Capitulo-3

Derecho Penal I (2012) – Prof. Luis Rodríguez Collao – Prof. Fabiola Girão Monteconrado – PUCV

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CAPÍTULO III LÍMITES FORMALES DE LA POTESTAD PENAL

I.

EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PENAL. CONCEPTO Y FUNDAMENTOS

1.

Sentido y alcance1

"El principio de legalidad es el principal límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva e incluye una serie de garantías para los ciudadanos, que genéricamente pueden reconducirse a la imposibilidad de que el Estado intervenga penalmente más allá de lo que le permite la ley". "Esta formulación tan amplia se concreta en el contenido esencial del principio y en diferentes derivaciones del mismo que conforman las distintas garantías individuales. De esta forma, el contenido esencial del principio de legalidad en materia penal radica en que no puede sancionarse ninguna conducta ni imponerse pena alguna que no se encuentre establecida en la ley, lo que coincide propiamente con el denominado principio de legalidad de los delitos y de las penas, frecuentemente expresado mediante el aforismo nullum crimen, nulla poena, sine lege (cuya formulación corresponde a Feuerbach)". "Se trata de un principio cuya plena consolidación pertenece al nacimiento del Derecho penal moderno, si por tal entendemos el propio del Estado liberal. Y, asimismo, nos encontramos ante un principio plenamente asumido por la comunidad internacional, como demuestra su acogimiento en los acuerdos supranacionales más importantes de nuestro tiempo (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, etc.)" "Sin embargo, la mera existencia de una ley no garantiza el cumplimiento del principio de legalidad en la aplicación de una pena. Precisamente para evitar que el principio de legalidad sea una declaración vacía de contenido, la ley debe reunir una serie de requisitos que generalmente se resumen en la necesidad de que sea escrita, previa a la realización de los hechos que se pretende sancionar y estricta, esto es, que establezca claramente las características del hecho punible". "Según los distintos momentos sobre los que opera, el principio de legalidad de los delitos y las penas, contiene, en primer lugar, las denominadas garantías criminal y penal, lo que se corresponde con la originaria formulación de dicho principio. Estas garantías actúan en el momento de la definición legal de los delitos y las penas y en el de la decisión sobre la responsabilidad penal y la pena aplicable. Pero a ellas se han añadido otras que operan en momentos distintos; concretamente, el principio de legalidad exige también que la decisión sobre la responsabilidad penal y sobre la pena aplicable se lleve a cabo mediante un proceso establecido legalmente y por los órganos judiciales (legalmente) competentes, en cumplimiento de lo que se conoce como garantía procesal o jurisdiccional. Por último, se exige también que la pena

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Párrafo extractado de MUÑOZ CONDE - GARCÍA ARÁN: Derecho Penal, pp. 97-98.

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impuesta se ejecute con arreglo a las disposiciones vigentes, exigencia que constituye la llamada garantía de ejecución". "Se trata, por tanto, de que el Estado actúe con total sometimiento al imperio de la ley y dentro de sus límites, pero también de que los ciudadanos conozcan en todo momento cuáles serán las consecuencias de su conducta y el modo en que dichas consecuencias les van a ser aplicadas, con la absoluta seguridad de que si la ley no las establece, nunca podrán afectarles". 2.

Fundamento político

Si bien es común, entre los autores, afirmar que el principio de legalidad penal tiene antecedentes en el medioevo y, aun, en la antigüedad clásica, prima el criterio según el cual dicho postulado, según la forma en que hoy se lo concibe, es fruto del movimiento liberal que triunfa con la Revolución Francesa. En este sentido, y aun cuando opera como importante factor de seguridad o de certeza jurídica, como presupuesto para un trato igualitario de los ciudadanos y hasta como instrumento de prevención general, aquél ha de ser visto antes que nada, como un instrumento de garantía del individuo frente a la actuación de los poderes estatales. De lo que se trata, en efecto, es de establecer un límite al ejercicio de la potestad sancionatoria, en cuya virtud el individuo no se vea expuesto sino a la reacción penal establecida en una ley, única expresión legítima de la voluntad popular. “Este principio garantiza la imparcialidad del Estado, en tanto tiene que determinar de manera general, y antes de la realización del delito, las caracterísiticas del hecho prohibido y la reacción penal que cabe contra el responsable. Se evita que la actividad punitiva del Estado pueda estar cargada de subjetividades o de intereses políticos o estratégicos. Es una garantía que se le da al ciudadano, en el sentido de que también el Estado tiene sus reglas de juego y de actuación limitadas”2. En tanto que instrumento de garantía, el principio de legalidad penal no sólo actúa como un límite frente a la actividad del órgano jurisdiccional, sino que también limita la actuación del Poder Ejecutivo e, incluso, la del propio Poder Legislativo. La autoridad administrativa, en efecto, tiene cerrada la posibilidad de crear Derecho penal, porque sus actos serán siempre de jerarquía inferior a la de las leyes penales; y el legislador, por su parte, tampoco es libre al momento de incriminar conductas, porque, por ejemplo, en virtud de aquel principio le está vedado regular hechos ocurridos con anterioridad al momento en que ejerce tal prerrogativa. 3.

Consagración constitucional

La Constitución chilena consagra la totalidad de las "garantías" que van implícitas en la idea de legalidad. El artículo 19 Nº 3 inciso octavo de la Constitución, en efecto, dispone que “ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella”. Este precepto constitucional, como se desprende de su simple lectura, al disponer que los delitos

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GARCÍA CAVERO, Lecciones de Derecho penal. PG, p. 95.

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sólo pueden ser establecidos en normas de jerarquía legal, consagra de modo expreso la llamada garantía criminal. A su turno, al disponer el artículo 19 Nº 3 inciso séptimo que “ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración,...”, consagra la denominada garantía penal. Consagra, asimismo, la Constitución la llamada garantía jurisdiccional, al disponer, en el artículo 19 Nº 3 inciso quinto, que "toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado", y en el inciso cuarto, que “nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”. De este modo, la Constitución hace suya la exigencia de legalidad tanto en orden al procedimiento conforme al cual son impuestas las sanciones penales, como en lo que respecta al tribunal encargado de aplicarlas. Si bien es cierto que la Constitución no menciona expresamente la garantía de ejecución, ella, sin lugar a dudas, se deduce de la propia garantía penal, puesto que si la sanción ha de estar prevista en el texto de una ley, lógico es suponer que, no distinguiendo la norma, tal exigencia se refiere tanto a la naturaleza de la pena como a la forma en que ésta ha de ser aplicada o ejecutada. Además, puesto que la ejecución penitenciaria es, en Chile, competencia de la autoridad administrativa, ésta queda, indudablemente, sometida al requerimiento genérico de legalidad contenido en el artículo 7º inciso primero de la propia Constitución. Finalmente, las normas constitucionales también dan cabida, como tendremos ocasión de ver pronto, a las principales manifestaciones o derivaciones del principio de legalidad, esto es: reserva de ley, exclusión de la analogía, irretroactividad y taxatividad.

II.

MANIFESTACIONES DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD

Como ya hemos explicado, el principio de legalidad se proyecta en los tres campos fundamentales del ordenamiento jurídico penal: desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, se traduce en una exigencia de ley respecto del delito y de la pena (garantías criminal y penal); desde el punto de vista del derecho penal adjetivo, implica exigencia de ley respecto del tribunal y del procedimiento (garantía procesal) y desde el punto de vista del derecho penal ejecutivo, importa exigencia de ley respecto de la forma en que han de ejecutarse o cumplirse las penas (garantía de ejecución). Pensando, ahora, no en los campos concretos en que se proyecta el principio de legalidad, sino en la forma que asume esa proyección, la doctrina suele distinguir cuatro manifestaciones concretas de aquel postulado: principio de reserva de ley, principio de irretroactividad, principio de exclusión de la analogía y principio de taxatividad.

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1.

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Principio de reserva de ley

Este postulado implica que la ley es la única fuente admisible en el campo del Derecho penal, al menos en lo que respecta a la tipificación de los delitos y al establecimiento de sanciones. Solamente por ley se pueden crear delitos y establecer penas. Ahora bien, es necesario aclarar qué disposiciones legales abarca el término “ley”. En otros países (por ejemplo, en España), las normas penales se cuentan entre aquellas que requieren de ley orgánica, lo cual implica una exigencia de quórum más elevado que el normal, para los efectos de su aprobación. La Constitución chilena, sin embargo, no formula una exigencia en tal sentido, de modo que basta una ley ordinaria. Con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, fue muy común que se crearan delitos y se establecieran penas a través de decretos con fuerza de ley, y aún hoy siguen vigentes algunos textos normativos de esa índole que incluyen tipos penales. A partir de la entrada en vigencia de la Constitución actual, sin embargo, los decretos con fuerza de ley no pueden ser utilizados como fuente para el establecimiento de delitos y penas, porque aquélla, junto con regular el tema de la delegación de facultades legislativas, dispone que este procedimiento no es admisible respecto de "materias comprendidas en las garantías constitucionales" (art. 64 inciso 2º). Y bien sabemos que la pena siempre importa limitación de tales garantías y que el propio principio de legalidad penal, como veremos luego, es también una garantía constitucionalmente reconocida. Respecto de los decretos leyes (disposiciones sobre materias de ley, emanadas del Ejecutivo en períodos de anormalidad institucional), que también han sido utilizados en Chile como fuente de delitos y penas, la práctica legislativa y judicial tiende a reconocerles validez: la primera, en cuanto ha modificado o derogado textos normativos de esa clase; y la segunda, en cuanto los ha aplicado en reiteradas ocasiones. Lo doctrina, en general, sostiene que, a pesar de ser actos que emanan del Poder Ejecutivo, debe reconocérseles validez, ya que no es posible privar al país de iniciativa legal durante los períodos en que el Congreso no está en funciones, siendo indispensables, incluso, para superar el período de inestabilidad política que motiva su dictación. Finalmente, como consecuencia del principio de reserva de ley, queda descartada la posibilidad de aplicar cualquier otra fuente que no sean las normas emanadas del Poder Legislativo. Sin embargo, suele atribuirse a la jurisprudencia y la doctrina el carácter de fuentes mediatas o indirectas del Derecho penal, en cuanto pueden influir en la forma de interpretar y aplicar los preceptos legales y en cuanto, indudablemente, influyen en los procesos de reforma del derecho vigente. 2.

Principio de exclusión de la analogía

Como se sabe, la analogía consiste en solucionar un problema que no está expresamente resuelto en la ley, utilizando una norma que regula una situación similar, pero no idéntica. Las normas jurídicas están destinadas a regir situaciones que han de ocurrir con posterioridad a la fecha de su entrada en vigencia. Por este motivo, siendo ilusorio que el

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legislador pueda prever la totalidad de las situaciones futuras, siempre habrá hechos carentes de regulación (las llamadas lagunas o vacíos legales). La propia ley reconoce esta situación, en el artículo 10 inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, al disponer que, reclamada la intervención del órgano jurisdiccional en forma legal y en negocios de su competencia, no podrá aquél "excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva la contienda sometida a su decisión"; y en el artículo 170 Nº 5 del Código de Procedimiento Civil, al disponer que, a falta de ley, los fallos deberán basarse en los principios de equidad. En materia penal, sin embargo, tales disposiciones no son aplicables, porque aquí no cabe hablar de lagunas o vacíos legales: en virtud del principio de legalidad, las conductas humanas que no están expresamente contempladas en una ley, no constituyen delito y deben quedar impunes, por mucho que sean moralmente reprobables, o, aun, ilícitas desde el punto de vista de otros sectores del ordenamiento jurídico. Esto, por cierto, conduce a afirmar que en el campo del Derecho penal queda excluida la analogía, como fuente para el establecimiento de delitos o sanciones. Por lo tanto, cuando el juez establezca el sentido de las normas para determinar qué supuestos se encuentran recogidos por éstas, no puede desbordar los límites de los términos de la ley y aplicarla a supuestos no previstos en la misma. De esta manera, el tenor literal se convierte en un límite a la interpretación de la ley penal. La prohibición de la analogía rige, sin duda, respecto de todas aquellas disposiciones penales que fueren perjudiciales a los intereses del inculpado (la llamada analogía in malam partem). Esto, obviamente, es consecuencia directa del principio de legalidad, cuya connotación garantista impide aplicar analógicamente las normas que fundamentan la responsabilidad penal o aquellas que la agravan en razón de determinadas circunstancias. Pero si bien es unánime el rechazo de la analogía perjudicial, no cabe decir lo mismo respecto de la llamada analogía in bonam partem o beneficiosa para el imputado (por ejemplo, aquella que aplica de modo analógico una norma que puede llevar a su absolución o a la aplicación de una pena más benigna). La opinión mayoritaria sostiene que esta última forma de analogía también debe ser excluida, porque, al establecer las conductas susceptibles de ser sancionadas como delito, el legislador ha emitido un juicio sobre todas las conductas humanas, determinando cuáles han de ser sancionadas y cuáles no; y, en el caso de las primeras ha dictaminado acerca de la forma e intensidad que ha de revestir el castigo. De ahí, pues, que el hecho de dejar de imponer una sanción, como así también el de imponer una menos rigurosa, impliquen -en concepto de muchos autores- torcer por vía jurisdiccional una voluntad legislativa (que es expresión de la voluntad popular), claramente manifestada en el texto de la ley. La opinión favorable a la admisión de la analogía in bonam partem puede fundarse en que la Constitución, al consagrar el principio de legalidad, se refiere únicamente a que "ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley..." (art. 19, Nº 3, inciso séptimo). Como dicho precepto únicamente prohíbe establecer un castigo al margen de la ley, podría sostenerse que la utilización del criterio analógico para los efectos de absolver o para establecer un trato más favorable, no estaría cubierta por la prohibición constitucional. Asimismo, en apoyo de esta

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posición, podría argumentarse que el verdadero sentido del postulado de legalidad (concebido como garantía política en favor del ciudadano, más que como instrumento de certeza jurídica), es restringir al máximo la intervención punitiva del Estado, y que es, precisamente, a este objetivo al que tiende la analogía in bonam partem. 3.

Principio de irretroactividad penal

Este postulado implica que las leyes penales sólo pueden regir situaciones ocurridas con posterioridad a su entrada en vigencia, estando prohibido aplicarlas con efecto retroactivo, es decir, a situaciones acaecidas con anterioridad. Este principio tiene plena consagración en el artículo 19 Nº 3 inciso séptimo de la Constitución, el cual dispone que "ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado". En otras palabras, se consagra la irretroactividad de las normas que fundan la responsabilidad penal y la de aquellas que establecen un trato más gravoso en perjuicio del inculpado, pero el mismo precepto constitucional permite la aplicación retroactiva de aquellas normas que operan en un sentido favorable a sus intereses. Volveremos a estudiar estas cuestiones al analizar el ámbito temporal de aplicación de la ley penal. Si bien es cierto que este postulado suele vincularse primordialmente con el fundamento político del principio de legalidad, es innegable que aquél cumple un importante rol como garantía relativa a la imputación subjetiva del imputado, en cuanto le asegura que no será responsabilizado por hechos o situaciones que no estuvo en condiciones de prever al momento de actuar. 4.

Principio de taxatividad

También llamada principio de tipicidad y principio de determinación, esta garantía implica que las leyes penales han ser redactadas en términos estrictos y precisos, de modo que no den lugar a dudas acerca de la situación que pretenden regular. El principio de legalidad, por cierto, carecería de toda eficacia si bastara con cumplir la formalidad de que el delito y la pena estuvieran previamente establecidos en una ley, y no se exigiera, al mismo tiempo, que ésta precisara nítidamente el hecho sancionado y la pena correspondiente. La idea de taxatividad es, por tanto, un complemento indispensable para la plena vigencia del principio de legalidad penal. Este principio, al igual que los anteriores, figura en el artículo 19 Nº 3 de la Constitución, cuyo inciso final prescribe que "ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté expresamente descrita en ella". La exigencia constitucional se cumple, únicamente, cuando la descripción de la conducta se hace en términos tales, que no dan lugar a más de una interpretación acerca de lo que se desea incriminar. Asimismo, deberá tratarse de términos que se basten a sí mismos, de manera que no sea necesario recurrir a otros antecedentes para fijar su sentido y alcance. Desde el punto de vista gramatical, la conducta tendrá que expresarse con un verbo autodenotativo, es decir, que indique por sí mismo cuál es el comportamiento humano que trasunta. No basta, en consecuencia, con fórmulas verbales de índole formal, como por ejemplo, infringir, transgredir, burlar, etc.

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III.

LAS LEYES PENALES EN BLANCO

1.

Concepto

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Las leyes que crean delitos constan de dos partes: una hipótesis o precepto y una sanción. La hipótesis es la descripción de una conducta, es decir, un comportamiento humano, y de las circunstancias en que aquélla ha de realizarse; desde el punto de vista gramatical, se expresa a través de un verbo. La sanción, por su parte, es la pena o castigo que debe sufrir quien realizare la conducta, en las circunstancias que la ley prevé. Así, la ley que contiene una hipótesis y una sanción, establecidas en términos precisos, de modo que al juez le baste con su lectura e interpretación para aplicarla, puede decirse que es una ley completa. Junto a estas leyes, el ordenamiento jurídico suele contemplar otras, que podemos denominar incompletas, en las cuales falta todo o parte del precepto, o bien toda o parte de la sanción. Como estas leyes no se bastan a sí mismas, el juez debe recurrir a otro texto normativo para emitir su juicio de absolución o condena. Sobre esta base, podemos definir la ley penal en blanco (o incompleta, como también se le suele denominar) como aquella disposición emanada del Poder Legislativo, para tipificar un delito, en la cual falta la hipótesis o la sanción, o una parte de aquélla o de ésta, y que, por tal razón, precisa de otra disposición que la complemente. 2.

Clasificación

Tomando como base la definición anterior, podemos distinguir cuatro clases de leyes penales en blanco: a) Leyes penales en blanco propiamente tales, que son aquellas disposiciones que contienen la sanción, pero cuyo precepto o hipótesis debe ser determinado o completado por un texto normativo diverso de jerarquía inferior a la legal, emanado de una autoridad administrativa. b) Leyes penales en blanco impropias o de reenvío, en que la labor de complemento es encomendada aquí a otra ley y no a disposiciones emanadas de autoridades ajenas al Poder Legislativo. c) Leyes penales en blanco irregulares, que representan la situación inversa. Es decir, se trata de disposiciones en que la conducta punible aparece completamente descrita por el legislador, pero que dejan en blanco la sanción. Se denominan irregulares, porque a pesar de tratarse de disposiciones penales, paradójicamente, omiten la pena. Algunos las denominan leyes penales en blanco "al revés". d) Leyes penales abiertas, que son disposiciones incompletas en que la labor de complemento es entregada al propio tribunal encargado de aplicarlas, quien podrá hacerlo con entera discrecionalidad.

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3.

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Fundamentos

La doctrina, en general, manifiesta una opinión favorable a la admisibilidad de las leyes penales en blanco propiamente tales, al menos como un mal necesario. En efecto, todos los autores concuerdan en que tales disposiciones involucran un riesgo para la plena vigencia del principio de legalidad, pero convienen en que no es materialmente posible que las leyes prevean todas las situaciones circunstanciales en que pueden ejecutarse determinadas conductas, especialmente aquellas que tienen que ver con materias dotadas de un elevado tecnicismo, como lo son, en general, las de carácter científico o económico. Asimismo, en favor de la admisibilidad de esta clase de disposiciones, suele invocarse el hecho de que es necesario que ciertas materias sean reguladas con la prontitud propia de la gestión administrativa, y no con la tardanza y falta de oportunidad que, generalmente, supone el ejercicio de la potestad legislativa. Existe, igualmente, una opinión favorable en torno a la admisibilidad de las leyes penales en blanco impropias, porque se estima que la remisión de un texto legal a otro de la misma jerarquía no vulnera la exigencia de legalidad, pues el castigo de todos modos tendrá su base en una ley. No cabe decir lo mismo respecto de las leyes penales en blanco irregulares y de las leyes penales abiertas, respecto de las cuales no existe un fundamento plausible para su admisibilidad. 4.

Constitucionalidad

Los miembros de la Comisión de Estudio de la Constitución de 1980, al discutir el alcance que debía darse al principio de legalidad, estuvieron de acuerdo en que las leyes penales en blanco (todas, porque no formularon distingos) no tendrían cabida en dicho texto constitucional. Para ello acordaron, como fórmula consagratoria de aquel principio, la siguiente: "Ninguna ley podrá establecer penas, sin que la conducta que se pretende sancionar esté expresa y completamente descrita en ella". El texto definitivo de la Constitución, sin embargo, difiere del que fuera aprobado por la Comisión, porque no incluye el adverbio "completamente", limitándose a exigir que la conducta esté "expresamente" descrita en la ley. Aunque se desconocen las razones que motivaron el cambio, la doctrina concuerda en que el texto vigente -y con mayor razón si se tiene presente la redacción primitiva- implica un reconocimiento en orden a que las leyes penales preceptivas pueden ser completadas por una disposición diversa. Esto obedece a que la interpretación de los textos normativos (como tendremos ocasión de ver más adelante) debe orientarse a determinar el querer actual de las disposiciones y no la intención de sus redactores. Lo anterior, sin embargo, no quiere decir que todas las formas de leyes penales en blanco sean acordes con la letra de la Constitución, siendo preciso examinar, por separado, la situación de cada una de ellas.

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Respecto de las leyes penales en blanco propiamente tales, es preciso tener en cuenta que la Constitución permite que la hipótesis sea completada por un texto diverso, pero exige que la ley que crea el delito contenga, por lo menos, "la descripción de la conducta". En consecuencia, la labor de complemento sólo puede referirse a aspectos circunstanciales de la conducta y no a la conducta misma, cuyo sentido y alcance debe estar expresamente fijado en la ley incompleta, con las exigencias ya examinadas al tratar el principio de taxatividad. Asimismo, el texto complementario tendrá que reunir las condiciones mínimas de generalidad y publicidad que imponen, por una parte, el principio de igualdad y, por otra, el principio de imputación subjetiva o de culpabilidad. En suma, las leyes penales en blanco propiamente tales son perfectamente constitucionales, siempre que contengan la descripción de la conducta y siempre que la labor de complemento se refiera a aspectos circunstanciales (de tiempo, o de lugar, por ejemplo). El texto complementario, por su parte, será inconstitucional si amplía el sentido de una conducta prevista (o si agrega una no prevista) en la ley incompleta. Enseguida, es preciso tener en consideración que la labor de complemento sólo puede referirse a la hipótesis; en ningún caso a la sanción. Ello obedece a que la Constitución -al disponer que ninguna ley "podrá establecer penas" sin que se den ciertos requisitos- parte de la base, y al mismo tiempo declara, que sólo la ley puede establecer penas. Y como la redacción, por otra parte, concluye con la expresión "en ella" (que alude a la ley que establece la conducta y la pena), debemos concluir que no es posible separar ambos aspectos. Es decir, la ley que fija una conducta delictiva debe contener además la sanción, de modo que no podría el legislador encomendar la imposición del castigo a un texto normativo posterior, cualquiera sea su rango. En consecuencia, las leyes penales en blanco irregulares, en cuanto entregan la fijación de la pena a un texto administrativo posterior, son siempre inconstitucionales. Y las leyes penales en blanco impropias, sólo serán ajustadas a la Constitución cuando entreguen a otra ley el complemento de la hipótesis (con los mismos resguardos que rigen para las leyes penales en blanco propiamente tales); serán, en cambio, inconstitucionales si se limitan a describir la conducta, dejando a una ley posterior la fijación de la pena. Las leyes penales abiertas, en fin, tampoco cumplen las exigencias constitucionales, tanto por contravenir la exigencia de legalidad penal, en los términos que ya conocemos, como por el hecho de atentar en contra de la garantía de igualdad ante la ley.

EJERCICIOS 1.

Indica cuáles son los fundamentos del principio de legalidad penal.

2.

¿Tiene alguna importancia que el principio de legalidad tenga consagración a nivel constitucional?

3.

Redacta un precepto penal imaginario que claramente no cumpla las exigencias constitucionales en materia de taxatividad.

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4.

Busca en el Código Penal ejemplos de preceptos que no cumplan las exigencias que impone el principio de taxatividad.

5.

¿Qué relación puedes establecer entre los principios de legalidad y de irretroactividad?

6.

Efectúa una aplicación analógica de la siguiente disposición hipotética: "Será atenuante de responsabilidad penal el hecho de haber delinquido una persona bajo los efectos del alcohol".

7.

Examina el artículo 496 Nº 36 CP e indica qué clase de norma penal se contempla allí.

8.

Examina el artículo 388 CP e indica qué clase de norma penal se contempla allí.

9.

Redacta un ejemplo hipotético de ley penal en blanco propiamente tal; otro, de ley penal en blanco irregular y otro, de ley penal abierta.

10.

Si un tribunal pretendiera aplicarte una pena contemplada en una ley penal abierta, ¿en qué forma te defenderías?

11.

¿Por qué razón material (no meramente formal) no puede el Presidente de la República crear delitos y penas mediante un reglamento?

12.

Busca ejemplos de decretos leyes y de decretos con fuerza de ley que establezcan delitos y penas.

13.

Imagina un caso de aplicación analógica perjudicial de alguna disposición del Código Penal y otro de aplicación analógica beneficiosa.