado “g” de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 14 inciso 3 apartado “g” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Frente a las discrepancias en las que había incurrido, la magistrada ante la sospecha de que habría participado en una denuncia falsa tendría que haber dado por finalizada la audiencia y no, tras haberle comunicado la medida de prueba que se había ordenado, volverle a preguntar dónde había estado estacionado el vehículo, ya que ello colocó a (…) en la disyuntiva de mentir o reconocer la comisión de un delito, lo que hizo. Por ende, ese acto es inválido, al afectarse la garantía constitucional citada. La Corte de Justicia de la Nación sostuvo en el caso “Rodríguez Pamias” que “…la prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí misma se ve violada si se interroga como testigo, bajo juramento de decir verdad, a la persona que según el interrogatorio aparece como sospechada de ser autor o cómplice de los supuestos hechos que se trata de esclarecer” (1). En tal sentido, la doctrina sostiene que “…la garantía sólo ampara a una persona como sujeto u órgano de prueba, esto es, como quien, con su relato, incorpora al procedimiento un conocimiento cierto o probable sobre un objeto de prueba….” (2). Sentado lo expuesto, corresponde analizar a que actos procesales se proyecta esa nulidad y si existe un cause independiente, pues reconocer la idoneidad de lo que no es más que el fruto de un procedimiento ilegítimo, es admitir la utilidad del empleo de medios ilícitos en la persecución penal (3). La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Daray” dijo “…para aceptar la existencia de un curso de prueba independencia no es suficiente que, a través de un juicio, meramente hipotético o conjetural se pueda imaginar la existencia de otras actividades de la autoridad de prevención que hubiesen llevado al mismo resultado probatorio, sino que es necesario que en el expediente conste en forma expresa la existencia de dicha actividad “independiente” que habría llevado inevitablemente al mismo resultado” (4).

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Además, nuestro máximo Tribunal en el caso “Telleldín, Carlos Alberto y otros” del 27 de mayo de 2009 (Fallo 332:1210) al analizar un planteo de nulidad basado en la falta de imparcialidad del juez que instruyó, se expidió sobre qué elementos probatorios quedarían abarcados por esa sanción. Al respecto sostuvo que “[…] distinta conclusión cabe arribar en cuanto al agravio relativo a la extensión de los efectos de la nulidad a actos procesales previos a la formación de la causa ´Brigadas´, relacionados fundamentalmente con quien fue, desde el inicio de la causa originaria, su principal sospechoso –Carlos Alberto Telleldín-, omitiéndose considerar de ese modo la variada prueba no sólo relacionada con él, sino con otros extremos de importancia que se derivaban a partir de su intervención. […] la posibilidad de extender los efectos de la nulidad, en la forma en que lo hizo el a quo, sólo puede sostenerse de modo arbitrario. Igual falta de fundamentación se aprecia en la consideración que realiza el a quo respecto de la orfandad probatoria en cuanto a la situación de Carlos Alberto Telleldín al afirmar que ´sin las pruebas nulas [las posteriores al 31 de octubre]´ no podría haberse sostenido fundadamente la acusación… Esta afirmación no es jurídicamente valedera en un doble sentido. En primer lugar, por cuanto dicha aseveración se contradice con la idea de que debía extenderse la nulidad respecto de la situación del imputado mencionado: o bien las actuaciones anteriores a la formación de la causa ´Brigadas´ son actuaciones ´nulas´…o bien se las considera válidas pero insuficientes. En segundo lugar, era tarea del tribunal oral, determinar si esas pruebas restantes y, en su caso, ´validas´ eran suficientes o insuficientes para arribar a una condena…. […] mediante afirmaciones genéricas e insuficientes […] el a quo ha omitido toda consideración respecto de la instrucción que se había llevado a cabo hasta ese momento y que había demandado 16 meses de investigación.[…] En síntesis: al momento de iniciarse la llamada causa ´Brigadas´ existía prueba en el expediente, relacionada no sólo con Carlos Alberto Telleldín, sino también con otros elementos propios de una investigación tan ardua y compleja que, merced a un exégesis absolutamente dogmática, no pudieron ser valorados; por lo demás la omitida ponderación podría proporcionar…una solución distinta a la que arribaron los sentenciantes […]”. Conforme lo expuesto, la nulidad de la declaración de (…) obrante a fs. (…) estimo que se proyecta al requerimiento de instrucción de fs. (…), en tanto el agente Fiscal impulsa la acción respecto al delito de tentativa de estafa sobre la base del reconocimiento que realizó aquél. Por los mismos motivos, al haberse usado como prueba de cargo esa testimonial ilícita, en contra tanto del afectado (…), como respecto de los restantes acusados, corresponde extender la nulidad a las indagatorias (…) y autos de procesamiento (…). Pero la mencionada sanción no alcanza a la denuncia de fs. (…), al secuestro del vehículo con un juego de llaves en su interior y demás pruebas producidas en el expediente previo a testificar (…). En este sentido, la jurisprudencia ha dicho que “…el llamado a prestar declaración en carácter de testigo resultó una consecuencia directa de la denuncia por hurto previamente realizada por el imputado. Pues, necesariamente ante su hallazgo, fue convocado su titular a fin de ponerlo de ponerlo en conocimiento de tal suceso y aportar datos sobre la sustracción denunciada. …Por otra parte, y como indica el a quo, aún suprimiendo ese acto, los extremos de la imputación continuarían vigentes, desde que no alteraría la denuncia por sustracción realizada por …ante la seccional 20 de la PFA, por un hecho supuestamente acaecido dos días después de que los funcionarios de la seccional 41 encontraran el vehículo incendiándose…” (5). Por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del acta de fs. (…), el requerimiento de instrucción de fs. (…), las indagatorias de (…) y sus procesamientos obrantes a fs. (…). En virtud de ello, deberá ordenarse la inmediata libertad de Ricardo Aguirre, la que deberá hacerse efectiva en primera instancia de no mediar impedimento alguno, debiendo la jueza con la prueba que no fue declarada inválida analizar nuevamente la cuestión y encaminar la investigación en el sentido que corresponda.Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I.-Declarar la nulidad del acta de fs. (…), el requerimiento de instrucción de fs. (…), las indagatorias de (…), (…) y (…) y sus procesamientos obrantes a fs. (…); II.- Ordenar la inmediata libertad de (…), la que deberá hacerse efectiva a través de juzgado de origen en caso de no existir impedimento alguno; III.- Continuar con la investigación conforme los lineamientos indicados en los considerados.(…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 236, AGUIRRE, Ricardo Gastín y otros. Rta.: 04/04/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos: 227:63, citado en Alejandro Carrió en “Garantías constitucionales en el proceso penal”, Hammurabi, 4ª edición, 3ª reimpresión, 2004, pag. 349; (2) Maier, Julio “Derecho procesal penalTomo I- Fundamentos”, Editores del Puerto; 2ª edición, 1996, pág. 675; (3) C.S.J.N. caso “Fiorentino”; (4) Fallo: 317:1985; (5) C.N.Crim. y Correcc., Sala I, c. 38984, “Svidovsky, Sergio”, rta.: 27/9/2010.

ESTAFA. En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que simulando ser policía se presentó ante el damnificado y le exigió la entrega de una suma de dinero con el fin de colaborar en la compra de un móvil policial. Confirmación.

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Fallo: "(…) decretó el procesamiento (…) por considerarlo prima facie autor del delito de estafa en tentativa reiterado en dos oportunidades, hechos que concurren en forma real. (…) Se atribuye al imputado haberse presentado ante (…), presidente de la "Cooperativa (…)", (…) simulando ser el comisario (…) de la PFA y haberle exigido la entrega de $ 1.500 a modo de colaboración. (…) Ante la exigencia, (…) le dijo que nunca había colaborado con la institución y que no lo haría. Sin embargo, el encausado le contestó que pasaría a buscar el dinero el 17 de ese mes y año, a las 15.00 hrs. Ese día, a las 14.30 hrs., se presentó ante (…) en la puerta del establecimiento y dándose a conocer como el Comisario (…) le manifestó que "…venía a cobrar la colaboración". Ante ello, el damnificado le manifestó que abonaría lo solicitado, para lo cual ingresó al comercio, pero una vez allí convocó a personal policial que luego se presentó en el lugar y detuvo a (…), pese a que éste intentó darse a la fuga. (…) Del mismo modo, simulando ser el Comisario (…), los días (…) de febrero de 2011, contactó a (…) a quien, de forma imperativa, le exigió la entrega de $ 600 en concepto de colaboración, manifestando que pasaría a buscarlos ese día, pero finalmente nunca se presentó a retirarlo. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.150, ROSCOLO, Juan Domingo. Rta.: 03/04/2012 ESTAFA. En grado de tentativa. Procesamiento. Denuncia falsa de sustracción del vehículo para cobrar el seguro. Autoincriminación al momento de ampliársele la declaración y reconocer la falsa denuncia. Nulidad del requerimiento de instrucción, de la declaración indagatoria y del procesamiento. Fallo: “(…) Advertimos que por el modo en que se desarrolló la mencionada audiencia se afectó la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación (artículo 18 de la Constitución Nacional, artículo 8 inciso 2 apartado “g” de la Convención Americana de Derechos Humanos; artículo 14 inciso 3 apartado “g” del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Frente a las discrepancias en las que había incurrido, la magistrada ante la sospecha de que habría participado en una denuncia falsa tendría que haber dado por finalizada la audiencia y no, tras haberle comunicado la medida de prueba que se había ordenado, volverle a preguntar dónde había estado estacionado el vehículo, ya que ello colocó a (…) en la disyuntiva de mentir o reconocer la comisión de un delito, lo que hizo. Por ende, ese acto es inválido, al afectarse la garantía constitucional citada. La Corte de Justicia de la Nación sostuvo en el caso “Rodríguez Pamias” que “…la prohibición de obligar a una persona a declarar contra sí misma se ve violada si se interroga como testigo, bajo juramento de decir verdad, a la persona que según el interrogatorio aparece como sospechada de ser autor o cómplice de los supuestos hechos que se trata de esclarecer” (1). En tal sentido, la doctrina sostiene que “…la garantía sólo ampara a una persona como sujeto u órgano de prueba, esto es, como quien, con su relato, incorpora al procedimiento un conocimiento cierto o probable sobre un objeto de prueba….” (2). Sentado lo expuesto, corresponde analizar a que actos procesales se proyecta esa nulidad y si existe un cause independiente, pues reconocer la idoneidad de lo que no es más que el fruto de un procedimiento ilegítimo, es admitir la utilidad del empleo de medios ilícitos en la persecución penal (3). La Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente “Daray” dijo “…para aceptar la existencia de un curso de prueba independencia no es suficiente que, a través de un juicio, meramente hipotético o conjetural se pueda imaginar la existencia de otras actividades de la autoridad de prevención que hubiesen llevado al mismo resultado probatorio, sino que es necesario que en el expediente conste en forma expresa la existencia de dicha actividad “independiente” que habría llevado inevitablemente al mismo resultado” (4). Además, nuestro máximo Tribunal en el caso “Telleldín, Carlos Alberto y otros” del 27 de mayo de 2009 (Fallo 332:1210) al analizar un planteo de nulidad basado en la falta de imparcialidad del juez que instruyó, se expidió sobre qué elementos probatorios quedarían abarcados por esa sanción. Al respecto sostuvo que “[…] distinta conclusión cabe arribar en cuanto al agravio relativo a la extensión de los efectos de la nulidad a actos procesales previos a la formación de la causa ´Brigadas´, relacionados fundamentalmente con quien fue, desde el inicio de la causa originaria, su principal sospechoso –Carlos Alberto Telleldín-, omitiéndose considerar de ese modo la variada prueba no sólo relacionada con él, sino con otros extremos de importancia que se derivaban a partir de su intervención. […] la posibilidad de extender los efectos de la nulidad, en la forma en que lo hizo el a quo, sólo puede sostenerse de modo arbitrario. Igual falta de fundamentación se aprecia en la consideración que realiza el a quo respecto de la orfandad probatoria en cuanto a la situación de Carlos Alberto Telleldín al afirmar que ´sin las pruebas nulas [las posteriores al 31 de octubre]´ no podría haberse sostenido fundadamente la acusación… Esta afirmación no es jurídicamente valedera en un doble sentido. En primer lugar, por cuanto dicha aseveración se contradice con la idea de que debía extenderse la nulidad respecto de la situación del imputado mencionado: o bien las actuaciones anteriores a la formación de la causa ´Brigadas´ son actuaciones ´nulas´…o bien se las considera válidas pero insuficientes. En segundo lugar, era tarea del tribunal oral, determinar si esas pruebas restantes y, en su caso, ´validas´ eran suficientes o insuficientes para arribar a una condena…. […] mediante afirmaciones genéricas e insuficientes […] el a quo ha omitido toda consideración respecto de la instrucción que se había llevado a cabo hasta ese momento y que había demandado 16 meses de investigación.[…] En síntesis: al momento de iniciarse la llamada causa ´Brigadas´ existía prueba en el expediente, relacionada no sólo con Carlos Alberto Telleldín, sino también con otros elementos propios de 84

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional una investigación tan ardua y compleja que, merced a un exégesis absolutamente dogmática, no pudieron ser valorados; por lo demás la omitida ponderación podría proporcionar…una solución distinta a la que arribaron los sentenciantes […]”. Conforme lo expuesto, la nulidad de la declaración de (…) obrante a fs. (…) estimo que se proyecta al requerimiento de instrucción de fs. (…), en tanto el agente Fiscal impulsa la acción respecto al delito de tentativa de estafa sobre la base del reconocimiento que realizó aquél. Por los mismos motivos, al haberse usado como prueba de cargo esa testimonial ilícita, en contra tanto del afectado (…), como respecto de los restantes acusados, corresponde extender la nulidad a las indagatorias (…) y autos de procesamiento (…). Pero la mencionada sanción no alcanza a la denuncia de fs. (…), al secuestro del vehículo con un juego de llaves en su interior y demás pruebas producidas en el expediente previo a testificar (…). En este sentido, la jurisprudencia ha dicho que “…el llamado a prestar declaración en carácter de testigo resultó una consecuencia directa de la denuncia por hurto previamente realizada por el imputado. Pues, necesariamente ante su hallazgo, fue convocado su titular a fin de ponerlo de ponerlo en conocimiento de tal suceso y aportar datos sobre la sustracción denunciada. …Por otra parte, y como indica el a quo, aún suprimiendo ese acto, los extremos de la imputación continuarían vigentes, desde que no alteraría la denuncia por sustracción realizada por …ante la seccional 20 de la PFA, por un hecho supuestamente acaecido dos días después de que los funcionarios de la seccional 41 encontraran el vehículo incendiándose…” (5). Por todo lo expuesto, corresponde declarar la nulidad del acta de fs. (…), el requerimiento de instrucción de fs. (…), las indagatorias de (…) y sus procesamientos obrantes a fs. (…). En virtud de ello, deberá ordenarse la inmediata libertad de Ricardo Aguirre, la que deberá hacerse efectiva en primera instancia de no mediar impedimento alguno, debiendo la jueza con la prueba que no fue declarada inválida analizar nuevamente la cuestión y encaminar la investigación en el sentido que corresponda.Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I.-Declarar la nulidad del acta de fs. (…), el requerimiento de instrucción de fs. (…), las indagatorias de (…), (…) y (…) y sus procesamientos obrantes a fs. (…); II.- Ordenar la inmediata libertad de (…), la que deberá hacerse efectiva a través de juzgado de origen en caso de no existir impedimento alguno; III.- Continuar con la investigación conforme los lineamientos indicados en los considerados.(…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 236, AGUIRRE, Ricardo Gastín y otros. Rta.: 04/04/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos: 227:63, citado en Alejandro Carrió en “Garantías constitucionales en el proceso penal”, Hammurabi, 4ª edición, 3ª reimpresión, 2004, pag. 349; (2) Maier, Julio “Derecho procesal penalTomo I- Fundamentos”, Editores del Puerto; 2ª edición, 1996, pág. 675; (3) C.S.J.N. caso “Fiorentino”; (4) Fallo: 317:1985; (5) C.N.Crim. y Correcc., Sala I, c. 38984, “Svidovsky, Sergio”, rta.: 27/9/2010. ESTAFA. En grado de tentativa. Sobreseimiento. Entrega de cheques a persona desconocida con la promesa de entrega de dinero a título de préstamo. Negligencia del damnificado. Ausencia de maniobra ardidosa. Confirmación. Fallo: "(…) Conforme se desprende de la documentación (…) y de la declaración testimonial de (…), (…) habría sido quien entregó los cheques números (…), (…) y (…) de la cuenta corriente (…) del "…" pertenecientes a (…), que los denunció como extraviados y por ende, tenían orden de no pagar (…). En ese sentido, cumple anotar que (…) expuso que "se desempeña haciendo ese tipo de tareas, es decir, recibe cheques para luego cambiarlos, generalmente, en cooperativas. Que en el caso en cuestión recibió los cheques [indicados] todos librados por (…) […]…en dicha oportunidad le refirió a (…) que al no conocerlo no podía entregarle el dinero en forma inmediata…sin perjuicio de ello el nombrado le indicó que no había ningún problema, que le dejaba los cartulares y que más adelante se volvía a contactar con él" (…). El denunciante (…), por su parte, manifestó que "conoció a (…) a través de una persona llamada '…', a quien contactó vía Internet los primeros días de febrero de 2011, pues necesitaba que le prestaran dinero…Que después de hablar un par de veces con (…), se encontró con él el día 21 de febrero de 2011, en un (…) ubicado en las inmediaciones de la calle (…) y la avenida (…) de esta Ciudad…ese día le entregó a (…) los tres cheques…y a cambio el denunciado le prestaría la suma de veintidós mil pesos ($ 22.000)". Señaló asimismo que jamás recibió el dinero por parte de (…) y pese a que intentó comunicarse con él no logró hallarlo, por lo que decidió denunciar el extravío de dichos cartulares (…). Cabe añadir que "…" sería (…), puesto que el número de teléfono móvil con que se contactara (…) se encuentra a su nombre (…), a lo que se adiciona que el señor fiscal indicó (…) que la descripción física que formulara el damnificado (…) sobre (…) coincidía -en principio- con (…). Luego de la reseña efectuada y de conformidad con lo manifestado por el señor juez de instrucción, no se vislumbra una maniobra ardidosa que permita subsumir el hecho pesquisado en el delito previsto en el artículo 172 del Código Penal, puesto que el propio denunciante ha referido que entregó tres cheques a una persona desconocida con la promesa de que le darían dinero en efectivo a título de préstamo que nunca se concretó. En efecto, no puede soslayarse la negligencia con la que actuó el damnificado, puesto que entregó los cartulares al supuesto (…), que le fuera recomendado por un tal "…", con quien tomó contacto mediante 85

Internet, por lo que no es posible concluir en que los encartados hubiesen cometido un fraude en perjuicio de aquél. En ese sentido, es oportuno recordar que debido al ámbito de tráfico comercial en el cual hubo de celebrarse el negocio jurídico ahora denunciado, la falsa promesa de entregar dinero en el supuesto reseñado, no debe considerarse típica del delito de estafa (1). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 722/12, COSTAS, Raúl. Rta.: 28/06/2012 Se citó: (1) Mercedes Pérez Manzano, Acerca de la imputación objetiva de la estafa, Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal, Año II, números 1 y 2, Ad - Hoc, Bs. As., 1996, p. 255.

ESTAFA. Procesamiento. Defraudación por retención indebida. Confirmación. Hechos: la defensa apeló el procesamiento del imputado, en orden al delito de defraudación por retención indebida. No habría restituido a su debido tiempo una obra de arte entregada para su exhibición, pese a la pertinente intimación. La defensa indica que actuó sin dolo porque tuvo intenciones de devolver la pieza. Fallo: “(…) La ausencia de dolo alegada no prosperará. (…) conoció la obligación de restitución al menos desde que le fue solicitado por un medio fehaciente o desde su declaración indagatoria y aún así no lo hizo. Ello configura el delito previsto por el artículo 173 inciso 2° del Código Penal). Al respecto se ha sostenido que “... El delito [de defraudación por retención indebida] exige dolo directo, que se traduce en el conocimiento de que la cosa es ajena y se ha recibido con la obligación de restituirla, sabiendo que se perjudica el patrimonio ajeno” (1). El descargo de (…) en cuanto a que no restituyó la obra porque no sabía en dónde se hallaba (…) no parece creíble ni razonable ya que como administrador de la muestra no podía desconocer su ubicación. Nótese además que la jueza de instrucción le otorgó distintos plazos para que revierta su postura (…), y hasta el momento no cumplió. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Filozof, Pinto (Sec.: Oberlander). c. 238, PIAZZA, Adelmo Elides. Rta.: 12/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 30.729, “Cañas, Jorge Francisco”, rta.: 14/12/06.

ESTAFA. Procesamiento. Prueba endeble e indiciaria. Ausencia de ardid o engaño para el tipo penal. Necesidad de cumplir medidas de prueba. Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) No obstante que surge con meridiana claridad de lo actuado que la imputada no devolvió el dinero recibido en calidad de reserva por el alquiler de distintos inmuebles que finalmente no se concretaran y pese al tiempo transcurrido desde esas operaciones, la causa no cuenta con elementos suficientes para sustentar adecuadamente el pronunciamiento impugnado. Particularmente, además de otras falencias, estimamos que no ha quedado demostrado que hubiera existido en cada caso un dolo de estafa al inicio mismo de las maniobras que se reputan ilícitas. Las condiciones personales de los clientes de la consultora podrían constituir un indicio en tal sentido (se trataba de personas con escasos recursos, que en algunos casos se habrían encontrado en situaciones irregulares de residencia en el país o que tenían un arraigo que dificultaba su futura ubicación -vivían en "casas tomadas"-, según lo referido por la letrada defensora), pero no pueden fundar por sí mismas la concurrencia del extremo subjetivo de la figura imputada. A tales efectos, es necesario convocar a los propietarios de los inmuebles involucrados a fin que se expidan sobre las autorizaciones que aportara la encausada (fs. …), las noticias que hayan tenido de las reservas efectuadas sobre sus departamentos y si era posible tomar alguna por un precio menor (véase el documento de fs. …). Asimismo deben ampliarse las declaraciones de las víctimas para que brinden mayores detalles de las operaciones y para escucharlos en relación a las explicaciones que expusiera la defensa en el escrito de apelación, sin perjuicio de que no se cuente con una versión por parte de (…) ya que se negó a declarar respecto de algunos de los sucesos que se le atribuyen (fs. ...). 86

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional También se advierte de utilidad que se escuche a los empleados que se desempeñaban junto a la imputada en las oficinas sitas en (…), de esta ciudad, quienes pueden aportar datos relevantes para la investigación. En función de ello, corresponde regularizar la situación procesal de la encausada por los hechos identificados con los números (…) a través del dictado de la medida del artículo 309 del ordenamiento vigente para que se ahonde la pesquisa. Por ello, el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto decisorio obrante a fs. (…) y DISPONER QUE NO EXISTE MÉRITO PARA PROCESAR O SOBRESEER a (…) en orden a los hechos (…) por los que fuera indagada. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 88, DICONZA, Viviana Gabriela. Rta.: 29/02/2012 ESTAFA. Sobreseimiento. Cesión de derechos hereditarios y mutuo con garantía hipotecaria respecto del mismo bien. Víctima inducida a celebrar dos actos incompatibles entre sí. Revocatoria. Procesamiento. Hechos: la querella apeló los sobreseimientos de los imputados. Fallo: "(…), se recuerda que la investigación se inició con la denuncia formulada el día 30 de octubre de 2009 por (…), quien endilgó a (…) y (…) el haber participado en una maniobra estafatoria en virtud de la cual fue desapoderada de un bien inmueble -del que es heredera- y demandada por vía ejecutiva por la suma de US$ 9200 (nueve mil doscientos dólares). La denunciante expuso que el 18 de febrero de 2008 concurrió a las oficinas de la firma "...", ubicadas en la calle (…) de esta ciudad, luego de observar un aviso clasificado titulado "si no puede vender su propiedad …-" (…). En dicho lugar fue atendida por (…), a quien le manifestó su intención de vender un departamento ubicado en la calle (…), de esta ciudad, aclarándole que sus progenitores habían fallecido, siendo éstos los últimos titulares registrales del bien, por lo que debía iniciarse un juicio sucesorio (…). Agregó (…) que su madre había fallecido en el año 1999 en la provincia de Córdoba y su padre en el año 2004 en esta Capital Federal. Por tal motivo, en su condición de abogado, (…) se ofreció a llevar adelante la sucesión y frente a lo manifestado por la denunciante en cuanto a que no tenía dinero para solventar dicho trámite, el letrado propuso hacerse cargo de la sucesión, gestionar la venta del inmueble y luego de ello, cobrar sus honorarios. Por dicho motivo, el 17 de marzo de 2008 (…) y (…) firmaron un convenio de honorarios profesionales por la suma equivalente al 11, 2 % del total del acervo hereditario y el 25 de marzo de 2008 la denunciante le confió un poder judicial especial para tramitar los juicios aludidos (…). A mediados de junio de 2008, (…) le habría informado que la sucesión debía iniciarse en la provincia de Córdoba y luego de que (…) le manifestara que no tenía dinero para afrontar los costos que ello requería, el imputado le ofreció obtener un crédito. De tal modo, el 21 de agosto de 2008 (…) se presentó con (…) en la escribanía de la calle (…) de esta ciudad, oportunidad en la cual -según manifestó la denunciante- fue inducida a firmar una serie de "papeles", esencialmente una escritura de "cesión de derechos" y un "mutuo con garantía". Así, (…) firmó un contrato de mutuo mediante el cual (…) por sí y en representación de su madre, la señora (…), concedía en préstamo la suma de US$ 9.200 (nueve mil doscientos dólares), que debían ser devueltos en cinco cuotas mensuales de US$ 138 -correspondientes al interés- y una cuota de US$ 9.338 -correspondiente al capital y a la última cuota de interés-. Además, se dejó constancia en dicho instrumento de que la deudora -…- daba en garantía el departamento ubicado en la calle (…) de esta ciudad, obligándose a no disponer ni gravar en forma alguna el bien hasta la cancelación total del préstamo (…). En esa fecha, asimismo, (…) suscribió -también a instancias de (…), según refirió- la escritura número trescientos noventa y nueve, por ante la escribana (…), en la cual se dejó constancia de que vendía, cedía y transfería a favor de (…) y (…) todas las acciones y derechos hereditarios que le correspondieren en la sucesión de (…) y (…) por el precio total de US$ 9.200 (…). Agregó la denunciante que el día del hecho creyó haber tramitado un crédito para que su abogado llevara adelante el proceso sucesorio, que firmó unos "papeles" que le dijeron que eran internos y que no recibió suma de dinero alguna (…). Por último, el 15 de mayo de 2009, (…) intimó a (…) al pago de los US$ 9.200 (nueve mil doscientos dólares) debidos en función del contrato de mutuo celebrado, luego de lo cual inició un juicio ejecutivo que quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Civil (…). El señor juez de instrucción dispuso el sobreseimiento de los imputados (…). En primer lugar, entendió que la operatoria llevada a cabo por la querellante fue realizada de la manera habitual en que se efectúa esta clase de negocio jurídico, no pudiendo demostrarse que dicho convenio fuera efectuado abusando de su confianza o a través de artilugios para lograr una disposición patrimonial perjudicial para (…). En segundo lugar, respecto a la entrega del dinero por el crédito suscripto, sostuvo que la copia del recibo aportada por la propia querellante en la cual consta la entrega de US$ 414 (cuatrocientos catorce dólares) por el pago de intereses derivados del contrato de mutuo celebrado, daba cuenta de que (…) tuvo a su disposición el dinero obtenido del crédito (…). 87

Por otra parte, la recurrente sostuvo que el juez de grado efectuó una interpretación que desnaturalizaba los contratos de mutuo y cesión de derechos, ya que la hipótesis de que la cesión fue otorgada únicamente en garantía del crédito no surge de los instrumentos ni de otros elementos de convicción y que no se hizo entrega de dinero alguno a la damnificada. Al respecto, estima el Tribunal que el temperamento desvinculante adoptado debe ser revocado. En tal sentido, ante todo debe señalarse que más allá de las explicaciones brindadas por los imputados (…) y (…), quienes afirmaron que la cesión fue concretada al solo efecto de garantizar el mutuo (…), y por (…), quien refirió que la operación cuestionada se llevó a cabo de forma habitual (…), el examen de la escritura pública cuestionada no permite inferir que ésta únicamente hubiera sido confeccionada para garantizar la celebración del contrato de mutuo, en el que sí se consignó que la deudora daba en garantía el departamento mencionado. En efecto, se ha definido la cesión de derechos hereditarios como "el contrato en virtud del cual un heredero transfiere a un tercero todos los derechos y obligaciones patrimoniales que le corresponden en una sucesión" y es sabido que -entre las partes produce efectos desde su misma celebración y, si es total, otorga al cesionario "derecho a intervenir en el sucesorio en calidad de parte y con los mismos derechos que tenía el cedente" (Guillermo A. Borda, Manual de Derecho Civil- Sucesiones, 16ta. ed., actualizada por Delfina M. Borda, La ley, Bs. As., 2012, ps. 257/263). En otras palabras, tal contrato implica la cesión de los derechos patrimoniales -y las consiguientes obligaciones derivados de la condición de heredero del cedente que, en modo alguno quedó -en el casosupeditada al incumplimiento del mutuo y por ende, surtió los efectos que la ley asigna a una compraventa (cfr. Borda, op. cit., P. 258). En este contexto, de suma relevancia resulta lo relatado por la escribana (…), quien subrogó al notario (…) el día en que se firmaron los instrumentos cuestionados, pues señaló que dichos contratos "son independientes, puesto que si bien el primero se trata de un mutuo garantizado con un inmueble, en la escritura de cesión no se indica bien alguno. Para el supuesto trato, tomando en cuenta la similitud del monto en ambos casos y la misma fecha, es factible que si el escribano tomara conocimiento de ambos conjuntamente, le habría llamado la atención pues notaría que una de las dos sería presuntamente nula, por ser contradictorios, pues no puedo garantizar con un bien que ya cedí y si hubiera sido al revés, o sea, primero garanticé y después cedí, la cesión debería referenciar esta garantía que pesa sobre el bien y de no haberlo hecho así, la garantía pesa igual" (...). De tal modo, mediante los documentos referidos, se habría garantizado el supuesto mutuo con el inmueble y al mismo tiempo- quedó habilitada la inscripción registral de esa propiedad a nombre de los cesionarios e impedida respecto de la querellante. En ese sentido, puede concluirse en que se trató de una maniobra engañosa en la que la víctima fue inducida a celebrar dos actos que parecen incompatibles entre sí en un mismo día y lugar ya que, por un lado, si la damnificada no entregaba el dinero que presuntamente había recibido por el mutuo sería ejecutada -tal como finalmente ocurrió (…)- y por el otro, aunque saldara por completo dicha deuda, ya había cedido por escritura pública todos sus derechos sobre el único bien de la sucesión, a un precio que alcanzaría sólo el 20 % del valor total en que (…) valuó el inmueble al intentar venderlo (…). Además, no puede dejar de señalarse que la cesión y el mutuo con garantía que fueron firmados el mismo día, entre las mismas personas -… y …-, tuvieron como basamento el mismo inmueble, circunstancia que no podía ser desconocida por (…), quien tenía a su cargo el trámite sucesorio y según éste reconoció, estaba vinculado al inversor del mutuo y beneficiario de la cesión, y se hallaba presente en el acto únicamente para que (…) le otorgara una autorización de venta de la vivienda en cuestión (…). Por otra parte, en cuanto a la entrega dineraria por el contrato de mutuo, los dichos de la denunciante, valorados conforme a las circunstancias anteriormente expuestas, lucen verosímiles, máxime cuando se pondera que resulta llamativo que (…) -acostumbrado a realizar esta clase de operaciones, según él mismo manifestó- hubiese entregado el dinero referido sin resguardarse con alguna constancia que acreditara su entrega y el recibo aportado por la querellante (…) es de la fecha en que se celebraron los contratos atacados, lo que implicaría que aquélla habría abonado US$ 414 en concepto de intereses por períodos futuros en el mismo momento en que recibiera el préstamo. Por ello, entiende el Tribunal que los elementos reunidos permiten concluir en el juicio de convicción exigido por el artículo 306 del canon ritual, en orden al delito de estafa por el que ambos imputados deberán responder en calidad de coautores (artículos 45 y 172 del Código Penal). En lo relacionado con la libertad de los causantes, no se avizoran pautas objetivas que autoricen a apartarse de las disposiciones del artículo 310 del Código Procesal Penal, en atención a que no se dan los requisitos del artículo 312 ídem, siempre que el mínimo de la escala penal prevista para el delito atribuido, torna procedente una condena de ejecución condicional y no se vislumbra la existencia de riesgos procesales que deban neutralizarse. En cuanto concierne a la medida de cautela real contemplada por el artículo 518 del Código Procesal Penal, en tanto debe abarcar la posible indemnización civil a que hubiere lugar, las costas del proceso y la intervención de letrados particulares, la suma de $ 300.000 (trescientos mil pesos) luce adecuada para satisfacer los tópicos ponderados. Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR los puntos I y II del auto documentado (…), en orden al delito de estafa en carácter de coautor en cuanto fueran materia de recurso. II. DECRETAR el procesamiento sin prisión preventiva de (…), (…) (artículos 45 y 172 del Código Penal y 306, 308 y 310 del Código Procesal Penal). III. TRABAR embargo sobre los bienes o dinero de (…) por la suma de $ 300.000 (trescientos mil pesos), cuyo mandamiento deberá ser confeccionado por el juzgado de origen (artículo 518 del Código Procesal Penal). IV. DECRETAR el procesamiento sin prisión preventiva de (…), (…), en orden al delito de estafa en carácter de coautor (artículos 45 y 172 del Código Penal y 306, 308 y 310 del Código 88

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Procesal Penal). V. TRABAR embargo sobre los bienes o dinero de (…) por la suma de $ 300.000 (trescientos mil pesos), cuyo mandamiento deberá ser confeccionado por el juzgado de origen (artículo 518 del Código Procesal Penal). VI. TENER por desistido el recurso de apelación interpuesto contra el punto III de la misma resolución". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 364/12, LACAVE, Germán y otros. Rta.: 29/06/2012

ESTAFA. Sobreseimiento. Compra de mercadería a supermercado vía Internet, abonada con tarjeta de crédito ajena. Piezas probatorias de incriminación. Revocación. Procesamiento por estafa reiterada en cuatro oportunidades. Fallo: "(…) Concretamente, el a quo resolvió sobreseer al nombrado argumentando que no existen motivos suficientes para agravar su situación procesal, pues aún cuando se comprobó que el encausado residía en el domicilio donde el supermercado "Coto" envió los pedidos de mercaderías efectuados, vía internet, el 17/04/09, 20/04/09 y 24/04/9 y abonadas mediante tarjetas de crédito, cuyos titulares desconocieron tales operaciones, no se pudo establecer fehacientemente quien los recibió. (…) resolvió desvincularlo respecto a una cuarta operación similar, de fecha 5/12/09, por compra de mercadería cuya entrega no se realizó por no encontrarse el interesado, en el domicilio aportado. (…) en discrepancia con la solución del magistrado, entendemos que corresponde revocar el auto apelado y procesar a (…). (…) tal como lo indica el fiscal, las constancias agregadas al sumario demuestran que las operaciones investigadas registran, como comunes denominadores, la misma dirección de correo electrónico –(…), el mismo domicilio de entrega de los pedidos -Bulnes (…) de esta ciudad- y el mismo número de teléfono particular –(…)- (ver fs….). (…) el nombrado residió en el domicilio en cuestión en el período en que se hicieron dichas entregas (ver fs….) y que, al menos, tres de los usuarios de las direcciones de IP donde se originaron las compras, le pertenecen (ver fs….). En el mismo sentido, a partir de las explicaciones que (…) brindó en su indagatoria (ver fs. …), quedó aclarado que es sobrina de (…) y que, a pedido suyo, adquirió la línea telefónica n° (…) a su nombre, debido a que aquél registraba deudas que le impedían hacerlo (ver informe de fs…). Los extremos mencionados, se ven abonados por el dato de que la descripción física que surge del testimonio de (…) (ver fs…), empleado de Coto, coincide con la de (…) (ver fs…). Sumado a ello, tal como lo advierte el fiscal, en la copia del recibo obrante a fs. (…) aparece una firma corta aclarada con el nombre de (…) y su número de D.N.I. Sobre este punto, obsérvese que dichas grafías son similares a las de aquéllas consignadas en las copias de los recibos agregados a fs. (…), (…) y (…) y la firma que surge del acta de su indagatoria obrante a fs. (…). Nótese, además, que el apellido aportado en la última operación registrada con fecha 5/12/09 coincide con al apellido materno del nombrado (…). (…) entendemos que debe revocarse el auto que se revisa y decretar el procesamiento de (…) respecto de los hechos investigados, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de estafa reiterada en cuatro oportunidades (artículos 45, 55 y 172 del C.P.N.), debiendo el juez de la instancia anterior decidir sobre los aspectos contemplados en los artículos 312 y 518 del código adjetivo. (…) se resuelve: I. Revocar la resolución de fs. (…) y disponer el procesamiento de (…) como autor penalmente responsable del delito de estafa reiterada en cuatro oportunidades (artículos 45, 55 y 172 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal de la Nación). II. Encomendar al magistrado de la anterior instancia a expedirse respecto de las previsiones de los artículos 312 y 518 del código de rito". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec. Cám.: De la Bandera) c. 531/12, MENDEZ, Alberto F. Rta.: 06/06/2012

ESTAFA. Sobreseimiento. Damnificada que realizó en un locutorio una recarga de saldo de un teléfono celular, que no fue acreditado. Atipicidad. Incumplimiento contractual. Confirmación. Fallo: "(...) la nombrada concurrió al locutorio (...) y allí efectuó una carga de saldo (...) para acreditar en su teléfono celular de la empresa (...). Pasadas dos horas, y dado que el saldo aún no había sido acreditado, se comunicó telefónicamente con la empresa (...), donde le aconsejaron radicar la presente denuncia, por no haberse registrado la carga realizada por la denunciante. Que además presentó sus quejas ante el encargado del locutorio que la había atendido (...), quien le manifestó que no se haría responsable de lo ocurrido y que la

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transacción llevaba el nro. (...). Luego, cotejó también que ese número de operación era inexistente en los registros de la empresa (...). (...) tal como lo sostuviera el Sr. juez de grado, el hecho denunciado no puede encuadrarse en la figura de estafa (art. 172, del CP), toda vez que nos encontraríamos frente al incumplimiento de un contrato, que deberá ser debatido en el fuero correspondiente. Pues difícilmente, el titular de un locutorio pueda armar una puesta en escena para producir el error en la víctima, conforme lo sostiene la fiscalía, cuando su comercio se dedica entre otras cosas, a operaciones como la cuestionada. Es más, de las constancias obrantes en autos se advierte que (...) entregó en forma voluntaria y libre el importe de $(...) para que (...) acreditara en su cuenta telefónica, acción esta última que el imputado no habría hecho. (...) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (...). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.243, QUISPE, Gerardo. Rta.: 15/05/2012

ESTAFA. Sobreseimiento. Denunciantes que con el objeto de ocultar la verdadera situación patrimonial solicitaron al imputado que figurara como propietario de una finca. Celebración de boletos de compraventa instrumentados mediante escritura pública. Transmisión de posesión y poder para concretar la escrituración. Demanda a vendedores por incumplimiento de escrituración. Ausencia de ardid o engaño, abuso de confianza. Falta de suscripción de contradocumento. Atipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) Celebrada la audiencia prevista en el artículo 454 del Código Procesal Penal, el Tribunal comparte la decisión arbitrada en la instancia anterior, en cuanto se dictó el sobreseimiento de (…). En efecto y a modo de introito, debe apuntarse que de los elementos reunidos en la pesquisa no se desprende que el accionar reprochado al encausado encuadre en una figura penal. En esa senda, principia señalar que tanto del escrito inicial formulado por la querella así como del resto de las diligencias probatorias que se incorporaron al legajo, surge que los propios denunciantes (…) y (…) solicitaron a (…) que figurara como propietario de la finca sita en la calle (…), del paraje conocido como "…", de la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, con el objeto de ocultar la verdadera situación patrimonial y así acceder a un crédito bancario de condiciones favorables (…). Los querellantes habían celebrado el 4 de enero de 2007 un primer boleto de compraventa con (…) y (…) respecto del inmueble referido (…), documento en el que se dejó constancia de que se hacía entrega de la suma de veinticinco mil quinientos dólares (U$S 25.500) en concepto del 50% del inmueble, a la vez que se acordó saldar el resto del precio dentro de los noventa días siguientes. Sin embargo, el 4 de abril de 2007, oportunidad en la que se cumplió con el segundo boleto -instrumentado mediante escritura pública- se asentó que (…) entregaba al matrimonio (…) cincuenta y un mil dólares (U$S 51.000) por la compra del bien. A su vez, se transmitió la posesión y se otorgó un poder irrevocable para que en el término de seis meses el encartado y/o su cónyuge concretasen la escrituración (…). Transcurrido el plazo estipulado en el acta notarial referida, (…) demandó a los vendedores ante el incumplimiento de la escrituración (…). Ahora bien, sin perjuicio de que los denunciantes celebraron un mutuo hipotecario por igual monto al valor del inmueble (…) y que habrían abonado el dinero correspondiente a la compra de la finca (…), lo cierto es que el imputado era quien aparecía como el único comprador en el boleto por el que se materializó la compraventa. Tan es así que en el trámite de las actuaciones civiles se homologó un acuerdo entre las partes en el que la demandada se comprometía a suscribir la escritura traslativa de dominio (…). Sentado ello y como se dijo, las circunstancias reseñadas impiden encuadrar la conducta desplegada por (…) en el delito previsto por el artículo 172 del Código Penal. Ello, toda vez que no se vislumbra que el causante mediante ardid o engaño hubiera logrado que los querellantes accedieran a celebrar a su nombre el boleto de compraventa, sino que, tal como se comprobó a lo largo de la pesquisa, los propios denunciantes solicitaron que figurara en tal calidad en el boleto. Tampoco puede sostenerse que haya existido un abuso de confianza por parte del imputado, toda vez que éste no tuvo el manejo, cuidado o administración del patrimonio ajeno en los términos del art. 173, inciso 7°, del Código sustantivo, pues en todo caso el poder especial irrevocable que se desprende del último instrumento se refería a un cometido bien distinto y a todo evento la calidad de comprador del querellado surge como consecuencia de un acto propio de los damnificados, con los riesgos que ello suponía en el particular supuesto de autos. Bajo tal perspectiva, el mero expediente de invocar la existencia de un mandato verbal no puede conjurar la falencia típica que se observa, sobre la base de los elementos de juicio reunidos. En esa dirección, despejada cualquier noción de administración por parte de (…), tampoco se verifican las notas típicas del manejo -que supone un patrimonio común- ni del cuidado de los intereses ajenos, que se verifica ante situaciones de hecho no formalizadas, que es justamente lo contrario a lo ocurrido en la especie, a cuenta -inclusive- de la intervención de un notario (1). Sobre el punto, cabe adunar que siquiera se concretó la suscripción de un contradocumento en el que se dejara constancia del origen del dinero, ni se desprende mención alguna de los querellantes en el instrumento público (…), extremos que desvirtúan la hipótesis de un mandato en cabeza de (…) que pudiere surtir efectos 90

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional bajo la mentada figura de la administración fraudulenta, y que a su vez permiten inferir un actuar poco diligente por parte de aquellos en su intención de llevar a cabo el acto simulado. Ello, claro está, más allá de los remedios que pudieran articularse en el ámbito extrapenal. Por ello y con imposición de costas en el orden causado, tal como se ha resuelto en la instancia anterior y en razón de las disquisiciones que se han formulado en torno a la tipicidad del episodio, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso, con imposición de costas en el orden causado". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 125, DA SERRA PARÍN, Mariano R. Rta.: 10/04/2012 Se citó: (1) Alberto S. Millán, Los delitos de administración fraudulenta y desbaratamiento de derechos acordados, Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Bs. As., 1976, p. 34/35. ESTAFA. Sobreseimiento. Imputados que pretendieron entrar a un espectáculo deportivo con entradas apócrifas. Deficiente calidad de impresión. Inidoneidad para causar perjuicio frente a los sujetos capacitados para detectar su validez. Elementos que permiten sostener que quienes exhibieron los tickets fueron a su vez defraudados. Confirmación. Fallo: "(…) Las presentes actuaciones tuvieron inicio a raíz de la intervención de la Seccional (…) de la P.F.A. en el espectáculo deportivo que se brindaba el día (…) en el estadio (…). El Oficial (…), quien realizaba tareas de control en la entrada del público visitante ubicada sobre la calle (…), notó que varios sujetos intentaban ingresar al predio con entradas apócrifas de deficiente calidad de impresión, por lo cual procedió a la identificación de todos ellos y el secuestro de todos los tickets falsos. Se le dio intervención a la División Scopometría de la Policía Federal Argentina, que pudo determinar que trece de las catorce entradas secuestradas eran falsas. Se citó al Oficial (…) quien aclaró que los quince concurrentes que tenían entradas apócrifas se encontraban dentro de un contingente de aproximadamente cuarenta personas que ingresaban al mismo tiempo al estadio. Aclaró también que ninguna de las personas dio explicación alguna sobre el origen de las entradas que tenían en su poder, sino que asumieron una actitud totalmente pasiva, sin nunca presumir la falsedad de los tickets. Infirió Giménez que, por el origen muy humilde de los imputados, muy probablemente habían sido defraudados por su inexperiencia. (…) Se procedió a entrevistar a la mayoría de quienes no habían podido ingresar al espectáculo deportivo por tener entradas apócrifas con el fin de determinar el modo en que las habían conseguido y si recordaban características fisonómicas del sujeto que les había vendido el ticket. Algunos de los entrevistados refirieron haber adquirido las entradas en las inmediaciones del estado, sin poder aportar datos del vendedor. (…) resulta dable destacar que los instrumentos en cuestión (tickets de ingreso) son requeridos y exhibidos a sujetos idóneos, capacitados especialmente para detectar la validez o no de éstos, tales como son los efectivos policiales que intervinieron en el caso a estudio. (…) consideramos que el standard de medición de la idoneidad de la adulteración, en este caso concreto, debe elevarse a las calidades especiales que reúnen los sujetos frente a quienes son usados los comprobantes. De este modo, cobran especial relevancia los dichos del oficial de la P.F.A., (…) quien sostuvo que al requerirle a los imputados los tickets de ingreso se percató, a simple vista, que éstos se encontraban deficientemente impresos e incluso algunos estaban impresos en forma inversa. (…) los instrumentos cuestionados (…) aparecen absolutamente inidóneos para causar algún tipo de perjuicio, máxime si se tiene en cuenta la experiencia con la que contaba el oficial (…) para advertir tal circunstancia. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto (…). (…)".

C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 41043, DICONZA, Viviana Gabriela. Rta.: 10/02/2012

ESTAFA. Sobreseimiento. Socio y titular de una agencia de viajes. Engaño error disposición patrimonial perjudicial. Conocimiento y voluntad de desviar el dinero en provecho propio o de terceros. Revocación. Procesamiento. Fallo: "(…) En concordancia con la postura de los representantes de la vindicta pública, la decisión puesta en crisis debe ser revocada, en tanto las constancias adunadas a la encuesta sustentan prima facie el dictado del procesamiento de (…) en orden al delito de estafa (artículo 172 del Código Penal de la Nación). Se encuentra acreditado en autos que (…), en su carácter de socio y titular de la empresa de viajes y turismo "(…)" (fs. …), abusó de la confianza que habían depositado en él (…) y (…) en razón de una relación 91

comercial preexistente (fs. ...) para inducirlas a error, con el único propósito de lograr un desplazamiento patrimonial perjudicial para ellas. Es que el causante no sólo incumplió con la obligación pactada -lo que él mismo admitió, aunque brindando diversos pretextos (fs. …)-, sino que, una vez con el dinero en su poder, ni siquiera dio inicio a las gestiones tendientes a organizar el viaje planeado por las damnificadas, siendo ésta la circunstancia reveladora de la voluntad primigenia de (…) de no cumplir con lo convenido. Véase que mas allá de lo informado por el apoderado de (…) respecto a que resulta imposible determinar si la aerolínea efectuó reservas de pasajes (fs. …), lo cierto es que el encausado no dio cuenta de haber tramitado reserva alguna, ya sea de vuelos, hospedajes en hoteles, excursiones, etc., tareas que justamente fueron las que motivaron las entregas dinerarias. Ello también fue mencionado por las querellantes al formular la denuncia (fs. …). En este contexto, no es posible considerar que lo ocurrido se limita a un mero incumplimiento contractual que pudiera hallar cauce en una sede ajena al fuero represivo, pues ha quedado evidenciado el dolo requerido por la figura contenida en el artículo 172 del código sustantivo. En efecto, "lo que caracteriza a un "negocio jurídico criminalizado" frente a un negocio jurídico civil, lícito y posteriormente incumplido (del cual surgiría una responsabilidad contractual privada), es que en ellos existe una discordancia entre la voluntad interna de no cumplir y enriquecerse y la exteriorizada y engañosa que manifiesta un propósito de cumplimiento inexistente, residiendo ahí el engaño" (1). Es por ello que el tribunal RESUELVE: REVOCAR el decisorio de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso y DISPONER EL PROCESAMIENTO de (…), de las restantes condiciones personales obrantes en autos, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de estafa (artículos 45 y 172 del Código Penal de la Nación y 306 del Código Procesal Penal de la Nación), quedando librado al juez de grado el dictado de las medidas cautelares pertinentes. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Barros). c. 80, MAJA, Herman J.R. Rta.: 13/03/2012 Se citó: (1) Buompadre, Jorge E. en "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Tomo 7, Editorial Hammurabi, Buenos Aires, 2009, pág. 98. ESTAFA. Sobreseimiento. Trámite de sucesión. Omisión de denunciar la existencia de otros herederos. Aporte de domicilio falso. Posibilidad de hacer incurrir al juez civil en error. Revocatoria. Hechos: la querella apeló el sobreseimiento de los imputados con imposición de costas a esa parte. Fallo: "(…), según se desprende de las constancias del legajo, (…) y su letrado patrocinante (…), al promover la sucesión de la madre de aquél -…-, habrían omitido denunciar la existencia de otros herederos -en el caso, el querellante (…)-, pese a que tal información surgía de la libreta de familia de la causante que fuera aportada por el imputado (…) con motivo del requerimiento del Ministerio Fiscal (…). Por otro lado, al notificarse en los términos del art. 699 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación, las respectivas citaciones (…) se cursaron a un domicilio en el cual el querellante dijo no residir, en tanto que era vecino del imputado (…) en el edificio de propiedad horizontal de la avenida del (…), de esta ciudad. Tal circunstancia habría determinado que sólo su hermano (…) fuera impuesto de la existencia del juicio sucesorio (…), ya que la cédula de notificación dirigida al recurrente (…) no habría llegado a manos de éste. En consecuencia, en el legajo no sólo se investiga la omisión de hacer saber la existencia de otros herederos, sino también el haber informado un domicilio en el que se sabía que no habitaba el querellante, quien no tomó debido conocimiento de la promoción del juicio. De ese modo, al valorar los dichos del querellante (…), de (…) y de (...), junto con las constancias del expediente civil caratulado "(…) s/ sucesión" que corre por cuerda (…), de momento, no es dable predicar la atipicidad del evento. Ello, por cuanto no puede descartarse que (…) y su letrado patrocinante, (…), pudieran haber llevado a incurrir en un error al juez civil, primeramente al omitir denunciar la existencia de sus hermanos y luego, al aportar un domicilio falso como perteneciente al querellante, lugar en donde se cursó la notificación en la persona de (…). De tal suerte, al no tomar conocimiento el recurrente de la existencia del sucesorio, no se presentó y ello llevó a que el magistrado declarara como la única persona con vocación hereditaria a (…), quien dispuso del único bien del acervo hereditario, la unidad funcional ubicada en la calle (…), de esta ciudad. Finalmente, habida cuenta de lo expuesto, se ha tornado inoficioso el tratamiento del agravio relativo a la imposición de costas. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia recursiva". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 385, ATTAR COHEN, Isaac O. y otro. Rta.: 09/03/2012

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ESTAFA PROCESAL. En concurso ideal con uso de documento privado falso. (arts. 172 y 296 del Código Penal). Entrega de pagare falso. Incertidumbre sobre el conocimiento del imputado respecto la falsedad del titulo valor presentado en el Juzgado Comercial. Atipicidad por no configurarse la faz subjetiva del delito. Duda insuperable. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) Si bien la magistrada no desconoce que (…) entregó a su abogado el pagaré cuestionado para que proceda a efectuar su ejecución, no puede soslayarse -como lo hizo- la circunstancia apuntada tanto por él como por (…) en cuanto a que, en el pasado, entre las partes, habían celebrado operaciones como la aquí investigada mediante las cuales se otorgaban créditos: (…)le entregaba dinero y ella los concedía a cambio de la documentación requerida, la que incluía la confección de un pagaré, luego la remitía al nombrado a fin de garantizar su cobro en el caso que los deudores no cumplieran con su obligación de pago. No acierta entonces en la valoración efectuada del cuadro expuesto, pues, éste permite al menos dudar sobre la afirmación realizada en el auto apelado respecto al conocimiento del encausado de que se trataba de un título valor falso utilizado con el fin de hacer incurrir en error al juez comercial. Es dable afirmar que resulta necesario construir el dolo del autor, lo que en la resolución cuestionada no se analizó, ya que el imputado tendría que haber sabido sobre el carácter apócrifo del documento presentado para su ejecución y no existe ninguna constancia que permita afirmarlo, por lo tanto no puede configurarse el delito en su faz subjetiva ni siquiera ni afirmarlo con el grado de provisoriedad que esta etapa requiere, pues debido a la particularidad de las operaciones que aquellos efectuaban, no existen diligencias útiles que apunten a su esclarecimiento. Ello, por cuanto las operaciones comerciales fueron conducidas bajo un vínculo de confianza tal que los despejó de la necesidad de realizar algún asiento sobre sus negocios. Por lo tanto, quien otorgaba los créditos y luego remitía la documentación pertinente no pudo recordar si ello incluyó el pagaré cuestionado, así como tampoco permite despejar la duda sobre la posibilidad de que en definitiva se hubiera traspapelado, perteneciendo la firma a una persona distinta del denunciante, máxime teniendo en cuenta que el documento en cuestión no lleva consignada una aclaración de la firma y que, (…)tuvo tres empleados que realizaban esta misma operatoria sin que se pudiera recabar en la causa datos que permitieran dar con ellos. Por lo tanto, consideramos que nos hallamos ante un escenario de incertidumbre -a esta altura del proceso insuperable- que nos conduce a resolver según la previsión del art. 3 del C.P.P.N. (…)" (…) se resuelve: Revocar el punto I del auto de fs. (…) y en consecuencia sobreseer a (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Raña). c. 93/12, KACZCA, Ricardo y otros. Rta.: 08/05/2012 ESTAFA PROCESAL. Presentación de documento presuntamente adulterado en causa penal. Comportamiento que no puede ser tipificado como estafa procesal porque no constituye un medio para obtener un pronunciamiento que origine disposición de índole pecuniaria. Posible falsificación de documento privado. Confirmación de la declaración de incompetencia al fueron correccional. Fallo: "(…), convoca al Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el fiscal contra el auto documentado (…), en cuanto el señor juez de instrucción se declaró incompetente a favor del fuero correccional. Considera el Tribunal que la circunstancia de que se hubiera presentado un documento presuntamente adulterado en una causa penal, importa la imposibilidad de que una de las calificaciones legales en juego sea la de estafa procesal (art. 172 del Código Penal), pues dicho comportamiento no constituye un medio para obtener un pronunciamiento que origine una disposición de índole pecuniaria. Así, al carecer la causa (…), en trámite ante el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción (…), de contenido patrimonial, la conducta atribuida a (…) podría encuadrar prima facie en el delito de falsificación de documento privado, previsto en el artículo 292, primer párrafo, última parte, del Código Penal (1). (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 526/12, YULITA, Hugo Rubén. Rta.: 30/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.626, "Pereira Alvear, Rogeiro", rta: 15/05/2009.

ESTAFA PROCESAL. Sobreseimiento. Ausencia de todos los elementos del tipo legal. Atipicidad. Confirmación.

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Fallo: "(…) La estafa procesal requiere necesariamente para su configuración de la introducción en un proceso judicial de elementos falsos cuyo valor determinante para el magistrado resulte evidente, de manera que la injusticia del pronunciamiento no dependa de un error de apreciación del juez, sino precisamente de lo que jurídicamente debe acordar el elemento introducido en caso de que fuese verdadero (1). Para poder engañar a un juez debe existir por lo menos algún documento o testigos falsos, es decir algo más que una mera petición temeraria, que pudiera llevar a error. De otro modo, cualquier demanda que pudiese ser rechazada constituiría una tentativa de estafa procesal, supuesto que es inadmisible (2). Dicho esto, y dado que en el caso de autos no se aportaron documentos falsos ni otros medios de prueba adulterados que pudieran haber inducido a error al juez interviniente en esos proceso, mal puede reputarse ilícita en los términos del artículo 172 del Código Penal la acción judicial entablada para lograr el reconocimiento del derecho que a criterio de la imputada le corresponde, y la presentación de documentación verdadera que respaldaría su pretensión. Al momento de constituirse en parte en el proceso comercial, amén de identificar que la acción versaba sobre la transferencia de acciones efectuadas por su cónyuge sin su asentimiento, la demandante especificó también que existía documentación que reflejaba lo contrario, mas que resultaba falsa la firma que se le atribuía en ellas. En ese contexto, se descarta la existencia de un ardid o engaño que haya tenido por objeto hacer incurrir en error al magistrado comercial, pues este ha sido alertado por la propia actora de la situación imperante en los hechos sometidos a su juzgamiento. Además, debe repararse que si bien la imputada expresó en su escrito de demanda que contaba con un peritaje que daría cuenta de la falsedad de las firmas que le son atribuidas en los documentos que reflejan el acto cuya celebración reputa nula, lo concreto es que tal estudio no habría sido entregado. Así lo refleja la constancia de fs. (…) y lo afirmó el Dr. (…) durante la audiencia celebrada en autos. De tal modo, ante la imposibilidad de verificar el contenido de tal estudio, no resulta factible sostener que aquella presentación haya estado acompañada de documentos fraudulentos e idóneos para engañar al magistrado comercial o, cuanto menos, para reforzar las afirmaciones -presuntamente falsas, a decir de la querella vertidas en tales circunstancias, todo lo cual obsta al encuadre jurídico que pretende el apelante. Por otro lado, también coincidimos con el a quo en punto a que la anotación de litis dispuesta por el magistrado comercial dista de constituir una decisión que favorezca injustamente a una parte en detrimento del patrimonio de otra (3). Ello en tanto la medida en cuestión tiene por único objeto otorgar publicidad al litigio, para que los terceros no puedan prevalerse en la presunción de buena fe y alegar con ulterioridad ignorancia del conflicto propuesto en la respectiva demanda (4). En esas condiciones, la veracidad de la documentación que daría cuenta del asentimiento otorgado por la imputada es sólo materia del proceso comercial en que se discute tal cuestión, y en su caso podría constituir un ilícito distinto a aquel por el cual aquí se ha pretendido querellar. En cuanto a las costas del proceso, no advertimos razones que impongan apartarse en el caso particular del principio objetivo de la derrota (Art. 531 C.P.P.N.). Véase en ese sentido, que la pretensión de la querella no ha sido acompañada por el Ministerio Público Fiscal, y la escasa pesquisa practicada en la causa resultó suficiente para revelar sin dificultad la falta de tipicidad de los hechos puestos en conocimientos del juez penal. Por la misma razón, estimamos que corresponde condenar con costas de alzada a los recurrentes. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso, con costas de alzada a la querella (Art. 531 del C.P.P.N.)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 1.943, SOSA, Cristina L. Rta.: 13/02/2012 Se citó: (1) Nuñez, Ricardo C., "Tratado de Derecho Penal", Ed. Marcos Lerner, 1989, to. IV, pág. 308/309; C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c.1207/09 "Casanova", rta. 1/09/09. (2) Nuñez, Ricardo C., "Iniusta petitio, falsedad ideológica y estafa procesal", en LL 63-178, tomo V, ps. 286 y ss, citado por Donna, Edgardo A., "Derecho Penal, parte especial", tomo II-B, Ed. Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires, 2001, p. 323; Romero Villanueva, Horacio J., "Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria anotados con jurisprudencia", tercera edición ampliada y actualizada, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008, p. 737. (3) Código Penal comentado y anotado, dirigido por D'Alessio, Andrés José y coordinado por Divito, Mauro A., Parte Especial, artículos 79 a 306, Editorial La Ley, 1ra. edición, 1ra. reimpresión, 2006, página 464. (4) Art. 229 CPCCN; Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y anotado, Arazi, Rolando y Rojas, Jorge A., Editorial Rubinzal - Culzoni, julio de 2003, pág. 302.

ESTAFA PROCESAL. Sobreseimiento. Demandado que presentó recibos con firma adulterada. Ausencia de elementos para configurar una estafa procesal. Configuración del delito de falsificación de instrumento privado. Revocación. Procesamiento. Disidencia: Revocación. Configuración de una estafa procesal. Procesamiento. Fallo: "(…) Se le atribuye (…) haber falsificado los recibos de fechas (…) por la suma de $ (…), y su posterior presentación ante el titular del Juzgado Civil n° (…), en el marco del expediente n° (…), con el propósito de acreditar indebidamente los pagos reclamados y de esta manera, hacer incurrir en error al magistrado mediante engaño para obtener una sentencia favorable a sus intereses. Los Jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) conforme hemos sostenido en reiteradas oportunidades, la estafa -en su modalidad procesalsólo puede tipificarse por quien acciona judicialmente en base a prueba falsa 94

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional o ilegítimamente retenida, dado que si el demandado es quien introduce una prueba falsa o ilegítimamente retenida, no se presentaría en el caso el iter criminis del fraude, toda vez que el perjuicio patrimonial se comprobaría con anterioridad al ardid y el engaño (*), máxime en el caso de autos que, tal como lo afirmó la querella ésta advirtió al magistrado a cargo del juzgado civil interviniente sobre la falsedad de los recibos de pago presentados por el imputado aún antes de tenerle por contestada la demanda (…). Diferente será la postura por parte del tribunal, en lo que se refiere a la falsificación de instrumento privado atribuída a (…), y en este sentido, asiste razón tanto a la querella como a la fiscalía en cuanto a que, resulta indiferente para la figura penal el hecho de que efectivamente el perjuicio se haya producido, toda vez que sólo basta para su configuración la mera "posibilidad de perjuicio" lo que fue verificado en autos. (…) En cuanto a la autoría de tales falsedades, habida cuenta el resultado de la peritación (…) queda claro que no puede ser atribuída a (…), ya que no se ha establecido su intervención en aquellos recibos, mas, teniendo en cuenta que el nombrado los ha presentado en un proceso civil en su defensa, por lo que hemos de concluir que al menos aportó los datos necesarios para la confección de los documentos apócrifos -ya sea, el monto por el que debían confeccionarse los recibos, la causa, el mes a cancelar, etc.de lo que se desprende que efectuó un aporte indispensable para que el hecho pueda perfeccionarse, lo que habilita a atribuirle la comisión del delito de falsificación de documento privado en calidad de partícipe necesario. (…) no se han verificado en el sumario los supuestos del art. 312 del C.P.P.N., para dictar la prisión preventiva respecto del imputado, por lo que continuará gozando de su libertad (art. 310 del C.P.P.N.). (…) habrá de declararse la incompetencia del Sr. Juez a quo y disponer que luego de tomar conocimiento de la presente, remita las actuaciones a conocimiento del Sr. juez Correccional que por turno corresponda (…). El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) debo mantener mi postura en relación a que la estafa procesal, "como estafa en triángulo, tiene por objeto engañar al juez siendo víctima, de la perseguida disposición patrimonial, un tercero. (**); y que para que se configure es necesario que se hallen reunidos los requisitos propios de tal figura, esto es, ardid o engaño, inducción a error mediante aquél, y disposición patrimonial perjudicial a consecuencia directa de los dos primeros. Asimismo que reunidos esos requisitos "puede ser sujeto activo del delito de estafa procesal (art. 172 del C.P.) quién resulte demandado en el proceso" (***). (…) teniendo en cuenta que el imputado (…), en su condición de presidente de "(…) S.A.", ha presentado junto con el escrito de contestación de demanda, documentación que acreditaría el pago total de la deuda que se le reclama, entiendo que se han dado en el caso las circunstancias previstas por el art. 172 del Código Penal. Siguiendo esa línea, se ha sido definido que: "Si la pretensión pecuniaria vertida en una presentación mendaz va acompañada de una prueba documental (o de una de otra clase, vgr. testimonial, pericial) falsa o bien auténtica, pero, en su caso, fraudulentamente y artificiosamente empleada, de tal modo que sea idónea para inducir a error al engañado -juez- y, por ende, provoque un acto de disposición patrimonial para la víctima o un tercero que le cause un perjuicio económico, y si se comprueba que existió dolo, esa conducta sería típica del art. 172 del Código Penal, consumado o en grado de conato." (****). (…) entiendo que, al haberse corroborado la falsedad de los documentos que el imputado aportó al contestar la demanda, que, el aquí querellante le iniciara por falta de pago (…) a fin de acreditar fraudulentamente que habría cancelado tal deuda, sin lograr su cometido por la diligencia de la actora en las actuaciones civiles, corresponderá revocar el pronunciamiento dictado y procesar a (…) en orden al delito de estafa procesal, mediante uso de documento privado falso, en grado de tentativa, por los que fue formalmente indagado. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución (…) y (…) DECRETAR EL PROCESAMIENTO, sin prisión preventiva, de (…) por encontrarlo "prima facie" partícipe necesario, penalmente responsable del delito de falsificación de documento privado (art. 292 del Código Penal, y arts. 306, 310, 312 a contrario sensu y 455, a contrario sensu, del Código Procesal Penal de la Nación). MANDAR TRABAR EMBARGO sobre los bienes y/o dinero de (…). DECLARAR LA INCOMPETENCIA del Sr. Juez de grado, y disponer que luego de tomar conocimiento de la presente, remita las actuaciones al Sr. Magistrado Correccional que por turno corresponda (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. c. 42.224, MINTZ, Mario Horacio. Rta.: 26/04/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 31.208, "Córdoba", rta.: 13/7/07; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 27.871, "Lodigiani", rta.: 19/5/06; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 20.931, "Kaiser", rta.: 10/3/04. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 26.808, "Zolkwer", rta.: 4/11/05. (***) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 25.354, "Pons de Bedoya de Irusta", rta.: 7/4/05; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 29.521, "Bono", rta.: 22/11/06, votos del Dr. Barbarosch. (****) CNCP, Sala III, c° 2534, Reg.: 302.00.3, "Fabis", voto del Dr. Mitchell.

ESTAFA PROCESAL. Sobreseimiento. Maniobra realizada por la imputada en el juicio sucesorio de la madre para percibir un crédito provisional. Omisión de denunciar la existencia de otro heredero. Posibilidad de hacer incurrir al juez civil en error. Tipicidad. Revocatoria. Procesamiento. Fallo: "(…) En concordancia con la postura de ambos recurrentes, la decisión puesta en crisis debe ser revocada, en tanto las constancias adunadas a la encuesta no sólo permiten descartar la atipicidad sostenida

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por el sentenciante sino que además sustentan prima facie el dictado del procesamiento de (…) en orden al delito de estafa procesal. Se atribuye a la imputada haber engañado al titular del Juzgado Nacional en lo Civil n° (…) en el marco del expediente n° (…) sucesión ab-intestato", al omitir informar acerca de la existencia de su hermano (…), logrando de tal manera que el magistrado allí interviniente la declarara única y universal heredera de su madre, percibiendo en tal calidad la suma de (…) que fuera denunciada como único bien del acervo hereditario. Si bien hemos interpretado en anteriores oportunidades que el mero silencio no configura, en principio, un ardid idóneo para crear en el juez una falsa representación de los hechos que motiven su decisión (1), entendemos que tal doctrina no resulta aplicable al caso que nos convoca. Al respecto, debe ponerse de resalto que la promoción por parte de (…) del proceso sucesorio no tuvo como único fin el de obtener una resolución judicial declarativa de su condición de heredera, sino que de la presentación inicial de fs. (…) del legajo civil surge su clara intención de percibir en el carácter invocado el crédito previsional que tenía su madre ante la "ANSES" y cuya ejecución fuera ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° (…) en los autos "(…) s/ejecución previsional" (expediente n° …). Es por ello que, aun cuando la declaratoria de herederos no haga cosa juzgada y permita su ampliación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 703 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que incluso ha ocurrido en el referido proceso civil (ver fs. …), no caben dudas de que la maniobra reprochada a (…) resultó idónea para que el juez civil dictara una resolución en su favor que le permitió hacerse de la suma de $(…) que integraba la masa del sucesorio (cfr. fs. …), en claro detrimento del otro heredero forzoso, excluido de ese modo de percibir la parte que por derecho le correspondía. Así las cosas, acreditada la materialidad del suceso investigado y verificados que se encuentran en la especie los requisitos propios de la figura de estafa procesal, es que SE RESUELVE: REVOCAR la decisión obrante a fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso y DISPONER EL PROCESAMIENTO de Alicia Abraham en orden al delito de estafa procesal, debiendo el juez de grado disponer las medidas cautelares pertinentes (artículos 172 del Código Penal de la Nación y 306 del Código Procesal Penal de la Nación)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 592/12, ABRAHAM, Alicia. Rta.: 22/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 397/10 "Houston, Alfredo", rta. 19/4/10; C.N.C.P. Sala I, c. 9.103, "Borcosque, Carlos A" rta. 10/8/09, con cita de Sala II, c. 2.509, "Vecchi, Amado A." rta. 26/4/99. ESTRAGO. Culposo. Procesamiento. Derrumbe de pared medianera por falta de apuntalamiento necesario para asegurar la sustentabilidad de la excavación. Responsabilidad del director técnico de la empresa contratista. Cuantificación considerable del daño. Inexistencia de vulneración al principio ne bis in ídem. Sanción administrativa: cuestión de distinta índole a la sanción penal. Confirmación. Hechos: Apela la defensa el procesamiento por estrago culposo. Se agravia por la errónea valoración de la prueba, la atipicidad de la conducta y la violación a la prohibición de persecución penal múltiple. Se investiga el derrumbe de la pared medianera de una finca por no haberse adoptado las medidas de seguridad y previsión necesarias. Se atribuye el resultado del siniestro al inculpado, por ser el director técnico de la empresa contratista que se encontraba a cargo de dicha construcción y ser encargado del proyecto, dirección, construcción, cálculo y ejecución estructural. Fallo: "(…) entendemos que los argumentos de la jueza de grado son precisos al abordar esa cuestión, por cuanto los motivos mediante los cuales el imputado pretende desligar su responsabilidad son factores que necesariamente debieron tenerse en cuenta a la hora de planificar las excavaciones y seleccionar los medios adecuados al entorno en donde pretendía construirse (…) el informe de la División Siniestros del Departamento Técnico Investigativo de la Superintendencia Federal de Bomberos resulta contundente al señalar la inexistencia del apuntalamiento necesario para asegurar la sustentabilidad de la excavación (fs. ...). Las críticas que la asistencia técnica (…) no logran cuestionar o rebatir el rol fundamental que tales soportes poseen en la producción del accidente. (…) los informes de fs. (…), las constancias de fs. (…) y las declaraciones de los habitantes de los departamentos (…) han sido correctamente merituados por la magistrada de la instancia anterior para explicar de qué modo se constató que la excavación del pozo efectuado en la finca de (…) afectó el lateral del terreno ubicado al lado (a la altura 5237) por no poseer el correspondiente soporte (apuntalamiento). (…)la decisión cuestionada cita detalladamente las normas infringidas por el imputado, a través de un accionar imperito, conforme a la calidad que revestía: artículos 5.2.2.2, 5.2.2.3 y 5.2.2.6 del Código de Edificación de la C.A.B.A. y puntos 1, 3, 4, 5.1 y 5.2 del Capítulo 9 del Manual del Ejercicio Profesional del Arquitecto. Por otro lado, (…) la figura de estrago está unida al concepto de daño, pues no hay estrago sin daño; pero además, éste debe ser efectivamente concretado e implicar una situación de peligro común. Es difícil cuantificar al daño para que resulte "considerable" y así determinar si se da la acción típica que requiere el art. 187 del C.P. Sin embargo, debemos analizar la modalidad en que se produce; en la especie, nos hallamos frente al "derrumbe de edificio". 96

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En tal sentido, "[e]xiste unanimidad en afirmar que el derrumbe de un edificio puede ser total o meramente parcial. En este último caso bastará con que se den las notas típicas del estrago, como ser, el peligro común y el daño en los términos que se viene explicando. Por ejemplo, podrá encuadrar en este delito el derrumbe de parte de un piso; no lo será, en cambio, el simple desprendimiento de los ladrillos de una cornisa o la caída de un cielorraso de yeso muy liviano" (1). (…) consideramos que el derrumbe de la pared medianera de la construcción sita en (…), que comprende el pasillo y varias paredes de diferentes departamentos de la misma edificación puede ser considerado como un daño considerable que puso en riesgo la vida de sus habitantes y por consiguiente, subsumible en la figura analizada. (…) en cuanto al planteo de non bis in idem efectuado por la defensa, es dable destacar que el art. 2 de la ley 1217, de procedimiento de faltas local establece que "Toda falta da lugar a una acción pública que puede ser promovida de oficio por la simple denuncia verbal o escrita ante autoridad competente", en tanto el art. 13 del mismo cuerpo legal prescribe: "La Unidad Administrativa de Control de Faltas actúa como instancia administrativa única, obligatoria y previa al juzgamiento de las faltas por parte de la Justicia Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". (…) la garantía alegada no podrá vulnerarse por la imposición de sanciones administrativas y penales por el mismo hecho, en razón de tratarse de cuestiones de diferente índole. Para que pueda afirmarse la identidad de causa o de la pretensión punitiva (eadem causa pretendi), debe analizarse la jurisdicción de los jueces, en sentido de que ambos deben examinar el hecho imputado con idénticos poderes jurídico-penales (competencia material), extremo que no se verifica en la especie, en donde se observa una sanción meramente administrativa por la comprobación de una falta (ver fs. …) (…) el tribunal resuelve: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec. Cám.: Daray) c. 803, BALDERMAN, Javier H. y otro. Rta.: 10/02/2012 Se citó: (1) Juan Carlos Palacios, Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, dirigido por por David Baigún y Eugenio Zaffaroni, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, tomo 8, pág. 82.

ESTUPRO. Procesamiento por corrupción de menores. Hecho que encuentra tipificación en la figura del estupro. Confirmación: Cambio de calificación. Fallo: "(…) El marco probatorio actual, conformado por los dichos de la niña (…), que han sido corroborados por las expresiones de su progenitora (cfr. fs. …) y revisten verosimilitud, conforme se señala a fs. (…), resultan suficientes para tener por acreditada la materialidad del hecho denunciado y la responsabilidad del encausado, al menos con la provisoriedad propia de esta etapa del proceso. Sin embargo, disentimos con la significación jurídica asignada al caso por el a quo. En efecto, el hecho que (…) tuviera 14 años de edad al momento en que habría mantenido relaciones sexuales con el imputado no es un dato que por sí solo permita tener por acreditada la existencia del delito que describe el art. 125 del Código Penal. Sobre ello se ha señalado que "Para que la acción sea considerada corruptora, debe ser capaz de desviar el libre crecimiento sexual de la persona. No basta con que tenga naturaleza sexual ni que provoque o pueda provocar daños psíquicos en la víctima del abuso… sólo cabe hablar de corrupción cuando existe el peligro de que el sujeto pasivo se deprave, mas no cuando, pese a lo prematuro del acto sexual, ese resultado no sea previsible… la evaluación de ese peligro deberá conjugar las características objetivas de la acción y el grado de madurez sexual de la víctima" (1). Además, lo señalado por la Dra. (…) en cuanto a que los hechos denunciados tendrían "entidad para desviar el normal desarrollo psicosexual de la niña" (cfr. fs. …), en modo alguno reviste la contundencia que le asigna al a quo en tanto esa conclusión no se encuentra acompañada de las explicaciones necesarias para conocer las razones en que se basa, ni tampoco dicha profesional ha plasmado en su informe un análisis de los hechos a los que habría sido sometida la examinada, de modo que no es posible verificar su acierto. En esas condiciones, no es dable concluir que el hecho investigado reúna las exigencias de la figura del artículo 125 del Código Penal. Teniendo en cuenta las circunstancias en que se habrían desarrollado los sucesos, dable es encuadrarlos en el tipo penal contemplado en el art. 120 del código de fondo. Véase que la menor sostuvo que los encuentros sexuales con el imputado tuvieron lugar luego de que ella se enamoró de él, aspecto sobre el cual profundizó indicando que (…) comenzó a contarle que su mujer lo engañaba, que se encontraba muy mal y necesitaba alguien que lo escuche, como así que también que la invitaba a "tomar algo". Como resultado de ello, la niña dijo que "con el tiempo yo me enamoré de esta persona y me entregué a esta persona" (sic) (cfr. fs. …). En ese juego de seducción, no pasa desapercibida la mayor edad del imputado, como tampoco la relación preexistente entre ambos, pues la menor concurría a su domicilio con el fin de cuidar a sus hijos. Teniendo en cuenta también lo vertido por ella a fs. (…) en cuanto a que carecería de información sexual al momento de los hechos, y que no se ha verificado que ella presentase tendencia a la fabulación o 97

exacerbación imaginativa (cfr. fs. …), resulta procedente inferir que hubo un aprovechamiento de su inmadurez sexual por parte del imputado. Sobre el ilícito en cuestión se ha dicho que "La actual figura, como se dijo, ya no exige el acceso carnal, sino que también admite otras formas de abuso (los gravemente ultrajantes). Tampoco habla de virginidad ni de honestidad, sino que se refiere 'al aprovechamiento de la inmadurez sexual, en razón de la mayoría de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la víctima u otra circunstancia equivalente…', lo que se relaciona, sin dudas, con el estado de inocencia derivado de la falta de experiencia sexual, que determina que aquella no pueda prestar un consentimiento válido que involucre las consecuencias de aquello que consiente o el significado del acto" (2). En similar sentido se señaló "Un individuo inmaduro sexualmente es un individuo sexualmente inexperto, vale decir, una persona que no ha tenido experiencia en materia sexual; de aquí que la ley reputa insuficiente el consentimiento prestado por ella para tornar ilícita toda relación carnal violenta o abusiva." (3). En función de lo expuesto, corresponde confirmar el procesamiento traído a estudio, modificándose la calificación legal escogida por la de estupro (Art. 120 del Código Penal). Por último, en atención a las pautas de mensuración fijadas en el artículo 518 del Código Procesal Penal de la Nación y las constancias que lucen en la encuesta, en particular la edad de la víctima y las características de los hechos a los que fue sometida, estimamos que la suma de $ (...) fijada a título de embargo no parece excesiva y merece igualmente homologación. Por lo expuesto, se RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (...) en cuanto ordena el procesamiento de (…) en orden al hecho que se entiende constitutivo del delito de estupro (Art. 120 del C.P.P.N.) y que dispone trabar embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de (…) pesos. C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 402, L., D. D. Rta.: 27/04/2012 Se citó: (1) Código Penal Comentado y Anotado Dirigido por D´Alessio, Andrés José y coordinado por Divito Mauro A., Parte Especial, Editorial La Ley, pág. 189 y ss., 1a. edición. (2) Código Penal Comentado y Anotado Dirigido por D´Alessio, Andrés José y coordinado por Divito, Mauro, Parte Especial, Editorial La Ley, pág. 186 y ss., 1ª. edición. (3) Creus, Carlos y Buompadre, Jorge, Derecho Penal Parte Especial, 7° edición, pág. 219, tomo 1.

EXACCIONES ILEGALES. Procesamiento. Policías que se presentaron ante la sede de una empresa exigiéndole a un empleado una colaboración a cambio de no labrarle una infracción. Necesidad de profundizar la investigación. Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) Se imputa a (…) y (…) el hecho (…) ocasión en la que en sus calidades de agente y sargento respectivamente de la PFA, se hicieron presentes a cargo del móvil (…) de la comisaría (…) de la PFA, junto a otro policía no individualizado a bordo de una bicicleta, en la empresa "(…)" (…). Allí se entrevistaron con el empleado (…), a quien le refirieron que se había activado la alarma y lo interrogaron sobre el acontecimiento de algún episodio en particular, a lo que les contestó en forma negativa. Paralelamente, se recibió un llamado telefónico de la empresa de seguridad "(…)" donde fue indicado que se había activado el pulsador de uno de los llaveros que activa la alarma, el que podría presentar algún desperfecto que motivara que se dispare por accidente. Luego el policía no individualizado se retiró del lugar, mientras (…) y (…) procedieron a identificar a (…), le solicitaron sus datos y los del encargado, quien no se encontraba en ese momento, indicándole que debido a la activación de la alarma y como habían tenido que concurrir en auxilio tenían que labrar un "acta provisional" a modo de infracción o multa por tratarse de una falsa alarma aunque podían pasar por alto ese procedimiento, si había algún tipo de colaboración sin especificar de qué tipo, limitándose (…) a manifestar que no dependía de él ya que era un simple empleado y debía consultarlo con el encargado, por lo cual le manifestaron que pasarían al día siguiente para conversarlo. El día (…) se hicieron presentes nuevamente en la sede de la empresa, a bordo del mismo móvil, dentro del cual permaneció quien conducía y bajó el acompañante, el cual se entrevistó nuevamente con (…) y le manifestó que concurría por lo que había conversado el día anterior, contestándole éste nuevamente que no dependía de él y que debía hablarlo con el encargado, quien para ese entonces estaba por llegar a la empresa, por lo cual decidieron esperarlo dentro del móvil policial, pero transcurridos unos minutos se retiraron. (…) a nuestro juicio la prueba reunida no alcanza para agravar la situación procesal de los imputados, (…) sus dichos no resultan acompañados, de momento, por otro elemento que pudiera sostenerlos. (…) consideramos que corresponde revocar el auto apelado, y profundizar la pesquisa a efectos de determinar acerca de la existencia de la empresa de seguridad mencionada en la denuncia (…), así como también si fue alertada el día de los hechos en los términos que allí se aluden, en su caso qué medidas se adoptaron frente a "la falsa alarma", y si efectivamente se solicitó el envío de un patrullero a la empresa en cuestión. (…) el tribunal RESUELVE: I-REVOCAR la resolución (…). II-DECRETAR la falta de mérito de (…) y (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Biuso). c. 42.597, LINARES, Cristian Adrián y otro. Rta.: 13/06/2012 98

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional EXCARCELACIÓN. Concedida bajo caución juratoria con la obligación de comparecencia ante el tribunal. Robo simple tentado. Inexistencia de peligros procesales. Evidencia de estar a derecho. Confirmación. Fallo: "(…) fue procesado en orden al delito de robo simple en grado de tentativa, circunstancia que en principio autorizaría su excarcelación en virtud de lo previsto por los artículos 316 y 317 inciso 1° ibídem. Por otra parte, a partir de la doctrina emanada del plenario n° 13 "Díaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal, hemos interpretado que la mera posibilidad de un futuro encierro -derivada en el sub examine de la preexistencia de antecedentes condenatorios- no es pauta suficiente para denegar la soltura cuando no se verifican otros peligros procesales que justifiquen el encierro para asegurar la eventual realización del juicio (1). En este sentido, valoramos que el hecho investigado no tradujo especial violencia contra la damnificada y que las pruebas conducentes ya han sido recabadas prácticamente en su totalidad, habiéndose dispuesto el procesamiento del causante, circunstancia que disipa el riesgo de entorpecimiento de la investigación (cfr. fs. … del principal). Además, (…) carece de declaraciones de contumacia o procesos en trámite paralelo, y aportó un domicilio que fue constatado (cfr. fs. … del legajo que corre por cuerda). Sentado ello, si bien no escapa a los suscriptos que el imputado se vio involucrado en esta causa durante el período de libertad condicional (cfr. fs. … del principal), en el caso de autos ese dato resulta insuficiente para revocar la decisión de grado en tanto tras ser excarcelado, se presentó ante los estrados del tribunal en tres oportunidades para cumplir con la obligación que le había sido impuesta, circunstancia que exhibe su voluntad de estar a derecho (cfr. fs. … de este incidente y fs. … del principal), (2). Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto impugnado en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 426, MAZABEL BIROT, Jorge. Rta.: 24/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1832/11 "Gallardo Reyes", rta. 6/12/11; c. 220/12 "Rosa", rta. 20/03/12 y c. 280/12 "Herrera", rta. 3/04/12. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 998/10, "Alem", rta. 13/07/10.

EXCARCELACIÓN. Concedida bajo caución juratoria, apelada por el fiscal. Registro de condena. Rebeldía. Ausencia de peligros procesales. Confirmación. Fallo: "(…) En primer término cabe señalar que la mera posibilidad de un futuro encierro -derivada, en el caso, de la condena que registra - no es un dato objetivo en los términos del artículo 319 del código adjetivo de acuerdo a la doctrina sentada por el fallo plenario n° 13 de la Cámara Nacional de Casación Penal, "Diaz Bessone, Ramón Genaro, rto: 30/10/2008. (…) cabe considerar que si bien la rebeldía que registra podría ser -de acuerdo a lo manifestado por el apelante- un elemento a ponderar para evaluar la intención elusiva del imputado, lo cierto es que en las presentes actuaciones ello ha adquirido un cierto grado de abstracción, debido a que éste ya ha recuperado su libertad, atento a que el recurso no posee efecto suspensivo. (…) no debe olvidarse, que la prisión preventiva constituye la ultima ratio en esta materia; si existen formas menos severas de asegurar el comparendo del imputado éstas deben prevalecer sobre aquélla. (…) descartada ab initio la posibilidad de entorpecimiento de la investigación en virtud del avanzado estado en que se encuentra, corresponde homologar la decisión adoptada por la jueza de primera instancia, máxime cuando nada obsta a revocar el beneficio en caso de que no cumpla con las obligaciones de comparecer ante el juzgado que le fuera impuesta como condición de su libertad. (…) el tribunal resuelve: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori. (Prosec. Cám.: De la Bandera). c. 274, ESCOBAR CASTRO, Jorge Luis. Rta.: 10/04/2012 EXCARCELACIÓN. Concedida bajo caución real. Agravio: monto elevado, imposibilidad de cumplir. Importe ya depositado. Agravio desvirtuado. Confirmación. Fallo: “A (…) se lo declaró rebelde en esta causa el (…) y se encomendó su captura, la que se dejó sin efecto cuando fue detenido el (…). Tal antecedente junto a que mintió en su domicilio al momento de ser aprehendido amerita la imposición de una caución de tipo real. En lo que respecta a su monto, la 99

imposibilidad de cumplimiento alegada por la defensa se ve desvirtuada por la constancia de fs. (…), que demuestra que fue oblado. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 402, HUERTA, Jackson Ormeño. Rta.: 02/05/2012

EXCARCELACIÓN. Concedida bajo caución real. Confirmación. Disidencia: antecedente condenatorio, eventual pena en el legajo de efectivo cumplimiento. Reincidente. Revocación. Fallo: “I.- Los Jueces Julio Marcelo Lucini y Mario Filozof dijeron: (…) Más allá del acierto o desacierto del auto cuestionado, los agravios introducidos por el representante del Ministerio Público cobran cierto grado de abstracción pues si la intención del imputado es fugarse, ya es tarde. A partir de ahora, la única forma de hacerlo comparecer a derecho sería a través de un pedido de captura. En caso contrario, si el designio es someterse a la jurisdicción, ningún problema se presentará en esta causa desde el punto de vista de los fines del proceso penal (1) ya que responderá a las convocatorias que se le formulen. Por lo expuesto corresponde homologar el decisorio recurrido. II.- El Juez Ricardo Matías Pinto dijo: (…) Las distintas condenas que registra el imputado (…) demuestra que la eventual pena en este legajo será de efectivo cumplimiento, que pese a estos llamados de atención, en especial dada la fecha de las últimas dos condenas del (…) y (…), se ve involucrado en esta causa y, por último ha sido declarado reincidente. Por ello, estimo que resulta indispensable para garantizar su sujeción al proceso, hacer lugar al recurso y revocar el auto recurrido de existir los peligros procesales previstos en el art.319 del C.P.P.N. Así voto. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (...) en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. (...)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (en disidencia). (Sec.: Oberlander). c. 324, RODRÍGUEZ PEREZ, Rene Miguel. Rta.: 19/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 41.005, “Juárez, Luis s/ excarcelación”, rta.: 17/02/2011. EXCARCELACIÓN. Rechazada. Abuso sexual agravado. Imputado: padre. Damnificada: hija menor de edad. Arraigo dudoso. Obligación del Estado proteger los derechos reconocidos por la ley 26485. Prioridad a la salud psicofísica de la menor. Confirmación. Fallo: “(…) arraigo dudoso, más aún si se tiene en cuenta que por su ocupación de camionero le ofrece posibilidades de eludir su presencia a derecho. Lo expuesto, sumado a la gravedad de la conducta atribuida, en la que aprovechándose de la inocencia y vulnerabilidad de su hija cada vez que estaba sólo con ella la abusaba sexualmente, impone homologar el decisorio recurrido. Sin desconocer la jurisprudencia sentada por el Plenario nro. 13 “Díaz Besone” de la Cámara Nacional de Casación Penal, las particulares características del evento y que, eventualmente, de recaer sentencia condenatoria en el presente la pena que se impondrá será de efectivo cumplimiento, exige aplicar la excepción prevista en la norma invocada para conjurar el peligro de fuga que ello representa. En esa inteligencia se agrega que es obligación del Estado proteger los derechos reconocidos por la ley 26485 de “Protección integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” (ver especialmente artículos 3 y 16) del 11 de marzo de 2009, y satisfacer su responsabilidad frente a las obligaciones asumidas en el orden internacional. Además se tiene en cuenta que esta en juego la salud psicofísica de la menor ya que lo sucedido generó que a partir de los 13 años cambie su forma de vestir y su aspecto físico por la de un varón para evitar que su padre continúe abusándola. Por otra parte, está detenido desde el 18 de enero pasado, lo que no es desproporcionado en consideración a las pautas generales sobre la duración de esta etapa preliminar del sistema de enjuiciamiento vigente (artículo 207 del Código Procesal Penal de la Nación e informe 86/09 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “Jorge y José Peirano Basso c/ República Oriental del Uruguay”, del 6 de agosto de 2009, párrafos nro. 77, 88, 90, 100, 106, 109 y sus citas). (…), el Tribunal RESUELVE: Confirmar auto de fs. (…) del presente incidente, en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Sec.: Carande). c. 43.096, Z., P. R. Rta.: 08/02/2012 100

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Amenaza de eventual condena de efectivo cumplimiento por la penalidad que prevé el delito. Nombre de pila diferente aunque similar. Revocación. Caución personal junto con la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado. Fallo: “(…) Al ser detenido se identificó correctamente (…), aportó su domicilio en la República del Paraguay, explicó que arribó al país recientemente, brindó otro en la provincia de Buenos Aires (…) que ha sido constatado (…) y carece de antecedentes condenatorios (…), todo lo cual nos convence acerca de que no surgen indicios objetivos que autoricen a inferir que, de recuperar su libertad, intentará eludir el accionar de la justicia. No obstante, la amenaza de una eventual condena de efectivo cumplimiento por la penalidad que prevé el delito que se le atribuye y en el caso particular, la circunstancia de estar identificado con un nombre de pila diferente aunque similar (…), constituyen pautas que tornan prudente imponer la caución de tipo personal del artículo 322 del Código Procesal Penal de la Nación que conjure el riesgo de sustracción a la marcha regular del proceso, junto con la obligación de presentarse cada quince días en la sede del Tribunal -sin perjuicio de la facultad del instructor de modificar esa periodicidad en caso de ser necesario-. (…), el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs. (...) del presente y conceder la excarcelación a (...) bajo caución personal de (...), adunándole la obligación de presentarse cada quince días en la sede del Tribunal sin perjuicio de la facultad del instructor de modificar esa periodicidad en caso de considerarlo necesario(arts. 310, 319 a contrario sensu, 320 y 322 del Código Procesal Penal de la Nación). (...)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 376/12, ESCALANTE AMARILLO, Jorge Domingo. Rta.: 26/04/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Antecedente condenatorio. Imputado registrado con 8 nombres. Incomparecencia al Tribunal en la fecha acordada. Violencia desmedida ejercida contra su ex pareja embarazada. Imputado denunciado en varias oportunidades por hechos de violencia. “Convención de Belém do Pará” y leyes 12.569 y 26.485. Confirmación. Fallo: “(…) Destacamos que el (…) en la causa (…), el Tribunal Oral en lo Criminal (…) lo condenó a la pena de 2 años de prisión en suspenso, en orden a los delitos de robo, en concurso real con el de tentativa de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. De ello se colige que, de recaer sentencia condenatoria en este sumario, la pena a imponer será necesariamente de efectivo cumplimiento (artículo 26 “a contrario sensu” del Código Penal de la Nación). Por otra parte, al recuperar su libertad el (…) se lo notificó del deber de presentarse en el Tribunal el (…), pero no compareció. Tampoco pudo ser constatado el domicilio que aportó al momento de prestar declaración indagatoria (…) y está registrado con 8 nombres, todo lo cual constituyen pautas objetivas que evidencian el riesgo de sustracción a la marcha regular del proceso. Además debemos valorar la violencia desmedida que el imputado habría ejercido contra su ex pareja embarazada, ocasionándole “traumatismo de abdomen con ginecorragia de mujer” (…). Es importante resaltar que éste no fue un hecho aislado, por el contrario, surge de la certificación de fs. (…) que ella lo denunció en varias oportunidades ante los organismos pertinentes, disponiéndose su exclusión del hogar y ordenándose medidas protectoras a favor de ella. En este sentido hemos sostenido que: “Una de las maneras más tradicionales de investigar (…) es tratar estos casos e investigaciones como si fueran comunes y sin características tan específicas. Cada vez que se comprueba que la mayoría de los femicidios tienen atrás una historia previa de denuncias y pedidos desesperados de ayuda nunca respondidos por quienes tienen la obligación de hacerlo” (1). De esta manera, la actitud hasta aquí atribuida a (…) también evidencia el peligro de entorpecimiento a la investigación. El artículo 7 que hace referencia a la obligación de los Estados, en especial, los apartados a, b, c y d, de la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará” y las leyes de violencia contra la mujer nros. 12.569 y 26.485 y este sumario ineludiblemente convoca su aplicación. (…), el Tribunal RESUELVE: I. Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 629/12, A. A., J. E. Rta.: 04/06/2012

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Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 41.647, “Criscuolo, Daniel Eduardo”, rta.: 6/6/2011. EXCARCELACIÓN. Rechazada. Antecedentes condenatorios. Ausencia de arraigo. Domicilio constituido con su defensa. Ausencia de peligros procesales. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de comparecer al tribunal el 1er. día martes de cada mes. Disidencia: Condenas anteriores que presumen un incumplimiento a compromisos en caso de obtener su libertad. Confirmación. Fallo:"(…) Las juezas María Laura Garrigós de Rébori y Mirta López González dijeron: (…) se encuentra procesado en esta causa en orden al delito de robo en grado de tentativa (ver fs. …), cuya penalidad torna procedente su excarcelación, por adecuarse a las hipótesis liberatorias previstas en los artículos 316, párrafo segundo y 317, inciso 1° del Código Procesal Penal de la Nación. (…) debe indicarse que la mera posibilidad de un futuro encierro, derivada en el caso, de los antecedentes condenatorios que registra (ver fs….) no es un dato objetivo, que por sí solo permita rechazar el derecho solicitado, conforme la doctrina emanada del fallo plenario n° 13, "Díaz Bessone, Ramón Genaro" de la Cámara Nacional de Casación Penal, rto.: 30/10/08. En tal sentido, corresponde destacar que en el sub lite, no se advierte el peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación que contempla el art. 319 del código adjetivo, en consideración a las particularidades que presenta el caso, pues debe tenerse presente que el encausado, al momento de su detención, brindó sus verdaderos datos personales y si bien no cuenta con domicilio real ni arraigo, ello debe evaluarse a la luz de las manifestaciones vertidas en su declaración en la causa, oportunidad en la que indicó encontrarse en situación de calle y que concurre a pernoctar una vez por semana en el parador de Retiro, lugar en el que se le podrán cursar futuras notificaciones, como así también, en el que constituyó junto a su defensa (…). En orden al entorpecimiento del avance de la pesquisa, cabe señalar que no se vislumbra que la libertad del imputado pueda obstaculizar el avance de la investigación (…). (…) no se dan peligros procesales que no puedan ser morigerados mediante una caución adecuada. Así, por ser la libertad la regla durante el trámite del proceso y habiendo cumplido el peticionante, en detención, el mínimo de la escala penal correspondiente al delito que se le atribuye (…).haremos lugar a la excarcelación del recurrente, la que será otorgada bajo caución real de trescientos pesos -$300-, con una obligación de comparecer ante el tribunal de origen el primer día martes de cada mes (arts. 310 y 324 del C.P.P.N.) a efectos de asegurar su sujeción al proceso. Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: "(…) Las diferentes condenas que registra (…) permiten presumir que no cumplirá futuros compromisos que pudiera asumir en caso de recuperar su libertad. Es que pese a lo reciente de uno de esos pronunciamientos se ve nuevamente detenido ante la imputación de otro delito. En tal entendimiento entiendo que se encuentran reunidos los extremos contemplados por el art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación y consecuentemente voto por su confirmación. Por ello, SE RESUELVE: Revocar la resolución de fs. (…). y en consecuencia, hacer lugar a la excarcelación de (…), bajo caución real de trescientos pesos ($300), con obligación de comparecer ante el tribunal de origen el primer día martes de cada mes (arts. 310 y 324 del C.P.P.N.)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Raña). c. 220, RIQUELME, Jesús A. Rta.: 20/03/2012 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Arraigo acreditado y datos filiatorios verdaderos. Registro de condena de efectivo cumplimiento. Revocación. Concesión bajo caución personal con la obligación de comparecer al Juzgado cada 15 días. Fallo: “(…) Cuenta con arraigo (…) y brindó sus verdaderos datos filiatorios al momento de su detención, todo lo cual aconseja hacer lugar al derecho peticionado. Ahora bien, teniendo en cuenta que registra una condena a la pena de cuatro años y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento, dictada el (…) por el Tribunal Oral en lo Criminal nro. (…), por la comisión del delito de robo calificado por el uso de armas en tentativa y en concurso real con el de robo simple, corresponde imponer una caución de tipo personal, junto con la obligación de presentarse periódicamente en la sede del tribunal para asegurar su presencia en el proceso, que se fijará teniendo en cuenta su situación socio-económica (…). Esta caución es de menor intensidad que una real porque sólo requiere demostrar solvencia en caso de incumplimiento procesal, por lo cual si se depositase el monto, no sería necesaria la sustitución por una caución real. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…), y conceder la excarcelación de (…) bajo una caución de tipo personal de (…) con la obligación de comparecer al juzgado cada quince días (arts. 310 y 322 del Código Procesal Penal de la Nación.). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 158, Cufré, Carlos Daniel Angel. Rta.: 26/03/2012 102

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional EXCARCELACIÓN. Rechazada. Arraigo, aporte de datos filiatorios verdaderos. Registro de una causa en trámite, en la que se encuentra detenido por un hecho ocurrido un día antes del inicio de la causa en la que se ventila el planteo. Extrema gravedad de ambos hechos. Confirmación. Fallo: “(…) En esta inteligencia, entendemos que pese a que el imputado cuenta con arraigo (…) y ha brindado sus datos verdaderos (…), registra una causa en trámite (…) en el Juzgado de Garantías (…) por el delito de homicidio criminis causae, iniciada el (…), a cuya disposición también se encuentra detenido (…). La proximidad de tal acontecimiento, ocurrido un día antes que el investigado en la especie, junto con la extrema gravedad de ambos es señal clara de su proclividad a la reiteración delictual (1) e indicativo del desinterés por el cumplimiento de las normas legales y los límites que para la convivencia éstas imponen, todo lo que constituye la excepción al derecho a la libertad conforme impone el artículo 319 del catálogo procesal. (…), el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso.(…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Williams). c. 276, CORONEL, Roy Alberto. Rta.: 10/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria “A”, c. 28 ,“Bianco Martínez, Mauro Ivan”, rta.: 20/7/09 y Sala VI, c. 37751, “Mene Alexis Omar”, rta.: 4/08/09.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Arraigo. Datos verdaderos. Proceso en trámite ante un Tribunal Oral de Menores por robo agravado con arma, en lugar poblado y en banda en tentativa. Hechos imputados cometidos con arma y con desprecio a la vida. Confirmación. Fallo: “(…) entendemos que pese a que el imputado cuenta con arraigo (…) y ha brindado sus datos verdaderos (…), registra una causa en trámite ante el Tribunal Oral de Menores n° (…) por el delito de robo agravado por su comisión con arma y en lugar poblado y en banda en tentativa (…). Además, lo elevado del mínimo de la amenaza penal (artículos 316 y 317 del ceremonial que brindan pautas iuris tantum) permite estimar que una eventual condena sería de efectivo cumplimiento por inaplicabilidad de la suspensión contemplada en el artículo 26 del catálogo sustantivo. En tal sentido, la severidad de la pena ha sido concebida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como pauta de elusión procesal (…). Ello, sumado a las características de los sucesos, ambos con armas de fuego y con desprecio a la vida de otro ser humano, sustenta los peligros procesales que avalan la restricción ambulatoria preventiva dispuesta, tal como ha establecido el órgano internacional en los citados informes, criterio también prohijado a los mismos fines por el Tribunal ad quem, ya dictado el plenario antedicho (1). (…), el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Williams). c. 231, ANDRADA, Guillermo Matías. Rta.: 03/04/2012 Se citó: (1) C.N.C.P. Sala III, c. 10.859, “Cid”, rta.: 19/6/2009 y Sala IV, c. 10.512, “Castillo”, rta.: 4/5/2009.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Asociación ilícita en concurso real con robo con armas y hurto de mercaderías en tránsito. Ausencia de antecedentes condenatorios y causas en trámite. Arraigo. Domicilio constatado. Posibilidad de neutralizar los riesgos procesales con otras formas de cuatela. Revocación. Concesión bajo caución real. Disidencia: en cuanto al monto de la caución a imponer. Fallo: "(…) Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis Maria Bunge Campos, dijeron: (…) fue procesado, con prisión preventiva, en orden al delito de asociación ilícita en calidad de miembro, art. 210 del CP, 2 hechos constitutivos de robos con armas, cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse de ningún modo, -art. 166 inc. 2 del CP segundo párrafo, en función del art. 164 del CP-, y un hecho calificado de hurto de mercadería en tránsito que concurren realmente entre si, arts. 45, 55, 163 inc. 5 en función del art. 162 del mismo cuerpo legal, hechos 1, 2, 2bis, y 3; (…) en atención al mínimo legal de pena prevista para la figura elegida, y a la carencia de antecedentes condenatorios (…) no se puede descartar que en caso de recaer condena en estas actuaciones, su ejecución sea dejada en suspenso (…). (…) siguiendo la línea jurisprudencial existente sobre el tema (*), corresponde aunar al análisis las condiciones personales del imputado, y su comportamiento 103

procesal, a fin de circunscribir objetivamente la existencia o no de peligros procesales, que puedan ameritar la restricción de su libertad. (…) se meritúa a su favor que posee arraigo (…), carece de causas en trámite y se encuentra debidamente individualizado. Tales elementos nos inclinan acerca de la posibilidad de que curse el proceso en libertad, en tanto se exhibe desproporcionado su encarcelamiento durante el trámite del proceso, toda vez que el restante peligro procesal se encuentra suficientemente neutralizado en atención a las medidas adoptadas en el principal. Lo reseñado nos lleva a asegurar el cumplimiento de los objetivos del proceso penal por medio de la imposición de una caución suficiente, que en este caso consideramos de tipo real, en atención a la escala penal legalmente establecida y al contenido económico de los hechos investigados. En cuanto a su monto, atendiendo a las circunstancias socio económicas del imputado que surgen de las actas escritas que tenemos a la vista y a lo informado en la audiencia (art. 324 del CPPN), lo fijamos en la suma de dos mil pesos ($2000). El juez Alfredo Barbarosch dijo: si bien comparto lo manifestado por los jueces preopinantes, entiendo que la caución real a imponer, en consideración a la calificación legal elegida por la a quo, y a la provisoriedad de su naturaleza, en la suma de cinco mil pesos ($5000). (…) el Tribunal RESUELVE: I-REVOCAR la resolución obrante a fs. (…) y II-CONCEDER la excarcelación de (…), bajo caución real de (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia parcial), Bunge Campos. (Sec.: Biuso) c. 42.683, GRASSO, Carlos Alberto. Rta.: 19/06/2012 Se citó: (*) CNCP, Plenario nro. 13, "Diaz Bessone", rto.: 30/10/08. EXCARCELACIÓN. Rechazada. Ausencia de antecedentes condenatorios. Datos personales correctos y domicilio constatado. Riesgo de elusión que puede ser morigerado con una caución real. Revocatoria. Concesión bajo caución real más la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días. Disidencia: soltura no procedente. Concurso de delitos que supera los ocho años. Suceso con especiales características. Conducta evasiva. Asunción de distintas filiaciones en otros procesos. Arraigo precario y dudoso. Verificación de peligro de elusión. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: Considero que no corresponde homologar el rechazo de la excarcelación solicitada a favor de (…), pues la penalidad prevista para el concurso de delitos por el que a fs. (…) del principal se dictara su procesamiento (artículos 42, 55, 164 y 167, inciso 2°, del Código Penal), permite encuadrar la situación del nombrado en la segunda de las hipótesis previstas en los artículos 316 y 317, inciso 1° del Código Procesal Penal. En efecto, en tanto el imputado no registra antecedente condenatorio alguno, resultaría procedente una condena de ejecución condicional (artículo 26 del Código Penal). A ello se añade que al momento de ser aprehendido el encartado brindó correctamente sus datos personales (…), que su domicilio real se encuentra constatado (…) y que el representante del Ministerio Público Fiscal no se opuso a la libertad solicitada (…). En consecuencia, las circunstancias expuestas conducen a concluir en que la excarcelación propiciada resulta procedente, pues el riesgo de elusión que puede presumirse a partir de la actitud asumida por el imputado frente a su aprehensión (…), puede ser morigerado mediante una caución real de quinientos pesos ($ 500), que se estima adecuada en función de las referencias suministradas por el causante al rendir declaración indagatoria (…), junto con la obligación de comparecer en forma quincenal ante el juez de la causa, a fin de garantizar su sujeción al proceso. Así voto. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Conforme a las constancias que lucen en los autos principales (…) se decretó el procesamiento de (…) en orden al delito de robo simple tentado en concurso real con robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda en grado de tentativa (artículos 42, 55, 164 y 167, inciso 2°, del Código Penal), Desde la perspectiva de lo dispuesto en los artículos 316, segundo párrafo y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal, la soltura de (…) no aparece procedente, siempre que el concurso de delitos atribuido alcanza una penalidad que supera el margen de ocho años a que alude el primero de los supuestos excarcelatorios. Por otro lado, se ponderan las características del suceso que damnificó a (…), particularmente que, con superioridad numérica, el imputado golpeó violentamente a la víctima, de setenta y dos años de edad, singularidad que se traduce como especialmente grave y debe ser valorada como pauta impediente en orden a conceder la excarcelación (1). En el mismo sentido se valora que en ocasión de resultar detenido, tanto el 27 de mayo de 2011 como el 19 de febrero de 2012, Vizcarra Rebaza asumió una actitud hostil frente a su aprehensión (…), extremo que revela una conducta evasiva que debe ser computada en el marco de evaluación que ocupa al Tribunal (2). A lo expuesto se aduna tanto el hecho de que el encartado ya ha asumido distintas filiaciones en otros procesos (…) como la circunstancia de que su arraigo se exhibe precario y dudoso, siempre que reside en un hotel en el que abona diariamente su habitación (…) y no es el domicilio aportado al disponerse su libertad el 28 de mayo de 2011, por manera que también incumplió el compromiso asumido (…) de las actuaciones. Finalmente, no habrá de soslayarse que el encausado registró diversos pedidos de paradero y que oportunamente fue declarado en rebeldía (…) y que según informó su propia letrada, el detenido sólo tiene una residencia precaria, extremo que conduce a verificar su actual situación migratoria.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Por ello, entiendo que se ha verificado el peligro de elusión regulado en el artículo 319 del digesto adjetivo, y como tampoco puede predicarse que el tiempo que (…) viene cumpliendo en detención luzca irrazonable, en virtud del estado del legajo, voto entonces por confirmar la resolución apelada. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), adhiero al voto del doctor Divito, cuyos argumentos comparto. (…), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión documentada (...) de este incidente, y CONCEDER la excarcelación de (…) bajo caución real de quinientos pesos ($ 500), junto con la obligación de comparecer en forma quincenal ante el juez de la causa". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro (en disidencia), Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti) c. 185, VIZCARRA REBAZA, Luis A. Rta.: 12/03/2012 Se citó: (1) C.N.C.P., Sala IV, 10.315, "Camperos, Nicolás", rta: 13/04/2009. (2) C.N.C.P., Sala I, c. 11.080, "Testa, Gabriel", rta: 05/03/2009; Sala III, c. 9957, "Galeano", 05/11/2008 de la misma Sala III, 13.223, "Herrera, Roberto", 27-12-2010.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Ausencia de condenas. Registro de rebeldía, imputado identificado con diferentes nombres, falta de arraigo Revocación. Caución personal más la obligación de comparecer al Juzgado cada quince días. Fallo: “I.- El Doctor Julio Marcelo Lucini dijo: (…) Destaco que en la causa (…)– el (…) se dispuso su libertad y se imprimió el trámite del artículo 353 bis de ese cuerpo legal, declarándoselo rebelde el (…), luego de que se mudara del domicilio sin informarlo al Tribunal. Permaneció en esa situación hasta que fue detenido el (…) en la causa (…). Por otro lado, la orden de detención emanada del Juzgado de Garantías de la Ciudad de Santiago, Républica de Chile en el expediente (…), sumado a que se identificó con diferentes nombres (…), y que su domicilio no pudo ser constatado (…), constituyen pautas objetivas que evidencian el riesgo de sustracción a la marcha regular del proceso. (…) Tal es mi voto. II.- Los doctores Mario Filozof y Ricardo Matías Pinto dijeron: El delito que se le imputa al procesado se encuentra dentro de los supuestos de los art. 316 y 317 del CPPN, y el imputado no registra condenas, por lo cual es posible sostener que la hipotética sanción podrá ser dejada en suspenso. Es así que resulta proporcional concederle la excarcelación y revocar el auto apelado, toda vez que no se advierte que resulte indispensable la medida de coerción cuestionada cuando ya prácticamente cumplió como pena anticipada el mínimo de la prevista para los injustos que se le reprochan. No obstante, la rebeldía que registra, los nombres con los que está identificado y la falta de arraigo, tornan prudente imponer una caución personal de (…) y la obligación de presentarse cada quince días en la sede del Tribunal, sin perjuicio de la facultad del instructor de modificar su periodicidad en caso de considerarlo necesario. (…) Lo que así votamos. (…), el Tribunal RESUELVE: I.- Revocar el auto de fs. (…) y conceder la excarcelación de (...) bajo una caución de tipo personal de (...) y la obligación de comparecer al Juzgado cada quince días (arts. 310 y 322 del Código Procesal Penal de la Nación.) (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini (en disidencia), Filozof, Pinto. (Prosec. Cám: Gallo). c. 745/12, FUENSALIDA CASTAÑEDA, Diego Antonio. Rta.: 25/06/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Defraudación por manipulación de un sistema de transmisión de datos. Imputado que ingresó recientemente al país. Falta de arraigo. Riesgo procesal de fuga. Peligro de entorpecimiento de la investigación. Confirmación. Fallo: "(...) se encuentra procesado con prisión preventiva en orden al delito de defraudación por manipulación de un sistema de transmisión de datos en concurso real con defraudación por manipulación de un sistema de transmisión de datos en grado de tentativa (art. 173 inc. 16, CP). (...) debe valorarse negativamente que (...) ingresó al país el 26/4/12 lo que denota la posibilidad cierta que, en caso de recuperar su libertad intente huir del sometimiento del proceso. En cuanto a la corroboración (...) del riesgo de elusión, cobra relevancia la circunstancia que no cuente con un arraigo suficiente en este país (...). Por otro lado, la investigación aún no está concluída y restan medidas de prueba por producir entre las que se encuentran la individualización de un cuarto sujeto que habría intervenido en los dos hechos que integran la presente. (...) resulta razonable deducir que integrarían una organización más amplia con otros posibles responsables, lo que potencia aún más el riesgo de entorpecimiento de la investigación. (...) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (...). (...)". 105

C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.503/12, GUERRERO RODRIGUEZ, Jorge Wilson. Rta.: 05/06/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Delito imputado reprimido con una penalidad máxima que excede los 8 años de prisión. Severidad de la pena y gravedad del hecho. Pautas válidas para presumir la fuga. Extranjero con dos meses de habitar el territorio nacional: arraigo dudoso. Causa en trámite. Confirmación. Disidencia: Penalidad mínima del delito imputado que no impide la posibilidad de aplicar una condena de cumplimiento ficto debido a que carece de antecedentes. Revocación. Concesión bajo caución real, más la retención del pasaporte y la prohibición de salida del país. Fallo: "(…) El nombrado se encuentra procesado en orden al delito de asociación ilícita, en calidad de miembro (art. 210, primer párrafo, del Código Penal), cuya penalidad mínima, pese a lo sostenido por la señora juez a quo en la decisión recurrida, se ubica en los tres años de prisión. El juez Mauro A. Divito dijo: Aun cuando la penalidad máxima prevista para el delito que se le atribuye al imputado excede los ocho años de prisión previstos como tope en el art. 316, segundo párrafo, primera hipótesis, aplicable por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal, la penalidad mínima no empece a la posibilidad de, en su caso, aplicar una condena de cumplimiento ficto, siempre que (…) carece de antecedentes condenatorios. Por lo demás, resultó detenido en uno de los domicilios obtenidos a partir de las intervenciones telefónicas ordenadas, en el que dijo vivir (...) y se identificó correctamente, de modo que corresponde acceder a la libertad peticionada, bajo una caución real de $ 1.500 (mil quinientos pesos), cuyo monto se estima adecuado en función de las referencias que brindó en su declaración indagatoria (…) y que se justifica en que registra una causa en trámite -…- y habita el territorio nacional hace dos meses -es de nacionalidad colombiana-, razón por la que, en los términos del art. 310 del Código Procesal Penal, corresponde imponerle la prohibición de salir del país, para lo cual se procederá a la retención de su pasaporte. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Cabe ponderar que, de un lado, la penalidad máxima prevista para el delito que se le atribuye al imputado excede los ocho años de prisión contemplados en el art. 316, segundo párrafo, aplicable por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal. Respecto de su mínimo, aun cuando se ubique en los tres años de prisión y que, debido a la ausencia de antecedentes, podría acceder a una condena de cumplimiento ficto, cabe formular algunas consideraciones. En principio, según ha sostenido el más Alto Tribunal, es potestad legislativa regular el régimen excarcelatorio y la restricción de la libertad en los casos previstos por esa norma -317, inc. 1 , del código adjetivo- "se funda…en la posibilidad de que el imputado eluda la acción de la justicia en las primeras etapas de la investigación" (C.S.J.N., Fallos: 321:3630). De igual modo, la severidad de la pena así como la seriedad o gravedad del hecho resultan pautas válidas para presumir la fuga del imputado (Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos números 12/96, parágrafo 86 y 2/97 parágrafo 28), lo cual debe ser valorado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 del código de forma. En esa dirección, en el sub examen, debe atenderse a la severa escala penal prevista para los hechos que se le atribuyen, que en abstracto comprende un mínimo de tres años de prisión y un máximo de diez años, con arreglo al delito atribuido, extremo que permite pronosticar válidamente que es harto difícil que la pena que pudiere corresponder se ubique en el mínimo de tal escala (C.N.C.P., Sala I, "Mandaradoni, Antonio", rta: 28/05/1999). Ello lleva a sostener que, desde esta perspectiva, debe presumirse que en el caso de recuperar su libertad, el imputado intentará sustraerse del accionar de la justicia. De otro lado, no puede dejar de considerarse que el causante ha sido procesado en orden al delito de asociación ilícita, sobre la base de una organización que, según surge de la imputación, se dedicaba a cometer delitos indeterminados -durante, al menos, el 31 de julio de 2011 y marzo de 2012-, "en el marco de la cual acordaron actuar predeterminadamente en forma conjunta y sistemática en distintas zonas de la Ciudad, con la finalidad de perpetrar robos en viviendas particulares y en ausencia de moradores -para luego beneficiarse con su producido- de similares características en cuanto a la modalidad comisiva, bienes, objetos y medios utilizados, en clara división de tareas en cada uno de los sucesos. El 'modus operandi' establecido por la asociación ilícita, incluyó el respaldo de su accionar mediante la utilización de automotores rentados que proveían (…) y (…), propietarios de la firma '…", para movilizarse, quienes a sabiendas de la actividad desplegada por la banda, facilitarían los vehículos necesarios para cometer los hechos, confeccionado contratos de alquiler a nombre de terceras personas ajenas a la organización para cometerlos impunemente. La comercialización de los objetos ilícitamente obtenidos era efectuada a través de (…) y (…), quienes adquirían con pleno conocimiento de su procedencia espuria especialmente con fines de lucro y habitualidad. A fin de llevar a cabo la confabulación criminal utilizaban abonados celulares cuyos titulares resultaron ser distintos de su efectivo tenedor, intentado mantener su identidad oculta para evitar ser individualizados. La jefatura de la asociación criminal se encontraba a cargo de (…)" y el resto de los imputados cumplían el rol de miembros, "desenvolviéndose mancomunadamente y de manera estrecha con (…) en la confabulación criminal, interviniendo en la materialización de los robos y/o en su preparación, brindando el aporte necesario que hace a la logística para el traslado de las herramientas, movimientos de los diversos vehículos utilizados y resguardo del botín obtenido". 106

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Así, la singular cantidad de intervinientes de la organización delictiva; el hecho de que ingresaran a moradas particulares; el uso de vehículos, herramientas y aparatos de telefonía celular con los que se ocultaba la identidad de sus titulares; y el apoderamiento de cuantiosos bienes, en especial de armas de fuego -caso del hecho que perjudicara a (…)- que la empresa criminal se encargaba de reducir, constituyen circunstancias relativas al hecho que denotan que quien así se conduce difícilmente observe las normas que regulan el procedimiento y que demuestran la configuración del riesgo de elusión que es dable neutralizar (C.S.J.N., "Morales, Domingo", rta: 28/12/2010). Por lo demás, debe atenderse a la nacionalidad colombiana del imputado, quien habitaría el territorio nacional hace sólo dos meses, lo que evidencia un arraigo harto dudoso, extremo reconocido en la audiencia oral. Consecuentemente, como además registra otra causa en trámite -…entiendo que corresponde confirmar la decisión cuestionada, pues se verifica la hipótesis impediente contenida en el art. 319 del Código Procesal Penal. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), adhiero al voto del juez Cicciaro cuyos argumentos comparto en su totalidad. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la decisión extendida (…) del presente incidente, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito (en disidencia), Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Franco). c. 851/12, TORRES GUEVARA, Alfer Mauricio. Rta.: 28/06/2012 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Delitos imputados que superan el límite de ocho años previsto en el art. 316, 2do párrafo del C.P.P.N. Existencia de pronunciamientos condenatorios anteriores. Imposibilidad de eventualmente aplicar condena de ejecución condicional. Registro con diferentes filiaciones. Ocultamiento de la verdadera identidad. Mendacidad al aportar el domicilio. Riesgo de elusión. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: La situación del nombrado no encuadra en las previsiones del artículo 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal, puesto que la penalidad prevista para el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con el uso de un arma de utilería -dos hechos, que concurren de manera real- (arts. 55, 166 último párrafo y 167, inciso 2° del Código Penal) por la que el causante resultó procesado, supera el límite de ocho años establecido en el artículo 316, segundo párrafo, del Código Procesal Penal y la existencia de pronunciamientos condenatorios anteriores no permite que eventualmente sea aplicable una condena de ejecución condicional -idem, segundo supuesto y artículo 26 del ordenamiento sustantivo, en sentido contrario-. Esto último, al considerarse lo informado por el Registro Nacional de Reincidencia respecto de la sanción de seis meses de prisión en suspenso dictada el 14 de abril de 2008 por el Tribunal Oral en lo Criminal (…); sin perjuicio de que se lo vincula a otro suceso ocurrido el 19 de diciembre de 2011 en el que se dictó su procesamiento (…). Ciertamente, dichas circunstancias operan como un primer indicador que inexorablemente debe computarse a los fines aquí analizados, pues conocedor el imputado de la considerable pena que pudiere corresponder, bien puede procurar la elusión de sus compromisos procesales (1). De otro lado, (…) se encuentra anotado en dicho registro oficial con diferentes filiaciones (…) y al respecto no fue sincero en oportunidad de ser detenido (….), por lo que es dable concluir en que el ocultamiento de la verdadera identidad importa un serio indicador sobre la existencia del riesgo de elusión. Asimismo, en el sub examen se pondera como pauta que influye desfavorablemente sobre el instituto prohijado, la circunstancia de que el nombrado en ocasión de ser detenido (…) aportó un domicilio que al ser constatado arrojó resultado negativo (…), dando cuenta en oportunidad de rendir declaración indagatoria que vive en la vía pública (…). Por lo tanto, la mendacidad en que incurrió pone de manifiesto la probabilidad de que el imputado no observe las pautas jurisdiccionales y concretan la existencia del riesgo de elusión que justifica la vigencia de su encierro preventivo (art. 319 del ceremonial). En consecuencia y siempre que el tiempo que el encausado viene cumpliendo en detención no se exhibe irrazonable, la decisión puesta en crisis debe ser homologada, tal como lo ha postulado el Ministerio Público Fiscal (…) de este incidente. Así voto. El juez Mauro A. Divito dijo: La situación de (…) no encuadra en las previsiones de los artículos 316 y 317 del CPPN ya que el máximo de la escala aplicable al concurso de delitos que se le atribuye supera los ocho años de prisión y aquél registra una condena de seis meses de prisión en suspenso dictada el 14 de abril de 2008, de modo que una eventual sanción en la presente no podría ser dejada en suspenso y debería unificarse, en su caso, con aquélla (CP, arts. 27 y 58). Por lo demás, pondero que resultó mendaz en ocasión de proporcionar su domicilio (…) y al dar su identidad (...), y que se lo registra bajo diferentes nombres (…), razones que conducen a tener por configurado un peligro procesal que autoriza a mantener su encierro cautelar (art. 319 del ritual). Por ello, y en atención a que el tiempo que lleva en detención no puede reputarse excesivo, voto para que se confirme la decisión apelada. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…) de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso". 107

C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 218, ACUÑA, Carlos A. Rta.: 15/03/2012 Se citó: (1) C.N.C.P., Sala II, c. 10.422, "Bustamante", rta: 19/03/2009 y C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 40.581, "Albarracín, Stella", rta: 18/03/2011 y c. 40.675, "Agüero Arévalos, Francisca", rta: 07/04/2011.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Domicilio no constatado. Imputado que en detención ya ha cumplido el mínimo legal previsto para el hecho. Registro de rebeldías en dos causas que registra en trámite. Confirmación. Fallo: “(…) El nuevo domicilio aportado (…) que pertenecería a un amigo no fue debidamente constatado y si bien ha transcurrido en detención el mínimo legal previsto para el delito endilgado (un mes), no debe soslayarse que registra dos causas en trámite (…) en las que se declaró su rebeldía, lo que demuestra un desinterés por la suerte del proceso, generando desconfianza en el Tribunal que estima se hallan presentes los riesgos procesales que impedirán continuar regularmente el trámite en el supuesto que se acceda al derecho peticionado (artículo 3198 del Código Procesal Penal de la Nación). Por ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Sec.: Williams). c. 43.094, NAZARIN, Carlos Santiago Simón. Rta.: 07/02/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Escala penal que supera el tope de ocho años de pena privativa de libertad. Registro de tres sentencias condenatorias por delitos de naturaleza patrimonial y declaración de reincidente en dos oportunidades. Arraigo dudoso. Registro bajo distintos nombres. Peligro corrido por la víctima. Intento de fuga previo a la detención. Riesgo de fuga suficiente. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Conforme la decisión asumida por esta Sala frente al recurso de apelación contra el procesamiento dictado a fs. (…) del principal (…), (…) se encuentra procesado en orden a los delitos de robo simple en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma (artículos 42, 45, 164 y 166, inciso 2°, primer párrafo, del Código Penal) cuya escala penal escapa a las hipótesis liberatorias previstas en los artículos 316 y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal, en tanto se ve superado el tope de ocho años de pena privativa de libertad y no es posible la aplicación de una condena de ejecución condicional. Ciertamente, esa circunstancia opera como un primer indicador que inexorablemente debe computarse a los fines aquí analizados, pues conocedor (…) de la pena que pudiere corresponder, bien puede procurar la elusión de sus compromisos procesales (1). En igual marco valorativo, deben ponderarse las tres sentencias condenatorias que registra el encausado, todas ellas por delitos de naturaleza patrimonial y en la que se lo declaró reincidente en dos oportunidades (…) A la vez, su arraigo se exhibe harto dudoso, pues sin perjuicio de la constatación de domicilio luciente (…), lo cierto es que apenas catorce días antes, en la misma vivienda, refirieron que (…) no residía allí (…); ello, sin dejar de señalar que el propio causante afirmó encontrarse en "situación de calle" (…). De otro lado, el encartado se encuentra anotado bajo disímiles nombres, según la información aportada por el Registro Nacional de Reincidencia (…). Por otra parte y más allá de la severidad de la pena en expectativa, en el primero de los episodios, ocurrido en la nocturnidad y ante el frustrado intento de desapoderar de bienes a (…) y (…) , el encausado habría intentado utilizar una tabla de madera con clavos en su punta para agredir a los damnificados (…). En la misma senda y luego de doce días de haberse ordenado su libertad en el trámite del sumario que ahora se encuentra acumulado, (…) junto con su consorte de causa, nuevamente en horas de la noche, habría abordado el vehículo de alquiler que era conducido por la víctima y "al llegar a la calle (…) en su intersección con la Av. (…) desciende la mujer dirigiéndose hacia la ventanilla del conductor en tanto que el masculino aprovecha el movimiento y le coloca un cuchillo en la zona del cuello y le exige la entrega del dinero, mientras tanto la mujer retira la llave del rodado". Así, el damnificado les hizo entrega del dinero que llevaba consigo y posteriormente el imputado y su compañera se dieron a la fuga hasta ingresar en una finca sita en la avenida (…) de esta ciudad (…). El peligro corrido por la víctima es un indicador que debe computarse en el marco que prescribe el artículo 319 del Código Procesal Penal (2). Además de lo expuesto, en oportunidad de llevarse a cabo la detención respectiva, el imputado intentó fugarse por los techos de la vivienda referida, extremo que robustece el peligro de fuga evaluado (…). Por ello, en la medida en que el tiempo que el encausado lleva en detención no se exhibe desproporcionado y en consonancia con el criterio asumido por el Ministerio Público Fiscal (…), voto por confirmar la decisión atacada. 108

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional El juez Mauro A. Divito dijo: La situación del imputado (…), procesado en orden a los delitos de robo simple en grado de tentativa en concurso real con robo agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma (artículos 42, 45, 164 y 166, inciso 2°, primer supuesto, del Código Penal) no encuadra en las hipótesis previstas en los artículos 316 y 317, inciso 1°, del Código Procesal Penal, ya que el máximo de la escala aplicable excede de los ocho años de prisión y para el caso de una eventual condena, no resultarían de aplicación las disposiciones del artículo 26 del Código Penal en atención a que el mínimo supera los tres años de prisión y, además, obstarían a ello los antecedentes condenatorios informados (…). Tales extremos, sumados al comportamiento elusivo asumido en oportunidad de practicarse la aprehensión documentada (…) y los diversos nombres con los que aparece inscripto en el Registro Nacional de Reincidencia (…), corroboran la existencia de un riesgo de fuga suficiente en los términos del artículo 319 del Código Procesal Penal para mantener su encierro cautelar. En consecuencia, siempre que el lapso que viene cumpliendo en detención no puede reputarse excesivo frente a la gravedad de la imputación que se le dirige, adhiero a la solución propuesta por el juez Cicciaro. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la decisión extendida (…) del presente incidente, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 471/12, VACCAREZZA, Rubén. Rta.: 26/04/2012 Se citó: (1) C.N.C.P., Sala II, c. 10.422, "Bustamante", rta: 19/03/2009; C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 40.581, "Albarracín, Stella", rta: 18/03/2011 y c. 40.675, "Agüero Arévalos, Francisca", rta: 07/04/2011. (2) C.N.C.P., Sala IV, c.10.315, "Camperos, Nicolás", rta: 13/04/2009.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Excarcelación concedida anteriormente bajo caución real y registro de una prohibición de salida del país. Carencia de arraigo y falta de trabajo. Esposa e hijos con domicilio en Colombia. Confirmación. Fallo: “(…) Si bien no registra antecedentes condenatorios (…), del legajo se desprende que el 10 de febrero pasado fue excarcelado bajo una caución real de $ (…) y la prohibición de salir del país, debiendo presentarse regularmente en la sede del juzgado (…). Pero al mes de concederse ese derecho fue aprehendido por la presunta comisión de dos nuevos eventos, lo que indica su infidelidad a las normas y marca una clara orientación en su conducta al desconocimiento del ordenamiento jurídico, despreciando así el sistema de libertades propio de nuestra sociedad democrática. Además al ser aprehendido aportó un domicilio distinto (…) y carece de arraigo, pues ingresó al país el (…) y su esposa e hijos viven en Colombia (…) y no cuenta con un trabajo fijo, lo que impone aplicar la excepción prevista en el artículo 319 del Código Procesal Penal, por verificarse el riesgo de fuga al que hace alusión esa normativa. (...), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (...) en todo cuanto fuera materia de recurso, debiéndose cumplir con lo ordenado en el punto II de los considerandos. (...)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 306, ZARATE GUERRERO, Yenson Stick. Rta.: 18/04/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Extracción de vehículo estacionado en la vía pública. Peligro de fuga. Imputado que se encuentra detenido por otro hecho. Condena anterior. Declaración de reincidencia. Arraigo dudoso. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Rebeldía. Confirmación. Fallo: "(…) han llevado al dictado del procesamiento con prisión preventiva del acusado por haber sido considerado, en principio, coautor penalmente responsable del delito de robo de vehículo estacionado en la vía pública, temperamento que ha sido homologado por esta Sala en el día de la fecha. Asimismo, debe tenerse en cuenta que en la actualidad se encuentra detenido también a disposición del Juzgado de Garantías Nº (…) de San Martín, (…) en la cual (…) se convirtió su aprehensión en detención en orden a los delitos de robo calificado por el uso de armas de fuego y portación ilegal de arma de fuego de uso civil. Por otro lado, no podemos soslayar que el TOC Nº (…) de San Martín lo condenó el 20/11/2007 a la pena de dos años y dos meses de prisión por resultar autor del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido acreditarse de ningún modo, en grado de tentativa, y lo declaró reincidente. Dicho antecedente determina que en caso de recaer condena en la presente, la pena a imponer resultará de efectivo cumplimiento, con la posibilidad de que nuevamente sea declarado reincidente (…), y en consecuencia no pueda concedérsele la libertad condicional. A su vez, también hemos de considerar la actitud elusiva que ha demostrado (…) en este proceso, toda vez que (…) se lo declaró rebelde y se ordenó su inmediata captura por no haber comparecido ante el juez luego de haber sido notificado (…), tanto en forma personal (…) como 109

mediante su madre y su concubina, de que debía prestar declaración indagatoria (fs. 66/67vta.), cesando en dicha situación al ser detenido en el marco de la causa nº (…) del Juzgado de Garantías Nº (…) de San Martín (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.195, QUINTELA, Sergio Víctor. Rta.: 03/04/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Falta de identificación del encausado, de documentación y de arraigo. Confirmación. Fallo: “(…) La reticencia demostrada por el encausado para su identificación, la cual aún se intenta determinar (ver fs. 44 y 52 del principal), pues aportó diferentes nombres a lo largo de legajo, no posee documentación ni arraigo y dijo desconocer a sus progenitores (ver fs. 3, 15, 35 y 45) y la actitud demostrada al momento de su detención donde amedrentó a un efectivo policial con una navaja, nos permite corroborar la existencia del riesgo procesal de fuga y aplicar la excepción prevista en el art. 319 del ritual. Es que se ha verificado su total infidelidad al ordenamiento jurídico, despreciando así el sistema de libertades propio de nuestra sociedad democrática. (…); el Tribunal RESUELVE:I. Confirmar el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso; II. Dar cumplimiento con carácter de urgente a la correcta individualización del imputado. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 258, NUÑEZ, Iván. Rta.: 09/04/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Homicidio agravado en grado de tentativa. Arraigo. Inexistencia de condenas anteriores ni rebeldías. Ausencia de peligros procesales. Revocación. Concesión bajo caución juratoria más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal sumado a la prohibición de acercamiento y todo tipo de contacto con la víctima. Fallo: "(…) Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos, dijeron: (…) procesamiento con prisión preventiva (…) en orden al delito de homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa (…). (…) la sola referencia a la calificación legal no puede ser sostén de la negativa cuestionada (…). (…) la Corte Suprema (…) ha dicho que la prisión preventiva tiene como fundamento evitar que se frustre la acción de la Justicia, esto es que se entorpezca la investigación o que se eluda su decisión (condena), por lo que la sola referencia a la pena establecida para el delito por el que se acusa no constituye fundamento válido para su dictado, debiéndose precisar en cada caso cuáles son las circunstancias concretas de la causa que permiten presumir fundadamente que el imputado intentará burlar la acción de la Justicia (*). (…) es dable afirmar que la irrazonabilidad de la restricción de la libertad de (…) se funda en la falta de elementos o pautas objetivas que permitan presumir que intentará entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia. (…) La circunstancia de que tenga un domicilio real denunciado, la carencia de condenas o rebeldías en su haber y que se encuentra debidamente individualizado, son pautas que coadyuvan a minimizar la presunción negativa que podría extraerse de considerar la gravedad de la imputación que pesa a su respecto. (…). El juez Alfredo Babarosch dijo: (…) sin perjuicio de no compartir la totalidad de los argumentos expuestos por los jueces (…) ya que vengo sosteniendo que la gravedad del hecho y la adecuación típica correspondiente aunque fuere provisoria es una circunstancia relevante a los efectos de tener en cuenta para conceder o denegar una excarcelación. (…) considero que debo conceder la excarcelación bajo una caución personal (…) de (…) pesos (…). (…) el tribunal RESUELVE: I-REVOCAR la resolución (…); II-CONCEDER la excarcelación de (…) bajo caución juratoria, mas la obligación de comparecer a los estrados del tribunal donde tramite el asunto el primer día hábil de la segunda y cuarta semana de cada mes, incluidos los periodos de feria judicial (…) y la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto con la persona de la víctima (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia parcial), Bunge Campos. (Sec.: Biuso) c. 42.367, M., J. M. Rta.: 04/05/2012 Se citó: (*) CSJN, "Estévez", (320:2105), 03/10/1997; CSJN, "Nápoli", (321:3630), rta.: 22/12/1998.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional EXCARCELACIÓN. Rechazada. Incursión en otro delito a poco tiempo de ser excarcelado. Reincidente. Peligro procesal de fuga (art. 319, C.P.P.N.). Confirmación. Fallo: "(…) La circunstancia de que el imputado se vea nuevamente involucrado en un proceso penal a tan solo cuatro meses de que esta sala lo excarcelara en el marco de la causa (…) caratulada (…), resuelta el 27 de septiembre de 2011, nos convence de que éste no cumplirá con los llamados y obligaciones que le fije el tribunal. Nótese, al respecto, que el acusado registra varias condenas anteriores -fs. (…) - y pese a las admoniciones allí impuestas se ha visto inmerso en otro proceso penal. (…) toda vez que el haber gozado de excarcelaciones anteriores es una de las pautas que valora el art. 319 del código de rito para sustentar el peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación, habremos de convalidar el auto apelado, máxime cuando la causa está próxima a alcanzar la etapa de debate -ver requerimiento de elevación a juicio de fs. (…) vta, del principal-. Por ello, SE RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Vilar). c. 102, SANDOVAL, Martín A. Rta.: 24/02/2012 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Pareja del imputado que asistió a la audiencia y exhibió documentación de ambos que disipan dudas respecto de la identidad y del arraigo. Revocación. Concesión bajo caución real más la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante el tribunal cada quince días. Fallo: "(…) en la audiencia (…) asistió la Sra. (…), quien dijo ser pareja del causante, y ha exhibido documentación personal de ambos (…). Ello es así, dado que las dudas respecto a la identidad y a la arraigo en el país de (…) que surgían de las actas escritas se han visto disipadas en gran medida, en el marco de este acto. Así, (…) se ha exhibido el pasaporte del imputado y de su pareja, de esta última su certificado de residencia precaria, y una credencial universitaria. De dicha documentación se desprende que ambos estarían residiendo en la Argentina desde hace aproximadamente un año, y que el ingreso de (…) dos días antes de este hecho, habría sido en realidad un reingreso al país. En las condiciones indicadas, el peligro de elusión puede ser neutralizado por una medida menos agresiva que la privación de libertad. (…) el Tribunal RESUELVE: I- REVOCAR la decisión de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso (art. 455 contrario sensu del CPPN); II- CONCEDER la excarcelación de (…), bajo caución real de (…), más la obligación accesoria de prohibición de salir del país, (…) debiendo el imputado hacer entrega de su pasaporte (…); y la obligación de presentarse a la sede del tribunal a cargo del caso el primer día hábil de la segunda y cuarta semana de cada mes (incluyendo las ferias judiciales). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Sec.: Biuso). c. 41.875, JIMENEZ OCAMPO, Mario Alejandro. Rta.: 07/02/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Pautas válidas para presumir la fuga. Dudoso arraigo. Imputado extranjero. Falta de contención familiar u otros lazos. Verificación de riesgos procesales para la no realización del juicio: peligro de entorpecimiento de la investigación por intimidación a la víctima. Confirmación. Fallo: "(…) Los argumentos desarrollados por la defensa no logran conmover la decisión adoptada en la instancia anterior, pues coincidimos con el juez de grado en cuanto a que se presentan en el caso riesgos procesales que imponen denegar el pedido, principalmente, por el peligro de fuga. Un impedimento para la concesión radica en la notoria falta de arraigo del prevenido y que habría ingresado al país en calidad de turista pocos días antes del hecho que se le atribuye y se alojaría de manera transitoria en un hotel de pasajeros (cfr. fs. …). Asimismo, tal como se desprende del informe social confeccionado a fs. (…) del principal, carece de lazos familiares o de otro vínculo que motive su permanencia en el país, ya que sus padres y hermanos residen en la República de Chile. Sustenta entonces la necesidad de restringir su libertad porque tal obstáculo no puede ser neutralizado con una medida de menor intensidad, teniendo presente además que las particulares características del suceso investigado (cfr. fs. …) permiten presumir también un riesgo cierto de que la víctima pueda ser intimidada frente a la eventual realización del juicio (1), máxime cuando en el caso el imputado conoce donde se domicilia aquélla, pues fue precisamente allí donde tuvo lugar el desapoderamiento (ver fs. …). Por último, dada la nacionalidad del detenido y su condición migratoria precaria, deberá librarse oficio, junto con un juego de fichas dactilares, al Departamento de Extranjeros Judicializados de la Dirección Nacional de 111

Migraciones y al Consulado General de la República de Chile, conforme lo resuelto por esta Cámara en el expediente de Superintendencia n° 19.455/09, el 27 de noviembre de 2009. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso (artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación), debiendo el señor juez de grado librar los oficios aludidos precedentemente. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 495, INC. DE EXCARCELACION DE GONZALEZ CARDENAS, Michael A. Rta.: 27/04/2012 Se citó: (1) C.I.D.H., Informe 2/97, punto 35 "Riesgo de presión sobre los testigos" al que remiten expresamente en sus votos, que conforman la mayoría del plenario n° 13 de la CNCP "Díaz Bessone", rto. 30/10/2008, los jueces Eduardo R. Riggi, Gustavo M. Hornos y Guillermo J. Tragant.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Peligro de fuga: dudoso arraigo e inconducta procesal. Rebeldía y posterior captura. Violencia desmedida ejercida contra su ex pareja. Conflicto de pareja. “Convención de Belém do Pará” y Leyes de violencia contra la mujer. Confirmación. Fallo: “(…) ha quedado acreditado el riesgo real de sustracción del imputado a la marcha regular del procedimiento por las reiteradas incomparecencias al Tribunal interviniente cuando estaba en pleno conocimiento de las citaciones cursadas al domicilio constituido por él y los llamados al celular que brindara a ese efecto (…), lo que motivó su rebeldía el (…) estado que se prolongó hasta (…) cuando fue detenido en el interior de la vivienda de la damnificada (…). Además no posee arraigo tal como lo expresara en su presentación de fs. (…). También debemos contemplar la violencia desmedida que (…) habría ejercido contra su ex pareja. No sólo la agredió verbal y físicamente en reiteradas ocasiones, sino que la amenazó con matarla y, en una oportunidad, la salpicó con alcohol y encendió un fósforo para amedrentarla. No es un dato menor que estamos ante un conflicto de pareja que según lo catalogaron los especialistas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de alto riesgo psicofísico (…), el que lejos de constituir un hecho aislado, según denunció (…), se ha repetido a lo largo del último año en al menos ocho ocasiones y han crecido en su gravedad. En ese informe incluso se destacó su personalidad agresiva y su adicción al alcohol y a las drogas. En este sentido hemos sostenido que: “Una de las maneras más tradicionales de investigar (…) es tratar estos casos e investigaciones como si fueran comunes y sin características tan específicas. Cada vez que se comprueba que la mayoría de los femicidios tienen atrás una historia previa de denuncias y pedidos desesperados de ayuda nunca respondidos por quienes tienen la obligación de hacerlo” (1). De esta manera, la actitud asumida por (…) también evidencia el peligro de entorpecimiento a la investigación, toda vez que su soltura podrá influir en la damnificada para que no se presente a declarar lo haga falsamente o se comporte de manera desleal o reticente, sin perjuicio del riesgo real a represalias en su contra o de sus hijos. Máxime si contemplamos el informe de fs. (…) que da cuenta que (…) tiende a negar o minimizar los hechos investigados, lo que conlleva a la necesidad de aventar todo riesgo cierto que sea intimidada (…). Por el momento no se advierte otra medida menos gravosa que asegure los fines del proceso aún cuando la pena podría ser en suspenso la medida ante estas circunstancias no luce desproporcionada para asegurar la aplicación de la ley y evitar el entorpecimiento en la pesquisa. Ello en consonancia con el artículo 7 que hace referencia a la obligación de los Estados, en especial, los apartados a, b, c y d, de la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará” y las leyes de violencia contra la mujer nros. 12.569 y 26.485. Concluimos que su comportamiento a través del tiempo demostró un desinterés por las reglas indispensables y, a quien toca decidirlas, genera desconfianza o más aún, inclina la balanza hacia la afirmación de que están presentes en el caso los riesgos procesales que impedirán continuar regularmente el proceso en el supuesto que se haga lugar al derecho peticionado. En suma, se verificó el peligro de fuga debido a su dudoso arraigo e inconducta procesal al no comparecer voluntariamente a los llamados del tribunal, que provocaron su declaración de rebeldía y posterior captura. Se avizora así el entorpecimiento del proceso, por el cual el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Asturias). c. 467/12, M., F. R. Rta.: 29/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 41.647, “Criscuolo, Daniel Eduardo”, rta.: 6/6/2011

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Peligros procesales. Valoración de la gravedad del hecho. Incursión en el delito durante el transcurso de otorgamiento de libertad asistida por un hecho anterior. Probabilidad de eludir la acción de la 112

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional justicia. Confirmación. Disidencia: Corroboración del domicilio. Imposibilidad de eludir la acción de la justicia. Revocación. Concesión, con caución real y obligación de comparecencia al tribunal. Fallo: "(…) Si bien la mera posibilidad de un futuro encierro -derivada en el caso, por los antecedentes condenatorios que registra el imputado (…), no constituye un dato objetivo en los términos del art. 319 del C.P.P.N., al menos si se valora la doctrina sentada en el plenario "Díaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal. (…) se verifican los peligros procesales a neutralizar para garantizar la eventual realización del juicio. En tal sentido, valoramos la gravedad del hecho cometido, en donde el imputado, en horas de la noche en la vía pública, abordó sorpresivamente a la damnificada en forma violenta para lograr la entrega de su cartera y, por otro lado, el actuar evasivo que tuvo el nombrado, consistente en el cambio de ropa para evitar ser capturado. Tal circunstancia deja entrever su poco respeto a la protección de los bienes jurídicos protegidos por nuestro ordenamiento legal y su falta de apego al orden social. En otro orden, no podemos soslayar la circunstancia de que le haya sido otorgada la libertad asistida el 14 de noviembre pasado, pese a lo cual se ve involucrado en un nuevo proceso penal durante ese período. Tales motivos nos convencen de que (…), de recuperar su libertad intentará eludir el accionar de la justicia, extremo que consideramos no puede ser neutralizado con algún tipo de caución. Disidencia de la jueza María Laura Garrigós de Rébori dijo: La amenaza de pena de efectivo cumplimiento -como sería en el presente, en caso de recaer condena- no es pauta objetiva que, por sí sola permita sostener en todos los casos que el imputado, de recobrar su libertad, intentará eludir la acción de la justicia, tal como lo sostuvieran el Juez de grado y la Fiscal. (…) se encuentra corroborado el domicilio de (…) a fs. (…) de los autos principales, lo cual me permite presumir fundadamente que el imputado no intentará eludir la acción de la justicia, ni entorpecer las investigaciones, conforme los parámetros establecidos en el informe 2/97 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (parágrafo 29). (…) entiendo que el derecho solicitado debe tener favorable acogida. Sin embargo, en virtud de las condenas que registra, su comparecencia es susceptible de garantizarse mediante una caución real de $300 junto con la obligación de comparecer periódicamente ante el Tribunal de origen (arts. 310 y 324 del C.P.P.N.). (…) En consecuencia, voto por revocar el auto impugnado y conceder la excarcelación". (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori (en disidencia), López González. (Sec.: Poleri) c. 652/12, GOMEZ, Leandro A. Rta.: 24/05/2012 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Portación de arma de guerra. Pena en expectativa. Actitud elusiva frente a los preventores. Secuestro de documento de identidad apócrifo. Medios para asumir otra identidad. Peligro de elusión. Confirmación. Fallo: "(…) El Juez Juan Esteban Cicciaro dijo: La defensa recurrió en apelación el auto documentado (…), en cuanto se rechazó la excarcelación procura a favor de (…). El imputado fue procesado en orden al delito de portación de arma de guerra (arts. 45 y 189 bis, inc. 2°, párrafo cuarto, del Código Penal), cuya escala penal escapa a las dos hipótesis liberatorias previstas por los artículos 316 y 317, inc. 1°, del Código Procesal Penal. Al respecto, cabe señalar que el primer indicador a computarse a los fines aquí analizados es la pena en expectativa. Y si se evalúa que tal prognosis es conocida por Molina puede inferirse que se verifica el riesgo de elusión de sus compromisos procesales (1). En igual sentido, el aludido peligro procesal se confirma al evaluar desfavorablemente que el causante procuró evadirse del accionar prevencional al unirse a otros clientes de una playa de estacionamiento, al punto de que (…) y (…) fueron demorados por el personal policial hasta aclarar sus situaciones (…). A ello se adiciona que se secuestró un Documento Nacional de Identidad apócrifo en el interior de un vehículo utilizado por el imputado, circunstancia que incide negativamente al tiempo de evaluar su situación, puesto que al conar con medios para asumir otra identidad, se corrobora el peligro de elusión procesal. Así, evaluándose que el Ministerio Público Fiscal se opuso a la viabilidad del instituto y que se ha confirmado en la fecha el auto de procesamiento de (…), extremo que augura una pronta definición del caso, voto por confirmar la decisión recurrida. El juez Mauro A. Divito dijo: La imputación que se dirige a (…) excede -por su gravedad- las hipótesis previstas por los artículos 316 y 317 del Código Procesal Penal. Por lo demás, la actitud elusiva que el causante asumió frente a los preventores y el secuestro de un Documento Nacional de Identidad apócrifo en uno de los automóviles que conducía corroboran la existencia de un riesgo de fuga que autoriza a mantener el encierro cautelar del causante (artículo 319 del ceremonial). En consecuencia, y siempre que el tiempo que (…) lleva en detención no luce excesivo en función del estado del legajo, adhiero a la solución propuesta por el juez Juan Esteban Cicciaro. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto protocolizado (…), en cuanto fuera materia recursiva". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). 113

c. 199, MOLINA, Javier Carlos. Rta.: 15/03/2012 Se citó: (1) C.N.C.P., Sala II, c. 10.422, "Bustamante", rta: 19/03/2009; C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 40.581, "Albarracín, Stella", rta: 18/03/2011 y c. 40.675, "Agüero Arévalos, Francisca", rta: 07/04/2011.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Procesado con prisión preventiva por homicidio en riña con arma. Rebeldía en otro proceso. Imputado que aportó correctamente sus datos personales. Arraigo precario. Condenas anteriores. Causas en trámite. Peligro de fuga. Confirmación. Fallo: "(...) se encuentra procesado con prisión preventiva en orden al delito de homicidio en riña agravado por su comisión con un arma de fuego en concurso real con el delito de portación de arma de guerra -dos hechos. (...) Además de ello, las actas escritas dan cuenta que registra una rebeldía vigente decretada por el TOC n° (...), contumasia que cesó al ser detenido por la comisión del hecho que se ventila en autos (...). Por otro lado, si bien aportó sus datos a los fines de ser individualizado y que no se informaron otras identidades diferentes (...), su arraigo no aparece suficiente (...). A lo expuesto debemos agregar que el TOC n° 2 (...) le concedió la probation por el término de un año (...); que durante ese plazo el TOC n° (...) le concedió la excarcelación (...) y luego lo condenó a la pena de 1 año de prisión de ejecución condicional (...) y que registra en trámite dos causas por los delitos de tenencia de arma de guerra, robo y resistencia a la autoridad (...). (...) Lo expuesto permite concluir que en caso de recaer condena en esta causa deberá revocarse esa probation y continuarse con el trámite de ese legajo y también la condicionalidad impuesta por el TOC n° (...), dictándose, de corresponder, una única condena por hechos que concurrirían realmente entre sí, no pudiéndose dejar en suspenso el cumplimiento de la pena (...), luego de haber sido condenado a un año de prisión de ejecución condicional, demuestra su desapego al cumplimiento de las normas de conducta y una actitud proclive a la comisión de hechos delictivos (*). (...) no es posible neutralizar de alguna otra manera menos gravosa el peligro de fuga (...). (...) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala,Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa) c . 42.418, LUNA, Cristian Ernesto Rta.: 10/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 35.267, "González", rta.: 9/12/08.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Procesado con prisión preventiva por homicidio en riña con arma en concurso con portación de arma de guerra. Ausencia de riesgos procesales. Imputado que aportó correctamente sus datos personales. Arraigo acreditado. Ausencia de rebeldías. Probation otorgada por otro tribunal vencida. Revocación. Concesión bajo caución real. Disidencia: gravedad del delito. Imposibilidad de aplicar la pena en suspenso. Confirmación. Fallo: "(…) Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) se encuentra procesado con prisión preventiva en orden al delito de homicidio en riña agravado por su comisión con un arma de fuego en concurso real con el de portación de arma de guerra -dos hechos. (…) Ahora bien, pese a que la calificación legal asignada implica una severa amenaza punitiva, que será de efectivo cumplimiento, no contamos con indicios serios sobre la posibilidad de fuga del mencionado o de entorpecimiento de la investigación (…). (…) el imputado aportó desde un inicio su identidad y demás datos personales (…). Su arraigo se encuentra suficientemente acreditado (…). Asimismo, no registra rebeldías decretadas y la suspensión del juicio a prueba dictada por el Juzgado en lo Correccional n° (…) por el término de un año, habría vencido (…). (…) consideramos que es necesario imponerle una caución de tipo real (…). Así votamos. El juez Alfredo Barbarosch dijo: La escala penal prevista para el delito que se le imputa a la luz de los artículos 316 y 317 del C.P.P.N. no permite la excarcelación, y en caso de recaer sentencia condenatoria no podrá ser dejada en suspenso (art. 26, a contrario sensu, C.P.). En tal sentido, la gravedad de los hechos y la expectativa de una futura condena de efectivo cumplimiento, son pautas a valorar, conforme lo expresamente señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (inf. 35/2007). (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución (…) y CONCEDER LA EXCARCELACIÓN a (…) bajo caución real de $(…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. (Sec.:Sosa). c. 42.417, CANTEROS, José Domingo. Rta.: 10/05/2012

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional EXCARCELACIÓN. Rechazada. Procesado con prisión preventiva por robo con armas. Ausencia de antecedentes condenatorios. Domicilio y datos personales constatados. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse ante el tribunal cada quince días. Disidencia: mínimo legal previsto para el delito imputado que impide la excarcelación. Gravedad del delito y severidad de la pena. Imputado que sustrajo la cartera de la damnificada exhibiéndole un cuchillo. Confirmación. Fallo: "(…) Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) ha sido procesado con prisión preventiva (…) por ser considerado, en principio, coautor penalmente responsable del delito de robo con armas (…). Sentado ello, valoramos positivamente que, al ser detenido, brindó sus datos personales verdaderos, que el domicilio real aportado ha sido debidamente constatado y que no registra antecedentes condenatorios. (…). El juez Alfredo Barbarosch dijo: No coincido con el criterio expuesto por los jueces preopinantes, en cuanto a la solución propuesta. En efecto, de acuerdo al mínimo legal previsto para el delito que se le reprocha al imputado (…) la concesión de la excarcelación no resulta objetivamente viable de conformidad con lo normado por el art. 26 del CPPN. Por otro lado, debe valorarse también que, conforme he sostenido reiteradamente "La gravedad del delito y la severidad de la pena en expectativa resultan siempre parámetros válidos para decidir sobre la procedencia, o no, del beneficio solicitado por el imputado; aunque no de manera concluyente. En nuestra legislación existe una presunción sobre el imputado, contenida en el art. 316, C.P.P.N., cuando establece que si el máximo punitivo supera los ocho años, o si el mínimo no permite la condena de ejecución condicional, el imputado podría intentar sustraerse del accionar de la justicia (art. 319, C.P.P.N.)" (*). En autos, la gravedad y naturaleza del hecho que se le imputa al encausado radica en haber exhibido un cuchillo a una mujer a fin de consumar la sustracción de su cartera. Finalmente, el tiempo que viene sufriendo en detención (…) no luce desproporcionado en atención a la pauta prevista por el art. 207 CPPN, y menos aún al plazo estipulado por la ley 24.390 (modificada por ley 25430), reglamentaria del art. 7. 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como tampoco en relación a la pena en expectativa que pudiere corresponderle, teniendo en cuanta además el avanzado estado que presenta el asunto. (…) En virtud de todo lo expuesto, voto por confirmar el auto de fs. (…) en cuanto deniega la excarcelación a (…). Así voto. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución de fs. (…) en todo cuanto ha sido materia de recurso (art. 455 a contrario sensu del CPPN). II. CONCEDER LA EXCARCELACIÓN a (…) bajo caución real de (…), más la obligación accesoria consignada en los considerandos (art. 324 ibídem). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón) c. 41.959, ORELLANA, Jonathan Maximiliano. Rta.: 28/02/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 33.428, "Bogado", rta.: 27/3/08, del voto del Dr. Barbarosch. EXCARCELACIÓN. Rechazada. Procesado con prisión preventiva por robo con armas. Escala legal que impide dejar en suspenso la condena. Imputado que aportó un domicilio en el que no residía. Declaración de rebeldía en otro proceso. Confirmación. Fallo: "(…) ha sido procesado (…) por ser considerado (…) coautor penalmente responsable del delito de robo con armas (…). Así, el primer criterio que debemos computar en forma negativa para la pretensión de la defensa es la entidad de las evidencias de cargo que existen sobre la ocurrencia del hecho y la responsabilidad que le cupo al encausado en él, lo que resulta una circunstancia que permite presumir objetivamente, como posible, una futura reacción hostil al sometimiento al proceso (*). Por otro lado, la subsunción legal seleccionada (…) indica que en el eventual caso de recaer condena en las actuaciones, ésta no podrá ser dejada en suspenso, dado que el mínimo de la escala penal supera los 3 años de prisión (art. 26 del CPPN). (…) la entidad del cuadro cargoso y la expectativa de una futura condena de efectivo cumplimiento son pautas a valorar, entre otras, conforme lo expresamente señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (inf. 35/2007). Además, no debemos perder de vista que al ser detenido en flagrancia (…) aportó un domicilio en el que posteriormente se constató que no residía desde hacía 5 años; (…) fue declarado rebelde por el Juzgado Nacional de Menores N° (…). De este modo, las dudas sobre el arraigo del imputado aún subsisten. Asimismo, debemos computar las dos causas que tramitan en su contra por ante el TOM N° (…), siendo que en una de ellas fuera declarado rebelde como se señalara. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución glosada a fs. (…) en todo cuanto ha sido materia de recurso (art. 455 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 41.958, ALBARRACIN, Cristian Ezequiel. Rta.: 28/02/2012

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Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 37.244, "Freijó", rta.: 12/11/2009; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 34.005, "Borello", rta.: 10/06/08.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Procesamiento por robo. Aportación correcta de sus datos personales. Imputado que ya no vive con su madre pero tiene contacto habitual con ella. Ausencia de rebeldías. Riesgo de entorpecimiento de la investigación neutralizado. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal. Fallo: "(…) en primer término, debemos señalar que si bien (…) se modificó la subsunción legal del procesamiento por la de robo agravado por haber sido cometido con la utilización de la llave verdadera previamente sustraída (art. 167, inc. 4° en función del art. 163, inc. 3°, CP), lo cierto es que dicha resolución, (…) no se encuentra firme, por lo que a los fines del art. 318 del digesto ritual, debemos atenernos a la calificación legal original, esto es la de robo simple. Dentro de este marco destacamos que el tiempo que lleva en detención (…) supera el mínimo legalmente establecido. Esta desproporción torna necesario valorar con rigor los riesgos procesales que puede presentar el caso. En lo que concierne al peligro de fuga, valoramos positivamente que el encausado desde el momento de su detención aportó sus datos personales correctos a los fines de su individualización (…) y si bien se encuentra identificado en el Registro Nacional de Reincidencia bajo otro nombre (…), la diferencia no es significativa; por otro lado, en cuanto a su arraigo, si bien al constatarse el domicilio su madre dijo que ya no vive con ella (…), a través de la defensoría manifestó que su hijo la visita habitualmente y que no perdió contacto con él (…). Por otro lado, no registra rebeldías ni en esta causa ni en las informadas por ese registro (…). Desde el análisis del riesgo de entorpecimiento de la investigación, lo consideramos neutralizado ya que nos encontramos frente a una pesquisa avanzada que no se presenta compleja. Ahora bien, en atención a la condena unificada que registra a la pena de 6 años y 6 meses de prisión dispuesta en marzo de 2006 (…) y que se le ha concedido el beneficio de la libertad condicional (…) entendemos que es necesario, a los fines de asegurar futuras comparecencias a los llamados que se le efectúen, caucionar su libertad sin que aparezca suficiente aquella de tipo juramentada. Así es que establecemos una caución real (…). (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución (…) y en consecuencia CONCEDER LA EXCARCELACIÓN a (…) bajo caución real de (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.151, TORRES LIZARRAGA, Juan Osvaldo. Rta.: 28/03/2012 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Pronóstico de pena de efectivo cumplimiento. Posibilidad de elusión de la acción de la justicia. Diversidad de domicilios. Actitud desaprensiva hacia terceros. Confirmación. Fallo: "(…) al pronóstico de pena de efectivo cumplimiento en caso de ser condenado en este legajo, derivado de la condena que registra el imputado (…) se suman en el caso datos objetivos que hacen presumir que, en el caso de recuperar su libertad, eludirá la acción de la justicia (artículo 319 del código adjetivo). En tal sentido valoramos, en primer término, la diversidad de domicilios que dio en el sumario (…). En segundo lugar, debe tenerse en cuenta la actitud que demostraron los imputados, la que superó el mero no acatamiento de una orden policial de detención. Su comportamiento fue claramente desaprensivo hacia terceros, al punto que no trepidaron en desplazarse a alta velocidad, en tomar una calle a contramano, en subir a la vereda para seguir su marcha, porque tenían el paso impedido por los vehículos detenidos por el semáforo, e, incluso, cuando finalmente debieran detenerse por el tránsito en la intersección de (…), uno de ellos (precisamente B.) huyó a pie por (…), dobló por (…) y luego por (…), para ser finalmente detenido frente al número (…) de esta arteria (…). Los datos señalados son indicativos del peligro de fuga, razón por la cual homologaremos el auto que se revisa. (…) el tribunal RESUELVE: Confirmar la decisión de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria B., González, Seijas, Cicciaro. (Sec.: Herrera). c. 29, B., H. S. Rta.: 04/01/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Registro de condena. Precaria situación económica, sin vivienda. Revocación, concesión bajo caución juratoria mas la obligación de comparecer al juzgado cada 15 días. Fallo: “(…) vemos que registra una condena a tres años y seis meses de prisión como autor del delito de robo con un arma de fuego no apta para el disparo y coautor del de hurto agravado escalamiento tentado dictada por el Tribunal en lo Criminal n° (…) que venció el 11 de julio de 2011 (art. 50 del C.P.). Si bien las dolencias físicas que argumenta la defensa son cuestiones a tratarse en otro instituto, lo cierto es que el estado de la investigación no puede verse obstruido con su soltura y la circunstancia que no cuente con 116

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional vivienda debido a su precaria situación económica no puede ser óbice para acceder a ella en la medida en que prima el principio de inocencia. Atento a lo expuesto, se fijará una caución de tipo juratoria con la obligación de comparecer los días 1° y 15 de cada mes para no tornar ilusorio el derecho que se le concede y a su vez neutralizar el riesgo de fuga que implica la eventual forma de ejecución de la pena ante la condena que registra. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs.(…) y conceder la excarcelación de (…) bajo caución juratoria con la obligación de comparecer los días 1° y 15 de cada mes (arts. 310 y 321 del C.P.P.). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 483/12, CABALLERO, José Luis. Rta.: 15/05/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Registro de rebeldía. Dos procesos penales en trámite. Confirmación. Fallo: “(…) Conforme obra en el principal, el nombrado fue declarado rebelde el (…), logrando ser habido en razón de la presunta comisión de un nuevo evento el (…), en cuya ocasión falseó su identidad (…). Por otra parte, según consta a fs. (…) registra dos procesos en trámite, uno ante el Tribunal Oral en lo Criminal (…) por robo en grado de conato y ante el de Menores (…) en la que se investiga la comisión del delito de robo simple reiterado (dos hechos), los que concurren realmente entre sí y, a su vez, con el de robo en tentativa en la que se lo tuvo por contumaz (…). Si bien se ha logrado constatar su domicilio (…) los extremos indicados demuestran una tendencia elusiva del accionar de la justicia que impone la restricción dispuesta. En efecto, la reiteración de sucesos en que se encontró involucrado, sumado a la reticencia demostrada por acatar las reglas indispensables que hacen al normal desarrollo del proceso, genera desconfianza o más aún, inclina la balanza hacia la afirmación de que están presentes en el caso los riesgos procesales que impedirán continuar regularmente con el trámite en el supuesto que se acceda al derecho peticionado. (…), se RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Williams). c. 227, B., L. E. Rta.: 03/03/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Registro de varias condenas. Domicilio desconocido. Imputado identificado en el Registro Nacional de Reincidencia con distintos nombres. Peligro de fuga. Confirmación. Disidencia: Aplicación del plenario "Diaz Bessone". Ausencia de rebeldías. Investigación completa. Inexistencia de peligros procesales. Revocación. Concesión con caución real más la obligación de comparecer ante el Juzgado. Fallo: "(…) La jueza Mirta López González dijo: La mera posibilidad de un futuro encierro -derivada, en el caso, de distintos antecedentes condenatorios cumplidos que registra el imputado- no autoriza, por sí sólo, a convalidar el encierro cautelar, conforme la doctrina emanada del plenario "Díaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal.En tal sentido, se destaca que el acusado carece de rebeldías y ha cumplido en detención el mínimo punitivo de la conducta reprochada (19 días), razón por la cual prologar su detención podría implicar un mayor perjuicio que una hipotética sentencia condenatoria. Además, en atención a los parámetros que consagran los arts. 317, en función del 316 del código adjetivo, el derecho solicitado aparece procedente, máxime cuando la instrucción de la causa se encuentra completa y no hay posibilidad de que se la entorpezca. Entonces, toda vez que la sujeción del procesado es susceptible de garantizar con una caución real de quinientos pesos -$500-, a la cual se le sumará la obligación de comparecer ante el tribunal de origen cada 10 días, bajo apercibimiento de ser revocado su derecho (arts. 310 y 324 del C.P.P.N.) voto por revocar la resolución impugnada. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Sin perjuicio de los antecedentes condenatorios que registra el acusado a fs. (…), lo cierto es que la certificación realizada por Secretaría obrante a fs. (…), estableció que el acusado fue condenado el 12 octubre de 2011 por el Juzgado Correccional n° 14a la pena de un mes y un día de efectivo cumplimiento. Es decir que a tan sólo ocho meses de ocurrido ello se vio nuevamente involucrado en un suceso delictivo, lo que deja entrever su poco apego y compromiso al orden social. Además, no puede soslayarse que el acusado aportó un domicilio en donde no vive y no es conocido -ver fs. (…)-, circunstancia que permite presumir fundadamente que no cumplirá con los llamados del tribunal. Por ello, y por entender que se dan los peligros de fuga que consagra el art. 319 del código de forma, voto por confirmar la resolución en cuanto fuera materia de recurso. Existiendo disenso entre los dos vocales en relación a esta última situación y hallándose la jueza María Laura Garrigós de Rébori de licencia, se dispone dar intervención al Presidente de la Cámara. 117

El juez Gustavo A. Bruzzone dijo: (…) entiendo que la resolución impugnada debe ser homologada. (…) valoro en forma negativa las diversas condenas que (…) registra en su contra -una de ellas de reciente data-, las cuales si bien se encuentran cumplidas implican, conforme la regla del art. 26, C.P., que la pena privativa de libertad que eventualmente se le pueda imponer en el marco de este asunto sea indefectiblemente de cumplimiento efectivo. (…) es de destacar que el imputado mintió a la prevención acerca de su domicilio, no resultando plausible a mi entender la explicación que brindó al momento de ser legitimado pasivamente (ver declaración indagatoria de fs. (…)). (…) lo cierto es que de momento (…) desconocemos su verdadera situación de arraigo; sin perjuicio de lo cual estimo pertinente que la nueva certificación de domicilio se lleve a cabo una vez devuelto el sumario a la instancia de origen. Tampoco se debe soslayar que según surge de los informes del Registro Nacional de Reincidencia, (…) se encuentra registrado en los archivos de ese organismo bajo diversas identidades (cfr. fs. (…) del principal). Lo expuesto hasta aquí me lleva a considerar que se da en el caso la situación de excepción que amerita la restricción de la libertad del imputado, fundada en el peligro de fuga (art. 280, CPPN). Por último, y si bien no escapa de mi vista que a la fecha ha cumplido en detención el mínimo de la escala penal prevista para el delito que se le imputa (19 días), entiendo que ese tiempo no luce desproporcionado a la luz del art. 207, CPPN, como tampoco en relación al monto de pena que podría caberle en estas actuaciones que, según una correcta interpretación dogmática, no será fijado en el mínimo legal previsto. Sin perjuicio de ello, y atento al evolucionado estado del proceso, entiendo que de disponerse su avance a la etapa de debate se podrá someter nuevamente a consideración de los jueces que integren el tribunal oral la cuestión aquí planteada, ya que son ellos los que podrán establecer la fecha en la que se podrá llevar a cabo el debate oral o, en su defecto, se proceda en esa instancia con la solución alternativa que pueda ser de aplicación al caso. Por lo expuesto, adhiero al voto del juez Pociello Argerich en el sentido de que se confirme la denegatoria de excarcelación de (…).(…) el tribunal resuelve: Confirmar la resolución de fs. (…) que no hizo lugar a la excarcelación de (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González (en disidencia), Bruzzone. (Sec.: Vilar) c. 799/12, NOVELLE, Juan Manuel F. Rta.: 14/06/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Reiteración delictiva en un breve lapso. Falta de arraigo. Incumplimiento procesal en la causa conexa. Confirmación. Fallo: “(…) El nombrado no habita en el domicilio aportado a fs. (…) y registra ante el Tribunal de Menores (…), cuatro causas paralelas por los delitos de robo agravado con armas tentado (…), en poblado y en banda (…), simple tentado (…) y doblemente agravado (...), en las que planteó el (…) un juicio abreviado en el cual se ofreció la aplicación de una pena de tres años de prisión en suspenso (…). Asimismo, consta que el (…) se vio involucrado en un nuevo ilícito contra la propiedad que dio origen al sumario (…) del Juzgado de Menores (…) en el que se ordenó su paradero y comparendo que se dejó sin efecto el (…) por su presentación voluntaria (…). Por último, el (…) se le atribuyó el delito de robo en la causa (…), en la que se lo excarceló bajo caución juratoria el (…) con la obligación de comparecer que incumplió (…) y fue gozando su libertad habría cometido el delito que se le reprocha en el principal. Todo ello demuestra su infidelidad a las normas y marca una clara orientación en su conducta hacia el desconocimiento del ordenamiento jurídico, despreciando así el sistema de libertades propio de nuestra sociedad democrática. A través del comportamiento descripto y analizado en su conjunto queda claro que el encartado demostró desinterés para respetar las reglas indispensables y, a quien toca decidirlas genera desconfianza o, más aún, les inclina la balanza hacia la afirmación de que están presentes en el caso los riesgos procesales que impedirán continuar regularmente el proceso en el supuesto que se acceda al derecho peticionado. En suma, su reiteración delictiva en un breve lapso, su falta de arraigo y su incumplimiento procesal en la causa conexa iniciada este año, constituyen pautas objetivas que imponen aplicar al caso las pautas de excepción previstas en el art. 319 del código de forma. (…), el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) del presente incidente en todo cuanto fue materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Williams). c. 89, TERCEROS, Cristian Gustavo. Rta.: 13/03/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Riesgo de elusión. Condena anterior. Pautas válidas para presumir la fuga: características violentas del hecho. Tiempo proporcionado de detención. Confirmación. 118

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fallo: "(…) En primer término, señalamos que en los autos principales se ha decretado el procesamiento de (…) en orden al delito de robo agravado por su comisión con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada en grado de tentativa (cfr. fs. …). Si bien su escala penal permitiría encuadrar la situación del nombrado en el inciso 1° del artículo 317, en función del 316 del código adjetivo, coincidimos con el juez de grado en que no corresponde hacer lugar a su excarcelación, por darse en el caso los supuestos del artículo 319, ibídem. En efecto, el detenido resultó condenado el 16 de abril de 2007 por el Tribunal Oral en lo Criminal N° (…) a la pena de seis meses de prisión por considerarlo autor del delito de robo simple en grado de tentativa, unificando esta sanción con aquella que le fuera impuesta con anterioridad por el Tribunal Oral en lo Criminal N° (…), cuya condicionalidad se revocara (cfr. fs. …). Asimismo, el 15 de octubre de 2008 el Tribunal Oral en lo Criminal N° (…) dispuso condenarlo a la pena de cuatro meses de prisión en orden al delito de robo reiterado en dos oportunidades, en concurso real con robo en grado de tentativa (fs. …). Tales antecedentes permiten avizorar que, de arribarse a un pronunciamiento similar en las presentes actuaciones, el mismo no podrá ser dejado en suspenso, lo cual sustenta la posibilidad de que el encausado intente eludir la acción de la justicia. De otra parte, cobra relevancia que en el suceso investigado haya participado, en principio, otra persona que aún no ha sido individualizada en tanto (…), de recuperar su libertad, podría contactarse con ésta y frustrar de tal modo su eventual aprehensión (1). Por lo demás, las particulares características violentas que exhibe el caso a estudio, en cuyo desarrollo se apuntó con un arma a un bebé de tres meses, amedrentando de tal modo a la madre para el desapoderamiento, permiten avizorar un riesgo cierto de que las víctimas puedan ser intimidadas frente a la eventual realización del juicio, aspecto éste que también justifica el encarcelamiento preventivo (2), máxime cuando el imputado conoce donde aquéllas trabajan, pues fue precisamente allí donde tuvo lugar el suceso que se le atribuye (fs. ...). En consecuencia, y siendo que el tiempo que lleva en detención no se exhibe irrazonable ya que es menor a un mes, SE RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) que no hizo lugar a la excarcelación de (…) bajo cualquier tipo de caución. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 349, INC. DE EXCARCELACION DE MOLINA, Matías N. Rta.: 11/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1738/11 "Velázquez", rta. 18/11/11 y c. 1759/10 "Acuña", rta. 17/11/10.(2) C.I.D.H., Informe 2/97, punto 35 "Riesgo de presión sobre los testigos" al que remiten expresamente en sus votos, que conforman la mayoría del plenario n° 13 de la CNCP "Díaz Bessone", rto. 30/10/2008, los jueces Eduardo R. Riggi, Gustavo M. Hornos y Guillermo J. Tragant.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo agravado por haber sido cometido con arma cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada en concurso ideal con lesiones leves. Ausencia de riesgos procesales. Inexistencia de antecedentes condenatorios. Aportación correcta de datos personales. Domicilio constatado. Declaración de rebeldía en otro proceso anterior. Posibilidad de dejar la condena en suspenso. Revocación. Concesión bajo caución real mas la obligación de presentarse ante su defensor cada semana y la prohibición de tomar contacto con la víctima. Fallo: "(…) se dispuso el procesamiento, con prisión preventiva, (…) en orden al delito de robo agravado por haber sido cometido con arma cuya aptitud para el disparo no se pudo tener por acreditada en concurso ideal con lesiones leves (…). (…) no advertimos la existencia de riesgos procesales de entidad tal que autoricen a mantener privado de la libertad (…). Ello es así, en atención a que la ausencia de antecedentes condenatorios y la subsunción legal seleccionada en el auto de procesamiento tornan viable que la condena que pudiera recaer pueda ser dejada en suspenso (…). (…) cabe señalar que al ser detenido brindó sus datos personales correctos (…). Asimismo aportó un domicilio que fue debidamente constatado (…). (…) En cuanto a la caución a imponer, en atención a la rebeldía decretada en el marco del proceso que se le sigue ante el TOC (…), corresponde fijar una de tipo real (…). (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución (…) y CONCEDER la EXCARCELACIÓN a (…), bajo caución real de (…), la obligación accesoria de comunicarse semanalmente con su defensa (…) y la prohibición de tomar contacto por cualquier vía con la víctima (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.290, CELLI, Mariano Daniel. Rta.: 03/05/2012 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo agravado por haber sido cometido con arma de utilería, con escalamiento y en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa. Ausencia de peligros procesales y de antecedentes condenatorios. 119

Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse al juzgado cada 15 días. Disidencia: Valoración del hecho en el que se patenta el desprecio a los bienes jurídicos tutelados. Peligros procesales. Confirmación. Fallo: "(…) Las juezas María Laura Garrigós de Rébori y Mirta López González dijeron: Compulsados los autos principales y analizados los argumentos sostenidos por la defensa, disentimos con la valoración positiva de los peligros procesales efectuada por el juez de primera instancia, motivo por el cual habremos de revocar el decisorio impugnado, máxime a la luz de las consideraciones vertidas en el plenario n° 13 "Díaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal. (…) la escala penal prevista para el delito por el cual se dictara su auto de procesamiento -robo agravado por haber sido cometido con un arma de utilería, con escalamiento y en lugar poblado y en banda, en grado de tentativa- (fs. …), torna procedente (…) las disposiciones contempladas en los artículos 317, inciso 1°, en función del 316 del código de forma. (…) en relación al peligro procesal de fuga, se advierte que el imputado al tiempo de ser identificado por el personal policial aportó sus verdaderos datos y se constató el domicilio que indicó en dicha ocasión (fs.…. Tampoco puede soslayarse que el acusado carece de antecedentes penales (fs…). (…) la instrucción se vislumbra avanzada, de modo que desde la valoración de los peligros procesales su excarcelación resulta viable. Sin perjuicio de lo expuesto, habremos de garantizar su sujeción al proceso con una caución real de quinientos pesos ($ 500) y le impondremos la obligación de comparecer al juzgado quincenalmente. Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: "(…) Considero que el desprecio demostrado por el imputado sobre los bienes jurídicos tutelados, al introducirse en horario nocturno en un domicilio habitado por sus dueños con ánimo de apoderarse de sus bienes, permite sostener que no se verá motivado ante la manda del tribunal de comparecer ante futuras citaciones. Lo expuesto permite entonces, tener por reunidos los extremos contemplados por el art. 319 del Código Procesal Penal de la Nación y por tanto voto por confirmar el auto impugnado. (…) el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución de fs. (…) y CONCEDER la excarcelación de (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Raña). c. 235, RAMIREZ, Emmanuel N. Rta.: 20/03/2012 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo agravado por lesiones graves mediante una botella de vidrio. Violencia en el hecho. Desprecio por los bienes ajenos. Tiempo indeterminado no desproporcionado en consideración a la gravedad del hecho imputado. Confirmación. Fallo: "(…) habremos de confirmar el decisorio impugnado (…). La imputada ha sido procesada en orden al delito de robo agravado por haber producido lesiones graves (art. 45 y 166 inc. 1ro. del C.P.). Las circunstancias que tuvieron lugar en el hecho por el cual ha sido procesada (…), ilustran acerca de la violencia ejercida y la participación de la imputada en el robo al damnificado mediante la utilización de una botella de vidrio rota con la que le habría provocado las lesiones de carácter grave constatadas. Todo ello, constituyen elementos objetivos de juicio que permiten concluir que, en el caso, es de aplicación la excepción prevista en el artículo 319 del Código Procesal Penal de la Nación, porque quien actúa evidenciando tal desprecio por los bienes ajenos que afecta con su conducta, difícilmente se avendrá al cumplimiento de las normas procesales que imponen su comparecencia periódica hasta la conclusión del juicio. Entonces, y de momento, toda vez que el tiempo que lleva en detención la peticionante no luce desproporcionado en consideración a la gravedad de los eventos reprochados, sin perjuicio de la calificación legal que en el caso de adoptarse un temperamento incriminatorio se fije en los autos principales -y más allá de lo previsto en la ley 24.660 en los casos como el presente- ; SE RESUELVE: Confirmar la resolución de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Poleri). c. 158/12, FERNANDEZ, Sandra P. Rta.: 07/03/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo agravado por su comisión con armas y en lugar poblado y en banda. Valoración de la gravedad del hecho: superioridad numérica de los autores, acometimiento nocturno, violencia del hecho. Peligros procesales: carencia de arraigo. Confirmación. Fallo: "(…) entendemos que en el caso concreto se verifican peligros procesales que obstaculizan la soltura del encausado (artículos 319 y 280 "a contrario sensuu" del cuerpo adjetivo). El acometimiento nocturno, la superioridad numérica de los autores respecto de las víctimas, la violencia ejercida sobre ellas con golpes de puño, palos, una llave cruz y una palanca de criquet y las lesiones que de 120

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional hecho se les causaron son comportamientos que revelan que el encausado difícilmente ajustará su conducta a los requerimientos procesales de la causa, con lo que afectará su normal desenvolvimiento. A esta violenta incursión delictiva se le suman el pronóstico de una pena de efectivo cumplimiento, derivado de la pena única que le fuera impuesta el 12 de abril de 2011 (fs. …), su carencia de arraigo y que no existe desproporción en la privación de libertad que viene sufriendo, por cuanto está detenido desde el 4 de marzo ppdo..(…) el tribunal Resuelve: Confirmar la decisión (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori. (Sec.: Herrera). c. 402, GUERRA, Mario. Rta.: 13/04/2012 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo con arma en grado de tentativa. Imputado registrado con otro nombre. Antecedentes condenatorios. Declaración de reincidencia. Actitud proclive a la reiteración delictual. Arraigo precario. Peligro de fuga. Confirmación. Fallo: "(…) se encuentra procesado, con prisión preventiva, en orden al delito de robo con arma en tentativa (…). (…) se encuentra registrado con otro apellido (…) a la vez que registra varios antecedentes condenatorios. Así, la última sanción fue dictada (…) a la pena de 2 años de prisión por robo agravado (…). Anteriormente, fue condenado (…) a la pena de 6 meses de prisión por robo en tentativa y a la pena única de 4 años de prisión comprensiva de ésta y de la anterior dictada de 3 años y 9 meses de prisión, ocasión en la se le revocó la libertad condicional oportunamente otorgada, siendo declarado reincidente. Ello permite inferir, por un lado, que de recaer condena en estos actuados, la pena no podrá ser dejada en suspenso (art. 27, CP). Por otro lado, constituyen pautas objetivas que demuestran una actitud proclive a la reiteración delictual y desapego al cumplimiento de las normas de conducta, dado que las condenas anteriores no han modificado su actuar (*). Por lo demás, compartimos la valoración del a quo en cuanto a lo precario de su arraigo habida cuenta que en el hotel que dio como domicilio, dormía desde hacía solo 3 días, tal como lo mencionó en el informe social, siendo que además en su descargo refirió que volvía de ver una pensión para alquilar un cuarto. Así las cosas, el tiempo que viene sufriendo en detención (a la fecha, 21 días) no luce desproporcionado a la luz del art. 207 del CPPN (…). (…) Las circunstancias indicadas conforman datos objetivos que permiten presumir la existencia del peligro de fuga al que se refiere el art. 280, CPPN (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.125, PEREZ, Gustavo Carlos. Rta.: 26/03/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, "González", rta.: 9/12/08.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo con arma. Agravado por la intervención de un menor. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Imputado que aportó correctamente sus datos personales. Domicilio constatado. Contención familiar. Neutralización de riesgos procesales. Revocación. Concesión bajo caución juratoria más la obligación de presentarse cada quince días antes el tribunal. Fallo: "(…) se encuentra procesado, con prisión preventiva, por ser considerado, en principio, coautor penalmente responsable del hecho constitutivo del delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido mediante el uso de arma y con la intervención de menor de edad, pronunciamiento que no se encuentra firme (…). (…) más allá de la escala penal del ilícito que se atribuye, circunstancia que implica que en caso de recaer condena la pena será de cumplimiento efectivo (art. 26 a contario sensu, CP), lo cierto es que el imputado fue verás al aportar sus datos filiatorios, se constató que se domicilia en el inmueble en el que dijo habitar al momento de la aprehensión (…). (…) Por otro lado, el Registro Nacional de Reincidencia informó que no tiene antecedentes. (…) las evidencias vinculadas al peligro de elusión que presenta el caso pueden ser neutralizadas (…) con medidas menos lesivas que la privación de libertad. Por ello, habremos de revocar el auto recurrido concediéndole la excarcelación. En cuando a la caución a imponer será de carácter juratoria, teniendo en cuenta tanto la juventud del imputado como la ausencia de antecedentes. (…) el tribunal resuelve: REVOCAR el auto de fs. (…) y CONCEDER LA EXCARCELACION de (…) BAJO CAUCION JURATORIA, mas la obligación de comparecer a los estrados del tribunal el primer día hábil de la primera y tercera semana de cada mes (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Souto). c. 42492/12, M. J. M. Rta.: 30/05/2012

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EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo con armas cuya aptitud para el disparo de ningún modo pudo tenerse por acreditada en grado de tentativa. Arraigo. Ausencia de rebeldías anteriores. Revocación. Concesión bajo caución real. Disidencia: Reincidencia a siete meses de una condena anterior. Registro de condenas precedentes. Peligro de fuga. Procesamiento con prisión preventiva. Confirmación. Fallo: "(…) La mera posibilidad de un futuro encierro -derivada, en el caso, de condenas anteriores- no es un dato determinante en los términos del artículo 319 del código de rito para denegar el derecho solicitado, conforme la doctrina emanada del plenario "Díaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal. (…) valoramos que el imputado ha sido veraz al aportar sus datos personales (fs.…) y que a fs. (…) se constató su domicilio. (…) carece de rebeldías anteriores que nos permita presumir fundadamente que intentará eludir la acción de la justicia. (…) atento al estado avanzado en que se encuentra la investigación, no advertimos de qué modo podría entorpecer la pesquisa, razón por la cual entendemos que procede el otorgamiento de la excarcelación peticionada. Sin embargo, atento a las condenas que registra, para asegurar su sujeción al proceso, consideramos atinada la imposición de una caución tipo económica (art. 324 del C.P.P.N.) cuyo monto fijamos en quinientos pesos ($500). Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: "(…) La circunstancia de que el imputado se vea nuevamente involucrado en un proceso penal a tan solo siete meses de la condena impuesta por el Juzgado de Garantías en lo Penal n° 4 del Departamento Judicial de San Martín -ver fs. (…)-, me convence de que éste no cumplirá con los llamados y obligaciones que le fije el tribunal. Nótese, al respecto, que el acusado registra varias condenas anteriores (…) y pese a las admoniciones allí impuestas se ha visto inmerso en otro proceso penal. (…) se ha decretado su procesamiento con prisión preventiva, lo que permite pronosticar una pronta finalización de la instrucción y concluir en que el tiempo de detención hasta hoy sufrido no resulta desproporcionado. Por ello, voto por confirmar la medida cautelar impuesta en la instancia de origen". (…) se resuelve: Revocar el auto de fs. (…) y, en consecuencia, conceder la excarcelación de (…) bajo caución real que de quinientos pesos -$500- (arts. 320 y 324 del C.P.P.N.)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich (en disidencia), Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar) c. 281, MIÑO, Alejandro M. Rta.: 27/03/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo con armas en concurso con lesiones graves agravadas por ser cometidas contra un miembro de fuerzas de seguridad. Antecedentes condenatorios. Imposibilidad de dejar la pena, en caso de condena, en suspenso. Declaración de rebeldía. Actitud proclive a la reiteración delictual. Imputado registrado con diversos nombres. Causas en trámite. Riesgo procesal de fuga. Confirmación. Fallo: "(…) se le atribuyen los hechos (…) se calificaron como constitutivos de los delitos de robo con arma cuya aptitud para el disparo no puede ser tenida de ningún modo por acreditada y lesiones graves, agravadas por haber sido cometidas contra un miembro de las fuerzas de seguridad (arts. 90 en función del 80 inc. 8 y 166 inc. 2 último apartado del CP); y por los que, respecto del hecho ocurrido el (…), se dictó su prisión preventiva (…). (…) se debe sumar que (…) registra tres sentencias condenatorias (…), todas por delitos contra la propiedad, (…) lo que determina que en caso de recaer condena en estas actuaciones la pena a imponer no podrá ser dejada en suspenso (…). Asimismo (…) fue declarado rebelde (…) y recién fue habido (…)al verse involucrado en un nuevo hecho (…). Es decir que, sus reiterados antecedentes condenatorios y la excarcelación concedida previamente (…) no han incidido en la modificación de su conducta, demostrando una actitud proclive a la comisión de hechos delictuosos y su desapego al cumplimiento de las normas de conducta (*). (…) A ello no se puede dejar de agregar que se encuentra anotado en el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal con nombres distintos (…), como así también que registra una sentencia condenatoria no firme por el delito de homicidio en tentativa (…), y la causa en trámite por ante la justicia correccional, por la que fuera habido, en orden al delito de hurto en tentativa (…). Tales consideraciones (…) nos permiten sostener, (…) que en caso de recuperar la libertad se presentarán las pautas impeditivas prescriptas en los artículos 280 y 319 del CPPN, en concreto el peligro de fuga, no siendo posible neutralizarlas mediante caución y obligación accesoria alguna. (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch. (Sec.: Biuso). c. 42.715-12, DOS SANTOS, Clemente José Luis. Rta.: 28/06/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 35.267, "González", rta.: 09/12/08. 122

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo con armas en grado de tentativa en concurso con portación ilegal de armas. Inexistencia de inconductas procesales anteriores. Domicilio constatado. Datos personales brindados correctamente. Personas a cargo. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Ausencia de riesgos procesales. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal. Prohibición de salida del país. Fallo: "(…) en la fecha se homologó el auto de procesamiento, con prisión preventiva, (…) por ser considerado (…) coautor penalmente responsable del hecho constitutivo del delito de delito de robo agravado por haber sido cometido con armas de fuego en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego de uso civil, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil y encubrimiento agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro (…). (…) el imputado carece de antecedentes penales y, por ende, de inconductas procesales anteriores; al momento de la aprehensión brindó sus datos personales correctamente y su domicilio a sido constatado, posee personas a cargo -3 hijos y una nieta de (…), su actual pareja (…). En ese sentido, sin perjuicio de la escala penal prevista para el concurso de delitos que se atribuye y la circunstancia de que en caso de recaer condena la pena será de efectivo cumplimiento, debe valorarse si existen de peligros procesales (…). (…) el riesgo procesal de fuga, no puede tener en el caso una entidad tal como para mantener el encarcelamiento preventivo, pudiendo ser neutralizado suficientemente por otras medidas alternativas, toda vez que su arraigo se encuentra debidamente acreditado (…). (…) en cuanto al peligro de entorpecimiento de la investigación (…) se concluye que tampoco se da en el caso dicho peligro. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de (…) y CONCEDER LA EXCARCELACION de (…) BAJO CAUCION REAL (…). II. IMPONER la obligación accesoria de concurrir los primeros días hábiles de la primera y tercera semana de cada mes al juzgado (…). III. DISPONER la prohibición de salida del territorio del país (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Bruzzone. (Prosec. Cám.: Souto). c. 42.226, CENDON, Osvaldo y otros. Rta.: 10/04/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo con armas en grado de tentativa. Peligro de entorpecimiento de la investigación. Proceso paralelo en trámite. Confirmación. Fallo: "(…) ha sido procesado (…) con prisión preventiva, en orden al delito de robo agravado por el empleo de armas de fuego para su comisión, en grado de tentativa (…). Ello así, atento a la entidad de las evidencias de cargo que existen sobre la ocurrencia del hecho y la responsabilidad que le cupo al encausado en él, lo que resulta una circunstancia que permite objetivamente presumir, como posible, una futura reacción hostil al sometimiento al proceso (*). (…) el tiempo que viene sufriendo en detención (…) no luce desproporcionado a la luz del art. 207 del C.P.P.N. (…). Tampoco aparece irrazonable al considerar la expectativa de pena prevista para el delito que se le atribuye en estos actuados. Asimismo, se valora la causa en trámite que registra el imputado en la Justicia provincial (…). Por todo ello, nos encontramos frente a una situación de excepción que admite la restricción de su libertad a fin de asegurar la eventual realización del juicio (art. 280, a contrario sensu, y 319, CPPN), etapa en la cual, la cuestión de la libertad del imputado podrá ser nuevamente revisada dentro de un espectro de mayor amplitud. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.186, BURGOS, Sebastián Gabriel. Rta.: 03/04/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 37.244, "Freijó", rta.: 12/11/2009; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.644, "Favale", rta.: 28/12/10.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo en grado de tentativa agravado por la intervención de un menor de edad. Suspensión del juicio a prueba en trámite. Rebeldía en una causa anterior. Imputado en situación de calle. Desapego a las normas vigentes. Peligro de fuga. Confirmación. Fallo: "(…) el imputado ha sido procesado (…) por ser considerado, en principio, coautor penalmente responsable del delito de robo en grado de tentativa, agravado en su caso por la intervención de un menor de edad en el evento (…). Así, el primer criterio que debe computarse en forma negativa para la pretensión de la defensa es la entidad de las evidencias de cargo que existen sobre la ocurrencia del hecho y la responsabilidad 123

que le cupo al encausado en él, lo que resulta una circunstancia que permite presumir objetivamente, como posible, una futura reacción hostil al sometimiento al proceso (*). Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que el (…) Tribunal Oral en lo Criminal Nº (…) resolvió suspender el trámite de la causa (…) que se le sigue al imputado en orden al delito de estafa en concurso real con hurto en grado de tentativa por el término de un año, plazo que aún no se ha cumplido. En el marco de dicha causa (…) el juez de instrucción lo había declarado rebelde y había ordenado su captura (…). La citación había sido cursada a la Defensoría de Instrucción Nº (…) dado que el imputado había constituido domicilio allí por encontrarse en situación de calle (…). (…) dicha situación de contumacia se prolongó por más de dos años (…) y sólo cesó por una nueva causa abierta en contra del imputado (…). Estos datos revelan un claro desapego a las normas vigentes que no ha variado pese a haberse visto involucrado en procesos penales (**) y generan dudas respecto a su comparecencia voluntaria de recuperar la libertad. (…) es dable mencionar que la situación de calle alegada en esta causa también existía en el antecedente mencionado, dado que oportunamente fue citado al domicilio constituido, convocatoria que fue desoída por (…). Así entonces, teniendo en cuenta el avanzado estado en que se encuentra la presente causa y en el entendimiento de que nos encontramos frente a una situación de excepción que admite la restricción de su libertad a fin de asegurar la eventual realización del juicio (…), el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.572/2012, R. Z., J. C. Rta.: 04/06/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 37.244, "Freijó", rta.: 12/11/2009. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 35.318, "González", rta.: 22/12/08.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo en grado de tentativa. Ausencia de antecedentes condenatorios. Declaración de rebeldía en una causa anterior. Imputado que mintió al aportar sus datos personales. Arraigo precario. Riesgo procesal de fuga. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse cada quince días al juzgado de origen. Disidencia: en cuanto al monto de la caución a imponer. Fallo: "(…) Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) se encuentra procesado con prisión preventiva por ser considerado autor del delito de robo en grado de tentativa (art. 164, CP) (…). (…) el imputado ya lleva en detención más del mínimo de la pena prevista para el hecho que se le atribuye (…) y en caso de recaer condena en esta causa, en atención al mínimo y a la ausencia de antecedentes condenatorios, puede ser dejada en suspenso (art. 26 del CP). Así es que, luego de la evaluación íntegra de este caso en concreto, llegamos a la conclusión de que corresponde aplicar la doctrina que surge del precedente de la CIDH "Peirano Basso" (rto.: 6/8/09), en el que al analizarse el principio de proporcionalidad se dijo que: "(…) no se podrá recurrir a la prisión cautelar cuando las circunstancias del caso permitan, en abstracto, suspender la ejecución de una eventual condena". En igual sentido ha dicho la doctrina nacional que: "la violencia que se ejerce como medida de coerción (encarcelamiento preventivo) nunca puede ser mayor que la violencia que se podrá eventualmente ejercer mediante la aplicación de la pena, en caso de probarse el delito en cuestión" (*). (…) lo cierto es que tampoco se puede soslayar que el encausado fue declarado rebelde (…) en la causa (…) del Juzgado de Menores (…), contumacia que cesó (…) por ser habido en el marco de otro proceso (…). Ambas causas se acumularon y fueron elevadas al TOM n° (…) encontrándose en trámite, lo que resulta una inconducta procesal constatada en el pasado. (…) debe agregarse que al ser detenido en autos mintió sobre su verdadero nombre y en su edad, posiblemente para beneficiarse con un trámite mas benigno lo que habría logrado ya que las actuaciones tramitaron en la justicia de menores (…); registra identidades diferentes en el Registro Nacional de Reincidencia (…) y tanto su domicilio como su arraigo no se encuentran suficientemente acreditados. Tales circunstancias nos llevan a afirmar que al caso concurre potencialmente un riesgo procesal de fuga que puede ser contrarrestado con la aplicación de una caución real (…). El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) considero que la caución a imponer debe fijarse en la suma de (…). (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto (…) y (…) DISPONER la EXCARCELACIÓN de (…), bajo caución real de (…) y la obligación accesoria de comparecer ante el Juzgado de origen el primer día hábil de la primera y tercera semana de cada mes (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia parcial), Bunge Campos. (Sec.: Sosa) c. 42.648/12, GOMEZ, Jorge Ricardo. Rta.: 13/06/2012 Se citó: (*) Binder, Alberto, Introducción al Derecho Procesal Penal, p. 200.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo en grado de tentativa. Peligro de fuga. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Imputado que dijo desconocer su domicilio real. Falta de arraigo. Antecedentes condenatorios. Declaración de reincidencia. Actitud proclive a la reiteración delictual. Confirmación. Fallo: "(…) ha sido procesado, con prisión preventiva, por ser considerado, a primera vista, coautor penalmente responsable del hecho constitutivo del delito de robo tentado (arts. 42, 45, 164, Cód. Penal) (…). Así, el primer criterio que debemos computar en forma negativa (…) es la entidad de las evidencias de cargo que existen sobre la ocurrencia del hecho y la responsabilidad que le cupo al encausado en él, que llevaron a la fiscalía a realizar la mencionada acusación, lo que resulta una circunstancia que permite objetivamente presumir, como posible, una futura reacción hostil al sometimiento al proceso (*). Además, en el caso sub examine concurren otras particulares circunstancias que permiten presumir, según una provisional y objetiva valoración de los elementos de juicio reunidos, que en caso de recuperar la libertad se presentará la pauta impeditiva de peligro de fuga prescripta en el artículo 319 del C.P.P.N, no siendo posible neutralizarla mediante caución y obligación accesoria alguna. (…) registra varias anteriores, además de haber sido declarado reincidente en dos oportunidades y beneficiado con la libertad asistida. (…) En efecto, se advierte una actitud proclive a la reiteración delictual que las condenas dictadas "no han motivado la modificación de su conducta" (**). Así, en tercer término, se destaca que al momento de ser aprehendido fue mendaz al brindar su domicilio (…) para finalmente sostener en audiencia indagatoria que desconocía su domicilio real. (…) el arraigo (…) se encontraría en crisis. Por lo expuesto, consideramos que nos encontrarnos frente a una situación de excepción que admite la restricción de su libertad a fin de asegurar la eventual realización del juicio (…). Tampoco es irrazonable en atención a la expectativa de pena, toda vez que las condiciones personales de (…), quien ya ha sido condenado en siete oportunidades con anterioridad, determinarían que la sanción que le pudiera corresponder tendría que superar el mínimo legalmente establecido, ello de acuerdo a una correcta dogmática sobre su determinación. Asimismo, existe la posibilidad de una tercera declaración de reincidencia, lo que implicaría no solo una condena efectiva sino también de la imposibilidad de lograr alguna forma de libertad anticipada durante su etapa ejecutiva. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Souto). c. 42.494/12, DI PALMA, Bruno Néstor. Rta.: 22/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 37.244, "Freijó", rta.: 12/11/09; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 34.005, "Borello", rta.: 10/06/08. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 35.318 "González", rta.: 22/12/08; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 40.308, "Luna Viera", rta.: 10/05/11. EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo en poblado y en banda en concurso real con amenazas coactivas. Inexistencia de peligros procesales. Posibilidad de aplicar la pena en suspenso. Ausencia de antecedentes condenatorios. Domicilio constatado. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de comparecer cada quince días ante el tribunal. Disidencia: En cuanto al monto de la caución a imponer. Fallo: "(…) Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) independientemente de que la pena en expectativa que eventualmente correspondería al concurso de delitos atribuido, no supera los parámetros fijados en el art. 317, inc. 1°, en función del art. 316, CPPN, debemos evaluar, además, si en el caso se dan los peligros procesales a los que alude el art. 319 del ordenamiento ritual que justifican el mantenimiento del encarcelamiento preventivo del encausado. Si bien (…) registra dos procesos en trámite, conforme se mencionara precedentemente, lo cierto es que no registra antecedentes condenatorios (…), por lo que en caso de recaer condena en la presente, incluso respecto de ambos, su cumplimiento podrá ser dejado en suspenso (art. 26, Cód. Penal). A ello, debe adicionarse que se ha identificado correctamente en el proceso, lo que nos permite inferir que no existen elementos objetivos para presumir que tenga intenciones de sustraerse del accionar de la justicia. Finalmente, cabe destacar que el domicilio aportado ha sido constatado por la hermana del imputado. De este modo, consideramos que el auto recurrido debe ser revocado, concediéndose la excarcelación (…). (…) El juez Alfredo Barabarosch dijo: Comparto en un todo lo postulado por mis colegas preopinantes pero discrepo con el monto de la caución real impuesta. En este sentido, habré de tener en cuenta la rebeldía que se decretara en contra del imputado y las dudas que hoy en día persisten en cuanto a su domicilio. Por ello, postulo que la caución real impuesta sea fijada en la suma de $(…). Así voto. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto (…) y CONCEDER la excarcelación de (…), bajo caución real de $(…), más la obligación accesoria de comparecer el primer día hábil de la segunda y cuarta semana de cada mes (incluyendo las ferias judiciales) a la sede del tribunal a cargo de la causa, a efectos de sostener su voluntad de mantenerse sometido al proceso. (…)".

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C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia parcial), Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón) c. 42.073, BONDARCHUK, Sacha Ariel. Rta.: 20/03/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo en poblado y en banda. Ausencia de antecedentes condenatorios. Domicilio constatado. Datos personales aportados correctamente. Numerosas causas en trámite. Revocación. Concesión bajo caución real más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal. Fallo: "(…) se encuentra procesado con prisión preventiva, por ser considerado, prima facie, autor penalmente responsable del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda (…). Teniendo en consideración la calificación legal seleccionada y ante la ausencia de antecedentes condenatorios no puede descartarse la posibilidad de que recaer condena su cumplimiento pueda ser dejado en suspenso (art. 26 del CP). (…) consideramos que el riesgo procesal de fuga presumido por la a quo no resulta de una entidad tal que no pueda ser neutralizado por medidas menos lesiva que la privación de la libertad. Ello así, toda vez que (…) brindó sus datos personales verdaderos al momento de ser aprehendido (…), que el domicilio real aportado ha sido debidamente constatado (…). En cuanto a la caución a imponer, en atención a las numerosas causas en trámites que registra, (…) todas contra delitos de la propiedad (…), consideramos que debe ser de carácter real (…). (…) el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución (…) y CONCEDER LA EXCARCELACIÓN a (…), bajo caución real de (…), más la obligación accesoria de comparecer el primer día hábil de la segunda y cuarta semana de cada mes (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.347, VILLALBA, Jonathan Fidel. Rta.: 03/05/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo en poblado y en banda. Ausencia de riesgos procesales. Inexistencia de causas en trámite ni rebeldías en su haber. Condena anterior. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Revocación. Concesión bajo caución real. Fallo: "(…) se encuentra procesado, con prisión preventiva, en orden al delito de robo en poblado y en banda consumado (…). (…) en principio, no existen elementos objetivos que permitan presumir que (…) intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación (…). En cuanto a sus antecedentes, no registraría causas en trámite, ni rebeldías en su haber, aunque sí una condena a la pena de (…) prisión impuesta por la Cámara de Apelaciones de San Isidro (…), la cual (…), determina que de recaer condena en estas actuaciones no podrá ser dejado su cumplimiento en suspenso. (…) el tribunal RESUELVE: I-REVOCAR la resolución (…) II-CONCEDER la excarcelación de (…), bajo caución real de (…) pesos (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Biuso). c. 42.634, LOPEZ, José Alejandro. Rta.: 11/06/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo en poblado y en banda. Posibilidad de dejar la pena, en caso de condena, en suspenso. Proceso en trámite. Riesgo procesal de fuga. Aportación de datos personales falsos. Falta de arraigo. Situación de calle. Declaración de rebeldía anterior. Precaria situación socioeconómica. Revocación. Concesión bajo caución juratoria más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal. Fallo: "(…) se encuentra procesada con prisión preventiva en orden al delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda (art. 167, inc. 2°, CP) (…) lo que implica un indicio serio sobre su responsabilidad y una posible futura reacción hostil de la nombrada a someterse al proceso frente a la amenaza punitiva que puede recibir. En este sentido es de señalar que no puede descartarse que pueda ser dejada en suspenso la eventual condena única que pudiera recaer en los dos procesos que paralelamente se le siguen a la imputada (…). (…) debemos señalar que el peligro de entorpecimiento de la investigación se encuentra neutralizado por el estado avanzado del proceso (…). (…) al ser detenida falseó su verdadera identidad y edad, posiblemente para beneficiarse con un trámite más benigno, lo que habría logrado ya que las actuaciones tramitaron en la justicia de menores (…). Por otra parte, nótese que en el Registro Nacional de Reincidencia se encuentra individualizada con otros nombres (…) y que su arraigo no se encuentra constatado, en tanto, en principio, aportó un domicilio en el que no reside (…) y luego dijo vivir en situación de calle (…). Además, (…) registra una causa en trámite ante el TOC (…), en la que el (…) fue declarada rebelde y a la fecha de inicio de estos autos interesaba su detención. 126

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Todo lo expuesto permite concluir en la existencia de un potencial riesgo de fuga que consideramos puede ser neutralizado con una medida menos lesiva que la privación de la libertad. (…) En cuanto a la caución a imponer, la precaria situación socioeconómica (…) impiden que nos apartemos del principio general de la caución juratoria (…). (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución (…) y DISPONER la EXCARCELACIÓN de (…) bajo caución juratoria, más la obligación accesoria impuesta en los considerandos (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.644/12, FERNANDEZ, Giovanna Lucila. Rta.: 25/06/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo simple en grado de tentativa. Imputado que no registra una condena pero sí un proceso en trámite. Riesgos procesales neutralizados. Imputado identificado bajo varios nombres. Situación de calle. Excarcelaciones anteriores. Revocación. Concesión bajo caución juratoria más la obligación de presentarse cada quince días ante el tribunal. Disidencia: Falta de arraigo. Proclividad delictiva. Confirmación. Fallo: "(…) Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos, dijeron: (…) auto de procesamiento con prisión preventiva (…) en orden al delito de robo simple en tentativa (…). (…) el imputado no registra ninguna sentencia condenatoria firme, por lo que incluso no puede descartarse la posible aplicación del art. 26 del CP. Sentado ello, consideramos que el peligro de elusión que evidencia el caso puede ser neutralizado con otras medidas menos lesivas que la privación de libertad. (…) En cuanto a la caución a imponer, la difícil situación socio económica que viviría el imputado impide apartarnos del principio general de la caución juratoria. (…) El juez Alfredo Barbarosch dijo: considero (…) que existen elementos suficientes para tener por configurada la restricción prevista por el art. 319 CPPN. En efecto, la diversidad de nombres con las que se encuentra identificado (…), el antecedente condenatorio que registra y proceso en trámite permiten afirmar que en caso de recuperar su libertad (…) intentará sustraerse al accionar de la justicia. Asimismo, carece de arraigo pues se encuentra en situación de calle (…). En ese sentido cabe destacar que registra ante el TOC (…) la causa (…) seguida por el delito de robo simple, a la cual se acumuló la causa (…), por el delito de hurto agravado (…) en grado de tentativa, en la que (…) se lo condenó a la pena de 8 meses de prisión en suspenso, amén de no existir constancias de haber cumplido con las pautas establecidas a fin de dar cumplimiento a las previsiones de la suspensión de juicio a prueba (…). Todo ello, sumado a que ha gozado de excarcelaciones anteriores, dan cuenta de la proclividad delictiva del imputado. (…) Así voto. (…) el Tribunal, por mayoría, RESUELVE: I-REVOCAR la decisión (…) IICONCEDER la excarcelación de (…) BAJO CAUCION JURATORIA con la obligación accesoria de presentarse el primer día hábil de la segunda y cuarta semana de cada mes (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. (sec.: Biuso). c. 42.333, ATENCIO, Ricardo Matías. Rta.: 25/04/2012

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Robo simple. Ausencia de condenas anteriores. Procesos en trámite por delitos contra la propiedad. Probation concedida. Inexistencia de riesgos procesales. Situación de calle. Revocación. Concesión bajo caución juratoria. Disidencia: reiteración delictiva. Falta de arraigo. Ausencia de núcleo familiar propio. Peligro de fuga. Confirmación. Fallo: "(…) Los jueces Rimondi y Bunge Campos dijeron: (…) el imputado no registra antecedentes condenatorios, existiendo actualmente cuatro reproches en proceso a su respecto (…). De tal modo, la acumulación de atribuciones determina que la amenaza punitiva mínima que se le dirige es de un mes de prisión, llevando ya en prisión preventiva más de los dos tercios de dicho lapso (…). Es más, no descartando incluso la eventualidad de una pena única de cumplimiento efectivo, en atención a la probation que oportunamente le fuera concedida, una correcta dogmática sobre su determinación impide sostener que superará los seis meses de prisión, por lo que existe incluso la posibilidad de sustitución por tareas comunitarias. Frente a este marco, el riesgo de elusión se diluye sustancialmente y las dudas que objetivamente genera su arraigo pueden ser neutralizadas por una obligación accesoria. (…) En cuanto a la caución a imponer, teniendo en cuenta la precaria situación socio económica y familiar (…) a fin de no tornar ilusoria la concesión referida, habremos de fijar una de tipo juratoria (…). El juez Barbarosch dijo: (…) se encuentra procesado con prisión preventiva en orden al delito de robo simple (…). (…) no puede soslayarse que el encausado registra una suspensión del juicio a prueba dispuesta (…) por el término de tres años y que, por lo 127

tanto, el hecho que se investiga en autos habría sido cometido durante el período de prueba (…), por lo que en caso de resultar condenado deberá revocarse aquel instituto y de ser también condenado en ese proceso, ambas respuestas punitivas deberán ser unificadas pudiendo ser pasible de una condena de efectivo cumplimiento. (…) Asimismo, debe valorarse que todos los sucesos atribuidos al imputado, tanto en esta causa, como en la que fue beneficiado con la probation y en la que registra en trámite ante el TOC (…) son delitos contra la propiedad cometidos en un lapso menor a los tres años, lo que indica el peligro de reiteración y de proclividad delictiva en cabeza del encausado (*). Por otra parte cabe destacar que refirió encontrarse en situación de calle (…). Así, todas estas circunstancias, valoradas en forma conjunta, nos llevan a concluir que en autos concurre el peligro de fuga (…). (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto (…) y CONCEDER la EXCARCELACIÓN de (…) bajo caución juratoria más la obligación accesoria de comparecer a los estrados del tribunal el primer día hábil de la primera y tercera semana de cada mes (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. (sec.: Sosa). c. 42.189, GUTIERREZ, Marcos Sebastián. Rta.: 04/04/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 35.318, "González", rta.: 22/12/08. EXCARCELACIÓN. Rechazada. Sentencia condenatoria que impediría dejar en suspenso una eventual sanción y que debería ser unificada. Revocación. Concesión bajo caución juratoria más la obligación de presentarse ante el magistrado cada 15 días. Disidencia: riesgo de elusión. Sentencia condenatoria anterior. Procesos anteriores en los que asumió distintas filiaciones y actitud elusiva. Registro de otro proceso en etapa de debate. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: (…) El delito por el que el causante ha sido procesado (artículos 42 y 163, inciso 4°, del Código Penal) no contradice la primera de las hipótesis legisladas en los artículos 316 y 317, inciso 1° del Código Procesal Penal, y al momento de ser aprehendido, el nombrado brindó correctamente su filiación (…). Aunque los extremos reseñados conducen a concluir en que la excarcelación propiciada resulta procedente, dado que Vallejos registra una sentencia condenatoria a la pena de seis meses de prisión de ejecución condicional, dictada el 30 de marzo de 2011 (…) que impediría dejar en suspenso una eventual sanción en la presente y debería incluso ser unificada en los términos del artículo 27 del Código Penal, se impone que la libertad de aquél sea sujetada a ciertas condiciones. En esa dirección, al valorar la información social que el imputado brindó (…), como en el particular caso del sub examen una caución real traduciría la prohibición contemplada en el artículo 320 in fine del Código Procesal Penal, el compromiso juramentado de aquél se erige como el único modo de garantía aplicable, junto con la obligación de comparecer en forma quincenal ante el juez de la causa, a fin de garantizar su sujeción al proceso. Así voto. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Con independencia de que la escala penal prevista para la calificación legal adoptada al dictar el procesamiento de Vallejos (artículos 42 y 163, inciso 4°, del Código Penal) tornaría procedente la excarcelación, considero que en el sub examen se configura el riesgo de elusión al que alude el artículo 319 del Código Procesal Penal. Ello es así, pues cabe evocar que tal como surge de lo informado (…) de las actuaciones, el imputado registra una sentencia condenatoria del 30 de marzo de 2011, a la pena de seis meses de prisión en suspenso, en orden al delito de robo simple en grado de tentativa en concurso real con resistencia a la autoridad (…) que concurre realmente con el delito de robo simple tentado (…). Tal antecedente autoriza a concluir en que la eventual sanción que pudiere recaer en este proceso no contemplará su cumplimiento ficto, circunstancia que revela un indicador de elusión procesal (1) y permite presumir fundadamente que, de conformidad con la hipótesis restrictiva del artículo 319 del canon ritual, el conocimiento del encausado en cuanto a la seria posibilidad de un futuro encierro efectivo, habrá de incidir a título de riesgo de elusión en su conducta, con mayor razón cuando el requerimiento de elevación a juicio formulado en los autos principales augura una pronta definición del caso. Por otra parte, se valora que en otros procesos anteriores el encartado asumió distintas filiaciones (…), que el hecho que se le atribuye fue cometido en horario nocturno (01:30) y que en ocasión de resultar detenido asumió una actitud elusiva frente a su aprehensión (…), singularidad que revela una conducta evasiva que también debe ser poderada como pauta impediente en orden a conceder la excarcelación (2). Finalmente, cabe señalar que Vallejos se encuentra sujeto a otro proceso penal que transita la etapa de debate (…), extremo que también debe ser computado en el marco de evaluación que ocupa al Tribunal (3). En consecuencia, las circunstancias reseñadas autorizan a presumir fundadamente la hipótesis restrictiva de elusión que contempla el artículo 319 del ceremonial, tal como lo ha postulado el Ministerio Público Fiscal (…), y como el tiempo que Vallejos lleva cumpliendo en detención no se exhibe irrazonable en virtud del estado del legajo, voto por confirmar el rechazo decidido. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), adhiero al voto del doctor Divito, cuyos argumentos comparto. (…), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión documentada (…) de este incidente, y CONCEDER la excarcelación de (…) bajo caución juratoria, junto con la obligación de comparecer en forma quincenal ante el juez de la causa".

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro(en disidencia), Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti) c. 182, VALLEJOS, Facundo N. Rta.: 12/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.359, "Chejmuse, Rodrigo", rta: 18/08/2010. (2) C.N.C.P., Sala I, c. 11.080, "Testa, Gabriel", rta: 05/03/2009; Sala III, 9957, "Galeano", rta: 05/11/2008; c. 13.223, "Herrera, Roberto", rta: 27/12/2010. (3) C.N.C.P., Sala II, c. 10.973, "Aztorga", rta: 18/06/2009.

EXCARCELACIÓN. Rechazada. Sin antecedentes penales, dudoso arraigo y rebeldía previa. Defensa que solicita caución real y no personal. Revocación. Concesión bajo caución personal más la obligación de presentarse al Juzgado cada diez días. Caución de menor intensidad de la real requerida por la defensa, ya que puede sustituirla con la caución más gravosa que la impuesta si lo cree pertinente. Fallo: “(…) No registra antecedentes razón por la cual la posible sanción a recaer en esta causa podría ser dejada en suspenso. Además no se encuentra identificado con otros nombres (…) resultando entonces proporcional conceder su libertad, ante la forma del cumplimiento de la eventual sanción. Ahora bien, su dudoso arraigo ya que no se pudo constatar el último domicilio aportado (…) y que fuera declarado rebelde el (…) de este año, a pesar que tenía conocimiento de la existencia del legajo nro. (…), situación en la que se mantuvo hasta que fue aprehendido impone fijar una caución de tipo personal que conjure el riesgo de sustracción a la marcha regular del proceso, junto con la obligación de presentarse cada diez días en la sede del Tribunal, sin perjuicio de la facultad del instructor de modificar esa periodicidad en caso de ser necesario. Si bien la defensa peticiona una fianza real y no personal, esta última es de menor intensidad y en su caso, la defensa podrá sustituirla con la caución más gravosa que la impuesta si lo cree pertinente. En cuanto al monto, se evaluaran las condiciones personales del imputado conforme los elementos con que se cuenta en el sumario y lo vertido por la defensa en la audiencia. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs. (...) y CONCEDER la excarcelación de (...) bajo caución personal de (...) pesos (...) más la obligación de presentarse en el Juzgado cada diez días. (...)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 769/12, G., E. M. Rta.: 27/06/2012 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Tenencia ilegítima de arma de uso civil en concurso ideal con encubrimiento. Condenas anteriores. Reincidencia. Imposibilidad de dejar la pena, en caso de condena, en suspenso. Actitud proclive a la reiteración delictual. Imputado registrado bajo diversos nombres. Riesgo procesal de fuga. Confirmación. Fallo: "(…) ha sido procesado, con prisión preventiva, en orden al delito de tenencia ilegitima de arma de uso civil en concurso ideal con encubrimiento -arts. 45, 54, 189 bis párrafo cuarto, y 277 inciso 1 "C" del CP- (…), decisión que si bien no adquirió firmeza resulta una pauta a valorar respecto la entidad probatoria de las evidencias de cargo existentes a su respecto. Frente a ello, y en atención a que registra varias condenas en su haber, algunas con declaración de reincidencia (…), en caso de ser condenado en las presentes actuaciones, su cumplimiento no podrá ser dejada en suspenso (art. 26 del CP), ni podrá beneficiarse con una eventual libertad condicional (art. 14 CP). A todo ello se suma que las reiteradas y recientes condenas (…) no han incidido en la modificación de su conducta, demostrando una actitud proclive a la comisión de hechos delictuosos y su desapego al cumplimiento de las normas de conducta (*). Por otra parte, valoramos negativamente que se encuentra individualizado bajo diversas identidades (…). Los riesgos procesales precedentemente valorados resultan de una entidad tal que ameritan el mantenimiento del encarcelamiento preventivo. (…) Todas las circunstancias reseñadas precedentemente conforman datos objetivos que ponen en evidencia la existencia del peligro de fuga al que se refiere el art. 280, CPPN (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)".

C.N.Crim. y Correc., Sala I, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Williams). c. 42498, FLORIO, Jonathan Gabriel. Rta.: 23/04/12

Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 35.267, "González", rta.: 09/12/08.

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EXCARCELACIÓN. Rechazada. Tentativa de robo agravado por el uso de arma de utilería. Posibilidad de aplicar ejecución condicional y suspensión del juicio a prueba. Inconducta procesal en el pasado. Inexistencia de domicilio. Revocación. Concesión más la obligación de presentarse cada 15 días ante el tribunal y comunicarse semanalmente con su defensor. Disidencia: declaración de rebeldía y aporte de nombre falso en procesos en trámite. Falta de arraigo. Situación de calle. Peligro de fuga. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) el primer elemento negativo a valorar respecto a la pretensión de la defensa es la importante entidad de las evidencias de cargo colectadas, que han llevado al dictado de su procesamiento con prisión preventiva en orden al delito de tentativa de robo agravado por el uso de un arma de utilería, en calidad de coautor, decisión que se encuentra firme. En segundo lugar, he de considerar la actitud elusiva que ha demostrado (…) en uno de los otros dos sumarios penales que registra en trámite en la actualidad, (…) habiendo aportado una fecha de nacimiento y un número de DNI distintos de los que brindó en el presente sumario. Asimismo, en el marco de ese proceso que tramita en sede bonaerense, se le concedió la excarcelación bajo caución juratoria (…), siendo que, luego de ser elevada al Juzgado Correccional Nº (…), se decretó su rebeldía (…). (…) la falta de arraigo que se desprende de los propios dichos del acusado (situación de calle y que para subsistir pide monedas) también se erige como un elemento a valorar de manera negativa (…). (…) en el entendimiento de que me encuentro frente una situación de excepción que admite la restricción de su libertad a efectos de garantizar la eventual realización del juicio (arts. 280 y 319 del CPPN), fundada en el peligro de fuga, voto por confirmar el auto apelado. Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: Frente a la posibilidad seria y cierta de que la condena que pudiera llegar a recaer (…) pueda ser dejada en suspenso (art. 26 del CP), o incluso que este proceso pueda ser suspendido a prueba (art. 76bis del CP), los riesgos procesales (…) no presentan una entidad suficiente como para mantener el encarcelamiento preventivo (…). Si bien se encuentra constatada una inconducta procesal en el pasado y no cuenta con un domicilio al que puedan cursársele notificaciones, mantener su detención tornaría desproporcionada la medida cautelar frente a la eventual sanción que se pretende resguardar. (…) el tribunal, por mayoría, RESUELVE: I. REVOCAR la resolución glosada a fs. (…) en todo cuanto ha sido materia de recurso (art. 455 a contrarios sensu del CPPN). II. CONCEDER la excarcelación a (…) con las obligaciones accesorias precedentemente mencionadas, bajo apercibimiento de revocarse ante el primer incumplimiento. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón) c. 42.007, MARTINEZ, Juan Marcelo. Rta.: 05/03/2012 EXCARCELACIÓN. Rechazada. Verdaderos datos filiatorios, arraigo. Registro de condena única. Imputado que gozaba de libertad condicional. Posibilidad en caso de ser nuevamente condenado de ser declarado reincidente. Confirmación. Fallo: “(…) En esta inteligencia entendemos que pese a que el imputado cuenta con arraigo (…) y que ha brindado sus datos verdaderos (…), registra una condena única de (…) años de prisión dictada el (…) por el Tribunal Oral en lo Criminal (…), comprensiva de la pena de (…) y de la dispuesta por (…), donde el (…) se lo condenó a dos años de prisión en suspenso por el delito de robo simple y se revocó la condicionalidad. El (…), al Juzgado Nacional de Ejecución Penal (…), le concedió la libertad condicional (…). Por lo expuesto, en caso de ser nuevamente condenado podría declarárselo reincidente (artículo 50 del Código Penal) y no podrá suspenderse su cumplimiento (artículos 26, contrario sensu, 27, segundo párrafo del mismo cuerpo legal), lo que verifica los recaudos exigidos por el artículo 319 del catálogo de rito para mantener la medida precautoria impuesta. (…), el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso.(…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Williams). c. 121, RAMOS, Carlos Fabián. Rta.: 20/03/2012 EXCARCELACIÓN Rechazada. Verificación de riesgos procesales para la realización del juicio. Gravedad del delito y severidad de la pena. Evaluación de la magnitud de la pena en expectativa. Imputada que aportó otro domicilio. Tiempo proporcionado de detención. Confirmación. Fallo: "(…) (…) ha sido procesada en orden a los delitos de robo agravado por su comisión con un arma de fuego en concurso real con el de portación de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal que a su vez concurre en forma ideal con el de encubrimiento (hecho I), todos los que concursan materialmente con el delito robo simple (hecho II) (arts. 55, 164, 166 inc 2, 189bis inc 2 y 277 inc 1 "c" del CP). Tal calificación, en principio, impide adecuar su situación procesal en las hipótesis liberatorias contenidas en los artículos 316 segundo párrafo y 317 inciso 1 del código de forma. 130

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Hemos sostenido que la severidad de la pena en expectativa es una pauta válida para presumir la fuga del imputado (1) y que debe ser valorada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 319 del código adjetivo (2). En esos términos habrá de ponderarse que del expediente (...) -que ha sido acumulado materialmente a las presentes actuaciones- surge que a pesar de haberle sido comunicadas sus obligaciones procesales en sede policial, (...) no concurrió al juzgado al ser convocada en cinco oportunidades distintas al domicilio que aportó al momento de su detención -(...) de esta ciudad- (fs. ...), siendo que en la última oportunidad quien dijo su tía informó que desde hacía seis meses no vivía allí. A consecuencia de ello se dispuso la averiguación de su paradero (fs. ...), para ser finalmente habida a partir de su detención con motivo del hecho ilícito acaecido el (...) que originó la formación de esta causa. De tal modo, el concreto riesgo de fuga que refleja la conducta asumida por (...) en el sumario obsta a asegurar su sujeción al proceso con una medida cautelar distinta de la privación de su libertad. A lo hasta aquí señalado cabe añadir que el tiempo que lleva en detención no luce despropocionado en razón de ser menor al mes y que el avanzado estado del trámite de la causa -en que ya se ha dispuesto su procesamiento- autoriza a inferir que será juzgada a la brevedad. En consecuencia, se RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Godnjavec). c. 742/12, INC. DE EXCARCELACION DE GONZALEZ, Rocio N. Rta.: 11/06/2012 Se citó: (1) Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos números 12/96, parágrafo 86 y 2/97 parágrafo 28. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1935/09 "Castro", rta. 21/12/2009.

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Por cosa juzgada planteada por el fiscal. Procedencia. Querellante que recurre. Posibilidad de que la querella continúe en solitario. Existencia de identidad de persona, objeto y causa. Imputado absuelto, autoridad de cosa juzgada. Confirmación. Fallo: "(…) Cuestión preliminar: La defensa, al contestar los agravios del recurrente, planteó la imposibilidad de continuar el proceso por carecer la causa de promoción fiscal siendo insuficiente, a su criterio, la actuación de la querella en solitario, lo que ha ocurrido en este caso. Contrariamente a ello, hemos sostenido en reiteradas oportunidades que en función de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Santillán" (1), el acusador particular puede impulsar el proceso sin que sea necesario a tal efecto el acompañamiento del fiscal (2). Se ha entendido que asiste a todos los litigantes el derecho a obtener una sentencia fundada y que, para poder llegar a ese momento, los efectos del fallo de la Corte deben retrotraerse al comienzo de la causa penal pues, de no ser así, lo resuelto no tendría los alcances indicados (3). Por ello la falta de impulso por parte del representante del Ministerio Público Fiscal no puede impedir que otra parte vea vulnerada la posibilidad de promover el proceso y obtener una sentencia. Es por ello que habrá de rechazarse el planteo efectuado por la defensa. Sobre la excepción de falta de acción: Coincidimos con la juez y el fiscal de grado en cuanto a que existe identidad personal, objetiva y de causa entre el hecho sindicado como "a" que se investiga en este sumario, y aquél por el cual (…) ya ha sido absuelto el 20 de junio de 2006 por el Tribunal Oral en lo Criminal n° (…) en la causa n° (…). En efecto, mas allá de que la descripción de tales sucesos difiere en torno a diversos pormenores, lo concreto es que se trata del mismo acontecimiento histórico. La afectación de la garantía del ne bis in idem no depende en sí de la verificación de una identidad semántica en los reproches, sino de la corroboración de un único contexto fáctico. Así, por más que la primigenia investigación no incluya algunos elementos que sí contiene la que ahora nos convoca, en aquélla se ha agotado todo el contenido de la imputación del suceso hipotético en relación a (…), que radica en que habría desconocido haber suscripto el documento de cesión de los derechos emergentes del boleto de compraventa del inmueble sito en la calle (…) a favor de (…) en el marco del expediente (…) del registro del Juzgado Nacional Civil n° (…). Comprobada entonces la triple identidad no puede más que cerrarse este nuevo proceso en forma inmediata, pues sabido es que la garantía invocada protege a la persona, no sólo de ser condenada nuevamente por el mismo episodio, sino del peligro de ser sometida a una nueva persecución penal. En tal sentido, se RESUELVE: I. RECHAZAR el planteo introducido por la defensa en la audiencia como cuestión preliminar. II. CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 14, ORTIZ, Mario J. Rta.: 02/03/2012 131

Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos: 321:2021. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 652/11, "Holway", rta. 26/05/11; c. 2032/10, "Swiss Medical Group" rta. 13/04/11. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1621/10, "Kasanietz" rta. 17/11/10; c. 1380/10, "Protto" rta. 20/10/10; c. 773/09, "Medina" rta.: 5/8/09. EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Procedencia. Sobreseimiento. Lesiones leves. Delito dependiente de instancia privada. Damnificada que instó la acción penal. Desinterés manifestado meses después. Acción no disponible. Revocación. Hechos: el fiscal apeló el auto que hizo lugar a la excepción de falta de acción y se sobreseyó al imputado. Fallo: "(…) Al respecto, entiende el Tribunal que asiste razón al recurrente, toda vez que, si bien el delito que se atribuyó al imputado (lesiones leves) es uno de los previstos por el artículo 72 del Código Penal cuya acción es dependiente de instancia privada, de la causa se extrae que (…) exteriorizó su deseo de instarla tanto al tiempo en que concurrió a la seccional preventora (…) como también ante la Oficina de Violencia Doméstica (…). En ese sentido, el desinterés manifestado meses después por la damnificada de continuar con la presente pesquisa (…), en nada modifica la situación, puesto que una vez expresada su voluntad de instar la acción penal, el procedimiento tramita conforme las reglas previstas por el ordenamiento legal, siempre que, como ha sostenido esta Sala "una vez realizada la presentación acusatoria del ofendido, el Estado retoma su potestad persecutoria…los delitos previstos en el art. 72 son de acción pública, con la única salvedad de que para tales casos la ley exige que inicialmente sean promovidos a instancia privada" (1). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado (…) de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 115, P.,A.I. Rta.: 09/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.209, "Chiummiento, Gabriel", rta: 10/03/2009.

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Procedencia. Sobreseimiento. Lesiones culposas. Magistrado que funda la resolución en la existencia de un acuerdo transaccional celebrado entre la Compañía de Seguros y la víctima por daños y perjuicios derivados del hecho investigado. Falta de receptación en el ordenamiento nacional. Acción no disponible. Revocación. Fallo: "(…) El imputado (…) fue procesado en orden al delito de lesiones culposas y la señora fiscal ha requerido la elevación a juicio del sumario (…). A fs. (…) de este incidente, luce el acuerdo transaccional celebrado entre "(…) Compañía Argentina de Seguros S.A." y la víctima (…), por el que se acordó una indemnización por la suma de quince mil pesos en orden a los daños y perjuicios derivados del hecho investigado en esta causa. La decisión asumida por el magistrado, en cuanto hizo lugar a la excepción de falta de acción promovida por la defensa del encausado y dictó el sobreseimiento con motivo del convenio referenciado, no encuentra recepción en el ordenamiento nacional, pues la circunstancia de que la acción que emerge del delito de lesiones leves sea dependiente de instancia privada no implica, en modo alguno, que sea disponible, siempre que con el debido impulso del afectado por el delito, la acción se convierte en pública (1). En efecto, una vez instada la acción por el ofendido, el Estado retoma su potestad persecutoria en los casos de los delitos previstos en el art. 72 del Código Penal. Por otra parte, debe recordarse que en el supuesto "de renuncia o convenio sobre la acción civil, lo que se juzga renunciado respecto de lo criminal es la posibilidad de que el damnificado actúe a título propio dentro de la instancia penal, ... ya sea a título de actor civil, querellante... [y] si ya hubiera comenzado la instrucción de la causa penal, ésta seguiría su curso en los denominados delitos de acción pública ... ya que la extinción de la acción civil correspondiente no los afecta, con fundamento en el principio de independencia" (2). (…), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 226, BOSNJAK, Juan Miguel. Rta.: 09/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 115/12, "Pentito, Agustín I.", rta: 09/03/2012. (2) Alberto J. Bueres, Elena I. Highton, Código Civil y normas complementarias - Análisis doctrinario y jurisprudencial, Bs. As., Hammurabi, t. 3 A, 1999, p. 290.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional EXCEPCIÓN POR FALTA DE ACCIÓN. Rechazada. Delito dependiente de instancia privada. Damnificada que aseveró su intención de no proseguir con la acción penal por desconocer su alcance al momento de denunciar. Indisponibilidad de la acción por tratarse de un delito de acción pública. Imposición de costas a la defensa oficial. Confirmación. Revocación de las costas a la vencida por resultar imposible condenar a los miembros del MPD. Fallo: "(…) La defensa del imputado (…) dedujo la presente excepción por falta de acción fundada en la "insistencia de la Sra. (…) -damnificada en autos- de que no se prosiga con la persecución penal (…)" en tanto que (…) la denunciante refirió que "no es mi intención que se siga adelante con la investigación penal, reitero, no sabía el verdadero alcance de ésta". (…) la defensa recalcó que se trata de un delito dependiente de instancia privada y que sólo frente a la voluntad de la víctima se puede promover la investigación. Señaló que "no existe razón alguna para avanzar en la causa pues el Estado, al no mediar razones de seguridad o interés público, no debe apropiarse de una ofensa que no ha sido considerada tal por quien fuera víctima". (…) circunstancias muestran a las claras que (…) inequívocamente impulsó la acción penal contra (…). Asimismo, la fiscal (…) requirió la instrucción de la causa, solicitó la elevación a juicio del asunto y se pronunció en disenso respecto de la excepción articulada por la defensa (…), lo que denota la clara voluntad de la titular de la acción de promover su impulso. (…) la acción penal proveniente de un delito de acción pública no es disponible y, al tratarse de un delito de instancia privada, una vez impulsada no resulta aplicable el desistimiento (*). (…) Por otro lado, y dado que el art. 14 in fine de la ley 24.946 dispone que "los miembros del Ministerio Público no podrán ser condenados en costas en las causas que intervengan como tales", habremos de revocar la decisión de imponer las costas de la incidencia a la defensa oficial. (…) el tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR el punto dispositivo (…) de la resolución (…) en cuanto no se hizo lugar a la excepción de falta de acción articulado por la defensa oficial (…). II. REVOCAR ese mismo punto dispositivo en cuanto impuso las costas a la parte vencida (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.468, DYCHTER, Lucas Emiliano. Rta.: 29/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 42.436/12, "Mallavia", rta.: 22/05/12.

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Rechazada. Lesiones. Defensa que alega que la víctima refirió que no deseaba instar la acción penal cuando concurrió a la Oficina de Violencia Doméstica. Voluntad evidenciada el día anterior al presentarse a denunciar los hechos en la Comisaría. Confirmación. Fallo: “II.-) De la falta de acción: Si bien (…) expresó ante la Oficina de Violencia Doméstica que no deseaba instar la acción penal por las lesiones sufridas, lo cierto es que el día anterior la impulsó debidamente ante las autoridades de la Seccional 40ª de la Policía Federal cuando formuló la denuncia (…). Ello es suficiente para habilitar la jurisdicción en los términos del artículo 72 inciso 2° del Código Penal. Por ello y por los argumentos esgrimidos en el precedente N°43.135 “Sánchez, Jorge” resuelto por esta Sala el 1° de marzo pasado, a los cuales nos remitos en honor a la brevedad, se homologará el auto apelado. Excitada legalmente la acción penal su posterior retractación no es relevante. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso, con costas de Alzada (art.531 del C.P.P.N.). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 415/12, M., D. Rta.: 10/05/2012

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Rechazada. Lesiones. Acción debidamente instada en la seccional. Exteriorización de la voluntad de denunciar por parte de los damnificados. Confirmación. Fallo: "(…) Conforme el artículo 72 del ordenamiento de fondo la acción penal derivada del delito de lesiones dolosas leves es dependiente de instancia privada (inciso 2 de esa norma). En tal caso no se podrá proceder, en principio, a formar causa sino por acusación o denuncia del agraviado (quinto párrafo de la mencionada norma y artículo 6 del CPPN). Las constancias del expediente revelan que el 27 de febrero de 2012, en el interior del "Parque de los Niños" sito entre las avenidas del Libertador y General Paz, (…) requirió la intervención de los oficiales (…) (fs. …), 133

(…) (fs. ...) y (…) (fs. ...) en razón de que su hijo (…) de 8 años había sido agredido. En ese momento, señaló a (…) como autor del hecho a la vez que manifestó a (…) que "era…su deseo denunciar tal situación y que procedan en consecuencia". Se dio así inicio a estas actuaciones y, al día siguiente, se recibió declaración a (…) en sede policial, quien expuso detalles de lo ocurrido y autorizó a que (…) fuera examinado por un médico legista, lo que fue cumplido a fs. (…). De contrario a lo sostenido por la defensa, estima el tribunal que los actos que en concreto desarrolló (…) en el proceso resultan demostrativos de su voluntad de habilitar la actividad jurisdiccional respecto del suceso que damnificara a su hijo e impiden dar andamiento a la pretensión del recurrente relativa a la supuesta existencia de un obstáculo para proceder en la instrucción del sumario. Hemos sostenido en anteriores oportunidades que la manifestación de voluntad que es requerida en los delitos dependientes de acción privada no está sometida a formalidades estrictas, rigurosas o solemnes (1), y en el sub examine ésta bien puede ser inferida de los dichos de (…) y del modo en que actuó. En definitiva, lo anterior se sustenta en que el personal policial que intervino fue convocado por aquélla, quien además de señalar al imputado, refirió su deseo de que se "proceda como corresponda", un día después brindó testimonio y accedió a la revisación médica de su hijo, todo lo cual impide afirmar que se ha desconocido la instancia privada que se requiere como condición de perseguibilidad en el delito de lesiones dolosas leves. En lo atinente a la excepción articula por atipicidad, cabe recordar que solo resulta viable cuando la inexistencia de delito es evidente y la prosecución del proceso importaría una claro dispendio jurisdiccional, en aras de un pronunciamiento anunciado al inicio (2). Tal circunstancia no se observa en el caso, ya que no puede afirmarse que el suceso carezca inequívocamente de tipicidad objetiva respecto de la figura prevista en el artículo 89 del Código Penal en tanto el planteo que en ese sentido realiza la defensa se vincula a una cuestión probatoria -si se ha acreditado o no la existencia de lesiones en el cuerpo del menor- que resulta ajena a este modo de excepcionar (3). Finalmente, lo hasta aquí ponderado torna adecuada la decisión del juez de grado de imponer costas a la vencida, por no advertirse razones que justifiquen apartarse del principio general de la derrota (artículo 531 del CPPN), lo que justifica también su imposición en esta alzada. En consecuencia, se RESUELVE: CONFIRMAR el punto (…) del auto de fs. (…) en todo cuanto fue materia de recurso, con costas de alzada. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 551/12, INC. DE EXCEPCION DE FALTA DE ACCION DE G.A.B. Rta.: 14/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 511/11 "Rizzotti, Agustín", rta. 09/05/11. (2) D´Albora, Francisco: Código Procesal Penal anotado, comenrado y concordado, Ed. Lexis-Nexis, Abeledo Perrot, 2002, p. 714. (3) Navarro, Guillermo Rafael-Daray, Roberto Raúl: Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Ed. Hammurabi, 4ta. edición, 2010, p. 633.

EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN. Rechazada. Magistrado que legitimó a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Intereses suficientemente garantizados por la actuación del Ministerio Público Fiscal. Revocación. Apartamiento. Fallo: "(…) La defensa del imputado cuestionó la continuidad del proceso a instancias únicamente de la actividad de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como parte querellante. En ese sentido, destacó que dicho organismo no resultaba ser directamente ofendido por el delito sobre cuya presunta comisión se construyó la imputación en su contra. Agregó que ni la CNRT como sujeto, ni la hipótesis delictiva ventilada en el legajo, justificaban la ampliación de la legitimación activa que prevé el artículo 82 bis del digesto adjetivo. Al respecto, el Tribunal comparte los argumentos esbozados por la asistencia técnica en punto a la imposibilidad de que el ente regulador del transporte asuma el rol de impulsor particular del proceso. En efecto, al contestar la vista respectiva (…) los querellantes fundaron la facultad de querellarse en el artículo 3, anexo 1, del Decreto 1388/96 por el cual se creó la CNRT, de cuyo texto surge que entre sus objetivos se encuentra el de "proteger los derechos de los usuarios" y, a su vez, en el artículo 8°, en tanto reza "A los fines del control del transporte ferroviario bajo su jurisdicción, tendrá las siguientes funciones: Aplicar y hacer cumplir los contratos de concesión de transporte ferroviario de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente". Sin embargo, ello no se traduce en una habilitación legal para asumir la acusación particular dentro de un proceso penal, sin que -además- la invocación al artículo 4 de la ley 17.516 pueda oficiar como argumento a tales fines, en virtud de su inaplicabilidad al caso y en función de las especiales disposiciones que para legitimarse activamente prevé el Código Procesal Penal. A cualquier evento y como se ha sostenido en situaciones que pueden resultar análogas, los intereses a los que aluden los representantes de la CNRT se han visto suficientemente garantizados por la actuación del Ministerio Público Fiscal -art. 120 de la Constitución Nacional- (1), de modo que la adjunción -al menos en abstracto- de otra parte acusadora en supuestos como los del sub examen, importaría una demasía que resiente el equilibrio entre las partes -concretamente en perjuicio del imputado- cuando se comprueba una duplicación de acusadores que provienen en definitiva del mismo Estado (2). 134

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sobre la cuestión cumple adicionar que la legitimación acordada a ciertas asociaciones por el artículo 82 bis del Código Procesal Penal se ciñe a los procesos instruidos por crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, supuesto que no se verifica en el caso del sub lite. En ese sentido, se ha dicho que "el dictado de la ley 26.550, en tanto admite la participación de asociaciones intermedias como parte querellante en los procesos que versan sobre crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos, es demostrativo del carácter excepcional de las intervenciones que faculta la norma" (3) (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR la decisión documentada (…), en cuanto fuera materia de recurso. II. APARTAR del rol de querellante a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 297/12, FRANCHI, Emilio. Rta.: 24/05/2012 Se citó: (1) C.N.C.P., Sala II, c. 7748, "Corso, Marcelo", rta: 13/08/2007; C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 32.063, "Comunidad Homosexual Argentina", rta: 25/09/2007 y c. 38.019, "Ferenese, Carlos Alberto", rta: 30/12/2009. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.019, "Ferenese, Carlos Alberto", rta: 30/12/2009; c. 41.358, "Dardenne, Ernesto", rta: 18/08/2011 y c. 41.359, "Arcomano, Magdalena", rta: 18/08/2011; en sentido análogo, C.N.C.P., Sala III, c. 12.304, "Ferenese, Carlos Alberto s/recurso de casación", rta: 23/008/2010 y Sala IV, c. 12.767, "Álvarez, Roberto Raúl s/recurso de casación", rta: 02/12/2010. (3) C.N.C.P., Sala I, c. 9234, "Comunidad Homosexual Argentina", rta: 14/09/2010; C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.758, "Argüelles, Lisandro", rta: 05/11/2010.

EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN. Rechazada. Defraudación por administración fraudulenta. Contrato en el que se perfecciona y se asumen obligaciones bajo la legislación del Estado de Nueva York. Imposibilidad de prórroga ni la jurisdicción ni la competencia (Art. 18 del C.P.P.N.). Hechos cometidos en la Argentina. Confirmación. Fallo: "(…) Sostiene el recurrente que todas y cada una de las cláusulas del contrato celebrado entre la empresa que dirige (…) -"(…)" - y la acusadora privada, (…), se refieren y perfeccionan al igual que las obligaciones que de él emergen bajo la legislación del Estado de Nueva York, Estados Unidos. Así adujo que cualquier controversia deberá ser analizada de acuerdo a esa normativa, y no a la que rige en nuestro país y que es aplicada a esta causa. El planteo realizado es improcedente porque más allá de lo que las partes hayan convenido libremente -en lo que al derecho privado se refiere-, lo cierto e indiscutible es que, en materia penal, su voluntad no puede prorrogar la jurisdicción, ni, por ende, la competencia (art. 18 del C.P.P.N.). Sostiene la doctrina, que el precepto "…no admite que el acuerdo entre las partes atribuya competencia a un tribunal elegido por ellas…" (1). Asimismo, de la compulsa del legajo se desprende que - en principio- los hechos en estudio se habrían desarrollado en este país, pues sin perjuicio que la investigación esté en pleno trámite, tanto la nota de fs. (…) y los e-mails obrantes a fs. (…) y siguientes dan cuenta, al menos que parte de la administración de los valores confiados por la querellante, se realizaba desde la oficina que opera en representación de la firma aludida, de la calle (…) de esta ciudad. De modo que si los hechos presuntamente ilícitos fueron realizados en este país, resulta irrelevante tal como lo sostiene el recurrente, a los efectos de la asignación de competencia, el lugar donde reside la acusadora particular o donde tiene asiento su sede bancaria. En cuanto a la jurisprudencia citada por el apelante, destacamos que en la intervención del tribunal de fs. (…) se revocó el sobreseimiento con el objeto de investigar la presunta comisión del delito previsto en el art. 173, inc. 7 del código de fondo, por lo cual la importancia de la ubicación de la sede central de la empresa "(…)" ciudad de (…), pertenecientes al Reino Unido de Gran Bretaña-, sólo resulta de aplicación en aquellos casos en que se desconoce donde ocurrió la ejecución del acto infiel, extremos que, en principio no se cumplen en esta causa. En ese contexto la recolección de la prueba y la posibilidad de imprimir celeridad al sumario aconsejan mantener la radicación en esta sede. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 794/12, SARAVIA, Alberto. Rta.: 13/06/2012 Se citó: (1) Navarro-Daray, "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", 2da. edición, Hammurabi, 2006, t. I, pág. 94, con cita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos 323: 867. 135

EXCUSACIÓN. Juez de cámara que se excusó de intervenir en la causa por haber resuelto reservar las actuaciones siendo titular del juzgado de origen. Aceptación de la inhibición. Fallo: "(…) El Juez (…) se excusó de intervenir en los presentes toda vez que (…) como titular del Juzgado de Instrucción n° (…) resolvió reservar las actuaciones hasta tanto el pretenso damnificado aporte el marco fáctico elemental para iniciar la investigación. (…) Sin dejar de señalar que las inhibiciones planteadas por los jueces designados a los fines de intervenir en un proceso deben ser analizadas de manera crítica, la participación del colega mencionado como titular del Juzgado de origen, ha sido de carácter sustancial y por lo tanto su participación en la etapa recursiva no resulta ajustada a derecho. (…) se RESUELVE: ACEPTAR LA INHIBICIÓN planteada por el Juez (…) para entender en las presentes actuaciones. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.238, GELBART, Marcos y otros. Rta.: 09/04/2012

EXENCIÓN DE PRISIÓN. Fiscal que recurre la concesión bajo caución real. Voluntad de estar a derecho. Ausencia de riesgos procesales de elusión. Obligación de concurrir al tribunal mensualmente dentro de los primeros cinco días hábiles. Confirmación. Fallo: "(…) Coincidimos con el juez de grado en que si bien (…) fue declarado rebelde en esta causa, se presentó al proceso espontáneamente exteriorizando así su voluntad de estar a derecho, promoviendo este incidente y aportando dos domicilios -uno real y otro constituido- en los que podrán cursársele las notificaciones pertinentes. En la misma línea, abonó la suma de dos mil pesos que se le fijara como caución real y se presentó el 3 del corriente mes ante el juzgado de origen cumpliendo con el compromiso previamente asumido. En tal contexto, la condena anterior que registra, a partir de la doctrina emanada del plenario n° 13 "Díaz Bessone" de la Cámara Nacional de Casación Penal no es pauta suficiente para denegarle la libertad (1). Por estas razones, considerando adecuada la modalidad de caución escogida para garantizar la futura comparecencia del causante, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 329, ROCOTOVICH, Ariel J. Rta.: 10/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 385/08, "Castro" rta. el 20/11/08; c. 396/08 "Plata" rta. el 28/11/08 y c.533/08 "Díaz Castañeda" rta. el 9/12/08. EXENCIÓN DE PRISIÓN. Rechazada. Abuso sexual con acceso carnal a menor de 18 años. Imputado que al conocer la existencia de la denuncia se retiró de su residencia, desconociéndose su paradero. Peligro de fuga. Imposibilidad de dejar la pena en suspenso. Seriedad del delito y eventual severidad de la pena. Confirmación. Fallo: "(…) se atribuye al encausado el hecho que damnificara a (…) constitutivo del delito de de abuso sexual con acceso carnal, (…) mediante el despliegue de intimidación, agravado por resultar la víctima menor de 18 años de edad (…) y haberse aprovechado del presunto victimario de su convivencia preexistente (art. 119 párrafos 3° y 4° inc. f del CP). Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) en el presente caso concurren particulares circunstancias que permiten presumir (…) la existencia de la pauta impeditiva de peligro de fuga prescripta en el artículo 319 del C.P.P.N, no siendo posible neutralizarla mediante caución y obligación accesoria alguna. (…) el primer criterio a computar en forma negativa para la pretensión de la defensa lo constituye su conducta al tomar conocimiento de la radicación de la denuncia, siendo que se retiró de su residencia (…) habiéndose llevado sus pertenencias, sin haber pagado el alquiler del mes de enero, y no regresó, desconociéndose su actual paradero (…). (…) votamos por homologarla. El juez Alfredo Barbarosch dijo: Comparto los argumentos desarrollados en el voto conjunto que antecede. (…) como criterio negativo debo valorar, la escala penal en abstracto del delito que se le atribuye intervención, lo que hace presumir fundadamente que, de recaer condena ésta no será de ejecución condicional (…). (…) es criterio de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que el Informe 2/97, al tratar el peligro de fuga dijo 28 "la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el encausado intente fugarse para eludir la acción de la justicia"(C.N.C.P.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sala II, causa "López, Edgardo F., del 16/12/05). (…) voto por confirmar la denegatoria de la exención de prisión. (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fue materia de apelación. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos, Barbarosch (por sus fundamentos). (Prosec. Cám.: Souto) c. 41.985., G. G. N. Rta.: 06/03/2012 Se citó: (*) CNCP, Sala II, "López, Edgardo F., rta.: 16/12/05.

EXENCIÓN DE PRISIÓN. Rechazada. Excarcelación concedida anteriormente que fue revocada sin haber emplazado al imputado para que compareciere a estar a derecho y sin haber notificado de ello al fiador. Nulidad del auto que revoca la excarcelación y se hace efectiva la fianza depositada. Revocación y concesión de la exención de prisión bajo caución real, mas la obligación de comparecencia quincenal a los estrados. Fallo: “I.-) En primer lugar, advierte el Tribunal que el Juez a quo no ha procedido conforme la manda del art.329 del Código Procesal Penal, pues después de labrado el informe actuarial de fs. (…) no se ha emplazado al imputado para que compareciera a estar a derecho y tampoco se notificó de esa circunstancia al fiador (…), a quien debió habérselo apercibido de que la caución se haría efectiva al vencimiento del plazo. Esta omisión en la que se ha incurrido torna inválida la decisión adoptada a fs. (…) de aquel incidente a través de la cual se revocó la excarcelación oportunamente concedida y se hizo efectiva la fianza depositada. II.-) En segundo lugar y, para neutralizar la orden de captura dispuesta (…), la que no ha perdido vigencia pese a lo señalado en el párrafo precedente a la luz de lo que surge del citado art.329 del código de rito, habremos de analizar el fondo de la cuestión. Esta Sala no pasa por alto la condena impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal (…) ni el proceso en trámite ante el Tribunal Oral en lo Criminal (…), circunstancia que nunca ha sido ponderada por el Juez a quo por haberse omitido certificarlo en debida forma (…). Sin perjuicio de ello, el informe de fs. (…) no permite concluir con certeza que el acusado hubiera estado en conocimiento de la citación que se le cursara, máxime cuando lo afirmado por (…) no se condice con la constatación de domicilio de fs. (…) donde se asentó que aquél vivía en el lugar con su padre y hermanos. Ello fue ratificado posteriormente por su progenitor a fs. (…). En este caso, frente a la circunstancia aludida respecto a su previa citación, debe prevalecer la voluntad de (…) de someterse a la jurisdicción pues, en definitiva, hacer lugar a su petición garantizará la realización del juicio y la aplicación del derecho sustantivo. A la luz de los extremos señalados, se fijará una caución real adecuada al caso. Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: I.-) Declarar la nulidad del auto de fs. (…) del incidente de excarcelación que corre por cuerda; II.-) Revocar el auto de fs. (…) y conceder la exención de prisión a (…) bajo caución real de (…), más la obligación de comparecencia quincenal a los estrados del Tribunal. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Sec.: Oberlander). c. 617/12, ROMERO CAMACHO, Richard J. Rta.: 31/05/2012 EXENCIÓN DE PRISIÓN. Rechazada. Policía federal procesado por homicidio agravado por su condición (Arts. 45 y 80, inc. 9° del Código Penal de la Nación). Peligros procesales: Posibilidad de ejercer influencias sobre testigos y víctimas. Confirmación. Disidencia: Falta de antecedentes y verificación de arraigo. Aplicación de caución real. Imposición de una prohibición de acercamiento. Revocación. Concesión. Fallo: "(…) Los jueces Mirta López González y Rodolfo Pociello Argerich dijeron: la gravedad del suceso y la posibilidad de ejercer influencia sobre los testigos y los familiares de la víctima que estuvieron en el lugar y momento de los hechos ponen en evidencia la existencia de los peligros procesales que, en forma excepcional, autorizan a denegar la exención de prisión peticionada (artículos 319 y 280 a contrario sensu del cuerpo procesal). (…) votamos por la homologación del auto recurrido. La jueza María Laura Garrigós de Rébori dijo: Contrariamente a lo expuesto por mis colegas, entiendo que la falta de antecedentes del imputado y su demostrado arraigo permiten hacer lugar a su exención de prisión. Sin perjuicio de ello, entiendo que corresponde asegurar su sujeción al proceso mediante una caución real de diez mil pesos -$10.000-, en atención al pronóstico de pena de efectivo cumplimiento, y la imposición de una prohibición de acercamiento al domicilio de la víctima y a sus familiares, sea el lugar en que se encuentren, a menos de quinientos metros, a efectos de conjurar toda posible influencia. 137

Por ello, voto porque se revoque el auto recurrido, porque se conceda a (…) la exención de prisión, bajo las condiciones señaladas -caución real y prohibición de acercamiento-. (…) el tribunal RESUELVE: Confirmar la decisión del punto I de fs.(…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori (en disidencia), López González. (Sec.: Herrera) c. 491, V., R.A. Rta.: 26/04/2012

EXENCIÓN DE PRISIÓN. Rechazada. Procesado por lesiones leves, coacción, abuso sexual con acceso carnal y privación ilegal de la libertad agravada por violencia, en concurso real entre sí. Registro de condenas. Violencia desmedida ejercida contra su ex pareja. Confirmación. Fallo: “(…) Del legajo se desprende que el (…), se lo condenó a la pena de tres años de prisión en suspenso. Registra la causa (…), donde el (…) se lo condenó a la pena de tres meses de prisión de efectivo cumplimiento, como autor del delito de tentativa de robo y daño. Finalmente el (…), se lo condenó como autor de los delitos de hurto, lesiones y daño a la pena de tres meses de prisión de efectivo cumplimiento. Se suman a ello el legajo (…) del Juzgado Nacional en lo Correccional n° (…) por el delito de lesiones y que para recibírsele declaración indagatoria se ordenó su detención luego de que no concurriera en tres oportunidades pese a ser notificado en forma personal y no justificar su incomparecencia (…). También debemos contemplar la violencia desmedida que (…) habría ejercido contra su ex pareja. No sólo la agredió físicamente en reiteradas ocasiones, sino que la amenazó con matarla, la privó de libertad y abuso sexualmente de ella. No es un dato menor que estamos ante un conflicto de pareja que, según lo catalogaron los especialistas de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es de altísimo riesgo psicofísico (…), que lejos de constituir un hecho aislado, según denunció (…), se ha repetido a lo largo de años de convivencia. En ese informe incluso se destaco su personalidad agresiva y su adicción al alcohol y a las drogas duras. (…) De esta manera la actitud asumida por (…) evidencia el peligro de entorpecimiento a la investigación, toda vez que su soltura podrá influir en la damnificada para que no se presente a declarar, o lo haga falsamente, o se comporten de manera desleal o reticente, sin perjuicio del riesgo real a represalias en su contra. Máxime si contemplamos que en una oportunidad fue a buscarla hasta la localidad de Azul, Provincia de Buenos Aires, para luego de agredir a su padre obligarla a regresar sino mataría a su familia, situación a la que (…) expresó tenía terror debido a que lo creía posible (…). (…) Concluimos que su comportamiento a través del tiempo demostró un desinterés por las reglas indispensables y, a quien toca decidirlas, genera desconfianza o más aún, inclina la balanza hacia la afirmación de que están presentes en el caso los riesgos procesales que impedirán continuar regularmente el proceso en el supuesto que se haga lugar al derecho peticionado. En suma, se advierte la existencia de peligro de fuga debido a las condenas que registra, la gravedad de los delitos imputados que demuestran que la eventual sanción sería efectiva y a su inconducta procesal al no comparecer voluntariamente a los llamados del tribunal permiten denegar el pedido. Además del entorpecimiento del proceso, y con mayor énfasis en estos casos reseñados, también torna imperioso de momento confirmar el auto cuestionado. Por todo ello; el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 453, F., J. A. Rta.: 07/05/2012

EXTORSIÓN. Sobreseimiento. Atipicidad. Forma correcta de formular el reclamo. Negociación orientada a la preservación del emprendimiento comercial oportunamente asumido. Confirmación. Hechos: la querella apeló el auto que dispuso el sobreseimiento de los imputados e impuso las costas del proceso a la parte vencida. Fallo: "(…) El objeto de la presente pesquisa se centró en las exigencias formuladas por los causantes a (…), para que éste adquiriese la firma "…" a título oneroso, como única alternativa para evitar la presentación en quiebra de la sociedad, en cuyo marco desconocerían las operaciones realizadas con aquél, con el consecuente riesgo respecto del fideicomiso integrado entre ambas partes. En efecto, entre la citada firma y el nombrado (…) se celebró el 16 de julio de 2009 un contrato de la especie mencionada, en cuyo marco "..." le transfería el dominio fiduciario de un lote de veintiocho hectáreas ubicado 138

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en la ciudad bonaerense de (…), con el objeto de que se construyera allí un emprendimiento de viviendas unifamiliares y multifamiliares, que posteriormente resultarían preadjudicadas entre la empresa y (…). En esa senda, cabe apuntar que el 16 de noviembre de 2009 fue solicitada la quiebra de "..." por (…), un acreedor al que se le adeudaban dos documentos vencidos por un total de $ 1.010.000. Así se produjo la interacción entre las partes que motivó la presente pesquisa, ya que conforme a lo que surge de la prueba incorporada, los imputados formularon a (…) la exigencia de compra de la empresa, como instancia para evitar las repercusiones que, como se apuntó, una eventual quiebra acarrearía sobre el negocio realizado. Sentado ello, corresponde señalar que se comparte -en lo sustancial- el criterio sustentado por la señora juez de grado en torno a la ausencia de tipicidad en el accionar descripto. Al respecto, cabe apuntar que el delito de extorsión presupone un ataque contra la propiedad del sujeto pasivo, derivado de una afectación de su libertad, provocada por quien persigue un beneficio al que no tiene derecho. Para ello, el autor se vale de los medios comisivos previstos por la ley (art. 168 del Código Penal) para actuar sobre la víctima, en pos de ver satisfecha una exigencia patrimonial injusta. En el caso, no se aprecia ilegitimidad en las vías empleadas para formular el reclamo que los encartados dirigieron al querellante. En tal sentido, adviértase que la imposibilidad de "..." de afrontar los pagarés suscriptos en favor de (…), colocaba a la firma en situación de cesación de pagos y que entre dicha sociedad y (…) existía, más allá de su adecuación bajo la figura del fideicomiso, una inversión en común. De suerte tal que el planteo dirigido al querellante para que, o bien adquiriese el paquete accionario de la empresa o, de lo contrario, asumiese los riesgos que la declaración de quiebra y el desconocimiento de sus derechos importaría, más que una intimidación en los términos previstos por el tipo penal de la extorsión, se inscribe en el ámbito de una negociación orientada a la preservación del emprendimiento iniciado en (…), respecto del cual (…) estaba indudablemente interesado, ya que -en definitiva- el anuncio de que se procedería del modo indicado remite al ejercicio de un derecho, regulado por la ley 24.522 de concursos y quiebras. Además, los resultados de la decisión adoptada siempre quedaron supeditados a la decisión jurisdiccional, ya que el juez comercial no sólo decretó la quiebra de "…", sino que declaró la ineficacia del fideicomiso. En lo que atañe a las costas, el Tribunal entiende que no surgen del legajo pautas objetivas que justifiquen un apartamiento del principio general de la derrota, por lo que deberán ser soportadas por la acusación particular, en ambas instancias. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto pasado (…), puntos I y II, en cuanto fueran materia de recurso, con costas de alzada a la querella". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 392/12, ROSETTI, Victor y otro. Rta.: 23/05/2012

FALSA DENUNCIA. En concurso ideal con estafa. Procesamiento. Imputado que denunció falsamente la sustracción de un rodado ante la compañía de seguros. Confirmación. Fallo: "(…) se dispuso su procesamiento, por considerarlo, prima facie, autor del delito de falsa denuncia, en concurso ideal con el de estafa en grado de tentativa, en calidad de partícipe necesario (arts. 42, 45, 54, 172 y 245 CP y 306, CPPN). Se atribuye a H. H. T., junto a G. E. D., J. C. N. M. y a G. L. G. haber intentado defraudar a la compañía de seguros "(…)", en donde los dos últimos tenían asegurado el vehículo (…) de su propiedad. Para ello, H. H. T. habría denunciado falsamente la sustracción del automóvil (…). J. C. M. le habría entregado previamente el rodado a D., para que éste y T. se ocuparan de refaccionarlo. Así las cosas, M. y G. efectuaron el reclamo correspondiente ante la empresa aseguradora, y con el objeto de demostrar su pretensión presentaron el certificado de la denuncia falsa (…) para percibir la indemnización por la sustracción del auto, la cual no se efectivizó hasta el (…) conforme lo expuesto por el Dr. (…), abogado apoderado de la compañía en cuestión, por circunstancias ajenas a los imputados. Dos son los agravios formulados por el defensor (…) en la audiencia. El primero gira en torno a que, a criterio del recurrente, H. T. se vio impedido de ejercer debidamente su derecho de defensa respecto al relato espontáneo que le habría efectuado al Teniente (…) de la comisaría (…) por la presunta comisión del delito de falsa denuncia en que habría incurrido (art. 245 del CP). La segunda cuestión se relaciona con el análisis que efectúa el magistrado respecto del hecho atribuido a H. T., y de las pruebas que sustentan el dictado de su auto de procesamiento (…) pero en orden al delito de falsa denuncia, en concurso ideal con el de estafa en grado de tentativa, el primero en calidad de autor, mientras que el segundo lo es en carácter de partícipe necesario (…). (…) se observa que en las dos ocasiones en que H. T. fue convocado a prestar declaración indagatoria (…), se le mencionaron como prueba de cargo las constancias correspondientes a la I.P.P. nº (…) del registro de la U.F.I. nro. (…), que se originó a raíz de la presunta falsa denuncia detectada por la autoridad policial de la provincia de Buenos Aires (…). En este punto, debemos destacar que T. en su primer acto de defensa hizo uso del derecho que le asiste a no declarar, mientras que en la segunda oportunidad negó el hecho y brindó una explicación en torno a lo sucedido con el vehículo propiedad de J. C. M. y de G. L. G. 139

Más aún indicó que "(…) fue citado por los Tribunales de San Justo, Pcia. de Buenos Aires, en donde se le hizo saber de que se le atribuía haber efectuado una falsa denuncia, relativa a la sustracción del rodado cuestionado. Luego de ello, se le notificó que la causa de mención fue remitida a esta Ciudad.", por lo que entendemos que ha tenido pleno conocimiento del suceso reprochado y de la prueba colectada, y en consecuencia no se ha visto transgredido el derecho que le asiste a ejercer su defensa material (…). Con respecto a la segunda cuestión, entendemos que el descargo de H. T., en cuanto a que J. C. M. le habría dicho a G. D. que le entregara el auto para que se ocupara de "emparcharlo" porque era muy elevado el costo de su reparación (…), y por ello a principio de junio de 2007 lo retiró del taller de D. y lo llevó a su domicilio "remolcándolo con una camioneta" y lo tuvo aproximadamente un mes hasta que le fue sustraído, no se ha visto validado (…). En este sentido, D. indicó que el mismo día en que M. le dejó el auto estacionado en la puerta de su taller, habría concurrido T. a verificar cuál era el desperfecto que tenía. Recién al día siguiente D. pudo constatar que el rodado poseía en el motor un golpe "muy fuerte", comunicándoselo a M., diciéndole que "(…) iba a bajar el carter, sacar la bomba de aceite para examinar las vielas. En ese momento observó que estaba la tercera viela fundida y el cigüeñal dañado.". Con posterioridad M. se habría apersonado en el taller junto a su esposa G. G. para analizar junto a D. y a T. la problemática que presentaba el vehículo, pero no se pusieron de acuerdo dado que los dos primeros refirieron que su reparación debía estar a cargo de A. B., quien con anterioridad lo había rectificado. Luego indicó que a mediados o fines del mes de mayo de 2007 le dijo a M. que no podía continuar teniendo el automóvil en su taller si no iba a ser arreglado, y también se lo refirió a T. para que hablara con aquél. Finalmente a fines de mayo y/o los primeros días del mes de junio M. lo llamó y le comentó que T. iba a retirarlo. Así fue que el 4 de junio T. trasladó el rodado mediante el auxilio de una camioneta, dado que no se encendía porque estaba desarmado, desconociendo el destino final. Por su parte, M. expresó que su automóvil tenía un problema de funcionamiento, y con el auxilio (…) lo remolcó hasta el taller de D. y se lo dejó con las llaves y la cédula verde, previo anoticiarlo de lo ocurrido. Luego le habría hecho entrega de dinero para que comenzara con los arreglos, y cada semana se contactaba con él para que le informara las novedades del auto. Señaló, que a fines de junio recibió un llamado de T. en donde le informaba que le habían sustraído el rodado de la puerta de su domicilio, y que al día siguiente radicaría la denuncia en la comisaría. Aclaró, que T. y D. tenían el auto para repararlo, que entre los tres existe una relación de amistad y de absoluta confianza, y que en razón de ello T. no le había solicitado permiso para llevárselo a su vivienda. Además, no podemos dejar de valorar que J. C. M., cotitular del bien, se presentó en la compañía aseguradora "(…)" un año después del robo para cobrar el seguro (…) dando cuenta de un "presunto robo" del automotor que habría acaecido el (…), acompañando el certificado de no hallazgo del auto (…). En base a lo expuesto, se desprende que el automóvil (…) tenía un desperfecto mecánico y debía ser reparado, y a través de la asistencia provista por el Automóvil Club Argentino (…) fue trasladado (…) en las inmediaciones al taller de D., (…) porque no podía desplazarse (…). De este manera, el rodado presentó una problemática importante, que generó "idas y vueltas" entre las partes, en torno a los gastos de su reparación, así como quién debía hacerse cargo del costo, y de su mano de obra, prueba de ello es que fue llevado a mediados del mes de abril al taller y finalmente en junio se dió curso a la maniobra aquí investigada. Frente a este panorama, concluimos que T. denunció falsamente la sustracción del automóvil (…) propiedad de M. y G. (…) para que luego el primero de los nombrados concurriera a la compañía de seguros a realizar el reclamo pertinente, sin que se haya cobrado la indemnización correspondiente por causas ajenas a los imputados, conforme los dichos del representante legal de la empresa "(…)" (…). Así, su descargo no encuentra sustento en las evidencias colectadas, por el contrario resulta desvirtuado en base al análisis hasta aquí efectuado (…). (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto dispositivo II de la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Biuso). c. 42.497/12, TORRES, Héctor Horacio. Rta.: 07/06/2012

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. Archivo por inexistencia de delito. Falsificación de firmas en escritos judiciales. Perjuicio que se mide en cada caso y en el contexto del expediente respectivo. Escritos que remiten a cuestiones de mero trámite sin potencialidad de modificar el curso del proceso. Ausencia de perjuicio. Atipicidad. Confirmación. Hechos: la parte querellante apeló el auto que dispuso archivar la causa por no constituir delito el suceso denunciado. Fallo: "(…) El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: El recurrente sostuvo que la falsificación de los escritos a nombre de (…) y la ausencia de título habilitante de (…) para actuar como abogada en las actuaciones comerciales relativas a la empresa "..." -objeto procesal éste último ventilado en otra causa, según se fijó (…)-, son circunstancias que habrían perjudicado a la empresa, debido a que fue declarada en quiebra ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial (…), Secretaría (…) y finalmente se regularon honorarios a favor de la primera. Al ser escuchada (…), señaló que intervino en el concurso preventivo de la firma "..." como letrada patrocinante, en tanto que (…) actuó como apoderada, concurso que finalmente se homologó en el año 2006, tras lo cual se pidió la quiebra y uno de los socios de la empresa denunció a (…) ya que no era abogada, frente a lo cual "el juzgado citó a (…) a fin de ratificar todo lo actuado por (…) y (…), el presidente de la 140

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional empresa, la apoderó a la deponente a fin de que ratificara todo lo actuado durante el concurso", de modo que no se verificaba perjuicio alguno. Tanto en la declaración documentada a (…) como en aquella incorporada (…), (…) examinó los escritos agregados en las copias acompañadas al tiempo de extraerse los testimonios respectivos (…) y en cada caso puntualizó si reconocía o no su firma, si se trataba de un escrito de mero trámite o impulsor del procedimiento, si lo recordaba y si había intervenido en su elaboración, más allá de la rúbrica que cada uno ostentaba. (…) agregó que jamás observó a (…) o la restante empleada firmar tales escritos cuestionados; que cualquiera tenía acceso a la computadora en la que se confeccionaban y que dejaba escritos con su sello sin firmar por la cantidad de instrumentos que debían presentarse. En particular y en relación con el escrito fotocopiado (…), recuerda haberlo confeccionado juntamente con (…) "para determinar de qué forma poder instrumentar y comenzar a pagar el acuerdo", aun cuando no reconoció su firma, pese a que se corresponde con el contenido del que redactó. Frente a lo puntualizado por la querella (…), en cuanto a que se estaría en presencia del delito de falsificación de instrumento privado (art. 292, primer párrafo, del Código Penal), he sostenido que "en los supuestos de falsificaciones de firmas de escritos judiciales, el perjuicio se mide en cada caso y en el contexto del expediente respectivo. Ello es, el juicio de tipicidad debe ser formulado en el caso concreto" (1). En tal contexto, entiendo que en el particular caso del sub examen, los escritos cuestionados no han ocasionado el perjuicio que -a título de peligro- reclama el tipo penal aludido. En primer lugar, cabe destacar que de los escritos agregados en copia (…) se advierte que una buena parte remiten a cuestiones de mero trámite, sin potencialidad alguna para modificar el curso del proceso concursal. Más allá de aquellos que pudieron impulsar el proceso, se destaca como sustancial aquél agregado (…) -…mediante el que se formuló una propuesta de acuerdo, que fue finalmente homologada el 9 de marzo de 2006 (…), circunstancia que en definitiva resultó beneficiosa en el marco del concurso, extremo que reconoció la querella (...). Por otro lado, y luego de alertar (…) que (…) no se encontraba matriculada como abogada, mediante la resolución del 6 de diciembre de 2006 se dispuso anoticiar a "..." que debía acreditar debidamente su personería en esos autos (…), frente a lo cual, el día 27 de ese mismo mes y año (…) confirió un poder general judicial a la abogada (…), con las amplias facultades que se observan (…), quien inmediatamente lo acompañó al tribunal y ratificó "expresamente todo lo actuado en estos autos". Lo expuesto permite inferir que el ahora querellante -con las limitaciones que para este sumario surgen del rol conferido en la intervención documentada (…)-, antes de la extensión del poder se encontraba aleccionado de la situación de (…) y consintió en que la defensa de los intereses de la empresa quedara a cargo de quien se había desempeñado hasta ese momento como letrada patrocinante, extremo que a su vez importa avalar su actuación, que obviamente genera honorarios profesionales. De ahí que no se vea configurado perjuicio alguno contra el querellante en lo que atañe a los estipendios profesionales, en tanto los honorarios que en un primer momento fueron regulados a Alteño juntamente con la Dra. (…), al cabo se fijaron exclusivamente en favor de ésta última (…), al advertirse la verdadera condición de aquélla. Por lo demás, tampoco se aprecia el perjuicio que reclama la figura aludida en cabeza de (…), al que no se le falsificó firma alguna, ni se trata el caso de aquellos supuestos típicos en los que se cumple una carga procesal, impidiendo a la parte contraria invocar su incumplimiento y demandar lo que corresponde (2). Las costas de alzada serán impuestas en el orden causado, pues la falsificación material de firmas, reconocida por la nombrada Ballester -más allá del tópico que se vincula con el perjuicioy las distintas ópticas jurisprudenciales que existen al respecto así lo justifican (art. 531 del Código Procesal Penal). Así voto. El juez Mauro A. Divito dijo: Comparto el criterio postulado por el juez Cicciaro pues, además de que los escritos que contendrían la firma falsificada de la Dra. (…), no eran susceptibles de generar el perjuicio reclamado por la norma (art. 292 del Código Penal), la ulterior extensión del poder general judicial por parte de (…) a favor de la nombrada, debe ser considerada como una convalidación de lo actuado por la letrada hasta ese momento. En consecuencia, siempre que el suceso deviene atípico en orden a las razones apuntadas, adhiero al voto que antecede, incluso en lo atingente a las costas del proceso. (...), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto obrante (…), en cuanto fuera materia de recurso, con imposición de costas de alzada en el orden causado". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 110, N.N. Rta.: 17/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 24.745, "Aguirre Saravia, Jorge", rta: 21/10/2004. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 25.081, "Torres Bande, Juan", rta: 20/05/2005.

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. Falsedad ideológica. Inspector que asentó un metraje mayor al realmente existente en un local que posibilitó que la Dirección de Habilitaciones de G.C.B.A. le otorgara una habilitación clase "C". Confirmación. 141

Fallo: "(…) no se advierten en la resolución defectos que denoten arbitrariedad; se trata de un auto ajustado a las constancias de la causa y a la prueba rendida que ha sido coherente y correctamente relacionada. La formación no profesional del encausado, un presunto error en el contenido y alcance de su actividad funcional en la Dirección en que se desempeñaba y la repetida afirmación de que las especificaciones y mediciones eran de exclusiva responsabilidad del profesional (arquitecto o ingeniero) que confeccionaba los planos con que se iniciaba el trámite de habilitación, han sido los argumentos prioritarios bajo los cuales la defensa puso en crisis el reproche que contiene el auto de procesamiento. (…) El objetivo primordial de la División que integró el imputado estuvo relacionado con el otorgamiento de habilitaciones y, tal como se desprende de la descripción de las responsabilidades primarias y de las acciones encaminadas a su satisfacción en la norma de su creación (Decreto 1507/95, fs.9707/9709), la cuestión requería un proceso con diversas etapas estratificadas -recepción de documentación, control de requisitos, verificaciones e inspecciones, observaciones-, cuyo pilar fundamental era la verificación que llevara a cabo el inspector designado en cada caso y el informe que emitiera, por cuanto era la única persona que concurría al lugar. La actuación de las instancias administrativas subsiguientes no podía sino apoyarse en los términos de lo que ese inspector manifestara haber determinado para, luego de su confronte con la normativa respectiva, aprobar o desaprobar la habilitación pretendida o sujetarla a la satisfacción de los aspectos que se hubieran observado. El verbo verificar, reiteradamente mencionado en los objetivos y acciones, denota que de lo que se trataba era de "comprobar o examinar la verdad de una cosa"; es decir, si la realidad "aparentemente ajustada a las normas" expuesta por el particular a través de los planos que aportó al inicio del trámite -encargada por él a un profesional- era o no tal. En un contexto como el del caso donde lo esencial era establecer el metraje de planta, el del entrepiso, la cantidad y medidas de los espacios libres de los medios de salida, por cuanto todos esos aspectos eran dirimentes para definir si en esa zona podía o no funcionar un local clase "C", el factor de ocupación que debía asignársele, si el piso superior debía o no tener una salida independiente al exterior, etc., medir era un aspecto esencial y el único que podía llevar a cabo esa tarea era el inspector. De otro modo, el proceso de habilitación no habría previsto "verificaciones e inspecciones"; simplemente se habría reducido la cuestión a un trámite administrativo de confronte de normas con los planos y documentación aportados por los particulares, quienes en definitiva, junto con los profesionales que ellos contrataran, serían quienes definirían las habilitaciones, en todos los casos en sentido positivo porque sería ilógico pensar que se hicieran presentaciones que no estuvieran aparentemente ajustadas. Esto que acá se pone en crisis, es lo que (…) y (…) expusieron claramente en sus declaraciones, es decir que para hacer relevamientos e informar si lo indicado en los planos y en el expediente respectivo era correcto era necesario que el inspector midiera la capacidad y los medios de salida, para lo que debían concurrir munidos de los elementos necesarios al efecto (fs…). Tal como lo señalara el juez, (…) la tarea de inspección in situ que integraba el proceso encaminado hacia la habilitación de un local incluía una efectiva actividad de medición para corroborar lo asentado en los planos. Se indicó que el inspector del Departamento Habilitaciones Especiales que concurría al predio era (…) quien tenía "en sus manos la llave que abría la habilitación", por cuanto -en ausencia de un mecanismo de contrainspección- era en base a lo que él indicara que se continuaban los pasos que culminaban con el dictado del acto administrativo. No se está hablando en el caso de diferencias insustanciales (…), sino de aquéllas que definían la cuestión porque en esa zona no podía haber un local clase "C" con superficie mayor a los 1.500 metros cuadrados (y el del caso tenía 1840; sin embargo, en los primeros planos presentados se informaron 1673,19m2 y en los agregados con posterioridad 1447,50m2, mensura esta última que (…) puntualizó como la correspondiente al predio en su informe)(…) Las diferencias son de tal magnitud que ni aún por vía de "observación" pudieron haber llevado a un informe que afirmara que "Los planos se ajustaban a lo observado en el terreno". Decir que era a los arquitectos o ingenieros a quienes correspondía con exclusividad la responsabilidad de las mediciones informadas en los planos y que para medir se necesita ser profesional, significa vaciar absolutamente de contenido la función inspectiva y verificadora, y al mismo tiempo convertir en una ficción la función estatal de habilitación porque el proceso se construiría sobre papeles y no sobre una realidad. La propia reglamentación controvierte la pretensión desincriminatoria bajo la cual se intenta amparar el imputado a través de ese "corrimiento de responsabilidades". Así, al reglamentarse el artículo que regula la habilitación de actividades sujetas a la presentación de planos del Código de Habilitaciones y Verificaciones (resolución 480/96) se prevé que, de verificarse anormalidades imputables a cualesquiera de los profesionales intervinientes en la tramitación, la Dirección General procederá a la remisión de antecedentes a los respectivos Colegios Profesionales, sin perjuicio de las acciones legales que le competa ejercer a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. La verificación de anormalidades no puede sino provenir de un control exhaustivo de lo informado en los planos, aspecto que específicamente y bajo esos términos dispone el artículo 2.1.5 del Código de Habilitaciones y Verificaciones. La fundamental importancia de la mencionada verificación en el engranaje de la habilitación priva de todo valor al agravio que se sustentó en que la decisión final no recaía en la persona del imputado. Ninguna incidencia cabe otorgar tampoco a la invocada desincriminación de los responsables de las instancias administrativas subsiguientes a la actuación de (…), por cuanto esos casos no estuvieron relacionados con resoluciones sustanciales sobre el asunto, sino con trámites presciptivos en los que esta sala se vio limitada en su intervención por no contar con recursos de los acusadores -ni público ni privado-, con los que sí contó en las incidencias relacionadas con el aquí imputado.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional La queja referida a que el auto de mérito evaluó las diferencias que se le reprochan a (…) en base a un informe pericial realizado diez años después, sin considerar posibles alteraciones posteriores a 1997, no puede ser admitida. Puntualmente, el magistrado excluyó tanto aquellas diferencias que la prueba le marcó como inexistentes a la fecha del informe cuestionado (las comunicaciones local/recepción del hotel en planta baja y local/primer piso del hotel, puerta "chicos", en la planta alta), cuanto aquella respecto de la cual no pudo determinar su real estado a la fecha de los hechos (clausura o no de la puerta de camarines cercana al escenario). Para formar su juicio sólo seleccionó aspectos estructurales que no podrían haber registrado cambios sin que fueran advertibles a los ojos que emitieron sus dictámenes en este legajo. (…) , Directora del Departamento de Habilitaciones Especiales, dio cuenta de que ambas normativas y el Código de Planeamiento Urbano estaban bajo el control de su área y constituían el objetivo específico de las inspecciones que se realizaban; en este caso, a través de la persona de (…). Excluyó de ello la Ordenanza Municipal 50.250, bajo el control directo de la Superintendencia de Bomberos, y los aspectos de seguridad contra incendios que a esa época eran de exclusiva competencia de la Dirección General de Fiscalización de Obras y Catastro (capítulo 4.12 del Código de Edificación). La normativa del Código de Habilitaciones y Verificaciones desmiente también la afirmación del encausado. En el título I, Capítulo 1.1., punto 1.1.3., se indica que las actividades sujetas a habilitación se ajustarán a las normas de los Códigos de Planeamiento Urbano, de Edificación, de aquél, y demás reglamentaciones municipales, de lo que se infiere que la legislación que reconoció aplicar le imponía, a su vez, el cumplimiento de aquellas otras dos. La parte objetó también la conclusión del juez sobre la falsedad del informe de (…) en el punto donde afirmó la falta de comunicación local/hotel en base a los planos de condiciones contra incendio de la DGFOC. Dijo que su defendido no se refirió a esos planos sino a los de habilitación, que habrían sido los que específicamente llevó para realizar la inspección. En primer término, cabe señalar que no medió error en lo expuesto por el juez, quien simplemente reprodujo la base de registro que el propio imputado mencionó en su informe, "…tal como surge del registro de los planos de condiciones contra incendio registrados ante la D.G.deF.O.y C por expediente 40.511/97, obrante a fs. 23/25." Al cotejar esa base determinó a simple vista la vigencia de la comunicación entre local/sector camarines/garage, más allá de que -conforme lo indicó el magistrado- no pudiera establecerse el estado real a ese momento de la puerta que habilitaba dicho paso (clausurada o no). (…) Las importantísimas diferencias señaladas entre el informe/planos/terreno, otras tantas que el peritaje arquitectónico puntualizó -la falta de signos sobre la existencia de un sistema de apertura electromecánico en la puerta alternativa, etc.- y la particular incidencia que habría tenido la salida a la luz de los datos reales -por cuanto no le habrían permitido a (…) emitir un informe positivo para la habilitación del local- dan sustento suficiente con la provisoriedad del caso a la hipótesis de una actuación en función de acuerdo venal previo, máxime bajo el conocimiento de que su dictamen era una pieza determinante y fundamental en el trámite administrativo subsiguiente, por cuanto él representaba la única instancia verificadora directa sin que existiera contrainspeccción. (…) el tribunal resuelve: Confirmar los puntos VII y VIII de la decisión de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Garrigós de Rébori, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Vilar). c. 530, CALDERINI, Roberto D. Rta.: 06/02/2012 FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. Público. Procesamiento. Conductor detenido en un control vehicular que exhibió una licencia de conducir apócrifa. Falsificación fácilmente advertible. Confirmación. Disidencia: necesidad de llevar a cabo una pericia scopométrica a fin de determinar si la firma es auténtica o está impresa a láser. Necesidad de la firma para ser considerado documento (art. 1012 C.C.). Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) Se atribuyó a (…) haber tomado intervención en la falsificación de la licencia de conducir (…) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a su nombre. Dicha circunstancia fue advertida por el Subinspector (…) de la Policía Federal Argentina, (…) en el marco de un control vehicular que realizaba (…), en el cual detuvo al imputado (…) y le exhibió la mencionada licencia, que aparentaba a simple vista ser apócrifa. Los jueces Alfredo Barbarosch y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) no puede atenderse al descargo del imputado, toda vez que éste no sólo no pudo dar precisiones del lugar donde funcionaría la oficina del supuesto gestor que tramitara su licencia de conducir, sino que tampoco surge del informe enviado por la Dirección General de Licencias del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que el imputado haya siquiera comenzado los trámites para obtenerla, de modo de justificar los exámenes a los que dijo haberse sometido. De este modo, como bien se expuso en el auto en crisis, tampoco inició un reclamo o trámite para corregir el error en la consignación del orden de su primer y segundo nombre, por lo que no puede considerarse que el encausado haya actuado bajo error. Por otra parte, estimamos que el documento cuestionado no se trataría de una copia burda, capaz de ser advertida por cualquiera, dado que fue el propio imputado quien reconoció en su descargo que había sorteado controles anteriores, al sostener que "varias veces me pararon y no pasó nada" (…). El juez Jorge Luis Rimondi dijo: (…) considero indispensable, previo a pronunciarme sobre el mérito de lo actuado (…) la ampliación de la pericia scopométrica (…), a efectos de que los técnicos informen si la 143

firma que luce el documento dubitado es auténtica o si, por el contrario, forma parte de la composición digital impresa con un sistema de "laser". Ello es así, dado que la determinación de este extremo resulta esencial a efectos de acreditar la configuración del tipo objetivo de la falsedad documental. Conforme a lo expresamente prescripto por el art. 1012, Código Civil, la firma es una "condición esencial para la existencia" de un documento, lo que debe entenderse, en otras palabras, que si no existe una forma autógrafa (sino solo una copia de ella) no existe documento. Siendo éste un elemento del tipo objetivo de la falsificación (art. 292, Cód. Penal, "el que hiciere en todo o en parte un documento falso") su ausencia llevaría el caso hacia la atipicidad. (…) voto por la revocatoria del auto de procesamiento recurrido, disponiendo la falta de mérito (…). (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi (en disidencia parcial), Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa) c. 42.033, TORREZ, Héctor Maximiliano. Rta.: 23/03/2012

FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. Público. Procesamiento. Libreta sanitaria apócrifa. Lesión al bien jurídico. Tipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) La asistencia técnica de (…) planteó que la falsedad de una única libreta sanitaria no resulta suficiente para afectar el bien jurídico "fe pública" y que el caso debería resolverse de acuerdo al denominado por la doctrina "principio de insignificancia". Por su parte, el Dr. (…) -defensor de (…)- postuló ausente en la especie un perjuicio de tipo económico, en tanto el trámite para obtener una libreta sanitaria es gratuito; también que no se ha verificado un riesgo para la salud pública atento la función que cumplía (…) dentro de la empresa. Expuso asimismo sobre lo burdo de la imitación del documento, extremo que torna atípica la conducta enrostrada. La defensora oficial, Dra. (…), adhirió a este último agravio, señalando que la ineptitud del instrumento se desprende de los dichos de (…) (fs. …) quien, sin mayores esfuerzos, advirtió su adulteración. Pues bien, debe recordarse que en la falsedad material, tanto de instrumentos públicos como privados, resulta suficiente la mera posibilidad de que la conducta ocasione un perjuicio, pues se trata de un delito de peligro concreto, en oposición a los tipos penales de lesión efectiva (1). Y el peligro "…no está en la falsificación en sí, sino en la función y los efectos que el particular documento representa en las relaciones específicas en que se puede hacer valer o en que se la hace valer…" (2), al tiempo que la aptitud dañosa puede ser de cualquier carácter y no necesariamente patrimonial (3). En el caso, no es dable coincidir con las defensas respecto a las características que le adjudican al documento en cuestión, pues en modo alguno su simple inspección revela que se trata de una adulteración grosera, debiendo resaltarse además que ello tampoco fue advertido por el testigo (…) en el momento en que le fue presentada (cfr. fs. …). Véase que el nombrado la percibió tras una comparación de ese instrumento con otros similares pero genuinos, y luego de efectuar diligencias en el Hospital (…). No puede perderse de vista que aquel documento tiene por objeto certificar el estado de salud de trabajadores que se desempeñan en lugares en que se llevan a cabo las actividades identificadas en la ley 2.183 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo que para su obtención necesariamente se requiere un examen médico previo, pues su objetivo es evitar la propagación de enfermedades de transmisión alimentaria o infecciosa mediante un diagnóstico precoz y, llegado el caso, el tratamiento oportuno. Precisamente, con la conducta en cuestión, esto es, la falsificación de la libreta sanitaria, se ha procurado evitar ese control estatal con el consiguiente peligro para la salud pública. He ahí el perjuicio que reclama la norma del artículo 292 del Código Penal, de aplicación al caso, a partir de lo cual es dable concluir que en nada conmueve la circunstancia de que (…) hubiera tenido únicamente por función la de proyectar películas, pues aun así le era exigible la obtención del documento. En correlato con lo señalado, y aun cuando este tribunal ya ha tenido la posibilidad de expresar su postura contraria al referido "principio de insignificancia" (4), debemos mencionar que ni siquiera hipotéticamente resulta factible ponderar su aplicación al caso por el mero hecho -como entiende la defensade que se ha individualizado sólo una libreta sanitaria apócrifa, en tanto la figura penal no demanda de multiplicidad de instrumentos para su configuración. Es por tales consideraciones que se RESUELVE: CONFIRMAR el decisorio de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso.(…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 379, LUNA, Juan E. y otros. Rta.: 27/04/2012 Se citó: (1) Pérez Barberá, Gabriel, "Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Vol. 11, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2011, pág. 558/559. (2) D'Alessio, Andrés J. y Divito, Mauro A., "Código Penal Comentado y Anotado", 2ª edición, Tomo II, Parte Especial, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2011, pág. 1492), (3) Romero Villanueva, Horacio J. "Código Penal de la Nación y Legislación Complementaria. Anotados con jurisprudencia", 3ª edición, Buenos Aires, Editorial Abeledo Perrot, 2008, pág. 1147. (4) C.N.Crim.y Correc., Sala IV, c. 1504/11 "Santoro" rta. 13/10/11; c. 730/09; "Báez Núñez" rta. 2/6/09; c. 32.427 "Zubizzarreta" rta. 17/10/07 y c. 31.003 "Borelli" rta. 27/3/07. 144

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO. Público. Procesamiento. Perito a quien el magistrado le encomendó expedirse. Persona que adquiere por ella la categoría de funcionario público. Confirmación. Fallo: "(…) I.- Analizadas las constancias de la causa habremos de homologar la resolución en crisis, pues las críticas introducidas por la defensa no alcanzan a derribar los argumentos por los que el juez de grado decidió agravar la situación procesal de la imputada (…) en los términos del artículo 306 del CPP. En efecto, el cuestionamiento del recurrente acerca del carácter de documento público de la pericia encomendada a su asistida no puede prosperar, en la medida de que tal calidad aparece determinada por la esfera en que se produce y por el sujeto u órgano otorgante. Así, no sólo se ven comprendidos los señalados por el art. 979 del Código Civil, sino también los que conceden o refrendan funcionarios públicos dentro de las esferas de sus competencias y que cumplen las formalidades legales o reglamentarias para su autenticidad (1). En la especie, la autoridad competente -un juez- le encomendó a la encausada una función pública a cumplir dentro de un organismo como lo es el Poder Judicial y con las formalidades procesales propias de la normativa aplicable al caso. En ese orden, el art. 77 del Código Penal establece expresamente que por el término funcionario público "se designa a todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente". A su vez, deben tenerse en cuenta las particulares características que revisten los peritos de oficio, quienes necesitan tener título habilitante o ser idóneos; la admisibilidad de su designación depende de un juez, pueden ser recusados por las mismas causales que este último, aceptan el cargo ante un funcionario judicial y juran desempeñarlo fielmente (arts. 458, 464, 466 y 469 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Tales circunstancias son las que permiten encuadrar a (…) dentro de de la categoría de funcionaria pública (2). Por otro lado, y en lo que respecta a la otra critica esbozada por la parte, cabe recordar que la expresión "de modo que pueda resultar perjuicio" contenida en la figura legal a estudio significa que basta con que éste obre como posibilidad, siendo que "Lo posible es lo que puede ser, no lo que va a ser si no cambian las relaciones de causalidad, porque esto último configura lo probable, y la ley no requiere la probabilidad de perjuicio, sino la simple posibilidad de él" (3). Concatenado con lo anterior, se ha sostenido que el "juez se funda en la lealtad del perito en el curso de las observaciones que se le piden, y éste investigará con tanto mayor cuidado la verdad, y sólo la verdad, cuanto que la santidad de un juramento le recuerda doblemente que lo que de él se espera es un examen concienzudo y sincero"; "Además de la fidelidad que se espera del perito, el juez tiene en cuenta su ciencia y educación práctica, y se persuade de que no le será difícil hallar los principios científicos…susceptibles de ser aplicados a los hechos de que se trata" (4). Lo expuesto denota la insoslayable necesidad de que, quien resulta designado y presta juramento para efectuar un determinado informe pericial, debe ineludiblemente tomar a su cargo los estudios correspondientes para arribar a una conclusión sobre la materia que motivó su convocatoria, la cual vale recordar se basó justamente en los conocimientos especiales que éste tiene en relación a alguna ciencia, arte, técnica, oficio o industria. Siguiendo esta línea argumental la doctrina entiende que el juez debe escoger al verdadero experto y especializado sobre la cuestión que requiere su ciencia, siendo que la imperiosa competencia como cualidad inherente y necesaria en la persona que se designa para el examen, trae como consecuencia la indelegabilidad de dicha tarea (5). Ello, demuestra claramente la potencialidad del perjuicio que trae aparejada la falsificación de las experticias cuestionadas. Finalmente, tampoco resulta atendible el agravio del impugnante en relación a los argumentos vertidos por los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° (…) al intervenir en una serie de hechos similares a los aquí ventilados por cuanto ninguna decisión se ha adoptado en la etapa de juicio que implique sostener, como lo arguye la defensa, la atipicidad de la conducta que se le atribuye a su pupila, en tanto aquel tribunal sólo se limitó a expedirse sobre la viabilidad del beneficio de la suspensión del juicio a prueba allí solicitado, conforme la propia parte lo reconoce en su escrito de apelación (ver fs....). II.- En cuanto al monto del embargo entendemos que aparece adecuado a fin de garantizar la eventual indemnización civil derivada del delito, por ser ésta una medida de protección eventual al ejercicio de tal derecho (6), y las costas del proceso que, más allá de lo alegado por el Dr. (…) en la audiencia en torno a que sus honorarios profesionales ya fueron satisfechos, también incluyen en este caso aquéllos correspondientes a los peritos intervinientes en autos y el pago de la tasa de justicia. Tales parámetros nos conducen a confirmar también este punto. En consecuencia, SE RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 655/12, DEL RIO, Carlos A. y otros. Rta.: 06/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 616/12 "Tutundjian, Claudio", rta. 4/6/12; n° 631/10 "Clínica Fleni", rta. 2/6/10; c. 259/09 "Salazar Luis Alberto", rta. 19/3/09; c. 33.473 "Chen Jien Wei", rta. 8/2/08; c. 32.714 "Pugliese Blas", rta. 26/10/07. (2) Sebastián y Carlos Ghersi, "La responsabilidad del perito oficial", en "La Ley. Revista Jurídica Argentina", Bs.As., Vol. 2004-D. (3) Carlos Creus, "Derecho Penal.Parte 145

Especial", ed. Astrea, Bs. As. 1993, t. II, pág. 430. (4) Karl Joseph Anton Mittermaier, "Tratado de la prueba en materia criminal", ed. Hammurabi, Bs. As. 2006, págs. 184/185. (5) Eduardo M. Jauchen, "Tratado de la Prueba en Materia Penal", Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe 2006, págs. 377/378. (6) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 667/10 "Santos, Jorge", rta. 16/6/10; c. 34.317 "Frigorífico Lafayette", rta, 12/5/08; c. 24.782 "Adan, Frnacisco", rta. 13/9/04.

FALSIFICACION DE DOCUMENTO. Público. Sobreseimiento. Apariencia de lo verdadero que no tiene que ser perfecta. Licencias de conducir que debieron ser sometidas a un examen pericial para determinar su carácter apócrifo. Revocatoria. Fallo: "(…) El Tribunal comparte los argumentos esgrimidos por el representante del Ministerio Público Fiscal en su escrito recursivo (…), motivo por el cual la decisión que decretó el sobreseimiento de (…) debe ser revocada. En efecto, en relación con el delito previsto en el art. 292 del Código Penal, esta Sala ha entendido que "la apariencia de lo verdadero no tiene que ser perfecta y el grado de idoneidad se mide en los términos de la apariencia de lo genuino" (1). En el caso, las licencias de conducir que poseía el encausado, que fueron presentadas ante el personal policial respectivo y que se han tenido a la vista, satisfacen las exigencias objetivas del injusto atribuido pues reúnen las características que a simple vista exhiben los documentos auténticos, de modo que se debió recurrir a un examen pericial llevado a cabo por la División Scopometría de la Policía Federal Argentina, para acreditar el carácter apócrifo de aquéllas (…). En conclusión y configurado el estado de sospecha que conduce a convocar al imputado a prestar declaración indagatoria (artículo 294 del Código Procesal Penal), esta Sala RESUELVE: REVOCAR la decisión (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 254, SANFURGO OCAMPO, Marcelo. Rta.: 12/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.022, "Cháves, Luis", rta: 12/02/2009 y c. 38.494, "Sosa, Matías", rta: 07/04/2010. FALSO TESTIMONIO. Archivo. Magistrado que de conformidad con lo requerido por el fiscal dispone el archivo de las actuaciones por existir una íntima vinculación entre el objeto del proceso y el ventilado en el fuero laboral, ante la posibilidad de resolver de manera contradictoria. Cuestión prejudicial no legislada. Nulidad. Fallo: "(…) El Sr. fiscal a cargo de la investigación (…), por estricta aplicación del art. 196, CPPN, circunscribió el hecho objeto de pesquisa destacando que el querellante denunció a (…) por haber mentido en su declaración testimonial en el marco de expediente laboral (…). Al encontrarse el juicio laboral en pleno trámite, propició el archivo de las actuaciones, al existir una íntima vinculación entre el objeto del proceso de esta causa, y el ventilado en el marco de aquél expediente, pues podría llegar a resolverse de manera contradictoria. La Sra. juez de grado, en coincidencia con lo peticionado por el Sr. agente fiscal, resolvió el archivo de las actuaciones, pues al no haber mediado por parte del magistrado interviniente decisión alguna relacionada con la cuestión ventilada en tales actuados, se impide apreciar si la alegada falsedad tendría efectiva relevancia penal. Sosteniendo que una decisión de fondo en esta instancia podría resultar contradictoria a la que en definitiva se arrime en sede laboral o podría impedir a la suscripta avocarse nuevamente al análisis del hecho denunciado. (…) conforme hemos sostenido en reiteradas oportunidades, la circunstancia de que se encuentre en pleno trámite el juicio donde se habrían vertidos las manifestaciones falsas que se atribuyen a los imputados, no resulta óbice para que se investigue en sede penal si dichos comportamientos disvaliosos han tenido lugar o no (*). "(…) el argumento de las 'resoluciones contradictorias' no es de aplicación al caso para este momento del proceso sino, en todo caso…podría representar su convalidación el efecto de cosa juzgada respecto de lo que pudiera determinarse en el ámbito civil (…)" (**). (…) lo resuelto por la Sra. juez de grado no es una derivación razonada del derecho vigente, ya que existen cursos independientes con efectos jurídicos distintos entre lo investigado en sede laboral, y la que debe llevarse a cabo en este fuero, no estableciendo ninguna norma legal una cuestión prejudicial como la que se pretende aplicar. (…) el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD del dictamen fiscal (…) y de la resolución de fs. (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. ((Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.917, RAMOS, Roberto. Rta.: 14/03/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 23.250, "Cabral", rta.: 1/9/04; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 24.106, "Cianni", rta.: 28/10/04; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 23.754, "Aceto", rta.: 31/3/05; C. N. Crim. Corr., Sala I, 146

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional c. 30.331, "Bautista", rta.: 16/2/07. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 36.969, "García, María del Pilar", rta.: 2/11/09.

FALSO TESTIMONIO. Archivo por imposibilidad de proceder y rechazo de ser legitimado como parte querellante. Declaraciones vertidas en expediente laboral en trámite. Cuestión no prejudicial establecida por la ley. Revocación. Fallo: "(…) no resulta procedente aguardar a la finalización de un juicio en otro fuero para investigar el delito de falso testimonio, pues la justicia penal es la que debe pronunciarse sobre un hecho denunciado con la pertinente disposición de medidas que permitan avanzar en torno al objeto procesal a debatirse. (…) las razones que invocó el magistrado para suspender el trámite de la causa, por imposibilidad de proceder, no se vinculan con ninguna de las cuestiones prejudiciales que la ley taxativamente establece, ni tampoco se avizoran cuestiones de excepción que permitan apartarse de la regla general en estos casos -la prosecución del proceso- (1). (…) En otro orden de ideas, sobre la legitimación que invoca el particular respecto al delito de falso testimonio, cuya naturaleza afecta a la administración de justicia, hemos dicho que, sólo resulta procedente si la conducta reprochada le causa un perjuicio directo y real (2). (…) dicha circunstancia se verifica en autos, toda vez que (…) podría encontrarse directamente afectado por el accionar de las imputadas ya que, mediante sus declaraciones vertidas en el marco del juicio promovido contra la Asociación Civil Universidad (…), habrían intentado desacreditar la supuesta relación laboral que aquél habría mantenido con (…) circunstancia que, eventualmente, podría frustrar sus expectativas de percibir la suma de la liquidación reclamada por su despido. (…) se RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Vilar). c. 846, ABALO CARMEN, Dinorah y Otros. Rta.: 24/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala V, in re c. 27.558, "Bonorino, Norma Esther…", rta: 8/03/2006; c. 35.612 "Reoyo, Javier Ezequiel…", rta: 25/03/2009. (2)C.N.Crim. y Correc., Sala V, cn 36.483, del registro de esta Sala, "Basciano, Miguel Ángel s/falso testimonio", rta. 11/03/09; en igual sentido, C.C.C.F., Sala II, Dunayevich de Martínez, rta. 12/8/85; Sala I, "Spicacci Citarella, Aldo Andrés", rta. 14/08/03.

FALSO TESTIMONIO. Archivo por imposibilidad de proceder. Estrecha y clara conexión entre el objeto procesal del expediente de instrucción y el de correccional. Confirmación. Disidencia: Cuestión prejudicial no contemplada. Procesos que persiguen finalidades diferentes. Revocación. Fallo: “El juez Julio Marcelo Lucini dijo: He sostenido con anterioridad que la regla general es que la ausencia de una resolución en la causa original no obsta a la promoción de la acción penal por falso testimonio (1). Sin embargo, en este caso, estimo que continuar con esta investigación implica inmiscuirse en una cuestión que debe analizarse en el expediente N° (…) del registro del Juzgado en lo Correccional N° (…), donde sin perjuicio de que ya se ha adoptado un auto de mérito desvinculante respecto de (…), confirmado por la Sala IV de esta Cámara, aún no está firme dado el recurso de casación interpuesto por la querella y que se encuentra a estudio ante la Sala I de la Cámara Nacional de Casación Penal (…). Se advierte una estrecha y clara conexión entre ambos objetos procesales. En aquel legajo se discute si (…) fue el autor de las lesiones padecidas por (…) y en éste, si en ese preciso momento se hallaba en su estudio jurídico junto a los clientes (…) y (…). En consecuencia, cualquier decisión de mérito que se adopte aquí, sea en beneficio o perjuicio de los acusados, indudablemente podría provocar el dictado de sentencias judiciales contradictorias, motivo por el cual debe aguardarse el pronunciamiento de los magistrados de aquella sede (2). Por ello, entiendo que corresponde confirmar la resolución apelada. El juez Mario Filozof dijo: Tal como he afirmado con anterioridad “(...) procede suspender el ejercicio de la acción penal hasta que finalice definitivamente el proceso en sede ajena, puesto que la decisión que allí pueda adoptarse puede causar estado respecto a la existencia o inexistencia de un elemento del tipo denunciado (...)” y “(...) dicha medida privilegia la necesidad de no coartar el margen de valoración de prueba del tribunal que tendrá a cargo el juzgamiento del conflicto (...) y elimina toda posibilidad de que se produzca un escándalo jurídico mediante decisiones contradictorias (...)” (3). Así, por iguales motivos que los esbozados por mi colega preopinante y dadas las particulares características del objeto procesal de esta causa, corresponde homologarse el pronunciamiento impugnado. El juez Ricardo Matías Pinto dijo: Disiento con el criterio adoptado en los votos que anteceden pues considero que la suspensión del trámite de la pesquisa hasta que se dicte una resolución final en el expediente en el que se investigan las lesiones que presuntamente ocasionó (…), implica la aplicación de una cuestión prejudicial no contemplada en el artículo 10 del Código Procesal Penal que establece que “...cuando la 147

existencia de un delito dependa de una cuestión prejudicial establecida por la ley, el ejercicio de la acción penal se suspenderá aún de oficio, hasta que en la otra jurisdicción recaiga sobre ella sentencia firme”. Doctrinariamente se ha discutido sobre el alcance de la citada norma, limitándosela a la validez o nulidad de los matrimonios y a la calificación legal de las quiebras de los comerciantes conforme lo señalado en el artículo 1104 del Código Civil. En este sentido, quedaría descartada la procedencia del instituto para la figura penal aquí analizada que no prevé tal opción (4). En igual inteligencia, otras Salas de esta Cámara han resuelto que “...se ha introducido en el análisis del asunto, una cuestión prejudicial que el tipo penal del delito de falso testimonio no requiere; esto es, la valoración que el juez laboral podía haber realizado del testimonio vertido por B. en la conclusión de aquella demanda” (5). Con similar criterio se señaló que “...la imposibilidad de proceder -como razón del archivo dispuesto en la instancia anterior- no se vincula con ninguna de las cuestiones prejudiciales que la ley taxativamente establece, ni tampoco se avizoran cuestiones de excepción que permitan apartarse de la regla en estos casos la prosecución del proceso” (6). Por su parte, la jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal refuerza esta postura cuando señala: “La posibilidad de influir en el resultado de la causa debe ser apreciada en el momento en que la falsedad se produjo, independientemente de cuál haya sido el resultado, pues la causa puede finalizar por una circunstancia que no está directa ni indirectamente vinculada con la declaración falsa. Si por ejemplo, la acción ha prescripto, señala Soler, de manera que en el momento de resolverse la causa la declaración no puede ejercer influencia alguna, no por ello deja de existir el delito de falso testimonio. La declaración seguirá siendo falsa aún cuando la causa haya finalizado por otra circunstancia” (7). No desconozco que la decisión que eventualmente se adopte en esta sede podría tener alguna incidencia en el desarrollo del otro proceso, mas ello no implica forzosamente incurrir en pronunciamientos contradictorios. En primer lugar, ambos persiguen finalidades diferentes. En uno determinar si (…) fue el autor de las lesiones padecidas por (…) y en el otro, si los aquí imputados habrían declarado mendazmente que en ese preciso momento (…) se hallaba en su estudio jurídico junto a ellos. En segundo término, la sentencia que finalmente recaiga en la causa N° (…) podría encontrar fundamento en otras evidencias o en cuestiones meramente procesales ajenas a la falsedad o veracidad de los dichos de (…) y (…), no resultando aconsejable, en consecuencia, paralizar el trámite de la presente. En razón de lo expuesto, voto por revocar el auto en crisis. (…), el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto (en disidencia). (Sec.: Oberlander). c. 43.040, WILSON, Ricardo Horacio y otra. Rta.: 22/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 41.117, “Montano”, rta.: 6/4/2011; (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VI. C. 42.847, “Freire, José Ariel”, rta.: 27/12/11; c. 41.080, “Miño, Adriana Karina”, rta.: 9/6/11; (3) V.N.Crim. y Correc., c. 41.080 “Miño, Adriana Karina”, rta.9/6/11; (4) Navarro-Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Tomo I, p. 84 y ss., 2da edición, Hammurabi, 2006; (5) C.N.Crim. y Correc., Sala I, c. 36.975, “Bonfati, Santiago”, rta.: 16/11/09; (6) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. 35.597 “Aranda, Hugo A.”, rta.: 30/3/09 y c. 40.009, “Samra, Juan P.”, rta.: 28/10/10; (7) C.N.C.P., Sala III, c. 6217, “Sartirana, María Beatriz”, rta.: 6/2/07.

FALSO TESTIMONIO. Archivo por no poder proceder. Juicio laboral en trámite. Investigación penal procedente. Demora incompatible con el derecho a ser juzgado rápidamente. Revocatoria. Disidencia: posibilidad de pronunciamientos contradictorios. Confirmación. Hechos: apeló la querella el auto que dispuso el archivo de las actuaciones por no poder proceder. Fallo: "(…) El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Se les atribuye a (…), (…) y (…) el haber declarado mendazmente en el expediente (…), (…), en trámite por ante el Juzgado Nacional del Trabajo n (…), Secretaría n (…). El señor juez de grado consideró que cualquier criterio que pueda adoptarse sobre la cuestión de fondo resultaría prematuro y contradictorio, habida cuenta de que el magistrado del fuero laboral no se expidió respecto de la entidad de los testimonios cuestionados, circunstancia que impide apreciar si la alegada falsedad tendría efectiva relevancia penal. Según mi opinión, en la medida en que en el proceso laboral no ha recaído resolución y que las declaraciones tachadas de falsas habrán de ser valoradas por el juez de aquel pleito, quien, a todo evento, debe producir la prueba que considere pertinente para acreditar tal extremo, considero acertada la decisión recurrida. Ello así pues, de lo contrario, se podría arribar a pronunciamientos contradictorios, por lo que una vez finalizada la demanda laboral y si fuese procedente, se analizarán en esta sede los dichos de los encartados (1). A tal fin, el señor juez de grado deberá oficiar al juzgado aludido para que oportunamente se remita copia de la sentencia que recayere. Así voto. 148

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional El juez Mauro A. Divito dijo: Considero que el archivo dispuesto en la instancia de grado no puede ser homologado, ya que tal como sostuviera en el precedente "Loiácono, Guillermo", c. 37.814, del 23/11/2009, el estado de trámite en el que se encuentra el proceso laboral no resulta dirimente para que en sede penal se profundice la investigación y oportunamente se emita un pronunciamiento en relación con los hechos por los que se promoviera esta querella en orden al delito de falso testimonio. Dicho criterio -que ha sido sostenido por la Cámara Nacional de Casación Penal (2)- no importa avanzar sobre las atribuciones del magistrado laboral sino reconocer que el trámite del juicio en ese fuero no impide realizar la pesquisa pertinente en éste, cuya paralización -no autorizada por la ley- acarrearía una demora incompatible con el derecho de todo imputado a ser juzgado tan rápidamente como sea posible. Por ello, voto por revocar lo resuelto en el auto de fs. (…). El Juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…) Comparto los fundamentos que expuso el Dr. Mauro A. Divito porque no resulta procedente aguardar la finalización del juicio laboral, cuando la encargada de pronunciarse respecto de la ilicitud denunciada en autos es la justicia penal. Ello, de acuerdo con el criterio asumido en anteriores intervenciones en la Sala (3), en armonía con el razonamiento del tribunal ad quem (4). Ese es mi voto. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro (en disidencia), Pociello Argerich. (Sec.: Sánchez). c. 52, FERREIRA, Fabio Alberto y otros. Rta.: 09/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 25.402, "López Viñals, C.", rta: 28/12/2004 y c. 31.381, "Pereira Aragón, Rafael L.", rta: 30/05/2007. (2) C.N.C.P., Sala III, "S., M.B." s/rec. de casación", rta: 06/02/2007, LL. 2007 - D. 495. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 31.381, "Pereira Aragón, Rafael L.", rta: 30/05/2007. (4) C.N.C.P., Sala I, c. 5545, "Bogado, Silvia Rosa", rta: 29/10/2004.

HABEAS CORPUS. Rechazado. Implementación de escáner de inspección de personas por tecnología de rayos X que perjudicaría la salud física de las personas que visitan a los detenidos. Tecnología que se adecua a los parámetros sanitarios establecidos por la ley. Cumplimiento de los requisitos de control y seguridad previstos en la Ley Federal de Rayos X. Ausencia de agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención. Confirmación. Hechos: la defensa apeló la resolución que rechazó la acción de habeas corpus promovida por los internos. Fallo: "(…) Los beneficiarios cuestionan la implementación de un escáner de inspección de personas por tecnología de rayos X, denominado "Body scan" (…), por entender que resultaría perjudicial para la salud física de las personas que concurren a visitar a los detenidos, expuestas a radiación ionizante, y agrava las condiciones de detención al alterar el vínculo familiar. Analizadas las constancias del legajo, en particular las tres audiencias llevadas a cabo de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 23.098 (…), se aprecian suficientes para homologar lo resuelto por la señora juez a quo, toda vez que según la información obtenida, la tecnología de rayos X utilizada se adecua a los parámetros sanitarios establecidos por la ley, siempre que el escáner corporal cuestionado cumple con los requisitos de control y seguridad previstos en la Ley Federal de rayos X (17.557) y las resoluciones complementarias del Ministerio de Salud de la Nación. Al respecto, el licenciado (…), a cargo del área de inspecciones de radio-física sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación, quien inspeccionó y habilitó provisoriamente el escáner aludido, de acuerdo a las previsiones de la ley 17.557 disposición 30/91- (…), señaló que el nivel de exposición que generaba el equipo en una persona luego de pasar cien veces era similar a la dosis de una placa de tórax y que se encontraba por debajo del umbral considerado riesgoso (...). Por su parte, la médica (…), del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, especialista en diagnóstico por imágenes y jefa del servicio de radiología de la Morgue Judicial, manifestó que el escáner cuestionado utiliza el mismo tipo de radiación ionizante que los equipos médicos "pero en cantidades muchísimomenores, muchísimo más bajas" (...). En la misma dirección, (…), licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en cuestiones de seguridad de laboratorio y hospitalarias, expresó que si bien no se anula la condición de peligro, "A nivel casuístico internacional no hay casos en que esta radiación provoque los efectos consignados en las personas" (…). De otro lado, la Resolución n° 170 de la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal prohíbe utilizar el escáner en mujeres embarazadas y niños, y establece un tope máximo de cien "pasadas" anuales (…). 149

En consecuencia, considera esta Sala que el empleo del artefacto cuestionado traduce un balance adecuado de los intereses en juego y, por ende, no constituye un agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención de los solicitantes, de modo que en la especie no se verifica ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 3 de la ley 23.098. Por ello, habiéndose notificado lo resuelto en la anterior instancia al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, al señor Ministro de Salud de la Nación y al Procurador General penitenciario, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución asumida (…), en cuanto ha sido materia de recurso, sin costas".

C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 893/12, SAUCEDO, Rolando Ismael. Rta.: 27/06/12

HOMICIDIO. Agravado por el vínculo en tentativa (en dos hechos) en concurso real entre sí y con los delitos de amenazas coactivas y lesiones agravadas por el vínculo, que concurren en forma ideal. Procesamiento. Defensa que alega orfandad probatoria. Ley 26.485 y compromiso asumido por el Estado al ratificar CEDAW. Intervención de la OVD de la C.S.J.N. Confirmación. Fallo: "(…) habremos de homologar el decisorio en cuestión. Acerca de los hechos que tuvieron lugar en el año 2010, el relato de (…) ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se adecuaba claramente a los síntomas descriptos por las profesionales que llevaron a cabo el informe de situación de riesgo (…). En lo que concierne al segundo hecho, (…) los distintos relatos de (…) tanto en sede policial y en el juzgado, son contundentes respecto de la situación de violencia vivida tanto por ella como por el bebé, de modo tal que la inexistencia de testigos presenciales o faltante de otras acreditaciones no resulta un obstáculo insalvable para corroborar la conducta por parte de (…). Las reiteradas denuncias que (…) realizó a lo largo de toda la convivencia que mantuvo con el imputado, las evaluaciones llevadas a cabo a (…) que dan cuenta de su perfil violento, resultan en esta instancia suficientemente idóneas para pronunciarse conforme lo ha realizado el juez instructor. (…) En cuanto a la presunta orfandad probatoria alegada por la defensa, consideramos que no resulta tal. Si bien por el ámbito de intimidad en que tuvieron lugar los sucesos no se cuenta con testigos presenciales independientes que avalen la versión de los hechos ofrecida por (…), lo cierto es que el abordaje brindado es y deber ser realizado desde la perspectiva que indica la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, norma en la que se incluyen pautas interpretativas para evitar dar una respuesta revictimizante (…) (recordemos que existieron denuncias anteriores de los años 2006/2007, y el trámite ante la justicia civil por violencia familiar). Los agravios de la defensa dirigidos a atacar la utilización de dicha ley carecen de asidero, pues se trata de una norma de orden público, aplicable en todo el territorio de la República Argentina (art. 1 de la norma citada), cuyas disposiciones están orientadas a todos los organismos del Estado para que se avalen derechos y garantías mínimas a las mujeres en cualquier procedimiento judicial o administrativo (art. 16 de dicha ley). A su vez, en su art. 41 aclara, en forma expresa, que en ningún caso las conductas, actos u omisiones previstas en esa ley importarán la creación de tipos penales, ni la modificación o derogación de los vigentes (art. 41 idem), mas introduce pautas de interpretación y abordaje adecuado a la temática. Resta señalar que dicha norma es parte de una serie de instrumentos legales que responde a los compromisos asumidos por el Estado con la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) -que también conforma el Bloque de Constitucionalidad Federalen lo que respecta a condenar todas las formas de violencia contra la mujer, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (arts.7 inciso "b"). En cuanto al agravio introducido por la defensa en la audiencia oral llevada a cabo, respecto que por parte de (…) hubo un desestimiento voluntario de la acción -en los hechos de este año- por cuanto habría dado comienzo de ejecución a la conducta, pero luego habría decidido no continuar con la misma, excluyendo de esta forma la tipicidad de la conducta, entendemos que no se configuran los elementos como para tener por desistida la acción que (…)-al menos con el grado de certeza provisorio que se requiere en esta etapa procesal- llevó a cabo, sin perjuicio de la calificación legal que en definitiva corresponda. (…) se resuelve: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar). c. 582/12, V.A.J. Rta.: 15/05/2012 HOMICIDIO. Calificado por su comisión mediante el suministro de veneno. Procesamiento. Orfandad probatoria. Diligencias pendientes de producción. Revocación.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Fallo: "(…) El juez a quo ha tenido por acreditado que (…), mediante un acuerdo previo con (…), le habría facilitado cianuro con el objeto de que esta última se lo suministrase a (…) a fin de matarlo, lo que habría hecho en definitiva en horas de la noche del día 11 de diciembre de 2010. A poco que se profundice el análisis de la decisión que viene a estudio se observa que allí no se hace referencia a prueba directa alguna que acredite tanto la autoría de (…) como la participación necesaria que en el evento se le atribuye a (…). Se ha construido la imputación tomándose como pieza basal la declaración de (…), más precisamente la referencia que formulara en su tercera comparecencia, dato este no referido en las dos anteriores (fs. …) y que gira en torno a la manifestación que (…) le habría hecho sobre las causas de la muerte del occiso derivada de la ingesta de cianuro, cuando ello aun no había sido determinado en el proceso. Dicha afirmación, por sí sola, resulta insuficiente para sustentar el procesamiento que nos ocupa, desde el momento en que ni siquiera se han podido establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que habrían tenido desarrollo las conductas que, de manera genérica, se atribuyen a los imputados. Es cierto que se verificó que la encausada ingresó al departamento donde se produjo el deceso cinco minutos antes de solicitar el auxilio de los médicos, mas resulta difícil avalar la posibilidad de que en tan breve lapso pudo matarlo haciéndole tragar veneno, sin perjuicio de que tampoco se encuentra establecido cómo y cuando fue que (…) le entregó esa sustancia. Las declaraciones de (…) (fs. ...) tampoco pueden dar crédito a la sospecha delictuosa si se atiende a que, en forma conteste con lo expresado por la inculpada en su descargo (fs. ...), indicó que al momento de recibir el llamado de auxilio sólo se le indicó que la víctima "tomó algo", sin hacer alusión alguna a la palabra cianuro. Asimismo (…), quien señaló en un primer momento que el propio imputado le había dicho que su padre se suicidó con cianuro, mudó luego su versión revelando que ello no había sido así y que su testimonio anterior estuvo influenciado por lo que escuchó decir a su tía (…). En esas condiciones de orfandad probatoria, teniendo en cuenta que a la fecha aun no se sabe la forma en que la víctima habría ingerido la sustancia que le produjo la muerte (cfr. fs. …), y se desconoce la existencia de algún motivo que hubiese impulsado a los causantes a matar, no es posible, de momento, atribuirles intervención alguna en tal suceso, de modo que corresponde revocar el auto traído a estudio. Sin perjuicio de ello, y teniendo en cuenta que aun existen diligencias las diligencias pendientes de producción en el sumario, devine pertinente adecuar la situación de (…) a la prevista en el artículo 309 del C.P.P.N, todo lo que así se RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 1.934, SALDARRIAGA GOMEZ, Lina y otro. Rta.: 13/02/2012 HOMICIDIO. Culposo agravado por la conducción imprudente de un automotor. Conductor que permitió viajar en el estribo de la puerta del camión al causante, fallecido por la colisión con otro rodado. Autopuesta en peligro por parte de la víctima que no excluye la imputación al conductor, garante de la evitación del resultado lesivo. Infracción al art. 39 inc. b, ley 24.449. Confirmación. Fallo: "(…) Al momento de analizar los elementos reunidos en la causa, no quedan dudas de que (…) adoptó una conducta temeraria introduciendo un riesgo no permitido por las normas que rigen el transporte. Sin perjuicio de ello, en el caso, la autopuesta en peligro no neutraliza la imputación a (…), quien, en su rol de conductor, era garante de la evitación de determinados resultados lesivos. Las leyes que reglamentan el tránsito vehicular indican que el acusado tenía prohibido circular con su compañero en el estribo del vehículo, pues, en esas condiciones, no estaba prestando el cuidado y prevención debida que le permitiera conservar en todo el momento efectivo dominio del vehículo (art. 39 inc. b, ley 24.449). No se trata, como alega la defensa de imputar a una persona por no evitar resultados lesivos de quien se comporta infringiendo su deber de autoprotección. (…) no tenía que conducir con mayor diligencia por llevar a (…) en el estribo, llanamente, no podía circular con una persona colgada del camión, pues implicaba introducir un riesgo prohibido en el tránsito. La circunstancia de que la práctica usual de los empleados que reparten mercadería es viajar de ese modo, y que la empresa notificó que no podían hacerlo, no resulta suficiente para excluir la responsabilidad de (…). En efecto, el empleador también le informó a él acerca de la norma prohibitiva, lo cual refuerza el conocimiento que ya tenía por su propio rol de conductor. Por todo lo expuesto, consideramos que el resultado lesivo también debe ser atribuido a su conducta negligente, y en mérito de ello, resolvemos: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Poleri). c. 731, RUIZ, Alejandro M. Rta.: 03/02/2012

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HOMICIDIO. Culposo. Conducción imprudente de un automotor. Procesamiento. Conductor que embistió a la víctima cuando cruzaba y le provocó la muerte. Infracción al art. 39, inc. b, 41, inc. c, de la ley 24.449. Confirmación. Fallo: "(…) Los fundamentos expuestos por el recurrente no logran conmover el análisis efectuado por el Sr. juez a quo al disponer el procesamiento de (…). La versión brindada por el imputado en torno a lo ocurrido (cfr. fs. ...) se ve desvirtuada por el relato de (…) (fs. ...), del que se desprende que el primero circulaba a bordo de su vehículo por (…) a elevada velocidad y, sin disminuirla, al llegar a la intersección con la Avenida (…), inició el giro hacia su izquierda impactando a la víctima que se disponía a cruzar la calzada lícitamente. La defensa cuestiona el testimonio de (…) al poner de resalto que el preventor no pudo dar con testigos del hecho soslayando que su presencia en el lugar fue asentada en el acta inicial (cfr. fs. …). Por lo demás, su versión, analizada a la luz de la sana crítica (artículo 241 del código ritual), transmite veracidad acerca de lo sucedido. El cuadro de cargo se integra además con el informe de fs. (…) que da cuenta de los daños que presentó el rodado con posterioridad al episodio y con el dictamen del Cuerpo Médico Forense (fs. …) del cual surge que las lesiones sufridas por (…) "se vinculan causalmente con el óbito, ya que si bien el mismo no fue inmediato, las complicaciones tienen vinculación directa con las lesiones mencionadas y sus respectivos tratamientos y estado general de salud post-accidente. De la historia clínica sólo surge como antecedentes… que padecía trastornos endocrinológicos (hipotiroidismo)". Es dable sostener en base a los elementos colectados que (…) incumplió con la normativa de la Ley Nacional de Tránsito n° 24.449 en cuanto establece que los conductores conservarán en todo momento el dominio efectivo del rodado, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito, dando prioridad de paso a los peatones que cruzan la calzada y reduciendo la velocidad paulatinamente al efectuar un giro (artículos 39, inciso "b", 41, inciso "e" y 43, inciso "c", de la citada ley). Estas exigencias no asumidas por el prevenido conforman una infracción al deber objetivo de cuidado que omitió observar en la conducción de su vehículo en la vía pública y que fue determinante del resultado. Para concluir, toda vez que lo argumentado por la defensa en cuanto a la presunta imprudencia de la víctima de haber emprendido el cruce de manera intempestiva, es atendible, efectuamos algunas consideraciones. Si bien no se descarta que efectivamente haya contribuido a la producción del daño infringiendo sus deberes de autoprotección, esto no impide afirmar, al menos en este estado del proceso, que las consecuencias lesivas obedecen al aumento del riesgo provocado por (…). Sostuvo esta sala que "Los riesgos enunciados no necesariamente han de atribuirse siempre a una única persona, sino que puede darse el caso de que su administración incumba a varios sujetos. En este sentido… puede ocurrir que autor y víctima sean competentes en común…." respondiendo conjuntamente (1) (2). Todo amerita que tal situación sea analizada en la próxima etapa del proceso, por lo que de momento, y sin perjuicio del avance de la investigación, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el decisorio puesto en crisis, en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 786/12, VIERA, Walter D. Rta.: 13/06/2012 Se citó: (1) Jakobs, Gunther, "La imputación objetiva en derecho penal", Traducción de Manuel Cancio Meliá, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires, 1997, Cap. IV; Jakobs, Gunther, "Derecho Penal, Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación", Marcial Pons, Ediciones Jurídicas, S. A., Madrid, 1995, pág. 269; Cancio Meliá, M. "Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho Penal", J. M. Bosch Editor, Barcelona, 1998, §4; Roxin, Claus, "Derecho Penal, Parte General", T. I, Ed. Civitas, Madrid, 1997, §11. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 34.865, "Salamanca Ronner" rta. 17/7/2008.

HOMICIDIO. Culposo. Falta de mérito. Imputada encargada de la demolición de una obra que no brindó a la víctima los elementos de seguridad necesarios para llevar a cabo el trabajo. Dudas respecto de la tarea para la cual el damnificado fue contratado. Confirmación. Fallo: "(…) Se atribuye a (…) haber provocado el deceso de (…) al no brindarle los elementos de seguridad necesarios al nombrado para realizar trabajos de desguace del techo correspondiente a la obra ubicada en (…), ello debido a la inobservancia de los deberes a su cargo en su calidad de encargada de la demolición de dicha obra (…). (…) consideramos que de momento no ha quedado claramente determinado cuál o cuáles eran las tareas para las que la víctima y su compañero (…) habían sido contratados. Nótese que, si bien actualmente la querella sostiene que el fin de las labores que desarrollaban en (…) eran propias de la demolición del sitio y que para eso habían sido convocados, lo cierto es que de la presentación efectuada por esa misma parte (…) surge que sólo se encontraban desplegando tareas de "reparación y refacciones en el techo del inmueble (…)", circunstancia férreamente sostenida por la defensa en la audiencia. (…) consideramos útil contar con el testimonio de (…), gestora que habría estado a cargo de la tramitación de los 152

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional expedientes de la obra a efectuarse en el domicilio indicado y otros adyacentes y que, según la defensa, habrían de ser sede de un hotel. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.253, SOLOMONOFF, Marina. Rta.: 18/04/2012

HOMICIDIO. Culposo. Falta de mérito. Médica imputada de no suministrarle a la paciente un tratamiento adecuado a su enfermedad. Omisión al deber objetivo de cuidado. Necesidad de llevarse a cabo medidas de prueba para determinar concretamente la responsabilidad que la imputada pudo haber tenido en el hecho. Confirmación. Fallo: "(…) Del peritaje médico de fs. (…) se infiere que habría sido irregular la administración de sangre sin irradiar a la víctima -ver fs. (…)- como así también que "…presentó un cuadro clínico y hallazgos de biopsia compatibles con una enfermedad injerto contra huésped post transfuncional". Asimismo, en esa ocasión se sostuvo que la ausencia de autopsia no permitía determinar con rigor científico cuál fue la causa de la muerte. Recordemos que la infracción al deber de cuidado atribuida a la imputada estriba precisamente en haber ordenado la transfusión de glóbulos rojos, omitiendo cumplir con aquella exigencia previa habida cuenta el tratamiento con "(…)" que se aplicara a (…). (…) sostuvo en su descargo que no fue su conducta la causante de la muerte y puso en tela de juicio que la víctima hubiera padecido la enfermedad "injerto contra huésped" e indicó que en el caso concreto no era necesaria la irradiación de la sangre en tanto ya había culminado el tratamiento con la droga referida (cfr. fs. …). En ese contexto, coincidimos con la Sra. juez de grado en cuanto a que es necesario profundizar la investigación para evacuar las citas a que alude el artículo 304 del Código Procesal Penal de la Nación, y las restantes medidas permitirán no sólo conocer con mayores detalles las circunstancias del caso sino también la incidencia que pudo haber tenido en el resultado la actividad adjudicada a (…), quien lejos de negar el suministro de sangre sin irradiar, refirió que ello se imponía necesario en el estado del tratamiento que cursaba la paciente. Por lo expuesto, corresponde confirmar la decisión de grado en cuanto fuera materia de recurso, lo que ASÍ SE RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Barros). c. 353, SCHUTZ, Natalia. Rta.: 12/04/2012 HOMICIDIO. Culposo. Procesamiento. Actitud riesgosa asumida por el damnificado. Violación al deber objetivo de cuidado por parte del imputado. Compensación de culpas: instituto no previsto en el ámbito penal. Responsabilidad del conductor del vehículo. Confirmación. Hechos: la defensa apeló el procesamiento de su asistida en orden al delito de homicidio culposo. Sustentó que fue la propia imprudencia del damnificado, reflejada en el intento de cruzar de noche alcoholizado y fuera de la senda peatonal una avenida de doble sentido de circulación, lo que derivó en el resultado lesivo. Fallo: “(…) No se debate la ocurrencia del accidente como tampoco la desatención en que incurrió la víctima al cruzar corriendo en horas de la noche, fuera de la senda peatonal y alcoholizado, una avenida de doble sentido de circulación como es (…). (…) Sin embargo, la valoración jurídica del acontecimiento requiere establecer si, más allá de la actitud riesgosa asumida por el damnificado, el sujeto activo habría introducido un riesgo y si se representó el resultado. Así hemos sostenido que “…la concurrencia de culpa de la víctima carece de relevancia para determinar la responsabilidad penal del procesado, porque en el ámbito penal no se admite la compensación de culpas […] El cruce inoportuno o imprudente de la víctima no excluye la responsabilidad del conductor del vehículo que la atropelló, quien debe probar que adoptó las precauciones necesarias para prevenir y evitar el accidente, por lo que procede confirmar el procesamiento…” (1). (…) En definitiva, los extremos probatorios analizados nos inclinan a homologar provisionalmente el decisorio apelado (artículo 311 del Código Procesal Penal de la Nación). (…), el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar el punto I del auto de fs. (…) que decreta el procesamiento de (…) por considerarla autora del delito de homicidio culposo (artículos 45, 84 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal de la Nación); (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Sec.: Williams). c. 42.954, VILLEGAS, Barbara Julieta. 153

Rta.: 14/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 42.253 ,“Rydziel, Juan Carlos”, rta.: 12/10/2011; y c. 41.459, “Cabrerizo, Luis Eugenio”, rta.: 16/5/2011. HOMICIDIO. Culposo. Procesamiento. Evento deportivo de carácter riesgoso. Necesidad de llevar a cabo medidas de prueba para determinar concretamente la responsabilidad que cada uno de los imputados pudo haber tenido en el hecho. Revocación. Falta de mérito. Hechos: Apela la defensa los procesamientos de los imputados por homicidio y lesiones leves. Se les reprocha, como miembros de una asociación civil, el haber organizado un evento deportivo de carácter riesgoso en un lugar desconociendo si contaba con la debida autorización legal y no haber arbitrado los medios para contar con una dotación médica que garantizara asistencia inmediata. Fallo: "(…) Se les imputó entonces, a todos ellos, haber formado parte de la organización de la competencia náutica teniendo conocimiento de que el lago sito en su interior no estaba habilitado para la práctica de ese deporte y, asimismo, haber omitido arbitrar las medidas necesarias para contar con una dotación de personal idóneo que garantizara la inmediata asistencia médica de los competidores. Posteriormente, al dictarse el procesamiento de (…), se mantuvo el segundo extremo de la imputación, mas sin precisarse cuáles eran los recaudos que debieron en concreto ser arbitrados. En lo concerniente a la habilitación del espejo de agua, y a partir de la discusión que sobre ese punto se entabló en la causa, ya no se reprochó el conocimiento de su inexistencia sino la omisión de verificar su situación legal. En estas condiciones no es posible, al menos de momento, convalidar la atribución de responsabilidad que se formula en el auto inspeccionado pues aún restan dilucidar cuestiones esenciales para determinar si hubo deberes de cuidado infringidos. La defensa de (…) pretenden ampararse en que el lago, por estar en el interior del autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, gozaba de la habilitación otorgada a este predio. Para avalar ello también han incorporado constancias que dan cuenta de actividades náuticas desarrolladas allí (fs. …). Sin embargo, el otorgamiento de una habilitación de carácter general -aun cuando ella pudiese involucrar también al espacio acuático- como de adverso, su ausencia, no son datos que por sí cuenten con la relevancia, tanto en un sentido como en el otro, que se le ha querido asignar en autos. No hay dudas que el autódromo sí está habilitado para llevar a cabo en sus pistas competencias de vehículos tales como automóviles o motos. Empero, tal autorización administrativa no es suficiente para que, sin más, cualquier persona o entidad, emprenda competiciones tomando a su exclusivo arbitrio la determinación del número de participantes, magnitud y cantidad de rodados intervinientes, condiciones de la prueba y recaudos de seguridad inherentes a una actividad de carácter riesgoso. Entonces, y si bien de las explicaciones brindadas por los imputados parece desprenderse que, luego de haber acordado llevar a cabo la disputa de motonáutica la efectivizaron sin requerir autorización específica alguna, resta aún establecer ante quién debió tramitársela, como también cuál debía ser la autoridad destinada a supervisar una competencia de esa especialidad. Sólo de ese modo será posible establecer si era necesario otorgarle al lago un acondicionamiento particular para el evento, teniendo en cuenta las características específicas del que se llevó a cabo, y cuáles eran los recaudos de seguridad debidos. Por tanto, ante la ausencia de parámetros con que cotejar si los imputados incurrieron en algún tipo de omisión, se impone el temperamento expectante previsto por el código adjetivo. En el caso del encausado (…), por tratarse de un evento único, los efectos de la presente se extienden respecto del decisorio de fs. (…) (art. 311 del CPPN). RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…) y decretar la falta de mérito de (…) en orden al hecho por el que fueran indagados, sin perjuicio de la prosecución de la investigación (art. 309, del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 118, CRESCINI, Walter J. y otros. Rta.: 28/03/2012

HOMICIDIO. Culposo. Procesamiento. Instalación antirreglamentaria. Departamento alquilado. Propietario que tuvo la posibilidad de conocer las deficiencias e incumplió sus deberes de cuidado. Falta de verificación de funcionamiento de los artefactos. Confirmación. Fallo: "(…) Conforme se desprende de las constancias reunidas en el legajo, se ha acreditado que (…) falleció por intoxicación aguda con monóxido de carbono (…). Ello aconteció en el departamento sito en la avenida (…), piso (…), de esta ciudad, que alquilaba la víctima al imputado, donde se verificaron altas concentraciones de monóxido de carbono como consecuencia de una anomalía en el sistema de evacuación de los gases de la combustión hacia el exterior. Al llevarse a cabo la experticia respectiva por la Superintendencia Federal de Bomberos, se verificó que "… los tramos horizontal como vertical de los conductos encargados de arrastrar hacia el exterior los gases 154

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional producto de la combustión, eran de una escasa longitud y no se encontraba[n] rematado[s] a los cuatro vientos, como así también se observó un mallado metálico en el extremo del conducto, contraviniendo así la normativa vigente en la materia" (…). Además se observó que "…el radiador se encontraba tapado por hollín y con un estado avanzado de corrosión...", determinándose, que en un escaso lapso de seis minutos, se registraron altas concentraciones de monóxido de carbono en el ambiente, que resultan peligrosas para la vida (…). La defensa centró su agravio en la circunstancia de que el causante no tenía a su cargo la obligación de verificar si la salida de gas cumplía con las especificaciones técnicas exigibles, ya que durante el año 2005, la inquilina (…) gestionó la reinstalación del medidor y en el año 2008, (…) hizo lo propio con la reconexión del servicio (…). Agregó que ante la imperceptibilidad del monóxido de carbono por ser inoloro, insípido y sin gusto, no es posible determinar desde qué momento el calefón comenzó a emanarlo, resultando la única forma de controlar la emanación de gases a través de un gasista matriculado que realice un service periódico en el calefón, sin que esa periodicidad esté reglamentada. El representante legal de "…", (…), dijo que la reconexión del servicio implica verificar el medidor y la llave de paso (…). A su turno, (…), socio gerente de la firma "..." mencionó que en el caso de hallarse alguna irregularidad, se deja una nota (formulario 122), no se otorga el servicio y se recomienda que el cliente acuda a un gasista matriculado (…). Al respecto, cabe mencionar que no se conocen registros en torno a la reconexión que se habría realizado durante el año 2005, los que debieron encontrarse según los dichos de (…) en poder de la firma "…". Sin perjuicio de ello, el imputado dijo haber adquirido el inmueble cinco años antes de su declaración indagatoria -esto es, en el año 2006- y que desde ese momento estuvo desocupado, hasta que el 28 de mayo de 2008 fue alquilado a "…", quien solicitó la instalación del servicio. Luego, su defensa sostuvo que la reinstalación del servicio en realidad se remonta al año 2005, oportunidad en la que -contrariamente a lo declarado por (…)- éste locó el inmueble a (…), quien se ocupó de tal tramitación. Así, con independencia de quién haya sido -en definitiva- la persona que gestionó la provisión de gas para el departamento que alquilaba el imputado ya desde el año 2005, lo cierto es que en la peritación obrante (…) se concluyó en que la alta concentración de monóxido de carbono, se debía a una antirreglamentaria instalación del respectivo tubo evacuador, mientras que el radiador del calefón se encontraba en mal estado de conservación, extremo que permite inferir que el causante tuvo la posibilidad de conocer tales deficiencias e incumplió sus deberes de cuidado al no hacer verificar -antes de los sucesivos contratos de alquiler que suscribió- el funcionamiento del mencionado artefacto acorde a la normativa vigente (decreto 2459/02, reglamentario de la ley 24.076). En definitiva, la circunstancia de haber alquilado (…) la finca sin realizar un control en el sentido apuntado, creó un riesgo jurídicamente desaprobado que, -en el caso- habría desencadenado en el deceso de (…), de modo que se ha conformado un cuadro que satisface las exigencias del artículo 306 del canon ritual. Finalmente, en torno al agravio concerniente a la medida de cautela real dispuesta en autos, del recurso de apelación presentado por la defensa no se desprende la motivación requerida por el art. 438 del ceremonial a los fines de su procedencia, pues no suministró las razones específicas de su disconformidad en relación con el embargo discernido. Por ello, esta Sala del Tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR el auto documentado (…), punto I, en cuanto fuera materia de recurso. II. DECLARAR erróneamente concedido el recurso de apelación deducido respecto del embargo dispuesto en el punto III de la resolución pasada (…) (art. 444 del Código Procesal Penal)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez.). c. 461/12, ANFUSO, Roberto S. Rta.: 30/05/2012

HOMICIDIO. Culposo. Procesamiento. Médicas que practicaron un parto normal cuando lo aconsejable era una cesárea. Fallecimiento del bebé. Omisión al deber objetivo de cuidado al verificar la existencia de los factores de riesgo. Teoría del incremento del riesgo. Confirmación. Fallo: "(…) Las conclusiones del peritaje médico obrante a fs. (…), al que habrá de ceñirse esta Alzada, tornan evidente que al escoger la vía natural para llevar a cabo el parto las imputadas incrementaron innecesariamente el riesgo al cual estaban expuestas madre e hija, a consecuencia de lo cual se produjo el deceso de esta última. Es que se han verificado factores que tornaban necesario instrumentar una operación cesárea, destacándose en ese aspecto tópicos tales como la baja talla de la madre, su edad, una intervención quirúrgica previa, el hecho de haber padecido violencia sexual en el embarazo anterior, una excesiva ganancia de peso y preclamsia (cfr. fs. …), datos todos estos conocidos por las encausadas al momento del hecho. Los mismos galenos han explicado que si bien cada uno de los factores de riesgo, individualmente considerados, no justificaban la decisión de practicar una cesárea, la sumatoria de todos ellos se asociaba a un mayor peligro en el parto por vía vaginal. 155

En ese orden de cosas, la doctrina ha señalado que "…hay que insistir en que el ordenamiento jurídico no tiene ningún motivo para tolerar siquiera una conducta que posiblemente rebase los riesgos dados en caso de observar las normas de cuidado…" es que estas últimas "…exigen su observancia incluso cuando su incumplimiento, no con seguridad, pero sí probable o posiblemente aumenta los peligros para la víctima" (1). En cuanto al monto del embargo, consideramos que no resulta excesivo a los fines de garantizar la satisfacción de los rubros contenidos en los artículos 518 y 533 del CPPN, sin que la omisión de estimar concretamente cada uno de ellos provoque la invalidez de la decisión en tanto se arriba fácilmente a la suma discernida al tener en cuenta la eventual indemnización civil derivada de las conductas investigadas y el pago de los honorarios que pudieran corresponderle a los abogados particulares que actúan en autos. Por todo lo expuesto, este tribunal RESUELVE: Confirmar el auto traído a estudio en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 553/12, D. D. y A., A. I. y otros. Rta.: 29/05/2012 Se citó: (1) Claus Roxin, Derecho Penal Parte General Tomo I, pág. 382, editorial Civitas, Traducción de la 2.a edición alemana y notas por Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo Javier de Vicente Remesal.

HOMICIDIO. Culposo. Procesamiento. Médico. Accionar negligente, violación al deber objetivo de cuidado por apartarse de las reglas del buen arte de curar. Confirmación. Hechos: la defensa apeló el procesamiento en orden al delito de homicidio culposo. La víctima se efectuó una intervención quirúrgica (liposucción, lipodermo, lipoaspiración) con el encausado, falleciendo días después por un cuadro infeccioso que no fue advertido ni tratado por el profesional. Fallo: “(…) Finalmente el estudio culminó determinando la existencia de relación causal entre el fallecimiento de la nombrada y la intervención quirúrgica y la atención médica brindada por el imputado, quien con su proceder no se ajustó a las ciencias del curar y al acatamiento de las observaciones médicas que el evento requería, descartando toda responsabilidad sobre los profesionales que posteriormente la asistieron hasta su muerte en el Hospital Juan A Fernández. b) Ahora bien, sobre la base de los elementos de cargo reseñados entendemos que la violación al deber de cuidado por parte de (…) radicó en que no aplicó correctamente las técnicas quirúrgicas provocando una lesión que provocó un cuadro infeccioso de importancia, que luego no fue advertido ni tratado debidamente, destacándose que de haberlo hecho, se podría haber evitado el desenlace investigado. Por otra parte, fue trascendental la tardanza y falta de estudios complementarios para diagnosticar ese cuadro clínico y la inter consulta con un infectologo, tal como señalan los especialistas. La omisión de tales controles y de un diagnostico acertado han determinado el resultado, tal como surge de la pericia que se advierte acreditada en forma fundada y se pondera conforme las pautas de la sana crítica (art. 241 del C.P.P.N.). En esa línea de razonamiento, es dable mencionar que: “para el error de diagnostico pueda asumir los caracteres de culpa punible, es preciso que sea craso, es decir, que dependa del descuido de normas comunes de semiología, es decir, de las faltas de elementales de conocimientos de patología y de clínica” (1). Si contemplamos la especialidad del profesional investigado y a las estadísticas citadas en el informe de fs. (…), que ilustran en el caso en el aceleramiento de la afección de la salud de la víctima que le produjo la muerte, se evidencia en principio, la mala praxis médica. (…), el Tribunal RESUELVE: Confirmar los puntos I y II del auto de fs. (…), en todo cuanto ha sido materia de recurso de apelación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec.Cám.: Asturias). c. 495/12, MASTROMONACO, Gabriel M. Rta.: 30/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VII, c. 26.012, “POLI, Guillermo y otros”, rta.: 20/5/2005.

HOMICIDIO. 1) Culposo. Procesamiento. Paciente embarazada internada en el hospital con un cuadro de preclampsia leve. Atención médica brindada por médico concurrente voluntariamente y sin la debida supervisación jerárquica. Posición de garante: incumplimiento del deber de disminuir el riesgo creado. Omisión impropia. Confirmación. 2) Responsabilidad del jefe de guardia. Necesidad de cumplir medidas de prueba. Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) En el caso de (…) tanto el original de la historia clínica como el informe confeccionado por los Dres. (…) del Cuerpo Médico Forense dan cuenta de que brindó asistencia médica a (…) el 2 de mayo de 156

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 2004 en el Hospital (…), en que se encontraba internada desde el 29 de abril anterior cursando por entonces un embarazo de 39.6 semanas de gestación con un cuadro de preclampsia leve (fs. … de la historia clínica). De la constancia de fs. (…) que el propio (…) suscribió y a la que se ha hecho referencia surge que describió el estado en que se hallaba la paciente y ordenó la realización de un doopler para el lunes siguiente, de un monitoreo fetal para ese mismo día y de tratamiento con control de signos vitales, dieta general e ingesta de "Aldomet" 500 mg. cada 8 horas. A su vez, en esa misma hoja se encuentra incorporado el monitoreo realizado a (…) previo a la atención de (…), que fuera ordenado el 1 de mayo por el médico (…), estudio que, conforme el dictamen del Dr. (…) de fs. (…), no cumplía con los parámetros de radioactividad y que imponía la adopción de una conducta activa para investigar en profundidad la salud fetal y la posibilidad de finalización del embarazo. Con todo esto aparece efectivamente acreditada la asistencia a (…) brindada por (…) el 2 de mayo de 2004, después de que se incorporara el primer monitoreo no reactivo. Y precisamente la constancia de esa fecha en la historia clínica, que aparece suscripta solo por (…), exhibe que fue el único médico que la examinó ese día. No existen registros de que algún superior jerárquico hubiera efectuado junto a él la evaluación de la paciente ni tampoco que así el imputado lo hubiera requerido, más frente al ya mencionado resultado adverso del monitoreo que se había practicado el día anterior. En el descargo que formuló por escrito, (…) hizo referencia a su condición de médico concurrente de tercer año y a la necesidad de que su tarea fuera supervisada por sus superiores jerárquicos (fs. …). Cierto es que el informe del Dr. (…) a fs. (…) y la legislación y reglamentación por él citada, que reprodujo el juez de grado en su pronunciamiento (Ley 17.132 que contiene las "Reglas para el ejercicio de la medicina, odontología y actividad de colaboración de las mismas", la Resolución 45/SSPMA/86 sobre "Sistema municipal de Concurrencias del Equipo de Salud" y la Ordenanza 40.997/85), dan pauta de que el médico concurrente no debiera realizar actividades asistenciales ni suscribir informes y su práctica tendría que ser supervisada. Sin embargo, no pueden ser atendidos esos argumentos, pues mal puede pretender por ese simple expediente desligarse de responsabilidad quien no solo poseía el título de médico y como tal -aún en condición de concurrente- prestaba servicios en ese nosocomio, sino que precisamente en razón de su actividad asumió la evaluación profesional de (…), que realizó en forma personal y sin control de otros médicos, conforme surge de la indicada foja (…) de la historia clínica. En definitiva, su deber o posición de garante se construye en el ámbito de actuación que voluntariamente tomó para sí en la guardia del Hospital (…) en esa fecha, al examinar a (…) en su calidad de médico sin supervisión alguna. En tanto no solo ejerció ese rol sino que tomó conocimiento de la situación crítica que exhibía el monitoreo fetal del día anterior, tenía el deber de adoptar, mediante un quehacer activo, las medidas conducentes a establecer con mayor profundidad y premura de lo que se hizo la salud del feto e incluso disponer o eventualmente consultar con sus superiores la posibilidad de interrupción del embarazo. Y en tanto a partir de la acción omitida posiblemente se hubiera evitado la producción del resultado, corresponde adjudicarle su causación o no evitación. Es por ello que (…) debe responder como autor por omisión impropia del delito de homicidio culposo de (…), por haberse conformado el grado de probabilidad exigido en el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación. "(…) Por otro lado, el pronunciamiento cuestionado centra el reproche a (…) en la falta de supervisión de la atención brindada a (…) por (…) el día 2 de mayo de 2004, dada su condición de Jefe de Guardia del Hospital (…) en esa fecha (según informe de fs. …), y la consecuente vinculación de esa omisión con la intervención imperita del médico concurrente que aparece ligada al resultado atribuido. Sin embargo, sobre este aspecto no resultan suficientemente esclarecedores los informes labrados por el Hospital (…) y agregados a fs. (…), en tanto subyace la duda respecto de cómo debía conformarse la Guardia Interna de ese nosocomio (de la que dependía el Centro Obstétrico en que habría estado internada (…), según surge de fs. …) en la fecha en que brindó la asistencia (…) (2 de mayo de 2004) y cuál resultó ser por entonces su real composición, entre médicos de planta y concurrentes. Solo con esos datos podrá evaluarse si (…), quien afirmó que no era su función controlar la praxis de los médicos de guardia sino administrar los recursos para garantizar la efectiva prestación del servicio de salud (fs. …), puede ser responsabilizado por la omisión que le fue atribuida y su eventual incidencia en el resultado lesivo que finalmente se produjo. Entiende el tribunal que hasta tanto se incorpore esa información, la situación procesal del imputado no puede agravarse a tenor del artículo 306 del digesto adjetivo y, por el contrario, debe ser resuelta en los términos del artículo 309 de ese ordenamiento. Es por lo dicho que se RESUELVE: I. REVOCAR lo resuelto a fs. (…) en cuanto fue materia de recurso y DECRETAR EL PROCESAMIENTO de (…), de las demás condiciones personales consignadas en autos, por considerarlo en principio autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo (artículos 45 y 84 del CP y 306 del CPPN). III. REVOCAR el punto II del mencionado auto en cuanto fue materia de recurso y DECLARAR LA FALTA DE MÉRITO para procesar o para sobreseer a (…) en orden al hecho por el que fue indagado (artículo 309 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 94, S., D. y otros. Rta.: 14/03/2012

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HOMICIDIO. Culposo. Sobreseimiento. Ausencia a la violación al deber objetivo de cuidado. Víctima que realizó el cruce peatonal cuando su prioridad de paso se había desvanecido. Confirmación. Fallo: "(…) Al confirmar la falta de mérito dictada en su oportunidad la Sala coincidió con el Sr. juez de grado en cuanto a la necesidad de analizar las imágenes aportadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la profundización de la pesquisa para determinar la mecánica de producción del resultado. Si bien se ha mencionado la utilidad de un peritaje para establecer cuál de las maniobras efectuadas por el imputado causó las lesiones que provocaran la muerte de (…), dicha medida no se advierte de utilidad frente a la opinión del médico legista (…), quien refirió que si bien sería posible realizarlo la respuesta carecería de certeza, y ante las consideraciones expuestas por el médico forense (…) que fue claro en cuanto sostuvo que el óbito se produjo instantáneamente, que todas las lesiones verificadas fueron vitales y contemporáneas entre sí y todas ellas idóneas en relación al resultado en forma única o simultánea. Por otra parte, no obstante que la querella reclama su producción, no especifica, ni aún someramente, cuál es el objeto que tendría el estudio ni estimativamente los puntos de pericia que podrían resultar de interés. Frente a ello, no pueden soslayarse los testimonios de (…) y (…), respecto de quienes no existen motivos para dudar de su veracidad y carecen de vinculación con las partes. Sus dichos corroboran el descargo del encausado y dan sustento a la desvinculación recurrida al analizarlos en conjunto con la restante prueba recabada. No soslaya el tribunal que a fs. (…) y (…) mencionan que el colectivo pasó sus ruedas delanteras por sobre el cuerpo de la víctima. No obstante, en la ampliación de su declaración en sede judicial, (…) menciona que había sido erróneamente asentado ese dato, siendo que fueron las ruedas traseras las que aplastaron a la damnificada. Por su parte, (…) coincidió al explicar el punto (ver fs. …) relatando que luego del impacto el colectivo pasó por encima de la mujer con sus ruedas traseras. En tanto, (…) explicó ante el juez que no recordaba dicho extremo, pero que suponía que habrían sido los neumáticos del frente dado que así constaba en su primer testimonio. Cabe merituar en este examen, que en esa primera declaración no surge referencia alguna a las maniobras de retroceso que con posterioridad al impacto habría realizado (…), aplastando nuevamente a (…) y que no se han constatado daños en la estructura de la carrocería que indiquen objetivamente el lugar preciso del impacto (ver fs. …) . La alegada violación de la prioridad de paso en favor del peatón que la querella le atribuye a (…) (no haber detenido el colectivo y ceder el paso al peatón que previsiblemente iba a cruzar) no explica el resultado lesivo, pues ha quedado demostrado que el vehículo no embistió de frente a la damnificada toda vez que al momento del impacto el rodado ya había iniciado el giro. Por el contrario, la conducta de la víctima, relatada por quienes presenciaran el suceso, da acabada respuesta al hecho, que tuvo lugar al impactar (…) con la parte lateral derecha del rodado, siendo aplastada por las ruedas traseras derechas de la unidad. No puede admitir la sala el argumento expresado en el escrito de apelación vinculado a que el único deber de cuidado que debe observar el peatón es el cruce por la senda peatonal con luz habilitante siendo irrazonable una exigencia mayor. Por el contrario, si bien el deber objetivo de cuidado en materia de tránsito tiene mayormente fuente normativa (ley de tránsito), la actividad de quienes en él intervienen debe siempre adecuarse a la situación concreta en la que tiene lugar. Así las cosas, ante el giro que se encontraba realizando el colectivo, es insostenible que la luz del semáforo y la senda peatonal autorizaran a (…) a seguir su camino "totalmente confiada" sin reparar que, entonces, la prioridad de paso ya se había desvanecido. Por lo expuesto, compartiendo el análisis realizado en la decisión puesta en crisis, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Guglielmi). c. 435, REZZA SALVATIERRA, Jesús Angel. Rta.: 02/05/2012

HOMICIDIO. Culposo. Sobreseimiento. Responsabilidad de la víctima en el hecho. Autopuesta en peligro. Confirmación. Fallo: "(…) Se encuentra acreditado que el (…), entre las 4.00 y las 7.00 hs., (…) subió al ascensor n° (…) del edificio ubicado en la calle (…) de este medio, y al quedar atrapado entre el (…) piso, intentó evacuarlo abriendo sus puertas, mas al hacerlo cayó al vacío a través del espacio descubierto entre la cabina y el nivel del piso en la cuarta planta. A raíz de politraumatismos, traumatismo y fractura de cráneo, producto de los golpes sufridos al desplomarse e impactar contra el subsuelo, (…) falleció en el lugar del accidente (autopsia de fs. …). En este contexto, se le imputó a (…), a cargo del mantenimiento del elevador, no haber efectuado los controles ni verificado que su representante técnico los realizara al no constatar los libros de registro, ni concretar las reparaciones pertinentes o comunicar los desperfectos existentes, los cuales derivaron en la apertura de las puertas del ascensor cuando no se hallaba a la altura correspondiente, determinando la caída de la víctima. A su vez, a (…), quien se desempeñaba como representante técnico del antes nombrado, se le atribuyó no haber llevado a cabo los ensayos sobre los sistemas mecánicos y eléctricos y no dejar asentado en los libros 158

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional respectivos el resultado de las inspecciones, impidiendo que se tomara conocimiento de las fallas mencionadas (cfr. fs. …). Relatado sintéticamente el hecho, consideran los suscriptos que el auto apelado debe ser homologado, pues surge de lo actuado que el funesto resultado no encuentra explicación en una violación al deber objetivo de cuidado atribuible a los imputados sino, exclusivamente, a la conducta de la víctima. En primer lugar, y más allá de las objeciones efectuadas por la querella, no es posible desconocer que el Ingeniero (…), de la Superintendencia de Bomberos de la P.F.A., inspeccionó el ascensor horas después del suceso y dio cuenta de su normal funcionamiento general, así como de la correcta activación de los sistemas de alarma y cierre de las puertas de rellano instaladas en todas las plantas del edificio, pues ninguna se abría si el vehículo no se hallaba a nivel. Además, ensayó una explicación en torno a que la detención del ascensor pudo deberse a que la víctima abrió inadvertidamente alguna de las puertas internas de la cabina, haciendo que quedase en una posición intermedia entre dos pisos, destacando que la apertura de la compuerta de rellano en esa ubicación sólo podría haberse conseguido efectuando una maniobra específica sobre el patín de la cerradura para forzar el mecanismo (cfr. fs. …). De dichas consideraciones se extrae entonces que la puerta en cuestión no tenía un desperfecto técnico en su mecanismo de cierre, sino que el accidentado habría destrabado manualmente su cerradura. Cabe destacar en apoyo de esta hipótesis que aún cuando la autopsia del cuerpo no abordó la cuestión por no haber sido sometida a consideración, tanto del testimonio del preventor como de las vistas fotográficas obtenidas en la ocasión se advierte que en una de las paredes internas de la cabina existían diversas manchas de grasa aparentemente efectuadas con los dedos (cfr. fs. …). Por otra parte, se estableció que al momento del hecho (…) tenía un nivel de alcohol en sangre de 1,75 gramos por litro, circunstancia que se compadece con el relato de sus amigos, quienes coincidieron en que aquella noche había bebido considerablemente, al punto que debieron trasladarlo hasta la puerta del departamento (cfr. fs. …). En estas condiciones, no puede imputarse el resultado acaecido a una conducta negligente de (…) o (…), toda vez que (…), en lugar de accionar la alarma y aguardar a que lo rescataran, emprendió la salida irregular del habitáculo del ascensor descolgándose de la cabina, lo cual importó su autopuesta en peligro y desencadenó el curso causal que desembocara en el luctuoso resultado. En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: Confirmar el decisorio impugnado en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 612/12, SANCHEZ, Carlos y otro. Rta.: 04/06/2012

HOMICIDIO. Culposo. Sobreseimiento. Resultado imprevisible. Autopuesta en peligro de la víctima. Confirmación. Hechos: la querella apeló el sobreseimiento de quien venía circulando por la autopista, a una velocidad de entre 40 y 50 kilómetros por hora, y atropelló a la víctima, que se encontraba empujando lentamente a pie su vehículo de alquiler, con la puerta delantera izquierda abierta, a raíz de un desperfecto técnico que lo obligó a detenerse sobre la autopista, en el carril derecho y le ocasionó la muerte. Fallo: “(…) Compartimos el temperamento desvinculante adoptado pues las constancias de la causa permiten sostener que el resultado acontecido (…) fue imprevisible y por lo tanto inevitable para (…), habiéndose colocado la víctima en una situación de riesgo tal que lo determinó. (…) Descender del automóvil en una autopista en la que está previsto que los vehículos pueden circular a 80 km/h, en un horario en donde el tránsito es muy fluido (…) e intentar remolcar a pie el rodado con su puerta abierta y sin ningún tipo de señalización, permite concluir que la muerte de (…) fue consecuencia de una autopuesta en peligro y, como tal, ajena al accionar del imputado por lo que el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…), en cuanto fueran materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 159, DÍAZ, Gerardo Ezequiel. Rta.: 11/04/2012 HOMICIDIO. Sobreseimiento. Ausencia de negligencia y de violación al deber de cuidado por parte del personal médico. Tratamiento adecuado. Atipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) Previamente importa señalar que los hechos objeto del presente sumario fueron debidamente descriptos en las anteriores intervenciones de la Sala, -varias de ellas con integración parcialmente distinta- a cuyo detalle remitimos por razones de brevedad, no obstante lo cual y con excepción de la resolución de fs. (…), que luego fuera anulada por el Superior (fs. ...), tendieron siempre a considerar incompleta la 159

investigación y a profundizarla en procura de la revelación de lo realmente ocurrido en la sucesión de acontecimientos vinculados con la actuación de los profesionales de la medicina que asumieran el tratamiento de la señora (…) y que culminaran finalmente con su deceso (ver al respecto fs. …). Sentado ello, vamos a adelantar que hoy estamos en condiciones de dar solución a este caso que lleva ya siete años de trámite, pues todas las diligencias indicadas oportunamente por el tribunal fueron satisfechas por el a quo y muchas de ellas, en especial los ilustrativos trabajos periciales llevados a cabo por eximios facultativos a los que se convocara para complementar, ampliar y despejar los interrogantes que no se habían satisfecho totalmente con las experticias iniciales, han logrado el cometido que se propusiera alcanzar para arribar a una decisión adecuada relativa al complejo caso que se presentara reiteradamente a nuestra consideración. En principio, una intensa deliberación acerca del tema a decidir nos conduce a estimar que los fundamentos vertidos por el recurrente durante la audiencia no logran desvirtuar el análisis que de la generosa prueba acumulada efectuara el juez de grado, así como tampoco conmueven los argumentos mediante los que arribara a la solución liberatoria que viene impugnada. Es así que tales cuestionamientos se han centrado en dos aspectos: uno en dirección a que tanto la paciente como su familiar más próximo, nunca se opusieron expresamente a la práctica que podría haber resultado eficaz para evitar el óbito de la primera, consistente en la ablación de sus riñones; otro, en achacar a los médicos responsables la omisión de inocular a la entonces internada contra la "hepatitis B", razón por la cual contrajo la dolencia y se produjo consecuentemente un agravamiento en su cuadro clínico. Cabe acudir a la consulta, entonces, de los resultados obtenidos a raíz de los diversos peritajes médicos que se realizaron a lo largo del trámite con integrantes de diversas y reconocidas instituciones tales como el Cuerpo Médico Forense (fs. …) y la Gendarmería Nacional (fs. …), en el que intervino también el perito de la parte. Finalmente, la junta de especialistas integrada por los Dres. (…) -Directora Médica de Educación del Comité de Peritos de la Asociación Médica Argentina-, (…) -Médica Legista y Profesora adjunta de la División Infectología del Hospital de Clínicas José de San Martín- y (…) -Médico Legista y Nefrólogo de la Dirección de Nefrología del mismo nosocomio- cuyos informes obran a fs. (…) y de cuya idoneidad ilustran por sí los cargos que ejercen y los antecedentes, que especialmente en el caso de la primera, se han informado en el expediente. Todos los expertos de mención concluyeron en que los imputados actuaron conforme al buen arte de curar, pero merecen destacarse, en esta nueva ocasión y por su calidad científica, las inferencias de los últimos facultativos intervinientes, que por otra parte fueron los únicos exceptuados de cualquier tipo de observación por la querella. Para un comienzo, y así dar una sintética contestación al cuestionamiento del acusador particular en cuanto a la aparente carencia de suministro de la vacuna contra la hepatitis, ello encuentra una perspicua explicación en la respuesta pericial brindada a fs. (…) (puntos "…"), al replicarse que "Cuando existe un proceso infeccioso importante y persistente se dilata la vacunación hasta superar el mismo…. Se desprende del material peritado que se realizaron los correspondientes controles de serología. No se realizó vacunación por motivos clínicos dado que la paciente se encontraba infectada". Superado este primer tramo de la impugnación, y pasando ahora a tratar el otro agravio del impugnante, no existe discrepancia en autos en cuanto a que, tras la ineficacia de los tratamientos de diálisis y el agravamiento del foco séptico que no pudo ser evacuado "la conducta médica adecuada, ante esta evolución, hubiera sido la extirpación de los riñones…y el transplante renal. Tal conducta sería cumplir con la lex artis. De haberse podido actuar de esa manera, se podría haber evitado el desenlace de la enfermedad renal.". Frente a esta conclusión adquiere predominante relevancia que luego se haya asentado "La historia clínica de quien en vida fuera (…) describe la negativa de la paciente a aceptar esa decisión." (cfr. último párrafo de fs. …). Como ya adelantamos, en este punto radica la principal crítica del impugnante, al afirmar al respecto que jamás la paciente ni su cónyuge se opusieron a la ablación de los órganos comprometidos admitiendo que, de haber sido así, la conducta de los imputados resultaría atípica por imperio de la autonomía individual de decisión que le era inherente a la fallecida. Mas la historia clínica claramente detallada en el informe de fs. (…) se contrapone a esta versión del apelante, pues consigna que la enferma se negó a aceptar los tratamientos propuestos por los médicos, así como también que existieron diálogos con el familiar (fs. …) y ningún sector de la frondosa prueba técnica acumulada habilita la duda sobre lo allí asentado. Por el contrario, dichas constancias refuerzan la hipótesis elaborada por el instructor en cuanto a que el resultado fatal acaecido obedeció a la negativa de la paciente a la extirpación de los órganos comprometidos. La propia querella ha vacilado durante el decurso del expediente en definir certeramente los aspectos de la imputación, pues en un inicio sostuvo que la internada había sido sometida a diversas intervenciones quirúrgicas para desobstruir cálculos coraliformes bilaterales, sin su consentimiento. En tal sentido se pronunció el perito de parte a fs. (…) y el querellante al deponer en sede judicial cuando expresara que su cónyuge "fue llevada al quirófano engañada ya que le dijeron que le harían una litroticia…. Cuando en realidad le efectuaron una operación convencional llamada cirugía donde ni su esposa ni él brindaron consentimiento para ello. Que tampoco le solicitaron que preste el consentimiento, es decir que de haber algún documento y/o autorización con su firma o la de su esposa que avale esos extremos es 'trucho'" (ver fs. ...). Pero esta originaria visión luego resultó trastocada, dado que ahora intenta afirmar que nunca se negaron a la ablación renal, lo cual encuentra desvirtuación en el contexto de la historia clínica que, como ya expresáramos, no merece descrédito. Si bien este documento ha sido confeccionado en forma desprolija (conforme lo señalaran los peritos), no presenta vicios que autoricen a relativizarlo, pues destacada doctrina de la especialidad lo consagra como la fuente básica y principal de consulta en estos casos, ya que debe ser

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional considerado como "… la prueba elemental, básica y fundamental a la hora de determinar responsabilidades civiles, penales o administrativas… (1). No obstante, el impugnante parece ahora invertir el sentido de tal constancia, argumentando la inexistencia de cualquier instrumento que materialice una negativa suya o de su cónyuge para llevar a cabo la práctica no realizada y que la hubiera mantenido con vida. Pero esta posición podría contraponerse a la letra del artículo 19, inciso 3 de la Ley 17.132 que paradójicamente ha sido invocada por la parte durante el desarrollo de la audiencia del artículo 454, CPPN, y forzaría a una comprobación a contrario sensu de la responsabilidad inherente a los aquí imputados. Ello así, pues dicha norma establece que "Los profesionales que ejerzan la medicina están… obligados a… respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse…En las operaciones mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del enfermo…". Sobre este álgido punto, los peritos se expidieron afirmando categóricamente que se había dado cumplimiento a las exigencias de la ley de ejercicio de la medicina (ver respuesta "…" del peritaje de fs. …). También al respecto debe adunarse el testimonio ampliatorio de la Dra. (…), donde hubo de explicar de qué forma podía compatibilizarse la inexistencia de la expresa negación de un consentimiento con la mentada respuesta "(…)" de la experticia obrante a fs. (…), pues según su interpretación de la ley "…los consentimientos se solicitan para la realización de los procedimientos, y no para la no realización de los mismos" (conf. fs. (…); lo resaltado en negrita nos pertenece). Compartiendo el lógico criterio de la profesional, éste nos lleva a entender que lo que se discute en autos es el razonamiento inverso a lo que trasunta el espíritu de la ley que regula el ejercicio de la ciencia médica. Sólo con imaginar que un paciente o alguna otra persona autorizada a representarlo se negara a plasmar por escrito su oposición a un tratamiento o como en el caso, a una práctica quirúrgica mutilante, conduciría a la inoperancia de la norma que nada dice acerca de cómo debe instrumentarse un supuesto donde se presente tal negativa. Se sobreentiende entonces que los facultativos, ante una situación de tal naturaleza, deben respetar la mera expresión contraria sin otra formalidad, como sí diversamente lo requiere la concreción del consentimiento, la aceptación o la conformidad con las propuestas de amputaciones ante un cuadro clínico inicial o sobreviniente, que de otro modo no pueden ser puestas en ejecución. Sin embargo, en autos se ha presentado una situación que parece contrariar con un exceso de precaución el procedimiento indicado para instrumentar las propuestas de mención anterior. Es así que a fs. (…) de la historia clínica se dejó constancia de que "la paciente y su marido no aceptan cualquier procedimiento desobstructivo… el familiar se niega a firmar negativa" (ver transcripción de fs. …). En principio, parece que quien insertara esta constancia del modo en que lo hizo, realizó una interpretación legal errónea al intentar instrumentar lo que nosotros entendemos como la "negación del consentimiento" y no el "consentimiento negativo" como lo denomina la querella, por resultar la segunda una expresión que encierra un contrasentido. El paciente, o quien actúe por él, no puede ser conminado a suscribir expresamente su negativa con los tratamientos o prácticas que aconseje una contingencia médica. Como expresamos antes, tal disconformidad no requiere para nosotros -conforme el contenido de la norma que rige la actividad profesional en cuestión- ninguna manifestación expresa o sacramental, por lo que basta con dejarla asentada, como se hizo en la gestión examinada, en la pertinente historia clínica. Ello, soslayando lógicamente el aspecto de la "firma de la no aceptación" que ya fuera objeto de crítica. Por todas estas razones, la querella no puede valerse de la ausencia de un instrumento en el cual conste su oposición a la extirpación orgánica indicada con el objeto de endilgar a los encausados la omisión de no haberla llevado a cabo y como consecuencia desencadenar el fatal resultado acontecido. Debe estarse entonces al desarrollo de las naturales complicaciones orgánicas que lamentablemente condujeran al óbito de la paciente y que por ende no pueden ser atribuidas a conductas negligentes, imperitas, imprudentes o bien a la inobservancia de los deberes o las normas de la profesión por parte de los médicos que han sido involucrados en este proceso. Todo indica, por el contrario, que todo el grupo que actuara en la atención de la extinta, desarrolló sus respectivas actividades conforme a la lex artis de la medicina. En todo este contexto, luego del extenso período de investigación durante los cuales se agotó en lo posible la producción de medidas de prueba y ante la uniformidad de conclusiones de los expertos llamados a revisar la actuación de los imputados, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 625/12, FERRARIS, Federico y otros. Rta.: 12/06/2012 Se citó: (1) Patitó, José Ángel, "Medicina Legal", Segunda Edición Actualizada, Ediciones Centro Norte, Carlos Vicino Editor, Buenos Aires, 2001, pág. 114.

HONORARIOS. Pedido de regulación rechazada. Letrada designada como defensora que no aceptó el cargo participando activamente en el rol en forma conjunta con otro profesional. Revocación.

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Fallo: “(…) Cotejado el legajo se advierte que (…) fue designada defensora por (…) en forma conjunta con el Dr. (…). En tal carácter firmó la presentación espontánea obrante a fs. (…), aportó prueba original a fs. (…) y ya en esta Alzada pidió que se la requiera para la audiencia a celebrarse y extrajo fotocopias (…). Estas circunstancias permiten concluir que más allá de la omisión material de haber aceptado formalmente el cargo la profesional ejerció materialmente su magisterio de acuerdo a los intereses confiados por su clienta. Recordamos que el artículo 106 del Código Procesal Penal de la Nación no prevé rito alguno en tal sentido. Así, se resolvió“...Es cierto que la asunción de la defensa del imputado, por el abogado propuesto y nombrado, se complementa con la aceptación del cargo y la constitución del domicilio dentro del radio del tribunal, pero el Código Procesal Penal de la Nación no establece formalidad alguna para tales actos” (1). Inclusive se señaló que tal extremo no es imprescindible para tomar intervención como defensor en el caso (2) y que aún cuando, en principio, el asentimiento del abogado debe ser expreso, excepcionalmente, puede ser tácito (3). En otro orden de ideas la doctrina reconoce que aún ante la ausencia de la designación “...dicho defecto puede salvarse por actos indirectos o implícitos cumplidos por el tribunal; por ejemplo, permitirle asistir inmediatamente a actos de reconocimiento y suscribir actas en tal carácter” (4). En razón de que el requisito bajo análisis no resulta inamovible ni carente de excepciones, habiendo (…) participado activamente como defensora de (…) y no habiendo la parte opuesto agravio alguno a su petición, la entendemos adecuada y, por ende, se dejará sin efecto el decisorio de fs. (…). III.- Sentado ello, dada la intervención conjunta de los letrados (artículo 10 de la ley 21.839) y que el auto de fs. (…) contempló únicamente la de (…), corresponde, sin que implique conformidad alguna con los estipendios estipulados a su favor, revocarlo y devolver las actuaciones a la anterior instancia para que se meritúe globalmente su desempeño con el de (…). (…)Por los argumentos expuestos, este Tribunal RESUELVE: Revocar los autos de fs. (…) y devolver las actuaciones a la anterior instancia a los fines indicados en la presente. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 241/2012, GUERRERO, Mariana y otro. Rta.: 07/06/2012 Se citó: (1) C.N.C.P., Sala IV, c. 392, “Nicolao, Elsa”, rta.: 1/10/1996, citado en Almeyda, Miguel A. (dir.), “Código Procesal Penal de la Nación”, La Ley, 2007, tomo I, p. 550; (2) Orgeira, José M. “Reforma procesal penal. Ley 23984. Actuación del abogado defensor del imputado” JA 1992-IV-872; (3) Navarro, Guillermo R. y Daray, Roberto R., “Código Procesal Penal de la Nación”, Hammurabi, 2ª edición, 2006, tomo 1, p. 358; (4) D’Albora, Francisco, “Código Procesal Penal de la Nación”, Lexis Nexis, 6ª edición, 2003, tomo I, p. 238.

HONORARIOS. Peritos. Pautas para su regulación. Fallo: "(…) Las normas que rigen la regulación de aranceles para cada especialidad no tienen una aplicación estricta, y las pautas en ellas contenidas deben ser valoradas de conformidad con las previsiones del artículo 13 de la Ley 24.432, la que expresamente contempla la posibilidad de que los honorarios de los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la justicia puedan ser inferiores a los estipulados en los regímenes arancelarios específicos. Además, el honorario del experto tiene que guardar razonable proporción con los de los demás profesionales que intervienen en el trámite del juicio, ya que de lo contrario podrían llegar a percibir una mayor retribución que los abogados, cuya actuación abarca más etapas que la de los peritos (1). Atento lo expuesto, la naturaleza, complejidad y extensión de la documentación cuya traducción se encomendó, como también el tiempo menor a dos meses que demandó su realización y la circunstancia de que ésta no debió necesariamente constituir una labor de dedicación exclusiva, entendemos que el monto regulado en la instancia de grado resulta excesivo, razón por la cual habremos de reducirlo a la suma de (…) pesos ($ …). Por los motivos que anteceden, se RESUELVE: MODIFICAR el monto de los honorarios de la perito traductora (…), y fijarlos en la suma de (…) pesos ($ …)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 453/12, DOCE, Victoria G. F. Rta.: 07/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 789/09, "Young Chun Son" rta. 30/7/09; c. 804/10, "Zelechowski" rta. 11/6/10 y c. 1051/10, "Laurenzzano" rta. 19/8/10.

HONORARIOS. Perito traductor que cuestiona los honorarios por ser bajos y se agravia por el rechazo de la inconstitucionalidad planteada del Art. 13, ley 24.432. Justipreciación correcta establecida en la Ley 24.432. Parámetros de valoración para la elevación de los honorarios del perito basados en la complejidad del asunto, 162

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional desgaste intelectual, insumos, traslados y reserva de identidad para garantizar su seguridad. Elevación de estipendios. Confirmación. Fallo: "(…) En relación al plateo de inconstitucionalidad entendemos que la cuestión fue correctamente resuelta por el juez a quo, por cuanto constituye una manera de mantener la equidad en el caso concreto cuando la estricta aplicación de tablas arancelarias podría desembocar en montos desproporcionados a los esperables costos de un proceso, su falta de relación con lo que perciban otros sujetos intervinientes cuya participación puede resultar esencial, más prolongada y de mayor incidencia -caso de los abogados-. (…) compartimos sus fundamentos y los del representante del Ministerio Público Fiscal en cuanto postuló el rechazo de esta petición (fs…). (…) el resolutorio de fs. (…) será convalidado. (…) en lo relativo al monto de los honorarios, si bien compartimos los conceptos considerados para fijarlos, entendemos que el desgaste intelectual del perito en función de la complejidad del asunto, en el que tuvo que traducir a un dialecto prácticamente desconocido la cantidad de 102 cd´s que contenían escuchas telefónicas, fue justipreciado en forma menor a la debida. Todo este tiempo profesional aplicado, en conjunto con los costos que razonablemente pueden esperarse en insumos, traslados y demás, nos llevan a elevar los honorarios regulados al recurrente, máxime en el sub lite en donde su identidad tuvo que reservarse para garantizar su seguridad. En función de lo expuesto, se resuelve: I-) Elevar los honorarios fijados al incidentista en la resolución de fs. (…) a la suma de cien mil pesos ($ 100.000). II-) Confirmar el auto decisorio de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec.Cám. Ad-Hoc.: Gonzalez). c. 230/12., ZHENG Liang y Otro. Rta.: 22/05/2012

HONORARIOS. Regulación rechazada. Auxiliar de la justicia que solicita la regulación de honorarios como interventor judicial de una mutual. Regulación definitiva que debe ser practicada por el magistrado que debe expedirse sobre la aprobación judicial de la medida cautelar. Confirmación. Fallo: "(…) El recurrente brega por la fijación de los honorarios definitivos por su labor en el presente legajo investigativo como auxiliar del juzgado instructor por un período determinado. Ante ese pedido, el Sr. juez de grado afirmó que "lo que incumbe a honorarios por desempeño en aquella función a consecuencia de su designación y prórroga en este fuero se encuentra agotado" y consideró que el requerimiento de fijación de los estipendios finales excede su jurisdicción, en tanto expedirse de tal modo implicaría analizar las labores efectuadas ante la sede civil y el informe final allí presentado. Como puede advertirse, el Dr. (…) no ha solicitado en su escrito el pago por su actividad en la institución respecto de los lapsos transcurridos una vez que el juez civil tomó intervención, sino que a su criterio existiría un monto definitivo superior al ya abonado de modo parcial ($ …) por esos mismos períodos, cuyo remanente estaría pendiente de cobro debiendo justipreciarlo el juez de grado en función del informe de gestión final como "interventor penal". Esa postura podría encontrar fundamento en la caracterización de "parcial y provisoria" y "sujeta a una ulterior modificación al tiempo de la sentencia definitiva en que se definan las costas del proceso" de las determinaciones efectuadas (resolución de fs. …) Esta Sala descartó la posibilidad de considerar "finales" a los informes presentados en el legajo por el aquí recurrente y sostuvo a fs. (…) que "se trata de una única gestión, que se prolonga desde el momento en que fue ordenada -con fecha (…) hasta su culminación definitiva en el momento en que el magistrado civil que ahora se encuentra a cargo de la medida lo determine, por lo que los informes finales de la intervención deberán ser presentados oportunamente y en la sede correspondiente, a fin de dar cumplimiento con el trámite previsto en el artículo 227 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Es que el interventor administrador responde por su gestión apreciada globalmente no correspondiendo, en principio, supervisar por separado cada uno de sus actos […] como tampoco un grupo aislado de ellos", ello sin perjuicio de reconocer que se trataba de pagos parciales y provisorios. La posición del Dr. (…) al sostener que la denominada "intervención penal" habría finalizado y no continuó con la que identifica como "intervención civil", es una categorización que ya ha sido descartada en el auto que se transcribiera parcialmente. La regulación definitiva de honorarios es una tarea que le corresponde efectuar al juez que se expida sobre la aprobación final de la medida cautelar, que tiene carácter único, así como el desempeño del interventor debe ser estimado en forma global. Por ello, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto decisorio obrante a fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 114, ALGAÑARAZ, Juan E. Rta.: 20/03/2012

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HOSTIGAMIENTO. Elementos del tipo. Delito de competencia de la justicia en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A. (art. 52 de la ley 1472). Incompetencia. Fallo: “II.- (…) La conducta desplegada por (…) no encuentra adecuación típica en la figura prevista y reprimida por el artículo 149 bis, segundo párrafo, del Código Penal ya que si tenemos en cuenta la hipótesis trazada por la querella, su intención habría estado dirigida a obligar a su destinatario a hacer algo en contra de su voluntad, más precisamente a que dejara a su esposa y volviera con ella, lo que no sucedió, pues las frases fueron vertidas en una situación conflictiva y no lesionaron el bien jurídico protegido por esta norma que es la libertad psíquica de (…). En ese sentido sostuvimos que “tanto las amenazas como las coacciones tienden a quebrantar la tranquilidad espiritual del individuo. Así, el bien jurídico en juego es la libertad individual en su esfera psíquica, que es la libertad de determinarse, de obrar conforme a su propia voluntad”, (1) lo que claramente no se verificó en el caso. Además, tampoco tenían la idoneidad suficiente para que renuncie a la firma (…) de la cual la aquí imputada habría sido despedida unos meses antes (…). Por el contrario, se advierte que se trató de una decisión voluntariamente adoptada por (…), luego de haberse dado a conocer la relación que mantenía con (…), pero que no pudo ser atribuida a la nombrada. En cuanto al hecho señalado como d), lo cierto es que no es posible acreditar la procedencia de las fotografías supuestamente enviadas por la imputada, como tampoco del listado de llamados de fs. (…) surge que se hubieran recibido llamadas en las condiciones indicadas por la damnificada. Así, de lo expuesto se desprende que las conductas denunciadas no encuadran en los delitos de coacciones y extorsión. De todos modos como se vislumbra que aquéllas podrían subsumirse en la figura de hostigamiento, para no afectar el principio de “ne bis in idem” corresponde declarar la incompetencia en razón de la materia (artículo 35 del Código Procesal Penal de la Nación).Por lo expuesto se declara la incompetencia de la Justicia Nacional y se dispone su remisión por aplicación de lo establecido en el artículo 52 de la ley 1472 de la Ciudad Autónoma de Buenos a la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de esa jurisdicción, lo que así se RESUELVE: (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 451/12, B. , S. M. Rta.: 16/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 43.158, “Martín, Gabriel Alejandro”, rta.: 7/3/2012.

HURTO. Agravado. Bicicleta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires otorgada en préstamo y dejada en la vía pública. Vehículo. Mayor indefensión por haber sido dejado en la vía pública. Justicia de Instrucción. Fallo: "(…) Se investiga en autos el apoderamiento ilegítimo de la bicicleta número (…) perteneciente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que había sido dejada estacionada por (…) en la Cámara de Exportaciones sita en la calle Diagonal Norte 740 de esta ciudad, más precisamente junto a un cartel de publicidad que se hallaba en la puerta de dicho lugar y al ir en su búsqueda notó que alguien la había sustraído (…). El señor juez correccional se declaró incompetente, en el entendimiento de que el suceso se subsume en el tipo penal previsto en el artículo 163, inciso 6° del Código Penal, toda vez que la bicicleta otorgada en préstamo por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es un medio de transporte de pasajeros destinado al uso público y gratuito, además de que el término vehículo al que se hace alusión en dicha normativa comprende a las bicicletas. Por su parte, el señor juez de instrucción no aceptó la competencia atribuida, toda vez que en el caso bajo estudio no se dan las características de desamparo o indefensión del vehículo que determina la aplicación de la agravante indicada. Al respecto, esta Sala sostuvo que la bicicleta es un objeto cuya sustracción encuadra en el artículo 163, inciso 6°, del Código Penal, pues se trata de un velocípedo que el diccionario de la Real Academia Española define como vehículo, de modo que en la norma aludida no se comprende exclusivamente a los automotores (1). A ello se adiciona que en el sub lite se verifica la mayor indefensión que reclama la significación jurídica en cuestión, puesto que el vehículo fue dejado en la vía pública mientra que (…) realizaba diligencias en el lugar, lo que conduce a sostener que la bicicleta no se encontraba dentro del ámbito de custodia del usuario. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: DECLARAR que en las presentes actuaciones deberá continuar interviniendo el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción (…)." C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Prosec. Cam.: Larcher). c. 661/12, SILVA, Eduardo R. otro. 164

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Rta.: 30/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.456, "Esperón, Néstor", rta: 13/04/2009 y c. 37.099, "Drogo, Víctor D.", rta: 03/07/2009.

HURTO. Agravado. Procesamiento. Bicicleta estacionada en la vía pública. Confirmación.

Fallo: "(…) Se atribuye al imputado el hecho acaecido el 26 de abril de 2012, oportunidad en la que habría sustraído una bicicleta del tipo playera, color negro, propiedad de (…), quien la dejó estacionada en la calle (…), de esta ciudad. Sin perjuicio de que el damnificado refirió ulteriormente albergar dudas respecto de la autoría del desapoderamiento "porque se comenta en el barrio que quien se encuentra detenido no [la] había robado" (…), tales dichos no se condicen con el material probatorio reunido en el legajo. Ello se entiende así, pues el testigo (…), compañero de trabajo del damnificado, al tiempo de ser alertado por la víctima del desapoderamiento, ubicó visualmente al imputado, que circulaba a bordo de la bicicleta y "comenzó a seguirlo haciendo el recorrido por la calle Piedras hasta Estados Unidos hasta Tacuarí, luego por ésta hasta la intersección con la calle Chile [donde] el autor del ilícito choca con otro ciclista ocasional cayendo… para luego volver a incorporarse y huir corriendo unos metros más y ya casi a mitad de cuadra… el dicente logra dar alcance al masculino como también reducirlo" (…). Por lo demás, la oficial (…) aprehendió a (…) y secuestró la bicicleta que fue reconocida como propia por (…). Tal prueba de cargo desvirtúa la versión suministrada por el causante, en cuanto a que "había una bicicleta y… pregunté de quién era. Uno de los chicos me dijo que la llevara… como no sospeché nada raro me subí y fui pedaleando", si se repara en que (…) intentó eludir la persecución de (…) a lo largo de varias cuadras y procuró escapar luego de caer al suelo, extremo que, juntamente con los demás elementos de convicción reseñados, justifica la adopción del temperamento contemplado por el artículo 306 del ceremonial. En cuanto a la calificación legal cuestionada, es oportuno recordar que esta Sala ha sostenido que la bicicleta es un objeto cuya sustracción encuadra en el artículo 163, inciso 6 del Código Penal, pues se trata de un velocípedo que el diccionario de la Real Academia Española define como vehículo (1), lo que permite colegir que el tipo penal escogido por el señor juez de grado resulta acertado, si se tiene en cuenta el estado de desprotección en que se encontraba el rodado, en tanto su dueño la había dejado en la vía pública. Por último, en torno a la prisión preventiva arbitrada, siempre que la defensa no expresó agravios contra su imposición, resulta errónea la habilitación de esta instancia revisora (artículo 444 in fine, del código ritual). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR el auto documentado (…), punto I, en cuanto fuera materia de recurso. II. DECLARAR erróneamente concedido el recurso de apelación contra la imposición de la prisión preventiva". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 614/12, AGUERO, Victor A. Rta.: 23/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.456 "Esperón, Néstor", rta: 13/04/2009.

HURTO. De energía. Sobreseimiento. Apoderamiento de la señal de suministro de energía eléctrica de un edificio mediante una conexión clandestina, para abastecer a un local comercial. Inquilino que adujo que al momento de suscribir el contrato de alquiler, el local ya contaba con luz eléctrica. Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) Se atribuye a los imputados haberse apoderado de la señal de suministro de energía eléctrica que la firma (…) le brindaba al domicilio (…). A través de la instalación de cables, los imputados habrían interceptado el suministro de energía del edificio mencionado, desde su subsuelo, logrando que también fuera provisto de energía el local ubicado en (…) que (…) le alquilara a G.. La fiscalía mantuvo sus agravios en cuanto a la premura de desvincular al coimputado G., pues sostiene que el mencionado no podía desconocer la existencia de una conexión clandestina de manera previa al alquiler del local a R. C., incluso, desde que fue entregado a una tal "C." según refirió en su descargo. Por su parte, la defensa de G. solicitó al tribunal que se profundizara la pesquisa a los fines de poder individualizar al autor de la conexión clandestina del suministro de energía eléctrica, argumentando que su asistido negó haber concretado alguna conducta ilícita, ya que su intervención se circunscribió a alquilar el local en cuestión a un tal M. y a su vez subalquilarlo, en primer lugar, a una mujer llamada "C.", es decir que la explotación del local quedaba en manos de un tercero. (…) entendemos que es necesario contar con más elementos de prueba que permitan arrojar luz sobre la responsabilidad que le pudo haber cabido a G. Ello, en tanto R. C. en su descargo negó haber efectuado 165

alguna conexión ilegal, aclarando que alquiló el local en noviembre de 2010 y para ese momento el inmueble ya contaba con servicio de luz (…). A su turno, G. aclaró que los servicios del local corrían por cuenta de los inquilinos y que el titular de dominio es un amigo de apellido M., quien se lo alquiló a él para subalquilarlo. Asimismo, aclaró que el local no contaba con servicio eléctrico en ese momento y que previo a suscribir el contrato con R. C. (…), lo alquiló a una tal "C." y que, para ese entonces, el local contaba con luz eléctrica (…). (…) el tribunal RESUELVE: I. TENER POR DESIERTO el recurso interpuesto por la defensa de R. C. contra el punto dispositivo I de la resolución (…). II. REVOCAR el punto dispositivo II de la resolución (…) y ESTAR a la FALTA DE MÉRITO decretada a favor de G. (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.588/12, GOMEZ, Hugo Orlando. Rta.: 15/06/2012

HURTO. De mercadería transportada. En grado de tentativa. Procesamiento. Desapoderamiento de mercadería transportada ocurrida durante su entrega en la vía pública. Confirmación. Fallo: "(…) A juicio de la sala el relato de (…) en torno a que el día (…) alrededor de las 12:20, mientras entregaba mercadería en un restaurante de la calle (…) casi esquina (…), dejó sobre la vereda un paquete de seis de botellas de gaseosa, advirtió su faltante y luego observó a (…) caminando con ellas en su poder (fs. …), verifica, al menos con el grado de probabilidad que esta etapa procesal requiere, la materialidad del suceso y la responsabilidad del imputado en su comisión. Es que, más allá de destacar la necesidad de que sus dichos sean ampliados en sede judicial, no existen elementos en la causa que den cuenta de un conocimiento previo entre las partes que pudiera poner en duda su veracidad por interés, odio o animadversión contra (…) (1). También su testimonio adquiere mayor relevancia evaluado en conjunto con el del preventor (…) quien, si bien no fue testigo presencial de lo ocurrido, dio cuenta de la espontaneidad del relato de (…) y de la persecución que éste realizaba del imputado (fs. …). En tales condiciones, se RESUELVE: CONFIRMAR el punto (…) del auto de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 283, MEZA, Damian O. Rta.: 04/04/2012 Se citó: (1) C.N.crim. y Correc., Sala IV, c. 1125/11 "Velásquez Valverde", rta. 15/8/2011.

HURTO. En grado de tentativa. Procesamiento. Ausencia de legislación que contemple la teoría de la insignificancia. Bien jurídico protegido: derecho de propiedad. Confirmación. Disidencia: conducta que no importó afectación penalmente relevante. Escasa gravedad de la acción del imputado como su frustrado resultado. Revocación. Fallo: "(…), concita la atención de la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa contra el auto pasado (…), en cuanto se dispuso el procesamiento de (…) en orden al delito de hurto en grado de tentativa. Liminarmente, debe señalarse que la defensa no ha controvertido la materialidad del hecho ni la intervención que le cupo al encausado en aquél. De ese modo, el agravio de la asistencia técnica se ciñó en la insignificancia de la conducta atribuida al imputado, debido a que éste había intentado apoderarse ilegítimamente de cinco tarjetas de felicitaciones y de un adorno de felpa en forma de elefante de color, cuyo valor daría un total de veinticinco pesos ($ 25), con lo cual no se estaría vulnerando significativamente el patrimonio del damnificado. El juez Mauro A. Divito dijo: Entiendo que la conducta aquí atribuida al imputado no importó una afectación penalmente relevante respecto del bien jurídico propiedad, de modo que procede revocar el procesamiento dispuesto y dictar su sobreseimiento en atención a lo establecido en el artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal. Es que, de conformidad con el criterio que mantuve en la causa n° 36.185 "Gerban, Alfredo Javier" del 31 de marzo de 2009, estimo que tanto la acción que el imputado emprendió como su (previsiblemente) frustrado resultado revistieron tan escasa gravedad que -en definitiva- el hecho examinado sólo podría ser considerado adecuado al tipo objetivo del delito de hurto -en el caso, en grado de tentativa- (CP, arts. 42 y 162) desde un enfoque estrictamente formal y prescindiendo, puntualmente, de las exigencias derivadas del principio de lesividad que se desprende del art. 19 de la ley suprema (1), principio que en cuanto aquí interesa y en conjunción con el de proporcionalidad -derivado directamente del principio republicano de gobierno-, demanda la existencia de cierta relación entre la lesión al bien jurídico y la punición de modo que en 'casi todos los tipos en que los bienes jurídicos admitan lesiones graduables, es posible concebir actos que sean insignificantes' (2). 166

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional A partir de ello, sostengo que el hecho que se le atribuye a (…) se enmarca dentro de esta última categoría y esto es así, concretamente, porque aquél -en definitiva- importó la fugaz afectación de la tenencia de los elementos mencionados por parte de los comercios afectados, en tanto los vecinos del lugar retuvieron al imputado hasta que arribó el personal policial que procedió a su detención y al secuestro de las tarjetas y el adorno cuyo escaso valor se extrae del informe pericial (…) ($ 25). Por lo expuesto, y remitiendo a las razones que explicité en el ya citado caso "Gerbán, Alfredo J." para apartarme de las conclusiones a las que arribó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Adami" (3), voto por revocar el pronunciamiento recurrido y adoptar un temperamento liberatorio. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: De acuerdo con el criterio sostenido en reiteradas oportunidades, sin perjuicio de la ausencia de legislación que contemple el principio invocado por la asistencia técnica, debe repararse en que el bien jurídico tutelado por el delito de hurto es el derecho de propiedad, entendido en el sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional y en tal contexto, la insignificancia sólo puede incidir cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter, independientemente del mayor o menor valor de aquella, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena (4). En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Adami" (5), ha sostenido que "de la manera como se encuentra legislado el hurto, cualquiera que sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte como consecuencia del apoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que la conducta quede comprendida en el referido art. 162 [del Código Penal]". A mayor abundamiento, la propia Corte Federal ha fijado la doctrina según la cual "los jueces, al tiempo de dictar sus sentencias, deben ponderar las consecuencias posibles de sus decisiones…pues atender a las consecuencias que normalmente derivan de sus fallos constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su interpretación y su congruencia con el todo del ordenamiento jurídico" (6), criterio que en el caso cobra relevancia frente a la generalización de conductas análogas que pudiere operar en el supuesto de que prospere el reclamo defensista, en el marco de una legislación que, a la sazón, no recepta el expediente procurado. Consecuentemente, al encontrarse reunidos los recaudos del artículo 306 del Código Procesal Penal que habilitan a conformar el juicio de convicción requerido para esta etapa del proceso, voto por homologar el auto puesto en crisis. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), adhiero al voto del doctor Cicciaro, cuyos fundamentos comparto en su totalidad. (…), esta Sala RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito (en disidencia), Cicciaro, Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti) c. 645, TOLEDO, Marcelo M. Rta.: 29/02/2012 Se citó: (1) Mariano H. Silvestroni, Teoría constitucional del delito, Editores del Puerto, Bs. As., 2004, p. 211/212. (2) E. R. Zaffaroni, Alejandro Alagia y Alejandro Slokar, Derecho Penal, Parte General, Ediar, 2002, p. 495. (3) C.S.J.N., Fallos 308:1796. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 27.815, "Castaño, Miguel Angel", rta: 06/06/2005 y c. 29.243, "Gil, Marcelo", rta: 26/05/2006. (5) C.S.J.N., Fallos: 308:1796. (6) C.S.J.N., Fallos: 313:532; 315:158; 315:992 y 326:417.

HURTO. En tentativa. Procesamiento. Agravio: principio de insignificancia, escaso valor de los bienes que pretendió sustraer. Rechazo. Afectación al bien jurídico. Confirmación. Fallo: “II.-) Circunscripto el cuestionamiento a la ausencia de afectación al bien jurídico en examen, recordamos que ante un caso similar sostuvimos que: “Ella (la acción) resulta típica ya que la figura no distingue graduación alguna en lo que respecta a la lesión del bien jurídico tutelado, pues la protección al derecho de propiedad es tan amplia que se verá afectado más allá del valor económico que la cosa en sí posea. El principio de insignificancia además de no encontrarse previsto en nuestra legislación penal, a diferencia de lo que hacían los precedentes legislativos de los años 1987 (arts.3, 5 y 7), 1881 (arts.319 y 320), 1887 (art.193) y 1960 (art. 209 inc. 2°), al sancionar con pena menor al hurto de cosas de escaso valor, ha sido desestimado no sólo por nuestro más alto Tribunal, sino también por prestigiosos autores”. “…En consecuencia, de la manera en que se encuentra legislado el hurto cualquiera sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte del desapoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hacen que la conducta quede comprendida en el referido artículo 162. Citamos al respecto a Sebastián Soler cuando afirma que “…. solamente cuando la insignificancia del valor de la cosa pueda racionalmente hacer presumir el consentimiento del propietario; cuando sus características autoricen a considerar a la cosa como res nullius, aún hallándose bajo la esfera de custodia de alguien, deberá decirse que no hay hurto” (1). En el mismo precedente se citaron en abono de lo resuelto otros antecedentes del Máximo Tribunal del país (2). Así las cosas, no resultando de aplicación el principio pregonado por la defensa y no habiéndose alegado además otra causal atendible, tal como el hurto famélico, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)”. 167

C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 581/12, CARABALLO, Julio Fernando. Rta.: 07/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 42.662, “Fuente, Carlos Enrique”, rta.: 22/11/11; (2) C.S.J.N., Fallo 312:2218. HURTO. Procesamiento. En grado de tentativa. Mercadería transportada que no llega a su destinatario. Confirmación. Hechos: la defensa apeló el procesamiento de su asistido por el delito de tentativa de hurto de mercadería transportada. Intentó apoderarse de dos cajas del interior de una camioneta de una empresa, estacionada, mientras su conductor, descargaba mercadería en un local de la zona. Cuestiona la recurrente la calificación legal asignada al suceso que, a su criterio, constituye una tentativa de hurto y solicita su modificación atento a que incidiría en el término de la prescripción de la acción penal. Fallo: “(…) consideramos que la significación jurídica seleccionada por el magistrado de grado es razonable. (…) se desprende sin hesitación que la mercancía sustraída no había sido aún descargada. En ese sentido, hemos sostenido que “…el espíritu de la norma citada [en relación al artículo 163 inciso 5° del código sustantivo] es contemplar aquellos supuestos en los cuales la mercadería no llega a manos de su destinatario, aún cuando el transportista se desprenda de ella.” (1). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 43.044, VARGAS BOCANGEL, Hipolito Vicente. Rta.: 16/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 37.206 “NN s/ competencia”, rta.: 12/05/2009. HURTO. Procesamiento. Imputado que sustrajo energía eléctrica mediante conexiones clandestinas. Perjuicio económico a la empresa prestadora del servicio. Confirmación. Fallo: "(…) Se le imputa (…) haber sustraído energía eléctrica suministrada por la empresa "Edesur S.A." mediante la realización de cinco conexiones clandestinas que lograron evadir los registros de consumo reales en los domicilios de (…), cuyos servicios eléctricos se encuentran a su nombre. De modo que la empresa se vio damnificada con un perjuicio que actualizado ascendería a la suma de $ (…). (…) se RESUELVE: I.CONFIRMAR el punto I de la resolución (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (SEc.: Peluffo). c. 42.070, PRADA, Sergio Daniel. Rta.: 21/03/2012

HURTO. Simple en grado de tentativa. Procesamiento. Imputada que intentó sustraer ropa de un local comercial utilizando una bolsa especial a fin de burlar la alarma. Empleada de seguridad que la retuvo hasta la llegada de personal policial, quien le efectuó la requisa y secuestró las prendas de vestir. Inexistencia de violación a garantía constitucional alguna. Confirmación. Fallo: "(…) dispuso el procesamiento (…) en orden al delito de hurto simple en grado de tentativa (arts. 42 y 162 del CPN y art. 306 del CPPN). (…) se atribuyó (…) haber intentado sustraer cinco camperas del interior del local "(…)", (…) oportunidad en que guardó las camperas que se hallaban en exhibición, dentro de una bolsa forrada con papel metálico, a fin de que la alarma no sonara, no concretándolo, dada la intervención de una empleada de seguridad. (…) entendemos que el acto es válido por cuanto al advertir (…), personal de seguridad del Shopping (…) que la imputada, quien se hallaba con otras mujeres, se encontraría en poder de una bolsa revestida con papel metálico de las que se usarían para eludir los sistemas de alarmas de los comercios, procedió a retenerla hasta la llegada del personal preventor, basándose en un indicio suficiente que la habilitaba para ello, conforme el art. 287 del código adjetivo. (…) Luego, se convocó la presencia de personal policial y de gendarmería, quienes en el marco propio de sus funciones (art. 230 bis del CPPN), procedieron a requisar a la imputada y la bolsa cuya propiedad se le atribuye, hallándose en su interior varias prendas del local (…). (…) la detención (…) fue llevada a cabo sin violentar garantía constitucional alguna (…), el planteo introducido por la defensa debe ser rechazado in límine. (…) (…) entendemos que el 168

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional testimonio de la empleada de seguridad (…) es claro y circunstanciado (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch. (Prosec. Cám.: Souto). c. 42.695/2012, AGUIRRE, Mara Estela. Rta.: 29/06/2012

HURTO. Simple. En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que sustrajo una caja de bombones de un local comercial. Aplicación de la teoría de la insignificancia. Revocación. Sobreseimiento. Disidencia: Ausencia de previsión legal del principio de insignificancia. Lesión al derecho de propiedad. Confirmación. Fallo: "(…) Se atribuye (…) el hecho ocurrido (…) en el interior del local comercial (…) cuando habría intentado apoderarse (…) de una caja de bombones (…) de treinta unidades (30), la cual habría colocado dentro de su cartera, para luego haberse retirado (…) sin abonarla, siendo detenida la imputada posteriormente en la avenida (…). El juez Jorge Luis Rimondi dijo: (…) En primer lugar me debo referir a la cuestión del principio de insignificancia (…). Sobre el punto se ha dicho que: "(…) el llamado principio de insignificancia, que atiende al escaso valor de la cosa sustraída, además de no encontrarse previsto en nuestra legislación penal, ha sido desestimado no sólo por nuestro más alto tribunal, sino también por prestigiosos autores. De tal modo, la forma en que se encuentra actualmente legislado el hurto, cualquiera sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte del apoderamiento ilegítimo, es decir, al derecho de propiedad, en tanto no se prevén grados ni límites…". Y que, "…la insignificancia sólo puede jugar cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter. Es que no se atiende a la entidad de la lesión patrimonial, sino a la violación al derecho de propiedad, independientemente del mayor o menor valor de la cosa, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena…" de conformidad con lo establecido en el art. 41 del Código Penal (*)" (**). En este caso (…) es clara la afectación a la propiedad por lo que no habrá de prosperar dicho agravio. (…) por lo que corresponde confirmar la decisión recurrida. El juez Luis María Bunge Campos dijo: (…) (***) no toda lesión al bien jurídico "propiedad" configura la afectación típica requerida por el art. 162 del CP. En este sentido, debemos recordar que el patrimonio no es un elemento abstracto, sino un atributo de la personalidad, como tal no debe juzgarse en forma aislada, sino en relación con su titular. Lo que para uno es una afectación nimia e insignificante, para otro puede ser una afectación trascendente. (…) Desde el punto de vista de la teoría del delito, la afectación del bien jurídico cumple una función limitante de la tipicidad, no integrándola, de modo tal que una lesión insignificante, resultaría, por ende atípica al no revestir entidad suficiente para demandar la intervención del Estado. Por ello, teniendo en cuenta que en el caso se atribuye la tentativa de hurto de una caja de bombones, lo que fue cuestionado por la defensa, y cuyos argumentos comparto en relación a la insignificante afectación al bien jurídico, voto por disponer el sobreseimiento de (...) por aplicación del inciso 3°, del art. 336, del Código Procesal Penal de la Nación. (…) voto por disponer el sobreseimiento (…) por aplicación del inciso 3°, del art. 336, del Código Procesal Penal de la Nación. El juez Alfredo Barbarosch dijo: Conforme he sostenido en diversos precedentes de esta Sala (****) debo poner de resalto que considero que la conducta aquí atribuida a la imputada no importó una afectación penalmente relevante respecto del bien jurídico propiedad, de modo que, en las particulares circunstancias del caso, procede disponer su sobreseimiento. (…) sostengo que el hecho que se le atribuye (…) importó la fugaz afectación de la tenencia (…). (…) el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución (…). DECRETAR el SOBRESEIMIENTO de (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, (en disidencia), Barbarosch (por sus funadentos), Bunge Campos. (Por sus fundamentos). (Sec.: Bio). c. 42.429, PARDO CHEDID, Magdalena. Rta.: 22/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 30.684, "Carrizo", rta.: 16/4/07. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.832, "Murua", rta.: 17/2/11. (***) C. N. Crim. Corr., Sala VI, c. 25.041, "Bargas"; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 40.764 , "Pedernera", rta.: 5/8/11. (****) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 40.284, "López", rta.: 16/05/11; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 40.764, "Pedernera", rta.: 5/8/11.

HURTO. Simple. En grado de tentativa. Procesamiento. Imputado que sustrajo de un supermercado tres sobres de jugo. Aplicación de la teoría de la insignificancia. Revocación. Sobreseimiento. Disidencia: ausencia de previsión legal del principio de insignificancia. Lesión al derecho de propiedad. Confirmación. Fallo: "(…) se atribuye el hecho ocurrido (…) cuando el imputado habría intentado sustraer, (…) tres sobres de jugo "Tang" (…) del interior del supermercado (…), no logrando consumar el hecho al ser observado por 169

personal del local cuando guardaba entre sus ropas objetos en venta en el supermercado y cuando le fuera requerido por éste personal que es lo que llevaba, devolviendo un blister de repuestos "mach 3" para afeitar, no así el resto de los elementos, emprendiendo su fuga del local en carrera perseguido por personal del supermercado, siendo detenido por un policía, cuando el mencionado egresó de aquél local comercial, (…) lugar en donde se procediera a su revisación por el policía, secuestrándosele de entre sus ropas frente a testigos, los sobres (…) mencionados. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: (…) los agravios vertidos por la defensa técnica en la audiencia no logran desvirtuar la argumentación dada por el magistrado interviniente, que se comparte, por lo que considero que el interlocutorio en crisis debe ser homologado. En ese sentido, se considera que las pruebas acumuladas conforman un cuadro de evidencias que respaldan los extremos de imputación. (…) Así voto. El juez Luis María Bunge Campos dijo: (…) (*) no toda lesión al bien jurídico "propiedad" configura la afectación típica requerida por el art. 162 del CP. En este sentido, debemos recordar que el patrimonio no es un elemento abstracto, sino un atributo de la personalidad, como tal no debe juzgarse en forma aislada, sino en relación con su titular. Lo que para uno es una afectación nimia e insignificante, para otro puede ser una afectación trascendente. (…) Desde el punto de vista de la teoría del delito, la afectación del bien jurídico cumple una función limitante de la tipicidad, no integrándola, de modo tal que una lesión insignificante, resultaría, por ende atípica al no revestir entidad suficiente para demandar la intervención del Estado. (…) Por ello, propongo al acuerdo revocar el procesamiento del nombrado (…) y disponer el sobreseimiento por cuanto no encuadra en una figura legal (arts. 334 y 336 inc. 3 del CPPN). Así voto. El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) Como lo sostuve en el precedente "Lopez" (*), considero que la conducta aquí atribuida al imputado no importó una afectación penalmente relevante respecto del bien jurídico propiedad, de modo que, en las particulares circunstancias del caso, procede revocar el auto de procesamiento (…) y sobreseerlo en atención a lo establecido en el artículo 336, inciso 3°, del Código Procesal Penal. Así, estimo que tanto la acción que el imputado emprendió como su frustrado resultado revistieron tan escasa gravedad que, en definitiva, el hecho examinado sólo podría ser considerado adecuado al tipo objetivo del delito de hurto -en el caso, en grado de tentativa- (…). Por ello, sostengo que el hecho que se le atribuye (…) se enmarca dentro de esta última categoría y esto es así, concretamente, porque aquél importó la fugaz afectación de la tenencia -por parte de una empresa de supermercados- de mercadería (…). Así voto. (…) el Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el auto de procesamiento (…). II. SOBRESEER a (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi (en disidencia), Barbarosch (por sus funamentos), Bunge Campos (por sus fundamentos). (Prosec. Cám.: Souto). c. 42.544/2012, Leonardo Ignacio Valles. Rta.: 22/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 40.284, "López", rta.: 16/05/11, con cita de la causa C. N. Crim. Corr., Sala VI, c. 25.041, "Bargas", rta.: 05/11/04.

HURTO. Tentativa. Sobreseimiento. Intento de sustraer dos bandejas de carne en un supermercado. Principio de insignificancia: interpretación restrictiva. Confirmación. Disidencia: Tipicidad. Derecho afectado por la amplia protección del tipo legal. Revocación. Prosecución del trámite. Fallo: "(…) Las juezas María laura Garrigós de Rébori y Mirta López Gonzáles dijeron: Se le imputa a (…) haber intentado sustraer dos bandejas de carne del interior del supermercado "DIA", sito en la Av. Independencia 2240 de esta Capital, cuyo valor total es de 37,50 aproximadamente- conforme lo establecido por el informe pericial de fs. (…)-. Compartimos el argumento brindado por el juez correccional, en cuanto a que el caso traído a estudio debe analizarse a la luz de la teoría de la insignificancia. En este sentido, tal como hemos sostenido en precedentes anteriores (in re: c. 267 de la Sala de Feria "Drogo", rta. 28/01/2009; c/39.227 "Brizzolaro", rta. 10/06/2010, entre otras), el citado principio permite restringir la literalidad de los tipos penales, pues la afectación es tan nimia que carece de relevancia jurídico penal. Asimismo, hemos remarcado que esa interpretación restrictiva, es consecuente con los fines del derecho penal y deriva de los principios constitucionales limitadores del poder punitivo, fundamentalmente los de mínima racionalidad, proporcionalidad y lesividad, que paragonan la magnitud de la afectación al bien jurídico y la pena conminada. En otras palabras, los ataques insignificantes no pueden ser jamás sindicados por el tipo como merecedores de pena. Para determinar la insignificancia, el referente de mayor aproximación es la pena prevista en abstracto para el supuesto de hecho (1), y en el caso traído a estudio, la poca importancia de la afectación al bien jurídico, evidencia una desproporción entre el actuar investigado y la reacción penal. (…) entendemos que la conducta del imputado no encuadra en ninguna figura penal y por ende, habremos de convalidar la resolución puesta en crisis y, en consecuencia, votamos por la homologación del auto impugnado. Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: La cuestión es similar a aquellas que este tribunal tratara en la causa nº 36.166 "Villaroel", rta. el 19/12/2008, y con distinta conformación en las causas nº 29.197 170

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional "Rivas", rta. el 26/05/06 y nº 28.155 "Molina", rta. 30/11/05, por ende, los fundamentos para resolver la presente serán análogos a los que expuse en esas ocasiones. Cabe remarcar que la figura en análisis a los fines de su aplicación, no distingue graduación alguna en lo que respecta a la lesión del bien jurídico tutelado -propiedad-. Es que la protección hacia tal derecho es tan amplia que éste se verá afectado, más allá del valor económico que la cosa en sí posea. En definitiva, si el bien jurídico se lesiona, la acción quedará subsumida, en principio, en el tipo penal. Y eso ocurrirá independientemente del valor económico que el bien posea. En consecuencia, el problema del valor del objeto sustraído, debe trasladarse a la penalidad donde se podrá examinar lo razonable de la pena, pero no puede hacerse en la etapa de instrucción, en tanto el único requisito para procesar a un sujeto es el de sospecharlo de ser autor de una conducta típicamente delictiva. Por ello, voto por revocar el auto de mérito y por la prosecución del trámite. (…) el tribunal resuelve: Confirmar el auto de fs. (…)" C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich (en disidencia), Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Herrera) c. 725/12, LORENZATTI, Cristian F. Rta.: 21/06/2012 Se citó: (1) . cfr. García Víctor Enrique Ulises "La insignificancia en el Derecho Penal. Los delitos de batela", Pág. 65. Editorial Hammurabi, 2000.

IMPEDIMENTO DE CONTACTO. Audiencia de contacto fijada (art. 3 de la ley 24.270). Oposición por parte del Defensor Público de Menores a la audiencia. Imputado con prohibición de acercamiento en sede civil. Violencia familiar. Causa civil en trámite. Revocación. Fallo: "(…) La aspiración del impugnante ha de prosperar toda vez que no puede soslayarse el conflicto existente entre las partes que diera origen al expediente de violencia familiar en trámite ante la justicia civil, donde se verifica el dictado de una prohibición de acercamiento de (…) en relación a su ex pareja (…), medida cautelar que, de conformidad con las prescripciones de las leyes 24.417 y 26.485, obsta a la realización de la audiencia dispuesta por el Juez de grado (1). Ello, sumado a lo expuesto por el recurrente en cuanto a que en el expediente de mención se está a la espera de un informe de psicodiagnóstico de interacción familiar cuyo resultado sería trascendente para la fijación de un régimen de contacto paterno filial, sus reparos tendientes a resguardar el interés superior del niño deben ser atendidos. Ya nos hemos expedido en cuanto a la necesidad de ponderar el mencionado interés por sobre las relaciones interpersonales y los intereses privados de las partes que de ella pudieran derivarse (2). En este marco, las referencias del apelante respecto a la eventual existencia de un episodio de contenido sexual relacionado con otra hija de la encausada, adunado a los conflictos de violencia familiar de los que dan cuenta las constancias aportadas por el Dr. (…) a fs. (…), nos convencen de que la audiencia para lograr la vinculación intentada por el a quo debe sujetarse en el caso a las evaluaciones y decisiones que se adopten en el marco del expediente civil, máxime cuando el magistrado allí actuante, por su especialidad, se encuentra en mejores condiciones de realizar los estudios necesarios, de valorarlos y de adoptar la decisión más adecuada para el caso. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 479/12, D., M.del C. Rta.: 10/05/2012 Se citó: (1) D'Alessio, Andrés J. y Divito, Mauro A., "Código Penal de la Nación, comentado y anotado", Tomo III, 2da. Edición actualizada, Edit. La Ley, pág. 1237. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1445/09 "De Zavaleta, Martina", rta: 08/10/09 y c. 36870, "M.N.L.", rta: 25/03/09.

IMPEDIMENTO DE CONTACTO. Régimen provisorio de visitas ordenado en sede penal. Necesidad de comunicar al juzgado civil (Art. 3 inc. 2° de la ley 24.270). Confirmación. Fallo: "(…) Limitado el marco del recurso a la conveniencia de que el menor (…) duerma en casa de su padre en las condiciones provisorias adoptadas en la instancia de grado, estima el tribunal que los argumentos expuestos por la defensa no traducen la existencia de un riesgo actual o inminente que sustente la revocación de lo decidido.

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En efecto, de acuerdo a lo expuesto por la representante promiscua del menor en la audiencia, el cronograma señalado se cumple sin mayores complicaciones desde que fue fijado y no se ha denunciado en este tiempo ningún episodio que haya afectado los intereses de su asistido en los términos indicados por la recurrente. De otra parte, el certificado médico acompañado en el marco del expediente civil en que se dirime la cuestión (reproducido a fs. …), exhibe que el especialista en neurología que asiste desde hace ya varios años a (…) descartó la presencia de indicadores de riesgo que ameriten un tratamiento diferente al que recibe, e incluso indicó que "todos los signos neurológicos están óptimos" (sic). En tales circunstancias, sin perjuicio de la solución definitiva que adopte la justicia civil, donde la cuestión podrá ser debatida con mayor amplitud, no se advierten razones que desaconsejen la permanencia del niño con su padre una noche cada dos semanas. Finalmente, toda vez que no obran constancias de que se hubiera dado noticia de lo actuado al juzgado de radicación del mencionado expediente, habremos de encomendar al a quo el libramiento del oficio respectivo, con arreglo a lo previsto en el segundo párrafo del inciso 2, del artículo 3, de la Ley 24.270. En consecuencia, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto impugnado con los alcances que surgen de la presente. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 2.048, A., M. F. Rta.: 16/02/2012 INHIBICIÓN. Fiscal General que requiere apartamiento porque su hija actúa como letrada autorizada en el expediente civil donde se discute la nulidad del acto tildado de fraudulento en la causa penal. No reviste la calidad de “ofendida” o “damnificada”. Rechazo. Fallo: “(…) II.- Si bien las causales de inhibición deben interpretarse con mayor amplitud que las de recusación, en el caso no se hará lugar a lo solicitado (1). El pedido se refiere a los casos en que aquél o algún familiar “tuvieren algún interés en el proceso”, noción que está estrechamente vinculada con el concepto que el artículo 56 del ceremonial confiere al “imputado”, “ofendido” o “damnificado” y el “civilmente demandado”, o sea, los litigantes, excluyendo el vínculo que pudiera tener el miembro del ministerio público con los abogados intervinientes en un proceso (…). Al respecto se dijo que los sujetos mencionados “son titulares de intereses determinados y, para defenderlos, tienen roles específicamente asignados dentro de la relación procesal. [Es] entonces un interés procesal, es decir, de una susceptible de hacerse valer judicialmente en calidad de parte […] No se trata, pues, de cualquier beneficio o perjuicio, patrimonial o moral, derivado de la causa; sino solamente el que podría obtenerse como imputado, querellante, ofendido o damnificado en el mismo proceso en el cual debe entender” (2). Así, el rol que desempeña la abogada (…) en las actuaciones civiles escapa del ámbito de aplicación de aquella norma (3), sin que, por otra parte, se observe que la continuidad del Representante de la Vindicta Pública pueda afectar la garantía de imparcialidad que se busca asegurar a través de este instituto. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Rechazar la inhibición articulada por (…) a fs. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 182, ESCOBAR, Pasiona Celia y otro. Rta.: 28/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 39.816, “Olivan, Alfredo s/ excusación”, rta.: 5/8/2010; (2) Carlos Ríos, “Inhibición y recusación”, Mediterránea, Córdoba, 2005, p. 108; (3) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 41.851, “Clavijo, Rene Flavio s/ recusación”, rta.: 5/7/2011.

INHIBICIÓN. Manifestación del propio juez de su intención de apartarse por decoro y delicadeza. Procedencia. Fallo: "(…) Viene a estudio el presente incidente con motivo de la inhibición del Sr. juez (…) fundada en el hecho de que la imputada (…) es cónyuge de (…), primo hermano de su mujer, con quienes mantuvo un trato frecuente y amistoso, visitándose asiduamente en sus domicilios y también en la chacra que (…) posee en la localidad de (…), Provincia de Buenos Aires, donde incluso llegó a pernoctar y que dicha relación se vio favorecida por tener hijos de edades similares. Por estas razones, en virtud de la violencia moral y perturbación de espíritu que le provoca tener que indagar y resolver la situación procesal de (…), se excusa de seguir interviniendo en las actuaciones (ver informe de fs. …). Las circunstancias reseñadas por el magistrado que solicita su apartamiento son datos de la realidad que otorgan sustento objetivo a la violencia moral que invoca y podrían fundar de modo razonable el temor de parcialidad respecto de los interesados en el proceso. Si bien tal situación no se encuentra comprendida expresamente entre las causales del artículo 55 del C.P.P.N., a nuestro juicio no puede obligarse férreamente al juzgador, cuando opone una objeción de conciencia, a proseguir entendiendo en un caso donde la objetividad puede verse menguada, más allá de la probidad que cabe reconocerle a quien solicita su apartamiento en el desarrollo de su función jurisdiccional. 172

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Nada impide entonces remitirse subsidiariamente al artículo 9 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -que amplía el concepto de amistad, aparentemente más restringido en nuestro ordenamiento adjetivoy al artículo 30 del mismo cuerpo de leyes rituales, donde se admiten como válidas las motivaciones por "decoro y delicadeza" que implícitamente surgen del pedido formulado por el instructor. En consecuencia, a fin de preservar la garantía de imparcialidad y transparencia, el Tribunal RESUELVE: Hacer lugar a la inhibición formulada por el Sr. Juez de instrucción Dr. (…) para conocer en estas actuaciones. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 506/12, Dr. E. R. B. Rta.: 07/06/2012

INSTIGACIÓN A COMETER DELITOS. Sobreseimiento. Madre que habría determinado a su hija menor a declarar falsamente en causa penal. Necesidad de que haya aunque sea tentativa del delito principal. Atipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) Compartimos la decisión desvinculante (…). Como punto de partida debe tenerse en cuenta que para que el instigador sea punible, es necesario que el autor haya, cuanto menos, iniciado la ejecución del injusto. Si no hay tentativa del delito principal la inducción permanecerá impune (1). (…) dado que la tentativa no es posible en el delito que en calidad de instigadora se le atribuye a la encausada, para que su comportamiento adquiera relevancia penal será necesario tener por acreditada la comisión de delito principal por parte de (…). (…) las particularísimas características de los hechos investigados impiden afirmar con certeza que (…) consciente y voluntariamente fue mendaz al momento de prestar declaración. En esa dirección tenemos en cuenta que el relato de (…) en la fiscalía resultó coherente y concordante con el que brindó en cámara Gesell frente a la psicóloga (…). (…) ante las asistentes sociales que intervinieron en el expediente (…) s/ violencia familiar" del Juzgado Civil Nro. 81, casi dos años después de brindar el testimonio tachado de mendaz, reiteró que fue víctima de abuso sexual por parte de su padre (ver fs. …). (…) los fundamentos que brindó el titular de la fiscalía instructora para solicitar el sobreseimiento de (…) estaban vinculados con la carencia de elementos de cargo suficientes para mantener una acusación en audiencia de debate, temperamento que finalmente tuvo receptación positiva por el juez de la causa. Tampoco puede dejar de advertirse que el fiscal, especialmente, mencionó en su dictamen que no pretendía desacreditar el testimonio de la menor víctima, pero la imposibilidad de obtener otros elementos que refuercen su versión, lo llevaban a proponer la desvinculación del entonces acusado. (…) resulta evidente que no nos encontramos ante un caso en el que, sin lugar a dudas, existen elementos definitorios que permitan sostener que (…) fuera voluntariamente mendaz en su relato. Entonces, ante la imposibilidad de aseverar que la nombrada incurrió en el delito de falso testimonio, mal puede imputarse a su madre el haberla instigado a su comisión. (…) el tribunal resuelve: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Roldán). c. 634/12, B., E.S. Rta.: 12/06/2012 Se citó: (1) "Derecho penal. Parte General", Enrique Bacigalupo. Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1999. INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.). Fiscal que apela la negativa al pedido de registro y secuestro de documentación. Juez que dictó la falta de mérito luego de recibir indagatoria a la imputada. Confirmación. Fiscal que debe reunir elementos que mejoren su postura, o bien señalar la imposibilidad de proceder en ésos términos con la investigación. Fallo: "(…) De la lectura de la presente causa surge que luego de haber sido delegada a la fiscalía de grado y haber realizado su representante una serie de medidas probatorias, la devolvió al juzgado solicitando la indagatoria de la imputada y el registro y secuestro de la documentación que aquella estaría reteniendo indebidamente. El magistrado citó a (…) en los términos del artículo 294 del código adjetivo pero consideró que la medida solicitada por el fiscal no era necesaria puesto que bien podía ser reemplazada por la presentación de documentos que prevé el artículo 232 de ese cuerpo legal. Tras llevarse a cabo aquella audiencia el juez dispuso la falta de mérito para procesar o sobreseer a la imputada y sugirió la evacuación de sus citas. Esa decisión fue confirmada por este tribunal. Al ser remitidas nuevamente las actuaciones a la fiscalía, su titular sostuvo que no estaba de acuerdo con la realización de esas medidas de prueba y consideró que el juez debía reasumir la investigación.

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(…) sin entrar a discutir sobre la conveniencia de que el juez le indique o sugiera al fiscal cuál es la prueba que resta llevarse a cabo en las actuaciones, lo cierto es que quien tiene en sus manos la dirección de la investigación también puede evaluar el acierto de su realización. (…) si el representante del Ministerio Público Fiscal no está de acuerdo con ello, la solución no viene dada por la reasunción de la investigación por parte del juez, sino que, antes bien, aquél deberá reunir los elementos necesarios para convencer al magistrado de su posición o, de lo contrario, dejar en claro la imposibilidad de continuar con la investigación. (…) se RESUELVE: CONFIRMAR el decreto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Vilar). c. 837, GARCIA, Zulma F. Rta.: 23/02/2012 INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.). Fiscal que plantea agotamiento de su labor y pide se convoque en indagatoria al imputado. Juez que rechaza y devuelve la causa a la fiscalía. Revocación. Obligación de reasumir. Fallo: “Frente a la negativa de legitimar pasivamente al imputado el apelante planteó el agotamiento de su labor. Por lo tanto el juez de grado deberá reasumir la dirección del sumario y actuar en consecuencia (1). Por ello, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…) y disponer que el Juez de Instrucción reasuma la dirección de la investigación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Sec.: Williams). c. 42.830, N.N. Rta.: 07/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 40.363, “Lamanda, Luis”, rta.: 23/11/10 y c. 38.736, “Angrisani, Fernando”, rta.: 11/2/10, c. 41.004, “Andersen, Hugo s/art. 196”, rta.: 7/04/2011. INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.). Fiscal que recurre el auto por el cual se rechazó el pedido de llamado a prestar declaración indagatoria, que se llevara a cabo una rueda de reconocimiento y precisa que su labor está agotada. Juez debe reasumir la investigación. Fallo: “(…) De tal manera y teniendo en cuenta que el recurrente planteó el agotamiento de su labor, el Juez instructor deberá reasumir la dirección del sumario y actuar en consecuencia (1). De este modo, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…) y disponer que el Juez de Instrucción reasuma la dirección de la investigación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 249, N.N. S/ delegación. Dam.: María Sivlia Caia. Rta.: 16/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 41.598, “Da Silva, Gisella Noemí”, rta.: 2/06/11. INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.). Fiscal que solicita el allanamiento y que se reciba declaración indagatoria. Magistrado que devuelve las actuaciones sosteniendo la necesidad de realizar otras diligencia previas, sin especificar concretamente cuáles. Revocación. Fallo: "(…) Convoca la atención de la Sala el recurso de apelación deducido por la Dra. (…), titular de la Fiscalía de Instrucción Nº (…), contra la resolución (…), en cuanto por ella se dispuso la devolución de las actuaciones a la sede de la fiscalía por aplicación del art. 196 del CPPN luego de rechazar "in limine" el planteo de nulidad promovido por la parte. (…) ante la solicitud de allanamientos y recepción de declaraciones indagatorias propiciada por el fiscal (…) en su dictamen (…), el juez de instrucción sostuvo que las constancias de la causa se presentaban de momento insuficientes y que resultaba necesario completar el plexo probatorio con otras diligencias, sin especificar concretamente cuáles eran, rechazando de este modo el pedido de la parte (…). (…) no debe perderse de vista que el titular de la acción penal pública, quien además tiene confiada la dirección de la pesquisa (art. 196 del CPPN), enunció una acusación formal a personas individualizadas respecto del hecho investigado y requirió el allanamiento de sus domicilios. (…) consideramos que las afirmaciones dogmáticas y generales que lucen en el proveído (…) resultan insuficientes, motivo por el cual habremos de revocar la decisión apelada, debiendo el juez a quo responder fundadamente al reproche formulado por la fiscalía. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución glosada a fs. (…) en todo cuanto ha sido materia de recurso y DISPONER que el juez a quo cumpla con lo dispuesto precedentemente (art. 455 a contrario sensu del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). 174

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional c. 41.708, ROLDAN, Félix Marcelo y otros. Rta.: 10/02/2012 INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.). Fiscal que solicita que se de con el paradero del imputado para concretar una rueda de reconocimiento. Magistrado que devuelve las actuaciones para que la fiscalía lleve a cabo las medidas. Fiscal que recurre. Actividad que debe ser materializada por quien llevará a cabo el acto. Revocación. Fallo: "(…) Tras celebrarse la audiencia prevista por el artículo 454 del Código Procesal Penal, concita la atención de la Sala el recurso de apelación interpuesto por el señor fiscal de la causa contra el auto pasado (…), en cuanto se dispuso que se le reenvíen las actuaciones en carácter de director de la investigación (artículo 196 del Código Procesal Penal), para que practique las medidas que considere adecuadas en punto a dar con el paradero del imputado a efectos de que se concrete el reconocimiento en rueda de personas ordenado (…). Al respecto, esta Sala comparte la inteligencia asumida por el Ministerio Público Fiscal (…), siempre que la actividad tendente a dar con el paradero del causante debe ser materializada por quien habrá de llevar a cabo el acto aludido (1). Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Cicciaro, Álvero. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 511, FIGUEROA, Jorge David. Rta.: 13/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 34.222, "Rodríguez, Felicia", rta: 21/05/2008; c. 36.739, "Muñoz, Ariel A.", rta: 27/05/2009 y c. 36.823, "Ojeda, Luis", rta: 08/06/2009.

INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.). Fiscal que solicitó el sobreseimiento del imputado. Magistrado que no estuvo de acuerdo y remitió nuevamente las actuaciones al fiscal. Resolución que no tiene el debido control de razonabilidad y legalidad por parte del magistrado del dictamen del fiscal. Nulidad. Fallo: "(…) Llega a estudio (…) el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por el Sr. Fiscal (…) contra la resolución (…) en cuanto dispone la devolución de las presentes actuaciones a la Fiscalía (…). La (…) investigación fue delegada al Titular de la Fiscalía (…) en los términos del art. 196 CPPN, quien luego de detallar y valorar las probanzas acumuladas consideró en su dictamen (…) que no existen elementos de entidad suficiente como para sostener un reproche ilícito sobre el hecho investigado, solicitando así el sobreseimiento del imputado (…), y frente al disenso del magistrado de grado, este remitió nuevamente las actuaciones al Sr. agente fiscal, siendo esta controversia la que motiva nuestra intervención. Ahora bien, de la lectura de la resolución del Sr. Juez a quo se advierte que se limitó a expresar sus discrepancia con respecto al dictamen fiscal, sin efectuar el control de razonabilidad y legalidad propios del acto, a fin de determinar si el dictamen del acusador público, en el que postuló el sobreseimiento del imputado, es una derivación razonada del derecho vigente y si resiste el control negativo que jurisdiccionalmente corresponde realizar a los jueces (…). (…) el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de lo resuelto a fs. (…), debiéndose dar cumplimiento a lo ordenado precedentemente. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 41.897, M. R., J, Rta.: 07/02/2012

INSTRUCCIÓN DELEGADA (Art. 196 del C.P.P.N.). Fiscalía que recurre el auto por el cual el magistrado refiere que el acusador puede solicitar el registro de llamadas. Único habilitado: juez. Revocatoria. Fallo: "(…) El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: La Fiscalía recurrió el auto documentado (…), en tanto el señor juez a quo decretó que el acusador público se encuentra facultado para solicitar los registros de las llamadas entrantes al número de teléfono del domicilio ubicado en (…) -de esta ciudad-, en virtud de la posible infracción a la Ley 12.331. Al respecto, la recurrente señaló que -conforme a la manda que contempla el artículo 236 del Código Procesal Penal- el Ministerio Público Fiscal, aún encontrándose a cargo de la investigación -artículo 196 idem-, no se halla autorizado a decretar la realización de la medida requerida, sino que debe ser ordenada por el magistrado (…).

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En ese sentido, la Sala hubo de expedirse sobre el tópico -aunque con otra integración-, en la causa número 31.743, "Robles, Fernando y otros", del 6 de julio de 2007, oportunidad en la que se fijó la doctrina según la cual el juez es la única autoridad habilitada por la ley para disponer la injerencia prescripta en el artículo 236, segundo párrafo, del canon ritual. Ello, toda vez que de la propia literalidad de la norma, surge con claridad que sólo el juez puede ordenar tanto una intervención telefónica como un registro de llamados, por fuera de las situaciones de excepción referidas a los dos delitos que con exclusividad la ley -aun con determinadas condicioneshabilita al fiscal para su concreción (artículos 142 bis y 170 del Código Penal), sujeta igualmente a control judicial (1). El juez Mauro A. Divito dijo: Aunque con anterioridad he sostenido que no corresponde invalidar la solicitud de listados de llamadas telefónicas efectuada por la fiscalía que se encuentra a cargo de una investigación, ello ha sido en supuestos en los que no existía un interés jurídico que reparar, y de todos modos se destacó que se trata de un proceder irregular, pues dicha facultad -de acuerdo con lo que establece el art. 236, segundo párrafo, del Código Procesal Penal- le compete al juez de la causa (2). De tal modo, la decisión del señor magistrado a quo será revocada pues, conforme a la disposición legal precedentemente citada, es precisamente él quien debe disponer la medida que le requirió la señora representante del ministerio público fiscal. Por ello, adhiero a la solución propuesta en el voto que antecede. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución extendida (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 469/12, INMUEBLE SITO EN CÓRDOBA 2216. Rta.: 14/05/2012 Se citó: (1) C.N.C.P., Sala II, c. 8.695, "Robles, Fernando", rta: 13/10/2010. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.398, rta: 14/09/2010.

INSTRUCCIÓN SUMARIA. FLAGRANCIA. (Art. 353 bis del C.P.P.N.). Apelación del fiscal. Largo tiempo transcurrido desde el inicio de la causa y necesidad de practicar estudios técnicos específicos que desvirtúan la finalidad del instituto. Revocación. Fallo: “Más allá del criterio de los suscriptos en cuanto a los supuestos de flagrancia y la aplicación de la instrucción sumaria, el tiempo transcurrido desde el inicio del sumario y la necesidad de practicar estudios técnicos de complejidad que determinen el contenido de los discos compactos, desvirtúan la finalidad del instituto en cuestión, esto es, un proceso expeditivo y de simpleza probatoria. Por ello, sin perjuicio del cauce procesal (artículos 180 o 196 del ritual) por el que opte el Sr. Juez de grado, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Sec.: Williams). c. 21, NOE REYES, Marcelo Antunez. Rta.: 28/02/2012 INSTRUCCIÓN SUMARIA. FLAGRANCIA. (Art. 353 bis del C.P.P.N.). Libertad del imputado que resulta materia de discusión. Imputado detenido con prisión preventiva a disposición de otro juzgado. Imposibilidad de descartar ab initio que en el caso corresponda el dictado de prisión preventiva ante eventual auto de procesamiento. Régimen excepcional. Revocatoria. Disidencia: que el imputado se encuentre detenido a disposición de otro tribunal no puede eregirse en un condicionamiento futuro sobre su libertad. Confirmación. Hechos: el fiscal apeló el auto que dispuso que las actuaciones continúen bajo el procedimiento de instrucción sumaria previsto por el artículo 353 bis del código adjetivo. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: Considero que el hecho de que el imputado (…) se encuentre detenido a disposición del Juzgado de Garantías Nro. (…) de San Martín, provincia de Buenos Aires, no puede erigirse per se en un condicionamiento futuro sobre su libertad y, menos aún, resultar óbice para imprimir a esta causa el trámite de la instrucción sumaria. Así, como resulta viable una pena en suspenso y además el causante aportó un domicilio estable (…), no advierto elementos que justifiquen -prima facie- la prisión preventiva del encausado durante el proceso, máxime cuando (…) el señor fiscal no opuso reparos a la adecuación del trámite del sumario a las previsiones del artículo 353 bis del ceremonial. Por lo expuesto, voto por confirmar la resolución recurrida en apelación. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Analizado el particular caso del sub lite, comparto los argumentos esgrimidos por el representante del Ministerio Público Fiscal respecto a la improcedencia de que las actuaciones continúen sustanciándose bajo las reglas de la instrucción sumaria, ya que la libertad de (…) resulta materia de discusión, a partir de verificarse que el 6 de febrero pasado en el marco de una 176

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional investigación llevada a cabo por la Unidad Funcional de Instrucción (…) de San Martín, se hizo lugar al pedido de prisión preventiva del imputado, quien continúa detenido a disposición del Juzgado de Garantías Nro. (…) de San Martín, provincia de Buenos Aires, imputado del delito de robo calificado y portación de arma de guerra (…). En tal sentido, la circunstancia expuesta precedentemente impide descartar ab initio que en el particular supuesto del sub examen corresponda el dictado de la prisión preventiva ante un eventual auto de procesamiento respecto del encartado en estas actuaciones, sin perjuicio de lo que pueda llegar a resolverse por vía incidental. Sobre el particular, ha sostenido esta Sala que "el régimen dispuesto por el artículo 353 bis del código instrumental se encuentra previsto para el caso de detención en flagrancia de un delito de acción pública, de personas cuya circunstancias permiten estimar prima facie que no corresponderá el dictado de prisión preventiva y que habrán de someterse a proceso sin presumirse fuga o entorpecimiento de la investigación, de modo que no es necesario restringir o limitar su libertad ambulatoria" (1). Asimismo, en el citado precedente se sostuvo que "para imprimir este régimen excepcional el caso no debe presentar circunstancias que puedan suscitar controversias sobre el punto, que obliguen a un examen más minucioso diferido por el legislador a otros momentos procesales del régimen común". En consecuencia, entiendo que no resulta viable que se continúe con el trámite del sumario bajo las previsiones del artículo 353 bis del ceremonial y voto por revocar la resolución apelada, con mayor razón cuando este proceso ha superado los cuatro meses y el sistema de citación directa prevé un plazo de quince días. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), adhiero al voto del doctor Juan Esteban Cicciaro, cuyos argumentos comparto. (…), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión pasada (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito (en disidencia), Cicciaro, Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti) c. 333, PANIAGUA, Gonzalo F. Rta.: 11/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 28.446, "Roscone, Carlos Andrés", rta: 22/02/2006.

INSTRUCCIÓN SUMARIA. FLAGRANCIA. (Art. 353 bis del C.P.P.N.). Procedencia. Apelación del fiscal. Registro de suspensión de juicio a prueba. Imputado que mintió al dar su nombre. Imposibilidad de descartar una posible caución personal o real. Revocación. Procedimiento ordinario. Fallo: “(…) II-) Estas actuaciones se iniciaron el (…) por la supuesta comisión del delito de robo en tentativa y si bien se verificó a fs. (…) que (…) posee arraigo, éste al ser detenido mintió al dar su nombre (…). III-) Entendemos que las razones invocadas por el Ministerio Público son atendibles. No puede descartarse ab initio una medida de cautela personal o que la libertad del imputado sea caucionada en razón de sus circunstancias personales, en especial teniendo en cuenta que el hecho atribuído tuvo lugar solo ocho meses después de otorgado por el Tribunal Oral la suspensión del juicio a prueba por el plazo de tres años (artículos 317 en función del 316 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación).Por esa razón, corresponde imprimir a la presente causa el procedimiento ordinario en que el juez de grado deberá decidir sobre la posibilidad de escuchar al imputado en los términos previstos por el artículo 294 del catálogo procesal. (…) el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Williams). c. 68, ALBARADO FERNANDO, Daniel. Rta.: 27/03/2012

INSTRUCCIÓN SUMARIA. FLAGRANCIA. (Art. 353 bis del C.P.P.N.). Procedencia. Discusión respecto de la libertad del imputado. Improcedencia. Revocatoria. Disidencia: ausencia de peligros procesales. Confirmación. Hechos: apeló el fiscal el auto que dispuso imprimir a la causa el trámite previsto en el artículo 353 bis del digesto ritual. La parte recurrente sostuvo que no corresponde adecuar el legajo a un proceso especial por que no se ha descartado la posibilidad de que se dicte la prisión preventiva sobre los imputados. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: Al respecto, en el caso particular del sub examen las constancias relativas al comportamiento procesal asumido por los imputados permite inferir que no resulta necesario su encierro cautelar tras la libertad acordada (…).

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Ello se entiende así porque los encartados se identificaron correctamente y pese a la carencia de domicilio fijo, cumplieron con la obligación de comparecer asumida (…), tal como luce en la constancia obrante (…), oportunidad en la que además brindaron un número telefónico para la notificación de las convocatorias. En el caso de la imputada (…) se cuenta también con la presentación luciente a fs. (…). En cuanto a la causa que registra en trámite (…) ante el Juzgado en lo Correccional (…) del Departamento Judicial de Dolores, el comparendo dispuesto fue dejado sin efecto y se impuso al imputado la obligación de constituir domicilio legal en aquellos autos (…). Así, en la medida en que en el estado actual del legajo no se verifican peligros procesales que justifiquen la adopción del temperamento establecido en el artículo 312, inc. 2°, del Código Procesal Penal, voto por confirmar la resolución apelada. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Tal como señalara al emitir mi voto en el precedente "Balbuena Yanamango, Alberto" (1), comparto los argumentos esgrimidos por el representante del Ministerio Público Fiscal respecto a la improcedencia de la aplicación en autos de las reglas de la instrucción sumaria, toda vez que la libertad del imputado resulta materia de discusión. Sobre el particular, ha sostenido esta Sala, aunque con diferente integración, que "el régimen dispuesto por el artículo 353 bis del código instrumental se encuentra previsto para el caso de detención en flagrancia de un delito de acción pública, de personas cuya circunstancias permiten estimar prima facie que no corresponderá el dictado de prisión preventiva y que habrán de someterse a proceso sin presumirse fuga o entorpecimiento de la investigación, de modo que no es necesario restringir o limitar su libertad ambulatoria" (2). En el citado precedente se sostuvo que "para imprimir este régimen excepcional el caso no debe presentar circunstancias que puedan suscitar controversias sobre el punto, que obliguen a un examen más minucioso diferido por el legislador a otros momentos procesales del régimen común". Bajo ese razonamiento, entiendo que el temperamento escogido por el señor juez de grado debe ser revocado, lo que así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), de acuerdo al voto que emitiera en el precedente "Balbuena Yanamango, Alberto" de esta Sala, adhiero al voto del juez Cicciaro, cuyos argumentos comparto en su totalidad. (…), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el punto I del auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito (en disidencia), Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Sánchez). c. 425, FLORES, Benjamín Alejandro y otro. Rta.: 18/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII; c. 37.657, rta: 21/10/2009. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 28.446, "Roscone, Carlos Andrés", rta: 22/02/2006.

INSTRUCCIÓN SUMARIA. FLAGRANCIA (Art. 353 bis del C.P.P.N.). Procedencia. Fiscal que apela. Incompatibilidad con la exigencia que la persona sea "sorprendida". Falta de celeridad procesal frente a la evidencia probatoria. Revocatoria. Trámite ordinario. Fallo: "(…) Cabe referir que la actividad perquisitiva se encamina a establecer si el imputado (…) habría incurrido en una violación al deber objetivo de cuidado en la conducción del transporte de pasajeros de la línea número 180, interno 110 y si a consecuencia de ello se produjo el deceso de la víctima. Al respecto, esta Sala ha sostenido que "Conforme la experiencia común -uno de los sustratos de la sana crítica-, la prueba en este tipo de investigaciones no siempre resulta de fácil e inmediata recolección; al contrario, pesquisas análogas a las del caso, pueden importar la necesidad de obtención no sólo de testigos y de probanzas documentales, sino fundamentalmente de verificaciones periciales inherentes a las características del hecho" (1). En esa dirección, como el señor fiscal ha puntualizado la necesidad de producir medidas de prueba, cierto es que la complejidad o naturaleza del suceso, aconsejan en verdad la actuación del órgano jurisdiccional -o del Ministerio Público por delegación facultativa-, en tanto probablemente demorarán la finalización de una pesquisa que en el sistema de información sumaria debe demandar sólo quince días (2), máxime cuando las particularidades del delito culposo -en el que por definición se ocasiona un resultado no querido por el agente- no parecen compatibles con la exigencia legal de que la persona haya sido "sorprendida" cometiéndolo (artículo 353 bis del Código Procesal Penal). A mayor abundamiento, se ha sostenido que la ley 24.826 "incorpora por vía de esta instrucción sumaria un proceso ágil y abreviado para las hipótesis de delitos leves sorprendidos en flagrancia, privilegiando la celeridad procesal frente a la evidencia probatoria, que de por sí significa aquella circunstancia" (3), situación que, en supuestos de homicidio culposo, regularmente no se verifica, en especial frente a las hipótesis de producción de prueba pericial, con las formalidades que esta requiere -tiempo incluido- antes de la agregación de sus conclusiones al proceso. (…), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la decisión documentada (…), en cuanto fue materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 22, CRESPOLINI KOSLICKI, Maximiliano A. Rta.: 07/03/2012

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.927, "Lastfoguel, Julio G.", rta: 04/12/2009. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 35.133, "Lugo, Raúl A.", rta: 04/09/2008 y c. 37.227, "Rodríguez, Hugo A.", rta: 24/08/2009. (3) Jorge A. Clariá Olmedo, Derecho Procesal Penal, actualizado por Jorge Raúl Montero, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1998, t. III, p. 321/322.

INSTRUCCIÓN SUMARIA. FLAGRANCIA (Art. 353 bis del C.P.P.N.). Procedencia. Imputado que registra una rebeldía en una causa en trámite. Imposibilidad de descartar de plano el dictado de la prisión preventiva ante un eventual auto de procesamiento. Adecuación del sumario al trámite ordinario. Revocación. Fallo: “III.-) Compartimos los argumentos del representante del Ministerio Público respecto a que no sería aquí aplicable esa modalidad de procedimiento pues la posibilidad de libertad de (…) fue puesta en crisis a partir de la rebeldía decretada, la que no permite descartar el dictado de la prisión preventiva en un eventual auto de procesamiento. En efecto, no puede descartarse ab initio una medida de cautela personal o bien que la libertad del imputado sea caucionada o sujeta a alguna condición especial en razón de sus circunstancias personales (artículos 310 y 317 en función del 316 y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación) ni la eventual aplicación de su artículo 312. Por otro lado, no se puede soslayar que el acta que impuso la obligación de comparecencia se suscribió el pasado (…), sin que a la fecha existan constancias que acrediten el cumplimiento del compromiso. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el punto III del auto de fs. (…) e imprimir a la presente la normativa prevista para el procedimiento ordinario. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Rosciani). c. 700/12, FERRERO, Claudio Javier. Rta.: 26/06/2012

INUTILIZACIÓN DE OBJETO DESTINADO A SERVIR DE PRUEBA. Agravado en concurso real con cohecho pasivo. Procesamiento. Personal policial encargado de la custodia de armas secuestradas. Daño causado sobre los fulminantes. Circunstancia impediente de realizar el estudio de identidad de vainas. Confirmación. Fallo: "(…) Ello así, por cuanto las pericias que en copia se agregaron a fs. (…) y a fs. (…) de los testimonios de la causa nro. (…), que junto al secuestro de las armas de fuego en condiciones de uso justificaron la hipótesis de su destrucción intencional con posterioridad -que dio origen a esta causa-, ilustran también en relación a la participación de sujetos con conocimientos técnicos en su manipulación. Tal el caso de los recurrentes, de quienes en razón de su condición de policías se espera que posean uno mayor al de una persona que no reviste tal calidad. Al respecto, ponderamos la circunstancia de que las armas fueron dañadas en partes que poseen una rigidez especial -cementadas-, y en una forma muy particular pues, entre otros, los daños se verificaron sobre los fulminantes, lo que impediría realizar en el futuro el estudio de "identidad de vainas", que permite conocer los proyectiles que percutió. Bajo esta línea de pensamiento, los dichos del perito (…) -fs.(…) - resultan de transcendental importancia, ya que dan cuenta de los motivos por los cuales los autores poseen conocimientos en armas de fuego, como de la reciente producción del daño, todo lo cual, evaluado en conjunto, elimina la posibilidad de que obedezcan a un factor ajeno al humano. (…) la posible autoría de los apelantes en el hecho investigado no se sustentó en la solitaria circunstancia de haber sido las personas encargadas de la custodia del material secuestrado como adujeron las defensas, sino más bien en el hecho de ser los únicos sujetos en condiciones de tener contacto con el mismo en función de los cargos que ostentaban. Recuérdese que no está discutido en autos que los miembros de la División Conductas Delictivas en Espectáculos Deportivos entregaron el material secuestrado al Inspector (…) y que, según sus propios dichos, lo mantuvo bajo llave hasta que se lo entregó al Comisario (…) -a pesar de que no está del todo claro si fue personalmente o por intermedio del Principal (…). Es decir, en principio sólo ellos tuvieron la posibilidad de disponer de las armas en cuestión, lo que en consonancia con los términos que se desprenden de las escuchas telefónicas que dan cuenta de un importante pago a la "taquería" a cambió de su destrucción (fs. ...), justifican las sospechas que existen contra ellos. (…) los extremos alegados por el juez a quo encuentran respaldo en los distintos elementos probatorios acollarados al sumario (…). (…) se resuelve: Confirmar los puntos dispositivos I y II del auto decisorio de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec. Cám. Ad hoc.: Daray) 179

c. 740/12, META, Eduardo E. y Otros. Rta.: 27/06/2012

INUTILIZACIÓN DE OBJETO DESTINADO A SERVIR DE PRUEBA. Procesamiento. Imputado que tomó un proyectil sobre el que se estaba practicando una pericia y golpeándolo contra una mesa provocó alteraciones en su forma y brillo. Confirmación. Fallo: "(…) se le atribuyó (…) haber alterado o inutilizado en parte un objeto destinado a servir de prueba (art. 255 CP) en la causa N° (…) del Juzgado Nacional de Instrucción n° (…) en la que se investiga, entre otras cosas, la muerte de (…). (…) en la sede de la División Balística de la Policía Federal Argentina, (…) se estaba llevando a cabo una junta especial ordenada por la Dra. (…) con la participación de los peritos especializados de la División Balística de dicha fuerza, (…) los peritos de parte propuestos por la querella (…) y el aquí imputado, propuesto por la defensa de (…). En dicha ocasión, (…) habría tomado el proyectil extraído del cuerpo de quien en vida fuera (…) con la supuesta finalidad de explicar su teoría (…), golpeándolo reiterada y continuamente contra la mesa de trabajo existente en el gabinete, lo que habría generado leves aplastamientos en la parte de su ojiva y el cuerpo, más específicamente, donde se hallaban las deformaciones lineales y paralelas que presentaba el proyectil. Dicho accionar, conforme lo manifestado por los técnicos especializados, permitiría arribar a nuevas interpretaciones sobre la superficie que vulnerara el proyectil en ese sector. (…) Inmediatamente, el Inspector (…) tomó el objeto y notó a simple vista que tenía un brillo inexistente anteriormente, por lo que comenzaron a medir los daños. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto dispositivo (…) de la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.635, LOCLES, Jorge Roberto. Rta.: 19/06/2012

JUEZ SUBROGANTE. Nulidad rechazada. Secretario que actúa como juez subrogante. Fallo “Rosza”. Acordada 10/2008 de la C.S.J.N. Expediente Administrativo de la C.C.C. nº 5196/2011. Validez. Confirmación. Fallo: "(…) Sin perjuicio de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "Rosza" y del plazo allí fijado (donde -atendiendo a razones de seguridad jurídica y para evitar el caos institucional o la eventual paralización del servicio de justicia- se reputaron válidas tanto las designaciones de jueces subrogantes como las actuaciones por ellos practicadas hasta el 24 de mayo de 2008 o hasta que cesen las razones que originaron su nombramiento, sean reemplazados o ratificados mediante un procedimiento constitucionalmente válido), el propio recurrente admite en su escrito que no se han superado las excepcionales circunstancias que dieran lugar al mecanismo de nombramiento de jueces subrogantes que critica, al subrayar que el Poder Ejecutivo Nacional ha dejado vencer los plazos legales para la confección de las listas previstas en la ley 26.376 y la implementación del sistema allí instaurado. Fue justamente con base en ello que en distintas actuaciones posteriores y particularmente en la Acordada 10/2008 el Máximo Tribunal sostuvo que "esta Corte debe actuar -como lo ha hecho en reiteradas situaciones análogas- con la rapidez que exige la naturaleza de los intereses comprometidos, a fin de evitar que ciertas situaciones transitorias que puedan presentarse hasta la entrada en vigencia del nuevo régimen normativo, den lugar a consecuencias frustratorias de garantías constitucionales o de atolladero institucional en la administración de justicia" y decidió la prórroga de las designaciones de todos los jueces subrogantes hasta que, en los términos previstos en el artículo 2° del Código Civil, se produzca la entrada en vigencia del nuevo régimen de subrogaciones sancionado por el Congreso. En ese punto, lo expuesto debe entenderse como una modificación de lo decidido oportunamente en el fallo "Rosza", en cuanto al plazo de validez de las designaciones y actuaciones de los secretarios de juzgados en calidad de jueces subrogantes. Asimismo, en lo que hace específicamente a la designación del Dr. (…) en carácter de juez subrogante ante el Juzgado Nacional de Instrucción N° (…), al ser consultados por la presidencia de esta Cámara en el expediente administrativo N° 5196/2011 la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema coincidió en no objetar su nombramiento, con el fin de preservar la prestación de una adecuada administración de justicia en el fuero requirente, por entender que concurren en el caso circunstancias excepcionales que no admiten ser desatendidas" (resolución del 15 de septiembre de 2011). No puede admitirse el razonamiento del letrado defensor por el que sostiene que la Corte no se opuso a que aquél continuara en su designación ante el Juzgado de Instrucción N° (…), pero que no convalidó su pase en el mismo carácter al Juzgado de Instrucción N° (…). Ello es así pues no solo no era necesario requerir autorización con referencia al tribunal que tenía a su cargo sino también porque la consulta de esta Cámara versaba específicamente sobre la posibilidad de que varios secretarios de juzgado fueran reubicados en la misma condición en la que se desempeñaban como jueces subrogantes "… pero en otros juzgados de instrucción y de menores que también se encuentran vacantes y respecto de los cuales no existen previsiones de que puedan ser cubiertos en forma efectiva a la brevedad". Ante ello, el Secretario General y de Gestión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, (…), hizo saber que no existían objeciones por parte de la mayoría de los ministros para "efectuar los reemplazos" por parte, entre otros, del Dr. (…). Como puede advertirse, el máximo intérprete de la Constitución ya se ha expedido sobre el punto descartando impedimentos para habilitar, en las actuales y 180

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional excepcionales circunstancias, el acceso del Dr. (…) al cargo de juez en calidad de subrogante, realizando así reemplazos en otras dependencias, por lo que fue designado ante el Juzgado de Instrucción N° (…). En este contexto normativo y jurisprudencial, la intervención, capacidad y actuación del magistrado instructor en este sumario se encuentra suficientemente avalada, por lo que corresponde homologar el rechazo del planteo de la defensa, e imponer las costas de alzada al recurrente, por no haber mediado una razón plausible para deducir la presentación (artículo 531 del ordenamiento adjetivo). Por ello, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto decisorio obrante a fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso, con costas (artículo 531 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 2.028, GUDAUSKAS, José Daniel y otro. Rta.: 07/05/2012

LESIONES. Archivo. Lesiones verificadas por personal policial. Investigación que debe llevarse a cabo bajo las pautas establecidas en las leyes Nros. 24.417 y 26.485 y la Convención de Belém Do Pará. Revocación. Fallo: "(…)La verificación de lesiones coetáneas a la denuncia formulada por (…) por parte del funcionario policial (...) permitiría ahondar la prueba a fin de lograr dicha verificación, lo que desecha la afirmación que contiene el auto de mérito sobre la ausencia de afectación a bien jurídico alguno tutelado por el Código Penal. Por tanto, si bien coincidimos con el Ministerio Público Fiscal respecto de la solución incorrecta de archivo cuando existe autor individualizado propiciando su nulidad, por cuestiones de economía procesal revocaremos el archivo decretado para que se proceda a la investigación de la hipótesis delictiva denunciada, cuya evaluación deberá hacerse bajo las pautas de las leyes nros. 24.417 (Protección contra la Violencia Familiar") y 26.485 (Protección Integral de las Mujeres), y la Convención de Belém Do Pará (Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer). (…)el tribunal RESUELVE: Revocar la decisión de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Herrera). c. 267, Z.M., F. Rta.: 26/04/2012

LESIONES. Culposas graves. Procesamiento. Empleador que omitió proveer a sus empleados de los elementos necesarios de protección para trabajar en tareas de la construcción. Violación al deber objetivo de cuidado. Inobservancia reglamentaria para el resultado lesivo. Confirmación. Hechos: apela la defensa el procesamiento de los imputados por el delito de lesiones culposas. Se les reprocha, en su carácter de responsables y contratistas de la firma, no haber provisto a la víctima del arnés de seguridad para trabajar en altura, quien debido a la caída que sufriera al cortarse la soga con la que bajaba unas chapas desde una altura de doce metros, se lesionó gravemente. Fallo: "(…) Con los testimonios de (…) se ha acreditado que el (…), alrededor de las 8:15, mientras el referido en primer término se encontraba sobre la medianera de la obra sita en la calle (…) de esta ciudad efectuando tareas de desmonte, se cortó la soga con la que bajaba unas chapas, lo cual le hizo perder el equilibrio y caer al vacío sobre el terreno lindero desde una altura de doce metros, debido a que no tenía colocado ningún arnés de seguridad. Como consecuencia de ello, sufrió las lesiones documentadas por las constancias médicas de fs. (…), y en el informe remitido por el Cuerpo Médico Forense (fs. …), las que se determinaron como graves. Si bien las irregularidades administrativas en las que habría incurrido la empresa "(…)" al no iniciar los trámites ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el pertinente permiso de las tareas de desmonte en la obra sita en la calle (…) de esta ciudad (cfr. fs. …), entorpecen la determinación de los responsables a cargo del proyecto, las afirmaciones del propio (…), y de los testigos (…) (fs. ...) desbaratan la exclusión de responsabilidad que como descargo han querido intentar ambos imputados pues eran, en su carácter de contratistas de la obra, quienes debían suministrar los equipos de seguridad a los obreros contratados, lo que nunca hicieron. En el caso de (…), esta obligación se torna más nítida, desde que era quien supervisaba los trabajos, mientras que la prevenida (…), dada su calidad de gerente de la firma contratante, no podía desconocer, como lo adujo, su vínculo con los trabajos que se estaban realizando por cuenta de la empresa que integra en tal carácter, pretendiendo descargar la responsabilidad en su coimputado. Cabe aclarar que el "Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción", normado por el decreto nro. 911/96, prevé en su art. 56 "la obligatoriedad por parte del empleador de la provisión de elementos de protección personal acorde al riesgo y de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo "Equipos y elementos de protección personal" (conf. Arts. 98 y ss del citado cuerpo normativo), mientras que su art. 54 181

indica que "Se entenderá por trabajo con riesgo de caída a distinto nivel a aquellas tareas que involucren circular o trabajar a un nivel cuya diferencia de cota sea igual o mayor a DOS METROS (2 m.) con respecto al plano horizontal más próximo". En síntesis, los encausados, en sus respectivas calidades de socio y gerente de la empresa "(…)", hicieron caso omiso a las disposiciones de prevención establecidas legalmente que les concernían, al no proporcionar a (…) los equipos de protección personal (art. 12 de la norma reglamentaria citada) y esta inobservancia reglamentaria fue determinante para el resultado lesivo que afectara a la víctima a raíz de su caída. No obstante, el prevenido (…) se ha querido desvincular del evento alegando ser tan sólo un empleado de la firma que se limitaba a verificar el avance de la obra, pero las fotocopias del contrato de constitución y reformas de la sociedad remitidas por la Inspección General de Justicia (fs. …) deshacen su débil excusa pues, como se ha dicho, se trata de uno de los socios de la contratante, a lo que se suma que la totalidad de los empleados que declararon en autos lo sindicaron como la persona que concurría a inspeccionarla asiduamente y a quien le reclamaran en reiteradas oportunidades los elementos de seguridad sin respuesta satisfactoria. En relación a la imputada (…), no puede amparársela -como pretende su defensa- en su función de gerente de la sociedad para presentarla como ajena a cualquier obligación referente a las tareas emprendidas, puesto que además ha sido sindicada como una de las personas que concurriera a la obra. Así, las visitas de ambos al lugar del suceso, sumada al reclamo de los obreros, demuestran que sabían de la inexistencia de elementos de seguridad para la tarea encomendada, máxime si se tiene en cuenta que según surge de los dichos del testigo (…), aquéllos les fueron entregados apresuradamente al día siguiente del siniestro, lo que da la pauta de que intentaron remediar tardíamente la falencia que los comprometiera decididamente en el caso del damnificado. Al respecto, y aún cuando la inculpada (…) haya referido desconocer a (…) y alegado que es su consorte de causa quien posee la empresa de demoliciones, pero habría utilizado el nombre de "(…)" para la obra en cuestión, del escrito de contestación de demanda presentado en el expediente n° (…), del Juzgado de Trabajo n° (…), caratulado "(…) s/ accidente-acción civil" glosado a fs. (…) (puntualmente a fs. …) se desprende que el Dr. (…), apoderado de la firma por la aquí imputada como poderdante (fs. ...) manifiestó que "Debido a las dificultades económicas relacionadas con su explotación, siendo mi mandante propietaria de equipos para efectuar excavaciones y demoliciones, con el objeto de utilizar dicho equipamiento inactivo, decidió utilizarlos en una obra…", reconociendo además haber efectuado dichos trabajos en el lugar donde se produjo el accidente. Así las cosas, los argumentos expuestos por las defensas en sus escritos de apelación y en la audiencia oral llevada a cabo ante el Tribunal no conmueven los fundamentos sobre los que se basa la decisión de mérito impugnada por las asistencias técnicas de (…), que ha de ser objeto de homologación. Por todo expuesto, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto decisorio obrante a fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 536/12, NAVARRO, Monica V. y otro. Rta.: 18/05/2012 LESIONES. Culposas. Gravísimas. Procesamiento. Médico que asistiendo a la damnificada en el nacimiento de su hijo, y tras una complicación en el parto, no finalizó el embarazo por una vía más expedita. Afectación permanente en las funciones neurológicas del bebé. Confirmación. Embargo. Fallo: "(…) El juez Rimondi dijo: Se atribuye al imputado el hecho (…) en la cual, cuando asistía a la paciente (…) en el nacimiento de su hijo (…), tras advertir (…) que el niño presentaba una bradicardia fetal sostenida, sin respuesta favorable a pesar de la reanimación intrauterina realizada, no finalizó el embarazo por una vía más expedita, resultando excesivo el lapso de treinta y siete minutos desde el inicio de la primera bradicardia fetal hasta el nacimiento vía vaginal (…), no habiendo actuado en el caso con las debida pericia, causándole dicha demora al menor lesiones gravísimas. Éste presenta una encefalopatía hipóxica isquémica perinatal grave que lo afecta en forma severa y permanente en sus funciones neurológicas con inutilidad para el trabajo de por vida, siendo dicha patología permanente y definitiva. (…) colijo que una vez detectada la bradicardia (…) e iniciadas las maniobras de reanimación, estimadas como correctas, sin que se obtuvieran resultados positivos el imputado debió haber tomado la iniciativa de realizar una operación cesárea (…). En otras palabras, estimo que (…) el lapso de treinta y siete minutos transcurridos desde la detección del padecimiento fetal hasta el nacimiento no aparece excesivo. Sin embargo se debe destacar que (…) el encausado nunca tomó la decisión de practicar una cesárea a su paciente (…), produciéndose un "alumbramiento espontáneo" (…). En definitiva, pese a que P. debió "haber tenido que finalizar el embarazo con anterioridad, por la vía más expedita" (…) no lo hizo, por lo que entiendo que actuó incumpliendo la lex artis que rige en la materia en la que el profesional se desempeñaba. La violación del deber de cuidado no radicó, a mi entender, en una demora excesiva en el tratamiento dispensado, sino en haber errado en el tipo de tratamiento que debía suministrarle a la paciente. El juez Bunge Campos dijo: Coincido con el colega preopinante en cuanto a que existen elementos de cargo suficientes (…) para mantener la imputación (…) por el delito de lesiones imprudentes. Sin embargo, considero que más allá de la omisión del médico de haber tomado la iniciativa de practicar una cesárea a la paciente, lo que determina la impericia en su actuar es el tiempo excesivo que transcurrió desde el inicio de la bradicardia hasta el nacimiento (37 minutos). (…) Así voto. El juez Barbarosch dijo: Adhiero a los fundamentos del voto que antecede. (…) el tribunal

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional RESUELVE: I. CONFIRMAR el punto dispositivo II del auto (…) II. MODIFICAR el punto IV del mismo decisorio, reduciendo el monto del embargo (…) a $ 10.000 (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.:Sosa). c. 41.842, P., C. F. Rta.: 14/03/2012 LESIONES. Leves culposas. Procesamiento. Imputado empleado de un salón de belleza que aplicó a la damnificada productos para el tratamiento de alisado permanente del cabello. Quemaduras por los químicos utilizados. Imposibilidad de determinar cuál habría sido el deber objetivo de cuidado infringido. Revocación. Sobreseimiento. Disidencia: imputado que se excedió en el tiempo de aplicación recomendado en el manual de instrucciones del producto. Confirmación. Fallo: "(…) Se le imputa (…) haber provocado lesiones a (…), quien habría ingresado al salón de belleza (…), al haberle aplicado productos para tratamiento de alisado permanente, (…) dejándolo actuar en contacto con la piel y por un tiempo estimado en dos horas. Asimismo tales productos fueron aplicados, sin prueba previa y sin requerirse información sobre antecedentes alérgicos. En horas de la tarde la denunciante, comenzó a sentir fuertes dolores en sus orejas, situación que perduró hasta el día siguiente, diagnosticándosele quemaduras por los productos químicos utilizados en el alisado (…). Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijo: (…) independientemente de las lesiones que presentó la damnificada -las que han sido debidamente constatadas, (…) no se advierte cuál ha sido el deber objetivo de cuidado que habría violado el imputado en relación a la damnificada. (…) entendemos las pruebas arrimadas al sumario no permiten concretar una seria imputación en contra de (…), por lo que (…) habremos de revocar el auto recurrido y disponer su sobreseimiento al considerar aplicable el inc. 3°, del art. 336, del Código Procesal Penal de la Nación. Así votamos. El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) entiendo que (…) aplicó el tratamiento para alisado del cabello a (…) excediendo el tiempo recomendado en el manual instructivo (…), lo que provocó lesiones en los pabellones auriculares de la damnificada al haber entrado en contacto directo con el producto. (…) teniendo en cuenta los parámetros que surgen del instructivo mencionado, (…) de donde se desprende que la aplicación de la Fase 1 debe dejarse colocada por un tiempo total de hasta 25 minutos, lo que confrontado con los dichos de la damnificada, que afirmó que tuvo colocado el producto por casi dos horas (…), resultan pautas suficientes para afirmar que las lesiones que sufriera (…) fueron consecuencia del tiempo de exceso en que se dejó colocado dicho tratamiento, sin que por otro lado, el encartado haya tomado las precauciones necesarias, como por ejemplo cubrir con una toalla la zona de piel que pudiera haber tenido contacto con el tratamiento, no observando el deber objetivo de cuidado que le era exigible en función a su profesión. (…) a diferencia de mis colegas de Sala, habré de proponer la homologación del auto recurrido en todo cuanto ha sido materia de recurso (…). Así lo voto. (…) el tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución (…), y en consecuencia, SOBRESEER a (…), de las demás condiciones personales obrantes en el sumario (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.021, FRANCISCO, Gastón. Rta.: 21/03/2012 LESIONES. Culposas Leves. Procesamiento. Mordida de perro a damnificado transeúnte en la vía pública. Omisión del deber de cuidado al llevar un can sin correa o sin bozal. Incumplimiento a la ordenanza municipal nro. 41.831, artículo 29. Confirmación. Fallo: "(…) la materialidad del suceso pesquisado se encuentra acreditada mediante los dichos del padre del damnificado (…) y la testigo (…). De ellos se desprende, de manera conteste, que mientras el denunciante caminaba por la calle Billinghurst, junto a sus dos hijos y su novia, un perro dálmata que no portaba ni correa ni bozal, se abalanzó hacia (…), hijo menor del denunciante, mordiéndole el glúteo derecho, ocasionándole lesiones que fueron acreditadas a fs.(…) y en el informe del Cuerpo Medico Forense de fs (…). (…) cabe señalar que el imputado reconoció tener el can a su cuidado y señaló que en ciertas ocasiones lo suele sacar a pasear sin correa o sin bozal, pero que aquella noche él no salió con su perro. (…) cobran relevancia los dichos de (…)-portero del imputado-, quien reconoció que el encausado sacó a pasear a su animal sin llevar puesto ni correa ni bozal, el día del suceso -ver fs.(…), circunstancia que patentiza la violación al deber objetivo de cuidado por parte de (…)por no haber cumplido con los recaudos que exige el artículo 29 de la ordenanza municipal nro. 41.831 para el tránsito y permanencia del animal en la vía pública. (…) destacando que el imputado era la única persona que tenía a su alcance el cuidado, guarda y control del animal, el tribunal resuelve: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Poleri). c. 121/12, H.G.A. 183

Rta.: 07/03/2012

LESIONES. Culposas leves. Policía que se le disparó el arma y lesionó levemente al damnificado quien en dos oportunidades señaló no querer instar la acción. Prosecución de la investigación por el fiscal que postuló la afectación al interés público. Imposibilidad de convalidar la intervención del Estado cuando el afectado con discernimiento y voluntad no insta al avance de la causa. Revocación. Fallo: "(…) de acuerdo a los conceptos de seguridad e interés público en los términos comprendidos por las partes y el magistrado instructor -punto en el cual todos los actores coincidieron y que por sus fundamentos compartimos-, no apreciamos que la lesión sufrida por un particular por el solo hecho de la calidad de la persona imputada -miembro de una fuerza de seguridad-, se proyecte a una afectación al interés público que justifique el impulso de la acción en forma oficiosa, en tanto no se verificó, siquiera en forma potencial, que hubiera obedecido a una actitud temeraria que pusiera en riesgo la seguridad colectiva. (…) no puede soslayarse que el sujeto pasivo no sólo no instó la acción penal en las dos oportunidades que se le preguntó, sino que incluso afirmó que entendía a la perfección los alcances de su decisión -fs. (…) -, razón por la cual bajo ningún concepto se puede convalidar la intervención del Estado en un asunto en donde el titular del derecho afectado ha afirmado, con discernimiento y voluntad, su desinterés en el avance de la causa. (…) se resuelve: Revocar el auto decisorio de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso (art. 72, inciso 2 del Código Penal)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar). c. 408, MUÑOZ, Walter O. Rta.: 27/04/2012

LESIONES. Culposas leves. Procesamiento. Menor mordida por un perro. Violación al deber objetivo de cuidado al tener al animal en la vereda atado y sin bozal. Posición de garante. Confirmación. Fallo: "(…) Es la propia imputada quien admite que el perro no tenía un bozal colocado y que no estaba presente al momento en que sucedieron los hechos, por lo que mal puede afirmar que existió una autopuesta en peligro de la menor cuando ella se hallaba bajo la custodia de su madre, que nada habría hecho en ese momento. La explicación de que la niña se habría acercado al can para jugar o para asustarlo es una mera suposición de la imputada que, frente al testimonio de fs. (…), no puede llevar a modificar la decisión traída a estudio cuando se encuentra comprobada la violación al deber de cuidado a cargo de (…). Por otro lado, frente a la contingencia de que alguien se acerque al animal y éste reaccione agresivamente, más aún en caso de dejar atado al perro sin supervisión alguna, no puede negarse que ello y la ausencia del bozal que debe llevar justamente para minimizar los riesgos de ese tipo de situaciones, es el que se ha materializado en el resultado lesivo verificado en autos. El resto de los argumentos expuestos por la defensa de ningún modo enervan las consideraciones desarrolladas en el auto puesto en crisis, pues la tenencia responsable que alega se ve desvirtuada por el modo en que fue dejado el perro en la vía pública, en tanto que el carácter tranquilo y dócil del animal resulta irrelevante para resolver el suceso bajo investigación, más aún cuando no se niega que el can hubiese producido las lesiones certificadas en el expediente. Por lo expuesto, sin perjuicio de la ampliación del testimonio de (…) en sede judicial y de la procedencia de la búsqueda de testigos de los hechos para completar la investigación, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto decisorio obrante a fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 648/12, H., R. G. Rta.: 28/05/2012

LESIONES. Culposas. Leves. Procesamiento. Menor mordida por un perro. Violación al deber objetivo de cuidado al tener a su animal en la vereda atado y sin bozal. Posición de garante. Confirmación. Fallo: "(…) Es la propia imputada quien admite que el perro no tenía un bozal colocado y que no estaba presente al momento en que sucedieron los hechos, por lo que mal puede afirmar que existió una autopuesta en peligro de la menor cuando ella se hallaba bajo la custodia de su madre, que nada habría hecho en ese momento. La explicación de que la niña se habría acercado al can para jugar o para asustarlo es una mera 184

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional suposición de la imputada que, frente al testimonio de fs. (…), no puede llevar a modificar la decisión traída a estudio cuando se encuentra comprobada la violación al deber de cuidado a cargo de (…). Por otro lado, frente a la contingencia de que alguien se acerque al animal y éste reaccione agresivamente, más aún en caso de dejar atado al perro sin supervisión alguna, no puede negarse que ello y la ausencia del bozal que debe llevar justamente para minimizar los riesgos de ese tipo de situaciones, es el que se ha materializado en el resultado lesivo verificado en autos. El resto de los argumentos expuestos por la defensa de ningún modo enervan las consideraciones desarrolladas en el auto puesto en crisis, pues la tenencia responsable que alega se ve desvirtuada por el modo en que fue dejado el perro en la vía pública, en tanto que el carácter tranquilo y dócil del animal resulta irrelevante para resolver el suceso bajo investigación, más aún cuando no se niega que el can hubiese producido las lesiones certificadas en el expediente. Por lo expuesto, sin perjuicio de la ampliación del testimonio de (…) en sede judicial y de la procedencia de la búsqueda de testigos de los hechos para completar la investigación, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto decisorio obrante a fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 648/12, REYNOSO, Claudio. Rta.: 05/06/2012 LESIONES. Culposas. Procesamiento. Informe que acredita que el día del hecho hubo un deficiente funcionamiento del semáforo que provocó otros accidentes. Aplicación del principio in dubio pro reo. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) este Tribunal entiende que el interlocutorio apelado debe ser revocado. Ello pues, si bien la versión de la damnificada se condice en gran parte con la de algunos de los testigos que circulaban a bordo del colectivo, lo cierto es que la falla aludida por el imputado sobre el funcionamiento del semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Córdoba y Cerrito se acreditó debidamente con el informe de la Oficina de Señalización de Tránsito del GCBA (ver fs….), así como también con el testimonio de la preventora (…). (fs…). (…) tal funcionaria refirió que existieron otros accidentes similares el mismo día allí, en donde estuvieron involucrados tres automóviles por causa del mal funcionamiento de la señal lumínica. Tal circunstancia permite afirmar que el resultado investigado encuentra su razón de ser en el deficitario sistema de luz de los semáforos de la zona y no en una conducta negligente o imprudente por parte del imputado. Por tal razón, no es posible imputar una infracción al deber objetivo de cuidado contra el encausado. (…) toda vez que el panorama probatorio incorporado con posterioridad a la falta de mérito dispuesta a fs. (…), ratifica la imposibilidad fáctica que argumentó el encartado, habremos de estar a la situación más favorable para el encartado, por estricta aplicación del art. 3° del código de rito. (…) el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar). c. 238, MOSSO, Juan P. Rta.: 27/03/2012

LESIONES. Culposas. Procesamiento. Accidente que se produce en el interior de un local propiedad de los imputados. Posición de garante. Aumento del riesgo no permitido. Confirmación. Hechos: Apela la defensa los procesamientos de los imputados por el delito de lesiones culposas graves. Se les reprocha las lesiones que padeció un niño al caer del muro de escalar y golpearse contra los parantes de una cama elástica que no debería haber estado colocada debajo del lugar. Fallo: "(…) Al respecto, coincidimos con el juez de grado en que existen elementos suficientes tanto para sustentar el reproche que soportan -al menos con el grado de probabilidad que esta etapa del proceso requiere-, como para desvirtuar las versiones exculpatorias ensayadas en sus declaraciones indagatorias (fs. …). En efecto, si bien (…) pretendió deslindar la imputación que se le dirige en el encargado (…) (ya sobreseído) alegando que éste tenía el control de toda la escenografía del lugar los días en que él no concurría y por ende nada le impedía adoptar las medidas pertinentes para eliminar cualquier foco de riesgo que pudiera existir para los eventuales clientes, tal circunstancia en modo alguno lo exime de responsabilidad pues las fotografías obrantes a fs. (…) y el descargo del empleado aludido (fs. ...) revelan que la cama habitualmente se ubicaba en el ámbito del salón donde se produjo el accidente, extremo así admitido por la defensa en el transcurso de la audiencia celebrada ante esta Cámara. De este modo, y más allá del actuar diligente que pudiera serle exigido en concreto a (…) el día del hecho, la introducción y permanencia del elemento 185

peligroso (creación de riesgo no permitido) le es achacable tanto a (…), como también a (…) por no ser ajeno a esa conducta. Y es que aun cuando el suceso aconteció en el sector donde funciona "(…)" -firma en la que este último no tendría participación- y que en su descargo alegó que la cama elástica pertenecía exclusivamente a (…), quien así lo reconoció, lo cierto es que el volante publicitario de fs. (…) revela que ese artefacto era usado comercialmente en "(…)", emprendimiento en que ambos son titulares, funciona en el mismo inmueble y su habilitación municipal se encuentra registrada en común (fs. …). Por lo demás, las características del objeto dan cuenta de la ausencia de un destino específico en el interior de "(…)", el que tampoco pudo ser explicado a preguntas del tribunal. Refuerza lo dicho, el hecho de que en el marco de la inspección ocular practicada por el Subinspector (…) (fs. ...) se dejara asentado que la colchoneta en cuestión se hallaba en "(…)" y que el testigo (…) señalara que aquélla era utilizada por los niños que participaban en las fiestas infantiles que se celebraban en dicho salón (fs. ...). En este contexto, no quedan dudas de que los imputados ocupaban una posición de garante, pues claramente todo aconteció dentro del ámbito propio en que ellos ejercían su actividad, y que por la falta de diligencia debida generaron un aumento de riesgo no permitido que derivó en el resultado lesivo verificado. Y es que resulta indudable -a la luz de las fotografías obrantes a fs. (…)- que la cama elástica de mención se traducía en un elemento peligroso al estar ubicada debajo de las paredes de escalamiento, práctica deportiva en la que, por sus características, son habituales las caídas de participantes, contingencias éstas tampoco desconocidas por aquéllos. Finalmente, el monto de (…) pesos ($...) discernido en concepto de embargo en modo alguno puede considerárselo excesivo para asegurar la eventual indemnización civil derivada del delito reprochado -atento a la magnitud del daño sufrido- y los gastos del proceso, que incluye en el presente el pago de las costas y los honorarios devengados por los abogados actuantes (artículo 518 del CPPN). Cabe agregar que la estimación del quantum de esa medida cautelar no responde a un análisis de la situación económica de los imputados, razón por la que las consideraciones efectuadas en ese sentido por la defensa no pueden ser entendidas como un agravio válido (1). Por todo lo dicho, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 30, CENTENO, Carlos L. y otro. Rta.: 02/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 95/10 "Álvez, Lucas Gabriel", rta. 24/2/10. LESIONES. Culposas. Procesamiento. Accionar del conductor de una ambulancia del S.A.M.E. que excede las previsiones contempladas en la ley 24.449 para situaciones de emergencia. Conductor de la ambulancia que ocasionó un mal mayor al que pretendía resolver. Confirmación. Hechos: Apela la defensa el procesamiento del imputado por el delito de lesiones culposas. Se le reprocha el haber colisionado contra un colectivo y provocarle lesiones a sus pasajeros cuando conducía la ambulancia del S.A.M.E. Fallo: "(…) No es materia de controversia que el rodado de emergencia se trasladaba con sirenas y balizas encendidas hacia la Estación Once al haber sido convocada por un descarrilamiento de una formación y que la señal del semáforo de la avenida mencionada se encontraba en verde para los vehículos que por allí transitaban. El art. 61 de la ley 24.449, en lo que aquí interesa, establece que "…Los vehículos de los servicios de emergencia pueden, excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica, no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento, si ello les fuera absolutamente imprescindible en la ocasión que se trate siempre y cuando no ocasionen un mal mayor que aquel que intenten resolver... Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias…" Es claro que ante una emergencia las ambulancias tienen permitido no respetar determinadas reglas como ser, vgr., los límites de velocidad establecidos por la legislación y que los demás conductores deben facilitarles, dentro de sus posibilidades, la circulación. Ahora bien, como la propia norma establece, deben extremar los recaudos para evitar producir daños mayores que aquél que están llamados a neutralizar y no implica, en modo alguno, que tienen la facultad de desconocer la manda del inciso b) del art. 39 de la misma ley, es decir, "…circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo o animal, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito. Cualquier maniobra deben advertirla previamente y realizarla con precaución, sin crear riesgo ni afectar la fluidez del tránsito. ". En el presente caso, las constancias de la causa indican, con la convicción propia de esta instancia, que (…) creó un riesgo jurídicamente desaprobado que se tradujo en la afectación al bien jurídico protegido. Cierto es que transitaba con las sirenas y balizas encendidas mas ello no lo exime del deber de detener la marcha cuando la situación así lo exija. Y en este sentido, existen circunstancias específicas que deben destacarse pues son relevantes para decidir la cuestión: la primera, que en el carril de la avenida inmediato a 186

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional la acera se detuvo un colectivo de la línea (…,) que habría cedido el paso, en tanto el perteneciente a la línea (…) transitaba por el carril lindero a la línea divisoria con la mano contraria; la segunda, la zona del transporte en donde impactó la ambulancia, esto es, la puerta de descenso de pasajeros ubicada en la mitad del lateral (ver informe de fs. … y vistas fotográficas de fs. …). Se infiere de ello que al divisar que el primer colectivo se había detenido, continuó la marcha sin prestar la atención debida al tránsito de los restantes carriles pues el lugar donde colisionó demuestra que el colectivo conducido por (…) ya estaba traspasando el cruce de las arterias -con la señal lumínica del semáforo habilitándolo, vale la pena reiterar- por lo que nunca hubiera podido cederle el paso. No es ocioso, por lo demás, señalar lo informado por el Director General del SAME con relación al Manual Operativo del Departamento de Transporte: "… un equipo de emergencia no sólo tiene que estar al tanto de todo lo que hace a la conducción del móvil al lugar de los hechos, sino que tiene que saber llegar rápidamente y sin exponer la vida de la tripulación, suya, ni la del paciente…Tener sirenas y luces de emergencia no significa que se pueda ir a cualquier velocidad o conducir en forma irresponsable…"(fs. …). Con relación al monto del embargo, toda vez que el impugnante omitió efectuar crítica alguna a su respecto, corresponde tener por desistido el recurso de apelación con relación al punto (…) de la resolución apelada. Por las razones expuestas, al tener prima facie acreditada la materialidad del suceso y la responsabilidad que le cupo al imputado en él, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (...). C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 113, CASAL, Luis. Rta.: 05/03/2012 LESIONES. Graves. Procesamiento. Agravio: legítima defensa de los encausados. Rechazo. Confirmación. Hechos: la defensa apeló los procesamientos en orden al delito de lesiones graves. Se les atribuye haber propinado golpes de puño al damnificado, tirándolo al suelo en dónde le dieron patadas en distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones de carácter grave. Se agravia la defensa invocando los requisitos de la legítima defensa de sus asistidos (inciso 7º del artículo 34 del Código Penal). Fallo: “(…) Lo expuesto desvirtúa el descargo de los encausados (…) por lo que el agravio de la defensa respecto a que en este caso sus asistidos actuaron bajo una causa de justificación, no tendrá acogida favorable. (…) Recordemos que la legítima defensa es la reacción necesaria para evitar una agresión ilegítima y no provocada de un bien jurídico amenazado. A todas luces no se vislumbra en la causa que los imputados hayan actuado para defender a un tercero sino todo lo contrario. De lo narrado por (…) y el resto de los testigos se desprende claramente que (…) no comenzó la agresión ni amenazó a los hermanos (…) ni a su madre con un hierro. (…) IV.- De la calificación. La defensa sostiene que es errónea porque el artículo 90 del Código Penal agrava la lesión, entre otras cosas, por la persistencia de los efectos que tiene sobre la capacidad laboral de la víctima y que ello se refiere al trabajo en general, ocasionando impedimentos para el empleo del cuerpo o de la mente en actividad laboral. Lo que a su criterio no se daría en el caso. No es posible acceder a tal pretensión: las lesiones graves se caracterizan por producir una debilitación en el cuerpo o en la salud; particularmente puede debilitarse un miembro cuando su utilización queda resentida. Tanto las manos como los pies cumplen funciones específicas como son la aprehensión o deambulación. (…). En este sentido es importante destacar que “…la inteligencia de que la ley se refiere al trabajo en general, permite abarcar los casos en que la víctima no tiene una ocupación remunerada. Como lo que se quiere amparar es la posibilidad de trabajar, se entiende tanto lo que haga el sujeto actualmente, aunque no gane con ello, cuanto lo que cualquier hombre podría hacer de no haber sufrido la lesión…” (1). En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto III del auto de fs. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Carande). c. 43, FRANZE, Pablo Ariel y FRANZE Daniel Eduardo. Rta.: 14/03/2012 Se citó: (1) David Baigún-Eugenio R. Zaffaroni, “Codigo Penal, Parte Especial”, Tomo 3, Hammurabi, Bs. As. 2007, pág.805.

LESIONES. Leves calificadas por el vínculo. Procesamiento. Hija que denuncia a su madre por lesiones. Posterior declaración de la víctima para dejar sin efecto la denuncia. Pericia psicológica que indicó la situación de riesgo. Confirmación.

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Fallo: "(…) la valoración probatoria efectuada (…) es ajustada a los parámetros de la sana crítica (artículo 241 del código de rito) y, por ello, procede su convalidación. (…) la materialidad del hecho pesquisado y la responsabilidad que le cabe a la encartada encuentra fundamento en el minucioso relato de la damnificada, en el que explicó las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que ocurrió el suceso (ver fs. …) y en el informe médico legal de fs.(…), mediante el cual se constataron las lesiones que padeciera. (…) se encuentra glosada copia de la partida de nacimiento de la víctima, a través de cual se acredita el vínculo materno filial con la imputada. Respecto a la nueva declaración de la afectada, en cuanto señala que era su intención dejar sin efecto la denuncia, ya que la realizó por el temor que le causó el momento vivido, señalamos que para evaluar su contenido resulta relevante el informe practicado por el departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense, que da cuenta que "la peritada presenta signos compatibles con la indefensión aprendida, producto de hallarse inserta en un vínculo disfuncional con su madre caracterizado por la violencia física emocional y económica de antigua data. Se constata asimismo intensa ambivalencia afectiva y es posible que el contexto situacional, afectivo, cognitivo y vincular que presenta conlleve a una retractación de su denuncia inicial". Además, se hace hincapié en el mentado estudio en la situación de riesgo en la que se encuentra. (…) se resuelve: Confirmar el punto I de la resolución de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec.Cám.: De la Bandera). c. 189, S., E. M. Rta.: 22/03/2012

LESIONES. Leves dolosas. Sobreseimiento (art. 336, inc. 4, del C.P.P.N.). Damnificado que denunció haber sido agredido con un palo por el imputado, al haberle recriminado que su perro habría orinado el cantero de su propiedad. Orfandad probatoria. Versión exculpatoria del imputado referente a la reacción del perro frente a los gritos del denunciante. Principio de presunción de inocencia. Confirmación. Fallo: "(…) La jueza María Laura Garrigós de Rébori dijo: Tal como lo expuse en mi anterior intervención (fs. …), entiendo que las constancias de la causa no permiten dilucidar suficientemente las circunstancias del suceso en cuestión, el contexto en que se habrían verificado las lesiones determinadas en la persona de (…), como así tampoco la responsabilidad del imputado en relación a ellas. No se secuestró la madera utilizada para el presunto acometimiento, la prevención no recabó testigos presenciales y los incorporados posteriormente fueron ofrecidos por el damnificado nueve meses después; uno de ellos, dio una versión de oídas a partir de los dichos del hermano de la víctima, que tampoco presenció el hecho, y el relato de la otra, que sí dijo haber estado en el lugar, presenta diferencias con la manifestación del denunciante. La versión en indagatoria del imputado, referente una reacción del perro frente a los gritos de reclamo que dirigió hacia (…), cuestión que no resulta impensable cuando un perro está junto a su amo, refuerza, a mi criterio, el panorama de incertidumbre a que ya aludí con anterioridad y me lleva, nuevamente, a propiciar la confirmatoria del auto recurrido conforme los términos del artículo 3° del cuerpo adjetivo. Ello así por cuanto, además de la hipótesis denunciada, entiendo que existirían también otras posibilidades -un acto de defensa real o de una meramente putativa, un error en el golpe inicialmente dirigido al perro, etc.- Así voto. Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Tal como lo expuse en mi anterior intervención en esta causa (ver fs….), concurren en el caso la versión del preventor (…), en cuanto a las referencia|as que el formularon inicialmente el imputado y el damnificado sobre la situación suscitada y su visualización directa de las lesiones que presentaba este último en su rostro; el contenido del testimonio "de oídas" que el testigo (…) trajo a la causa sobre hechos contemporáneos al conflicto; las constancias que acreditaron las lesiones fotografías, historia clínica e informe médico forense- y el relato de la testigo presencia (…). Estos datos, que ya entonces ubicaban a (…) en el contexto temporo-espacial en que (…) recibió las lesiones y lo señalaban en principio como responsable de haberlas ocasionado, determinaron que votara para que se le recibiera declaración indagatoria y se produjera la prueba que eventualmente ofreciera en su descargo. (…) considero que aquellos elementos que resalté como confirmatorios de la hipótesis delictiva denunciada por (…) no han sido puestos en crisis, razón por la cual en esta ocasión voto por la revocatoria del sobreseimiento que se revisa y por el dictado del procesamiento de (…)como autor penalmente responsable del delito de lesiones leves dolosas (artículos 45 y 89 del Código Penal), debiendo el juez resolver lo que corresponda conforme los artículos 312 y 518 del cuerpo adjetivo. En virtud de no haber acuerdo entre los vocales opinantes, se dispone dar intervención al Presidente de esta Cámara, Dr. Gustavo Bruzzone, quien dijo: (…) Sin perjuicio de que, a mi criterio, existe un impedimento procesal de continuar con la sustanciación del proceso por carecer de impulso fiscal, dado que la decisión desvinculante del Sr. juez a quo fue tácitamente consentida por el Ministerio Público Fiscal -único titular de la acción penal- en ambas instancias (in re: causa n°36.269 de la Sala Primera, "Abdelnabe", rta. 26/08/09, entre muchas otras), mi intervención en este caso particular se ciñe a resolver únicamente sobre el fondo del asunto, puesto que el tribunal en que me toca intervenir asume una postura distinta a la mía sobre esta 188

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional cuestión, habilitando la intervención del querellante en solitario, por lo que, siendo ellos mayoría, no expresaré mi disidencia al respecto. (…)coincido con la solución que la jueza Garrigós de Rébori propicia para el caso, toda vez que el cuadro probatorio con el que se cuenta en autos no logra rebatir la versión exculpatoria brindada por el imputado al momento de ser legitimado pasivamente; y ello, sumado a la ausencia de testigos presenciales e imparciales del hecho denunciado y a la falta de secuestro de la madera presuntamente utilizada para agredir a la víctima nos ubican frente a un caso de confrontación de dichos entre las partes, que no puede ser resuelto en contra del imputado en virtud del estado de inocencia del que goza (art. 1, CPPN). (…) voto por confirmar el sobreseimiento de (…). (…) se RESUELVE: Confirmar contra la decisión de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich (en disidencia), Garrigós de Rébori, Bruzzone. (Sec.: Herrera) c. 305, FRIZ, Demetrio. Rta.: 16/04/2012

LESIONES. Leves en concurso real con amenazas coactivas. Procesamiento. Violencia doméstica. Situación de violencia considerada de "alto riesgo". Lesiones acreditadas. Confirmación. Fallo: "(…) (…) realizó una detallada descripción de las circunstancias en que (…) la habría agredido físicamente el 22 de octubre de 2011, en el interior de la plaza (…) de esta ciudad ("hecho 1"). Del mismo modo se explayó sobre el suceso acaecido unos días antes, en las cercanías del colegio al que asiste la hija de ambos, oportunidad en la que la habría golpeado y referido "Te mato si te llego a ver cerca de mi casa con alguien y con quien estés" ("hecho II") (cfr. fs. …).Por otro lado, las vistas fotográficas y el examen médico de fs. (…), sustentan aquella versión pues dan cuenta que la damnificada presentaba "…en párpado inferior derecho equimosis lineal de 1 cm color violáceo azulada. En pierna derecha tercio superior cara anterior equimosis violáceo azulada de 3 cm", Tales lesiones resultan compatibles con el mecanismo de producción relatado, y coinciden con la data en la que refiere haberlas sufrido. Se destaca además el informe psicológico realizado en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. …), del cual surge que el cuadro descripto por (…) se presentaba como de "alto riesgo". Más allá de que la damnificada en sus distintas declaraciones sostuvo que no existieron testigos de los eventos denunciados, las contradicciones existentes entre los dichos de (…) y su actual pareja (…), correctamente señaladas por el a quo en el auto cuestionado, refuerzan el testimonio de la víctima e impiden dar pábulo a la versión que pretende sostener la defensa (ver fs. ...).Estos elementos valorados en forma conjunta alcanzan para conformar el grado de convicción que exige el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación y ameritan el avance de la causa al siguiente momento procesal, que por sus características podría favorecer el esclarecimiento de lo sucedido. Por ello, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 572/12, L., L. G. Rta.: 18/05/2012

LESIONES. Leves. Procesamiento. Defensa que alega legítima defensa. Imputado que reacciona contra un periodista intentando golpearlo por haberlo acusado de formar parte de una organización ilícita. Desproporción entre el medio empleado y el bien jurídico protegido. Rechazo. Confirmación. Fallo: "(…) A criterio de la apelante las lesiones provocadas por su pupilo a (…), fueron consecuencia de una legítima defensa. En ese orden, entiende que el hecho de que aquel estuviera siendo filmado y acusado por el periodista de formar parte de una organización clandestina denominada "bondis truchos", en tanto afectaría su honor, conforma la agresión ilegítima que reclama el artículo 34 inc. 6° del Código Penal. Teniendo en cuenta entonces que no se controvierte la materialidad del hecho ni la intervención del imputado en él, corresponde evaluar si en el caso concurren los requisitos que prevé la normativa de fondo para justificar un hecho típico. El episodio materia de investigación tuvo como marco la labor periodística desarrollada por el damnificado (…) junto a (…), y se encuentra reflejado en autos tanto por sus declaraciones testimoniales (fs. ...) como por las imágenes de video aportadas a la investigación (fs. …). En estas últimas, precisamente, se observa que el citado (…) se acercó a (…) y comenzó a inquirirlo en torno a su supuesto rol en la mentada organización, a lo

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cual el este último luego de unos instantes reaccionó dirigiéndole un golpe a la víctima, aunque sin llegar a impactar sobre ella. Luego de ello, el imputado se alejó del periodista amenazando con golpearlo, e inmediatamente después de dejar a la niña que llevaba en sus brazos con otra persona, regresó y lo atacó con golpes de puños y patadas, debiendo interponerse terceras personas para hacer cesar la golpiza. Aun más, pese a la intervención de estas últimas, el causante procuró continuar con la agresión persiguiendo a la carrera a su víctima por varios metros. El análisis de lo ocurrido nos lleva a adoptar una posición que difiere de la argüida por la defensa, puesto que aun cuando pudiera entenderse que el estilo de la labor periodista, al enrostrarle llanamente a su asistido una conducta presuntamente ilícita, podría implicar una afrenta a su honor, es del caso que no habría trascendido del plano verbal. Véase en punto a ello que no surge de lo obrado que el causante, o la persona que llevaba en sus brazos, hayan sido objeto de una agresión física. La necesidad de defensa o, lo que es lo mismo, la oportunidad en que ella puede ejercerse, reclama no sólo la existencia de un agresión actual o inminente sino también la racionalidad del medio empleado para impedirla o repelerla, cuyo análisis no puede prescindir de la ponderación de la magnitud del peligro que corre el bien jurídico que se intenta defender y de la posibilidad de evitarlo por otros medios menos lesivos. Al respecto, la doctrina enseña que "…la necesidad en la justificación… supone oportunidad del empleo de la defensa; imposibilidad de usar otros medios menos drásticos; inevitabilidad del peligro por otros recursos, pero todo ello en directa relación y subordinación al peligro que nos amenaza, a la entidad del bien jurídico amenazado y a la figura típica que surge de la reacción…" (1). Teniendo en cuenta tales lineamientos, resulta evidente la desproporción entre el medio empleado para ejercer la defensa y el bien jurídico que habría pretendido salvaguardar (…), pues no es posible concebir ajustada a derecho una conducta que acuda a un medio lesivo de tal magnitud como las lesiones para evitar una supuesta afectación al honor. En esas condiciones, su acción no supera el juicio de racionalidad. No es soslayable el hecho de que el imputado se alejó libremente del lugar en el que se encontraba el periodista interrumpiendo así la catalogada agresión verbal, mas, pese a ello, decidió regresar e iniciar un ataque físico y persecución de la víctima, en un contexto de ausencia de peligro para el bien jurídico que, a juicio de la defensa, se intentó preservar. Por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto (…) del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, Lucini. (Sec.: Barros). c. 32, ORELLANO AGUIAR, Wilfredo M. Rta.: 29/02/2012 Se citó: (1) Código Penal Comentado y Anotado, dirigido por D'Alessio, Andrés José y coordinado por Divito, Mauro A., comentario al Art. 34 del C.P., pág. 392, tomo I, edición marzo de 2007, con cita de Jiménez de Asúa.

LESIONES. Leves. Procesamiento. Análisis interdisciplinario de la O.V.D. que evaluó la situación de la denunciante como de riesgo psicológico alto. Imputado que fue perdonado. Convivencia reanudada. Confirmación. Fallo: “(…) I.-) (…) el (…), en la casa (…), habría propinado golpes a (…) en su rostro y cuerpo, provocándole las lesiones descriptas a fs. (…). II.-) Esta relató a fs. (…) que ese día cuando el imputado llegó a su casa le refirió “sos comida de chanchos” (sic), para luego tomarla del cabello, pegarle con el puño en uno de sus ojos y tirarla de la remera, lastimándole la cara anterior de ambos hombros y axilas. Tales heridas están acreditadas a través del informe médico de fs. (…) y las vistas fotográficas de fs. (…), que dan cuenta de su gravedad y mecanismo de producción. Completa el plexo probatorio el análisis interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica de fs. (…) que evalúa la situación de la denunciante como de riesgo psicológico alto. La ausencia de testigos ajenos al hecho, no puede ser motivo exclusivo y determinante para destacar su intervención en el suceso. Es que no es frecuente que este tipo de conductas se lleven a cabo frente a terceros y por tanto, de aplicar sistemáticamente esta línea de razonamiento, la mayoría de los casos de ésta naturaleza quedarían impunes. (1). Por otro lado, el hecho de que la damnificada haya perdonado al imputado y actualmente convivan, en nada conmueve lo hasta aquí valorado.(…), el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto II del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso de apelación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 393/12, M. P., D. A. Rta.: 07/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 40.959, “Apaza Ríos, Juan Carlos”, rta.: 15/03/11 y c. 42.105, “Chociananowicz Gustavo Ezequiel”, rta.: 30/08/11.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional LESIONES. Leves. Procesamiento. Trascendencia de los dichos de la víctima. Ley de Protección integral de las mujeres (Ley 26.485). Confirmación. Disidencia: evidencias insuficientes. Denunciante que no prestó juramento y no ratificó la denuncia en sede judicial. Revocación. Hechos: apeló la defensa oficial el procesamiento del imputado en orden al delito de lesiones leves (art. 89 del C.P.). Fallo: "(…) Se atribuye al imputado el haber lesionado a (...), a quien el 18 de diciembre de 2011,a las 17:00, le habría arrojado lavandina sobre su cuerpo y agredido físicamente al tomarla del rostro y forcejear, causándole lesiones. El juez Mauro A. Divito dijo: En mi opinión los dichos de la damnificada (…) y el informe que acredita que presentó lesiones (...) constituyen evidencias insuficientes para concluir en una asignación de responsabilidad a (…), con los alcances previstos por el artículo 306 del Código Procesal Penal. Particularmente ello es así porque tales elementos no aparecen avalados por alguna otra prueba, extremo que impide tener por suficientemente comprobada la acción típica atribuida al causante, siempre que en el estado actual de la encuesta, aunque la existencia de las lesiones ha sido comprobada, la agresión en cuyo transcurso se habrían producido consta únicamente en la declaración de la víctima, que -por lo demás- no fue prestada bajo las formalidades de una testimonial (adviértase que la denunciante no prestó juramento o promesa de decir la verdad) ni fue ratificada en sede judicial. De tal modo, estimo que no se ha desvirtuado el descargo del imputado, quien negó haber golpeado a (...). En consecuencia, considero que corresponde revocar el procesamiento apelado y, a efectos de profundizar la pesquisa, recabar los dichos de la menor (...), que habría presenciado lo sucedido, dictando entretanto un auto de falta de mérito respecto de (…) en relación con los hechos por los que a fs. 13 rindió declaración indagatoria (artículo 309, del Código Procesal Penal). El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Entiendo que el pronunciamiento recurrido en apelación debe ser homologado, pues la existencia del suceso que damnificara a (…) se encuentra en principio corroborada con el informe médico de la Oficina de Violencia Doméstica, que constató las lesiones (…) y con los dichos de la nombrada (…). En consecuencia, los cuestionamientos introducidos por la asistencia técnica del causante (...), no menoscaban la conclusión según la cual los elementos reunidos en la encuesta conforman un marco de probabilidad que autoriza a afirmar la autoría de (...) en el suceso por el que fue legitimado pasivamente (…). Por lo expuesto, con el grado de convencimiento que esta etapa del proceso requiere (artículo 306 del código adjetivo), voto por confirmar el procesamiento apelado. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Las lesiones de (…) han sido corroboradas (…) y guardan coherencia con la versión brindada por la víctima y cuyo relato brindara ante la Oficina de Violencia Doméstica. He sostenido en otras oportunidades que la prueba más trascendental en la causa son los dichos de la víctima y que los elementos reunidos deben evaluarse bajo la directriz que establece la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW). Pues bien, la conducta del imputado puede verse comprendida claramente por la ley 26.485 de protección integral de las mujeres y bajo estos parámetros, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso "González y otras vs. México (Campo Algodonero)" establecen como uno de los deberes de los Estados condenar todas las formas de violencia contra la mujer, debiendo actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (arts. 7 inciso "b" y acápite 287, respectivamente). En este estadío procesal y bajo las pautas indicadas, adhiero al voto del juez Cicciaro cuyos argumentos comparto en su totalidad. (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto extendido (…), punto I, en cuanto se dictara el procesamiento de (…) en orden al delito de lesiones leves". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito (en disidencia), Cicciaro, Pociello Argerich. (Prosec.Ad Hoc.: Sposetti) c. 546/12, C.Z.,C.H. Rta.: 24/05/2012

LESIONES. Leves. Procesamiento. Imputado que le propinó golpes de puño a la damnificada, con quien convivía, al advertir que su ropa no estaba planchada. Situación de violencia familiar de altísimo riesgo. Confirmación. Fallo: "(…) Se atribuyó (…) haber lesionado a (…) en el interior del domicilio que comparten, (…) al advertir que su ropa no estaba planchada, propinándole golpes de puño en el rostro, lo que le produjo un hematoma. Los Jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos, dijeron: (…) entendemos que la versión de la damnificada (…) es clara, precisa y circunstanciada, en cuanto a como se desarrolló el suceso ventilado en autos, la que se condice con el modo de producción de las lesiones que presentara y se encuentran acreditas (…). Sobre éstas últimas se dejó constancia que eran visibles (…), lo cual aporta 191

solvencia a la imputación. (…) Por otro lado, respecto del descargo del imputado, no se encuentra controvertido que las quemaduras que presentó hayan sido producto del accionar de la damnificada, quien lo reconoció. Lo que no resulta verosímil de su versión es la secuencia de las lesiones; es decir que hayan sido ocasionadas al defenderse de la agresión de aquella. (…) se exhibe como relevante el informe elaborado por las licenciadas (…), en el que concluyen que la situación de violencia familiar en la que se encuentra (…) es de "altísimo riesgo" (…). El juez Alfredo Barbarosch, dijo: Si bien comparto los fundamentos del voto precedente, votando en el particular por la confirmación del auto apelado, debo dejar a salvo que no comparto el último párrafo de los considerandos. Así voto. (…) el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (por su voto), Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Souto). c. 42.489/12, C., J. S. Rta.: 04/06/2012

LESIONES. Leves que concurre idealmente con el de amenazas simples. Procesamiento. Agravio de la defensa: falta de tipicidad de las amenazas por haber sido proferidas en el contexto de una discusión. Unidad de acción. Situación del denunciante como de riesgo medio según la O.V.D. Confirmación. Hechos: la defensa de la imputada apeló el procesamiento en orden al delito de lesiones leves que concurre idealmente con el de amenazas simples. Se le atribuye haber referido a su ex marido “sacá el auto porque te lo voy a romper todo” para luego manifestarle que no volvería a ver a sus hijos y golpearlo en su nariz, ocasionándole lesiones. El informe interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica evaluó la situación del denunciante como de riesgo medio. Fallo: “(…) II.-) El damnificado relató (…) que cuando estaba en su domicilio junto a su hijo (…), se presentó (…) solicitándole que le entregara al menor y, ante su negativa, lo amenazó y agredió físicamente en la cara. Las lesiones están acreditadas con las vistas fotográficas de fs. (…) y las constancias médicas de fs. (…) que dan cuenta de su gravedad y describen un mecanismo de producción que se condice con el relatado por la víctima. Completa el plexo probatorio el informe interdisciplinario de la Oficina de Violencia Doméstica de fs. (…) que evalúa la situación del denunciante como de riesgo medio. Si bien no se cuenta con testigos presenciales, ello no descarta su participación pues se debe tener en cuenta que en este tipo de delitos no es frecuente que las conductas se lleven a cabo frente a terceros (1) máxime si la discusión se suscitó en el interior del edificio y en horas de la noche, donde no es habitual que circule mucha gente. Respecto al agravio de la defensa referido a la falta de tipicidad de las amenazas por haber sido proferidas en el contexto de una discusión, señalamos que los delitos de lesiones leves y amenazas concurren en forma ideal entre sí por tratarse de una misma unidad de acción. Ya hemos sostenido al respecto que “en los supuestos donde se comprueba un concurso ideal, se está en presencia de un solo hecho que no puede ser seccionado sobre la base de calificaciones legales, siempre que no es dable predicar, en el caso de autos, que haya mediado solución de continuidad entre las lesiones y la inmediata amenaza, pues el episodio responde a un mismo contexto de actuación temporal” (2). De tal manera, el cuestionamiento efectuado en este sentido se torna abstracto. Por ello, aún de descartarse el delito de amenazas por atipicidad, al encontrarnos ante una unidad de acción, y probadas las lesiones, no puede desvincularse al imputado por una calificación legal. (…), el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 382/12, O., D. M. Rta.: 07/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 41.695, “Werbach, Marcelo Adrián”, rta.: 22/06/11; (2) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 40.161, “Funes Ribert, Oliver Franklin s/lesiones”, rta.: 6/10/10. LESIONES. Leves. Sobreseimiento. Versión brindada por la damnificada y pruebas que dan sustento. Lesiones acreditadas. Evaluación de la Oficina de Violencia Doméstica que califica la situación de alto riesgo. Ámbito íntimo de la familia. Ausencia de testigos. Revocación. Procesamiento. Fallo: "(…) Circunscripto el marco del recurso a la desvinculación de (…) respecto del suceso que habría tenido lugar el (…), alrededor de las 5.30 hs., en el interior de la vivienda que compartía con (…), oportunidad en la que la habría lesionado al tomarla por el cuello, pegarle dos cachetadas en el rostro y luego aplicarle un puntapié en el abdomen para empujarla, coincidimos con el representante del Ministerio Público Fiscal en que la valoración conjunta de los elementos de convicción incorporados sustenta la imputación formulada. 192

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En efecto, no sólo se cuenta con los dichos de la víctima, avalados por el informe médico de fs. (…), que da cuenta de las lesiones producidas -cuya ubicación, mecanismo de producción y evolución coinciden con el episodio relatado por ella-, sino que también dotan de verosimilitud a su relato las conclusiones del informe social confeccionado por la Oficina de Violencia Doméstica de la C.S.J.N. agregado a fs. (…), que califica la situación como de alto riesgo. De otra parte, no debe perderse de vista que las agresiones descriptas habrían tenido lugar dentro de la vivienda que compartían y en el particular contexto de violencia ilustrado por el informe antes aludido, circunstancia que dificulta la obtención de otros testigos. Dichas circunstancias permiten tener por desvirtuado el descargo de (…) y por acreditados los extremos contemplados en el artículo 306 del digesto procesal, de modo que habremos de decretar su procesamiento en orden al suceso acontecido el (…), que corresponde subsumir en la figura legal del artículo 89 del código sustantivo, debiendo el juez de grado expedirse en torno a las medidas cautelares. En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: Revocar el decisorio impugnado y disponer el procesamiento de (…), por considerarlo prima facie autor del delito de lesiones leves (Arts. 45, 89 del C.P. y 306 del C.P.P.N.), disponiendo que en el juzgado de origen se provea lo correspondiente a las medidas cautelares (Arts. 312 y 518 del C.P.P.N.). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 233, S., C. M. Rta.: 20/03/2012

LESIONES. Leves y amenazas. Sobreseimiento. Denuncia realizada ante la Oficina de violencia doméstica de la C.S.J.N. Víctima que manifiesta no querer continuar en el proceso. Omisión de aplicar los parámetros de amplitud probatoria previsto en la ley 26.485 Antecedentes de denuncias. Lesiones verificadas. Afectación a los bienes jurídicos protegidos por la ley 26.485. Revocación. Procesamiento por lesiones leves en concurso real con lesiones en concurso material con amenazas coactivas. Fallo: "(…) cabe señalar que la legislación vigente contempla una única oportunidad como posibilidad de la víctima de disponer de la acción penal en los delitos de lesiones leves, vinculada exclusivamente al impulso inicial. Cumplido ese presupuesto, está previsto que la acción publica pertenezca a quien legalmente es considerado su titular, el Ministerio Público Fiscal (artículo 5 del código adjetivo), quien en el caso concreto promovió la acción e impugnó el auto desincriminatorio. (…) efectuado un estudio minucioso de las constancias de la causa entendemos que asiste razón al Ministerio Público en cuanto sostiene que existen suficientes elementos de juicio para agravar la situación procesal del nombrado en orden a los injustos que se le atribuyen. (…) concordamos con el recurrente en torno a que el análisis efectuado por el a quo no se ajusta a los parámetros de amplitud probatoria previsto en la ley 26.485 en consonancia con las disposiciones de la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer", la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belem Do Pará-", que revisten jerarquía constitucional desde su aprobación mediante las leyes 23.179 y , 24.632, a partir de las cuales el Estado Argentino se comprometió a investigar, sancionar y reparar de manera efectiva los conflictos que se susciten en temáticas en que las mujeres estén involucradas. No podemos soslayar que la prueba más trascendental en la causa son los dichos de la víctima y que sus manifestaciones han sido tachadas de mendacidad por el imputado en su descargo. (…) la conducta del acusado afectó claramente los bienes jurídicos protegidos por la ley 26.485. El magistrado fundó el sobreseimiento dispuesto en que los acontecimientos investigados se desarrollaron en el marco de una relación sentimental conflictiva, que no deben tener repercusión en el ámbito del derecho penal, toda vez que la propia denunciante manifestó su deseo de dejar sin efecto la denuncia. (…) Sin embargo, no debe perderse de vista que en todas las oportunidades en que se escuchó a la denunciante ésta puso de manifiesto que su vida de pareja se desarrolla en un ámbito de violencia física y psíquica. Nótese que en los albores de la investigación la víctima denunció una agresión física (…) que ha sido debidamente corroborada mediante el informe médico de fs. (…), la que, además, se corresponde con la versión de los hechos que ésta brindara. Incluso en esa oportunidad intervino la Oficina de Violencia Doméstica calificando su situación como de alto riesgo (ver fs…). (…) El relato efectuado por (…) se encuentra corroborado por el informe médico de fs. (…). (…) debe sumarse la nueva intervención de la Oficina de Violencia Doméstica, que en esta oportunidad calificó su situación como de riesgo medio, poniendo de manifiesto que la reaparición en este último tiempo de violencia psicológica y de orden físico, que podrían suponer la reinstauración de dichas conductas, advirtiendo sobre el entrampamiento vincular que se advierte en la damnificada. En ese contexto de violencia, adquiere credibilidad los dichos de (…) acerca de las frases amedrentadoras vertidas por el encausado, máxime cuando del informe de la OVD se advierte acerca del temor que le produce a la entrevistada la amenaza de muerte vertida por P.

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(…) el Tribunal resuelve: Revocar la resolución de fs. (…) y disponer el procesamiento de (…) como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves- hecho I- en concurso real con lesiones en concurso material con amenazas coactivas- hecho II- (artículos 45, 55, 89 y 149 bis, segundo párrafo del C.P.N.), debiendo el juez de la instancia de origen decidir sobre los aspectos contemplados en los artículos 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori. (Prosec.Cám.: De la Bandera). c. 299, P., J.A. Rta.: 10/04/2012 LESIONES. Procesamiento. Tropezón de la damnificada en la vereda. Ausencia de violación de los deberes de cuidado del propietario frentista. Repetidas roturas de vereda por parte de empresas de servicio público. Deficientes condiciones de las aceras. Ausencia de responsabilidad penal. Revocatoria. Sobreseimiento. Fallo: "(…) En principio, cabe destacar que el modo de producción y la entidad de las lesiones padecidas por (…) se encuentran debidamente acreditados mediante el informe médico legista (fs. 24), las constancias remitidas por la clínica "…" (…) y las conclusiones del Cuerpo Médico Forense (…). Además, se cuenta con las declaraciones de (…) y (…), quienes refirieron haber observado cuando la denunciante tropezó en la vereda, se dobló el pie y cayó al piso, y apreciaron que el lugar donde se encontraba caída tenía su numeración catastral colocada manualmente en un papel, sin chapa y era la (…). Por otra parte, el Suboficial (…) pudo determinar que la calle (…), en algunos tramos, se encuentra desgastada y que muchas de las viejas aceras están deterioradas (…). Sin embargo, las particulares circunstancias del caso impiden sostener que las lesiones padecidas por la damnificada hubieran sido consecuencia de una violación a sus deberes de cuidado por parte de (…), aun cuando la conservación de la vereda, de modo "primario y principal compete al propietario frentista", según emerge del art. 1° de la Ordenanza 33.721 sobre "Construcción, mantenimiento y conservación de las veredas". En efecto, las explicaciones que ha suministrado el causante al tiempo de su indagatoria, vinculadas con las repetidas roturas de la vereda por parte de las empresas de servicios públicos (…), pese a los distintos informes requeridos en la investigación, no pueden ser desechadas sin más. En ese marco, deben computarse las deficientes condiciones en que se hallan las aceras de esta ciudad, que obligan a los peatones a extremar sus cuidados en el tránsito, tal como surge de la propia descripción formulada por el preventor (…) al constituirse en el lugar (…), en tanto verificó la existencia de deterioros en "muchas" de las veredas de las inmediaciones; e igualmente -en el singular caso de autos- la condición de locador que reviste (…) de la vivienda respectiva desde hacía varios años. En conclusión, dado que no es posible atribuir al titular de la vivienda responsabilidad penal por el tropezón de la damnificada, se impone revocar la decisión recurrida y desvincular al encausado, sin perjuicio de las responsabilidades que en el ámbito extrapenal pudieren corresponder. (…), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado (…) y SOBRESEER a (…) en orden al hecho por el que fue indagado, que se calificó oportunamente como constitutivo del delito de lesiones culposas (artículo 94 del Código Penal), con la expresa mención de que la formación del presente sumario en nada afecta el buen nombre y honor de que hubiere gozado (artículo 336, inciso 3° del Código Procesal Penal)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besanón). c. 212, TOVO, Raúl Juan. Rta.: 30/03/2012 LESIONES. Procesamiento. Damnificados múltiples por accidente en transporte público en donde algunos no instaron la acción. Hecho inescindible. Concurso ideal. Confirmación. Disidencia: Exclusión en la imputación respecto de las lesiones que no fueron formalmente instadas. Nulidad parcial de la declaración indagatoria y del procesamiento. Fallo: "(…) Las Dras. María Laura Garrigós de Rébori y Mirta López González dijeron: (...) votamos por su confirmación, en relación a todos los lesionados -graves y leves- que resultaron afectados en el hecho protagonizado por (…), sin distinción alguna entre las situaciones de resultados leves en que se instó o no formalmente. Tal como lo hemos enunciado en ocasiones anteriores (en el precedente que nuestro colega mencionó y en la causa nro. 36.153, "Brzoza, Eduardo", rta. 4/2/2009, entre otras), no compartimos que deba realizarse una distinción como la que se propone para las lesiones leves no instadas, por cuanto entendemos que en los delitos culposos los resultados son absolutamente aleatorios y no se encuentran subjetivamente abarcados por el autor. Sólo son relevantes a los efectos de evaluar si determinada conducta del agente merecerá encuadre dentro del espectro penal sustantivo, por lo que -establecido ello- se lo considerará responsable por la infracción al deber objetivo de cuidado que obró como nexo determinante.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Si uno de esos resultados constituye un delito de acción pública, el juez deberá evaluar la materialidad de ese único injusto y la responsabilidad de su autor, encontrándose autorizado para atribuirle todos los efectos derivados de su ocurrencia, por cuanto concurren en forma ideal. De lo contrario, se escindiría el hecho único en consideración a la multiplicidad de sus consecuencias. Disidencia parcial del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…) el material probatorio reunido en autos luce suficiente para acreditar (…) la materialidad del hecho en estudio y la responsabilidad de (…). (…) cabe señalar que las lesiones que padecieron las víctimas se encuentran fehacientemente acreditadas. (…) voto por su convalidación para todos los casos mencionados en la enunciación del hecho, salvo para los que a continuación referiré propicio que se excluyan de la descripción de la respectiva intimación las lesiones leves verificadas en (…) (…) (…) (…) e (…), por cuanto éstos no las instaron formalmente. En idéntica situación se halla el caso de (…), un menor de edad, por cuanto si bien se determinó que resultó lesionado, su padre manifestó su deseo de reservarse el derecho de instar la acción. Específicamente en relación a estos casos, voto por decretar la nulidad parcial de la declaración indagatoria de fs. (…) y del auto de procesamiento de fs. (…) . (…) el tribunal resuelve: Confirmar el punto I de la decisión de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich (en disidencia), Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Herrera) c. 282, CENTURION, Javier M. Rta.: 30/03/2012

LESIONES. Sobreseimiento. Lesiones acreditadas. Hechos de violencia domestica. Evaluación de la Oficina de Violencia Doméstica que califica la situación como de “alto riesgo”. Ley 26.485. Revocación. Procesamiento. Hechos: el fiscal apeló el sobreseimiento del imputado en orden al delito de lesiones leves. Se le atribuye haber empujado y golpeado a su ex pareja ocasionándole lesiones luego de haber mantenido una discusión en la calle. Fallo: “(…) la firme imputación formulada por la víctima (…) encuentra corroboración en el informe de la profesional de la Oficina de Violencia Doméstica, que da cuenta que presenta una lesión equimótica lineal en su mejilla derecha producida por un “choque o golpe con contra un cuerpo duro, romo sobre la superficie de la piel…” catalogadas como leves, cuya mecánica es compatible con la denuncia (…). También por el interdisciplinario realizado por la mencionada dependencia del que surge que convivió con el encausado durante diez meses y luego de un grave episodio que culminó con la fractura de su tabique nasal decidió separarse, ya que estas agresiones físicas se repetían desde el comienzo de la relación pero nunca las denunció por temor, concluyendo que existía una conflictiva de violencia a pesar de la ruptura del vínculo que se valoraba de “Alto Riesgo”. (…). El marco probatorio desvirtúa el descargo ensayado por el imputado en cuanto niega su intervención en el hecho y permite afirmar que la ausencia de testigos presenciales en nada afecta la entidad de lo dicho por la damnificada, más aún si tenemos en cuenta que estos eventos habitualmente ocurren en ámbitos privados que impiden contar con el relato de terceros. Valoramos aquella prueba en forma conjunta y conforme a las reglas de la sana crítica para arribar a la solución mencionada. Destacamos que debe cumplirse con las garantías mínimas que establece el artículo 16 de la ley n° 26485 del 11 de marzo de 2009 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”, que incluye el derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. (…) En consecuencia, la conducta desplegada por el imputado afectó el bien jurídico tutelado por el artículo 89 del Código Penal. (…), el Tribunal RESUELVE: I. Revocar el auto de fs. (…) y DECRETAR el PROCESAMIENTO, sin prisión preventiva, de (…), de las demás condiciones obrantes en autos, por considerarlo prima facie autor penalmente responsable del delito de lesiones leves (artículos 45 y 89 del Código Penal de la Nación). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Williams). c. 176, E., M. A. Rta.: 03/04/2012 LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Procesamiento. Art. 72 inc. "d" de la ley 11.723. Tenencia de copias en formato DVD editadas y/o reproducidas sin autorización para su posterior comercialización. Personal policial que secuestró los discos. Pericia que determinó que se trataba de reproducciones ilegales. Imposibilidad de dar con los testigos de actuación. Prueba insuficiente como para asegurar que el imputado estaba vendiendo los CD. Revocación. Sobreseimiento.

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Fallo: "(…) por ser considerado, en principio, autor penalmente responsable del delito previsto en el art. 72, inciso "d", de la ley 11.723. (…) se le imputa haber tenido en su poder copias editadas y/o reproducidas sin autorización de (…) obras cinematográficas en formato de DVD-R (…) para su posterior comercialización, lo cual tuvo lugar en inmediaciones de la Av. (…), donde tenía instalado, en el suelo, un puesto de venta de esos elementos. Esta situación fue advertida (…) por el sargento (…) y el cabo (…), quienes secuestraron los (…) discos (…). La totalidad de esos discos fueron examinados por personal de la División Scopometría de la PFA, que (…) determinó que resultaban ser reproducciones ilegales, es decir, que no contaban con la debida autorización de sus legítimos titulares intelectuales como para producir tales copias, ello en razón de que no poseían distintas características que acreditan una copia como genuina. (…) consideramos que no se ha acreditado que los discos compactos apócrifos secuestrados se encontraran en exhibición y a la venta dado que únicamente se cuenta en autos con la declaración del personal policial interviniente en el asunto. (…) En este sentido debemos destacar el resultado negativo que arrojaron las citaciones cursadas a los domicilios aportados por los testigos de actuación (…), en tanto se ha informado que el primero no era conocido en el lugar y que el domicilio del segundo no existía. (…) Frente a este panorama, y teniendo en cuenta la garantía constitucional del imputado de obtener un pronunciamiento en un plazo razonable (*), entendemos que corresponde desvincular definitivamente a (…) del presente proceso en virtud de lo establecido en el inciso 2º del artículo 336 del código de procedimientos. (…) el tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el punto dispositivo I de la resolución. II. SOBRESEER a (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.259, CACHAY FERNANDEZ, Juan Carlos. Rta.: 24/04/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 40.485, "Paredes", rta.: 09/06/11; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 41.036, "Vittorio", rta.: 29/09/11.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Sobreseimiento. Documental que incluyó 9 segundos de un largometraje sin aclarar la autoría. Reproducción de obra: realización de una parte sustancial en cualquier forma material. Atipicidad. Posibilidad de la recurrente de realizar el reclamo correspondiente en otra sede. Confirmación. Fallo: "(…) Se determinó pericialmente que el canal televisivo "…" emitió en dos oportunidades, los días 14 de septiembre de 2010 y 14 de febrero de 2011, un documental de una hora y media de duración, que incluyó nueve segundos del largometraje "…: el segundo juicio", sin aclarar la autoría de la querellante (…). La señora juez a quo, de conformidad con el criterio fiscal (…), dispuso el sobreseimiento de (…), Director a cargo de dicha emisión, al entender que las imágenes reproducidas se encuentran amparadas en lo que se ha llamado "derecho a cita" previsto en el art. 10 de la ley 11.723, habida cuenta su escasez -nueve segundos- y la finalidad informativa, extremos que impiden considerar una afectación al bien jurídico tutelado. Esa decisión fue recurrida por la querellante, quien además de agraviarse en torno a la limitación que importó resolver la situación procesal únicamente del director del documental, cuando correspondía considerara imputados al resto de las personas que participaron en él, centró su crítica en la inaplicabilidad del "derecho a cita" en el caso de autos. Ello, pues a su criterio, la mencionada disposición únicamente contempla a las obras con fines didácticos o científicos, cualidades de las que carece el material incautado, y tampoco se reprodujeron "cometarios, críticas o notas referidas a las obras", sino que tan sólo se utilizaron fragmentos. Por otra parte, en tanto el art. 10 citado mesura la cita de la que puede hacerse uso en "mil palabras de obras literarias o científicas u ocho compases de las musicales", es claro que no incluye a las obras cinematográficas, que no pueden medirse en palabras ni compases. Finalmente, al estar comprendidas "las obras docentes, de enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes", la obra de su propiedad está excluida. Este Tribunal considera que corresponde homologar el auto apelado pero por razones distintas a las brindadas por la a quo.La ley N°11.723 no sólo crea tipos penales sino que también regula cuestiones de índole civil y, por lo tanto, no todo conflicto suscitado a raíz de su interpretación debe tener necesariamente repercusión en la justicia penal que, como todos sabemos, debe intervenir como última ratio.La discusión generada en la causa ha girado en torno a si nos encontramos o no ante el "derecho a cita" previsto en el art.10 de la ley de marras. A nuestro criterio, las constancias existentes en el sumario demostrarían que no se verificaron en el caso los requisitos exigidos para ello pues el documental no tenía fines científicos y tampoco se contaba con la autorización de la accionante para emitirlo por la televisión.Sin embargo, la problemática puede resolverse desde otra óptica: debe analizarse no ya si hay un "derecho a cita" sino si la conducta desplegada por los imputados configura o no la acción típica de "reproducir" prevista en los incs. "a" y "c" del art.71 de la ley 11.723.Se entiende que la reproducción de una obra es la realización de uno o más ejemplares (copias) o de una parte sustancial de ella, en cualquier forma material, incluida su grabación sonora o visual (1).La obra cinematográfica exhibida en pantalla televisiva tuvo una duración de 9 segundos. Es claro que, en tal breve tiempo, no puede transmitirse la parte sustancial del filme.Como se afirma en el precedente citado "resultaría desacertado entender como prohibido todo lo que cabe en el sentido literal de los tipos penales, que por las restricciones del lenguaje no tienen precisión limitativa de las conductas que el legislador aprecia como

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional disvaliosas". Ello es así por cuanto "una interpretación distinta extendería el poder punitivo de manera arbitraria, en clara oposición al principio de ultima ratio del derecho penal". Por esta razón ratificamos que la reproducción de una obra es la realización de una parte sustancial de ella en cualquier forma material. La violación del derecho de reproducción es la infracción por antonomasia contra la propiedad intelectual y requiere un accionar doloso (2).Los argumentos precedentemente expuestos fundamentan nuestra posición respecto al agravio introducido por la apelante que claramente se apartan del fallo por ella invocado en el marco de la audiencia oral llevada a cabo (3).Así la ausencia de autorización, de mención en los créditos o la extensión en la cita -irrelevante desde el punto de vista de la tipicidad penalcobrará vital importancia al momento de enderezar, eventualmente, el reclamo ante la justicia civil; pues si no se reúnen todos los requisitos exigidos por el art. 10 de la ley 11.723 no rige la "restricción no remunerativa".Se ha sostenido que existe daño moral por la difusión sin autorización de algunas imágenes de una obra cinematográfica omitiendo mencionar el nombre de ésta y el de sus autores y fragmentando y alterando su texto (4) y que para estimar el quantum de la indemnización por daños y perjuicios que la demandada debe abonar debe tenerse en cuenta las características y extensión del año, la naturaleza del derecho afectado, el posible interés de la obra en el circuito cinematográfico y su característica más o menos entrañable en atención a sus autores y herederos (ídem). Reafirmando esta idea, se ha señalado que, aún sin superar el límite del art. 10 de la ley 11.723, se puede incurrir en una reproducción ilícita de la obra cuando sea utilizada una parte sustancial de ella (5) lo que evidencia con prístina claridad la irrelevancia de la discusión.(…), se concluye que en el caso la emisión de esa parte ínfima de la obra no puede ser entendida como una reproducción siquiera parcial, más allá del derecho de la autora a efectuar su reclamo en otra sede y por esta razón, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Pociello Argerich, Álvero. (Sec.: Besansón). c. 554, FLORIA, Daniel. Rta.: 14/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. 21.235 "Guebel, Diego", rta: 30/4/03; Miguel A. Emery, Propiedad Intelectual, Astrea, 2001, p.292 Astrea, 2001, con cita de Henry Jessen, Lesiones al derecho de reproducción en los lícitos civiles y penales en derecho de autor, p.33. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala V, "De Simone, Eduardo y otros, rta: 29/04/05. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala I, "Gvirtz, Daniel", rta: 10/05/2005. (4) C.N.Civ, Sala I, "Sociedad General de Autores de la Argentina c. Ideas del Sur S.A.", rta: 16/06/2005. (5) Miguel Emery, Propiedad Intelectual, Astrea, 2001, p. 107. LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Sobreseimiento recurrido por la querella. Denuncia por alteración dolosa de obra literaria. Concepto de "alteración" en la ley 11.723. Trabajo creativo en base a una reconocida obra original. Autor que reconoce que su trabajo parte de esa obra original y que no la altera. Confirmación. Fallo: "(…) La alteración del texto descripta por la figura requiere -al igual que todas las demás conductas de los artículos 71 y 72 de la ley 11.723- una actuación dolosa encaminada a defraudar los derechos de propiedad intelectual en lo que hace a la "integridad de su creación", sea en su aspecto moral o patrimonial, es decir, un obrar con conocimiento de la habilidad de la acción para infringir la norma y con la voluntad de, aún así, concretarla (1). El juez rechazó, correctamente a nuestro entender, que "El Aleph engordado" hubiera sido el resultado de una actuación de esas características. Coincidimos con el magistrado en cuanto a que los términos de la posdata de (…) desechan cualquier rasgo de engaño o de velada apropiación de un texto ajeno, por cuanto explícitamente se expusieron los detalles del mecanismo de construcción del experimento literario y se indicó el posible camino inverso de decodificación para volver al texto puro del cuento de Borges, reconocido como punto de partida presente en la obra, literal y gramaticalmente inalterado (como lo reconoció la propia querella, salvo en el caso aislado de una palabra). A ello se suma, que en todas las ocasiones en que el imputado fue entrevistado como autor de "El Aleph engordado" (Anexo E de la documental) volvió a mencionar la presencia de "El Aleph" de Borges en el texto y su clara voluntad de no alterarlo, actitud que lo aleja de toda intención de solapar u ocultar al autor original. El engaño que la querella pretendió cifrar en base a que esta advertencia al lector se halla inserta al final del libro no puede ser atendido. El título que se le asignó anticipa -sin duda alguna- un trabajo creativo a partir de la reconocida obra original de Jorge Luis Borges. (…) desprovista la actuación del imputado de tipicidad penal, homologaremos el auto recurrido que lo desvinculó en los términos del inciso 3° del artículo 336 del cuerpo adjetivo. La circunstancia de que el sobreseimiento dispuesto en autos no haya sido apelado por el Ministerio Público Fiscal, es otra pauta que nos convence de que no existen razones para apartarse de la regla general que rige la materia. (…) el tribunal resuelve: I.- Confirmar parcialmente el punto I del auto de fs. (…), en cuanto dispuso el sobreseimiento de (…) (artículo 336, inciso 3° del código adjetivo). II.- Revocar parcialmente el punto I del auto de fs.(…) e imponer las costas procesales a la querella (artículo 531, primera parte, de dicho cuerpo legal). 197

C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Herrera). c. 655/12, KATCHADJIAN, Pablo y otros. Rta.: 13/06/2012 Se citó: (1) D´Alessio, Andrés José - Divito, Mauro, Código Penal de la Nación comentado y anotado, La Ley, 2ª. Ed., Tomo III, pág. 42 y ss.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL. Sobreseimiento. Reproducción de fragmentos de novela de forma diaria en programa televisivo. No utilización de una parte sustancial de la novela. Formato del programa: reproducción de pequeños segmentos relativos a creaciones que se encuentran bajo el dominio público. Espectador conocedor de que los responsables del ciclo son ajenos a la autoría del material retransmitido. Atipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) Según se desprende de las constancias del legajo, en particular de la presentación inicial (…), los nombrados, en su calidad de responsables de la productora "...", durante el transcurso del año 2010 habrían ordenado la reproducción de fragmentos de la novela intitulada "…", como parte integrante del programa "…", emitido por el canal "...". Estas emisiones tuvieron lugar en forma diaria durante el año 2010 y motivaron el reclamo de (…) -autora e intérprete de la tira - a través de la Sociedad General de Autores de la Argentina, quien solicitó el cese en la utilización de la obra. No obstante ello, según se denunció, el 31 de diciembre de ese año, en lo que fue un resumen general del ciclo, nuevamente fue puesto al aire el material cuestionado. Las probanzas reunidas durante la investigación han permitido establecer que la querellante resulta ser la autora de la telenovela aludida, tal como surge de la constancia luciente (…), y que algunos extractos de esa obra fueron utilizados en el marco del programa televisivo "…", basado en la reproducción de archivos que refieren a material fílmico perteneciente a terceras personas. La querellante (…) negó haber autorizado la reproducción de su novela en las circunstancias mencionadas, en cuyo aval se erigen las constancias agregadas a (…) y los relatos testificales de (…) y (…). Por oposición, al declarar (…), el imputado (…) sostuvo que el material en cuestión fue recibido en su productora en el año 1997, con motivo de un concurso destinado a captar material televisivo del interior del país, y emitido con antelación en el programa "…". De todos modos, la transmisión de tales imágenes, que mantenían referencias horarias y climáticas que remontan a una difusión televisiva pretérita, no constituyó en puridad -a criterio de la Sala- la reproducción de la obra que pertenece a la querellante, en tanto no se trató de la utilización de una parte sustancial de la novela, que pudiera importar una afectación del derecho de propiedad intelectual reconocido a la autora. Al respecto, repárese en que el formato del programa consiste, precisamente, en la reproducción de pequeños segmentos relativos a creaciones que ya se encuentran bajo el dominio público y el espectador es conocedor de que los responsables del ciclo son ajenos a la autoría del material que se retransmite, puesto que a partir del compendio de diversos fragmentos de aquellos programas ya emitidos se estructura el contenido crítico y humorístico del ciclo. Así, cabe concluir en que la difusión inconsulta que agravia a la querellante se exhibe irrelevante desde la óptica de la tipicidad penal (art. 72 de la ley 11.723), sin perjuicio de lo que corresponda definir en el ámbito privado en cuanto a los eventuales daños y perjuicios derivados de tal accionar, para el caso de que no se entiendan conformados los términos del artículo 10 ibidem. Tal entendimiento no varía en el supuesto relativo a la aparición de imágenes de la novela en el resumen anual del ciclo, pues aun bajo el conocimiento de los imputados de la oposición que cursara la autora (…), se verifican los mismos supuestos de hecho precedentemente tratados y tampoco puede sostenerse que tal proceder se hubiera destinado a defraudar el derecho de propiedad de la querellante. Sin perjuicio de ello, al ponderarse que el reclamo de la recurrente ha tenido receptación en el Ministerio Público Fiscal (…) y que se encontró reunido el estado de sospecha suficiente para indagar a Gastón Portal (…), corresponde distribuir las costas procesales devengadas en la alzada conforme al orden causado. En consecuencia, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto protocolizado (…), punto I, en cuanto se dispusieran los sobreseimientos de (…), (…), (…) y (…), con costas de alzada en el orden causado". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 533, PORTAL, Gastón y otros. Rta.: 30/03/2012 MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Procesamiento. Depositario judicial de vehículo. Ausencia de restitución del bien. Confirmación. Fallo: "(…) Según las constancias del legajo, en el expediente caratulado "…", del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial (…), Secretaría (…), el imputado fue designado depositario judicial del vehículo marca "Peugeot 405", chapa patente (…).

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Una vez concluido el proceso falencial por desistimiento, el juez comercial intimó infructuosamente al causante a colocar el rodado a disposición del síndico (…), circunstancia que motivó la orden de secuestro luciente (…), que no se pudo cumplimentar en las diligencias lucientes (…). Cabe mencionar que (…) oportunamente hizo saber que dicho bien sería guardado "durante las noches en un [garaje] sito en la calle (…) de lomas de Zamora, en la cochera 8 o 9. Y el domicilio en donde se puede encontrar durante el día es en la calle (…) de Lomas de Zamora" (…). De adverso a lo sostenido por el encartado, bajo el conocimiento de las obligaciones inherentes al cargo de depositario (artículos 214 y 531 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) aquél -de profesión abogado- deliberadamente se negó a restituir el bien, comportamiento que ha sido ratificado al tiempo de su descargo (…) bajo el argumento de que ese proceder se encontraría justificado en el ejercicio del derecho de propiedad, que fuera rechazado por el juez comercial en el pronunciamiento glosado (…) de estas actuaciones. Al respecto, repárese en que el artículo 263 del Código Penal expresamente contempla que quedan sujetos a las disposiciones del artículo 261 del mismo cuerpo legal los "depositarios de caudales embargados, secuestrados o depositados por autoridad competente, aunque pertenezcan a particulares" (1). Así, en tanto la negativa del encartado a entregar el automotor torna procedente el reproche adoptado en los términos del artículo 306 del ceremonial, corresponde homologar la decisión recurrida. En relación con la medida de cautela real cuestionada, se estima que el monto discernido se ajusta al perjuicio ocasionado a partir de la omisión de entregar el bien y los emolumentos devengados en concepto de costas del proceso, que incluyen la tasa de justicia (artículo 518 del canon ritual). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 680, FORLANI, Luis D. Rta.: 01/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.201, "Scrofina, María", rta: 17/02/2010.

MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS. Procesamiento. Faltante de dinero en la cooperadora de una escuela subsidiada en parte por el Gobierno de la Ciudad. Imputado que reviste la calidad de director de la escuela. Medidas tendientes a profundizar la investigación Revocación. Falta de mérito. Hechos: Apela la defensa el procesamiento del imputado por el delito de malversación de caudales públicos a quien se le reprocha el mal manejo de los fondos de una cooperadora del establecimiento educativo donde ejercía la dirección. Fallo: "(…) Ahora bien, juzga la sala que el temperamento compromisorio adoptado no puede, al menos de momento, recibir homologación. Es que la compulsa de las constancias de la causa revelan que aún no se ha determinado en qué momento del año 2005 tuvieron lugar los desvíos denunciados ni se explicaron las razones por las que podría atribuirse esos actos fraudulentos a un accionar desplegado en concreto por el imputado, máxime cuando éste revestía la calidad de director del establecimiento educativo y, a la luz de la normativa que regula la constitución y el funcionamiento de las asociaciones cooperativas (artículo 14 de la ordenanza municipal n° 35514 y artículos 12, 25, 32, 41 y 62 del estatuto respectivo), no tenía a su cargo la administración de esos fondos -lo que le impedía realizar actos dispositivos tales como extracciones de dinero o emisión de cheques- y que, según se comprobó, en el mes de octubre dejó de cumplir funciones por encontrarse en uso de licencia médica (fs. …). Se advierte entonces necesario profundizar la pesquisa a fin de dar respuesta al interrogante planteado y desentrañar con mayor precisión el modo en que se habría desarrollado la maniobra que se investiga, para lo cual deviene útil realizar un peritaje contable con base en el cotejo de los movimientos mensuales que se registraron en las cuentas corrientes n° (…) del Banco de la Ciudad de Buenos Aires durante el año 2005, y su posible respaldo en los comprobantes aportados. Con base en esos elementos deberá analizarse la pertinencia de escuchar como testigos a (…) para que indiquen, de ser posible, la causa de las extracciones bancarias. Finalmente, en relación a los gastos que fueron identificados como no autorizados, cabe indiciar que aún no se ha establecido quién habría realizado esas erogaciones. En tales condiciones, el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto de fs. (...) y dictar la FALTA DE MÉRITO para procesar o sobreseer a (…) en orden al hecho por el cual fue indagado (artículo 309 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 2.014, ASOC. COOP. ESCUELA 20 y otros. Rta.: 22/02/2012

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MEDIDAS CAUTELARES. Pedido de anotación de litis por parte de la querella. Rechazada. Imputada que aún no ha sido convocada a prestar declaración indagatoria. Confirmación. Fallo: "(…) La medida cautelar que pretende la parte recurrente recae sobre la titular del inmueble en cuestión, (…) (ver fs.…) a que, al menos hasta el momento, no fue siquiera llamada a prestar declaración indagatoria en autos. Frente a ello, asiste razón al Sr. juez de grado quien concluye correctamente que no se dan los requisitos de viabilidad para que prospere el pedido de la querella. Por ello, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto decisorio obrante a fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec: Morillo Guglielmi). c. 523, SZOCS, Haydée Victoria. Rta.: 10/05/2012 MEDIDAS CAUTELARES. Pedido de inhibición general de bienes por parte de la querella. Carácter excepcional de la medida. Presupuestos para su procedencia: verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora y prestación de contracautela. Necesidad de que exista un grado de sospecha suficiente para disponer el llamado a indagatoria. Improcedencia. Confirmación. Fallo: "(…) La medida incoada por la querella tendiente a suspender el trámite de aprobación de la cesión de derechos efectuada entre las empresas "(…)" y "(…)", al igual que cualquier otra medida cautelar de naturaleza económica cuya adopción se persiga en el marco de un proceso penal, exige la concurrencia de los mismos tres requisitos que prevén los artículos 195 a 208 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, estos es, verosimilitud del derecho, peligro en la demora y prestación de contracautela. Con relación a la primera de estas condiciones, es necesario que la diligencia sea precedida o acompañe el dictado del auto de procesamiento que contempla el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación o al menos y excepcionalmente, la convocatoria a indagatoria a tenor del artículo 294 de ese mismo ordenamiento ritual (1). En el caso, las constancias de la causa revelan no solo que no se ha efectuado convocatoria alguna a dicho tenor sino que, como se señalara en la fecha en el incidente de prescripción que corre por cuerda (2), no existe ningún convenio entre las firmas representadas por la querella y aquellas involucradas en la cesión de derechos cuyo trámite de aprobación pretende suspender, lo que torna improcedente a la medida cuya admisión se requiere. Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) con los alcances que surgen de la presente. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 259, HICKS, Thomas O. Rta.: 30/03/2012 Se citó: (1) Navarro, Guillermo Rafael y Daray, Roberto Raúl: Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Ed. Hammurabi, 2010, t. III, p. 497/499, C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 33.877 "Martorell y Asociados S.A.", rta. 28/03/12, rta. 28/3/2008; c. 943/10 "Quesada", rta. 13/07/10; c. 321/10 "Larroque", rta. 12/04/10 y c. 1496/11 "Yung Joo Han", rta. 7/12/11. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 288/12 "Hicks".

MEDIDAS CAUTELARES. Pedido tendiente a suspender la medida cautelar dispuesta en el marco de un proceso civil. Medida ya cuestionada en el expediente civil con resultado negativo. Improcedencia. Rechazo. Fallo: "(…) en atención a los requisitos necesarios que se deben presentar para disponer una medida cautelar, esto son, el fumus boni iuris y el periculum in mora, que en nuestro caso no surge acreditado el primero de los mencionados, ya que el imputado no fue siquiera citado a prestar declaración indagatoria (art. 294 del CPPN). Dicho déficit no se puede resolver, en definitiva, y como lo argumentara el Dr. (…) en la audiencia, invocando la "duda" como sostén de aquella exigencia, en el sentido de que los jueces (…) resolverían "por las dudas", en estos casos en contra del imputado, lo que nos parece una afirmación desafortunada. (…). Siguiendo el análisis, es de señalar que las medidas cautelares, por su carácter instrumental, tienen por finalidad "asegurar el resultado práctico de la sentencia que debe recaer en un proceso determinado, evitando que se torne de imposible cumplimiento. Están destinadas, más que a hacer justicia, a dar tiempo a la Justicia para cumplir eficazmente su obra" (*); en definitiva, a proteger el principio de la tutela judicial efectiva. En nuestro caso, el recurrente indicó temer que a partir de la medida cautelar dispuesta por la justicia civil (…), esto es, que la menor (…) tenga contacto con su abuela paterna una vez por semana, el imputado pudiera entorpecer la presente investigación coaccionando a la menor, o que el hecho denunciado vuelva a suceder. 200

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Cabe destacar (…) que la jueza civil dispuso al ordenar el contacto, que "durante el encuentro no podrá estar presente el padre de los menores Sr. (…)" (…). Previo a ello, se solicitó al juez de grado que se informara el estado de la causa penal, y si se había dispuesto restricción de contacto entre (…) y sus hijos (…), lo que fue contestado en sentido negativo (…). (…) Por lo demás la medida cautelar de mención ha sido dispuesta por la magistrada competente en la materia, y en el marco de su jurisdicción, razón por la cual no corresponde utilizar esta vía para interferir en la actuación del juez natural de un asunto. Se ha dicho que: "Las medidas cautelares no pueden dictarse para impedir un mandato judicial. Tampoco un juez puede imponer la concreción de medidas cautelares ordenadas por otro; esto debe entenderse aplicable siempre que la medida cautelar concretada no afecte los poderes jurisdiccionales del primero." (**). Adviértase que la parte concurrió a ese fuero a fin de hacer valer sus intereses, es decir, los canalizó por la vía pertinente, donde no obtuvo acogida favorable su pretensión de dejar sin efecto la medida cautelar allí otorgada (…), pretendiendo ahora en esta sede reiterar la cuestión, mediante una decisión del fuero penal, lo que luce (…) improcedente (…). (…) sin perjuicio del recurso de apelación interpuesto en esa sede, quedó claro que la pretensión de la querella era que este tribunal penal suspendiera cautelarmente la medida cautelar dispuesta por la jueza de familia, objetivo que nunca podría haber logrado en el fuero originario, toda vez que el Código Procesal Civil y Comercial expresamente establece que la apelación contra la resolución que admite una medida cautelar solo tendrá efecto devolutivo (art. 198 último párrafo). (…) Efectivamente, y como lo postuló la defensa de (…), y la Representante en sede civil de los menores, es en ese fuero donde esta cuestión debe ser resuelta, atento el estado en que se encuentra este proceso penal. Así las cosas, la pretensión de la recurrente no habrá de prosperar (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR, con costas de alzada, la resolución obrante a fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso (art. 455, 530 y 531 del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria A., Rimondi, Bruzzone. (Sec.:Biuso). c. 193, PERAZZO, M. Lujan. Rta.: 18/01/2012 Se citó: (*) Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, T.I, de Roland Arazi y Jorge Rojas, Rubinzal-Culzoni, 2007, pág.744/745. (**) Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, T.I, de Roland Arazi y Jorge Rojas, Rubinzal-Culzoni, 2007, pág. 762.

MEDIDAS CAUTELARES. Rechazada. Imputado aún no convocado a prestar declaración indagatoria. Duda de la verosimilitud del derecho invocado. Confirmación. Fallo: "(…) En principio, las medidas cautelares en sede penal no pueden disponerse antes del formal llamado a indagatoria, aún cuando en algún caso excepcional quepa hacerlo (c.36.972 "Rosas Carlos Alberto s/ estafa", Sala V, rta. 10/6/2009), siempre que concurran las circunstancias que lo habilitan (la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora). Procesalmente no nos hallamos en la primera hipótesis porque el juez no hizo lugar al pedido de indagatoria que formuló el fiscal (ver fs…). En este caso, el obstáculo fundamental no deriva exclusivamente de la oportunidad procesal de la solicitud, sino del hecho de que no existen constancias suficientes de que el bien que se pretende resguardar integre el patrimonio que fue transferido a la cónyuge supérstite y a los demás herederos legitimarios desde el día del fallecimiento de (…) (artículo 3410 del Código Civil). Conforme lo informaran los denunciantes, dicha propiedad -sita en la República Oriental del Uruguay- estaría inscripta a nombre de una razón social "(…)", a quien tanto (…) como (…) la habrían transferido en vida de aquél. Dicha circunstancia socava la verosimilitud en el derecho invocada, por cuanto no existe prueba suficiente que individualice a ese bien como integrante del acervo hereditario en la sucesión que tramita por ante la justicia civil. (…) el tribunal resuelve: Confirmar la decisión cuya copia obra a fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso.". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori. (Sec.: Roldán). c. 279/12, DELEGLISE, Alberto. Rta.: 11/04/2012

MEDIDAS DE PRUEBA. Defensa que se opone a que el imputado sea obligado a someterse a una pericia psicológica. Peritaje que implica la entrevista del imputado. Garantía que proscribe la autoincriminación forzada. Revocatoria.

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Fallo: "(…) La decisión documentada (…), en cuanto no se hizo lugar a la oposición del imputado (…) de intervenir en el examen dispuesto (…), fue recurrida en apelación por la defensa al considerar que tal medida viola la garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo 18 de la Constitución Nacional). Al respecto, (…) la asistencia técnica del causante hizo saber de la negativa de aquél a participar en el peritaje ordenado, extremo que ratificó el encausado (…). En tal sentido, dado que el examen, tal como fue ordenado (…), demandaría -cuanto menos- entrevistar al imputado, su expresa oposición a que se le practique el estudio pericial aludido importa la imposibilidad de constreñirlo para que hable o requerirle un "hacer", justamente para dotar de operatividad a la garantía que proscribe la autoincriminación forzada (1). (...), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el pronunciamiento documentado (...), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 534/12, B.G.,E.F. Rta.: 21/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 135/12, "A.,Y.A.", rta: 01/03/2012. MEDIDAS DE PRUEBA. Extracción compulsiva de sangre según las pautas del art. 218 bis del C.P.P.N. Procesamiento firme por robo simple tentado. Único medio para evaluar como prueba el hallazgo de rastros de sangre en el elemento secuestrado. Obligación de someterse al examen como objeto de prueba. Confirmación. Disidencia: Medida desproporcionada al hecho atribuido. Revocación. Fallo: "(…) El Juez Rodolfo Pociello Argerich y la Jueza María Laura Garrigós de Rébori dijeron: (…) consideramos que la evaluación positiva o negativa del acierto de la resolución que dispuso la extracción de sangre debe realizarse a la luz del artículo 218bis del código procesal, introducido por la ley 26.549, y de las constancias sumariales invocadas como fundamento del auto impugnado. (…) los objetivos previstos por la norma -identificación del autor y/o constatación de circunstancias de importancia para la investigación- están presentes en el caso, por cuanto se impone cotejar los patrones genéticos del imputado y de la sangre hallada en el lugar del hecho, a fin de determinar positiva o negativamente su participación en el robo que se investiga. Contrariamente a lo expuesto por la defensa, la "proporcionalidad" enunciada legalmente no se relaciona con la gravedad del delito investigado, sino con la evaluación entre el medio seleccionado y el fin perseguido. (…) la imputación a (…) tiene solidez porque existe un auto de procesamiento firme en que se la describió y fundamentó; además, el estudio comparativo pretendido no sólo es idóneo para establecer su relación positiva o negativa- con el suceso dadas las particularidades del caso, sino que también se presenta como el único medio para evaluar como prueba los rastros de sangre hallados en el destornillador secuestrado, con el que se habría accionado sobre el rodado para intentar concretar el desapoderamiento de bienes que se hallaban en su interior. Ese concepto de proporcionalidad exige minimizar la coerción física sobre el cuerpo del imputado, respetar su pudor, limitar la acción a lo estrictamente necesario y circunscribir, bajo esos parámetros, la toma de muestras al modo menos lesivo para su persona. La jueza se hizo eco de esto, por cuanto expresamente indicó a los galenos que procedieran tomando los recaudos previstos en el art. 218bis del C.P.P.N., en caso de existir una nueva oposición por parte del acusado. Por ello, estimamos que, de reiterarse ésta, los expertos también podrían proponer a la jueza otras alternativas previstas en la norma, hábiles para alcanzar idéntico fin. El agravio del recurrente en orden a que la extracción compulsiva dispuesta afectaría la prohibición de autoincriminación no merece ser atendido. Ya con anterioridad a la sanción de la ley 26.549, nos hemos pronunciado en el sentido de que el imputado no puede eludir dicha medida, pues se encuentra obligado a someterse a su realización no como sujeto de la relación procesal, sino como objeto de prueba en el proceso (causa nº 37.667 rta: 10/9/09; causa nº 39.296 rta: 24/6/2010). De ahí que su oposición resulte irrelevante, máxime teniendo en cuenta que una mínima extracción de sangre no implica de modo alguno un menoscabo a su salud o integridad corporal (Conf. CSJN, Fallos 318:2518). Disidencia de La Jueza Mirta L.López González dijo: "(…) Coincido en lo conceptual con los fundamentos vertidos por mis colegas en relación a la extracción compulsiva de sangre, pero no puedo dejar de mencionar que en este caso particular la orden luce desproporcionada con respecto al hecho que se le atribuye y no resulta una prueba que pueda definir el ingreso del proceso a la etapa oral y pública, por lo que considero que toda medida de esta naturaleza que se relaciona con una cierta invasión al cuerpo del imputado debe ser excepcional y limitada, por lo que no convalidaré la decisión de la primera instancia. (…) el tribunal resuelve: Confirmar la decisión fs.(…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Herrera). c. 283, MARCIAL, Jesús R. Rta.: 30/03/2012

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional MEDIDAS DE PRUEBA. Nulidad rechazada. Declaración de la menor en Cámara Gesell, art. 250 bis del C.P.P.N. Notificación a la defensa oficial. Ausencia de una notificación personal al imputado. Validez. Confirmación. Fallo: “III.- Advertimos que al ordenarse la realización de la Cámara Gesell, se mencionaron las razones que justificaban su práctica inmediata. En torno al tema que nos ocupa, esta Sala con una conformación parcialmente diferente sostuvo que “los artículos 250 bis y ter que incorporó al Código Procesal Penal la ley 25.852 fueron incluidos en el capítulo atinente a los “Testigos” y no al siguiente vinculado a los “Peritos” y como emerge de la primera de las normas, se pretende evitar la interrogación directa del tribunal o las partes en los casos de menores que han sufrido hechos que importen lesiones o delitos contra la integridad sexual, para hacerlo a través de facultativos especializados” (1). El sentido de la reforma fue proteger al menor, en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño (…) y en razón de ello, no puede perderse de vista que desde la perspectiva instrumental, se trata de un modo distinto de recibir un testimonio. Por otra parte y, sin perjuicio del infructuoso intento de notificación al imputado (…), lo cierto es que desde el inicio del sumario (…) fue asistido por la Defensoría Oficial (…) a cuyo titular se informó de la realización de la medida que se cuestiona (…), por lo que no se verifica afectación alguna al derecho de defensa en juicio. La demora en la notificación al imputado hubiese implicado no concretar la prueba en el lapso que su urgencia demandaba. Recordamos que la nulidad es un remedio de carácter excepcional que fulmina un acto que, por contener un vicio sustancial, conculca garantías constitucionales y/o derechos de las partes y, quien la pretende debe demostrar el perjuicio irreparable provocado por el acto impugnado y sólo allí radica el interés jurídico a proteger. Pese a los esfuerzos del apelante, no se observa de qué manera la realización de la audiencia, notificada a la defensoría oficial y a la de menores, puede lesionar los derechos del imputado y, menos aún, que ello genere un perjuicio irreparable, exigencia indispensable para la procedencia del remedio intentado (pas de nullité sans grief), En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto 1 del auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso de apelación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 458/12, R., F. Rta.: 17/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 39.673, “Carmona, Marcelo y otro s/ nulidad”, rta.: 10/08/2010.

MEDIDAS DE PRUEBA. Nulidad rechazada. Defensa que se agravia porque los peritos no deliberaron con ellos antes de emitir el dictamen. Juicio que se abrió a prueba. Participación del perito de la defensa en el procedimiento. Validez. Confirmación. Fallo: "(…)" El planteo de invalidez introducido por la defensa radica en que no se ha cumplido, previo a la confección del dictamen forense obrante a fs. (…), con la deliberación conjunta a la que hace referencia el artículo 262 del ordenamiento adjetivo. Sin embargo, al abrirse a prueba el presente incidente, el Dr. (…) informó que el facultativo de la defensa concurrió a la Junta Médica realizada el (…) (cfr. fs. …), a lo que se suma que el Dr. (…) suscribió con posterioridad junto a los demás peritos (oficial y de la parte querellante) el informe odontológico de fs. (…) y, mas allá de haber dejado allí asentada su disidencia, lo concreto es que no efectuó en la ocasión cuestionamiento alguno respecto al modo en que se llevó a cabo la experticia. En estas condiciones, no sólo la supuesta falta de deliberación por la cual se agravia el recurrente no encuentra respaldo probatorio en las constancias del sumario, sino que además tal inobservancia tampoco está conminada bajo sanción de nulidad en el capítulo del código de procedimientos que regula la prueba pericial, ni halla adecuación en alguna de las hipótesis contenidas en su artículo 167. En este contexto, y al no advertirse pautas objetivas que autoricen a apartarse del principio general de la derrota, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR lo resuelto a fs. (…) en todo cuanto fue materia de recurso, con costas de alzada a la parte vencida. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 524/12, ANDERSSON, Nicolas A. Rta.: 11/05/2012 MEDIDAS DE PRUEBA. Nulidad rechazada. Informe médico expedido por la Oficina de Violencia Doméstica. Medida urgente. Lesiones en el cuerpo de la víctima. Confirmación. 203

Hechos: la defensa sostiene que el informe médico labrado por los médicos de la Oficina Violencia Doméstica fue llevado a cabo sin su participación y sus conclusiones tampoco le fueron informadas. Fallo: "(…) De conformidad con lo decidido por el Sr. Juez de grado, entendemos que corresponde rechazar el planteo de invalidez articulado. En primer lugar cabe señalar que la presente causa se inició por la denuncia de (…) ante la Oficina de Violencia Doméstica y que el informe cuestionado se encuentra comprendido entre las facultades que otorga la acordada nº 40/2006 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a los profesionales de dicha dependencia para el cumplimiento de aquellas medidas urgentes cuya omisión comprometería el éxito de la investigación (artículos 1º inciso d, 14, 25 y 27 de la acordada de mención). Tal como ocurre en el caso, la diligencia versa sobre la presencia de lesiones corporales en la víctima, circunstancia que tornaba necesario el inmediato examen, informe que, a diferencia de la prueba pericial regulada en el artículo 253 del C.P.P.N., no se encuentra sujeto a formalidad alguna. En efecto, "no puede soslayarse que el informe cuestionado por la defensa, no es un peritaje, sino un informe técnico (ver fs. … y vistas fotográficas de fs. …); en esta línea, señala la doctrina que "los exámenes técnicos no guardan equivalencia con la prueba pericial (art. 253 y ss.) y no les resultan aplicables las normas que la regulan" (1)(2). De allí que no se advierta menoscabo alguno al debido ejercicio del derecho de defensa en juicio que invoca el letrado de la asistencia técnica, en tanto el contenido del informe fue puesto en su conocimiento y las discrepancias acerca de la valoración que debe dársele en el marco del plexo probatorio incorporado al legajo, resultan ajenas al objeto de la cuestión que ha dado origen a este incidente. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Bloj). c. 266, INC. DE NULIDAD PROMOV. POR LA DEFENSA DE B. E. V. Rta.: 29/03/2012 Se citó: (1)Navarro, Guillermo Rafael-Daray, Roberto Raúl, "Código Procesal Penal de la Nación. Análsis doctrinal y jurisprudencial", Tomo 1, Hammurabi, 2° ed., Bs.As., 2006, p.495 y 666. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 716/08 "Fernández", rta. 9/3/09. MEDIDAS DE PRUEBA. Nulidad rechazada. Reconocimiento en rueda de personas. Fundamentación suficiente. Imputado objeto de prueba que no puede oponerse al acto. Confirmación. Fallo: "(…) La asistencia técnica del imputado solicitó la fulminación procesal del decreto datado el 20 de septiembre de 2011 (…), en cuanto dispuso que "el reconocimiento en rueda de personas resulta el simple ejercicio de la facultad estatal investigadora de los hechos delictivos y el imputado es objeto de prueba, no puede oponerse al acto ya que éste se encuentra en la discrecionalidad jurisdiccional del art. 199 del C.P.P.N.". Ello, pues a su entender dicha decisión "no sólo atenta contra los intereses y derechos de defensa en juicio…sino…también que el Sr. Juez de Grado incurre en ilegalidad manifiesta por carecer de motivación jurídico legal admisible" (…). Liminarmente y en cuanto al planteo formulado en el escrito inicial de la incidencia, cabe señalar que la diligencia probatoria contemplada en el artículo 270 del Código Procesal Penal faculta al magistrado a ordenar la medida a efectos de que se practique el reconocimiento de una persona, sin mayores exigencias de fundamentación que la expuesta en la providencia cuestionada y en aquella que le dio origen (…). Por otro lado, debe puntualizarse que "La persona a reconocer puede ser cualquiera…En ningún caso aquélla podrá negarse a la integración de la rueda, aun siendo el propio imputado…Ello es así porque en tal caso el acto no importa una violación al art. 18 de la CN, en cuanto veda la exigencia de declarar contra sí mismo, sino el simple ejercicio de la facultad estatal investigadora de los hechos delictuosos" (1), doctrina que reconoce aquella fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde el caso "Cincotta" (2). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…) de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso, con costas". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 644, VILLAR BÁEZ, Sergio G. Rta.: 28/02/2012 Se citó: (1) Guillermo R. Navarro, y Roberto R. Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Bs. As., t. 2, 2010, p. 385/386. (2) C.S.J.N., Fallos: 255:18.

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional MEDIDAS DE PRUEBA. Pedido de nulidad. Providencia que ordenó reconocimiento en fila de personas. Damnificado que ha visto a quien tiene que reconocer en varias ocasiones. Previsión del art. 271 del C.P.P.N. Validez.

Fallo: "(…) La asistencia técnica de los imputados (…), (…), (…), (…), (…), (…), (…) y (…) peticionó la nulidad de la providencia que ordenó el reconocimiento en fila de personas, puesto que los encartados cumplen funciones en la Unidad N° (…) del Servicio Penitenciario Federal y el damnificado (…) ha estado alojado en varias oportunidades allí por lo que ha tenido contacto con aquéllos, además de señalar la animosidad existente entre los internos y el personal de dicha dependencia. Al respecto, se ha sostenido que "la visión anterior al acto de la persona a reconocer, a través de fotografías, derivada o no de una individualización o identificación efectuadas a través de ellas en legal forma, no empece ni a su realización ni a su validez, sin perjuicio de la eventual incidencia de aquélla en la eficacia probatoria de cada acto en concreto" (1). Y como la propia ley establece que previo a desarrollarse el acto, el damnificado debe responder el interrogatorio previsto en el artículo 271 del código de forma, manifestando si con anterioridad a la diligencia ha conocido o visto personalmente o por medio de imágenes a los encartados se concluye en que las circunstancias invocadas por la defensa en modo alguno acarrean un vicio que determine la invalidez de la decisión de practicar la medida, más allá del valor probatorio que -en definitiva- se asigne a la diligencia ordenada. En consecuencia, y no existiendo motivos para apartarse del principio general de la derrota (artículo 531 del Código Procesal Penal), corresponde homologar el temperamento puesto en crisis. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…) de este incidente, en cuanto fuera materia de recurso, con costas". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 676/12, RAMÍREZ, Lucas y otros. Rta.: 05/06/2012 Se citó: (1) Guillermo Navarro y Roberto Daray, Código Procesal Penal de la Nación, 4ta. ed., Hammurabi, Bs. As., 2010, t. II, p. 390. MEDIDAS DE PRUEBA. Pericia psicológica y psiquiátrica ordenada respecto del imputado. Defensa que alega violación a la garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo. Imposibilidad de constreñir al imputado. Revocatoria. Fallo: "(…) Como consecuencia de haber ordenado el señor juez de la instancia anterior una pericia psicológica y psiquiátrica relativa al imputado (…), apeló la defensa al considerar que tal medida viola la garantía de no ser obligado a declarar contra sí mismo (artículo 18 de la Constitución Nacional). Lo expuesto lleva a la conclusión de que el recurso interpuesto (…) ha operado, en el concreto caso del sub examen, como una legítima negativa a practicar el estudio pericial aludido, oposición que con arreglo al criterio fijado en el precedente "Peralta" (1), importa la imposibilidad de constreñir al imputado para que hable o tratándose de un examen mental, requerirle un "hacer", justamente para dotar de operatividad a la garantía que proscribe la autoincriminación forzada. (…), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto pasado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 135, A.,Y.A. Rta.: 01/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 25.787, "Peralta, Oscar D.", rta: 27/04/2005.

MEDIDAS DE PRUEBA. Procesamiento por robo simple y robo agravado por el uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en grado de tentativa. Manifestación espontánea de los damnificados al haber reconocido al imputado, en sede policial mientras esperaban formular la denuncia. Validez de la prueba. Confirmación. Fallo: "(…) al suceso señalado como II, (…) entendemos que la inmediata denuncia de (…) y (…), el daño acorde con su relato determinado en el rodado Chevrolet Corsa (…), la coincidencia física y de vestimenta de uno de los autores con el propio (…), la detención de éste en las inmediaciones del lugar en que se pretendió perpetrar el desapoderamiento y el circunstancial reconocimiento de su persona por parte de ambos damnificados cuando, encontrándose en la seccional esperando para formular la denuncia, el imputado fue 205

ingresado por personal policial por su vinculación con otros hechos delictivos, fundamentan la hipótesis de responsabilidad que contiene el auto impugnado en cuanto a esta situación (…). El reparo expuesto sobre este último punto, en base al cual se pretendió anular su valor probatorio, no puede ser receptado. No medió en el caso un reconocimiento que fuera llevado adelante por la autoridad policial, medida que sería a todas luces contraria al ordenamiento procesal, sino que se trató de la manifestación espontánea de las víctimas ante la casual observación de una persona que era ingresada al lugar, situación que resulta perfectamente equiparable a las individualizaciones que los damnificados concretan en muchos casos al ser detenidos en la vía pública los implicados en los eventos delictivos que, poco antes, los habían afectado. En tales condiciones no rigen las formas procedimentales que la parte invoca ni, en virtud de su espontaneidad, puede aceptarse un reclamo basado en la ausencia de control por parte de la defensa. (…) el tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Herrera). c. 570/12, COSSIO, Hernán P. Rta.: 16/05/2012 MEDIDAS DE PRUEBA. Rechazada. Fiscal que solicita la intervención de líneas telefónicas de un inmueble donde presuntamente se ejercería la prostitución. Ausencia de motivos para presumir que se estaría violando la ley de profilaxis N° 12.331. Mujeres que ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero en forma privada. Confirmación.

Fallo: "(…) El sumario se inició (…) por la denuncia deducida por el titular de la Dirección General Inspección del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que denunció que se habían labrado varias actas de comprobación, ante la fijación indebida de anuncios publicitarios en distintos mobiliarios urbanos, y que, en virtud de haberse intentado localizar al infractor, se pudo inducir la posible infracción a la ley de profilaxis n° 12.331, al comunicarse con los diferentes números telefónicos que surgían de los volantes en cuestión. Por tal motivo, se le dio intervención a la Fiscalía en lo Correccional (…) quien ordenó la producción de las distintas diligencias probatorias de estilo. Así, se pudo determinar que los abonados telefónicos (…) que figuran en los volantes, por los que se efectuaran las actas de comprobación mencionadas, se encuentran instalados en el departamento de la calle (…) a nombre de tres mujeres diferentes (…). Asimismo, se elaboró el informe de fs. 42/45, del que se desprende que en virtud a las tareas de inteligencia ordenadas por la Sra. Fiscal (…) pudieron determinar que quienes trabajaban allí se trataría de mujeres, argentinas y mayores de edad (…). Por otro lado, (…) surge la existencia de investigaciones en ese inmueble en orden a la posible infracción a la Ley 12.331; y, en todos los casos, se ha resuelto dar fin a las causas. Ante este cuadro probatorio (…) la Dra. (…) solicitó la intervención de las tres líneas telefónicas que se encuentran asignadas al departamento en cuestión. (…) Al igual que el juez de grado, entendemos que no surge en autos motivos para presumir que en el domicilio citado se esté violando la ley 12.331, en tanto la prueba practicada a partir de la denuncia efectuada por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sólo puede deducirse que en el lugar habría tres mujeres que estarían brindando servicios sexuales a cambio de dinero en la finca (…). En ese sentido, debe tenerse en cuenta que tanto del llamado efectuado por los inspectores (…) como del informe elaborado por el personal policial designado al efecto (…), sólo puede deducirse que las mujeres que habitan tal departamento ejercerían la prostitución en forma privada. (…) con los elementos colectados sólo ha podido determinarse que la actividad que allí se desarrollaría sería lícita, toda vez que no existe ni el menor indicio de la existencia de persona alguna que explote, promueva o facilite la prostitución. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bunge Campos, Bruzzone. (Sec.: Peluffo). c. 42.192., N.N.

Rta.: 11/04/2012 MEDIDAS DE PRUEBA. Solicitud de llamadas pretéritas. Medida reproducible. Magistrado que señala que el pedido puede hacerlo el fiscal. Fiscal que apela. Confirmación. Disidencia: Revocación. Diligencia que debe ser llevada a cabo por el magistrado. Fallo: "(…) las juezas María Laura Garrigós de Rébori y Mirta López Gonzáles dijeron: Si bien reconocemos que sólo los jueces podrán disponer el entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas a partir de un auto fundado, la diligencia cuestionada -la solicitud del listado de llamadas pretéritas-, al ser manifiestamente reproducible, no puede ser equiparada a aquélla respecto a sus requisitos procedimentales. 206

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Ahora bien, pese a la interpretación que la parte recurrente hizo de los autos de fs. (…) y (…), resulta indudable que en el caso concreto medió la intervención del juez de grado en relación a este asunto en particular. Así, corresponde recalcar que no hubo una oposición expresa del magistrado a la propuesta investigativa de la representante del Ministerio Público Fiscal y que, además, fue el propio juez quien indicó que esa parte podía formular por sí la petición a la empresa telefónica, por lo que entendemos que en estas circunstancias nada obsta a que la fiscal materialice la medida, pues sustancialmente se han cumplido los pasos para que se encuentre resguardada la privacidad del imputado. Es que, no resulta descabellado suponer que al momento de efectuar el despacho respectivo el juez analizó las actuaciones y, en ausencia de una situación objetable, indicó expresamente su aval para que la diligencia fuera llevada adelante por el representante fiscal. En este marco, interpretar la situación en forma excluyente genera una inapropiada dilación en el procedimiento. (…) Por ello, no vemos motivos para revocar el auto impugnado, y consecuentemente votamos por su homologación. Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: Hasta el dictado de la ley 25.760 no se hallaba discutido que el representante del Ministerio Público Fiscal pudiese requerir el registro de llamadas en forma directa, mas dicha cuestión quedó modificada a partir de entonces, por cuanto la ley reservó dicha actividad a los jueces y sancionó con la nulidad la inobservancia de la intervención jurisdiccional, salvo en los casos excepcionales que prevé el último párrafo del artículo. 236 del código de rito. Así me he pronunciado en numerosos casos (entre otros, causa nro. 33.587. "Pérez, Walter", rta. 19/03/08). Considero que asiste razón al impugnante y, en consecuencia, voto por la revocatoria del auto criticado. (…) se resuelve: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Herrera). c. 464/12, PROPIETARIOS Corrientes 1670 4 H CABA s/inf. 12.331. Rta.: 16/05/2012

MEDIDAS DE SEGURIDAD. Imputado declarado inimputable, internado y puesto a disposición exclusiva de la justicia civil. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Luis María Bunge Campos dijo: (…) fue sobreseído tras haber sido declarado inimputable. (…) la Dra. (…) concluyó que padece enfermedad de Parkinson, en estado evolutivo grave incapacitante; trastorno psicótico- delirante parcialmente remitido (debido a enfermedad médica), lo que permitió establecer que al momento de los hechos no contaba con recursos psíquicos para ejercer la comprensión de las acciones como tampoco para direccionar las mismas (art. 34, inc. 1°, CP). Asimismo, se aconsejó mantener su internación en el Hospital Piñero, debiendo expedirse nuevamente el Cuerpo Médico Forense en caso de considerarse el alta médica. (…) amplió su informe en cuanto a la peligrosidad que reviste (…) tanto prevalentemente para así como eventualmente para terceros. Así las cosas, tal como lo sostuve en el precedente "Gutierrez" (*) (…), en consonancia con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (**), la Cámara Nacional de Casación Penal (***) y algunas de las Salas de este Tribunal (****), la decisión firme del juez de grado determinó el cese de la jurisdicción penal sobre su persona. (…) De este modo, los preceptos establecidos en la ley 26.657, específicamente en sus arts. 1°, 6°, 8°, 14° y 31°, y el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino -PRISMA- fijan para el Estado el deber de garantizar que las internaciones impuestas a personas con padecimientos mentales, como son las medidas de seguridad -que, además, tienen el objeto de recuperar y preservar la salud de paciente y no la finalidad propia de una sanción penal de prisión-, deberían recibir un tratamiento conforme a las condiciones de "internación involuntaria". Así, bajo dicho régimen se garantiza el ejercicio de los derechos humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental, revistiendo especial protagonismo el "órgano de revisión" previsto en el artículo 38 de la ley. Por ello, el eventual tratamiento de internación a que deban ser sometidos los individuos que han sido evaluadas como "riesgosas" para sí o para terceros, será materia exclusiva de la justicia civil en términos del artículo 482 del código de fondo. Por ello, (…) considero que corresponde revocar el punto III del resolutivo, y colocar a Flores a exclusiva disposición de dicho juzgado, y cesar la precaria intervención del juez penal. (…). El juez Gustavo A. Bruzzone dijo: tal como lo sostuve en el precedente "Gutierrez" (*) (…), me adhiero a la propuesta del colega. (…) el Tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR el punto dispositivo II) del auto (…) en cuanto fueron materia de apelación (art. 455 CPPN). II. REVOCAR el punto dispositivo III) de dicho resolutorio, debiendo quedar Flores internado a exclusiva disposición del Juzgado Nacional en lo Civil n° (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Bruzzone, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.217, FLORES, Ricardo Ernesto. Rta.: 10/04/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 41.088, "Gutierrez", rta.: 19/9/11. (**) CSJN, "M., J. R." F. 331:211. (***) CNCP, Sala I, c. 12.644, "Gómez", rta.: 13/4/2010; CNCP, Sala IV, c. 9.350, "González", rta.: 207

18/5/2009. (****) C. N. Crim. Corr., Sala V, c. 39.219, "San Juan", rta.: 27/5/2010; C. N. Crim. Corr., Sala VI, c. 39.914, "Romero", rta.: 5/8/2010.

MEDIDAS DE SEGURIDAD. Imputado sobreseído por inimputabilidad. Alteración de sus facultades mentales. Riesgo para sí y para terceros. Juez instructor que ordenó su internación y que el control esté a cargo del juez de ejecución. Ley 26.657. PRISMA. Revocación. Materia exclusiva de la justicia civil. Disidencia: caso donde interviene la justicia penal previamente ante la comisión de un delito. Intervención conjunta de la justicia civil y penal. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) fue declarado inimputable y, en consecuencia, sobreseído en las presentes actuaciones, disponiéndose como medida de seguridad su internación en el Hospital de salud (…) Borda; ello, ante lo informado por el Cuerpo Médico Forense en cuanto se estableció que las facultades mentales de (…) "no encuadran dentro de la normalidad psicojurídica, presentando un Trastorno de Personalidad con base psicótica y Trastorno por abuso tóxico". A su vez, se indicó que presenta indicadores de riesgo actual inminente para sí y/o para terceros. Ahora bien, el agravio de la defensa se centra en que ante este tipo de situaciones, únicamente correspondería la intervención de la justicia civil, desplazando, de ese modo, la actuación de este fuero en materia penal. Al respecto, considero que no existen razones para apartarnos de las previsiones del art. 511, C.P.P.N., puesto que dicha norma prevé expresamente que, de aplicarse una medida de seguridad, será el tribunal de ejecución quien debe estar a cargo de su control. Más allá de la normativa civil imperante en la materia y citada por el recurrente, en nada excluye la intervención conjunta de la justicia civil; es más, el Sr. Juez de grado remitió testimonios a ese fuero, pero lo central de la cuestión es que la justicia penal intervino en el asunto ante la comisión de una acción típica y antijurídica, que en principio no admite graduaciones, (…) lo que difiere de los casos en los que exclusivamente debe intervenir el magistrado civil, conforme las previsiones del art. 482, C.C., en los que se resuelva una declaración de incapacidad, sin que la persona haya sido imputada de un delito, siendo ésto lo que, a mi criterio, marca la diferencia entre uno y otro supuesto. Por lo tanto, ante el carácter de la medida, su control se refuerza con la extracción de testimonios dispuestas al fuero civil a los efectos del debido control de su razonabilidad y viabilidad, debiéndose efectuar un seguimiento periódico del internado de acuerdo a los lineamiento fijados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente "R.M.J. s/ insana", del 19/2/2008", supuesto que difiere del presente ya que en ese caso únicamente intervino la justicia civil puesto que la internación había sido dispuesta en una clínica ajena al régimen penitenciario. En ese contexto, y bajo el control tanto del juez de ejecución como del civil que resulte desinsaculado se podrá ponderar, con apoyo en el seguimiento, las necesidades de internación teniendo en cuenta la entidad del hecho típico y antijurídico atribuido al inimputable. (…) por todo lo expuesto, voto porque el auto recurrido sea homologado. El juez Luis María Bunge Campos dijo: (…) fue sobreseído tras haber sido declarado inimputable (…). (…) tal como lo sostuve en el precedente "Gutiérrez" (*) (…), en consonancia con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (**), la Cámara Nacional de Casación Penal (***) y algunas de las Salas de este Tribunal (****), la decisión firme del juez de grado determinó el cese de la jurisdicción penal sobre su persona. Así, ha sostenido el máximo tribunal que "la debilidad jurídica estructural que sufren las personas con padecimientos mentales -de por sí vulnerables a los abusos-, crea verdaderos "grupos de riesgo" en cuanto al pleno y libre goce de los derechos fundamentales, situación que genera la necesidad de establecer una protección normativa eficaz, tendiente a la rehabilitación y reinserción del paciente en el medio familiar y social en tanto hoy nadie niega que las internaciones psiquíatricas que se prolongan innecesariamente son dañosas y conllevan, en muchos casos, marginación, exclusión y maltrato y no es infrecuente que conduzcan a un ´hospitalismo´ evitable" (cons. 6°). De este modo, los preceptos establecidos en la ley 26.657, específicamente en sus arts. 1°, 6°, 8°, 14° y 31°, y el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino -PRISMA- fijan para el Estado el deber de garantizar que las internaciones impuestas a personas con padecimientos mentales, como son las medidas de seguridad -que, además, tienen el objeto de recuperar y preservar la salud de paciente y no la finalidad propia de una sanción penal de prisión-, deberían recibir un tratamiento conforme a las condiciones de "internación involuntaria". Así, bajo dicho régimen se garantiza el ejercicio de los derechos humanos de las personas en su relación con los servicios de salud mental, revistiendo especial protagonismo el "órgano de revisión" previsto en el artículo 38 de la ley. Por ello, el eventual tratamiento de internación a que deban ser sometidos los individuos que han sido evaluadas como "riesgosas" para sí o para terceros, será materia exclusiva de la justicia civil en términos del artículo 482 del código de fondo. Por ello (…) considero que corresponde revocar los puntos (…) de la resolución recurrida, modificando su punto (…), en el sentido de que deberán remitirse testimonios de todo lo actuado al Sr. Juez en lo Civil en turno a efectos de que asuma el seguimiento y control del tratamiento médico de (…), quien quedará internado a su exclusiva disposición. (…). El juez Jorge Luis Rimondi dijo: (…) he de adherir al voto del (…) Dr. Luis María Bunge Campos, en tanto la sanción de la ley de la Protección de la Salud Mental (*****) y la consecuente creación del PRISMA, han modificado claramente la política estatal de abordaje de esta problemática. (…) emito mi voto en un sentido idéntico al suyo. (…) el tribunal RESUELVE: I) REVOCAR los puntos (…) del auto (…), y MODIFICAR el punto (…) del mismo auto en el sentido de que deberán remitirse testimonios de todo lo actuado al Sr. Juez en lo Civil en turno a efectos de que asuma el seguimiento y control del tratamiento médico de (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón) 208

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional c. 42.337, ARREDONDO, Ricardo Nahuel. Rta.: 02/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 41.088, "Gutiérrez", rta.: 19/9/11. (**) CSJN, "M., J. R.", (331:211), rta.: 19/02/08 (***) CNCP, Sala I, c. 12.644, "Gómez", rta.: 13/04/10; CNCP, Sala IV, c. 9.350, "González", rta.: 18/05/09. (****) C. N. Crim. Corr., Sala V, c. 39.219, "San Juan", rta.: 27/05/10; C. N. Crim. Corr., Sala VI, c. 39.914, "Romero", rta.: 5/8/2010. (*****) Ley de la Protección de la Salud Mental, Boletín Oficial 3/12/2010.

MEDIDAS DE SEGURIDAD. Internación. Competencia. Juez civil que no aceptó el control de la medida de internación. Traba de competencia entre la Cámara de Apelaciones y el Juzgado Civil. Elevación a la Cámara de Casación. Disidencia: no debe trabarse conflicto. Medida debe ser controlada por el juez de ejecución. Fallo: "(…) Llegan los presentes testimonios a conocimiento del Tribunal con motivo del rechazo, por parte de la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° (…), del control de la internación de (…) que se encomendó a aquélla conforme lo dispuesto por la mayoría de esta Sala (…). Los jueces Mauro A. Divito y Rodolfo Pociello Argerich dijeron: Los argumentos expuestos por la señora juez en lo civil no conmueven aquellos que, conformando la mayoría, hemos suministrado al tiempo de pronunciarnos en la causa y que en lo sustancial coinciden con los volcados al resolverse la acción de habeas corpus (…), de modo que corresponde dar por trabada la cuestión de competencia y elevar estas actuaciones a la oficina de sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal, pues resulta ser el órgano judicial que debe dirimirla, con arreglo a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1). Así votamos. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Siempre que comparto, en lo sustancial, la argumentación que ha desarrollado la señora juez a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° (…), por resultar acorde al voto que extendí oportunamente (…), soy de la opinión que no debe trabarse el conflicto y que la medida de seguridad debe ser controlada por el juez de ejecución penal respectivo, en abono de lo cual, además de lo considerado por el suscripto en aquella intervención, se ha pronunciado también la Cámara Nacional de Casación Penal (2). De la resolución por la que se resolvió el habeas corpus interpuesto, por lo demás, se desprende que el juez interviniente sólo había otorgado intervención a la señora juez civil, ello, claro que en el marco de su limitada competencia, pues más allá de la opinión personal volcada por el Dr. (…) -véanse los diferentes criterios habidos en el tribunal ad quem-, la cuestión aquí debatida debía quedar sujeta a las decisiones que pudieran arbitrar esta Sala y el Juzgado Civil antes referenciado, como parece surgir de lo mencionado a fs. (…) y se encuentra legislado en el art. 24, inciso 7°, del Decreto-Ley 1285/58, con la interpretación que ha proporcionado la Corte Federal en el pronunciamiento referido por la mayoría. Voto entonces por mantener el criterio antes sustentado, sin que corresponda dar por trabado el conflicto a que aluden los jueces Divito y Pociello Argerich. Por ello, el Tribunal RESUELVE: I. DAR POR TRABADO el conflicto de competencia y elevar los presentes testimonios a la oficina de sorteos de la Cámara Nacional de Casación Penal a fin de que se dirima la cuestión suscitada entre la titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° (…) y esta Sala. II. Hágase saber lo aquí resuelto al Juzgado Nacional en lo Civil N° (… ) mediante oficio de estilo y adjuntándose copia de esta decisión". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro (en disidencia), Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti) c. 96., D. D. Rta.: 09/04/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Competencia n° 1074, XLVI, "G.T., F. C. s/competencia", rta: 22/03/2011. (2) C.N.C.P., Sala III, c. 12.434, "Antuña, Guillermo", rta: 13/09/2010 y Sala II, c. 13.315, "Brois Montani, Jonathan", rta: 22/06/2011.

MEDIDAS DE SEGURIDAD. 1) Internación. Imputado sobreseído. Facultades mentales que no encuadran en la normalidad psicojurídica. Indicadores de peligrosidad. Confirmación parcial. 2) Control jurisdiccional. Juez civil. Expediente por insania. Control con mayor precisión de la razonabilidad de la medida. Revocatoria parcial. Disidencia parcial: control a cargo del juez de ejecución penal por disposición normativa. Hechos: la defensa apeló la medida de seguridad de internación y el control por parte del juez de ejecución penal. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: El sobreseimiento arbitrado con relación a (...) se fundó en la causal prevista en el artículo 336, inciso 5°, del Código Procesal Penal -…-, debido a que el galeno (…) del 209

Cuerpo Médico Forense concluyó en que sus facultades mentales no encuadran dentro de la normalidad psicojurídica, que al momento del hecho se encontraba en estado de alteración morbosa de sus facultades que le impidió comprender el sentido de sus actos, motivarse con la norma y dirigir su conducta conforme a dicha comprensión y motivación, a la vez que consideró que presentaba indicadores de riesgo para sí y para terceros que ameritaban su internación en el actual Servicio Psiquiátrico Central de Varones (U. 20) del Servicio Penitenciario Federal (…). Aun cuando considero que dicha decisión se encuentra ajustada a derecho de acuerdo a las consideraciones médicas señaladas, ello no implica que el control de dicha medida deba permanecer a cargo del juez de ejecución penal, sino que, como sostuve en situaciones análogas a la del sub examen (1) y también resolviera la Cámara Nacional de Casación Penal in re "González, Cristian" (2) y "Gómez, Gustavo Daniel" (3) el control de la internación atañe al juez civil, ya que la coexistencia en el ordenamiento legal de dos regulaciones respecto de una misma situación de afección psiquiátrica no puede conducir a que el mismo aspecto de un individuo se encuentre sometido al doble control jurisdiccional. En consecuencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 511 del cuerpo adjetivo y en razón de que, además, registra un expediente por insania ante la justicia civil y el señor juez a quo ha dispuesto la remisión de testimonios de la decisión recurrida a esa sede (punto III) resulta pertinente que su situación sea evaluada en ese ámbito y hacer cesar la intervención asignada al juez de ejecución penal, acorde con la disposición del artículo 482 del Código Civil, a efectos de controlar con mayor precisión la razonabilidad de la medida, de conformidad con los lineamientos generales fijados por la Corte Suprema en el precedente "R., M. J s/insania", del 19 de febrero de 2008. De tal modo, corresponde que el causante permanezca en la unidad en la que ha sido internado hasta tanto el juez civil disponga cuanto considere pertinente. Tal es mi voto. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Comparto las consideraciones que surgen del voto que antecede en torno de la medida de seguridad adoptada, toda vez que ésta se ha fundado en la resolución arbitrada sobre la situación procesal de (…) (artículo 336, inciso 5°, del Código Procesal Penal) y en el dictamen elaborado por el Cuerpo Médico Forense, en el que se recomendó su internación en el actual Servicio Psiquiátrico Central de Varones (U. 20) del Servicio Penitenciario Federal, a raíz de los indicadores actuales de peligrosidad revelados en el estudio y a fin de proporcionarle al causante la asistencia psiquiátrica que su estado reclama (…). En relación con la asignación del control jurisdiccional, entiendo que éste debe quedar a cargo del juez de ejecución penal, pues así viene dispuesto normativamente en el artículo 511 del ceremonial (4). Ello, claro está, sin perjuicio de las medidas que ulteriormente hubiere de disponer el señor juez de ejecución penal, a quien se ha dado intervención (…), con arreglo a la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos: 328:4832 y 331:211, en tanto si bien se ha establecido que el trastorno que afecta a (...) le ha impedido comprender y dirigir sus acciones, dable es concretar el control jurisdiccional correspondiente en aras de establecer si persisten las condiciones que lo tornan peligroso y, en su caso, el lugar adecuado de internación (5). En razón de lo expuesto y como cierto es que no pueden coexistir la intervención penal y civil, en especial, por cierta superposición de cometidos que pudieren redundar en el dictado de medidas contradictorias (cfr. votos de la mayoría en causas "Lucente" y "Antuña" antes citadas), limitado por el alcance del recurso concedido, en tanto que la extracción de testimonios al fuero civil (punto dispositivo III del auto recurrido) no fue materia de agravio, propongo al acuerdo que se confirme la decisión adoptada y, en previsión de todo, se comunique al juez civil interviniente sobre el control que previamente se ordenó en el ámbito de la justicia de ejecución penal, a los fines que correspondan. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), concluida la deliberación y de conformidad con lo resuelto en la causa n° 39.452 de la Sala V de este Tribunal, adhiero al voto del juez Divito y extiendo el propio en igual sentido. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: I. CONFIRMAR PARCIALMENTE con los alcances que surgen de los considerandos, el auto documentado (…), punto II, en cuanto mantuvo la internación de (...) en el Servicio Psiquiátrico Central de Varones (…) del Servicio Penitenciario Federal. II. REVOCAR PARCIALMENTE la misma decisión, respecto del control de dicha medida por parte del Juzgado Nacional de Ejecución Penal". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro (en disidencia parcial), Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti) c. 96, D.,D. Rta.: 28/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.990, "Lanes, Vicente", rta: 07/06/2010 y c. 38.606, "Antuña, Guillermo", rta: 14/04/2010 y Sala de Feria B, c. 47, "Mansilla, Luisa", rta: 14/01/2010. (2) C.N.C.P., Sala IV, c. 9.350, reg. 11.799, rta: 18/05/2009. (3) C.N.C.P., Sala I, c. 12.644, reg. 15.679, rta: 13/04/2010. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.330, "Lucente, Fabio", rta: 09/03/2010. (5) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 33.934, "González, Ramón", rta: 18/03/2008; c. 34.551, "Miguens, Alejandro", rta: 12/06/2008; c. 37.977, "Carulla, Teobaldo", rta: 02/12/2009 y c. 38.606, "Antuña, Guillermo", rta: 14/04/2010. MEDIDAS DE SEGURIDAD. Sobreseimiento por inimputabilidad. Art. 34 inc. 1 CP. Magistrada que dispone la internación en el ala psiquiátrica de la unidad penitenciaria de Ezeiza y dar intervención al Director del programa PRISMA, sin perjuicio de lo que disponga el juez civil. Defensa que sólo se agravia por el lugar de internación. 210

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Revocación. Persona que ya no se encuentra bajo la tutela de la justicia penal. Internación que no puede efectivizarse en una unidad penitenciaria. Internación en el Hospital Borda a exclusiva disposición del juez civil. Fallo: "(…) la juez de grado (…) declaró la inimputabilidad de (…) por aplicación del art. 34 inc. 1 del CP, y dispuso su sobreseimiento en función del art. 336 inc. 5 del CPPN (…). Asimismo (…) ordenó como medida de seguridad la internación involuntaria (…) en el 'Ala Norte', del Hospital Penitenciario Central del Complejo Penitenciario Federal Nª1 de Ezeiza, debiendo cesar su alojamiento en la unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal, con el objeto de que se le brinde un tratamiento acorde a las patologías que padece, para lo cual deberá dársele intervención al Sr. Director del programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA) ello sin perjuicio de lo que luego disponga el Juzgado Nacional en lo Civil (…), quien debe llevar el control de dicha medida de seguridad (art. 20 y ccs de la Ley Nacional 26.657)…" y libró los oficios pertinentes (al juzgado civil, Ministerio Público de la defensa, y al Director del PRISMA, a los fines del control de la medida de seguridad) para dar cumplimiento con lo ordenado. (…) debemos precisar que el único agravio traído por la defensa (…) radica en cuestionar el lugar físico donde su asistido debe cumplir con la "internación involuntaria" dispuesta por la a quo, internación que en definitiva no impugnó. Así las cosas, debemos señalar que si bien actualmente (…) se encontraría a disposición del juez civil, bajo su control, lo cierto es que la decisión de internarlo y alojarlo en el "Ala Norte" del Hospital del Complejo Penitenciario Federal 1, fue dispuesta por el juez penal, y es esto último lo que en definitiva esta alzada, y por recurso de la defensa, se encuentra habilitada para revisar. Así, conforme surge de lo actuado en el habeas corpus oportunamente presentado en favor de (…), el "Ala Norte" está destinada para "internos sometidos a causas penales que presentaran descompensaciones psiquiátricas," situación que no reviste el mentado (…), desde que ha sido desvinculado definitivamente de este sumario en lo que hace al reproche penal. Por ello, asiste razón a la defensa en cuanto a que no corresponde que el nombrado continúe allí alojado. Si bien la norma que creó al PRISMA previó un "Dispositivo residencial" para aquellas personas declaradas inimputables por la justicia penal -art. 34 del CP-, evidentemente diferenciado de los sometidos a causas penales, lo cierto es que (…) a la fecha no se ha habilitado un espacio terapéutico específico para este tipo de pacientes que dé cumplimiento con los objetivos que inspiraron la norma que creo dicho programa. Más allá de esta falencia, claramente los preceptos de la ley de Salud Mental como el PRISMA indican que la atención de los inimputables no puede desarrollarse dentro de las unidades penitenciarias. La mencionada "Ala Norte", no obstante las órdenes impartidas por la jueza de grada en cuanto a que "cese su alojamiento en la unidad carcelaria", se encuentra dentro de una cárcel y en consecuencia sometida al régimen penitenciario, por lo que no correspondía que dispusiese su internación allí. (…) el Tribunal RESUELVE: I-REVOCAR la resolución (…) punto dispositivo (…) y II- DISPONER la internación de (…) en el Hospital Borda a exclusiva disposición del Sr. Juez (…) Civil (…). (…)".

C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Biuso). c. 42.490,RUIZ, Marcelo. Rta.: 23/05/12 MENOR. Derivación desde el Instituto Roca a una “residencia educativa”. Rechazada. Defensa que se agravia porque no se trató la cuestión bajo los parámetros establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. Excepción prevista en las Reglas de Beijing. Menor que interrumpió sus estudios, no tiene actividades recreativas y deportivas, no posee contención familiar y posee amistades que lo influenciarían a realizar actividades transgresoras de la ley penal. Necesidad de continuar la internación. Confirmación. Fallo: “En el ámbito internacional, la Convención sobre los Derechos del Niño impone la necesidad de respetar su “interés superior” (artículo 3.1 del Convención), en su resguardo y para prevenirlo de quedar expuesto a situaciones que atenten contra “…el desarrollo armonioso de la personalidad de aquéllos y el disfrute de los derechos que les han sido reconocidos” (1). Es por ello que el Estado “…no puede deslindarse del interés superior del niño razón por la cual requiere … la adopción de medidas especiales para su protección, en atención a su condición de vulnerabilidad” (2) entre las que se encuentra la posibilidad de evaluar métodos alternativos que no pasen por la prisión preventiva (así el artículos 37.b. y 40.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño, el numeral 13 de las Reglas de Beijing y la regla 6 de las Reglas de Tokio) sin que esta cuestión implique descartar la eventualidad de mantener a los niños/as bajo un régimen cerrado como bien lo reconoce el propio Comité de los Derechos de los Niños al señalar: “[...] Los Estados Partes deben disponer de un conjunto de alternativas eficaces para dar cumplimiento a la obligación que les incumbe en virtud del apartado b) del artículo 37 de la Convención de utilizar la privación de libertad tan sólo como medida de último recurso” (3). Así se verifica la posibilidad excepcional de mantener restringida la movilidad de los niños/as, siempre que los datos objetivos obrantes en el legajo aconsejen tal decisión, aspecto sobre el que esta Sala ha tenido oportunidad de expedirse (4) y en consonancia con el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación “García Méndez, Emilio y Musa, Laura Cristina s/ causa n° 7537” del 2 de diciembre de 2008, decir que corresponde a los magistrados del fuero de menores, disponer y “controlar, no sólo [la] procedencia [de

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la internación] en cada caso, sino también, periódicamente, si las circunstancias que las motivaron han cambiado, tanto como, la vigencia de su necesidad y razonabilidad”. En el plano nacional, la ley 26.061 autoriza medidas de protección integral de los derechos y garantías de los niños/as ante su amenaza o violación con el objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias (5) que, estimamos, el presente caso aconseja adoptar. (…) En los estudios agregados al legajo tutelar (…) se hace referencia a que (…) dijo contar con 17 años de edad, carecer de documento, consumir marihuana en forma esporádica y haber interrumpido la escolaridad en el noveno grado. Además se dejó constancia que su núcleo familiar se ciñe a su padre y tres hermanos, ya que su madre habría hecho abandono del hogar a temprana edad; y si bien tuvo algún contacto esporádico, refirió no estar interesado en retomarlo en forma continua. Destacó que vivía en un barrio humilde de alta peligrosidad, que no realiza actividades educativas o recreativas ni cuenta con trabajo, proviniendo los ingresos familiares de los aportes de su progenitor y sus hermanos mayores. De acuerdo a lo señalado por la Dirección Nacional para Adolescentes Infractores de la Ley Penal, “…el joven se encuentra atravesando su etapa adolescente donde la transgresión se asocia a una manifestación de dicha etapa y no a un modelo que tenga incorporado el joven. Al no contar con actividades recreativas y educativas acordes a su edad, provoca en el jóven asociarse con pares que lo exponen a situaciones de riesgo. En este sentido, el joven no puede pensarse al interior de un proyecto de vida alternativo”. Por ello recomiendan que “…sea derivado a una residencia socio educativa de libertad restringida a fin de trabajar los objetivos propuestos” (…). Por su parte, de la entrevista que mantuviera en el Instituto “Manuel Rocca” (…) se desprende que dejó la escolaridad en el año 2010 cuando cursaba 8º grado, dedicándose a trabajar en una carpintería por unos meses hasta que la abandonó. Finalmente dijo “…sentirse bien en el Instituto ya que recibe contención y amparo; se encuentra cursando 7º grado y realiza talleres de teatro, computación y deportes”. Tales extremos demuestran que (…) por su edad está cursando una etapa compleja en su desarrollo que impone especiales cuidados a fin de aventar factores de riesgo que podrían sumirlo en una situación de vulnerabilidad. La interrupción de la escolaridad, el abandono del trabajo, la ausencia de actividades recreativas y deportivas, la escasa contención familiar y la incursión en el consumo, aunque esporádico, de marihuana, sumado a la presencia de amistades que de acuerdo a los especialistas lo influenciarían a realizar actividades transgresoras de la ley penal, imponen la necesidad de continuar con la medida dispuesta que, a la luz de los derechos constitucionales y los intereses en conflicto, se muestra como la alternativa mas adecuada a la finalidad perseguida, cuanto menos en estos primeros tiempos tan cercanos a los graves sucesos ilícitos en que al parecer, habría participado. Tal temperamento guarda relación con las conclusiones plasmadas en los informes arriba detallados, que reclaman una residencia socio educativa de libertad restringida y reflejan su interés por cuanto dijo estar contenido y practicando diversas ocupaciones formativas. Para facilitar su posterior reinserción es recomendable iniciar los trámites para gestionar su DNI, pues la carencia de tal documento afecta su vida en sociedad (artículo 15 de la ley 26.061 y Ley 24.540). Recordamos también lo expuesto por nuestros colegas de la Sala I en el precedente citado, donde acertadamente señalaron que “la finalidad del ordenamiento positivo actualmente vigente es evitar la judicialización de los niños que carecen de capacidad de culpabilidad. No obstante ello, como órgano de poder político resultamos garantes de los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, entre los que se encuentra la protección de los intereses de los niños. En este sentido, no hablamos ya de una protección general, como la que le corresponde al órgano legislativo, sino de una protección concreta de los intereses de un niño (o joven) determinado”.(…), el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Williams). c. 345, E., I. M. Rta.: 24/04/2012 Se citó: (1) Corte Interamericana de Derechos Humanos Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 17, párrs. 53 y 137; (2) Corte Interamericana de Derechos Humanos in re “Instituto del Menor vs. Paraguay”, sentencia del 2/9/2004, Serie C, n° 112, párr. 225; (3) Observación General No. 10, Los derechos del niño en la justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 80; (4) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 40.474, “V., P.A.”, rta.:11/11/2010, c. 40.336, “Carpi Carranza, José Jesús”, rta.: 19/10/2010; (5) C.N.Crim. y Correcc., Sala I, c. 36.065, “O., H.I.”, rta.: 14/5/2009.

MENOR. Procesamiento. Robo agravado en grado de tentativa y por la participación en el hecho de un menor de edad (art. 41 quater del C.P.). Necesidad de que se demuestre la intención por parte del mayor de descargar responsabilidad en el menor. Modificación de la calificación: robo en poblado y en banda en grado de tentativa. Disidencia parcial: aplicación de la agravante. Fallo: “(…) El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: (…), estimo que corresponde homologar el auto de procesamiento del mayor (...) y del menor (…), ambos pupilos de la recurrente defensa oficial. 212

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Al respecto, las constancias de la causa me llevan a compartir la conclusión formulada por el señor juez de grado, siempre que del relato brindado por el preventor (…) surge que los imputados, en connivencia con una tercera persona, habrían comenzado a forzar la cerradura del automóvil particular (…) mientras aquél los observaba desde la esquina de (…), y que una vez que los redujo, secuestró una llave de auto limada para transformarla en "yuga" que llevaba en un bolsillo de su pantalón el sospechoso vestido con una camiseta de fútbol a rayas blancas y negras, que conforme surge claramente de las fotografías agregadas (…), resulta ser (…). En ese sentido, y de adverso al argumento defensista, el relato del funcionario no aparece huérfano, ya que lo corrobora (...), propietario del vehículo, al manifestar (…) que dejó su automóvil estacionado frente a su casa (…) y que "al intentar abrir el auto [ya secuestrado] notó que la cerradura del lado del conductor se encontraba dañada y visiblemente se nota que habrían intentado introducir una yuga". De la misma manera concuerda esto con la fotografía (…) y el informe técnico (…).En consecuencia, aun frente a la negativa en que se encierran los imputados, los extremos reseñados se aprecian suficientes, con el grado de convencimiento que esta etapa del proceso impone (artículo 306 del ceremonial), para endilgarles su participación en el hecho investigado, sin perjuicio de encomendar al señor de grado que convoque a los testigos del acta de secuestro (…) y nuevamente al preventor a los fines de aclarar la circunstancia del hallazgo de la "yuga" expuesta en el acta de secuestro (…). Por último, al haberse acreditado que, en principio, (…) participó en el hecho junto a un menor de dieciocho años de edad, entiendo que resulta acertado el criterio del juez de la instancia anterior en torno a la aplicación de la agravante escogida, pues la redacción del artículo 41 quater no revela que el legislador hubiera querido establecer como especial elemento subjetivo del tipo la sanción al mayor por la utilización del menor con el fin de descargar su responsabilidad en él (1). Así voto. El juez Mauro A. Divito dijo: Comparto los argumentos vertidos por el colega que me precede, en relación con la participación de los causantes en el suceso. Sin embargo, considero que merece ser atendido el agravio referido a la calificación legal, mediante el que se cuestionó -exclusivamente- la aplicación al caso del artículo 41 quáter del Código Penal, ya que no se dan en el caso los extremos requeridos para que se agrave la conducta del encausado (...) por la participación de un menor de dieciocho años de edad. En tal sentido, sostuve con anterioridad que "una adecuada interpretación de la teleología de la disposición legal en trato demanda que el mayor de edad actúe procurando aprovecharse de la intervención del menor de dieciocho años, para descargar responsabilidad en éste" (2). Tal situación no es la de autos, ya que las constancias de la causa no indican que la presunta intervención en el hecho del menor (…) hubiera obedecido a un propósito semejante, toda vez que el accionar atribuido habría sido desplegado de consuno por ambos imputados (3). Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), si bien ha quedado sellada la cuestión en relación con la participación de los encartados en el suceso, en cuanto a la agravante prevista en el artículo 41 quater del Código Penal acompaño el criterio del juez Divito respecto de que no es de aplicación en el caso analizado. En efecto, como he sostenido con anterioridad -Sala V, causas n° 37995, "P.D.E.", rta. el 27/10/09 39.320 y "A. L. A. y otros", rta. el 1/06/2010, entre otras-, ésta no resulta aplicable por la simple participación de un menor en el ilícito, sino que debe contener un factor subjetivo del mayor, fundado en su intención de descargar la responsabilidad criminal en aquél (4). De este modo, como no se cuenta con ningún elemento en el sumario que permita demostrar objetivamente que (...) haya intentado deslindar su responsabilidad en el menor, corresponde dar razón a la defensa con relación a este punto (5). (..:), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución pasada (…), puntos I y IV, en cuanto dispone los procesamientos de (…) y (...), aunque MODIFICANDO la calificación legal por la de robo en poblado y en banda en grado de tentativa (artículos 42 y 167, inciso 2°, del Código Penal)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro (en disidencia parcial), Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti) c. 842/12, V.,A.D. y otro. Rta.: 26/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.702, "Atencio, Facundo", rta: 19/05/2009 y c. 39.382, "Carrero, Omar y otro", rta: 27/08/2010. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.702, "Atencio, Facundo", rta: 19/05/2009. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.382, "Carrero, Omar y otro", rta: 27/08/2010. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.382, "Carrero, Omar y otro", rta: 27/08/2010. (5) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.382, "Carrero, Omar y otro", rta: 27/08/2010.

MENOR. Procesamiento. Robo agravado por la participación de un menor de edad de 18 años. Art. 41 quáter del C.P. Agravante que se aplica sin necesidad de acreditar especiales intenciones de los "mayores". Confirmación. Fallo: "(…) Analizados los agravios introducidos por la defensa a la luz de las constancias de la causa, habremos de homologar el auto recurrido por compartir la valoración de las pruebas que efectuara la jueza de grado. 213

Hemos interpretado en casos similares, contrariamente a lo sostenido por la asistencia técnica, que la regla testis unus, testis nullus no rige en la aplicación del texto adjetivo dónde impera la sana crítica. Así, es cierto que al testigo único debe valorárselo con severidad y rigor crítico, pero no puede ser descartado sin un análisis profundo de cada situación (1). En el caso de autos, no se advierte que (…) (cfr. fs. ...) hubiera actuado con ánimo de perjudicar los intereses de los imputados, a quienes no conocía previamente. Además, su relato es corroborado por el de los oficiales (…) (cfr. fs. …) y (…) (cfr. fs. …), quienes tomaron conocimiento del suceso a través de un ocasional transeúnte e inmediatamente detuvieron a los causantes en las inmediaciones. En estas condiciones, no pueden descartarse los dichos de la víctima ante la negativa de los encausados en cuanto a la comisión del suceso (cfr. fs. …), siendo el principio de inmediación el que permitirá con mayor certeza sostener que una u otra versión es la más creíble, por lo que este sumario debe avanzar a la etapa correspondiente. No obstante lo expuesto, para contar con mayores datos sobre lo sucedido, entendemos que los dichos recogidos en sede policial deben ser ratificados y ampliados en el juzgado (2). Por último, lo expuesto por la defensa en relación a que (...) no tuvo por próposito deslindar responsabilidad en el menor (...), y en consecuencia la aplicación de la agravante prevista en el artículo 41 quáter del Código Penal resultaría improcedente, no tendrá acogida favorable. Es que la Sala ya se ha expedido en cuanto a que el supuesto de mención se aplica a las personas de 18 años o más que cometan un ilícito con la intervención de otra que no haya cumplido esa edad al momento del hecho, sin que sea necesario, a tal fin, acreditar especiales intenciones de los actores "mayores", sobre las cuales el texto legal ninguna referencia formula (3), tal es el caso que al momento de la comisión del hecho (…) y su consorte de causa (…), contaban con 20 y 16 años de edad respectivamente (fs. … respectivamente). En base a lo precedentemente expuesto, este Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 201, G. C. P. y otro. Rta.: 20/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 123/08 "Sosa", rta. 22/10/08 y c. 571/09 "Bordón" rta. 14/5/2009. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 30575 "Ortuño", rta.: 17/10/2006. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1674/10 "L.M.N.", rta. 1/11/100; c. 660/10 "Montero", rta. 27/5/10; c. 585/09 "Armas", rta. 14/5/09 y c. 1420/09 "Fredez", rta. 24/09/09.

MENOR. Sobreseimiento por imputabilidad (art. 1, Ley 22.278 y 336 del C.P.P.N.), intervención al Juez de Familia y simultáneamente al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resolución que no se ajusta a la normativa vigente. Nulidad. Ley 26.061 y 114 CABA. Fallo: "(…) Evaluadas las constancias de autos entendemos que resultan atendibles las críticas esbozadas por el defensor ad-hoc en punto a que las decisiones procedimentales adoptadas en el expediente responden al paradigma tutelar contemplado por la ley 10.903, derogada por la sanción de las leyes 26.061 y 114, que vinieron a incorporar a la normativa local el modelo de protección integral que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño, de jerarquía constitucional en virtud de lo dispuesto por al artículo 75 inc. 22 de la CN. En tal sentido, una solución acorde al modelo que instaura la ley 26.061, hubiera sido en primer término decretar el cese de la disposición tutelar, posteriormente dar intervención al órgano administrativo a fin de que adopte las medidas de protección que estime pertinentes (conf. art. 33 de la ley citada) y, de manera supletoria, únicamente para el supuesto que las primeras no resultasen efectivas, aplicar -el órgano administrativo- las medidas excepcionales previstas en el art. 40 de la mencionada ley, notificando, recién en esa oportunidad, al juez competente en familia con el objeto de garantizar por su intermedio el control de la legalidad de dicha diligencia. Para ello fue creado el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (art. 45 de la ley 114). Dicha entidad es la que debe implementar en forma directa o a través de sus unidades descentralizadas, las acciones sociales de protección especial tendientes a proporcionar escucha, atención, contención y ayuda necesarias (art. 40 de la ley 114), con el fin de garantizar a la joven todos sus derechos (arts. 10 a 33 de la ley 114 y arts. 8 a 22 de la ley 26.061), intentando reforzar los vínculos con el grupo familiar en miras a desjudicializar la situación de pobreza (art. 43 de la ley 114) y/o buscar formas alternativas de convivencia teniendo en cuenta la opinión de la joven (art. 42 de la ley 114). Es decir, únicamente para el supuesto de que la administración disponga la adopción del tipo de medidas que establece el art. 40 de la ley 26.061, deberá aquélla -y no el juez penal materializar la intervención del juez en materia de familia al sólo efecto de ser notificada y llevar a cabo el control de legalidad de la medida o cuando sea requerida expresamente la intervención judicial en cualquiera de los supuestos del art. 41 de la ley 114. 214

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Es que a partir de la vigencia del paradigma de la protección integral y lo dispuesto en el art. 74 de la ley 26.061, la figura de protección de personas ha sido derogada (art. 234 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación) y sólo han de resultar posibles medidas de protección de derechos. Cabe precisar, a todo evento, que en el caso concreto tampoco se daban las circunstancias previstas por la nueva ley de salud mental (ley 26.657), como para que se justificara la intervención del juez en lo civil, notificación que corre por cuenta del equipo interdisciplinario, servicio asistencial o equipo de salud a cargo que realice una internación involuntaria (art. 20 y 21 de dicha ley) o cuando se prolongue por más de 60 días una internación voluntaria (art. 18 de esa norma). En definitiva, no se verificó en autos ningún motivo -al menos no regulado legalmente en el ordenamiento jurídico- que habilitase la derivación que propició la jueza de grado. No obstante y pese a haber desatendido las disposiciones de las normas citadas, consideramos que la ausencia de notificación al defensor público de la niña del auto de fs. (…) impide al tribunal convalidar el trámite desacertado, como se dijo asignado a estos autos. Es que, tal omisión importó la exclusión de una parte elemental en el expediente de disposición: el defensor, que justamente es la persona encargada de velar por sus intereses. Su intervención en el caso concreto resultaba imprescindible por tratarse de una decisión que la afectaba directamente, en tanto dicha medida pretendía judicializar a la joven por cuestiones asistenciales (conforme se desprende de los argumentos esgrimidos a la postre en la resolución de fs. (…). Al proceder de dicha manera privó a la parte de la posibilidad de opinar sobre el asunto y/o impugnar la decisión, prerrogativas derivadas del derecho a ser oído, reconocido en los artículos 24 y 27 de la ley 26.061 y el art. 17 de la ley 114, a fin de salvaguardar los derechos y garantías que asisten a la menor. Nótese, en este sentido, que tal como se certificó a fs. (…) del presente incidente, a raíz de los testimonios que la a quo remitió a la Defensoría Pública de Menores e Incapaces en lo Civil, Comercial y del Trabajo n° 2, se inició ante el Juzgado Nacional en lo Civil n° 4 un incidente por protección de persona. Así entonces las cosas, habida cuenta que aún no se había decretado el cese de la disposición y que ese Ministerio de la Defensa encabezaba la representación de la joven, la omisión de darle la debida intervención constituye una inobservancia de las disposiciones concernientes a la asistencia y representación de la causante, sancionada de nulidad en el art. 167, inciso 3°, del C.P.P.N. Por consiguiente, atento a lo prescripto por el art. 168 segundo párrafo del mismo cuerpo legal, que establece que la nulidad debe ser declarada de oficio cuando, como en la especie, no pueda ser subsanada y afecte garantías constitucionales como es el debido proceso y el derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional), corresponde anular el decreto de fs.(…) y lo actuado en consecuencia. (…) el tribunal RESUELVE: Declarar la nulidad del auto de fs. (…) y lo actuado en consecuencia (arts. 167 inciso 3° y 168 del C.P.P.N.)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec. Cám. Ad. hoc.: Daray) c. 732/2012, S., M.S. Rta.: 29/06/2012 NULIDAD. Acta de secuestro. Infracción Ley 11.723. Sobreseimiento. Falencia al no individualizar correctamente el material incautado al momento de labrar el acta y formalizar la aprehensión del inculpado. Incertidumbre sobre la cadena de custodia de los objetos que vulnera el derecho de defensa. Confirmación. Fallo: "(…) entendemos que la presente instrucción adolece de un vicio insalvable que impide su subsistencia como actuación válida, por su incidencia negativa en el derecho de defensa del imputado. (…) advertimos que el acta de secuestro documentada a fs. (…), no obstante cumplir con algunas de las formalidades legalmente previstas, carece de la debida individualización del material incautado. Nótese que esa falencia resulta concluyente a los efectos de determinar positiva o negativamente la ilegalidad de aquéllos elementos. Destacase que los objetos secuestrados recién aparecen íntegramente individualizados, al tiempo en que el Inspector (…), prestó su declaración testimonial (fs…). Ello, tuvo lugar en la dependencia policial, cuando correspondía que la debida identificación del material se realizara al tiempo de labrarse el acta de secuestro (fs…), ante la presencia de los testigos intervinientes y en la vía pública donde se formalizó la aprehensión de (…). (…) insoslayable resulta que en los informes periciales obrantes a fs. (…) tampoco se identificó el material objeto de estudio. Si bien el preventor (…) expuso que los discos compactos que el imputado exhibía a la venta en la vía pública "…a simple vista, serian copia de los títulos originales…" (fs. …) y que se cuenta en la investigación con la vista fotográfica de fs. (…)y el detalle confeccionado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 4, Secretaría n° 8 (fs. …), lo cierto es que ello inhabilita asegurar que los discos detallados por (…) en sede policial y luego por el juzgado aludido, fueran los mismos que se secuestraran en poder del imputado. (…) consideramos que esa incertidumbre, las consecuencias que de ella emergen y la falencia especificada afectan el derecho de defensa del acusado. Pues, ello impide asegurar fehacientemente que la cadena de custodia de los elementos inicialmente incautados no ha sido vulnerada. 215

IV. En mérito a las consideraciones expuestas, y dado que el caso guarda idénticas aristas al tratado en el precedente n° 39.803, "Video Club Week End", resuelto el 29 de septiembre de 2.010, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I y II de la resolución de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar). c. 714, CARDOZO, Javier E. Rta.: 02/02/2012 NULIDAD. Acta de secuestro. Sobreseimiento. Ausencia de individualización de la totalidad de los elementos incautados que impide la validez del acta y del procedimiento. Confirmación. Fallo: (…) Tal como dejamos en claro en el precedente n° 39.803 "Video Club Week End" rto: 22/9/10, la circunstancia de que el acta de secuestro no individualice la totalidad de los efectos incautados impide otorgar validez probatoria a dicha acta y, en consecuencia, al procedimiento. Es que dicha falencia no permite asegurar que la cadena de custodia de los elementos secuestrados no ha sido vulnerada y esa duda no es susceptible de zanjar con diligencia alguna, ya que los testigos de actuación aparecieron en escena luego de ocurrido el secuestro, en razón del malestar que produjo en los feriantes la detención practicada. (…) las razones invocadas por el fiscal no son suficientes para validar un procedimiento irregular como el presente y menos aún para formalizar un reproche jurídico penal serio contra la imputada, en atención a que no es posible determinar positiva o negativamente la ilegalidad de los bienes secuestrados, RESOLVEMOS: CONFIRMAR lo resuelto a fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Garrigós de Rébori, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Vilar). c. 711, QUISBERT, Neridy Lizeth Wendy. Rta.: 02/02/2012

NULIDAD. De la detención por arbitrariedad. Rechazada. Personal policial que se encontraba en una estación de subte y le solicitó al imputado que se identificara como consecuencia de su actitud sospechosa. Indicios vehementes de culpabilidad. Art. 284 CPPN. Secuestro de pertenencias en su poder en presencia de testigos. Confirmación. Fallo: "(…) no se hizo lugar al planteo de nulidad articulado por la recurrente. (…) La defensa planteó la nulidad de la detención de su defendido al considerar que resultó completamente arbitraria y por ende ilegal. Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) si bien del artículo 18 de la Constitución Nacional se desprende que ninguna persona podrá ser privada de su libertad sin orden judicial, el artículo 284 del ordenamiento adjetivo establece los supuestos excepcionales que justifican la detención, aún sin dicha orden, entre los que se encuentra el caso de que existan "indicios vehementes de culpabilidad". (…) en el presente caso consideramos que el Agente (…) actuó acorde a las atribuciones legales que le confiere el ordenamiento procesal vigente (…). En tal sentido, declaró que el día del hecho se encontraba en el andén de la línea "A" detrás de la boletería de la estación Castro Barros, cuando observó a un hombre (…) en la zona de los molinetes de los andenes. Que durante diez minutos observó que este hombre entraba y salía de los andenes, y que cuando lo hacia miraba las pertenencias de los pasajeros que se encontraban próximos a abordar la formación. Que este hombre salía por la boca de salida hacia la calle y entraba por la del lado contrario de la estación, realizando la misma observación sobre los pasajeros. Refirió que cuando volvió a estar de lado de los andenes donde él se encontraba le solicitó que se identifique, momento en el cual el sujeto se comenzó a poner nervioso. Así es que solicitó la presencia de dos testigos en presencia de quienes solicitó que exhiba sus pertenencias que se encontraban en una mochila que portaba el hombre. De la mochila (…) le secuestró un bolso porta cosmético con cosméticos en su interior, un D.N.I de una mujer, una tarjeta de débito a nombre de la misma mujer que figuraba en el D.N.I, una tarjeta de crédito también de la misma mujer, y un pendrive color azul. Asimismo se le secuestró una billetera color marrón la cual se encontraba vacía. Refirió que en otras ocasiones ya había observado al imputado, aproximadamente cuatro o cinco veces siempre en la misma estación (…). Que en esta última ocasión le resultó raro la presencia de este sujeto, y más siendo que éste se encontraba observando sugestivamente las pertenencias de las personas (…). Entonces, no resulta irrazonable el análisis previo efectuado por el preventor (…). En mérito a lo expuesto (…) votamos por confirmar la resolución (…). El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) las circunstancias relatadas por el preventor, (…) dan sustento a su proceder, sin que se evidencie violación alguna a las garantías de defensa en juicio y debido proceso como pretende la recurrente. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…), en cuanto dispuso RECHAZAR LA NULIDAD deducida por la defensa (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (por sus fundamentos), Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón) c. 42.056, PONCE, Raúl Alberto. Rta.: 18/04/2012 216

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

NULIDAD. Del pedido de sobreseimiento del fiscal. Fiscal que entiende que el delito no fue cometido por los imputados (art. 336, inc.4, del C.P.P.N.).Dictamen motivado. Validez. Afectación a las reglas del debido proceso. Revocación. Fallo: "(…) disentimos con el temperamento adoptado (…) habremos de revocar el resolutorio impugnado. (…) advertimos que el pronunciamiento fiscal, se encuentra correctamente fundado en mérito a la razonabilidad y fundamentación esbozada, pues si bien el Dr. (…) reconoció la existencia de un hecho delictivo, lo cierto es que en base a las probanzas colectadas en la investigación, instó el sobreseimiento de los imputados en los términos del artículo 336, inciso 4° del código adjetivo, al entender que la falsificación del pagaré en cuestión no ha sido cometida por los acusados. Además, tal razonamiento se encuentra motivado conforme a las exigencias que pregona el artículo 69 del C.P.P.N. Incluso, contiene los elementos necesarios para ser un acto fiscal válido, pues no presenta ninguna falla de legalidad ni logicidad. (…) por tratarse de delitos de acción pública, el fiscal es el titular de la acción y la dirige conforme a su autonomía funcional y a las prescripciones fijadas por la ley (artículo 120 de la Constitución Nacional y ley 24.946). (…) no corresponde que el magistrado por no compartir el mérito de la causa y la tipicidad de las conductas endilgadas, pretenda que el Ministerio Público Fiscal prosiga ejerciendo la acción penal y para ello nulifique su pronunciamiento, máxime cuando la nulidad es un remedio excepcional y restrictivo, que cede siempre ante los principios de conservación y trascendencia, de no afectar realmente las reglas del debido proceso. IV. En mérito a lo expuesto, el tribunal RESUELVE: REVOCAR el decisorio de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Poleri). c. 633/12, REYNAL Edmundo J. y otros. Rta.: 07/06/2012 NULIDAD. Magistrado correccional que se declaro incompetente ordenando remitir las actuaciones a la justicia de instrucción por un hecho diferente al delimitado por el fiscal y por el que se habilitó la actividad jurisdiccional. Violación al principio ne procedat iudex ex officio. Nulidad. Fallo: "(…) El dictamen fiscal obrante a fs. (…) circunscribió el objeto procesal de las presentes actuaciones al apoderamiento ilegitimo de la suma de mil doscientos pesos y un teléfono celular del que fuera damnificada L. I. R., suceso ocurrido el 30 de enero de 2011 en el geriátrico (…). Ahora bien, el instructor en la resolución traída a estudio a fin de fundamentar la incompetencia tuvo por fundamento una hipótesis distinta - amenazas coactivas - a aquéllos delimitados por el representante del ministerio público fiscal y por los cuales habilitó la actividad jurisdiccional. De lo expuesto se desprende que el magistrado, en violación a la manda del ne procedat iudex ex officio, tomó la decisión impugnada sobre la base de sucesos que, al menos de momento, no conforman el objeto procesal de las presentes actuaciones, razón por la cual ha incurrido en una nulidad tal que corresponde declararla de oficio - art. 167 inciso 2 y 168 del CPP-. (…) el tribunal resuelve: Declarar la nulidad de la resolución de fs. (…) (arts. 167 inciso 2 y 166 del CPPN)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Roldán). c. 52/12, F.R. Rta.: 14/03/2012 NULIDAD. Magistrado que amplía la declaración del imputado para ponerlo en conocimiento de las nuevas pruebas incorporadas y dicta una resolución por la cual señala que mantiene el procesamiento dictado con anterioridad a la ampliación indagatoria. Procedimiento no previsto legalmente. Nulidad. Fallo: "(…) se dictó el procesamiento de (…) en orden al delito de homicidio culposo (…). Rechazados los recursos interpuestos a instancias superiores, el Sr. juez de grado estimó completa la instrucción y dispuso correr vista a la querella y fiscal en los términos del art. 346, CPPN, siendo que el primero sugirió una medida de prueba que fue rechazada, mientras que proveyó favorablemente aquellas solicitadas por el acusador público, ampliándose luego a otras requeridas por la defensa. Concluidas, dispuso ampliar la declaración indagatoria de (…), ocasión en la que se reiteró el hecho atribuido en su primera declaración (…), ya que se lo convocó al único efecto de notificarlo de las nuevas pruebas incorporadas (…). Luego de ello, dictó la resolución que viene a estudio del tribunal. (…) no procedía emitir un nuevo pronunciamiento puesto 217

que no ha variado la imputación oportunamente formulada (…), a punto tal que en su última declaración manifestó que "no tiene nada más que agregar a lo ya declarado", retrotrayendo el trámite del asunto a etapas ya precluidas. En consecuencia, y toda vez que tampoco el procedimiento se encuentra previsto en el ordenamiento de rito, habrá de declararse la nulidad (art. 168, CPPN) abarcando, necesariamente, el recurso deducido por la defensa, cesando así la competencia de esta alzada. (…) el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la resolución de fs. (…) (art. 168, CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 41.887, MIGUEZ, Agustín. Rta.: 09/02/2012

NULIDAD. Rechazada. 1) Requerimiento de elevación a juicio que no guarda congruencia con el episodio por el cual se intimó al imputado en la declaración indagatoria. Modificación sustancial. Aspecto subjetivo del suceso que no fue objeto de conocimiento por el imputado. Revocatoria. Nulidad. 2) Falencia en el auto de procesamiento en detrimento del imputado. Atribución de hecho por el cual no se instó la acción penal. Nulidad parcial. Hechos: la defensa apeló el auto que no hizo lugar a la nulidad peticionada por la parte. Fallo: "(…) A juicio del Tribunal, asiste razón a la asistencia técnica del imputado (…) pues más allá de haberse observado formalmente los requisitos que impone el art. 347 del ritual en el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal a fs. (…) de los autos principales, se estima que esta última pieza, al tiempo de describir el hecho atribuido, no guarda congruencia con el episodio por el cual se practicó la respectiva intimación en la declaración indagatoria (…) y se dictó el consecuente auto de procesamiento (…). Si bien es cierto que no es dable exigir sacramentalmente la reproducción de tal descripción del suceso atribuido en los actos trascendentes del proceso, en el caso se verifica una modificación que debe considerarse sustancial al tiempo de formularse aquella requisitoria y que pudo haber sorprendido al imputado. En efecto, aun cuando se puntualizaran las regiones donde la víctima -…- recibiera los cortes con un cuchillo, el núcleo de la imputación estribó en el hecho de que Aguilar "se habría apoderado ilegítimamente junto a (…)" de los bienes que se describen y que para lograr su cometido "sorprendieron a la víctima…" y la lesionaron del modo que surge en la declaración indagatoria y el auto de procesamiento, calificándose el episodio como constitutivo del delito de robo con arma (art. 166, inciso 2º, [primer párrafo], del Código Penal). Como puede apreciarse, ninguna mención se advierte a la intención de dar muerte a (…). En tanto, la requisitoria de elevación a juicio alude derechamente a que (…) y (…) "intentaron dar muerte a la víctima con el propósito de facilitar la sustracción de sus pertenencias" y a que "existió un dolo directo de matar para facilitar la sustracción, verificándose en el caso la conexión final que requiere el tipo penal del art. 80, inciso 7º del CP.; es decir, la relación subjetiva entre el quehacer contra la vida y el desapoderamiento buscado. Sin embargo, el resultado muerte no se concretó debido a la resistencia opuesta por la víctima y al arribo de varios vecinos al lugar…" (…), y consecuentemente el señor fiscal entendió que la calificación correspondiente era la de homicidio criminis causa en grado de tentativa en concurso ideal con robo con armas (arts. 42, 54, 80, inciso 7º y 166, inciso 2º, [primer párrafo], del Código Penal, extremo que termina por confirmar que el aspecto subjetivo del suceso así entendido -considérese además la notable diferencia de penalidad en relación con la aplicada en el auto de procesamiento- no ha sido objeto de conocimiento por el imputado y siquiera se ha fijado en la descripción del hecho formulada en el propio requerimiento (…). Debe entonces nulificarse la pieza cuestionada (art. 167, inciso 3º y 168 del Código Procesal Penal). II. Si bien lo que sigue no fue planteado por la defensa, se advierte una falencia en el auto de procesamiento que oportunamente se dictara en detrimento del imputado Aguilar que debe ser abordada en esta instancia. En efecto, al confirmar esta Sala el auto de procesamiento del coimputado (…) -a su respecto ya se clausuró la instrucción (…), se señaló que por el suceso que tuviera por víctima al restante damnificado (…) (lesiones leves), no se había instado la acción penal y por ello se seccionó la imputación formulada, en función de que se consideraron episodios independientes los sufridos por (…) y (…). De ahí que el agente fiscal solicitara la ampliación de los dichos del nombrado (…) y el juzgado de origen procediera en consecuencia (…), medida que quedara trunca al no darse con su paradero (…), sin que el Ministerio Público Fiscal lo incluyera en la elevación a juicio vinculada al coimputado (…), evidentemente, porque no se había establecido la voluntad de instar la acción. Sin embargo, al dictarse el procesamiento de (…), se incluyó nuevamente la imputación relativa a las lesiones que habría padecido (…), desde que se valoró tal episodio y se lo calificó como constitutivo del delito de lesiones leves (art. 89 del Código Penal), extremo que impone extirpar tal vicio mediante la declaración parcial de nulidad, siempre que se ha inobservado la norma prevista en el art. 6 del Código Procesal Penal y se ha atribuido un hecho por el que no media instancia de la acción penal. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el auto documentado (…) de este incidente y DECLARAR LA NULIDAD del requerimiento de elevación a juicio formulado (…) de los autos principales. II. DECLARAR LA NULIDAD parcial del auto de procesamiento dictado (…), en lo que respecta a la imputación formulada por el hecho que habría tenido por víctima a (…)". 218

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 757/12, AGUILAR, Diego. Rta.: 11/06/2012

NULIDAD. Rechazada. Cédula de notificación. Ausencia de testigo que suscriba la diligencia. Omisión del procedimiento formal. Procedencia. Fallo: "(…) El juez Juan Estaban Cicciaro dijo: comparto los argumentos brindados por los recurrentes, porque al practicarse la notificación no sólo se inobservaron las alternativas indicadas en el artículo 149 del digesto ritual, en tanto se omitió dejar constancia de la existencia o no de mayores de edad, sean parientes, empleados o dependientes y subsidiariamente algún vecino, con preferencia el más cercano, antes de la fijación en la puerta respectiva, sino que del propio examen del instrumento en cuestión no surge la presencia de un testigo que suscriba tal diligencia. En ese sentido, cabe indicar que la norma indica que la cédula de notificación "será fijada en la puerta de la casa o habitación donde se practique el acto, de lo que se dejará constancia, en presencia de un testigo que firmará la diligencia", circunstancia que no surge del documento cuestionado, por lo que corresponde declarar la nulidad de la pieza procesal mencionada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152, inciso 4° del Código Procesal Penal. Tales extremos, entonces, se evidencian como una omisión del procedimiento formal que ha deparado un perjuicio concreto -imposibilidad de recurrir un sobreseimiento tempestivamente-, en el entendimiento de que se han visto afectadas reglas sustanciales del proceso al vedar la actividad del acusador particular, con arreglo a lo dispuesto en el art. 167, inciso 2°, del código aludido (1). Por lo tanto, de acuerdo con las disposiciones que emanan de los artículos 149, 152, inciso 4° y 167, inciso 2° del Código Procesal Penal, entiendo que debe revocarse el auto impugnado y declarar la nulidad de la cédula cuestionada. El juez Mauro A. Divito dijo: Dado que de la cédula de notificación cuestionada (…) se extrae que ningún testigo firmó la diligencia, el documento exhibe un vicio que, conforme a lo establecido en el artículo 152, inciso 4° del Código Procesal Penal, amerita su nulificación (2). Por ello, adhiero a la solución que propuso el juez Cicciaro. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documento (…) de este incidente y DECLARAR LA NULIDAD de la cédula de notificación luciente (…) del legajo principal (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Besansón). c. 337, DUCRANO, Yemina. Rta.: 23/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 27.714, "Fusella, Florindo", rta: 01/11/2005 y c. 36.981, "Marque S.C.A.", rta: 19/08/2009. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.342, "Nitto, Mario", rta: 12/03/2010. NULIDAD. Rechazada. Cédula de notificación. Falta de indicación del testigo que firmó el acta. Afectación del derecho de defensa en juicio. Revocación. Nulidad. Fallo: "(…) A pesar de constar en las cédulas y surgir de la declaración de (…) (fs. …) que el oficial notificador habría entregado los instrumentos en el domicilio al que eran dirigidos (… de esta ciudad), lucen atendibles los agravios de la recurrente al señalar que el personal de seguridad se encuentra en la planta baja, en la entrada del edificio, y no en su oficina. No existen constancias de que la diligencia se haya realizado efectivamente en el piso (…), ni del no hallazgo de persona alguna en el domicilio de mención. En este sentido, se advierten incumplidas las exigencias formales establecidas en la regulación legal como garantía del notificado y como elemento probatorio sine qua non del conocimiento obtenido sobre lo que se le transmitió. Al mismo tiempo, resulta imposible identificar a la persona que recibiera la cédula por carecer de todo dato a excepción de una firma ilegible. En relación a ello, esta Sala ha tenido oportunidad de expedirse en casos similares, en los que se sostuvo, mutatis mutandi, que "…la exigencia relativa a la intervención del requerido o, en su caso, de los testigos hace a la esencia misma del acto de notificación y su correcta identificación deviene por ello imprescindible. El testigo da fe del acto cumplido en su presencia y es por tal razón que se torna "indispensable que asista a todo su desarrollo... y que esté en condiciones de percibir correctamente...lo ocurrido para transmitir después, si fuera necesario, de la misma manera lo percibido. Con este propósito nuestros códigos modernos son previsores en cuanto a la exigencia de capacidad y condiciones de los testigos en el momento de actuar" (1). Es esta tarea de control que ejerce el llamado "testigo de actuación", entendida como medio de garantía procesal del cumplimiento del acto, la que resultaría trunca ante su falta de 219

identificación. En otras palabras, proceder de modo adverso constituiría una sencilla forma de vulnerar la normativa a la que se ha hecho referencia (2). Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto decisorio obrante a fs. (…), y declarar la nulidad de las cédulas de notificación de las decisiones de fecha (…) dirigidas a la parte querellante y que obran a fs. (…) de los incidentes de extinción de la acción penal por prescripción de (…), respectivamente. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Morillo Guglielmi). c. 242, CAPUA, Gustavo y otro . Rta.: 29/03/2012 Se citó: (1) Claria Olmedo, Tratado de Derecho Procesal Penal, tomo III, Ediar, Buenos Aires, p. 428. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1620/09, "Inc. De nulidad prom. por el Dr. Biassini", rta.: 29/10/09.

NULIDAD. Rechazada. Defensa debidamente notificada de la realización de peritaje médico y del derecho de proponer especialista de confianza. Confirmación. Fallo: "(…) Al respecto, toda vez que el recurrente fue debidamente notificado de la realización del peritaje médico dispuesto y del derecho que le asistía de proponer un especialista de confianza (…), la notificación de las conclusiones no resulta necesaria ni menos aun su omisión acarrea la sanción de invalidez, que en verdad resulta aplicable a los casos en que, debido a razones de urgencia o por resultar simples indagaciones, se omite comunicar el inicio de las labores encomendadas (artículo 258 del Código Procesal Penal). Desde otra perspectiva, la labor pericial practicada no puede ser incluida entre las que deben ser consideradas definitivas e irreproducibles (artículo 200, íbidem) ya que se ha realizado "en base a las constancias de autos" (…) y, en consecuencia, su reproducción o ampliación es posible. En cuanto al agravio relativo a que el encausado no fue examinado por los médicos intervinientes, ello tampoco luce como motivo suficiente para sustentar la fulminación procesal pretendida, siempre que la sola disconformidad por la elección de uno entre los posibles métodos de estudio no permite demostrar que con tal situación se inobservó la normativa procesal aplicable (1). En consecuencia y sin motivos para apartarse del principio general de la derrota en materia de costas, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución dictada (…), en cuanto no hace lugar al planteo de nulidad impetrado (…) del principal, con costas de alzada". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 356, ROBLEDO, Oscar L. Rta.: 24/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.218, "Gómez, Zulma E.", rta: 27/08/2009.

NULIDAD. Rechazada. Del pedido de procesamiento presentado por el fiscal, de su dictado, del requerimiento de elevación a juicio y de la notificación del artículo 349 del C.P.P.N. Agravio: incumplimiento de los plazos procesales, exceso en el plazo previsto en el artículo 207 del C.P.P.N. Términos ordenatorios. Validez. Confirmación. Fallo: “(…) los términos que se fijan para la instrucción son ordenatorios (1). La doctrina y jurisprudencia acompañan lo sostenido en el párrafo anterior al afirmar que “su incumplimiento no importa una hipótesis de sobreseimiento por agotamiento temporal […] ni de nulidad de las actuaciones” (2). Por otra parte, tampoco se observa en el caso dilaciones indebidas que puedan ser objeto de algún tipo de advertencia o sanción o que el plazo de duración del proceso haya excedido lo razonable. Por el contrario, luego de recibirle declaración indagatoria al imputado (…) el (…) se decretó la falta de mérito para procesarlo o sobreseerlo para realizar diversas medidas (…), entre las cuales se solicitó información a un banco de la República Oriental de Uruguay (…). Todo obedeció a la actividad que ineludiblemente debió llevarse a cabo para el avance del proceso por lo que en virtud de los intereses en juego, no es admisible lo alegado por el recurrente. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: I.- Confirmar el auto de fs. (…), en cuanto fueran materia de recurso, con costas al perdidoso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Sec.: Carande). c. 43.153, MARTÍNEZ, Jorge Enrique. Rta.: 08/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 42616, “Morra, Alfredo Luis S/ nulidad, rta.: 8/11/2011; (2) Guillermo Rafael Navarro y Roberto Raúl Daray, “Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, 1ª edición, Buenos Aires, Hammurabi, 2004, Tomo 1, pág 525. 220

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

NULIDAD. Rechazada. Respecto del auto que dispuso correr vista al fiscal para que se expida en orden a lo previsto en el art. 346 del C.P.P.N. Defensa que alega que existe un recurso de casación pendiente de resolución. Art. 353 del C.P.P.N. Validez. Confirmación. Fallo: "(...) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que "es doctrina reiterada de este Tribunal que en materia de nulidades procesales prima un criterio de interpretación restrictiva y sólo cabe anular las actuaciones cuando el vicio afecte un derecho o interés legítimo y cause un perjuicio irreparable, sin admitirlas cuando no existe una finalidad práctica, que es razón ineludible de su procedencia" (1). En consonancia con ello, hemos sostenido que la nulidad es de carácter excepcional, dado que deben primar los principios de conservación y trascendencia de los actos procesales, de manera que su dictado sólo resultaría procedente en caso de advertirse algún vicio sustancial o la afectación de garantías constitucionales (2), extremo que no se verifica en autos. Las constancias del sumario revelan que la vista dispuesta en los términos del artículo 346 del código ritual se encontraba relacionada exclusivamente a los hechos identificados con los números (…) al (…), respecto de los cuales a fs. (…) se había dictado el procesamiento del imputado, decisión que apelada fue confirmada a fs. (…). Tras ello se entabló un recurso de casación que fue motivo de rechazo el 14 de octubre de 2010. Así y en tanto la actual redacción del artículo 353 del código de forma establece que la existencia de recursos pendientes ante la C.N.C.P. no impedirá en ningún caso la elevación a juicio de las actuaciones (se encontraría allí tramitando un recurso de queja por casación denegada), la remisión practicada por el juez en los términos del artículo 346 no es inválida sino procedente pues constituye el paso procesal previo y necesario para concretar ese acto. Finalmente, en cuanto a las costas del proceso, su imposición al apelante también debe ser confirmada, ya que en nuestro sistema procesal impera, como regla general, el hecho objetivo de la derrota como base para su imposición, y no se advierte en el caso motivo alguno para apartarse de tal principio. A lo señalado cabe adunarle que al no haber mediado una razón plausible para deducir el planteo, habrán de imponerse las costas de alzada conforme lo establecido en el art. 531, primera parte, CPPN. Por ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (...), con costas de alzada. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 654/12, SOLMESKY, Alberto. Rta.: 31/05/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos: B. 66. XXXIV "Bianchi", rta. 27/6/02, T. 325, P. 1404. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 29.144, "Baez", rta. 12/7/06; c. 33.667, "Ortega", rta. 12/3/08 y c. 1584/09 "Rousseau", rta. 22/10/09.

NULIDAD. Rechazada. Validez de la detención y la posterior revisación del celular. Requisa justificada recién ex post. Nulidad. Sobreseimiento. Hechos: la defensa apeló el rechazo del planteo de nulidad efectuado. A su entender, no existían circunstancias objetivas previas o concomitantes que pudieren considerarse indicios vehementes de culpabilidad que justificaran la detención de los imputados y además, sostuvo que el funcionario no estaba habilitado para revisar el teléfono del acusado, por lo que el procedimiento era nulo. Fallo: “(…) En el caso traído a examen se verificaban circunstancias objetivas que habilitaban a los funcionarios a interceptar a los imputados en la vía pública para verificar si estaban o no en presencia de un delito, (…). Estos extremos habilitan una mínima restricción de su libertad, que es interpretada por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el fallo “Terry vs. Ohio” como “stop and fisk” (interceptación con fines investigativos), que requiere un grado probatorio menor que el de “causa probable”, que permite proceder a una detención o requisa (1). Sin embargo, la posterior requisa practicada respecto del celular excedió el marco del artículo 230 bis del Código Procesal Penal, ya que no existieron circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente justificaran la diligencia y permitiera sospechar que se había cometido un delito. Los preventores exigieron a los imputados mostraran sus pertenencias, entre las que se hallaba el “Blackberry” sustraído cuando no estaban habilitados para inspeccionar sus objetos personales. La revisación del celular también vulneró la intimidad de (…), quien explicó que lo tenía en virtud de que un cliente se lo había entregado para que lo reparara y los policías no contaban con ningún indicio que desacreditara su relato. Además, la requisa se vio justificada recién ex post, es decir, cuando el Subinspector (…) abrió el mensaje de texto que la víctima había enviado a su teléfono desde el de su amiga y reconoció que provenía de una sustracción anterior, lo que no permite justificar la intromisión ilegal.

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(…) Así, la nulidad de la de la revisación del celular, arrastra el vicio a los actos posteriores del proceso, a la luz de la doctrina del fruto del árbol venenoso por lo que no puede tenerse en cuenta la prueba obtenida ilegalmente para proseguir una pesquisa. Al no contar con un cauce de investigación independiente, corresponde disponer los sobreseimientos de (…) y (…), en los términos del artículo 336 inciso 2° del Código Procesal Penal. Por último y sin perjuicio que el recurso fue deducido únicamente con respecto a los nombrados, se advierte que la situación de la imputada (…) es similar a la de aquéllos, de modo que lo aquí resuelto se hará extensivo a esta última (art.441 del C.P.P.N.). En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: I.-) Revocar el auto de fs. (…) y declarar la nulidad del acta de fs. (…) y de todos los actos posteriores que fueran una consecuencia inmediata; II.-) Disponer los sobreseimientos de (…), (…) y (…), en los términos del artículo 336 inciso 2° del Código Procesal Penal, (…). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 20, SÁNCHEZ HUAMÁN, Luis Ernesto. Rta.: 15/03/2012 Se citó: (1) Código Procesal Penal de la Nación. Comentado y Anotado. Miguel A. Almeyra, Director; Roque Funes, coautor, LL. p.277 y sig., y C.S.J.N., Fallos: 332:2397, “Ciraolo”, rta.: 20/10/09.

OFICINA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE LA C.S.J.N. Procesamiento por lesiones, coacción, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad. Denuncia recibida ante la O.V.D. Agravio: victima que no presta declaración ante el fiscal o juez. Idéntico valor probatorio. Confirmación. Fallo: “(…) El testimonio de la damnificada (…), fue corroborado por el cabo primero (…) y, fundamentalmente, por el informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las constancias médicas que acreditaron las lesiones sufridas por Arredondo que motivaron su traslado en ambulancia al Hospital “Piñeiro” donde quedó internada. Todo ello da cuenta de la situación de violencia doméstica de altísimo riesgo a la que fue sometida por el encausado (…). Además, no surgen indicios para dudar de la veracidad ni se evidencia intención de perjudicar a (…). (…) Lo expuesto, debe merituarse en consonancia con las pautas establecidas en la Ley n°26.485 de Protección Integral de las Mujeres. Así se ha reconocido como garantía de ellas la amplitud probatoria en el procedimiento, siempre que sean indicios graves, precisos y concordantes, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia. A su vez debe satisfacerse la responsabilidad no sólo a nivel interno sino también respecto a las obligaciones asumidas en el orden internacional, pues las características del hecho incluyen temas abordados por la “Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer” y la “Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belem Do Pará-”, que revisten jerarquía constitucional desde su aprobación mediante las leyes 23179 del 8 de mayo de 1985 y 24632 del 13 de marzo de 1996 respectivamente, a partir de las cuales el Estado Argentino se comprometió a investigar, sancionar y reparar de manera efectiva los conflictos que se susciten en temáticas en que las mujeres y los niños estén involucrados. Respecto al agravio de que (…) no prestó declaración ante el fiscal o el juez, ni expuso en forma completa el suceso al personal policial, señalamos que la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia cumple una función primordial en estos casos. Es que ha sido creada con mejores estándares en cuanto al modo en que se recibe la denuncia a la mujer para que no sea victimizada, pues le brinda una mayor contención profesional para que pueda explicar la situación de violencia referida (ver respecto a su creación y funcionamiento las acordadas 33/2004, 39/2006 y 40/2006 de la CSJN) de manera más adecuada y protegida que ante la prevención donde tampoco intervienen las autoridades judiciales y, sin embargo, se le ha otorgado idéntico valor probatorio (1). Sin perjuicio de ello destacamos la necesidad de su pronta producción a los fines de que sea escuchada por la magistrada de la anterior instancias bajo juramente de decir verdad y anoticiada de las sanciones para el delito de falsa denuncia. (…) Por otro lado, si realizamos el ejercicio mental hipotético de suprimir la versión de la víctima, la cual convalidamos parcialmente por no considerarla invalida, existen otros elementos probatorios para homologar el auto recurrido pues se cuenta con los testimonio de la prevención, los informes de los profesionales que la asistieron y con las constancias de la lesiones sufridas por (…), los cuales acreditan de momento su responsabilidad en los hechos y la calificación legal atribuida a (…). (…) el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto II del auto de fs. (…), en cuanto fueran materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 427, F., J. A. Rta.: 07/05/2012

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 92, “Gómez, Sebastián Dario”, rta.: 21/3/2012 y c. 294, “Ojeda, Marcos Sebastian”, rta.: 16/4/2012.

OFICINA DE VIOLENCIA DOMESTICA DE LA C.S.J.N. Sobreseimiento. Lesiones leves. Orfandad probatoria y manifestación de la víctima de no continuar la causa. Omisión de aplicar los parámetros de amplitud probatoria previstos en la ley 26.485 Antecedentes de denuncias basadas en el relato de la victima: acreditación de la violencia física. Afectación a los bienes jurídicos protegidos por la ley 26.485. Revocación. Procesamiento por lesiones leves en concurso real con lesiones en concurso material con amenazas coactivas. Fallo: "(…) cabe señalar que la legislación vigente contempla una única oportunidad como posibilidad de la víctima de disponer de la acción penal en los delitos de lesiones leves, vinculada exclusivamente al impulso inicial. Cumplido ese presupuesto, está previsto que la acción publica pertenezca a quien legalmente es considerado su titular, el Ministerio Público Fiscal (artículo 5 del código adjetivo), quien en el caso concreto promovió la acción e impugnó el auto desincriminatorio. (…) efectuado un estudio minucioso de las constancias de la causa entendemos que asiste razón al Ministerio Público en cuanto sostiene que existen suficientes elementos de juicio para agravar la situación procesal del nombrado en orden a los injustos que se le atribuyen. (…) concordamos con el recurrente en torno a que el análisis efectuado por el a quo no se ajusta a los parámetros de amplitud probatoria previsto en la ley 26.485 en consonancia con las disposiciones de la "Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer", la "Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer -Convención de Belem Do Pará-", que revisten jerarquía constitucional desde su aprobación mediante las leyes 23.179 y , 24.632, a partir de las cuales el Estado Argentino se comprometió a investigar, sancionar y reparar de manera efectiva los conflictos que se susciten en temáticas en que las mujeres estén involucradas. No podemos soslayar que la prueba más trascendental en la causa son los dichos de la víctima y que sus manifestaciones han sido tachadas de mendacidad por el imputado en su descargo. (…) la conducta del acusado afectó claramente los bienes jurídicos protegidos por la ley 26.485. El magistrado fundó el sobreseimiento dispuesto en que los acontecimientos investigados se desarrollaron en el marco de una relación sentimental conflictiva, que no deben tener repercusión en el ámbito del derecho penal, toda vez que la propia denunciante manifestó su deseo de dejar sin efecto la denuncia. (…) Sin embargo, no debe perderse de vista que en todas las oportunidades en que se escuchó a la denunciante ésta puso de manifiesto que su vida de pareja se desarrolla en un ámbito de violencia física y psíquica. Nótese que en los albores de la investigación la víctima denunció una agresión física (…) que ha sido debidamente corroborada mediante el informe médico de fs. (…), la que, además, se corresponde con la versión de los hechos que ésta brindara. Incluso en esa oportunidad intervino la Oficina de Violencia Doméstica calificando su situación como de alto riesgo (ver fs…). (…) El relato efectuado por (…)se encuentra corroborado por el informe médico de fs. (…). (…) debe sumarse la nueva intervención de la Oficina de Violencia Doméstica, que en esta oportunidad calificó su situación como de riesgo medio, poniendo de manifiesto que la reaparición en este último tiempo de violencia psicológica y de orden físico, que podrían suponer la reinstauración de dichas conductas, advirtiendo sobre el entrampamiento vincular que se advierte en la damnificada. En ese contexto de violencia, adquiere credibilidad los dichos de (…) acerca de las frases amedrentadoras vertidas por el encausado, máxime cuando del informe de la OVD se advierte acerca del temor que le produce a la entrevistada la amenaza de muerte vertida por P. (…) el Tribunal resuelve: Revocar la resolución de fs. (…) y disponer el procesamiento de (…) como autor penalmente responsable de los delitos de lesiones leves- hecho I- en concurso real con lesiones en concurso material con amenazas coactivas- hecho II- (artículos 45, 55, 89 y 149 bis, segundo párrafo del C.P.N.), debiendo el juez de la instancia de origen decidir sobre los aspectos contemplados en los artículos 312 y 518 del Código Procesal Penal de la Nación)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori. (Prosec.Cám.: De la Bandera). c. 299/12, P.J.A. Rta.: 10/04/2012

PERITO. Rechazo de la designación por no estar inscripto en las listas de Superintendencia. Confirmación. Fallo: (…), el Tribunal entiende acertada la decisión adoptada por la señora juez de grado, en cuanto no se tuvo por nombrado al ingeniero (…), perito propuesto por el recurrente, al no encontrarse inscripto en las listas de profesionales autorizados a tal fin por la Secretaría de Superintendencia de esta Cámara (…).

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Sobre el tópico, cabe puntualizar que esta Sala ha sostenido que los peritos, en su carácter de asesores técnicos del juez, deben estar sujetos a un control previo, tal como lo establece el artículo 254 del código adjetivo, para lo cual es requisito estar inscripto en las listas formadas por el órgano judicial competente (1). Ello, por cuanto tal inscripción obedece a la posibilidad de controlar los requisitos necesarios para ejercer la actividad correspondiente y resguardar la garantía de imparcialidad del dictamen pericial. En ese sentido, no se exhibe colisión entre la norma citada y el artículo 14 de la Constitución Nacional, en tanto -según dicho precepto- el ejercicio del derecho de trabajar está sujeto a las leyes que lo reglamenten, y tampoco se afecta el artículo 28, puesto que no se atisba irrazonabilidad. Siquiera la garantía de igualdad ante la ley puede descalificar dicha normativa, ya que aquélla importa el derecho de todos a que no se establezcan privilegios que aparten a unos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias; en el caso, los peritos que se someten a lo dispuesto por la normativa analizada, se hallan en idénticas condiciones para desempeñar el cargo que las partes, también desde un mismo plano de igualdad procesal, quisieron conferirle en cada examen concreto (2). Asimismo, en los citados precedentes de esta Sala "Murphy" e "Iosip" se entendió que la disposición en análisis no importaba afectación al derecho de defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional), toda vez que no se restringe la posibilidad de las partes en la elección del perito de confianza, sino que se exige el cumplimiento de un requisito administrativo sencillo que, por el contrario, resguarda más apropiadamente dicha garantía, en el sentido de asegurarse que los profesionales propuestos para auxiliar al juez en la materia específica cuenten con título habilitante vigente y sin impedimentos para ejercer la tarea, conforme la renovación anual que en tal sentido se ha dispuesto por vía de superintendencia. Ello da razón a la homologación del auto recurrido, en tanto el profesional propuesto por la defensa no se halla incluido en los listados de peritos vigentes. En virtud de lo expuesto y sin costas de alzada, en tanto la cuestión sometida a estudio ha recibido soluciones encontradas en los tribunales, se RESUELVE: CONFIRMAR la decisión documentada (…) de este incidente (…) en cuanto fuera materia de recurso, sin costas de alzada. C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 143, RODRIGUEZ, Felicia y otros. Rta.: 27/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.449, "Murphy, Tomás", rta: 16/04/2009 y c. 39.928, "Iosip, Aida", rta: 18/11/2010. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 2.672, "Iribarren, Juan José", rta: 17/04/1995; c. 12.551, "Moser, Luis", rta: 21/12/1999; 25.960, "Prati, Rodolfo Enrique", rta: 08/04/2005 y c. 39.350, "González, Ramiro", rta: 31/08/2010. PERITO. Rechazo de la designación de perito por no estar inscripto en las listas de Superintendencia. Confirmación. Disidencia: Inconstitucionalidad de los arts. 254 y 259 del C.P.P.N. Afectación a la garantía de defensa en juicio. Revocación. Fallo: "(…) Los jueces Alberto Seijas y Carlos Alberto González dijeron: Nuestro ordenamiento adjetivo contempla en el Capítulo V de su Título III las reglas sobre la actuación de los expertos particulares ante la carencia de especialistas en el plantel oficial o bien la de los que puedan proponer las partes para actuar en conjunto con aquéllos, siempre que estén "inscriptos en las listas formadas por el órgano judicial competente". Así, y atendiendo a las formalidades establecidas de antemano en el Reglamento para la Jurisdicción (conf. Capítulo XIII), los interesados tienen público y anticipado conocimiento de las pautas a que deben someter la designación del experto que habrá de representarlas. Este sistema se traduce entonces en una garantía que les asiste para el ejercicio de su derecho en los expedientes que transitan su trámite en el fuero y pueden, de este modo, tener acceso al control y producción de la prueba pericial (1). De tal modo, el registro dispuesto resulta válido para garantizar la igualdad entre las partes, a fin de evitar prerrogativas y exclusiones arbitrarias que, justamente, dicho padrón impide consumar al decidir la habilitación de los profesionales que desean inscribirse en tiempo y forma, su control y establecer que no se encuentren afectados por alguna inhabilidad que afecte su actuación, en virtud de lo previsto en el artículo 255 del código de forma. Consecuentemente, y al no encontrarse inscripto el Dr. (…) en las listas pertinentes conforme surge expresamente de la constancia obrante a fs. (…) corresponde confirmar la decisión adoptada por el señor juez de grado, sin la imposición de costas por darse las circunstancias de excepción previstas en el art. 531, última parte, del código ritual. "(…) Disidencia de el juez Marcelo Lucini dijo: Disiento con mis distinguidos colegas preopinantes, pues considero que la limitación contenida en los artículos 254 y 259 del Código Procesal Penal es inconstitucional en cuanto restringe tanto la garantía de defensa en juicio, como el derecho a trabajar y la libertad de contratar (2). La exigencia de inscripción en la lista que lleva esta Cámara no corresponde a un control de profesiones que se encuentran reglamentadas y tienen matriculación profesional, resultando en una irrazonable limitación al derecho de libre elección de las partes que hace a su derecho de defensa. Tal como ha señalado el doctor Mitchell en el fallo "Schinder", del 28 de mayo de 2008, "los motivos que han sido esgrimidos para justificar la exigencia de inscripción de los peritos en las listas correspondientes no alcanzan para llenar de contenido la restricción formal impuesta, operativa mediante la reglamentación 224

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional administrativa respectiva", agregando más adelante que "no cabe sino concluir que estamos frente a disposiciones procesales, que en tanto ordenan una reglamentación que limita la libertad de elección de las partes e indirectamente del juez, afectan la garantía de la defensa en juicio (artículo 18 de la Constitución Nacional), de modo que se encuentran reñidas con el espíritu y letra de nuestra Ley Suprema por lo que corresponde proceder en el caso concreto a la declaración de la inconstitucionalidad de los artículos 254 y 259 del Código Procesal Penal de la Nación". En tal sentido emito mi voto. Por lo que surge del acuerdo que antecede, se RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en cuanto no hizo lugar a la solicitud de tener por designado como perito de parte de la defensa al Dr. (…), sin costas (art. 531, última parte, CPP). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini (en disidencia). (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 209, ALTIMARI, Héctor y otro. Rta.: 21/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1489/10 "Navarra, Ana", rta. 20/10/10 y c.34.883 "Siga, Héctor", rta. 11/09/08. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1733/10 "Macri, Mauricio", rta. 3/12/10 y C.N.Crim. y Correc., Sala VI, 37.754 "Barbero, Natalia", 26/9/09; c. 34.931 "Barcessat, Jaime", rta. 23/5/08 y c. 32.740 "Dhers, Cinthia", rta. 17/09/07.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Rechazada. Delito continuado. Apoderamiento de energía mediante una conexión clandestina. Plazo de prescripción que debe computarse desde el momento en que se procedió al corte de la conexión ilegal y no desde que se tendió el cableado clandestino. Confirmación. Fallo: "(…) Se le atribuye (…) la sustracción de energía eléctrica. Dicho episodio fue relevado el 24 de marzo de 2004, mediante acta de constatación donde se expone acerca de una conexión clandestina que se dirigía hacia el comercio sin pasar por el medidor de consumo de energía, a efectos de posibilitar evitar abonar el total de la energía que se utiliza. (…) el a quo afirmó que en consideración al máximo de pena prevista para el delito que se le atribuye (6 años), la fecha del hecho (24/3/2004), y aquella de la convocatoria a rendir declaración indagatoria (16-11/2009), la acción penal no se halla prescripta. Asimismo, sostuvo que aún cuando pueda concluirse que la conexión data del año 2000, esta situación persistió hasta el 2004, y por ende también el consumo de energía eléctrica - y su apoderamiento ilegal- la solución tampoco varia, pues el término de prescripción debe comenzar a computárselo desde el 24/3/2004. Por su parte, la defensa insistió en sostener que el periodo de quiebre informado por la empresa prestataria del servicio dataría del mes de septiembre de 2000, y en atención a que el inmueble fue preparado a fines de 1999, se debe considerar que la irregularidad reprochada, de existir, corresponde al año 1999 y no a su constatación de 2004. A nuestro juicio, efectivamente la acción penal en este sumario no se encuentra prescripta en tanto se está frente a un delito continuado, pues al decir de Zaffaroni: "Habrá conducta continuada cuando el dolo que abarque la realización de todos los actos parciales, existente con anterioridad al agotamiento del primero de ellos, el autor reitere similarmente la ejecución de su conducta en forma típicamente idéntica o similar, aumentando así la afectación del mismo bien jurídico, que deberá pertenecer al mismo titular sólo en el caso que implique una injerencia en la persona de éste" (*). (…) de la compulsa de la documentación recepcionada, surge que la empresa constató la conexión irregular el 17/3/2004, y procedió a notificar a la persona que los atendió del corte de dicho enlace. Y al mismo tiempo, el periodo reclamado y cuya deuda fue asumida por el responsable del comercio, se circunscribe entre el 09/00 hasta el 03/04 (…). De este modo, dando por cierto aún que el cableado irregular -entendido como la fuerza en las cosas requerida como medio comisivo por el tipo penal del robo- se instaló en 1999 (cuando se acondicionó el local para sus fines comerciales), el apoderamiento de energía eléctrica (…) continuó en modo constante hasta que la prestataria (…) procedió al corte de la conexión clandestina, esto es el 17/3/2004, fecha a partir de la cual deben computarse los plazos a los fines de esta incidencia. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch. (Sec.: Biuso). c. 42.615, BOZZONI, Claudio. Rta.: 29/06/2012 Se citó: (*) Derecho Penal, Parte General, Zaffaroni, Eugenio, Alagia, Alejandro y Slokar, Alejandro, en Ed. Ediar, 2000, pág. 829.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Rechazada. Imputados que eran menores al momento de la comisión del hecho. Necesidad de analizar la cuestión a la luz de la Convención sobre los Derechos del Niño, Art. 4° de la ley 22.278 que consagra la 225

posibilidad de reducir la pena en la forma prevista para la tentativa, de acuerdo a los requisitos allí establecidos. Art. 37, inciso "b" y "d" de la Convención sobre los Derechos del Niño. Reducción de la pena consagrada por el Art. 4 de la ley 22.278: obligatoria y aplicable al instituto de la prescripción. Revocación. Prescripción de la acción penal. Sobreseimiento. Disidencia parcial: Confirmación. Incumplimiento del máximo de la escala penal del delito. Acción penal no prescripta. Reducción de la pena del art. 4 de la ley 22.278: facultativa, no obligatoria. Aplicación excepcional. Fallo: "(…) Sin perjuicio de ello, habremos de hacer lugar a la extinción de la acción penal en favor de los imputados (…) y (…), ya que el instituto planteado debe ser analizado bajo la directriz trazada por la Convención sobre los Derechos del Niño. En efecto, no puede pasarse por alto que la conducta que aquí se investiga encuentra como sujetos activos a menores de edad. Por tal razón, es bajo esta óptica y con los beneficios que prevé tal régimen el marco en el cual debe resolverse el asunto. La condición de menor al momento de comisión de un hecho y, por ende, el quantum punitivo atenuado que se fija para el caso de establecer la responsabilidad penal es una obligación constitucional derivada del art. 40, inciso 1° de la Convención, del principio de culpabilidad y del art. 41 del Código Penal. (…) el máximo tribunal ha sostenido que: "Esta incuestionada inmadurez emocional impone que el reproche penal de la culpabilidad que se formula al niño no pueda tener la misma entidad que el formulado normalmente a un adulto. La culpabilidad por el acto del niño es de entidad inferior a la del adulto, como consecuencia de su personalidad inmadura en la esfera emocional" -voto mayoritario- ("M., D. E. y otro s/ robo agravado por el uso de armas en concurso real con homicidio calificado" M. 1022. XXXIX, causa 1174C). Por su parte, la ley 22.278 es coherente en esa dirección y consagra en su artículo 4° la posibilidad de reducir la pena en la forma prevista para la tentativa, siempre que el menor cumpla con los requisitos que allí se fijan: 1) que, previamente, haya sido declarada su responsabilidad penal, 2) que haya cumplido los 18 años de edad y 3) que haya sido sometido a un período de tratamiento tutelar no inferior a un año. En el caso concreto, sólo faltaría que se cumpliera el primer requisito, por lo que, en el peor de los escenarios la situación de los acusados torna aplicable la reducción que impone la norma citada. Siguiendo esta óptica, creemos que dos son las cuestiones a dilucidar: por un lado, si la disminución de la pena puede aplicarse al instituto de la prescripción o sólo resulta aplicable en la etapa de juicio y, por otro, si ésto constituye una prerrogativa o un imperativo legal para los magistrados. La solución, para nosotros, esta dada por el art. 37, inciso "b" y "d" de la Convención sobre los Derechos del Niño en donde establece que los Estados Partes velarán -imperativo- que toda restricción a la libertad de un niño se lleve a cabo "durante el período más breve que proceda" y "a una pronta decisión sobre dicha acción". Frente a esto, estamos en condiciones de afirmar que esta norma con jerarquía constitucional, vino a aclarar los marcos conceptuales fijados en la ley 22.278, teniendo como no aplicables aquellas pautas que abiertamente o en forma confusa contradicen la Convención por aplicación del principio de operatividad. Por ello, a nuestro entender, la reducción de la pena que consagra el art. 4° de la citada ley es "obligatoria" y no facultativa para el magistrado, máxime si se tiene en cuenta que la norma incluso autoriza a absolver en casos en donde se estableció la responsabilidad penal y la sanción aparece innecesaria, lo que deja entrever que la pena es, sin duda, la ultima ratio en el régimen juvenil. Tampoco puede pasarse por alto que la ley 26.061 "Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescente" (posterior a la ley 22.278 y a la Convención -promulgada el 21/10/05-) en su artículo 2° establece que la Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las condiciones de su vigencia en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad. Tal circunstancia autoriza a sostener que las expresiones de la Convención: "durante el período más breve que proceda" y "a una pronta decisión sobre dicha acción" -arriba citadas- son imperativas para garantizar los derechos de los menores y que a la luz del principio de efectividad que consagra el art. 29 de la ley 26.061 la prescripción de la acción penal es uno de los instrumentos válidos para asegurar el efectivo cumplimiento de los derechos y garantías que tienen aquéllos. Con esto queremos decir que tal beneficio de atenuación punitiva o, mejor dicho derecho, es regla en el trámite que consagra la actual justicia penal de menores. Por tal razón, la condena que, por hipótesis, podría imponerse a los aquí imputados jamás podrá exceder los 4 años, en virtud del marco punitivo que prevé el art. 81, inciso "b" del código sustantivo y la reducción que consagra el art. 42 del mismo cuerpo legal, según el plenario "Villariño, Martín" de la C.N.C.P. Entonces, si el parámetro que se toma con respecto a la prescripción de la acción es el monto de la pena, es razonable aplicar la reducción contemplada por la legislación específica para analizar la extinción de la acción penal, ya que este instituto es de orden público y debe aplicarse durante todo el trámite de la causa y no simplemente en la etapa de juicio, tal como ocurre con los adultos. Nótese, al respecto, que la Corte Suprema en el precedente citado dejó en claro que: "Partiendo de la premisa elemental, aunque no redundante, de que los menores cuentan con los mismos derechos constitucionales que los adultos, no debe perderse de vista que de dicho principio no se deriva que los menores, frente a la infracción de la ley penal, deban ser tratados exactamente igual que los adultos. Lo contrario implicaría arribar a un segundo paradigma equivocado…de la justicia de menores, pues reconocer que los menores tienen los mismos derechos que el imputado adulto, no implica desconocerles otros derechos propios que derivan de su condición de persona en el proceso de desarrollo. Los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienen además derechos especiales derivados de su condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el estado".

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Por lo expuesto, la reducción del cómputo de la pena debe jugar en favor de los acusados, tanto para morigerar su hipotética condena, así como también para el instituto de la prescripción. Este criterio ha sido sostenido por la Dra. Ángela Ledesma en distintos precedentes de la Cámara Nacional de Casación Penal, en donde argumentó que: "por aplicación del principio pro homine debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva, cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su supresión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundamental del derecho de los derechos humanos, esto es, estar siempre a favor del hombre" (in re: voto de la causa 8097 "A.J.J. s/ recurso de casación", Sala III, rta 2/10/07, entre otras). Bajo estos parámetros, desde la fecha en que los acusados han sido llamados a indagatoria, esto es, el 10 de abril de 2006 -en el caso de (…)- y el 11 de abril de 2006 -en relación a (…).(ver fs. (…) y (…)del principal, respectivamente), hasta los requerimiento de elevación a juicio que serían los únicos actos con entidad interruptiva existentes (datados el 30 de marzo de 2012 y 4 de abril 2012), ha trascurrido en exceso el plazo de 4 años y, por tanto, corresponde que se declare extinguida la acción penal a su respecto. Por otro lado, no puede soslayarse que actualmente todos los imputados han cumplido 18 años y cesado en el tratamiento tutelar por alcanzar la mayoría de edad, conforme se advierte de los expedientes reservados en secretaría. Además, esta alzada requirió los antecedentes de los acusados a través de la instancia de origen, oportunidad en que advirtió que éstos, al día de hoy, no cometieron otro delito. Es que aún cuando (…) y (…) registren otros procesos en trámite, lo cierto es que estas causas no pueden ser valoradas en su contra para rechazar este instituto, pues conforme ha dicho la Corte Suprema: "los diversos hechos criminales no tienen carácter interruptivo de la prescripción de la acción penal entre sí, de no mediar una sentencia judicial firme que declare su realización y atribuya responsabilidad al mismo encausado" (Fallo 322:718), circunstancia ésta que deja claro que los sumarios que registran los acusados -en especial A. en la causa n° (…) del TOC n° (…), no pueden computarse en su perjuicio. El único requisito que faltaría es la declaración de responsabilidad mas resultaría irrazonable someterlos a un juicio -con la estigmatización que ello implica y desgaste jurisdiccional- para que de arribarse a una condena se sostenga, recién ahí, que la acción penal está prescripta, más aún cuando ésta nunca podrá exceder los cuatro años y, para aquel entonces al igual que hoy, se habría extinguido la jurisdicción. Por ello, el rechazar el planteo por un simple formalismo o estructura procesal interna que consagra la ley atentaría contra el interés superior del niño. Por último, es importante recalcar que nos encontramos ante un proceso arduamente dilatado que contradice el art. 207 del código de rito y los citados principios enunciados a lo largo de este pronunciamiento. Por todo lo expuesto, y más allá de que el asunto sólo vino articulado por las defensas de (…) y (…), corresponde hacerlo extensivo a los imputados (…) y (…), ya que su situación sería idéntica a la de aquéllos (art. 441 del C.P.P.N.). Disidencia parcial del Dr. Rodolfo Pociello Argerich dijo: Si bien comparto el rechazo a la nulidad deducida por la defensa de (…) en relación a la falta de traslado en el incidente de prescripción de la acción penal, considero, más allá de lo interesante y fundado de la argumentación dada por mis distinguidas colegas, que la acción penal no se encuentra, de momento, prescripta. En primer lugar, he sostenido -en pluralidad de casos- que para analizar el instituto de la prescripción debe estarse al máximo de la escala penal del o los delitos que se investigan. En el caso, 6 años (in re: causas 31.148 "Carnevale, Mabel" rta: 16/7/09; 37.696 "Serrao, Luis" rta: 28/9/09 y 38.779 "Espinoza, Daniel" rta: 5/4/10, entre otras). Además, a mi entender, la disminución de la pena que consagra el art. 4 de la ley 22.278, tal como sostuviera el representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia, sólo es una facultad de los magistrados de juicio a los fines de la determinación judicial de la pena. Nótese, al respecto, que si bien el fallo de la Corte Suprema -citado por mis colegas- es revelador e interesante en muchos aspectos, incluso en las remisiones y citas que hace a la Convención sobre los Derechos del Niño, en ninguna parte afirma -al menos en el voto mayoritario- que la reducción de la ley citada es obligatoria para los jueces de menores, aunque sí puede ser la regla para resolver -del voto del juez Fayt-. En tal sentido, el Dr. Mauro Divito en el comentario al fallo citado dejó en claro que si bien la disminución puede ser interpretada como un mandato constitucional, la Corte sólo la ha considerado una regla y no la ha investido de carácter obligatorio (1). Por tal razón, la condición de regla -por definición- mantiene latente la hipótesis de que -excepcionalmentees válida la aplicación de una pena por el máximo punitivo y, por ende, la prescripción, por ahora, aparece desacertada. Coincido con el criterio sostenido por el fiscal en la audiencia, en cuanto a que la postura sostenida por las defensas y adoptada por mis colegas, eventualmente, puede regir en algún otro instituto, pero no a los fines de la prescripción. Así lo voto. (…) SE RESUELVE: I-Rechazar el planteo de nulidad deducido por la defensa de (…) en lo que respecta a la falta de vista en el incidente de prescripción, con costas. II-Revocar la resolución de fs. (…) y tener por prescripta la acción penal en favor de (…), (…) y (…)- y, en consecuencia disponer el sobreseimiento de los nombrados (art. 336, inciso 1° del C.P.P.N.). III-Hacer extensivo lo resuelto en el acápite II en favor de (…) y (…), por imperio del art. 441 del C.P.P.N. IV-Tener presente las reservas deducidas por las partes.".

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C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich (en disidencia parcial), Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar) c. 475/12, "Incidente de prescripción de la acción". Rta.: 05/06/2012 Se citó: (1) Conf. ¿Cómo se aplica la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño?, "Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sumarios y Análisis de Fallos", Tomo II, Ed. Hammurabi, Ed., Luis Depalma, pág. 80/81, año 2007. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Rechazada. Transcurso del máximo de la pena prevista para la figura atribuida. Causa en trámite por delitos cometidos en ese lapso. Ausencia de pronunciamiento condenatorio. Afectación de la garantía de la defensa en juicio. No aplicación de la doctrina del Plenario "Prinzo". Revocatoria. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: Se le imputa a (…) la presunta comisión del delito de robo en grado de tentativa (artículos 42 y 164 del Código Penal), consistente en haber intentado sustraer un teléfono celular a (…) mediante un arrebato que provocó la ruptura del soporte de la funda del aparato (…). Ha transcurrido entonces el máximo de la pena prevista para la figura penal atribuida -cuatro años- (artículo 62, inciso 2°, del código sustantivo), toda vez que el único acto interruptivo data del 25 de marzo de 2008, ocasión en la que se llamó a prestar declaración indagatoria al imputado (…). Al respecto, si bien se encuentra en trámite otra causa contra el nombrado -en la que se le imputa la supuesta comisión de delitos en dicho lapso-, al no existir pronunciamiento condenatorio alguno en tal sentido, no puede ello justificar la suspensión de la decisión relativa a la prescripción de la acción penal, tal como lo ha pretendido el Ministerio Público Fiscal en esta incidencia. En efecto, el criterio conforme al cual resulta admisible dicha suspensión, a la espera de que recaiga sentencia firme en el proceso seguido por el delito presuntamente interruptivo del curso de la prescripción, además de ser difícil de compatibilizar con el principio de inocencia y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, ha sido rechazado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1). En razón de lo expuesto y tal como lo expuse en el precedente n° 38.968, "Cruz, Roberto", del 17-6-2010, extiendo mi voto en miras de revocar la decisión recurrida, declarar la prescripción de la acción penal y sobreseer en consecuencia al imputado (…) (arts. 59, inc. 3° y 67, párrafo tercero, "b", del código de fondo y 336, inc. 1°, del ritual). Así voto. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Adhiero al voto del juez Divito aunque con algunas aclaraciones al respecto. Es que, en el particular caso de autos, no es dable sostener la argumentación expuesta por el Ministerio Público Fiscal al contestar la vista conferida (…), a través de la cual propició la aplicación de la doctrina plenaria "Prinzo", de esta Cámara (2), (c. 38.968, "Cruz, Roberto", rta: 17/06/2010). Como surge de anteriores intervenciones, he asumido esa posición, para hipótesis en las que el hecho con virtualidad interruptiva se encuentra pendiente de un definitivo pronunciamiento jurisdiccional, aunque luego de sopesar el delicado equilibrio entre las contingencias que ofrece el proceso que se presenta como potencial obstáculo para la certeza que requiere una decisión que ponga fin al proceso, de un lado, y el derecho del imputado que goza de la presunción de inocencia, a obtener un pronunciamiento que ponga término del modo más rápido posible a la situación de incertidumbre que comporta el enjuiciamiento penal, del otro (3). En esa dirección, diferir un juicio de valor en los términos del plenario "Prinzo" entraña necesariamente ponderar el interés social en que los delitos que se cometan sean perseguidos y castigados, con las garantías individuales del justiciable. Dicho de otro modo, una ponderación entre los principios de bien común y dignidad, respectivamente. Esta concepción conlleva un juicio de razonabilidad que, por tanto, deberá atender del modo más equilibrado posible ambos intereses, sin desconocer que en lo que respecta a la duración del proceso, cobran preponderancia los atinentes al imputado. En esa senda, según surge de la certificación pasada (…) del incidente, en la causa que tramita ante la Sala I de la Cámara Penal de la provincia del Tucumán que fuera elevada a juicio el 28 de septiembre de 2009, aún no se ha fijado fecha de debate y se informó que no era inminente tal fijación (…). Esa situación traduce una incertidumbre en cuanto al momento en que podría resolverse esta incidencia, en el supuesto de diferirla a las resultas del pronunciamiento que podría llevar a un efecto interruptor del curso de la prescripción. Desde esta perspectiva, puede convenirse en que la paralización de este proceso a la espera de los avatares que imponga otro cuya finalización se desconoce y en el que no resulta siquiera inminente la fijación de la fecha de debate, importaría un avasallamiento de la garantía de la defensa en juicio (art. 18 de la Constitución Nacional), en la medida en que el causante no obtendrá justicia en un plazo razonable. Tal es mi voto. (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: I. REVOCAR el auto documentado (…) del presente incidente. II. DECLARAR extinguida la acción penal por prescripción de la acción penal respecto de (…) y disponer su SOBRESEIMIENTO en los términos del artículo 336, inciso 1°, del Código Procesal Penal". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 193, ALCARAZ, Victor. Rta.: 27/03/2012 228

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos 322:717, considerando 5°, tercer párrafo. (2) C.N.Crim. y Correc., Fallos Plenarios, t. VII, p. 468. (3) C.S.J.N., Fallos: 272:188.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Sobreseimiento. Fiscal que recurre porque no se actualizaron los antecedentes del imputado. Requisito ineludible y previo. Revocación. Fallo: "(…) Entendemos que asiste razón al recurrente en cuanto a que el pronunciamiento del magistrado de grado no puede ser convalidado, toda vez que previo a declarar la extinción, por prescripción, de la acción penal resulta necesario que se actualicen los antecedentes del imputado a fin de verificar o descartar de manera fehaciente, la existencia de actos interruptivos del plazo establecido en el artículo 62, inciso 2° del Código Penal. (…) el tribunal resuelve: Revocar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Raña). c. 474/12, BRÍTEZ, Rubén R. Rta.: 05/06/2012

PRISIÓN PREVENTIVA. Intervención contradictoria del fiscal, quien se agravió por la excarcelación concedida solicitando la revocación, y al mismo tiempo consintió la no imposición de la prisión preventiva. Recurso declarado abstracto. Disidencia: no es requisito el dictado de la prisión preventiva para caucionar la libertad del imputado. Fallo: "(…) Los Jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos, dijeron: (…) fue procesado, sin prisión preventiva, en orden al delito de robo simple en tentativa, en calidad de coautor (…). Notificado el Sr. Agente fiscal por nota, (…) no interpuso recurso de apelación alguno tal como se desprende de la nota que antecede, por lo que se debe considerar que ha consentido la no imposición de la medida de cautelar de índole personal vinculada a la libertad ambulatoria de (…). (…) la intervención del Ministerio Público fiscal ha sido contradictoria. Se agravió por la excarcelación concedida, postulando su revocatoria, no obstante lo cual consintió la no imposición de la prisión preventiva, cautela personal indispensable para sustentar la pretensión en el incidente (*). El Juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) considero que no es requisito el dictado de la prisión preventiva para caucionar la libertad de los imputados (**). (…) el tribunal RESUELVE: DECLARAR ABSTRACTO el recurso de apelación (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. (Sec.: Biuso). c. 42.398, M. N.G. Rta.: 07/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 40.380, "Lorenzo", rta.: 17/05/2011. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 25.905, "Silva Linares", rta.: 20/4/05.

PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD. En concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante. Procesamiento. Uso de armas. Menores abandonados por su madre en la vía pública. Imputados que los sustrajeron y obligaron a pedir limosna en la calle y los sometieron a abuso sexual mediante violencia y amenazas. Confirmación. Fallo: "(…) decretó el procesamiento (…) por considerarlo prima facie responsable del delito de privación ilegal de la libertad por sustracción y retención con el fin de obligar a hacer, no hacer o tolerar algo contra la voluntad, doblemente agravado por haber logrado el autor su propósito y por ser las víctimas menores de 18 años de edad, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, triplemente agravado por haber sido cometido por dos o más personas, por el uso de arma impropia y por tener la víctima menos de 18 años, en calidad de coautor. (…) se atribuye al imputado: "los sucesos iniciados entre los días (…) de febrero de 2012 cuando M. D., bajo los efectos del alcohol, habría dejado a L. A. P. -de ocho años de edad-, E. N. P. de seis años de edad- y F. J. P. -de cuatro años de edad-; fruto de su relación con A. A. P., en un lugar aún no determinado. (…) Así fue que el compareciente junto con A. B. R. sustrajo, retuvo y/o ocultó a L., E. y F. P.

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Los días que los menores permanecieron en poder del compareciente (…) fueron obligados a pedir monedas y comida en la calle, como así también, en el caso de E., a ser víctima de abusos sexuales (…). Todo ello mediante el empleo de violencia -golpes reiterados con las manos, con "un fierro" y un "martillo"y amenazas. (…) el día 7 de febrero (…) la menor L. A. P. fue hallada por el Sargento 1° C. E. L. (…) cuando aquella se le acercó pidiendo ayuda. (…) Una vez la niña en contacto nuevamente con su padre, le confesó que la madre los había abandonado (…) y que en momentos en que se decidieron a buscarla, advirtieron que un masculino (…) y una mujer (…) los estaban siguiendo. (…) Que los días que permanecieron en poder de ellos, los niños eran obligados a mendigar (…). También le dijo que en un descuido cortó las sogas con las que la tenían atada y escapó pidiéndole ayuda a un policía que encontró en una estación de tren. (…) La menor fue llevada al Hospital Pirovano, permaneciendo allí internada hasta que fue dada de alta. Finalmente, E. N. y F. J. fueron hallados por personal policial de la División Mitre de la PFA el día 20 de febrero de 2012 (…). Recorridas las inmediaciones del lugar, los agentes dieron con la persona descripta (…). De esta manera se formalizó la detención de los imputados (…). (…) cobran especial relevancia las declaraciones brindadas por las damnificadas menores de edad ante los (…) efectivos de la Policía Federal Argentina, médicos de diferentes hospitales de esta ciudad y licenciadas en psicología pertenecientes al Cuerpo Médico Forense, dichos (…) mantenidos a lo largo de la pesquisa y que fueron evaluados como coherentes y verosímiles. En síntesis, entendemos que en autos existe un estado de probabilidad positiva respecto a la ocurrencia de los sucesos investigados y a la intervención que en ellos le cupo al encausado (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el resolutorio de fs. (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.134, B. S., A. G. Rta.: 29/03/2012

PROCEDIMIENTO POLICIAL. Nulidad planteada por la defensa. Imputado detenido en la vía pública por estar caminando con una motocicleta sin la documentación y sin llaves. Validez. Nulidad rechazada. Fallo: "(…) decretó su procesamiento en orden al delito de encubrimiento agravado por ánimo de lucro. (…) Se le atribuyó (…) haber recibido la motocicleta (…), sin patente, a sabiendas de su procedencia espuria y utilizándola en beneficio propio. Aunque se desconocen las circunstancias en que se habría producido la receptación, el 19/8/11 a las 15.10 hs fue detenida la marcha por los preventores en Iguazú y Santo Domingo al advertir que venía caminando con el motovehículo, sin dominio. Al preguntarle por la documentación, dijo que carecía de ella. El personal policial determinó, por el número de cuadro y motor, que no se poseía registros. No obstante, ante la manifestación de (…) en cuanto a que la había adquirido a $400 a un sujeto desconocido, procedieron a su detención y secuestro de dicho rodado. Al consultar la fiscalía interviniente ante el Registro de la Propiedad Automotor, se verificó que le correspondía el dominio (…) con pedido de secuestro vigente (…). (…) la defensa planteó la nulidad del inicio de las actuaciones, que motivaron la detención del imputado y el secuestro del motovehículo debido, sucintamente, a que el personal preventor no estaba frente un operativo de prevención, sin que se hayan dado las circunstancias que prevé el art. 230 bis, CPPN; tampoco había indicios vehementes de culpabilidad ya que la moto no tenía pedido de secuestro. Así, sin previa orden judicial, se requisó al imputado, se lo detuvo y se secuestró la moto. Ello, debido a las preguntas formuladas por los preventores, extremo valorado por el juez al dictar el procesamiento, lo que constituye la tercera irregularidad. (…) toda vez que se trata de un vehículo registrable y por el que se requiere autorización para circular, la ausencia de tal documentación, de la chapa patente así como su traslado a pie sin casco por la vía pública, conforman circunstancias objetivas que habilitaban al personal preventor a actuar de la manera que lo hicieron. (…) los argumentos de la defensa no alcanzan al secuestro de la moto que, como afirmamos, su secuestro era no solo viable sino necesario frente a las circunstancias objetivas mencionadas: sin marca, sin dominio colocado y sin documentación alguna que permita su correcta identificación, a la vez que era trasladado a pie, sin poseer las llaves. (…) el tribunal RESUELVE: I. RECHAZAR LA NULIDAD deducida por la defensa (…). II. TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación deducido contra el punto dispositivo I) de la resolución de fs. (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.282, SEGOVIA MACIEL, Fredi Damián. Rta.: 03/05/2012

PROCEDIMIENTO POLICIAL. Nulidad rechazada. Infracción Ley 11.723. Averiguaciones realizadas por el personal policial para determinar el titular del comercio dentro de las directivas impartidas por el fiscal. Validez. Confirmación. Fallo: "(…) Adelantamos, por las razones que a continuación se expondrán, que los argumentos de la parte no pueden ser atendidos y, en consecuencia, habremos de confirmar el auto apelado. 230

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En primer lugar, corresponde destacar que las tareas de investigación son, por definición, inherentes a la función policial contando además, con expreso reconocimiento legislativo (art. 183 del CPPN). En el caso particular, siguiendo expresas directivas impartidas por el Sr. Fiscal a cargo de la investigación, el Principal (…) concurrió al local denunciado por el representante de la Cámara Argentina del Libro (fs. …) a efectos de constatar si en el lugar se comercializaban copias de libros sin la autorización de los titulares de los derechos de autor, extremo que fue asentado en el acta de fs. (…), atacada por la defensa. De su contenido surge que fue atendido por un masculino, sin identificar. La restante pieza, obrante a fs. (…), también impugnada por el recurrente, da cuenta de las diligencias practicadas con el objeto de establecer quién era el titular del comercio, información que fue allí plasmada y que según la parte, fue obtenida en violación del inciso 10 del art. 184 pues, sostiene, el integrante de la fuerza de seguridad interrogó al imputado. Sin embargo, como señaló la magistrada de la instancia anterior, ningún elemento conduce a sostener que la persona que atendió al policía era (…). Más allá de ello, soslaya el defensor que nuestro máximo tribunal ha sostenido que "la mera comunicación de un dato en la medida en que no sea producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse en la investigación criminal" (1). En esta línea, la Cámara Nacional de Casación Penal decidió que "el simple diálogo del prevenido con el preventor no implica recibirle declaración" (2), máxime teniendo en cuenta que, como mencionamos, ni siquiera se estableció que el individuo que se hallaba en el local fuera (…). Es más, de la denuncia efectuada por (…) (cfr. fs. ...) se desprendía ya quién era el propietario del local y de la copia de la factura obrante a fs. (…) surgía que se trataba de un centro de copiado, elementos que conducen a afirmar que las tareas desplegadas por el agente de la Policía Federal Argentina tuvieron como objeto comprobar la información aportada al inicio de las actuaciones. Ningún vicio se advierte, por tanto, en el procedimiento llevado a cabo por lo que corresponde, con costas de alzada, por no existir ninguna circunstancia que permita apartarse del principio general de la derrota (art. 531 del CPPN), confirmar el auto apelado en cuanto fuera materia de recurso lo que ASI SE RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, seijas, González, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 730/12, BISIGNANI, Ariel F. Rta.: 07/06/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos: 317:956 C.N.Crim. y Correc. Sala IV, c. 1413/10 "Salcedo, Jorge Damián", rta. 27/9/10. (2) C.N.C.P., Sala II, c. 32/95, "Cardozo", rta. 15/3/95, citado por Navarro, Guillermo RafaelDaray, Roberto Raúl en "Código Procesal Penal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial", t. 1, Hammurabi, 2° ed., Buenos Aires, 2006, pág. 503, comentario al artículo 184. PROCESAMIENTO. Ampliación de la declaración indagatoria. Magistrado que tuvo presente las manifestaciones del imputado y estuvo al procesamiento ya dictado. Requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal. Reforma del procesamiento o revocatoria: resoluciones apelables. Ampliación indagatoria que importa una alteración en el hecho original. Defensa que no tuvo oportunidad de rebatir. Revocatoria y nulidad. Disidencia: imputado que se lo impuso de la extensión del resultado lesivo resultante de único hecho. Nuevo auto de mérito: innecesario. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: I. En ocasión de concretarse la vista que prevé el art. 346 del Código Procesal Penal, el señor fiscal interviniente solicitó la ampliación de la declaración indagatoria del imputado (…), para que se le hiciera saber en el hecho imprudente que se le atribuye (…). El juez que en ese momento se encontraba a cargo de la investigación accedió a la ampliación de la indagatoria postulada, en el entendimiento de que "resultaría sumamente útil para [delinear] más cabalmente la imputación que pesa en su contra, ello en vistas de que, formalmente, ha sido indagado sólo por la producción de las lesiones a (…) omitiéndose incluir en el objeto de esta investigación los padecimientos que también habría sufrido el Sr. (…)" (…). La ampliación de la declaración indagatoria de (…) se documentó (…). Cumplida tal diligencia y otra medida de prueba que se había solicitado, el señor juez de la causa, en el escueto auto que luce (…), tuvo presente lo manifestado por el causante y sostuvo que debía estarse al procesamiento ya dictado, siempre que tal ampliación de la indagatoria "estibó sólo respecto de la mayor magnitud del resultado típico del hecho" y que "no ha mutado en lo sustancial el cuadro probatorio con que el suscripto adoptó esa decisión". El magistrado mantuvo el embargo y la decisión de que el imputado curse el proceso en libertad. Al propio tiempo, corrió nueva vista y el Ministerio Público Fiscal formuló el requerimiento de elevación a juicio que se observa a (…) y que, por cierto, alude a que tanto (…) como (…) habían padecido lesiones con motivo de la violación al deber objetivo de cuidado en cabeza de (…) al tiempo de su conducción vehicular. La apelación de lo que se había decidido (…), que ha incluido motivos de nulidad (…), fue declarada inadmisible (…) y la queja interpuesta por la defensa (…) resultó admitida por esta Sala (…). II. Entiendo que los agravios formulados por la defensa al tiempo de recurrir en apelación deben ser admitidos. Sin hesitaciones tanto para el Ministerio Público Fiscal como para el juzgado en torno a la necesidad de incluir en la imputación las lesiones padecidas por (…), a mi juicio, si como se dijo al abrirse la instancia 231

(…), en la economía del Código Procesal Penal la reforma del auto de procesamiento -tanto como su revocatoria- son pasibles del recurso de apelación (art. 311), necesario es concluir en que la crítica que pudiere ejercitar la defensa deba concretarse a partir de los fundamentos que a su vez haya proporcionado el juzgador. En el caso, advierto que no correspondía formular una mera remisión al auto de procesamiento ya dictado, sin incluir la novel descripción del suceso, las pruebas respectivas, su valoración y la calificación legal (art. 308); con mayor razón cuando la incorporación en la intimación de una nueva víctima alteraba en sustancia el hecho que otrora hubo de atribuirse, en perjuicio del imputado, con las implicancias que ello trae en el devenir del proceso: véase, por caso, la incidencia que pudiere tener respecto de la legitimación activa de la víctima así introducida, los alcances de la pena en función de la extensión del daño (art. 41, inciso 1°, del Código Penal) o las indemnizaciones que pudieren caber. De ello se sigue, como bien lo ha apuntado el Dr. (…), que el auto así dictado no satisface las exigencias que prevén los arts. 123, 308 y 311 del ordenamiento adjetivo, en tanto no se ha tenido oportunidad de rebatir, como se dice a (…), los extremos concernientes a las lesiones sufridas por (…), lo que se traduce en la necesidad de asegurar la autosuficiencia de la resolución respectiva. Como puede verse, la cuestión escapa a la modificación de una circunstancia insustancial o de la mera calificación legal del hecho, ni se está en presencia de un mismo acontecimiento histórico con distintas interpretaciones; de ahí que deba dictarse, en casos como los del sub examen -al igual que en la revocatoria del procesamiento-, un auto fundado (1). Análogamente, se ha dicho que "La posibilidad de revocación [del auto de procesamiento, como de su reforma] da cuenta de que ese auto es susceptible de recurso, impugnación que va protegiendo la garantía de la defensa en juicio y la doble instancia requerida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 8.2h)…" (voto de la juez Catucci en el plenario "Blanc", dictado por la Cámara Nacional de Casación Penal el 11 de junio de 2009). Voto entonces por declarar la nulidad de lo decidido (…), apartado I, y del requerimiento de elevación a juicio formulado (…) que ha sido su consecuencia. El juez Marcelo Roberto Álvero dijo: Contrariamente a los motivos postulados por la defensa de (…), se comparte el temperamento arbitrado por el señor juez de grado, en el sentido de estar al procesamiento luciente (…). Al respecto, cabe memorar que se atribuyó al causante el hecho acaecido el 4 de julio del 2008, oportunidad en que habría violado el deber de cuidado en el manejo de su vehículo y ocasionado lesiones de carácter leve a (…), las que conforme a dicha plataforma fáctica, también se verificaron en el cuerpo de (…), a la sazón, el conductor del taxímetro que transportaba al mentado (…). Conforme a la ampliación de la declaración indagatoria documentada (…), al imputado (…) se lo impuso de la extensión del resultado lesivo resultante de un único hecho, de modo que no se advierte necesario emitir un nuevo auto de mérito en torno a la responsabilidad que fuera atribuida al tiempo de su procesamiento (…). Por lo demás, no se exhibe alterada la congruencia que debe mediar entre el hecho descripto en la declaración indagatoria, el auto de procesamiento y la elevación a juicio, de suerte tal que no se ha sorprendido al encartado con la introducción de un evento nuevo que lo prive de ejercer su defensa. Voto entonces por confirmar el auto recurrido, con imposición de costas en el orden causado, en atención a las diferentes posturas asumidas en esta alzada (art. 531 del ritual). El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), adhiero al voto del doctor Juan Esteban Cicciaro cuyos argumentos comparto en su totalidad. Por ello, el Tribunal RESUELVE: REVOCAR y DECLARAR la nulidad de lo decidido (…), apartado I, y del requerimiento de elevación a juicio formulado (…) que ha sido su consecuencia". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Cicciaro, ÁLVERO (en disidencia), Pociello Argerich. (Sec.: Sánchez). c. 552, SCAINE, Martín A. Rta.: 17/02/2012 Se citó: (1) Guillermo Navarro y Roberto Daray, Código Procesal Penal de la Nación, Hammurabi, Bs. As., 4ta. ed., 2010, t. 2, p. 517; en igual sentido, Francisco D'Albora, 9, p. 537.

PROCESAMIENTO. Ampliación respecto de las lesiones culposas de un damnificado que no instó la acción penal. Único suceso histórico con múltiples resultados lesivos. Confirmación. Disidencia: Juez no habilitado a pronunciarse por las lesiones no instadas. Nulidad parcial de indagatoria y de la ampliación del procesamiento. Fallo: "(…) Las juezas María Laura Garrigós de Rébori y Mirta L. López González dijeron: Entendemos que el magistrado de la causa se encuentra habilitado para expedirse respecto de las lesiones padecidas por (…), a pesar de que éste no instara a la acción penal. Ello por cuanto a nuestro entender no se puede escindir un único suceso histórico de todos sus resultados lesivos: en el caso las lesiones producidas a (…) (leves) y las ocasionadas a (…) (también leves). Disidencia del juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: "(…) Considero que resulta errónea la imputación efectuada por el magistrado de la instancia anterior respecto de las lesiones que damnificaron a (…), toda vez que el nombrado no instó a la acción penal (ver declaración de fs. …).

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional La circunstancia de que el juez esté habilitado para investigar las lesiones leves producidas a (…) -pues él instó la acción penal- no lo autoriza para pronunciarse por las que sufriera (…) si éste así no lo hizo (in re 33.882 "Polito, Adrián Alejandro" rta. 14/4/2008, entre otras). (…) voto por que se decrete la nulidad de la declaración indagatoria de fs. (…) y de la ampliación del procesamiento del nombrado de fs. (…)". (…) se resuelve: Confirmar el punto I del auto de fs. (…), en cuanto ha sido materia de recurso. C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich (en disidencia), Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar) c. 234, AGUIRRE, Osvaldo E. Rta.: 27/03/2012 PROCESAMIENTO. Defensa que plantea su nulidad debido a las imprecisiones del resolutorio. Hecho que no se encuentra debidamente descripto e imprecisión respecto a la responsabilidad que les cabe a cada uno de los imputados. Procedencia. Nulidad.

Fallo: “(…) El decisorio traído a juzgamiento no describe los hechos que fueron denunciados como fraudulentos ni detalla el rol específico de los imputados dentro de la sociedad a lo largo del tiempo. Tal deficiencia es insalvable, ya que “no hay que olvidar que en materia penal el deber de los magistrados consiste, cualquiera que fueren las peticiones de las partes o calificaciones que hubieran formulado, en precisar las figuras delictivas que juzgan con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, con el límite que impone el ajuste del pronunciamiento a los hechos que fueran materia de juicio” (1). En ese sentido se expidió también la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal en la causa 13.715 “Luzzi, Angel Javier”, rta. el 10/11/11 al sostener que la “…imprecisión del hecho -concreto y singular con descripción de circunstancias de modo, lugar y sobre el tiempo- priva al auto interlocutorio de los elementos básicos para el cumplimiento de dos importantes exigencias fundamentales para la decisión de la prescripción…” en desmedro del derecho de defensa en juicio. “…La primera requiere del juez que resuelva una calificación legal al hecho imputado, pues se muestra sistemáticamente como la única posibilidad de determinar cuál es el término prescriptivo en el caso. La segunda finca en que la verificación de ese vínculo revelará a los eventuales responsables del suceso y, siendo que tratamos una causal de extinción de la acción penal de carácter personal, sólo beneficia a los responsables por el delito a quienes ella corresponda…”. En consecuencia, habiéndose conculcado garantías de raigambre constitucional, el Tribunal RESUELVE: I.Declarar la nulidad del auto de fs. (…) (arts. 168 del código adjetivo). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Sec.: Williams). c. 43.010, CAPUANO, Norberto. Rta.: 13/02/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., “Piffaretti, Juan C. y otro”, rta.: 22/12/1992, –L.L. del 4/12/1993, p.4.

PROCESAMIENTO. Imputado que se pronunció espontáneamente en el lugar del hecho. Manifestaciones espontáneas volcadas en la declaración testimonial del preventor. Validez. Confirmación. Hechos: apeló la defensa el procesamiento del imputado en orden al delito de lesiones culposas -artículo 94 del Código Penal- y se trabó embargo por la suma de veintiún mil sesenta y nueve pesos con setenta centavos ($ 21.069,70). Fallo: "(…) Se endilga al encartado el haber violado su deber objetivo de cuidado mientras conducía el rodado de alquiler marca "Chevrolet Meriva", (…), pues habría impactado a (...) y a su nieto, el menor (…), ocasionándoles lesiones graves y leves, respectivamente, en momentos en que los damnificados se encontraban cruzando la calle Sucre en su intersección con 3 de Febrero, de este medio, al doblar (…) desde esta última calle hacia la izquierda sin guardar el cuidado y prevención exigidos en tanto aquéllos cruzaban por la senda peatonal emplazada en la calle (…). El hecho habría tenido lugar el 2 de diciembre de 2010, aproximadamente a las 13:20. Pese a los reclamos de la parte recurrente, los argumentos que sustentan la resolución impugnada encuentran respaldo suficiente en las constancias incorporadas al legajo, las que se exhiben convincentes para que, con la

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provisionalidad requerida en esta etapa del proceso, se considere demostrada la responsabilidad de (…) en el evento. En efecto, la damnificada (…) sostuvo que al cruzar por la senda peatonal resultaron imprevistamente embestidos por un taxímetro que circulaba por 3 de Febrero y dobló hacia Sucre, luego de lo cual fueron asistidos por una persona que trabajaba en una tintorería existente en las inmediaciones, quien le manifestó que el taxista había realizado una maniobra imprudente al doblar, al no respetar la prioridad de paso que ella y su nieto guardaban como peatones (…). Dicho testimonio luce conteste con el brindado por (...), quien observó desde el local de tintorería donde trabaja el momento en que el automóvil embistió a los damnificados antes de que subieran a la vereda. Aclaró que las víctimas cruzaban correctamente y que al doblar el taxista miraba hacia el lado opuesto del que se encontraban aquéllas. Además, señaló que el conductor "le manifestó que se distrajo observando los autos que circulaban por la calle Sucre debido a que un camión que se hallaba estacionado le obstruía la visión" (…). La presencia de (…) en el lugar no puede admitir discusión alguna, pues intervino en la lectura de derechos del imputado (…) y la supuesta falta de visión del testigo queda disipada con sólo observar en el croquis agregado (…) la ubicación de la tintorería. Por otro lado, si bien el informe pericial glosado (…) dio cuenta de la carencia de indicios que demuestren el impacto que motivó la presente investigación, ello no permite desvirtuar los dichos de la víctima, pues posee correlato con la historia clínica del Sanatorio (…) y los informes médicos del menor (…), elementos que acreditan las lesiones padecidas. Por lo demás, admitido en la audiencia que el imputado se pronunció espontáneamente en el lugar del suceso y que no fue interrogado acerca del episodio, el expediente de la nulidad sobre el que insistió la defensa debe ser desechado. En ese sentido, consta en la pieza que encabeza el sumario que (…) "refirió espontáneamente que…circulaba por 3 de Febrero y al doblar a la izquierda en Sucre, por el parante y el reflejo del sol, no vio a una señora que cruzaba con el menor por Sucre golpeándola por la parte delantera del auto" (…). Tales expresiones, en verdad volcadas en la declaración testimonial del preventor (…), no conllevan invalidez alguna, conforme la doctrina fijada por la Corte Federal, en cuanto a que la mera comunicación de un dato, en la medida en que no sea producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal (1). Ello, en el entendimiento de que resulta contrario al conjunto de atribuciones que la ley procesal concede a las autoridades policiales impedirle "escuchar las manifestaciones que espontáneamente vierten las personas sometidas a una investigación…" (2). De suerte que el caso siquiera reporta a la hipótesis del art. 184, inciso 9º, del Código Procesal Penal, porque no surge del acta aludida que el policía (…) haya principiado un diálogo con la persona que se manifestó espontáneamente, para obtener "noticias e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de las investigaciones", alternativa que aun así no merecería objeciones, porque las circunstancias del caso podrían haber justificado tal atribución (3); ni tampoco al supuesto del inciso 10º de la misma norma, en tanto no se recibió, ninguna declaración en ese momento y a todo evento el simple diálogo del sospechoso con el preventor no implica recibirle declaración (4). En lo tocante al embargo dispuesto por el señor juez de grado, entiende el Tribunal que la suma cuestionada resulta adecuada para cubrir las exigencias previstas en el artículo 518 del Código Procesal Penal, esto es la indemnización civil, una eventual pena de multa y las costas procesales, incluyendo estas últimas el pago de la tasa de justicia como también los demás gastos que se hubieren originado por la tramitación de la causa y con independencia del vínculo contractual que une al imputado con su compañía aseguradora (artículo 533 ibidem). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…) -puntos I y III-, en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Franco). c. 493/12, S., E. D. Rta.: 12/06/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos: 315:2505 y 317:956. (2) Guillermo Navarro y Roberto Daray, Código Procesal Penal de la Nación, 4ta. ed., Hammurabi, Bs. As., 2010, t. 2, p. 113. (3) Navarro y Daray, op. cit., tomo 2, p. 114. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 13/11, "Marotte, Leonardo", rta: 14/10/2011 y c. 378/11, "Méndez, Alejandro", rta: 08/02/2012.

PROCESAMIENTO. Invocado supuesto de inimputabilidad. Necesidad de certeza. Ingesta de alcohol. Juez que debe ponderar la prueba pericial con sostén en reglas de la sana crítica. Subjetividad alcohólica propia. Consumo tóxico de larga data. Mayor capacidad de resistencia al alcohol. Confirmación. Disidencia: imputado que carecía de capacidad psíquica requerida por la ley. Revocatoria. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: Se celebró en autos la audiencia que prescribe el art. 454 del Código Procesal Penal, con motivo del recurso de apelación deducido por la defensa de (…) contra el auto de procesamiento que se le dictara (…). Principia señalar que no se encuentra controvertida la propia existencia del suceso investigado, ni la intervención que le cupo al imputado. 234

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sin perjuicio de ello, entiendo que no corresponde homologar el auto apelado, toda vez que es posible sostener que, al cometer el injusto por el que ha sido procesado, el imputado carecía de la capacidad psíquica requerida por la ley (artículo 34, inciso 1°, del Código Penal) para que el accionar que se le atribuye resulte penalmente reprochable. En efecto, en el informe médico legal practicado el mismo día del hecho, si bien se consignó que (…) estaba "orientado en tiempo y espacio" también se aclaró que se encontraba "con inyección conjuntival, disartria e inestabilidad en la marcha, compatible con intoxicación etílica aguda entre primer y segundo grado" (…). En tal sentido, el Cuerpo Médico Forense concluyó en que el encartado "presenta un trastorno mental, que se expresa en la forma clínica de trastorno psicoorgánico asociado al consumo tóxico de larga data, con corroboración de déficit cognitivo, por lo tanto desde el punto de vista psicojurídico, sus facultades no encuadran dentro de la normalidad", a lo que se añadió que de acuerdo al análisis de los elementos remitidos "desde la perspectiva psiquiátrica surgen indicadores que podrían dificultar la comprensión del hecho y el manejo de sus acciones…" (…). Por lo demás, el médico (…) expresó que "el deterioro psicoorgánico que presenta limita la comprensión del acto y la dirección de sus acciones y, es probable que, si ello se asocia a la ingesta de alcohol, se vea afectada su capacidad de comprensión y el manejo de sus acciones" (…). A lo expuesto se suma el secuestro de una botella de vodka con escasa bebida en su interior (…) y que el estado de alcoholización de (…) fue advertido tanto por los policías (…) y (…), como por la damnificada (…) y tres testigos (…). En conclusión, a partir de las consideraciones efectuadas, a estas alturas es dable predicar que el imputado no ha podido en el momento del hecho comprender la criminalidad del acto o, cuanto menos, dirigir sus acciones conforme dicha comprensión (artículo 34, inciso 1º del Código Penal), toda vez que a la insuficiencia de sus facultades mentales verificada por el perito médico se ha añadido una ingesta alcohólica que -como lo explicitó el profesional- resulta idónea para afectar su capacidad de comprender la criminalidad e incluso de controlar sus acciones. Corresponde entonces revocar el procesamiento recurrido y, de conformidad con lo establecido por el artículo 336, inciso 5 del Código Procesal Penal, sobreseer a (…) (artículo 34, inciso 1° del Código Penal). Así voto. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: En cuanto a la capacidad de culpabilidad de (...), debe destacarse que al igual que las demás causales que trae el artículo 336 del ritual, el supuesto de inimputabilidad invocado también exige certeza, de modo que la duda aludida por la defensa oficial en la audiencia oral no puede conducir al sobreseimiento del causante. En ese sentido, el informe médico forense señaló que "si bien es congruente que haya consumido alcohol, no se han evidenciado signos psicopatológicos y bioquímicos inequívocos que avalen un grado tal de toxicidad que hayan inferido la totalidad de la capacidad de comprensión y manejo de sus actos" y concluyó en la inexistencia de elementos contundentes que permitan afirmar o negar en forma concluyente e inequívoca que el causante se encontraba impedido de comprender el hecho y manejar sus acciones (…). Ello, sin perjuicio de que, en verdad, es el juez quien debe ponderar la prueba pericial con sostén en las reglas de la sana crítica y en el contexto de los demás elementos de convicción que se hayan reunido en el legajo (art. 263, inciso 4°, in fine, del Código Procesal Penal), pues no es al perito médico a quien le corresponde pronunciarse en torno a si un imputado pudo comprender la criminalidad de sus actos o dirigir las acciones, siempre que esa tarea queda reservada al juzgador, en tanto jurídica, de suerte tal que los expertos sólo deberían responder en cuanto a la posibilidad de haber transitado el imputado por alguno de los estados a que alude la fórmula mixta del art. 34, inciso 1°, primer párrafo, del Código Penal (1). En la misma dirección se expidió el médico (…) cuando se expresó testimonialmente, al indicar que "no pudo llegar a una conclusión certera respecto a la falta de capacidad por cuanto se carece de elementos que con certeza científica acrediten que el acusado se encontraba bajo efectos de alcohol o estupefacientes" (…). Desde otra perspectiva, se pondera que más allá de haberse establecido que el causante reviste un trastorno psicoorgánico asociado al consumo de tóxicos de larga data, lo cierto es que al momento de su aprehensión (…) suministró su correcta filiación, el nombre de sus progenitores (….) y se constató que se encontraba vigil y orientado en tiempo y espacio (…). Por otra parte, y como lo he sostenido en otras oportunidades, "cada intoxicado conlleva una subjetividad alcohólica que le es propia, sobre la base de su constitución, hábitos y estado psicofísico general", y que en situaciones análogas no puede desdeñarse "cierto despliegue que podría resultar incompatible con un estado agudo de alcoholización" (2). En esa senda, el propio (…) refirió que la ingesta de alcohol había comenzado a los catorce años, con episodios frecuentes de embriaguez (…), extremo que analizado de consuno con las conclusiones del Cuerpo Médico Forense, en cuanto a que se está en presencia de un consumo tóxico de larga data (…) permite inferir que el encausado es una persona habituada a las intoxicaciones y consiguientemente que ofrece una mayor capacidad de resistencia al alcohol. En consecuencia y sin perjuicio de la calificación que en definitiva pudiere corresponder, las consideraciones efectuadas autorizan a descartar, al menos en este estadio del proceso, el posible encuadre de la conducta de (…) en alguno de los estados previstos en el artículo 34, inciso 1°, del Código Penal. Voto entonces por confirmar lo resuelto en la instancia de origen. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), adhiero al voto del juez Cicciaro, cuyos argumentos comparto. (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución dictada (…), punto I, en cuanto ha sido materia de recurso".

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C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito (en disidencia), Cicciaro, Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti) c. 488/21, B., D.M. Rta.: 04/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.621, "Morais, Ramón", rta: 15/10/2010. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 26.196, "Gorosito, Juan Roberto", rta: 29/03/2005 y c. 39.621, "Morais, Ramón", rta: 15/10/2010

PROCESAMIENTO. Lesiones leves dolosas y amenazas en concurso ideal. Damnificada que denuncia los hechos ante la OVD pero refiere que no desea instar la acción penal. Nulidad parcial de la indagatoria y todos los actos llevados a cabo en consecuencia sólo respecto de las lesiones leves por ser un delito de acción privada. Necesidad de valorar las actuaciones desde la perspectiva de la ley 26.485. Confirmación del procesamiento por amenazas. Fallo: "(…) el informe médico obrante a fs. (…) reveló que las lesiones sufridas por la denunciante eran leves, y por lo tanto nos encontramos ante un delito dependiente de instancia privada. En ese contexto, la expresa manifestación de (…) de no querer dar impulso a la investigación, nos llevará a decretar la nulidad de los actos de impulso concretados en contra del imputado por ese delito por expresa violación del art. 72 inciso 2 del CP, sin perjuicio de la subsistencia de la prueba producida para que eventualmente puedan ser tenidas en consideración para el caso que (…), antes de que transcurra el término de prescripción, decida instar la acción en contra de (…). (…) queda remanente la impugnación vinculada con las amenazas atribuidas al imputado. (…) En este sentido, es necesario destacar que el conflicto existente entre el acusado y la denunciante debe ser valorado desde la perspectiva brindada por la ley de 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, en cuanto instruye, entre otros aspectos, el principio de amplitud probatoria y ordena ponderar especialmente el testimonio de la víctima. (…) entendemos que la magistrada vinculó correctamente la denuncia de (…) con el informe interdisciplinario de la OVD donde se concluyó que su situación era de alto riesgo psicofísico. (…) sumado tanto a la denuncia que meses antes realizó la damnificada ante la OVD por hechos similares y que dio lugar a la orden del titular del Juzgado Civil Nro. (…) de excluir del hogar al imputado, como a las lesiones acreditadas mediante el informe de fs.11 compatibles en cuanto al tiempo y modo de producción con el relato brindado por aquélla, constituyen indicios claros y concordantes que permiten darle verosimilitud a la imputación formulada por la víctima. (…) el tribunal resuelve I:. Declarar la nulidad parcial de la indagatoria de (…) fs. (…) (arts. 71, inc. 1° y 72, inc. 2° del C.P., y art. 166 del CPPN).II. Confirmar el punto I de la resolución de fs.76/79, exclusivamente, en relación al delito de amenazas (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Roldán). c. 630/12, P., M.A. Rta.: 12/06/2012

PROCESAMIENTO. Robo en poblado y en banda en grado de tentativa. Investigación delegada en el fiscal quien en su dictamen determinó estar ante una hipótesis de usurpación en tentativa. Juez de instrucción que omitió el planteo del fiscal y convocó a indagatoria a los imputados imputándoles un hecho distinto al descripto por el fiscal y procesándolos en consecuencia. Vulneración del debido proceso: inobservancia de la intervención del fiscal. Afectación principio de congruencia. Nulidad del llamado a prestar declaración indagatoria, de los actos de recepción y de los procesamientos con embargo. Fallo: "(…) Lo obrado por el juez a partir de fs. (…) en adelante adolece de un defecto sustancial que impide su subsistencia como actos válidos. El llamado a indagatoria, la recepción de esas declaraciones y el procesamiento decretados por el juez instructor sobre una base fáctica diversa de aquélla por la que el titular de la acción pública la había promovido implicó la vulneración del debido proceso legal por vía de la inobservancia sustancial de la intervención prevista para el acusador estatal en los delitos de acción pública. Decimos que así fue en el caso concreto porque, si bien el fiscal que tenía la instrucción delegada emitió un dictamen de impulso a fs. (…), que ratificó en idénticos términos en la presentación de fs. (…), el juez hizo caso omiso de su contenido y alcance y, subrogándose en la función acusadora, decidió personalmente desarrollar la instrucción en base a una hipótesis de hecho diferente, sobre la que estructuró el camino procesal subsiguiente. El acusador público es quien, en forma exclusiva y excluyente, define el objeto procesal en las investigaciones de orden público, entendido éste como el "hecho que habrá de comprender", quedando el juez limitado a esa descripción tanto en investigaciones delegadas como en las que no lo son. La decisión del magistrado de intimar a los encausados conforme a un hecho diferente importó vulnerar el principio ne procedat iudex ex officio, y afectó el principio de congruencia que necesariamente debe existir 236

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional entre el acto de impulso y el de intimación, razón por la cual se ha incurrido en una nulidad absoluta y de orden general que corresponde declarar de oficio (artículos 5°, 167, inciso 2° y 168 del Código Procesal Penal de la Nación). Atento a lo expuesto, decretaremos la nulidad del llamado a indagatoria de los cuatro imputados (fs…), de los actos de recepción de esas declaraciones (fs.…) y de las decisiones de procesamiento y embargo decretadas (fs. …). (…) el tribunal RESUELVE: Decretar la nulidad de lo actuado a partir de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Herrera). c. 233, ROMERO, Juan C. y otros. Rta.: 26/04/2012

PROFILAXIS ANTIVENÉREA (LEY 12.331). Sobreseimiento. Administradora de una casa de tolerancia. Tipicidad. Revocación. Procesamiento. Fallo: “(…) La conducta analizada encuentra adecuación típica en la figura prevista y reprimida por el artículo 17 de la ley 12.331, pues se ha demostrado que en el local de (…) de esta ciudad se ejercía la prostitución y que (…) ejercía funciones de administradora pues cobraba a las mujeres que allí trabajaban el 40% del dinero que percibieran. Incluso, según hizo saber (…) ese porcentaje ascendía si alguna llegaba tarde o se quedaba dormida. Se ha afirmado que “… administra, sostiene y regentea el agente que despliega las tareas de impartir las órdenes sobre los aranceles que debían cobrar las personas que ofrecían el trato sexual por dinero, determinar qué servicios debían ofrecerse, realizar las liquidaciones, distribuir las ganancias de lo percibido en diversos inmuebles y alternar en ellos las personas que ejercían la prostitución, para que cubrieran la actividad” (1). (…), el Tribunal RESUELVE: I.-) Revocar el auto de fs. (…) y disponer el procesamiento, sin prisión preventiva, de (…), cuyos demás datos personales obran en autos como autora del delito previsto en el artículo 17 de la ley 12.331. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 279/12, C., M. P. Rta.: 19/04/2012 Se citó: (1) Código Penal Comentado y Anotado, Andrés José D´Alessio (director) y Mauro Divito (coordinador), La Ley, 2010, Tomo III, leyes especiales comentadas, p. 116.

QUERELLANTE. Inadmisibilidad de la acción por incumplimiento de las exigencias del art. 418 del C.P.P.N. Relato claro, preciso y circunstanciado del hecho. Presentación de la querella asimilable al requerimiento de elevación a juicio, en los delitos de acción privada. Confirmación. Fallo: "(…) en razón de la concesión del recurso de apelación interpuesto por la Dra. (…), en causa propia, contra la resolución (…) por cuanto (…) se declaró inadmisible la acción instaurada por no haber dado cumplimiento con las disposiciones procesales vigentes, art. 418 del CPPN (…). (…) se advierte que no se ha dado cumplimiento con las exigencias del art. 418 del CPPN, en particular con el relato claro, preciso y circunstanciado del hecho por el cual se considera con derecho a querellar, sin que en la audiencia la letrada lograra revertir dicho punto. En esa línea, la base de imputación que constituye dicha presentación resulta deficitaria para conocer el hecho, extremo que impacta directamente no solo en la posibilidad de su revisión ab initio, a fin de establecer si se está ante la posible comisión de un delito, sino también, superada esa barrera, en el derecho de defensa del imputado, dado que ese líbelo constituye la acusación propiamente dicha, y de lo que en definitiva se habrá de defender. (…) "la presentación de la querella es, en los juicios por delitos de acción privada, el acto procesal equivalente al requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio" (*). De allí que su vaga, imprecisa e incompleta formulación impide se admita la presentación examinada en los términos de la normativa citada. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la decisión obrante a fs. (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Sec.: Biuso). c. 41.835, NN DAM: MARTONE, Rosaria. Rta.: 24/02/2012 Se citó: (*) C.N.C.P., Sala IV, c. 7565, "Rauch, Federico", rta.: 20/06/06.

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QUERELLANTE. Legitimación activa aceptada. Presentación efectuada antes de la clausura de la instrucción. Preclusión de los actos cumplidos. Requerimiento de elevación a juicio efectuado por el fiscal, única parte acusadora al momento de correr la vista. Notificación a la defensa ordenada (art. 349 del C.P.P.N.). Imposibilidad de retrotraer el proceso a una etapa precluída. Fallo: "(…) Aun cuando (...) haya sido legitimada como querellante debido a que la presentación a tal efecto se formuló antes de la clausura de la instrucción (temperamento acertado según lo dispuesto en el art. 84, con remisión al art. 90 del Código Procesal Penal), lo cierto es que ello no puede afectar la preclusión de los actos cumplidos, entre ellos, la vista del art. 346 del citado cuerpo legal, que en su momento se cumplió con la única parte acusadora existente en ese entonces, ello es, el Ministerio Público Fiscal. Así, formulado el pertinente requerimiento de elevación a juicio por parte de la señora fiscal (…) y ordenada la notificación a la defensa que prevé el art. 349 del ceremonial (…), ya no resulta posible retrotraer el proceso a una etapa precluída; ello, además de la contradicción que implicaría la posibilidad de que la querella ejercitare la facultad de requerir la producción de medidas de prueba (art. 347, inciso 1°, del canon ritual), cuando en verdad se alcanzó el estadio que supone la superación de la actividad probatoria, en el que la defensa puede hacer uso de las posibilidades que le ofrece la mentada norma del art. 349. (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso, con costas de alzada". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Cicciaro, Álvero. (Sec.: Besansón). c. 557, S.H.,C. Rta.: 09/02/2012

QUERELLANTE. Rechazo de la legitimación. Socio gerente que querella en representación de la S.R.L. Presentación de poder especial. Innecesariedad de presentar acta de asamblea por la potestad de designarse a sí mismo por la calidad que reviste. Revocación. Legitimación. Fallo: "(…) no compartimos la valoración efectuada por el magistrado de la instancia anterior pues entendemos que (…) debe ser considerado acusador particular, toda vez que a lo largo de sus presentaciones ha dado estricto cumplimiento a los requisitos de forma exigidos por el artículo 83 y siguientes del Código Procesal Penal de Nación, (…). En efecto, destáquese que en el caso en estudio deviene innecesario que se acompañe el acta reclamada, toda vez que al tratarse de un socio gerente de una sociedad de responsabilidad limitada, ostenta la potestad de designarse a sí mismo por la calidad que reviste, en tanto nada se diga en contrario en el estatuto, pudiendo en consecuencia prescindir del acuerdo previo de sus restantes socios. Justamente, del poder glosado a fs.(…)se desprende claramente dicha circunstancia. En el caso, se cuenta con la copia de la escritura del contrato social, de la cual surge que la administración, representación legal y uso de la firma social estará exclusivamente a cargo de (…), quien reviste la calidad de socio gerente, ejerciendo unilateralmente la representación legal, pudiendo actuar con su sola firma (ver fs. …), por lo que la documental aportada basta para habilitarlo a querellar en representación de "(…) S.R.L.", ya que la ley le otorga las facultades para obrar a nombre de ella, salvo disposición estatuaria en contrario. De tal suerte, al no vislumbrarse que exista disposición contractual que le impida desarrollar la acción procesal pretendida, entendemos que corresponde conferirle a (…) legitimación activa en los presentes actuados en lo que respecta al delito de hurto atribuido a (…). IV. (…) el tribunal RESUELVE: Revocar el punto III del resolutorio de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso y tener por parte querellante a (…) en representación de (…) S.R.L., respecto del delito de hurto atribuido a S., con el patrocinio letrado del Dr. (…) y por constituido el domicilio indicado, haciéndole saber que queda sometido a la jurisdicción del Tribunal de origen y a las resultas del juicio (artículo 85 del C.P.P.N.)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Raña). c. 472/12, S.E.C. Rta.: 15/05/2012 QUERELLANTE. Rechazo de legitimación activa. Pretenso querellante: por sí y en representación de sociedad comercial. Directivos reprochados por presunta comisión de delito de acción pública, de índole económica y con ulteriores consecuencia patrimoniales respecto de los demás socios. Afectación al pretenso querellante. Acción "ut singuli". Revocación. Fallo: "(…) pretende acceder al rol de querellante por sí y en representación de la firma "...". El recurrente denunció que en el marco del expediente caratulado "…", tramitado ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial (…), valiéndose de pruebas falsas y mediante el ocultamiento malicioso de hechos, el actor habría obtenido la suspensión provisoria de los derechos que en su calidad de socio ostentaba el recurrente. 238

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional A partir de ello, los imputados habrían llevado a cabo diversas maniobras fraudulentas en perjuicio de la sociedad. Como la calidad de ofendido directamente por el delito debe acreditarse, al deducir la querella, con carácter meramente hipotético, tal como ocurre con el propio delito (1), los escritos glosados a fs. (…) y (…), satisfacen los presupuestos exigidos por el artículo 83 del Código Procesal Penal, a partir de la invocación acerca de su participación societaria, que en principio se extrae de las acciones instauradas en el marco del proceso comercial aludido, que tuvieron por objeto una medida precautoria a su respecto. Tras evaluarse que las conductas denunciadas -conforme el dictamen fiscal documentado (…)- podrían afectar personalmente al recurrente, en tanto derivaron en la suspensión del ejercicio de los derechos que poseía como socio y con ello, la posibilidad de controlar la administración del ente societario, se entiende que en el caso se da la hipótesis de excepción para permitir el acceso del apelante al proceso, en calidad de querellante, ya que la acción intentada se dirige contra quienes serían los restantes socios, por sucesos de los cuales aquél se considera particularmente ofendido, extremo que le impediría obtener un acta con el objeto de otorgarle la facultad de representar a la sociedad (2). Análogamente, si las conductas por las que se pretende accionar han tenido lugar dentro de una sociedad comercial cuyos -por entonces- directivos fueron reprochados por la presunta comisión de un delito de acción pública, de eminente índole económica y con ulteriores consecuencias patrimoniales respecto de los demás socios, no puede dudarse acerca de que esas circunstancias afectan particularmente al pretenso querellante y que, por ende en lo que a sus derechos concierne, se encuentra correctamente habilitado a ejercer ut singuli la persecución penal (3). (…), esta sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documentado (…) y tener por parte querellante a (…), con el patrocinio letrado del doctor (…), haciéndole saber que queda sujeto a las resultas de la causa y a la jurisdicción del tribunal". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 167, SÁNCHEZ, Juan Luis y otros. Rta.: 29/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 30.548, "Clarizza, Jorge", rta: 06/03/2007 y c. 37.467, "Zamín, Luis", rta: 04/11/2009. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 26.158, "Los Cardales Country Club", rta: 26/04/2005 y c. 25.970, "Di Renzo, Oscar", rta: 07/04/2005. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 36.489 "Perazzo, Marcela", rta:14/05/2009.

QUERELLANTE. Rechazo de legitimación. Administradora de consorcio. Falta de acreditación de convocatoria de asamblea de copropietarios que haya legitimado para querellar. Análisis restrictivo del ingreso de un querellante al proceso. Confirmación. Fallo: "(…) No surge del legajo poder especial alguno que otorgue a la presentante la capacidad requerida para ejercer el rol que pretende en su condición de administradora del consorcio de propietarios del inmueble ubicado en la calle (…) de esta Ciudad, extremo que reconoció en la audiencia junto a que se ha omitido en la asamblea respectiva volcar expresamente la decisión de consorcio de asumir el rol de acusador privado. Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 440, ZACARIAS DE LA FUENTE, David A. Rta.: 26/04/2012

QUERELLANTE. Rechazo de legitimación. Apoderado de Microsoft Corporation. Poder especial otorgado en el extranjero. Traducción pública legalizada. Apostilla prevista por la Convención de La Haya. Validez plena. Revocación. Confirmación. Fallo: "(…) tras haberse examinado la documentación reservada y que fuera elevada a esta alzada, el poder especial otorgado en el extranjero por el Subsecretario (…) de la empresa "Microsoft Corporation", a favor del letrado, cuenta con su correspondiente traducción pública, legalizada por el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, así como también con la Apostilla prevista por la Convención de La Haya 1961 (ley 23.458), por lo cual tiene plena validez en este ámbito; máxime cuando en el caso rige el principio general en torno al cual las formas y solemnidades de los actos se rigen por las leyes del país donde se hubieren otorgado (art. 12 del Código Civil). En este sentido, esta Sala en casos similares ha sostenido que: "(...) el texto del poder general y especial aportado por la pretensa querellante, ha adquirido autenticidad con la Apostilla (convención de La Haya 1961- Ley 23458), certificando la firma y el carácter con que actuó el signatario del documento. Desde esta óptica, no corresponde exigir que en un acto notarial celebrado en el 239

extranjero se demuestren otros títulos que los que la ley doméstica del lugar de celebración estime suficientes para lograr su fin, creando la intervención del notario la presunción "iuris tantum" de su legalidad y del cumplimiento de las leyes del lugar, y ello basta para acreditar la personería del mandatario, de conformidad con la doctrina de la CSJN (Fallos 48:98 y 194: 232 citados en CNCP, Sala II, causa N° 9046, reg.: 12.068, "Web Computación s/ recurso de casación", rta.:7/7/08). Asimismo, de la redacción del documento acompañado surge la clara descripción del hecho para el cual se otorga, la denominación jurídica atribuida al mismo y la indicación del querellado, cumpliendo con los requisitos del plenario "Farías de Fiori". (sic) (*), tal como se da en el caso de autos. (…) el Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto (…) y tener a (…) por parte querellante (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.052, SUN HARD. Rta.: 19/03/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.953, "Jiménez Placer, Carlos Fernando", rta.: 18/4/11; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 37.517, "PC Hard y la Red Computación", rta.: el 10/2/10.

QUERELLANTE. Rechazo de legitimación. Homicidio. Aparente único heredero. Enumeración taxativa del art. 82 del CPPN. Confirmación. Disidencia. Enumeración del art. 82 del CPPN enunciativa. Inexistencia de los sujetos individualizados en la norma. Revocación. Legitimación. Fallo: "(…) Los Jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) la letra de la norma es clara en cuanto indica las personas que podrán constituirse en parte querellante en caso de muerte del ofendido, estableciendo, a criterio de la Sala en forma taxativa, al cónyuge supérstite, sus padres, sus hijos o su último representante legal. Por ello, toda vez que (…), más allá que sea el único pariente -hermano- de la víctima, no se encuentra autorizado legalmente a revestir tal condición, su pretensión habrá de ser rechazada. En este sentido, corresponde señalar que tampoco su aparente condición de único heredero alcanza para modificar el criterio, atento lo dispuesto en el art. 3412, CC, y porque no se trata de un hecho en perjuicio del acervo hereditario. Por ello, (…) votamos por confirmar el auto (…). El juez Alfredo Barbarosch dijo: No comparto la solución propuesta por los jueces preopinantes, en cuanto considero que la redacción del art. 82 del ordenamiento ritual, no es taxativa, sino meramente enunciativa. (…) asiste razón al recurrente en cuanto a que la redacción del tercer párrafo de la norma en estudio, no puede interpretarse de manera que "únicamente" se permita la legitimación a las personas allí enunciadas; máxime cuando, como en el caso, no existe ninguna de aquellas personas enumeradas en el art. 82 CPPN, que pueda representar los intereses del ofendido en la investigación del delito cuyo resultado ha sido su muerte. (…) voto por REVOCAR la resolución (…), y en consecuencia TENER POR PARTE QUERELLANTE a (…), quedando sometido a la jurisdicción del Tribunal y a las resultas de éste proceso (arts. 82 y 419, CPPN). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.122, CHAVEZ, Daniel Alejandro. Rta.: 19/04/2012 QUERELLANTE. Rechazo de legitimación. Pretensa querellante con poder general. Poder insuficiente. Exigencia legal de poseer poder especial. Confirmación. Fallo: "(…) recurso de apelación interpuesto por la pretensa querellante (…) contra los puntos dispositivos I y II del interlocutorio (…) en cuando dispone desestimar por inexistencia de delito la presente causa y no hacer lugar al pedido de ser tenida por parte querellante, respectivamente. (…) se advierte que (…) confirió a (…) un poder general judicial mediante escritura pública (…); instrumento que la pretensa querellante intenta hacer valer para ser tenida como mandate de aquél. En efecto, vale señalar que el artículo 83 del CPPN dispone que la querella "se formulará por escrito, en forma personal o por mandatario especial", de modo que se requiere poder especial en el que se especifique claramente la voluntad de querellarse contra determinada persona por determinado hecho. Sentado ello, de la lectura del presentado a fs. (…) se considera que no resulta suficiente para iniciar la querella en nombre de aquel. Además, no obstante lo apuntado, el agravio respecto de la pretensión de ser tenida por querellante no fue mantenida por el abogado que la patrocina en el alegato inicial (…). En ese sentido, se exhibe relevante indicar la contradicción en la que incurrió la parte recurrente al sostener en el escrito de querella inicial que "el causante no tenía relación de ningún tipo con (…), y no hay justificación de ninguna clase entonces que amerite que (…) le cediera por testamento un bien registrable a (…)…" siendo que a la postre, al prestar declaración testimonial y al ser preguntada por la señora Agente fiscal para que diga de qué modo conoció a (…) refirió que "…lo conoce por ser una de las pocas personas que visitaba a (…) y de hecho fue quien financió su velatorio…", circunstancia esta última que fuera sostenida durante la audiencia por su abogado que la patrocina. Asimismo, también debe recalcarse que reconoció no tener elementos de prueba mediante los cuales pueda acreditarse que (…) habría engañado o forzado a (…) a testar en su favor, y que sospecha de 240

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que obró ilícitamente porque pesaría sobre él una maniobra similar en la que habría resultado damnificada una vecina de nombre "(…)" (…). Así, puede afirmarse que el recurrente alegó sobre su convicción respecto de una determinada relación de hechos respecto de los cuales no aportó pruebas ni indicó medidas pertinentes y útiles, de modo que no ha demostrado en la audiencia (…) cual sería la hipótesis delictivas que denuncia, por lo que, sin perjuicio de lo dicho precedentemente, la legitimación que reclama de ser parte querellante también carece de sustento. (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado a fs. (…) en cuanto fue materia de apelación (art. 455 CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Souto). c. 40.716, ZELAYA, Néstor Francisco y otros. Rta.: 15/02/2012

QUERELLANTE. Rechazo de legitimación. Quiebra: síndico: único con capacidad para querellar y ante su inacción los acreedores verificados. Confirmación. Hechos: el pretenso querellante apeló que no hizo lugar a la petición de ser tenido por parte. El objeto procesal del legajo transita por el eventual vaciamiento llevado a cabo por los imputados de la sociedad comercial a su cargo, luego de haber tomado conocimiento de la declaración de su quiebra. Fallo: “II. Al respecto hemos sostenido con anterioridad que: “el único con capacidad para querellar una vez declarada la quiebra es el síndico y, ante su inacción los acreedores verificados” (1). En tal sentido si bien (…) no ha asumido el rol de acusador particular, no se verifica su inactividad pues se presentó en el sumario a denunciar los bienes faltantes, acompaño documentación y brindó explicaciones de interés para la investigación (…). Por otro lado (…), ex empleado de la fallida, no ostenta el carácter de perjudicado directo y real en el suceso como lo exige el art. 82 del Código Procesal Penal de la Nación. Por lo cual, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en cuanto ha sido materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Asturias). c. 583/12, TARICA, Juana S. y otros. Rta.: 04/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correcc., Sala VI, c. 39.466, “Compañía Exportadora Argentina S.A.”, rta.: 1/6/2010.

QUERELLANTE. Rechazo de legitimación. Sobrina del fallecido. Actuaciones en las que se investigan las circunstancias en las que sucedió el deceso. Sobrina que a su vez indica una posible circunstancia de incapaz. Enumeración taxativa del art. 82 del C.P.P.N. No indicación de cuáles habrían sido los actos abusivos conforme lo refiere el art. 174 inc. 2° del C.P. Confirmación. Fallo: "(…) Sostuvo el apelante que su representada, en su carácter de sobrina de quien en vida fuera (…), tenía derecho a asumir el rol de querellante en las presentes actuaciones donde se investigan las circunstancias en las que acaeció el fallecimiento de su pariente. Agregó, como argumento subsidiario, que su poderdante revestía la calidad de heredera y podría considerarse perjudicada por maniobras que en vida del causante había realizado (…) sobre el patrimonio del fallecido. Es adecuada la solución de la jueza de grado en cuanto no es posible acceder a la pretensión del impugnante toda vez que el art. 82 del código adjetivo establece taxativamente quienes pueden asumir el rol de acusador particular en los supuestos en los cuales, como consecuencia del delito, se produce la muerte del ofendido, no hallándose comprendidos en esta nómina los sobrinos. Importa destacar a este respecto que estas actuaciones no presentan ninguna situación particular que justifique una solución de excepción, tal como se ha decidido en otros casos (1). En cuanto a la hipótesis de una eventual circunvención de incapaz, ninguna explicación brindó el asistente técnico para sustentarla pues no indicó en concreto qué actos abusivos se habrían llevado a cabo aprovechándose de "las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o incapaz", como reza el tipo previsto por el art. 174 inc. 2°, del Código Penal, extremo que impide a los suscriptos analizar su pretensión a la luz de esta figura. Por consiguiente, como surge de lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Bloj). c. 680/12, N.N. 241

Rta.: 07/06/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, con integración parcialmente distinta, c. 28.556, López, Balvina", rta. 29/12/2005 y C.n.Crim. y Correc., Sala VI, c. 42.060, "Carrillo", rta. 10/08/2011.

QUERELLANTE. Rechazo de legitimación. Supuesto heredero legítimo. Imposibilidad de promover querella por hecho ocurrido en vida del damnificado. Confirmación. Fallo: "(…) Con arreglo a los hechos descriptos por el recurrente en la denuncia formulada (…) del presente legajo, esta Sala entiende que asiste razón al señor juez de grado respecto a la calidad de querellante pretendida por (…). Es que desde la perspectiva del artículo 82 del Código Procesal Penal, la condición de "particular ofendido" es propia de la persona que, de modo especial, singular, individual y directo se presenta afectada por el daño o peligro que el delito comporte y que comprende a los mencionados en primer término por el artículo 1079 del Código Civil (1), calidad que no cabe predicar respecto del recurrente que peticiona ser querellante por el supuesto hurto de objetos y dinero en efectivo de propiedad (…) y (…) en el inmueble habitado por ellas. Por otra parte y aún bajo el hipotético caso de resultar heredero legítimo, (…) tampoco puede promover querella por un hecho que habría ocurrido en vida de (…) (2). (…), esta Sala RESUELVE: CONFIRMAR la decisión documentada (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 635, ARANA, Mónica y otros. Rta.: 22/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 38.866, "Macri, Mauricio", rta: 07/06/2010; C.N.C.P., Sala IV, "Wainfeld, Enrique", rta: 07/09/1999; y Francisco D'Albora, Código Procesal Penal de la Nación, AbeledoPerrot, Bs. As., 2004, p. 199. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 35.886, "Bayo, Sandra Patricia", rta: 22/12/2008; c. 36.188 "N.N.", rta: 10/03/2009; c. 38.203, "Pelén, Irma y otros", rta: 26/02/2010 y c. 38.932, "Craig, Tyson", rta: 10/06/2010. QUERELLANTE. Sobreseimiento. Fiscal que no recurrió. Querella que apela. Defensa que se agravia en cuanto a que la querella no puede actuar en solicitarlo. Tutela judicial efectiva. Derecho de la víctima a una investigación judicial. Validez. Fallo: "(…) En segundo término cumple examinar el planteo que introdujo la defensa oficial en el marco de la mencionada audiencia, con motivo de que el señor fiscal no dedujo apelación contra el auto de sobreseimiento del imputado y, en consecuencia, la querella no podría actuar en solitario. Al respecto, en lo que atañe a la posibilidad de que el trámite de la causa continúe con la intervención exclusiva de la acusación particular, en razón de que el Ministerio Público Fiscal no recurrió el sobreseimiento ni formuló adhesión, cabe reeditar lo resuelto en un supuesto similar al aquí planteado, en el que se sostuvo que los criterios habidos a partir del fallo 'Santillán' (1), en el marco de la 'tutela judicial efectiva', importan la necesidad de que los derechos de las víctimas a una investigación judicial sean garantizados por un juez competente aún con anterioridad al juicio (2). (…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: REVOCAR el auto documento (…), en cuanto fuera materia recursiva". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 385, ATTAR COHEN, Isaac O. y otro". Rta.: 09/03/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos: 321:2021. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.653, "Biancotti, Rodolfo", rta: 01/12/2009

QUIEBRA FRAUDULENTA. Procesamiento. Transferencia de bienes con anterioridad al período previsto por el artículo 116 de la ley 24.522. Tipicidad. Confirmación. Fallo: "(...) En primer lugar corresponde destacar que el hecho de que la transferencia de los bienes hubiera tenido lugar con anterioridad al período estipulado por el artículo 116 de la ley 24.522, en el caso 12 de noviembre de 2005, no obsta a la tipicidad de la conducta en tanto "…la actividad fraudulenta del quebrado puede ser anterior a la declaración de quiebra, posterior a ella, y hasta pueden coexistir hipótesis delictivas anteriores y posteriores (…) Las conductas descriptas en el tipo pertinente, si son cometidas antes de la 242

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional declaración de quiebra, resultan punibles con dicha declaración. A este efecto resulta indiferente que la actividad sea anterior al periodo de sospecha de la ley comercial o esté incluida dentro de él, porque la ley penal no considera este refuerzo protector…" (1). Sentado ello, se ha verificado que "(…) S.A." poseía entre sus bienes varias máquinas, dos impresoras industriales y dos vehículos, mas nunca fueron declarados ni puestos a disposición del proceso comercial (cfr. copias del expediente comercial). Por el contrario, aquellos habrían sido trasladados a la firma "(…) S.R.L." a través de (…), quien los habría ocultado fraudulentamente causándole un perjuicio a la masa de acreedores. En efecto, véase que los informes del Registro de la Propiedad Automotor dan cuenta que "(…) S.A." era propietaria de dos rodados (dominios …). El imputado reveló que los vehículos fueron entregados a un empleado de aquella firma en concepto de indemnización laboral. Sin embargo, tal circunstancia nunca fue puesta en conocimiento del síndico ni del magistrado a cargo del proceso de quiebra. Tampoco se ha incorporado documentación alguna que acreditara sus dichos, siendo que, hasta la fecha, los automotores continúan bajo la titularidad de "(…) S.A." (fs. …). No puede soslayarse, además, que uno de los rodados fue visto en las inmediaciones del predio que posee "(…) S.R.L." en la localidad de Tigre (fs. …), precisamente lugar que se sospecha se encontrarían los bienes ocultados. Por otro lado, (…) refirió que "(…) S.A." poseía un numeroso plantel operativo de máquinas (fs. ...). En punto a ello, no resulta plausible la justificación en torno a su venta al detenerse al irrisorio valor por el que fueran enajenadas (cfr. facturas reservadas). Más aún, (…) reconoció a algunas a través de las vistas fotográficas obtenidas en el allanamiento practicado en "(…) S.R.L." (fs. …), lo cual resulta altamente sugestivo si se atiende a que ésta última fue constituida por los hijos de (…), con un objeto social de acuerdo al acta constitutiva similar al de "(…) S.A. " y un capital social inicial de (…) pesos ($ …) (cfr. fs. …), suma netamente insignificante para adquirirlas, de tener en cuenta que a tales fines en su oportunidad se requirió un crédito por la suma de (…) dólares (U$S …), que se gestó a través del Banco (…) (fs.…). En ese contexto, las circunstancias reseñadas permiten inferir la presencia de maniobras ejecutadas con el fin de perjudicar a la masa de acreedores de la fallida "(...) S.A.". Por ello, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto traído a estudio en cuanto fuera materia de recurso. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 427/12, ESTEVEZ, Javier. Rta.: 08/05/2012 Se citó: (1) Conf. Navarro-Rizzi, "El Delito de Quiebra", Ed. Hammurabi, 1ª Ed., Buenos Aires, 2004, pag. 84/85

REBELDÍA. Con pedido de captura. Examen psiquiátrico pendiente de producción. Capacidad de culpabilidad cuestionada. Averiguación de paradero. Revocación. Fallo: "(…) Hasta tanto la jueza de la instancia anterior no evacue el resultado de la diligencia ordenada a fs. (…), medida que resulta indispensable a fin de determinar si la imputada pudo, al momento de los hechos, comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones, no procede asignarle valor o no a la notificación de fs. (…). (…) corresponde llevar adelante todas las diligencias posibles a fin de lograr dar con (…) y hacerla comparecer ante el juzgado mediante la fuerza pública para hacer efectivo el examen psiquiátrico pendiente de producción. (…) en caso de arrojar resultado negativo todas las medidas tendientes a tomar contacto con la encartada, corresponderá ordenar la averiguación de su paradero de acuerdo a los precedentes de esta sala n° 37.682 "Tizón, Darío Ezequiel y otros s/robo", rto. 08/09/09, n° 292-12 "C., J. L. s/coacción", rto. 12/04/12" entre otros; ya que aquí se encuentra en discusión la capacidad de culpabilidad y, por ende, no se puede afirmar que desoyó, en forma voluntaria, la intimación del tribunal, máxime a la luz de lo resuelto por la jueza de grado en la causa 14.063/11 que corre por cuerda. (…) se RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar). c. 466, IBARRA, Fabiana A. Rta.: 27/04/2012

REBELDÍA. Recurso de apelación interpuesto por el defensor oficial. Imputados que desconocen la existencia de la causa y que se los ha citado a indagatoria. Notificación por edictos: carácter ficto. Revocación. Subsistencia de la orden de averiguación del paradero e intimación a comparecer. 243

Fallo: "(…) conforme sostuvimos en pronunciamientos anteriores, la interpretación restrictiva sugerida por el legislador en el artículo 2 del código de rito, limita la aplicación del instituto traído a estudio a supuestos en los que la valoración objetiva de los elementos incorporados al legajo, permite acreditar que el imputado tuvo la intención deliberada de abstraerse del accionar de la justicia y no cuando, tal como ocurre en este caso, los encausados desconocen la existencia de la causa y, por ende, el llamado que se les efectuara en los términos del artículo 294 del mismo ordenamiento (1). (…) tal como se desprende de las constancias del sumario, los encartados (…) ni siquiera tomaron conocimiento de la existencia de la presente investigación que registran en su contra. Tales extremos impiden afirmar que la incomparecencia de ambos encartados ante el proceso ha sido el resultado de la intención deliberada de abstraerse de la actividad jurisdiccional, aún cuando se haya ordenado la notificación por edictos, la cual, por su carácter ficto, no permite afirmar que la información publicada haya llegado a conocimiento de sus destinatarios. (…) sin perjuicio de considerar que la orden de averiguación del paradero e intimación a comparecer librada por el juez (…) respecto de (…) y (…) es ajustada a derecho, corresponde revocar las rebeldías (…)". (…) se resuelve: Revocar parcialmente el auto de fs. (…) mediante el cual se decretó la rebeldía de (…) y (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar). c. 352, RODRIGUEZ, Carlos A. y otros. Rta.: 27/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. 40.153, "Reynoso, Ortelio s/rebeldía", rta: 19/10/2010.

RECURSO DE APELACIÓN. Contra el procesamiento del imputado por robo. Agravio: falta de ratificación de la declaración del damnificado en sede judicial. Rechazo del agravio. Confirmación. Hechos: la defensa apeló el procesamiento del imputado en orden al delito de robo simple. Fallo: “(…) Respecto a que el damnificado no fue citado a la sede judicial, recientemente hemos sostenido que: (1) que el valor de la declaración frente a los preventores es idéntico al recibido por el propio juez (2) ya que las fuerzas de seguridad están facultadas para recibir denuncias (inciso 1º del artículo 184) no siendo indispensable su ratificación, ya que la facultad de interrogar se verá garantizada en una eventual etapa de debate. (…), el tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 294, OJEDA, Marcos Sebastian. Rta.: 16/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 92, “Gómez, Sebastián Dario”, rta.: 21/3/12; (2) Palacio, La extraña absolución…, DJ, 1995-1-817, citado en Navarro, Guillermo Rafael - Daray, Roberto Raúl “Código Procesal Penal de la Nación”, Hammurabi, 3era. Ed., T. I, Bs. As., 2008, p. 661.

RECURSO DE APELACIÓN. Contra la resolución que declaró abstracto el tratamiento de las impugnaciones contra las sanciones disciplinarias impuestas al imputado por el S.P.F. Decisión jurisdiccional desprovista de motivación (art. 123, C.P.P.N.). Nulidad. Fallo: "(…) De las constancias de autos se advierte que la escueta respuesta escogida por el juez de grado frente a los planteos de la parte recurrente evidencia la carencia de fundamentos de las decisiones que se ponen en crisis, pues en éstas se omitió analizar los diversos planteos que la defensa razonablemente introdujo en sus presentaciones -cuestionó la constitucionalidad del Decreto 18/97 y peticionó la nulidad de las resoluciones de fs. (…) y (…) por las cuales se aplicó al encausado dos sanciones de cinco días de permanencia en celdas (cada una) conforme lo prescripto en el art. 19, inc. "E" del citado decreto-, lo que implica no haber dado fundamento acabado a la resolución adoptada, lo que en definitiva se traduce en arbitrariedad. En rigor de verdad, el señalamiento al juez de grado tiene que ver con lo que el deber de motivar una resolución implica, que en definitiva constituye el signo más importante de la racionalización de la función jurisdiccional. Ello permite hacer un control sobre la logicidad que esa construcción intelectual debe satisfacer para que sea considerada válida y comprendida en el principio republicano que el art. 1 de la Constitución Nacional establece. 244

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (…) por no satisfacer el requisito de motivación que prescribe el art. 123 C.P.P.N., las decisiones en examen deben ser nulificadas. (…) se resuelve: Declarar la nulidad de los autos de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Raña). c. 838/12, A.S., R. J. Rta.: 15/06/2012

RECURSO DE APELACIÓN. Contra la resolución que declaró rebelde al imputado. Inexistencia de gravamen irreparable. Mal concedido. Disidencia: gravamen irreparable. Recurso bien concedido. Fallo: "(…) El Juez. Luis María Bunge Campos dijo: (…) en reiterados pronunciamientos de la Sala VI y en esta Sala (*) he sostenido que la rebeldía no da lugar a recurso de apelación, ello en razón de que dicha declaración es revocable de oficio toda vez que el imputado declarado rebelde puede dar explicaciones acerca de los motivos que causaron su incomparecencia, de donde se deduce que el gravamen no resulta irreparable. Asimismo, la declaración de rebeldía no aparece como declarada expresamente apelable en el CPPN, con lo que los dos extremos que el art. 449 del CPPN limita el recurso de apelación: gravamen irreparable o que la resolución sea expresamente declarada apelable no se dan en el instituto mencionado. El Dr. Alfredo Barbarosch dijo: (…) la declaración de rebeldía no causa gravamen irreparable y por lo tanto es irrecurrible (*), por lo que me adhiero en un todo al voto que precede. El Dr. Jorge Luis Rimondi dijo: (…) considero que la posibilidad de que en una futura y eventual decisión sobre la libertad del imputado, la declaración de rebeldía recurrida pueda ser valorada como un indicio de riesgo procesal de fuga, constituye un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, que torna apelable la decisión. En consecuencia, emito mi voto en el sentido de declarar bien concedido el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente (…). (…) el tribunal RESUELVE: DECLARAR MAL CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente por la defensa del imputado (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi (en disidencia), Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Souto) c. 42.465, TOLEDO, Luis Alberto. Rta.: 07/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.944, "Castro", rta.: 23/2/11.

RECURSO DE CASACIÓN. Contra la confirmación por parte de la Cámara de la concesión de la suspensión del juicio a prueba. Consecuencias de imposible reparación ulterior. Procedencia. Hechos: el fiscal dedujo recurso de casación contra el auto que confirmó la concesión de la suspensión del juicio a prueba en favor del imputado. Fallo: "(...), dable es convenir que conforme a la doctrina sentada en el fallo "Kosuta" (CNCP, en pleno, plenario n° 5) el auto que hace lugar a la suspensión del juicio a prueba ha sido admitido como una de aquellas cuestiones que resulta susceptible de ser examinada por vía del recurso de casación, pues, en rigor, tal decisión entraña consecuencias de imposible reparación ulterior, que la equiparan a una definitiva (artículo 457 del ceremonial). (...), esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONCEDER el recurso de casación interpuesto contra el auto pasado (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Sánchez). c. 249/12, GONZALEZ, Pedro Javier. Rta.: 13/06/2012

RECURSO DE CASACIÓN. Contra la resolución en la cual se confirmó la denegatoria de la de exención de prisión del imputado. Equiparación a sentencia definitiva. Gravamen irreparable. Concesión. Fallo: "(…) (*) si bien la denegatoria de exención de prisión no constituye sentencia definitiva, debe ser entendida como tal en los términos del art. 457 del C.P.P.N., por cuanto los efectos que produce causan un perjuicio de imposible reparación ulterior en los derechos del imputado, lo que la equipara por sus consecuencias a una sentencia definitiva, en atención a que se encuentra involucrado el derecho a la libertad. 245

De tal modo, esta materia resulta equiparable y habiendo sido deducido el presente recurso en término, y adecuándose la situación descripta al precedente citado, debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto (**). (…) el tribunal RESUELVE: I. CONCEDER el recurso de casación interpuesto por la defensa (…). II. EMPLAZAR a los interesados a los fines dispuestos por el art. 464 CPPN. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.334, GONZALEZ RIOS, Pablo. Rta.: 30/05/2012

RECURSO DE QUEJA. Contra el auto por el cual no se hizo lugar a la convocatoria de testigos solicitados por la querella. Menoscabo al ejercicio de la acción pública. Procedencia. Disidencia: sistema de la sana crítica. Potestad del magistrado para decidir al respecto. Rechazo. Fallo: "(…) contra el auto (…) por el cual, en primer lugar, no se hizo lugar a la convocatoria de los testigos (…) por superabundante y, en segundo lugar, se estimó pertinente citar a prestar declaración testimonial a (…). El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) corresponde hacer lugar a la queja interpuesta por el Dr. (…) (*). El juez Luis María Bunge Campos dijo: (…) considero que la denegatoria a realizar medidas probatorias propuestas por la parte querellante podrían menoscabar el ejercicio de la acción penal pública, resultando dicha decisión entonces recurrible, so pena de dejar librado ella a la discrecionalidad del Juez, lo que atenta contra el principio republicano de control de los actos de gobierno. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: (…) el actual ordenamiento procesal -ley 23.984-, ha consagrado, para la valoración de la prueba, el sistema de la sana crítica, en virtud del cual, el magistrado instructor -art. 199, C.P.P.N.- se haya facultado para denegar las medidas de prueba propuestas por las partes cuando la considere impertinentes o superabundantes, siendo esta decisión, en principio, irrecurrible. Así, no evidenciándose que se den las situaciones de excepción sostenidas a partir del precedente "Ayarde" (***) es que postulo que se rechace la queja impetrada. (…) el tribunal RESUELVE: HACER LUGAR a la queja impetrada por el Dr. (…) apoderado de la querella, y en consecuencia conceder el recurso de apelación interpuesto (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi (en disidencia)Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.304, Aparicio, Eduardo Alberto. Rta.: 25/04/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala IV, c. 10.681, "Fernández" -queja interpuesta por el ex fiscal, Pablo Lanusse-, rta.: 11/03/99; C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 36.434, "Mazzal", rta.: 26/6/09. (**) C. N. Crim. Corr., Sala VI, c. 25.269, "Villa", rta.: 15/9/04. (***) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 25.234, "Ayarde", rta.: 20/04/05.

RECURSO DE QUEJA. Contra el auto por el cual se denegó el recurso de apelación en subsidio respecto de la resolución que remitió las actuaciones por aplicación del Art. 196 bis del C.P.P.N. -causa con autor desconocido-. Decisión irrecurrible. Rechazo. Fallo: "(…) la decisión de fs. (…), a través de la cual el juez a quo ordenó la remisión de la causa al Sr. Fiscal, en los términos del artículo 196 bis del Código Procesal Penal de la Nación, resulta irrecurrible, pues no se trata de un caso previsto expresamente por la ley -artículo 432 y 433 del código de forma-, ni genera gravamen irreparable en los términos del artículo 449 del ritual (c. n° 42.114, "Quintanas, Jorge H.", rta. el 21/09/11). (…) la remisión de las actuaciones a la fiscalía actuante en función del artículo 196 bis -según Ley 25409-, no deriva de una facultad acordada al juez de instrucción sino que es una manda prevista en tal norma para aquellos casos donde, como en autos, el autor de una posible conducta delictiva no se encuentra identificado. Esta incógnita, en el particular no se ve superada por una infinidad de apodos que podría tener el imputado. Por demás, queda claro que a partir del estado que alcanzaron las actuaciones, comienza una nueva investigación para tratar de individualizar al posible o posibles autor/es del hecho denunciado por (…), pesquisa que por ley debe quedar a cargo del fiscal. (…) se RESUELVE: Rechazar el recurso de queja interpuesto por el Dr. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec. Cám. Ah Doc: Gonzalez) c. 431/12, N.N. Rta.: 07/05/2012

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Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional RECURSO DE QUEJA. Contra el auto que declaró inadmisible el recurso de apelación por el que se dispuso mantener la internación del imputado en la unidad de salud mental del Hospital Piñero y dar intervención al juzgado de ejecución penal y concomitantemente remitir testimonios a la justicia civil a fin de efectuar el contralor. Restricción a la libertad del imputado. Doble control por parte del estado. Agravio irreparable. Hacer lugar y conceder el recurso de apelación. Fallo: "(…) es interpuesto por la (…) defensora pública oficial de (…), contra el auto (…) por el cual se declaró inadmisible el recurso de apelación deducido por esa parte contra la resolución (…) por la que se dispuso, como medida de seguridad, mantener la internación del nombrado en la Unidad N°20 de salud mental del Hospital Piñeyro (punto II), dar intervención al Juzgado Nacional de Ejecución Penal en turno (punto III) y concomitantemente, extraer testimonios y remitirlos a la justicia civil (puntos IV), a efectos de controlar la medida de seguridad impuesta respecto del encausado. (…) entendemos que asiste razón al recurrente en cuanto a que la resolución cuestionada podría causarle agravio, el que radicaría en una restricción de la libertad del imputado, sometiéndolo a un doble control por parte del Estado -en manos de la justicia civil y de la justicia de ejecución penal-. (…) corresponde HACER LUGAR a la queja interpuesta (…) y en consecuencia conceder el recurso de apelación (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.217, FLORES, Ricardo. Rta.: 29/03/2012 RECURSO DE QUEJA. Contra el auto que declaró rebelde al imputado. Ausencia de gravamen irreparable. Rechazo. Disidencia: declaración de rebeldía que puede ser valorada como indicio de riesgo procesal de fuga. Gravamen irreparable. Concesión. Fallo: "(…) contra el auto (…) en cuanto se declaró rebelde a (…) y se encomendó su captura a la Policía Federal Argentina (…). El Dr. Luis María Bunge Campos dijo: (…) (*) he sostenido que la rebeldía no da lugar a recurso de apelación, ello en razón de que dicha declaración es revocable de oficio toda vez que el imputado declarado rebelde puede dar explicaciones acerca de los motivos que causaron su incomparecencia, de donde se deduce que el gravamen no resulta irreparable. Asimismo, la declaración de rebeldía no aparece como declarada expresamente apelable en el CPPN, con lo que los dos extremos que el art. 449 del CPPN limita el recurso de apelación: gravamen irreparable o que la resolución sea expresamente declarada apelable no se dan en el instituto mencionado. El Dr. Alfredo Barbarosch dijo: Tal como vengo sosteniendo a partir del precedente "Castro", la declaración de rebeldía no causa gravamen irreparable ni tampoco permite que sea impugnada, por lo que me adhiero en un todo al voto que precede. El Dr. Jorge Luis Rimondi dijo: (…) considero que la posibilidad de que en una futura y eventual decisión sobre la libertad del imputado, la declaración de rebeldía recurrida pueda ser valorada como un indicio de riesgo procesal de fuga, constituye un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, que torna apelable la decisión. En consecuencia, emito mi voto en el sentido de declarar bien concedido el recurso de apelación interpuesto (…). (…) el tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de queja (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi (en disidencia), Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.029, LOPEZ, Maldonado, Laura. Rta.: 12/03/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.944, "Castro", rta.: 23/2/11.

RECURSO DE QUEJA. Contra el auto que denegó el recurso de apelación. Viabilidad del régimen de instrucción sumaria (art. 353 bis del C.P.P.N.). Posible gravamen irreparable. Procedencia. Fallo: "(…) Llega a estudio del Tribunal el recurso de queja interpuesto por el señor fiscal contra lo decidido (…) del legajo principal, en cuanto se rechazó el de apelación interpuesto (…). Al respecto, esta Sala ha sostenido que la decisión relativa a la viabilidad del régimen de instrucción sumaria (artículo 353 bis del Código Procesal Penal) puede causar gravamen irreparable al Ministerio Público Fiscal (1). Por ello, cumplidos los requisitos de forma y tiempo establecidos en los artículos 438 y 450 del Código Procesal Penal, este Tribunal RESUELVE: HACER LUGAR al recurso de queja interpuesto por el señor fiscal (..) y conceder el recurso de apelación deducido contra el punto I del auto documentado (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Sánchez). 247

c. 164, N.N. Rta.: 30/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 31.998, "Sosa, Emiliano M.", rta: 30/05/2009.

RECURSO DE QUEJA. Contra el auto que dispuso la rebeldía del imputado. Ausencia de gravamen irreparable. Rechazo. Disidencia: gravamen irreparable. Indicio que puede ser valorado como riesgo procesal de fuga. Concesión. Fallo: "(…) contra la resolución (…) en cuanto declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto por dicha parte, contra la decisión (…) por el cual se dispuso declarar la rebeldía de (…). El Juez. Luis María Bunge Campos dijo: (…) (*) la rebeldía no da lugar a recurso de apelación, ello en razón de que dicha declaración es revocable de oficio toda vez que el imputado declarado rebelde puede dar explicaciones acerca de los motivos que causaron su incomparecencia, de donde se deduce que el gravamen no resulta irreparable. Asimismo, la declaración de rebeldía no aparece como declarada expresamente apelable en el CPPN (…). El Dr. Alfredo Barbarosch dijo: (…) la declaración de rebeldía no causa gravamen irreparable y por lo tanto es irrecurrible, por lo que me adhiero en un todo al voto que precede. (*). El Dr. Jorge Luis Rimondi dijo: (…) considero que la posibilidad de que en una futura y eventual decisión sobre la libertad de la imputada, la declaración de rebeldía recurrida pueda ser valorada como un indicio de riesgo procesal de fuga, constituye un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, que torna apelable la decisión. En consecuencia, emito mi voto en el sentido de hacer lugar al recurso de queja interpuesto (…) por la defensa pública oficial de (…). (…) el tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de queja interpuesto por la defensa de la imputada (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec Cám.: Souto). c. 42.364, CASAL, María Elisa. Rta.: 09/05/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.944, "Castro", rta.: 23/2/11.

RECURSO DE QUEJA. Contra el auto que no hizo lugar a la solicitud de declaración indagatoria y devolvió las actuaciones al Fiscal. Concesión. Fallo: "(…) La presente causa llega a conocimiento del tribunal en virtud del recurso de queja deducido por el Dr. (…) a cargo de la Fiscalía (…) contra la providencia de fs. (…) mediante la cual el Sr. juez de grado rechazó el recurso de reposición con apelación en subsidio interpuesto (…) contra el auto (…) que no hizo lugar a la solicitud de declaración indagatoria y devolvió las actuaciones al Ministerio Público Fiscal. El juez Jorge Luis Rimondi dijo: (…) evidenciándose que se da la situación de excepción que indicara a partir del precedente "Ayarde" (*) y vislumbrándose en el caso un obstáculo en el progreso de la acción penal (…) corresponde hacer lugar al recurso de queja deducido, por causarle un perjuicio en los términos del art. 449, CPPN. El juez Luis María Bunge Campos dijo: (…) he sostenido que no procede la aplicación del art. 199 del C.P.P.N. a los supuestos en los que se solicita la recepción de una declaración indagatoria, ya que ésta no es un elemento de prueba, sino un medio de defensa. El estado de sospecha al que alude el art. 294 del C.P.P.N., es una pauta valorativa que, como tal, no puede quedar librada al arbitrio del juez, sino que debe ser objeto de revisión por vía de apelación. Ello en tanto, se producen en casos de esta naturaleza, situaciones en las que se está frente a una verdadera desvinculación de un imputado a la causa, expresada por simple decreto, cuyo alcance trasciende la consideración formal que merece, asimilándolo a un verdadero auto desincriminatorio, que abre la vía recursiva para el Ministerio público en su carácter de titular de la acción penal (art. 65 del C.P.P.N.) o para la parte querellante (art. 85 del C.P.P.N.). Por tanto, al no ser de aplicación el art. 199 del código de rito por no tratarse de una medida de prueba y causar gravamen irreparable, la decisión es siempre susceptible de revisión por vía de apelación (**). (...) debe hacerse lugar a la queja impetrada. El juez Alfredo Barbarosch dijo: He sostenido (***) que: "En una investigación de la envergadura e importancia como la desarrollada en los autos principales se hace necesario contar con la mayor cantidad de elementos que permitan poseer un panorama acabado de los hechos pesquisados. Por este camino, corresponde interpretar la significación de lo normado por el art. 199 del CPPN que no posee carácter absoluto debido a que la disposición no puede operar en todos los casos como una barrera infranqueable ya que impediría obtener pruebas que tal vez enriquecerían la investigación. De lo expuesto por la Sala V en la causa "Albim" expone: 'El artículo 199 del C.P.P. veda la posibilidad de apelar sobre la denegatoria de medidas de prueba. Sin embargo cuando, como en la especie la no producción de ellas puede causar efectos irreparables debe seguirse un criterio de mayor amplitud, cuando las diligencias pueden ser indispensables para el buen desarrollo del juicio y así corresponde el examen de su procedencia o no por la alzada'. También resolvieron sobre el tema (****). (…) corresponde hacer lugar a la queja interpuesta. (…) se RESUELVE: HACER LUGAR a la queja impetrada por el Ministerio Público Fiscal a fs. (…) y en consecuencia conceder el recurso de apelación interpuesto contra el auto de fs. (…). 248

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.565/2012, González, Miguel Alejandro. Rta.: 04/06/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, "Ayarde", c. 25.234, rta.: 20/04/05. (**) C. N. Crim. Corr., Sala VI, "Cardinale", c. 25.859, rta.: 13/05/05. (***) en la causa n 10.681del registro de la Sala IV, "Fernández, Luis" -queja interpuesta por el ex fiscal, Pablo Lanusse-, rta. el 11/03/99. (****) C. N. Crim. Corr., Sala V, "Albim", c. 8.385, rta.: 3/03/98. (****) C. N. Crim. Corr. Fed. San Martín, Sala II, c. 1.300, "Rec. de queja en causa 564", rta.: 11/06/96, citado en J.P.B.A., T. 99, F. 386; (****) C. N. Crim. Corr., Sala IV, c. 6.766, "Saavedra", rta.: 22/05/97, mencionado en J.P.B.A., T. 100, F. 334.

RECURSO DE QUEJA. Contra la decisión del juez de no hacer lugar a la petición del Fiscal de escuchar al imputado en declaración indagatoria. Investigación delegada al M.P.F. Gravamen irreparable. Concesión. Fallo: "(…) El Representante del Ministerio Público fiscal interpuso el presente recurso de queja contra (…) la decisión del Sr. juez de grado de no hacer lugar a su petición de escuchar al imputado en los términos del art. 294, CPPN y por ende también, la declaración de rebeldía y orden de detención solicitadas, al encontrarse pendiente de producción una pericia, remitiéndole nuevamente las actuaciones en los términos del art. 196, CPPN. El Juez Jorge Luis Rimondi dijo: (*) (…) considero que excepcionalmente resulta posible que la negativa a cumplir con el acto requerido por la instancia originaria cause agravio al acusador público y, consecuentemente, habilite su revisión por parte del órgano jurisdiccional superior. En efecto, encontrándose la dirección de la investigación delegada en el agente fiscal (art. 196, C.P.P.N.), la denegatoria a su requerimiento en tal sentido puede dar a un estado de cosas que impida vislumbrar una conclusión definitiva de la instrucción (mediante la elevación del proceso a juicio o el dictado de auto de sobreseimiento). Dicho panorama, genera una agravio al Ministerio Público Fiscal de imposible reparación ulterior, toda vez que no cuenta con la posibilidad de requerir la elevación a juicio del caso (por no haber sido indagado el imputado art. 215 a contrario sensu-), y por no haberse dictado auto desvinculatorio definitivo (sobreseimiento) que lo habilite a recurrir ante la Alzada (**). (…) el recurso de queja interpuesto por el Ministerio Público Fiscal debe tener acogida favorable, lo que así voto. El juez Luis María Bunge Campos dijo: (…) El estado de sospecha al que alude el art. 294 del C.P.P.N., es una pauta valorativa que, como tal, no puede quedar librada al arbitrio del juez, sino que debe ser objeto de revisión por vía de apelación. Ello en tanto, se producen en casos de esta naturaleza, situaciones en las que se está frente a una verdadera desvinculación de un imputado a la causa, expresada por simple decreto, cuyo alcance trasciende la consideración formal que merece, asimilándolo a un verdadero auto desincriminatorio, que abre la vía recursiva para el Ministerio público en su carácter de titular de la acción penal (art. 65 del C.P.P.N.) o para la parte querellante (art. 85 del C.P.P.N.). (…). El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) corresponde interpretar la significación de lo normado por el art. 199 del CPPN que no posee carácter absoluto debido a que la disposición no puede operar en todos los casos como una barrera infranqueable ya que impediría obtener pruebas que tal vez enriquecerían la investigación. (…) Por lo expuesto, entiendo que corresponde hacer lugar a la queja interpuesta. (…) se RESUELVE: HACER LUGAR a la queja impetrada por el Ministerio Público Fiscal (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.066, RODOU, Nikolay. Rta.: 15/03/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 35.470, "Mamani", rta.: 4/03/09. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 25.234, "Ayarde", rta.: 20/4/05.

RECURSO DE QUEJA. Contra la resolución que no hizo lugar a la reposición interpuesta respecto de la declaración de rebeldía. Ausencia de gravamen irreparable. Rechazo. Disidencia: resolución que puede causar gravamen irreparable ante la posibilidad de ser valorada como indicio de riesgo procesal de fuga. Procedencia. Fallo: "(…) contra la resolución (…) en cuanto no hizo lugar a la reposición con apelación en subsidio (…), contra la decisión (…) por medio de la cual se declaró la rebeldía del nombrado. El Dr. Luis María Bunge Campos dijo: (…) en reiterados pronunciamientos de la Sala VI he sostenido que la rebeldía no da lugar a recurso de apelación, ello en razón de que dicha declaración es revocable de oficio toda vez que el imputado declarado rebelde puede dar explicaciones acerca de los motivos que causaron su incomparecencia, de donde se deduce que el gravamen no resulta irreparable. Asimismo, la declaración de rebeldía no aparece como declarada expresamente apelable en el CPPN, con lo que los dos extremos que el art. 449 del CPPN limita el recurso de apelación -gravamen irreparable o que la resolución sea expresamente declarada apelable- no se 249

dan en el instituto mencionado. (…) considero que debe rechazarse la queja interpuesta. El Dr. Alfredo Barbarosch dijo: Tal como he sostenido en el recurso "Castro", donde luego de un nuevo estudio de la cuestión traída en autos, he dicho que comparto en un todo los argumentos expuestos por mi colega, los que me han convencido a cambiar mi postura, siendo que la declaración de rebeldía no causa gravamen irreparable ni tampoco permite que sea impugnada, me adhiero en un todo al voto que precede. El Dr. Jorge Luis Rimondi dijo: (…) considero que la posibilidad de que en una futura y eventual decisión sobre la libertad del imputado, la declaración de rebeldía recurrida pueda ser valorada como un indicio de riesgo procesal de fuga, constituye un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior, que torna apelable la decisión. En consecuencia, emito mi voto en el sentido de hacer lugar a la queja interpuesta. (…) el tribunal RESUELVE: RECHAZAR el recurso de queja interpuesto por la defensa oficial del imputado (…) del presente incidente. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi (en disidencia), Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 42.293, GONZÁLEZ, Gustavo. Rta.: 20/04/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 39.944, "Castro", rta.: 23/2/11. RECURSO DE QUEJA. Por apelación denegada contra el auto que dispuso la rebeldía sin captura del imputado. Gravamen irreparable. Procedencia. Fallo: "(…) Tiene dicho esta sala que el auto que dispone la declaración de rebeldía del imputado, como todos aquellos que puedan tener injerencia sobre la libertad de éste durante el proceso, es susceptible de ser recurrido en apelación (1). Es que toda medida de coerción personal, cuya excepcionalidad debe ser regla, no puede escapar a la posibilidad de control jurisdiccional, y en este sentido, el auto impugnado causa gravamen irreparable (art. 449 del Código Procesal Penal de la Nación). Pues, si bien a fs. (…) del principal se ordenó la rebeldía, sin orden de captura, el instituto dictado podría tener consecuencias negativas, en relación a la posibilidad de su acceso a la libertad caucionada en eventuales futuros procesos. (…) el tribunal resuelve: I) Hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la defensora de (…)".II) Acumúlese materialmente la presente queja al principal y fóliese de modo que las fojas resulten correlativas. III) Hacer saber a las partes que el presente recurso será resuelto por la Sala Quinta (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Prosec. Cám. ad. hoc.: González) c. 874, OCAMPO, José Luis. Rta.: 05/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. nº 37.807, "Aleman", rta: 28/9/09,; c. n° 31.068, "Rojas", rta: 21/11/06. RECURSO DE QUEJA. Por apelación denegada respecto del auto que rechazó la suspensión del llamado a indagatoria hasta tanto se resuelva un recurso pendiente ante la C.N.C.P. Trámite que no suspende el proceso ni impide que la instrucción continúe. Rechazo. Fallo: "(…) Llega a estudio del Tribunal el recurso de queja interpuesto por el imputado (…) y su letrado (…) tras el rechazo de la apelación que articulara contra el auto pasado (…) del legajo principal, en tanto se denegó la petición de esa defensa de suspender el llamado a indagatoria de su representado, hasta tanto se resolviera el recurso pendiente ante la Cámara Nacional de Casación Penal. Ahora bien, en la medida en que tanto la convocatoria a prestar declaración indagatoria como su materialización, carecen de entidad para generar un gravamen que habilite la procedencia del remedio procesal intentado (artículo 449 del Código Procesal Penal), el recurso de apelación ha sido correctamente rechazado. Ello se entiende así, pues se vincula con cuestiones de exclusivo señorío jurisdiccional que posibilitan el acto de defensa, en el que el imputado toma conocimiento del suceso que se le enrostra y de la prueba que existe en su contra (1) y porque el trámite del recurso pendiente no suspende el proceso ni impide que la instrucción continúe su curso (2). En efecto, como lo ha referido el Ministerio Público Fiscal al contestar la vista respectiva en el incidente de reposición (…), este Tribunal ha sostenido que si el artículo 353, párrafo segundo, del código adjetivo, prevé que la existencia de recursos pendientes ante la Cámara Nacional de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación "en ningún caso" impedirá la elevación a juicio de las actuaciones, se infiere razonablemente que menos puede preterirse una declaración indagatoria a las resultas de un planteo de nulidad relacionado con la convocatoria del imputado (3). Con sólo imaginar el caso hipotético de una persona detenida que debe ser indagada, se comprende mejor la sinrazón de la queja, más allá de lo que pudiere resolver ulteriormente la Cámara Nacional de Casación Penal. 250

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional En consecuencia, con la imposición de costas que se deriva del artículo 531 del ritual, el Tribunal RESUELVE: NO HACER LUGAR al recurso de queja deducido (…), con costas". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Sánchez). c. 338/12, VARESE, Carlos y otros. Rta.: 04/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.681, "Kabakian, Jorge", rta: 30/09/2010. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.864, "Moure, Paula", rta: 24/11/2010. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 41.253, "Barbosa, Mario H.", rta: 02/08/2011.

RECUSACIÓN. Causales que deben ser interpretadas de manera restrictiva. Opiniones vertidas en la debida oportunidad legal y sobre el concreto tema sometido a decisión. Rechazo. Fallo: "(…) La recusación formulada por el defensor de (…), (…), (…) y (…), Dr. (…), contra los señores jueces Mauro A. Divito y Juan Esteban Cicciaro y, en modo alguno puede prosperar, pues ningún elemento de convicción permite entender vulnerada la garantía de imparcialidad. Al respecto, dable es recordar la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los tribunales inferiores, en el sentido de que las causales de excusación deben interpretarse restrictivamente (1). En el presente caso, según entendió la defensa, los magistrados recusados ya habrían asumido una posición al confirmar el auto documentado (…) del incidente que corre por cuerda, que rechazó la excepción de falta de acción oportunamente propuesta, tras la cual se convocaron a sus defendidos a materializar su defensa, lo que veda a los magistrados nombrados la posibilidad de expedirse de manera objetiva e imparcial sobre la apelación ahora formulada, toda vez que ya han emitido inequívoca opinión sobre el fondo del asunto en tratamiento. Al respecto, esta Sala -con otra integración- ha señalado que "…Las opiniones vertidas en la debida oportunidad legal para hacerlo y sobre el concreto tema sometido a su decisión, no conforman motivo de prejuzgamiento"(2), en tanto se ha sostenido que "…Sólo se produce prejuzgamiento cuando el juzgador, sin que el estado del proceso lo exija, anticipa indebidamente su opinión sobre el fondo de la causa, efectuando consideraciones prematuras o ajenas a la resolución que debe pronunciar, mas no cuando se expresan fundamentaciones necesarias para decidir las cuestiones introducidas por las partes" (3). Ello, por cuanto el prejuzgamiento "sólo se configura por la emisión de opiniones intempestivas respecto de las cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas, pero no existe cuando se trata de la intervención judicial que guarda directa relación con el cumplimiento del deber de resolver lo pertinente"(4). En este sentido, deben descartarse las recusaciones improcedentes como las que se fundan en la intervención de los jueces en un procedimiento anterior propio de sus funciones legales, lo que importa en verdad juzgamiento y no prejuzgamiento en los términos de la norma respectiva (5). (…), el Tribunal RESUELVE: RECHAZAR la recusación formulada por el señor defensor (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Pociello Argerich, Lucini, Pinto. (Sec.: Franco). c. 209, BUCAR S.R.L. y otros. Rta.: 26/04/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos 310:2845. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 13.306, "Casé, Horacio O.", rta: 19/09/1990. (3) C.N.C.P. Sala I, "Torregrosa, Juan C.", rta: 09/04/1991. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 22.236, "Bayarri, Juan Carlos", rta: 06/07/2005. (5) C.N.C.P., Sala III, "Jorda, Juan Carlos", rta: 15/07/1998 y "Roselló, Eliseo", rta: 30/08/1999.

RECUSACIÓN. Contra un juez por la relación con el abogado de la querella. Supuesto no abarcado por el término "interesado". Rechazo. Fallo: "(…) el carácter de letrado patrocinante de la querella no integra el catálogo de "interesados" a los que alude el art. 56 del Código Procesal Penal de la Nación, pues dicha norma procesal se refiere a la relación del juez con el litigante y no con el abogado o apoderado de éste, con lo cual el Dr. (…) carece de legitimación para formular el planteo que articula, por lo que corresponde su rechazo, lo que así se RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.054, Guglielmelli, Marcos Alejandro. Rta.: 27/03/2012

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RECUSACIÓN. Interpretación restrictiva. Intervención de los jueces recusados en el momento procesal oportuno y como consecuencia de la obligación funcional que les correspondía. Ausencia de motivo de prejuzgamiento. Rechazo. Fallo: "(…) Liminarmente, cabe recordar que las recusaciones deben interpretarse restrictivamente, siempre que su aplicación provoca el desplazamiento de la legal y normal competencia de los jueces y la consecuente alteración del principio constitucional del juez natural (1). En ese sentido, cumple mencionar que la intervención de los jueces recusados se produjo en el momento procesal oportuno y como consecuencia de la obligación funcional que les correspondía. El tribunal ya ha sostenido que "las opiniones vertidas por los jueces en la debida oportunidad legal de hacerlo y sobre el concreto tema sometido a su decisión, no conforman motivo de prejuzgamiento" (2) y que "sólo se produce prejuzgamiento cuando el juzgador, sin que el estado del proceso lo exija, anticipa indebidamente su opinión sobre el fondo de la causa, efectuando consideraciones prematuras o ajenas a la resolución que debe pronunciar, mas no cuando se expresan fundamentos necesarios para decidir las cuestiones introducidas por las partes" (3). En consecuencia, el prejuzgamiento "sólo se configura por la emisión de opiniones intempestivas respecto de las cuestiones pendientes que aún no se encuentran en estado de ser resueltas, pero no existe cuando se trata de la intervención judicial que guarda directa relación con el cumplimiento del deber de resolver lo pertinente" (4). Además, ni en la presentación de la recusante ni en el informe suministrado en los términos del artículo 61 del Código Procesal Penal (…) se ha mencionado alguna hipótesis que trasunte un supuesto de parcialidad subjetiva ni se verifica el temor de parcialidad, pues el caso de autos escapa a la hipótesis analizada por la Corte Federal en el caso "Llerena" (5). (…), conforme las disposiciones de los artículos 58 y 61 del Código Procesal Penal, esta Sala del Tribunal RESUELVE: RECHAZAR, con costas de alzada, la recusación articulada respecto de los jueces (…), (…) y (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Larcher). c. 290, GALLOTAGLE, Marcelo y otro. Rta.: 10/04/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos: 310:2845. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 41.637, "Galdeano, José Miguel", rta: 09/09/ 2011. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 40.888, "Viana, Héctor Rubén", rta: 12/05/2011. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 22.236, "Bayarri, Juan Carlos", rta: 06/07/2005 y c. 592/11, "Aráoz de Lamadrid, Octavio", rta: 02/02/2012. (5) C.S.J.N., Fallos: 328:1491.

RECUSACIÓN. Prejuzgamiento. Concepto. Ausencia de prejuzgamiento. Rechazo. Fallo: "(…) Al desestimar las actuaciones (temperamento anulado por esta sala a fs. … de los autos principales) el juez de grado ejerció sus facultades jurisdiccionales, extremo que no evidencia una transgresión al principio del juez imparcial, en tanto las opiniones dadas por los jueces como fundamento de sus decisiones no constituyen prejuzgamiento (1). Corresponde agregar que el dictado de una decisión contraria a los intereses de la parte no puede sustentar per se el desplazamiento del juez natural de la causa. Para ello, el código adjetivo prevé remedios procesales que, de hecho, la parte ejerció al recurrir oportunamente el pronunciamiento aludido. Además, la circunstancia de que se hubiera anulado dicha decisión en el marco de este legajo, no inhabilita al juez para resolver en el momento procesal oportuno las cuestiones que le fueran planteadas ni la situación de quién soporta la imputación (2). Por ello, no advirtiéndose circunstancias objetivas ni subjetivas que sustenten de modo razonable el temor de parcialidad invocado, se RESUELVE: CONFIRMAR la decisión de fs. (…) en cuanto rechaza la inhibición planteada (artículo 57 del CPPN)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Uhrlandt). c. 736/12, ZAMPARINI, Mauricio. Rta.: 08/06/2012 Se citó: (1) C.S.J.N., Fallos: 318: 286; 322:712 y 323:2466. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala IV, c. 1698/10 "Díaz Cano", rta. 17/11/10. RECUSACIÓN. Prejuzgamiento. Concepto. Ausencia de prejuzgamiento. Rechazo. Fallo: "(…) La causal de prejuzgamiento se configura, en palabras de la CSJN, cuando el juez formula con anticipación al momento de la sentencia una declaración en forma precisa y fundada sobre el mérito del 252

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional proceso, o bien cuando sus expresiones permiten deducir su actuación futura por haber anticipado su criterio, de manera tal que las partes alcancen el conocimiento de la resolución que dará al litigio por una vía que no es la prevista por la ley en garantía de los derechos comprometidos (*). Entonces, confrontados los fundamentos de la recusación de la querella con las actas escritas que tenemos a la vista, concluimos que el juez (…) no dio consejos ni manifestó extrajudicialmente su opinión sobre el proceso a ninguno de los interesados. Sólo se limitó, en el marco de sus funciones, a imponerle al imputado el hecho por el que se le recibía declaración indagatoria. (…) Entonces, de ningún modo sus manifestaciones pueden ser tomadas como prejuzgamiento, sino como el mero cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales (**). (…) el máximo tribunal ha dicho que el instituto de la recusación debe admitirse restrictivamente (***) (…). (…) el tribunal RESUELVE: RECHAZAR la recusación interpuesta por la parte querellante respecto al juez (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). c. 42.081, BOURETTE, Gustavo Daniel. Rta.: 22/03/2012 Se citó: (*) CSJN, Fallos, 320:1630, citado en Navarro-Daray, "Código Procesal Penal de la Nación, análisis doctrinal y jurisprudencial", Hammurabi, 2ª edición, tomo I, pág. 217 y sgtes. (**) CSJN, Fallos, 318:286. (***) CSJN, Fallos, 310:2845.

REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO. Nulidad rechazada. Ausencia de afectación al derecho de defensa en trámite efectuado en la fiscalía. Notificación personal (art. 353 bis del C.P.P.N.) que asegura el derecho de defensa. Defensa que pudo formular descargo pertinente o ejercitar derechos en tiempo acortado. Confirmación. Fallo: "(…) El requerimiento de elevación a juicio formulado (…) satisface los recaudos previstos en el art. 347 del Código Procesal Penal, de modo que ninguna nulidad puede predicarse en torno a dicho dictamen. De otro lado, en modo alguna se ha incumplido la manda constitucional que garantiza el derecho de defensa en el trámite cumplido en la sede de la Fiscalía. En efecto, al tiempo de dictarse la providencia que se observa (…), el señor fiscal de la causa describió debidamente el hecho atribuido a los imputados, consignó las pruebas reunidas, aludió al trámite que regía el sumario, mencionó el tribunal que intervenía y los derechos que el régimen de la instrucción sumaria prevé y los convocó en los términos del art. 353 bis del Código Procesal Penal. Tal decreto fue notificado a la defensoría oficial interviniente el día anterior a que (…) y (…) concurrieran personalmente a la Fiscalía, tomaran debido conocimiento del hecho atribuido y de las pruebas, se les suministraran las copias respectivas y se anoticiaran acerca de la defensoría que intervenía e inclusive su ubicación -el teléfono, asimismo, surge de la providencia que se les notificaba-. Tal anoticiamiento personal asegura ampliamente el derecho de defensa de los imputados (1), al tiempo que la propia defensa oficial, con la notificación del día 12 de diciembre último (…), se encontraba al corriente de la citación que surgía de esa misma providencia, para el día siguiente. En tales condiciones, entre tal notificación y la presentación del requerimiento de elevación a juicio transcurrió un lapso en el que, sobre la base de un contacto que debe quedar en cabeza del propio defensor y no de la Fiscalía interviniente, según las circunstancias expuestas y que surgen de las propias actuaciones, bien pudo formularse el descargo pertinente o ejercitarse los derechos que la ley confiere, claro que en un marco temporal acotado, como la propia normativa lo prevé en los casos de la citación directa. En consecuencia, el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…) en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 109, CHOQUE ZELAYA, Adrián. Rta.: 28/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 28.874, "Córdoba, Gladys", rta: 18/04/2006. REQUERIMIENTO DE ELEVACION A JUICIO. Nulidad rechazada. Congruencia entre los hechos detallados en la indagatoria, en el auto de procesamiento y en ese requerimiento de elevación a juicio. Fiscal que adjudica una adecuación típica distinta. Validez. Confirmación. Hechos: Apela la defensa el rechazo del planteo de nulidad. Impugnó el pedido de elevación a juicio de la fiscalía por haber conculcado el principio de congruencia. El imputado fue procesado cuando al dejar su auto en un estacionamiento le encontraron un arma debajo del asiento del acompañante cargada y apta para el disparo.

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Fallo: "(…) El examen que realizó el fiscal de ese acontecimiento al requerir la elevación de la causa a juicio únicamente involucró su acreditación material y su encuadre jurídico, aspecto éste que, aún cuando pueda no coincidir con el postulado por esta sala al confirmar el auto de mérito dictado, de ningún modo importó una acusación por un hecho distinto. No puede entonces darse andamiento al planteo de invalidez esgrimido por la defensa en razón de la supuesta inobservacia del principio de congruencia, ya que la correlación fáctica que debe mediar entre la imputación y el dictamen no se extiende, como principio, a la subsunción legal de los hechos. En virtud del denominado principio iura novit curia el tribunal que dicta sentencia puede adjudicar al suceso una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación, siempre que no implique apartarse del acontecimiento histórico atribuido al imputado (1). De allí que el posible disenso del recurrente con el encuadre legal seleccionado por el acusador público, no representa un vicio formal que conduzca a la sanción articulada, pues, amén de ser la opinión de ese ministerio público fiscal, no resulta vinculante para el tribunal que oportunamente deba pronunciarse en el caso. Por lo demás, el impacto que esa elección pudiera acarrear sobre la eventual concesión o denegatoria del beneficio previsto en el artículo 76 bis del Código Penal al igual que la mención que se realizó en el referido dictamen de una condena que registraría el imputado, y cuya caducidad habría operado, a fin de descartar la aplicación de un atenuante, resultan aspectos ajenos a la pretensión de nulidad articulada. En consecuencia, se RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (...) en todo cuanto fue materia de recurso. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 48, INC. DE NULIDAD DE SANUNI, Julio J. Rta.: 05/03/2012 Se citó: (1) Maier, Julio B.J., Derecho Procesal Penal, T. I. Fundamentos. Editores Del Puerto, 2004, págs. 568 y 569.

REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO. Nulidad rechazada. Defensa que se agravia por violación al principio de congruencia. Hechos que mantienen congruencia en la indagatoria y en el procesamiento. Fiscal que asigna una distinta calificación. Validez. Confirmación. Fallo: "(…) la decisión del juez de la instancia anterior luce acertada, por lo que habremos de homologarla. (…) de la simple lectura de los hechos descriptos en la intimación realizada en el acta de fs. (…), el auto de mérito de fs. (….) y el requerimiento de elevación a juicio, se advierte que se mantiene la congruencia necesaria. La conducta descripta, permanece inalterable en los actos procesales mencionados, circunstancia que descarta cualquier posible sorpresa en la acusación, toda vez que el encausado tomó debido conocimiento del suceso que se le imputa y contó con la posibilidad de ejercer su defensa en tiempo y forma. En este sentido, cabe recordar que el proceso penal se asienta sobre hechos y no sobre calificaciones, así como también, que la que pueda discernirse en el auto de procesamiento conforma una decisión provisional susceptible de modificación. (…) procede considerar que el cambio de la significación jurídica del hecho, no ocasiona perjuicio al imputado siempre y cuando no importe una afectación al principio de congruencia. En el caso, la requisitoria no se desvía del hecho descripto al nombrado al ser intimado en los términos del artículo 294 del C.P.P.N. Así las cosas, entendemos que siempre exista coincidencia con el hecho intimado, la calificación legal no afecta la garantía de defensa en juicio. Al respecto, prestigiosa doctrina sostiene que "lo que interesa, entonces, es el acontecimiento histórico imputado, […] que se pone a cargo de alguien como protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es, precisamente, decidir sobre él." (1). (…) el tribunal resuelve: Confirmar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Raña). c. 71, GUTIERREZ, Pablo E.V. Rta.: 29/02/2012 Se citó: (1) Julio B. J. Maier, "Derecho Procesal Penal", Ed. Editores del Puerto, año 2004, t. I, pág. 569.

REQUERIMIENTO DE ELEVACIÓN A JUICIO. Nulidad rechazada. Requerimiento válido. Discrepancias que encuentran correlato con la manda del art. 349 del C.P.P.N. Ausencia de violación a garantía constitucional. Confirmación. Fallo: "(…) La defensa recurrió en apelación el pronunciamiento documentado (…), por el que se rechazó el planteo de nulidad del requerimiento de elevación a juicio obrante (…) del principal. 254

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Basa su agravio en que no se individualizó la prueba que sirve de apoyo a la acusación, de modo tal que se transgreden las reglas del debido proceso y se violenta el derecho de defensa. Luego de celebrada la audiencia establecida por el artículo 454 del Código Procesal Penal, el Tribunal considera que en la pieza fiscal cuestionada no se advierte un vicio merecedor de la máxima sanción procesal, y que no se ha vulnerado garantía constitucional alguna. Es que el dictamen cumple con los requisitos que, bajo pena de nulidad, exige el artículo 347 del ceremonial, pues la requisitoria en cuestión contiene los datos personales del imputado, así como una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos, su calificación legal y una exposición sucinta de los motivos en que se funda (inciso 2 ). Desde este punto de vista, a contrario de lo que sostiene el impugnante, de su lectura puede derivarse la posibilidad del imputado de ejercer útilmente su derecho de defensa, circunstancia que conduce al rechazo del planteo interpuesto. Ello, máxime cuando las discrepancias respecto de la suficiencia de la prueba reunida y del mérito para elevar la causa a la etapa de juicio, encuentran correlato en la manda del artículo 349 del catálogo adjetivo, oportunidad propicia para argumentar su oposición a que el sumario arribe al debate y no, como en el caso, mediante el remedio procesal aquí escogido. De este modo, si la fulminación de actos del proceso se vincula íntimamente con la idea de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) y sólo se produce una indefensión configurativa de nulidad cuando surge algún vicio, defecto u omisión que haya privado a quien lo invoca del ejercicio de alguna facultad, afectando la garantía en cuestión, en los casos como el que aquí se puso a estudio, donde no media tal detrimento, la neutralización del acto por la vía de la nulidad queda descartada. Por ello, con costas de alzada en virtud de la aplicación del principio general de la derrota (artículo 531 del cuerpo adjetivo), SE RESUELVE: CONFIRMAR, con costas de alzada, el auto extendido (…), en cuanto ha sido materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 417/12, TALLARICO, Martín A. Rta.: 04/05/2012

REQUISA SIN ORDEN JUDICIAL. Nulidad rechazada. Imputados que al advertir la presencia policial vuelven sobre sus pasos. Imputados que al ser interceptados y revisados, tenían dentro de la mochila un arma tumbera y cartuchos de escopeta. Estado de sospecha razonable. Art. 230 CPPN. Autorización de los funcionarios policiales a requisar sin orden judicial. Confirmación. Fallo: "(…) no advertimos ningún vicio, error u omisión a las normas procesales, sino que, por el contrario, entendemos que los funcionarios de seguridad que intervinieron en el asunto actuaron razonablemente y conforme a las atribuciones legales que les confiere el ordenamiento vigente en atención a las circunstancias que fueron precediendo los distintos momentos de su intervención. En este sentido habremos de destacar que, de acuerdo al acta (…) el cabo (…) relató que "(…) mientras recorría el ejido jurisdiccional del Barrio Fátima (…) en calidad de patrulla a pie siendo acompañado por el CABO (…), haciéndolo por la calle (…) le es dable observar a DOS (…) masculinos quienes al percatarse de su presencia intentan volver sobre sus pasos nerviosamente con indicios de fuga, escondiendo uno de los masculinos una bolsa color negra entre sus ropas. Es por ello que procede a la identificación de ambos masculinos, quienes no se le encontró armas tras su palpado, no siendo así en la bolsa que portaba el masculino de pelo medianamente largo color castaño (…) donde se encontró CUATRO (…) CARTUCHOS PARA ESCOPETA (…) ADEMAS UN (…) ARTILUGIO DE ARMADO CASERO (…) ELEMENTO (…) QUE SE DENOMINA ARMA TUMBERA. Es por lo narrado que quien depone solicita vía interna apoyo, arribando al lugar el SUBALFEREZ (…) quien interiorizado (…) del caso efectuó consulta con el Magistrado interventor ordenando dicha autoridad la detención de los masculinos y secuestro de los elementos probatorios de ilícito. Es por lo narrado que el oficial actuante (…) solicito la presencia de DOS (…) testigos hábiles ante quienes se efectuó la detención (…). (…) La descripción reseñada sustenta razonablemente una sospecha suficiente para fundar la identificación y cacheo de los que a la postre resultaron imputados (…). (…) En definitiva, a nuestro entender, el cuadro descripto llevó al agente a considerar objetivamente que se hallaba frente a una situación sospechosa que tornó razonable el procedimiento llevado a cabo posteriormente (arts. 184 inc. 5º, 230 bis y 284 inc. 3°, del CPPN). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (…). (…)".

C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.479/2012, VALLEJOS, Basilio Orlando y otro. Rta.: 24/05/12

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RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Procesamiento. Conducta dirigida a impedir el cumplimiento de un deber legal del funcionario público utilizando fuerza para su fin. Confirmación. Hechos: la defensa del imputado apeló el procesamiento dictado en orden al delito de resistencia a la autoridad. Se habría resistido violentamente al accionar del personal policial que intentaba cumplir los actos propios de su función al advertir que el imputado habría cometido una infracción. Los preventores le dieron la voz de alto y, lejos de acatarla golpeó con el espejo retrovisor del vehículo que conducía, a uno de los preventores. Luego, al detener la marcha por imperio del semáforo y cuando aquéllos comenzaban a labrar el acta de infracción pertinente, los embistió provocándoles lesiones. La defensa sostiene que la conducta desplegada por su asistido sólo puede encuadrar en una infracción de tránsito. Fallo: “(…) En consecuencia, de las constancias del sumario se desprende una conducta dirigida a impedir el cumplimiento de un deber legal del funcionario público utilizando “fuerza” para su fin. En tal sentido la doctrina señaló que se configura el delito de resistencia a la autoridad “cuando hay oposición del sujeto activo a la acción directa del funcionario público, valiéndose de medios violentos, que se ejerce sobre él, con el fin de impedirle su acción (….) Se trata de la oposición del agente a la acción que ya ejecuta el funcionario…. El autor del hecho debe oponerse a la “autoridad”, que legítimamente le ordena algo propio de sus funciones” (1). (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Sec.: Carande). c. 42.976, GARCÍA, Armando. Rta.: 08/02/2012 Se citó: (1) Donna, Edgardo Alberto, “Derecho Penal”, Parte Especial, Tomo III, pág. 58/59, RubinzalCulzoni, 2001.

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Procesamiento. Forcejeo entre imputado y personal policial, destinado a impedir el acto propio de la función. Tipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) Se ha sostenido que "resiste a la autoridad el que, ante la acción de hecho de ésta, lucha contra ella para que no se puedan cumplir sus propósitos; implica el empleo de fuerza o de amenazas contra la acción del funcionario..." (1). En esas condiciones, y con la provisoriedad propia de esta etapa del proceso, es dable concluir que el imputado actuó con el dolo exigido por la figura prevista en el artículo 239 del código sustantivo, razón por la cual corresponde confirmar el auto traído a estudio, lo que ASÍ SE RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Barros). c. 802/12, ELIA, Daniel L. Rta.: 21/06/2012 Se citó: (1) Abraldes, Sandro F., "Atentado, resistencia y desobediencia a la autoridad", Donna, Edgardo Alberto "Revista de Derecho Penal. Delitos contra la administración pública. - I ", Santa Fe, RubinzalCulzoni, 2004, p. 64.

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Procesamiento. Oposición a la propia detención. Fuerza mínima para reducir al imputado. Atipicidad. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: (…) la oposición a la propia detención, aún teniendo por cierta la existencia de un forcejeo, no puede considerarse típica (1). (…) la circunstancia de que ninguno de los preventores intervinientes resultó lesionado y que fue el propio Inspector (…) quien señaló que logró evitar los golpes que habría efectuado la imputada (quien incluso se encontraba con una menor en brazos) y pudo reducirla tomándola de sus manos (ver fs. …), razón por la cual sólo debió ejercer una fuerza mínima que bajo ningún concepto tipifica el delito de resistencia. En tal sentido, se ha dicho que la resistencia a la autoridad se configura cuando el esfuerzo físico empleado por el sujeto activo, que exige el empleo de fuerza por parte de la autoridad, es superior al ordinario (2), criterio que es compartido por los suscriptos. (…) se resuelve: Revocar el punto I de la resolución de fs. (…) y disponer el sobreseimiento de (…), cuyos datos personales obran en autos, dejando expresa constancia que la formación del presente sumario no ha afectado el buen nombre y honor del que gozara con anterioridad (artículo 336, inciso 3? y última parte del Código Procesal Penal de la Nación)". 256

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar). c. 863, MASELLI, Alejandra V. Rta.: 13/02/2012 Se citó: (1) C. N. Crim. y Correc., Sala V, c. nro. 35.561, "Prystupa, Angel Luis", rta. 26/9/2008 y Sala de Feria, c. nro. 287, "Huergo, Juan Ricardo", rta. 28/1/2009. (2) L.L. 60-501; J.A. 950-III-660.

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. Procesamiento. Oposición a lo ordenado por la autoridad policial dentro de sus funciones con golpes de puños y exhibición de un arma de fuego. Empleo de fuerza mayor a la común para lograr la detención. Confirmación. Hechos: la defensa apeló el procesamiento en orden al delito de resistencia a la autoridad. Habría desobedecido a la orden policial impartida para su identificación con golpes de puño, mientras otro de los encausados exhibía un arma de fuego para intentar escapar del lugar. Fallo: “(…) Este mismo Tribunal sostuvo aunque con distinta composición, que “...la resistencia, en el sentido material, consiste en el esfuerzo físico empleado por el sujeto activo, que exija el empleo de la fuerza, por parte de la autoridad, en medida superior a la ordinaria, por ejemplo, forcejear el detenido con el empleado policial que trata de conducirlo a la comisaría...” (1). Ello en consonancia con el plenario de esta cámara “Palienko” del 28 de noviembre de 1947 en donde se sostuvo que “existe resistencia si la persona se opone, valiéndose de medios violentos [o de intimidación, en la actualidad], a la acción directa del funcionario sobre ella ejercida para hacer cumplir algo” (2). Carece de relevancia si lograron agredir o impedir el cumplimiento de la medida en ejecución, ya que lo que se reprime es la oposición a la acción directa y legítima que le fue ordenada por la autoridad dentro de sus funciones (3) que en el caso se verifica con los golpes propinados y la exhibición de un arma de fuego. (…) Por lo demás la ausencia de motivos que justificaran el accionar policial ya fueron tratados al homologar el rechazo del planteo de nulidad (…), y el error de prohibición y/o de tipo planteado no resulta razonable ante las características del episodio reprochado. Por ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 419/12, CEBALLOS, Gustavo Alejandro. Rta.: 14/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI,c. 27196, “Daud, Sebastián R.”, rta.: 31/08/05; (2) Almeyra, Miguel A., Tratado Jurisprudencial y Doctrinario, derecho penal parte especial, t. I, La Ley, v.3, Bs As 2011, p. 681; (3) Donna Edgardo A. Derecho Penal, parte especial, t. III, Rubinzal-Culzoni, Buenos Aires 2001, p. 58.

ROBO. Agravado y en tentativa. Vehículo dejado en la vía pública. Procesamiento. Confirmación. Hechos: Apela la defensa el procesamiento del imputado a quien se le reprocha haber intentado sustraer una bicicleta sujeta a un poste de luz con candado y cadena. Fallo: "(…) En la causa existen suficientes y concordantes pruebas que permiten tener por comprobada la materialidad de los hechos y que señalan la responsabilidad que en ellos le cabe al imputado, lo que conduce a homologar la decisión puesta en crisis por la defensa. En relación al hecho I, a los dichos de (…) (fs. …) se suman los de (…) (fs. …), cuya presencia en el lugar se acredita mediante el informe de fs. (…) y que resultan coincidentes con los del primero en cuanto al accionar desarrollado por quien intentara sustraer la bicicleta que se encontraba sujeta a un poste de luz mediante una cadena y un candado. Se destaca que ambos testigos carecen de vinculación entre sí, como tampoco se advierte que tuvieran motivos para intentar perjudicar injustamente al encausado. En cuanto al suceso identificado con el número II, el testimonio de (…) (fs. …) constituye prueba suficiente del intento de sustracción, más aún cuando el descargo del encausado se ve desvirtuado. Cabe destacar que el horario en que tuvieron lugar los hechos dan por tierra las explicaciones de (…), quien adujo haber perdido el camión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de la 1 de la mañana que transporta a los cartoneros y encontrarse en el lugar haciendo tiempo para esperar el próximo, que podía recogerlo a las 3. Sin embargo, los testigos (…) y (…) sitúan el primer sucesos entre las 3 y 3:20, a varias cuadras de distancia del sitio por donde transita el mencionado camión. El primero de ellos señaló que el sujeto no se encontraba realizando tareas de recolección de cartones, carecía de la ropa característica de dicha labor y de elementos de ese tipo 257

en su poder. Por otro lado, (…) descartó la presencia de bolsas en las inmediaciones de donde fuera detenido el encartado, al tiempo que fue certero en describir la conducta observada, con lo que puede descartarse la confusión que alega la defensa, y al menos de momento, la imposibilidad de realización del pretendido despojo por cuanto de las fotografías de fs. (…) puede entenderse que el accionar no estaba dirigido a quebrar el metal con sus manos, sino a lograr la apertura de la cerradura. Por ello, el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto decisorio obrante a fs. (…), en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Guglielmi). c. 568, AVALOS, Pedro Oscar. Rta.: 14/05/2012 ROBO. Agravado. 1) Excusa absolutoria: improcedencia. No aplicación. 2) Banda. Mayor poder vulnerante que implica actuar en conjunto. Concurrencia de tres personas. 3) Efracción: perforación sobre la defensa que oponían las cerraduras de la puerta de ingreso. Confirmación. Disidencia parcial: necesidad que se verifique la integración de una asociación en los términos del art. 210 del C.P. para calificar el hecho como cometido en banda. Fallo: "(…) El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: A pesar de la crítica dirigida por la defensa oficial en su escrito recursivo agregado (…), tanto la existencia del hecho como la intervención de (…) -hijo de la denunciante- en su comisión se encuentran suficientemente acreditadas en esta etapa. En efecto, (…) relató que divisó a (…), a quien conoce por ser hijo de su vecina, en el instante en que intentaba ingresar al departamento de la damnificada en compañía de dos sujetos que forzaban la puerta de ingreso (…). Por su parte, (…) -encargada del edificio-, declaró haber observado al encausado junto a otro sujeto dentro de la vivienda de propiedad de (…), madre del imputado (…). A su vez, el informe pericial sobre la puerta de ingreso al domicilio dio cuenta de la fuerza ejercida sobre las cerraduras (…). En el mismo contexto valorativo, nótese la particular circunstancia de que (…) manifestó que su domicilio se encontraba en orden, de suerte tal que la sustracción del dinero en efectivo dispuesto en una billetera dentro de un armario exigía al menos un conocimiento previo por parte del autor del hecho. Tales extremos conducen a estimar acertada -con el grado de convencimiento requerido para este estadío del proceso- la decisión adoptada por el señor juez de grado. En cuanto a la excusa absolutoria invocada por la recurrente (artículo 185, inciso 1°, del Código Penal), debe señalarse que tal causal de exclusión de la pena sólo procede para los delitos enumerados en la normativa legal citada. Aún en el marco de la discusión que podría suscitarse en derredor de que el robo cometido mediante el despliegue de "fuerza en las cosas" podría resultar admisible en función de una interpretación extensiva de la norma (1), lo cierto es que las agravantes de la figura en cuestión tornan inatendible el agravio sostenido por la recurrente, en tanto el robo, a su vez, se ve agravado en el sub examen. En ese sentido, a los fines de tener por configurado el requisito de la banda en el tipo del artículo 167, inciso 2°, del Código Penal -(…) habría intervenido con otros dos sujetos-, el fundamento de la agravante está dado por el mayor poder vulnerante que implica actuar en conjunto, por lo que la concurrencia de tres personas basta para dicha subsunción (2), circunstancia que fue acreditada por los dichos de la vecina (…), quien afirmó la presencia de tres personas previo al ingreso al departamento, testimonio que se exhibe de mayor entidad probatoria frente a lo vertido por (…), quien divisó dos individuos pero cuando ya estaban dentro de la vivienda. Sobre el tópico, entiendo que no existe distinción en la aplicación de la agravante según el medio comisivo utilizado, razón por la que adhiero a los fundamentos de la doctrina fijada en el plenario "Cejas" de esta Cámara, del 18 de noviembre de 1997, en cuanto a que "…un mayor número de personas no sólo aumenta la indefensión de la víctima o del sujeto pasivo, cuando sufran violencia personal, sino que, aún en su ausencia, el empleo de la fuerza física por parte de varios agresores, disminuye o hace desaparecer la incolumidad de las defensas materiales de la propiedad..." (del voto del juez Guillermo Ouviña). De otro lado, en lo relativo a la efracción, el peritaje antes mencionado ha verificado la perforación sobre la defensa que oponían las cerraduras de la puerta de ingreso a la residencia de la damnificada. En esa dirección, se ha dicho que "la perforación o fractura debe ser producto de fuerza aplicada a las defensas sólidas mencionadas en la fórmula legal (paredes, cercos, techos, pisos, puertas o ventanas), sea como perforación, horadándolas o atravesándolas, sea como fractura, rompiéndolas o separándolas con violencia, lo cual reclama, por un lado que cumplan la verdadera función de defensa y, por el otro, que estén dotadas de suficiente solidez para oponerse verdaderamente al apoderamiento" (3). Consiguientemente y más allá de la especialidad que podría predicarse entre dos tipos agravados que contienen la misma penalidad, dable es descartar la excusa absolutoria invocada. Voto entonces por confirmar el auto recurrido. El juez Mauro A. Divito dijo: Comparto el voto del juez Cicciaro en lo relativo a la existencia del hecho, la intervención del imputado, la no aplicación al caso de la excusa absolutoria invocada por la defensa y la subsunción del evento en la figura prevista en el inciso tercero del artículo 167 del CP. 258

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Sin embargo, discrepo en relación con el encuadre del episodio en la agravante prevista en el artículo 167, inciso segundo, del código de fondo, toda vez que conforme a lo que sostuve en los precedentes que citó el juez Cicciaro en su voto, para que un hecho sea cometido "en banda" (agravante prevista en los arts. 166 inc. 2°, 167 inc. 2° y 184 inc. 4°, del Código Penal) no basta con comprobar que tres personas tomaron parte en su ejecución, sino que -además- ha de verificarse que ellas integran una asociación en los términos del art. 210 del mismo ordenamiento legal, conforme a los lineamientos seguidos por la minoría en el plenario "Quiroz". El argumento adicional que conduce a esa misma solución se desprende del texto actualmente vigente del Código Penal, en el que -desde el año 2003 (ley 25742)- los delitos de privación de la libertad coactiva y secuestro extorsivo se agravan "cuando participaran en el hecho tres o más personas" (CP, arts. 142 bis, inc. 6° y 170, inc. 6°). Ello -a mi juicio- no hace más que avalar el criterio aquí sostenido porque, de suscribirse ahora la opinión triunfante en el plenario "Quiroz", debería aceptarse que los legisladores han empleado, en un único código y para referirse a lo mismo, dos fórmulas disímiles ("en banda" y "cuando participaran en el hecho tres o más personas"), lo que resultaría sistemáticamente inadecuado. Tal es mi voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), concluida la deliberación y debiendo pronunciarme en el caso sólo acerca de la existencia de la agravante prevista en el artículo 167, inciso 2° del Código Penal, coincido con lo sostenido por el juez Cicciaro, tal como surge de la causa n° 33.863, "Castillo, Fabricio", del 26-022010. (…), esta Sala RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro, Pociello Argerich. (Sec.: Besansón). c. 389/12, MICMAN, Marcelo. Rta.: 24/05/2012 Se citó: (1) Justo Laje Anaya, Excusa Absolutoria en los delitos contra la propiedad, Pannedille, Bs. As., 1974, p. 37. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 26.480, "Tevez, Alejandra E.", rta: 02/05/2005 y c. 36.702, "Atencio, Facundo", rta: 19/05/2009. (3) Sebastián Soler, Derecho penal argentino, Parte Especial, Tea, Bs. As., 1976, t. IV, p. 264.

ROBO. Agravado. Procesamiento. Único testimonio: damnificada. Elementos insuficientes para tener por probado el robo. Pelea y daños en el interior del negocio: posible encuadre en el art. 51 del Cód. Contravencional o en el art. 183, del C.P. Revocación. Fallo: "(…) Disentimos con la decisión puesta en crisis, toda vez que los solitarios dichos de (…) no alcanzan para acreditar la hipótesis delictiva que se atribuye a (…) y a los hermanos (…) consistente en haber sustraído junto con otros sujetos -que se habrían dado a la fuga- tres mil pesos ($3000) que se hallarían en la caja registradora del local bailable de su propiedad -ver fs. (…). (…) esa suma dineraria no fue hallada en poder de los encartados, pese a que éstos fueron aprehendidos instantes después en las cercanías del lugar (…). Tampoco puede soslayarse que la damnificada no acreditó consumos o gastos de clientes por dicha suma de dinero, circunstancia que imposibilita establecer la preexistencia de los bienes. (…) fue clara al referir que si bien vio a varios sujetos ingresar al establecimiento y dirigirse hacia la caja registradora no le fue posible divisar a la persona que retiró el dinero en cuestión (…). Por tal razón, no puede atribuírsele a los encartados indistintamente el ilícito por el simple hecho de formar parte de un mismo grupo, pues para convalidar ello lo trascendental a verificar es si existió o no un acuerdo previo de voluntades destinado a cometer el apoderamiento investigado, extremo que no se encuentra ni siquiera, mínimamente, acreditado en autos. Frente a ello, no puede dirigirse imputación alguna en los términos del art. 167, inciso 2 del código sustantivo. Sin embargo, la pelea y daños ocurridos en el comercio de propiedad de la denunciante se ha establecido no sólo con los dichos de (…), sino también con las manifestaciones del preventor (…) (…) es posible afirmar que la conducta de los acusados podría encuadrar en el artículo 51 del Código Contravencional -peleay/o en el artículo 183 del Código Penal -daño- cuya competencia es ajena a este fuero (ley 26.357). (…)corresponde que el juez de grado resuelva en consecuencia, prestando especial atención a lo establecido en los artículos 11 del Código Contravencional y 1° de la ley 22.278, en lo relativo a la minoridad de (…)y (…). Por ello, se resuelve: REVOCAR el auto de fs. (…), debiendo el magistrado de grado resolver de acuerdo a lo aquí expuesto". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar). c. 399, F., E. G. y Otros. Rta.: 27/04/2012

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ROBO. Con armas. Procesamiento. Arma blanca no secuestrada. Confirmación parcial: Cambio de calificación legal por robo simple. Fallo: "(…) se cuenta con los contundentes dichos de la damnificada (…), sumado a la rápida intervención policial, basada en la descripción de las vestimentas del presunto autor formulada previamente por la víctima, y el posterior secuestro de parte de lo sustraído en la vereda de enfrente de la detención, conforman un marco de entidad probatoria que permiten tener por acreditada tanto la sustracción que padeció la víctima como que su autor fue el imputado. No obstante, en cuanto a la subsunción legal escogida, y sin perjuicio de la contundente versión de (…), no encontramos elementos probatorios que permitan corroborar que efectivamente fue amenazada con un arma para ser despojada de sus pertenencias, toda vez que no se ha podido incautar el arma blanca con la que habría sido coaccionada. Por lo que lleva razón a la defensa, en cuanto a que la subsunción legal del caso debe ser modificada por la de robo simple en calidad de autor. En virtud de lo expuesto, el tribunal RESUELVE: CONFIMAR PARCIALMENTE la resolución que fuera materia de recurso (…), modificando la calificación legal por la de robo simple en calidad de autor (art. 164 y 45 del CP). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria A., Rimondi, Bruzzone. (Sec.: Biuso). c. 286, ESPINA, Víctor Alejandro. Rta.: 23/01/2012

ROBO. En grado de tentativa. Hecho que implicó despliegue de violencia física en las personas. Confirmación. Hechos: la defensa apeló el auto que dispuso el procesamiento del imputado. Fallo: "(…), el agravio a se ciño a la atipicidad de la conducta, siempre que, a su criterio, el bien jurídico no se ha lesionado de un modo tal que requiera una reacción penal del Estado y es sólo respecto de esta cuestión que debe conocer el Tribunal. El juez Mauro A. Divito dijo: Si bien considero que el llamado principio de insignificancia resulta aplicable en los casos en que la conducta atribuida al imputado no importe una afectación penalmente relevante respecto de algún bien jurídico, criterio que he asumido en las causas números 36.185, "Gerban, Alfredo Javier", del 31 de marzo de 2009 y 37.004, "Arana, Juan C.", del 10 de agosto de 2009, entre otras, en la presente corresponde ponderar que además del intento de sustracción de un bien de escaso valor, ello implicó el despliegue de violencia física en las personas e incluso se observa que el imputado habría reaccionado de modo agresivo luego de que el encargado del local procediera a detenerlo, propinando patadas a la puerta del supermercado, lo que habría generado un estado de pánico en los clientes que allí se encontraban (…). Los extremos apuntados impiden afirmar que se trató de una acción insignificante desde la perspectiva jurídico penal, de modo que en definitiva, entiendo que debe convalidarse el auto puesto en crisis. Es mi voto. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: De acuerdo con el criterio sostenido en reiteradas oportunidades, sin perjuicio de la ausencia de legislación que contemple el principio invocado por la asistencia técnica, debe repararse en que el bien jurídico tutelado por los delitos de hurto y robo es el derecho de propiedad, entendido en el sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional y en tal contexto, la insignificancia sólo puede incidir cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter, independientemente del mayor o menor valor de aquella, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena (1). En efecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Adami" (2), ha sostenido que "de la manera como se encuentra legislado el hurto, cualquiera que sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte como consecuencia del apoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que la conducta quede comprendida en el referido art. 162 [del Código Penal]". A mayor abundamiento, la propia Corte Federal ha fijado la doctrina según la cual "los jueces, al tiempo de dictar sus sentencias, deben ponderar las consecuencias posibles de sus decisiones…pues atender a las consecuencias que normalmente derivan de sus fallos constituye uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de su interpretación y su congruencia con el todo del ordenamiento jurídico" (3), criterio que en el caso cobra relevancia frente a la generalización de conductas análogas que pudiere operar en el supuesto de que prospere el reclamo defensista, en el marco de una legislación que, a la sazón, no recepta el expediente procurado. Ello así, con mayor razón cuando se extrae del relato de (…) que el causante propinó patadas a la puerta de entrada del local aludido y generó un estado de pánico en los clientes que allí se encontraban. Consecuentemente, al encontrarse reunidos los recaudos del artículo 306 del Código Procesal Penal que habilitan a conformar el juicio de convicción requerido para esta etapa del proceso, voto por homologar el auto puesto en crisis. (…), esta Sala RESUELVE: CONFIRMAR el auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). 260

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional c. 258, DE JESÚS, Santos E. Rta.: 10/04/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 29.243, "Gil, Marcelo", rta: 26/05/2006 y c. 645/11, "Toledo, Marcelo", rta: 29/02/2012. (2) C.S.J.N., Fallos: 308:1796. (3) C.S.J.N., Fallos: 313:532; 315:158; 315:992 y 326:417.

ROBO. En grado de tentativa. Procesamiento. Agravante de poblado y en banda. Plenario "Quiroz". Participación de tres o más personas. Confirmación. Disidencia parcial: Robo simple. Necesidad de que se den los mismos presupuestos exigidos para el delito de asociación ilícita. Fallo: "(…) procesó a (…), (…) e (…) en orden al delito de tentativa de robo agravado por haber sido cometido en lugar poblado y en banda (…). (…) Los jueces Julio Marcelo Lucini y Alfredo Barbarosch dijeron: (…) coincidimos con la calificación legal adoptada en el sumario, pues se adecua a las previsiones del plenario "Quiroz" (*), en el sentido de que a los fines de la aplicación de la agravante del artículo 167, inciso 2do. el Código Penal es suficiente que tres o más personas hayan tomado parte en la ejecución del hecho -empleado ese término en el sentido del artículo 45 de ese mismo cuerpo legal-, sin necesidad de que tales partícipes integren a su vez una asociación ilícita de las que describe el artículo 210, tal como se vislumbra en la especie. (…). El juez Gustavo Bruzzone dijo: (…) a mi criterio para aplicar la agravante de poblado y en banda (artículo 167, inciso 2 , del Código Penal) deben darse los mismos presupuestos que exige el delito de asociación ilícita (artículo 210 del Código Penal) (**). El simple acuerdo de voluntades no da lugar a la aplicación de la agravante impuesta por el juez de grado, por lo que hago propios los fundamentos expuestos por los jueces Donna y Ouviña en el plenario "Quiroz" (*), máxime en el presente caso donde, como bien puntualizó el Dr. Rombolá, la intervención que (…) y (…) puedan haber tenido en el hecho, no es la de coautores, sino eventualmente la de partícipes, lo que imposibilitaría la aplicación de la agravante. (…) debe confirmarse el procesamiento de los imputados, modificándose la calificación legal del hecho atribuido, que debe reputarse como constitutivo del delito de robo simple (…). (…) se RESUELVE: CONFIRMAR la resolución de fs. (…) en cuanto fue materia de recurso. (…). C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria A., Lucini, Bruzzone, Barbarosch. (Sec.: Raña). c. 8, RIQUELME, Matías E. y Otros. Rta.: 04/01/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Plenario "Quiroz", N° 111, rto.: 4/9/89. (**) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 11.720, "Ferrando, Marcos", rta.13/07/99; C. N. Crim. Corr., c. 22.042, "Ortíz, Julio C.", rta. 10/10/02; C. N. Crim. Corr., c. 23.499, "Vega, Aníbal R.", rta.: 12/05/2004.

ROBO. En grado de tentativa. Procesamiento. Damnificada no individualizada. Forcejeo entre imputado y personal policial, accionar destinado a impedir el acto propio de su función. Confirmación. Modificación de la calificación legal: resistencia a la autoridad en concurso ideal con el de lesiones leves. Hechos: la defensa apeló el procesamiento en orden al delito de tentativa de robo, en concurso ideal con el de lesiones leves. Se le atribuye haber intentado apoderarse ilegítimamente de una cartera de dama, no logrando su cometido debido a que la mujer, no individualizada, logró alejarse del lugar; tal accionar fue observado por personal de Gendarmería, quien se hallaba vistiendo ropas de civil, y tras dar a conocer su condición de miembro de la mentada fuerza de seguridad, el encausado arrojó varios golpes de puño, trabándose ambos en lucha, sufriendo el primero lesiones de carácter leve en su mano derecha. Finalmente el personal preventor procedió a la formal detención. Fallo: “(…) En lo que respecto al delito de tentativa de robo asiste razón a la recurrente en cuanto a que la no localización de la presunta víctima, quien, por otra parte tampoco realizó la denuncia pertinente, nos posiciona frente a un escollo insalvable para avanzar con la pesquisa, pues deja abierto un abanico de posibilidades que no pueden superar las dudas que se presentan. Así, ante el pronóstico de negativa certeza sólo cabe la solución que impida generar un desgaste jurisdiccional estéril (1). En el citado precedente se sostuvo que “La ausencia del testimonio del damnificado en los términos del artículo 174 del Código Procesal Penal no permite conocer con exactitud lo ocurrido y ello impide la formulación de una imputación válida en contra del acusado”. Por lo tanto, concretar el reproche penal sólo con lo que vio un testigo nos aleja de la posibilidad de subjetivizar la conducta, afectando uno de los elementos tipificantes del delito como es el dolo y, al no poder establecerse, violaría principios básicos del derecho penal.

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Por ello, el solitario testimonio de (…), que habría presenciado el accionar desplegado por (…), no basta para continuar con el proceso debido a que no se cuenta con ningún otro elemento objetivo que lo corrobore. Conforme lo expuesto no pude atribuírsele la comisión de la figura en estudio pero no se dispondrá un temperamento desincriminante a su respecto en virtud de que su conducta encuadraría en el delito de resistencia a la autoridad, conforme se explicara “ut infra”, motivo por el cual adoptar una decisión en ese sentido podría afectar el principio “ne bis in ídem” ya que se estaría desvincunlando a (…) por asignaciones legales y no por hechos. (…) puntualizó que al advertir el accionar de (…) “…se identificó como gendarme y comenzó a correr hacia donde se hallaba el sujeto…en esos momentos el dicente quedó en medio del tránsito, que comenzaba a avanzar por el cambio del semáforo junto con el imputado, quien se resistió a su aprehensión y forcejeó….”. Como producto de ello sufrió lesiones en su mano derecha (…). (…) En suma, se advierte que el accionar de (…) estuvo destinado a impedir que (…) cumpliera con un acto propio de su función. En tal sentido la doctrina dijo “[…] la acción de resistir no equivale a otra cosa que al empleo de intimidación o fuerza contra una resolución o decisión funcional en marcha proveniente de la autoridad pública. La resistencia a la autoridad se caracteriza por el empleo de aquellos medios u otros de análoga significación, frente a la existencia de una decisión de un funcionario público que contiene una orden que debe ser cumplida […]” (2), circunstancias que se verifican en este caso. Por lo tanto, se homologará el resolutorio atacado con los alcances de la presente. El agravio de la recurrente respecto al modo en que concurría el delito de tentativa de robo con el de lesiones, por lo explicado en los párrafos anteriores, no tendrá acogida favorable, pues la herida se produjo cuando Amaya se resistía mediante el empleo de violencia a que se cumpliera con una resolución funcionarial y por ende, esa figura debe concurrir idealmente con el de resistencia a la autoridad. Por ello, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el punto I del auto de fs. (…), modificando la calificación legal asignada por resistencia a la autoridad en concurso ideal con lesiones leves (artículos 45, 54, 89 y 239 del Código Penal de la Nación). (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Sec.: Carande). c. 447/12, AMAYA, Sergio Víctor. Rta.: 09/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 39309, “Dovale, Juan Eduardo s/ procesamiento”, rta.: 29/4/2010; (2) Buompadre, Jorge, “artículos 237/243” publicado en “Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni, Hammurabi, 1ª ed., Bs. As., 2011, p. 119.

ROBO. En grado de tentativa. Procesamiento. Declaración prestada por los damnificados extranjeros en sede policial con un intérprete del idioma inglés sin título habilitante. Ausencia de otros elementos que le den sustento al hecho. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) Los damnificados, turistas de nacionalidad suiza que retornaron a su país de origen el 9 de abril próximo pasado, prestaron declaración en la Comisaría (…). Durante el acto ofició como intérprete del idioma inglés el integrante de la Policía Federal Argentina, Ayudante (…) (fs. …), quien carece de título habilitante para actuar en tal calidad (art. 269 del CPPN) razón que resta valor convictivo a los actos referenciados. Más allá de que pudieran incorporarse por otros medios los dichos de aquéllos, no puede soslayarse que no hubo testigos del hecho ni se secuestró en poder del imputado la cadena que habría sido arrebatada del cuello de la víctima. El Sargento (…), por su parte, tampoco presenció el suceso, dando cuenta que la detención del imputado la concretó por haberlo observado cuando corría por la vía pública mirando para sus espaldas (fs. …). De igual modo, se advierte que la descripción aportada respecto a la vestimenta del autor difiere de la que se observa en la vista fotográfica de fs. (…). En este contexto, entonces, donde no se vislumbra la posibilidad de efectuar alguna diligencia que pudiera contribuir a profundizar la pesquisa y superar las incógnitas que subsisten, por imperio del art. 3 del código adjetivo, corresponde revocar el auto impugnado y desvincular definitivamente al imputado del presente proceso. Por consiguiente, como surge de las consideraciones precedentes, el Tribunal RESUELVE: Revocar el auto de fs. (…) y decretar el sobreseimiento de (…), de las restantes condiciones personales obrantes en autos, con la expresa mención de que la formación de la presente causa en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiere gozado con anterioridad (art. 336, inc. 4°, del CPPN). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Bloj). c. 397, GARZON VILDOSO, Manuel Z. L. Rta.: 24/04/2012 262

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional ROBO. En grado de tentativa. Procesamiento. Teoría de la insignificancia. Falta de previsión en la legislación penal. Confirmación. Fallo: "(…) La materialidad del hecho no es discutida por la defensa, quien sostiene que el escaso valor de los objetos de desapoderamiento conllevaría a la atipicidad de la conducta de (…). Subsidiariamente, señala que las condiciones económicas y demás circunstancias personales del imputado no fueron correctamente ponderadas por la juez de grado, afirmando que obró en estado de necesidad justificante (artículo 34, inciso 3° del código de fondo). El agravio vinculado con la insignificancia del hecho no tendrá favorable acogida en tanto ha existido una afectación del bien jurídico. Así lo hemos interpretado en casos similares al presente (1). En aquellas ocasiones sostuvimos, en lo que para este caso interesa, que aún cuando se lesione mínimamente el bien jurídico protegido por la norma, en alguna medida ha sido vulnerado y la estimación de su valor pecuniario, por tratarse de un delito contra la propiedad, debe ser objetiva. La medida del perjuicio, en todo caso, será una pauta a considerar al momento de la individualización de la pena, de arribar esta causa a ese estadio procesal. Además, no debe dejar de merituarse la violencia desplegada en el hecho. En esta inteligencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo "…de la manera en que se encuentra legislado el hurto, cualquiera que sea la magnitud de la afectación del bien tutelado que resulte como consecuencia del apoderamiento ilegítimo, en tanto no se prevén grados ni límites, hace que la conducta quede comprendida en el … art.162. La insignificancia sólo puede jugar cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter. Es que no se atiende a la entidad de la lesión patrimonial, sino a la violación al derecho de propiedad, independientemente del mayor o menor valor de la cosa, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena" (2). En cuanto al estado de necesidad alegado, cierto es que tal situación no se encuentra al menos de momento acreditada y se reduce a manifestaciones de (…) y su defensa, pues más allá de lo que surge del escueto informe realizado en la dependencia policial de fs. (…), siquiera se han confeccionado estudios médicos o socio-ambientales para evaluar tanto el estado de salud como la situación económica del prevenido y debe diferenciarse el concepto de miseria -necesidad económica prevista como atenuante del artículo 41 del Código Penal- del de hambre, consistente en una necesidad biológica y apremio físico que podría promover el encuadre de la conducta en el inciso 3° del artículo 34 del mismo código (3). En definitiva, no se ha corroborado que al momento del hecho existiese una situación de colisión de bienes de distinta jerarquía, esto es, el peligro inminente de pérdida de un bien jurídico (la vida o la salud del causante) y la posibilidad de su salvación mediante la lesión de otro de menor valor (propiedad). Tampoco se ha demostrado la necesidad de la acción desplegada por (…) ya que, de haber existido tal peligro, podría haberlo evitado de otro modo, pues amén de no haber alegado la imposibilidad de satisfacer sus necesidades de subsistencia a través de organismos públicos comunitarios, refirió percibir un ingreso diario -si bien escasopor las tareas que presta para un estudio jurídico -circunstancia corroborada por el encargado del edificio donde se ubican las oficinas en cuestión (cfr. fs. …)- e incluso al momento del hecho no carecía absolutamente de dinero, puesto que abonó en la línea de cajas una gaseosa. Por lo expuesto, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto documentado a fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González. (Sec.: Uhrlandt). c. 131, JAQUE, Rodrigo L. A. Rta.: 06/03/2012 Se citó: (1)C.N.crim. y Correc., Sala IV, c. 1504/11 "Santoro" rta. 13/10/11; c. 730/09 "Báez Nuñez" rta. 2/6/09; c. 32.427 "Zubizarreta" rta. 17/10/07; c. 31.003 "Borelli" rta. 27/3/07. (2) C.S.J.N., Fallos: 308:1796. (3) "Código Penal de la Nación comentado y anotado", dirigido por Andrés José D'Alessio y coordinado por Mauro A. Divito, 2da. Edición Actualizada y Ampliada, Tomo I, Parte General, artículos 1 a 78, Editorial La Ley, 2009, páginas 487 y ss.

ROBO. En grado de tentativa. Sobreseimiento. Imputados que fueron aprehendidos luego de estar en actitud sospechosa tocando timbre y mirando hacia el interior de una vivienda y en poder de llaves y elementos para forzar cerraduras. Inexistencia de un comienzo de ejecución. Ausencia de signos de violencia en la puerta de ingreso. Inexistencia de riesgo alguno al bien jurídico protegido. Confirmación. Fallo: "(...) El día (...), efectuó un llamado a la Policía Federal tras ver a dos personas que se hallaban en actitud sospechosa, tocando timbre y mirando hacia el interior del inmueble (...). Que al constituirse un patrullero de la seccional (...) con fines de identificación, los masculinos que allí se hallaban comenzaron a caminar apresuradamente (...), arrojando a un cantero y macetero los elementos detallados en el acta de secuestro (...). Que mientras esto sucedía, los efectivos determinaron que en el lugar de los hechos se hallaba un rodado (...) cuyo conductor, al percatarse de la situación, se desplazó con el mismo en la misma dirección en que se habían dirigido los otros dos individuos (...). Finalmente, no obstante haberse resistido al arresto 263

forcejeando - tras ser impartida la voz de alto, se logró detener en un primer momento a (...) y (...) y momentos después a (...), secuestrándose (...) los elementos detallados en el acta de secuestro (...). (...) Ahora bien, descartada por el a quo la figura prevista en el artículo 239, del Código Penal, sin que el Ministerio Público Fiscal haya cuestionado la decisión en tal sentido, habremos de expedirnos sobre la imputación efectuada por el Dr. (...) respecto al comienzo de ejecución de robo que como hipótesis postula. Más allá de que los imputados hubieran sido observados por (...) en una actitud sospechosa, tocando timbre y mirando hacia el interior del inmueble (...), y que luego fueran aprehendidos con un manojo de llaves, y elementos que generalmente se utilizan para forzar cerraduras en su poder, lo cierto es que tal circunstancia no puede relacionarse con el comienzo de ejecución del ilícito que pretende atribuir la fiscalía. Ello así, toda vez que, ni del testimonio de (...), ni de los dichos de los preventores surge que los imputados hayan sido sorprendidos intentando ingresar a la finca en cuestión. Así, el hecho de que se los haya sorprendido en una actitud sospechosa con los elementos que fueran secuestrados, (...) no supone riesgo alguno para el bien protegido, lo cual excluye a la conducta del ámbito de sanción de la norma. A su vez, resulta dable destacar que tampoco se observaron signos de violencia en la puerta de ingreso del inmueble en cuestión. (...) Por lo expuesto, entendemos que el comportamiento desplegado por los imputados (...) no puede verse inmerso en los términos del art. 42 del Código Penal. (...) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR la resolución (...). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 42.132, ZAMBRANO, Mauricio. Rta.: 03/04/2012

ROBO. En poblado y en banda. Procesamiento. Solidaridad grupal de la coautoría, carácter y exteriorización expresa y tácita del vínculo subjetivo. Confirmación. Fallo: “(…) De los testimonios prestados se concluye la repartición de tareas acordada con anterioridad. El aporte de (…) fue facilitar la fuga conduciendo el automotor, no pudiendo desconocer lo que los restantes hacían ya que permaneció dentro del rodado cuando (…) sustraía el celular de (…) y cuando (…) quitaba sus pertenencia a (…) en la calle (…). Por otro lado la contribución de (…) y (…) en el segundo suceso consistió en permanecer en las inmediaciones de la camioneta por cualquier contrariedad que ocurriera y brindando una presencia numérica que sumaba intimidación. En ese sentido el agente (…) explicó que ante la presencia policial los nombrados y (…) intentaron darse a la fuga en la camioneta que comandaba (…). (…) Lo expuesto demuestra que los cuatro imputados actuaron en conjunto, generando una amenaza de males ciertos para que los sujetos pasivos permitieran el desapoderamiento ilegal. Así a todos les es atribuible el injusto total, pues quedó demostrada la solidaridad grupal de la coautoría, el carácter y la exteriorización expresa y tácita del vínculo subjetivo. El escaso tiempo que transcurrió entre que ocurrieron los episodios hasta que intervino el personal policial permite afirmar, con el grado de provisoriedad que se requiere en esta etapa del proceso que participaron en los hechos. (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR los puntos I, IV, V y VI del auto de fs. (…) en todo cuanto fueran materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Sec.: Carande). c. 589/12, MAZZA, Francisco Alberto y otro. Rta.: 30/05/2012

ROBO. En tentativa. Único testigo. Vaguedad en la descripción física del imputado que impide acreditar que sea la persona descripta por el testigo. Revocación. Falta de mérito. Fallo: "(…) entendemos que la decisión impugnada resulta prematura, dado que el material probatorio obrante en la causa no permite convalidar -al menos de momento- el auto de procesamiento dispuesto. Más allá de contar la pesquisa sólo con los dichos de (…), único testigo que habría presenciado el ilícito y que del acta de detención no surge que se hubiere secuestrado en poder del encartado elementos vinculados al delito investigado ni la bolsa que éste portaba en sus manos, lo cierto es que del cotejo de la declaración del testigo con la brindada por los preventores que intervinieron en el suceso surgen discrepancias y confusiones que corresponde sean despejadas previo a resolver la situación procesal del encartado. En este sentido, cabe destacar que las características físicas brindadas por (…) al preventor que practicó la detención de (…) -las que habrían permitido individualizar al agresor- resultan sumamente genéricas y vagas, motivo por el cual surgen dudas en orden a señalar si efectivamente el encartado es la persona descripta por el testigo. Por ello, cobra especial relevancia determinar si efectivamente (…) presenció la detención del 264

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional imputado y reconoció a éste como el autor del intento de desapoderamiento, toda vez que en su declaración prestada en sede policial no obran precisiones al respecto. (…) la vaguedad de la descripción física y la falta de precisiones en cuanto a la presencia del testigo al tiempo de la detención de (…) impiden, de momento, tener por acreditado que éste sea la persona descripta por el testigo (ver fs. …). Por ello, revocaremos el auto de procesamiento dispuesto y dispondremos la falta de mérito para procesar o sobreseer al nombrado a efectos de que se despejen las dudas señaladas. (…) SE RESUELVE: Revocar la resolución de fs. (…) en cuanto dispuso el procesamiento de (…), por considerarlo autor penalmente responsable de delito de robo simple tentado y disponer la falta de mérito (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori. (Sec.: Raña). c. 451, GONZÁLEZ, José T. Rta.: 18/04/2012 ROBO. Procesamiento. Victima no individualizada. Testigo que da aviso a la prevención respecto al hecho acontecido. Materialidad que puede ser comprobada por otros medidos de prueba. Confirmación. Hechos: la defensa apela el procesamiento de los imputados en orden al delito de robo. Se atribuye a los nombrados haber intentado apoderarse ilegítimamente de la cadena de una mujer no identificada. Fallo: “(…) II. Si bien hemos sostenido en la causa nro. 39.112, “Marquina Tapia, Luis” del 5 de abril de 2010 y en el precedente citado por la defensa en su recurso de apelación entre otros, que la no localización de la presunta víctima deja abierto un abanico de posibilidades que no puede superar la duda que se presenta y ante el pronóstico de negativa certeza sólo cabe la solución que impida generar un desgaste jurisdiccional estéril, ello no es aplicable al caso en estudio. (…) observó a los prevenidos cuando arrebataron la cadena de oro a su víctima y dio inmediato aviso al personal policial de lo ocurrido, efectuando una descripción fisonómica y de sus vestimentas que permitió la detención de ambos. Así fueron aprehendidos mientras corrían a veloz carrera, lo que constituye un indicio de conciencia culpable y en su poder se incautó el objeto señalado como sustraído, precisamente cortado en uno de sus eslabones, lo que condice con el relato de (…) ya que la cadena de cuello fue encontrada en uno de sus bolsillos y ello no lo podía conocer el testigo de no ser cierta su versión de lo ocurrido (…). Todo conforma un cuadro probatorio suficiente para tener por acreditada su responsabilidad en esta instancia y la materialidad del acto ilícito. Más aún, la inmediatez con la que actuó quien alertara a las autoridades sobre la comisión de un delito y la detallada exposición que efectuó otorga una solidez mayor a su imputación (1). (…) Recordamos tal como se sostuvo con anterioridad (2), que en el presente no se trata simplemente de una víctima no individualizada, como tocara resolver en otras ocasiones, sino que los fundamentos expuestos y los dados por la instancia anterior permiten reconstruir acabadamente lo acontecido y la conducta desplegada por los imputados durante el evento ilustran inequívocamente que se trata de un episodio delictivo que aconseja mantener el criterio expuesto para que en una futura y eventual etapa se analice en profundidad. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…), en cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof. (Prosec. Cám.: Gallo). c. 43.090, GONZÁLEZ, Carlos Alberto. Rta.: 07/02/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala de Feria B, c. 97 “A., C.A. y otro”, rta.: 6/1/2011; (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 41.630, “Ly Alfaro, Ángel y otros”, rta.: 26/5/2011 y c. 42.151-1, “Achucarro González, Brigido”, rta.: 18/8/2011.

ROBO. Simple. Procesamiento. Detención válida. Interrogatorio realizado a los imputados inválido (art. 230 bis del C.P.P.N.). Inexistencia de urgencia para proceder sin orden judicial. Violación de la garantía al debido proceso. Nulidad. Sobreseimiento. Disidencia: Personal policial habilitado por aplicación del art. 230 bis del C.P.P.N. Confirmación. Fallo: "(…) consideramos que la labor policial se ajustó a lo prescripto por el art. 230 bis del ordenamiento ritual, por cuanto el hecho de que dos sujetos se esmeraran en evadir al personal policial por la sola circunstancias de encontrarse cerca de aquél y cuando ningún requerimiento previo les había formulado, para después desobedecer la orden que les impartió a fin de que se detuvieran como ut supra se describió,

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constituyen circunstancias previas y concomitantes que ameritaban, cuanto menos, se establecieran las razones de tan intempestiva e inmotivada actitud. (…) Ahora bien, descartada la hipótesis de posibles impedimentos legales y ante la ausencia de noticias acerca de la reciente comisión en la zona de hechos delictivos con la participación de individuos que reuniera similares rasgos físicos o vistieran en forma similar, en función de lo informado por el Comando Radioeléctrico, el posterior interrogatorio que se le formuló a (…) -cuyos términos en modo alguno deberían haberse plasmado en el acta en función de lo preceptuado por el inciso 9, del art. 184 del código de forma-, lo fue sin sustento legal. Es que las circunstancias que justificaron la previa actuación policial habían desaparecido, y no existió urgencia alguna que justifique el proceder aludido sin orden judicial, por lo que tendrían que haber cursado la comunicación respectiva al juez o fiscal de la causa para que dispusieran las medidas del caso (arts. 230 y 230 bis, inciso "a" a contrario sensu). (…) La verificación ex post en poder de uno de ellos de un objeto sustraído resulta insuficiente para justificar la actuación policial ante la ausencia de sospecha previa (…). Ello, a nuestro juicio, se trasluce en una violación a la garantía constitucional del debido proceso legal que justifica cercenar en sus efectos el procedimiento practicado desde fs. 1 y todo lo actuado en estas actuaciones (arts. 167, inciso 2° y 168 del Código Procesal Penal de la Nación y art. 18 de la Constitución Nacional). Disidencia parcial del Dr. Rodolfo Pociello Argerich dijo: Disiento con el criterio de mis distinguidas colegas en cuanto consideraron que los motivos que justificaron la demora de los imputados habían cesado y, consecuentemente, que la ulterior actuación policial fue sin sustento legal. Como sostuve en casos anteriores (cn° 42.059 "De la Cruz, Iván", rta. 13/10/2011), la legislación vigente habilita al personal policial a proceder de la forma en que lo hizo, por cuanto la regla del art 230 bis del digesto ritual establece que "Los funcionarios de la policía…podrán requisar a las personas e inspeccionar los efectos personales que lleven consigo…", y esta "inspección" no puede referirse sólo a una observación de los elementos. Entonces, siguiendo el criterio que esgrimí en aquella oportunidad, concluyo que resultó una maniobra razonable de parte de quien intentó verificar si se cometió algún ilícito, que no vulneró arbitrariamente el ámbito de privacidad más allá de lo que puede desprenderse del espíritu del 230 bis mencionado. Habiendo dejado plasmada mi disidencia en el sentido aludido, y encontrándose sellada la suerte del acuerdo, es innecesario que me aboque a los restantes agravios impetrados por la defensa (…). (…) se Resuelve: I) Declarar la nulidad de todo lo actuado (…). II) Sobreseer a (…) y a (…) (…). III) Disponer la inmediata libertad de (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich (en disidencia parcial), Garrigós de Rébori, López González. (Prosec.: De la Bandera) c. 549/12, SHERIFF, Sekou y otro. Rta.: 03/05/2012

ROBO. Simple. Procesamiento. Faltante de elementos de una obra en construcción. Acceso vedado por un portón cerrado con candado. Confirmación. Cambio de la calificación legal por violación de domicilio. Fallo: "(…) El marco probatorio que impera en autos resulta insuficiente para endilgarle a (…) el delito de robo por el cual se lo ha procesado. En efecto, si bien su detención tuvo lugar en el interior de la obra en construcción y se ha dado cuenta de la faltante de diferentes elementos (ver fs. …), ninguno de estos fue habido en su poder, ni tampoco surge de autos constancia alguna que indique que él los hubiera removido de allí. A ello se suma que al momento de su aprehensión no le fue secuestrada herramienta alguna idónea para cortar el candado que aseguraba la puerta (ver lo dicho al respecto en el informe técnico fs. …). Sin perjuicio de ello, restan aun pruebas pendientes por realizarse, dado que no ha sido identificada la persona que habría dado aviso del hecho (fs. …) y el personal policial que previno todavía no ha puesto testimonio en sede judicial. Asimismo, deviene necesario practicar las diligencias necesarias para establecer si en la época del hecho quien seria su hermana vivía en la finca lindera a la obra en cuestión. Señala la doctrina que "no puede hablarse de un domicilio en el sentido del artículo 150, sin que el recinto esté aplicado en el momento del hecho a resguardar la libertad de la intimidad de un morador, habitante o negociador, que es el bien protegido por la ley. La aplicación de que hablamos no se realiza sólo cuando el titular de uno de estos domicilios ésta presente, sino mientras el recinto mantiene las condiciones que determinan la existencia de un hogar, habitación o negocio". (1). El predio al que ingresó (…) es el recinto en que un grupo de personas realizan habitualmente sus labores y se encontraba vedado el acceso al público en general-de hecho, el portón de entrada se exhibía cerrado y asegurado con un candado-, extremos estos que permiten encuadrar su conducta en la figura prevista en el artículo. 150 del Código Penal. Por lo expuesto, habremos de confirmar el auto de procesamiento en orden al hecho que se entiende constitutivo del delito de violación de domicilio (Art.306C.P.PN), todo lo cual así se RESUELVE. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Sec.: Barros). c. 712/12, ARAUJO, Carlos D. Rta.: 14/06/2012 266

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Se citó: (1) Nuñez, Ricardo C., Tratado de Derecho Penal, Parte Especial, tomo V, página 74, Editorial Lerner, edición 1978.

ROBO. Tentado. Procesamiento. Objetos sustraídos de lugares específicos dentro de un cementerio. Cosa ajena: conocimiento del imputado de esa situación. Tipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: Se imputa a (…) haber intentado sustraer treinta y dos juguetes de plástico, veintitrés muñecos de plástico, doce rosarios, una estatua de Cristo, imágenes y estatuillas de vírgenes y dos jarrones, elementos éstos que se hallaban sobre diversas tumbas del Cementerio de la Chacarita, de esta ciudad. Liminarmente, debe señalarse que la defensa no ha controvertido la materialidad del hecho ni la intervención que le cupo al encausado, sino que sus agravios se ciñeron a la atipicidad del accionar reprochado, en el entendimiento de que no existió afectación al patrimonio de una persona concreta, puesto que no se determinó la propiedad de los objetos secuestrados y, en forma subsidiaria, a la insignificancia de la conducta atribuida (…). Al respecto, estimo que aún cuando no se conozcan los datos filiatorios concretos de las personas a quienes les pertenecerían los elementos aludidos, estos fueron sustraídos de lugares específicos dentro del cementerio, circunstancia que permite descartar que se tratara de cosas abandonadas o perdidas, máxime cuando para la sustracción de la estatuilla que luce fotografiada (…), el encartado se valió de un destornillador para forzar el pegamento con el que se encontraba fijada (…), lo que impide afirmar, al menos en este supuesto, tanto que se trate de una res derelictae como que el causante hubiera actuado con error sobre la situación jurídica del bien. En igual sentido se ha dicho que basta con que la cosa sea ajena para el imputado "y que éste lo sepa, sin que se requiera, parejamente, que esté individualizado el patrimonio al que pertenece o quién ejerce su tenencia" (1). En cuanto al segundo motivo de agravio sostenido por la defensa, si bien considero que el llamado principio de insignificancia resulta aplicable en los casos en que la conducta atribuida no importa una afectación penalmente relevante respecto de algún bien jurídico, criterio que he asumido en las causas números 36.185, "Gerban, Alfredo Javier", del 31 de marzo de 2009 y 37.004, "Arana, Juan C.", del 10 de agosto de 2009, entre otras, en la presente corresponde ponderar que el causante intentó apoderarse de una numerosa cantidad de objetos de cierto valor económico, extremo que desdibuja toda posibilidad de considerar que se trató de una acción insignificante desde la perspectiva jurídico penal, de modo que en definitiva, entiendo que debe convalidarse el auto puesto en crisis. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Comparto el voto precedente el razonamiento efectuado para concluir en la ajenidad de los objetos secuestrados y respecto de que no resulta aplicable el principio de insignificancia al que alude la defensa. En cuanto a este último punto, de acuerdo con el criterio que he sostenido, sin perjuicio de la ausencia de legislación que contemple el principio invocado por la asistencia técnica, debe repararse en que el bien jurídico tutelado por los delitos de hurto y robo es el derecho de propiedad, entendido en el sentido amplio que le asigna la Constitución Nacional y en tal contexto, la insignificancia sólo puede incidir cuando es tal que lleva a despojar a la cosa de ese carácter, independientemente del mayor o menor valor de aquella, aspecto que es relevante sólo a los fines de graduar la pena (2). Menos aún podría predicarse en el caso de autos, como lo ha destacado el juez Divito. (…), el Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto I del auto documentado (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti). c. 651/12, BRANDAN, Miguel A. Rta.: 12/06/2012 Se citó: (1) Carlos A. Tozzini, Los delitos de hurto y robo en la legislación, la doctrina y la jurisprudencia, 2da. edición, 2002, Lexis Nexis, p. 160. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 29.243, "Gil, Marcelo", rta: 26/05/2006 y c. 645/11, "Toledo, Marcelo", rta: 29/02/2012.

SOBRESEIMIENTO. Estafa. Ausencia de engaño o ardid. Imputado que entregó heladeras de origen presuntamente espurio y percibió su pago, sin acompañar la documentación de la importación. Denunciante-comerciante que no actuó con la debida diligencia, al no controlar la documentación. Confirmación. Fallo: "(…) corresponde señalar que más allá de que el imputado fuera el responsable de entregar el producto con la documentación en condiciones, lo cierto es que, con independencia de que se llegara a acreditar un 267

accionar infractor a la normativa del ingreso de productos extranjeros al país, el comprador es quien en todos los casos debió controlar la regularidad de la procedencia de lo que adquiría. El acusador privado atribuyó una conducta engañosa a (…) relativa al origen espurio de las heladeras que entregó e indicó que la inadvertencia de su parte sobre la falta del estampillado de importación en las facturas se debió a la confianza que le generó el hecho de que se tratara de un proveedor recomendado. Lo expuesto nos conduce, (…) a descartar la configuración del delito de estafa por ausencia de uno de los componentes esenciales de la figura: el ardid o engaño, por cuanto corresponde negar la existencia de una relación de determinación entre el accionar del presunto autor y la generación de un error y de una disposición patrimonial perjudicial en la víctima en el caso de que, siendo ésta un comerciante habitual en el rubro, haya omitido un actuar mínimamente diligente, de modo tal que pueda estimarse que ese error y ese perjuicio provinieron, no ya de un engaño, sino de su propia torpeza. (…) el querellante admitió que la documentación respectiva fue entregada y que no se la controló por un exceso de trabajo. (…) Igual decisión tomaremos en relación a la imposición de costas a la vencida. La hipótesis denunciada no fue acompañada por el Ministerio Público Fiscal ni por el juez de la instancia de origen, atento a lo cual no se observan razones para apartarse de la regla general. (…) el tribunal resuelve: I.- Confirmar el punto I del auto de fs.(…), en cuanto dispuso el sobreseimiento de (…)(artículo 336, inc. 3° e in fine del Código Procesal Penal de la Nación)".II.Confirmar el punto II del auto de fs.(…), en cuanto impuso las costas procesales a la querella (art. 531 del Código Procesal Penal de la Nación) (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Herrera). c. 167, GALLICCHIO, Sebastián. Rta.: 21/03/2012

SOBRESEIMIENTO. Fiscal que recurre resolución prematura. Necesidad de llevar a cabo medidas para determinar si nos encontramos ante la comisión de un hecho ilícito. Revocación. Fallo: "(…).la circunstancia de haber sido encontrado al imputado en una situación sospechosa probando las puertas de los autos para ver cuál se encontraba abierta, portando un cuchillo, un frente de estereo Panasonic y tres pantalones superpuestos, hace presumir que nos podríamos encontrar ante un posible delito. Así, frente a éste marco situacional consideramos prematura su desvinculación ya que, como lo expuso el representante del Ministerio Público Fiscal en la audiencia, aun quedan pruebas pendientes de ser realizadas que brindarían mayor luz sobre la hipótesis investigada. Tampoco puede soslayarse que de descartarse la tipificación de los delitos previstos en los arts. 164 ó 277 del Código Penal, la circunstancia de trasladarse en la vía pública con un elemento filoso podría encuadrar en el art. 85 del Código Contravencional, razón por lo cual el temperamento definitivo resulta improcedente. Por ello, se RESUELVE: Revocar la resolución de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Vilar). c. 322, VILA, Andrés M. Rta.: 27/04/2012

SOBRESEIMIENTO. Magistrado que sobreseyó al imputado y se declaró incompetente ante la posible configuración de otro delito. Absolución por calificaciones. Resolución contradictoria. Non bis in idem. Nulidad. Incompetencia. Fallo: "(…) Sostiene el Sr. fiscal que el punto impugnado es producto de una contradicción por parte del Sr. juez quien sobre la misma base fáctica, ordenó desvincular al imputado, y como segundo punto, declararse incompetente remitiendo las actuaciones a la Justicia Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires ante la posible configuración del delito de hostigamiento (art. 52 del Código Contravencional y de Faltas de la Ciudad). (…) entendemos, que el Sr. juez de grado arribó al dictado de la decisión recurrida basado en un error judicial, académicamente conocido como "absolución por calificaciones" por el cual adoptó dos resoluciones contradictorias entre sí (sobreseimiento e incompetencia) sobre un mismo sustento fáctico, lo que afecta la garantía del "non bis in idem" (art. 1°, CPPN). Entonces, dado que los pronunciamientos jurisdiccionales recaen sobre las conductas imputadas y no sobre la adecuación típica de las mismas, por tratarse de una nulidad de orden general que afecta derechos y garantías constitucionales corresponde que el tribunal se expida de acuerdo a lo establecido en el art. 168, CPPN, y consecuentemente, invalidar el punto dispositivo I de la resolución cuestionada por el Representante del Ministerio Público fiscal y estar a la declaración de incompetencia dispuesta en el punto II de ese auto. (…) el tribunal RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD del punto dispositivo I de la resolución de fs. (…), y estar a la declaración de incompetencia dispuesta en el punto II de ese auto (art. 168, CPPN). II. DEJAR sin efecto la audiencia fijada a fs. (…). C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Sosa). 268

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional c. 41.888, RODRIGUEZ, Guillermo Sebastián. Rta.: 26/03/2012 SOBRESEIMIENTO. Rechazado. Pedido efectuado por la defensa por exceso de los plazos establecidos en el artículo 207 del C.P.P.N. Acción penal suspendida hasta tanto se adopte una resolución definitiva en el proceso civil. Confirmación. Fallo: “Entendemos que asiste razón al magistrado de la instancia anterior ya que la resolución decretada a fs. (…), aunque con una conformación parcialmente diferente, fue en razón que se advertía una estrecha y clara conexión entre el objeto procesal investigado en esta sede y el del expediente civil (…) y a fin de evitar el dictado de sentencias contradictorias se decidió suspender el ejercicio de la acción penal hasta tanto se adopte un fallo definitivo en aquélla. Por otro lado, a fs. (…) luce el informe remitido por el Juzgado Civil (…) del cual surge que el legajo mencionado aún está en pleno trámite. Aclarado ello, recordamos que los plazos establecidos en el artículo 207 del Código Procesal Penal de la Nación “son simplemente ordenadores …. Su incumplimiento no importa una hipótesis de sobreseimiento por agotamiento temporal … ni de nulidad de las actuaciones…” (1). Al respecto la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que “no resulta un argumento suficiente para llegar a un sobreseimiento, poner de resalto que “la demora en completar la instrucción de la causa que fuera iniciada … no puede redundar en perjuicio del imputado a quien asiste el derecho a obtener un pronunciamiento definitorio de su situación”, es que los plazos previstos en el artículo 207 del C.P.P.N. son simplemente ordenadores …. Si bien es cierto que el imputado tiene derecho a obtener un pronunciamiento que ponga término lo más rápido posible a la situación de incertidumbre y de innegable restricción de la libertad que comporta el enjuiciamiento penal, también lo es que corresponde dar primacía -por sobre la interpretación de las normas procesales- a la verdad jurídica objetiva, de modo que su esclarecimiento no se vea perturbado por un excesivo rigor formal, porque la idea de justicia impone que el derecho de la sociedad a defenderse contra el delito sea conjugado con el del individuo sometido a proceso, en forma que ninguno de ellos sea sacrificado en aras de otro.” (2), el subrayado nos pertenece. En consecuencia, a diferencia de lo alegado por la asistencia técnica no se advierte que se hubiera conculcado garantía constitucional alguna, pues en virtud del exiguo plazo que transcurrió desde que se inició este proceso no es de aplicación la doctrina sentada por el fallo “Mattei, Ángel” (3), por lo que no corresponde desvincular a (…) de las actuaciones tal como se peticiona. Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Pinto. (Sec.: Carande). c. 398/12, FOSSO, Vicente José. Rta.: 09/05/2012 Se citó: (1) Navarro-Daray, “Código Procesal de la Nación. Análisis doctrinal y jurisprudencial”. Tomo I, p. 525; (2) C.N.C.P., Sala II, c. 5391, “Sánchez Uroz, Antonio s/ recurso de casación”, rta.: 12/04/05; (3) C.S.J.N., Fallos: 272:188, rta.: 29/11/1968.

SOBRESEIMIENTO. Resolución y dictamen fiscal que no superan el control negativo de razonabilidad y logicidad. Fundamentación aparente. Acto jurisdiccional inválido. Nulidad del sobreseimiento y del dictamen fiscal. Disidencia: Resolución prematura. Revocación. Fallo: "(…) se le reprochó, en su condición de Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haber dispuesto -con la colaboración y asistencia del entonces ministro de Ambiente y Espacio Público (…)- la conformación de una repartición pública cuyo objetivo central y real era desocupar los lugares públicos -plazas, calles, bajos de autopistas- de personas en situación de calle que pernoctaban allí, en numerosos casos aún mediante la utilización de prácticas contrarias a la ley; al dictar el 21 de octubre de 2008 el Decreto N° 1232/08; cuyas previsiones resultan contrarias a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, a la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. En tal sentido, por dicha norma el nombrado creó (…) el Organismo Fuera de Nivel Unidad de Control del Espacio Público (U.C.E.P.), dependiente de la Subsecretaría de Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires. (…) Así estableció dentro de las responsabilidades primarias de esta Unidad, entre otras, las de "mantener el espacio público libre de usurpadores por vía de la persuasión y la difusión de la normativa vigente y las sanciones correspondientes y colaborar en el decomiso y secuestro de elementos, materiales y mercaderías acopiadas ilegalmente en el espacio público o utilizados para realizar actividades ilegales en el espacio público". De esta forma, arbitrariamente, facultaba a los miembros de esta repartición a establecer por sí quiénes serían individualizados como

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"usurpadores", sin el debido proceso previo y sin intervención alguna del Poder Judicial nacional o local, organismos competentes del Estado para establecer la existencia de un delito o una contravención; violentado los principios constitucionales de división de poderes y de enjuiciamiento acusatorio. (…) se le hizo saber que mediante el primer decreto estableció el marco normativo y habilitó el accionar desplegado posteriormente por los agentes de este organismo, determinando la conformación de un grupo de personas organizadas cuya función central -más allá de las plasmadas en los decretos- fue mantener libre de usurpadores el espacio público mediante la intimidación; el uso ilegítimo de la fuerza y la sustracción de elementos con el objetivo de obligar a numerosas personas en situación de calle a abandonar los lugares públicos donde pernoctaban y evitar su regreso a los mismos. Es decir, se conformó un grupo, sin capacitación profesional alguna relacionada con los objetivos formales aludidos en la norma, cuya función real fue desalojar mediante la utilización de métodos ilegales a quienes ocuparan plazas o calles, amenazarlas para que no retornen a esos lugares; omitiendo la necesaria participación en los operativos de las áreas pertinentes que pudieran brindar alternativas conforme a derecho a las personas en ese estado de vulnerabilidad. (…) para desplegar dicha tarea el estado local proveyó a la repartición con vehículos oficiales (…), el alquiler de un camión compactador de residuos (…) y "chalecos antipunzantes" (…). Igualmente, se estableció para facilitar la labor que los operativos se realizaran de lunes a viernes de 23 a 6 horas y luego de que otras dependencias del Gobierno de la Ciudad -Programa Buenos Aires Presente- durante el día relevaran los lugares donde se hallaban dichas personas en situación de calle. También se le reprochó, como jefe máximo de la administración local, en su caso, no haber efectuado los controles pertinentes a fin de evitar la repetición de estos sucesos, pese a su gravedad y reiteración, haber alcanzado estado público y ser advertido por la Legislatura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en tal sentido -(…) En tal contexto se concretaron, los siguientes sucesos: (…). Los jueces Jorge Luis Rimondi y Luis María Bunge Campos dijeron: (…) el sobreseimiento dictado no supera el control negativo de razonabilidad y logicidad, por lo que no puede ser considerado un acto jurisdiccional válido. En dicha línea, debemos destacar en primer término que la crítica de la acusadora particular se centró, fundamentalmente, en la premisa aceptada por la Sra. jueza a quo de que el imputado desconocía el modo en que supuestamente operaba la unidad (…). Es decir que, más allá de la legalidad o no del acto administrativo de creación de la UCEP, se cuestionó específicamente que, conociendo la presunta actividad ilícita de quienes conformaban el organismo mencionado, el imputado (como titular de la administración local) no evitó la continuidad de dicho proceder. (…) Sana crítica racional mediante, no puede sostenerse que una ligera mención a que se había iniciado el "respectivo sumario administrativo" (…) pueda ser sostén suficiente para una decisión desvinculatoria como la dictada. Contrariamente y sin profundizar más allá de la propia resolución atacada y la legitimación pasiva del imputado, se identifican 4 resoluciones de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires que habrían alertado sobre la cuestión (…), dos de ellas anteriores al dictado del decreto (…) en el que se ratifica el funcionamiento de la UCEP, si bien se cambia su ubicación en el organigrama, aceptándose la renuncia de dos de sus máximos responsables. La Sra. jueza a quo no profundiza sobre el particular, limitándose a una genérica coincidencia con el criterio del Sr. agente fiscal, que sobre este particular también resulta un fundamente inválido por aparente. Ello es así, dado que el dictamen fiscal al que se alude en la decisión omite cualquier tipo de referencia a este tramo del asunto. Si bien el acusador público reconoce expresamente que "avaló oportunamente la decisión unilateral de SS. de concretar aquella citación judicial de (…) (en referencia a su declaración indagatoria)" (…), su análisis de las evidencias se limita a la actuación del nombrado en la creación de la UCEP (…), sin la más mínima valoración de su proceder posterior. Destacamos nuevamente que el imputado también fue legitimado pasivamente por "(…) no haber efectuado los controles pertinentes a fin de evitar la repetición de estos sucesos, pese a su gravedad y reiteración, haber alcanzado estado público y ser advertido por la Legislatura y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires en tal sentido (…)", por lo que consideramos que no resulta ni razonable ni lógico que el Sr. agente fiscal requiera su sobreseimiento por la totalidad del reproche (que expresamente "avaló") sin fundamento alguno a este respecto. De este modo, el dictamen fiscal (…) tampoco supera el control negativo que nos compete efectuar. Por lo expuesto, consideramos que la resolución apelada infringe lo expresamente establecido por el art. 123, Cód. Proc. Penal, y el dictamen fiscal que resulta su antecedente lo prescripto por el art. 69 ibídem. En consecuencia, ambos actos procesales deben ser nulificados, por no respetar la debida motivación. Así votamos. El juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) la decisión adoptada aparece prematura, dado que existen circunstancias que no han sido debidamente acreditadas, de manera tal que, valoradas de este modo y como reiteradamente ha sostenido esta Sala (*) el carácter conclusivo del sobreseimiento exige un estado de certeza corroborante sobre la existencia de la causal en que se fundamente y procede cuando no quedan dudas acerca de la falta de responsabilidad del imputado. En este sentido, corresponde profundizar la investigación y aclarar esas circunstancias para luego arribar a una decisión de mérito, más aún cuando (…) ha sido legitimado pasivamente (…). Precisamente, cabe en este punto aclarar que de los agravios expresados por la querella en el recurso, se dice de la existencia de un archivo digital en el que constaría un requerimiento de actuación formulado por el propio (…) a la UCEP, siendo que uno de los reproches efectuados al imputado, consiste en que conociendo la presunta actividad ilícita del organismo, no sólo no evitó su continuidad, sino que habría formulado la solicitud referida precedentemente. (…) Por todo lo expuesto, queda en evidencia que la nulidad propuesta carece de sentido práctico, puesto que en todo caso, el requisito exigido por los arts. 69 y 123 del CPPN (motivación de las resoluciones), que hace al cabal funcionamiento del Estado de Derecho, se encuentra satisfecho con la indicación que hicieron tanto el Fiscal como la Sra. Juez a quo de las cuestiones y causas que consideraron conducentes para adoptar la decisión. 270

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Finalmente, de acuerdo al criterio que históricamente (desde marzo de 1994) vengo sosteniendo en relación a la actuación de la querella de manera autónoma, aún desde el inicio de las actuaciones, (…) corresponde hacer lugar al planteo de la querella. (…) considero que el querellante puede actuar de manera autónoma e independiente del Ministerio Público fiscal aún cuando dicho órgano no haya impulsado la acción al tiempo del requerimiento de instrucción, por lo que, corresponde revocar la resolución (…) y estar a la falta de mérito para procesar o sobreseer a (…). Así lo voto. (…) el tribunal RESUELVE: I) DECLARAR LA NULIDAD del auto de fs. (…), mediante el cual se resolvió sobreseer a (…) en los términos del art. 336, inciso 2° del CPPN. (arts. 69, 123 y 455 del CPPN). II) DECLARAR LA NULIDAD del dictamen fiscal (…). (…)".

C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch (en disidencia), Bunge Campos. (Prosec. Cám.: Castrillón). c. 41903, MACRI, Mauricio. Rta.: 26/04/2012

Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 30.741, "Chávez", rta.: 10/4/07 y sus citas. SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Rechazada. Magistrado que funda el rechazo en la escasez del monto resarcitorio ofrecido. Damnificado que precisó que no aceptaría ofrecimiento económico alguno e iniciaría el juicio civil. Fundamentación que prescinde los dichos del propio interesado. Revocación. Disidencia: suspensión que debe procurarse una vez que la instrucción esté completa. Confirmación. Hechos: apeló la defensa el auto que rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: Principia señalar que los alcances del recurso limitan la cuestión a tratar por la Sala, a la razonabilidad del ofrecimiento de reparación que formuló el imputado (…) en el marco de la audiencia dispuesta en el artículo 293 del canon adjetivo. Para analizar dicha circunstancia cabe valorar -ante todo- la entidad de las lesiones que habría sufrido (…) y en ese sentido, del informe del médico legista se desprende que aquél no presentaba signos recientes ni evidentes de origen traumático (…) y el Cuerpo Médico Forense dictaminó que el damnificado presentó un traumatismo de tipo contuso sin lesión ósea aparente (…). Desde esa perspectiva, teniendo en cuenta la levedad de las lesiones informadas y la situación económica del imputado (…), no aprecio que el ofrecimiento de cien pesos ($ 100) resulte claramente irrisorio, como para entender que no satisface el requisito previsto en el artículo 76 bis, párrafo tercero del Código Penal. Pero además, debe ponderase que la propia víctima manifestó que no asistiría a la audiencia, no aceptaría ofrecimiento económico alguno por parte del imputado e iniciaría el pertinente juicio civil (…). Tales extremos evidencian la innecesariedad, en el caso, de exigir al enjuiciado un ofrecimiento mayor al indicado, pues ello en nada cambiaría la situación verificada en autos ya que el damnificado expresó formalmente su negativa a aceptar cualquier pago por parte de (…). Entonces, denegar el instituto procurado a partir de la invocada escasez de la reparación ofrecida, importa prescindir de los dichos del propio interesado acerca de que no admitiría propuesta alguna, manifestación que, a mi juicio, torna abstracta la discusión en torno de la suficiencia -o no- del monto respectivo. En consecuencia, voto por revocar el auto puesto en crisis. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Tal como he sostenido en otras oportunidades, la suspensión del juicio a prueba debe procurarse una vez que la instrucción se encuentra completa y después del auto o decreto de elevación a juicio previsto en el art. 351 del Código de rito, extremo que no se ha verificado en las presentes actuaciones (1). En consecuencia, y aunque por estos motivos, entiendo que la decisión puesta en crisis debe ser homologada. Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), participado de la deliberación y no teniendo preguntas para formular, adhiero al voto del Dr. Divito. (…), el Tribunal RESUELVE: REVOCAR la resolución documentada (…), en cuanto fuera materia de recurso". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro (en disidencia), Pociello Argerich. (Prosec. Ad Hoc.: Sposetti) c. 632, FERNÁNDEZ MASCAEÑO, Mariano. Rta.: 01/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.560 "Mayor, Rubén N.", rta: 13/11/2009 y c. 39.960, "Aragón Rodríguez, María B.", rta: 30/11/2010.

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SUSPENSIÓN DE JUICIO A PRUEBA. Rechazada. Oportunidad procesal para peticionarla: a partir de la declaración indagatoria. Revocación. Fallo: "(…) Tiene dicho el tribunal que la suspensión del juicio a prueba puede ser peticionada en la etapa de instrucción, a partir de haberse formalizado la imputación en el acto de indagatoria (1). En el caso que nos ocupa, conforme se desprende del acta documentada a fs. (…), tal intimación se concretó el 15 de diciembre de 2011, motivo por el cual no existe impedimento alguno para la realización de la audiencia prevista por el artículo 293 del ordenamiento ritual, a los fines de considerar el otorgamiento o no de la suspensión del juicio a prueba en beneficio del imputado. (…) el tribunal resuelve: Revocar el auto de fs. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, López González. (Sec.: Vilar). c. 108, GEBARA, Ernesto J. Rta.: 02/03/2012

SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Concedida. Fiscal que se opone y recurre. Opinión fiscal no vinculante. Inhabilitación provisoria para conducir no impuesta. Imputado que no obró con temeridad. Confirmación. Disidencia: solicitud que debe efectuarse una vez que la instrucción se encuentre completa. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: I. En relación con el agravio desarrollado por la recurrente respecto de la necesidad del consentimiento del ministerio público fiscal para que se conceda la suspensión del juicio a prueba, en ocasiones anteriores he sostenido que la ley establece que es necesario solamente en los supuestos previstos en el cuarto párrafo del art. 76 bis del Código Penal, que es donde aparece mencionado dicho requisito, y no en los demás contemplados en ese mismo artículo (1). En otras palabras, en hipótesis como la del sub examen, en que la pena privativa de la libertad conminada en el Código Penal no excede de los tres años de prisión (íd., art. 94) y, por ende, resulta aplicable el art. 76 bis, primer párrafo, del citado cuerpo normativo, la falta de conformidad de la fiscalía no impide acceder a la probation si, en contra de ese criterio, el juez estima reunidas la exigencias legales para que sea acordada. Desde esa perspectiva, en el caso la opinión de la señorita fiscal en modo alguno resultaba vinculante para el órgano jurisdiccional. II. Por otro lado, la fiscalía destacó que el imputado no prestó su conformidad para ser inhabilitado para conducir, pese a que en función de la pena conjunta (inhabilitación especial) que se contempla en la ley para el delito atribuido (artículo 94, párrafo segundo, Código Penal), conforme a los criterios de política criminal fijados por la Procuración General de la Nación, sólo correspondería la suspensión del juicio a prueba si a aquél se le impusiera el cese de la actividad para la que habría sido inhabilitado en caso de recaer condena. Al respecto, debo señalar que en oportunidades anteriores (2), he sostenido, con cita del precedente "Norverto" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que la restricción que establece el último párrafo del art. 76 bis del CP sólo se refiere a los delitos reprimidos exclusivamente con pena de inhabilitación (3). Conforme a lo expresado, corresponde examinar si el señor juez de grado, para conceder la suspensión del juicio a prueba, debió haber contado con la aceptación de (…) en orden a ser inhabilitado para conducir vehículos automotores. Al respecto, estimo que el magistrado de la instancia anterior ha suministrado buenos argumentos para disponer que el causante cumpla un curso orientado a la neutralización de la incompetencia que se le atribuye en esta causa, mas descartando la inhabilitación a que se aludiera, para lo cual señaló que durante el proceso no se había hecho aplicación de lo dispuesto en el art. 311 bis del Código Procesal Penal de la Nación. En este último aspecto, el criterio del a quo se compadece con el que ya ha asumido esta Sala en torno de la inhabilitación provisoria allí prevista, conforme al cual aquélla es improcedente en supuestos en los que, como en el del sub examen, no se advierte que el imputado hubiera obrado con temeridad (4). Por lo demás, sin perjuicio de las consideraciones efectuadas por el juez Pociello Argerich -a las que adheríen la ya citada causa n° 37.656 de esta Sala en torno de la posibilidad de acudir a la denominada "autoinhabilitación", puesto que en la presente el imputado (…) no la ha aceptado, estimo que los fines de prevención especial positiva que inspiraron el dictado de la ley 24.316 quedan suficientemente cubiertos mediante la directiva discernida en la resolución apelada, teniendo en cuenta, en particular, que el nombrado trabaja como chofer de colectivos desde "hace 22 años" Y que con ese empleo es el sostén de su familia -si bien está separado, tiene cinco hijos, dos de ellos menores de edad y vive con su madre de 82 años que es jubilada- (…). III. En función de lo expresado, entiendo que corresponde confirmar la resolución (…), en cuanto ha sido materia de recurso. Así voto. El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Más allá de las razones por la que el representante del Ministerio Público Fiscal entendió que debía revocarse la decisión que otorgó la suspensión del juicio a prueba solicitada por la asistencia técnica del imputado, lo cierto es que cabe arribar a la misma conclusión aunque por fundamentos disímiles, siempre que en casos análogos he sostenido que el instituto aludido debe procurarse una vez que la instrucción se encuentre completa y después del auto o decreto de elevación a juicio previsto en el art. 351 del Código de rito, extremo que no se ha verificado en las presentes actuaciones (5). Así voto. 272

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional El Juez Pociello Argerich dijo: (…), adhiero al voto del juez Divito, ello sin perjuicio de aclarar, como hiciera en la causa n° 304/11, "Bubas, Guillermo", del 20-12-11, que la oposición del fiscal no es vinculante en ninguno de los casos contemplados en el artículo 76 bis del Código Penal (6). En consecuencia, esta Sala del Tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el auto (…), en cuanto fuera de materia". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro (en disidencia), Pociello Argerich. (Sec.: Sánchez). c. 249/12, GONZÁLEZ, Pedro J. Rta.: 27/04/2012 Se citó: (1) Gustavo L. Vitale, Suspensión del Proceso Penal a Prueba, Editores del Puerto S.R.L., Bs. As., 2004, 2da. ed. actualizada, p. 257 y ss. y C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 304/11, "Bubans, Guillermo", rta: 20/12/2011. (2) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.656, "Pérez Fernández, José", rta: 10/11/2009 y c. 40.931, "Zaguir, Eva", rta: 23/06/2011. (3) Gustavo L. Vitale, ob. cit., p. 182. (4) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 39.171, "Cantaliano, Oscar Alejandro", rta: 05/08/2010. (5) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 24.399, "Bevilacqua, Rolando", rta: 05/10/2004 y c. 37.560, "Mayor, Rubén", rta: 13/11/2009. (6) C.N.Crim. y Correc., Sala V, c. 40.512, rta: 10/02/11.

SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Fiscal que no suscribió el acta de la audiencia (art. 293, del C.P.P.N.). Afectación a la garantía del debido proceso. Nulidad (art. 168, 2° párraf., del C.P.P.N.). Fallo: "(…) A fs. (…) se glosó el acta de audiencia de suspensión de juicio a prueba, cuyas primeras líneas refieren que el acto fue presidido por la jueza subrogante y que estuvo presente (…) y el defensor oficial, y también la fiscal (…). Al momento de registrar la postura de esta última se hizo remisión al dictamen incorporado por escrito a fs. (…), sin perjuicio de que finalizado el acto, el actuario dejó constancia de que previa lectura, "ratificó y firmó el compareciente después de S.S. y ante mí…" No se observa la firma de la representante del Ministerio Público Fiscal al final del acta y el secretario actuante tampoco hizo mención a algún impedimento o circunstancia que haya obstado la rúbrica. La omisión de la firma de la funcionaria, obliga a la declaración de nulidad prevista en el art. 140 en función del art. 139 del C.P.P.N. Nótese que se trata, en el caso, de una nulidad de orden general, pues implica la sanción por inobservancia de una disposición concerniente a la intervención del Ministerio Fiscal (art. 167 inc. 2 y art. 168 del C.P.P.N). Su participación es un requisito ineludible de la audiencia única prevista en el art. 293 del C.P.P.N., pues la norma reglamenta, mediante la inmediación y el contradictorio, la garantía constitucional del debido proceso legal. (…) esta sala resuelve: Declarar la nulidad de la audiencia cuya acta se encuentra glosada a fs. (…) y lo obrado en consecuencia". C.N.Crim. y Correc., Sala V, Pociello Argerich, Garrigós de Rébori, López González. (Sec.: Raña). c. 600/12, PINTA, Héctor G. Rta.: 31/05/2012

SUSPENSIÓN DEl JUICIO A PRUEBA. Procedencia. Objeciones del fiscal para la procedencia que no constituyen una derivación razonada del derecho vigente por lo que no es vinculante. Imputado: escribano público en proceso de quiebra. Imputado que reviste la calidad de funcionario público. Imputados concursados y quebrados que están impedidos de prestar una reparación económica. Confirmación. Fallo: "(…) II. No se encuentra controvertido que el pedido de suspensión de juicio a prueba de (…). Mira fue formulado en el momento procesal oportuno. En cuanto al ámbito de aplicación del instituto, aún cuando la punición prevista para el delito de defraudación por administración fraudulenta supere el máximo de tres años previsto en el segundo párrafo del artículo 76 bis del Código Penal, sería de igual modo procedente por cuanto las circunstancias del caso permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable (1). III. En otro orden, las razones invocadas por el recurrente para postular la denegatoria del beneficio con base en la calidad de funcionarios públicos que revestirían los imputados no son compartidas. El artículo 76 bis del Código Penal establece que "no procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado del delito". Se desprende de ello la exigencia de dos requisitos: a) que el imputado revista la calidad de funcionario público y b) que al momento de la comisión del delito que se le adjudica se encontrara ejerciendo efectivamente la función pública que le es propia. El análisis del caso sometido a estudio nos lleva a excluir la concurrencia de la primer exigencia, ya que, al menos en el marco interpretativo de esa norma, no es posible equiparar el escribano un funcionario público.

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Enseñan David Baigún y Eugenio Raúl Zaffaroni que si bien habitualmente se ha entendido que están abarcados en la expresión "funcionario público" quienes en concreto "ejercen funciones públicas", ello no autoriza a considerar que cualquier tarea, aún cuando se le adscriba cierta significación institucional de orden público, pueda ser calificada en esos términos (2). Los autores mencionados ofrecen el caso del escribano como ejemplo de un sujeto que, en principio, podría ser excluido de la calidad de funcionario público pese a la trascendencia institucional de su labor. Indican que "la índole de la función se califica, en cambio, cuando el escribano actúa…como inventariado designado judicialmente, o cuando el abogado es habilitado como auxiliar de una diligencia judicial" (3). Cabe también considerar que la Convención Interamericana contra la Corrupción establece en su artículo 1 que "funcionario público es cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre o al servicio del Estado" (4). Desde esta óptica si bien el escribano participa de una función estatal, cual es la de otorgar fe pública de los instrumentos que pasan por ante él, lo hace como profesional que el Estado habilita para esa tarea pero que no está incorporado a la estructura de la administración. Véase que su condición no depende del nombramiento de una autoridad estatal y el desarrollo de su actividad reviste características esencialmente privadas -al punto de realizarse a petición de particulares-, y sin vinculación, permanente o accidental, con un organismo público. Corresponde finalmente destacar que en el debate parlamentario de la ley 24.316 se sostuvo que "la probation no procederá cuando el partícipe es un funcionario público, dado que en este caso existiría una vinculación con delitos contra la administración pública y se pondría en juego toda la transparencia que la comunidad exige de aquellos que de alguna manera tienen injerencia en la administración de los recursos comunes" (CNCP Sala II "Trono, Blanca María Marcelina", rta. 1/04/2009 con cita del Diario de sesiones, Cámara de Senadores de la Nación). De ello se desprende que el legislador al excluir a los funcionarios públicos de la posibilidad de acceder a la probation, tenía en miras asegurar que quienes forman parte de los poderes del Estado estén en condiciones de dar cuenta en juicio ante la sociedad de los actos ilícitos por los que pudieran verse sometidos a proceso, fundamento que no se aplica al presente caso. IV. Por otra parte, cierto es que el artículo 76 bis del Código Penal introduce como requisito de admisibilidad de la solicitud para que se suspenda el procedimiento penal, la obligación del imputado de realizar un ofrecimiento al damnificado de reparación del daño causado por el hecho prima facie delictivo por el que soporta reproche. No obstante, esa misma norma añade que deberá hacerlo en la medida de sus posibilidades. Al respecto se ha sostenido que para establecer la medida de este deber tiene un peso decisivo la situación del imputado y que "la ley no puede ser interpretada en el sentido de que solo quienes tienen a su disposición medios económicos podrán acceder a la suspensión del juicio a prueba; en la medida de lo posible significa que si esa medida es inexistente nada podrá ofrecer ni exigírsele. El juicio de razonabilidad no ha de atender solo a la existencia y extensión del supuesto daño, sino también a las reales posibilidades de pago del imputado" (Bovino, Alberto, "La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino", Ed. del Puerto, 2001, pág. 134/135 con cita de García, "La suspensión del juicio a prueba según la doctrina y la jurisprudencia", p. 354). Las copias de los procesos que corren por cuerda revelan que el 2 de diciembre de 2005 se decretó la quiebra de (…) y se dispuso su inhibición general de bienes (fs. … del expediente … del Juzgado Comercial n° …) mientras que el 21 de abril de 2004 se declaró la apertura del concurso preventivo de (…) y se decretó también su inhibición general de bienes (fs. … del expediente n° … del Juzgado Comercial n° …). A nuestro juicio, el hecho de que los imputados se hallen actualmente sujetos a procesos de quiebra y concurso y hubieran sido inhabilitados para administrar y disponer de sus bienes, se presenta como un impedimento legal para efectuar un ofrecimiento de reparación económica. La obligación de resarcir a la víctima por el daño causado por el posible delito, comprendida en el artículo 1079 del Código Civil, en tanto afecta el patrimonio de los imputados/deudores, se ve alcanzada por el principio de universalidad que caracteriza tanto a los procesos de quiebra como a los concursales (artículo 1 in fine de la Ley 24.522). Véase que en el caso del concursado, si bien conserva la administración de sus bienes -aún cuando en el caso también ha sido inhibido-, lo hace bajo la vigilancia del síndico y le está prohibido realizar actos que importen la alteración de la garantía de sus acreedores (artículos 15 y 16), mientras que en el del quebrado, no solo se ve afectado por una medida precautoria que le impide disponer de sus bienes (artículo 85), sino que se halla desapoderado de ellos de pleno derecho y en consecuencia impedido de ejercitar cualquier acto de disposición y administración (artículo 107). Por lo demás, no puede obviarse que el Código Penal reprime tanto al quebrado como al concursado civilmente que efectuara pagos a un acreedor pese a la prohibición que implica la declaración de quiebra o el auto de apertura del concurso (artículos 176 inciso 3 y 179 primera parte). En razón de las circunstancias antes apuntadas es que puede afirmarse que el concurso y la quiebra a la que se encuentran afectados los imputados concuerdan a contrario sensu con el enunciado del artículo 76 bis del Código Penal, es decir, los transforman en imposibilitados de prestar alguna reparación económica. Y así, dado que los sometidos a proceso se hallan impedidos de prestar ese resarcimiento, el ofrecimiento dejará de ser una condición de admisibilidad del instituto, pues un presupuesto de legitimidad de toda exigencia legal será siempre la posibilidad de su cumplimiento (Vitale, Gustavo L., "Suspensión del proceso penal a prueba", Ed. del Puerto, 2010, pág. 168, y en el mismo sentido D´Alessio, Andrés José y Divito, Mauro A. "Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado", Ed. La Ley, 2011, to. I, pág. 1105). De otro lado, el ofrecimiento de donación de alimentos por parte de los familiares de los imputados a "Caritas", no solo una institución ajena a las víctima sino a la que tampoco ella dio instrucciones de que se 274

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional destinara el resarcimiento económico por el daño causado, no suple la reparación establecida en el tercer párrafo del artículo 76 bis, ni tampoco constituye presupuesto de admisibilidad del instituto, con lo cual ningún análisis cabe efectuar al respecto. V. Las razones ponderadas en el punto anterior llevan a concluir que la oposición del representante del Ministerio Público Fiscal a la concesión de la probation carece en estas condiciones de la debida razonabilidad y logicidad, por cuanto los motivos que brindó como fundamento se apartan de las normas legales que resultan de ineludible aplicación al caso e incorporan un requisito para el otorgamiento del beneficio que no halla sustento en derecho -para el caso, la intervención del síndico de los procesos comerciales en la realización de un ofrecimiento de reparación económica-. Por ello, en tanto la negativa fiscal no supera el control de logicidad y fundamentación que debe realizar al tribunal y se aleja de la legislación aplicable, no habrá de ser vinculante de acuerdo con la doctrina plenaria del fallo "Kosuta" de la Cámara Nacional de Casación Penal del 17 de agosto de 1999 y lo sostenido por esta sala en los precedentes n° 861/11 "Cassina, Marcelo", resuelto el 4 de julio de 2011 y n° 34.370 "Demichele", resuelto el 6 de junio de 2008, entre otros. Por todos los fundamentos hasta aquí esbozados, y tras verificarse los requisitos que habilitan la concesión de la suspensión de juicio a prueba respecto de los imputados, es que habrá de homologarse la decisión puesta en crisis. En consecuencia, se RESUELVE: I. TENER POR DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la querella contra la decisión que declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del inciso "c" del artículo 10 de la Ley 24.050 (art. 454 del CPP). II. CONFIRMAR los puntos II, III y V del auto de fs. (…) en todo cuanto fuera materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 350, MIRA, Susana E. y otro. Rta.: 26/04/2012 Se citó: (1) C.S.J.N. "Acosta" , Fallos 331:858. (2) Baigún, David y Zaffaroni, Raúl Eugenio, Código Penal y Normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Ed. Hammurabi, 2da. edición, págs. 572 y 573. (3) Baigún, David, Zaffaroni, Raúl Eugenio, Código Penal y Normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Ed. Hammurabi, 2da. Edición, pág. 573 y D´Alessio-Divito: Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado, 2da. edición , Tomo I. Parte General. Ed. La Ley, págs. 1131 y 1132 con cita de C.C.C. Sala III "Cano", 12/10/1985 y C.N.C.P. Sala II "Trono", rta. 1/04/2009, Sala IV "De Aparici", rta. 30/12/2009 y Sala I "Giulitti", rta. 17/03/2011. CCC Sala VI causa n° 43.052 "Incidente de excepción de falta de acción…", rta. 16/02/2012 SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Rechazada. Citación del damnificado que no se llevó a cabo. Desconocimiento sobre la existencia de la audiencia. Privación a la víctima de la posibilidad de pronunciarse. Nulidad. Disidencia parcial: suspensión que debe procurarse una vez que la instrucción se encuentre completa. Hechos: la defensa apeló el auto que rechazó el pedido de suspensión del juicio a prueba. Fallo: "(…) El juez Mauro A. Divito dijo: Previo a analizar el fondo de la cuestión, dable es señalar que si bien el magistrado a quo ordenó la convocatoria del damnificado (…) a la audiencia dispuesta en el artículo 293 del canon adjetivo (…), tal citación, no fue fehacientemente llevada a cabo. En efecto, las constancias (…). -diligencias cumplidas en (…) revelan el desconocimiento de (…) sobre la existencia de la audiencia, extremo que se corrobora con la declaración prestada (…), oportunidad en la que aquél indicó que se domicilia en la calle (…) de esta ciudad. Tal circunstancia impone la anulación de dicha audiencia, en la medida en que el propio texto legal prevé que "la parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida" y la omisión en que se incurrió ha privado a la víctima de la posibilidad de pronunciarse (1). Al respecto, cabe señalar que en el marco de la causa n° 31.076, "Ohanessian, Claudio", del 25-8-2009, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal anuló la audiencia llevada a cabo a tenor de lo prescripto por el art. 293 antes citado al haberse omitido la participación de las víctimas. Ese mismo Tribunal ha sostenido que "los jueces solo están habilitados a sopesar la razonabilidad de tal reparación cuando la víctima ha tenido oportunidad y hecho uso de su derecho a ser oída antes de la decisión sobre la suspensión y sólo en la medida en que se hubiese expresado en disconformidad con el ofrecimiento." (2). En consecuencia, voto por declarar la nulidad de la audiencia celebrada (…) y del auto que rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba documentado (…). El juez Juan Esteban Cicciaro dijo: Tal como he sostenido en otras oportunidades, la suspensión del juicio a prueba debe procurarse una vez que la instrucción se encuentra completa y después del auto o decreto de elevación a juicio previsto en el art. 351 del Código de rito, extremo que no se ha verificado en las presentes actuaciones (3). En consecuencia, y aunque por estos motivos, entiendo que la decisión puesta en crisis debe ser homologada. Así voto. El juez Rodolfo Pociello Argerich dijo: (…), adhiero al voto del juez Divito cuyos argumentos comparto en su totalidad. 275

(…), esta Sala del Tribunal RESUELVE: DECLARAR la NULIDAD de la audiencia celebrada en los términos del artículo 293 del C.P.P. que luce documentada (…) y del auto que rechazó la solicitud de suspensión del juicio a prueba pasado (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro (en disidencia), Pociello Argerich. (Sec.: Franco). c. 63, MARTÍNEZ, Raúl. Rta.: 15/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 41.718, "Bergunker, Susana", rta: 04/10/2011. (2) C.N.C.P., Sala II, c. 10.851, "Maguna, Adelaida", rta: 21/05/2009. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala VII, c. 37.560, "Mayor, Rubén N.", rta: 13/11/2009 y c. 39.960, "Aragón Rodríguez, María B.", rta: 30/11/2010.

SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Rechazada. Juez que resolvió sin celebrar la audiencia del art. 293 CPPN. Derecho de defensa. Nulidad. Apartamiento del magistrado. Fallo: "(…) no hizo lugar a los pedidos de suspensión del juicio a prueba oportunamente solicitados a favor de los imputados. (…) advertimos que en el caso no se ha celebrado la audiencia que prevé el art. 293, CPPN, en la que tienen derecho a expresarse todas las partes, incluso la parte querellante. Así las cosas, el Sr. juez de grado ha resuelto la pretensión de las defensas omitiendo tal recaudo previo, lo que conlleva a la nulidad de la resolución puesta en crisis, sin que los argumentos allí expuestos resulten suficientes dado que de este modo se ha privado a las partes de ejercer su derecho de defensa. (…) "…el art. 293 del código procesal penal de la nación otorga a las partes intervinientes el derecho de expresarse en el ámbito de una audiencia única tras la cual el órgano judicial competente podrá conceder o no el beneficio solicitado. Si existe esta especial previsión legislativa, la realización del trámite que prevé el artículo 293 del código instrumental es necesario desde que el cumplimiento de las etapas procesales que acuerda el ordenamiento a los sujetos intervinientes en el proceso es por naturaleza una garantía para las partes, que en el caso no puede quedar sometida a la discrecionalidad del juzgador y cuya inobservancia afecta las garantías de clara raigambre constitucional (arts. 18 y 75 inc. 22 de la c.n. y art. 8 del pacto de san josé de costa rica)" (*). (…) el tribunal RESUELVE: I. DECLARAR LA NULIDAD del punto dispositivo I) de la resolución (…). II. APARTAR al Dr. (…), titular del Juzgado Nacional de Instrucción n° (…) de continuar interviniendo en las presentes actuaciones. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Rimondi, Barbarosch, Bunge Campos. (Sec.: Peluffo). c. 41.771, LLOBERAS, Fernando H. y otros. Rta.: 12/03/2012 Se citó: (*) C. N. Crim. Corr., Sala I, c. 37.128, "Rodríguez", rta.: 10/11/09, en la que se citó CNCP, sala II, Reg. n° 2774, del voto del Dr. Madueño en "Mascimo, María Susana s/recurso de casación", rta.: 6/9/99.

SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Rechazada. Oposición Fiscal por cuestiones de política criminal. Dos imputados en la causa pero solo uno requirió el instituto. Posible afectación de la estrategia respecto de quien no la pidió. Confirmación. Fallo: “(…) En el sub examen, la titular de la acción pública rechazó la aplicación del instituto por cuestiones de política criminal, pues sostuvo que el co-imputado no había solicitado el beneficio y señaló que, de concederse, se limitaría la táctica de la fiscalía en el debate relacionada al descargo efectuado por (…) en su declaración indagatoria. Agregó que los fines de la probation no se realizarían si se llevara a cabo el juicio contra un acusado y no contra el otro (…). Esta postura es acorde con las pautas que surgen de la Resolución N°97/09, emanadas de la Procuración General de la Nación el 14 de agosto de 2009 que recomendó a los fiscales que se opongan a la aplicación del instituto en casos en donde se vea afectada su obligación de velar por el impulso de la acción penal con respecto a otros imputados, a los cuales no les corresponda el beneficio y en los que se entienda que su otorgamiento pueda debilitar la acusación. Los motivos expresados por el acusador público en la audiencia celebrada en los términos del artículo 293 del Código Procesal Penal resultan atendibles, pues aparece razonable considerar que la concesión del beneficio a uno de los acusados puede afectar su estrategia en el juicio respecto del otro consorte. Por otro lado, valoramos que la conformidad fiscal que exige la concesión de la suspensión del juicio a prueba prescripta en el artículo 76 bis, 4° párrafo del Código Penal se adecua al artículo 120 de la Constitución Nacional, reglamentado por la Ley 24.946. Queda claro que aquél es el titular de la acción penal y, toda vez que la probation constituye una interrupción del trámite del proceso hacia el debate oral, su consentimiento es adecuado dado el status constitucional que el Ministerio Público ha adquirido desde la última reforma de nuestra Carta Magna. En este sentido, la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal ha entendido que “(...) cuando el fiscal expresa su oposición a la suspensión del proceso, ´...no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de 276

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional continuar ejerciendo la acción. Y puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la acción penal, el tribunal, que carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio, depende de la conformidad fiscal´ (...)” (1). Además “(...) la opinión del fiscal -su consentimiento- se debe limitar a la formulación de un juicio de conveniencia y oportunidad político-criminal, en un caso concreto acerca de la continuación o suspensión de la persecución penal. El juicio de oportunidad del acusador acerca de la conveniencia de suspender el procedimiento, por otro lado, se debe limitar a las razones político-criminales que el ministerio público puede legítimamente tener en cuenta para tomar su decisión. Esto implica una doble exigencia: a) se debe tratar de razones político-criminales referidas a la conveniencia de la persecución respecto a este caso particular; y b) esas razones deben ser razones que, según el ordenamiento jurídico, puedan ser tomadas en cuenta para una decisión de ese carácter” (…). También se sostiene que “Este juicio [del fiscal] no debe estar fundado en los mismos requisitos legales establecidos para la suspensión del procedimiento. Estos requisitos ya han sido objeto de un juicio de conveniencia y oportunidad por parte del legislador...y la verificación efectiva de su existencia corresponde, en cada caso concreto al tribunal. Otorgar valor vinculante al consentimiento del fiscal respecto de los requisitos legales de procedencia de la suspensión del procedimiento, cuya verificación y definición corresponde obligatoria y exclusivamente al tribunal implica, al mismo tiempo, desconocer el valor de la decisión del tribunal en cuanto a la verificación del cumplimiento de las exigencias establecidas como presupuestos legales de la aplicación del instituto. Ello significa, entonces, que el consentimiento del fiscal, para no usurpar la función de control de legalidad, atribución propia de la función jurisdiccional, debe tener por objeto, necesariamente, algo distinto a las exigencias legales, cuya verificación exige el control judicial” (…). Circunscriptos entonces a los agravios introducidos por el recurrente y, habiendo analizado el juez de instrucción la fundamentación y logicidad de la oposición fiscal a la concesión del instituto en análisis, su rechazo es ajustado a derecho. En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso. (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto. (Sec.: Oberlander). c. 267, CASSAS, Ricardo. Rta.: 19/04/2012 Se citó: (1) C.N.C.P., Sala III, c. 11.954, “González, Nadia Micaela”, rta.: 8/7/10.

SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Rechazada. Proceso en etapa oportuna para introducir el planteo. Revocación. Hechos: la defensa apeló que no se hizo lugar a la suspensión del juicio a prueba. Considera la defensa que la decisión del magistrado de la anterior instancia es arbitraria ya que realizó una aplicación restrictiva, inadecuada y dogmática que tornaría inoperante el instituto peticionado; que la legislación vigente no ha fijado el estadio procesal a partir del cual es posible suspender el proceso a prueba, por lo cual debió aplicarse el criterio jurisprudencial seguido por todas las Salas de la Cámara. Fallo: “II.-) El juez Julio Marcelo Lucini dijo: Ya he sostenido que es viable la petición de la suspensión del juicio a prueba una vez que el órgano jurisdiccional se haya expedido de alguna manera sobre el contenido previsto en el art.306 del Código Procesal Penal de la Nación (1). En ese sentido y toda vez que en el caso la asistencia técnica del imputado introdujo el pedido en oportunidad de la notificación a la que alude su art. 349 debe revocarse el punto I del auto de fs. (…) y realizarse la audiencia prevista en ese cuerpo legal. III.-) El juez Ricardo Pinto dijo: Tal como me he expedido en la causa N°42.739 “Fernández Cardoso, Daniel y otro”, rta: 6/12/11, a cuyos argumentos me remito en honor a la brevedad, considero que la suspensión del juicio a prueba puede ser peticionada por el imputado desde la recepción de la declaración indagatoria, momento en que se encuentra delimitada la intimación y aquél se enfrenta a una acusación concreta. Por lo expuesto, entiendo que debe revocarse el punto I del auto de fs. (…) y llevarse a cabo la audiencia prevista en el art.293 del código de rito. Por todo ello, se RESUELVE: Revocar el punto I del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso, debiendo el Sr. Juez a quo celebrar la audiencia en los términos del art.293 del Código Procesal Penal de la Nación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini (por su voto), Pinto (por su voto). (Sec.: Oberlander). c. 410/12, PAZ, Pablo Andrés. Rta.: 10/05/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 42.739, “Fernández Cardoso, Daniel”, rta.: 6/12/11.

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SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA. Tratamiento diferido. Pedido efectuado tras oírse al imputado en declaración indagatoria y con anterioridad al dictado del auto de mérito. Situación procesal regularizada con posterioridad al pedido. Revocación. Necesidad de celebrar la audiencia. Hechos: la defensa apeló el auto que dispone diferir el tratamiento de la suspensión del juicio a prueba planteado. Fallo: “(…) II.-) Los jueces Julio Marcelo Lucini y Mario Filozof dijeron: Ya hemos sostenido que es viable la petición de la suspensión del juicio a prueba una vez que el órgano jurisdiccional se haya expedido de alguna manera sobre el contenido previsto en el art.306 del código adjetivo (1). Si bien en el caso la defensa introdujo el pedido tras oírse al imputado en declaración indagatoria y con anterioridad al dictado del auto de mérito en cuestión, lo cierto es que en la actualidad no sólo se ha regularizado su situación procesal (…) sino que la decisión jurisdiccional plasmada en el primer punto dispositivo ha adquirido firmeza por falta de impugnación de la defensa. Por lo expuesto, corresponde revocar el punto IV del auto de fs. (…) y disponer la realización de la audiencia prevista en el art.293 del Código Procesal Penal de la Nación. III.-) El juez Ricardo Pinto dijo: Tal como me he expedido en la causa N°42.739 “Fernández Cardoso, Daniel y otro”, rta: 6/12/11, a cuyos argumentos de hecho y de derecho me remito en honor a la brevedad, considero que la suspensión del juicio a prueba puede ser peticionada por el imputado desde la recepción de la declaración indagatoria, momento en que se encuentra delimitada la intimación y aquél se enfrenta a una acusación concreta, dando lugar al contradictorio y a la necesidad de un tercero imparcial que lo resuelva. Por lo expuesto, entiendo que debe revocarse el punto IV del auto de fs. (…) y llevarse a cabo la audiencia prevista en el art.293 del código de rito. Por todo ello, se RESUELVE: Revocar el punto IV del auto de fs. (…) en cuanto fuera materia de recurso, debiendo el Sr. Juez a quo celebrar la audiencia en los términos del art.293 del Código Procesal Penal de la Nación. (…)”. C.N.Crim. y Correc., Sala VI, Lucini, Filozof, Pinto (por su voto). (Sec.: Oberlander). c. 189, UCHUYPOMA PALOMINO, Ronald. Rta.: 29/03/2012 Se citó: (1) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 42.739, “Fernández Cardoso, Daniel”, rta.: 6/12/11. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. Procesamiento. Imputado que, ante el requerimiento de la PFA en un control vehicular, exhibió una licencia de conducir a su nombre adulterada en el sector del año de vencimiento. Confirmación. Disidencia: tipo de documento requerido y exhibido a sujetos idóneos y capacitados especialmente para detectar su validez. Instrumento inidóneo para causar algún tipo de perjuicio. Revocación. Sobreseimiento. Fallo: "(…) considerado en principio autor penalmente responsable del delito de uso de documento público falso (art. 296 segundo párrafo del CP). (…) Se le imputa (…) haber utilizado una licencia de conducir falsificada, la cual (…) exhibió a personal policial (…). En aquella ocasión, el Sargento (…) detuvo la marcha del automóvil (…). Ante ello, al serle solicitada por personal policial la documentación del rodado, exhibió una licencia de conducir a su nombre (…) expedida por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la cual se encontraba adulterada en el sector del año del vencimiento (…). El Juez Luis María Bunge Campos dijo: (…) el instrumento aludido se encuentra en poder de su titular y es exhibido generalmente a las fuerzas de seguridad para los controles de rutina que se efectúan en la vía pública. De esta manera, es dable afirmar que no son documentos que puedan ser solicitados por cualquier sujeto, sino que son requeridos y exhibidos a sujetos idóneos, capacitados especialmente para detectar la validez o no de éstos, tales como son los efectivos policiales que intervinieron en el caso a estudio. Consecuentemente, considero que el standard de medición de la idoneidad de la adulteración, en este caso concreto, debe elevarse a las calidades especiales que reúnen los sujetos frente a quienes son usados los documentos. (…) En esa dirección, podría concluirse que el uso de documentos como el que aquí se cuestiona, se encuentra limitado a casos puntuales y concretos como son las inspecciones vehiculares y, toda vez que en ellas sólo pueden intervenir sujetos que revisten la calidad especial señalada, entendemos que el instrumento usado (…) en la ocasión aparece absolutamente inidóneo para causar algún tipo de perjuicio. En consecuencia, (…) voto por revocar el auto puesto en crisis y (…) desvincular definitivamente al imputado (…). El Juez Alfredo Barbarosch dijo: (…) la exhibición por parte del imputado de la licencia de conducir adulterada, que poseía al momento de serle exigida por personal policial, y su posterior secuestro, acredita la materialidad del hecho. (…) ha hecho uso de la licencia de conducir, documento público destinado a acreditar la habilitación para conducir vehículos en todo el territorio nacional y también, demuestra en el extranjero las capacidades de su titular de conducir vehículos automotores, circunstancias estas que le otorgan las formalidades de un verdadero instrumento público en los términos del artículo 979 del Código Civil. (…) no se trata únicamente de un documento destinado a ser presentado ante sujetos con calidades especiales, o habituados a observar este tipo de documentación, sino que por el contrario, puede ser presentado a distintos efectos a personas que no posean dichas calidades; así, puede ser presentado ante una compañía de seguros, una compañía dedicada al alquiler de automotores (…). Con ello quiero significar, que el bien jurídico 278

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional tutelado por la norma, la fe pública -valor abstracto referido a la confianza que algo o alguien inspira, confianza colectiva en determinados actos, documentos, etc.- se ha visto a todas luces vulnerada, por lo que voto por confirmar la resolución (…). El Juez Gustavo A. Bruzzone dijo: (…) concuerdo con las conclusiones a las que arribara el Dr. Alfredo Barbarosch (…). (…) el tribunal RESUELVE: CONFIRMAR el punto dispositivo nro. I del auto de fs. (…). (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala I, Barbarosch, Bunge Campos (en disidencia), Bruzzone. (Prosec. Cám.: Catrillón) c. 41.710, POMAR, José María. Rta.: 02/03/2012

USURPACIÓN DE TÍTULOS. Defensa que plantea la nulidad del requerimiento de elevación a juicio formulado por el Colegio Público de Abogados como querellante. Nulidad rechazada. Bien jurídico protegido: buen funcionamiento de la administración pública y, en concreto, el monopolio estatal de conferir o reconocer títulos profesionales habilitantes, como en el caso el de abogada. Ley 23.187. Imputada que ejerció actos de la profesión desconociendo las sentencias recaídas en el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados que había sido excluida de la matrícula. Confirmación. Fallo: "(…) (…) ha sido procesada y requerida la elevación de la causa a juicio en orden al delito previsto en el artículo 247 del Código Penal, que reprime la conducta de quien ¨…ejerciere actos propios de una profesión para la que se requiere una habilitación especial, sin poseer el título o la autorización correspondientes¨ (fs. …). El bien jurídico que protege el delito de usurpación de títulos es el del buen funcionamiento de la administración pública y, en concreto, el monopolio estatal de conferir o reconocer títulos profesionales habilitantes, como en el caso el de abogada (1). Desde esta óptica cabe ponderar que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal es un ente creado por la ley 23.187, que tiene por finalidad defender a sus miembros para asegurar el libre ejercicio de la profesión y que contempla entre sus funciones las de: vigilar y controlar que la abogacía no sea ejercida por personas carentes de título habilitante o que no se encuentren matriculados -tarea que estará específicamente a cargo de una comisión de vigilancia- y tutelar la inviolabilidad del ejercicio profesional en todos sus órdenes estando investido a esos efectos de legitimación procesal para ejercitar la acción pública (incisos b y j del artículo 21). A la vez la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que "el Colegio Público de Abogados es una entidad destinada a cumplir fines públicos que originariamente pertenecían al Estado y que éste por delegación…transfiere a la institución que crea para el gobierno de la matrícula y el régimen de todos los abogados de la Capital Federal como abogados de la matrícula…" (2). Frente a tales argumentos y a las características del hecho que en concreto aquí se investiga, en el que Perales habría incurrido en un accionar ilícito al ejercer actos de la profesión desconociendo las sentencias recaídas en las causas n° (…) del Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados por medio de las cuales había sido excluida de la matrícula, es posible concluir que aquel organismo posee una afectación directa por el suceso que habilita a considerarlo particular damnificado en los términos del artículo 82 y 83 del Código Procesal Penal de la Nación (3), de modo que corresponde homologar la decisión recurrida. En consecuencia, se RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en cuanto fue materia del recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Godnjavec). c. 705/12, INC. DE NULIDAD ARTICULADO POR LA DEFENSA. Rta.: 11/06/2012 Se citó: (1) Creus, Carlos y Buompadre, Jorge Eduardo: Derecho Penal. Parte Especial. Tomo 2. Ed. Astrea. 2007, p. 257. (2) C.N.C.P., Sala IV "Sassi, Héctor Mario s/recurso de casación", rta. 30/06/09 con cita de C.S.J.N. "Roberto Antonio Punte v. Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur", rta. 17/4/97. (3) C.N.Crim. y Correc., Sala VI, c. 39.077 "NN s/pretenso querellante", rta. 5/4/2010.

USURPACIÓN DE TÍTULO. Procesamiento. Imputado que ejerció la profesión de médico veterinario sin contar con el título habilitante. Tipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) El artículo 11 de la ley 14.072 reprime con una pena de un mes a un año de prisión a quienes, "sin poseer título habilitante en las condiciones exigidas por la ley, ejercieren bajo cualquier denominación tareas propias de la medicina veterinaria…" en tanto el artículo 4 de esa misma norma menciona dentro de los actos que incumben al ejercicio de aquella actividad la "prescripción de…drogas [y] medicamentos…".

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De ello se desprende, y así lo ha entendido la doctrina, que el delito se consuma con la sola realización de actos propios de la medicina veterinaria en las condiciones requeridas por la figura, aún cuando el agente lleve a cabo una práctica correcta e idónea (1). Se ha comprobado en autos que al momento de la ocurrencia de los hechos denunciados (…) carecía de título para practicar cualquier acto de tratamiento relacionado con la salud de los animales (fs. …) y que, no obstante ello, aplicó al can perteneciente a (…) un sedante inyectable para proceder luego a cortarle el pelaje el 2 de octubre de 2010 en la veterinaria "(…)". En ese contexto el animal se descompuso y falleció (fs.…). Tales elementos generan, a criterio de la sala, el grado de convicción necesario para acreditar con el grado de provisoriedad que requiere la etapa la intervención culpable del imputado en el hecho ilícito que se le reprocha, sin que, conforme lo expuesto más arriba, sea necesario profundizar la pesquisa para determinar la causa de muerte del canino -como pretende el recurrente- ni si ella fue determinada por una errónea dosis de sedante o por un motivo diverso. En consecuencia, se RESUELVE: CONFIRMAR el auto de fs. (…) en todo cuanto fue materia de recurso. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 396, GRIFFERO, Roberto y otros. Rta.: 23/04/2012 Se citó: (1) D´Alessio-Divito: Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado. 2da. edición actualizada y ampliada, ed. La Ley, 2010, pág. 244.

VEJACIONES. Procesamiento. Personal de seguridad. Golpes a menores internados en un instituto. Tipicidad. Confirmación. Fallo: "(…) Al respecto, entendemos que el auto de mérito dispuesto en la instancia anterior merece su homologación, toda vez que compartimos el adecuado análisis que la señora jueza de grado ha efectuado sobre las pruebas incorporadas al legajo para tener por acreditadas, con el grado de provisoriedad y probabilidad que esta etapa requiere, la materialidad del suceso investigado y la responsabilidad que por éste cabe atribuirle a los imputados. Ello, en tanto los dichos de los denunciantes (…), vertidos en un primer momento ante la Vicedirectora del "Instituto Dr. (…)" (…) (cfr. fs. …) y luego ratificados en sede judicial (fs. …), encuentran sustento material en los informes médicos obrantes a fs. (…), pues allí constan las lesiones que se verificaron en sus cuerpos, compatibles con la agresión que dijeron sufrir por parte de los aquí imputados. De estas últimas constancias surge que los damnificados presentaban, en el caso de (…) "Cortes leves en mano izq (cuatro) + múltiples hematomas pequeños", "Brazo derecho: múltiples hematomas de peq tamaño", "Espalda: múltiples hematomas", "Tórax frente lado izq: hematoma de 8 cm de diámetro apróx", "Abdomen zona lat izq: hematoma de 10 cm apróx. de diámetro", "Cara: hematomas en zona superciliar izq, mejilla izq pabellón auricular izq y retro auricular del mismo lado", "Cuello: peq. hemat. en ambos lados", "Muslo: derecho peq hemat." y "Labio: inf y sup lado derecho pequeño golpe", mientras que en el cuerpo de (…) se destacaron "Hombro derecho: cortes superficiales", "Cabeza: corte de 2 cm aprox. superf.", "Brazo izq: leve hemat." y "Pierna derecha: golpe". A su vez, tales heridas fueron constatadas a menos de 24 hs. de sucedido el episodio investigado, lo que refuerza aun más la imputación que se le dirige a los prevenidos. De adverso, la hipótesis ensayada por el personal de seguridad se contrapone por un lado con el tipo y cantidad de lesiones que presentaban los internos, y por el otro ante su falta de constatación respecto de aquéllos (fs. …), razón por la cual los elementos de cargo reseñados aconsejan el avance del proceso a la etapa de debate. El único aspecto de discrepancia con lo resuelto por la judicante radica en la elección del modo comisivo con el que se produjeran las lesiones ocasionadas a los perjudicados. Así, debe considerarse que su integridad física fue vulnerada mediante vejaciones, pues como bien lo señala reconocida doctrina, el apremio ilegal "es un procedimiento coaccionante que tiene por finalidad trascendente a él mismo: lograr una determinada conducta del apremiado" (1), mientras que las vejaciones -a las que estimamos más acordes con las conductas reprochadas- son tratos rigurosos que pueden estar también constituidos por actos materiales como la agresión física (2). En consecuencia, el tribunal RESUELVE: Confirmar el auto de fs. (...) en cuanto dispuso el procesamiento de (...) con la aclaración de que lo es en orden al delito de vejaciones (arts.144 bis, inc. 3° del Código Penal de la Nación). (...)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Pereyra). c. 370, T. L. A. y otros. Rta.: 18/04/2012 Se citó: (1) Buompadre, Jorge E., "Derecho Penal. Parte Especial", t. I, ed. Mave, Corrientes, 2003, págs. 551/552. (2) Fontán Balestra, Carlos, "Derecho Penal. Parte Especial", ed. Abeledo Perrot, Bs. AS. 2008, pág. 352. 280

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional

VIOLACIÓN DE SECRETOS. Archivo. Acceso ilegítimo a la base de datos de una empresa. Delito de acción privada. Confirmación. Fallo: "(…) El juez Alberto Seijas dijo: Si bien la Ley 25.326 incorporó al Código Penal el artículo 157 bis, que reprime el acceso ilegítimo a un banco de datos, la revelación ilegítima de información y la alteración ilegítima de datos, no introdujo reforma alguna en el artículo 73 inciso 2 de ese mismo ordenamiento, que estipula que son acciones privadas las que nacen del delito de violación de secretos (Libro Segundo, Título V, Capítulo III del CP), salvo en los casos de los artículos 154 y 157. A mi juicio la circunstancia de que no se hubiera modificado el artículo 73 en oportunidad de la mencionada reforma legislativa no puede llevar a sostener, por vía de interpretación, que el tipo penal acuñado en el artículo 157 bis se encuentre comprendido en la excepción de esa norma, esto es, asimilado a los supuestos de los artículos 154 y 157. Por lo demás, cabe destacar que la razón por la que se exceptuó a los delitos de abuso de cargo (154) y violación de secreto oficial (157) de la regla general en virtud de la cual todos los hechos alcanzados por el Capítulo III son de acción privada, es bien la prestación de un servicio de interés público, como es el correo, o la calidad de funcionario público del sujeto activo. En efecto, sobre el tema se ha dicho: "Las excepciones obedecen a que el Estado tiene interés en que siempre se persiga a los sujetos que tienen responsabilidades asignadas" (1). Como surge con claridad meridiana del propio texto de la norma analizada, ninguno de esos supuestos (prestación de servicio público o calidad de funcionario público del autor) se presenta al menos en los incisos 1 a 3 -distinto sería el caso del agravante previsto en el último apartado- del artículo 157 bis en que, conforme la pretensión de la querella, podría hallarse incurso (…) (ver fs. …). El orden numérico que el legislador le asignó a esta figura legal (aún cierto que el término bis deba ser entendido como repetición), no puede erigirse como único baremo para establecer la naturaleza jurídica de la acción penal en este delito. Por el contrario, los distintos argumentos que ut supra se han desarrollado permiten convenir en que la postura adoptada por el juez de grado es la correcta y merece entonces homologación. En la misma línea de interpretación que se postula se ha expresado que "habiéndose ubicado aquéllos en el presente Capítulo ("Violación de secretos"), estamos frente a un delito de acción privada, ya que, si el legislador hubiera querido incluirlos en las excepciones que prevé el inc. 2 del art. 73 ("los casos de los arts. 154 y 157"), así lo habría previsto expresamente en la ley 25.326, que los incorporó al código de fondo" (2). Por último, en cuanto al pedido formulado por el Dr. (…) en la audiencia de que se lo exima del pago de costas de Alzada, puesto que tanto los argumentos del letrado como la doctrina por él citada y el análisis que ha merecido la cuestión traída a estudio dan cuenta de que pudo considerarse razonablemente con derecho a litigar, corresponde apartarse del principio general de la derrota y disponer que las costas sean por el orden causado (artículo 531 del CPPN). "(…) Los jueces Julio Marcelo Lucini y Carlos Alberto González dijeron: Si bien en nuestra anterior intervención de fs. (…) señalamos que en principio podría corresponderle al delito de acceso, revelación y alteración ilegítima de datos el trámite contemplado para los delitos de acción pública, un exhaustivo análisis del contenido del artículo 157 bis del Código Penal y de las cuestiones mencionadas en el voto que antecede nos lleva a adherir a ese criterio y a postular la confirmación del resolutorio impugnado. Es por lo hasta aquí dicho que se RESUELVE: CONFIRMAR lo resuelto a fs. (…) en cuanto fue materia de recurso e imponer las costas de Alzada según el orden causado. (…)". C.N.Crim. y Correc., Sala IV, Seijas, González, Lucini. (Prosec.Cám.: Fuertes). c. 2.079, SABARIS DI LORENZO, Javier A. Rta.: 08/03/2012 Se citó: (1) D´Alessio, Andrés José y Divito, Mauro A., "Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado", Ed. La Ley, 2011, T. I, pág. 1081/1082. (2) D´Alessio, Andrés José y Divito, Mauro A., "Código Penal de la Nación Comentado y Anotado", Ed. La Ley, 2011, to. I, pág. 549.

VIOLACIÓN DE SECRETOS. Delito de acción privada. Impulso de oficio. Nulidad. Fallo: "(…) La defensa recurrió en apelación el auto documentado (…), en cuanto se dispuso el procesamiento de (…) en orden al delito de "defraudación por administración fraudulenta en concurso ideal con el delito de violación de secretos". Al inspeccionar las actuaciones, se advierte que en oportunidad de definir la contienda de competencia territorial trabada entre el juzgado de origen y el Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con remisión a los fundamentos y conclusiones del señor procurador fiscal, concluyó en que el delito investigado encuentra 281

subordinación típica en las previsiones del artículo 157 bis, inciso 2°, del Código Penal, en función de los artículos 1°, 3° y 12° de la ley 24.766. Al respecto, dable es mencionar que de los términos de la denuncia documentada (…) se extrae que (…) se había desvinculado de "..." con antelación a los supuestos intentos de divulgación de las fórmulas secretas que pertenecían a dicha firma. De ello se deriva que para la época de los hechos atribuidos el imputado carecía de facultades de administración respecto de los bienes de su ex empleadora, por lo que no resulta acertada la calificación jurídica discernida por el señor juez de grado en el auto pasado a (…), en cuanto subordinó típicamente los sucesos en el artículo 173, inciso 7°, del Código Penal. Bajo esa inteligencia, tal como había advertido esta Sala en la intervención obrante (…), la violación de secretos denunciada (art. 157 bis de la ley sustantiva) imponía el ejercicio de la acción privada que establece el artículo 73, inc. 2°, ibidem -la figura aplicable escapa a las excepciones de los arts. 154 y 157 que trae la norma-, extremo que no se advierte verificado siquiera a partir del pronunciamiento del más Alto Tribunal, al dirimir el conflicto negativo de competencia suscitado en estas actuaciones. De tal suerte, sólo es posible convenir en que el vicio relativo al ejercicio de la acción penal acarrea la nulidad de lo actuado de forma oficiosa a partir de la decisión asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que definió la significación jurídica de los hechos y, por añadidura, el carácter privado de la acción que de aquéllos se deriva (art. 168 del Código Procesal Penal). Así, ante la imposibilidad de proceder en estas actuaciones (arts. 7 y 195, segunda parte, del digesto formal), esta Sala del Tribunal RESUELVE: DECLARAR la nulidad de lo actuado a partir de fs. (…) y disponer el archivo de las actuaciones". C.N.Crim. y Correc., Sala VII, Divito, Cicciaro. (Sec.: Sánchez). c. 345, RETEGUI, Pablo Mariano. Rta.: 07/05/2012

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