Edilberto Luis Martínez Castro
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Según el Nuevo Código Proceso Penal Decreto Legislativo N°957
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL Según el Nuevo Código Proceso Penal Decreto Legislativo N°957 Impreso en Perú
Printed in Peru
Primera edición, agosto 2016.
© Edilberto Luis Martínez Castro ©
GRUPO EDITORIAL LEX & IURIS. Jr. Miguel Aljovín 203 Lima - Perú Telf.: 4280599 / Cel.: 997693553. Correo:
[email protected]. Web: www.facebook.com/grupoeditorial.lexiuris
Todos los derechos reservados. Este libro, o cualquiera de sus partes, no podrá ser reproducido ni registrado ni transmitido ni utilizado en ningún tipo de sistema de almacenaje y de recuperación (ya sea mecánico, electrónico, fotoquímico, digital, informático, fotocopiado, grabación sonora, podcast, escaneado, microfilmado, googleado, video, etc.) ni por cualquier otro medio existente o futuro, sin el permiso escrito del autor-editor de este libro.
Tiraje: 1000 ejemplares.
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2016-10491 ISBN: 978-612-4334-03-0
Impreso en: Talleres Gráficos de la Editorial Lex & Iuris Jr. Miguel Aljovín 203, Lima – Lima.
Agosto 2016
ÍNDICE GENERAL
1.
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN EN EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS............................................................ 15
2.
MODELO DE ESCRITO OPONIENDOSE AL PEDIDO DE CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL EN DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD......................... 17
3.
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO PRUEBA ANTICIPADA Y ACTUACIÓN DE TESTIMONIAL EN CÁMARA GESSEL EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL.................................................... 22
4.
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL...................... 23
5.
MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADA LA PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL......... 26
6.
MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO.................. 29
7.
MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO OPOSICIÓN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE EXTORSIÓN................................ 34
8.
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ACTOS DE CONTROL DE INVESTIGACIÓN EN DELITO DE EXTORSIÓN............................................ 36
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
5
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 9.
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA CONFESIÓN SINCERA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA................................................................................. 39
10. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO PROTECCIÓN DE GARANTÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA EN DELITO DE EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA........................................................................... 42 11. MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE ROBO AGRAVADO......................... 43 12. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE HURTO AGRAVADO...................................... 50 13. MODELO DE ESCRITO OBSERVANDO ACUSACIÓN POR DEFECTOS FORMALES, OFRECE MEDIOS PROBATORIOS, Y OBJETA LA REPARACIÓN CIVIL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO............................. 52 14. MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO MEDIOS PROBATORIOS Y FORMULA OPOSICIÓN EN DELITO DE ROBO AGRAVADO....................... 62 15. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE ROBO AGRAVADO............................................................... 65 16. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE INTEGRE AL PETITORIO Y SE DISPONGA LA REALIZACIÓN DE UNA PERICIA EN DELITO DE HURTO AGRAVADO.................................................................................................... 67 17. MODELO DE ESCRITO CANCELANDO LA REPARACIÓN CIVIL Y SOLICITANDO SE DEJE SIN EFECTO LA REVOCATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA............................................................................. 69 18. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO COPIAS CERTIFICADAS DE SENTENCIA CONDENATORIA POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO..... 71 19. MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO POR DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR EN JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA................................................................ 72 20. MODELO DE ESCRITO QUE SOLICITA DEVOLUCIÓN DE CÉDULA PARA ADJUNTAR ACUSACIÓN POR EL DELITO DE TRÁFICO DE MONEDA...... 73 21. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO NULIDAD QUE DECLARA FUNDADA LA REVOCATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA CONDICIONALIDAD DE LA PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR....................................................................... 74
6
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
Índice 22. MODELO DE ESCRITO AMPLIANDO FUNDAMENTOS DE NULIDAD DE AUTO QUE DECLARA FUNDADO LA REVOCATORIA DE LA CONDICIONALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR...................................................... 77 23. MODELO DE ESCRITO ADJUNTANDO DEPÓSITO JUDICIAL POR MULTA POR EL DELITO DEE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS..................... 80 24. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ENTREGA DE DNI POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS................................................. 81 25. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REHABILITACIÓN POR EL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO............................. 82 26. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE CURSE OFICIO AL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PARA LA REMISIÓN DEL DEPÓSITO JUDICAL EN EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR....................................................................... 83 27. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CONVERSIÓN DE PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR............................ 84 28. MODELO DE ESCRITO JUSTIFICANDO INCONCURRENCIA DE ABOGADO DEL IMPUTADO A LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN............................................................................................ 87 29. MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO MEDIO PROBATORIO POR DELITO DE LESIONES................................................................................... 88 30. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO AUDIENCIA PRELIMINAR EN TRASLADO DE INTEGRACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN DELITO DE USURPACIÓN AGRAVADA............................................................................ 89 31. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CORRECCIÓN POR ERROR MATERIAL EN NOMBRE DEL INVESTIGADO EN DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD.............................................................. 90 32. MODELO DE ESCRITO DEVOLVIENDO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PORQUE YA NO SE EJERCE LA DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO...... 91 33. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO AUTO DE SOBRESEIMIENTO POR CUMPLIR PAGO DE REPARACIÓN CIVIL EN CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR...................................................................................................... 92
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
7
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 34. MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE PRORROGA EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA............................................................................................. 93 35. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA EN DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO........................... 98 36. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REHABILITACIÓN EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR................................................ 99 37. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE DECLARE CONSENTIDA LA SENTENCIA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD................................................................................. 101 38. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REFUNDICIÓN DE PENAS EN DELITO DE ROBO AGRAVADO..................................................................... 102 39. MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO Y SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO........... 106 40. MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO......................................................... 107 41. MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO Y SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO....................... 134 42. MODELO DE ESCRITOS SOLICITANDO SE TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS...................... 135 43. MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ENTREGA DE VEHÍCULO.............. 138 44. MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO, SOLICITANDO COPIAS POR DELITO DE ROBO AGRAVADO............................................... 139 45. MODELO DE ESCRITO PARA ACREDITAR ARRAIGO FAMILIAR Y LABORAL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO.............................................. 140 46. MODELO DE ESCRITO SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE COHECHO PASIVO.................................................................... 143 47. MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL........................................................................................ 144
8
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
Índice 48. MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE CASACIÓN EN DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO............................... 165 49. MODELO DE ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA FUNDADA LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL DELITO DE EXTORSIÓN........................................... 179 50. MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO NUEVA PRUEBA EN DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO............................................. 180
RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES 1.
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD.................... 185
2.
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL EN LA MODALIDAD DE ACTOS CONTRA EL PUDOR...................................................................................... 187
3.
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL EN SU MODALIDAD DE ACTOS CONTRA EL PUDOR...................................................................................... 190
4.
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL.......................................................... 193
5.
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN SU MODALIDAD DE ROBO........ 195
6.
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SU MODALIDAD DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS..................................................................... 197
7.- IMPROCEDENCIA DE DETENCION PRELIMINAR...................................... 200
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 1.
ACTOS CONTRA EL PUDOR.......................................................................... 203
2. ASESINATO.................................................................................................... 210 3.
EXTORSION AGRAVADA.............................................................................. 226
4.
EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA – TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS EXPLOSIVOS.......................................................................... 240
5.
PARRICIDIO Y EXPOSICION O ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES. 251
6.
ROBO AGRAVADO - ABSOLUCION.............................................................. 262
7.
ROBO AGRAVADO - ABSOLUCION.............................................................. 273
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
9
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 8.
ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA........................................... 280
9.
ROBO AGRAVADO Y RECEPTACION............................................................ 287
10. VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD............................................... 308
SENTENCIAS DE VISTA 1.
ABORTO CONSENTIDO EN GRADO DE TENTATIVA................................... 317
2.- ABUSO DE AUTORIDAD............................................................................... 326 3.
APROPIACION ILICITA – REVOCA SENTENCIA CONDENATORIA............ 331
4. ASESINATO.................................................................................................... 336 5.
ACTOS CONTRA EL PUDOR – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA........................................................................................... 344
6.
ACTOS CONTRA EL PUDOR – ANULAR DEBATE ORAL.............................. 351
7.
ACTOS CONTRARIOS AL PUDOR – NULA ABSOLVIENDO AL ACUSADO. 363
8.
ACTOS CONTRA EL PUDOR – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA... 372
9.
APROPIACION ILICITA – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA........... 379
10. APROPIACION ILICITA – REVOCAN SENTENCIA CONDENATORIA ABSOLVIENDO AL SENTENCIADO.............................................................. 385 11. APROPIACION ILICITA – REFORMAN INCREMENTO DE REPARACION CIVIL....................................................................................... 392 12. COACCION – CONFIRMAN SENTENCIA ABSOLUTORIA........................... 396 13. COHECHO – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA............................... 402 14. DAÑOS – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA................................ 410 15. DAÑOS – DECLARAR NULIDAD DE DEBATE ORAL................................... 418 16. DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD................................ 427 17. EJERCICIO ILEGAL DE UNA PROFESION.................................................... 435 18. ENCUBRIMIENTO PERSONAL - NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA......... 441 19. EXTORSION – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA......................... 450 20. EXTORSION – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA...................................... 456
10
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
Índice 21. FALSIFICACION DE DOCUMENTOS – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA............................................................................................... 466 22. FALSIFICACION DE DOCUMENTOS – NULA SENTENCIA CONDENATORIA ORDENARON NUEVO JUICIO ORAL.............................. 476 23. FALSEDAD IDEOLOGICA – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA....... 485 24. FRAUDE PROCESAL...................................................................................... 492 25. HABEAS CORPUS – CONFIRMA IMPROCEDENCIA DE DEMANDA......... 506 26. HABEAS CORPUS – CONFIRMA RESOLUCION QUE DECLARA INFUNDADA DEMANDA.............................................................................. 511 27. HABEAS CORPUS – DECLARA NULA RESOLUCION QUE DECLARA IMPROCEDENTE........................................................................................... 516 28. HOMICIDIO CULPOSOS – NULA SENTENCIA CONDENATORIA.............. 521 29. INSTIGACION EN EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA..................................................................................................... 530 30. HOMICIDIO SIMPLE – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA.............. 539 31. HOMICIDIO CALIFICADO – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA............... 548 32. HURTO – REVOCA SENTENCIA CONDENATORIA ABSOLVIENDO AL SENTENCIADO........................................................................................ 559 33. HURTO – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA.................................... 565 34. HURTO AGRAVADO Y ESTELIONATO.......................................................... 570 35. HURTO Y RECEPTACION.............................................................................. 578 36. DIFAMACIÓN AGRAVADA – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA........................................................................................... 585 37. DIFAMACION – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA......................... 595 38. INJURIA – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA................................... 601 39. INJURIA Y DIFAMACION............................................................................. 609 40. LESIONES CULPOSAS GRAVES.................................................................... 616 41. LESIONES LEVES POR VIOLENCIA FAMILIAR............................................ 623 42. LESIONES GRAVES....................................................................................... 630
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
11
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 43. OFENSAS AL PUDOR EN SU MODALIDAD DE EXHIBICIONES Y PUBLICACIONES OBSCENAS....................................................................... 637 44. OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA........................................................................................... 645 45. OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR – APELACION INTERPUESTA POR ACTOR CIVIL CONTRA SENTENCIA DE CONFORMIDAD.................. 650 46. PECULADO – NULA SENTENCIA CONDENATORIA................................... 654 47. PECULADO – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA....................................... 667 48. ROBO – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA................................... 680 49. ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA........................................... 689 50. ROBO AGRAVADO, TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO Y MICROCOMERCIALIZACION DE DROGA................................................... 696 51. TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO................................................... 706 52. TRAFICO ILICITO DE DROGAS – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA........................................................................................... 717 53. TRAFICO ILICITO DE DROGAS – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA........ 723 54. TRAFICO ILICITO DE DROGAS – REVOCAN EXTREMO DE LA PENA....... 730 55. USURPACION AGRAVADA – CONFIRMAN SENTENCIA CONDENATORIA........................................................................................... 737 56. USURPACION – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA...................... 744 57. USURPACION DE FUNCIONES..................................................................... 753 58. VIOLACION DE LA LIBERTAD DEL TRABAJO – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA...................................................................... 760 59. VIOLACION A LA LIBERTAD DEL TRABAJO EN LA MODALIDAD DE INCUMPLIMIENTO DE RESOLUCIONES JUDICIALES – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA......................................................................... 764 60. VIOLACION A LA LIBERTAD DEL TRABAJO – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA...................................................................... 770 61. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA................................................. 780
12
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
Índice 62. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA............................................................................................... 789 63. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MAYOR DE EDAD – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA................................................. 798 64.- VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL – NULA SENTENCIA CONDENATORIA ORDENAN NUEVO JUICIO ORAL................................... 809 65.- VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA..................................................... 818 66. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL Y TRATA DE PERSONA -................. 826 67. VIOLACION A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENORES DE EDAD CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA................................................. 835 68. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA............................................................................................... 844 69. USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO – NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA ORDENAN NUEVO JUICIO................................................. 853
ANEXOS DECRETO LEGISLATIVO Nº 957 (29/07/2004)................................................... 867 FLUJOGRAMAS: 1.
INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - Etapa dirigida por el Fiscal (321-343).......................................................................................... 1045
2.
ETAPA INTERMEDIA - Etapa dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria (344-355).................................................................................. 1046
3. JUZGAMIENTO - Etapa dirigida por el Juez Unipersonal o por el Juzgado Penal Colegiado (356-403)................................................... 1047
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
13
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
1
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN EN EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
EXPEDIENTE Nº: ASISTENTE: SOLICITA REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DENTRO DEL MÁS BREVE PLAZO POSIBLE SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUZCO – SEDE ECHARATI: ……………., abogado defensor de MANRIQUE, en el proceso penal instaurado contra mi persona, en agravio de la Echerati por el presunto delito de Falsificación de Documentos, a Ud. con respeto digo: I. SOLICITA REPROGRAMACIÓN: El recurrente en ejercicio legítimo del Derecho de Defensa previsto y regulado en el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal Peruano que le asiste a mi representada, recurro a vuestro despacho para SOLICITAR POR EQUIDAD SE PROGRAME AUDIENCIA DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN DENTRO DEL PLAZO MÁS BREVE, en razón de las siguientes consideraciones: II. FUNDAMENTOS: 2.1. En un primer momento, debemos dejar que la presente solicitud no debe ser tomada como una forma de dilatar la resolución de la controversia que en el presente proceso se encuentra dirimiéndose, por el contrario busca efectivizar y proteger el derecho de defensa que ejercemos todos las partes dentro de un proceso en general.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
15
Edilberto Luis Martínez Castro
2.2. En ese sentido, su judicatura se encontraría de vacaciones razón por la cual toda su carga procesal estaría siendo atendida por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Quillabamba, razón por la cual imposibilitaría se efectúe de manera regular la Audiencia programada, en la medida que éste juzgado solo está tramitando casos de reos en cárcel, razón por la cual se hace necesario que se programe la aludida audiencia dentro del más breve plazo posible. 2.3. No obstante, como puede observarse del análisis del expediente la presente audiencia viene siendo reprogramada en muchas ocasiones, razón por la cual en virtud del Principio de Plazo Razonable, solicitamos la nueva audiencia a reprogramarse se realice en la fecha más próxima. 2.4. Existiendo entonces, una razón suficientemente objetiva para poder reprogramar la audiencia de Improcedencia de Acción, Solicitamos a su Despacho reprograme la misma con la finalidad de no afectar el derecho de defensa, defensa técnica y debido proceso del denunciado. POR LO EXPUESTO: A Ud. Solicito acceder a mi petición por ser de ley. Lugar y Fecha: (………………………….)
------------------------------------------------------------------------------------ Abogado
16
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
2
MODELO DE ESCRITO OPONIENDOSE AL PEDIDO DE CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL EN DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD
EXPEDIENTE N°: ESPECIALISTA: SE OPONE AL PEDIDO DE CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO: Neciosup con DNI Nº………., con domicilio real en ………… de esta ciudad, señalando domicilio procesal, en la calle al ubicado en la calle ……………….de esta ciudad, en el proceso penal seguido en mi contra por la presunta comisión del delito de abuso de autoridad en el supuesto agravio de Anaya y otros, a Ud. con el debido respeto digo: I. PETITORIO.Invocando Tutela Judicial Efectiva (segunda fase - dentro del proceso) y amparado en los Artículos 98 y 100 del Código Procesal Penal, PROCEDO A OPONERME DE MANERA FORMAL AL PEDIDO DE CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL REALIZADO POR EL SUPUESTO AGRAVIADO PROCURADOR PÚBLICO DEL GOBIERNO REGIONAL, CARLOS ENRIQUE MOYA LIMO, ante ello, solicito tenga presente y proceda a conferir el valor que se merece el presente escrito de oposición y en su momento declarar inadmisible la solicitud presentada, en base a los siguientes fundamentos. II. FUNDAMENTOS DE HECHO EN QUE SE SUSTENTA LA OPOSICIÓN.A. ASPECTOS PRELIMINARES.•
De acuerdo a la disposición fiscal de fecha 16 de febrero del 2015, se dispuso de la formalización de la investigación preparatoria por el supuesto delito de abuso de autoridad
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
17
Edilberto Luis Martínez Castro
en agravio entre otros del Estado representado por el Procurador del Gobierno Regional de La Libertad. •
Luego de las investigaciones y actuaciones procesales llevadas a cabo a nivel fiscal, por disposición del 15 DE AGOSTO DEL 2015 se DIO POR CONCLUIDA LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, en vista que al vencimiento del plazo de la investigación conforme al artículo 342 inciso 1 del Código Procesal Penal.
•
El 17 DE AGOSTO DEL 2015, el Procurador Público del Gobierno Regional acude a vuestro despacho, a solicitar se le tenga por constituido en actor civil, sin embargo la posibilidad de que una persona –natural o jurídica- sea considerada con legitimidad para obtener la calidad de actor civil pasa por determinar la existencia de los requisitos formales y materiales que la norma procesal exige.
•
En ese orden de ideas se deberá analizar si la solicitud cumple con los requisitos formales estipulados en la norma procesal y en especial al plazo que se tiene para realizar dicho acto procesal.
B. EXISTENCIA DE DEFECTOS DE ORDEN FORMAL Y DE FONDO RESPECTO A LA CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL. •
El Código Procesal Penal, regula de manera expresa el trámite para constituirse en actor civil, así como los requisitos indispensables y necesarios para tal fin. De acuerdo al ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LA SOLICITUD DE CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL DEBERÁ EFECTUARSE ANTE DE LA CULMINACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.
•
El Código contempla que la investigación preparatoria culmina mediante una disposición fiscal (artículo 343 del CPP) ya sea por propia decisión fiscal o en cumplimiento de mandato judicial consecuencia de una audiencia de control
18
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
de plazos, por lo que al presentarse la decisión adoptada por el fiscal respecto a la conclusión de la Investigación Preparatoria, traerá como –estoy sostenido– la imposibilidad de que el supuesto agraviado pueda constituirse en actor civil. •
En el caso de autos, se puede verificar de la disposición fiscal que se adjunta, se ha dispuesto la conclusión de la investigación preparatoria el 15 DE AGOSTO DEL 2015 siendo que la solicitud de constitución de actor civil por parte del Procurador Público del Gobierno Regional ha sido presentada en fecha posterior al acto procesal establecido en el artículo 101 del Código Procesal Civil, esto es, fuera del plazo legal respectivo-17 DE AGOSTO DEL 2015, por lo que vuestro despacho como Juez de Garantías no puede amparar el pedido realizado por el Procurador pues no ha cumplido con el presupuesto requerido relacionado al plazo legal para su constitución, el cual es extemporáneo.
•
Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el Art. 94 del CPP1 establece la posibilidad de ejercer la acción reparatoria por quién resulte directamente ofendido (sujeto pasivo del delito) o perjudicado directamente por las consecuencias del delito (sujeto pasivo de la acción). Es evidente, pues, que no basta con invocar que uno ha sido víctima de un delito, sino que también tiene que acreditarlo con pruebas materiales que sean sometidas a las reglas de la lógica, ciencia y experiencia.
•
Puede apreciarse entonces, de lo que es objeto de formalización de la investigación preparatoria es que supuesta-
1
Art. 94. Definición
“Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo (…).”
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
19
Edilberto Luis Martínez Castro
mente la suscrita habría incurrido en abuso de autoridad porque “ habría encerrado en el interior de una institución educativa en forma arbitraria y sin motivo alguno a las personas de Anaya y Huatay, por lo que supuestamente esta parte habría causado un perjuicio a las personas antes mencionadas, no teniendo ninguna participación en dicho acto ni mucho menos los supuestos efectos del mismo se extenderían al Estado a través del Gobierno Regional de La Libertad, dejando sentada una idea preliminar, debido a que el artículo 376 del Código Penal expresa que “ al alusión al término alguien permite legítimamente colegir que existe un perjudicado (una persona física o jurídica, un particular o un colectivo social) que es el que sufre el agravio directo del acto arbitrario “ el cual indudablemente al supuestamente estar materializado al acto de “ haber encerrado a unas personas “ no se puede considerar como agraviado al Estado, por lo que la Procuraduría del Gobierno Regional de La Libertad, no tiene interés ni legitimidad, por lo tanto no puede ejercer el derecho de peticionar una reparación civil dentro del proceso penal. •
Esto tiene relación con el Art. 100 del CPP numeral 2 literal “d” que exige que el actor civil ofrezca pruebas documentales que acredite su pretensión resarcitoria y consecuentemente su derecho. En otras palabras, el legislador exige que el actor civil no solo invoque legitimidad sino que la misma tiene que ser demostrada con prueba idónea, la misma que no existe en el presente proceso, pues como se dijo anteriormente el hecho incriminado no tiene relación alguna con la función detentada por mi patrocinada, lo que significa que no existe perjuicio para el Estado.
III. MEDIOS PROBATORIOS DE LA OPOSICIÓN.•
Disposición fiscal de fecha 16 de febrero del 2015, derivado del caso 878 - 2014 en que se procede a la formalización de la investi-
20
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
gación preparatoria por el supuesto delito de abuso de autoridad que habría realizado la suscrita, que obra en autos. •
Disposición fiscal del 15 DE AGOSTO DEL 2015 derivado del caso 878 – 2014, exp. 1170 – 2015, en la cual se da por concluida la investigación preparatoria.
•
Escrito de constitución de actor civil presentado por el Procurador Público del Gobierno Regional el 17 DE AGOSTO DEL 2015, esto es fuera del plazo legal estipulado en el artículo 101 del Código Procesal Penal, que obra en autos.
III. ANEXO.•
Disposición fiscal del 15 DE AGOSTO DEL 2015 derivado del caso 878 – 2014, exp. 1170 – 2015. POR LO EXPUESTO: A usted acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (……………………….)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL RECURRENTE
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
21
Edilberto Luis Martínez Castro
3
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO PRUEBA ANTICIPADA Y ACTUACIÓN DE TESTIMONIAL EN CÁMARA GESSEL EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA SE ADMITA PRUEBA ANTICIPADA Y SE PROGRAME FECHA PARA LA ACTUACIÓN DE LA TESTIMONIAL EN CÁMARA GESSEL
SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……………………….Abogado de …………………………., representante de la menor agraviada de iniciales A. B. C. D., en el proceso seguido contra……………………….. por el delito contra la libertad sexual, ante Ud. digo: Considerando que la Prueba Anticipada consiste en la declaración testimonial de la menor agraviada resulta indispensable y urgente debido al delicado estado de salud mental de la agraviada que padece de RETARDO MENTAL existiendo un alto grado de probabilidad que pueda olvidar los hechos ocurridos materia del presente proceso, más aún si se encuentra en estado de gestación como consecuencia del delito perpetrado en su contra y de los daños psicológicos, por lo que solicito A LA BREVEDAD SE ADMITA LA PRESENTE PRUEBA ANTICIPADA Y SE REPROGRAME FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE LA MENOR EN CÁMARA GESSEL teniendo en cuenta además la relevancia de dicha testimonial en el presente proceso y la naturaleza de URGENTE de dicha prueba. POR LO EXPUESTO: Acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (……………………) ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DE LA RECURRENTE
22
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
4
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CONSTITUCIÓN DE ACTOR CIVIL EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……………………….Identificado con DNI N°……………. domiciliado en ……………………………en representación de mí menor hija de iniciales A. B. C. D., en el proceso seguido contra………………………..por el delito contra la libertad sexual, ante Ud. digo: I.- PETITORIO: De
conformidad
con
lo
dispuesto
en
los
artículos
94,98,99,
100,101,102,104 y 105 del C.P.P. y en representación de mi menor hija de iniciales A.B.C.D., (14 años de edad) parte agraviada en los hechos materia del presente proceso; acudo a vuestro despacho con la finalidad de solicitar mi CONSTITUCIÓN EN ACTOR CIVIL en el presente proceso, solicitando se me tenga CONSTITUIDO en actor civil y se me otorguen las prerrogativas establecidas en la ley a fin de poder ejercer mi defensa en mérito a los siguientes fundamentos: II.- LEGITIMIDAD DE LA RECURRENTE: La recurrente es madre la menor de iniciales A.B.C.D., quien debido a su minoría de edad y la discapacidad por retardo mental que padece se encuentra imposibilitada para ejercer los derechos que le asiste personalmente en condición de parte agraviada dentro del presente proceso. Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 94 Inc. 2 C.P.P, concordante con lo dispuesto en el Art. 816 del C.C., me asiste el Derecho de Constituirme en ACTOR CIVIL en representación de mi menor hija.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
23
Edilberto Luis Martínez Castro
III.- DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 100 DEL C.P.P: 3.1.- IMPUTADO:………………………………….., a quien se le notificara en su domicilio ubicado en ………………….. 3.2.- RELATO CIRCUNSTANCIADO DEL DELITO EN SU AGRAVIO Y EXPOSICIÓN DE LAS RAZONES QUE JUSTIFICAN SU PRETENSIÓN: •
El imputado agredió sexualmente a mi menor hija desde que ella tenía 13 años de edad hasta en 4 oportunidades desde el mes de agosto del 2013 fecha en que llego a vivir en mi domicilio ubicado en……………………por ser pareja de mi sobrina Ruth en cuyo inmueble resido hasta la actualidad conjuntamente con mi menor hija, cuyos actos se han repetido hasta fines del mes de enero e inicios de febrero del 2014.
•
Dichos actos se producían en circunstancias que la recurrente salía al mercado a realizar compras para el hogar en donde el imputado aprovechaba para someter sexualmente a mi menor hija sin importarle que esta sufre de retardo mental, llegando incluso a embarazarla.
•
Según lo dispuesto en el Art. 93 del C.P.P., la reparación civil comprende: a) La restitución del bien o si no es posible, el pago de su valor y b) La indemnización de los daños y perjuicios. En el presente caso conforme a los hechos denunciados mi menor hija a sido afectada tanto en el aspecto moral y físico causando problemas de personalidad en mi hija incrementándose por su estado de retardo mental, por lo que no es posible una restitución del bien, considerándose además que tanto la recurrente como el padre de mi hija hayamos tenido que ausentarnos de nuestros trabajos debido a la instauración del presente proceso penal.
•
El monto de la Reparación Civil debe de fijarse en consideración al daño psicológico y físico de nuestra menor hija.
24
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
IV.- PRUEBAS: 4.1.- Acta de denuncia policial 4.2.- Certificado Médico Legal 4.3.- Pericia Psicológica practicada a la menor y al imputado. 4.4.- Testimoniales de la agraviada y de la suscrita. 4.5.- Constancias que acreditan el retardo mental de mi hija. V.- ANEXOS: 5.1.- Copia de mi DNI 5.2.- Acta de Nacimiento de mi menor hija. 5.3.- Copia del DNI de mi menor hija. 5.4.- Copia del carnet de inscripción en el Consejo Nacional para la integración de la persona con discapacidad – CONADIS. 5.5.- Copia de la Disposición de Formalización de la Investigación Preparatoria en el presente proceso. POR LO EXPUESTO: Acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (……………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DE LA RECURRENTE
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
25
Edilberto Luis Martínez Castro
5
MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA FUNDADA LA PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO Aldair, en los seguidos por Daniel por la supuesta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de Robo Agravado; ante Ud. digo: I.- PETITORIO: Que al amparo de lo que prescriben los artículos 268 y 286 del C.P.P., interpongo Recurso de Apelación contra la resolución número DOS de fecha 10 de octubre del 2015, que resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva de mi patrocinado, elevando los actuados al Superior Jerárquico en donde espero obtener su REVOCATORIA de la resolución impugnada. II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que, mediante Acta de Intervención Policial, el agraviado Daniel, manifiesta que siendo las 21:30 horas del día 08 de Octubre, en circunstancias en que efectuando una carrera de servicio particular a cuatro personas, y estando a la altura del AA.HH. Antenor Orrego, las cuatro personas le querían despojar de su vehículo, para dicho efecto fue golpeado por dichos individuos, para lo cual se dieron a la fuga, por dicho lugar, fue en eso entonces que personal de la Comisaria Nicolás Alcázar, que se encontraban patrullando por dicho lugar, y capturaron a mi patrocinando y pusieron a disposición a dicha Comisaria. 2.2.- Posteriormente se le efectuó el acta de registro personal, dando el siguiente resultado:
26
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
- Para DROGAS (NEGATIVO) - Para ARMAS DE FUEGO (.NEG.ATIVO) - Para MONEDA NACIONAL (NEGATIVO) - Para MONEDA EXTRANJERA (NEGATIVO) - Para JOYAS Y ALHAJAS (NEGATIVO) - Para OTROS (POSITIVO); entre otros enseres de uso personal 2.3.- De otro lado, mediante la declaración de ALDAIR, este sostiene que el día de la intervención había tomado una carrera en compañía de su amigo FERNANDO, y dos persona más entre la Av. Pumacahua Cuadra 14 El Porvenir, con destino hasta el AA. HH Nuevo Porvenir, y fue en ese momento que el pidió a sus amigos se encontraba en la parte posterior que den su parte correspondiente de la carrera ya que el conductor había cobrado ocho nuevos soles, y al ver que no tenía quería fugar sin haber cancelado y fue en ese momento que el agraviado coge del brazo a mi patrocinado y en ese momento el co imputado FERNANDO, lo golpea con una piedra, al agraviado y es en ese momento que mi patrocinado coge las llaves del vehículo y fugan, para posteriormente ser detenido por personal policial. 2.4.- El Coimputado en su declaración manifiesta, que quien golpeo al agraviado fue él y lo hizo con una piedra, por parte de su cabeza, y que en ningún momento se efectuó con una arma de fuego como refiere el agraviado y es más cuando se realiza el registro personal se determina que ninguno de los imputados registraban tener arma, lo cual es un contradicción por parte del agraviado cuando manifiesta que lo golpearon con una arma de fuego. 2.5.- Asimismo, no obra el acto de reconocimiento RENIEC que debe revisar la policía con la finalidad que el agraviado logre identificar a los presuntos autores, toda vez que de la declaración del agraviado, él manifiesta que fueron cuatro personas quienes lo tomaron el taxi., con la finalidad de poder determinar las identificación de cada uno de-ellos. 2.6.- Con respecto al segundo presupuesto referente a la PROGNOSIS DE LA PENA, al no haber elementos de convicción que justifiquen la responsabilidad de mi patrocinado, no se cumple con este presupuesto de la norma procesal penal.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
27
Edilberto Luis Martínez Castro
2.7.- Con respecto al PELIGRO PROCESAL, el domicilio real de mi patrocinado esta individualizado con la ficha de la RENIEC, la declaración del propio procesado, la presencia del representante del Ministerio Público, y el acta de verificación domiciliaria hecha por personal de la Comisaria Nicolás Alcázar en el distrito del Porvenir. 2.8.- Asimismo debo manifestar que mi persona labora como Auxiliar de reparto, en la Empresa MARGISA DISTRIBUCIONES S.R.L., con RUC N” 20482616569.asimismo, se encuentra sirviendo al Ejercito—Ministerio de Defensa del Ejercito del Perú., de otro lado se encuentra realizando estudios en SENATI Zonal La Libertad, En el programa de Meca trónica conforme se acredita con los documentos que han sido presentados a su Despacho. 2.9.- Que, en consecuencia, no existiendo los presupuestos legales establecidos para disponer la Prisión Preventiva, la resolución impugnada carece de objeto y sustento legal por lo que solicito a su despacho se sirve elevar los actuados al Superior Jerárquico donde espero alcanzar su REVOCATORIA. III.- NATURALEZA DEL AGRAVIO: La resolución apelada me causa agravio, porque, al decretar de manera indebida la referida medida preventiva en mi contra, se esté contraviniendo derechos reconocidos por la Constitución Política del Perú, que tienen que ver con las libertades individuales y personales. POR TANTO: A usted Señor Juez, solicito se sirva tener por interpuesto el presente Recurso, elevarlo al Superior Jerárquico donde espero alcanzar la REVOCATORIA de la resolución impugnada. Lugar y Fecha: (……………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL RECURRENTE
28
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
6
MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO CESACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO Ricardo, en los seguidos por Daniel en la supuesta comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de Robo Agravado; ante Ud. digo: L-PETITORIO: Que, en aplicación del irrestricto de derecho de defensa y al derecho fundamental a la libertad ambulatoria reconocida por nuestra Constitución Política del Estado, recurrimos a su digno Despacho en atención a lo dispuesto en el Art. 283° del Código Procesal Penal, con la finalidad de solicitar la cesación de la prisión preventiva que pesa sobre el recurrente v que se sustituya por una medida de comparecencia simple; disponiéndose-en tal sentido mi inmediata libertad; ello en base a los siguientes fundamentos de hecho y derecho que a continuación se pasa a exponer IL- FUNDAMENTOS DE HECHO: PRIMERO: Que, la libertades uno de los derechos más importantes de la persona humana, es por ello que el Art. 2 inciso 24° de la Constitución Política, consagra la libertad y seguridad personales como un derecho fundamental, que solo puede restringirse por expresa disposición Jurídica con rango de ley, en directa concordancia con los principios de instrumentalidad, proporcionalidad, legalidad, necesidad y prueba suficiente. SEGUNDO: Que, se inicia la investigación fiscal en contra del recurrente por el delito de Robo Agravado, en agravio de Daniel, investigación que actualmente es llevada a cabo por la Dra. Chávez, Fiscal de la Prime-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
29
Edilberto Luis Martínez Castro
ra Fiscalía Provincial Penal Corporativa de esta ciudad, asignándole a la investigación el 4152-2015, es preciso indicar que al recurrente se le impuso la medida de prisión preventiva teniéndose en cuenta los primeros recaudos de la investigación TERCERO: Que, sin embargo conforme se ha ido desarrollando la investigación fiscal, se han dado nuevos elementos de convicción que pueden demostrar que no concurren los motivos que inicialmente determinaron la imposición de la medida de prisión preventiva en contra del recurrente, y resulta de innecesaridad sustituirla por una de comparecencia. Es por ello que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 283” del Código Procesal Penal solicitamos la cesación de la prisión preventiva. CUARTO: Que respecto de la SUFICIENCIA PROBATORIA, se debe decir Señor Juez que ésta se ha desvanecido, ello por cuanto: 1) El Agraviado: DANIEL, en su ampliación de declaración prestada ante el ministerio Publico cae en una serie de contradicciones respecto a lo manifestado en su primera declaración, donde en una primera instancia refiere que fue atacado por arma de fuego, por parte de la persona que se encontraba en la parte posterior; sin embargo, en su ampliación de declaración refiere que no se percató con que lo atacaron, pero si fue por la parte posterior, de otro lado, debo manifestar que mi patrocinado refiere en su ampliación de declaración que el agraviado en varias oportunidades le iba cobrando sobre el servicio y al percatarse que probablemente no le iban a cancelar opta coger a mi patrocinado por la parte del brazo, y en esas circunstancias los dos ocupante salen corriendo quedando a un solo ocupante quien le propina un fuerte golpe con una piedra en la cabeza ya que él había bajado y al ver que no soltaba a su compañero opta por tirarle la piedra. QUINTO: Que, asimismo, la Declaración del Testigo JEAN, refiere que cuando se encontraban patrullando el Asentamiento Humano Antenor Orrego, escucharon unos gritos donde los vecinos refirieron que una persona había sido asaltado con arma de fuego, para posteriormente captúralo, en donde el agraviado le refiere que había asaltado con arma
30
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
de fuego, y en su ampliación de declaración el agraviado refiere que no se percató con que lo golpearon estas contradicciones conllevan a desvanecer la actividad probatoria por parte de la Fiscalía confirmando lo manifestado por ambos imputados. SEXTO: Que, sin embargo conforme se ha ido desarrollando la investigación fiscal, se han dado nuevos elementos de convicción que pueden demostrar que no concurren los motivos que inicialmente determinaron la imposición de la medida de prisión preventiva en contra del recurrente, y resulta de innecesaridad sustituirla por una de comparecencia. Es por ello que en aplicación a lo dispuesto en el artículo 283’* del Código Procesal Penal solicitamos la cesación de la prisión preventiva. SÉPTIMO: Que respecto de la SUFICIENCIA PROBATORIA, se debe decir Señor Juez que ésta se ha desvanecido, ello por cuanto: 1) El Agraviado: DANIEL, en su ampliación de declaración prestada ante el ministerio Publico cae en una serie de contradicciones respecto a lo manifestado en su primera declaración, donde en una primera instancia refiere que fue atacado por arma de fuego, por parte de la persona que se encontraba en la parte posterior; sin embargo, en su ampliación de declaración refiere que no se percató con que lo atacaron, pero si fue por la parte posterior, de otro lado, debo manifestar que mi patrocinado refiere en su ampliación de declaración que el agraviado en varias oportunidades le iba cobrando sobre el servicio y al percatarse que probablemente no le iban a cancelar opta coger a mi patrocinado por la parte del brazo, y en esas circunstancias los dos ocupante salen corriendo quedando a un solo ocupante quien le propina un fuerte golpe con una piedra en la cabeza ya que él había bajado y al ver que no soltaba a su compañero opta por tirarle la piedra. OCTAVO: Que, asimismo, la Declaración del Testigo JEAN, refiere que cuando se encontraban patrullando el Asentamiento Humano Antenor Orrego, escucharon unos gritos donde los vecinos refirieron que una persona había sido asaltado con arma de fuego, para posteriormente captúralo, en donde el agraviado le refiere que había asaltado con arma
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
31
Edilberto Luis Martínez Castro
de fuego, y en su ampliación de declaración el agraviado refiere que no se percató con que lo golpearon estas contradicciones conllevan a desvanecer la actividad probatoria por parte de la Fiscalía confirmando lo manifestado por ambos imputados. NOVENO: Que, respecto a la PENA PROBABLE, con los nuevos elementos de convicción, tanto con las declaraciones testimoniales, se puede advertir que no existe ni siquiera una remota posibilidad de que se imponga sentencia condenatoria a los recurrentes, por el delito que viene siendo investigado, ya que de autos aparece que no existe elementos suficientes que vinculen a mi patrocinado con el delito que se les viene investigando. DÉCIMO, Que, respecto al PELIGRO PROCESAL, se debe decir que el peligro de fuga queda desvirtuado por cuanto de la carpeta fiscal se puede advertir que no es posible que al recurrente se le condene por los hechos investigados, ello debido a los nuevos elementos que han surgido en la etapa de investigación permiten establecer un desvanecimiento de la suficiencia probatoria. Por otro lado, se puede advertir que no es posible que el recurrente pueda eludir la acción de la justicia, pues de la investigación se ha llegado a establecer que mi patrocinado se encuentra sirviendo al Ejercito, y al mismo tiempo estudiando. ONCEAVO: En cuanto al peligro de obstaculización, se debe indicar que, la investigación está completa, se han llevado a cabo las diligencias necesarias como para esclarecer los hechos materia de investigación; asimismo, se ha determinado que mi patrocinado está colaborando con la justicia cuando ha sido requerido, y mucho más cuando mi coimputado se encuentra gozando de comparecencia, y también se ha presentado las veces cuando ha sido requerido. III.- FUNDAMENTOSDEDERECHO: • Art. 283°del Código Procesal Penal. • Art. 274°Inciso 2°del Código Procesal Penal. • Art. 2° inciso 24°de la Constitución Política del Perú.
32
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
IV.- ANEXO: 4.1.- Ampliación de declaración del Agraviado. 4.2.- Ampliación de declaración del imputado 4.3.- declaración de Testigo. OTROSÍDIGO: Que, por convenir a mi derecho y en aplicación del irrestricto derecho de defensa reconocido a toda persona por nuestra Constitución Política de El Estado, recurro a su digno Despacho, con la finalidad de nombrar como nuestro abogado defensor a los letrados ALFONSO y HERNAN, a quien le confiero todas las facultades que el caso amerita, en salvaguarda de mi derecho derechos procesal, y señalo como domicilio procesal en la calle Almagro 223 Of 210, de esta ciudad de Trujillo, donde se me notificará con las resoluciones que su despacho emita con arreglo a ley. POR TANTO: A usted Señor Juez, acceder a lo solicitado y tramitar conforme a Ley. Lugar y Fecha: (……………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL INVESTIGADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
33
Edilberto Luis Martínez Castro
7
MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO OPOSICIÓN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE EXTORSIÓN EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: OPOSICIÓN A LA TERMINACIÓN ANTICIPADA
SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……………………, Abogado de Anita en los seguidos por la supuesta comisión del delito de extorsión en agravio de Israel; ante Ud. digo: Que habiendo tenido conocimiento de la solicitud del proceso especial de TERMINACION ANTICIPADA presentada por la co procesada Diana y habiéndose corrido traslado de dicho pedido a los sujetos procesales para pronunciarse acerca de su procedencia, la defensa de la procesada Anita, presenta OPOSICIÓN AL ACUERDO DE TERMINACION ANTICIPADA ARRIBANDO ENTRE EL MINISTERIO PUBLICO Y LA COPROCESADA DIANA, en mérito a los siguientes fundamentos: 1.- En primer lugar Señor Juez no estamos de acuerdo en que se le imponga una pena suspendida a la co procesada Diana, ya que se trata de un delito de extorsión, con pena grave y donde la pena oscila entre diez a quince años, pues aun con la tentativa la pena no puede llegar a disminuir hasta el punto de imponer una pena irrisoria como lo es la pena suspendida, aunada al hecho de que dicha co procesada es la principal procesada por haber cometido el delito en flagrancia delictiva. 2.- No puede aprobarse una terminación anticipada aplicándose el descuento de pena por confesión sincera, ya que la norma procesal claramente establece que no hay confesión sincera en caso de flagrancia delictiva, si recordamos a la co procesada Diana se le intervino in situ, recibiendo el cupo extorsivo junto con el otro co procesado Edinson, por lo que no es aplicable en este supuesto la confesión sincera. 3.- El art. 161 del C.P.P., señala que este beneficio es inaplicable en los supuestos de flagrancia, de irrelevancia de la admisión de cargos en aten-
34
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
ción a los elementos probatorios incorporados al proceso (…)”, es decir la norma claramente señala que no puede existir confesión sincera en un supuesto de flagrancia delictiva, lo contrario sería afectar el Principio de Legalidad Procesal e ir contra el sentido de la norma, pues claro si existe flagrancia obviamente existen elementos probatorios serios que involucran a la co procesada Diana, por ello no puede aprobarse una terminación anticipada en esos términos. 4.- El art. 160, numeral 2, d) del C.P.P., señala que la confesión tiene que ser sincera y espontánea, y en el presente caso la co procesada Diana, no ha dado una declaración sincera y espontanea en la presente investigación, pues al momento de la intervención policial no acepto los cargos (ver el acta de intervención policial), más bien trato de justificar su presencia en el lugar de la intervención señalando que ha sido enviada por Anita a recoger dicho cupo, siendo que esta circunstancia hasta la fecha no ha sido corroborada, por lo que se aprecia que no ha habido espontaneidad y sincera en sus declaraciones, pues n o acepto desde un inicio los cargos, es más en su declaración inicial de fecha 22.06.15., tampoco acepta los cargos, señalando cuando le preguntan por el dinero recibido (cupo) que el dinero no era de ella y en la última pregunta señala que no se considera responsable, por lo que no existe confesión sincera en el presente caso y la declaración ampliatoria que ha sido posterior no puede ayudar para que se considere que su versión es espontánea y sincera. 5.- Es por lo que solicitamos que se desapruebe la terminación anticipada solicitada por la co procesada Diana, al no existir confesión sincera y por lo tanto no se le puede imponer una pena suspendida que sería un beneficio para la co procesada, pese a que no se cumplen los requisitos legales exigidos en la norma procesal penal vigente. POR LO EXPUESTO: Acceder a lo solicito, por ser de justicia Lugar y Fecha: (…………………………..) ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL RECURRENTE
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
35
Edilberto Luis Martínez Castro
8
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ACTOS DE CONTROL DE INVESTIGACIÓN EN DELITO DE EXTORSIÓN
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA ACTOS DE CONTROL DE INVESTIGACIÓN SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……………………, Abogado de Anita en los seguidos por la supuesta comisión del delito de extorsión en agravio de Marino; ante Ud. digo: I.- PETITORIO: Que a fin de cautelar los intereses de mi legitimo e inherente derecho a la Defensa consagrada en el inciso 14 del Art. 139 de nuestra Constitución Política, con la intención de intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria y a utilizar los medios de prueba pertinente y de conformidad con lo establecido en el Art. 337 inciso 5 del C.P.P., la defensa técnica solicita CONTROL DE ACTOS DE INVESTIGACIÓN CONTRA EL FISCAL ENCARGADO DE LA CARPETA FISCAL, CON LA FINALIDAD DE QUE ORDENE LLEVAR A CABO LA DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN FISCAL EN EL CEMENTERIO MIRAFLORES DE LA CIUDAD DE TRUJILLO (calle Miraflores), puesto de flores ANITA en donde estaba la procesada ANITA vendiendo sus flores el día de la intervención, en mérito a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo: II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que habiéndose formalizado investigación contra la investigada conforme data de la formalización de que el día de los hechos se intervino a Diana conjuntamente con Edinson, en circunstancias que se había constituido hasta la calle de Torre Ugarte a recoger el dinero producto de
36
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
la extorsión que se le estaba haciendo a Marino, a quien el día 22/05/15 a las horas 11.00 a.m., le habían dejado en su hotel una carta con contenido extorsivo, solicitándole la suma de S/ 5,000.00 caso contrario atentarían contra la vida de su mamá, hijos e esposa, que con el propósito antes indicado, luego que el agraviado recibió la carta extorsiva, denuncio los hechos y se organizó un operativo policial, haciéndose pasar por el agraviado el efectivo policial Arabel, quien fue el que realizo las negociaciones telefónicas con las extorsiones, pactando finalmente la suma de S/ 1,000 soles en el lugar antes indicado que efectuada la entrega del sobre cerrado conteniendo la suma de S/20.00 que el agraviado facilito para que sea utilizado como “carnada” por su parte el efectivo policial, en donde se menciona a la imputada Diana, esta al verse descubierta sindico a su tía Anita como quien le había indicado para que vaya a recoger el dinero, la misma que se encontraba por las inmediaciones de la Av. Túpac Amaru por el cementerio, lugar en donde el efectivo policial se constituyó al lugar logrando detener a dicha persona. HASTA LA FECHA AUN NO SE HA LLEVADO A CABODICHA DILIGENCIA QUE ES NECESARIA PARA PODER OFRECERLA EN EL PLENARIO Y DEMOSTRAR LA INOCENCIA DE LA INVESTIGADA, DEMOSTRAR LAS CIRCUNSTANCIAS PORQUE ANITA SE ENCONTRABA EN LAS INMEDIACIONES DEL CEMENTERIO MIRAFLORES. 2.2.- Que habiendo solicitado esta diligencia, en fecha 05 de octubre del 2015, el Ministerio Público se pronunció en la providencia fiscal de fecha 07 de octubre del 2015 declarando inadmisible dicha solicitud la cual el día 15 de octubre del 2015 se subsano, después por providencia N° 14 se declaró IMPROCEDENTE el pedido. 2.3.- Que no se están respetando los derechos de los investigados, esto es el derecho a probar, ante ello el Principio de Igualdad de Armas, que reconoce el Art. IX del T.P. del C.P.P, que garantiza el derecho de defensa de forma objetiva e imparcial, en donde todas las partes intervinientes en el proceso incluido el imputado tiene las mismas posibilidades de ejercer actividad probatoria, de ser escuchados y atendido y lo más impor-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
37
Edilberto Luis Martínez Castro
tante de este principio es que no admite la supremacía del Ministerio Público frente al imputado, ambas partes procesales se encuentran en el mismo nivel, tienen las mismas oportunidades de las mismas noticias respecto al proceso, pueden utilizar los mismos medios de prueba, etc. 2.4.- Que en mérito a lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público bajo ningún pretexto no puede concederme la misma, que siendo el Ministerio Público el titular de la acción penal la que ejercita de oficio tal como lo establece el art. 60 y siguientes del C.P.P, y de conformidad con los arts. 11 y 14 de la ley Orgánica del M.P., por cuanto como se puede corroborar y constatar a través de los actuados en el expediente fiscal, ha omitido y rehusado a cumplir con un acto funcional. III.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PETITORIO: Inciso 5 del Art. 337 del C.P.P. IV.- ANEXOS: 4 – A.- Escrito de fecha 05 de octubre del 2015. 4 – B.- Providencia Fiscal N° 12 de fecha 07 de octubre del 2015. 4 – C.- Escrito donde se subsana omisión de fecha 15 de octubre del 2015. 4 – D.- Providencia Fiscal N° 14 de fecha 20 de octubre del 2015 POR LO EXPUESTO: A Usted Señor Juez acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…………………………..)
------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO
38
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
9
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA CONFESIÓN SINCERA Y TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA LA CONFESIÓN SICERA Y LA TERMINACIÓN ANTICIPADA SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……………………Abogado de Diana en la investigación que se le sigue por la supuesta comisión del delito de extorsión en grado de tentativa en agravio de Marino, ante Ud. digo: I. PETITORIO: Solicito la TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN, DEBIÉNDOSE APLICAR PARA EL EFECTO LA CONFESIÓN SINCERA DEL SUJETO AGENTE; por los siguientes fundamentos II. FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- La imputada DIANA, desde el primer instante en que fue intervenida por la Policía Nacional del Perú (PNP) ha confesado con argumentos sólidos e una verdad, la misma que se hace merecedora de la aplicación de la CONFESIÓN SÍNCERA tal como lo señala el Art. 161° del Código Procesal Penal, puesto que con la sola intervención policial (PNP) de inmediato se puso a disposición de ésta, explicando los hechos de manera sincera, conduciéndolos por el camino correcto para el esclarecimiento de los hechos materia de la demanda, lo que explica con absoluta claridad y certeza de que se trata de una confesión sincera sin lugar a dudas por consiguiente es de aplicación la norma procesal antes mencionada. 2.2.- Al haber prestado todas las facilidades para esclarecer los hechos de investigación y consultado por mi persona para solicitar la Terminación
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
39
Edilberto Luis Martínez Castro
Anticipada, mi Patrocinada (Imputada), me ha manifestado su voluntad de que se dé por terminado el proceso, empleando dicho mecanismo procesal que señala el Art. 468° del citado cuerpo de leyes, demostrando una vez más que se encuentra arrepentida de la conducta desplegada y que es materia de proceso penal; por lo que atendiendo a dicha petición recurro ante vuestro Despacho, solicitando la TERMINACIÓN ANTICIPADA antes mencionada. 2.3.- Habiendo confesada la imputada de manera voluntaria y sin presión alguna, Así como el haber puesto de manifiesto su voluntad de que su proceso concluya mediante la terminación anticipada; pues, la defensa considera que también le alcanza los beneficios que señala el Art. 471° del Código Procesal Penal, en comento. 2.4.- A los hechos expuestos se agrega de que la procesada es una persona aún menor de edad, tan solo de 19 años de edad, madre soltera con arraigo familiar, sin antecedentes policiales, judiciales y penales; asi como, de ima manifiesta voluntad sincera de mejorar su conducta, lo que explica con verdad de que, es una persona que merece que la institución judicial como ente rector tenga en cuenta tales hechos que sirvan para resolver el petitorio. III.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 3.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: Art. 2°, inciso 24, referente al derecho de libertad. 3.2.- CÓDIGO PENAL: Art. VIII del T.P., referente a la proporcionalidad de la sanción penal. Art. 22° responsabilidad restringida por la edad. 3.3.- CÓDIGO PROCESAL PENAL: Art. 161, el beneficio por la confesión sincera. Art. 468, norma que permite la terminación anticipada. Art.471, dispositivo legal que permite la reducción acumulada de la pena de una sexta parte.
40
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
IV. PRETENSIONES DE LA DEFENSA A FAVOR DEL IMPUTADO: A) Señor Juez, la defensa considera de que teniendo en cuenta las circunstancias como se ha producido los hechos sub materia del proceso, así como la conducta desplegada del sujeto agente, esto es, de haber demostrado una confesión sincera con los elementos de veracidad y certeza, sin haber puesto en ningún momento a duda su verdad, así como los premios que tanto el código sustantivo como el adjetivo ha incorporado para los casos como: la conducta que es materia de investigación, la pena a aplicársele a fin de no causarles mayores secuencias como resultado de una sanción excesiva y teniendo en cuenta los PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y RACIONALIDAD; en concordancia con los Principios de Legalidad y Lesividad del bien jurídico tutelado por la ley penal. B) Normas que amparan para resolver la conducta del sujeto agente: a) Efectos de la confesión sincera, Art. 161 del C.P.P. el Juez puede disminuir prudencialmente la pena hasta una tercera parte por debajo del mínimo legal. b) Proceso de Terminación Anticipada, Art. 471 del C.P.P. reducción adicional acumulable: el imputado que se acoja a este proceso recibirá un beneficio de reducción de la pena de una sexta parte. Este beneficio es adicional y se acumulará al que reciba por confesión. POR LO EXPUESTO: A Usted Señor Juez acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…………………………..)
------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
41
Edilberto Luis Martínez Castro
10
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO PROTECCIÓN DE GARANTÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA EN DELITO DE EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA PROTECCIÓN DE GARANTÍAS PARA LA REALIZACIÓN DE AUDIENCIA SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……………………Abogado de Diana en la investigación que se le sigue por la supuesta comisión del delito de extorsión en grado de tentativa en agravio de Marino, ante Ud. digo: I.- SOLICITA GARANTÍAS: Señor Juez el día de hoy en momento que ingresaba a la Sala de Audiencias así como por los pasillos de la Corte Superior de Justicia, he sido insultado de manera vulgar, así como he tenido que esquivar algunos objetos que me han arrojado los familiares de la procesada Anita, por lo que tuve que correr a fin de evitar poner en riesgo i integridad física y psicológica. Por lo expuesto solicito a usted brindarme las garantías necesarias disponiendo las medidas pertinentes para la audiencia del día 12 del mes en curso a las 11.00 a.m. POR LO EXPUESTO: A Usted Señor Juez acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (…………………………..)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DE LA RECURRENTE
42
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
11
MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE ROBO AGRAVADO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: FUNDAMENTA RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADA LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ……….., en la investigación preparatoria seguida por el presunto delito de Robo Agravado en el grado de tentativa, en agravio de Caballero, a Ud. con respeto digo: I.- PETITORIO:
Dentro del plazo de ley, recurro ante su despacho para FUNDAMENTAR EL RECURSO de APELACIÓN contra la Resolución N° TRES expedida con fecha 28 de Octubre del 2015, mediante la cual se declara INFUNDADO la solicitud de Cesación de Prisión Preventiva formulada por el imputado; resolución que la defensa considera no se encuentra arreglada a ley ni al derecho, por lo que SOLICITO admitir a trámite el presente recurso y elevar los actuados al SUPERIOR JERÁRQUICO donde espero encontrar su revocatoria; en mérito a los fundamentos que paso a exponer. II- NATURALEZA DEL AGRAVIO: Que, la resolución que es objeto del presente recurso de apelación se interpone por haberse efectuado VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA OBSERVANCIA DEL DEBIDO PROCESO y la FALTA DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, así como también
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
43
Edilberto Luis Martínez Castro
la afectación del DERECHO A LA DEFENSA, del DERECHO A LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA e implícitamente la vulneración del DERECHO A LA PRUEBA, errores en los que ha incurrido el Juzgador al emitir la acotada resolución. III- FUNDAMENTOS DE HECHO 3.1.- Que el Juzgador ha incurrido en un grave error al señalar en el PRIMER CONSIDERANDO, en forma exhaustiva sobre la forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos, (sustento fáctico) pese a que ninguna de las partes, esto es ni mi abogado defensor ni el Fiscal han sustentado todos los hechos que se mencionan en este considerando, es más estos mismos fundamentos que el Juzgador sustenta en la resolución impugnada, ya han sido invocados anteriormente cuando resolvió el requerimiento de Prisión Preventiva que fuera solicitada por el Ministerio Público hace varios meses. Que siendo esto así se verifica que la resolución impugnada ha vulnerado el PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. El autor Miguel Fenech, señala que congruencia es “...la conformidad que debe existir entre el contenido de la sentencia y la pretensión que constituyen el objeto del proceso en que aquella se dicta...”. Lo que aplicado al presente caso significa que el Juez debe resolver sobre los hechos invocados que le son sometidos a su conocimiento, puesto que su misión es decidir exclusivamente sobre tales hechos, siendo que le está vedado crear relatos históricos nuevos o incorporar elementos o circunstancias ajenos al hecho que se somete a debate. 3.2.- De los fundamentos antes expresado, se puede colegir que el A quo ha fundado su decisión en los hechos y elementos de convicción que se requieren para sustentar una Prisión Preventiva, solicitud que ninguna de las partes había peticionado, por el contrario nuestra pretensión era totalmente distinta ya que el requerimiento de mi defensa es el de Cesación de Prisión Preventiva. Es por ello que también consideramos que se ha incurrido en la afectación del Principio Constitucional de la FALTA DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES, pues no
44
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
se cumple con este principio ya que se emite un pronunciamiento sobre cuestiones no invocadas, haciendo alusión a una etapa superada- requerimiento de prisión preventiva, solicitud que no corresponde con lo expresado por mi defensa, ya que ante el pedido expreso de cesación y estando a un abundante sustento de los nuevos elementos de convicción surgidos durante la investigación, se emite una resolución imprecisa, incoherente, con errores sustanciales que inciden también en la afectación del Derecho a la Defensa. 3.3.- Que, su despacho también incurre en error al declarar INFUNDADO la solicitud de Cesación de Prisión Preventiva, al señalar en el TERCER CONSIDERANDO, literal b) “sobre los nuevos elementos”, punto primero, que: “el presente proceso penal se dio en mérito a un hecho en flagrancia delictiva”, sin sustentar cuales fueron esos hechos, y sin establecer en forma concreta en cuales de las modalidades de fragancia se dieron los hechos que son materia de investigación, por lo que al emitirse la resolución impugnada ha incurrido en vulneración del PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES, consagrado en el Art. 139°, numeral 5 de la Constitución Política del Estado, que exige la motivación de las resoluciones, cualquiera que sea el proceso. 3.4.- De igual modo la resolución impugnada incurre en error sustancial, al mencionarse en el TERCER CONSIDERANDO, literal b) “sobre los nuevos elementos”, punto segundo, que: “conforme al acta de registro personal practicada al investigado, se le encontró en su poder de la cartera, con el dinero y bienes de propiedad de Janet, y su hija Astrid, cuando en realidad se verifica que la mencionada ACTA DE REGISTRO PERSONAL, hace alusión que el personal interviniente de la Unidad de Emergencias de la PNP, al efectuar el Registro Personal al recurrente, señala que “se le invitó a que exhiba y entregue los bienes que lleve consigo” más en ningún extremo del Acta menciona que se le encontró en su poder la mencionada cartera. Siendo claro y objetivo que
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
45
Edilberto Luis Martínez Castro
los efectivos policiales que me intervinieron después de ocurridos los hechos, han tratado a toda costa de crear una medio probatorio para involucrarme en la comisión de los eventos, aunado al hecho incuestionable que en mérito a que mi persona se sentía inocente de los cargos que se me estaban imputando y estando a que la cartera de propiedad de la agraviada Astrid fue encontrada en medio de la pista, lugar donde momentos antes el sujeto que se fugó lo dejó tirada en su huida; y la cartera de propiedad de la agraviada Caballero, fue encontrada dentro del local de la empresa por las escaleras, como lo han aseverado todos los testigos, desde un inicio, es por estas razones que no firmé dicha Acta, conforme se puede verificar del contenido de la misma. 3.5.- Que, su despacho también incurre en error al sustentar en el TERCER CONSIDERANDO, literal b) “sobre los nuevos elementos”, punto i), que la defensa también ofrece la declaración ampliatoria del testigo JOVANY, quien fue el compañero de trabajo de la agraviada Astrid, cuando en realidad el mencionado testigo no es compañero de trabajo de ésta agraviada, sino de CABALLERO, ya que ambos laboran para la misma empresa. Y respecto al contenido de fondo de ésta declaración, menciona que el testigo efectivamente vio que una persona de polo color lila (otro sujeto) fue quien subió las escaleras, y en su testimonial ha variado sustancialmente su declaración por cuanto ha señalado que no llegaron juntos a la calle Zepita y que la presencia de su patrocinado sería circunstancial, que ese día estaba realizando labores para su tío LENIN, cuando en realidad este hecho no ha sido enunciado por mi abogado defensor, ya que mi tío no es el señor Dávila, sino ROGER. No obstante es de verse que el A quo, en forma errada se limita a señalar lo que no ha sido afirmado por mi abogado defensor, sin realizar un análisis objetivo e imparcial. 3.6.- Así mismo señala el A quo, respecto a los nuevos elementos de convicción- las nuevas testimoniales- están orientadas a señalar y sustentar que la presencia de JAIME en el Jr. Zepita donde se produjo la
46
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
tentativa del Robo Agravado, en agravio de Caballero, refiere que su participación fue circunstancial, y que el vehículo menor motocicleta que manejaba se había quedado sin gasolina, y también respecto al caso de la agraviada Astrid El Aquo, se limita a señalar que estas testimoniales son testimonios de descargo y en cuanto a la testimonial ampliatoria no resulta relevante para el órgano jurisdiccional determinar si de manera simultánea llegaron el imputado con el sujeto de polo lila o si llegaron separados, el tema sustancial es que en el presente caso el imputado estuvo presente en los dos hechos, tanto en el caso del Hurto Agravado y también en el delito de Robo Agravado. La defensa discrepa de esta afirmación por cuanto sí resulta relevante y es fundamental que se esclarezcan estos hechos, ya que se deberá considerar que el recurrente no participó en la comisión del delito, y por esa razón es que llegué a la escena solo, manejando mi motocicleta, pues si hubiera tenido la condición de co-autor del delito (como lo afirma la fiscalía) tendría que haber participado activamente desde un inicio y por tanto habría arribado a ese lugar en mi motocicleta y en compañía del otro sujeto. En cuanto a lo afirmado por el A quo, de que estuve presente en los dos hechos que me imputan: el delito de Hurto Agravado y el de Robo Agravado, dejando de lado pues no considera que con la actuación de las nuevas declaraciones testimoniales se está acreditando que mi presencia en esos lugares (el primero de ellos a la altura de la discoteca Pussicat, y el último en la calle Zepita) obedeció a que en razón de mis labores, recibí la orden de que me apersonara hasta el Hospital de ESSALUD- La Esperanza, con finalidad de entregar un talón de bauchers a la persona de VICTORIANO, quien se encontraba en dicho lugar a partir de las cuatro de la tarde, conforme así lo ha ratificado dicho testigo, y luego debía acudir a la OSCE (ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO) por lo que retorné a Trujillo por la carretera Panamericana, y a la altura del óvalo Mochica, es que encontré a la altura
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
47
Edilberto Luis Martínez Castro
de la tienda Electra al otro sujeto, quien me solicitó que lo traslade hasta la altura de la tienda Plaza Vea ubicada en la calle Gamarra, pero cuando estaba pasando por la discoteca Pussicat, me solicitó que me detuviera con la finalidad de que pueda miccionar, y estando puesto mi caso no pude percatarme de las acciones que desplegó. Al subir a la moto este sujeto, yo continué mi rumbo con dirección a la OSCE a efectuar la verificación de la vigencia del Registro Nacional de Proveedores de la empresa para la cual laboro, es por ello que ingreso a la cuadra cuatro de la calle Zepita, previamente antes de arribar a este lugar, el sujeto me solicitó que lo dejara en la tienda Plaza Vea como así fue y luego prosigo mi ruta, hacia Zepita. Estas afirmaciones han sido corroboradas con las versiones del señor Victoriano y de mi empleador Roger, quienes por cierto fueron citados como testigos de cargo de la Fiscalía, más no por mi parte; por tanto mal puede el Ministerio Público alegar que ellos son testigos allegados a mi empleador. 3.7.- Que, así mismo su despacho incurre en error, al considerar que en el presente subsiste el peligro procesal porque la causa se encuentra con acusación; señor Juez, la resolución que impugno vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, por cuanto el Art. 283° del Código Procesal Penal, señala taxativamente: “la cesación de la medida procederá cuando nuevos elementos de convicción demuestren que no concurren los motivos que determinaron su imposición y resulte necesario sustituiría por la medida de comparecencia...”. Siendo esto así, contrario sensu al no mencionar la acotada norma de que se denegará el pedido cuando el caso se encuentre con acusación, resulta impertinente y carente de todo fundamento expresar que se deniega la cesación de la prisión preventiva por que existe una acusación fiscal. 3.8.- Que, por los fundamentos antes expuestos SOLICITO ADMITIR A TRAMITE MI RECURSO y elevar a la Sala Penal de Apelaciones, donde espero encontrar la revocatoria.
48
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
IV.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA 4.1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ • Art. 139, inc. 6.- que establece sobre la pluralidad de instancias. • Art. 139, inc. 5.- que establece sobre el deber de motivación escrita de las resoluciones. 4.2.- CÓDIGO PROCESAL PENAL • Art. 414, numeral 1, inciso c), que establece sobre el plazo para interponer recurso de apelación contra los autos. POR LO EXPUESTO: A usted Señor Juez, solicito proveer de acuerdo a ley. Lugar y Fecha: (……………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL RECURRENTE
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
49
Edilberto Luis Martínez Castro
12
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA EN DELITO DE HURTO AGRAVADO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SOLICITA LA CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO JAIME, en la Investigación que se me sigue por la supuesta comisión del delito de HURTO AGRAVADO y otro, en agravio de Marlene y otro, ante Usted; con el debido respeto me presento y digo: I.- PETITORIO: Recurro a vuestro Despacho, solicitando la CESACIÓN DE PRISIÓN PREVENTIVA y su SUSTITUCIÓN POR LA MEDIDA DE COMPARECENCIA RESTRICTIVA, en mérito a los siguientes fundamentos fácticos que a continuación se detalla: a) Declaración testimonial de MANUEL. b) Declaración testimonial de LENIN. c) Declaración testimonial de VICTORIANO. d) Declaración testimonial de HUMBERTO. e) Declaración testimonial de GABRIEL. f) Declaración testimonial de JULIO. g) Declaración ampliatoria del testigo JOVANY. h) Declaración ampliatoria del investigado JAIME. ¡) INFORME ANTROPOLÓGICO FORENSE N° 2015009000449 Todas las declaraciones anteriormente señaladas más el informe antropológico forense, constituyen nuevos elementos de convicción que de-
50
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
muestran que no concurren los motivos que determinaron la imposición de la medida de Prisión Preventiva, debiendo de declararse fundada la solicitud de Cesación y dictarse la medida de Comparecencia Restrictiva. Asimismo se tendrá en cuenta las características personales del imputado, el tiempo transcurrido desde la privación de la libertad y el estado de la causa. Reservándose el Derecho de fundamentar oralmente la presente solicitud, mi Abogado defensor en la audiencia de su propósito. II.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: - Art. 283,287.288 y 289 del CPP POR LO TANTO: Solicito a Usted; tramitar conforme a Ley. Lugar y Fecha: (……………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL RECURRENTE
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
51
Edilberto Luis Martínez Castro
13
MODELO DE ESCRITO OBSERVANDO ACUSACIÓN POR DEFECTOS FORMALES, OFRECE MEDIOS PROBATORIOS, Y OBJETA LA REPARACIÓN CIVIL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: CUADERNO DE CONTROL DE ACUSACIÓN OBSERVA ACUSACIÓN POR DEFECTOS FORMALES, OFRECE MEDIOS PROBATORIOS Y OBJETA LA REPARACIÓN CIVIL SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO Jaime, en la Investigación seguida en mi contra por el supuesto delito de Robo Agravado, en agravio de Caballero, y otros, a Ud. con todo respeto digo: I.- PETITORIO: Que, estando dentro del término de ley recurro a su despacho con la finalidad de OBSERVAR LA ACUSACION FISCAL POR DEFECTOS FORMALES, OFRECER MEDIOS PROBATORIOS y OBJETAR EL MONTO DE LA REPARACIÓN CIVIL. Así mismo SOLICITO EL SOBRESEIMIENTO del proceso, en mérito a los siguientes fundamentos que pasaré a exponer: II. OBSERVO LA ACUSACIÓN FISCAL: 2.1. Que, el representante del Ministerio Público formula acusación en contra de mi patrocinado, por los delitos de Hurto Agravado y Robo Agravado en el Grado de Tentativa, luego de su revisión exhaustiva se verifica que adolece de errores de carácter formal que deben subsanarse dentro del plazo legal, pues como bien sabemos la acusación es un acto procesal propio del Ministerio Público, la misma que debe estar revestida de formalidad, siendo la que define el área donde se van a desenvolver los sujetos procesales, por lo que en el presente caso la acusación
52
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
contiene hechos que no son ciertos; pero que el Ministerio Público los expresa dando el carácter de veracidad, en consecuencia me reservaré mi derecho de exponerlos en este acto para realizado en la audiencia respectiva. III. FORMULO SOBRESEIMIENTO: Que, al amparo de lo prescrito por el Art. 350, literal d) del Código Procesal Penal vigente, FORMULO EL SOBRESEIMIENTO DEL PROCESO, al amparo de lo dispuesto por el Art. 344°.2, inciso d) del Código Procesal Penal, que señala. “No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no haya elementos de convicción suficientes para solicitar fundadamente el enjuiciamiento del imputado”: el mismo que sustentaré en la Audiencia de Control de Acusación. IV.- OBJETA MONTO DE REPARACIÓN CIVIL Por nuestra parte OBJETAMOS el monto de la REPARACIÓN CIVIL, por cuanto el Ministerio Público sin haber compulsado en forma adecuada todos los medios probatorios aportados al proceso formula acusación en mi contra por los delitos de Hurto Agravado y Robo Agravado, solicitando el pago de una reparación civil ascendente a S/. 2,000.00 Nuevos Soles, a favor de las agraviados Marlene y Astrid, en razón de S/. 1,000.00 Nuevos soles por el delito de Hurto Agravado y la suma de S/. 2,500.00 Nuevos soles en favor de la agraviada Caballero, siendo en total S/. 4,500.00 Nuevos Soles, cantidad que considero desproporcionada e injusta, ya que no he cometido estos delitos, en consecuencia no se me puede imponer ningún pago por estos conceptos. Por los fundamentos expuestos, solicito señor Juez se sirva tener por OBJETADA en monto de la reparación civil peticionado por el Ministerio Público. V.- MEDIOS DE PRUEBA 1.- FORMULAMOS OPOSICIÓN A LA ACTUACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS POR FISCALÍA: Que el Acuerdo Plenario en materia penal sobre la Apreciación de la Prueba en los Delitos contra la Libertad Sexual. Acuerdo N° 1-2011/CJ116, en el Fundamento 29, señala en forma general acerca de la selección
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
53
Edilberto Luis Martínez Castro
y admisión de la prueba en el proceso penal, precisando que se informa del principio de pertinencia de la prueba de expresa relevancia convencional-, así como los principios de necesidad- que rechaza la prueba sobreabundante o redundante-, conducencia o idoneidad, y utilidad o relevancia. El primero exige que exista vinculación lógica jurídica entre el objeto de prueba y el medio de prueba. Tal circunstancia también resulta aplicable para el presente caso, debiendo distinguir, escoger y preferir entre los distintos medios de prueba que se tienen al alcance para determinar, conformar o rechazar la tesis inculpatoria objeto de prueba. Que en ese ese sentido y en concordancia con este Acuerdo Plenario, nos OPONEMOS a la actuación de las siguientes pruebas, las que se realiza por cada delito: DELITO DE HURTO AGRAVADO: A. TESTIMONIALES; De las personas de: EDWIN y FRANCK, efectivos policiales de la P.N.P., por cuanto estas personas no son testigos presenciales ni de oídas del delito de Hurto Agravado, ya que no estuvieron presentes en el lugar de estos hechos y tampoco recepcionaron la declaración de las agraviadas Marlene y Astrill, siendo el P.N.P., Rodríguez, quien tuvo a su cargo esa diligencia, así como también porque las documentales consistentes en el Acta de Intervención Policial y Acta de Registro Personal, carecen de valor probatorio por no haberse formulado con las formalidades de ley, conforme se sustentará en audiencia B. DOCUMENTALES; a).- Acta de Intervención Policial N° 1589-2015 y Acta de Registro Personal elaborada por efectivos policiales de la PNP, y SOLICITO SU EXCLUSIÓN por cuanto no desvirtúan el delito de Hurto Agravado, ya que por el lugar, forma y circunstancias como fui intervenido, considerando que es un lugar distinto al que según las agraviadas han ocurrido los hechos, no se pueden incorporar estos medios probatorios como válidos, máxime si las mencionadas agraviadas al rendir declaración han señalado que no me pueden reconocer. Así mismo porque en ninguna de éstas
54
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
se expone en forma clara v precisa que se encontró en poder del suscrito algún bien de propiedad de las agraviadas. b).- Ficha de RENIEC del imputado, ya que no acredita la comisión de ningún delito. c).- Acta de entrega de Fotografías y 01 CD de video de seguridad del sauna Puzy Cat de fecha 19-03-2015, proporcionados por la agraviada Marlene, ya que para la actuación de estos medios probatorios no se ha observado las formalidades de ley, pues respecto al video el Ministerio Público debería haber efectuado una diligencia de visualización v transcripción del video, convocando a dicha diligencia a las partes procesales, con la finalidad de garantizar el derecho a la defensa y al contradictorio lo que no ha ocurrido en el presente caso. d).- Reporte de antecedentes Penales del Imputado, por los delitos de Peculado y Hurto Agravado, no son pertinentes para los efectos de la determinación judicial de la pena, por cuanto por el tiempo transcurrido a la fecha se ha producido la rehabilitación de la pena que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 69° inciso 2 del Código Penal es en forma automática. e).- Acta de reconocimiento de impresiones fotográficas y Visualización de CD, medios probatorios que no guardan pertinencia, conducencia ni utilidad para corroborar el delito de Hurto Agravado, por la sencilla razón que tanto las fotografías así como el video no muestran la comisión de ningún delito por parte del recurrente, sino más bien a una persona trasladándose en un vehículo menor, hecho que no constituye ningún ilícito penal. f).- NOS OPONEMOS A LA ACTUACIÓN DE LAS DOCUMENTALES DENOMINADAS “PARA ACREDITAR PROPIEDAD PREEXISTENCIA Y ACTIVIDAD LABORAL DE COMERCIANTE MARLENE, y son: - Boleta de Venta N° 0002-N° 000901 de Marlene, ésta documental no es pertinente por cuanto al estar en blanco no nos permite establecer si dicha persona ejercía una actividad laboral en la fecha en que ocurrieron los hechos que son materia de investigación.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
55
Edilberto Luis Martínez Castro
Nos OPONEMOS también a la actuación de los medios probatorios que obran en los puntos 12.13.15,16,17.19,20.21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31 y 32, por ser documentales en su mayoría comprobantes de pagos o boletas de ventas que han sido emitidos en fechas anteriores a los hechos investigados pues datan del año 2014, siendo que la prueba pertinente para acreditar la propiedad y pre-existencia del dinero hurtado sería el voucher que acreditaría que ese mismo día las agraviadas Marlene y su hija Asírill habrían retirado de alguna entidad bancaria la suma de $/. 2,340.00 dólares americanos, así como la cantidad en soles que le fueran sustraídas. 9).- NOS OPONEMOS A LA ACTUACIÓN DE LA DENOMINADA “PRUEBA MATERIAL”, consistente en: una tarjeta del Banco Internacional del Ecuador - VISA N° 4685-7017-7105-8572, una tarjeta del Banco de Guayaquil N 0002868357, por cuanto dichas documentales son de propiedad del padre de la agraviada: FRANCISCO, persona distinta a las partes procesales. DELITO DE ROBO AGRAVADO: A. DOCUMENTALES: a).- Ficha de RENIEC del recurrente, ya que no acredita la comisión de ningún delito. b).- Acta de Visualización de CD, del video realizado por la agraviada Caballero, por cuanto en esta diligencia se han violentado derechos fundamentales como es la vulneración del derecho a la defensa, siendo que se realizó sin contar con la participación de mi abogado defensor, así mismo porque el Ministerio Público no realizó la transcripción del video, lo que imposibilita su actuación como prueba de cargo. c).- Reporte de antecedentes Penales del imputado, por los delitos de Peculado y Hurto Agravado, no son pertinentes para los efectos de la determinación judicial de la pena, por cuanto por el tiempo transcurrido a la fecha se ha producido la rehabilitación de la pena que de conformidad con lo dispuesto por el Art. 69° inciso 2 del Código Penal es en forma automática.
56
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
d).- Acta fiscal de fecha 27 de Abril de 2015, por carecer de asidero legal que una persona que no es parte del proceso (abogado) informe sobre visitas extrañas a su patrocinada Caballero, máxime si ella misma solicitó el retiro de vigilancia por aseverar que no era objeto de ninguna persecución. 2. OFREZCO MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTALES: a).- Acta de Registro Personal, efectuada por la Policía Nacional, dando cuenta de que al momento de mi intervención policial inmediatamente se efectuó mi registro personal, acto en el cual se me incauta bienes de uso personal. La pertinencia, conducencia y utilidad de este documento radica en que no se me incautó ningún objeto o bien de procedencia ilícita, conforme se asevera en la tesis fiscal, documental que obra a fs. 09 de la carpeta fiscal. b).- Acta de Recepción de cartera efectuada por JOVANY, la pertinencia conducencia y utilidad de esta prueba radica en que este bien fue hallado en poder de este testigo, quien hizo entrega de la cartera de agraviada Caballero. c).- Declaración de Astrill, actuada en sede policial durante la etapa preliminar, de fecha 19 de Marzo del 2015, en presencia del representante del Ministerio Público, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica de que en el supuesto que ella no concurra a Juicio Oral, por radicar sus familiares directos en Ecuador, se podrá contar con su declaración escrita sobre la forma y circunstancias como ocurrieron los hechos. d).- Declaración de Marlene, actuada en sede policial durante la etapa preliminar, de fecha 19 de Marzo del 2015, en presencia del representante del Ministerio Público, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica de que en el supuesto que no pueda concurrir a Juicio Oral, por laborar y radicar en el país de Ecuador, se podrá contar con su declaración escrita sobre la forma y circunstancias como ocurrieron los hechos.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
57
Edilberto Luis Martínez Castro
e).- Acta de Entrega de Especies, Arma de Fuego, Accesorios y Munición, que fuera realizada por el testigo JOVANY, cuya pertinencia, conducencia y utilidad está en que servirá para acreditar que él fue la persona que hizo uso de su arma de fuego accesorios y munición el día de los eventos, más no mi persona. f).- Denuncia Verbal N° s/n- 2015, realizada por la agraviada Marlene, la pertinencia, conducencia y utilidad de esta documental está en que servirá para acreditar que en dicha denuncia la citada agraviada no precisó las características físicas de sus atacantes, el mismo día en que ocurrieron los eventos. g).- Acta de Verificación Domiciliaría, la pertinencia, conducencia y utilidad de esta documental está en que servirá para acreditar que el suscrito domicilia en el inmueble indicado, cuya pertinencia y utilidad servirá para corroborar mi domicilio habitual. h).- Providencia Fiscal, de fecha 26 de Mayo del 2015, Informe Multidisciplinario N° OOI-2015-MP-DJLL-UDAViT- (Unidad de Víctimas y Testigos) y el Informe N° 131-2015-REGPOL-DITERPOL-CPNP-A-SIDF (de la PNP) y Acta de Comunicación Telefónica realizada por la PNP a la agraviada Caballero, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica en que servirá para acreditar que la agraviada Caballero, a través de los Informe Multidisciplinario N° 001-2015-MP-DJLL-UDAVIT- de la Unidad de Víctimas y Testigos y del Informe N° 131-2015-REGPOL-DITERPOL-CPNP-A-SIDF, emitido por la Comisaría Ayacucho, dicha agraviada ha negado ser objeto de intimidación y que no requiere medida de protección. i).- Boucher emitida por el representante legal de la Empresa “ROGER”, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica en que servirá para acreditar que el suscrito debía hacer la entrega del talón de Boucher al señor Victoriano (por haberse agotado dichos documentos), ubicado en el Hospital La Esperanza-ESSALUD, a efectos de que ésta persona haga el registro de las visitas del médico que en esa fecha le correspondía realizar la visitas domiciliarias médicas a los pacientes de PROGRAMA PADOMI.
58
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
j).- Solicitud de Inscripción/Renovación para Proveedores de Servicios, e Impresión fotográfica del portal.osce.gob.pe cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica en que servirá para acreditar que todo persona natural o jurídica para ser proveedor del Estado debe estar habilitado, pero ese trámite solo puede hacerlo el representante legal y para ello es necesario contar con una clave personal, lo cual si bien es cierto se puede realizar vía internet, pero en el caso específico se trataba de ir a verificar si estaba o no habilitado mi empleador en el Registro Nacional de Proveedores, es decir verificar hasta cuando estaba vigente su registro de proveedores, siendo que solo se puede hacer con el RUC de la empresa y en forma personal, pero por circunstancias de que la computadora estaba deteriorada (con virus) me ordenaron que efectuara personalmente ante la citada oficina de la OSCE ubicada en el Jr. Zepita, cuadra 04, de ésta ciudad la verificación, siendo urgente esa información por cuanto la empresa se hallaba inmersa en un concurso público de licitación que estaba siendo convocada por la SUNAT. Y la fotografía de la citada institución nos indica el horario de atención, por lo que mi persona tuvo que trasladarse del Hospital La Esperanza- ESSALUD, hacia ésta ciudad-Jr. Zepita, para llegar oportunamente k).- Boleta de Venta N° 1 00000000000 12 por consumo de gasolina, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica en que servirá para acreditar que el día de los hechos mi motocicleta presentaba desperfectos por falta de combustible y por esa razón de apagó estando el Jr. Zepita viéndome obligado a surtirla de combustible en el grifo más próximo, de allí que di la vuelta en U procediendo a retirarme del lugar, siendo intervenido en esos momentos. Y también sirve para corroborar que al haberse ordenado la entrega de la motocicleta con fecha 27 de marzo del 2015 por la Fiscalía, el señor Julio en mi representación se apersonó a la Comisaría de Ayacucho para recoger mi motocicleta, pero por falta de combustible ésta no podía arrancar, y para trasladarla se vio precisado a adquirir combustible en el Grifo PRIMAX, ubicado en la Av. 28 de Julio.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
59
Edilberto Luis Martínez Castro
I).- Informe Antropológico N° 2015009000449, de Superposición de Imágenes; efectuado por el Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Legal, cuya pertinencia, conducencia y utilidad radica en que servirá para acreditar que las imágenes de DVD donde se muestra a una persona de sexo masculino que viste polo celeste, de contextura gruesa lleva consigo un objeto de color negro, más no señala con absoluta certeza que se trate de un bolso o cartera como lo sostiene el fiscal a cargo del caso. B. TESTIMONIALES: JULIO (NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS), peruano, de ocupación chofer de apoyo, cuyo testimonio servirá para acreditar que el día 18 de Marzo del 2015, mi motocicleta presentaba desperfectos por falta de combustible y al ser intervenido policialmente me trasladaron junto con la moto a la Comisaría de Ayacucho donde mi moto quedó retenida y luego al haberse ordenado la entrega con fecha 27 de marzo del 2015 por la Fiscalía, el señor Julio en mi representación al apersonarse a dicha Comisaría no pudo ese día trasladar la moto, retornando al día siguiente 28 de Marzo del 2015 a recogerla luego de adquirir gasolina en el Grifo PRIMAX y de abastecerla se procedió a su traslado este último día. MANUEL(NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS), peruano, de ocupación asistente, cuyo testimonio servirá para acreditar que el día de los hechos él se hallaba presente en este lugar y vio que mi persona solo portaba en la mano mi casco de la motocicleta y también de que mi persona desde antes de ingresar al Jr. Pepita estuve solo en mi motocicleta. LENIN, peruano, de ocupación taxista, cuyo testimonio servirá para acreditar que el día de los hechos él se hallaba presente en dicho lugar y observó lo ocurrido por ser testigo presencial, quien me vio solo, manejando mi motocicleta la misma que después se apagó por presentar defectos. ROGER, peruano, de ocupación empresario, cuyo testimonio servirá para acreditar que el día de los hechos, me encargó la comisión de entregar un
60
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
talón de boucher al señor Victoriano y de verificar la vigencia del Registro Nacional de Proveedores a la oficina de la OSCE ubicada en la cuadra cuatro del Jr. Zepita. ALDAIR, peruano, de ocupación asistente, testigo presencial de los hechos, primo de la agraviada Caballero, cuyo testimonio servirá para acreditar que la agraviada nunca salió del local de la empresa, que luego de ocurridos los hechos no presentaba signos de violencia física y que ésta le comentó que solamente le habían arrebatado la cartera y nada más. POR LO TANTO: Solicito a Usted; tramitar conforme a Ley. Lugar y Fecha: (……………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL RECURRENTE
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
61
Edilberto Luis Martínez Castro
14
MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO MEDIOS PROBATORIOS Y FORMULA OPOSICIÓN EN DELITO DE ROBO AGRAVADO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: OFRECE MEDIOS PROBATORIOS y FORMULA OPOSICIÓN SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO Jerson, en el proceso que se me sigue por el supuesto delito de ROBO AGRAVADO, en agravio de Carlos; ante usted con respeto digo: I.- OFRECE MEDIOS PROBATORIOS: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 350 inciso 1 literal “F” del Código Procesal Penal, ofrezco como medios probatorios: A) DOCUMENTALES: 1) CERTIFICADO DE TRABAJO; expedido por el Gerente General de Importaciones y Distribuciones LRX.; con el cual se acredita he laborado en dicha empresa en el cargo de ASESOR COMERCIAL desde el 03/02/2014 hasta el día 30/09/2014 y tres boletas de pago, correspondiente a los meses de Julio; Agosto y Setiembre del 2014. 2) CERTIFICADO DE TRABAJO; expedido por el Gerente General de la empresa Génesis S.A.C.; con el cual se acredita he laborado en dicha entidad, con el cargo de AYUDANTE DE CONSTRUCCIÓN desde el01/10/2014 hasta el día 31/03/2015. 3) CERTIFICADO DE DOMICILIO; expedido por el Juez de Paz Titular de Buenos Aires-Víctor Larco; con el cual se acredita que mi domicilio ha sido en la calle Antenor Orrego N° 1557 - Buenos Aires Sur- Víctor Larco Herrera.
62
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
4) ACTA DE CONSTATACIÓN DE DOMICILIO; elaborada por elS03 PNP. Joel con la cual se acredita que mi domicilio ha sido en la calle Antenor Orrego N°1557 Buenos Aires Sur- Víctor Larco Herrera; cuya utilidad y pertinencia de dicha documental, es demostrar que he tenido mi domicilio habitual en armonía familiar. 5) ACTA DE NACIMIENTO del recurrente; con el cual se acredita que mi fecha de nacimiento es el 14/09/1995; cuya utilidad y pertinencia de dicha documental es acreditar que al momento de los hechos contaba con solo19 años de edad; es decir debe considerárseme como un agente de responsabilidad restringida. 6) CERTIFICADO DE ANTECEDENTES POLICIALES, PENALES Y JUDICIALES del recurrente; cuya utilidad y pertinencia de dicha documental, radica en demostrar que nunca he tenido problemas con la justicia y carezco de toda tipo de antecedentes. 7) DOS TOMAS FOTOGRÁFICAS practicadas al recurrente en las instalaciones de la comisaría de Buenos Aires; donde se evidencia que he sufrido lesiones; y cuya utilidad y pertinencia radica demostrar que fui agredido físicamente por la autoridad policial; lo cual constituye un evidente abuso de autoridad. B) TESTIMONIALES: 1) La declaración testimonial de Cristofer (Nombres y apellidos completos); identificado con DNI N° 79282153, con domicilio en la calle Antenor Orrego N° 557 Buenos Aires Sur, distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo y departamento de La Libertad, de estado civil soltero, ocupación obrero de construcción civil; cuyo testigo estuvo acompañando al recurrente momentos antes de ocurrido los hechos, conforme lo he manifestado en mi declaración ante el Ministerio Público; cuya utilidad y pertinencia de dicha testimonial radica en acreditar que jamás he planificado ni estuvo en mi mente delinquir.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
63
Edilberto Luis Martínez Castro
II.- FORMULA OPOSICIÓN: Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 350 incisos 1 literal “h”” del código Procesal Penal, formulo oposición a los siguientes medios probatorios ofrecidos por el Ministerio Público: 1) CERTIFICADO MÉDICO LEGAL N° 005913-L-D, practicado al recurrente por la médico legista Martha; por haberse practicado el día 12- 042015 a las 22 horas; es decir antes de mi intervención que fue realizada a las 23:25 horas del referido día; la cual resulta impertinente 2) INFORME PERICIAL DE RESTOS DE DISPARO DE ARMA DE FUEGO RD 412-413/2015; de fecha 03 de Jimio del 2015; practicado por el perito Mario G.; por resultar un medio probatorio impertinente; toda vez que no existe elemento de convicción alguno recabado por el Ministerio Público, que establezca que se efectuó disparo alguno con el arma de fuego. POR LO EXPUESTO: Solicito a usted Señor Juez, se fiche fecha para la audiencia de control de acusación correspondiente. Lugar y Fecha: (……………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL RECURRENTE
64
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
15
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN DELITO DE ROBO AGRAVADO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA: SOLICITA: TERMINACIÓN ANTICIPADA SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO …………………………,
abogado
de
mi
patrocina-
do………………………, en el proceso que se le sigue por la comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado en agravio de…………….., ante usted digo: I.- PETITORIO: Acudo a su despacho en mi calidad de abogado de mi patrocinado, quien después de ser asesorado me ha solicitado la iniciar la tramitación del proceso de terminación anticipada de conformidad con lo que prescribe el Art. 468 inciso 1 del C.P.P., en mérito a los siguientes fundamentos que paso a explicar: II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que el Ministerio Público viene investigando a mi patrocinado por la comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de robo agravado, además que se encuentra privado de su libertad a través de la Prisión Preventiva. 2.2.- Que mi patrocinado al suceso de los hechos tenía 19 años de edad, tal como se acredita con el documento de su propósito; por lo tanto se encuentra dentro de lo que prescribe el art. 22 del C.P., (Responsabilidad Restringida). III.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DEL PETITORIO: Artículo 468 del C.P.P.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
65
Edilberto Luis Martínez Castro
IV.- ANEXOS: Copia del Acta de nacimiento. POR LO EXPUESTO: A usted Señor Juez acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (……………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL RECURRENTE
66
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
16
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE INTEGRE AL PETITORIO Y SE DISPONGA LA REALIZACIÓN DE UNA PERICIA EN DELITO DE HURTO AGRAVADO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA: SOLICITA: SE INTEGRE AL PETITORIO Y SE DISPONGA LA REALIZACIÓN DE UNA PERICIA SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO ………………………., abogado de …………………….en los seguidos por ……………………..por la comisión del delito contra el patrimonio en su modalidad de hurto agravado, ante usted digo: I.- PETITORIO: Acudo a su despacho con la finalidad de solicitar SE INTEGRE a mi petitorio que el juzgado DISPONGA LA REALIZACIÓN DE LA PERICIA DEL VIDEO VISUALIZADO en la diligencia del día 16 de junio del 2015 en el ESTABLECIMIENTO DEL PENAL DE VARONES TRUJILLO, la cual al ser practicada por los peritos informáticos de criminalística de la P.N.P., por ser necesarias para el esclarecimiento de los hechos, en mérito a los siguientes fundamentos: II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que mediante escrito de fecha 17 de julio del año en curso, nuestra parte solicito al R.M.P., la realización de una pericia informática, con la finalidad de determinarse si el objeto que se halló en el lugar de los hechos era uno de forma de bolsa (según fiscalía) o si se trataba del casco de una motocicleta; prueba que consideramos relevante por ser conducente, útil y pertinente para esclarecer de manera cierta si es una bolsa (conteniendo una cartera), bolso o cartera, o si se trataba de un casco de su moto que portaba ese día el imputado.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
67
Edilberto Luis Martínez Castro
2.2.- Que, no obstante la suma importancia de la actuación pericial antes mencionada, el Ministerio Público ha emitido Disposición de CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, sin emitir ningún pronunciamiento sobre el ofrecimiento de esta pericia, la misma que ha sido ofrecida dentro del plazo que el propio Fiscal ha otorgado para la investigación preparatoria. La defensa considera que la actuación de este medio de prueba es fundamental para determinar la responsabilidad o no de mi patrocinado, y que al no admitirse la actuación de esta prueba se vulnera lo establecido en el Art. 337°, numeral 4 del Código Procesal Penal, que me faculta poder solicitar la actuación de todas aquellas diligencias que se consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; por lo que solicitamos a su despacho se INTEGRE AL PETITORIO, QUE SE ADMITA LA ACTUACIÓN DE ESTA PERICIA. POR TANTO: A usted Señor Juez, pido resolver con arreglo a ley. Lugar y Fecha: (……………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO
68
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
17
MODELO DE ESCRITO CANCELANDO LA REPARACIÓN CIVIL Y SOLICITANDO SE DEJE SIN EFECTO LA REVOCATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA
EXPEDIENTE: SECRETARIO: ACOMPAÑO DEPÓSITO JUDICIAL DEL PAGO TOTAL DE LA REPARACIÓN CIVIL, ASI MISMO PIDO QUE SE DEJE SIN EFECTO LA REVOCATORIA QUE PESA EN MI CONTRA SEÑOR JUEZ PENAL DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO MARIO GILBERTO LEYVA ARROYO, abogado del sentenciado ELVIS PRESLEY JACKSON POLO, en los seguidos por el Estado Peruano, sobre proceso de Tenencia Ilegal de Armas, a Ud. digo: I.- PETITORIO: Que recurro a su despacho Señor Juez, para ponerle en conocimiento que estoy acompañando ante su judicatura en original el depósito Judicial Nro. 2018081201573, por la cantidad de TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300.00), de Fecha 24 de Octubre del 2015, donde consta que he cancelado la totalidad de la Reparación Civil dispuesta por su Despacho a favor del Estado, así mismo, pido que se deje sin efecto el pedido de REVOCATORIA que pesa en mi nombre dictada por su Despacho. ANEXO: El siguiente documento: a).- Original del depósito Judicial Nro. 2018081201573, por la cantidad de TRESCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES (S/. 300.00), de Fecha 24 de Octubre del 2015.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
69
Edilberto Luis Martínez Castro
Por lo expuesto: A Ud. Señor Juez pido se sirva admitir mi escrito y proceder conforme a Ley. Lugar y Fecha: (……………………………………..)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL SENTENCIADO
70
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
18
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO COPIAS CERTIFICADAS DE SENTENCIA CONDENATORIA POR EL DELITO DE ROBO AGRAVADO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SUMILLA: SOLICITO COPIAS CERTIFICADAS DE SENTENCIA SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PIURA Elder Narro Cuzco, interno en el establecimiento penitenciario El Milagro - Tópico, sentenciado por el delito contra el patrimonio en su modalidad de Robo Agravado en agravio de Abigail Ramírez Pita; a usted digo: Señor Juez, por convenir mi derecho, solicito se EXTIENDA copias certificadas (04) juegos de la sentencia y la resolución que declara consentida la misma, y mediante el cual se me condena a 12 años de pena privativa de libertad, las mismas que deberá ser remitidas a la dirección del establecimiento penitenciario. POR TANTO: A usted acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (……………………………..)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO ELDER NARRO CUZCO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
71
Edilberto Luis Martínez Castro
19
MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO POR DELITO DE OMISION A LA ASISTENCIA FAMILIAR EN JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: SE APERSONA SEÑORA JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHEPÉN Lucas Mardei en la investigación que se le sigue a Elmer Mac Donald Terrones por el presunto delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Keyko Terrones Becerra; a usted digo: Señor Juez, de conformidad con lo establecido en el Art. 71 del Código Procesal Penal, ME APERSONO A SU DESPACHO en calidad de abogado con la finalidad de ASUMIR la defensa técnica del procesado Elmer Mac Donald Terrones, solicitando intervención en el presente proceso. Señalo como domicilio procesal el ubicado en Jirón Miguel Grau No 320 – Chepén, lugar en donde su despacho deberá notificarme conforme a ley. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y fecha: (……………………………………………..)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL INVESTIGADO
72
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
20
MODELO DE ESCRITO QUE SOLICITA DEVOLUCIÓN DE CÉDULA PARA ADJUNTAR ACUSACIÓN POR EL DELITO DE TRÁFICO DE MONEDA
EXPEDIENTE: ASISTENTE JURISDICCIONAL: DEVUELVE CÉDULA PARA ADJUNTAR ACUSACIÓN SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHEPÉN DIANA RAQUEL AREVALO MINCHAN, en la investigación que se le sigue contra RICARDO MANUEL RAYZA PRADO por el delito de Tráfico de Moneda en agravio del ESTADO; a usted digo: Señor Juez, acudo a vuestro despacho con la finalidad de DEVOLVER la cedula de notificación cursada a mi domicilio procesal en la que se notifica el requerimiento acusatorio y me otorga el plazo de 10 días para su absolución, sin embargo de la misma cédula se advierte que la notificación cuenta de 01 folio, lo que advierte que no se ha cumplido con anexar la acusación y por ende es imposible absolver el traslado de la misma. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (……………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DE LA INVESTIGADA
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
73
Edilberto Luis Martínez Castro
21
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO NULIDAD QUE DECLARA FUNDADA LA REVOCATORIA DE LA EJECUCIÓN DE LA CONDICIONALIDAD DE LA PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
ESPECIALISTA: EXPEDIENTE: DEDUCE NULIDAD SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PACASMAYO RUBI MYRELLA IPANAQUE GÁLVEZ, abogada de VÍCTOR JULIO MARTÍNEZ CASTILLO, en los seguidos por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Renzo Armando Martínez Balarezo; a usted digo: I.- PETITORIO Señor Juez, de conformidad con lo establecido 150º inciso d) del Código Procesal Penal, acudo a vuestro despacho con la finalidad de DEDUCIR NULIDAD ABSOLUTA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE JUNIO DEL 2015, QUE DECLARA FUNDADA LA REVOCATORIA DE LA CONDICIONALIDAD DE LA PENA Y LA CONVIERTE EN EFECTIVA, debiéndose RENOVAR TODOS LOS ACTOS PROCESALES VICIADOS Y REPONERLOS AL ESTADO EN QUE SE COMETIO EL VICIO. II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que, mediante Resolución de fecha 12 de junio del 2015, su despacho DECLARO FUNDADA LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DE LA CONDICIONALIDAD DE LA PENA, convirtiéndola en EFECTIVA, fundando su decisión en el incumplimiento de una de las reglas de conducta impuestas en sentencia de fecha 03 de marzo del 2015, esto es, el incumplimiento de las pensiones alimenticias devengadas en la suma de s/ 1, 905.00 nuevos soles.
74
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
2.2.- Que, conforme se advierte del documento privado, debidamente legalizado ante el señor Juez de Paz de Pueblo Nuevo – Chepén, con fecha 15 de mayo del 2015, la persona de Luis Custodio Balarezo Espino, identificado con DNI No 19240473, en representación de su hija Patricia Liliana Balarezo Villareal, recibió de parte del sentenciado Víctor Julio Martínez Castillo, la suma de s/ 1, 905.00 nuevos soles por concepto de pensiones alimenticias devengadas correspondiente al expediente judicial No332-2014-22, sin embargo por falta de asesoría en su oportunidad obvio presentar el documento en referencia, siendo que éste documento ha sido recién entregado en la fecha por parte del referido señor Luis Custodio Balarezo Espino quien al enterarse de la situación jurídica del sentenciado es que pone de conocimiento para los fines pertinentes. 2.3.- Que, al privársele de su libertad al sentenciado causa grave perjuicio tanto al alimentista, como a su propia familia, pues al ser ésta persona el único sustento de su familia, ya no habría quien sustente los gastos diarios, lo cual genera que estas personas queden en COMPLETO ESTADO DE ABANDONO. 2.4.- El principio del “interés superior del niño” establece que “en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial …así como en la acción de las la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respecto a su derechos”, siendo que esta oportunidad corresponde indicar que es lo m{as favorable al adolescente alimentista, pues el solo hecho de que el sentenciado sea internado en un establecimiento penitenciario perjudicaría enormemente a Renzo Armando Farfán Castillo, pues como se puede apreciar del escrito de conversión de pena de fecha 17 de agosto del 2015, el sentenciado es quien de manera directa cumple con el pago de pensiones de estudios en la Institución Educativa privada San Ignacio de Loyola - Guadalupe, así como solventa los gastos de pasaje, traslado, material educativo y otros gastos que el menor requiera, por otro lado debe considerarse aún más que el sentenciado estando libre puede seguir atendiendo aunque retrasado con el pago de las pensiones alimenticias.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
75
Edilberto Luis Martínez Castro
2.5.- La Nulidad absoluta tiene como finalidad reparar el vicio incurrido en el trámite procesal, lo cual es dejar sin efecto la REVOCATORIA DE LA CONDICIONALIDAD DE LA PENA y por el contrario al evidenciarse que el pago de las pensiones alimenticias devengadas sean cancelado anteriormente a la audiencia de revocatoria, debería declararse INFUNDADE EL MISMO y disponerse la libertad del mismo. III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: Art. 150º del Código Procesal Penal literal d) que establece la nulidad ante la inobservancia del contenido esencial de los derechos…” IV.- MEDIOS PROBATORIOS: 4.1.- DOCUMENTOS Adjunto a su despacho el documento denominado “Cancelación de pensiones alimenticias devengadas de fecha 15 de mayo del 2015. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (……………………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL SENTENCIADO
76
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
22
MODELO DE ESCRITO AMPLIANDO FUNDAMENTOS DE NULIDAD DE AUTO QUE DECLARA FUNDADO LA REVOCATORIA DE LA CONDICIONALIDAD DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
ESPECIALISTA: EXPEDIENTE: SUMILLA: AMPLIO FUNDAMENTOS DE NULIDAD SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE CHEPÉN RUBI MYRELLA MARTÍNEZ IPANAQUE abogada de JULIO CESAR FARFÁN CASTILLO, en los seguidos por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de Julio Cesar Farfán Balarezo; a usted digo: I.- PETITORIO: Señor Juez, por convenir mi derecho acudo a vuestro despacho con la finalidad de AMPLIAR MIS FUNDAMENTOS DE HECHO respecto a la nulidad solicitada y que se encuentra pendiente para audiencia el día 28 de agosto del 2015; 1.1.- Que, conforme se dio cuenta en la audiencia de Revocatoria celebrada con fecha 12 de junio del 2015, el sentenciado JULIO CESAR FARFÁN CASTILLO se encontraba válidamente notificado para la audiencia referida, pues conforme se advierte de la notificación No 6664-2015-JR-PE había sido recepcionado por el mismo sentenciado, pues figura su firma, sin embargo revisado el cuaderno judicial, se advierte que la firma que aparece no le corresponde del puño grafico de Julio Cesar Farfán Castillo, por ende al no tener conocimiento de la audiencia de revocatoria se vulnerado el Principio del Debido Proceso y el Derecho de Legítima defensa.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
77
Edilberto Luis Martínez Castro
1.2.- Que, conforme se advierte del escrito de nulidad presentado ante su despacho se ha cumplido con adjuntar un documento privado firmado por don Luis Custodio Balarezo Espino, identificado con DNI No 19240473, en representación de su hija Patricia Liliana Balarezo Villareal, en el cual da cuenta que recibió de parte del sentenciado Julio Cesar Farfán Castillo, la suma de s/ 1, 905.00 nuevos soles, por concepto de pensiones alimenticias devengadas correspondiente al expediente judicial No332-2014-22, sin embargo al no encontrarse el sentenciado válidamente notificado para la audiencia de revocatoria ha sido imposible que éste pueda tomar conocimiento de que periodo de liquidación se estaba haciendo cobro y de esa forma poder presentar el documento referido. 1.3.- Que, para efectos de probar que efectivamente el sentenciado no ha sido notificado válidamente para la audiencia del 12 de junio del 2015 y que por ende la firma que aparece en la cédula de notificación 6664-2015-JR-PE no le corresponde, adjuntamos el informe pericial grafo técnico de parte realizado por el perito grafico Edgar Milton Fernández Bernabé el mismo que ha determinado que la firma cuestionada presenta características graficas de no provenir del titular. 1.4.- Consecuentemente, al evidenciarse que el sentenciado no ha sido la persona que ha recepcionado la cédula de notificación desconociéndose el motivo de la aparición de una firma aparentemente simulada, corresponde establecer que éste no ha sido válidamente no0tificado para a la audiencia del 12 de junio del 2015, consecuentemente al existir un vicio que conlleva la nulidad, su despacho deberá restaurar los actos procesales hasta el momento en que se cometió el vicio, debiendo DECLARAR NULA LA REVOCATORIA DE LA PENA Y POR ENDE DEJAR SIN EFECTO EL INTERNAMIENTO DEL SENTENCIADO EN EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EL MILAGRO, debiéndose disponer nuevamente la realización de la misma. II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: Art. 150º del Código Procesal Penal literal d) que establece la nulidad ante la inobservancia del contenido esencial de los derechos…”
78
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
III.- MEDIOS PROBATORIOS: 3.1.- DOCUMENTOS Adjunto a su despacho el documento el Informe de Pericia Grafotécnica 2015. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (……………………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL SENTENCIADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
79
Edilberto Luis Martínez Castro
23
MODELO DE ESCRITO ADJUNTANDO DEPÓSITO JUDICIAL POR MULTA POR EL DELITO DEE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
EXPEDIENTE: FISCAL A CARGO: SUMILLA: ADJUNTO DEPÓSITO JUDICIAL POR MULTA SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE AREQUIPA Luis Martínez Castro abogado de Luis Miguel Cacho Ríos, en los seguidos por el delito de T.I.D. en agravio del ESTADO; a usted digo: Señor Juez, conforme a lo dispuesto por su despacho mediante sentencia de fecha 15 de setiembre de presente año ADJUNTO el certificado de depósito judicial No 2015081201253, mediante el cual CONSIGNO la suma de s/ 675.00 nuevos soles por concepto de Multa, debiéndose endosar a la parte respectiva, dejándose constancia de tal acto. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (……………………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL SENTENCIADO
80
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
24
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ENTREGA DE DNI POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA SOLICITO DEVOLUCIÓN DE DNI SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE LA ESPERANZA LUIS MIGUEL RIOS VIGIL, en los seguidos por el delito de T.I.D. en agravio del ESTADO; a usted digo: Señor Juez, conforme consta del expediente judicial de debate el suscrito fue puesto a disposición del despacho del Juzgado Unipersonal por personal de la PNP a fin de que se lleve a cabo la audiencia de Juicio Oral, siendo que en dicho documento se adjuntó mi DNI original, el mismo que no me ha sido devuelto y a fin de poder efectuar trámites personales así como cumplir con sus reglas de conducta, solicito a la brevedad posible la devolución del referido documento. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (……………………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL INVESTIGADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
81
Edilberto Luis Martínez Castro
25
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REHABILITACIÓN POR EL DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO
ESPECIALISTA LEGAL: EXPEDIENTE: SUMILLA: SOLICITO REHABILITACIÓN SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE PAIJÁN ORLANDO ABIMAEL MOSTACERO PEREZ, sentenciado por el delito de Tenencia Ilegal de Armas de Fuego en agravio de ESTADO; a usted digo: Señor Juez, habiendo transcurrido los cuatros de pena privativa de libertad suspendida conforme así se acredita de la sentencia expedida, así como del cuaderno de registro de control de firmas, de conformidad con lo establecido en el Art. 69º del Código Penal que establece “El que ha cumplido la pena o medida de seguridad que le fue impuesta, o que de otro modo ha extinguido su responsabilidad, queda rehabilitado sin más trámite”, solicito a su despacho DISPONGA LA REHABILITACIÓN, debiéndose disponer se anulen los antecedentes penales y judiciales que se haya podido generar a consecuencia de la condena. POR LO EXPUESTO: A usted acceder a lo solicitado y tramitar con arreglo a Ley. Lugar y Fecha: (……………………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL SENTENCIADO
82
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
26
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE CURSE OFICIO AL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PARA LA REMISIÓN DEL DEPÓSITO JUDICAL EN EL DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
FISCAL A CARGO: CARPETA FISCAL: SUMILLA: SE CURSE OFICIO SEÑORA FISCAL DE LA FISCALÍA MIXTA DE SANTIAGO DE CHUCO EDILBERTO LUIS REVILLA HINOSTROZA, en la investigación que se le sigue por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar en agravio de María Esther Revilla Llanos; a usted digo: Señora Fiscal, conforme a la copia del depósito judicial No 2015081300197 con fecha 25 de setiembre del 2015 he cancelado por concepto de pensión alimenticia devengada la suma de s/ 100.00 nuevos soles, sin embargo por un error involuntario ha sido consignado a nombre del Juzgado Unipersonal de Santiago de Chuco, debiendo ser lo correcto su despacho Fiscalía Mixta de Santiago de Chuco, por cuanto en el juzgado en referencia no existe deuda pendiente de cancelar, razón por la cual solicito a su despacho: 1) OFICIE al Juzgado Unipersonal a fin de que proceda a endosar el depósito y en ejercicio de mi derecho de defensa 2) dicha suma sea consignada en la presente carpeta fiscal, debiéndose deducir dicho monto a la liquidación puesta a cobro. POR LO EXPUESTO: A usted acceder a lo solicitado. Lugar y Fecha: (……………………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL INVESTIGADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
83
Edilberto Luis Martínez Castro
27
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CONVERSIÓN DE PENA EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
ESPECIALISTA: EXPEDIENTE: SOLICITO CONVERSIÓN DE PENA SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIO PREPARATORIA DE CHEPÉN JAQUELINE ZAMORA MACHUCA, Abogada de JULIO ARMANDO GUADALUPE FARFÁN, en los seguidos por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar; a usted digo: Señor Juez, de conformidad con lo establecido en el Art. 52º del Código Penal, solicito la CONVERSIÓN DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE CARÁCTER EFECTIVA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD, pedido que lo sustento en mérito a los siguientes fundamentos: 1.- Que, mediante sentencia de fecha 04 de marzo del 2014 el Juzgado Unipersonal de Chepén, condenó a Julio Armando Farfán Castillo a DOS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD SUSPENDIDA POR EL PLAZO DE UN AÑO. 2.- Posteriormente con fecha 12 de junio del 2015, su despacho dispuso DECLARAR FUNDADA EL PEDIDO DE REVOCATORIA Y POR ENDE DISPUSO EL CARÁCTER DE EFECTIVA DE LA PENA DE DOS AÑOS, DISPONDIENDO MI INGRESO AL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EL MILAGRO, resolución que su materia de impugnación, lo cual fue declarado inadmisible. 3.- Posteriormente mediante certificado de depósito judicial No 2015081200774 se CANCELÓ la suma total de s/ 1 905 nuevos soles por
84
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
concepto de pensiones alimenticias devengadas, más la reparación civil, cumpliendo de tal forma con la finalidad y/u objetivo del proceso de omisión a la asistencia familiar, esto es, lograr que se cumpla con el pago de las pensiones alimenticias, así como sancionar al que omite cumplir oportunamente. 4.- Que, la condena impuesta en sentencia, así como al haberse dispuesto la revocatoria de la misma ha permitido que el sentenciado tome conciencia del delito cometido, logrando en ello, que éste de alguna manera y otra se agencia de dinero y pueda cumplir con su obligación alimentaria, tal es así que ante la existencia de otros procesos judiciales, ya ha cumplido con el pago total de las demás liquidaciones conforme así se hace notar de las copias de los depósitos judiciales que también se adjunta. 5.- Que, al estar privado de su libertad el sentenciado además de perjudicársele en este derecho, también causa grave perjuicio tanto al alimentista, como a su propia familia, pues al ser ésta persona el único sustento de su familia, ya no habría quien sustente los gastos diarios, lo cual genera que estos queden en COMPLETO ESTADO DE ABANDONO. 6.- El principio del interés superior del niño establece “en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial …así como en la acción de las la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el respecto a su derechos”, siendo que esta oportunidad corresponde analizar pues la necesidad de que el sentenciado sea internado en un establecimiento penitenciario, y valorar si éste estando interno, pueda seguir atendiendo aunque retrasado con el pago de las pensiones alimenticias, pues lo cierto es que el alimentista ya no pueda seguir percibiendo su pensión, pues la persona que está obligado ya no podría materialmente laboral y de tal forma cumplir con el pago, por ende no podría atenderse las necesidades del menor. 7.- Por ello, corresponde en esta oportunidad atender el pedido de CONVERSIÓN DE PENA, debido a que el daño irrogado por el delito cometido
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
85
Edilberto Luis Martínez Castro
ha sido reparado y por el contrario ha generado la convicción del sentenciado de cumplir fielmente con el pago de la pensión alimenticia. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha: (……………………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DE LA RECURRENTE
86
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
28
MODELO DE ESCRITO JUSTIFICANDO INCONCURRENCIA DE ABOGADO DEL IMPUTADO A LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN
ASISTENTE JURISDICCIONAL: EXPEDIENTE: JUSTIFICACIÓN DE INCONCURRENCIA SEÑOR JUEZ DEL CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO EDILBERTO LUIS MARTÍNEZ CASTRO abogado de RAMÓN VALDEZ PINEDO, en los seguidos por el delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado; a usted digo: Que, acudo a su despacho para solicitar que se me justifique mi inconcurrencia al control de acusación, debido a que en la misma hora programada para su realización he sido citado a la audiencia de Prisión Preventiva en el expediente: 123- 2015, asistente jurisdiccional: Pozo, tal como lo acredito con la notificación que anexo al presente, por lo que solicito su reprogramación. POR LO TANTO: Pido a Ud. acceder conforme a ley.
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL IMPUTADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
87
Edilberto Luis Martínez Castro
29
MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO MEDIO PROBATORIO POR DELITO DE LESIONES
CARPETA FISCAL: FISCAL A CARGO: SUMILLA: OFREZCO MEDIO PROBATORIO SEÑORA FISCAL DE LA QUINTA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA DE CAJAMARCA CARLOS ALBERTO CHIRINOS CASTRO abogado de LUCY MARIBEL CORRALES OLIVARES en la investigación preliminar que se le sigue por la comisión del delito de lesiones; ante usted digo: Acudo a su despacho para presentar como medio probatorio la correa con la cual me defendí y me sirvió para repeler el día de los hechos ante la agresión ilegitima del supuesto agraviado, ANEXO: - Correa. POR LO EXPUESTO: A Ud. Señor Fiscal tener por ofrecido los medios probatorios, proveer de acuerdo a sus atribuciones conforme a ley. Cajamarca;…………………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DE LA INVESTIGADA
88
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
30
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO AUDIENCIA PRELIMINAR EN TRASLADO DE INTEGRACIÓN DE LA ACUSACIÓN EN DELITO DE USURPACIÓN AGRAVADA
ASISTENTE JURISDICCIONAL: EXPEDIENTE: SUMILLA: SE TENGA PRESENTE SEÑOR JUEZ DEL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUARAZ ELENA AZABACHE CENTENO, abogada de TERESA ROMERO SANCHEZ en la investigación usurpación agravada; ante Usted digo: Que, habiendo sido notificada con la Resolución N° 07, en la cual se me traslada la integración de la acusación presentada por la representante del Ministerio Público, al respecto cabe manifestar que se actúa de acuerdo a lo establecido en el Art. 351.3 del CPP y que se determine en la audiencia de preliminar de control de acusación. POR LO TANTO: A Ud. Señor Juez, proveer de acuerdo a sus atribuciones, conforme a ley. Lugar y Fecha: (………………………….)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DE LA ABOGADA FIRMA DE LA INVESTIGADA
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
89
Edilberto Luis Martínez Castro
31
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO CORRECCIÓN POR ERROR MATERIAL EN NOMBRE DEL INVESTIGADO EN DELITO DE VIOLENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD
ESPECIALISTA LEGAL: EXPEDIENTE: SOLICITA: CORRECCIÓN DE DATOS DEL IMPUTADO SEÑOR JUEZ DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUÁNUCO LITA REYES LINO abogada de LEODAN REYES ROSALES, en la investigación sobre Violencia y resistencia a la autoridad en agravio de Ministerio del interior; ante Ud. digo: Que, se ha emitido el Auto de Sobreseimiento, contenida en la Resolución N° 06, que ha resuelto sobreseer la causa, en la cual se ha consignado erróneamente el nombre y los datos del supuesto agraviado LUIS MIGUEL PORRAS BARRANECHEA como si fuera el imputado, siendo que el nombre del imputado es LEODAN REYES ROSALES y los datos consignados no le corresponde; Por ende recurro a vuestro despacho para solicitar que se consigne correctamente el nombre y datos de identificación del imputado del presente proceso que es LEODAN REYES ROSALES, sobreseyéndose la causa seguida en su contra, y se corrija el error material contenido en la RESOLUCIÓN N° 06. POR LO EXPUESTO: A Ud. Señor Juez, proveer de acuerdo a ley. Lugar y Fecha: (………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DE LA ABOGADA FIRMA DEL INVESTIGADO
90
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
32
MODELO DE ESCRITO DEVOLVIENDO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN PORQUE YA NO SE EJERCE LA DEFENSA TÉCNICA DEL IMPUTADO
ESPECIALISTA LEGAL: EXPEDIENTE N°: SUMILLA: DEVUELVO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN SEÑORA JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE ICA LUCY CABRERA GAMARRA abogada del imputado FLAVIO MAESTRI ESPINOZA sobre robo agravado, en agravio del Isaías Huertas López; ante Ud. digo: Que, habiéndoseme corrido traslado el requerimiento de acusación, al respecto debo de manifestar que el imputado FLAVIO MAESTRI ESPINOZA, solamente he ejercido su defensa técnica en su declaración realizada en la etapa de investigación preliminar el 18 de abril del presente año, como consta en la Carpeta Fiscal; por lo que ya no soy su abogada y devuelvo las cedulas de notificación con el requerimiento de acusación fiscal y solicito a vuestro despacho que tenga a bien de notificarle a dicho imputado en su domicilio real, para no generarle estado de indefensión. POR LO TANTO: A Ud. Señora Juez, proveer de acuerdo a ley. Lugar y Fecha: (………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DE LA ABOGADA FIRMA DEL INVESTIGADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
91
Edilberto Luis Martínez Castro
33
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO AUTO DE SOBRESEIMIENTO POR CUMPLIR PAGO DE REPARACIÓN CIVIL EN CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
ESPECIALISTA LEGAL: EXPEDIENTE: SOLICITO AUTO DE SOBRESEIMIENTO SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TRUJILLO LUIS ÁNGEL VÁSQUEZ REYES, en la investigación que se me sigue por la comisión del delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de Luis Ángel Vásquez Martell; ante Ud. digo: Que, habiéndome acogido al Criterio de Oportunidad y al haber cumplido con el pago íntegro de la Reparación Civil; solicito a su despacho que emita el auto de sobreseimiento de la presente causa de acuerdo a lo establecido en el Art. 2.7., del Código Procesal Penal. POR LO EXPUESTO: A Ud. Señor Juez, proveer de acuerdo a ley. Trujillo,……………………………………
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL INVESTIGADO
92
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
34
MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA RESOLUCIÓN QUE PRORROGA EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
EXPEDIENTE: 01651 – 2012-38-2501-JR-PE-01 ESPECIALISTA: CARBAJO BELTRAN JOSE FUNDAMENTA APELACIÓN SEÑOR JUEZ DEL TERCER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA – Sede Central- DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA JORGE LUIS BURGOS GUANILO Identificado con D.N.I N° 25729631 con domicilio real y procesal ubicado en Av. Bolognesi N° 276. 2do. Piso. Chimbote; ante usted digo: I.- PETITORIO: Que en el irrestricto Derecho Constitucional de Defensa, en la forma y plazo oportuno FUNDAMENTO EL RECURSO DE APELACIÓN contra la resolución número DIEZ de fecha ocho de mayo del año del 2,014 a fin de que sea REVOCADA por el Superior Jerárquico; en merito a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que a continuación expongo: II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: 2.1.- Que el A quo ha resuelto como primer fundamento fijar como criterio jurisprudencial QUE PARA DEFINIR EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SE DEBE DE TENER EN CUENTA LA DOCTRINA DEL NO PLAZO. Al respecto debo de manifestar que someterse a la aplicación de la doctrina del NO PLAZO en esta investigación implicaría legalizar actuaciones fiscales arbitrarias que surgen como consecuencia de su inactividad, desidia, apatía procesal de quien tiene a su cargo exclusivo el ejercicio
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
93
Edilberto Luis Martínez Castro
público de la acción penal, por lo que la doctrina del NO PLAZO no tendría acogida según la STC en el caso Salazar Monroy por la misma conducta negligente del fiscal. Considerando además que en junio del presente año habrán trascurrido 3 años de investigación contra mi patrocinado, lo cual atenta contra los derechos constitucionales del PLAZO RAZONABLE, DEL DEBIDO PROCESO Y DE LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, por lo que debe de revocarse en este extremo. Asimismo ha resuelto que en cuanto a los requerimientos de prórroga de investigación preparatoria se debe de tener en cuenta el artículo 144.2 del C.P.P., lo cual no es cierto, tal como lo establece la Casación N° 54-2009-La Libertad, en su Noveno Fundamento cuando refiere a la regulación de jueces y fiscales debe ser entendido en relación a aquellas actividades relacionadas con el ejercicio de la acción penal como en el caso de fiscales como sería el caso de formular acusación, y que el caso de solicitar prorroga no estaría inmerso en el inciso 2 del artículo 144 del CPP; sino que en este caso sí se admite la CADUCIDAD, que se deriva de un PRINCIPIO FUNDAMENTAL DEL PROCESO PENAL COMO ES LA PRECLUSIÓN. 2.2.- Que el A quo en su segundo fundamento de la parte resolutiva declara que el plazo inicial de investigación preparatoria de 8 meses fijado por el Ministerio Público mediante Disposición Fiscal Numero 23 de fecha 27 de marzo del 2,013 aún no ha vencido. En este extremo el Aquo comete un error por cuanto si consideramos que desde el 2 de abril del 2013 fecha en que se comunica al juzgado de investigación preparatoria la disposición fiscal de formalización de investigación preparatoria por 8 meses, a la fecha este ya ha vencido el 02 de diciembre del 2,013. 2.3.- Que asimismo debe revocarse el fundamento tercero de la presente resolución que declara QUE SE VA A COMPENSAR AL MINISTERIO PUBLICO A EFECTOS DEL PLAZO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA INICIAL 5 MESES CON 28 DIAS. Que se debe de revocar en este extremo; pues se estaría considerando a la demanda de Habeas Corpus y al medio de defensa técnico de excepción de improcedencia de acción
94
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
como actos dilatorios, a pesar de encontrarse establecidos en la Constitución Política y en la Ley, lo cual atentaría contra el derecho constitucional del derecho de defensa que tiene todo procesado 2.4.- Revocar el extremo cuarto de la presente resolución QUE ESTABLECE DE QUE EL PLAZO DE INVESTÍGACION PREPARATORIA INICIAL VA A VENCER EL 06 DE NOVIEMBRE DEL 2,014. Que en el supuesto negado de considerar que se ha dejado de actuar actos de investigación como consecuencia de la presentación de la sentencia de habeas corpus mediante resolución de fecha 10 de junio del 2,013, se han realizado actos de investigación solo 2 meses y 8 días, quedando pendientes 5 meses con 22 días, los cuales vencerían el 30 DE OCTUBRE DEL 2,014 y no como ha mal computado el juzgador. 2.5.- Así como también; SE DEJE SIN EFECTO EL EXTREMO QUINTO DE LA PARTE RESOLUTIVA LA QUE RESUELVE SIN OBJETO EL REQUERIMIENTO DE PRORROGA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA PLANTEADA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DEJANDOSE A SALVO SU DERECHO PARA QUE LO PUEDE PLANTEAR OPORTUNAMENTE Y CUANDO LO CREA CONVENIENTE. Pues con esta decisión se estaría materializando el carácter arbitrario no solo del Ministerio Público, sino del juzgador pues además de COMPENSARLE 5 meses y 28 días estaría dejando latente la posibilidad de que el fiscal solicite nuevamente y cuando lo considere conveniente una prórroga de investigación; lo que atentaría nuevamente contra los derechos constitucionales del DERECHO AL PLAZO RAZONABLE, DEBIDO PROCESO Y TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. III.- FUNDAMENTACIÓN DE DERECHO DE LA IMPUGNACIÓN: 3.1.- ORDENAMIENTO JURÍDICO EXTERNO: 3.1.1.- LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS De San José de Costa Rica, que precisa en su artículo 8.2.h como Garantía Judicial: “El Derecho de recurrir al fallo ante Juez o Tribunal Superior”.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
95
Edilberto Luis Martínez Castro
3.2.- ORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO: 3.2.1.-CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: ARTÍCULO 139 INCISO 6: Que prescribe la Pluralidad de Instancia. 3.2.2.- CÓDIGO PROCESAL PENAL: ARTÍCULO 404: Que prescribe la facultad para recurrir. ARTÍCULO 405: Que prescribe las formalidades del Recurso. ARTÍCULO 413 Inciso 2: Que prescribe el Recurso de Apelación. ARTÍCULO 414 Inciso 1 c: Que prescribe el plazo para interponer el Recurso de Apelación. ARTÍCULO 416.1.e: Que prescribe las resoluciones apelables y exigencia formal. ARTÍCULO 417.1: Que prescribe la competencia del Recurso de Apelación. ARTÍCULO 420: Que prescribe el trámite del Recurso de Apelación. 3.2.3.- SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO: EXPEDIENTE: N° 10-2002-AI/TC, Caso Marcelino Tineo Silva y más de 5000 mil ciudadanos, señala que: “El derecho al plazo razonable del proceso es un elemento que se infiere de los derechos al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva reconocido en el artículo 139.3 de la Constitución.” EXPEDIENTE: N° 1130-2008-PHC/TC, Caso Fermín Aurelio Rodríguez Vargas, fundamento 5: “…El derecho a que el proceso tenga un límite temporal entre su inicio y su fin, forma parte del núcleo mínimo de derechos reconocidos por el sistema internacional de protección de los derechos humanos, y por tanto, no puede ser desconocido.” IV. - NATURALEZA DEL AGRAVIO: Un agravio psicológico que se expresa en la zozobra, incertidumbre de tener que seguir sometido a una investigación que es ilimitada y sometida únicamente a la voluntad del fiscal convirtiéndome en víctima del sistema de justicia penal.
96
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
Es pertinente referir lo manifestado por Devis Echandia “Compendio de Derecho Procesal” Editorial ABC, Bogotá. 1,996.p.561: “El derecho de recurrir, cuya naturaleza es estrictamente procesal, es un derecho subjetivo de quienes intervienen en el proceso y a cualquier título o condición, para que se corrijan los errores del juez, que le causan gravamen o perjuicio.” POR LO EXPUESTO: A Usted Señor Juez solicito se tenga por fundamentado mi RECURSO DE APELACIÓN y se declare FUNDADA en todos sus extremos. Chimbote, 13 de mayo de 2,014
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL INVESTIGADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
97
Edilberto Luis Martínez Castro
35
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA EN DELITO DE COHECHO PASIVO PROPIO
EXPEDIENTE JUDICIAL: ESPECIALISTA JUDICIAL: SOLICITA: REPROGRAMACIÓN DE AUDIENCIA SEÑOR JUEZ DEL NOVENO JUZGADO UNIPERSONAL DE TRUJILLO …………… Abogado defensor de …………. en el proceso de Cohecho Pasivo Propio, ante usted digo: Acudo a su despacho para solicitar se REPROGRAME LA AUDIENCIA fijada para el día de hoy; debido a que me encuentro delicado de salud debido a una FARINGOLARINGITIS AGUDA tal como lo acredito con el documento de su propósito; y en mérito al Principio de Equidad solicito se admita mi petición. POR LO EXPUESTO: Acceder a lo solicitado y tramitar conforme a Ley. Lugar y fecha (………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL RECURRENTE
98
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
36
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REHABILITACIÓN EN DELITO DE OMISIÓN A LA ASISTENCIA FAMILIAR
EXPEDIENTE Nº: SECRETARIO: SOLICITA DESAPARICIÓN DE CONDENA – SE CONCEDA LA REHABILITACIÓN SEÑOR JUEZ DEL SÉPTIMO JUZGADO UNIPERSONAL EN LO PENAL DE TRUJILLO: CAYETANO, identificado con DNI Nº 18136510, domiciliado en el Jirón Santa Marta Nº 282 – Urb. San Jacinto, en el proceso penal seguido en mi contra por el delito de Omisión a la Asistencia Familiar, a Ud. respetuosamente digo: SOBRE NUESTRO PEDIDO Y LA NECESIDAD DE QUE SE CANCELEN LOS ANTECEDENTES PENALES: Que, en ejercicio irrestricto del principio de Tutela Jurisdiccional Efectiva y en virtud del derecho de defensa que me asiste, por medio del presente procedo a solicitar a vuestra digan judicatura lo estipulado en el Art. 61 concordado con el Art. 69 del CP. En efecto, que al haberse emitido sentencia condenatoria en mi contra la cual impone una sanción penal con la respectiva pena privativa de libertad suspendida, que hasta la fecha se ha sobrepasado en exceso, sin que exista incumplimiento alguno de mi parte respecto a las reglas de conducta fijadas es que solicito que se tenga por no pronunciada debiendo de remitir los respectivos oficios a quien corresponda a efectos de la cancelación de los antecedentes penales, que hasta la fecha sigue figurando en el Registro Nacional de Condenas. En ese contexto y en atención a lo establecido en el Art. 61 del CP que señala que cumplido el periodo de prueba queda sin efecto la inscrip-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
99
Edilberto Luis Martínez Castro
ción en forma automática teniéndose por no pronunciada la condena que debiendo ser concordada con el Art. 69 del mismo cuerpo normativo exige que una vez cumplida la pena que ha extinguido la responsabilidad penal se procede: i) a la restitución de derechos, y; ii) la cancelación de los antecedentes. Así pues Sr. Juez solicito a vuestra judicatura proceda a dejar sin efecto la inscripción de la condena y proceda a emitir la resolución y órdenes que cancelan los antecedentes generados en mi contra. POR TANTO: A Ud. solicito, Señor Juez, acceder a mi pedido. Lugar y Fecha. (………………………….)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL REPRESENTANTE
100
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
37
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO SE DECLARE CONSENTIDA LA SENTENCIA POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE CONDUCCIÓN EN ESTADO DE EBRIEDAD
ESPECIALISTA LEGAL: EXPEDIENTE: SOLICITO SE DECLARE CONSENTIDA LA SENTENCIA SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SANTIAGO DE CHUCO ROGER JULIO CÁCERES ROMÁN en el proceso de Conducción en estado de ebriedad, en agravio del Estado; ante usted digo: Que, habiéndose emitido sentencia el día 24 de septiembre del presente año, la cual no ha sido impugnada por las partes dentro del plazo de ley; solicito se declare consentida. POR LO TANTO: A Ud. Señor Juez, proveer de acuerdo a sus atribuciones y conforme a ley. Lugar y Fecha: (………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL PROCESADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
101
Edilberto Luis Martínez Castro
38
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO REFUNDICIÓN DE PENAS EN DELITO DE ROBO AGRAVADO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA: SOLICITO REFUNDICIÓN DE PENAS SEÑORES JUECES DEL JUZGADO PENAL COLEGIADO …………………., sentenciado por el delito de Robo Agravado y otros, en agravio de pasajeros de la Empresa de Trasportes ….. S.A. y otros, a Ud. con el debido respeto dice: I.-PETITORIO: Invocando el principio Constitucional de la Resocialización de la pena, acudo ante su digno Despacho, con el objeto de solicitar se sirva DECLARAR PROCEDENTE LA REFUNDICIÓN DE CONDENA, que me han impuesto en los procesos signados con el Expediente. N° 0994-2008; Expediente No. 14-2010 (Resuelto en su judicatura), y expediente No. 987-2008, en razón a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho que se expone: II.- FUNDAMENTOS DE HECHO: PRIMERO: Que, la REFUNDICIÓN DE CONDENAS, como Institución Jurídica de Derecho Penal Material, tiene por objeto el posibilitar y facilitar el Tratamiento único de las múltiples penas impuestas a una misma persona de los casos de concurso Real, que no Plena según los principios recogidos en el Código de Ejecución Penal. SEGUNDO: (PRIMERA SENTENCIA) Que, con fecha 03 de noviembre del año 2010 en el proceso (No. 987-2008), el Juzgado Penal Colegiado de Huaura, emitió sentencia condenatoria, por hechos COMETIDOS EL 23 DE OCTUBRE DEL AÑO 2007, imponiéndome la pena de 09 años 06 meses de pena privativa de mi libertad, el pago de S/1,600.00 por concepto de Reparación Civil en favor de los agraviados, sentencia que se
102
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
encuentra consentida, la que se computa desde el 24 de agosto del 2010, vencerá el 23 de febrero del año 2020. TERCERO: (SEGUNDA SENTENCIA) Que, con fecha 24 de Enero del 2011 en el expediente N° 14-2010, seguido ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de VIRU, compresión de la Libertad, por HECHOS COMETIDOS el 10 DE ENERO DEL 2010, se me impone condena de 10 años 10 meses de pena privativa de libertad, que lo computan desde el 11 de enero del 2010 y vencerá el 10 de noviembre del año 2020, y al pago de S/12,700.00 nuevos soles por concepto de reparación Civil en forma solidaria con otros sentenciados, sentencia que ha quedado CONSENTIDA. CUARTO: (TERCERA SENTENCIA) Que, con fecha 29 de noviembre de! 2011, en el expediente No. 994-2008 seguido ante el Primer Juzgado Penal Liquidador Transitorio de Chimbote, por HECHOS COMETIDOS EL 10 DE ABRIL DEL AÑO 2008, se me ha impuesto condena de 15 AÑOS, que se ha computado desde el 11 de noviembre del año 2011, vencerá el 10 de noviembre del año 2026, y al pago de S/300.00 nuevos soles a favor de cada uno de los agraviados, y de S/500.00 nuevos soles a favor del Estado, sentencia que ha quedado ejecutoriada mediante resolución Suprema de fecha O5 de julio del año 2012. QUINTO: Que, tal como se observa del estudio de las sentencias, los hechos materia de la primera sentencia (EXP. No. 2008-987) fueron realizados el 23 DE OCTUBRE DEL 2007, la sentencia recaída en el EXP. No. 994-2008, fueron cometidos con fecha 10 DE ABRIL DEL 2008, y la sentencia recaída en el EXP. No. 14-2010, seguido ante su Despacho, fueron cometidos con fecha 10 DE ENERO DEL 2010, estableciéndose señora Juez que, las sentencias han sido impuestas sin que tenga la condición de reincidente, que al ser detenido, he tenido que resolver mis casos pendientes con la justicia, pero NO HE PODIDO HACER QUE SE REFUNDAN O ACUMULEN LOS PROCESOS, para que se emita una sola sentencia. TENIENDOSE PRESENTE SEÑORA JUEZ, QUE LOS HECHOS SEGUIDOS EN EL EXP. No. 987-2008 y No. 994-2008, SE COMETIERON ANTES DE LA VIGENCIA DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
103
Edilberto Luis Martínez Castro
SEXTO: Que, es por éstos motivos, y al apreciarse en el presente caso, que los hechos motivos de las sentencias condenatorias guardan entre si una relación de CONCURSO REAL, los cuales de haber sido juzgado en un sólo proceso, se me hubiese impuesto una PENA ÚNICA, conforme al PRINCIPIO DE ABSORCIÓN recogido en nuestro Código Penal, es que me permito acudir ante su digno Despacho, con el objeto de que se sirva DECLARAR PROCEDENTE LA REFUNDICIÓN DE CONDENAS SOLICITADAS, DISPONIENDO QUE LA SENTENCIA IMPUESTA EN EL PROCESO N° 2008-987 impuesta por el Juzgado Penal Colegiado de Huaura, y la sentencia IMPUESTA EN EL EXP. No. 14-2010 por el Juzgado de Investigación Preparatoria de VIRU; QUEDE REFUNDIDA DENTRO DE LA SENTENCIA que se me ha impuesto en el proceso N° 0994-2008; debiendo tomarse en cuenta el inicio de ésta: 24 de AGOSTO del 2010 a VENCERSE EL 23 DE AGOSTO DEL 2025, considerando la pena efectiva que me encuentro cumpliendo, en el expediente No. 2008-987. III.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1.- CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ: • Art. 139 Lic. 22, que establece el principio Constitucional de la Resocialización de la Pena. 2.- LEY N° 10124: • Art. 4, que establece la permisión legal para la efectiva aplicación de la Institución Jurídica de la Refundición de Penas. 3.- CÓDIGO PENAL: • Art. IX del T.P., que establece el Principio rector de la Función que tiene la pena en nuestro Sistema Penal Peruano. • Art. 50, que establece el marco normativo del Concurso Real de Delitos y el principio de Absorción como línea directriz para su resolución. IV.- MEDIOS PROBATORIOS: 1.- Copias CERTIFICADAS de la Primera sentencia Exp. 2008-987, de fecha 03 de noviembre del año 2010, donde consta el tipo de condena impuesta, de fechas de comisión del delito y que se encuentra consentida.
104
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
2.- Copias CERTIFICADAS de la Segunda sentencia de fecha 24 de enero del 2011 recaída en el Expediente N° 14-2010, emitido por la Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Virú, donde consta la fecha de comisión del delito y que se encuentra consentida. 3.- Copias CERTIFICADAS de la tercera sentencia de fecha 29 de noviembre del 2011, recaída en el expediente No. 994-2008, emitido por el Primer Juzgado Penal Liquidador de Chimbote, la que se encuentra consentida y ejecutoriada, en la que se determina la fecha de comisión del delito. V.- ANEXOS: 1 - A: Copia certificada de la primera sentencia Exp. 2008-987. 1 - B: Copias certificadas de la segunda sentencia Exp. N*^ 14-2010. 1 - C: Copias certificadas de la tercera sentencia Exp. N® 994-2008 OTROSI DIGO.- Señalo como mi domicilio procesal en Diego de Almagro No. 545 de ésta ciudad. POR LO EXPUESTO: A Ud. Señor Juez solicito declarar fundada mi petición, por ser de Ley. Lugar y Fecha (……………………………….)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DE ABOGADO FIRMA DE SENTENCIADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
105
Edilberto Luis Martínez Castro
39
MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO Y SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO
EXPEDIENTE: SECRETARIO: APERSONAMIENTO - SEÑALA DOMICILIO PROCESAL SEÑOR PRESIDENTE DEL PRIMER JUZGADO PENAL COLEGIADO DE TRUJILLO. ………………………., Abogado Defensor de…………., con Registro N°……., en los seguidos contra mí patrocinado por presunto delito de HOMICIDIO CALIFICADO en agravio de……………, a Usted digo: Que por convenir a los intereses de mi patrocinado me apersono a esta instancia a fin de ejercer su derecho de defensa; asimismo, señalo domicilio procesal en ……….de esta ciudad, lugar donde se me harán saber todas las resoluciones que se emitan en el presente caso. POR LO EXPUESTO: A Usted, Señor Magistrado, solicito proveer de acuerdo a Ley. Lugar y Fecha (…………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO RECURRENTE D.N.I. N° ………..
106
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
40
MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA CONDENATORIA POR DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO
EXPEDIENTE JUDICIAL: ASISTENTE: CUADERNO DE DEBATES: INTERPONE RECURSO DE APELACIÓN CONTRA SENTENCIA CONDENATORIA Y OTROS SEÑOR JUEZ DEL SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL DE TRUJILLO: ………………, en el proceso penal que se me sigue por la presunta comisión del delito contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la modalidad de Homicidio Calificado, en el presunto agravio de …………., con respeto digo: III. PETITORIO: Que por corresponder al derecho de defensa de mi persona, consagrado a nivel constitucional, y dentro del plazo establecido en el Art. 416, numeral 1, literal “a” del Código Procesal Penal debidamente concordado con el Art. 421 del mismo cuerpo normativo INTERPONGO RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA CONDENATORIA, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 90, DE FECHA 23 DE FEBRERO DEL 2016, QUE IMPONE UNA PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD DE DIECIOCHO AÑOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO, en mérito a los siguientes fundamentos: IV. ASPECTOS CENTRAL DE NUESTRO RECURSO DE APELACIÓN: AMBITO DE REVISIÓN y AGRAVIO SUFRIDO: 4.1 Atendiendo a los principios constitucionales, que se desarrollaran en el presente recurso, por medio de la presente apelación
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
107
Edilberto Luis Martínez Castro
buscamos que la Sala de Apelaciones revoque la resolución recurrida, teniendo como pretensiones que fijan el ámbito de revisión a las siguientes: 4.1.1 Se ordene la nulidad de la sentencia condenatoria y se disponga la absolución de mi persona por no existir prueba alguna que lo vincule como responsable del delito pues existe duda razonable sobre la participación en los hechos materia de incriminación (pretensión principal). 4.1.2. La naturaleza del agravio es de índole constitucional al haberse afectado derechos fundamentales que han repercutido de manera directa en la privación de mi libertad de una manera indebida, por lo que a través de la presente apelación buscamos que dicho agravio sea reparado y se evite un menoscabo mayor. 4.2. El Tribunal Constitucional ha establecido que la potestad jurisdiccional o la potestad de administrar justicia comprende, en lo esencial, lo siguiente: la tutela de los derechos fundamentales, los derechos ordinarios y procesales e intereses legítimos, el control difuso de constitucionalidad2, de ahí que ante su violentamiento las partes procesales pueden recurrir las sentencias que causen agravio sea por inaplicación indebida de la norma o por una incorrecta valoración de la prueba o una indebida valoración de la prueba, hasta el punto de hacerla prevaricadora, como lo es la presente sentencia materia del recurso de apelación. 4.3. Se entiende, que la potestad jurisdiccional no actúa de manera correcta cuando se han inobservado las garantías mínimas para las partes procesales, como lo es la indebida o equivocada motivación, la explicación detallada de las conclusiones a las que se
2
108
STC expedida por el TC recaída en el Exp. N° 0023-2003-AI/TC.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
arriban, entre otros; cuando no se ha cumplido con la motivación o fundamentación de resoluciones al momento de resolver un pedido y al no haber observado las normas procesales aplicables al presente caso la decisión se convierte en equivocada y arbitraria siendo necesaria su reforma conforme a las normas que regulan nuestro sistema jurídico. 4.4. En conclusión todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional debe respetar mínimamente, las garantías que componen los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, entre los que destacan los derechos al libre acceso a la jurisdicción, de defensa, a la prueba, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la obtención de una resolución fundada en el Derecho, a la pluralidad de instancias, entre otros derechos fundamentales3. 4.5. En sentido contrario sino existe un respeto mínimo a estas garantías constitucionales, es obvio que el proceso adolecerá de algún defecto insubsanable que evidenciará la necesidad de subsanar la decisión; tal como lo amerita en el presente caso pues se ha procedido a emitir una sentencia condenatoria a pesar de no haberse valorado de manera correcta la prueba así como el hecho de haberse basado en simples conjeturas y no haberse compulsado la reconstrucción de los hechos tomando como cierto algunos testimonios que adolecen de incredibilidad. V. FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN: EQUIVOCACIONES DEL AD QUO AL EMITIR UNA SENTENCIA CONDENATORIA: A. la falta de motivación y fundamentación en la resolución impugnada: criterios para revocar la sentencia impugnada: 5.1. Es evidente Sr. Presidente que la resolución recurrida no tiene una debida motivación, y por el contrario sólo ha utilizado criterios no tan lógicos para condenar a mi persona y luego proceder
3
STC expedida por el TC recaída en el Exp. N° 0004-2006-PI/TC.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
109
Edilberto Luis Martínez Castro
a la imposición de una pena grave pues a pesar de no existir pruebas concretas que determinan responsabilidad penal el Ad quo ha procedido a emitir un juicio de condena sin que se hayan respetado las garantías mínimas que conforman el debido proceso y la valoración y motivación de la prueba. 5.2. Tal como se puede apreciar no existe una “fundamentación” al momento de emitir la sentencia condenatoria. En este punto señalaremos en que han consistido los errores puntuales. i)
La sentencia condenatoria es nula por tener una aparente motivación pues ha valorado las pruebas –testimoniales y documentales- de manera incongruente al no tener un razonamiento lógico interno congruente, por lo que se contradice con los criterios establecido en la sentencia recaída en el Exp. Nº 3943-2006-PA/TC la misma que sostiene “a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico”; mereciendo ello que se sancione con nulidad y luego vuestra Sala proceda a absolver a mi persona, en virtud de lo establecido en la Casación N° 05-2007-Huaura y aplicada de manera correcta en El Exp. N° 120-2014 por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de La Libertad.
ii)
La sentencia condenatoria tiene una insuficiente motivación por no pronunciarse sobre todos los aspectos cuestionados o puntos controvertidos propuestos por la defensa: El Tribunal Constitucional, en el criterio fijado
110
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
en la STC Nº 1291-2000-AA/TC. FJ 2 ha precisado que “la Constitución no garantiza una determinada extensión de la motivación, por lo que su contenido esencial se respeta siempre que exista fundamentación jurídica congruente entre lo pedido y lo resuelto, y que, por sí misma, exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun si ésta es breve o concisa o se presenta el supuesto de motivación por remisión”. En el presente caso, el Ad quo no ha tomado en consideración este aspecto pues a pesar de haber propuesto dentro de los alegatos finales una serie de puntos controvertidos, todos ellos relacionados con el thema probandum, no han sido desarrollados y menos contradichos por el Ad quo, como lo es las evidentes contradicciones y falta de credibilidad de los testigos de cargo; así como la imposición de una reparación civil con una suma tan elevada sin que la misma haya sido objeto de prueba y menos de motivación. 5.3. Nos lleva a concluir, entonces, que en “ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los órganos del Poder Judicial en la medida que actúan con sumisión a la ley a que las resoluciones se ajusten a las exigencias del ordenamiento jurídico, sólo así se estará actuando dentro de los parámetros constitucionales”4. 5.4. Así se ha señalado que la motivación de las resoluciones judiciales no sólo constituyen una garantía procesal, sino también un deber de los jueces5. Por lo cual es evidente que la falta de motivación de una resolución decisoria, como en el presente caso lo es, es atentatoria contra el debido proceso y contra la
4
Colomer Hernández, Ignacio. La Motivación de las Sentencias: sus exigencias constitucionales y Legales. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003.
5
Carrión Lugo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo III. Pág. 39. Editorial Grijley. Lima 2005
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
111
Edilberto Luis Martínez Castro
tutela jurisdiccional efectiva a que tienen derecho todos los justiciables. 5.5. El término motivación denota la justificación de la decisión adoptada en la resolución6, cuestión que no ha ocurrido en el presente caso pues el Ad quo solo ha tomado como referencia para emitir su resolución aspectos que no resisten mayor análisis lógico y declaraciones contradictorias pero no ha explicado en conjunto la valoración de la prueba pues solo ha recogido las declaraciones obtenidas en el interrogatorio de fiscalía más no a las preguntas formuladas por la defensa en el contrainterrogatorio, tal como exige nuestra norma procesal contenida en el Art. 394 numeral 3 del Código Procesal Penal. 5.6. En este sentido debemos de decir que los juzgadores no sólo tienen el deber de resolver los conflictos de interés que han sido sometidos a su decisión, sino también el deber de motivar sus resoluciones. Un juez para decidir, piensa, reflexiona, busca razones y saca conclusiones dentro del cúmulo de hechos y de elementos probatorios que aparecen en el proceso y de las normas jurídicas aplicables al caso establecido por el ordenamiento jurídico7. 5.7. Situación que no se ha dado en la resolución recurrida y que se deberá subsanar al momento de REVOCAR la resolución recurrida debiendo de decretar la absolución de mi persona en virtud de la insuficiencia probatoria que existe y en claro respeto al principio de presunción de inocencia e in dubio pro reo. 5.8. En esta línea y siguiendo lo establecido por el Tribunal Constitucional:
112
“según el Art. 139, inciso 5, de la Constitución, toda resolu-
6
Colomer Hernández, Ignacio. Op. Cit. Pág. 35.
7
Carrión Lugo, Jorge. Op. Cit. Pág. 198.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
ción que emita una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe al poder judicial sino a toda entidad que resuelva conflictos, incluso el Tribunal Constitucional) debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe quedar plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por lo que se llega a tal o cual conclusión. Pero una resolución en que no se precisan los hechos, el derecho y la conducta responsable, ni tampoco se encuentra razón o explicación alguna del por qué se ha resuelto de tal o cual manera no respeta las garantías de la tutela procesal efectiva.”8 5.9. Teniendo como sustento lo señalado líneas arriba, podemos darnos cuenta que el Ad quo no ha cumplido con el deber de motivación al momento de emitir una sentencia condenatoria pues solo ha tomado como base declaraciones, a pesar que las mismas tienen contradicciones y son insuficientes e incluso no se ha tomado en cuenta la diligencia de Inspección judicial para determinar la credibilidad de la versión del testigo de referencia que habría visto la huida de mis coacusados. B. El debido proceso y su inobservancia generada por el ad quo al no haber posibilitado un juicio con las garantías jurídicas que la constitución prevé 5.10. La necesidad de hacer una reflexión sobre el debido proceso (tal como se hará en líneas seguidas) tiene plena validez pues sirve para centrar nuestro recurso de apelación debido a que el ad quo ha inobservado: 5.10.1. El principio de Presunción de inocencia: A pesar de no existir prueba de cargo en contra de mi persona se ha
8
STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 6712-2005-HC/TC; en el mismo sentido STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 4348-2005-PA/TC; STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 1230-2002-HC/TC.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
113
Edilberto Luis Martínez Castro
procedido a emitir una sentencia condenatoria, y que la misma que ha sido considerada como determinante tiene una serie de contradictorias no debiendo ser considerada suficiente para generar un juicio de condena. 5.10.2. El Principio de In dubio pro reo: Solo ha tomado en cuenta un declaraciones de testigos manifiestamente cuestionados y que tienen enemistad manifiesta con mi coacusada y vinculación y sujeción a los intereses del agraviado, la misma que no genera convicción pero a pesar de ello lo ha tomado como única prueba de cargo para emitir una sentencia en mi contra. 5.10.3. La indebida valoración de la prueba pues no ha realizado un correcto juicio lógico interno: El Ad quo solo ha tomado como cierto las respuestas realizadas por los testigos en el contrainterrogatorio pero no ha valorado y menos tomado en consideración siquiera las respuestas brindadas en el contrainterrogatorio, con las cuales se evidencia la desacreditación de su testimonio y por la tanto su exclusión como prueba de cargo. A esto hay que sumarle que dentro de los considerando decisivos de la resolución no se ha tomado en cuenta la inspección judicial para determinar la posición del testigo y si este podía tener visibilidad para apreciar con claridad las características de los autores de los disparos y los vehículos que los movilizaban. 5.11. Ante la vulneración o infracción de orden constitucional, que se ha precisado, es necesario referir que los derechos fundamentales son aquellos que se encuentran incluidos en la Constitución Política como norma constitutiva y organizativa del Estado, por lo que dichas garantías deben ser tuteladas pues en ocasiones sirven para reforzar el contenido de las garantías específicas. Su valor se acrecienta cuando se amparan en ellas garantías concretas que, por la circunstancia que fuera, no quedaron de modo
114
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
expreso en la constitución. Estas son: i) El Debido Proceso; ii) El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva; iii) El Derecho a la Presunción de Inocencia, y; iv) El Derecho a la Presunción de Inocencia. 5.12. Más concretamente, la afirmación antes realizada tiene como significado el deber de protección de los derechos fundamentales durante todo el proceso penal, lo que no significa la omisión de tutelar otros bienes o valores jurídicos constitucionales valiosos. Desde esa línea argumentativa en el presente caso se han violentado una serie de principios constitucionales que generan la nulidad de la resolución recurrida debiendo de ordenarse la absolución de mi persona al no existir pruebas de cargo contundentes, que en grado de certeza, nos permitan concluir en su responsabilidad penal. 5.13. Tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en diversas sentencias la tutela jurisdiccional efectiva se proyecta, entre otros aspectos como un deber del órgano jurisdiccional pero que en la actualidad se proyecta y extiende su vigencia y eficacia más allá de estos9. 5.14. Para que vuestro despacho en su calidad Presidente de la Sala pueda amparar nuestro recurso de apelación, debido a la trasgresión flagrante al debido proceso10 y sobre todo a las garantías antes precisadas es necesario esbozar algunos conceptos sobre
9
Sentencia recaída en el Exp. N° 5514-2005-PA/TC en la cual el Tribunal Constitucional sentando una magnifica doctrina jurisprudencial ha señalado que “El Art. 139, inciso 3 de la Constitución establece que: son principios y derechos de la función jurisdiccional. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.
10 “El debido proceso implica el respeto dentro de todo el proceso, de los derechos y garantías mínimas con las que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia. Tal es el caso del derecho al juez natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, etc”. Ver Exp. Nº 0200-2002-aa/tc & Exp. N° 2508-2004-aa/tc.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
115
Edilberto Luis Martínez Castro
que debe entenderse por debido proceso. 5.15. El profesor alemán Roxin anota que los derechos fundamentales procesales reconocidos por un Estado es el criterio para medir el carácter autoritario o liberal de una sociedad11. Mientras más respeto a los derechos fundamentales exista se puede decir que el Estado de Derecho cumple con su función: preservar la dignidad de las personas y hacer cumplir el respeto de los derechos constitucionales12. 5.16. La revaloración de los derechos fundamentales en el sistema procesal penal actual es eminente. No podemos negar que el CPP recoge dentro de sus apostolados la protección de los derechos del imputado, protegiendo de ese modo, además la dignidad de la persona, fin supremo del Estado peruano. 5.17. Desde ese contexto, del proceso penal constitucionalizado, surgen otras garantías que cubren a las partes durante todo el desarrollo del proceso. Dentro de estas garantías vital importancia cobra la tutela jurisdiccional efectiva y el debido proceso, como continente de otros derechos específicos, que nacen a efectos de evitar la arbitrariedad del poder estatal. 5.18. Tal como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en diversas sentencias la tutela jurisdiccional efectiva se proyecta, entre otros aspectos como un deber del órgano jurisdiccional pero que en la actualidad, proyecta y extiende su vigencia y eficacia más allá de estos, es decir, se ha convertido en un deber exigible para cualquier órgano o institución que tenga que resolver algún confito de intereses, incluso comprendiendo a las disposiciones
11 Citado por Bacigalupo, Enrique. El Debido Proceso Penal. Hammurabi. Buenos Aires, 2005. Pág. 24. 12 Por todos Ibídem.
116
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
emitidas por el Ministerio Público13. 5.19. Así, pues el derecho a probar, que tiene el imputado se convierte en el norte del proceso. Si bien el imputado entra al proceso penal con un escudo, llamado presunción de inocencia, es un derecho de poder demostrar su no vinculación con el delito, a través de los medios permitidos por ley situación que no se ha permitido en el presente caso al haberse omitido la valoración de medios probatorios determinantes que apoyaban mi inocencia. 5.20. Por otro lado el debido proceso14 se convierte en otra garantía de suma importancia para el desarrollo valido del proceso penal.
13 Sentencia recaída en el Exp. N° 5514-2005-PA/TC en la cual el Tribunal Constitucional sentando una magnifica doctrina jurisprudencial ha señalado que “El Art. 139, inciso 3 de la Constitución establece que: son principios y derechos de la función jurisdiccional. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Sobre esta disposición constitucional debe realizarse dos precisiones interpretativas. En primer lugar, pareciera desprenderse de la literalidad del texto de la disposición constitucional aludida que el debido proceso constituye, antes que un derecho fundamental, un principio de la función jurisdiccional. El tribunal Constitucional no asume esta interpretación, pues desde la perspectiva de la interpretación constitucional de los derechos fundamentales, y a la luz del principio pro homine (artículo V del Código Procesal Constitucional), es conforme con la constitución que se interprete también que en dicha disposición constitucional se reconoce el derecho fundamental al debido proceso. En segundo lugar, se ha reconocido el que en el Art. 139, inciso 3 de la Constitución está implícito el derecho al debido proceso, tal interpretación debe ser integrada con aquella otra que extiende la vigencia y eficacia de este derecho fundamental más allá del ámbito de los procesos judiciales”. 14 “El debido proceso implica el respeto dentro de todo el proceso, de los derechos y garantías mínimas con las que debe contar todo justiciable, para que una causa pueda tramitarse y resolverse en justicia. Tal es el caso del derecho al juez natural, a la defensa, a la pluralidad de instancias, etc”. Ver Exp. Nº 0200-2002-aa/tc. En el mismo sentido “cualquier actuación u omisión de órganos estatales, dentro de un proceso, debe respetar el debido proceso legal. Uno de los atributos del debido proceso lo constituye el derecho de defensa”. Ver Exp. N° 2508-2004-aa/tc.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
117
Edilberto Luis Martínez Castro
Dentro de ésta garantía, se ubican el derecho a la defensa y a probar, que en caso de inobservancia o limitación indebida genera la nulidad de las actuaciones15. En ese sentido, se garantiza, entre otras cosas, que una persona con la calidad de sujeto procesal como titular de derechos e intereses legítimos se vea facultado de ejercer los medios legales suficientes para su defensa16. 5.21. A esto hay que sumarle un hecho concreto que determina el violentamiento del debido proceso penal. Explicamos. Las pruebas que el Ad quo ha tomado como referencia para emitir una sentencia condenatoria en contra de mi persona son las declaraciones de los testigos y ha omitido valorar la inspección judicial. Pero estas pruebas no sólo ha sido valorado indebidamente al atribuirle un valor de prueba plena y exclusiva de cargo sino que además se ha considerado solo un extremo de dichas pruebas pero no se ha tomado en cuenta las incongruencias existentes en cada una de ellas como más adelante se verá. 5.22. Dicho de otro modo, en el presente caso se ha utilizado como ciertas pruebas que a todas luces son cuestionables por las razones que se expondrán en la audiencia de apelación; no sin antes referir que la sentencia recurrida en su fundamentación deficiente ha tomado como cierto hechos que son contradictorios y ni pueden servir como prueba de cargo, pues violentan el derecho a la prueba y a la motivación de la misma. En efecto como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional en el Exp. N° 02201-2012-PA/ TC, es necesario que el Juez que por el principio de inmediación valora la pruebas y determine los puntos controvertidos, situa-
15 Exp. N° 0090-2004-aa/tc. 16 “(…) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…) un principio de la función jurisdiccional (…)”. Ver Exp. N° 5156-2006-pa/tc.
118
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
ción que no ha pasado en el presente caso17. C. La indebida valoración de la prueba: incoherencia lógica en la valoración 5.23. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso, siendo extensible la debida motivación también para el razonamiento correcto de los medios de prueba. 5.24. El TC ha referido que Falta de motivación interna del razonamiento se da “[defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa”, dejando sentado ello en la STC 00728-2008-PHC/TC (Caso Llamoja Hilares). 5.25. Puede apreciarse, entonces, que el juez se sentencia tiene la
17 Uno de los aspectos esenciales que ayudan a determinar la suficiencia o no de la motivación es que la resolución judicial fije, desarrolle, discuta y razone acerca de los puntos controvertidos, establecidos por las partes dentro del proceso. Vid. Castillo Alva, José Luis. Proscripción de la Arbitrariedad y Motivación. Grijley. Lima, 2013. Pág. 106.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
119
Edilberto Luis Martínez Castro
obligación de respetar además de una coherencia lógica en la argumentación también debe de tener un coherencia narrativa, situación que no se ha presentado al momento de emitir la sentencia, pues tal como demostraremos ahora el ad quo ha llegado a varias conclusiones pero que no guardan relación con la lógica ni la experiencia y por el contrario son absolutamente incongruentes, a saber: 5.25.1. La sentencia arbitraria emitida en contra mi persona tiene diversas falencias y todas relacionadas con las conclusiones arribadas producto de la valoración equívoca de la prueba. En efecto, al momento del “análisis” de manera individual y conjunta de la prueba, se ha desarrollado los fundamentos de condena; sin embargo y luego de una revisión minuciosa de los mismos no se ha hecho más que repetir las respuestas de los testigos que dieron al interrogatorio dejando de lado las contradicciones que se evidencian en el contrainterrogatorio efectuado por la defensa. 5.25.2. El ad quo, a pesar de existir una acusación deficiente, por la forma contradictoria como se expusieron los hechos, ha considerado a mi persona como coautor del delito de homicidio calificado. Estas contradicciones están basadas en los datos incriminatorios brindados por los testigos, los mismos que no han sido coherentes al momento de relatar el supuesto suceso fáctico que habría desencadenado el resultado letal. A esto hay que sumarle, que el Ad quo ha valorado como verosímil la declaración del testigo con clave de reserva N° 001-2011-CQA pero no ha tomado en cuenta la inspección judicial para saber si su versión tiene correlato con la posición en la que se encontraba máxime si entre la hora de la comisión del delito (06.15 pm) y la presencia del testigo (6.30 pm) existe una diferencia considerable.
120
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
5.25.3. Lo referido en líneas anteriores a su vez se condice con la falta de razonamiento y falta de prueba –en todo caso en el limbo de la duda razonable- en el extremo de explicar con coherencia y claridad el origen del móvil y la necesidad de dar muerte al occiso, además de no haberse demostrado que el ejecutor del delito haya actuado en condición de sicario. 5.25.4. Todas estas situaciones evidencian una falta de motivación de la prueba y los diversos errores que se han consignado en la sentencia, la misma que adolece de nulidad pues el Ad quo, no ha cumplido con el principio de valoración debida y de motivación suficiente. D. La falta de valoración de la prueba: violentamiento al derecho de defensa 5.26. Dentro de ésta garantía, se ubican el derecho a la defensa y a probar, que en caso de inobservancia o limitación indebida genera la nulidad de las actuaciones18. Dicho de otro modo, se garantiza, entre otras cosas, que una persona con la calidad de sujeto procesal como titular de derechos e intereses legítimos se vea facultado de ejercer los medios legales suficientes para su defensa19. 5.27. El Código Procesal Penal no ha sido ajeno a esta corriente garantísta por lo que en su Art. 71 ha consagrado la facultad de ofrecer pruebas que respalden (no se habla de demostración porque existe una presunción) su inocencia. 5.28. En lo que respecta al derecho a probar, el jurista Eduardo Couture señalaba que la Ley que haga imposible la prueba,
18 Exp. N° 0090-2004-aa/tc. 19 “(…) La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional (…) un principio de la función jurisdiccional (…)”. Ver Exp. N° 5156-2006-pa/tc.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
121
Edilberto Luis Martínez Castro
es tan inconstitucional como la ley que haga imposible la defensa. Esta frase hoy cobra gran vigencia, pues el derecho a probar es, esencial para el respeto del debido proceso. 5.29. En puridad el derecho a probar, como derecho fundamental, no sólo posibilita que toda persona pueda utilizarlo dentro de un proceso judicial, sino que, además, se convierte en un aspecto imperante de nuestro ordenamiento, por lo que este (entiéndase el derecho a probar) se puede considerar como aquél de carácter subjetivo, que le corresponde a todo sujeto de derecho (sea persona natural o jurídica) pudiendo utilizarlo en el proceso que participa, de tal manera que le permita acreditar su pretensión. 5.30. El derecho a probar tiene un contenido, que está integrado por los derechos siguientes: i) el derecho ofrecer los medios probatorios destinados a acreditar la existencia o inexistencia de los hechos que son objeto concreto de prueba; ii) el derecho a que se admitan los medios probatorios así ofrecidos; iii) el derecho a que se actúen adecuadamente los medios probatorios admitidos y los que han sido incorporados de oficio por el juzgador; iv) el derecho a que se asegure la producción o conservación de la prueba a través de la actuación anticipada y adecuada de los medios probatorios, y; v) el derecho a que se valoren en forma adecuada y motivada los medios de prueba que han sido actuados y que ingresado al proceso20. 5.31. En el presente caso ha existido un violentamiento al derecho a probar en todas sus manifestaciones antes acotadas pues no se ha realizado una valoración conjunta de todas las pruebas ofrecidas y admitidas por lo que se ha violentado el Art. 393 del CPP que obliga a una valoración individual y luego conjunta de la prueba.
20 Bustamante Alarcón, Reynaldo. “Derecho a Probar como Elemento Esencial de un Proceso Justo”. Ara. Lima – 2001. Pág. 362.
122
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
5.32. La deliberación deberá ser hecha, de manera obligatoria y necesaria, sobre lo ocurrido el desarrollo del juicio, exigiendo ser exhaustiva y profunda, orientada en dos sentidos: por una parte a la construcción de la norma aplicable al caso; por la otra, al análisis de la información reunida en relación a las distintas hipótesis en juego. El primer nivel es el del análisis jurídico, el segundo, el de la valoración de la prueba21. 5.33. En el presente caso la sentencia es nula por disposición expresa del Art. 150 del CPP y del Art. 393 del mismo cuerpo normativo al no haberse valorado de manera individual y conjunta todas las pruebas pues a pesar de que existe una diligencia de inspección judicial que fue llevada a cabo por el mismo Ad quo, dentro de los fundamentos de la justificación y decisión de la condena no ha sido objeto de mención siquiera y menos de valoración. Para mayor abundamiento y pese a que era necesario determinar con exactitud y precisión tanto el origen como la entidad o magnitud de la lesión se hubiera necesitado una valoración de todos y cada uno de los elementos de prueba, especialmente la inspección judicial para determinar la credibilidad de la versión brindada por el testigo con código de reserva, pero de manera irracional y con una falta de criterio que linda con la insuficiente motivación, el Ad quo no ha considerado siquiera tomarlos en cuenta para desvirtuarlos, no haciendo mención en la sentencia en ningún extremo de la misma. 5.34. Tal como se aprecia de la sentencia que no han sido valorados, la inspección judicial y además se ha fijado una reparación civil sin ningún medio de prueba que acredite la entidad del daño, por lo que se ha generado indefensión a mi persona,
21 Binder, Alberto. “Introducción al Derecho Procesal Penal”. Ad-Hoc. Buenos Aires, 1993. Págs. 243 y 244.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
123
Edilberto Luis Martínez Castro
máxime si dichas pruebas han sido parte del debate”, con lo que se evidencia que existe una falta de pronunciamiento teniendo en consideración que dicha prueba evidencia la contradicción en la que han incurrido los testigos. 5.35. La falta de percepción o la omisión de valorar la prueba admitida y considerada como dirimente o esencial para el esclarecimiento de los hechos puede generar errores en la logicidad que repercuten en la garantía del debido proceso; lo que constituye además un atentado contra el principio de igualdad de las partes, especialmente al vulnerar derecho subjetivo de probar. En consecuencia la debida valoración de la prueba no viene a ser la revisión de las cuestiones de hecho, al contrario porque de no efectuarse la misma de manera conjunta, implica incurrir en un error de razonamiento lógico, tal como ha sucedido en el presente caso. E. sobre los errores advertidos en la sentencia y los puntos no tomados en cuenta por el ad quo: 5.36. El Ad quo, violentado uno de los aspectos esenciales que ayudan a determinar la suficiencia o no de la motivación es la fijación de los untos controvertidos y la correcta motivación de la sentencia. En el presente caso la resolución recurrida violenta el principio de presunción de inocencia y el in dubio pro reo, contraviniendo lo establecido en la STC 1768-2009-PA/TC, en la medida que no se sustenta en verdaderos hechos de prueba que no generan convicción y certeza de la responsabilidad penal de mi persona. 5.37. Así pues luego de la actividad probatoria y en una cuestión no analizada en la sentencia, la inocencia de mi persona no ha podido ser destruida pues existen contradicciones evidentes que no acreditan ni la coautoría ni mi vinculación con el supuesto acto delictivo. La sentencia emitida por el Ad quo no tiene valoración adecuada de la prueba pues no ha verificado los requisitos sustanciales de las testimoniales como lo es: i) la competencia
124
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
de los testigos, y; ii) la credibilidad de los mismos; conforme lo sostiene la doctrina procesalista, en materia de motivación fáctica nos hemos movido históricamente en una especie de zona de penumbra, opaca y ajena a todo tipo de control racional, dejada en manos del arbitrio judicial22. 5.38. Así las cosas, ahora se demostrará, como se hizo a lo largo del juicio oral y que no ha sido tomado en cuenta en la sentencia recurrida, que los testigos no han sido capaces de coincidir de manera plena en los hechos anteriores, concomitantes y posteriores al momento en que se habría producido el hecho delictivo por lo que la resolución recurrida solo ha reproducido la declaración de los testigos en el interrogatorio pero no ha mencionado siquiera las contradicciones que se obtuvo luego del interrogatorio, como a continuación se demostrará: 5.38.1. El primer error que comete el Ad quo es no valorar que tanto el agraviado como mi persona y mi coacusada Paola Ventura Salazar estuvimos juntos el día de los hechos, por lo que de acuerdo a las reglas de la máxima de la experiencia no es posible que una persona que se siente amenazada tenga trato y se frecuente con sus agresores pues si él estaba presente en el mismo vehículo es imposible que en su presencia se haya concertado con los otros coacusados su eliminación. 5.38.2. No existe prueba alguna de que mi persona tenga una conducta agresiva o codiciosa, es decir, no se ha practicado una pericia psicológica que determine que sea violento o tenga personalidad agresiva o con ánimo de lucro. A esto hay que sumarle que el ad quo no ha considerado siquiera desvirtuar lo establecido en el Acuerdo Plenario 02-205/
22 Taruffo, Michelle. “La Prueba de los Hechos”. Trotta. Madrid, 2002. Pág. 454.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
125
Edilberto Luis Martínez Castro
CJ-116 que establece los parámetros para valorar declaraciones testimoniales que tiene un grado de subjetividad elevado por la relación que existe entre los testigos y los acusados pues como se ha evidenciado entre los testigos, todos ellos muy cercanos al agraviado (yerno e hija). En otras palabras el Ad quo siquiera ha desvirtuado este extremo planteado por la defensa lo que evidencia una nulidad en la sentencia. 5.38.3. En el ítem 15 de la sentencia, página 22, se ha hecho referencia como prueba actuada a la diligencia de inspección judicial pero al momento de la valoración individual y conjunta no se ha mencionado siquiera. Dicha omisión genera una doble afectación. Por un lado al derecho a valorar la prueba actuada en juicio y por otro lado que al no ser contrastada con la declaración del testigo con código de reserva no se puede evidenciar que su declaración tenga veracidad o sea creíble. 5.38.4. Una de las pruebas fundamentales que ha considerado el Ad quo en su sentencia es el reporte de llamadas, donde mi persona realiza al número atribuido a………………. Esta inferencia equivocada que se realiza en la sentencia parte de un hecho no probado sino que además contradictorio. ¿Cómo es posible que mi persona haya realizado llamadas a mi coacusado para ponernos de acuerdo acerca de la comisión del delito cuando el agraviado estaba en el mismo lugar e incluso habíamos departido un almuerzo juntos? La respuesta es obvia, desprendiéndose que es materialmente imposible acordar la ejecución de una persona, en su misma presencia pues eso pondría de manifiesto el plan criminal. 5.38.5. De acuerdo a la imputación fiscal, que se cita en la sentencia, luego de dar muerte al agraviado “el autor del disparo
126
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
huye a bordo de una motocicleta, en tanto que sus dos acompañantes abordan la camioneta Station Wagon color blanco con placa de rodaje N° TD-1653, habiendo llegado al lugar del crimen al poco tiempo la hija del victimado”23; luego de manera contradictorio la hija del victimado (sic) en su declaración, obrante en el punto 6 de la sentencia ha referido que “estaba a más de cien metros de su casa, colocándose a su lado siendo que en ese instante la gente comentaba que de un tico”24, evidenciándose una contradicción entre lo declarado por el testigo de código de reserva y la misma hija del agraviado por lo que su declaración no está inmersa dentro de los criterios exigidos por el Acuerdo Plenario 02-205/CJ-11625. 5.38.6. El ad quo ha dado como probado ciertos hechos que no tienen sustento probatorio por tener contradicciones evidentes. En principio ha referido que mi coacusada ……. trabajaba en el meretricio, denigrando su honor pues dicha aseveración no tiene prueba contundente máxime si el mismo yerno del agraviado, …………, ha referido ello siendo poco probable que suegro y yerno concurran a lugares de dudosa reputación. En lo que respecta al testigo con código de reserva ha tenido serias contradicciones en un principio afirmó que al producirse los disparos estuvo sentado en el parque de la urbanización “La Noria” donde está el reservorio, en una banca cerca al jardín de niños desde donde puede verse el pasaje Descartes; sin embargo en la diligencia de inspección judicial cambió de versión sosteniendo que estuvo en la banca cercana a la calle Sócrates.
23 Ver primer párrafo de la página 3 de la sentencia recurrida. 24 Ver primer párrafo de la página 19 de la sentencia recurrida. 25 Como en el ítem 3.38.2 del presente escrito de apelación.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
127
Edilberto Luis Martínez Castro
Así mismo existen otra serie de contradicciones como la forma en la que los vehículos estaban estacionados, primero refiere que estaban en sentido contrario para luego sostener que estaban uno a continuación del otro. 5.38.7. Resulta incongruente que el Ad quo le haya considerado como creíble la declaración de…………, quien refirió que conoció a mi coacusada ………….. hace varios años y que recién dos meses antes del asesinato le dijo que necesitaba un sicario porque el agraviado le daba asco. Esta versión adolece de credibilidad por dos razones fundamentales: i) el testigo es una persona que ha referido que tuvo condenadas por delitos graves, además de tener adicciones por ciertas sustancias prohibidas, y; ii) por que no es común, lógico y creíble que una persona se acerque a alguien que conoce a su posible victima para preguntarle por alguien que pueda acabar con la vida de éste último si como el mismo testigo ha referido que “no puede decir que fue ella (……………) quien mató a………….”. 5.38.8. Por su parte, la hija del agraviado y testigo en el proceso también ha relatado ciertas cosas que no tienen coherencia, incluso evidenciándose contradicciones en su dicho. Primero afirmó que mi coacusada ………. lo llamó a las 7 de la noche para preguntarle si era cierto que habían matado a ……..pero no existe prueba alguna de dicha comunicación, la misma que nace con el ánimo de incriminar a dicha persona. Así mismo está testigo ha referido que ………….. era la amante ocasional de su padre pero luego sostiene que “le exigía muchas cosas a su padre”26 por lo que no es entendible que siendo la amante ocasional le exija cosas y menos la amenace. Así mismo la testigo refirió que nunca
26 Ver página 17 de la sentencia recurrida.
128
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
tuvo contacto con …….para luego referir que “en tres oportunidades salió a comer con su padre”27. De ello se colige que no es creíble la versión que existían amenazas pues de ser así la testigo, en su condición de hija no habría aceptado salir con ella a departir momentos juntos. 5.38.9. La sentencia de manera errada, en el considerando décimo quinto sostiene de manera contradictorio que “la acusada ……..tenía dinero en el banco con su pareja sentimental agraviado, y además tenía diferentes bienes a que se refieren las fichas registrales remitidas con el oficio de Registros Públicos (…) lo que podría llevar a pensar que la muerte del occiso no favorecía económicamente a………., pero si se tiene en cuenta que esas relaciones sentimentales no andaban bien (…) lo que podría dar lugar para que el occiso pueda tratar de quitarle los bienes que le había dado, por lo que el homicidio tuvo un fin económico, sin perder de vista que el acusado ………actuó como sicario para cuya consumación debió recibir un beneficio económico esto es obró por lucro, lo cual alcanza a los coautores del hecho”28. Respecto esto debemos de afirmar lo siguiente: i) no puede hablarse de móvil económico pues la acusada ……….era propietaria de los bienes; ii) no es tan facial “quitar” los bienes como refiere el Ad quo pues para ello habría que demostrar que el acto jurídico es nulo y nunca existieron procesos civiles respecto a este extremo; iii) sobre la relación deteriorada que existía entre la acusada ………y el agraviado no hay más que conjeturas pues incluso la misma asistente contable que veía los negocios comunes
27 Ver página 17 de la sentencia recurrida. 28 Ver página 28 de la sentencia recurrida.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
129
Edilberto Luis Martínez Castro
que tenían ha referido que “en ningún momento lo vio amenazado”29; iv) se habla de un presunto sicario y que este habría recibido un dinero, pero no se especifica cuanto y de qué manera lo recibió siendo esencial ello como parte del principio de imputación necesaria, y; v) hace extensivo el móvil del lucro a mi persona sin fundamentar porque razón extiende dicha conclusión pues no se ha demostrado que mi persona se haya beneficiado económicamente o de algún modo pecuniario por lo que este extremo de la imputación no tiene correlato fáctico ni probatorio. 5.38.10. La agravante de alevosía que el Ad quo maneja en el presente caso no se configura; esta consiste en utilizar un medio de ejecución de especial intensidad para consumar el hecho (utilización de medios asegurativos), que por su naturaleza o el contexto en que se presenta, no permita que la víctima se defienda o pueda repeler el ataque (aprovechamiento del estado de indefensión de la víctima), lo cual implicará como contracara que el autor haya realizado un homicidio sin riesgo propio (consistente en la defensa de la víctima). En el presente caso no debe ser de recibo dicha agravante en la medida que mi persona no ha tenido participación en el supuesto evento delictivo pues no puede entenderse que haya intentado siquiera el aseguramiento de la víctima pues no estuvo presente en el lugar de los hechos a la hora que sucedieron. Del mismo modo sucede con el hecho de que al haberse realizado el evento en un pasaje transitado cerca de un parque, con afluencia de gente, no existe la aseguración del hecho y menos en la indefensión de la víctima.
29 Ver página 22 de la sentencia recurrida.
130
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
5.38.11. El testigo con código de reserva N° 001-2011-CQA sostuvo que “sonaron tres o cuatro disparos”30. Sin embargo por la descripción de los hechos contenida en la misma acusación donde narra que el agraviado es “interceptado de manera imprevista y violenta (…) tanto que su acompañante le efectúa un disparo con arma de fuego (…) luego de lo cual el autor del disparo huye a bordo de una motocicleta”31. Como puede apreciarse Sr. Presidente, la información brindada por el testigo con código de reserva no es fidedigna e incluso es contradictoria con la misma requisitoria oral planteada por el fiscal pues no existe casquillos o resto de varios disparos, tan solo de uno y es el que le ocasiona la muerte al agraviado. 5.38.12. Otro dato contradictorio lo encontramos en el tiempo (hora) de la supuesta producción del resultado letal. De acuerdo a la tesis fiscal “el día veintiséis de abril del año 2011, siendo aproximadamente las seis y quince minutos de la tarde (…) en estas circunstancias es interceptado de manera imprevista y violenta (…) le efectúa un disparo con arma de fuego”32; por su parte el testigo con código de reserva N° 001-2011-CQA señala, respecto a la hora del suceso, que “el día veintiséis de abril del dos mil once estaba con una mujer sentados en una banca del parque del reservorio de la Noria (…) le miró la placa al carro ya que todavía eran las seis y media de la tarde”33. Ante lo expuesto podemos colegir que hay una evidente contradicción sobre la hora del suceso que no tendría nada de raro sino fuera porque el testigo con código de reserva afirmó haber
30 Ver punto 5 de la sentencia, contenido en la página 15. 31 Contenido página 2 y 3 de la sentencia recurrida. 32 Ver último párrafo de la página 2 de la sentencia recurrida. 33 Ver página 16 de la sentencia recurrida.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
131
Edilberto Luis Martínez Castro
visto a las personase incluso señaló la placa del carro que supuestamente se utilizó para trasladar al autor del hecho no coincidiendo las horas brindadas por lo que existe duda razonable sobre la información incorporada por dicho órgano de prueba. 5.38.13. Otro de los puntos que es necesario destacar tiene relación con las supuestas extorsiones y amenazas que mi coacusada …………le hacía al agraviado para que le compre cosas o sino iba a atentar contra su vida. En principio no existe denuncia alguna por parte del agraviado sobre este hecho, tanto así que el agraviado sin exigencia alguna realizaba negocios con la referida persona. Del mismo modo se debe tener en cuenta que una persona que está siendo amenazada o coaccionada no andaría de manera voluntaria y libre con las personas que realizan dichas acciones hasta el punto de departir momentos juntos con él y con su familia, por lo que dicho análisis no resiste a los cánones de las máximas de la experiencia. 5.38.14. Por último, aun cuando estamos impugnando la responsabilidad penal, debemos de manifestar que la sentencia recurrida es nula pues otorga un monto excesivo monto reparatorio sin que tenga pruebas para justificar dicho monto, adoleciendo de motivación. Como se ha dicho a lo largo de los cuestionamientos a las sentencias en el extremo del objeto civil, la determinación de la reparación civil en los procesos penales es uno de los aspectos menos desarrollados en las resoluciones judiciales, pues carece de una idónea fundamentación y debida motivación, lo que genera la nulidad de la misma, conforme a lo establecido por el Art. 150 del CPP34.
34 Sobre este punto puede verse a Poma Valdivieso, Flor de María Madelaine. “La Reparación Civil por Daño Moral en los Delitos de Peligro Concreto”. En: Revista Oficial del Poder Judicial: Año 6 - 7, N° 8 y N° 9 / 2012-2013. Pág. 95 y ss.
132
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
5.39. Como conclusión tenemos que la sentencia no establece la autoría de mí persona, el móvil, la aportación al suceso de los hechos, entre otras cosas. Todos estos aspectos contradictorios no han sido observados por el Ad quo y menos desvirtuados de allí que nuestra principal pretensión se sustente en la falta de resolución de los puntos controvertidos que se han fijado por las partes, lo que hace que la sentencia recurrida arbitraria y con falta de motivación. Así también se puede observar que el aspecto de la reparación civil no ha merecido mayor fundamentación, aun cuando estamos cuestionando el juicio de condena, por lo que evidencia una deficiente laboral valorativa del Ad quo. PRIMER OTROSI DIGO: Designo como mi abogado defensor al letrado que suscribe el presente escrito de apelación, a quien se le debe otorgar todas las prerrogativas que la ley establece, pudiendo actuar en mi representación conforme al Art. 80 del CPP. SEGUNDO OTROSI DIGO: Así mismo, procedo a variar mi domicilio procesal al ubicado en la Calle………………………….., único lugar al cual deben dirigirse las notificaciones que se cursen en el presente proceso. POR ESTAS CONSIDERACIONES: Señor Presiente de conformidad a lo ya esbozado solicitamos se declare fundado el presente recurso impugnatorio en aplicación estricta de la legislación vigente y proceda a revocar la sentencia condenatoria procediendo a absolver a mi persona. Lugar y Fecha :(……………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL SENTENCIADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
133
Edilberto Luis Martínez Castro
41
MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO Y SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO
ESPECIALISTA: EXPEDIENTE: SUMILLA: APERSONAMIENTO/PRECISO DOMICILIO SEÑORES MAGISTRADOS DEL JUZGADO COLEGIADO PENAL DE TRUJILLO DAVID GOLIAT HERNÁNDEZ VELEZMORO, identificado con DNI No 32912619, con domicilio real en Jirón Alianza Lima No 783 – Chepén, en la investigación por el presunto delito de Robo Agravado en grado de tentativa en agravio de Noé Abraham Llanos Lara; a usted digo: Señor Magistrados, de conformidad con lo establecido en el Art. 71 del Código Procesal Penal, ME APERSONO A SU DESPACHO con la finalidad de DESIGNAR COMO ABOGADA – defensora a la letrada PATRICIA CHAVEZ HORNA con Reg. CALL 2522 quien ejercitará mi defensa y para quien solicito intervención. Asimismo señalo como domicilio procesal el ubicado en Jirón Nicolás de Piérola No 1320 – Chepén y/o en Ayacucho 701 Oficina 204 - Trujillo, lugar en donde su despacho deberá notificarme conforme a ley. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha :(……………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DE LA ABOGADA FIRMA DEL PROCESADO
134
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
42
MODELO DE ESCRITOS SOLICITANDO SE TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA PREVENIR LA COMISIÓN DE DELITOS
SOLICITA SE TOMEN LAS ACCIONES NECESARIAS DE PREVENCIÓN A EFECTOS DE EVITAR LA CONSTANTE COMISIÓN DE DELITOS SEÑOR JEFE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SEGURIDAD DE LA POLÍCIA NACIONAL DEL PERÚ - TRUJILLO: ……………….. con DNI Nº ……….. representante legal de la empresa ……, con domicilio real en…………………., y domicilio procesal en …………………………de esta ciudad, a Ud. con el debido respeto digo: I. PETITORIO Que en atención a la función que vuestra dependencia tiene asignada por las leyes de la materia, siendo que la principal misión es prestar la seguridad y velar por la tranquilidad pública, por medio del presente SOLICITAMOS SE REALICE LAS ACCIONES NECESARIAS CON LA FINALIDAD DE EVITAR LA COMISIÓN DE UNA SERIE DE ACTOS DELICTIVOS POR PARTE DE UN GRUPO DE DELINCUENTES QUE VIENE OPERANDO EN LA RUTA VIRÚ–CHIMBOTE CON LA ÚNICA FINALIDAD ATENTAR CONTRA EL PATRIMONIO DE MI REPRESENTADA Y DE LOS PASAJEROS QUE MOVILIZAMOS, por lo que solicitamos la presencia de efectivos policiales en la referida zona a efectos de poder evitar la comisión de ilícitos penales graves, en base a los siguientes fundamentos: II. FUNDAMENTOS FÁCTICOS QUE ORIGINAN LA NECESIDAD DE PREVENIR LOS HECHOS DELICTIVOS A COMETERSE 2.1. Conocido es por todos que el objeto social de mi representada es el transporte interprovincial de pasajeros y carga, teniendo como principales Lima – Trujillo – Piura, por lo que nos desplazamos a
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
135
Edilberto Luis Martínez Castro
lo largo de la Panamericana Norte a efectos de poder brindar un servicio de calidad como parte de nuestro objetivo. 2.2. Sin embargo y por las fechas en las que nos encontramos en los distritos de Virú hasta Chimbote tenemos serios inconvenientes pues en varias oportunidades hemos sufrido el robo de pertenencias tanto de la empresa como de los pasajeros por delincuentes que incluso participan armados y con clara exposición para la vida de nuestros pasajeros y tripulantes. 2.3. En razón a ello solicitamos que no brinde el apoyo respectivo a efectos de contrarrestar los posibles ataques que pudieran realizar las personas involucradas en esta actitud delictiva, que no tiene otra finalidad más que beneficiarse de manera indebida con el patrimonio ajeno, debiendo de disponer la presencia permanente, entre los tramos antes indicados, de efectivos armados a efecto de que brinden la seguridad respectiva. 2.4. En ese contexto y como quiera que es una conducta que se da frecuentemente en estas fechas, es fácil entender que existirán posibles eventos gravosos, los mismos que se pueden prevenir si se desarrolla una labor de inteligencia y se nos presta las garantías del caso, brindándonos seguridad, a efectos de que el personal policial pueda desarrollar la protección a la vida de las personas que se movilizan por las carreteras del Perú. 2.5. De acuerdo al Artículo 166 de la Constitución Política “La Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Previene, investiga y combate la delincuencia. Vigila y controla las fronteras”, por lo que en atención a ello y con la finalidad de preservar la seguridad de las personas que laboran y se movilizan en nuestras unidades móviles solicitamos que se nos presten la seguridad necesaria con el patrullaje permanente por la zona de Virú y Chimbote.
136
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
ANEXOS: 1-A.- Copia de mi DNI 1-B.- Copia del Poder que acredita mi representatividad 1-C.- Copia de la ocurrencia policial de fecha 27 de diciembre del 2014 que acredita los constantes robos por la zona. POR TANTO: A Usted, Señor Jefe de la División de Seguridad, solicitamos acceder a nuestra petición por ser de justicia. Lugar y Fecha: (…………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL REPRESENTANTE
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
137
Edilberto Luis Martínez Castro
43
MODELO DE ESCRITO SOLICITANDO ENTREGA DE VEHÍCULO
FISCAL ENCARGADO DEL CASO: SO 2. PNP: SUMILLA: SOLICITO ENTREGA DE VEHÍCULO SEÑOR COMISARIO DE LA COMISARÍA DEL MILAGRO - TRUJILLO ALEX MAICOL CHAVEZ HORNA, identificado con DNI No 18767654, con domicilio real en AA.HH. San Sebastián s/n, de El Milagro - Trujillo; a usted digo: Señor Fiscal, acudo a vuestro despacho con la finalidad de SOLICITAR LA ENTREGA DE MI VEHÍCULO MOTOTAXI DE PLACA DE RODAJE 9463-2S marca BAJAJ, color rojo, la misma que ha quedado retenida debido a mi intervención en estado de ebriedad, acreditando mi propiedad conforme a la copia de la tarjeta de propiedad que adjunto, así mismo se indica que la misma cuenta con SOAT, sin embargo por un descuido involuntario el documento ha sido deteriorado. Cabe señalar que por tratarse el vehículo de una herramienta de trabajo, resulta necesario que la misma sea entregada a la brevedad posible, a efectos de poder realizar mi actividad laboral y de esa manera llevar el sustento a mi familia. POR TANTO: A usted pido proceder conforme a ley. Lugar y Fecha :(……………………)
------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA DEL SOLICTANTE
138
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
44
MODELO DE ESCRITO DE APERSONAMIENTO, SOLICITANDO COPIAS POR DELITO DE ROBO AGRAVADO
SUMILLA: APERSONAMIENTO, SOLICITA COPIAS SIMPLES SEÑOR JEFE DE LA DELEGACIÓN POLICIAL DIVINCRI-HUARAZ CAMPOS CRUZ YONER, identificado con DNI N°44343963, en la investigación seguida en mi contra por el supuesto delito de Robo Agravado a usted digo: Que recurro a su honorable despacho con la finalidad de apersonarme a la presente investigación, a la vez nombrar como mi abogado al Defensor Público, ESTHER FANNY MANRIQUE GAMARRA, identificado con Reg. CAA N° 2006, a quien se le deberá dar participación en todas las diligencias que se programen, señalando como mi domicilio procesal sito en el Jr. Víctor Cordero N° 827 Huaraz Belén (Costado del Colegio de Economistas), lugar donde a partir de la fecha se me harán llegar todas las diligencias realizadas. OTROSI DIGO: Solicito que se me expidan copias simples de todo lo actuado, bajo costo del solicitante, ello por convenir a mi derecho de conformidad con el Art 84 Inciso 7 del Código Procesal Penal POR LO TANTO: A Ud. Señor sírvase tenerme lo apersonado. Huaraz,…………………………
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DE LA ABOGADA FIRMA DEL INVESTIGADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
139
Edilberto Luis Martínez Castro
45
MODELO DE ESCRITO PARA ACREDITAR ARRAIGO FAMILIAR Y LABORAL EN DELITO DE ROBO AGRAVADO
EXPEDIENTE: SECRETARIO: PRESENTA DOCUMENTOS PARA ACREDITAR ARRAIGO FAMILIAR Y LABORAL SEÑOR PRESIDENTE DE LA PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE …………….. …………………..en los seguidos por ……… la supuesta comisión del delito de Robo Agravado; ante usted digo: Acudo a su despacho para presentar los siguientes documentos que acreditan: 1.- ARRAIGO FAMILIAR 1.1.- ACTA DE NACIMIENTO de ………….. en la que se acredita que desde que nació el …………. ha vivido en la calle ……………………………………… 1.2.- FICHA ÚNICA DE MATRÍCULA expedida por el Director del Colegio ………. en el año de ……. con lo que se acredita que en la etapa escolar mí patrocinado …………. tenía como dirección domiciliaria la calle …………………………………….. 1.3.- PAPELETA DE PERMISO DEL EJERCITO PERUANO expedida por el Comandante del ………..de fecha ……….. con lo que se acredita que mí patrocinado tenía en esa época como dirección domiciliaria en la calle ……………………….. 1.4.- DECLARACIÓN JURADA DE RESIDENCIA CON FIRMA LEGALIZADA de fecha ………, en la que mí patrocinado declara que vive con sus padres en el domicilio ubicado en la calle ………………………
140
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
1.5.- CERTIFICADO DE BUENA SALUD expedida por el Hospital Regional Docente de ……. de fecha ………… en la que se consigna como domicilio de mi patrocinado la calle ………………….. 1.6.- FORMULARIO N°……., expedido por la SUNAT de fecha ………. con lo que se acredita que desde esa fecha mi patrocinado consigna como domicilio la calle ……………………………… 1.7.- GUÍA DE REMISIÓN N° …….. expedida por …….., de fecha ………, con la que se acredita que mí patrocinado tiene como dirección domiciliaria en la calle: ………………………………….. 1.8.- FORMULARIO DE RECLAMO de …….. de fecha ……., con la que se acredita que mí patrocinado tiene como domicilio la calle: ……………………………………………………….. 1.9.- ESTADO DE CUENTAS CUATRIMESTRAL, expedido por AFP…… del grupo ……. con lo que se acredita que mí patrocinado consigna como dirección domiciliaria la calle: ………….. 2.- ARRAIGO LABORAL 2.1.- CERTIFICADO DE TRABAJO, expedida por el Administrador de la Obra ……….. con la que refiere que mi patrocinado ha laborado en esta compañía como peón desde el …… hasta el ……… en la obra “MEGACONDOMINIO LOS BRILLANTES DE SANTA INES”, con lo que se acredita que mi patrocinado trabaja desde el año …. en labores de construcción civil en la ciudad de ……. 2.2.- 10 (DIEZ) BOLETAS DE REMUNERACIONES, expedidas por la …….. RUC N° ……….., en la obra CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO CENTRAL desde el día …….. al…….,con lo que se acredita con documentos que mí patrocinado trabajaba en labores de construcción civil en la ciudad de Trujillo, y coincide con lo manifestado en su declaración a nivel policial, cuando refiere: “ESTUVE TRABAJANDO EN UNA OBRA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL EN LA ….” (fojas 24). 2.3.- CONSTANCIA DE TRABAJO, expedida por………., quien su calidad de gerente general de la empresa ………..refiere que mí patrocinado
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
141
Edilberto Luis Martínez Castro
ha venido ocupando el cargo de maestro pintor desde el día ………hasta la actualidad, con lo que se acredita con documento lo manifestado en su declaración policial, cuando refiere: “Y POR EL MOMENTO ESTOY TRABAJANDO COMO PINTOR PARA EL MAESTRO…………” (Fojas 24). POR LO EXPUESTO: A Usted Señor Presidente insertar los documentos al expediente para su valoración en su debida oportunidad. Lugar y fecha (………………………………..)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL IMPUTADO
142
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
46
MODELO DE ESCRITO SEÑALANDO DOMICILIO PROCESAL EN DELITO DE COHECHO PASIVO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA: SEÑALA DOMICILIO PROCESAL SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD ……………………. Identificado con DNI N° ……… con domicilio real en Jr. Huallaga 1134 interior 12 Urb. El Molino en los seguidos por Procurador Publico Anticorrupción por la supuesta comisión del delito de cohecho pasivo propio; ante usted digo: Acudo a su despacho para dar cumplimiento a la resolución número DIEZ de fecha diecisiete de junio del dos mil trece y por lo tanto nombro como mi abogado defensor al letrado ……… y señalo mi domicilio procesal ubicado en ……. Oficina …. de esta ciudad en donde se me harán llegar las notificaciones de Ley. POR LO EXPUESTO: A Usted dar por cumplido lo ordenado para los fines de Ley. Lugar y fecha (………………………)
------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO FIRMA DEL RECURRENTE
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
143
Edilberto Luis Martínez Castro
47
MODELO DE ESCRITO INTERPONIENDO RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL
EXPEDIENTE: ASISTENTE JURISDICCIONAL: INTERPONE RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL POR AFECTACIÓN A LA LIBERTAD PERSONAL SEÑOR PRESIENTE DE LA SALA PENAL DE APELACIONES DE AREQUIPA: ………….. abogado de Romaña, en el proceso constitucional de Habeas Corpus interpuesto contra Meza y otros por la flagrante vulneración a la libertad individual a Ud. respetuosamente digo: IV. PETITORIO: Que por corresponder a mi derecho de defensa, consagrado a nivel constitucional, y conforme a lo establecido en el Art. 18 del Código Procesal Constitucional INTERPONGO RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL CONTRA LA SENTENCIA DE VISTA, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 15, DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL 2015, QUE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA DECLARANDO IMPROCEDENTE EL HÁBEAS CORPUS, POR UNA INDEBIDA VALORACIÓN PROBATORIA ADEMÁS DE HABER INOBSERVADO LA AFECTACIÓN AL DERECHO A SER SOMETIDO A LA JURISDICCIÓN PREDETERMINADA POR LEY, en mérito a los siguientes fundamentos: VII. ANTECEDENTES: SOBRE LOS HECHOS QUE ORIGINAN LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA Y LO RESUELTO EN PRIMERA INSTANCIA: 7.1. A fin de que sea expuesto con mayor precisión y sea comprendida la afectación al derecho a la tutela procesal efectiva que se buscó reparar mediante el presente proceso, resulta pertinente exponer brevemente los hechos que motivaron la interposición de la demanda de hábeas corpus en su oportunidad.
144
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
7.2. La vulneración de la garantía constitucional del juez natural o predeterminado por ley deriva del proceso penal signado con expediente Nro. 0792-2004, seguido en contra de Romaña y otros, en el que, en una primera oportunidad, con fecha 12 de noviembre de 2007, fue emitida una sentencia condenatoria por el en ese entonces Sexto Juzgado Especializado Penal de Arequipa, el cual declaró autor del delito de falsedad material, falsedad ideológica y del delito de defraudación en agravio del Banco de Crédito del Perú a mi patrocinado junto a sus co-procesados. 7.3. En esa primera oportunidad, cuando fue apelada la sentencia y fueron elevados los actuados, el miembro de la Quinta Sala Penal Especializada, demandado Percy, formuló su pedido de inhibición con fecha 8 de abril de 2008. 7.4. Con fecha 22 de abril de 2008, la Quinta Sala Penal Especializada en lo Penal, conformada por motivo del pedido de inhibición del Juez Superior demandado, declaró infundada la inhibición propuesta, ordenándose que debía continuar con el conocimiento de la causa. 7.5. Con fecha 13 de octubre de 2008, fue planteada la recusación en contra del Juez Superior Gómez Benavides por Romaña, por motivos de que era deudor del Banco de Crédito del Perú. 7.6. Con fecha 16 de octubre de 2008, por resolución emitida por la Primera Sala Penal Liquidadora Permanente fue emitido el auto de trámite que declaró improcedente la recusación planteada por contra el juez superior al haberse sustraído la materia con el cuaderno de inhibición que fue formulado en su oportunidad, y quienes suscribieron esta resolución fueron los Jueces Superiores…….., ………., …….., y, cuando se suponía que, al haberse declarado infundada la inhibición y recusación del magistrado……., debió de asumir de su competencia como conformante de la Sala. 7.7. Con fecha 20 de octubre de 2008, fue interpuesto un recurso de nulidad en contra de la resolución que declaró improcedente la recusación planteada contra el Juez Superior …………………….
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
145
Edilberto Luis Martínez Castro
7.8. Con fecha 18 de noviembre de 2008, fue emitida la Sentencia de Vista en contra de la sentencia de primer grado que condenó a los procesados, declarándola nula. 7.9. Con fecha 13 de febrero de 2009, expedida por la Sala Penal de la Corte Suprema, esta resolvió el recurso de casación interpuesto por el demandante, indicando en el mismo que no podía pronunciarse por cuanto existía un cuaderno de inhibición que se había formado y, por tanto, había una sustracción de la materia. 7.10. Irregularmente, con fecha 19 de julio de 2010, el Juez Superior …… asume competencia e interviene como ponente al resolver el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal Superior Penal, cuando en la primera oportunidad en la que debió de conformar Sala se apartó irregularmente de su competencia. 7.11. Fluye de la demanda, entonces, que se dirige en contra de …. – en su condición de Juez del Primer Juzgado Penal Transitorio de Arequipa–, en contra de ……….. y……. – Jueces de la Primera Sala Penal Liquidadora permanente– por la vulneración del debido proceso en conexidad con el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley y amenaza al derecho a la libertad individual. 7.12. Concretamente se refiere que el demandante viene siendo procesado en el Exp. N° 792-2004 por el delito de Falsedad Material y otros en agravio del Banco de Crédito del Perú habiéndose incluso en la actualidad emitido una sentencia condenatoria en su contra, lo que evidencia la condición esencial para poder interponer el presente Habeas Corpus al existir amenaza flagrante a la libertad del demandante. 7.13. Para ello es necesario precisar la afectación que cada demandado habría desarrollado de tal manera que se especifiquen los hechos: 7.13.1. En cuanto a ……., presidente de la Sala Penal Liquidadora, en su oportunidad se inhibió cuando una primera sen-
146
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
tencia condenatoria llegó a Sala. La referida inhibición fue desamparada e incluso confirmada por la misma Corte Suprema y a pesar de eso el demandado jamás integró el colegiado habiendo permitido que otros jueces dicten la resolución pero no a quien era el llamado por Ley. 7.13.2. El demandado …. en su condición de Juez encargado del expediente penal pese a dicha situación procedió a fijar fecha para lectura de sentencia, sabiendo de la existencia de la nulidad, y procedió a llevar a cabo la diligencia imponiendo al demandante una pena privativa de libertad efectiva de 4 años. 7.14. Por su parte la resolución N° 05 de fecha 19 de diciembre del 2014, declara fundada la demanda de Habeas Corpus respecto a …… y ….., e infundada respecto a los otros dos integrantes de la Sala, habiendo dispuesto la nulidad de todo lo actuado a partir del acto procesal consistente el pronunciamiento por parte de la Sala llamada por ley respecto al recurso de Apelación planteado por la defensa del demandante respecto a una de las sentencias condenatorias, que si bien fue anulada ha permitido la ampliación de la denuncia y del respectivo auto ampliatorio por el delito de Asociación para Delinquir, que conforme a las reglas del Código de Procedimientos Penales debe tramitarse bajo las pautas del procedimiento ordinario. 7.15. La referida sentencia –de primera instancia- establece como premisas más importantes –y que han sido desconocidas por el Ad quem- las siguientes: 7.15.1. En el considerando primero se hace alusión al marco constitucional y procesal que regula el proceso de Habeas Corpus. 7.15.2. En el considerando dos y tres se hace referencia a los fines de los procesos constitucionales y lo que ampara el Habeas Corpus, como proceso ligado de manera necesaria a la Libertad Individual.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
147
Edilberto Luis Martínez Castro
7.15.3. El considerando quinto puede atribuírsele mayor importancia pues sirve de marco para exponer los fundamentos de hecho por los cuales se ampara el referido proceso, específicamente por vulneración al principio del juez natural, es decir, el juez predeterminado por Ley. 7.15.4. En el considerando sexto se establece como conclusión la violación a la reglas de la competencia al no haberse formado la Sala de manera correcta y no haber participado el demandado …………pese a haberse rechazado su inhibición. 7.15.5. En el considerando séptimo se analiza todas las pruebas aportadas–específicamente las piezas procesal del proceso penal al que es sometido el demandante- destacando la vulneración a la libertad individual por haberse fijado fecha para la lectura de sentencia pese a que la Sala que resolvió la apelación no estuvo bien conformada al no haber permitido que el magistrado llamado por ley conociera el caso. 7.15.6. En el considerando octavo se ha concluido de manera general la afectación al principio de la jurisdicción predeterminada por Ley y la afectación directa que ha tenido en la libertad del demandante al haberse fijado fecha para la lectura de la sentencia a pesar que no se ha llevado el proceso conforme a Ley. VIII. LA PROCEDIBILIDAD DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL EN LOS PROCESOS DE HÁBEAS CORPUS: 8.1. El artículo 18º del Código Procesal Constitucional, en concordancia con el inciso 2) del artículo 202° de nuestra Constitución Política, precisa que el Recurso de Agravio Constitucional procede, contra la resolución de segunda instancia que declarando improcedente o infundada la demanda de hábeas corpus, amparo, hábeas data o cumplimiento desestima lo solicitado por el demandante.
148
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
8.2. En este sentido, la premisa básica para la procedencia del Recurso de Agravio Constitucional es que la demanda en segunda instancia baya sido desestimada en uno de sus extremos, es decir, si una de las pretensiones constitucionales han sido declaradas infundadas o improcedentes, el demandante podrá interponer el referido recurso en los extremos que desestima una determinada pretensión. 8.3. A tenor de ello debemos de tener en cuenta que mi persona interpone demanda de Hábeas Corpus, contra de Meza – en su condición de Juez del Primer Juzgado Penal Transitorio de Arequipa–, en contra de …….., ………. y ………… – Jueces de la Primera Sala Penal Liquidadora permanente– fundamentando que los demandados a través de actos concretos -por la vulneración del debido proceso en conexidad con el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por ley y amenaza al derecho a la libertad individual- han causado una afectación a la libertad personal. 8.4. Dicha demanda Constitucional, previo al traslado de los demandados, fue declarada fundada en parte por el Ad quo, siendo impugnada ante la Segunda Superior Sala de Apelaciones por lo demandados, argumentando que no existe afectación a la libertad personal pues lo único que se pretende es frustrar la emisión de una sentencia. 8.5. Mediante resolución Nº 15, de fecha 12 de febrero del 2015, la Superior Sala de Apelaciones REVOCA la Resolución de primera instancia, mediante la cual se declara IMPROCEDENTE la demanda constitucional de hábeas corpus interpuesto por mi persona, la que me deniega justicia razón por la cual el RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL INTERPUESTO REÚNE LOS REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD, POR ENDE, DEBE ADMITIRSE A TRÁMITE, Y VUESTRA HONORABLE SALA PRONUNCIARSE. 8.6. Es pertinente mencionar, asimismo, que el plazo para interponer el RAC es de diez días HÁBILES contados desde el día siguien-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
149
Edilberto Luis Martínez Castro
te de notificada la resolución de segundo grado que desestima la demanda y que concedido el recurso, el Presidente de la Sala remite al Tribunal Constitucional el expediente dentro del plazo máximo de tres días. Por esas consideraciones nos encontramos dentro del plazo legal para interponer recurso de agravio constitucional. 8.7. El Tribunal Constitucional en el Expediente N 02877-2005-HC/ TC, en su fundamento 6, ha señalado que sólo entendiendo el verdadero carácter de los procesos constitucionales, es posible determinar que en él se presentar diversos tipos de medios impugnatorios, aunque básicamente habla de los recursos, descartando para efectos del caso, los llamados remedios. 8.8. Asimismo, precisa que el más clásico de los recursos es aquel por el cual, tras la sentencia de primera instancia, las partes tienen la posibilidad de apelar la resolución emitida. Pero, más aún el constituyente consideró otro adicional para el caso de los procesos constitucionales, el cual merece ser entendido como parte de la teoría de los medios impugnatorios: éste es el Recurso de Agravio Constitucional. 8.9. En ese sentido, la respuesta a la interrogante de ¿Cuál es el fundamento constitucional del Recurso de Agravio Constitucional?, tenemos que la misma se encuentra recogida en el texto normativo de la Ley Fundamental, puesto que dicha norma, en el inciso 2) del artículo 202º, ha establecido como una atribución del Tribunal Constitucional, el “conocer en última y definitiva instancia, las resoluciones denegatorias de hábeas corpus, amparo, hábeas data, acción de cumplimiento”. 8.10. Del mismo modo, tal como ha señalado el supremo Intérprete de la Constitución, el fundamento de la existencia de los recursos parte de la premisa de que, en la delicada misión de administrar justicia, no debe descartarse a priori la existencia del error judicial. La base constitucional de esta aseveración se halla en el
150
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
artículo 139°, inciso 6) de la Constitución, que garantiza el acceso de los justiciables a la pluralidad de instancias COMO garantía de justicia. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos enumera, en su artículo 8°, las garantías judiciales a las que tiene derecho toda persona, estableciendo, en el inciso h), del numeral 2 el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. IX. ASPECTOS CENTRAL DE NUESTRO RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL: SOBRE EL AGRAVIO: 9.1. El Tribunal Constitucional ha establecido que la potestad jurisdiccional o la potestad de administrar justicia comprende, en lo esencial, lo siguiente: la tutela de los derechos fundamentales, los derechos ordinarios y procesales e intereses legítimos, el control difuso de constitucionalidad35. 9.2. Se entiende, que la potestad jurisdiccional y más aún la constitucional no actúa de manera correcta cuando se han inobservado las garantías mínimas para el justiciable, como lo es la indebida o equivocada motivación, la desproporcionalidad de la decisión, entre otros; cuando no se ha cumplido con la motivación o fundamentación de resoluciones al momento de resolver un pedido y al no haber valorado de manera correcta las pruebas que sustentan la pretensión, sustentando la decisión equivocada en meras conjeturas y suposiciones, aceptando incluso la invocación de hechos distorsionados que afectan la libertad individual y locomotora de las personas. 9.3. Atendiendo a los principios constitucionales, por medio de la presente apelación buscamos que el Tribunal Constitucional (que en el presente caso asume competencia constitucional para resolver en última y definitiva instancia el proceso de
35 STC expedida por el TC recaída en el Exp. N° 0023-2003-AI/TC.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
151
Edilberto Luis Martínez Castro
Habeas Corpus) revoque la resolución recurrida y declare FUNDADA la demanda en la medida que nuestra petición tiene plena justificación al existir una afectación real y eminente a la libertad de mi persona, al haberse violentado el principio de legalidad, no habiéndose respetado el principio de jurisdicción predeterminada por ley y permitir que un juez distinto al designado ex ante la tramitación del proceso pueda intervenido a pesar de no tener la competencia para ello, por lo que consideramos que la decisión del Ad quem es incorrecta en la medida que no ha valorado de manera correcta los argumentos ni las pruebas así como el hecho de haber aplicado indebidamente una norma procesal que hubiera servido de sustento para resolver la presente causa, teniendo como consecuencia la emisión de una resolución con incongruente motivación pues se ha pronunciado de manera ilógica sobre los puntos controvertidos. 9.4. En conclusión todo órgano que posea naturaleza jurisdiccional debe respetar mínimamente, las garantías que componen los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva y al debido proceso, entre los que destacan los derechos al libre acceso a la jurisdicción, de defensa, a la prueba, a la motivación de las resoluciones judiciales, a la obtención de una resolución fundada en el Derecho, a la pluralidad de instancias, entre otros derechos fundamentales36. 9.5. En sentido contrario sino existe un respeto mínimo a estas garantías constitucionales, es obvio que el proceso adolecerá de algún defecto insubsanable que evidenciará la necesidad de subsanar la decisión; tal como lo amerita en el presente caso, por lo que el agravio que han sufrido mi persona, es de índole jurídico y personal. Jurídico porque no se ha aplicado de manera correcta
36 STC expedida por el TC recaída en el Exp. N° 0004-2006-PI/TC.
152
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
las normas que regulan el proceso de Habeas Corpus y personal porque hay una afectación eminente sobre la libertad locomotora y ambulatoria al habérsele dictado una sentencia condenatoria sin que se respete los derechos y garantías que rigen para la tramitación de un proceso penal. X. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL: EQUIVOCACIONES DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA AL DESESTIMAR NUESTRA DEMANDA DE HÁBEAS CORPUS: F. Inobservancia por parte de la sala penal de apelaciones: indebida motivación en base a consideraciones subjetivas: -
En este sentido se ha llegado a determinar que existe un violentamiento a la Libertad Locomotora y Ambulatoria pues se trata de una resolución generada producto de un proceso penal, en donde no se ha respetado el debido proceso y las garantías que en él rigen, por lo que la misma se convierte en inconstitucional al no haber respetado el referido derecho no siendo válida la restricción, en base a las siguientes consideraciones, las mismas que no han sido objeto de pronunciamiento por el Ad quem, lo que convierte a la Resolución en nula, a saber:
-
No existe pronunciamiento sobre la afectación al principio del Juez Natural o también conocido como el derecho a ser juzgado por el juez predeterminado por Ley a pesar de haberse demostrado que la inhibición que realizó el Dr. …….. fue desestimada; dicho magistrado igual no conformó la Sala que emitió pronunciamiento respecto a uno de los actos procesales –apelación de sentencia- lo que evidencia una afectación al debido proceso y a pesar de ello se emitió una sentencia condenatoria en mi contra. •
No es argumento válido y objetivo el emitido por el Ad quem el sostener que el presente proceso tiene una finalidad obstruccionista. Como se sabe, el uso de los procesos constitucionales tiene una legitimación normativa por lo que en base a supuestos no puede ser considerado que el
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
153
Edilberto Luis Martínez Castro
uso correcto de los medios legales puede ser tomada como una conducta obstruccionista. En efecto, la instauración del presente proceso constitucional tiene una sola finalidad, el respeto de un derecho constitucional debidamente protegido y que ha sido inobservado de manera arbitraria tanto por el Juez Penal como por el Ad quem. •
Se invoca la existencia de otro proceso de Habeas Corpus donde se determinó la afectación al plazo razonable por lo que se descarta la posibilidad de plantear otra afectación. Este razonamiento no solo es incorrecto sino que además termina por deslegitimar la sentencia recurrida pues si bien existe un primer proceso constitucional por no haberse respetado el derecho al plazo razonable no es menos cierto que durante la tramitación del presente proceso se ha podido evidenciar muchas otras falencias como lo es el hecho de no haberse respetado el principio del juez natural pues debió de intervenir como miembro de la Sala el Dr. ………….
•
Por último, no se puede permitir que se sostenga tan alegremente, sin motivación y razonamiento alguno que no existe afectación al principio del “Juez Natural” cuando de los actuados y pruebas aportadas al presente proceso se evidencia que la inhibición que emitió el Dr ……..fue desestimada, lo que obligaba a conocer el proceso y emitir el fallo conforme a su convicción aun cuando la decisión –por ser un órgano colegiado- es conjunta.
G. Falta de motivación y fundamentación en la resolución impugnada: inobservancia de la jurisprudencia del tribunal constitucional: -
Es evidente Sr. Presidente que la resolución recurrida no tiene una debida motivación, y por el contrario sólo ha utilizado criterios no tan lógicos para desestimar nuestra demanda de Habeas Corpus, pues a pesar que se ha demostrado que existe una
154
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
afectación indebida a la Libertad ambulatoria, se ha desestimado nuestra pretensión. -
La Sala Penal de Apelaciones se pronuncia de manera equivocada sobre la razón jurídica para desestimar nuestra petición máxime si como lo dejamos sentado en nuestro escrito que la conducta de los demandados han inobservado la garantía constitucional de la Libertad ambulatoria al no respetarse el principio del “Juez Natural”, posibilitando la participación de un juez sin competencia para ello.
-
Nos lleva a concluir, entonces, que en “ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los órganos del Poder Judicial en la medida que actúan con sumisión a la ley a que las resoluciones se ajusten a las exigencias del ordenamiento jurídico, sólo así se estará actuando dentro de los parámetros constitucionales”37.
-
Así se ha señalado que la motivación de las resoluciones judiciales no sólo constituyen una garantía procesal, sino también un deber de los jueces38. Por lo cual es evidente que la falta de motivación de una resolución decisoria, como en el presente caso lo es, es atentatoria contra el debido proceso y contra la tutela jurisdiccional efectiva a que tienen derecho todos los justiciables.
-
El término motivación denota la justificación de la decisión adoptada en la resolución39, cuestión que no ha ocurrido en el presente caso pues el Ad quo solo no ha tomado nuestros argumentos, sin hacer una interrelación entre los fundamentos de hecho y de
37 Colomer Hernández, Ignacio. La Motivación de las Sentencias: sus exigencias constitucionales y Legales. Tirant lo Blanch. Valencia, 2003. 38 Carrión Lugo, Jorge. Tratado de Derecho Procesal Civil. Tomo III. Pág. 39. Editorial Grijley. Lima 2005 39 Colomer Hernández, Ignacio. Op. Cit. Pág. 35.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
155
Edilberto Luis Martínez Castro
derecho40, situación indispensable para considerar que ha tenido motivación y consecuentemente se encuentra arreglada a ley, estando de la mano con la argumentación. -
En este sentido debemos de decir que los juzgadores no sólo tienen el deber de resolver los conflictos de interés que han sido sometidos a su decisión, sino también el deber de motivar sus resoluciones. Un juez para decidir, piensa, reflexiona, busca razones y saca conclusiones dentro del cúmulo de hechos y de elementos probatorios que aparecen en el proceso y de las normas jurídicas aplicables al caso establecido por el ordenamiento jurídico41.
-
Situación que no se ha dado en la resolución recurrida y que se deberá subsanar al momento de declarar FUNDADA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE AGRAVIO CONSTITUCIONAL Y REVOCAR LA SENTENCIA DEBIENDO DE REFORMARLA Y DECLARAR FUNDADA LA DEMANDA DE HABEAS CORPUS ordenando que: i) SE ORDENE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO A PARTIR DE DONDE SE PRODUCE EL VICIO NULIFICANTE.
En esta línea y siguiendo lo establecido por el Tribunal Constitucional:
“según el Art. 139, inciso 5, de la Constitución, toda resolución que emita una instancia jurisdiccional (mandato que no se restringe al poder judicial sino a toda entidad que resuelva conflictos, incluso el Tribunal Constitucional) debe estar debidamente motivada. Ello significa que debe quedar plenamente establecida a través de sus considerandos, la ratio decidendi por lo que se llega a tal o cual conclusión. Pero una resolución en que no se precisan los hechos, el
40 Ibídem. Pág. 36. 41 Carrión Lugo, Jorge. Op. Cit. Pág. 198.
156
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
derecho y la conducta responsable, ni tampoco se encuentra razón o explicación alguna del por qué se ha resuelto de tal o cual manera no respeta las garantías de la tutela procesal efectiva.”42. - Teniendo como sustento lo señalado líneas arriba, podemos darnos cuenta que el AD Quem no ha cumplido con el deber de motivación al momento de declarar IMPROCEDENTE nuestra demanda de Habeas Corpus pues no ha establecido de manera los fundamentos de hecho y derecho que darían paso a ello sumado a la falta de pronunciamiento de todos los puntos controvertidos y afectaciones alegadas, desconociendo incluso la jurisprudencia del Tribunal Constitucional:
Sentencia recaída en el Exp. N° 813-2011-PHC/TC sostiene en su FJ N° 12, a saber:
Ҥ4. Derecho al juez predeterminado por la ley
12. El segundo párrafo del inciso 3) del artículo 139º de la Constitución consagra el derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada por la ley. Dicho atributo es una manifestación del derecho al “debido proceso legal” o lo que con más propiedad se denomina “tutela procesal efectiva”. Por su parte, el artículo 8.1º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “[t] odapersona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley (…)”.
13. El contenido de este derecho plantea dos exigencias muy concretas: en primer lugar, que quien juzgue sea un
42 STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 6712-2005-HC/TC; en el mismo sentido STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 4348-2005-PA/TC; STC expedida por el TC recaída en el Exp. Nº 1230-2002-HC/TC.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
157
Edilberto Luis Martínez Castro
juez u órgano con potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional o por una comisión especial creada exprofesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante un órgano jurisdiccional; y, en segundo lugar, que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, lo que comporta que dicha asignación debe haberse realizado con anterioridad al inicio del proceso y que tales reglas estén previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de una interpretación sistemática de los artículos 139º inciso 3 y 106º de la Constitución [STC N.º 0290-2002-PHC/TC, fundamento 8].
14. En adición a ello este Tribunal ha entendido que el derecho a no ser desviado de la jurisdicción preestablecida por la ley participa de la condición de un derecho de configuración legal, por lo que corresponde al legislador establecer los criterios de competencia judicial por medio de una ley orgánica, que concretice su contenido constitucionalmente protegido [STC N.º 01934-2003-HC/TC, fundamento 6].
15. Desde esa perspectiva es de verse que el contenido constitucionalmente protegido del derecho al juez predeterminado por la ley o “juez natural” alude principalmente a aquellas condiciones que debe reunir en abstracto el órgano encargado de impartir justicia en cada caso concreto, siendo por tanto la constatación de su agravio un asunto de mero análisis normativo.
16. Sin embargo a juicio de este Tribunal, una adecuada protección del mencionado derecho pasa necesariamente por ir más allá del respeto formal de su contenido, pues
158
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
tan importante como que la potestad jurisdiccional y la competencia vengan asignadas previamente, es que dicha asignación sea respetada escrupulosamente por los órganos jurisdiccionales en los asuntos que son sometidos a su conocimiento. En efecto, de nada serviría que las leyes de la materia otorguen potestad jurisdiccional a los órganos correspondientes y definan su competencia con anterioridad al inicio de los procesos si es que finalmente dichas atribuciones pueden ser desconocidas al momento de ser ejercidas en el caso concreto. En tal sentido este Colegiado estima que la violación o inobservancia de las reglas de competencia previamente establecidas en la ley, en el contexto de un determinado proceso judicial, constituye un asunto de innegable relevancia constitucional que merece ser tutelado a través del proceso de amparo, por tratarse de afectaciones manifiestas del derecho constitucional al juez predeterminado por la ley”43. -
Como puede apreciarse de la Sentencia invocada, el hecho de inobservar las reglas de competencia previamente establecidas así como las del juez predeterminado por ley justifican la tutela mediante un proceso constitucional, por lo que se puede apreciar una equivocación mayúscula por parte del Ad quem al declarar la improcedencia de la demanda a pesar de existir afectación al núcleo duro del derecho protegido constitucionalmente.
-
Por otro lado, conforme se puede apreciar de los puntos 2.3.2. y 2.3.3. de la sentencia impugnada, los Jueces Superiores que conformaron la Sala que conoció el recurso de apelación interpuesto por los demandados han aducido, contrariamente a la línea interpretativa y jurisprudencial del Tribunal Constitucional, que únicamente existiría afectación de la garantía constitucional del
43 El resaltado es nuestro.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
159
Edilberto Luis Martínez Castro
juez natural o predeterminado por ley cuando el juez a conocer los hechos materia de un proceso esté investido del poder-deber de jurisdicción, puesto que han afirmado que su vigencia se daría con el solo hecho de que los miembros de los Tribunales Superiores tengan potestad jurisdiccional. -
Contrario a lo sostenido por los jueces superiores conformantes de la Sala, el Tribunal Constitucional ha sido claro en afirmar que la garantía cuya vulneración constituyó la razón de pedir de la demanda de hábeas corpus tiene virtualidad en dos situaciones. Así, pues, el TC ha señalado:
“El contenido de este derecho plantea dos exigencias muy concretas: en primer lugar, que quien juzgue sea un juez u órgano con potestad jurisdiccional, garantizándose así la interdicción de ser enjuiciado por un juez excepcional o por una comisión especial creada ex-profesamente para desarrollar funciones jurisdiccionales o que dicho juzgamiento pueda realizarse por comisión o delegación, o que cualquiera de los poderes públicos pueda avocarse al conocimiento de un asunto que debe ser ventilado ante órgano jurisdiccional; y, en segundo lugar, que la jurisdicción y competencia del juez sean predeterminadas por la ley, lo que comporta que dicha asignación debe haberse realizado con anterioridad al inicio del proceso y que tales reglas estén previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de una interpretación sistemática de los artículos 139º inciso 3 y 106º de la Constitución”44. (Las negritas y cursivas son nuestras)
-
Es así que la garantía constitucional del juez natural o predeterminado por ley se proyecta también a la asignación de un juez de
44 En: la sentencia recaída en el expediente STC 0813-2011-PA/TC, FJ. 13.
160
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
conocer los hechos materia de un proceso conforme a las reglas provistas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, como cuerpo normativo directriz del ejercicio de la función jurisdiccional. -
A mayor abundamiento, en específico respecto a la ausencia de uno de los miembros de un órgano colegiado, el TC ha señalado:
“Cuando el Juzgado es colegiado y deje de concurrir alguno de sus miembros siendo de prever que su ausencia será prolongada o que le ha surgido un impedimento, será reemplazado por una sola vez por el Juez llamado por Ley, sin suspenderse el juicio, a condición de que el reemplazado continúe interviniendo con los otros dos miembros. La licencia, jubilación o goce de vacaciones de los Jueces no les impide participar en la deliberación y votación de la sentencia”45.
-
Es decir, mutatis mutandis, nuestro Tribunal Constitucional ha afirmado que continuará conociendo el proceso o el incidente el Juez que conformó el órgano colegiado, a no ser que sea reemplazado por el Juez llamado por ley, lo que debe entenderse como siguiendo el procedimiento adecuado para su reemplazo.
-
Lo anterior se corrobora con una interpretación sistemática de las disposiciones constitucionales citadas y el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, puesto que esta última también es una disposición abierta y que ha de concretizarse para recién adquirir la plenitud de su sentido, pues señala que las Salas Penales tienen competencia para resolver los recursos de apelación “conforme a ley”, lo que significa que deben de hacerlo de acuerdo a los procedimientos que otras leyes sobre la materia prevean, y que, en este caso, habría sido el Código de Procedimientos Penales, y, en específico su artículo 36, referido a la resolución del incidente de inhibición o recusación.
45 En la sentencia recaída en el expediente STC 4928-2012-PA/TC, FJ.7.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
161
Edilberto Luis Martínez Castro
-
Lo precedente, es evidente que no ha ocurrido en el presente caso, puesto que, como se observa, el Juez de la Sala que postuló su inhibición y cuya, ulteriormente, recusación fue propuesta nunca cesó en su competencia, porque los pedidos fueron, en el primer caso, declarado infundado y en el segundo no hubo pronunciamiento al aducirse la sustracción de la materia.
-
Es, pues, por todo esto que Y ahí reside la afectación insalvable que ha viciado de nulidad a todos los actos procesales que se realizaron con posterioridad.
-
Abona también a nuestra posición también el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre que la predeterminación de la jurisdicción por la ley también consista en que:
“Y por último, que tales reglas de competencia, objetiva y funcionalmente, sean previstas en una ley orgánica, conforme se desprende de la interpretación sistemática de los artículos 139°, inciso 3), y 106° de la Constitución. “La predeterminación legal del juez significa”, como lo ha expuesto el Tribunal Constitucional de España [STC 101/1984], “que la ley, con generalidad y con anterioridad al caso, ha de contener los criterios de determinación competencial cuya aplicación a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer del caso”46.
-
Del cual, reformulando dicho pronunciamiento, resulta evidente que, a fin de resguardar la tutela procesal efectiva, que se desenvuelve antes, durante y después del proceso, esta no puede restringirse al nivel anterior del mismo cuando ha existido una variación de la competencia que inicialmente fue predeterminado por la ley, que es lo que ha sucedido en el presente caso, pues
46 En la sentencia recaída en el expediente STC 1076-2003-HC/TC, FJ 4.
162
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
uno de los jueces superiores que debió de conocer junto con sus pares los incidentes de segunda instancia, pese a haber sido confirmada su competencia, se apartó sin más. -
Por otro lado, los miembros de la Sala Superior han afirmado, en el punto 2.3.4. de la sentencia de vista, que no existe conexidad entre lo que en realidad se pretendió en la demanda de hábeas corpus y una afectación a la libertad individual, omitiendo dar respuesta a ello y deslizando la absolución del punto controvertido sobre la conexidad con la afirmación de que lo que se pretendería con la demanda es deslegitimar el proceso que se ha venido sustanciando en contra de mi patrocinado.
-
En segundo lugar, han aducido que el pronunciamiento de fondo y la efectividad de la pena impuesta quedarán finalmente decididos cuando la instancia superior resuelva el recurso de apelación interpuesto dentro del proceso penal de cuya irregularidad deriva el presente proceso de hábeas corpus.
-
Sin embargo, contra lo primero, debemos de señalar que lo cierto y concreto es que la amenaza y, a la fecha, afectación a la libertad individual se ha hecho patente con la existencia de sentencia condenatoria emitida por el Juez Penal Unipersonal que conoció el caso, quien desatendió el mandato contenido en la sentencia que declaró fundado el presente hábeas corpus.
-
Asimismo, contra lo segundo, debemos de advertir que el proceso de hábeas corpus se sustancia no sólo cuando existe una afectación a la libertad individual, sino cuando la amenaza a la misma es inminente, y toda sentencia condenatoria es, de por sí, una afectación si no amenaza inminente de restricción a la libertad individual, siendo irrelevante si es que dicha amenaza será revocada en segunda instancia. OTROSÍ DIGO: De conformidad con lo preceptuado en el Art. 36
del Código Procesal Constitucional solicitamos que una vez que se eleve
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
163
Edilberto Luis Martínez Castro
el expediente, se nos conceda el respectivo informe oral a efectos de precisar los agravios invocados a los letrados que suscribimos el presente recurso, señalando para estos efectos como domicilio procesal la Casilla Judicial … del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. POR ESTAS CONSIDERACIONES: Señor Presiente de conformidad a lo ya esbozado solicitamos se declare fundado el presente recurso impugnatorio. Lugar y Fecha (………………..)
------------------------------------------------------------------------------------ Abogado
164
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
48
MODELO DE ESCRITO FUNDAMENTANDO RECURSO DE CASACIÓN EN DELITO DE HOMICIDIO CALIFICADO
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: FUNDAMENTA RECURSO DE CASACIÓN SEÑOR PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA PENAL DE APELACIONES DE TRUJILLO …………………… con Reg. CALL …….abogado defensor de IVÁN, con domicilio procesal en casilla N° ……. - Lima, en Trujillo en la Casilla 24 del CALL; con correo electrónico ……………….., cuaderno incidental de prolongación de la Prisión Preventiva, en los seguidos por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO Y OTRO, en agravio de FRANK y otro, a Ud., con respeto digo: I. PETITORIO: Que, habiendo tomado conocimiento en la fecha del 14 de Marzo del año 2016 en audiencia de apelación; de la Resolución N° 08, AUTO DE VISTA que RESUELVE DE MANERA UNÁNIME: CONFIRMAR la Resolución N° 03 de fecha 07 de Enero de 2016, que declaro fundado el requerimiento fiscal y prolongue el plazo de prisión dictado a IVÁN por el presunto delito de HOMICIDIO SIMPLE en agravio de Frank por el presunto delito de HOMICIDIO SIMPLE CON GRADO DE TENTATIVA en agravio de Júnior a DOS MESES MÁS, el mismo que Vencerá el 23- 05-2016, teniendo en cuenta también los plazos de suspensión de los cuales ha hecho referencia la señorita representante del ministerio público, confirmándose en todos sus extremos la referida resolución, debiendo devolverse el presente cuaderno al juzgado de rigen; Con todo lo demás que contiene la recurrida, dentro del plazo que me concede el artículo 414° numeral
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
165
Edilberto Luis Martínez Castro
1 literal a) del D. Leg. 957 y, al amparo del numeral 4) del artículo 427° del NCPP, presento recurso impugnativo EXCEPCIONAL, DE CASACIÓN contra dicha Resolución N° 08, por Inobservancia de garantías constitucionales, errónea interpretación de la ley penal y, por considerar necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. II. FORMALIDADES DEL RECURSO: Precisamos las partes o puntos dela decisión a los que se refiere la impugnación: 2.1. Nos sustentamos en la causal que contempla el numeral 1) del artículo 429° del NCPP, porque la resolución impugnada ha sido expedida con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales, del numeral 3) del mismo ARTÍCULO del NCPP, por que el juez superior ha efectuado una interpretación errónea de los criterios valorativos de los medios probatorio destinados a enervar el principio de presunción de inocencia. 2.2. Nos sustentamos en la causal que contempla el numeral 4) del artículo 427° del NCPP, el mismo que permite, excepcionalmente, pueda aceptarse el recurso de casación para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial, respecto a que criterios valorativos adecuados deben ser aplicados por los magistrados al calificar si estos enervan válidamente el principio de presunción de inocencia. III. ITER PROCESAL 3.1. Trámite en primera Instancia Con fecha 07 de Enero del 2016, mediante Resolución N° 03, se emite El Auto que Resuelve; “...DECLARAR FUNDADO el requerimiento de prolongación de la PRISIÓN PREVENTIVA solicitada contra... IVÁN DIEGO PISCOYA RAMOS,... por el plazo de 02 meses,... Que con fecha 12 de Enero de 2016, dentro del plazo legal, se interpuso el recurso de apelación contra la Resolución N° 02 de fecha 07 de Enero del 2016 Que con fecha 13 de Enero de 2016, el juzgado emitió la resolución que concedido mediante resolución N° 05 el recurso impugnativo de apelación, notificado con fecha 14 de Enero de 2016.
166
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
3.2. Trámite en segunda instancia Que con fecha 14 de Marzo del año 2016, se realizó la Audiencia de Apelación de Auto que declare fundado el requerimiento fiscal de prolongación de la prisión preventiva. Que mediante Resolución N’ 08, en la fecha de audiencia (14 de Marzo del año 2016), la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Trujillo, resuelve; CONFIRMAR la resolución N° 02 de fecha 07 de enero de 2016, que declaro fundado el requerimiento fiscal de Prolongación de la prisión preventiva respecto del imputado apelante IVÁN DIEGO P/SCOYA RAMOS, con todo lo demás que contiene la recurrida”. IV. EXPONGO LA ESPECIAL FUNDAMENTACIÓN EXIGIDA PARA El RECURSO DE CASACIÓN. Dado a la naturaleza extraordinaria de la casación, solo se interpone contra resoluciones expresamente establecidas en la ley y por motivos expresamente descritos en ella, así como cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial; por lo que en atención a lo referido expondré las causales por las que se interpuso la presente casación: 4.1. ARTÍCULO 429 INCISO 01 INOBSERVANCIA DE ALGUNAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. Debiendo entender por garantías constitucionales a normas que no van a restringir sus efectos a determinados momentos o actos del proceso penal, sino que su configuración va a permitir que proyecten su fuerza garantista-vinculante a todos los momentos por los que pasa el desenvolvimiento del proceso, es decir, desde la fase preliminar o pre-judicial, pasando por las fases de instrucción, intermedia y juicio oral, hasta concluir la fase impugnatoria, con lo que recién se puede decir que el proceso penal ha concluido definitivamente. 4.11. Se ha violado el artículo 139 numeral 3 de la Constitución, que garantiza el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva; esto que me-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
167
Edilberto Luis Martínez Castro
diante esta antojadiza interpretación de las normas penales se pretende inobservar las reglas mínimas de todo proceso penal, y vulnerar con esto todo el esquema jurídico procesal peruano, porque el juez superior (Magistrados de la Sala Mixta Permanente) y el juez de Primera instancia (Juez del Quinto Juzgado de Familia) han efectuado una interpretación errónea los criterios valorativos de los medios probatorio destinados a enervare! principio de presunción de inocencia. 4.12. Se ha violado el artículo 1° de la Constitución, desde que no se me considera para nada que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y del Estado, constando que en la práctica se me mancilla sin piedad. 4.13. Se ha violado el artículo 138^ de la Constitución, desde que los magistrados no se someten al Estado Constitucional de Derecho y prefieren las normas subalternas al respeto del orden constitucional. 4.14. Se ha violado el artículo 139° numeral 9) de la Constitución, desde que se están aplicando normas que restringen los derechos de mi patrocinado. 4.2. ARTÍCULO 427°, INCISO 04 SER NECESARIO PARA EL DESARROLLO DE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL. Que, en el presente proceso, es del caso hacer uso de la facultad que autoriza el apartado cuatro del Artículo 427° del nuevo Código Procesal Penal, en tanto que se trata de filar un criterio Interpretativo definitivo de carácter general si la aparentemente abundancia probatoria dentro de un proceso que no es declarado complejo, Implica una especial dificultad o prolongación del proceso según b establece el artículo 274° del N.C.P.P., como base para prolongación de la prisión preventiva, si este era evidente desde el inicio de la investigación preparatoria, en tanto la el plazo de nueves meses que establece el N.C.P.P., a criterio del fiscal le resulta insuficiente, sin que de parte de la defensa se observe una actividad dilatoria u obstruccionista tendiente a alargar la investigación, además que según se aprecie del caso la demora en el juzgamiento se ha debido a la deficiencia de fiscalía de no concurrir con sus respectivos ór-
168
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
ganos de prueba y de concurrir con los órganos de prueba de la defensa, Nuestro criterio es que el Órgano Judicial de Apelación, no puede asumir como sentado que los juzgados de primera instancia, no son falibles de cometer errores de aplicación de la normatividad vigentes y de criterios básicos acerca de la valoración adecuada de las pruebas puestas a su conocimiento, siendo claro que de una investigación que desde un inicio se observa la presencia de gran actividad probatoria, tendiente acreditar un mismos hecho el fiscal, dentro del marco legal que establece el N..C.P.P., debe acopiar estos elementos probatorios, en el plazo razonable establecido a fin de no dilatar en el tiempo la Investigación penal y a posterior verse obligado a sustentar un prolongación de prisión preventiva cuando ha tenido el suficiente tiempo para acoplar sus elementos probatorios, aunado a esto tal actividad no implica una especial prolongación del proceso para ser argumentado como base según lo establece el Art 274 del NCPP, sin que esta actividad pueda de alguna manera ser atribuida en calidad de actividad dilatoria y/o obstruccionista de parte de la defensa del investigado de otro lado no puede sancionarse con la prolongación de una medida coercitiva personal como la prisión preventiva los actos dilatorios de fiscalía al no concurrir con sus órganos de prueba y generar reprogramaciones Innecesarias”, pues ello tiene marcada relevancia constitucional al estar implicado el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, y al derecho a la defensa, el derecho a la igualdad de armas, el derecho a la debida motivación de las resolución judiciales y la debida aplicación de normas procesales. Que debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2° numeral 24° letra e] de la Constitución Política del Estado, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad; Que, el artículo 8° de la Convención Americana sobre los derechos humanos señala que: “Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”; SI LA INOCENCIA SE PRESUME. CONTRARIO SENSU. LA CULPABILIDAD SE DEMUESTRA. La culpabilidad, en su acepción más amplia es el juicio que permite imputar a una
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
169
Edilberto Luis Martínez Castro
persona un hecho antijurídico; que^ le compete al Juez acreditar y explicar en la Sentencia cuál es el razonamiento y las pruebas de las que se vale para imputar el injusto a su autor; la Presunción de inocencia es relativa de verdad, e impide que en sede penal tengan cabida otras presunciones para demostrar la culpabilidad; Que, el artículo III del Título Preliminar del Código Penal señala que “No es permitida la analogía para calificar el hecho como delito o falta, definir un estado de peligrosidad o determinar la pena o medida de seguridad que les corresponda”; Que, la prueba de cargo debe ser proporcionada por la acusación, no teniendo el acusado deber alguno de probar su Inocencia^ de modo que su actividad o falta de ella jamás puede ser valorada en su contra’, Que, debe tenerse, presente el criterio de concurrencia de prueba, es decir, para condenar a una persona es exigible que se practique en el proceso una actividad probatoria precisa, no bastando la convicción judicial para llegar a una conclusión, puesto que, para tener validez, el convencimiento judicial solo puede formarse sobre la base de pruebas en sentido objetivo incriminador. Los elementos que sirvan de base para la condena, han de consistir en auténticos medios de prueba. En Principio, solamente los medios practicados en el juicio oral pueden servir de base para la condena, así lo establece el artículo 393° inciso 1 del Código Procesal Penal; Que, el criterio de prueba de cargo consiste que la prueba practicada ha de referirse en todo caso al delito por el que se condena, no siendo válida una prueba genérica sin referencia objetiva alguna al hecho que se afirma acreditado. La prueba ha de tener un sentido incriminador objetivo; Que, asimismo el criterio de suficiencia de prueba, ha sido asumido por la Corte interamericana de Derechos Humanos como la prueba incompleta o insuficiente que no es procedente para condenar a una persona, sino absolverlo; a este criterio de suficiencia se refiere el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal cuando establece que la Presunción de inocencia requiere, para ser desvirtuada, de una suficiente actividad probatoria de cargo obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.
170
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
Que aunado a lo ya mencionado debe también tenerse en cuenta que pese a la presión ejercida por la ciudadanía en su conjunto, debido al temor colectivo fundado, debido a la creciente criminalidad que azote o afronte determinado departamento o localidad, los jueces y magistrados deberán de separar el temor propio de un ciudadano, al carácter coercitivo que poseen, puesto que de no hacerlo, y dejar prevalecer el miedo dejando consciente o inconscientemente que se vea disminuido gradualmente la presunción de inocencia del justiciable, antelando un juicio de valor propio de un ciudadano con temor y no de un magistrado Investido con las prerrogativas que el estado le ha Irrogado, se genera un desmedro abismal a los derechos de los ciudadanos Por lo que se hace necesaria la Intervención de la Corte de Casación de la Sala Suprema Penal de la República, para establecer, para determinar, para dejar precedente, a nivel nacional el cumplimiento de esta corriente jurisprudencial (que el Órgano Judicial de primera y de segunda instancia deben de revisar el normal y fiel curso del proceso judicial a fin de garantizar la correcta valoración de las pruebas presentadas, en tanto se revise el cumplimiento del orden formal y luego sustancial de la norma procesal y sustantiva, para que cada prueba obtenga el verdadero valor y calidad que merece respeto de acreditar o desacreditar la tesis incriminatoria que recae sobre el Imputado” y no se haga Ilusa la justicia a favor de los justiciables en general, peor aún si quienes dictan resoluciones en contra de esta comente jurisprudencial y más que todo legal, son aquellos que se dicen precursores del Nuevo Código Procesal Penal, y en el presente caso extrañamente no lo han aplicado, por el contrario lo han contradicho, sin fundamento legal, doctrinario alguno, como ordena nuestro código vigente. V. FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA: 5.1. Que como es de apreciarse de la Resolución N® 02 de fecha 07 de enero de 2016; El Juzgado de Primera Instancia al resolver ha efectuado una calificación errada de la norma procesal en tanto no se cumplen los requisitos establecidos por el art. 274 del N.C.P.P., sobre la especial prolongación o dificultad en la tramitación del proceso.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
171
Edilberto Luis Martínez Castro
5.2. Que la sala al dictar su auto de confirmación de prolongación de la prisión preventiva no ha tenido en consideración que el AD QUO no evalúo de manera adecuada que EXISTE NORMA EXPRESA Y CLARA que regula y establece los requisitos para disponer un prolongación de prisión preventiva (Art 274°.1 del NGPP); norma que no se aplicó con arreglo a ley, sino por el contrario transgrediéndola visiblemente se consideró que existe una especial dificultad en la tramitación de este proceso; dado a que de los fundamentos expuestos por el Representante del Ministerio Púbico es evidente que no los reúne ni tífica como tales. 5.3. La sala de apelaciones valido el Accionar del Juez de primera instancia al confirmar su resolución N” 02, sin observar que el AD QUO no ha tenido en consideración que el presente proceso no ha sido declarado complejo, dado a que se inició como un proceso común y se dictó la prisión preventiva por el lapso de 9 meses (bajo regla general clara y explícita Art 272.2 del NCPP), que señala: LA PRISIÓN PREVENTIVA NO DURARA MAS DE NUEVE MESES. 5.4. Que la sala con su Resolución de confirmatoria, valida el razonamiento del ADQUO que a su criterio, califico como procedente el pedido fiscal de prolongación de prisión preventiva basado en que debido a la aparente abundancia probatoria que sería actuada en juicio, este se extenderla en varias sesiones de audiencia y por tal el procesos no terminaría dentro del plazo que originalmente la concediera el juzgado que fue el de 9 meses de prisión preventiva, siendo que tales hechos eran evidentemente advertibles desde un inicio de la investigación, y por tal a estas alturas del proceso no puede de ninguna manera alegarse que exista prolongación del proceso por estas actuaciones si estás desde un inicio debieron de ser previstas como parte de la teoría del R.M.P., y por tanto debió de actuar más diligenciosamente con su investigación. 5.5. Que estando a todo lo mencionado se interpuso el recurso de Apelación con el fin de que este órgano superior con un mejor criterio revocase la resolución de primera instancia por los errores que se advirtieron oportunamente a través del recurso de apelación respectivo, que
172
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
pese a todo lo ya advertido, este órgano superior continuo en el mismo lineamiento erróneo y califico Resolviendo confirmar la Resolución de primera Instancia, incurriendo este juzgado superior en el mismo error Interpretación de la norma procesal aplicable al caso concreto.” 5.6. Que la Sala ni el A QUO ha contemplado que en casos similares al presente órganos superiores ya han resuelto mediante ejecutorias en la cuales dejan en claro cuál es el parecer o criterio que debe de tener al momento de evaluar pedidos de este tipo, sien esto la Resolución N” 03 recaída en el Exp. N” 00281-2013-11-1826-JR-PE-02 emitido por LA SALA PENAL DE APELACIONES de la CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA, resolvió en un caso en donde el fiscal a cargo de una investigación solicita la prolongación de la prisión preventiva (como es el presente), y el juzgado resuelve DECLARAR INFUNDADO TAL REQUERIMIENTO, conforme se aprecia del segundo párrafo del considerando SEGUNDO”(...) el artículo 274 del Código Procesal Penal cuando establece los plazos de prolongación de prisión preventiva, señalan que este NO ES OBLIGATORIOSINO UNA FACULTAD DISCRECIONAL DEL JUZGADOR...” esto aunado a lo expresado en el considerando QUINTO de esta resolución se deja claro que “La Prolongación de la prisión preventiva no constituye un acto parcial y que se deba estar solicitando los pedidos conforme al desarrollo de la investigación, sino que obedece a una estrategia debidamente definida desde el inicio de la investigación preparatoria en este sentido debe de entenderse que no se puede por el simple capricho del representante del Ministerio Público declarar fundado un pedido de una medida tan gravosa. De igual modo la resolución emitida por la SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE CAÑETE que resolvió en el Exp: 00607-2013, al confirmar la resolución que Declara Infundado el pedido fiscal de Prolongación de la prisión preventiva, el cual se basaba al igual que el presente en lo prescrito por el Art 274.1 del NCPP “CUANDO CONCURRAN CIRCUNSTANCIAS QUE IMPORTEN UNA ESPECIAL DIFICULTAD O PROLONGACIÓN DEL DE LAINVESTIGACIÓN O DEL PROCESO....LA PRISIÓN PREVENTIVA PODRA PROLONGARSE”, siendo que del mismo es claro que no se concede esta
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
173
Edilberto Luis Martínez Castro
prolongación de prisión preventiva puesto que no puede determinarse que exista una conducta obstruccionista del imputado o de la defensa (como es el presente caso). 5.7. Finalmente en la audiencia que resolvió sobre el requerimiento fiscal se hizo notar que, “Que conforme se expresó en la audiencia de propósito, el retraso en el enjuiciamiento se debe a los actos dilatorios de la fiscal porque es ella quien concurre con solo un testigo por fecha teniendo conocimiento que la misma se celebra cada ocho días, más aun concurre con testigos de la defensa generando asi perjuicio al proceso, en tal sentido no puede aplicar según la doctrina de los actos propios que todo el perjuicio ocasionado por su parte deba de ser asumido por el procesado. Que tampoco existió mala fe conforme lo pretendió hacer creer la representante del Ministerio Público, en razón a la inconcurrencia de la fecha del 22 de diciembre sino que se imposibilito debido a cruce con diligencias lo mismo que se comunicó al despacho de manera oportuna por lo que se tuvo por justificada, y a fin de que no se le perjudique en el tiempo a la representante del ministerio público se procedió a la supresión de los plazos, por lo que no existe perjuicio que genere dificulta y menos prolongación del proceso. Que a su vez resulta irrazonable y abusivo el haber concedido un plazo de prolongación de prisión de 2 meses y aunado al mismo se le conceda 67 días de suspensión de plazo, en tal sentido no era pasible de concederse el pedido efectuado por la representante del ministerio público respecto de la prolongación de prisión en tanto tenia ganado 67 días más producto de las suspensiones que la misma fiscal informo y pidió sean contabilizados. VI. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA: CÓDIGO PROCESAL PENAL Art. 413°.-CLASES: Los recursos contra las resoluciones judiciales son; 3°Recurso de Casación. Art 414°.- PLAZOS: Los plazos para la interposición de los recursos, salvo disposición legal distinta, son:
174
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
a). “Diez días para el recurso de casación”. Art 427° PROCEDENCIA: 1. El recurso de casación procede contra las sentencias definitivas, los autos de sobreseimiento, y los autos que pongan fin al procedimiento, extingan la acción penal o la pena o denieguen la extinción, conmutación, reserva o suspensión de la pena, expedidos en apelación por las Salas Penales Superiores. 2. La procedencia del recurso de casación, en los supuestos indicados en el numeral 1), está sujeta a las siguientes limitaciones: a) Si se trata de autos que pongan fin al procedimiento, cuando el delito imputado más grave tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayor de seis años. b) Si se trata de sentencias, cuando el delito más grave a que se refiere la acusación escrita del Fiscal tenga señalado en la Ley, en su extremo mínimo, una pena privativa de libertad mayora seis años. c) Si se trata de sentencias que impongan una medida de seguridad, cuando ésta sea la de internación. 3. Sí la impugnación se refiere a la responsabilidad civil, cuando el monto fijado en la sentencia de primera o de segunda instancia sea superior a cincuenta Unidades de Referencia Procesal o cuando el objeto de la restitución no pueda ser valorado económicamente. 4. Excepcionalmente, será procedente el recurso de casación en casos distintos de los arriba mencionados, cuando la Sala Penal de la Corte Suprema, discrecionalmente, lo considere necesario para el desarrollo de la doctrina jurisprudencial. Art 429 CAUSALES.- Son causales para interponer recurso de casación: 1. Si la sentencia o auto han sido expedidos con inobservancia de algunas de las garantías constitucionales de carácter procesal o material, o con una indebida o errónea aplicación de dichas garantías. 2. Sí la sentencia o auto incurre o deriva de una inobservancia de las normas legales de carácter procesal sancionadas con la nulidad.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
175
Edilberto Luis Martínez Castro
3. Si la sentencia o auto importa una indebida aplicación, una errónea interpretación o una falta de aplicación de la Ley penal o de otras normas jurídicas necesarias para su aplicación. 4. Si la sentencia o auto ha sido expedido con falta o manifiesta ilogicídad de la motivación, cuando el vicio resulte de su propio tenor. 5. Si la sentencia o auto se aparta de la doctrina jurisprudencial establecida por la Corte Suprema o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. VII. FUNDAMENTACIÓN DEL AGRAVIO: Se agravia a mi patrocinado, en tanto y en cuanto no se me permite acceder a una efectiva tutela jurisdiccional, a un debido proceso, al derecho de defensa, esto es, atentarse contra e! derecho de defensa de los justiciables, y producirse la inobservancia de garantías constitucionales, provocándose la errónea interpretación de la ley penal, además de la errónea interpretación de la norma procesal aplicable Art 272” inc. 2y Art 274° Inc. 1 NCPP. Se debe de establecer JURISPRUDENCIA de cumplimiento obligatorio, en tanto que se trata de fijar un criterio Interpretativo definitivo de carácter general si la aparentemente abundancia probatoria dentro de un proceso que no es declarado complejo, Implica una especial dificultad o prolongación del proceso según lo establece el artículo 274° del N.C.P.P., como base para prolongación de la prisión preventiva, si este era evidente desde el Inicio de la investigación preparatoria, en tanto la el plazo de nueves mes^ que establece el N.C.P.P., a criterio del fiscal le resulta Insuficiente, sin que de parte de la defensa se observe una actividad dilatoria u obstruccionista tendiente a alargar la Investigación, además que según se aprecie del caso la demora en el juzgamiento se ha debido a la deficiencia de fiscalía de no concurrir con sus respectivos órganos de prueba y de concurrir con los órganos de prueba de la defensa, Nuestro criterio es que el Órgano Judicial de Apelación, no puede asumir como sentado que los juzgados de primera Instancia, no son falibles de cometer errores de aplicación de la normatividad vigentes y de criterios básicos acerca de
176
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
la valoración adecuada de las pruebas puestas a su conocimiento, siendo claro que de una Investigación que desde un inicio se observa la presencia de gran actividad probatoria, tendiente acreditar un mismos hecho el fiscal, dentro del marco legal que establece el N..C.P.P. debe acoplar estos elementos probatorios, en el plazo razonable establecido a fin de no dilatar en el tiempo la Investigación penal y a posterior verse obligado a sustentar un prolongación de prisión preventiva cuando ha tenido el suficiente tiempo para acoplar sus elementos probatorios, aunado a esto tal actividad no Implica una especial prolongación del proceso para ser argumentado como base según lo establece el Art 274° del NCPP, sin que esta actividad pueda de alguna manera ser atribuida en calidad de actividad dilatoria y/o obstruccionista de parte de la defensa del investigado de otro lado no puede sancionarse con la prolongación de una medida coercitiva personal como la prisión preventiva los actos dilatorios de fiscalía al no concurrir con sus órganos de prueba y generar reprogramaciones innecesarias; pues ello tiene marcada relevancia constitucional al estar implicado el derecho a !a tutela jurisdiccional efectiva, al debido proceso, y al derecho a la defensa, el derecho a la igualdad de armas, el derecho a la debida motivación de las resolución judiciales y la debida aplicación de normas procesales. VIII.- PRETENSIÓN IMPUGNATIVA: Que se DECLARE FUNDADA LA CASACIÓN y en consecuencia REVOCAR la Resolución N° 08 de fecha 14 de Marzo, que Confirma la Resolución N” 03; de fecha 07 de enero de 2016, Ordenando a la Sala Emita una Resolución con arreglo a Ley y a las garantías constitucionales. Valorando de manera adecuada los medios probatorios puestos a conocimiento de sus despachos y además de la conecta interpretación de la norma procesal aplicable, y en tanto se declare INFUNDADO el presente requerimiento fiscal de PROLONGACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA. En virtud de lo expuesto, solicito se tenga interpuesto en el plazo legal establecido el presente recurso de casación y se lo declare admisible -art
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
177
Edilberto Luis Martínez Castro
456 del C.P.P., y se case la resolución recurrida, resolviendo el caso con arreglo a la ley y doctrina jurisprudencial del Supremo Tribunal de Casación Penal (art 460 del Código Procesal Penal). POR LO EXPUESTO: Solicito se me conceda el Recurso de Casación por las causales invocadas, por ser de justicia Lugar y Fecha: (…………………………..)
------------------------------------------------------------------------------------FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO
178
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
49
MODELO DE ESCRITO DE DESISTIMIENTO DE RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO QUE DECLARA FUNDADA LA PRISIÓN PREVENTIVA POR EL DELITO DE EXTORSIÓN
EXPEDIENTE: ESPECIALISTA LEGAL: DESISTIMIENTO DEL RECURSO DE APELACIÓN SEÑOR PRESIDENTE DE LA TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE TRUJILLO Santos, en los seguidos por la presunta comisión del delito de Extorsión, en agravio de Celmira, a Ud. con respeto digo: Acudo a su despacho DESISTIENDOME del Recurso de Apelación contra el auto numero DOS de fecha 26/09/2014, que declara fundada la prisión preventiva, por convenir a mi derecho de defensa en juicio ya que se estoy a la espera de la recopilación y resultados de nuevos elementos de convicción. Amparo mi pretensión en lo dispuesto por el Art. 406 del C.P.P. POR LO EXPUESTO: Acceder a lo solicitado Lugar y Fecha: (…………………………..)
------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
179
Edilberto Luis Martínez Castro
50
MODELO DE ESCRITO OFRECIENDO NUEVA PRUEBA EN DELITO DE TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO
ESPECIALISTA: EXPEDIENTE: OFRECE NUEVA PRUEBA SEÑORES JUECES SUPERIORES DE LA SALA PENAL DE APELACIONES DE TRUJILLO ELENA JANNETT CHIPE GUZMAN, Abogada de GILMER BURGA MARA por el delito de TENENCIA ILEGAL DE ARMA DE FUEGO en agravio del ESTADO; a usted digo: De conformidad con lo establecido en el Art6. 422 del Código Procesal Penal OFREZCO COMO NUEVO MEDIO DE PRUEBA, los siguientes: I.- TESTIMONIALES: 1.1.- Testimonial de doña RUTH NOVOA LINCON, identificada con DNI No 41233220, con domicilio real en calle Ramón Castilla No 284- Villa Hermosa – Chepén, persona quien declarará respecto a los hechos del cual fue testigo el día 28 de agosto del 2014 cuando era intervenido el sentenciado Gilmer Burga Mara, por cuanto detallará como es que el personal de serenazgo de la Municipalidad de Chepén lo intervino, precisará el lugar de la intervención, la forma y circunstancia de la intervención, la participación de cada interviniente, detallará como es que le efectuaron el registro personal y si efectivamente le encontraron en posesión de arma de fuego. Con dicha declaración se corroborara la versión del sentenciado y demostrara la falsedad de los hechos imputados. 1.2.- Testimonial de doña VICTORIA ALIAGA LOZADA, identificada con DNI No 42335422, con domicilio real en Mz. L 0024 AA.HH. Sixto Balarezo – Chepén, persona que declarará respecto a la rencilla existente entre el serenazgo interviniente José Luis Hernández Huamán (persona que supuestamente encuentra el arma de fuego) y el sentenciado GIL-
180
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL
MER BURGA MARA, precisará la existencia de una amenaza efectuada por el Hernández Huamán en contra del sentenciado con anterioridad al día de los hechos. II.- DOCUMENTALES 2.1. Copia de la constancia de Libertad expedida por el Director del Establecimiento Penitenciario de Cajamarca, documento que acreditará que el referido Gilmer Burga Mara fue externado del penal por cumplimiento de pena, y que a la fecha de los hechos no se encontraba con beneficio penitenciario alguno. ADJUNTO: 02 Copias de DNI de los testigos ofrecidos. Copia simple de la constancia de libertad. POR TANTO: A usted pido tener por ofrecido los medios de prueba indicados. Lugar y Fecha: (……………………………………………)
------------------------------------------------------------------------------------ FIRMA Y SELLO DEL ABOGADO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
181
RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES
RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES
1.
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR DE EDAD EXPEDIENTE : 2007-01367-25-1601-JR-PE-1 IMPUTADO : CÉSAR RICHARD VEGA PACHAS DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD JUEZ : JUAN JULIO LUJAN CASTRO ASISTENTE JURISD. : ASUNCIÓN PEREDA YUPANQUI Resolución número : UNO
Trujillo, veinticuatro de abril del año dos mil siete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el requerimiento de detención preliminar formulado por la Señora Fiscal, doctora Rosa María Vega Luján; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, se solicita se expida orden de detención preliminar respecto de la persona de César Richard Vega Pachas por ser presunto autor del delito de violación sexual en agravio de la menor Huidixsa Maribel Gonzáles Villegas, de quince años de edad quien laboraría como empleada doméstica en la casa del imputado.- SEGUNDO: Que la detención preliminar judicial es una medida de coerción procesal prevista en el parágrafo a) del inciso primero del artículo doscientos sesenta y uno del Código Procesal Penal por la cual el Juez de la Investigación Preparatoria -a solicitud del fiscal y sin trámite alguno- teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquél, dicta mandato de detención cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años, y por las circunstancias del caso pueda desprenderse cierta posibilidad de fuga; TERCERO: Que en el presente caso, se atribuye a César Richard Vega Pachas, haber cometido el delito de violación sexual en agravio de la referida menor con fecha veintitrés del mes en curso, aproximadamente a las ocho de la mañana con treinta minutos, en circunstancias que había enviado a la agraviada a comprar cigarros y al regresar el imputado se encontraba en la puerta de la vivienda y cuando le hacía entrega de los cigarros el referido Vega Pachas la cogió de las manos y tapándole la boca la hizo entrar a la vivienda y llevándola hasta el dormitorio la habría sometido sexualmente.- CUARTO: Que, estando al mérito del reconocimiento médico legal practicado a la referida menor se acredita que al momento de ser examinada presentaba equimosis y laceraciones que por sus características, tamaño y ubicación demostrarían que ha sido víctima de violencia ejercida (según se expone en la solicitud del Ministerio Público) para posibilitar el acceso sexual.- QUINTO: Que, de conformidad con lo expuesto se verifica que si bien es cierto en el caso de autos no hay flagrancia delictiva, existen razones plausibles para considerar que el imputado César Richard Vega Pachas ha cometido el delito de violación sexual en agravio de la indicada menor, de lo cual incluso, el
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
185
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro Ministerio Público informa que existirían dos personas de nombres “Jenny” y “Martha” quienes serían vecinas de la misma quinta y que habrían socorrido a la menor agraviada luego de que esta saliera corriendo semidesnuda del domicilio del imputado.-SEXTO: Que, el delito cuya comisión se imputa a César Richard Vega Pachas se sancionado con una pena privativa de libertad mayor de cuatro años y además es posible advertir cierta posibilidad de fuga teniendo en cuenta la gravedad de la pena y que el imputado labora en la ciudad de Lima.- POR ESTOS FUNDAMENTOS y de conformidad con lo establecido por los artículos 262° y 264° del Código Procesal Penal; RESUELVO: Declarando FUNDADO el requerimiento fiscal de detención preliminar por veinticuatro horas de CÉSAR RICHARD VEGA PACHAS, nacido en Chiclayo, el primero de setiembre de mil novecientos setentiséis, de sexo masculino, actualmente de treinta años de edad, a fin de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, continúe con las diligencias preliminares para establecer su responsabilidad con relación al delito que se le imputa; debiendo cursarse la comunicación correspondiente a la Autoridad Policial; con conocimiento de la Defensoría de Oficio, para los fines consiguientes. - - - - - - - - - -
186
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES
2.
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL EN LA MODALIDAD DE ACTOS CONTRA EL PUDOR EXPEDIENTE DELITO ESPECIALISTA AGRAVIADO IMPUTADO
: 2007-02683-25-1601-JR-PE-1 : ATENTADO CONTRA EL PUDOR. : MARIA GONZALEZ PEREZ : R.A.S.B. : QUESQUEN NIÑO ROLANDO VAN
RESOLUCIÓN NUMERO UNO Trujillo, once de junio Del dos mil siete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el Requerimiento de detención preliminar judicial, solicitada por la Representante del Ministerio Público; y ATENDIENDO: Primero.- Que, en el caso que nos ocupa, la Segunda Fiscalía Corporativa de Trujillo, solicita se expida Detención Preliminar del investigado Rolando Van Quesquén Niño, por ser el presunto autor del delito de Violación Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Actos Contra el Pudor en menores de catorce años en agravio del menor de iniciales R.A.S.B. de diez años de edad, delito previsto y penado por el artículo 176 - A del Código Penal, parte in fine y proporcionando los datos necesarios de dicho ciudadano para la emisión de las órdenes de detención, conforme se aprecia de los recaudos que se acompañan; Segundo.- La Libertad personal es un derecho fundamental que es susceptible de restricciones, las cuales se encuentran previstas en las normas internacionales y en la Constitución. En consecuencia una persona puede ser detenida por mandamiento escrito y motivado del Juez o en caso de flagrante delito. Adicionalmente, se establece que la restricción de la libertad personal puede efectuarse en los casos previstos por la ley; Tercero.- Que, la detención Preliminar Judicial es una medida de coerción procesal prevista en el artículo 261 del Código Procesal Penal, que dispone el mandato de detención hasta por veinticuatro horas al investigado que se encuentre incurso en uno de los tres supuestos alternativos señalados en el numeral uno del indicado artículo, esto es a) no se presenta un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga; b) el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención; o c) el detenido fugare de un centro de detención preliminar. Así mismo, no obstante que se haya satisfecho los presupuestos para dictar mandato de detención preliminar, sin perjuicio de amparar la medida solicitada, sólo se podrá emitir las órdenes de detención (requisitorias) si la Fiscalía solicitante procura la información idónea BAJO SU RESPONSABILIDAD que, de cuenta de la debida individualización del investigado, con el propósito de GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
187
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro descartar el supuesto de homonimia, esto es nombres y apellidos; edad; sexo; lugar y fecha de nacimiento, lo que en el caso de autos esta garantizado con la ficha de RENIEC que el representante del Ministerio Público ha adjuntado a sus recaudos; Cuarto.- Que, la solicitud de la representante del Ministerio Público precisa que los elementos de juicio sobre la probable realización del evento delictivo son los siguientes: 1) la referencial de la menor agraviada quien efectivamente reconoce al imputado y, refiere es su profesor de música, el mismo que la ha besado en su boca y la ha abrazado, obrante de fojas veintidós a veintitrés; 2) la partida de nacimiento obrante a folios ocho del que se advierte que la menor agraviada tiene diez años de edad 3) el certificado de reconocimiento médico practicado a la menor agraviada obrante a folios veintiuno; 4) Declaración de Patricia Bolaños Grau, obrante a fojas treinta y uno a treintitrés, 5) declaración de Jorge Adrián Salas Ruiz de fojas treinta y cinco a treintiséis; 6) declaración de Elmer Alfredo Bolaños Izaguirre, a fojas treinta y ocho; 7) declaración de Cipra Marcelo Auria Yaneth obrante a fojas cuarenta; 8) declaración de la Directora del Centro Educativo Perpetuo Socorro, Julia Consuelo Geldres Otiniano a fojas cuarenta y nueve; 9) ficha Reniec del denunciado, a fojas veintisiete; 10) Acta de Verificación de la vivienda donde se realizaron los hechos denunciados a fojas cuarenta y siete; 11) constancia de notificación al denunciado; de fojas cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco y cuarentiséis; 12 ) Informe Psicológico expedido por la Psicóloga Adriana Elena Miranda Troncoso que concluye que la niña ha sido víctima de abuso sexual, estress post Traumático y depresión reactiva, obrante en autos de fojas once a doce; actuados que generan convicción de probabilidad de la realización del evento delictivo y de la participación del imputado de quien se pide su detención preliminar, esto es del imputado ROLANDO VAN QUESQUÉN NIÑO cuyos datos personales ha proporcionado lA representante del Ministerio Público, y en caso de condena la pena ha de ser mayor a cuatro años de privación de libertad, y estando a la pena conminada, el Juzgado considera que existe peligro de fuga, lo que debe evitarse debidamente; Quinto.Que, estando a las considerativas que anteceden, se verifica la relación causal entre los supuestos facticos y jurídicos anotados para calificar positivamente la solicitud del Representante del Ministerio Público, a fin de limitar el derecho fundamental de la libertad del investigado, habida cuenta que la conducta del investigado se encuentra subsumida en la previsión señalada en el inciso a) del item 1 del anotado artículo 261 del Código Procesal Penal, siendo la prognosis de la pena por el delito de Violación Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Actos Contra el Pudor en menor de catorce años de edad, siendo que la agraviada de iniciales R.A.S.B. tiene diez años de edad; la pena mínima es no menor de diez años, desprendiéndose de los fundamentos facticos que existe coherencia lógica en los hechos descritos, conducta o circunstancias con relevancia jurídica que motivan la evaluación del imputado; y compulsado con el juicio de valor producto del empleo de los principos de razonabilidad y de proporcionalidad; corresponde proceder con la urgencia a la
188
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES que alude el numeral tres del prenotado artículo 261. Por estos fundamentos y, en observancia de los artículos 262 y 264 del Código Procesal Penal; RESUELVO: LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL por veinticuatro horas de ROLANDO VAN QUESQUÉN NIÑO, con Documento Nacional de Identidad Número 17891639 nacido el diecinueve de noviembre de mil novecientos sesenta y tres, en el Distrito de San Pedro de Lloc – Provincia de Pacasmayo, Departamento de la Libertad, de sexo masculino, de cuarentiséis años de edad, talla un metro setenta y cinco, contextura regular, hijo de Simón y de Luzgarda, con secundaria completa, con domicilio en calle Colón seiscientos setenta y ocho o calle Blas Pascal trescientos setenta y uno – trescientos setenta y siete Urbanización La Noria, Trujillo, a fin de que la Segunda Fiscalía Corporativa de Trujillo, continúe con las diligencias preliminares para establecer o no la responsabilidad del mismo, con relación al delito de Violación Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Actos Contra el Pudor en menor de catorce años de edad, debiendo cursarse la comunicación correspondiente a la Autoridad Policial, anotándose las características señaladas en el artículo 3 incisos a, b, c y h de la Ley de Procedimiento de Homonimia.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
189
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
3.
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL EN SU MODALIDAD DE ACTOS CONTRA EL PUDOR 1° JUZ. INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE : 03234-2010-69-1601-JR-PE-01 ESPECIALISTA : GUILLERMO MORIN RODRIGUEZ MINIST. PUBLICO : ÁVALOS RODRÍGUEZ, CONSTANTE CARLOS IMPUTADO : ROJAS SANCHEZ, JOSE EVARISTO DELITO : ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (EDAD VÍCTIMA: 10-14 AÑOS). AGRAVIADO : BLTM,
Resolución Nro. Uno Trujillo, dieciséis de junio Del año dos mil Diez.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el Requerimiento de detención preliminar judicial, solicitada por el Representante del Ministerio Público; y ATENDIENDO: Primero. Que, en el caso que nos ocupa, la Segunda Fiscalía Corporativa de Trujillo, Tercer Despacho solicita se expida Detención Preliminar del imputado JOSÉ EVARISTO ROJAS SÁNCHEZ, por ser el presunto autor del delito de Actos Contra el Pudor en agravio de la adolescente de las iniciales B.L.T.M., delito previsto y penado en el Art. 176 – A inciso 3 del Código Penal, y proporcionando los datos necesarios de dicho ciudadano para la emisión de las órdenes de detención, conforme se aprecia de los recaudos que se acompañan; Segundo.- La Libertad personal es un derecho fundamental que es susceptible de restricciones, las cuales se encuentran previstas en las normas internacionales y en la Constitución articulo dos numeral 24 acápite f). En consecuencia, una persona puede ser detenida por mandamiento escrito y motivado del juez o en caso de flagrante delito. Adicionalmente, se establece que la restricción de la libertad personal puede efectuarse en los casos previstos por la ley; Tercero.- Que la Detención Preliminar Judicial es una medida de coerción procesal prevista en el artículo 261° del Código Procesal Penal, que dispone el mandato de detención hasta por veinticuatro horas al investigado que se encuentre incurso en uno de los tres supuestos alternativos señalados en el numeral uno del indicado artículo, esto es: a) no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga; b) el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención; o c) el detenido fugare de un centro de detención preliminar. Asimismo, no obstante que se haya satisfecho los presupuestos para dictar mandato de detención preliminar, sin perjuicio de amparar la medida solicitada, sólo se podrá emitir las órdenes de detención (requisitorias) si la Fiscalía
190
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES solicitante procura la información idónea BAJO SU RESPONSABILIDAD que, de cuenta de la debida individualización del investigado, con el propósito de descartar el supuesto de homonimia, esto es nombres y apellidos ; edad; sexo; lugar y fecha de nacimiento, lo que en el caso de autos esta garantizado con la hoja identificatoria de la RENIEC proporcionada por el Ministerio Público que corren adjuntados a sus recaudos; Cuarto.- Que, la solicitud del representante del Ministerio Público precisa que los elementos de juicio sobre la probable realización del evento delictivo son los siguientes: 1) la denuncia de doña María carmen Tapullima Marichi en calidad de madre de la menor agraviada, quién denuncia al vigilante del centro educativo Ramón Castilla Marquezado del distrito el Porvenir refiriendo que el día 30 de Mayo del presente año a la una de la tarde en circunstancias que la agraviada se apersono al colegio donde trabaja el imputado , quien le ofreciera regalarle un papelón, la condujo al almacén y luego su dormitorio donde la beso, le hizo tocamientos en sus partes intimas, llegando a bajarse el pantalón y realizar flotaciones con su miembro viril en la vagina de la agraviada, que ante la llamada a la puerta del colegio el imputado salio arreglándose la ropa y con el cabello alborotado de lo que se percató la testigo María Marilu Cerdán Ramos quien es madre de familia y había concurrido a realizar el aseo de las aulas, para luego observar que del cuarto del procesado salía la agraviada y luego verificaron con otra madre de familia que la cama de éste estaba desordenada y tibia de cuyos hechos dieron cuenta a la denunciante quien interpuso la denuncia correspondiente. 2) El Reconocimiento medico legal numero 005255-CLS en el rubro de DATA la agraviada refiere que el auxiliar del colegio (refiriéndose al imputado) en dos oportunidades el bajo su pantalón y le toco su vagina y la beso; así mismo se indica que nos e evidencia lesiones traumáticas externas recientes, himen integro, ano no signos de acto contra natura, sin embargo debe tenerse en cuenta que los cargos son sobre actos contra el Pudor. 3) declaración de la menor agraviada de fojas trece a fojas quince en las cuales narra la forma y circunstancias como se produjeron los hechos imputados al investigado. 4.- La declaración de la testigo María Marilu Cerdan Ramos de fojas 26ª fojas 27 quien ha preciado las circunstancias como vio salir a la agraviada el día de los hechos del dormitorio del procesado. 5.-La ficha de la Reniec del denunciado obrante a fojas 29, actuados que generan convicción de probabilidad de la realización del evento delictivo y de la participación del imputado de quien se pide su detención preliminar, esto es del imputado JOSÉ EVARISTO ROJAS SÁNCHEZ cuyos datos personales ha proporcionado la representante del Ministerio Público, y en caso de condena la pena ha de ser mayor a cuatro años de privación de libertad, y estando a la pena conminada, el Juzgado considera que existe peligro de fuga, lo que debe evitarse debidamente. Quinto.- Que, estando a las considerativas que anteceden, se verifica la relación causal entre los supuestos fácticos y jurídicos anotados para calificar positivamente la solicitud de la Representante del Ministerio Público, a fin de limitar el derecho fundamental de la libertad del investigado, habida cuenta que
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
191
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro la conducta del investigado se encuentra subsumida en la previsión señalada en el inciso a) del ítem 1 del anotado artículo 261° del Código Procesal Penal, siendo la prognosis de la pena por el delito Contra el Pudor de Menor de Catorce años, esta sancionada con una pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ochos años, desprendiéndose de los fundamentos fácticos que existe coherencia lógica en los hechos descritos, conducta o circunstancias con relevancia jurídica que motivan la evaluación del imputado; y compulsado con el juicio de valor producto del empleo de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad; corresponde proceder con la urgencia a la que alude el numeral 3 del citado articulo 261°. Por estos fundamentos y, en observancia de los artículos 262° y 264° del Código Procesal Penal; RESUELVO: LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL por veinticuatro horas de JOSÉ EVARISTO ROJAS SÁNCHEZ identificado con DNI Numero 18098318, nacido en EL DISTRITO DE Chuquibamba, Provincia de Chachapoyas departamento de amazonas, el 26 de octubre de 1937, de sexo masculino, de 72 años de edad, talla aproximada 1.60 centímetros, hijo de María y de Manuel, con grado de instrucción Primaria, con domicilio en la Habana 266 El Alambre de esta ciudad, a fin de que la Segunda Fiscalia Corporativa de Trujillo, continúe con las diligencias preliminares para establecer o no la responsabilidad del mismo, con relación al delito Contra el Pudor en agravio de la adolescente de las iniciales BLTM. de 12 años de edad, debiendo cursarse la comunicación correspondiente a la Autoridad Policial, anotándose las características señaladas en el artículo 3 o incisos a, b, c y h de la Ley de Procedimiento de Homonimia; con conocimiento de la “Defensoría de Oficio, para los fines consiguientes.-
192
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES
4.
VIOLACIÓN A LA LIBERTAD SEXUAL PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DETENCIÓN PRELIMINAR DELITO : VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR ASISTENTE JURISDICCIONAL : GABRIELA QUIROZ IZQUIERDO
RESOLUCIÓN NÚMERO UNO Trujillo, tres de abril del año Dos mil siete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el requerimiento fiscal de la señora Fiscal de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo de Detención Preliminar; Y CONSIDERANDO: PRIMERO: Que, se solicita se expida detención preliminar al investigado Marco Antonio Lazaro Villaroel por ser presunto autor del delito de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor M.L.V.T.; SEGUNDO: Que, la detención preliminar judicial es una medida de coerción procesal prevista en el parágrafo a del inciso primero del artículo doscientos sesenta y uno del Código Procesal Penal, que el Juez de la investigación preparatoria a solicitud del fiscal y sin trámite alguno y teniendo a la vista las actuaciones remitidas por aquel, dictará mandato de detención preliminar, cuando no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existen razones plausibles para considerar que una persona a cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años, y por las circunstancias del caso puede desprenderse cierta posibilidad de fuga; TERCERO: Que del requerimiento fiscal y recaudos que se adjuntan existen razones suficientes para considerar que el imputado a cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a los cuatro años, tomándose en cuenta el certificado médico legal de folios tres que arroja lesiones traumáticas extra genitales de origen contuso, himen complaciente, y la declaración de la menor agraviada de folios cuatro y cinco, quien refiere que cuenta con trece años de edad, y que a su vez sindica al imputado como autor del ilícito; respecto del peligro procesal de fuga, estando al quantum de la condena a imponerse que será mayor de cuatro años de pena privativa de libertad, por la naturaleza del delito, lesión del bien jurídico conjugándola con la pena conminada se considera que existe peligro de fuga lo que debe evitarse debidamente CUARTO: Que, estando a los considerandos que preceden se verifica la relación nexal entre los supuestos fácticos y jurídicos para calificar positivamente la solicitud del representante del Ministerio Público a fin de limita el derecho a la libertad del investigado, pues la conducta del investigado se encuentra subsumida en el inciso a) del item uno del anotado artículo doscientos sesenta y uno del Código Procesal Penal, desprendiéndose de los fundamentos facticos y circunstancias con relevancia jurídica que motivan la evaluación del imputado y concursando con el juicio de valor producto del empleo de los principios
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
193
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro de razonabilidad y proporcionalidad corresponde proceder con la urgencia a que alude el numeral tres del artículo doscientos sesenta y uno. por estos fundamentos en observancia del artículo doscientos sesenta y dos y doscientos sesenta y cuatro del C resuelvo la DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL por VEINTICUATRO HORAS del imputado MARCO ANTONIO LAZARO VILLAROEL, nacido el seis de noviembre de mil novecientos ochentisiete, de sexo masculino, actualmente con diecinueve años de edad hijo de Anibal Antonio y de Flor Esther a fin de que la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo continué con las diligencias preliminares por el delito de Violación Sexual de menor, debiendo cursarse la comunicación correspondiente anotándose las características físicas consignadas en los incisos a. b. c y h del artículo tres del la 27411 de la Ley de Procedimiento de Homonimia
194
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES
5.
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO EN SU MODALIDAD DE ROBO JUEZ SECRETARIA
: Dra. MERY ROBLES BRICEÑO : Dra. M. CECILIA GONZALEZ PEREZ
Trujillo, dos de agosto del dos mil cinco.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el oficio y resolución de la representante del Ministerio Público que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO.- Que, el Artículo Segundo de la Ley Veintisiete mil novecientos treinticuatro establece la potestad discrecional del Juez Penal de disponer la detención preliminar hasta por veinticuatro horas de una persona que viene siendo sometida a investigación a nivel policial, siempre y cuando el pedido fuera formulado por el Ministerio Público y se y resulte necesario en caso de urgencia y peligro en la demora, al no darse el supuesto de la flagrancia delictiva. SEGUNDO.- Que, en el caso de autos, se advierte que la imputación formulada por el agraviado Justo Reyes Carrión, de haber sido víctima de asalto y posterior robo de la suma de dieciséis mil nuevos soles, por parte del investigado CARLOS JUAN ZAVALETA GÓMEZ, en la cuadra cinco de la Avenida Jesús de Nazareth, por parte de sujetos desconocidos, indicando que anotó el número de placa de vehículo de servicio público utilizado, siendo que el día de la fecha, al ser intervenida la persona de Carlos Juan Zavaleta Gómez lo ha reconocido como uno de los asaltantes y al ser informado por el personal policial de la Comisaría, que éste será puesto en libertad, es que solicita la detención preliminar TERCERO.- Que, asimismo, se aprecia que existen suficientes razones de urgencia y peligro en la demora en caso no se disponga la detención preliminar del investigado CARLOS JUAN ZAVALETA GOMEZ, dado que puede darse el caso de una obstrucción al correcto proceder de la justicia penal, en caso no sea habido por las autoridades policiales. CUARTO.- Que, en el presente caso al intervenido Carlos Juan Zavaleta Gómez no se le ha encontrado en flagrancia delictiva dado el transcurrir del tiempo desde la fecha de comisión del ilícito penal, acaecido el día anterior a su intervención; QUINTO.- Que, por otro lado del contexto mismo de la resolución fiscal, en el considerando uno, se precisa que el denunciante Justo Reyes Carrión al ser informado por el personal policial de la Comisaría que el intervenido Carlos Juan Zavaleta Gómez será puesto en libertad, solicita la detención preliminar; genera indicios de la existencia de una detención irregular; SEXTO.Que, en consecuencia, resulta adecuado a los actuados y al marco legislativo antes invocado, el acceder al pedido formulado por la representante del Ministerio Público, de proceder a detener preliminarmente por veinticuatro horas al investigado CARLOS JUAN ZAVALETA GOMEZ, la misma que se llevará a cabo por efectivos
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
195
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro de la Policía Nacional del Perú y con presencia del Ministerio Público, a efectos de garantizar los derechos y garantías que ostenta el investigado. Por estas consideraciones: SE RESUELVE: ORDENAR LA DETENCIÓN PRELIMINAR HASTA POR VEINTICUATRO HORAS del investigado CARLOS JUAN ZAVALETA GOMEZ, la misma que deberá ejecutarse por los efectivos de la Policía Nacional del Perú, con presencia del representante del Ministerio Público; CURSESE los Oficios a las autoridades correspondientes para que procedan conforme lo ordenado, y teniendo en cuenta lo anotado en el quinto considerando de la presente Resolución INVESTIGUESE acerca de las probables irregularidades originadas en la detención del investigado Carlos Juan Zavaleta Gómez; NOTIFÍQUESE a quienes corresponda.-
196
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES
6.
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SU MODALIDAD DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA EXPEDIENTE : 2007-02545-25-1601-JR-PE-1 DELITO : Comercialización de materias primas o insumos destinados a la elaboración ilegal de drogas. AGRAVIADO : EL ESTADO IMPUTADO : ALAYO CRUZ ALBERTO JUEZ : DRA. MERY ROBLES BRICEÑO ASISTENTE JURISD. : DANIEL SANCHEZ PAGADOR Resolución Número : UNO
Trujillo, diecisiete de Mayo Del año dos mil siete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta con el Requerimiento de detención preliminar judicial, solicitada por la Representante del Ministerio Público; y ATENDIENDO: Primero. Que, en el caso que nos ocupa, la Segunda Fiscalía Corporativa de Trujillo, solicita se expida Detención Preliminar del investigado Alberto Alayo Cruz, por ser el presunto autor del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en agravio del Estado, delito previsto y penado por el Artículo 296 del Código Penal, y proporcionando los datos necesarios de dicho ciudadano para la emisión de las órdenes de detención, conforme se aprecia de los recaudos que se acompañan; Segundo.- La Libertad personal es un derecho fundamental que es susceptible de restricciones, las cuales se encuentran previstas en las normas internacionales y en la Constitución1. En
1
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9, inciso 1) señala: “Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta”; Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7 inciso 2) señala: “Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”¸ Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado que: “(...) nadie puede ser privado de la libertad personal sino por las causas, casos o circunstancias expresamente tipificadas en la ley (aspecto material) pero, además, con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidas por la misma (aspecto formal)” (Caso Gangaram Panday, sentencia del 21 de enero de 1994, párrafo 47)¸y Constitución Política de 1993 establece que la libertad personal puede ser objeto de determinadas restricciones. En ese sentido, el artículo 2 inciso 24 de la Constitución de 1993 establece: “Toda persona tiene derecho: (...) A la libertad y seguridad personales. En consecuencia: (...) b) No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley. (...) f) Nadie puede ser
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
197
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro consecuencia, una persona puede ser detenida por mandamiento escrito y motivado del juez o en caso de flagrante delito. Adicionalmente, se establece que la restricción de la libertad personal puede efectuarse en los casos previstos por la ley; Tercero.- Que la Detención Preliminar Judicial es una medida de coerción procesal prevista en el artículo 261° del Código Procesal Penal, que dispone el mandato de detención hasta por veinticuatro horas al investigado que se encuentre incurso en uno de los tres supuestos alternativos señalados en el numeral uno del indicado artículo, esto es: a) no se presente un supuesto de flagrancia delictiva, pero existan razones plausibles para considerar que una persona ha cometido un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a cuatro años y, por las circunstancias del caso, puede desprenderse cierta posibilidad de fuga; b) el sorprendido en flagrante delito logre evitar su detención; o c) el detenido fugare de un centro de detención preliminar. Asimismo, no obstante que se haya satisfecho los presupuestos para dictar mandato de detención preliminar, sin perjuicio de amparar la medida solicitada, sólo se podrá emitir las órdenes de detención (requisitorias) si la Fiscalía solicitante procura la información idónea BAJO SU RESPONSABILIDAD que, de cuenta de la debida individualización del investigado, con el propósito de descartar el supuesto de homonimia, esto es nombres y apellidos ; edad; sexo; lugar y fecha de nacimiento, lo que en el caso de autos esta garantizado con la ficha de RENIEC que el representante del Ministerio Público ha adjuntado a sus recaudos; Cuarto.- Que, la solicitud de la representante del Ministerio Público precisa que los elementos de juicio sobre la probable realización del evento delictivo son los siguientes: 1) el acta de intervención policial realizada el día diecisiete de Mayo del dos mil siete, a las cuatro horas, en la que se intervino y detuvo al señor Roger Layza Ríos, en la que manifesto que los paquetes de droga incautados iban a ser entregados al señor Alberto Alayo Cruz; 2) Acta de intervención al señor Alberto Alayo Cruz, realizada el diecisiete de Mayo del año en curso, a las cinco horas; 3) Prueba de orientación, pesaje y descarte de droga que arroja positivo para pasta básica de cocaína en los dos paquetes con un peso de seiscientos noventa y cuatro punto diecisiete gramos, el paquete que tiene un sticker pequeño color verde azul y de novecientos cuarenta y tres punto cincuenta y cinco el que tiene un sticker con el nombre de Roger LA R pequeño color blanco, que hace un total de 1,637.72, actuados que generan convicción de probabilidad de la realización del evento delictivo y de la participación del imputado de quien se pide su detención preliminar, esto es del imputado ALBERTO ALAYO CRUZ cuyos datos personales ha proporcionado la representante del Ministerio Público, por cuanto según el acta de Intervención Policial y Comiso de Droga que se ha anexado al requerimiento fiscal, el intervenido
detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito”.
198
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
RESOLUCIONES DE DETENCIONES PRELIMINARES Roger Layza Ríos manifestó que el saco conteniendo la droga le fue encargado por un sujeto en el caserio El Molino, el día dieciséis de Mayo para ser entregado en esta ciudad a la persona de Alberto Alayo Cruz, quien lo recogería en la agencia Tiburón y le entregaría la suma de cincuenta nuevos soles, lo cual efectivamente ha sucedido al haberse intervenido el día de la fecha a esta persona a las cinco horas conforme al acta de Registro Personal e Incautación; por lo que en caso de condena la pena ha de ser mayor a cuatro años de privación de libertad, y estando a la pena conminada, el Juzgado considera que existe peligro de fuga, lo que debe evitarse debidamente. Quinto.- Que, estando a las considerativas que anteceden, se verifica la relación causal entre los supuestos fácticos y jurídicos anotados para calificar positivamente la solicitud de la Representante del Ministerio Público, a fin de limitar el derecho fundamental de la libertad del investigado, habida cuenta que la conducta del investigado se encuentra subsumida en la previsión señalada en el artículo 261° del Código Procesal Penal, siendo la prognosis de la pena por el delito de Tráfico Ilícito de Drogas, mayor a cuatro años, ya que para la conducta tipificada en la norma antes indicada se contempla una pena no menor de ocho ni mayor de quince años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días multa e inhabilitación, desprendiéndose de los fundamentos fácticos que existe coherencia lógica en los hechos descritos, conducta o circunstancias con relevancia jurídica que motivan la evaluación del imputado; y compulsado con el juicio de valor producto del empleo de los principios de razonabilidad y de proporcionalidad; corresponde proceder con la urgencia a la que alude el numeral 3 del prenotado articulo 261°. Por estos fundamentos y, en observancia de los artículos 262° y 264° del Código Procesal Penal; RESUELVO: LA DETENCIÓN PRELIMINAR JUDICIAL por quince días de ALBERTO ALAYO CRUZ, nacido en el Distrito de Cochorco, Provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, el 08 de Agosto de 1968, de sexo masculino, actualmente de 38 años de edad, hijo de Lorenzo y Anita, con quinto año de primaria, con domicilio en el Barrio N° 1-A Alto Trujillo, Mz. W, lote 2, El Porvenir, a fin de que la Segunda Fiscalia Corporativa de Trujillo, continúe con las diligencias preliminares para establecer o no la responsabilidad del mismo, con relación al delito contra la Salud Pública en su figura de Tráfico Ilícito de Drogas, debiendo cursarse la comunicación correspondiente a la Autoridad Policial, anotándose las características señaladas en el artículo 3 o incisos a, b, c y h de la Ley de Procedimiento de Homonimia; con conocimiento de la “Defensoría de Oficio, para los fines consiguientes.- Notifíquese.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
199
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
7.- IMPROCEDENCIA DE DETENCION PRELIMINAR RESOLUCIÓN NUMERO UNO
Trujillo, seis de julio Del dos mil siete.AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha con el requerimiento fiscal de Detención Preliminar que antecede; Y CONSIDERANDO: Primero: Que, la doctora Silvia Lucía Chang Chang, Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo, solicita Mandato de Detención Preliminar contra Víctor Carlos Acevedo Chávez, Trujillo, sin embargo no adjunta elementos de convicción alguno que acredite los fundamentos de su requerimiento de detención preliminar; Segundo: Que, el artículo 203º, inciso 2º del Código Procesal Penal establece que deben existir suficientes elementos de convicción que permitan a la autoridad judicial disponer la medida solicitada; asimismo, el artículo 122º, inciso 5º de la norma anotada, precisa que los requerimientos deben estar motivados y estarán acompañados de los elementos de convicción que lo justifiquen. Tercero: Que, por otro lado tampoco se ha acreditado que el denunciado Víctor Carlos Acevedo Chávez haya sido citado oportunamente, y no haya concurrido, lo que permitiría colegir peligro de fuga. Por éstas consideraciones, SE RESUELVE: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de Requerimiento de Detención Preliminar solicitada por la doctora Silvia Lucía Chang Chang, Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Trujillo. NOTIFIQUESE conforme a ley.-
200
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA
1.
ACTOS CONTRA EL PUDOR EXPEDIENTE : 04565-2014-25-1601-JR-PE-05 JUECES : JORGE LUIS QUISPE LECCA (*)JUAN JULIO LUJAN CASTRO RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO ESPECIALISTA : GABRIELA QUIROZ IZQUIERDO MIN. PUBLICO : 3FPPCT DR ENRIQUE PORTOCARRERO TUESTA IMPUTADO : SAENZ ROJAS, LUIS ALBERTO DELITO : ACTOS CONTRA EL PUDOR. AGRAVIADO : S.C.S.CH. Resolución número : ONCE
SENTENCIA Trujillo, primero de febrero del año dos mil dieciséis Habiéndose llevado a cabo el juzgamiento en audiencia ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial integrado por los Señores Magistrados Raquel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro (quien intervino como ponente y Director de Debate); correspondiente al proceso penal seguido contra LUIS ALBERTO SAENZ ROJAS por el delito de actos contrarios al pudor, tipificado en la última parte del artículo 176-A con la agravante del último párrafo inc. 2 del Código Penal; en agravio de la menor de iniciales S.C.S.CH. el mencionado órgano jurisdiccional ha expedido la siguiente SENTENCIA: IDENTIFICACION DEL ACUSADO SAENZ ROJAS: Identificado con documento nacional de identidad número 17862009, nacido el treinta y uno de agosto de mil novecientos sesenta y dos, es conviviente, grado de instrucción secundaria completa, trabajaba como chofer y percibía dos mil soles mensuales, sin bienes propios ni antecedentes penales. PARTE EXPOSITIVA PRIMERO: HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE ACUSACION: Según lo expuesto por el representante del Ministerio Público la menor agraviada tiene su domicilio en la manzana “D” lote 18 “Nueva Florencia” del distrito de “Florencia de Mora” donde vive con su madre, la denunciante Gioconda Sabina Chu Arellano y otros familiares, siendo el caso que un mes anterior a la denuncia (registrada con fecha dos de mayo del dos mil catorce) su padre, el acusado Luis Alberto Sáenz Rojas, en la primera vez que estaba puesta un pantalón “panty” color negro, a horas 18:00 aproximadamente, le metió la mano en su parte íntima y al amanecer su madre encontró su “panty” rota; al día siguiente, en horas de la madrugada, nuevamente volvió a tocarle sus partes íntimas, e inclusive, conforme refiere la menor, le habría introducido su pene en su vagina, y en la noche nuevamente lo volvió a hacer y nuevamente le tocó sus partes íntimas. Al día siguiente, cuando estaba
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
203
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro durmiendo en su cama, el imputado se levantó y fue a la habitación de la menor y le arrinconó a la pared y nuevamente sacó su pene y lo puso en su vagina. Al día siguiente le pidió para que fueran al cuarto de su hermano y nuevamente la cogió y le puso su pene en su vagina y después la llevó a su sala y nuevamente le cogió sus partes íntimas y le dijo que si contaba lo sucedido ya no iba a regresar y se iba a quedar para siempre en su trabajo; refiriendo además la menor que estos hechos ocurrieron después de los feriados de “semana santa” y que fueron como en seis oportunidades y le compraba un chupetín y regalos para no le dijera a su madre. SEGUNDO: PRETENSION PENAL: Según el representante del Ministerio Público el acusado es autor del delito de actos contra el pudor tipificado en la última parte del artículo 176-A con la agravante del último párrafo inc. 2 del Código Penal (por ser padre biológico de la menor) por lo que solicitó que se le imponga la pena de diez años de privación de libertad. TERCERO: PRETENSION CIVIL: El representante fiscal solicitó que el monto de la reparación civil se fije en cinco mil soles a favor de la menor agraviada. CUARTO: PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: El señor abogado defensor del acusado expuso que la versión de la agraviada tiene muchas contradicciones y que ha sido manipulada para imputar a su padre. DERECHOS Y ADMISION DE CARGOS. De conformidad con el Art. 372 del Código Procesal Penal, el Juez director de debates, después de haber instruido de sus derechos al acusado le preguntó si admitía ser autor del delito materia de acusación y responsable de la reparación civil; ante lo cual, previa consulta con su abogado defensor contestó que no aceptaba la responsabilidad penal. ACTUACION PROBATORIA EN JUICIO ORAL PERITO DANTE FAUSTINO GORDILLO FERNANDEZ: Dijo haber examinado a la menor agraviada de iniciales S.C.S.CH. y es autor del certificado médico legal N° 006468-CLS en el que concluyó: “No presenta lesiones traumáticas recientes paragenitales ni extragenitales; himen sin desfloración; vulvitis aguda por probables hongos, ano sin signos de acto contra natura; clínicamente con edad aproximada de siete años” DECLARACIÓN DE GIOCONDA SABINA CHU ARELLANO: Es madre de la menor agraviada y el acusado es padre de sus dos hijos, lo conoce desde el año mil novecientos noventa y nueve, sí convivió con él seis años en “Nuevo Florencia” en la casa de ella. Un día, la última semana de abril del dos mil catorce, a la hora del almuerzo, notó a su hija triste, pensativa, le preguntó qué le pasaba y ella le dijo que le iba a contar pero que no le diga a su papá, le dijo que él le tocaba sus partes íntimas en la cama, que cuando fueron a la Plaza de Huanchaquito le quitó su ropa de baño y le metió la mano y cuando se quedaban solos en la casa le hacía lo mismo, le decía que no cuente sino se iría de la casa. También le dijo que él le ofrecía comprar dulces y yogurt y traerle ropa de Lima. Se fue a la
204
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA Comisaría a poner una denuncia, fue un día jueves, al siguiente día que su hija le contó. Estos hechos ocurrieron cuando ellos convivían. Posterior a la denuncia él se ausentó y después llamó por teléfono y le dijo que le pase el teléfono a su hija, ella le respondió que no le iba a pasar porque estaba durmiendo, le dijo que ya no regrese a la casa, luego la llamó diciendo que ya se había enterado que lo denunciaron, pero ya no regresó a la casa. La “panty” de su hija estaba rota y le dijo que su papá la había roto para manosearla. Su hija le dijo que su hermano no le hizo nada, que fue su papá; la niña dormía compartiendo la habitación con su hermano y ella dormía en una habitación contigua. Cuando fue a lavar la “panty” se dio cuenta que estaba rota; no denunció inmediatamente porque primero conversó con su madre, no tenía problemas con él en ese momento. Sí sabía que él tenía otros hijos y no tuvieron problemas. PERITO GIULIANA ELAINE GUTIERREZ MELENDEZ: Dijo haber evaluado a la menor agraviada S.C.S.CH. se le puso a la vista el protocolo de pericia psicológica N° 006480-2014-PSC, que lo reconoció y dijo que después de entrevistar a la menor concluyó que presentaba:“ clínicamente nivel de conciencia en desarrollo, acorde a su edad cronológica, logra entender su realidad; personalidad en proceso de estructuración; problemas emocionales (sintomatología ansiosa depresiva) asociados a experiencias de abuso sexual. En cuanto a la dinámica familiar: familia desintegrada y con disfuncionalidad previa; requiere apoyo psicoterapéutico y acompañamiento al proceso. DECLARACION DE LA MENOR AGRAVIADA S.C.S.CH: Dijo que está en segundo año, vive con su mamá, su abuelita y su hermano. Su papá se llama Luis Alberto Rojas, él ya no está en su casa desde el año dos mil catorce, no lo extraña, no siente nada por él. Su papá le hacía daño, le tocaba sus partes íntimas (señala su vagina con su mano). Dijo que la primera vez que su padre le hizo tocamientos indebidos fue cuando estaba en el segundo piso y su mamá estaba cocinando; su papá rompió la “panty” con su mano, él quería que ella use falda pero ella no quería. Le contó a su mamá que sólo su papá le ha hecho eso y nadie más, no recuerda cuando le contó a su mamá pero fue en la cocina, en horas de la tarde que estaban comiendo. Dijo que seis veces le tocó su papá y su mamá nunca lo vio. En su colegio va bien, tiene notas altas, ha repetido el año porque se ponía muy mal. DECLARACIÓN DEL ACUSADO LUIS ALBERTO SAENZ ROJAS: Tiene cincuenta y tres años de edad, es conductor de vehículo, antes de ser detenido vivía en “Florencia de Mora” con la señora Gioconda, sus hijos y la mamá de la señora. Por su trabajo se ausentaba quince días, una semana, llegaba solo en la noche y se iba al día siguiente. Era una “convivencia seria”, pero con el tiempo se malogró su relación. Tiene su esposa en Laredo con tres hijos, además tiene hijos mayores en el extranjero. La señora Gioconda sí sabía que tenía otros hijos por ese
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
205
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro lado venían los problemas y amenazas. Con sus hijos se llevaba bien, de maravilla; solo una vez su hija Sovieska le dijo que “Gonzalo” le bajaba su calzoncito y quería jugar al papá y la mamá. Le dijo a la señora que la lleve al doctor, pero nunca la llevó. La niña le dijo que a su mamá la vió con un señor desnuda; fue así como descubrió que ella le era infiel y tuvieron problemas, ella lo celaba, una vez le encontró con semen en su vagina y le reclamó, optó por retirarse de la casa y ella se puso a llorar. Luego que se fue de la casa llamó, ella le contestó toda “brava” que lo iba a denunciar para que se pudra en la cárcel; lo han denunciado por venganza por lo que la ha dejado a ella. PARTE CONSIDERATIVA QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO (Calificación Penal) Calificación legal del hecho cometido.- De acuerdo con los términos de la acusación fiscal el delito cometido por el acusado se encuentra previsto y sancionado en el artículo 176-A del Código Penal, en concordancia con el último párrafo del mismo artículo que textualmente establece: “El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo ó tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 2. Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor de nueve años. Si la víctima se encuentra en algunas de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173 ó el acto tiene un carácter degradante ó produce grave daño en la salud, física o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertad”. El bien jurídico tutelado en los delitos contenidos en el Capítulo IX del Título IV del Libro Segundo del Código Penal está constituído por la libertad sexual de un hombre ó una mujer; entendiéndose que en el caso de los actos contrarios al pudor se trata de tocamientos que en forma dolosa realiza el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo, con el fin de satisfacer su apetito sexual. Tratándose de menores el bien jurídico protegido no es propiamente la libertad sexual sino la indemnidad sexual pues se trata de personas que no están en condiciones de ejercitar libremente su sexualidad, la misma que debe ser respetada y protegida jurídicamente. SEXTO: HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS (Apreciación razonada delos medios de prueba actuados) 1)
206
Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, dentro de un proceso regular, decisión que debe estar basada en suficiente actividad probatoria de cargo en virtud de la cual
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA se le pueda considerar responsable más allá de cualquier duda razonable conforme al literal “e” del inciso 24 del artículo segundo de la Constitución Política. El aporte probatorio de la parte acusadora debe ser de tal magnitud que el órgano jurisdiccional quede convencido en forma irrefutable respecto de la responsabilidad penal. 2)
En la audiencia de juzgamiento se han actuado como medios de prueba de cargo, además de las declaraciones de los peritos, los testimonios de la menor agraviada y de su señora madre. En el caso de la testimonial de doña Gioconda Sabina Chu Arellano solamente ha brindado información referencial respecto del hecho central que se imputa al acusado, es decir, la versión que a ella le narró su hija. La narración respecto de la cual el órgano jurisdiccional debe desplegar mayor evaluación y análisis es precisamente la que corresponde a esta menor de iniciales S.C.S.CH. y se debe merituar teniendo en cuenta los criterios establecidos en el Acuerdo Plenario número 02 del año dos mil cinco.
3) Con respecto a las declaraciones de los peritos el colegiado las tomará en cuenta y analizará convenientemente en la medida que puedan operar como elementos corroborativos de la prueba central que en procesos de esta naturaleza está constituída por la declaración de la agraviada. En este orden de ideas, corresponde evaluar si la sindicación formulada por la menor reúne los requisitos necesarios para enervar el derecho a la presunción de inocencia que le asiste al acusado Sáenz Rojas de acuerdo con el criterio del mencionado Pleno Jurisdiccional de fecha treinta de Setiembre del año dos mil cinco, en que los señores magistrados de la Sala Penal Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la República establecieron que tratándose de las declaraciones de una agraviada, aún cuando sea el único testigo de los hechos, tiene entidad para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza de conformidad con el Acuerdo Plenario número 022005-CJ-116, son las siguientes:
4)
a)
Ausencia de incredibilidad subjetiva. Es decir, que no existan relaciones entre agraviada e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la declaración, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza.
b)
Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria; y
c)
Persistencia en la incriminación.
Durante el juzgamiento no se han actuado medios probatorios que acrediten la existencia de incredibilidad subjetiva; es decir de motivos fundados basados en enemistad ó resentimiento por los cuales la menor agraviada haya sido
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
207
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro capaz de sostener una sindicación falsa en contra de su progenitor. Si bien es cierto el acusado al momento de formular su declaración afirmó que con la madre de la menor tenían una “convivencia seria” y que su relación “se malogró” con el tiempo porque ella llegó a tener conocimiento que él tenía otros hijos, se trata de afirmaciones no demostradas durante la audiencia. Además no se ha actuado prueba que acredite fehacientemente que entre el acusado y la madre de la menor hayan surgido desavenencias debido a que ella le fue infiel. Se trata de afirmaciones del acusado respecto de las que no se ha actuado ninguna prueba. 5)
En cuanto a la verosimilitud del relato brindado por la menor agraviada el juzgado colegiado debe tener en cuenta que si bien es cierto durante su declaración en juicio ella ha efectuado una sindicación directa en contra del acusado su versión debe ser cuidadosamente merituada a efecto de determinar si reúne esta exigencia relacionada con la coherencia y consistencia que la narración debe exhibir para ser capaz de crear convicción. En este orden de ideas el órgano jurisdiccional colegiado a cargo de expedir la presente sentencia debe considerar que al momento de formular su declaración la menor dijo que su padre le había efectuado tocamientos indebidos “en seis oportunidades” y que su mamá “nunca lo vió”; circunstancia que no se condice con la versión que la misma menor proporcionó a la perito psicóloga Giuliana Gutiérrez Meléndez a quien en la entrevista de fecha veintitrés de mayo del año dos mil catorce le contó que su padre la “paraba manoseando a cada rato” y que su madre “lo perdonó la primera vez y de allí, también lo perdonó, se disculparon y a la tercera vez lo perdonó también”. Debe destacarse que respecto de esta circunstancia la señora Gioconda Sabina Chu Arellano (madre de la agraviada) no ha sido interrogada y además resulta evidente que la menor no ha relatado un hecho cierto al mencionar que su madre “perdonó” hasta en tres oportunidades a su padre por los tocamientos indebidos en su agravio.
La señora perito refirió que si la menor hizo su narración en esos términos es porque “así lo percibió”; sin embargo, a criterio del órgano jurisdiccional la versión de la menor pierde consistencia y credibilidad al haber sostenido ante la mencionada perito una circunstancia que resulta no solamente inverosímil sino también increíble que incluso involucraría a la señora Gioconda Sabina Chu Arellano como partícipe del hecho delictivo denunciado.
6)
El colegiado también debe verificar si en el caso materia de pronunciamiento existen elementos periféricos que corroboren la imputación de la menor y en este sentido se debe merituar si las declaraciones de la madre o las de los señores peritos constituyen dichos elementos periféricos corroborantes de carácter objetivo en virtud de los cuales la declaración sea idónea para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al acusado.
En este sentido, la declaración de doña Gioconda Sabina Chu Arellano carece de dicha fuerza corroborativa puesto que la información que dicha testigo ha
208
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA proporcionado proviene directamente de la misma menor agraviada, por lo que no reúne esta condición ó requisito fundamental que es el de originarse en una fuente extraña a la propia agraviada. Con el mismo criterio, las declaraciones de los señores peritos médico y psicóloga tampoco tienen cualidades adecuadas para ser consideradas como prueba periférica. 7)
Durante su alegato final el señor representante del Ministerio Público hizo referencia a los requisitos que establece el Acuerdo Plenario número 02-2005; sin embargo omitió mencionar cuál sería a su juicio el medio de prueba que de manera periférica corroboraría la imputación de la menor agraviada, por lo que de conformidad con los fundamentos que anteceden, a criterio del órgano jurisdiccional colegiado, en el presente caso los medios de prueba actuados son insuficientes para expedir sentencia condenatoria ya que no concurren los requisitos que exige el mencionado Acuerdo Plenario y por lo tanto carecen de eficacia para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al acusado.
SETIMO: COSTAS: Conforme a lo regulado en el artículo 497 del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal o la que resuelva un incidente de ejecución establecerá quien debe soportar las costas del proceso y el órgano jurisdiccional debe pronunciarse de oficio y motivadamente sobre su pago. El inciso tercero del indicado numeral señala que las costas serán de cargo del vencido pero el órgano jurisdiccional puede eximirlo, total o parcialmente, cuando hayan existido razones serias y fundadas para promover o intervenir en el proceso. En el caso que ha sido materia de juzgamiento, no se puede imponer el pago de las costas al representante del Ministerio Público por expreso mandato del artículo 499.1 del Código Procesal Penal. PARTE RESOLUTIVA POR ESTAS CONSIDERACIONES, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo integrado por los Señores Magistrados Raquel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro; de conformidad con lo regulado en el artículo 176-A del Código Penal concordante con los artículos 394, 395 y 398 del Código Procesal Penal; y con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú: ABSUELVE a LUIS ALBERTO SAENZ ROJAS de la acusación fiscal como autor de delito de actos contrarios al pudor en agravio de la menor con iniciales S.C.S.CH. y consentida ó ejecutoriada que quede la presente resolución ARCHIVENSE los actuados en el modo y forma de ley inscribiéndose la sentencia en el registro correspondiente, dejándose sin efecto cualquier medida cautelar personal ó real que se hubiese dispuesto en contra del acusado. Sin costas.- - - - - - LOPEZ PATIÑO QUISPE LECCA LUJAN CASTRO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
209
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
2. ASESINATO EXPEDIENTE : 04578-2015-19-1601-JR-PE-02 JUECES : JORGE LUIS QUISPE LECCA (*)JUAN JULIO LUJAN CASTRO RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO ESPECIALISTA : CESAR ADRIAN HARO MENDEZ IMPUTADO : CHUQUIRUNA MENDOZA, AXEL JAIR ENRIQUE DELITO : ASESINATO DE LUCIO SOLEDAD, LUIS GUILLERMO DELITO : ASESINATO AGRAVIADO : ALFARO QUIROZ, VICTOR ALBERTOSUCESION Resolución número : VEINTISIETE
SENTENCIA Trujillo, diecisiete de marzo del año dos mil dieciséis Habiéndose llevado a cabo el juzgamiento en acto público ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo integrado por los señores magistrados Raquel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro (Director de Debate); correspondiente al proceso seguido contra los acusados AXEL JAIR ENRIQUE CHUQUIRUNA MENDOZA (autor material) y LUIS GUILLERMO DE LUCIO SOLEDAD (instigador) por delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado (con la agravante de lucro) a que se refiere el inciso primero del artículo 108 del Código Penal en agravio de Víctor Alberto Quiroz Alfaro; el mencionado órgano jurisdiccional ha expedido la siguiente SENTENCIA: IDENTIFICACION DEL ACUSADO CHUQUIRUNA MENDOZA: Sexo masculino, con documento nacional de identidad número 47865278, actualmente interno en el establecimiento Penal “El Milagro” de Trujillo, nació el diecisiete de agosto del año mil novecientos noventa y tres en Trujillo, tiene veintidós años de edad, es hijo de Rubén y Patricia, grado de instrucción secundaria completa, estado civil soltero, dice ser estudiante, sin bienes propios y carecer de antecedentes penales. IDENTIFICACION DEL ACUSADO DE LUCIO SOLEDAD: Sexo masculino, con documento nacional de identidad número 46479335, actualmente interno en el establecimiento Penal “Picsi” de Chiclayo, nació el veintiséis de mayo del año mil novecientos ochenta y nueve en Chepén, tiene veintiséis años de edad, es hijo de Luis y Nancy, grado de instrucción secundaria completa, es conviviente y tiene una hija, trabajaba de mecánico industrial y percibía ciento sesenta soles semanales, sin bienes propios y dice carecer de antecedentes penales.
210
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA PRIMERO: HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE ACUSACION: Conforme a la teoría del caso propuesta por el representante del Ministerio Público, se imputa el acusado Chuquiruna Mendoza haber matado de un disparo a Víctor Alberto Quiroz Alfaro. Los hechos sucedieron el día dos de julio del año dos mil trece a las 20:00 horas aproximadamente, siendo que el móvil de dicha muerte habría sido por lucro (sicariato) dado que el mencionado imputado habría sido contratado por su coacusado Luis Guillermo de Lucio Soledad para victimar al agraviado. Precisa que los hechos han acontecido en los exteriores del local comercial “Comercializadora Aníbal Quiroz C.I.A.” de propiedad del occiso cuando éste se retiraba del citado local. El día en que ocurrió el hecho delictivo, se le comunicó a personal de la DEPINCRI-Chepén el ingreso de una persona herida por proyectil de arma de fuego al Hospital de Apoyo de Chepén, verificándose que el herido era Víctor Aníbal Quiroz Alfaro quien según diagnóstico médico presentaba herida por proyectil de arma de fuego en el tórax con entrada y salida; razón por la cual fue derivado al Hospital “Las Mercedes” de Chiclayo. Según las primeras investigaciones que se efectuaron, el autor material del disparo que acabó con la vida del occiso habría sido el acusado Chuquiruna Mendoza quien al ser detenido confesó su responsabilidad y además informó que para ejecutar este delito había sido contratado por su co acusado de Lucio Soledad. En tal sentido el Ministerio Público imputa a Chuquiruna Mendoza como autor material y a De Lucio Soledad como instigador del homicidio calificado en agravio del occiso Víctor Aníbal Quiroz Alfaro. SEGUNDO: PRETENSION PENAL.- El representante del Ministerio Público sostuvo que los acusados son autores del delito de homicidio calificado previsto en el inciso primero del artículo 108 del Código Penal y consecuentemente solicitó que al acusado Chuquiruna Mendoza (autor material) y a De Lucio Soledad (instigador) se les impongan once y quince años de privación de libertad respectivamente para cada uno TERCERO: PRETENSION CIVIL.- El señor abogado de la parte agraviada, constituída como actor civil, solicitó que por concepto de reparación civil se imponga a los acusados la obligación de pagar solidariamente la suma de S/. 300,000.00.(trescientos mil soles) a favor de los herederos legales del occiso. CUARTO: PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO DE LUCIO SOLEDAD.- El señor abogado del acusado De Lucio Soledad expuso su alegato preliminar indicando que la imputación no será probada pues su defendido no contrató ni conoce al autor material del delito. Su patrocinado fue persuadido para proporcionar información que conocía porque Chepén es un pueblo chico, a él también se lo habían comentado. Finalmente dijo que contra su defendido solamente existe la declaración de su coacusado. GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
211
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO CHUQUIRUNA MENDOZA.- El señor abogado del acusado Chuquiruna Mendoza expuso su alegato preliminar indicando que su defendido acepta los cargos pero no está de acuerdo con el monto de la reparación civil ya que no cuenta con recursos económicos. DERECHOS Y ADMISION DE CARGOS. De conformidad con el Art. 372 del Código Procesal Penal, después de haber instruído de sus derechos a los acusados se les preguntó si admitían ser autores del delito de homicidio calificado y responsables del pago de la reparación civil; ante lo cual previa consulta con sus respectivos abogados defensores, el acusado De Lucio Soledad contestó negativamente, por lo que se continuó con el desarrollo de la audiencia de juzgamiento. ACTUACION PROBATORIA EN JUICIO ORAL Se consignan a continuación las actuaciones probatorias realizadas durante la audiencia de juzgamiento destacando los aspectos más relevantes de las mismas, en base a los cuales se ha formado la convicción del órgano jurisdiccional: ACUSADO CHUQUIRUNA MENDOZA: Dijo que sí conoce a su co acusado De Lucio Soledad, desde el día que ocurrieron los hechos; un conocido “Pirula” conocía a un tal “Coche”, este último estaba vinculado al mundo delictivo. “Pirula” lo conectó con “coche” para hacer un “trabajo” en el valle. “Pirula” le presentó a “coche” éste último le conversó sobre el “trabajo” que era como un amedrentamiento ó extorsión. Le iban a pagar S/.5,000.00.- luego llega a contactarse con De Lucio, “coche” le dio su número. De Lucio lo resultó llamando, y le conversó sobre el “trabajo”; viajó y él lo recibió en el terminal de Chepén, le conversó sobre el “trabajo” que era un amedrentamiento y que le iba a pagar, lo llevó a almorzar y luego lo llevaría a enseñarle el lugar que era una tienda; luego lo llevo a que deje sus cosas. En la noche le dio las características de la persona (occiso). Se le puso a la vista su declaración anterior, reconoció su firma. En la pregunta cuatro dijo que “Pirula” le habló sobre un “quiebre” y que él le proporcionó el arma de fuego, el mototaxista se la entregó pero fue enviado por De Lucio. De Lucio lo llamó diciendo que le iba a enviar el arma con el chofer y que él le iba a dar las características del occiso y el mismo lo iba a “sacar” del lugar. El taxista lo llevó, el “marcó” la zona, entró incluso a la tienda, no lo vió; al occiso lo vio cuando cerraban el negocio, lo estaban esperando dentro de la moto. El mototaxista le indicó quien era el agraviado. En el negocio había un “guachimán”. Cuando el agraviado salió se acercó a él (el mototaxista le dijo él es) el señor se percató y se acercó como si supiera que iba a atentar contra él, el señor lo cogió del brazo izquierdo, forcejearon y se produjo el disparo, luego del disparo el señor lo soltó, él corrió y el señor lo siguió pero logró escapar. El mototaxista lo llevó a una casa humilde, allí lo dejo, se puso a llamar a De Lucio para que alguien venga a recogerlo. De Lucio vino, le hizo cambiar de polo,
212
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA lo llevó al paradero y le entregó el arma. De Lucio le dió sólo quinientos soles; tuvo un intercambio de palabras con él porque su intención no era herir a la persona y se lo dijo a De Lucio. Al único que conoce en Chepén es a De Lucio, “Coche” se lo presentó. De Lucio le dijo que viaje a Chepén y viajó al siguiente día, le dio las indicaciones, él lo esperaba en una mototaxi. Cuando fueron a comer le dió seiscientos soles pero habían quedado que le pagaría cinco mil. De Lucio dijo que los seiscientos eran sólo para viáticos, comieron y lo dejó en el hotel pero estaban en constante comunicación. A las 6:00 p.m. vino a recogerlo, salieron, lo llevó a un lugar donde estaban jugando casino y le indicó que mate a una persona (le dijo como estaba vestido) era un señor de promedio cuarenta años pero después le dijo que mejor no porque estaba con sus guardespaldas. Luego lo llevó a una plazuela y de allí a una discoteca, eran como las 7:00 p.m. Allí lo dejó con unos amigos que se los presentó; se fue y le dijo que espere su llamada. A los veinte minutos volvió a llamarlo y le dijo que iba a matar a otra persona, no le dijo a quién y lo llevó al lugar donde iban a cometer el hecho, era frente a una “plazuelita”; le indicó el local y se fue. Se quedó con el mototaxista. Entró al local y no lo vió al señor que tenía que matar, salió y se regresó en la moto. No pudo matarlo, la pistola se la dio De Lucio en el hotel. Lo esperó una media hora, vio que cerraron la puerta, esperó que salgan los trabajadores; el señor salió al último. El mototaxista le dijo “ él es”; se acercó hacia él hasta unos tres metros y el señor se dio cuenta y se acercó, allí le hizo un disparo, corrió a la moto y fugaron. El mototaxista lo dejó fuera de una casa (con el arma) y se fue. Lo llamó a De Lucio, se metió en la mototaxi que estaba estacionada. Cuando De Lucio contestó le dijo que estaba yendo para allá. Se le puso a la vista su declaración de fecha veintiséis de agosto del año dos mil trece, reconoció su firma. Dijo que en esa oportunidad dijo que De Lucio le pagaría menos porque sólo era para que lo “asuste” al agraviado pero la verdad es que quería matarlo. De Lucio es alto, cabello corto, blanco, tiene un tatuaje en el brazo. Se le hizo saber que en su anterior declaración dijo que De Lucio lo llevó a su casa pero eso es falso ya que De Lucio le dio el arma en el hotel, no es cierto que se la dio el chofer de la moto. Dijo que se regresó solo al paradero luego de discutir en la casa de De Lucio DECLARACIÓN DE KARLA LILIANA MORI YENQUE: El occiso fue su esposo, eran casados. El dos de julio del año dos mil trece eran como las 5:00 p.m. Se esposo la llamó y le dijo que vaya con su hija a la tienda. A las 6:30 llegó y se puso a conversar con una empleada de nombre Julia, ella le contaba lo que hacía su esposo, se subió al carro ella le comenzó a contar. A eso de las 8:00 pm escuchó un cohete y un silbo de su esposo, bajó del carro, él venía corriendo, también vio un chico de talla mediana. Esa mañana él llegó a las 11:00 a la casa, se sentó en el baño, le dijo que estaba molesto porque en el banco se encontró con De Lucio, “Culebra”
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
213
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro y “Marvin” que lo amenazaban para que deje los terrenos. De Lucio es conocido como un bandido que andaba en cosas malas. De Lucio fue el que lo incentivó a su esposo a comprar el terreno. El llegó a pedir trabajo a su esposo, trabajó dos o tres meses haciendo “mandados”. Reconoció las vistas fotográficas del terreno, no sabe quién lo tiene en posesión actualmente pero sí sabe que a De Lucio lo capturaron allí con un arma de fuego porque lo estaba enseñando para venderlo. Sí entregó unos documentos a la policía que los encontró en la caja fuerte de la empresa, entre esos documentos había una fotocopia del DNI de De Lucio; también encontró unos vouchers de dinero que su esposo le depositó a De Lucio y a Alfonso Chumacero por intermedio de “Western Union”. Su esposo le dijo que el terreno lo adquirió hace bastante tiempo, tenía un certificado de posesión. En los días previos también le contó que tuvo otros incidentes con De Lucio y otro sujeto, que lo amenazaron para que lo “suelte” el terreno. A veces llegaba de Lucio con otras personas al negocio y le pedían plata a su esposo, él les daba. Su empresa tenía un ingreso mensual de doscientos o trescientos mil soles. A Alfonso Chumacero lo criaron desde chiquito, llegó a su casa a los doce años, lo criaron en su casa, él le dijo que a “Don Beto” (su esposo) lo paraba amenazando un tal “Yoki”. No sabe si otras personas hayan amenazado a su esposo. Se le hizo reconocer su declaración previa en la que dijo que por el momento no sabe quién ni porqué atentaron contra su esposo, incluso mencionó un posible romance que su esposo tenía con la esposa de un amigo y una aventura que tiene con una chica de Chiclayo. Dijo que eso le contaron como chismes pero nunca lo comprobó. En la pregunta número cinco dijo que hace años “Yoki” De Lucio trabajaba como seguridad del terreno pero que realmente no fue seguridad. DECLARACIÓN DE MARCO RAFAEL RODRIGO VERASTEGUI: Es de Chepén, vive allí, siempre ha vivido allí. Si conoció al occiso, fue contador de las empresas y él las administraba, estaban al día, generaban ganancias, era una empresa exitosa, una sociedad familiar conformada por tres hermanos y la mamá. El occiso percibía un sueldo en planilla; su esposa se llama Karla Mori, tenían una hija de ocho años. El día de los hechos estaban en una reunión laboral, eran como las 8:00 p.m. aproximadamente. Los hechos pasaron a los cinco ó seis minutos que él se retiró. Se regresó y vio que el occiso venía, lo auxilió. El occiso no le dijo nada. La empresa no había comprado terrenos, no sabe si él personalmente había comprado terrenos. El agraviado nunca le dijo que haya tenido problemas con De Lucio por deudas, terrenos o amenazas. Con el occiso solo tuvieron vínculo laboral, la empresa si tuvo un juicio por despido arbitrario con un ex trabajador “Rojas”. A De Lucio lo veía esporádicamente, iba a la tienda pero no sabe para qué.
214
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA DECLARACIÓN DE RUBEN VARGAS CABANILLAS: Es el más antiguo trabajador de la empresa “Productos Lucero”; eran socios el señor Quiroz Alfaro con sus hermanos. El finado estaba a cargo de la empresa y de otra más. Esa empresa fabricaba tintes, vendían a nivel nacional. El día y hora de los hechos él estaba en su domicilio. No sabe si el occiso tenía terreno para destinarlos a la agricultura. Si lo veía a De Lucio llegar esporádicamente al negocio del finado, nunca los vió discutir. Sí conoce a Alfonso Chumacero, trabajador de la “comercializadora” no sabe sí tenía amistad con el finado, sí conoce el Cerro Prieto pero no sabe si allí se vendían terrenos, sí dio una declaración anterior, se la pusieron a la vista; reconoció su firma en todas las páginas. Leyó la pregunta nueve y en su respuesta dijo que escuchó “por versiones de algunas gentes” que el señor sí tenía terrenos en el “Cerro Prieto” pero no escuchó si tenía problemas con alguna gente por esos terrenos. En la pregunta diez dijo que una persona alta y delgada iba a la tienda a cobrarle por los trabajos que hacía en sus terrenos, era alto, delgado, medio moreno. La gente decía que al señor lo mataron por un problema de terrenos. Cuando se retiró a su casa pasó por la “esquina de la cuchilla”, pero no lo vió a De Lucio. El finado no contrató personal de seguridad pero en la tienda si tenía un vigilante. DECLARACIÓN DE ASUNCION RIOS ESQUEN: Vive en Mocupe, fue presidente de la Comunidad Campesina; muy poco va a Chepén, no lo conoció al occiso ni sabe a qué se dedicaba. De Lucio llegó a su taller de carpintería en una oportunidad, dijo que el señor Quiroz tenía un área de terreno en una pampa en Mocupe y que le diera dinero S/.100.00.- para poner gente porque esos terrenos le pertenecían. El Sr. Quiroz había solicitado ciento diez hectáreas de terreno, esto le dijo De Lucio pero que él los estaba administrando. De Lucio le dijo “volveré” amenazante, estaba con dos personas que se quedaron en la puerta del taller y en la calle esperando. El le respondió que ya no era Presidente de la Comunidad y que eso lo solucione con el actual Presidente. En el año 1,996 le incendiaron su local y su documentación; desconoce si se adulteró la posesión a nombre de otra persona pero sí sabe que apareció otro documento por 400 hectáreas a favor del Sr. Quiroz; no vio el documento pero un comunero le contó y le hizo llegar por medio de la comunidad, el no entregó el documento, le falsificaron su firma y lo denunció. ACUSADO LUIS GUILLERMO DE LUCIO SOLEDAD: Ha vivido en Chepén los últimos quince años, con su esposa y su abuelo. Se ha dedicado a varios trabajos y seis años como seguridad del Sr. Víctor Quiroz Alfaro. Al occiso lo conoció por medio de su tío Segundo Barrios Soledad. Sí conoce a la señora Karla Liliana Mori, es esposa del Sr. Quiroz, trabajó seis años con él y le pagaban quinientos soles semanales, también le ayudaba a hacer compras en su tienda y en seguridad de su terreno, viajaban a distintos lugares con distintas chicas que salían con él. Él le dijo en varias oportunidades que recibía amenazas de muerte. Cuidaba su terreno
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
215
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro en “Pampa de la Sandía”, pusieron cerca de plantines. Acompañó al occiso a ver a Ruperto Valdez (Presidente de la Comunidad Campesina) y al Sr. Ríos Esquén. En una oportunidad fue a ver solo al Sr. Ríos Esquén porque el finado le envió a pedir apoyo pues una señora lo estaba invadiendo. En una oportunidad le entregó nueve mil soles al Sr. Asunción para que retire una denuncia en contra del occiso. Sí lo detuvieron en la “Pampa de la Sandía” lo acusaron de tenencia ilegal de arma de fuego por cuyo caso fue absuelto. El dos de julio en la tarde estuvo con sus familiares, y también con el occiso y lo llamó el finado para que recoja unos documentos de la Notaría “Merino” tenía buena relación con él. Cuando se enteró del hecho delictivo estaba en la casa de su abuelo. En una declaración dijo que no sabía sobre las circunstancias de la muerte. En una segunda declaración dijo que sí sabía y suministró los pormenores y el nombre del sicario. En su segunda declaración se sintió más protegido porque se comunicó con un grupo de policías que vinieron de Trujillo y por el doctor William Rabanal. El Doctor le dijo que le brinde información sobre la banda “Los ángeles negros” En su declaración previa del nueve de agosto del año dos mil trece dijo que estaba en frente de la tienda y vió el hecho. Dijo eso porque el Dr. Rabanal le pidió que declare así, que lo apoyó en este caso. Nunca amenazó al Sr. Quiroz Alfaro. Eran amigos. Después del crimen lo vio a Chuquiruna en una discoteca con un tal “Piru” unos catorce días después de la muerte del Señor Quiroz. A Axel Chuquiruna siempre lo veía que paraba con “Piru” en Chepén. ORALIZACION DE DOCUMENTOS: Se procedió a oralizar los medios probatorios documentales ofrecidos por las partes, resaltando cada una a su turno el significado probatorio que consideró útil para su teoría del caso. QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO.- (Calificación penal) De acuerdo con los términos de la acusación fiscal el delito cometido por los acusados se encuentra previsto y sancionado en el inciso primero del artículo 108 del Código Penal que textualmente establece: “Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes:
216
1)
Por ferocidad, por lucro ó por placer;
2)
Para facilitar u ocultar otro delito;
3)
con gran crueldad ó alevosía;
4)
Por fuego, explosión, veneno ó por cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida ó salud de otras personas;
5)
Si la víctima es miembro de la Policía Nacional del Perú ó de las Fuerzas Armadas, Magistrado del Poder Judicial ó del Ministerio Público, en el cumplimiento de sus funciones.” ; verificándose que se trata de un tipo
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA penal que protege el bien jurídico vida humana en forma especial puesto que ha previsto una pena de mayor gravedad (respecto del delito de homicidio simple) para aquél que en forma consciente atente contra la vida de un ser humano y concurra cualquiera de las hipótesis fácticas previstas en los cinco incisos del mencionado numeral. El bien jurídico tutelado en este tipo penal es la vida humana, agravándose la penalidad en atención a la verificación de alguna de las circunstancias establecidas en la norma, en el caso, la agravante que el Ministerio Público invoca es la de lucro. SEXTO: HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS (Apreciación razonada de los medios de prueba actuados) 1)
La audiencia de juzgamiento se ha llevado a cabo con todas las garantías propias del nuevo ordenamiento procesal penal. Se han recibido las declaraciones de los diferentes testigos que han ofrecido las partes, así como también de los señores peritos, y teniendo en cuenta que son dos las personas acusadas por este delito el colegiado debe pronunciarse separadamente a fin de determinar su responsabilidad penal en cada caso.
2)
Conforme al literal “e” del inciso 24 del artículo segundo de la Constitución Política toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Dicha declaración de responsabilidad debe producirse dentro de un proceso regular, decisión que debe estar basada en suficiente actividad probatoria de cargo en virtud de la cual se le pueda considerar responsable más allá de cualquier duda razonable. En este sentido el aporte probatorio de la parte acusadora debe ser de tal magnitud que el órgano jurisdiccional quede convencido de manera absoluta y en forma irrefutable respecto de la responsabilidad penal.
En el caso materia de la presente sentencia, la materialidad de los hechos que constituyen el delito de homicidio ha sido acreditada fehacientemente pues si bien es cierto el señor perito médico legista José Ricardo Haro Varas no ha rendido declaración en juicio, las partes arribaron a una convención probatoria respecto del contenido del Informe Pericial de Necropsia suscrito por dicho perito, esto es, se dio como un hecho acreditado la conclusión de dicho documento en el sentido que el occiso Víctor Alberto Quiroz Alfaro falleció el día dos de julio del año dos mil trece por shock cardiogénico y taponamiento cardiaco por laceración cardiovascular como consecuencia de traumatismo toracoabdominal perforante por proyectil de arma de fuego.
3)
Para determinar si al acusado Axel Chuquiruna Mendoza le alcanza responsabilidad penal por el delito que se le imputa se debe tener en cuenta que este acusado ha sido incriminado por el Ministerio Público como autor directo del disparo que acabó con la vida del occiso Quiroz Alfaro, imputación que
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
217
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro ha sido admitida desde un primer momento por el mencionado Chuquiruna Mendoza quien al momento de rendir su declaración en juicio, de manera voluntaria y espontánea, en presencia de su abogado defensor y no obstante haber sido advertido de su derecho a guardar silencio, no solamente admitió su responsabilidad sino que también relató detalladamente las circunstancias en que cometió el homicidio en agravio del occiso Quiroz Alfaro, debiendo resaltarse que la declaración del mencionado acusado se prolongó y fue necesario llevarla a cabo en dos sesiones de audiencia y en ambas el acusado reiteró espontáneamente su aceptación de responsabilidad respecto del delito que se le imputa.
De lo expuesto se infiere entonces que la aceptación de responsabilidad que ha efectuado el acusado Chuquiruna Mendoza no solamente la ha formulado al momento de brindar su declaración sino a lo largo de todas las oportunidades en que ha debido hacer uso de la palabra e incluso en su autodefensa material no sólo reiteró su autosindicación sino también pidió disculpas a los familiares del occiso agraviado por el atentado contra su vida.
4)
El órgano jurisdiccional colegiado debe destacar sin embargo que el reconocimiento de responsabilidad por parte del acusado Chuquiruna Mendoza por sí solo no es el único elemento de prueba que se está teniendo en cuenta para alcanzar el grado de convicción necesario a fin de expedir sentencia condenatoria sino que en el caso específico también se cuenta con el “acta de reconstrucción de hechos del delito” documental que corre en el expediente judicial y que corresponde a la diligencia realizada con fecha veintiocho de agosto del año dos mil trece en la cual el acusado Chuquiruna, en compañía de su abogado defensor, se constituyó en la Plazuela “Bolognesi” de la ciudad de Chepén, a la altura de la tienda comercial “Aníbal Quiroz & Cia.” y en presencia del señor representante del Ministerio Público procedió a describir de manera detallada las circunstancias en que se produjo el homicidio en agravio del occiso.
5)
De lo expuesto precedentemente se puede concluir que la participación del acusado Axel Chuquiruna Mendoza en los hechos materia de juzgamiento es admitida por el propio acusado y se encuentra plenamente corroborada con el mérito del acta de reconstrucción de hechos descrita en el numeral que antecede. En este orden de ideas el colegiado puede concluir que el Ministerio Público ha cumplido con aportar medios de prueba suficientes y que la presunción de inocencia que asistía al mencionado acusado se ha desvanecido, por lo tanto se puede expedir contra él sentencia condenatoria.
6)
El Ministerio Público también ha formulado acusación contra Luis Guillermo de Lucio Soledad imputándole la comisión del delito de homicidio con la agravante de lucro a que se refiere el inciso primero del artículo 108 del Código Penal. Sostuvo el representante fiscal que este acusado tendría la condición
218
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA de instigador y que su participación en el delito ha consistido en contactar y contratar al autor material (confeso Chuquiruna Mendoza) y brindarle las facilidades para que se traslade a la ciudad de Chepén y ejecute el delito. El acusado de Lucio Soledad ha negado su participación en los hechos y según sostuvo su abogado defensor ni siquiera conoce a su coacusado Chuquiruna Mendoza cuya declaración es la única que lo vincula como autor del delito de homicidio. 7)
El colegiado a cargo del juzgamiento debe examinar la prueba actuada con la finalidad de determinar si es idónea para destruir la presunción de inocencia que asiste al acusado de Lucio Soledad quien niega su participación en los hechos; sin embargo el acusado Chuquiruna Mendoza al momento de rendir su declaración brindó información detallada que lo incrimina pues éste último narró que sí conoce a de Lucio y que fueron unos individuos conocidos como “coche” y “pirula” quienes lo contactaron con de Lucio para que haga un “trabajo” en el valle por lo que iba a recibir cinco mil soles. Este acusado dijo que de Lucio lo llamó por teléfono y le conversó sobre ese “trabajo”, luego viajó a Chepén en donde lo recibió el propio de Lucio, lo llevó a almorzar, le enseñó el lugar en donde se iba a ejecutar el crimen y le entregó el arma de fuego, indicándole también las características del agraviado. Luego de cometido el asesinato (según la versión de Chuquiruna) un mototaxista lo llevó hasta una casa humilde en donde se quedó y al rato llegó de Lucio para llevarlo al paradero, le devolvió el arma y de Lucio le entregó quinientos soles por lo que tuvieron una discusión ya que esa no era la suma pactada.
8)
A fin de que sea idónea para desvirtuar la presunción de inocencia que asiste al acusado de Lucio Soledad la versión incriminatoria que ha brindado Chuquiruna Mendoza debe ser analizada bajo las reglas del Acuerdo Plenario número 02-2005 ya que se trata de la única testimonial que lo incrimina frontalmente y por lo tanto resulta imprescindible que concurran todos los requisitos que establece este Acuerdo Plenario de fecha treinta de setiembre del año dos mil cinco, en que los señores magistrados de la Sala Penal Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de la República establecieron que tratándose de la declaración de un coimputado deben valorarse especialmente las siguientes circunstancias: a)
Desde la perspectiva subjetiva la personalidad del imputado y sus relaciones con el afectado por su testimonio así como también las posibles motivaciones de su delación, que estas no sean turbias o espurias: venganza, odio, revanchismo, deseo de obtener beneficios de cualquier tipo, incluso judiciales. Igualmente se señala que se debe tener cuidado de advertir si la finalidad de la declaración no sea, a su vez, exculpatoria de la propia responsabilidad.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
219
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro b)
Desde la perspectiva objetiva, se requiere que el relato esté mínimamente corroborado con otras acreditaciones indiciarias en contra del sindicado que incorporen algún hecho, dato ó circunstancia externa, aún de carácter periférico, que consolide su contenido incriminatorio.
c)
Finalmente, debe observarse la coherencia y solidez del relato del coimputado y, de ser el caso, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso; sin embargo ha de tenerse en cuenta que el cambio de versión del coimputado no necesariamente la inhabilita para su apreciación judicial, pudiendo el juzgador optar por la que considere adecuada en la medida que el conjunto de sus declaraciones haya sido sometido a debate y análisis.
d)
9) En este orden de ideas, en cuanto a la personalidad del acusado Chuquiruna Mendoza se ha de tener en consideración que se trata de un sujeto que ha demostrado un especial desprecio por la vida humana, siendo capaz de asesinar por encargo y con la promesa de recibir una compensación económica, lo que comúnmente se denomina un “sicario”. Esto no significa que se pueda desestimar su declaración por este solo motivo sino que deben analizarse concurrentemente los otros requisitos ó parámetros que establece el Acuerdo Plenario en mención y para el colegiado a cargo del juzgamiento es evidente la motivación del acusado Chuquiruna Mendoza para delatar a su coacusado ya que ha tenido conversaciones con el Ministerio Público con miras a llegar a una conclusión anticipada que si bien es cierto no se concretó fue debido a que no se pusieron de acuerdo finalmente en cuanto al monto de la reparación civil.
10) El mencionado Acuerdo Plenario 02-2005 exige también, desde una perspectiva objetiva que el relato esté mínimamente corroborado con otras acreditaciones indiciarias que consoliden su contenido incriminatorio. La narración del acusado Chuquiruna Mendoza carece por completo de este tipo de corroboraciones. Durante su alegato final el representante del Ministerio Público sostuvo que estos indicios corroborativos estarían constituidos en primer lugar por la declaración testimonial de doña Karla Mori Yenque (viuda del occiso) quien sostuvo que su esposo le había referido que fue víctima de amenaza por parte del mismo de Lucio en horas de la mañana del mismo día en que fue victimado. Igualmente, precisó el señor Fiscal que según el testigo Alfonso Dany Chumacero García el occiso también estaba siendo víctima de amenazas por parte del acusado de Lucio. Finalmente, el representante fiscal sostuvo que en otro proceso penal se había recibido la declaración de un testigo con identidad protegida (100-2014) quien sindicaba al acusado de Lucio como autor del homicidio en agravio de Víctor Aníbal Quiroz Alfaro.
220
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 11) Se recibió la declaración testimonial de doña Karla Mori Yenque, esposa del occiso, sin embargo esta testigo no ha podido aportar información relevante que coadyuve a acreditar la imputación en contra del acusado. Esta testigo dijo que cuando estaba en la puerta del negocio de su esposo conversando con una empleada de su completa confianza, escuchó un “cohete” y un silbo de su esposo; sin embargo no ha podido reconocer al acusado de Lucio ni precisar que al momento de ejecutar el delito el acusado haya estado en el lugar de los hechos ó en las cercanías. De otro lado, con respecto a la declaración del testigo Chumacero García se trata de un medio de prueba que fue ofrecido como declaración testimonial a ser actuada durante la audiencia de juzgamiento; sin embargo no concurrió a rendir declaración. El representante del Ministerio Público solicitó que se oralice lo que no se pudo amparar debido a que la declaración no fue obtenida en forma que asegure la vigencia del principio de contradicción. 12) En cuanto a la declaración del testigo con identidad protegida que fue oralizada por el representante del Ministerio Público se debe tener en cuenta que este testigo no fue ofrecido para que declare en forma personal ante el órgano jurisdiccional encargado del juzgamiento sino que el representante fiscal se ha limitado a ofrecer el acta que contiene dicha declaración que además ha sido tomada con motivo de otra investigación, tal como el propio señor fiscal lo señaló en su alegato de clausura. Se trata en estricto de lo que en doctrina se conoce como “prueba trasladada” y que en el nuevo código procesal penal del año dos mil cuatro no ha sido regulada de manera expresa. “La prueba trasladada es una fórmula que importa el desplazamiento material de las pruebas practicadas válidamente en un proceso a otro, cualquiera que sea el medio utilizado, llámese declaración de parte, testimonio de terceros, dictamen de peritos, inspección judicial, documentos, etc. En otras palabras, se entiende por prueba trasladada a aquella que se lleva a un proceso transponiéndola o traspasándola de otro simultáneo o anterior, de manera tal que servirá para constituir prueba en uno distinto de aquel que se dictó”. (Tomado del artículo “Precisiones sobre la posibilidad de aplicar la prueba trasladada en el proceso penal” en “GACETA PENAL & Procesal Penal”; Tomo 77 / Noviembre 2,015; p.p 248-249. 13) El Tribunal Constitucional peruano, en su sentencia con motivo del expediente 00012-2008-PI/TC de fecha catorce de julio del año dos mil diez ha establecido las reglas para el tratamiento de la denominada “prueba trasladada” prevista en el artículo 261 del Código de Procedimientos Penales que son las siguientes: i) en principio, la sentencia de un proceso penal puede ser utilizada en cualquier otro proceso, pero ello no la convierte en prueba plena; ii) los hechos acreditados en esa sentencia lo están en relación a los condena-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
221
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro dos; iii) si un tercero es juzgado por los mismos hechos, puede cuestionar no solo si tales hechos han ocurrido, sino también cuestionar su participación en ellos; iv) el medio probatorio debe ser incorporado al proceso, de modo que se afiancen las garantías procesales penales establecidas en la Constitución, entre ellas la relacionada con los derechos de contradicción y defensa; y v) además, en relación a la valoración de la precitada sentencia, los hechos y las pruebas que los abonen serán apreciados con criterio de conciencia, esto es, que su valor probatorio depende de la evaluación que el juez realice de todos los actuados en el proceso. 14) En su alegato final el representante del Ministerio Público sostuvo que en el expediente 169-2014 la Sala Penal Nacional le ha brindado credibilidad a la declaración del testigo 100-2014 y en base a ella han dictado mandatos de prisión preventiva contra integrantes de la organización delictiva “Los Malditos del Triunfo” sin embargo, no se está teniendo en cuenta que en el presente proceso penal los integrantes del órgano jurisdiccional colegiado no se van a pronunciar respecto de una medida cautelar sino respecto de una acusación y pedido de pena en contra de los acusados lo que exige un cien por ciento de convencimiento a diferencia de una medida cautelar que únicamente exige elementos de convicción graves y fundados. En este sentido, no es posible imponer sentencia condenatoria en base a la simple oralización de una declaración de un testigo cuya identidad es desconocida por la defensa del acusado. La declaración del testigo con identidad protegida oralizada en audiencia no reúne los requisitos precedentemente señalados y por lo tanto no se puede considerar que reúna las condiciones que el Tribunal Constitucional ha señalado debe cumplir para que tenga la condición de prueba trasladada. 15) En cuanto a la coherencia y solidez que debe tener el relato del coimputado se debe resaltar que la declaración que ha brindado el acusado Chuquiruna Mendoza, si bien es cierto incrimina persistentemente a de Lucio Soledad exhibe ciertas inconsistencias que a criterio del colegiado la hacen inidónea para sustentar con ella una sentencia condenatoria. Al momento de narrar los hechos ha incurrido en contradicciones puntuales como por ejemplo respecto al lugar en donde se hospedó cuando llegó a la ciudad de Chepén, el monto que le iba a pagar de Lucio para cometer el delito, la identidad de la persona que le entregó el arma de fuego que iba a utilizar, la naturaleza de lo que él denominó el “trabajo” que le estaban solicitando realizar en Chepén, pues en un primer momento trató de hacer creer que se trataba de un simple amedrentamiento pero ante el contrainterrogatorio del representante del Ministerio Público admitió finalmente que se trataba de un homicidio (“quiebre”) de lo cual se concluye que no constituye un relato capaz de producir convicción plena de responsabilidad respecto al acusado de Lucio Soledad.
222
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 16) Durante la audiencia de juzgamiento también se han escuchado las declaraciones de otros testigos ofrecidos por el Ministerio Público como por ejemplo de Marco Rodrigo Verástegui, Rubén Vargas Cabanillas y Asunción Ríos Esquén que a criterio del órgano jurisdiccional no han aportado información relevante con respecto a la responsabilidad que se atribuye al acusado de Lucio Soledad y con la cual la fiscalía ha tratado de acreditar el móvil del asesinato, es decir el deseo de éste acusado de “apropiarse” de un terreno eriazo ubicado en lo que se denomina la “pampa de las sandías” cuya existencia no ha sido acreditada documentalmente pero que la defensa no la ha negado.
Al respecto el colegiado debe precisar que durante la audiencia no se ha introducido ni oralizado, ni siquiera se ha hecho mención de que el occiso Quiroz Alfaro haya ostentado la condición de propietario, es decir titular registral, de dicho terreno y que el acusado de Lucio haya podido beneficiarse hereditariamente con la desaparición física del occiso, pues en todo caso los herederos forzosos serían su esposa e hijos. En el caso específico se trataba de una extensa área de terreno respecto de la cual no se ha demostrado que el occiso haya estado en posesión efectiva (estando al mérito de las vistas fotográficas que corren en el expediente judicial) es decir desarrollado una intensa actividad agropecuaria que justifique tenerlo como poseedor del predio y por lo tanto, si el acusado de Lucio hubiese tenido la intención de apoderarse de ese terreno lo hubiese podido hacer tomando posesión del mismo y sin eliminar físicamente al occiso. En todo caso, no se puede perder de vista que el testigo Ríos Esquén al momento de rendir su declaración dijo que respecto de esos terrenos se produjo una controversia en cuanto a la titularidad de la posesión ya que “apareció” otro documento por cuatrocientas hectáreas a favor del occiso y que en ese documento le falsificaron su firma, lo que evidencia que el señor Quiroz podría haber tenido disputas con otras personas respecto de la posesión documental reconocida por la Comunidad Campesina.
17) De otro lado, al momento de formular su alegato final el señor abogado defensor del acusado De Lucio Soledad refirió que existen numerosos contraindicios que abonan en contra de la tesis incriminatoria como por ejemplo la declaración de la señora Karla Mori Yenque quien en su primera declaración tomada a pocos días del fallecimiento de su esposo dijo que creía que el móvil del asesinato podría ser por problemas de deudas ó relaciones extramatrimoniales de su esposo pero no imputó a su defendido. Efectivamente, a la audiencia de juzgamiento concurrió la mencionada señora y en ningún momento negó haber declarado en tales términos, sin embargo, explicó que eso lo dijo porque se lo habían contado y que realmente se trataba de rumores y chismes sin embargo en esa oportunidad no narró que el mismo día del asesinato del señor Quiroz Alfaro su ex trabajador de Lucio Soledad lo había amenazado de muerte en el Banco.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
223
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro SETIMO: DETERMINACION DE LA PENA.- Con la finalidad de determinar técnicamente la intensidad de la sanción que se debe imponer al acusado Chuquiruna Mendoza en cuanto a su modo de ejecución y extensión se debe tener en cuenta y apreciar los distintos factores objetivos y subjetivos presentes en el caso, para determinar la gravedad del delito (antijuricidad del hecho) así como también el grado de responsabilidad del autor (culpabilidad). El artículo 108 del Código Penal en el que se subsume la conducta cometida por el acusado establece una pena abstracta no menor de quince años de privación de libertad; sin embargo, la extensión concreta de la pena a imponerse al acusado debe ser fijada entre estos dos límites punitivos (mínimo y máximo) que establece el citado artículo, proceso dentro del cual el órgano jurisdiccional se encuentra sometido a los principios constitucionales de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad. Del mismo modo, para la determinación judicial de la pena se debe tener en consideración los criterios contenidos en el artículo 45, así como también las circunstancias modificativas de la responsabilidad previstas en los artículos 46, 46-A y 46-B del Código Penal. Habiendo determinado la pena básica con la que se sanciona en abstracto el delito cometido por el acusado al órgano jurisdiccional le corresponde identificar la pena concreta que se le debe imponer en base a las circunstancias relevantes presentes en el caso y en este sentido debe valorarse especialmente la confesión que desde un primer momento ha efectuado el acusado admitiendo su responsabilidad y que incluso en base a ello se produjo un intento de arribar a una conclusión anticipada que no se concretó por discrepancia en cuanto al monto de la reparación civil sin embargo el Ministerio Público manifestó su conformidad para que al acusado se le impongan nueve años de privación de libertad lo que el colegiado encuentra que a pesar de estar por debajo del mínimo legal tiene sustento legal por tanto se trata de una circunstancia de atenuación que lo justifica. OCTAVO: DETERMINACION DE LA REPARACION CIVIL.- De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien (o si esto no es posible el pago de su valor) y la indemnización de los daños y perjuicios. Para establecer el monto de la reparación civil se debe tener en cuenta el daño causado. En este sentido, el daño puede ser patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y extrapatrimonial (daño a la persona y daño moral). Por daño emergente se entiende la pérdida patrimonial efectivamente sufrida y por lucro cesante la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir. El daño a la persona se configura cuando se causa lesión a la integridad física o se le produce menoscabo en su aspecto psicológico o en su proyecto de vida,
224
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA mientras que el daño moral es la lesión a los sentimientos de la víctima, lo que le produce un gran dolor y aflicción. En cuanto al monto de la reparación civil que se debe establecer para este caso, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta que el bien jurídico contra el que se ha atentado se encuentra en la escala máxima de valoración y exige una especial protección por su naturaleza y elevada jerarquía debiendo el colegiado establecer prudencialmente una suma que satisfaga la pretensión civil ejercitada. NOVENO: COSTAS.- De conformidad con lo regulado en el artículo 497.1 del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas, estableciéndose también que cuando el acusado sea hallado culpable se le impondrá el pago de costas. PARTE RESOLUTIVA : POR ESTAS CONSIDERACIONES el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo integrado por los señores magistrados Raquel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro, de conformidad con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú, ABSUELVE a LUIS GUILLERMO DE LUCIO SOLEDAD de la acusación fiscal como instigador del delito de homicidio calificado en agravio de Víctor Alberto Quiroz Alfaro. CONDENA al acusado AXEL JAIR ENRIQUE CHUQUIRUNA MENDOZA como autor de delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado en agravio de Víctor Alberto Quiroz Alfaro; y como tal le impone la pena de NUEVE AÑOS de privación de libertad que con descuento de la prisión preventiva que viene cumpliendo desde el día treinta y uno de agosto del año dos mil trece vencerá el día treinta de agosto del año dos mil veintidós, fecha en que deberá ser puesto en libertad a menos que tenga pendiente de ejecutarse otro mandato de detención.FIJA la reparación civil en la suma de DOSCIENTOS MIL y 00/100 SOLES (S/. 200,000.-) que el sentenciado Chuquiruna Mendoza deberá pagar a favor de los herederos legales del occiso dentro del término de ejecución de la pena.CONSENTIDA ó EJECUTORIADA que sea la presente sentencia REMITANSE los boletines de condena correspondientes y una vez hecho ARCHIVENSE los actuados en el modo y forma de ley.- ANULENSE los antecedentes judiciales y policiales que se hubiesen generado para el acusado absuelto por estos hechos y GIRESE la papeleta de libertad que procederá siempre que no tenga ninguna otra orden de detención.- SIN costas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LUJAN CASTRO LOPEZ PATIÑO QUISPE LECCA
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
225
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
3.
EXTORSION AGRAVADA EXPEDIENTE N° 2148 - 2015 ESPECIALISTA : GEOVANNA CASAS NOVOA ACUSADO : JESUS IVAN RODRIGUEZ LOZANO DANNI ERIK RODRIGUEZ LOZANO MARCO ANTONIO MACHCO RODRIGUEZ DELITO : EXTORSIÓN AGRAVADA AGRAVIADOS : NORES DEL PILAR ALFARO HURTADO COLEGIADO : JORGE LUIS QUISPE LECCA (D.D.) RAQUEL ALEJANDRA LÓPEZ PATIÑO JUAN JULIO LUJÁN CASTRO
SENTENCIA RESOLUCIÓN N° DOCE. El Milagro, once de abril del dos mil dieciséis.Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVICIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD integrado por los señores Jueces Penales Dr. Jorge Luis Quispe Lecca, Presidente y Director de Debates; Dra. Raquel Alejandra López Patiño y Dr. Juan Julio Luján Castro; en el proceso seguido contra JESUS IVAN RODRIGUEZ LOZANO, DANNI ERIK RODRIGUEZ LOZANO y MARCO ANTONIO MACHCO RODRIGUEZ, por el delito contra el patrimonio en la modalidad de EXTORSIÓN AGRAVADA, en agravio de Nores del Pilar Alfaro Hurtado. PARTE EXPOSITIVA 1)
226
Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación del Ministerio Público: Que, con fecha 02 de abril del 2015 aproximadamente a las 17:20 horas, la agraviada Nores Del Pilar Alfaro Hurtado, denuncia ser víctima de extorsión, puesto que el mismo día a las 13:00 horas sujetos desconocidos le hicieron tres (03) llamadas telefónicas a su celular personal N° 947955468, del teléfono celular N°956469997, perteneciente a los sujetos extorsionadores, llamada mediante la cual le pidieron a la agraviada la suma de S/. 5,000.00 nuevos soles, asimismo le indicaron que eran de la banda de los pulpos, y en caso de no llegar a un acuerdo le costaría la vida de sus familiares, ya en la tercera llamada la agraviada repudio el acto extorsivo de los sujetos desconocidos, producto de ello recibió, de los extorsionadores, un mensaje de texto del mismo celular, en el que le manifestaban: “entonces como no quieres colaborar entonces actuare con la vida de tu madre y de todos tus hermanos
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA ahora el precio se duplica. Y tú sabes porque me retaste ahora vamos a ver porque quien te va a defender así me llame quien me llame será mejor que te des prisa porque muy pronto vas a estar de luto chao pronto tendrás noticias mías”.
Ante la recepción de la denuncia expuesta, personal policial de DEPINCRI-ESTE, preparo un operativo policial, y, siendo que en la fecha 06 de abril del 2015, aproximadamente a las 10:00 horas, se reiniciaron los actos extorsivos, utilizando el teléfono celular N° 988947328, para tal operativo la SO3 PNP Jackelin Cienfuegos Ríos, en su calidad de agente encubierto, se comunicó con los extorsionadores, del teléfono celular N° 947955468, acordando que se depositara en un número de cuenta del BCP cuyo titular es el señor Humberto Benites Gómez, la suma S/. 1,900.00 nuevos soles, sin embargo al no haber sistema acordaron que el dinero debería ser entregado en la cuadra 11 de la Av. José Crespo, a la altura del Pasaje Eugenio Pachimir – Cerro Cruz Blanca – El Porvenir.
Conforme a lo pactado con los presuntos extorsionadores, se puso en ejecución el operativo policial, con la finalidad de identificarlos y realizar su captura, es así que aproximadamente a las 17:20 horas, la agente encubierto, recepcionó una (1) llamada telefónica procedente del teléfono celular N° 988947328, en la cual le indicaban que debería entregar el dinero a la persona que encontraría con el polo característico del equipo de futbol “Barcelona F.C. (colores azul y granate), y que ahí mismo recibiría un stiker; siguiendo lo pactado, la agente encubierto, se dirigió al lugar donde entregaría el dinero, es así que aproximadamente a las 17:45 horas, llego al Pasaje Eugenio Pachimir y se le acercaron los imputados DANNI RODRIGUEZ LOZANO, MARCO ANTONIO MACHCO RODRIGUEZ Y JESUS IVAN RODRIGUEZ LOZANO, siendo que este último vestía un polo del equipo de futbol Barcelona F.C. y fue quien le solicito a la agente encubierto que le entregue el dinero, por lo que la agente encubierto le entrego el sobre manila, ante ello personal policial que se encontraba a los alrededores del punto de encuentro, procedieron a intervenir a los mencionados, siendo que de la intervención a JESUS IVAN RODRIGUEZ LOZANO se le incauto un sobre manila, conteniendo 5 copias de billetes de S/. 100.00 nuevos soles, un equipo celular de color negro con plomo, marca “LG” con su respectiva batería y sin chip, siete envoltorios de papel periódico tipo “ketes”, conteniendo cada uno de ellos en su interior sustancia blanquecina pulverulenta con olor y características a P.B.C. y un envoltorio de papel periódico de tipo “paco” conteniendo en su interior, yerba seca verdosa, con olor y característica a Cannabis Sativa -Marihuana-; a DANNI ERIK RODRIGUEZ LOZANO se le incauto un sticker por duplicado con la inscripción “LOS NERDS” de color naranja, un teléfono celular color blanco con bordes metálicos marca “SAMSUNG”, con su respectivo chip, cuyo nú-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
227
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro mero es 990195387 de la empresa MOVISTAR, (el mismo que minutos antes a la intervención policial se habría comunicado con el teléfono extorsivo N° 988947328, conforme consta del Acta de Visualización de memoria de teléfono celular N° 990195387, un teléfono celular marca “BlackBerry” de color negro, con su respectiva batería y sin chip, cinco envoltorios de papel periódico tipo “ketes”, conteniendo cada uno de ellos en su interior, yerba seca verdosa, con olor y característica a cannabis sativa – marihuana- y, a MARCO ANTONIO MACHCO RODRIGUEZ se le incauto un teléfono celular marca “ALCATEL” con chip de numero 978194270 –movistar-, siete envoltorios de papel periódico tipo “kete” conteniendo cada uno de ellos en su interior sustancia blanquecina pulverulenta con olor y características a P.B.C. y un envoltorio de papel periódico de tipo “paco” conteniendo en su interior yerba seca verdosa, con olor y características a cannabis sativa -marihuana-.
2)
228
-
Calificación Jurídica y Pretensión Penal: Se imputa a los acusados Jesús Iván Rodríguez Lozano, Danni Erik Rodríguez Lozano y Marco Antonio Machco Rodríguez ser COAUTORES del delito de Extorsión agravada en grado de tentativa en agravio de Nores del Pilar Alfaro Hurtado previsto y sancionado en el Artículo 200°, cuarto parágrafo, del Código Penal, que prescribe que “El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o una institución pública o privada a otorgar a un agente o a un tercero una ventaja indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 10 ni mayor de 15 años(…), concordante con el quinto párrafo parágrafo b) que prescribe que: “La pena será no menor de quince ni mayor de veinticinco años e inhabilitación conforme a los numerales 4 y 6 del artículo 36, si la violencia o amenaza es cometida: (…) b) Participando dos o más personas(..)” y con el Articulo 16 del Código Penal que prescribe: “En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El Juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”. Por lo que la representante del Ministerio Público solicita se le imponga a los acusados la pena de QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA.
-
Pretensión Civil: La representante del Ministerio Público solicita se le imponga a los acusados por concepto de Reparación Civil, pagar la suma S/.1,500.00 (MIL QUINIENTOS NUEVOS SOLES) en forma solidaria a favor de la agraviada Nores del Pilar Alfaro Hurtado.
Se Instruyó de sus derechos a los acusado y ante la pregunta de admitir ser autores del delito materia de acusación y responsables de la Reparación Civil, respondieron Ser Inocentes, por lo que se continuó con el desarrollo del debate; de conformidad con el artículo 356 del Código Procesal Penal.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 3)
Pretensión de la defensa:
3.1) De Jesús Iván Rodríguez Lozano.- Que el día de los hechos los tres acusados se encontraban a unos escasos metros de la casa del acusado; las tres viven en el pasaje Pachimir, dos son hermanos y con el otro coacusado son primos; que su cliente vive en ese domicilio y allí trabajan en calzado y como era lunes se encontraba descansando porque él es zapatero; que su patrocinado tiene un celular que no sirve, solo podía escuchar música. Por otro lado probara que la intervención fue irregular porque los tres acusados estaban afuera del domicilio de su patrocinado, que la intervención fue dentro del domicilio, que los policías manipularon los teléfonos celulares a efectos de poder generar responsabilidad en los imputados. Por ello la defensa solicito que se haga el levantamiento de llamadas del día de los hechos a fin de corroborar si es que existen llamadas realizadas al número extorsionado; sin embargo aún no se ha logrado. Acreditara con testigos que los acusados fueron intervenidos dentro del inmueble y que como nadie se acercaba al dinero, los intervinieron a ellos porque estaban a unos 40 metros. 3.2) De Danni Erik Rodríguez Lozano.- Que fiscalía sostiene que su patrocinado actuó de campana, esto significaría que no es coautor (ya que no tiene dominio del hecho, su participación no es fundamental para la realización del ilícito penal), sin embargo el ente acusador, lo ha considerado como tal; la defensa sostiene que el teléfono celular de su cliente fue manipulado a efectos de incriminarlo por este ilícito penal, el teléfono que venía utilizando el señor Danni es el 990195387, y es este número el que luego de la intervención aparecen llamadas entre este y el numero extorsivo (988947328). La detención se hace en el Pasaje Pachimir (de mas o menos 100 escaleras), en donde supuestamente se iba a recoger el sobre extorsivo, su patrocinado se encontraba en ese lugar porque vive allí en una casa que funciona también como taller de zapatos. El día de los hechos, estas personas estaban trabajando, salieron de trabajar y estuvieron tomando una gaseosa; la policía al ver que nadie se acercaba a recoger el sobre, entraron a la casa y se los llevan. Ninguna persona que va a extorsionar, le dice a la victima que vaya y deje el sobre a la puerta de su casa. 3.3) De Marco Antonio Machco Rodríguez.- Sostiene que demostrara que la detención no se hizo en el lugar donde dice la policía, sino que se realizó dentro del domicilio de los hermanos Rodríguez Lozano, donde se desempeñan como zapateros. Asimismo que la intervención no fue a las 6 pm. sino a las 4 pm. 4)
Admisión de nuevos medios probatorios.-
Ministerio Publico: Ninguno
-
Defensa de los hermanos Rodríguez Lozano: Presenta un video en cd de la diligencia de constatación domiciliaria de sus patrocinados; en la medida que allí se podrá observar a que distancia esta la casa de su
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
229
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro patrocinado del lugar de los hechos y poder con ello acreditar su teoría del caso. o 4)
Colegiado: Admite el medio de prueba.
Examen de los acusados: 5.1) Jesús Iván Rodríguez Lozano: Se reserva 5.2) Danni Erik Rodríguez Lozano Se reserva 5.3) Marco Antonio Machco Rodríguez: Se reserva
6)
Medios probatorios Actuados:
6.1) Del Ministerio Público: 6.1.1) Declaración de la testigo Nores del Pilar Alfaro Hurtado: Refiere que no conoce a los acusados. Que ha sido víctima de extorsión, puesto que el día jueves santo del 2015 recibió una llamada en la que le dicen que son de los “pulpos” y le piden una colaboración de S/. 5,000.00 soles, por lo que cuelga pero le vuelven a llamar y rechaza la realización del pago; para que luego le manden un mensaje diciéndole que como no quiere colaborar, ahora la suma se duplica y que si no paga pronto estará de luto. El numero al cual le extorsionaban era el 947956468 y de allí también le mandaron los mensajes extorsivos; por estos hechos fue a denunciar, en la Comisaria le pidieron que dejara su celular y un número de referencia (dejo su número claro); el lunes al medio día la señorita de la DIVINCRI le llama y le dice que su agresor se comunicó y le dijo que llegaron a un acuerdo de S/. 1,900.00 soles y que le tenía que hacer una recarga a otro número del extorsionador. En el tiempo en que fue víctima de extorsión era alistadora de calzado; el número del que la llamaron es el 988947328 y el número al que le realizo la recarga es el 956469997. A las 17:30 le timbra la señorita policía para que vaya a la DIVINCRI y fue y vio tres chicos esposados; el día jueves le llaman a su celular claro y le dicen “ya te cagaste”, búscate tu padrino porque ellos no han sido. -
Defensa de los hermanos Rodríguez Lozano.- Le llaman el jueves al número claro, le dijeron que los que han cogido no han sido, y que se busque su padrino; luego ya no la han seguido extorsionando. Refiere que no le entrego dinero a la policía; que en la Comisaria vio los cheques y stikers naranjas y envolturas de papel periódico sobre una mesa, la policía le dijo que los capturaron a las 4:00 pm.
6.1.2) Declaración del testigo SO3 PNP Jackelyn Alcira Cienfuegos Ríos: Quien refiere que trabaja en DEPINCRI Este de El Porvenir, que la agraviada denuncio que la estaban extorsionando y que le pedían S/.
230
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 5,000.00 soles. Participo como agente encubierto, se hizo pasar por la agraviada y realizo negociaciones con el extorsionador, llegando a un acuerdo; finalmente se pactó la entrega del dinero en el Cerro La Cruz; una vez en el lugar se volvió a comunicar con el extorsionador, quien le indico que suba con el dinero por las gradas del cerro, para luego indicarle que deje el sobre con el dinero y que baje del lugar, por ello dejo el dinero ahí y procedió a retirarse, refiere que bajo para pedir apoyo. No llego a ver quién de las tres personas recogió el sobre. No tuvo conocimiento de la participación detallada de los 3 jóvenes, solo los vio bajar del cerro. Refiere que el extorsionador le dijo que uno de sus cachacos iba a ir a recoger el sobre de dinero, no recuerda si le dijo como iba a estar vestido. -
Defensa de los hermanos Rodríguez Lozano: Refiere que no firmó el Acta de intervención policial, ella no participo en la intervención, solo fue agente encubierto, como tal solo hace las negociaciones hasta el pacto y entrega del dinero, si hubiesen llegado a recoger el dinero cuando ella estaba presente hubiese intervenido. En el operativo participaron: Teniente Maldonado, Méndez, Sarmiento y otros; demoraron en bajar a los acusados mas o menos 10 minutos; el celular con que ella hizo comunicación no se logró ubicar. Posterior a ello realizo una verificación domiciliaria en Pasaje Pachimir; reconoce el Acta de verificación domiciliaria de los imputados Jesús Iván Rodríguez Lozano y Danni Rodríguez Lozano quienes viven en Pasaje Pachimir 378, en cuyo domicilio encontraron calzado, hormas y máquinas; por otro lado Machco Rodríguez vive en Calle Arica a la derecha a una cuadra del Pasaje Pachimir, este lugar fue quemado hace un mes. Refiere que no vio stickers. El teniente Maldonado tampoco ha participado en la intervención, puesto que se quedó en el carro.
-
Director de debates: Subió las tres cuartas partes de la escalera y la casa de los hermanos Rodríguez Lozano estaba en la esquina, es decir, estaba cerca; al igual que la casa del otro muchacho.
6.1.3) Declaración del testigo PNP Francisco Armando Maldonado Jaime: Refiere que en abril del 2015 laboraba en DEPINCRI Este de El Porvenir; participo en el operativo como supervisor es decir no participo directamente, solo supervisa que se lleve a cabo bien el operativo; refiere que apoyó en la redacción de actas; que en el operativo participaron 9 o 10 compañeros. Que por referencias sabe que se les encontró un sobre. -
Defensa de los hermanos Rodríguez Lozano: No redacto actas, solo firmo como conformidad; llego después al Pasaje Pachimir. Había más de un intervenido que vivía en el Pasaje Pachimir.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
231
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 6.2) De la Defensa: 6.2.1) Declaración de la testigo Rosita Carolay Vega García: Refiere que es alistadora de calzado, que los acusados son sus amigos y vecinos. Vive en Jesús de Nazaret al lado del Pasaje Pachimir, que los acusados viven allí, en toda una esquina. El 06 de abril del 2015 fue lunes y no trabajan (lunes de zapatero), su esposo quería irse a cortar el cabello, por lo que él se fue y ella se quedó con su hijo; desde su casa se puede ver la casa de ellos y lo ve a su esposo con Jesús, Danni y Marco Antonio, entonces ella se cambia y luego de 20 minutos sale de su casa y ve que ya no estaba su esposo, solamente estaba Jesús, Danni y Marco, por lo que se va caminando y le pregunta a Jesús si había visto a su esposo y le contesta que ya se había ido; entonces Danni le invita a tomar gaseosa, luego logra ver a Marco que estaba con un celular marca Alcatel color plomo con negro y le dice que le preste para llamarlo a su esposo y él le dijo que no tenía crédito y de ahí al bajar las gradas le dijo que le había mentido que si tenía crédito. Se retira y a mitad de las gradas encontró a una señora con un sobre en la mano, bajando por la tienda pudo ver a ocho hombres con ropa deportiva que estaban esparcidos; luego de encontrarse con su esposo fue a comprar a la tienda y cuando regreso ya no había nadie, de la tienda salieron a los 20 minutos aproximadamente, cuando sale vio que sacaban de la casa de Jesús a los tres acusados, y que Cinthya (la esposa de Jesús) decía a donde los llevan, mientras que la testigo fue a avisarle a la mamá de Machco Rodríguez; los sacaron esposados y en sandalias y no tenían sobre ni celular en la mano, ni stickers; los llevan en una camioneta blanca; refiere la testigo que ella trabajaba con ellos y que la casa de donde los sacaron es un taller. -
Ministerio Público: Que a las 3:30 pm. los ve a los acusados en la puerta de la casa de Jesús y que a las 4:00 pm. que regresa los ve que los llevaban.
6.2.2) Declaración de la testigo Cinthia Elizabeth Rosas Gonzales: Jesús Rodríguez Lozano es su conviviente. Que el día 06 de abril del 2015 fue lunes, su esposo no trabaja; se encontraba en la parte de atrás en su corral lavando su ropa; su esposo se encontraba afuera con Tony Peláez Guzmán, Marco Machco Rodríguez y Danni Rodríguez Lozano, estaban sentados tomando gaseosa, cuando de pronto escucho un sonido y decían la policía y vio a la policía sacando de su cuarto de Danni Rodríguez Lozano a su esposo Jesús y a su cuñado Danni y a su primo Marco, los tiraron al piso y los estaban enmarrocando y ella les dijo “porque lo llevan”, ante esto los policías le dijeron palabras soeces como “cállate conchetumare sino también te llevamos a ti”, luego vieron que los lleva-
232
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA ron hacia Nicolás Alcázar por lo que se fueron a dicha Comisaria y allí les dijeron que no habían hecho ninguna intervención, posteriormente se dirigieron a la Comisaria Sánchez Carrión y no había ninguna intervención; ante esto llamo a su hermana para preguntar por su hija y ella le refirió que la policía fue por segunda vez a su casa y sacaron los celulares, el del señor Danni lo sacaron de su cuarto de su cajón (celular blanco Galaxy) y el otro celular se encontraba en su cuarto de ella, pero no servía para llamar solo para escuchar música y tomarse fotos; en estas circunstancias es que logran divisar que la camioneta blanca de los policías que estaban vestidos de civil con ropa deportiva se iba por el camal; que a los acusados los llevaron descalzos. A las 4:00 p.m. se los llevaron. Todo esto lo vieron sus vecinos y estuvo entre ellos la señora Rosita Vega con su esposo. En su casa, en donde los intervinieron fabrican calzado de niños. 7)
Oralización de la prueba documental: Destacaron las partes el significado probatorio que consideran útil de las documentales admitidas como medios de prueba.-
8) Alegatos de Clausura: se formularon los alegatos finales reafirmándose en sus posiciones expuestas en sus teorías del caso. Se le dio oportunidad al acusado para ejercer su autodefensa. PARTE CONSIDERATIVA 9)
Calificación legal: Que, los hechos materia de juzgamiento han sido calificados por el Ministerio Público como Delito contra el patrimonio en la modalidad de Extorsión, tipificándolo en el artículo 200°, cuarto párrafo, del Código Penal, el mismo que se configura cuando el sujeto activo “mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años”.
Constituyendo circunstancia agravante cuando el delito es cometido con el concurso de dos o más personas.
10) Doctrina2: -
2
El bien jurídico protegido: El otro bien jurídico que se trata de proteger con la extorsión aparte del patrimonio es la libertad personal entendida tanto en su acepción de no estar obligado a hacer lo que la Ley no man-
SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. IDEMSA. Marzo 2005, p. 841, 842, 846, 847, 849, 8, 52, 855, 856.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
233
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro da ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe, así como en su acepción de libertad ambulatoria o de locomoción.
-
Tipicidad Objetiva: Se configura cuando el agente, actor o sujeto activo, haciendo uso de la violencia o amenaza, obliga a ésta o a otra a entregar a aquel o a un tercero una indebida ventaja patrimonial o de cualquier otro tipo. El objetivo del sujeto activo es lograr una ventaja indebida; es decir, el agente no debe tener derecho a obtenerla.
-
Tipicidad Subjetiva: Se configura a título de dolo, no cabe la comisión culposa; es decir, el agente actúa con conocimiento que está prohibido hacer uso de la violencia o la amenaza para obtener una ventaja cualquiera sin tener derecho a ella; sin embargo -pese a ello- voluntariamente decide desarrollar la conducta extorsiva empleando algún medio con la finalidad de lograr su objetivo.
A parte del dolo se exige la concurrencia de un elemento subjetivo del tipo, esto es, el ánimo de obtener una ventaja de cualquier índole por parte del sujeto agente.
11) Hechos probados y Análisis de la prueba actuada:
234
El Ministerio Público imputa a los acusados Jesús Iván Rodríguez Lozano, Danni Erik Rodríguez Lozano y Marco Antonio Machco Rodríguez, el de haber pretendido extorsionar a la agraviada Nores del Pilar Alfaro Hurtado, a quien por llamadas telefónicas a su celular No. 947955468, se le venía exigiendo el pago de la suma de cinco mil nuevos soles bajo amenaza de que si no cancelaba le costaría la vida a ella como a sus familiares, recibiendo mensajes de texto en el mismo sentido proveniente del teléfono No.988947238; por lo que interpone la denuncia correspondiente ante la Depincri Este quien organizó un operativo. Para tal efecto la SO3 PNP Jackelin Cienfuegos Ríos, fungió de agente encubierto, quien se comunica con los extorsionadores –desde el teléfono de la agraviada- acordando con los delincuentes depositar en una cuenta de terceros del Banco de Crédito, la suma de un mil novecientos soles que se venía exigiendo, sin embargo al no haber sistema acordaron que el dinero iba a ser entregado en la cuadra once de la Av. José Crespo, a la altura del Pasaje Eugenio Pachimir –Cerro Cruz Blanca- El Porvenir. A las 17:20 la agente recibió un llamada indicándosele que concurra al referido lugar donde a una persona que se encontraría vestido con el polo del equipo de Fútbol “Barcelona F.C.”, le entregaría el dinero pactado y quien le entregaría a su vez un sticker, por lo que aproximadamente a las 17:45 se constituyó a dicho lugar y le acercaron los tres acusados, solicitándole el dinero el acusado Jesús Rodríguez Lozano quien vestía el polo de Barcelona F.C., interviniéndolos personal policial encontrándoseles en su poder estupefacientes, además a Jesús Rodríguez se le incautó el sobre manila conteniendo el dinero que se preparó para el opera-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA tivo, como equipos celulares; a Danni Erik Rodríguez Lozano se le incautó un sticker con la inscripción “Los Nerds” y un celular Samsung No.990195387 de la empresa Movistar el que minutos antes de la intervención se había comunicado con el teléfono extorsivo No.988947328. 11.1) Los acusados han negado los cargos, mientras su defensa técnica sostiene que los acusados residen en las inmediaciones del pasaje Pachimir y no es cierto que fueron intervenidos por la policía recogiendo el dinero exigido por los extorsionadores, sino la policía en un acto arbitrario ingresó al domicilio de los hermanos Rodríguez Lozano y los sacaron conjuntamente con su primo Marco Antonio Machco Rodríguez, quienes se encontraban en el interior que es un taller de calzado, luego han manipulado su celular haciendo aparecer que tuvo comunicación con el teléfono de los extorsionadores y dicha intervención se produjo a las cuatro de la tarde mas no a las seis como señala la policía.
Que, estando a las posiciones de las partes lo que queda es determinar en juicio si existen suficientes pruebas para concluir por la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, debiéndose para ello observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia y evaluar si la prueba cumplen los estándares mínimos de calidad que sean suficientes para desvirtuar el principio de Presunción de inocencia de que se encuentra investido el acusado.
11.2) El Tribunal Constitucional ha señalado (STC 0618-2005-PHC/TC, fundamentos 21 y 22) que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tántum, implica que “(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”.
En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la presunción de inocencia (STC 0618-2005-PHC7TC, fundamento 22) comprende: “(...) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”. Que, bajo tales parámetros se pasará a evaluar la prueba actuada en juicio.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
235
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 11.3) Que, respecto de la existencia del delito ésta ha quedado acreditada con la declaración de la agraviada Nores del Pilar Alfaro Hurtado quien se ratifica en su denuncia verbal que formuló ante la policía Nro.117-2015, de fecha 02 de abril del 2015 –que obra en el expediente judicial- donde señala que venía siendo extorsionada con llamadas a su teléfono celular desde el teléfono Nro.9564469997, exigiéndosele el pago de la suma de cinco mil nuevos soles bajo amenaza de atentar contra ella y su familia. Versión que ha sido ratificada con las actas de visualización de memoria de su teléfono celular donde aparecen registradas las llamadas como de los mensajes de texto con contenido extorsivo que recibió, lo que se encuentra corroborada además con la declaración de la SO3 Jackelin Cienfuegos Ríos. Por lo que en mérito a la referida prueba se encuentra suficientemente probado la existencia del delito pero en grado de tentativa porque éste no llegó a consumarse al no haberse doblegado la voluntad de la agraviada quien en lugar de acceder al requerimiento extorsivo concurrió a la autoridad policial a denunciar el hecho. 11.4) Que, en lo que respecta a la responsabilidad de los acusados se les imputa haber concurrido al Pasaje Eugenio Pachimir a recoger el dinero que se había pactado con la agente encubierta Cienfuegos Ríos (ascendente a un mil novecientos soles), que iban a ser entregados por la referida agente al acusado Jesús Iván Rodríguez Lozano, mientras sus coacusados Danni Erik Rodríguez Lozano y Marco Antonio Machco Rodríguez iban a actuar de campanas en dicho acto de entrega. Pero de lo actuado aparece que ello no ha sido así, porque si bien se montó un operativo para intervenir a los extorsionadores y para ello la testigo Cienfuegos Ríos se le encomendó la labor de agente encubierto quien se iba hacer pasar por la agraviada para realizar las negociaciones, ésta ha manifestado en juicio que luego de pactar con los extorsionadores la entrega de una suma de dinero en el pasaje Pachimir-Cerro Cruz Blanca, se montó el operativo y para ello se preparó un sobre con el supuesto dinero que se le iba a entregar a los extorsionadores, conforme así aparece del acta preparatoria de dinero de folios 104, de donde fluye que se acondicionó en un sobre manila cuatro billetes de cien nuevos soles, y que servía para preparar una celada para intervenir a los extorsionadores. Pero de lo narrado por la referida testigo en juicio no es cierto que ella entregó el sobre en sus manos al sujeto o sujetos que irían a recogerlo, porque ha referido que por teléfono celular le daban instrucciones y éstas fueron que iban a mandar uno de sus “cachacos” a recoger el sobre pero que tenía que dejarlo en un arbusto junto a las escaleras, por lo que así lo hizo y luego bajo las escaleras y no vio quien lo recogió ni vio la intervención, agregando que si le entregaba el sobre
236
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA directamente a quien iba a recogerlo, ella misma lo hubiese intervenido. Además de la referida agente se ha recepcionado en juicio la declaración del Teniente PNP Francisco Maldonado Jaime, quien refiere que no participó en la intervención y sólo sabe de ello por referencias, que sólo fue supervisor para que se lleve el operativo bien y se limitó a firmar las actas en señal de conformidad, pero si se llegó a enterar que más de uno de los intervenidos vivía en el pasaje Pachimir. 11.5) De las referidas testimoniales se llega a concluir que los testigos de cargo ofrecidos por el Ministerio Público, respecto a la intervención de los acusados, sólo conocen de ello por referencias mas no han intervenido en la detención de los acusados, pero dado el cuestionamiento de la defensa en el acto de la intervención de los acusados que sostiene que sus patrocinados fueron sacados arbitrariamente del domicilio de los intervenidos Danni y Jesús Iván Rodríguez Lozano del pasaje Pachimir en vista que nadie se acercaba a recoger el sobre con el dinero que había dejado por las inmediaciones la efectivo PNP Cienfuegos Ríos, era necesario la concurrencia a juicio de los efectivos policiales que intervinieron en la detención de los referidos acusados para que se ratifiquen de la legalidad de su intervención que está contenida en el acta de intervención policial, más aún si su contenido difiere de lo señalado por la referida agente encubierta, porque mientras en dicha acta aparece que la testigo Cienfuegos Ríos entregó el sobre a Jesús Rodríguez Lozano, ésta en juicio ha mencionado que ello no ha sido así, que ella dejó el sobre en unos arbustos y que luego se retiró bajando por las escaleras del cerro Cruz Blanca no percatándose quien recogió el sobre. En consecuencia, dada esa grave discrepancia, no genera convicción de veracidad el contenido del acta de intervención si ello ha sido puesto en cuestión por la propia agente encubierto. Incluso el Teniente PNP Maldonado Jaime que aparece firmando dicha acta no quiere comprometerse en su contenido porque refiere que sólo firmó en señal de conformidad, pero no le consta lo que allí aparece porque no intervino en dicho operativo y sólo conoce del mismo por referencias. De lo expuesto se concluye que han sido ofrecidos por el Ministerio Público como testigos quienes no intervinieron en la detención de los acusados, sólo son testigos referenciales que han puesto en cuestión el acta de su propósito, cuando debió ofrecerse las declaraciones de los efectivos policiales que intervinieron a los acusados. Lo que sí queda claro es que no se ha probado lo consignado en el requerimiento acusatorio en el sentido que los acusados fueron intervenidos cuando se acercaron a recoger el sobre solicitándoselo a la mencionada agente encubierto, porque si ello hubiera sido así refiere la mencionada testigo ella misma los hubiere intervenido, lo que no ha ocurrido en el presente caso.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
237
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 11.6) Aunado a lo expuesto, también ha quedado probado, con la declaración de la testigo Cienfuegos Ríos y ratificada con el acta de verificación Fiscal de folios ciento nueve y el video visualizado en juicio admitido a la defensa, que los acusados Jesús y Danni Rodríguez Lozano domicilian en el pasaje Pachimir No.378, y su coacusado Marco Machco Rodríguez vive “a dos casas del domicilio de la familia Rodríguez Lozano”, donde se confecciona calzado conforme a las tomas fotográficas admitidas como prueba de descargo, de donde aparece que hay instaladas máquinas y enseres propios del desempeño de dicha actividad, sosteniendo la defensa que ello prueba su tesis porque sus patrocinados viven en las inmediaciones donde la agente encubierta dejó el sobre con el dinero y desvirtúa la teoría del caso del Ministerio Público porque refiere que si fueran sus patrocinados quienes iban a recoger el dinero no iban a acordar que dejen el sobre prácticamente en la puerta de su casa, conclusión que formula la defensa y el Colegiado la considera coherente porque ningún extorsionador va a pactar que entreguen el dinero producto de la extorsión en las inmediaciones de su domicilio. En consecuencia, aparte de las declaraciones de los testigos de cargo que no abonan a favor de la tesis acusatoria sólo quedan documentos (papeles) que resultan insuficientes para sustentar el caso, como son el acta de visualización de memoria telefónica del teléfono que pertenecería al acusado Danni Erik Rodríguez Lozano que aparece suscribiéndola el SOT1 PNP Mio Mansilla, quien también suscribió el acta de intervención que se ha puesto en cuestión, perdiendo credibilidad el contenido de dichas actas por cuanto el personal policial no se sometió al contradictorio en juicio para responder por los cuestionamientos que la defensa formula en la indicada intervención aduciendo que no se realizó a las seis de la tarde sino a las cuatro de la tarde y que se manipularon los teléfonos que se intervino. Más aún si los testigos de descargo refieren haber sido testigos presenciales de que efectivamente a los acusados los sacaron de su domicilio como es la testigo Rosita Vega García quien también vive por las inmediaciones y refiere haber presenciado ello e incluso agrega que personal policial ingresó al inmueble en una segunda oportunidad para sacar los celulares, declarando en el mismo sentido la testigo Cinthia Elizabeth Rosas Gonzáles, conviviente del acusado Jesús Rodríguez Lozano. 11.7) En consecuencia, bajo las condiciones expuestas, y no habiéndose comprobado la tesis acusatoria del Ministerio Público, no se puede construir y elaborar una sentencia condenatoria si no se tienen los medios de prueba suficientes que corroboren la acusación; pues, una sentencia condenatoria sólo se puede construir sobre suficiente prueba de cargo
238
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA que cauce convicción en el juzgador más allá de toda duda razonable que efectivamente se cometió el delito y que el acusado es autor o partícipe en el mismo, porque ni siquiera el juzgador puede construir una sentencia condenatoria en grado de probabilidad o presunciones. En el presente caso existen muchas dudas respecto a la legitimidad de la intervención a los acusados y que el Ministerio Público debió advertir y no hacer eco de todo lo que le dice la policía; lo menos que amerita es una investigación al personal policial que intervino a fin de deslindar responsabilidades de tipo penal y que el Ministerio Público está llamado a iniciar en atribución a sus facultades constitucionales como defensor de la legalidad en un Estado Constitucional de Derecho. 11.8) Costas: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas del proceso. Que, en el presente caso resultó vencida la parte acusadora. Y como quiera que el código procesal penal lo ha previsto en el artículo 499.1, los representantes del Ministerio Público, están exentos del pago de costas, así deberá declararlo esta judicatura. PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de La Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú. Al amparo de los artículos 1, 6, 10, 11, 16, 23, 28, 45, 57, 92 y 200 del Código Penal concordado con los artículos 1, 11, 155, 356, 392, 393, 394,399 y 403 del Código Procesal Penal. FALLA: I. ABSOLVIENDO a los acusados JESUS IVAN RODRÍGUEZ LOZANO, DANNI ERIK RODRÍGUEZ LOZANO y MARCO ANTONIO MACHCO RODRÍGUEZ como autores del delito contra el Patrimonio en la modalidad de extorsión agravada en grado de tentativa, en agravio de Nores del Pilar Alfaro Hurtado. II. SE ORDENA.- La anulación de los antecedentes que se hubieran generado, cursándose los oficios respectivos. III. COSTAS.- Sin Costas IV. MANDO.- Que consentida, que sea la misma se archive definitivamente. S.S. QUISPE LECCA LOPEZ PATIÑO LUJÁN CASTRO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
239
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
4.
EXTORSION EN GRADO DE TENTATIVA – TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS EXPLOSIVOS EXPEDIENTE N° 669 - 2015 ESPECIALISTA : MARIA GONZÁLES PÉREZ ACUSADOS : SEGUNDO ALEXANDER GIL LEÓN LUIS GUSTAVO GIL LEÓN MARLON STALIN CUASIMODO GIL DELITO : EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS- EXPLOSIVOS AGRAVIADO : CÉSAR MARTÍN GONZALES TRINIDAD EL ESTADO COLEGIADO : JORGE LUIS QUISPE LECCA (D.D.) RAQUEL ALEJANDRA LÓPLEZ PATIÑO JUAN JULIO LUJÁN CASTRO
SENTENCIA RESOLUCIÓN N° ONCE Trujillo, veintiséis de abril del año dos mil dieciséis.Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el Juzgado Penal Colegiado integrado por los señores Jueces Dr. Jorge Luis Quispe Lecca, quien interviene como Director de Debates, Raquel Alejandra López Patiño y Juan Julio Luján Castro, en el proceso seguido contra SEGUNDO ALEXANDER GIL LEÓN, LUIS GUSTAVO GIL LEÓN, MARLON STALIN CUASIMODO GIL como COAUTORES del delito contra el patrimonio en la modalidad de EXTORSIÓN AGRAVADA en grado de tentativa en agravio de CÉSAR MARTIN GONZALES TRINIDAD; y por el delito contra la seguridad pública en la modalidad de TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS - EXPLOSIVOS, en agravio del ESTADO.PARTE EXPOSITIVA 1)
240
Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación del Ministerio Público: Que, el día 27 de enero del 2015, a horas 23:30 aproximadamente, el agraviado César Martin Gonzales Trinidad encontró debajo de la puerta de su domicilio ubicado en Calle 22 de febrero N° 1792 - La Esperanza, un sobre pequeño de papel bond con una hoja con manuscrito donde le pedían la suma de S/.10,000.00 soles para no atentar contra la vida de sus familiares, dejándole además una munición calibre 38 marca FEDERAL ESPECIAL e indicándole que debería llamar al celular N° 985165139. Ante ello el
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA agraviado, al promediar las 23.50 horas del mismo día recurre a la DEPINCRI NORTE, para formular su denuncia.
Posteriormente el 29 de enero del 2015, el agraviado se apersona nuevamente ante la DEPINCRI NORTE para solicitar apoyo, puesto que habían dejado en su domicilio un sobre con contenido extorsivo y a su vez un artefacto explosivo como una dinamita; fue así que personal policial se constituyó en su vivienda y efectivamente encontraron un sobre carta cerrado en su interior una hoja de cuaderno rallado con contenido extorsivo y una canilla de dinamita de 13 cm. de largo con descripciones FAMESA EXPLOSIVOS SEMIGELATINADOS 65.
Ante ello Personal Policial inicio las comunicaciones con los presuntos extorsionadores, comunicándose al número dejado en el sobre, pactando la suma de S/. 3,000.00 soles, dinero que sería entregado en la intersección de las calles José Marti y María Morelos del Distrito de La Esperanza. Luego de apostarse en dicha zona, llego un taxi modelo tico color amarillo de la empresa Taxi tour California, descendiendo un hombre vestido con casaca de color negro con rojo, pantalón jean azul y zapatillas color plomo, al cual se le entrego el sobre con el dinero extorsivo. Luego de ello, al abordar dicho vehículo, se logró intervenir a los ocupantes: SEGUNDO ALEXANDER GIL LEÓN, a quien se le encontró un sobre manila cuyo contenido era de la suma de S/. 400.00 Soles y otras especies; asimismo a LUIS GUSTAVO GIL LEÓN, quien era chofer del taxi, y en la parte posterior del vehículo se encontró a MARLON STALIN CUASIMODO GIL. Por otro lado, tras revisarse el vehículo, en la guantera se encontró dos canillas de dinamita y un sobre de carta. -
Calificación Jurídica y Pretensión Penal: Que los acusado tienen la calidad de COAUTORES del delito contra el patrimonio en la modalidad de EXTORSIÓN EN GRADO DE TENTATIVA, el mismo que se encuentra tipificado en el Art.200 primer párrafo del Código Penal que prescribe: “El que mediante violencia o amenaza obliga a una persona o a una institución pública o privada a otorgar al agente o a un tercero una ventaja económica indebida u otra ventaja de cualquier otra índole, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de quince años (…)”; concordante con el Artículo 16 del mismo cuerpo normativo que prescribe: “En la tentativa el agente comienza la ejecución de un delito, que decidió cometer, sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena”. Asimismo, en la calidad de COAUTORES del delito contra la Seguridad Pública en la modalidad de TENENCIA DE MATERIALES PELIGROSOS - EXPLOSIVO, tipificado en el Artículo 279 del Código Penal, que prescribe: “El que sin estar debidamente autorizado, fabrica, almacena, suministra, comercializa, ofrece o tiene en su poder bombas, armas, armas de juego artesanales, municiones o materiales explosivos, inflamables, asfixianGRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
241
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro tes o tóxicos o sustancias o materiales destinados para su preparación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de seis ni mayor de quince años.”.
2)
Por lo que el representante del Ministerio Público solicita que se les imponga a los acusados DIEZ AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD por el delito de Extorsión en grado de tentativa; y, SEIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD por el delito de Tenencia de materiales peligrosos-explosivos.
-
Pretensión Civil: Solicita el pago de la suma S/.1,500.00 (Mil Quinientos Soles) que deberá ser cancelados a favor de la agraviado Cesar Martin Gonzales Trinidad, por el delito de Extorsión en grado de tentativa; y, S/. 1,200.00 (Mil Doscientos Soles) a favor del Estado por el delito de Tenencia de materiales peligrosos-explosivos.
Se Instruyó de sus derechos a los acusados y ante la pregunta de admitir ser autores del delito materia de acusación y responsables de la Reparación Civil, respondieron: -
- -
Acusado Segundo Alexander Gil León: Luego de consultar con su abogado, contestó haber cometido los delitos de extorsión simple y tenencia. Acusado Luis Gustavo Gil León: Luego de consultar con su abogado, contestó ser inocente. Acusado Marlon Stalin Cuasimodo Gil: Luego de consultar con su abogado, contestó ser inocente.
Por lo que se continuó con el desarrollo del debate; de conformidad con el artículo 356 del Código Procesal Penal.
3)
Pretensión de la defensa de los acusados:
4) Defensa del acusado Segundo Alexander Gil León: Sostiene que su patrocinado participo solo del delito de extorsión; asimismo, respecto al delito de tenencia de materiales explosivos considera debe tenerse en cuenta que las canillas de dinamita que se encontró en poder de su patrocinado se encontraban sin mecha ni fulminante por lo que constituiría un elemento inocuo para la comisión de delito, un objeto inidóneo incapaz de ocasionar una vulneración al bien jurídico protegido, el peligro común. -
242
Defensa del acusado Luis Gustavo Gil León: Sostiene que su patrocinado no tuvo participación alguna en el hecho materia de imputación. No tuvo conocimiento de la extorsión y estuvo circunstancialmente con su hermano. Su hermano lo abordo y subió al taxi que el manejaba le dijo que le haga un servicio por el lugar donde se cobraría el dinero producto de la extorsión de lo que desconocía. Lo cual demostrara en el juicio oral. GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA -
Defensa del acusado Marlon Stalin Cuasimodo Gil: Sostiene que su patrocinado es inocente. Que estaba con sus coinculpados porque son familia porque ellos le invitaron a comer pollo a la brasa. Asimismo, manifiesta que a su patrocinado se le encontró un celular cuyo número telefónico no tiene relación con el delito. Por ultimo sostiene que cuando subió al vehículo, sus coinculpados ya se encontraban dentro de este.
5)
Admisión de nuevos medios probatorios: No se ofreció.
6)
Medios probatorios Actuados:
5.1) Del Ministerio Público: 5.1.1 Declaración del testigo SOT 2 PNP Jorge Luis Vargas Benel: Quien refiere que el 29 de enero del año 2015, tuvo participación en una intervención policial que se realizó por motivo de una extorsión. Dicha intervención se realizó debido a que el día 27 de enero del mismo año se presentó un agraviado a presentar una denuncia porque estaba siendo víctima del delito de extorsión. Posteriormente el día 29 de enero se presentó nuevamente informando que habían dejado un sobre en su casa con contenido extorsivo, fue en estas circunstancias que los efectivos policiales realizaron tratativas con los extorsionadores, pactando la entrega del dinero producto de la extorsión en La Esperanza (no recuerda las calles); de esta manera fue que personal encubierto se aposto a dicho lugar, un efectivo policial se hizo pasar por el agraviado, luego, apareció un tico del cual bajo un sujeto que se acercó al policía encubierto a pedir el dinero, a continuación el sujeto abordo el vehículo y finalmente se le hizo la intervención; de esta intervención se obtuvo que en el vehículo habían 3 personas y además se encontraron dos cartuchos de dinamita. 5.1.2) Se le pregunta al testigo si el realizo el Acta de Registro Personal y responde de forma negativa, para posteriormente reconocer su firma en dicha Acta. Asimismo reconoce su participación en el acta de intervención y manifiesta que el Registro vehicular lo realizo el PNP Reyes Blas; asimismo, que el sobre manila que se encontró a uno de los imputados, lo hallo el PNP Huanca Perales. -
Defensa de Luis Gustavo Gil Leon: Refiere que el testigo no puede especificar que encontró el sobre. Asimismo que Alexander Gil León participo de manera individual y que manifestó durante la intervención que sus acompañantes no tenían nada que ver.
-
Declaración del Perito SOB PNP Edgard Miguel Ángel Rocha Rojas: Quien refiere que los cartuchos de dinamita se encontraban en buen estado de conservación y operatividad; estos cartuchos
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
243
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro son parte del llamado “tren explosivo”. El “tren explosivo” consiste en 3 elementos para que un material explosivo pueda detonar, los cuales son: un iniciador, que es una mecha lenta o un cordón detonante más un fulminante; un detonador y el explosivo en sí (dinamita). Por tanto los cartuchos contenían material explosivo, pero no generaban peligro, puesto que si en esas condiciones se intentaba prender la dinamita, esta se quema pero no explota.
6)
-
Defensa de Luis Gustavo Gil León: Solo se encontró el cartucho: no tenía los otros dos elementos, la dinamita se consume o quema pero no explota. Explotaría estando a una temperatura mayor de 750 grados centígrados en un ambiente cerrado pero como se encontró no generaba ningún peligro.
-
Declaración del agraviado César Gonzales Trinidad: Quien refiere que el día 27 de enero del 2015 aproximadamente a las 23:30 horas se da con la sorpresa que en la puerta de su casa habían dejado un sobre cerrado. Posteriormente junto con personal policial lo abrieron y encontraron en su interior un manuscrito en el que exigían el pago de S/. 10,000.00 soles para no atentar contra la vida de su familia. Luego, el día 29 de enero del mismo año al promediar el medio día, volvió a encontrar otro sobre; debido a ello recurrió a la Comisaria, así fue que efectivos policiales se apersonaron hasta su vivienda y recogieron el sobre; en estas circunstancias procedió a interponer su denuncia y fueron los efectivos policiales los que intervinieron para capturar a los extorsionadores. Finalmente la policía le comunico que habían capturado a las personas que estaban involucradas en el delito.
Examen de los acusados:
6.1) Declaración del acusado Marlon Stalin Cuasimodo Gil: Sostiene que su primo (Segundo Alexander Gil León) le invito a comer pollo a la brasa. Para esto subió al vehículo donde se encontraban sus dos primos coacusados. Al subir al vehículo se ubicó en la parte posterior de este. Manifiesta también que trabajaba en construcción, que sus primos viven a una cuadra de su casa y que nunca ha estado involucrado en denuncias. -
244
Defensa de Luis Gustavo Gil León: Segundo A. Gil León estaba sentado en la parte delantera del vehículo, en el lado derecho y se encontraba escuchando música. Cuando llegaron a determinado lugar, Segundo bajo del vehículo y les dijo a sus acompañantes: “espérenme acá”, en eso llegaron los policías a bajarlos del auto. No vio cuando sacaron un cartucho del vehículo puesto que todo pasó muy rápido. Asimismo refiere que al momento en que Segundo baja del auto deja una bolsa negra en la guantera de la cual desconocía su contenido. GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA -
Representante del Ministerio Público: Segundo Alexander le invita a comer pollo y cuando sube al vehículo, quien manejaba era Luis Gil León. En la calle José Marti baja Segundo del vehículo y luego llegan los policías a intervenirlos.
6.2) Declaración del acusado Luis Gustavo Gil León: Quien refiere que al promediar las 19:00 horas, cuando se encontraba en su domicilio, llego su hermano Segundo A. Gil León a pedirle que le hiciera una carrera a la pollería Nacarino, ante lo cual accedió. Cuando enrumbo la marcha al lugar, tras recorrer tres casas encontraron a su primo Marlon Cuasimodo a quien su hermano Segundo invito a subir al vehículo para dirigirse a comer pollo. Encontrándose ya, por la Calle José Marti cuadra 15, su hermano le dijo que se detuviera porque iba a ver a un amigo; pasaron un promedio de 4 minutos y luego pudo observar que la policía traía a su hermano enmarrocado hacia el vehículo y les manifestaron que estaban involucrados en una extorsión y procedieron a llevarlos a la Comisaria. Respecto a la bolsa que su hermano dejo en la guantera, manifiesta que desconocía su contenido. -
Defensa de Cuasimodo Gil: refiere que su patrocinado se encontraba en la puerta de su casa parado con su hijo y que su hermano le invito a comer pollo.
-
Representante del Ministerio Público: Luis Gustavo Gil León se dedicaba a taxista, manejaba un vehículo alquilado. Segundo Alexander Gil León dejo la bolsa en la guantera del vehículo, cuando bajo de este.
6.3) Declaración del acusado Segundo Alexander Gil León: Quien refiere que antes de ser intervenido por la policía, se dedicaba al oficio de albañil. Manifiesta que en enero se encontraba en Nueva Jerusalén y como estaba realizando una extorsión le dijo a su hermano que lo lleve a la pollería, pero que en el trayecto iba a recoger una plata de un amigo. Para que su hermano no sospeche invito también a su primo que encontraron en el camino y este último acepto la invitación. Posteriormente llegaron a la calle José Marti, donde había convenido seria la entrega del dinero y fue en esos instantes en que lo arrestaron. Su primo y su hermano no tenían conocimiento de la extorsión. Refiere que al momento de bajar del vehículo, él dejo una bolsa negra en la guantera. -
7)
Representante del Ministerio Público: Él es el que genera la idea y planifica las circunstancias para cometer la extorsión, puesto que se encontraba necesitado de dinero. No pensaba hacerle daño a la víctima de extorsión. Asimismo manifiesta que las canillas que se le encontraron solo eran para asustar ya que no tenían mecha y que las consiguió en Tacora haciéndose pasar por minero informal.
Oralización de los medios probatorios: Destacaron las partes el significado probatorio que consideran útil de las documentales admitidas como medios
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
245
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro de prueba. 8)
Alegatos de Clausura: se formularon los alegatos de clausura donde el representante del Ministerio Público formula retiro de acusación por el delito de tenencia ilegal de materiales explosivos y por el delito de extorsión agravada contra los acusados Luis Gustavo Gil León y Marlon Stalin Cuasimodo Gil, formulando cargos contra el acusado Segundo Alexander Gil León por el delito de extorsión simple en grado de tentativa. Igualmente la defensa formula sus alegatos finales y se les dio la oportunidad a los acusados para que ejerzan su autodefensa.
PARTE CONSIDERATIVA 9) Respecto al Retiro de Acusación por el delito de Tenencia de materiales explosivos.
El Ministerio Público en principio formuló cargos contra los acusados por el indicado delito al haberse hallado en la guantera del vehículo en que se trasladaban, dos canillas de dinamita, pero luego de escuchado la exposición del perito balístico forense Edgar Miguel Rocha Rojas quien refiere que para la detonación de tal producto se requería además del iniciador o mecha así como del fulminante y detonador, por lo que procede a retirar la acusación en éste extremo en vista que el indicado especialista refiere que para la detonación de la indicada canilla se requería de sus otros componentes y por sí solo no representaba ningún peligro. En efecto el referido profesional ha ilustrado al Colegiado que las canillas halladas (cartucho de dinamita recortado) por sí solo no representan peligro alguno porque para ello se requiere que esté completo el denominado ”Tren explosivo”, el que está compuesto por un elemento iniciador (mecha lenta o eléctrica), un detonador (fulminante) y un explosivo (dinamita), y si bien la canilla recortada contenía material explosivo éste no constituía peligro porque incluso se podía poner al fuego y no explotaba, se requería de su mecha y su detonador o fulminante para que constituya peligro. Siendo ello así, entonces estamos ante un instrumento inocuo, inidóneo para que constituya peligro y ponga en riesgo el bien jurídico tutelado, por lo que el pedido del Ministerio Público se encuentra sustentado en la prueba actuada en juicio y por tanto debe tenerse por retirado la acusación en éste extremo.
10) Respecto del delito de extorsión (Acusación contra Segundo Alexander Gil León y retiro de acusación de sus coacusados).
246
En principio el Ministerio Público había formulado cargos contra los tres acusados Segundo Alexander Gil León, Luis Gustavo Gil León y Marlon Stalin Cuasimodo Gil, por el delito de extorsión en su modalidad agravada dada la pluralidad de agentes, pero en sus alegatos de clausura ha mantenido los cargos sólo respecto del acusado Segundo Alexander Gil León retirándolo res-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA pecto de los otros dos acusados, en vista que si bien los acusados fueron intervenidos en el mismo vehículo, fue el acusado Segundo Alexander Gil León quien descendió del mismo y fue intervenido por personal policial cuando se disponía a recoger el sobre que contenía el dinero que se le exigía al agraviado César Martín Gonzáles Trinidad a quien se le venía extorsionando, mientras sus coacusados se encontraban circunstancialmente en el vehículo, por haberlo así sostenido desde un inicio el acusado Segundo Alexander admitiendo los cargos en su contra, y así haberlos ratificado su hermano Luis Gustavo Gil León quien refiere que su hermano lo busco para que le haga un servicio de taxi a una pollería y en el trayecto subió su primo coacusado Cuasimodo Gil, quienes refieren desconocían de los hechos. Sobre ello en juicio se ha recibido la declaración del agraviado Gonzáles Trinidad quien ratifica que venía siendo extorsionado y le exigían el pago de diez mil nuevos soles, y la policía se encargó de preparar el dinero para capturar a los extorsionadores; asimismo se ha recepcionado la declaración del testigo efectivo policial Jorge Vargas Benel quien participó en la intervención de los acusados. Por lo que queda indubitablemente probado la comisión del delito de extorsión.
En cuanto a la responsabilidad del acusado Segundo Alexander Gil León éste desde el inicio del juzgamiento ha aceptado los cargos, es más, fue intervenido en flagrancia delictiva recogiendo el sobre que supuestamente contenía el dinero exigido en la extorsión, por lo que no queda duda respecto de su responsabilidad en el delito. En lo que atañe a los acusados Luis Gustavo Gil León y Marlon Stalin Cuasimodo Gil, quienes refieren haberse encontrado circunstancialmente en el vehículo intervenido debido a que el primero de los nombrados hacía servicio público de taxi mientras el segundo refiere fue invitado a abordar por su coacusado Segundo Alexander quien le invitó a comer pollo a la brasa. Al respecto debe considerarse que si bien los referidos acusados fueron intervenidos en el vehículo donde también se desplazaba el acusado Segundo Alexander Gil León, ello no resulta suficiente para concluir que los tres están en la misma situación y se trataba de un caso de flagrancia, que en el caso del acusado Segundo Alexander si resulta claro porque se acercó a recoger el dinero, pero de los otros dos acusados que estuvieron en el carro se requiere prueba adicional caso contrario se estaría incurriendo en criterios de responsabilidad objetiva que se encuentra proscrito por el artículo VII del Título Preliminar del Código Penal. Para desentrañar ello sólo se ha recepcionado el testimonio del testigo efectivo de la Policía Nacional Jorge Vargas Benel, quien refiere que luego de recepcionada la denuncia del agraviado se iniciaron la tratativas con los extorsionadores y quedaron en entregar un sobre con dinero, y al llegar al lugar pactado llegó un vehículo de donde bajo un sujeto que es intervenido, procediendo además a intervenir a dos sujetos que se encontraban en el interior de dicho vehículo, refiriendo el
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
247
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro testigo que el intervenido Segundo Alexander Gil León desde un inicio admitió su participación en el delito pero en forma individual aduciendo que sus acompañantes no tenían nada que ver. Además de tal testimonio no se tiene otro testimonio que evaluar respecto de la responsabilidad de los acusados no obstante que fueron notificados todos los efectivos policiales que participaron en la intervención, por lo que siendo así, es sólo sobre tal prueba que se tiene que pronunciar el Colegiado al evaluar el retiro de acusación formulada. En ese sentido se advierte que conforme al relato del testigo se desprende que el acusado Segundo Alexander desde un inicio -al momento de su intervención-, además de asumir su responsabilidad excluyó la participación en el ilícito de sus coacusados, lo que ha sido ratificado en juicio al afirmar que admite su responsabilidad pero que su hermano es taxista y le pidió que le haga un servicio a una pollería y para que su hermano no sospeche invitó a su primo Cuasimodo Gil a abordar el vehículo para ir a comer pollo a la brasa, siendo luego intervenido por personal policial junto a sus familiares; versión que es ratificada por sus coacusados. En consecuencia, el Colegiado advierte que no hay más prueba que vincule a los acusados Marlon Cuasimodo Gil y Luis Gustavo Gil León que el hecho de estar a bordo del vehículo en el que se trasladaba el acusado Segundo Alexander, y al haberse afirmado por los testigos que ese hecho fue circunstancial en vista que los antes mencionados desconocían de las actividades del antes referido acusado, y advirtiendo que el retiro de acusación tiene los mismos efectos de una sentencia absolutoria (archivo del caso), es sobre esa base que el Colegiado da por retirada la acusación en éste extremo por el Ministerio Público. 11) Individualización de la Pena.
Para los efectos de la individualización de la pena, se tiene en cuenta los principios de lesividad y proporcionalidad previstas en los artículos cuarto y octavo del Título Preliminar del Código Penal, de manera que la sanción penal a imponerse esté acorde con la culpabilidad por el hecho, dentro de los límites mínimos y máximos que sanciona la norma penal que subsume el hecho imputado al acusado, debiendo considerarse además lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del Código Penal, así como la naturaleza del delito cometido y las circunstancias de su perpetración.
Que, a fin de determinar la pena respecto del acusado Segundo Alexander Gil León debe considerarse que mediante Ley No.30076, que modifica los artículos 45, 45-A y 46 del Código Penal, se estableció el sistema de tercios, entonces en aplicación a dichas normas el Colegiado para determinar la pena debe previamente identificar el espacio punitivo de la pena a imponer, y luego evaluar si concurren circunstancias atenuantes o agravantes, y si éstas son genéricas o privilegiadas o cualificadas. En tal sentido si bien al inicio del juicio el Minis-
248
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA terio Público postuló la figura de extorsión en su modalidad agravada por la presunta pluralidad de agentes, pero al haber retirado la acusación respecto de dos acusados entonces estamos ante la figura básica tipificada en el primer párrafo del artículo 200 del Código Penal cuya pena fluctúa de diez a quince años de pena privativa de la libertad; pero para su determinación además debe considerarse las calidades personales del acusado quien se trata de una persona con una serie de carencias porque sólo cuenta con estudios primarios, de ocupación obrero de construcción civil, conviviente, sin antecedentes tratándose de un agente primario, no concurriendo ninguna circunstancia agravante cualificada, concurriendo si una atenuante privilegiada porque el delito se frustró –por la oportuna intervención policial- quedando el mismo en grado de tentativa. Siendo así, entonces debe imponerse una pena por debajo del mínimo legal si consideramos además que desde el inicio del juicio aceptó los cargos y su defensa sólo cuestionó la inidoneidad del supuesto material explosivo que en efecto tuvo razón conforme a la explicación proporcionada por el perito balístico, además de cuestionar la tipificación del hecho juzgado. Por lo que el Colegiado atendiendo a los principios de proporcionalidad y de lesividad del bien jurídico considera que debe imponerse ocho años de privación de su libertad. 12) Reparación Civil.
Respecto a la reparación civil ésta debe fijarse atendiendo los conceptos establecidos en el artículo 93 del Código Penal, cual es la restitución del bien o el pago de su valor, además de la indemnización causada por los daños y perjuicios irrogados a la víctima por el delito. En tal sentido el Colegiado considera que estando a la naturaleza del delito y al no haberse consumado el mismo, la suma propuesta por el Ministerio Público es una suma prudencial y razonable. En tal sentido, en aplicación a los principios de ponderación y de proporcionalidad el Colegiado estima los daños y perjuicios en la suma de quinientos nuevos soles que deberá cancelar el sentenciado en ejecución de sentencia.
13) Costas: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quién debe soportar las costas del proceso. Que en el presente si bien se le impone sentencia condenatoria al acusado Segundo Alexander Gil León por el delito de extorsión, debe considerarse que éste asumió su responsabilidad desde el inicio del juzgamiento y debido a que su defensa cuestionó la materialidad del delito de tenencia de materiales peligrosos explosivos como el de aducir que no se tipificaba la figura agravada sino básica de extorsión, es que no prosperó una conclusión anticipada, pero al condenársele efectivamente por la figura básica y al haberse determinado luego de la actividad probatoria que el explosivo
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
249
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro que portaba era inocuo, entonces bajo tales circunstancias debe eximirse al condenado del pago de costas, debido a que los fundamentos de su abogado defensor fueron amparados. PARTE RESOLUTIVA. Por estos fundamentos, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial del distrito Judicial de La Libertad, con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú. Al amparo de los artículos 1, 6, 10, 11, 16, 23, 28, 45, 57, 92, 200° primer párrafo y 279-A del Código Penal concordado con los artículos 1, 11, 155, 356, 387.4, 392, 393, 394, 397, 399, 402 y 403 del Código Procesal Penal. FALLA: I. DESE por retirada la acusación contra los acusados MARLON STALIN CUASIMODO GIL, LUIS GUSTAVO GIL LEÓN y SEGUNDO ALEXANDER GIL LEÓN, por el delito de tenencia de materiales peligrosos explosivos, en agravio de El Estado. II.
DESE por retirada la acusación contra los acusados MARLON STALIN CUASIMODO GIL y LUIS GUSTAVO GIL LEÓN por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa en agravio de César Martín Gonzáles Trinidad; ANULENSE los antecedentes que se hubieren generado en el extremo del retiro de acusación.
III. CONDENANDO al acusado SEGUNDO ALEXANDER GIL LEÓN como autor del delito de extorsión en su figura básica, a OCHO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA, en agravio de César Martín Gonzáles Trinidad; encontrándose privado de su libertad desde el veintinueve de enero del dos mil quince la pena vencerá el veintiocho de enero del dos mil veintitrés, fecha en que será puesto en inmediata libertad siempre y cuando no exista otro mandato de detención emanado de autoridad competente. IV. REPARACIÓN CIVIL.- Se fija en la suma de QUINIENTOS NUEVOS SOLES que cancelará en ejecución de sentencia a favor del agraviado. V. COSTAS. - Sin Costas. VI. INSCRIPCIÓN.- Se inscriba en el registro correspondiente a cargo del Poder Judicial la sentencia firme o consentida. Se archive definitivamente S.S. QUISPE LECCA LOPEZ PATIÑO LUJÁN CASTRO
250
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA
5.
PARRICIDIO Y EXPOSICION O ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES EXPEDIENTE N° 1069-2015 ESPECIALISTA : GEOVANNA CASAS NOVOA ACUSADA : LORENA EVELYN AGUILAR AGUILAR DELITO : PARRICIDIO EXPOSICION O ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES AGRAVIADO : MENOR DE INICIALES N.G.M.A. COLEGIADO : JORGE LUIS QUISPE LECCA (D.D.) RAQUEL ALEJANDRA LÓPEZ PATIÑO JUAN JULIO LUJAN CASTRO
SENTENCIA
RESOLUCIÓN N° VEINTITRES Trujillo, veintinueve de marzo del año dos mil dieciséis.-
Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, integrado por los señores Jueces doctores Jorge Luis Quispe Lecca, Presidente y Director de Debates, Dr. Juan Julio Luján Castro y Dra. Raquel Alejandra López Patiño, en el proceso seguido contra LORENA EVELYN AGUILAR AGUILAR como autora del presunto delito Contra la Vida el Cuerpo y la Salud, en la modalidad de PARRICIDIO AGRAVADO en la forma de comisión por omisión, asimismo como autora del presunto delito EXPOSICION Y ABANDONO DE PERSONAS INCAPACES en agravio de su hija, la menor de iniciales N.G.M.A.PARTE EXPOSITIVA. 1)
Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación del Ministerio Público: Que, con fecha 14 de febrero de 2015 siendo las 08:00 de la noche aproximadamente, luego de haber llegado de su trabajo al cuarto que alquilaba en el tercer piso de la calle Inca Roca N° 1203 – Río Seco – El Porvenir, donde también se encontraba en ese momento su conviviente Lorena Evelyn Aguilar Aguilar y su menor hijastra de iniciales N.G.M.A. de tan solo un años y dos meses de nacida a punto de ver la televisión, es en ese momento la golpea a la menor, coge a su hijastra y la lanza contra la cama donde se golpea la cabeza contra la pared y luego nuevamente la coge y la lanza contra el colchón, también le pisa su estómago, luego de eso la menor blanqueaba los ojos mirando para arriba, sus brazos y piernas estaban doblados como estirándose pero torcidos, estaba con convulsiones, respirante entrecortado, todo eso fue GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
251
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro presenciado por la madre de la menor Lorena Evelyn Aguilar Aguilar, quien se encontraba en el cuarto, pero pese a que tenía la posición de garante, pues era la madre biológica y tenía la obligación de impedir el resultado, no realizó ninguna conducta, se quedó inactiva para evitar esos hechos. Luego de ocurridos los hechos la menor fue conducida por su padrastro y madre al Policlínico de Río Seco – El Porvenir y luego al Hospital Santa Isabel, donde al no contar con los implementos necesarios la desplazaron en ambulancia al Hospital Belén de Trujillo, donde quedó en observación, sin embargo, el 15 de febrero a las 06:20 horas a causa del golpe en la cabeza que le ocasiono su padrastro, le produjo una hemorragia subdural masiva que fue la causa de la muerte de la menor.
252
-
Calificación Jurídica del Ministerio Público y Pretensión Penal.Que, la acusada es AUTORA del delito contra la vida el cuerpo y la salud en la modalidad de PARRICIDIO AGRAVADO, previsto en el Artículo 107 del Código Penal que prescribe: “El que a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a una persona con quien sostiene o haya sostenido una relación conyugal o de convivencia, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de quince años” y concordante con el artículo 108° inc. 1 y 3 del Código Penal que prescribe: “Sera reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mate a otro concurriendo cualquiera de las circunstancias siguientes: 1. Por ferocidad (…) 3. Con gran crueldad”, en agravio de la menor de iniciales N.G.M.A. Atribuyéndole la calidad de autora por su participación por comisión por omisión, conforme al artículo 11 del Código Penal, por haber omitido evitar la muerte de su menor hija, pese a que estuvo presente. Asimismo se le atribuye la calidad de AUTORA del delito de EXPOSICION O ABANDONO A PERSONAS INCAPACES previsto en el Artículo 125° del Código Penal que prescribe: “El que expone a peligro de muerte o de grave e inminente daño a la salud o abandona en iguales circunstancias a un menor de edad o a una persona incapaz de valerse por sí misma que estén legalmente bajo su protección o que se hallen de hecho bajo su cuidado (…)”, en agravio de iniciales N.G.M.A. Por lo que solicita se le imponga al acusado la sanción de QUINCE AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD por el delito de Parricidio Calificado y UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD por el delito de exposición o abandono de personas incapaces; haciendo un total de DIECISÉIS AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD EFECTIVA por ambos delitos.
-
Pretensión Civil.- solicita el pago de S/.8,000.00 (OCHO MIL NUEVOS SOLES) que que deberá cancelar a favor de la sucesión de la menor, representado por su padre Segundo Alfredo Murga Arteaga.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 2)
Pretensión de la defensa de Lorena Evelyn Aguilar Aguilar: Postula por la inocencia de su patrocinada puesto que a lo largo del juicio demostrara que la acusada no se encontraba presente cuando el sentenciado Bacilio Cueva golpeo a su menor hija. Además ella hizo todo lo posible por ayudar a su niña ya que al verla en mal estado recurrió a pedir ayuda a su vecina y también llamo al padre de la menor para que la auxiliara, asimismo fue ella quien la llevo al policlínico Rio Seco y luego al Hospital Belén.
3) Se Instruyó de sus derechos al acusado y ante la pregunta de admitir ser autor del delito materia de acusación y responsable de la Reparación Civil, respondió que Negativamente; por lo que, se continuó con el desarrollo del debate, de conformidad con el Artículo 356 del Código Procesal Penal. 4)
Admisión de nuevos medios de Prueba: - Ministerio Publico: Ninguna - Defensa: La testimonial del sentenciado David Bacilio Cueva - COLEGIADO: Admite la declaración
5)
Examen de la acusada Lorena Evelyn Aguilar Aguilar: No va a declarar
6)
Medios probatorios Actuados:
6.1) Del Ministerio Público: 6.1.1) Declaración de la testigo Rosa Iris Cruzado Reyes.- Quien, refiere que el día 14 de febrero del año 2015 a las 19:00 horas aproximadamente se encontraba cocinando cuando toca la puerta posterior la señora Lorena desesperada y gritando dice “señora Iris, mi hija se está ahogando”, por lo que envió a su hermana Nélida a ayudar a la señora Lorena. Al poco rato su hermana Nélida regresa y le dice que la bebe tiene algo, que algo le han hecho porque ya se estaba estirando y su estómago estaba morado. Refiere que su hermana le dijo que le pregunto a la señora Lorena que había pasado con la bebe y que le dijeron que no sabían que tenía su niña. Al ver esta situación su hermana le aconsejo que llevaran a la bebe al hospital; luego como a las 6:00 horas aproximadamente le llaman para decirle que la bebe había fallecido. Más tarde empezaron los comentarios de que el señor David había sido el que mato a la bebe. Sostiene que a la señora Lorena no la conocía mucho, que el señor David si lo conocía porque era vecino. Hace una semana y media, antes de los hechos, vio a la bebe con el mentón morado, por lo que le pregunto a la señora Lorena que había pasado y ella le manifestaba que se había caído, en varias oportunidades le pudo ver moretones a la bebe. - Defensa.- Los golpes que le vio a la bebé fueron antes de que sucedieran los hechos. Reconoce su declaración previa ante el Ministerio Publico y aclara que luego de que la señora Lorena subió con
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
253
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro un plato de comida para su pareja (el señor David) habrán pasado un promedio de 5 a 10 minutos cuando la señora Lorena le llama para decirle que su bebé se estaba ahogando. El señor Carruitero López no estaba en su casa cuando sucedieron los hechos. No ha presenciado que el señor David golpeara a la niña. Tampoco ha presenciado que la señora Lorena dejara que golpeara a la niña. 6.1.2) Declaración de la Testigo Nélida Cruzado Reyes.- quien refiere que cuándo viene de vacaciones a la ciudad de Trujillo llega a la casa de su hermana, por lo que en verano del año 2015 se encontraba en dicho domicilio. Sostiene que el día 14 de febrero su hermana Rosa la envió a ayudar a Lorena, puesto que esta última estaba pidiendo ayuda aduciendo que su bebita se estaba ahogando; por ello es que la testigo subió las escaleras para proceder a ayudarla, es en esos momentos que observa que la señora Lorena tenia a la niña cargada en sus brazos y le refirió que no sabía que tenía su niña, que ella la dejo durmiendo, bajó a comprar por unos minutos y cuando regreso la encontró mal; por lo que le dijo que le dé respiración boca a boca pero no servía de nada; en esos momentos volteó a mirar en el cuarto para ver si había algo con lo que la niña se haya podido hacer daño y logro ver al sentenciado David Bacilio Cueva quien caminaba de un lado a otro dentro del cuarto como preocupado. Acto seguido comenzó a aplastarle el pecho a la bebe, mientras la señora Lorena le daba respiración; posteriormente le tocó el pulso y lo sentía débil por lo que le aconsejo a Lorena que la lleve al Hospital. La bebé tenia huellas moradas por el cuello y el cuerpo morado. Refiere que cuando ella le sugirió a la señora Lorena que la lleve a la bebé al Hospital, el señor David comento que hace rato que le estaba diciendo eso a Lorena y ella no le hacía caso. Días antes de los hechos le noto moretones a la bebe en el cuerpo, en sus brazos, su rostros se notaba huellas de dedos. - Defensa.- Le observo moretones a la niña una semana antes de los hechos. No ha visto al señor David golpear a la niña. Reconoce la foto del señor Walter Carruitero y asevera que si lo conoce y el día de los hechos no se encontraba en la casa. 6.1.3) Declaración del testigo médico José Manuel Burgos Zavaleta.- Refiere que en el año 2015 trabajaba en el Hospital Belén y que el día 14 de febrero del 2015 en la noche se encontraba de guardia en Emergencia, en estas circunstancias es que atendió a la menor de iniciales N.G.M.A. quien llego derivada de otro establecimiento de salud. Que la menor de un año dos meses llego sedada porque estaba convulsionando más de media hora, hicieron una primera evaluación concluyendo que tenía estable su respiración, sus funciones vitales estaban estables pero se-
254
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA dada. Por lo que luego empezaron un interrogatorio a la familia, quienes refirieron que estando sentada jugando, la niña empezó súbitamente a convulsionar, después de ello la llevaron a un establecimiento de salud; refirieron que no había tenido caída alguna; el interrogatorio lo realizaron a la madre de la menor (señora Lorena) y a su pareja (David), la mayor parte de información la proporciono la madre. Luego observaron una lesión contusa en un lado de la cara y parte del cuello por lo que preguntaron a la familia y refirieron que se lo hizo jugando. Refiere que si la familia de la menor hubiese comunicado que hubo algún golpe la menor hubiese sido trasladada de frente a cirugía. Tanto la madre de la menor como su pareja daban la misma versión de lo ocurrido con la menor, no se contradecían. Luego que la menor fallece, le llamo la atención varias cosas primero que la niña se haya deteriorado rápidamente, otro que en el proceso de reanimación observaron que empezó a salir sangre viva del estómago de la menor lo que les sorprendió porque previo a eso no se observó ningún sangrado. Esto fue lo que determinó que decidieran que se proceda a hacer la necropsia para investigar la causa de muerte. - Defensa.- Recibieron a la menor a las 21:50 aproximadamente. Cuando hizo las preguntas a la madre de la menor no noto en ella nerviosismo, estaba normal. 6.1.4) Declaración del Perito Médico Psiquiatra José Ángel Holgado Minaya.- Se ratifica en la Pericia Psiquiátrica N° 3014-2015 de fecha 05 de junio del 2015 que le practico a la acusada. Las conclusiones son: no presenta trastorno psicopatológico de psicosis, su inteligencia es clínicamente normal para su edad y nivel educativo, presenta personalidad con rasgos disociales: tendencias de impulsividad por inmadurez, no presenta tendencias agresivas, se sugiere de la participación de psicología clínica para el desarrollo adecuado de su personalidad.
La personalidad con rasgos disociales quiere decir que está dentro de lo normal. Tendencia a salirse de las normas sociales, puede llegar a ser imprudente con su seguridad y la de los demás.
6.1.5) Declaración del testigo médico Roger Haro Castillo.- Refiere que el 14 de febrero del año 2015 en horas de la noche se encontraba laborando en Emergencias del Policlínico Santa Isabel del Porvenir. Que ese mismo día atendió a una menor de un año dos meses quien fue llevada al Hospital por su madre, la menor llego en mal estado al Hospital de inmediato procedieron a revisarla pero no respondía a los estímulos. Le pregunto a la madre porque la menor se encontraba en ese estado y la madre refirió que de un momento a otro la niña se quedó en ese estado, negaba que la menor se haya golpeado. No se percató si la menor tenía
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
255
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro golpes en el cuerpo. La madre fue quien le proporcionó información sobre el estado de la menor. -
Defensa: No recuerda la hora en que llego la menor al Hospital. Las acciones que tomaron para socorrer a la menor fue revisar las funciones vitales, si el corazón está latiendo; tomar la temperatura. No tuvo conocimiento de que la niña primero fue trasladada al Policlínico Rio Seco y que en su establecimiento no le dieron Diasepan a la niña. Se le pone a la vista su declaración previa ante el Ministerio Publico y se ratifica en que la hora en que llego la menor al Hospital fue a las 21:05 aproximadamente. Refiere que en su experiencia el tiempo aproximado que transcurre de trasladar a una persona del Hospital Santa Isabel al Hospital Belén es de 10 a 15 minutos.
6.1.6) Declaración del testigo Deivi Yulissa Avalos Rodríguez.- Refiere que en febrero del 2015 alquilaba un cuarto en Río Seco. Vivía en el tercer piso y tenía como vecinos a la señora Lorena y el señor David (acusados), el señor Walter y una persona más. Fueron pocas las veces en que vio a los acusados discutir. Escuchaba a la menor llorar en varias ocasiones pero no sabía porque. La madre de la menor no le manifestó si ella o la menor eran víctimas de maltrato físico. El día 14 de febrero del 2015 llego a su cuarto a las 21:00 a 21:30 horas aproximadamente y vio a la acusada en el pasadizo con su hija en brazos, le pregunto qué había pasado y le refirió que la menor estaba jugando y se había caído. Observo que la menor aun respiraba pero se desmayaba. - Defensa.- Reconoce su firma en la declaración rendida ante el Ministerio Publico de fecha 11 de junio del 2015 y refiere que no se ratifica en su declaración puesto que si vio al acusado pegar a la niña en una oportunidad y que en ese momento no se encontraba presente la madre de la menor (la señora Lorena). Precisa que el día 14 de febrero del 2015 no vio al señor Walter Carruitero. -
Ministerio Público.- Recuerda que un día que no fue a trabajar, observo que los 3 estaban afuera en el lavadero, la menor estaba en una tina, ya se dormía y el señor David le tiraba agua para que se despierte, luego de un rato el señor David y Lorena se fueron a descansar y la dejaron a la menor allí en la tina; por lo que la testigo fue, la saco y se la llevo a su cuarto para que duerma. En esta situación es que la madre de la menor se fue al baño y el señor David aprovechaba para echarle agua en la cara a la menor.
- Defensa.- Cuando le echaron agua la menor lloraba, en esos momentos la acusada estaba en el baño.
256
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 6.1.7) Declaración del testigo Segundo Alfredo Murga Arteaga.- Refiere que está casado desde hace 33 años y que tuvo una relación sentimental con la acusada por dos años, que dicha relación la mantuvo estando casado y que producto de la relación tuvieron una hija; asimismo refiere que termino su relación con la agraviada porque ella se enamoró de otro hombre; se separaron cuando la menor tenía 11 meses; se veían cada quince días o semanalmente con ella y la niña, él cumplía con la niña. La menor se veía bien de salud, vestida y bañada. Refiere que la última vez que la vio fue el 9 o 10 de febrero. Un día que se encontraron en plaza vea (chacarero) la niña se cayó y a los 3 días que fue a dejarle su pensión la vio con un moretón; luego ya no la vio. Un sábado se enteró de lo que había sucedido, ya que lo llamo la acusada llorando y le dijo que la niña estaba mal, que no despertaba; por lo que fue al hospital Belén en donde se encuentra con los acusados. Es allí donde la madre de la niña le refiere que había salido a comprar comida y cuando regreso la encontró en mal estado, como convulsionando; asimismo, que David le refirió que estuvo viendo televisión, sonó algo y luego la niña estaba en el piso convulsionando, por lo que la llevaron a la posta. Fiscal deja constancia de que el testigo ha visitado a la acusada en el penal un promedio de 49 veces según información remitida por el INPE. - Defensa.- Quiso recoger a su hija pero ella se puso a llorar y le dijo que no haga eso. 7)
Oralización de los medios probatorios. Destacaron el significado probatorio que consideran útil las partes.
Alegatos de clausura, se produjeron los alegatos de clausura donde las partes se ratificaron en sus pedidos iniciales expuestos en sus alegatos de apertura, y se concedió el uso de la palabra a la acusada quien refirió ser inocente.
PARTE CONSIDERATIVA: 11) Hechos probados y Análisis de la prueba actuada: 11.1. Que, se imputó al ahora sentenciado David Jesús Bacilio Cueva el de haber venido maltratando a la menor de iniciales N.G.M.A. (de un año y dos meses de edad) quien era hija de su conviviente coacusada Lorena Evelyn Aguilar Aguilar, tal es así que el día 14 de febrero del 2015 –en la habitación que alquilaba con su entonces conviviente- a horas 8 pm. aproximadamente, se ensañó con la menor golpeándola en forma violenta y reiteradamente, causándole la muerte por un golpe mortal que le propinó en la cabeza que le produjo una hemorragia subdural masiva, ello en presencia de su coacusada quien a pesar de estar presente no hizo nada para evitar tal desenlace fatal, por lo que los cargos contra ésta última son precisamente la de haber cometido el delito de parricidio por su participación por comisión por omisión. Asimismo GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
257
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro se le imputa a la acusada la comisión del delito de exposición o abandono de personas incapaces no precisándose el presupuesto fáctico de ésta última imputación. 11.2. El acusado Bacilio Cueva aceptó los cargos al inicio del juzgamiento, sometiéndose al procedimiento de conclusión anticipada, por lo que se le impuso sentencia condenatoria por el delito de homicidio calificado en agravio de la menor a veinte años y seis meses de pena privativa de la libertad. Respecto de su coacusada Lorena Evelyn Aguilar Aguilar, ésta no aceptó los cargos sosteniendo que no estuvo presente cuando su coacusado golpeó mortalmente a su menor hija y que hizo todo lo posible en salvaguarda de su salud, llevándola al Policlínico de Río Seco y Hospital Belén. Por lo que se continuó con el juzgamiento respecto de la acusada, actuándose actividad probatoria ya no para acreditar la muerte de la menor sino la responsabilidad que le atribuye el Ministerio Publico en la comisión del delito. Por lo que bajo tal premisa pasa a evaluarse la actividad probatoria para determinar si efectivamente éste resulta suficiente para desvirtuar el principio de presunción de inocencia que la protege. 11.3. Que, evaluando individualmente las declaraciones de los testigos: Rosa Iris Cruzado Reyes (dueña del inmueble donde la acusada con su ex conviviente alquilaron una habitación), concluye que la acusada luego de regresar de comprar comida subió a su cuarto y pidió ayuda porque su bebe se encontraba mal, refiriendo la testigo que mandó a su hermana Nélida Cruzado Reyes para ver lo que sucedía porque ella se encontraba ocupada, y quien a su vez refiere que vio a la acusada con su menor hija en brazos y le sugirió que la lleve al hospital porque vio a la menor en mal estado. A su turno la testigo Jessica Marlene Alfaro Peves (vecina de cuarto de los acusados), refiere que el día de los hechos, al regresar de la calle, encontró a la acusada en el pasadizo con su bebe en brazos y le preguntó que ha pasado y ésta le respondió que su hijita estaba jugando y se ha caído; refiriendo además la testigo que sí vio golpear en una oportunidad el sentenciado Bacilio Cueva a la menor pero no se encontraba presente la acusada. De lo que podemos concluir que se trata de testimonios de testigos que no presenciaron los hechos. Por su parte los médicos José Manuel Burgos Zavaleta y Roger Haro Castillo refieren que atendieron a la menor quien se encontraba en mal estado de salud y que la acusada como su entonces conviviente afirmaban que no se había golpeado. 11.4. El Ministerio Público atribuye a la acusada una conducta omisiva al haber permitido, ante su presencia, que el acusado golpee mortalmente a su menor hija causándole la muerte por un golpe a la cabeza. De la evaluación de la prueba se llega a concluir que ningún testigo afirma haber presenciado que el sentenciado Bacilio Cueva golpee a la menor en presencia de su madre la acusada, menos el día de los hechos 14 de febrero del 2015, porque conforme
258
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA lo ha señalado la dueña del inmueble donde tenían alquilado una habitación los acusados, testigo Rosa Iris Cruzado Reyes, quien afirma que cuando la acusada regresó de comprar comida subió a su habitación y luego comenzó a llamar a su puerta solicitando auxilio porque su hijita se estaba muriendo, y como estaba ocupada le dijo a su hermana Nélida Cruzado Reyes que la vaya a ver y quien a su vez refiere que la encontró en el pasadizo y le dice que le dé respiración boca a boca pero la bebe no reaccionaba, y como sentía su pulso lejos es que le aconseja que la lleve a un hospital, lo que en efecto así ocurrió siendo trasladada la menor por su madre al policlínico del Río Seco – El Porvenir, luego al policlínico Santa Isabel y finalmente –dado el grave estado de la menor- al Hospital Belén donde finalmente fue atendida. Concluyendo de tales relatos que la acusada Aguilar Aguilar se ausentó de la habitación para comprar sus alimentos y al regresar y subir a su habitación es que encuentra a su menor hija en mal estado y procede a pedir ayuda a la dueña de la casa, evidenciándose que no estuvo presente al momento que fue golpeada por el acusado Bacilio Cueva. Es más, su preocupación fue socorrer a la menor a quien incluso le dio respiración boca a boca –conforme al relato de la testigo Nélida Cruzado Reyes-, pero al no ver reacción en la menor es que decide llevarla hasta en tres centros de salud como son el Policlínico del Río Seco – El Porvenir, Policlínico Santa Isabel y finalmente al Hospital Belén, no probándose que haya permitido que el sentenciado Bacilio Cueva la golpee mortalmente a su hija y que nada haya hecho al respecto. Además, con la declaración del testigo Segundo Alfredo Murga Arteaga –padre de la menor- se prueba que la acusada desde el hospital lo llamó comunicándole del grave estado en que se encontraba su hija, quien refiere que cuando le pidió explicaciones por lo ocurrido ésta le dijo que había salido a comprar comida y a su regreso la encontró en ese estado, y que había dejado a la menor con su ex conviviente ya sentenciado, quien le dijo que él estuvo viendo televisión y escuchó algo y luego vio a la niña en el piso; corroborándose que la acusada no estuvo presente al momento que el sentenciado le propino la golpiza que le causó la muerte.
Para imputarle la comisión del delito de parricidio a la acusada sea por comisión o por omisión, debe estar nítidamente probado su ánimo necandi y deliberado propósito de acabar con la vida de su menor hija, y en el caso materia de juzgamiento aparece lo contrario, porque luego de subir la acusada a su habitación empezó a pedir ayuda al encontrar a su menor en mal estado, proporcionándole respiración boca a boca y al no encontrar resultados lo llevó hasta a tres centros de salud para auxiliar a la menor. Si hubiera participado en el ilícito y hubiera tenido el ánimo de acabar con la vida de su hija sencillamente no la hubiera socorrido y la hubiera dejado morir en su habitación sin socorrerla, lo que no ocurrió en el presente caso.
11.5. Que, en lo que respecta a las declaraciones de los médicos que atendieron a
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
259
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro la menor, como es el caso del médico Roger Haro Castillo, quien la atendió en el Hospital Santa Isabel, y del médico José Manuel Burgos Zavaleta que la atendió en el Hospital Belén, coinciden en señalar que cuando pidieron información a la acusada y su conviviente, éstos si bien negaron que la menor haya recibido algún golpe, debe considerarse que ello no es indicio de responsabilidad para la acusada si consideramos -que -como ya se refirió- ésta no estuvo presente al momento que Bacilio Cueva golpeo a la menor y éste le refirió que desconocía los motivos por el cual la menor se puso en mal estado porque de repente se había puesto así; por lo que es de concluir que la acusada sólo repitió lo que le dijo su entonces conviviente quien se había quedado a solas con la menor cuando ella salió a comprar comida. En lo que respecta al testimonio de la testigo Jessica Marlene Alfaro Peves –vecina de habitación de la acusada-, ésta igualmente refiere no haber presenciado los hechos porque llegó después y sólo vio a la acusada con su menor hija en brazos, y la información que proporciona de haber presenciado en una oportunidad golpear al sentenciado Bacilio Cueva a la menor en ausencia de su madre la acusada, tal información no es de calidad para resolver el presente conflicto de contenido penal, porque incluso de haberlo presenciado la madre en ésa oportunidad no se puede asumir que por ello habría también permitido que su entonces conviviente asesine a su hija. 11.6. El Ministerio Público también le ha formulado cargos a la acusada por el delito de exposición o abandono a personas incapaces, tipificado en el artículo 125 del Código Penal, pero en el requerimiento acusatorio no aparece el presupuesto fáctico (hechos) en que sustenta tal imputación, sólo agrega que hay concurso real de delitos: parricidio y exposición o abandono a personas incapaces, pero sin delimitar los hechos que le corresponde a éste segundo delito, lo que causa indefensión a la parte acusada. El referido ilícito penal tiene dos supuestos delictivos: exposición y abandono, no se ha precisado el mismo, además, la exposición es un delito de peligro concreto y actual y sólo puede materializarse por acción mas no por omisión, aunque el segundo supuesto si es de comisión por omisión y se materializa cuando el agente se aleja del ambiente en donde se encuentra el menor de edad, dejándolo indefenso y expuesto a peligro, con el fin de no brindarle los cuidados debidos a los cuales está obligado, siendo tal supuesto de peligro concreto e inminente para la vida misma o para la salud del sujeto pasivo. En el presente caso, al no haber precisado la representante del Ministerio Público cual es la conducta criminal de la acusada por el cual expuso o abandonó a su menor hija al peligro, debemos intuir que se refiere por el hecho de haberla dejado en compañía de su conviviente, en la habitación donde residían, mientras fue a comprar alimentos y al regresar la encontró en mal estado, pero si ello fuere el fundamento debe considerarse que tal conducta incriminada resulta atípica porque el hecho
260
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA de dejar a su bebe con su padrastro y en el lugar donde residen no significa haberla abandonado y dejado expuesta al peligro, porque si ello fuera así entonces de qué convivencia se estaría hablando, si es un hecho aceptado que los acusados con la menor residían en dicha habitación. Ahora, de aceptar tal tesis entonces el Ministerio Público admitiría que la acusada no estuvo presente al momento que su ex conviviente Bacilio Cueva le infirió los golpes mortales a la menor porque la dejó “abandonada” con éste, lo que tornaría en incongruente su tesis acusatoria porque por un lado refiere que éste la golpeo en su presencia y por otro que le dejó abandonado con éste. 9.7. Que, estando a lo antes expuesto a criterio del Colegiado la prueba actuada no resulta suficiente para concluir por la responsabilidad de la acusada en la muerte de su menor hija, en vista que para que se pueda concluir que efectivamente la acusada es coautora del asesinato de su hija, se requiere que exista prueba que demuestre más allá de toda duda razonable su responsabilidad, pero al no contarse con tal prueba, no se puede construir y elaborar una sentencia condenatoria como persigue el Ministerio Público. 10) COSTAS: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas del proceso. Que en el presente caso resultó vencida la parte acusadora. Y como quiera que el Código Procesal Penal ha previsto en el artículo 499.1 a los representantes del Ministerio Público, como exentos del pago de costas, así deberá declararlo el Juzgador PARTE RESOLUTIVA. Por estas consideraciones el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú. Al amparo de los artículos 1, 6, 10, 11, 25, 28, 45, 46, 92, 107, 108° incisos 1 y 3, y 125 del Código Penal, concordado con los artículos 1, 11, 155, 356, 392, 393, 394, 399 y 403 del Código Procesal Penal. FALLA: I.- ABSOLVIENDO de la acusación Fiscal a la acusada LORENA EVELYN AGUILAR AGUILAR, por los delitos de parricidio agravado y de exposición o abandono a personas incapaces, en agravio de la menor de iniciales N.G.M.A. II.- ANULENSE los antecedentes que se hubieran generado contra la absuelta por los hechos motivos del presente proceso.III.- COSTAS. Sin Costas. Se archive definitivamente.S.S. QUISPE LECCA LÓPEZ PATIÑO LUJÁN CASTRO.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
261
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
6.
ROBO AGRAVADO - ABSOLUCION EXPEDIENTE N° 177 - 2015 ESPECIALISTA : ACUSADO : DELITO : AGRAVIADO : COLEGIADO :
ROSMIERE ISIDRO HINOSTROZA JESUS ALBERTO LEIVA MEZA RUDDY GIAN MARCOS SANCHEZ MENDO ROBO AGRAVADO SERAPIO RÍOS JUAREZ JORGE LUIS QUISPE LECCA (D.D.) JUAN JULIO LUJÁN CASTRO RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO
SENTENCIA
RESOLUCIÓN N° Dieciséis. Trujillo, cinco de abril del año dos mil dieciséis.-
Vistos y Oídos los actuados correspondientes, en la audiencia de Juicio Oral, en Acto Público, por ante el SEGUNDO JUZGADO PENAL COLEGIADO SUPRAPROVINCIAL, integrado por los señores Jueces: Dr. Jorge Luis Quispe Lecca, Presidente y Director de Debates, Dra. Raquel Alejandra López Patiño y Dr. Juan Julio Luján Castro, en el proceso seguido contra el acusado JESUS ALBERTO LEIVA MEZA Y RUDDY GIAN MARCOS SANCHEZ MENDO, por el Delito contra el Patrimonio en la modalidad de ROBO AGRAVADO en agravio de Serapio Ríos Juárez.PARTE EXPOSITIVA 1)
262
Enunciación de los hechos y circunstancias objeto de la acusación del Ministerio Público: Que, el día 22 de octubre del 2014, al promediar las 14:00 horas, el agraviado (un sacerdote católico) se constituyó al Banco Continental ubicado en el Jirón Gamarra de la ciudad de Trujillo, retirando por ventanilla la suma de 11,050.00 euros destinados a solventar los gastos del Comedor del colegio San Francisco Santa Ana de Huamachuco, para luego al promediar las 14:50 horas dirigirse a una casa de cambio ubicada en el mismo Jirón, logrando cambiar la suma de 5,050.00 a moneda nacional por un monto de S/. 18,230.50, para luego trasladarse a bordo de un taxi no identificado con dirección a la Iglesia ubicada en la Av. Fátima de la Urb. California de Trujillo. Siendo las 15:15 horas aproximadamente en circunstancias en las que el agraviado bajo del taxi frente a la Parroquia y al cruzar fue atacado por un sujeto de unos 20 a 25 años de edad vestido con jeans quien portaba un arma de fuego con lo que golpeo en la cabeza al agraviado causándole heridas y pidiéndole el dinero para luego dispararle, impactando el proyectil en
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA el celular que el agraviado llevaba en el bolsillo de lado izquierdo del buzo y otro disparo le impacto en la pierna izquierda originándole una lesión; luego de ello el delincuente logro arrebatarle la mochila que contenía el dinero, los documentos, su billetera, los documentos personales y los vouchers del retiro y cambio del dinero para luego retirarse a bordo de una camioneta 4x4 color negra, dándose a la fuga por la Avenida Húsares de Junín, circunstancia en la que el agraviado fue auxiliado y trasladado a la Clínica SANNA donde fue atendido. Enterados de los hechos, personal policial recabo copia de un video de la cámara de seguridad instalada en la parroquia y luego de su visualización se logró recabar las características principales del vehículo en la que los autores del hecho se dieron a la fuga, ubicando el vehículo al interior de una cochera en la localidad de Moche; asimismo el agraviado logro reconocer el vehículo, asimismo en la cochera se intervino a las personas de Ángel Ricardo Rodríguez Rodríguez y Teresa Flora Quinto de la Peña quienes refirieron que el vehículo fue dejado en el frontis de su casa, cuyo patio lo utilizan como cochera por un sujeto conocido como Roy de características de 1.65 mts. de estatura, pelo lacio corto de unos 30 años de edad, quien el 22 de octubre del 2014 entre las 16:30 y 17:00 horas lo dejó comprometiéndose a retirarlo al día siguiente a las 7:00 horas. Mediante la inspección técnico criminalística y peritaje efectuado sobre el vehículo de placa de rodaje BJ1232 no existía denuncia alguna y que dicha placa se encontraba registrada a nombre del testigo Illahuamán Chipana Juan Mariano y Escobar Quispe Gladys con domicilio en el Callao – Lima. Por lo que dicho vehículo fue sustraído en la ciudad de Lima y llego a Trujillo el 22 de octubre 2014. Que efectuada la inspección técnico criminalística y recojo de huellas en el vehículo se obtiene que la muestra de impresiones dactilares proviene de la persona de Ruddy Gian Marco Sánchez Mendo (el ahora acusado), que la señora Quinto de la Peña logro reconocerlo como el sujeto que le dejo la camioneta en la cochera de su casa. El agraviado Serapio Ríos Juárez logro reconocer a Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo como el chofer de la camioneta de donde bajo la persona que lo asalto; de la misma manera logro reconocer a Jesús Alberto Leiva Meza como la persona que lo despojo dela mochila con el dinero así como quien le ocasiono las lesiones en el cuerpo. −
Calificación Jurídica y Pretensión Penal.- Que, los acusado son COAUTORES del delito contra el Patrimonio en la modalidad de ROBO AGRAVADO, previsto en el Artículo 189° del Código Penal con la agravante de ser cometido: “(…)3. A mano armada y 4. Con el concurso de dos o más personas asimismo con la agravante contenida el inc. 1 del segundo párrafo del mismo artículo que refiere: 1. Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima. Por lo que el Representante del
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
263
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro Ministerio Público solicita se le imponga al acusado Rudy Gian Marco Sánchez Mendo la sanción de TREINTA AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD y al acusado Jesús Alberto Leiva Meza la sanción de VEINTICINCO AÑOS DE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD. −
Pretensión Civil.- Se solicita se fije por concepto de Reparación Civil, la suma de CINCUENTA MIL NUEVOS SOLES, que deberán cancelar a favor del agraviado.
2)
Se Instruyó de sus derechos a los acusado y ante la pregunta de admitir ser partícipe o autor del delito materia de acusación y responsable de la Reparación Civil; Contestaron Ser Inocentes, por lo que se continuó con el desarrollo del debate; de conformidad con el Artículo 356 del Código Procesal Penal.
3)
Pretensión de la defensa 3.1) Defensa de Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo: Sostiene que el dia en que sucedieron los hechos su patrocinado se encontraba trabajando en la ciudad de Lima, en un car wash. Debido a ello es que la tesis de la defensa es por la inocencia de su patrocinado. 3.2) Defensa de Jesús Alberto Leiva Meza: Sostiene que el día en que sucedieron los hechos su patrocinado se encontraba vacacionando con sus familiares en las “Lagunas de Conache”. Asimismo resaltar que la incorporación de su patrocinado en el proceso es únicamente por un acta de reconocimiento en ficha RENIEC, la cual fue deficiente.
4)
5)
Nuevas Pruebas: -
Ministerio Publico: Ninguna
-
Defensa de Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo: No
-
Defensa de Jesús Alberto Leiva Meza: Ofrece 6 fotografías y boletas de compra para acreditar que estaba en lagunas de Conache. En la medida que la Administradora de dicho establecimiento informo que en octubre no laboraron. En este sentido la finalidad de estos medios probatorios es acreditar que sí estuvo dicho establecimiento si se encontraba operando en la fecha señalada.
-
COLEGIADO: Admite los nuevos medios de prueba
Examen del acusado: 5.1) Declaración del acusado Jesús Alberto Leiva Meza: Refiere que se dedicaba a manejar combi, actualmente maneja colectivo; el día de los hechos no trabajo en la combi, se fue a las “lagunas de Conache” a manera de celebrar su cumpleaños que era el día 24 de octubre, estuvo allí hasta las 17:30 a 18:00 horas aproximadamente. A dicho lugar fue con sus padres, su cuñada, hermano y enamorada.
264
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA
6)
-
Defensa de Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo: No conoce a su coacusado
-
Ministerio Público: Tiene licencia de conducir, trabaja en la Empresa Girasoles; sin embargo no se encuentra registrado como chofer en la empresa; trabaja desde el 2013 eventualmente en las combis. Su cumpleaños cayó viernes 24 de octubre, lo celebro con sus amigos y tomaron cerveza; ese día no laboró; con sus familiares celebro el miércoles 22 de octubre y tampoco laboro; celebro el 22 con su familia porque el 24 de octubre acostumbraba pasarlo con sus amigos. El sábado y domingo trabajo en su casa. Lo intervinieron saliendo de una cebichería con su enamorada, le pidieron sus documentos y observaron en el sistema que tenía una detención preliminar en su contra.
Medios probatorios Actuados:
6.1) Del Ministerio Público: 6.1.1) Declaración de la testigo Teresa Flora Quinto de la Peña: refiere que vive en Avenida La Marina 278- Moche; allí guarda vehículos de personas conocidas; el 22 de octubre del 2015 un joven dejo un vehículo y dijo que al día siguiente lo iba a recoger, eran las 16:00 a 17:00 horas aproximadamente, no conocía al joven, pero lo había visto antes en una o dos oportunidades conversando con un vecino. El vehículo era una camioneta negra 4x4 marca Santa fe; el día 23 de octubre en la noche vino la policía. Refiere que nunca ha visto a los acusados, no los reconoce. Refiere que no declaro ante el Ministerio Publico; por lo que se le pone a la vista su declaración previa de fecha 23 de octubre del 2014 la cual reconoce, que su ampliación de declaración la realizo el 24 de octubre del 2014 y conto con la presencia de un abogado. Participo de un reconocimiento fotográfico en la primera diligencia, la cual se realizó en su casa; sostiene que no logro reconocer a nadie, no recuerda si el abogado estuvo en la diligencia de reconocimiento. -
Defensa de Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo: No da boleta por servicio de cochera. La persona que dejo el vehículo en su cochera era un joven con pelo corto trigueño de 30 a 35 años. Ve a los acusados y dice que su edad promedio seria de uno de 20 a 23 años y del otro de 25 años aproximadamente.
-
Ministerio Público: Alquila a personas conocidas del lugar. A la persona que llego ese día con la camioneta la vio dos veces, la primera vez fue a dejar un taxi y también conversaba con el vecino.
6.1.2) Declaración del testigo Juan Mariano Illahuaman Chipana: Refiere que tuvo camioneta BJ-232, que le robaron dicha camioneta y no pudo recuperarla. Que el vehículo le robaron el día 05 de marzo del 2015 por
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
265
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro cuatro delincuentes en momentos en que ingresaba a su domicilio; que el hecho lo denuncio en la Comisaria del sector. El 22 de octubre del 2014 el vehículo aún se encontraba en su poder; no tramito cambio de placa. No conoce a David Gregorio Sánchez Gonzales ni a los procesados. Tampoco conoce a José Antonio Pomares Poma. Desconoce los datos donde aparece su firma en carta poder emitida en Notaria Pozo Valdez. 6.1.3) Declaración del testigo PNP Carlos Sánchez Cabanillas: Hizo la investigación; refiere que parece que fue marcaje desde la entidad financiera hasta la casa de cambio y luego a su convento. A los dos días ubican a la camioneta en una cochera informal, esperaron por cierto tiempo a que alguien llegara por el vehículo pero nadie llego a recogerlo. Por lo que citaron a la fiscal de turno y procedieron a realizar la intervención del vehículo, lograron entrevistarse con una señora y un señor, quienes aceptaron haber recepcionado el vehículo, pero que la persona que lo había dejado dijo que lo dejaban por un día. Llamaron a DEPROVE y Criminalística porque habían huellas aprovechables al interior del vehículo, vouchers de los que habían pagado peaje de Lima a Trujillo. Determinan que las placas del vehículo no pertenecían al carro original, que el carro había sido robado 20 días antes en el distrito de San Miguel y que las placas consignadas en el vehículo pertenecían a las placas del carro de un abogado. Refiere que el agraviado reconoció por ficha RENIEC a dos personas (los acusados) asimismo también reconoció al vehículo. El agraviado reconoció a Sánchez Mendo como la persona que conducía el vehículo, y al otro como el que le arrancha la bolsa y lo dispara. La señora Teresa Quinto de Peña reconoció al que conducía el vehículo como Sánchez Mendo. -
Defensa de Jesús Alberto Leiva Meza: El procedimiento para el reconocimiento fotográfico es el siguiente: Se buscan cinco fotos con similitud de características de la persona, luego se pone a la vista del agraviado en presencia del Ministerio Público. Previamente el agraviado tiene que proporcionar las características de los acusados. El acusado Leiva se encontraba en el libro de incriminados.
-
Defensa de Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo: El abogado de Flor Quinto de la Peña llego allí nada más y se dio inició a la diligencia.
6.1.4) Declaración del Perito Dactiloscópico PNP Jorge Rodríguez Menacho: Se ratifica en la pericia realizada, refiere que se confronto la muestra obtenida del vehículo con las huellas dactilares que tenían registrada y dio positivo respecto al pulgar derecho del señor Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo, ya que este tenía un ingreso al penal.
266
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 7)
Oralización de documentos. Destacaron cada parte el significado probatorio que consideran útil a las documentales admitidas.
8) Alegatos de Clausura, se formularon los alegatos de clausura donde cada parte se ratificó en sus alegatos iniciales de apertura. Se les dio oportunidad al acusado para que ejerza su autodefensa. PARTE CONSIDERATIVA O FUNDAMENTOS: PREMISA NORMATIVA: 9)
Calificación legal: Que, los hechos así descritos por el Ministerio Público en esta etapa del juicio oral, configuran el Delito contra el patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, el mismo que se encuentra previsto y sancionado por el Artículo 189 del Código Penal “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años si el robo es cometido: 3) a mano armada…4) Con el concurso de dos o más personas”. Concordante con la agravante contenida en el segundo párrafo del referido artículo que prevé que la pena será no menor de veinte ni mayor de treinta años si el robo es cometido: 1) Cuando se cause lesiones a la integridad física o mental de la víctima.
10) Doctrina3:
3
−
Tipicidad Objetiva.- se define al robo agravado como aquella conducta por la cual el agente haciendo uso de la violencia o amenaza sobre su víctima, sustrae un bien mueble total o parcialmente ajeno y se apodera ilegítimamente con la finalidad de obtener un provecho patrimonial, concurriendo en el accionar alguna o varias circunstancias agravantes previstas expresamente en el Código Penal.
−
Circunstancias agravantes:
−
Inciso 3.- A mano armada, cuando se utilizan por el agente armas de fuego.
Inciso 4.- Con el concurso de dos o más personas
Además en el caso materia de análisis concurre una circunstancia agravante adicional que es cuando se causa lesiones a la víctima, como en el presente caso que se le causó lesiones por PAF en la pierna al agraviado (inciso 1 del segundo párrafo del artículo 189 del Código Penal).
−
Tipicidad Subjetiva.- se requiere necesariamente el dolo, elemento cognoscitivo (se refiere al conocimiento que debe haber tenido el autor para obrar con dolo) y elemento volitivo (referido a la voluntad del
SALINAS SICCHA, Ramiro. Derecho Penal Parte Especial. IDEMSA. Marzo 2005, p. 724 y 726.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
267
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro agente para desarrollar la conducta) conciencia y voluntad de la realización de la tipicidad objetiva. 11) Hechos probados y Análisis de la prueba actuada: 11.1) Que, se imputa a los acusados el de haber asaltado al agraviado Serapio Ríos Juárez en circunstancias que éste retiró una suma de dinero en moneda extranjera (euros) de una ventanilla del Banco Continental ubicado en el Jr. Gamarra, para luego dirigirse a cambiar una parte en moneda nacional en una casa de cambios del mismo jirón (S/18230.50), para luego dirigirse a bordo de un taxi con dirección a la iglesia ubicado en la Av. Fátima de la Urbanización California de ésta ciudad. En esas circunstancias bajó del taxi y al cruzar la avenida, es interceptado por un sujeto de unos 20 a 25 años de edad, que lo golpea en la cabeza exigiéndole el dinero, para luego dispararle impactando un proyectil en el teléfono celular que tenía en el bolsillo izquierdo y otro disparo impacto en la pierna izquierda, originándole una lesión, para luego arrebatarle la mochila que contenía el dinero y sus documentos, para luego subirse rápidamente a una camioneta color negra 4 x 4 dándose a la fuga, siendo auxiliado y trasladado a una clínica. Se imputa al acusado Ruddy Gian Marcos Sánchez Mendo como el sujeto que conducía la referida camioneta mientras que el acusado Jesús Alberto Leiva Meza se le imputa el de haberle arrebatado la mochila con dinero al agraviado y de lesionarlo con un disparo de arma de fuego. 11.2) Los acusados han negado los cargos refiriendo Sánchez Mendo que no estuvo en el lugar de los hechos, mientras Leiva Meza refiere que ese día estuvo en Lagunas de Conache celebrando su cumpleaños.
Que, estando a las posiciones de las partes lo que queda es determinar en juicio si existen suficientes pruebas para concluir por la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, debiéndose para ello observar las reglas de la lógica, la ciencia y las máximas de la experiencia y evaluar si la prueba cumplen los estándares mínimos de calidad que sean suficientes para desvirtuar el principio de Presunción de inocencia de que se encuentra investido el acusado.
11.3) El Tribunal Constitucional ha señalado (STC 0618-2005-PHC/TC, fundamentos 21 y 22) que el derecho fundamental a la presunción de inocencia, en tanto que presunción iuris tántum, implica que “(...) a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad: vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario. Rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el acusado en condición de sospechoso durante toda la tramitación del proceso, hasta que se expida la sentencia definitiva”.
268
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA
En cuanto a su contenido, se ha considerado que el derecho a la presunción de inocencia (STC 0618-2005-PHC7TC, fundamento 22) comprende: “(...) el principio de libre valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde actuar a los Jueces y Tribunales; que la sentencia condenatoria se fundamente en auténticos hechos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para generar en el Tribunal la evidencia de la existencia no sólo del hecho punible, sino también la responsabilidad penal que en él tuvo el acusado y así desvirtuar la presunción”. Que, bajo tales parámetros se pasará a evaluar la prueba actuada en juicio.
11.4) Que, evaluando en forma individual la prueba obtenemos que la testigo Teresa Flora Quino de la Peña, quien regenta una cochera en la Avenida La Marina No.278- Moche, refiere que un joven dejó el 22 de octubre del 2015, una camioneta 4 x 4 color negra –utilizada en el asalto- pero no se trata de ninguno de los acusados que son jóvenes porque aquella persona tendría de treinta a treinta y cinco años. Mientras el testigo Juan Marino Illahuaman Chipana refiere que tuvo una camioneta de placa B1J-232, que le robaron el 05 de marzo del 2015 en la ciudad de Lima. El efectivo policial Carlos Sánchez Cabanillas refiere que estuvo a cargo de la investigación y el carro utilizado en el asalto fue traído de la ciudad de Lima con placa que le correspondía a un vehículo robado y que fue guardado en una cochera de Moche, reconociendo el agraviado por ficha de Reniec a los acusados como autores del asalto. A su turno el perito dactiloscópico Jorge Rodríguez Menacho sostiene que realizó una pericia dactiloscópica sobre una huella dactilar impregnada en el espejo retrovisor del vehículo utilizado en el asalto, dando positivo respecto del pulgar derecho del acusado Sánchez Mendo. 11.5) Que, evaluando tal prueba en forma conjunta llegamos a la conclusión que si bien no ha concurrido el agraviado a juicio, el Colegiado estima que se encuentra probado la comisión del delito –lo que incluso no ha sido cuestionado por la defensa-, porque con la declaración del efectivo policial Carlos Sánchez Cabanillas, quien estuvo a cargo de la investigación, reconoce que el agraviado Serapio Ríos Juárez fue “marcado” desde una entidad financiera hasta una casa de cambios donde cambió moneda extranjera luego se dirigió a su convento de la Avenida Fátima donde fue asaltado, lo que se corrobora con el acta de ocurrencia policial s/n-2014, acta de incautación de vehículo, acta de reconocimiento fotográfico de vehículo, acreditándose que en tal evento delictivo el referido agraviado fue herido por PAF en la pierna izquierda, conforme aparece de la historia clínica del agraviado y el certificado médico legal No.015427-L, probándose que en el referido asalto se utilizó una camio-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
269
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro neta 4 x 4, color negra, marca Hyundai Modelo Santa Fe, de placa de rodaje B1J-232, la misma que había sido robada en la ciudad de Lima a la ciudadana Katia María Milagros Lauro Chávez de Maraví, (conforme a la denuncia verbal interpuesta en la Comisaría de San Miguel), pero la placa correspondía a otro vehículo del testigo Juan Mariano Illahuamán Chipana, quien refiere que su vehículo también ha sido robado en la ciudad de Lima. En consecuencia, se encuentra probado que el agraviado fue víctima de un asalto cuando regresaba de una casa de cambios luego de cambiar moneda extranjera a soles (S/.18,230.oo), siendo interceptado en la Avenida Fátima de ésta ciudad, por unos sujetos que utilizando arma de fuego lo despojaron de la indicada suma de dinero, pero para cumplir su propósito criminal le dispararon en la pierna, huyendo luego en la camioneta 4 x 4 color negra, marca Hyundai, que posteriormente fue ubicada en una cochera. 11.6) Que, si bien se encuentra acreditada la comisión del delito aún sin presencia del agraviado en juicio, porque ello se comprueba con prueba supletoria como son las declaraciones testimoniales y las documentales a que se han hecho referencia. Pero en lo que respecta a la responsabilidad de los acusados era necesaria la concurrencia a juicio del agraviado Serapio Ríos Juárez para que les formule cargos, y si bien aparece que el referido agraviado a nivel de investigación habría reconocido a los acusados mediantes sus fichas de Reniec, conforme así aparece del acta de reconocimiento correspondiente que obra en el expediente judicial de donde fluye que habría reconocido al acusado Sánchez Mendo como el sujeto que conducía la camioneta donde se desplazaban los asaltantes, mientras a Leiva Meza lo reconoce como el sujeto que le arrebató la mochila con el dinero y quien le disparó en la pierna, pero tal documento no puede suplir a la imputación personal que debió haber efectuado en juicio el mencionado testigo sometiéndose al contradictorio, más aún si tal diligencia de reconocimiento no se ha llevado con las garantías del contradictorio que contempla el artículo 189.3 del Código Procesal Penal, es decir, no estuvo presente un abogado defensor que represente los intereses de los acusados en dicha diligencia de investigación. Por otro lado, la testigo Teresa Flora Quinto de la Peña, quien regenta una cochera en la localidad de Moche y donde se guardó la camioneta que se utilizó en el asalto, refiere no reconocer entre los acusados a la persona que se acercó a su cochera a guardar tal vehículo, porque quien lo dejó fue una persona de unos treinta a treinta y cinco años mientras los acusados son jóvenes y tendrán de veinte a veintitrés años, negando el contenido del acta de reconocimiento donde aparecería que reconoce a Sánchez Mendo como el sujeto que llegó a guardar el vehículo.
270
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA Por lo que carece de virtualidad procesal la referida documental porque además de no haber sido materia de ratificación contiene los mismos defectos del acta de reconocimiento que se realizó con el agraviado. Quedando sólo en pie la pericia dactiloscópica No.358-2014, ratificado en juicio por el perito Jorge Rodríguez Menacho, quien concluye que de las muestras que se tomaron del interior de la camioneta utilizada en el asalto de placa B1J-232, se ha demostrado que la muestra dubitada uno, proviene del pulpejo dactilar del dedo pulgar derecho del ciudadano que se encuentra inscrito en Reniec como Ruddy Gian Marco Sánchez Mendo. Es decir, solo se tiene como prueba de cargo la referida pericia, lo que a criterio del Colegiado resulta insuficiente para construir sólo sobre ella un juicio de culpabilidad, se requiere además de ello prueba adicional que corrobore que efectivamente el referido acusado Sánchez Mendo participó en el asalto. Pero se advierte una investigación deficiente donde ni siquiera aparece se le haya tomado declaración al agraviado, quien no ha concurrido a juicio pese a las continuas citaciones y prestar facilidades para que declare mediante video conferencia desde la ciudad de Lima.
En consecuencia, bajo las condiciones expuestas, y no habiéndose comprobado la tesis acusatoria del Ministerio Público, no se puede construir y elaborar una sentencia condenatoria si no se tienen los medios de prueba suficientes que corroboren la acusación; pues, una sentencia condenatoria sólo se puede construir sobre suficiente prueba de cargo que cauce convicción en el juzgador más allá de toda duda razonable que efectivamente se cometió el delito y que el acusado es autor o partícipe en el mismo, porque ni siquiera el juzgador puede construir una sentencia condenatoria en grado de probabilidad o presunciones. En el presente caso el agraviado no han concurrido a juicio a ratificarse en su imputación, el efectivo policial Sánchez Cabanillas sólo proporcionó información de la investigación que realizó, mientras la testigo Quinto de La Peña sólo da cuenta que efectivamente en su cochera se guardó la camioneta que se utilizó para el asalto pero no reconoce a los acusados como el sujeto que se acercó a su cochera a guardarlo; sólo se tiene el resultado de una pericia dactiloscópica que arroja que una muestra encontrada en el interior de la camioneta utilizada en el asalto, le corresponde al acusado Sánchez Mendo, prueba que resulta insuficiente para sustentar un juicio de culpabilidad. En lo que respecta al acusado Leiva Meza sólo existe por parte del agraviado un reconocimiento por ficha de Reniec a nivel de investigación, pero no ha sido ratificado en juicio. Por lo que siendo ello así, debe absolverse de los cargos a los acusados
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
271
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 11.7) Costas: Conforme al artículo 497 y siguientes del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas del proceso. Que, en el presente caso resultó vencida la parte acusadora. Y como quiera que el código procesal penal lo ha previsto en el artículo 499.1, los representantes del Ministerio Público, están exentos del pago de costas, así deberá declararlo esta judicatura. PARTE RESOLUTIVA: Por estos fundamentos, el Segundo Juzgado Penal Colegiado de La Corte Superior de Justicia de La Libertad, con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú. Al amparo de los artículos 1, 6, 10, 11, 23, 28, 45, 57, 92 y 189 incisos 3 y 4 del Código Penal concordado con los artículos 1, 11, 155, 356, 392, 393, 394, 399 y 403 del Código Procesal Penal. FALLA: V. ABSOLVIENDO a los acusados JESUS ALBERTO LEIVA MEZA y RUDDY GIAN MARCOS SÁNCHEZ MENDO, como autores del delito contra el Patrimonio en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Serapio Ríos Juárez. VI. SE ORDENA.- La anulación de los antecedentes que se hubieran generado, cursándose los oficios respectivos. VII. COSTAS.- Sin Costas VIII. MANDO.- Que consentida, que sea la misma se archive definitivamente. S.S. QUISPE LECCA LOPEZ PATIÑO LUJÁN CASTRO
272
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA
7.
ROBO AGRAVADO - ABSOLUCION EXPEDIENTE : ACUSADOS : DELITO : AGRAVIADO : JUZGADO COLEG. : ASISTENTE JUD. :
Nº 01241-2016-74-1601-JR-PE-07 LUIS ALBERTO OTINIANO REYNA ROBO AGRAVADO PAOLA ESTHEFANY TORRES RODRIGUEZ Dra. RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO (D. de D.) Dr. JORGE LUIS QUISPE LECCA Dr. JUAN JULIO LUJAN CASTRO Dra. GEOVANNA BEATRIZ CASAS NOVOA
SENTENCIA
RESOLUCION NUMERO NUEVE Trujillo, trece de Abril del Año dos mil dieciséis.-
VISTOS y OIDOS; en audiencia pública y oral llevada a cabo ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, integrado por la señora Juez doctora Raquel Alejandra López Patiño, Directora de Debates, y por los señores Jueces doctores Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro, la causa Nº 01241-2016-74, seguida por el Ministerio Público representado por la señora Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, doctora Julia Roxana Ávila Aguirre, contra el acusado con mandato de prisión preventiva: LUIS ALBERTO OTINIANO REYNA, peruano, de diecinueve años de edad, nacido el seis de Setiembre de mil novecientos noventa y seis, en la ciudad de Trujillo, hijo de Luis Alberto Otiniano Lavado y de Rosa Consuelo Reyna Sánchez, de estado civil soltero, con tercer grado de instrucción primaria, de ocupación ayudante de construcción civil, gana cincuenta nuevos soles diarios, sin antecedentes penales, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 77064284, con domicilio real en la manzana X, lote 16, Barrio 2-A del centro poblado Alto Trujillo del distrito de El Porvenir, el mismo que estuvo asistido por su abogada defensora Erika Yesenia Vergara Córdova, con colegiatura del Colegio de Abogados de La Libertad Nº 2450, acusado al que se imputa la comisión del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado en agravio de Paola Esthefany Torres Rodríguez.Y CONSIDERANDO: ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACION: PRIMERO.- Que, conforme señala la señora Representante del Ministerio Público en la acusación fiscal escrita, y en el juicio oral al plantear la teoría del caso y al formular su alegato de clausura, el doce de Febrero del año dos mil dieciséis,
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
273
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro siendo las trece horas, la agraviada Paola Esthefany Torres Rodríguez se encontraba en las inmediaciones de las manzanas C y D de Manuel Cipriano Rafael- Nuevo Porvenir del Distrito El Porvenir esperando colectivo para dirigirse a su centro de trabajo, en cuyas circunstancias recibe una llamada telefónica, motivo por el cual saca su celular de la cartera para contestar la llamada, en esos instantes de manera sorpresiva dos sujetos no identificados la acorralan colocándose detrás de ella, mientras que el acusado Luis Alberto Otiniano Reyna, quien vestía un polo color rosado y short color azul se pone delante de la agraviada y con un cuchillo que portaba en su mano derecha la amenaza diciéndole que le cortaría el estómago mientras que con la mano izquierda coge la mano derecha de la agraviada, mano en la cual la agraviada tenía su celular y forcejea con ella logrando sustraerle su celular marca Samsung Galaxy E5, color blanco, número 970010910 de la empresa Movistar valorizado en la suma de mil nuevos soles, para después darse a la fuga por inmediaciones del barrio 03 del centro poblado Alto Trujillo del distrito El Porvenir, en esos momentos apareció un patrullero a quienes pidió ayuda dicha agraviada, por lo que los efectivos policiales iniciaron la búsqueda de los delincuentes, y cuando avanzaron encontraron a dos personas a quienes le preguntaron si habían visto pasar a un sujeto de polo color rosado, quienes manifestaron que había pasado corriendo es así que cuando avanzan la agraviada logra ver al acusado, quien al ver que la policía lo seguía ingresó sin autorización alguna al inmueble ubicado en la Mz. LL lote 20 barrio 3 del Centro Poblado Alto Trujillo (taller de calzado), motivo por el cual con la autorización de Carlos Javier De la Cruz los efectivos policiales y la agraviada ingresan al inmueble, lugar donde la agraviada reconoce plenamente al acusado como el sujeto que momentos antes le había amenazado con un cuchillo y le había sustraído su celular, por lo que en dicho lugar la agraviada le increpó al acusado donde estaba su celular a lo que el acusado respondió que lo había tirado al interior del inmueble pero al realizar la búsqueda del celular, previa autorización del propietario, no lograron encontrarlo e inclusive un efectivo policial timbró al número de celular de la agraviada pero el celular ya estaba apagado, motivo por el cual fue conducido a la Comisaria PNP Alto Trujillo para las investigaciones del caso.PRETENSIONES PENALES Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: SEGUNDO.- Que, por los hechos antes detallados, el Ministerio Público ha formulado acusación fiscal contra el acusado Luis Alberto Otiniano Reyna, como autor del delito de Robo Agravado, que reprime el artículo 188 del Código Penal como tipo base, con las agravantes contempladas en los incisos 3 y 4 de la primera parte del artículo 189 del citado Código Penal, solicitando que se le imponga doce años de pena privativa de libertad, más la obligación de pagar la suma de dos mil nuevos soles a favor de la agraviada por concepto de reparación civil.-
274
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA PRETENSION DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: TERCERO.- Que, la defensa técnica del acusado Luis Alberto Otiniano Reyna argumentó que Fiscalía no tiene pruebas suficientes para poder acreditar la responsabilidad penal de su patrocinado respecto al hecho delictivo, puesto que del relato brindado por el efectivo policial José Eduardo Cruz Ávila se desprende una apreciación diferente a la sustentación de la acusación, pues el efectivo policial manifestó que la agraviada le narró cómo habían sucedido los hechos, indicando que cuando iba a tomar su colectivo sacó su celular para conversar, momento en el cual tres sujetos le arrebataron el celular amenazándola con un arma blanca, lo cual no resulta cierto pues si hubiera sido amenazada con un arma blanca, los sujetos también debieron haberle robado el bolso que tenía en esos momentos; además de ello la agraviada refirió que la persona que le había robado la amenazó con un cuchillo en el estómago, sin embargo a su patrocinado no se le ha encontrado ningún arma blanca o cuchillo en su poder; así mismo el efectivo policial manifestó que la agraviada le refirió cómo estaba vestida la persona que le había robado su celular, y que este se encontraba descalzo, pues había dejado sus zapatos en el lugar donde había sido asaltada, no obstante se puede apreciar en las fotografías tomadas inmediatamente después de la intervención policial de su patrocinado, que éste se encontraba con sandalias y no descalzo como manifestó la agraviada, del mismo modo refirió el efectivo policial que su patrocinado se metió a una casa, donde manifestó haber dejado el celular, empezando a timbrar al celular, el cual no estaba apagado pues timbraba sin que se escuchara, lo que quiere decir que su patrocinado no tenía ningún celular en su poder y que tampoco lo había dejado en la casa referida, ello aunado a que los efectivos policiales no vieron el robo por encontrarse a dos cuadras y media de donde había sucedido el hecho y que al momento de ver a su patrocinado lo vieron caminando no dándose a la fuga como sucedería cuando una persona roba, por lo que postula que no se ha podido desvirtuar la presunción de inocencia de su patrocinado y que no existe prueba suficiente para emitir una sentencia condenatoria, concluyendo que su patrocinado debe ser absuelto de los cargos imputados en la acusación fiscal.TRAMITE DEL PROCESO: CUARTO.- Que, el proceso se ha desarrollado conforme a las normas del Decreto Legislativo Nº 1194 que regula el Proceso Inmediato en Casos de Flagrancia, y al pasar a juicio oral se ha llevado a cabo de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el vigente Código Procesal Penal, dentro del sistema acusatorio adversarial que informa este Código, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las prerrogativas del artículo 371 del Código Procesal Penal, al culminar los alegatos preliminares o teoría del caso, se efectuaron las instrucciones al acusado, haciéndole conocer sus derechos, quién al no admitir la autoría del delito de robo agravado y la responsabilidad en el pago de la reparación civil por este delito, se procedió a la actuación de las pruebas admitidas, las mismas que deben ser valoGRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
275
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro radas dentro del contexto que señala el artículo 393 del acotado Código Adjetivo, finalmente se procedió a escuchar los alegatos de clausura y la autodefensa material del acusado, pasando luego a deliberar, después de un breve lapso se reabrió la audiencia dándose lectura a la parte dispositiva de la sentencia y a una síntesis de los fundamentos que motivan la decisión, señalando el día de la fecha para la lectura integral de la sentencia, conforme faculta el inciso 2. del artículo 396 del Código Procesal Penal.ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS: QUINTO.- Que, dentro del debate probatorio, bajo el control de los sujetos procesales, observando el contradictorio, se han actuado las siguientes pruebas: 1.
Examen del acusado Luis Alberto Otiniano Reyna.- Se acogió al derecho de guardar silencio.
2.
Declaración del testigo SO3-PNP José Eduardo Cruz Ávila.- Dijo que el día doce de Marzo del año en curso, a las trece horas con cinco minutos, se encontraba realizando patrullaje preventivo a bordo de un vehículo patrullero por el Barrio 3 del Centro Poblado Alto Trujillo en compañía del sub oficial de Tercera Jaime Coricasa Barrios como chofer, en esos momentos la agraviada Paola Esthefany Torres Rodríguez les pidió apoyo, porque había sido víctima de asalto y robo por tres sujetos que le quitaron su celular, que hizo fuerza para evitar el robo siendo amenazada con arma blanca por uno de los sujetos que vestía polo rosado, short azul y estaba descalzo, el mismo que le había puesto un cuchillo a la altura del estómago para luego quitarle el celular de las manos; por lo que comenzaron la búsqueda a bordo del vehículo policial en compañía de la agraviada, siendo que al subir encontraron a dos jóvenes en una esquina a quienes preguntaron si habían visto al sujeto con las características mencionadas, respondiéndoles que se había ido corriendo, por lo que continuaron con la búsqueda y al voltear por una pampa de arena divisaron al acusado Luis Alberto Torres Rodríguez, quien estaba caminando, pero que al dar la vuelta y percatarse de la presencia policial empezo a correr llegando a agarrar algo en la casa ubicada en la pampa, mientras que la agraviada lo sindicaba de manera segura como la persona que le había quitado su celular, hecho que motivó que el declarante bajara del vehículo policial y emprendiera la persecución a pie por casi tres cuadras, logrando el acusado meterse al inmueble ubicado la Mz. LL lote 20 donde operaba un taller de zapatería, observando a través de la puerta de vidrio blanco de dicho inmueble que detrás había una persona con polo rosado y short azul, procediendo a tocar la puerta, para luego salir el propietario y permitirle el ingreso al inmueble donde encontró y redujo al acusado, llegando posteriormente en el patrullero su compañero con la agraviada, quien sindicaba en todo momento al acusado pidiéndole que le devolviera su celular Samsung Galaxy E5, respondiendo el
276
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA acusado que había tirado el celular por entre los retazos de cuero, procediendo a buscar el celular sin encontrarlo, a pesar de haber timbrado al teléfono sustraído; finalmente condujeron al intervenido a la comisaria a fin de hacer el acta respectiva, siendo que en la comisaria la agraviada le manifestó que tenía temor, precisando que posteriormente al comunicarse con la agraviada vía telefónica, ésta le manifestó que no iría a la audiencia porque tenía temor, que no encontraron el cuchillo utilizado para amenazar a la agraviada, tampoco encontraron el celular sustraído, y no presenció el robo denunciado.3.
Oralización de prueba documental.- Se dio lectura a la prueba documental ofrecida oportunamente por el Ministerio Público, que ha sido admitida en el auto de enjuiciamiento, destacando la pertinencia y utilidad de cada una.-
CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS: SEXTO.- Que, los supuestos fácticos enunciados en la tesis acusatoria están referidos al tipo penal de Robo Agravado, que reprime el artículo 188 del Código Penal como tipo base, que está referido a “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad (…)”, con las circunstancias agravantes contempladas en los incisos 3 y 4 de la primera parte del artículo 189 del mismo Código Penal, que está referido a que: “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: Inciso 3. “A mano armada” e Inciso 4. Con el concurso de dos o más personas.”, de modo que con relación al bien jurídico tutelado en estos casos, el tratadista Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre nos dice: “El robo al igual que el hurto constituyen un atentado contra el patrimonio, contra los derechos reales inherentes a la propiedad, cuando se produce el desapoderamiento del bien mueble, debiendo agregar algo más en el caso de robo, que es de verse que el plus de desvalor radica en que la sustracción del bien se realiza mediando violencia y/o amenaza grave sobre la persona, por lo que la libertad, la vida, el cuerpo y la salud también son objeto de tutela en este tipo penal.”4 Tipicidad Subjetiva.- El Tratadista antes citado nos dice a este respecto: “La figura delictiva del robo, resulta reprimible a título de dolo, conciencia y voluntad de realización típica, el autor dirige su conducta a desapoderar a la víctima de sus bienes muebles, mediando violencia física y/o amenaza de peligro inminentes para su vida o integridad física.” 5
4
Derecho Penal – Parte Especial. Tomo II. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2008. Pág. 206.
5
Obra citada. Pág. 216.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
277
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro ANALISIS DEL CASO CONCRETO - CONTEXTO VALORATIVO SETIMO.- Que, conforme es de verse de los supuestos fácticos de la tesis acusatoria enunciada en el primer considerando de esta sentencia, al acusado Luis Alberto Otiniano Reyna se le imputa concretamente, ser uno de los tres sujetos que interceptaron a la agraviada Paola logrando despojarla de su celular después de haber sido amenazada con un cuchillo; que siendo esto así, se hace necesario establecer si en el juicio oral se ha actuado prueba que vincule al acusado como autor del delito de Robo Agravado materia de la acusación fiscal, toda vez que se considera inocente de la imputación.OCTAVO.- Que, en principio cabe destacar que la agraviada Paola Esthefany Torres Rodríguez no ha concurrido a prestar declaración en el juicio y tampoco ha justificado su inasistencia, en cuyo caso no existen cargos concretos y directos que vinculen en forma objetiva a Luis Alberto Otiniano Reyna como autor del delito contra el patrimonio incriminado, resultando insuficiente para el caso el Acta de Intervención Policial corriente a fojas treinta y seis, que ha sido incorporado al juicio con el examen en la audiencia al efectivo policial SO3-PNP José Eduardo Cruz Ávila, toda vez que este efectivo policial no ha presenciado el hecho delictuoso, en cuyo caso la versión de los hechos que ha consignado en el Acta de Intervención Policial y su propia declaración en el juicio resultan meramente referenciales, de modo que para ser valoradas en la sentencia se requiere que sean corroboradas con otros medios de prueba, conforme establece el inciso 2. del artículo 158 del Código Procesal Penal, lo cual no se cumple en el caso in examine al no haber prestado declaración en el juicio la indicada agraviada, quién resulta ser la única testigo presencial del injusto penal, máxime si al ser intervenido dicho acusado no se le ha encontrado el cuchillo que según la tesis acusatoria fue empleado para amenazar a la agraviada, así como tampoco el celular sustraído.NOVENO.- Que, en este orden de ideas, cabe concluir que la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral no resulta suficiente para establecer con grado de certeza la responsabilidad penal del imputado Luis Alberto Otiniano Reyes, y por ende para sustentar una sentencia condenatoria, que no puede ser impuesta en base a suposiciones, si no cuando exista plena certeza sobre la responsabilidad penal del acusado, sustentada en hechos suficientes y debidamente probados, lo cual no concurre en el presente caso, manteniéndose incólume la presunción de inocencia que le garantiza a dicho imputado el párrafo e) del inciso 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Estado, por lo que deviene en inexorable que sea absuelto de la acusación fiscal en atención a lo establecido en el artículo 398 del Código Procesal Penal.DECIMO.- Que, conforme al artículo 499 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está exento del pago de costas, lo que se debe tener presente en la parte dispositiva de la sentencia.-
278
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA PARTE RESOLUTIVA: En consecuencia, habiéndose analizado los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos en la tesis acusatoria, así como la responsabilidad penal del acusado, bajo las reglas de la lógica y la sana crítica, de conformidad con los dispositivos legales antes invocados y artículos 392, 393, 394, 397 y 398 del Código Procesal Penal, impartiendo justicia a nombre de la Nación, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, FALLA: 1.
ABSOLVIENDO a LUIS ALBERTO OTINIANO REYNA, de la acusación fiscal como autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado, en agravio de Paola Esthefany Torres Rodríguez.-
2.
SIN costas.-
3.
ORDENA que se GIRE la correspondiente papeleta de libertad para la inmediata excarcelación del acusado absuelto, siempre que no tenga otra orden de detención emanada de autoridad competente, DEJANDOSE constancia de que la papeleta de libertad fue girada el cinco de Abril último con motivo de haberse dado lectura a la parte dispositiva de esta sentencia.-
4.
MANDA que consentida o ejecutoriada que sea esta sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en el proceso respecto del acusado absuelto, y Fecho: se ARCHIVE lo actuado de modo definitivo en el modo y forma de ley.-
5.
DESE lectura en audiencia pública.-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
279
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
8.
ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA EXPEDIENTE : ACUSADO : DELITO : AGRAVIADA : JUZGADO COLEG. : ASISTENTE JUD. :
N° 02058-2015-48-1601-JR-PE-05 RAY MANUEL QUISPE FLORES ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA GISSELA TATIANA ALCANTARA RUIZ Dra. RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO (D. de D.) Dr. JORGE LUIS QUISPE LECCA Dr. JUAN JULIO LUJAN CASTRO Dra. ADELY MARGOT ALBITRES ALVA
SENTENCIA
RESOLUCION NUMERO DIEZ Trujillo, cuatro de Mayo del Año dos mil dieciséis.-
VISTOS y OIDOS; en audiencia pública y oral llevada a cabo ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, integrado por la señora Juez doctora Raquel Alejandra López Patiño, Directora de Debates, y por los señores Jueces doctores Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro, la causa N°02058-2015-48, seguida por el Ministerio Público representado por el señor Fiscal Provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo, doctor Luis Enrique Portocarrero Tuesta, contra el acusado con mandato de prisión preventiva RAY MANUEL QUISPE FLORES, peruano, de veinticuatro años de edad, nacido el cuatro de Enero de mil novecientos noventa y dos, en la ciudad de Trujillo, hijo de Pánfilo Quispe Ruiz y de Rosita Flores Valverde, de estado civil soltero (conviviente), tiene un hijo, con instrucción técnico superior en mecánica, de ocupación mecánico, percibe mil doscientos nuevos soles mensuales, sin antecedentes penales, identificado con Documento Nacional de Identidad N° 71650319, con domicilio real en la calle Tunante N°147, segundo piso, de la Urb. Palermo-Trujillo, el mismo que estuvo asistido por su abogado defensor doctor Orlando Ruiz Cuenca, con colegiatura del Colegio de Abogados de La Libertad N° 5671, acusado al que se imputa ser autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado en Grado de Tentativa, en agravio de Gissela Tatiana Alcántara RuizY CONSIDERANDO: ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACION: PRIMERO.- Que, conforme detalla el señor Representante del Ministerio Público en la acusación fiscal escrita, y en el juicio oral al plantear la teoría del caso y al formular su alegato de clausura, el día cinco de Abril del año dos mil quince,
280
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA al promediar la una de la madrugada, la agraviada Gissela Tatiana Alcántara Ruiz salio de su centro de labores, el restaurante “El Buen Paladar”, sito en la avenida América Norte N° 173, urbanización Las Quintanas de esta Ciudad, y al encontrarse caminando por la avenida América Norte colocándose los audífonos de su celular con la finalidad de escuchar música, a la vez que guardaba en su bolso el equipo celular marca Motorola Moto G, color negro, con protector rosado, 4G post pago Claro N° 982016382 de su propiedad valorizado en novecientos nuevos soles, se le acercó por la parte posterior un sujeto desconocido de contextura media, estatura media tez blanca, pelo negro, que vestía pantalón jean celeste camisa a cuadros, después identificado como el acusado Ray Manuel Quispe Flores, quien le propinó un puñete a la altura del rostro lado izquierdo tratando de quitarle su equipo celular, al oponer resistencia la agraviada se produjo un forcejeo durante el cual el acusado le propinó un puntapié derribándola al suelo donde la arrastro para finalmente quitarle el celular y darse a la fuga, siendo perseguido por la agraviada y luego capturado por los vecinos, y al preguntarle la agraviada dónde estaba su celular, le contestó que lo había botado más abajo, por lo que caminaron conjuntamente con el imputado aproximadamente una cuadra hasta que dicho acusado señaló unos arbustos indicando que ahí lo había escondido, procediendo él mismo a sacar el celular y al observarlo la agraviada pudo darse cuenta que su celular se encontraba roto e inoperativo.PRETENSIONES PENALES Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: SEGUNDO.- Que, por los hechos antes detallados, el Ministerio Público ha formulado acusación fiscal contra el imputado Ray Manuel Quispe Flores, como autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado en Grado de Tentativa, que reprime el artículo 188 del Código Penal como tipo base, con la circunstancia agravante contenida en el inciso 1. de la primera parte del artículo 189 del acotado Código Penal, en concordancia con el artículo 16 del citado Código Sustantivo relativo a la tentativa, solicitando que se le imponga once años de pena privativa de la libertad, y pague la suma de dos mil nuevos soles a favor de la agraviada por concepto de reparación civil.PRETENSION DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: TERCERO.- Que, la defensa técnica del acusado Ray Manuel Quispe Flores argumentó que, no existen medios de prueba idóneos para establecer la responsabilidad de su patrocinado, la declaración primigenia de la agraviada fue prestada ante la policía sin la presencia del Ministerio Público y recién su declaración ampliatoria fue en presencia del Fiscal, quedando duda sobre su idoneidad, por otra parte, la policía está obligada a recoger y conservar los elementos principales del delito, en el presente caso del celular que se dice sustraído a la agraviada, sin embargo no existen documentos de su recuperación y devolución a la agraviada, lo cual indica GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
281
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro que esa diligencia se realizó a nivel policial sin intervención fiscal, por lo que no ha quedado acreditada la preexistencia de ese celular, en el juicio oral se ha pretendido probar la preexistencia del indicado celular con una declaración jurada de propiedad suscrita por la propia agraviada y con un Voucher de pago de servicios de telefonía que no son idóneos, asimismo, del Acta de Intervención Policial y de la declaración prestada por el efectivo policial Dante Mostacero León resulta que al llegar este efectivo policial al lugar de los hechos encontró un grupo de unas diez personas que tenían reducido al acusado, sin que en el Acta de Intervención Policial se haya identificado a esas diez personas, también se consigna que el efectivo policial se hizo presente con agentes de seguridad ciudadana cuyos nombres tampoco se ha consignado en el acta, por lo que carece de valor probatorio, además, al prestar declaración en la Fiscalía, la agraviada refiere que el sujeto que la atacó vestía pantalón jean y camisa a cuadros, pero en el acta de intervención no se ha detallado este hecho, por todo lo cual se puede concluir que el acta en referencia estada viciada, además, la agraviada no ha concurrido al juicio oral a prestar declaración, por lo que no concurre el principio de inmediatez para acreditar la veracidad de los cargos, por consiguiente, al considerar que no existe prueba idónea para acreditar la responsabilidad de su patrocinado por los hechos imputados, concluyó solicitando que su indicado patrocinado Ray Manuel Quispe Flores sea absuelto de la acusación fiscal.TRAMITE DEL PROCESO: CUARTO.- Que, el proceso se ha desarrollado de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el vigente Código Procesal Penal, dentro del sistema acusatorio adversarial que informa este Código, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las prerrogativas del artículo 371 del Código Procesal Penal, al culminar los alegatos preliminares o teoría del caso, se efectuaron las instrucciones al acusado, haciéndole conocer sus derechos, quién al no admitir la autoría del delito incriminado y la responsabilidad en el pago de la reparación civil, se procedió a la actuación de las pruebas admitidas, las mismas que deben ser valoradas dentro del contexto que señala el artículo 393 del acotado Código Adjetivo, finalmente se procedió a escuchar los alegatos de clausura y la autodefensa material del acusado Ray Manuel Quispe Flores, pasando luego a deliberar, después de un breve lapso se reabrió la audiencia dándose lectura a la parte dispositiva de la sentencia y a una síntesis de los fundamentos que motivan la decisión, señalando el día de la fecha para la lectura integral de la sentencia, conforme faculta el inciso 2. del artículo 396 del Código Procesal Penal.ACTUACION DE MEDIOS PROBATORIOS: QUINTO.- Que, dentro del debate probatorio, bajo el control de los sujetos procesales, observando el contradictorio, se han actuado las siguientes pruebas:
282
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA 1.
Examen del acusado Ray Manuel Quispe Flores.- Se acogió al derecho de guardar silencio.
2.
Declaración del SOS-PNP Dante Mostacero León.- Se le puso a la vista el Acta de Intervención Policial corriente a fojas ocho del expediente judicial, después de examinarlo lo reconoció en su contenido y suscripción, agrego que el día cinco de Abril del año dos mil quince, en horas de la noche se encontraba patrullando en una unidad móvil con personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, recibieron información por radio de la central de comunicaciones que en la avenida América con Uceda Meza se estaba produciendo un asalto, al llegar al lugar indicado encontraron a una chica que al parecer había tenido un enfrentamiento tenía la cara golpeada, llorosa y con el pelo suelto, asímismo encontraron un grupo de unas diez personas que tenían sujeto al acusado presente en la sala, indicando la chica que esa persona le había robado su celular, le mostraron el celular que había sido recuperado, el mismo que tenía la pantalla rota y estaba inoperativo, la chica les indicó también que el sujeto le había apegadop para quitarle el celularf,dcho acusado aceptó haber robado el celular siendo condiucido am la Comisaría de La Noria.-
3.
Oralización de prueba documental.- Se dio lectura a la prueba documental ofrecida oportunamente por el Ministerio Público que ha sido admitida en el auto de enjuiciamiento, destacando la pertinencia y utilidad de cada una. También se dio lectura a solicitud del señor Fiscal al acta de la declaración prestada por la agraviada ante el Ministerio Público en la etapa de investigación preparatoria, por no haber concurrido dicha agraviada a prestar declaración en el juicio oral, dicha acta corre a fojas cuarenta y seis del cuaderno de debate.-
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS: SEXTO.- Que, los supuestos fácticos enunciados en la tesis acusatoria están referidos al tipo penal de Robo Agravado, que reprime el artículo 188 del Código Penal como tipo base, que está referido a que “El que se apodera ilegítimamente de un bien mueble total o parcialmente ajeno, para aprovecharse de él, sustrayéndolo del lugar en que se encuentra, empleando violencia contra la persona o amenazándola con un peligro inminente para su vida o integridad física, será reprimido con pena privativa de libertad (…)”, con la circunstancia agravante contemplada en el inciso 1. de la primera parte del artículo 189 del mismo Código Penal, que está referido a que: “La pena será no menor de doce ni mayor de veinte años, si el robo es cometido: Inciso 1. Durante la noche o en lugar desolado.”, de modo que con relación al bien jurídico tutelado en estos casos, el tratadista Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre nos dice: “El robo al igual que el hurto constituyen un atentado contra el patrimonio, contra los derechos reales inherentes a la propie-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
283
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro dad, cuando se produce el desapoderamiento del bien mueble, debiendo agregar algo más en el caso de robo, que es de verse que el plus de desvalor radica en que la sustracción del bien se realiza mediando violencia y/o amenaza grave sobre la persona, por lo que la libertad, la vida, el cuerpo y la salud también son objeto de tutela en este tipo penal.”6 Tipicidad Subjetiva.- El Tratadista antes citado nos dice a este respecto: “La figura delictiva del robo, resulta reprimible a título de dolo, conciencia y voluntad de realización típica, el autor dirige su conducta a desapoderar a la víctima de sus bienes muebles, mediando violencia físicas y/o amenaza de peligro inminentes para su vida o integridad física.” 7 ANALISIS DEL CASO CONCRETO - CONTEXTO VALORATIVO SETIMO.- Que, conforme resulta de los supuestos fácticos de la tesis acusatoria enunciada en el primer considerando de esta sentencia, al acusado Ray Manuel Quispe Flores se le imputa concretamente, haber interceptado a la agraviada y dado un puñete en la cara para despojarla de su celular, al oponer resistencia dicha agraviada el acusado la derribó al suelo y mediante la fuerza logró despojarla de dicho celular, y al darse a la fuga fue detenido por los vecinos del lugar y entregado a la policía recuperándose el celular sustraído que estaba roto e inoperativo; que siendo esto así, se hace necesario establecer si en el juicio oral se ha actuado prueba que vincule al acusado como autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado en Grado de Tentativa materia de la acusación fiscal, toda vez que se considera inocente de la imputación.OCTAVO.- Que, principio cabe destacar que la agraviada Gissela Tatiana Alcántara Ruiz no ha concurrido a prestar declaración en el juicio oral y menos ha justificado su inasistencia, en cuyo caso no existen cargos concretos y directos que vinculen al acusado como autor del delito de Robo Agravado materia de la acusación, ya que para el efecto resulta insuficiente el Acta de Intervención Policial corriente a fojas ocho del expediente judicial, que ha sido incorporado al juicio con el examen en la audiencia al efectivo policial SOS-PNP Dante Mostacero León, toda vez que no ha presenciado el ilícito penal incriminado, ya que conforme indica tanto en el Acta como al prestar declaración, al llegar al lugar de los hechos encontró que un grupo de unas diez personas ya habían detenenido al acusado y recuperado el celular, indicandole la agraviada presente en el lugar que el acusado la había golpeado y quitado el celular, en cuyo caso la versión de este efectivo policial y lo que ha consignado en el Acta de Intervención Policial respecto al robo del celular
6
Derecho Penal – Parte Especial. Tomo II. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2008. Pág. 206.
7
Obra citada. Pág. 216.
284
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA resultan meramente referenciales, de modo que para ser valoradas en la sentencia se requiere que sean corroboradas con otras pruebas, conforme establece el inciso 2. del artículo 158 del Código Procesal Penal, lo que no se cumple en el caso in examine al no haber prestado declaración en el juicio la indicada agraviada, en estas condiciones, la oralización del Certificado Médico Legal Nº 005382-L corriente a fojas diez del expediente judicial, no resulta por si solo prueba pertinente, conducente y útil para acreditar el delito de robo, ya que no demuestra que el acusado causó a la agraviada las lesiones que se describen y menos para despojarla de su celular; que por otra parte, la inconcurrencia injustificada de la agraviada al juicio oral para prestar declaración, no puede ser convalidada con la oralización del acta de declaración prestada por dicha agraviada en la etapa de Investigación Preparatoria, puesto que en principio no se trata de un medio de prueba sino de un acto de investigación del Ministerio Público para sustentar la acusación fiscal, además la lectura en la audiencia del acta de declaración de la agraviada no cumple con los principios de inmediación, contradicción y oralidad propios del juicio oral, como así considera el tratadista Pablo Sánchez Velarde al decir: “que la prueba preconstituida en materia procesal penal son los elementos que preexisten al proceso o se obtienen como consecuencia de los actos investigativos, sobre todo de las diligencias iniciales, y sólo podrán convertirse en actos de prueba si se reproducen en el juicio oral y se someten al contradictorio…” 8 , y como se ha visto, la declaración de la agraviada no se ha podido reproducir en el juicio oral por no haber concurrido a la audiencia máxime si no ha quedado justificada su inasistencia.NOVENO.- Que, en este orden de ideas, cabe concluir que la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral no resulta suficiente para establecer con grado de certeza la responsabilidad penal del acusado Ray Manuel Quispe Flores, y por ende para sustentar una sentencia condenatoria, que no puede ser impuesta en base a suposiciones, sino cuando exista plena certeza de la responsabilidad del acusado, sustentada en hechos suficientes y debidamente probados, presupuestos que no concurren en el presente caso, manteniéndose incólume la presunción de inocencia que le garantiza a dicho imputado el párrafo e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, por lo que debe ser absuelto de la acusación fiscal en atención a lo dispuesto en el artículo 398 del Código Procesal Penal.DECIMO.- Que, de acuerdo al artículo 499 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está exento del pago de costas, lo que se debe tener presente en el fallo de la sentencia.-
8
Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2006. Pág. 662.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
285
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro PARTE RESOLUTIVA: En consecuencia, habiéndose analizado los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos en la tesis acusatoria, así como la responsabilidad penal del acusado, bajo las reglas de la lógica y la sana crítica, de conformidad con los dispositivos legales antes invocados y artículos 392, 393, 394, 397 y 398 del Código Procesal Penal, impartiendo justicia a nombre de la Nación, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, FALLA: 1.
ABSOLVIENDO a RAY MANUEL QUISPE FLORES, de la acusación fiscal como autor del delito contra el Patrimonio, en la modalidad de Robo Agravado en Grado de Tentativa, en agravio de Gissela Tatiana Alcántara Ruiz.-
2.
SIN costas.-
3.
ORDENA que se GIRE la correspondiente papeleta de libertad para la inmediata excarcelación del acusado absuelto, siempre que no tenga otra orden de detención emanada de autoridad competente, DEJANDOSE constancia de que la papeleta de libertad fue girada el veintidós de Abril último con motivo de haberse dado lectura a la parte dispositiva de esta sentencia.-
3.
MANDA que consentida o ejecutoriada que sea esta sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en el proceso respecto del acusado absuelto, y Fecho: se ARCHIVE lo actuado de modo definitivo en el modo y forma de ley.-
4.
DESE lectura en audiencia pública.S. S. LOPEZ PATIÑO QUISPE LECCA LUJAN CASTRO
286
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA
9.
ROBO AGRAVADO Y RECEPTACION EXPEDIENTE : 06519-2014-10-1601-JR-PE-08 JUECES : RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO (*)JUAN JULIO LUJAN CASTRO JORGE LUIS QUISPE LECCA ESPECIALISTA : AMADO ARTEAGA TACANGA IMPUTADO : PEREZ AREVALO, EDWIN DELITO : ROBO AGRAVADO FERNANDEZ GARCIA, DEISY JOVANA DELITO : RECEPTACIÓN FERNANDEZ AGUIRRE, GIANCARLOS DELITO : ROBO AGRAVADO ROJAS SANCHEZ, JOEL LEONARDO DELITO : ROBO AGRAVADO AGRAVIADO : EL ESTADO Resolución número : VEINTITRES
SENTENCIA Trujillo, dos de mayo del año dos mil dieciséis VISTOS: Habiéndose llevado a cabo el juzgamiento en acto público en la sala de audiencias adjunta al Establecimiento Penal “El Milagro” ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, que integran los Señores Magistrados Raquel Alejandra López Patiño, Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro (Director de Debate); correspondiente al proceso penal seguido contra los acusados GIANCARLOS FERNANDEZ AGUIRRE, JOEL LEONARDO ROJAS SANCHEZ, EDWIN PEREZ AREVALO y DEYSI JOVANA FERNANDEZ GARCIA, a quienes el Ministerio Público los ha acusado, en el caso de Fernández Aguirre y Rojas Sánchez como autores del delito de robo agravado en agravio de Jorge Luis Sánchez Ramos. En el caso de Edwin Pérez Arévalo como cómplice secundario del mismo delito y autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego; y en el caso de Deysi Jovana Fernández García como autora del delito de receptación agravada. El mencionado órgano jurisdiccional ha expedido la siguiente SENTENCIA: IDENTIFICACION DEL ACUSADO FERNANDEZ AGUIRRE: Sexo masculino, identificado con documento nacional de identidad número 73987296, nacido el cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro en el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de “La Libertad”, tiene veintidós años de edad, los nombres de sus padres son Carlos Jhimmy y Jhovani, residía en Av. Independencia Nº 886, “Las Delicias”, distrito de Moche provincia de Trujillo, es soltero, tiene quin-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
287
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro to año de secundaria, trabajaba como taxista y percibía cuarenta soles diarios, no tiene bienes propios, dice carecer de antecedentes penales. IDENTIFICACION DEL ACUSADO ROJAS SANCHEZ: Sexo masculino, identificado con documento nacional de identidad número 70931188, nacido el siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro, en el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, departamento de “La Libertad”, tiene veintiún años de edad, residía en la calle Arizona Lote 74, curva de Sun, distrito de moche, tiene un hijo, grado de instrucción segundo de secundaria, trabajaba como mototaxista y percibía cuarenta soles diarios, sin bienes propios, sin antecedentes penales. IDENTIFICACION DEL ACUSADO PEREZ AREVALO: Sexo masculino, identificado con documento nacional de identidad número 47992586, nacido el veintidós de setiembre de mil novecientos noventa y tres, en el distrito y provincia de Rioja departamento de San Martín”, tiene veintiún años de edad, residía en la calle Luis Alberto Sánchez Mz. C, lote 08, Miramar, provincia de Trujillo es soltero, tiene grado de instrucción hasta quinto de secundaria, trabajaba como vigilante y percibía setecientos cincuenta soles al mes, sin bienes propios, sin antecedentes penales. IDENTIFICACION DE LA ACUSADA FERNANDEZ GARCIA: Sexo femenino, identificada con documento nacional de identidad número 43141276, nacida el dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, en el distrito de Trujillo, provincia de Trujillo del departamento de “La Libertad”, tiene treinta y tres años de edad, residía en el pasaje Cajabamba s/n, “Las Delicias”, distrito de Moche, es madre soltera de dos hijos, tiene primaria completa, trabajaba en cocina y percibía setecientos soles mensuales, sin bienes propios, sin antecedentes penales. PARTE EXPOSITIVA PRIMERO: HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE ACUSACION: Según la teoría del caso sostenida por la representante del Ministerio Público, el día once de noviembre del año dos mil catorce, aproximadamente a las once de la noche, el agraviado Jorge Luis Sánchez Ramos, se encontraba realizando servicio de taxi en el vehículo de placa de rodaje T2L-527, marca Chevrolet, color blanco, por la avenida “La Marina” cuando le tomaron un servicio de taxi tres adolescentes menores de edad (a los que se les ha identificado como Bryan Eustaquio Cabellos, Alín Arbildo Valdiviezo Vera y Jorge Andy Siesquen Bobadilla) con destino a la entrada de la campiña de Moche. A la altura de la entrada de la campiña estos menores le pidieron al agraviado que se estacionara en la esquina, es en esos momentos que Alín Arbildo Valdiviezo Vera lo golpeó en la cabeza con la cacha de un arma de fuego y le apuntó en la cabeza, lo pasaron hacia el asiento posterior y lo sentaron en el centro. Bryan Eustaquio Cabellos se sentó como conductor y manejó el vehículo dirigiéndose por unas chacras solitarias, donde no había luz, bajaron al agraviado del carro y lo llevaron a una distancia aproximada de cinco metros en donde lo
288
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA amarraron de pies y manos y le pusieron una chompa en la cabeza indicándole que no se moviera pues de lo contrario le iban a disparar y empezaron a desarmar el vehiculo, luego el agraviado escuchó que llamaron por teléfono y dijeron: “Lobo entra ya”, luego escuchó que ingresó otro vehículo, el cual estuvo en el lugar unos veinte minuto aproximadamente, escuchando luego que dijeron “Lleva ya un poco”, escuchó también que este vehículo se fue del lugar, luego los sujetos han seguido desarmando llantas y autopartes y después de unos veinticinco minutos el agraviado escuchó que regresó nuevamente el vehículo y oía que se empezaron a pelear por el dinero en efectivo que él había tenido en su billetera, en la suma de seiscientos soles, luego de unos diez minutos el agraviado escuchó que todos los sujetos suben al vehículo y se van del lugar, pero previamente uno de los sujetos le desató los pies, situación que aprovechó para quitarse la chompa de la cabeza y se puso de pie, observando que se alejaba del lugar un vehículo marca TOYOTA, modelo Yaris de color negro, en cuyo interior iban cinco sujetos, ante lo cual el agraviado corrió por la campiña de Moche y se dirigió a la Comisaría de Moche a donde llegó aproximadamente a la una y media de la madrugada y narró lo sucedido, procediendo la policía a realizar un operativo por toda la jurisdicción, es así que cuando se encontraban en el cruce de “Las Delicias”, el agraviado observó un vehículo marca TOYOTA, modelo Yaris, color negro, en cuyo interior viajaban cinco sujetos por lo que indicó a la policía que ese vehículo era similar al que usaron los asaltantes, ante lo cual la policía ha comenzado a seguir al vehículo, produciéndose una persecución, pues el yaris al notar la presencia policial pretendió darse a la fuga, sin embargo uno de los patrulleros se adelantó y le cerró el paso y se bajaron los policías corroborando que la placa del vehículo era T2D-355 en cuyo interior se encontraban cinco ocupantes, todos varones, así mismo en ese acto el agraviado reconoció a los menores Bryan Eustaquio Cabellos, Alín Arbildo Valdiviezo Vera y Jorge Andy Siesquen Bobadilla, quienes habían participado en el asalto y robo de su vehículo horas antes. Asimismo se verifico que quien conducía el vehículo era el acusado Giancarlos Fernández Aguirre, alias “Lobo” y como copiloto se encontraba el acusado Joel Leonardo Rojas Sánchez. Los efectivos policiales, al tomar conocimiento del lugar exacto donde se encontraban las autopartes robadas al vehículo, se dirigieron en forma inmediata al domicilio de la imputada Deisy Jovana Fernández García, quien es tía de Giancarlos Fernández Aguirre, en donde efectivamente se encontraron las autopartes sustraídas, así mismo la hoy acusada Fernández García, refirió que esos bienes le habían sido encargados por su sobrino Giancarlos. Igualmente el menor Alin Valdiviezo Vera, informó a la policía que el arma de fuego utilizada en el asalto había sido proporcionada por Edwin Pérez Arévalo alias “Charapo” a quien se le habían devuelto después de cometido el robo, por lo que la policía procedió a buscar a Pérez Arévalo ubicándolo a la altura de la Mz. “C”, lote 8, Miramar, quien al notar la presencia policial intentó darse a la fuga y puso resistencia; y al ser reducido en
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
289
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro su registro personal se le encontró en posesión de un arma de fuego, tipo revolver marca “Jaguar”, calibre 38 especial. SEGUNDO: PRETENSION PENAL: La representante del Ministerio Público sostuvo que los acusados Giancarlos Fernandez Aguirre y Joel Leonardo Rojas Sánchez han intervenido en calidad de coautores del delito de Robo Agravado previsto en el artículo 189, inciso 2,3,4 y 8 del código penal solicitando catorce años de pena privativa de la libertad para cada uno de ellos y para Edwin Pérez Arévalo en calidad de cómplice secundario del delito de Robo Agravado solicitó se le imponga la pena de ocho años de privación de libertad; asimismo con respecto al acusado Pérez Arévalo como autor del delito de tenencia ilegal de arma de fuego solicitó se le imponga la pena de seis años de pena privativa de la libertad. Con respecto a la acusada Deisy Jovana Fernández García que es acusada en calidad de autora del delito de receptación agravada, solicitó la pena de seis años de privación de la libertad. TERCERO: PRETENSION CIVIL: La representante del Ministerio Público solicitó que la reparación civil se fije en la suma de tres mil nuevos soles (S/. 3,000.00.) que deberán pagar los acusados en forma solidaria a favor del agraviado. CUARTO: PRETENSIÓN DE LA DEFENSA DEL ACUSADO FERNANDEZ AGUIRRE: El señor abogado del acusado Fernández Aguirre dijo que no existen pruebas contundentes contra su patrocinado, señaló que el once de noviembre en horas de la noche su defendido estaba en su casa con su familia y le hicieron tres llamadas para que vaya hacer un servicio de taxi y salió. Sobre las cosas encontradas en la casa de su tía, manifestó que las llevo allí a solicitud de su coacusado Joel Rojas Sánchez. DEL ACUSADO PEREZ AREVALO: El señor abogado del acusado Pérez Arévalo dijo que no es verdad que su patrocinado haya proporcionado el arma de fuego a los menores para que cometan el asalto, tampoco es verdad que le encontraron en su poder un arma de fuego. Señaló que el arma se la sembraron los efectivos policiales. DEL ACUSADO ROJAS SANCHEZ: El señor abogado del acusado Rojas Sánchez dijo concretamente que su patrocinado no tiene nada que ver con los hechos pues no participó. DE LA ACUSADA FERNANDEZ GARCIA: El señor abogado de la acusada Fernández García dijo que demostrará la inocencia de su patrocinada pues ella no tenía conocimiento del contenido de las bolsas que le dejó encargadas su sobrino. DERECHOS Y ADMISION DE CARGOS: De conformidad con lo establecido en el Artículo 372 del Código Procesal Penal, el Juez director de debate, después de haber instruido de sus derechos a los acusados les preguntó si admitían ser autores de los delitos materia de acusación; ante lo cual previa consulta con sus respecti-
290
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA vos abogados defensores contestaron que no se consideraban responsables; por lo que se continuó con el desarrollo de la audiencia de juzgamiento, actuándose los medios probatorios admitidos en etapa intermedia. ACTUACION PROBATORIA EN JUICIO ORAL Se procedió a realizar las actuaciones probatorias destacándose a continuación sus aspectos más relevantes, en base a los cuales se ha formado la convicción del órgano jurisdiccional colegiado: DECLARACIÓN DEL PNP JORGE LUIS AGREDA CAMPOS: Manifestó que el día de los hechos se encontraba de servicio en la Comisaría de Moche y una persona de apellido Sánchez llegó diciendo que tres sujetos le habían robado su vehículo en un lugar denominado “La Patita” y lo habían dejado maniatado, fueron al lugar de los hechos encontrando el vehículo abandonado y desmantelado, el agraviado manifestó que había escuchado de un tal “Lobo” al que lo estaban llamando para que recoja las cosas que habían sustraído y conducía un vehículo TOYOTA yaris color negro. Entonces se avisó al patrullero donde estaban lo sub oficiales Laines y Vera. Luego llevaron el vehículo del lugar de los hechos hasta la comisaría y empezaron a buscar al yaris negro, los dos patrulleros y el agraviado en una camioneta particular blanca, aproximadamente a las tres de la mañana al patrullar por un parquecito en un pasaje por “Las Delicias”, vieron un yaris negro y que al percatarse de la presencia policial salieron corriendo de una casa dos sujetos y subieron al vehículo, empezaron a perseguirlo, haciendo sonar la sirena para que se detengan, pero no se detenían, logrando capturarlos a la altura de la entrada de “Las Delicias”. En ese momento llegó el otro patrullero y el agraviado reconoció a tres de las cinco personas que habían dentro del vehículo. Luego de que fueron intervenidos y reducidos fueron llevados a la comisaría, allí Fernández Aguirre, alias “lobo” manifestó que había encargado las cosas sustraídas en la casa de un familiar, acudieron en un patrullero con el mismo detenido a la casa de su familiar, al tocar la puerta salió una señora quien manifestó que era su tía y que desconocía que las cosas eran robadas, los invitó a pasar a la cocina diciendo que allí estaban las cosas que le habían encargado. Al pasar, las cosas sustraídas del vehículo se encontraban camufladas en un saco y una caja, no se notaban a simple vista. Luego de recuperar las cosas llevaron a la tía de “lobo” a la comisaría. Posteriormente preguntaron a los detenidos quien les había proporcionado el arma, y uno de ellos (el menor Alín Arbildo Valdiviezo Vera, alias “negro alín”) les dijo que el arma se las había proporcionado un tal “charapo” (el acusado Pérez Arévalo) quien vivía en el Alto Moche, luego fueron con el menor a la casa de “charapo” pero en el trayecto el menor lo divisa y lo señaló, a lo cual tras interceptarlo y registrarlo tenía un arma. En ningún momento golpearon al detenido Pérez Arevalo.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
291
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro DECLARACION DEL PNP JULIO CESAR VIERA VIERA: Dijo que el día doce de noviembre del año dos mil catorce prestaba servicio en la Comisaría de Moche, estaba patrullando y recibió una llamada telefónica de un colega de la comisaría informándole que había sucedido un robo y que el agraviado había visto las características del vehículo que era un yaris negro y que uno de los delincuentes tenía como apodo el “lobo”, se reunieron con el otro patrullero y una camioneta particular de un familiar del agraviado y empezaron a indagar, en eso divisaron a dos sujetos saliendo de una casa, al ver éstos al patrullero subieron a su vehículo el cual tenía las características del mismo vehículo que buscaban, iniciaron la persecución, lográndolos capturar, habían dos personas adultas adelante y tres menores atrás, en esta intervención estaba el agraviado presente y pudo reconocer a los tres menores como aquellos que le habían robado el carro. En la comisaría los menores reconocieron que fueron autores del robo, luego dieron información respecto del lugar en donde habían dejado las cosas robadas, fueron a la casa, tocaron la puerta, se recuperaron varias autopartes que estaban escondidas en ollas. Luego uno de los detenidos Alín Arbildo Valdiviezo Vera alias “Negro Alin” dijo que un tal “charapo” (Pérez Arévalo) proporcionó el arma para el asalto, fueron a casa de “charapo” antes de llegar lo vieron, al reconocerlo Alín Arbildo Valdiviezo Vera lo sindicó por lo que lo detuvieron aunque puso resistencia. El acusado Fernández Aguirre (alias “Lobo”) colaboró para la recuperación de las cosas. DECLARACIÓN DEL SO PNP LAINES LARA: Dijo que el doce de noviembre del año dos mil catorce trabajaba en la comisaría de moche, estaba en el patrullero, era el conductor del vehículo y el técnico Agreda le comunica sobre el robo de un carro. Iniciaron la búsqueda, el agraviado dijo que al momento de ser asaltado escuchó mencionar a un tal “lobo”. Vieron un yaris negro en “Las Delicias”, y al notar la presencia policial trató de darse a la fuga. Al intervenirlo, habian cinco personas dentro del vehículo, luego llegó el agraviado y reconoció a uno de los intervenidos. Cuando llegaron a la comisaría, Fernández Aguirre (alias “lobo”) le confesó que sí habían cometido el robo, y que las cosas estaban escondidas en la casa de su tía Deisy, fueron allí, tocaron la puerta, salió la acusada y reconoció que su sobrino le fue a encargar unas cosas que se encontraban en cajas y bolsas, la señora dijo que su sobrino las dejo allí, regresaron a la comisaría pero uno de los intervenidos dijo que la pistola se la dio un tal “charapo”, el intervenido les enseñó el domicilio donde vivía, lo ubicaron y le encontraron un revólver en la cintura. Reconoció el acta y reconoció a Pérez Arévalo que estaba con otra persona al momento de la intervención. A Pérez lo llevaron a la comisaría, puso resistencia pero no lo golpearon. Reconoció que el acusado Fernández Aguirre (alias “lobo”) les dio información para recuperar las autopartes que habían sido robadas.
292
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA DECLARACIÓN DEL SO PNP EDER CRUZ ORDINOLA: Dijo que estaba patrullando como conductor con el Sub Oficial Viera y recibieron una llamada del Técnico Agreda comunicándoles que se había producido el robo de un vehículo en que el agraviado señaló que había sido un tal “lobo” en un TOYOTA yaris negro. Iniciando la búsqueda lo encontraron por “Las Delicias”, habian cinco personas dentro del vehículo. Tres eran menores de edad. El agraviado estuvo presente en la intervención y reconoció a los detenidos quienes fueron llevados a la comisaría de moche. DECLARACIÓN DEL AGRAVIADO JORGE LUIS SANCHEZ RAMOS: Dijo que el once de noviembre del dos mil catorce lo asaltaron, se estaba dirigiendo a Moche, por la altura de la empresa America Express, tres muchachos lo paran para que los lleve a la campiña de moche, uno lo comenzó a golpear con la cacha del revólver y le dijo que era un asalto, lo pasaron a la parte de atrás y ellos se dirigieron a las chacras, lo golpeaban y amenazaban, luego se estacionaron, lo amarraron de manos y pies y le pusieron un trapo en la cabeza, comenzaron a desmantelar el carro. Luego escuchó que hacen llamadas diciendo que “ingrese el lobo”, llegó un carro y llevó algunas piezas; a los veinticinco minutos regresa el carro y uno de ellos le comienza a desatar, ahí ve que era un yaris negro con cinco personas, se pudo desatar completamente y fue a la comisaría de Moche donde hizo la denuncia, salieron a buscar por alto Moche, por “Las Delicias” vio el carro que había estado llevando sus cosas, en su interior habían cinco personas, los capturaron y reconoció a los tres que le habían tomado la carrera, pero no a los dos que estaban delante. Uno de los muchachos le dijo que diga que no había plata en su billetera y lo iba a desamarrar, otro le dijo que diga que sí hubo plata o le iba a disparar por eso acepto que sí tenía plata en su billetera. Su carro quedo totalmente desmantelado, era un chevrolet sail blanco. También le robaron su billetera con seiscientos soles y un celular Alcatel. Ellos también se decían “bryan” “gordo” “Arlin” Se recuperó y se entregaron casi todas las cosas pero no la computadora del carro tampoco su billetera con el dinero ni su celular. El vehiculo era de la empresa Turismo Moche. Lo golpearon en la cabeza pero no fue a pasar el reconocimiento médico legal. Señaló además que no escuchó que alguno de los menores haya dicho que el que proporcionó el arma era un tal “charapo”. DECLARACIÓN DE JOVANY AGUIRRE POLO: La madre de Fernández Aguirre dijo que estaba en su casa en “Las Delicias”; ese día su hijo llegó a las ocho y cuarenta y cinco de la noche, era taxista, estuvo con él conversando y alguien lo llamó para que haga una carrera él le dijo que ya no estaba trabajando, como insistieron acepto porque ella le dijo que lo haga, dijo que Joel fue el que lo llamó (Joel Leonardo Rojas)
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
293
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro El día doce de noviembre a las seis y media de la mañana, su hijo salió de su casa y ya no lo volvió a ver hasta el día siguiente en la comisaría. Su hijo no tiene apodo, a su papa le dicen “lobo” y a él “lobito”. DECLARACIÓN DEL PERITO ROCHA ROJAS: Concluyó en el peritaje balístico Nº 1608-14 que el arma de fuego era un revólver jaguar que estaba en buen estado de conservación y operable. DECLRACION DE KAREN ANABEL EUSTAQUIO CABELLOS: Dijo que Bryan Eustaquio Cabellos es su hermano y que el día doce de noviembre del año dos mil catorce a las cinco de la mañana unos policías irrumpieron en su casa, se metieron a la habitación de su hermano y lo sacaron esposado, iban a llevarlo a la comisaría de moche, les preguntaron a los policías con qué documento fundamentaban el hecho de estar llevándoselo, pero ellos no le enseñaron ningún documento y se lo llevaron a la fuerza, y en la camioneta también habían dos menores de edad, que lo único que atinó a hacer fue llamar a su enamorado porque su papá no se encontraba en su casa ya que estaba de viaje. Casi a las seis de la mañana llegaron a la comisaría, había un montón de personas, en ese momento ella se alejó a ver lo que estaba pasando y su enamorado se quedó, un policía se acercó a su enamorado Edwin Pérez Arévalo, lo cogió del hombro y lo hizo entrar a la comisaría, y se quedó con su primo mirando, y como su mamá sufre de los nervios se asustó, escucharon golpes y se asustaron, quisieron ingresar, pero dos policías no los dejaron ingresar, un policía se acercó y le pidió cinco mil soles para que no lo metan a la cárcel a su enamorado, y ella no sabía que motivo tenían para encerrarlo, le tomó una foto porque su enamorado salió golpeado. Sostuvo que con Edwin Pérez Arévalo tiene una hija de dos meses de edad. No recuerda el rostro del policía que le solicitó dinero, que primero le pidió a su enamorado y que luego, como ella era la única que estaba allí, se lo pidió a ella, lo exigió para que no involucre a su enamorado. DECLARACION DE EUSTAQUIO CABELLOS BRYAN: Dijo que conoció a Andy Siesquén jugando partido, ese día estuvo en su casa, Alín fue a verlo, iban a una fiesta o algo así, se fueron con Andy, Joel y Giancarlos; sin embargo no se fueron a ninguna fiesta, sino al óvalo de la Avenida “América” y tomaron un taxi, subieron Alín, Joel y él, le pidieron que los lleve a la campiña, Siesquen Bobadilla también fue en el taxi, lo cogotean al agraviado y lo sientan en el asiento de atrás, lo llevaron hacia adentro y comenzaron a desmantelar el carro, Alín tenía una manopla, no llevaron arma, después del robo Joel Leonardo Rojas Sánchez lo llevó a su casa en el carro de Giancarlos. Giancarlos si tenía conocimiento del robo, él los movilizó en un Yaris Negro, Joel Rojas también estuvo en el vehículo y participó del robo. A Giancarlos no lo llamaron, seguramente el calculó su tiempo, Joel Rojas fue el que cogoteó al agraviado.
294
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA DECLARACION DE ALIN VALDIVIEZO VERA: Dijo que Siesquen, Eustaquio los conoce jugando fútbol, desde el dos mil catorce, a Pérez Arévalo no lo conoce. El doce de noviembre del dos mil catorce vinieron a verlo para ir a moche Siesquen y otro amigo, el “lobo” les dijo si querían ir a ganar una plata y los llevó a cometer el robo. Bryan, Joel y él tomaron el taxi, Siesquen también estaba, nadie tenía arma de fuego ni manopla. Lo detuvieron en su casa durmiendo, el “lobo” es el que lo llevó a su casa después de cometer el robo, refiere que nunca dijo a la policía que Pérez Arévalo le proporcionó un arma, afirmó que la idea de robar fue del “lobo”, Joel fue el que tomó la carrera, asimismo dijo que Joel le sacó al agraviado una billetera con diez soles, el “lobo” llegó al escenario de los hechos al momento de que desarmaban el carro. Se le mostró el acta de intervención y negó haber declarado que tenía armas. Tampoco le enseñó a la policía la casa de “charapo” (Pérez Arévalo) porque no la conoce. DECLARACIÓN DE BERMÚDEZ ALMECK: Dijo que solamente conoce a Alín, refiere que el doce de noviembre del dos mil catorce, la policía lo detuvo en la casa de Alín, no conoce a Pérez Arévalo ni su casa. DECLARACION DE CARMEN JUANA CABELLOS: Dijo que conoce a Edwin Pérez Arevalo porque es enamorado de su hija, señala que Bryan Eustaquio es su hijo que en la madrugada del doce de noviembre del dos mil catorce llegaron dos policías y subieron por el techo de su casa e ingresaron, rompieron la puerta de la habitación de su hijo, un policía se metió por la ventana y sacaron a su hijo agarrado de la nuca, le preguntó a la policía a donde llevaban a su hijo, a lo que el policía respondió que lo llevaban a la comisaría y que si deseaba averiguar mas que se acercara a la comisaría. Sostuvo que no tenía a quien acudir y que le preguntó a su hija a quien llamar, a lo que ella respondió que llamaran a su enamorado, a lo que la madre aceptó. Cuando llegaron a la comisaría cogieron a Edwin Pérez Arevalo de la nuca, lo palmearon y luego lo metieron a la comisaría, posteriormente ellas escucharon golpes, por lo que su hija quiso entrar a ver que es lo que pasaba ya que Edwin Pérez Arevalo sólo las estaba acompañando, y los policías se pararon en la puerta y no las dejaron ingresar. Un policía le pidió a su hija cinco mil soles para sacar a Edwin Pérez, le tomaron fotos a los golpes de Edwin Pérez. DECLARACION DE KATHERINE GOICOCHEA CABELLOS: Dijo que conoce a Edwin Pérez Arévalo porque ha trabajado con él en la empresa “Green Perú” hace cinco años, trabajaba en espárragos. Conoce a Bryan Eustaquio cabellos porque el es su primo. Vive en la casa de su tía, que alquila un cuarto, es inquilina, asimismo manifestó que el día de los hechos entraron unos policías a su casa a sacar a su primo de su cuarto, y su prima preguntó con que permiso ingresan a su casa y ellos no contestaron. GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
295
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro Refiere que acompañó a Karen, Edwin y a su tía a la comisaría de Moche y un policía palmeó al hombro de Edwin y se lo llevaron, y al rato escucharon golpes por lo que quisieron entrar a ver que pasaba y dos policías les impidieron el pase. DECLARACION DEL ACUSADO PEREZ AREVALO: Dijo que no conoce a sus coacusados, los conoció en la comisaría, a Joel tampoco lo conoce, a Deisy Fernández tampoco la conoce, de los adolescentes sólo conoce a Bryan Eustaquio Cabellos que es hermano de su pareja. Manifestó que en noviembre del dos mil catorce trabajaba como agente de seguridad pero no usaba armas de fuego porque no tenía licencia, solo usaba cinto. El once de noviembre del año dos mil catorce, por la noche estaba en su domicilio del “Alto Salaverry”, a las cuatro y media despertó y vio llamadas de su pareja, la llamó y ella le dijo que lo detuvieron a su hermano sacándolo de su casa, llegó a la comisaría a preguntar si estaba detenido, le dijeron que sí, estuvo esperando y unos agentes lo hicieron pasar para conversar, allí le dijeron que él también estaba involucrado en el robo, lo golpearon con la cacha de una pistola y lo encerraron en la carceleta, le pidieron cinco mil soles para que salga, cuando fue a la comisaría no tenía arma de fuego, afirma que no es loco ni delincuente, ni entregó ninguna arma a los adolescentes. DECLARACION DEL ACUSADO GIANCARLO FERNANDEZ: Dijo que sí conoce a Joel Rojas Sánchez hace mucho tiempo, han estudiado juntos, no conoce a Bryan ni Alín, sí conoce a Deisy Fernández, es su tía. Trabaja como taxista, ese día le llamó Joel a las once de la noche para que le haga una carrera a la campiña de Moche, cuando llegó al lugar se dio con la sorpresa que había un taxi desmantelado y tres menores de edad. Joel subió algunas autopartes a su vehiculo y se dirigieron a Moche sin los menores, llegaron a Moche con las cosas, lo llamaron a Joel por el celular y él le dijo “regrésate” y le reclamaban por una plata, luego se regresó al alto Moche y de allí se fue a “Las Delicias”, por allí los interviene la policía pero ya Joel estaba manejando, ya no estaban los menores, las cosas las habían dejado con su tía, Joel le dijo que “mañana te doy algo más de la carrera que me estas haciendo”. Señaló que a su papa le dicen “lobo”, a él le dicen solamente “Giancarlos”, no conoce a Pérez Arevalo. Sostuvo que no tenía brevete y que cuando llegó a la campiña Joel ya estaba con el vehículo desmantelado, allí se dio cuenta que las cosas eran robadas, su tía le dijo que deje las cosas en la sala, que las recoja al día siguiente, nunca antes había encargado cosas a su tía en horas de la madrugada. DECLARACION DE LA ACUSADA DEISY FERNANDEZ GARCIA: Dijo que Giancarlos Fernández es su sobrino, él llegó cuando ella ya estaba durmiendo y le dijo que le quería encargar cosas, conociéndolo que es trabajador le recibió las cosas, él le dijo que le encargaba las cosas de su carro, pero no vió las cosas, más tarde llegó la policía y no sabia que decirles, les dijo busquen en la cocina y allí estaban las cosas al lado de la mesa, no sabía que las cosas eran robadas. No tiene ollas
296
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA grandes si no pequeñas, asimismo refirió que su sobrino llegó en su propio carro, no vio cuando metió las cosas porque se fue a dormir, nunca le había encargado cosas a esa hora. ORALIZACION DE DOCUMENTOS: Se oralizaron los medios probatorios documentales ofrecidos por las partes resaltando cada una su mérito conforme a sus respectivas teorías del caso, cuyos argumentos han quedado registrados en audio. QUINTO: FUNDAMENTOS DE DERECHO (Calificación Penal) Calificación legal del hecho cometido.- De acuerdo con los términos de la acusación fiscal los delitos cometidos por los acusados se encuentran previstos y sancionados en varios tipos penales. En primer lugar en el artículo 189 (numerales 2, 3, 5 y 8) del Código Penal que sanciona con una pena mínima de doce años de privación de libertad a quienes incurran en esta figura típica (robo agravado). De acuerdo con su ubicación dentro del Código sustantivo el bien jurídico tutelado en este tipo penal es el patrimonio; y deriva del tipo básico de robo simple previsto en el artículo 188. El criterio rector para identificar la consumación en este delito se sitúa en el momento en que el titular o poseedor de la cosa deja de tenerla en el ámbito de su protección dominial y por consiguiente, cuando el agente la pone bajo su poder de hecho. Este poder de hecho (resultado típico) se manifiesta en la posibilidad de realizar sobre el objeto del delito actos de disposición, aún cuando sólo sea por un breve tiempo; sólo en ese momento es posible sostener que el autor consumó el delito. Por consiguiente, la consumación viene condicionada por la disponibilidad de la cosa sustraída, entendida como posibilidad material de disposición ó realización de cualquier acto de dominio. En el caso específico, el Ministerio Público también está formulando acusación por los delitos de Tenencia ilegal de arma de fuego y Receptación agravada. SEXTO: HECHOS PROBADOS y NO PROBADOS (Apreciación razonada de los medios de prueba actuados) 1)
Conforme al literal “e” del inciso 24 del artículo segundo de la Constitución Política del Perú, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad, dentro de un proceso regular, decisión que debe estar basada en suficiente actividad probatoria de cargo en virtud de la cual se le pueda considerar responsable más allá de cualquier duda razonable. En este sentido el aporte probatorio de la parte acusadora debe ser de tal magnitud a fin de que el órgano jurisdiccional quede convencido irrefutablemente respecto de la responsabilidad penal que se imputa.
2)
Teniendo en consideración que en el presente caso se encuentran involucrados como presuntos autores cuatro personas, el colegiado debe efectuar la
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
297
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro valoración de los distintos medios de prueba actuados en forma individualizada a fin de determinar si tienen mérito suficiente para enervar la presunción de inocencia que a ellos les asiste.
Así, en el caso del acusado Giancarlos Fernandez Aguirre, al momento de brindar su declaración en juicio de manera voluntaria reconoció que el día de los hechos siendo aproximadamente las once de la noche efectuó un servicio de taxi a su amigo y co acusado Joel Leonardo Rojas Sánchez con dirección a la campiña de Moche y que al llegar vio que había un taxi desmantelado y tres menores de edad, quienes subieron las autopartes a su vehículo. Agregó que incluso hizo un segundo viaje a requerimiento de su amigo y que las cosas robadas las dejaron en la casa de su tía Deysi. Este acusado ha tratado de perfilar una versión de autodefensa en la que él solamente se habría limitado a hacerle un servicio de taxi a su coacusado Rojas Sánchez, a quien dice conocer desde hace muchos años; sin embargo, conforme se establecerá en los párrafos siguientes sus afirmaciones carecen de credibilidad pues no se corroboran con ningún otro medio de prueba y tampoco se condicen con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia.
Según la testimonial del agraviado Jorge Luis Sánchez Ramos, luego de que los asaltantes habían desmantelado su vehículo escuchó que empezaron a hacer llamadas telefónicas diciendo “Ingresa lobo”, frase con la que estaban requiriendo a Fernández Aguirre a efecto de que se constituya en el lugar con el vehículo que conducía y de esa manera puedan trasladar las autopartes robadas. Esta información debe contrastarse con los datos que el mismo acusado ha proporcionado en el sentido que cuando llegó al lugar, el carro ya estaba desmantelado y habían tres adolescentes, por lo que recién allí (según trató de hacer creer al colegiado) “se percató que se trataba de un robo”.
3)
Estando a las consideraciones expuestas, respecto a la imputación en contra del acusado Fernández Aguirre como autor del delito de robo agravado se tiene en primer lugar su propia declaración que en vez de apuntalar su defensa permite (interpretada en conjunto con los otros medios de prueba actuados) afirmar que éste no solamente ha tenido participación directa en el hecho delictivo sino que también ha planificado la acción delictiva junto con el acusado Joel Rojas Sánchez puesto que así lo han declarado los menores Eustaquio Cabellos y Valdiviezo Vera. Específicamente el primero de ellos sostuvo que cuando estaba en su domicilio fueron a verlo “Andy, Joel y Giancarlos” con la intención de ir a una fiesta pero realmente no fueron allí sino al Ovalo de La Avenida “América” a tomar un taxi con la finalidad de asaltarlo. El Sub Oficial Cruz Ordinola ha sostenido que se hizo la intervención al ahora acusado Fernández Aguirre porque el agraviado dijo que uno de los que lo habían asaltado fue un tal “lobo” a bordo de un vehículo yaris de color negro. El Sub oficial
298
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA Laines Lara afirmó incluso que cuando estaban casi llegando a la Comisaría el tal “lobo” reconoció que sí había participado en el robo y que las cosas las tenían escondidas en la casa de su tía Deysi. Si bien es cierto en juicio el agraviado no lo ha sindicado de manera frontal se debe valorar especialmente su narración en cuanto afirma haber escuchado que los asaltantes llamaban por teléfono y decían “ingresa lobo, ingresa lobo”, circunstancia que sin lugar a dudas involucra contundentemente a Fernández Aguirre quien ha pretendido negar que se le conozca con el apelativo de “lobo”; sin embargo ha aceptado que a su padre sí lo llaman con este sobrenombre pero a él solamente se le conoce como “Giancarlos”, circunstancia que difiere con lo afirmado por doña Jovany Aguirre Polo (madre del acusado) quien sostuvo que a su papá le dicen “lobo” y a él “lobito”. 4) Según la tesis de descargo que el acusado y su defensa legal han sostenido en juicio Giancarlos Fernández Aguirre, quien se dedica a la labor de taxista, estaba en su domicilio en horas de la noche y fue llamado reiteradamente por su coacusado Rojas Sánchez para que le haga un servicio de transporte a la campiña de Moche, sin tener conocimiento que se iba a cometer un delito de robo; sin embargo esta versión no solamente carece de medios probatorios que la hagan creíble sino que también contradice a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. El acusado Fernández Aguirre dijo que cuando ya se encontraba en su casa para ir a descansar su amigo y co acusado Joel Rojas Sánchez lo llamó insistentemente por teléfono para solicitarle que le haga un servicio de taxi a la campiña de Moche; lo que Fernández Aguirre dice haber aceptado porque Rojas es un amigo de muchos años. Este detalle de la versión de Fernández Aguirre llama poderosamente la atención ya que tratándose de un amigo tan cercano, con el que obviamente tenía mucha confianza, no es creíble ni verosímil que no le haya preguntado (ni Rojas le haya contado) el motivo por el cual necesitaba trasladarse urgentemente a esa hora a la campiña de Moche, salvo que se hubiese tratado de un problema ó percance relacionado con la salud de algún familiar directo de su amigo (que no es el caso pues Fernández Aguirre no lo ha referido). No se ha brindado una razón lógica y verosímil en virtud de la cual el acusado Fernández Aguirre haya podido aceptar hacer ese servicio de transporte a tan altas horas de la noche de lo que se puede inferir con certeza que tenía conocimiento pleno del evento delictivo que se iba a ejecutar. 5)
En su alegato final el señor abogado del acusado Fernández Aguirre dijo que su defendido se dedica al oficio de taxista y que el día de los hechos simplemente hizo un servicio de taxi a su coacusado Rojas Sánchez, sin embargo ni siquiera ha acreditado ser titular de una licencia de conducir que lo habilite para desempeñarse en tal labor. Sostuvo también el señor abogado que en el peor de los casos su defendido habría cometido el delito de receptación pues
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
299
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro no sabía del robo y tampoco conocía a los menores que desmantelaron el vehículo pero sí aceptó haber trasladado las autopartes y haberlas guardado en la casa de su tía Deysi Jovana Fernández García, a pesar de haberse percatado que se trataba de bienes robados. Se trata obviamente de un intento por minimizar la responsabilidad de su defendido sin embargo, el delito que ha cometido éste acusado es el de robo agravado y no receptación tal como se ha demostrado con las pruebas actuadas en juicio. Los menores Eustaquio Cabellos y Valdiviezo Vera afirmaron que Giancarlos Fernández Aguirre sí ha tenido conocimiento del robo y participó del asalto, que los movilizó en un automóvil yaris de color negro y que incluso la idea de robar fue de él; por ende el fallo debe ser condenatorio respecto de este acusado. 6)
En cuanto a la imputación en contra del acusado Joel Leonardo Rojas Sánchez el juzgado colegiado debe tener en cuenta que también se le sindica como autor del mismo delito de robo agravado en perjuicio del taxista Jorge Luis Sánchez Ramos y que según la sintética teoría del caso expuesta por su abogado en su alegato de apertura él no ha participado en el delito.
Este acusado ha hecho uso de su derecho a guardar silencio durante la audiencia de juzgamiento y la tesis de defensa ó teoría del caso que sostuvo su abogado ha sido muy concreta, limitándose a negar su participación, aunque manifestó que sí es cierto que esa noche llamó a su coacusado Fernández Aguirre para solicitarle que le haga un servicio de taxi pues tenía que comprar pañales pero que a esa hora el delito ya se había cometido.
Respecto del acusado Rojas Sánchez se tiene en primer lugar la declaración que ha brindado su co acusado Fernández Aguirre quien lo involucra en los hechos afirmando que Rojas lo llamó a altas horas de la noche para pedirle que le haga un servicio de taxi (circunstancia que es admitida por la defensa de Rojas Sánchez) indicando que quería que lo traslade a la campiña de Moche.
El órgano jurisdiccional colegiado considera sin embargo que se trata de una versión inverosímil que colisiona con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia pues atenta contra toda lógica admitir que el acusado Fernández Aguirre haya aceptado hacer dicho servicio a esa hora cuando ya se había retirado a descansar y menos aún por un motivo que no implicaba ninguna urgencia; y desde la óptica de Rojas Sánchez es obvio que habría resultado más conveniente adquirir uno o dos pañales en alguna bodega o farmacia cercana, de la localidad de Moche y esperar las horas de la mañana para comprar el resto de pañales que necesitaba.
7)
El señor abogado defensor del acusado Rojas Sánchez también sostuvo que a su patrocinado lo han involucrado en este delito para exonerar de responsabilidad al acusado Fernández García. Al respecto se debe considerar que
300
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA efectivamente, tratándose de la versión que ha proporcionado un coacusado, la información ingresada por Fernández García debe ser analizada bajo las reglas que establece el Acuerdo Plenario número 02-2005 en cuanto a las consideraciones que se deben tener para valorar las declaraciones de co acusados en un mismo proceso, pues es evidente que la estrategia trazada por la defensa de éste último se ha estructurado en base al involucramiento de Rojas Sánchez con la finalidad de evadir su responsabilidad o por lo menos aminorarla. Sin embargo, no es menos cierto que el acusado Rojas Sánchez -por medio de su defensa legal- ha aceptado que esa noche sí le solicitó a su coacusado que le haga un servicio de taxi pero dice que fue para ir a comprar pañales y cuando el robo ya se había cometido.
De lo expuesto se puede concluir que las versiones de ambos coacusados concuerdan básicamente en cuanto los dos reconocen que esa noche sí estuvieron juntos, aunque Rojas Sánchez dice que fue para ir a comprar pañales (versión poco creíble tal como ya se explicó) y Fernández Aguirre afirma que su amigo y coacusado fue quien lo hizo trasladarse a la campiña de Moche para recoger autopartes de un vehículo desmantelado que había sido robado la misma noche al agraviado.
8)
No obstante lo expuesto en los párrafos que anteceden se debe tener en cuenta que con respecto a la imputación que el Ministerio Público hace en contra del acusado Rojas Sánchez se cuenta con otras declaraciones que igualmente lo involucran como participante en este hecho delictivo y son las testimoniales de los menores Eustaquio Cabellos y Valdiviezo Vera, ambos internos en el Establecimiento de menores de “La Floresta” por estos hechos. Eustaquio Cabellos afirmó que cuando estaba en su casa descansando el acusado Joel Rojas Sánchez junto con Giancarlos Fernández Aguirre y otro menor de apellido Siesquén Bobadilla fueron a verlo a su casa para ir a una fiesta pero finalmente no fueron a ninguna fiesta sino a cometer un robo. Según la versión que han proporcionado Eustaquio Cabellos y Valdiviezo Vera el acusado Rojas Sánchez ha tomado parte inclusive en la ejecución misma del asalto en contra del agraviado Jorge Luis Sánchez Ramos, es decir cuando le arrebataron el vehículo, siendo el que lo “cogoteó” al mencionado agraviado para reducirlo y pasarlo al asiento posterior.
9)
Las pruebas actuadas durante la audiencia de juzgamiento permiten entonces al colegiado concluir que Rojas Sánchez no solamente ha intervenido en la ejecución misma del robo sino que también ha tenido una participación previa en el diseño y planificación del delito ya que según él mismo ha reconocido, es cierto que llamó a su coacusado Fernández Aguirre en horas de la noche y que estuvo en contacto con él; aunque la versión de éste último no es aceptada en su totalidad por Rojas Sánchez cuyas contradicciones e inconsistencias no
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
301
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro hacen más que profundizar la convicción judicial de responsabilidad de Joel Leonardo Rojas Sánchez.
Si bien es cierto los dos indicados menores han participado en la ejecución del robo y por ello se encuentran recluidos en el establecimiento de menores de “La Floresta” sus versiones sí pueden ser valoradas en toda su dimensión por el órgano jurisdiccional ya que a diferencia del acusado Fernández Aguirre no se trata de co acusados que estén tratando de obtener algún provecho específico o tengan otro interés en el resultado del proceso, ellos ya han sido juzgados y se les ha impuesto una medida socioeducativa de readaptación y en consecuencia la sindicación que han formulado en juicio, tanto en contra de Rojas Sánchez como en contra de Fernández Aguirre, debe tomarse en cuenta.
10) A la acusada Deysi Fernández García se le imputa la comisión del delito de receptación en su forma agravada prevista en el artículo 195 del C.P.) pues según expuso el representante del Ministerio Público, con conocimiento de que se trataba de bienes obtenidos a partir de un hecho delictivo o en todo caso de dudosa procedencia, aceptó que su sobrino Giancarlos Fernández Aguirre deje en su vivienda del centro poblado de “Las Delicias” las autopartes del vehículo previamente arrebatado al agraviado Jorge Luis Sánchez Ramos y desmantelado en la campiña de Moche. Respecto de esta imputación el abogado defensor de dicha acusada manifestó que su patrocinada es inocente pues ella desconocía el contenido de las bolsas. La acusada ha declarado en juicio y ha dicho que su sobrino llegó a su casa cuando ella ya estaba durmiendo y le dijo que quería encargarle unas cosas, a lo que ella asintió porque “se trata de un muchacho trabajador”. Le permitió que deje las cosas en su casa pero dice que no las vió porque se fue a dormir inmediatamente, circunstancia que a criterio del juzgado colegiado tampoco es verosímil por lo avanzado de la hora en que su sobrino llegó a pedirle ese favor y porque debió resultarle sospechoso que viviendo en el mismo centro poblado haya preferido dejar las cosas en la casa de su tía y no en la de su mamá, donde él también vivía. 11) Los efectivos policiales que han declarado en juicio, Sub Oficiales Julio César Viera Viera y Laines Lara han sostenido que cuando llegaron a la vivienda de la acusada Fernández García ella les abrió la puerta y con su autorización procedieron al registro en donde verificaron que las autopartes robadas estaban escondidas en el ambiente de la cocina, camufladas dentro de cajas y bolsas e incluso ollas, circunstancia que desbarata la tesis de la defensa en el sentido que la acusada Deysi Fernández García no se percató donde se guardaron las cosas o no supo que se trataba de bienes robados ya que de ser cierta su versión aún en el supuesto de que se haya retirado a dormir inmediatamente y teniendo en cuenta que las autopartes se encontraban empaquetadas, tendría
302
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA que haberse percatado de que su sobrino Giancarlos se estaba demorando más tiempo del necesario para simplemente dejar los costales y cerrar la puerta. Entonces, es evidente que la acusada no solamente se limitó a autorizar a su sobrino para que deje las cosas en su casa sino que también colaboró o ayudó a esconder los bienes dentro de la cocina o por lo menos estuvo presente y despierta mientras que su sobrino lo hacía. 12) Finalmente, al acusado Edwin Pérez Arévalo, el Ministerio Público le ha formulado acusación atribuyéndole la comisión de dos delitos, en primer lugar el delito de robo agravado (cómplice secundario) pues habría proporcionado o prestado una arma de fuego (revólver) con la que los menores asaltaron al agraviado y lograron quitarle su vehículo taxi que posteriormente condujeron a la campiña de Moche y lo desmantelaron. También se le imputa a este mismo acusado la comisión del delito de tenencia ilegal de arma de fuego pues según el requerimiento acusatorio, al momento que fue intervenido por efectivos policiales de la Comisaría de Moche tenía en su poder un arma de fuego de tipo revólver calibre 38.
Respecto de la imputación en contra de Pérez Arévalo por el delito de robo agravado, se aprecia que esta se sustenta en una supuesta sindicación que habría hecho el menor Alin Valdiviezo Vera. Esta versión ha sido introducida en el juicio por los Sub oficiales Agreda Campos, Laines Lara y Cruz Ordinola quienes afirmaron que al momento de su detención uno de los menores (“negro Alin”) les dijo que el arma para cometer el robo se las había proporcionado un tal “charapo” que vivía en Alto Moche. Sin embargo, se debe tener en cuenta que según la versión del agraviado en ningún momento escuchó que se haya sindicado a nadie con dicho apelativo. Por su parte el menor en referencia, Alin Valdiviezo Vera, en juicio ha negado haber dicho a los efectivos policiales que Edwin Pérez Arévalo (“charapo”) les haya proporcionado un arma de fuego para cometer el robo. No se ha actuado ningún otro medio de prueba que corrobore la versión de los efectivos policiales. El acusado Pérez Arévalo no ha sido detenido junto con los otros acusados ni con los menores que efectuaron el asalto y tampoco se le ha intervenido en posesión de alguno de los bienes (autopartes) que se extrajeron del vehículo robado, por consiguiente, la imputación en su contra por el delito de robo agravado carece de prueba suficiente que la corrobore por lo que se le debe absolver en este extremo.
13) Al acusado Pérez Arévalo también se le imputa la autoría del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, respecto de lo cual se han recibido en juicio las declaraciones de los efectivos policiales, entre ellas la del Sub oficial Laines Lara quien sostuvo que al acusado Pérez Arévalo se le encontró un revólver a la altura de la cintura.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
303
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
En defensa de su patrocinado, el señor abogado ha manifestado que no es verdad que el arma de fuego se la hayan encontrado en su poder pues los policías se la “sembraron”. El acusado Pérez Arévalo ha hecho uso de su derecho a declarar en juicio y ha afirmado de modo resuelto y convincente que no conoce a ninguno de sus coacusados y tampoco a los menores que cometieron el asalto, que no es ningún delincuente y que a él lo detuvieron cuando concurrió a la Comisaría de Moche a preguntar respecto del paradero del menor Eustaquio Cabellos (hermano de su pareja). Allí lo hicieron esperar y luego lo hicieron pasar para conversar pero estando dentro le dijeron que también estaba involucrado en el robo, lo golpearon con la cacha de una pistola y lo encerraron en una carceleta solicitándole cinco mil soles para dejarlo libre.
14) De lo expuesto resulta entonces que aparecen confrontadas las versiones de los efectivos policiales y la del acusado Pérez Arévalo por lo que para pronunciarse respecto de la responsabilidad penal de este acusado en cuanto al delito de tenencia ilegal de arma de fuego que se le imputa debe tenerse en cuenta que en toda investigación o averiguación de hechos y circunstancias de posible connotación penal la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público se encuentran obligados a hacerlo de manera legítima esto es con la debida observancia y respeto de las normas que aseguran la vigencia irrestricta y el respeto de los derechos fundamentales de las personas. El señor abogado defensor de Edwin Pérez Arévalo sostuvo en su alegato final que cuando estaba detenido su patrocinado fue agredido dentro de la Comisaría, circunstancia que afirmó se encuentra corroborada con un certificado médico legal y con las vistas fotográficas tomadas al acusado en las que se aprecian las heridas que se le causaron.
Efectivamente, durante la audiencia de juzgamiento se ha oralizado el Certificado Médico Legal número practicado por la Dra. Milagros Nélida Arroyo Zavaleta que si bien es cierto no ha declarado en juicio las conclusiones a las que llega en dicho certificado sí se oralizaron y no pueden dejar de valorarse por su trascendencia y porque además el Ministerio Público no las ha cuestionado. En dicho documento la mencionada perito concluyó que el ahora acusado Edwin Pérez Arévalo presentaba lesiones traumáticas de origen contuso en región supraciliar derecha con equimosis violácea de párpados. Las vistas fotográficas que se adjuntan y corren en el expediente judicial corroboran la naturaleza de las lesiones que se causó al hoy acusado debiendo destacarse que estas lesiones presumiblemente han sido causadas cuando ya se encontraba detenido.
15) Lo expuesto en el numeral que antecede, estando a la fecha en que fue detenido el acusado Pérez Arévalo y la fecha del certificado médico legal, corrobora la afirmación de su abogado defensor y además de constituir un fuerte
304
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA indicio de abuso policial desmerece la actuación policial en su conjunto ya que resulta evidente que los efectivos del orden se han excedido en sus funciones atentando contra los derechos de una persona que según su versión solamente había concurrido a la Delegación Policial de Moche con la finalidad de averiguar si uno de sus familiares se encontraba allí detenido y que después de hacerlo esperar se le habría detenido en forma injustificada, para luego golpearlo y solicitarle dinero para dejarlo en libertad, según lo que ha narrado el acusado en juicio.
Los integrantes del órgano jurisdiccional colegiado a cargo de expedir la presente sentencia consideran que la presunción de inocencia que asiste a todo ciudadano no puede ser enervada con medios de prueba obtenidos en base a una investigación e intervención policial de tal naturaleza, en la cual existen muy fuertes indicios que llevan a pensar que se habrían vulnerado los derechos fundamentales del acusado Pérez Arévalo y en tal circunstancia no solamente se le debe absolver de la acusación fiscal por todos los cargos sino que también se deben cursar copias certificadas a Inspectoría Policial para que se investiguen más fondo los hechos y de ser el caso se impongan las sanciones disciplinarias que correspondan.
SETIMO: DETERMINACION DE LA PENA.- Con la finalidad de determinar técnicamente la intensidad de la sanción que se debe imponer a los acusados Fernández Aguirre, Rojas Sánchez y Fernández García por los delitos en los que se les ha encontrado responsabilidad; se deben apreciar los distintos factores objetivos y subjetivos presentes en el caso, para determinar la gravedad del delito (antijuricidad del hecho) así como también el grado de responsabilidad de los autores (culpabilidad). En este orden de ideas, en el caso de los acusados Fernández Aguirre y Rojas Sánchez, el artículo 189 del Código Penal, en cuyos numerales 2, 3, 5 y 8 se subsume la conducta que han cometido establece una pena abstracta no menor de doce ni mayor de veinte años de privación de libertad. La extensión concreta de la pena a imponerse debe ser fijada teniendo en cuenta el grado de participación de cada acusado, los principios constitucionales de legalidad, lesividad, culpabilidad y proporcionalidad y adicionalmente que los hechos han alcanzado grado de consumación al haberse consumado el apoderamiento de los bienes (autopartes) extraídos del vehículo robado. En el presente caso, con respecto al acusado Fernández Aguirre el Ministerio Público ha solicitado que se le imponga una pena de catorce años, sin embargo el colegiado considera se le debe sancionar con una pena de diez años de privación de libertad pues si bien es cierto el delito ha alcanzado la consumación también lo es que se trata de un acusado que carece de antecedentes penales y que según la propia fiscalía reconoce, al momento de cometer los hechos tenía veinte años de
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
305
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro edad. En el mismo sentido respecto del acusado Rojas Sánchez a quien se debe imponer la misma pena y dado que se encuentra con mandato de comparecencia deberá disponerse su ubicación y detención de conformidad con lo que establece el artículo 402.2 del Código Procesal Penal estando a la naturaleza del delito que ha cometido y evitar el peligro de fuga Con respecto a la pena a imponerse a la acusada Deysi Fernández García se debe tener en cuenta que el delito por el que se le ha formulado acusación es el de receptación agravada contemplado en el artículo 195 del Código Penal y que se sanciona con una pena mínima de seis años y máxima de doce años de privación de libertad puesto que se trata de bienes extraídos de un vehículo automotor y además provienen de un delito de robo agravado. El delito cometido por esta acusada también ha alcanzado el grado de consumado y si bien es cierto no cuenta con antecedentes penales se trata de una persona mayor de edad (treinta y cuatro años) que resulta plenamente imputable por el delito que ha cometido por lo que se le debe imponer la pena mínima, es decir seis años de privación de libertad y que teniendo en cuenta que se encuentra con mandato de comparecencia también debe ordenarse su ubicación y detención de conformidad con lo que establece el artículo 402.2 del Código Procesal Penal. OCTAVO: DETERMINACION DE LA REPARACION CIVIL.- De conformidad con lo que establecen los artículos 92 y 93 del Código Penal la reparación civil se determina conjuntamente con la pena y comprende la restitución del bien (o si esto no es posible el pago de su valor) y la indemnización de los daños y perjuicios. Para establecer el monto de la reparación civil se debe tener en cuenta el daño causado. En este sentido, el daño puede ser patrimonial (daño emergente y lucro cesante) y extrapatrimonial (daño a la persona y daño moral). Por daño emergente se entiende la pérdida patrimonial efectivamente sufrida y por lucro cesante la renta o ganancia frustrada o dejada de percibir. El daño a la persona se configura cuando se causa lesión a la integridad física o se le produce menoscabo en su aspecto psicológico o en su proyecto de vida, mientras que el daño moral es la lesión a los sentimientos de la víctima, lo que le produce un gran dolor y aflicción. En cuanto al monto de la reparación civil que se debe establecer para este caso, el órgano jurisdiccional debe tener en cuenta que el agraviado recuperó su vehículo desmantelado pero no recuperó la totalidad de sus bienes (autopartes) y que además también se debe tener en cuenta el daño moral que se le ha causado. NOVENO: COSTAS.- De conformidad con lo regulado en el artículo 497.1 del Código Procesal Penal, toda decisión que ponga fin al proceso penal establecerá quien debe soportar las costas, estableciendo también el artículo 500.1 que cuando el imputado sea condenado deberá pagar las costas.
306
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA PARTE RESOLUTIVA : Por estas consideraciones el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo de conformidad con lo regulado en los artículos 189, 195 y 279 del Código Penal concordantes con los artículos 394 y 399 del Código Procesal Penal; y con la potestad que le confiere la Constitución Política del Perú; ABSUELVE a EDWIN PEREZ AREVALO de la acusación fiscal como autor de los delitos de robo agravado (cómplice secundario) y tenencia ilegal de arma de fuego en agravio de Jorge Luis Sánchez Ramos y del Estado. CONDENA a los acusados GIANCARLOS FERNANDEZ AGUIRRE y JOEL LEONARDO ROJAS SANCHEZ como coautores del delito de robo agravado en agravio de Jorge Luis Sánchez Ramos y consecuentemente se les impone la pena de DIEZ AÑOS de privación de libertad que teniendo en cuenta que fueron detenidos el doce de noviembre del año dos mil catorce se cumplirán el once de noviembre del año dos mil veinticuatro; CONDENA a DEYSI JOVANA FERNANDEZ GARCIA por la comisión del delito de receptación agravada en agravio de Jorge Luis Sánchez Ramos y le impone la pena de a SEIS AÑOS de privación de libertad que estando a que actualmente se encuentra en libertad se computarán desde la fecha en que sea internada en el establecimiento penal de mujeres debiendo disponerse su ubicación y detención. FIJESE la reparación civil en la suma de S/. 3,000.00.- (TRES MIL y 00/100 NUEVOS SOLES) que será pagada por los sentenciados solidariamente a favor del agraviado Jorge Luis Sánchez Ramos, a razón de dos mil soles de parte de los acusados Fernández Aguirre y Rojas Sánchez; y mil soles por parte de la acusada Fernández García.- Consentida que sea la presente sentencia ARCHIVENSE los actuados y gírense los respectivos boletines.- OFICIESE para la ubicación y captura de los sentenciados Daysi Jovana Fernández García y Joel Leonardo Rojas Sánchez.- - - - LUJAN CASTRO QUISPE LECCA LOPEZ PATIÑO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
307
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
10. VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD EXPEDIENTE : ACUSADO : DELITO : AGRAVIADO : JUZGADO COLEG. : ASISTENTE JUD. :
Nº 01376-2009-14-1601-JR-PE-02 JORGE LUIS QUEZADA CASTILLO VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD MENOR DE INICIALES E.S.C.C Dra. RAQUEL ALEJANDRA LOPEZ PATIÑO (D. de D.) Dr. JORGE LUIS QUISPE LECCA Dr. JUAN JULIO LUJAN CASTRO Dra. LUISA DORIS QUEZADA MURGA
SENTENCIA
RESOLUCION NUMERO VEINTISIETE Trujillo, dos de Febrero del Año dos mil dieciséis.-
VISTOS y OIDOS; en audiencia privada llevada a cabo ante el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo, integrado por la señora Juez doctora Raquel Alejandra López Patiño, Directora de Debates, y por los señores Jueces doctores Jorge Luis Quispe Lecca y Juan Julio Luján Castro, la causa Nº 01376-2009-14 seguida por el Ministerio Público representado por el señor Fiscal Provincial de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de La Esperanza, doctor Esteban Rafael Zafra Guerra, contra el acusado con mandato de prisión preventiva JORGE LUIS QUEZADA CASTILLO, peruano, de cuarenta y tres años de edad, nacido el veinticuatro de Octubre del año mil novecientos setenta y dos, en la ciudad de Trujillo, hijo de Félix Quezada Vega y de María Imelda Castillo Espinoza, de estado civil soltero, con quinto grado de primaria, de ocupación vendedor ambulante, gana cuarenta nuevos soles al día, no tiene antecedentes penales, identificado con Documento Nacional de Identidad Nº 19083208, con domicilio real en el Pasaje Girardot Nº 1498 del distrito de La Esperanza parte baja, el mismo que estuvo asistido por su abogado defensor doctor Alfonso Asto Agreda, con colegiatura del Colegio de Abogados de La Libertad Nº 25, acusado al que se imputa la comisión del delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iníciales E.S.C.C.Y CONSIDERANDO: ENUNCIACION DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS OBJETO DE LA ACUSACION: PRIMERO.- Que, conforme detalla el señor Representante del Ministerio Público en la acusación fiscal escrita, y en el juicio oral al plantear la teoría del caso y al formular su alegato de clausura, el seis de Noviembre del año dos mil siete la menor de iníciales E. S. C. C., de dieciséis años de edad, denuncia que desde cuan-
308
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA do tenía ocho años de edad ha sido objeto de violación sexual por su padrastro de nombre Jorge Luis Quezada Castillo, en el interior del inmueble ubicado en la manzana C, lote 45, de la III Etapa del sector Manuel Arévalo del distrito de La Esperanza donde vivía con su señora madre, sus hermanos y su mencionado padrastro, quién aprovechaba de que todos dormían en un dormitorio grande, violaciones que se repitieron en varias oportunidades, utilizando para ello un cuchillo con el que le incaba en el cuello y cuando no se dejaba la golpeaba dejándola morada, amenazándola que en caso que contara lo sucedido la iba a matar, producto de los abusos sexuales ha concebido un hijo de nombre Cesar Augusto, el mismo que no ha sido reconocido por su padrastro pero este le decía a la madre de la agraviada que sí era su hijo, hechos que sucedieron hasta el mes de Mayo del año dos mil cinco en que nació su menor hijo y que su madre tiene conocimiento de estos hechos .PRETENSIONES PENALES Y CIVILES INTRODUCIDAS EN EL JUICIO POR EL MINISTERIO PÚBLICO: SEGUNDO.- Que, por los hechos antes detallados, el Ministerio Público ha formulado acusación fiscal contra el imputado Jorge Luis Quezada Castillo, por el delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso 2 y la última parte del artículo 173 del Código Penal, solicitando que se le imponga treinta años de pena privativa de libertad, y pague la suma de cuatro mil nuevos soles a favor de la agraviada por concepto de reparación civil, más la suma de doscientos nuevos soles por concepto de alimentos a favor del menor fruto del delito de nombre Cesar Augusto.PRETENSION DE LA DEFENSA DEL ACUSADO: TERCERO.- Que, la defensa técnica del acusado Jorge Luis Quezada Castillo argumentó que, en el juicio oral no se ha acreditado fehacientemente que su patrocinado sea responsable del hecho delictuoso, puesto que la denuncia de la tía de la agraviada solo refiere lo que ésta le manifestó lo cual no le consta, mientras que el dicho de la menor agraviada no ha podido ser corroborado, toda vez que no ha concurrido al juicio oral a ratificarse, por lo tanto no existe pruebas ni cargos suficientes que acrediten que su patrocinado sea el autor del hecho incriminado, por lo que concluyó solicitando que su indicado patrocinado Jorge Luis Quezada Castillo sea absuelto de la acusación fiscal.TRAMITE DEL PROCESO: CUARTO.- Que, el proceso se ha desarrollado de acuerdo a los cauces y trámites señalados en el vigente Código Procesal Penal, dentro del sistema acusatorio adversarial que informa este Código, habiéndose instalado la audiencia previa observancia de las prerrogativas del artículo 371 del Código Procesal Penal, al culminar los alegatos preliminares o teoría del caso, se efectuaron las instrucciones al acusado, haciéndole conocer sus derechos, quién al no admitir la autoría del delito incriminado y la responsabilidad en el pago de la reparación civil, se procedió a la GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
309
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro actuación de las pruebas admitidas, las mismas que deben ser valoradas dentro del contexto que señala el artículo 393 del acotado Código Adjetivo, finalmente se procedió a escuchar los alegatos de clausura y la autodefensa material del acusado, pasando luego a deliberar, después de un breve lapso se reabrió la audiencia para dar lectura a la parte dispositiva de la sentencia y a una síntesis de los fundamentos que motivan la decisión, señalando el día de la fecha para la lectura integral de la sentencia, conforme faculta el inciso 2. del artículo 396 del Código Procesal Penal.ACTUACION DE MEDIOS PROBATAORIOS: QUINTO.- Que, dentro del debate probatorio, bajo el control de los sujetos procesales, observando el contradictorio, se han actuado las siguientes pruebas: 1.
Examen del acusado Jorge Luis Quezada Castillo.- Se acogió al derecho de guardar silencio.-
2.
Oralización de prueba documental.- Se dio lectura a la prueba documental ofrecida oportunamente por el Ministerio Público y la Defensa del acusado, que ha sido admitida en el auto de enjuiciamiento, destacando la pertinencia y utilidad de cada una.-
CALIFICACION JURIDICA DE LOS HECHOS: SEXTO.- Que, los supuestos fácticos enunciados en la tesis acusatoria, están referidos al tipo penal de Violación Sexual de Menor de Edad, que reprime el inciso 2. y último párrafo del artículo 173 del Código Penal modificado por Decreto Legislativo Nº 896 vigente en la época en que la menor agraviada contaba con ocho años de edad, por lo que es necesario establecer una delimitación técnica de la conducta típica incriminada, que está referida a que: Artículo 173. El que practica el acto sexual u otro análogo con un menor de catorce años de edad, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: Inciso 2. Si la víctima tiene de siete años a menos de diez, la pena será no menor de veinticinco ni mayor de treinta años. Último párrafo: Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, la pena será no menor de treinta años para los supuestos previstos en los incisos 2 y 3.”, de modo que con relación al bien jurídico tutelado en estos casos, la jurisprudencia de la Corte Suprema nos dice: “(…) con su conducta el sujeto activo ha lesionado el bien jurídico tutelado que es la indemnidad sexual del menor agraviado, teniendo en cuenta que lo que la norma protege en los impúberes es su libre desarrollo sexual y psicológico en relación con los mayores, debido a su incapacidad para discernir y el estado de indefensión dada por su minoría de edad, (…)”. 9
9
Ejecutoria Suprema de fecha 15 de Enero de 2004, inserta en la obra “Jurisprudencia Penal 2. Sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la República”, del doctor José Luis Castillo Alva. Editora Jurídica GRIJLEY. Lima-2006. Pág. 208.
310
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA ANALISIS DEL CASO CONCRETO - CONTEXTO VALORATIVO SETIMO.- Que, conforme resulta de los supuestos fácticos de la tesis acusatoria enunciada en el primer considerando de esta sentencia, al acusado Jorge Luis Quezada Castillo se le imputa concretamente, haber aprovechado de ser padrastro de la menor de iníciales E.S.C.C. y de vivir en la misma casa, para hacerla víctima en varias oportunidades de violación sexual desde cuando ella contaba con ocho años de edad, hasta el mes de Mayo del año dos mil cinco en que nació el menor hijo fruto de ese abuso sexual, cuando dicha agraviada contaba con catorce años de edad; que siendo esto así, se hace necesario establecer si en el juicio oral se ha actuado prueba que vincule a dicho acusado como autor del delito de violación sexual de menor de edad materia de la acusación fiscal, toda vez que se considera inocente de la imputación.OCTAVO.- Que, en principio se debe considerar que el Ius Puniendi del Estado se debe ejercitar cuando exista plena certeza de la responsabilidad penal del acusado, sustentada en hechos suficientes y debidamente probados, pero estos supuestos no concurren en el caso In Examine, toda vez que la denunciante Solangel Elena Calderón de la Cruz y la agraviada ahora ya mayor de edad de iníciales E.S.C.C. no han concurrido al juicio oral a prestar la declaración que les respecta, en cuyo caso no existen cargos directos y objetivos que vinculen al acusado como autor de la violación sexual a la menor agraviada que se le imputa en la acusación fiscal, toda vez que en estas condiciones no existe prueba fehaciente que vincule a dicho acusado como autor de la desfloración himeneal que ha presentado la agraviada conforme al Certificado Médico Legal Nº 006955-H y del embarazo de dicha agraviada a que se refiere el Certificado Médico Legal Nº 003158-PF-AR, que corren a fojas seis y siete del expediente judicial respectivamente, y han sido oralizados como prueba documental por no haber concurrido a la audiencia los Peritos Médicos Legistas Martha Cecilia Bellina Montoya y Nilo Calderón Mezones, asimismo, en estas condiciones, carece de fuerza probatoria la Notitia Criminis que contiene el Acta de Denuncia Verbal que ha sido oralizada y corre a fojas una del expediente judicial, al no haber concurrido al juicio para ratificar esta denuncia las ya referidas, denunciante Solangel Elena Calderón de la Cruz y la agraviada de iníciales E.S.C.C.; por otra parte, si bien es cierto en el auto de enjuiciamiento se ha admitido como prueba documental del Ministerio Público el Acta de Declaración prestada ante la policía por la denunciante Solangel Elena Calderón de la Cruz y el Acta de Referencia prestada por la menor agraviada ante la Policía y en presencia del Fiscal de Familia, por lo que han sido oralizados en el juicio y corren a fojas nueve y diez del expediente judicial, sin embargo al no haber contado esas declaraciones con la intervención de algún órgano jurisdiccional, resultaba necesario para darles valor probatorio en el juicio oral que concurran la denunciante y la indicada agraviada a prestar declaración y sean sometidas al contradictorio, ya que la inconcurrencia al juicio de la denunciante y de la agraviada en referencia, no puede
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
311
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro ser convalidada con la oralización de esas actas de declaración, pues esa lectura en estas condiciones no cumple con los principios de inmediación, contradicción y oralidad propios del juicio, como así lo ha considerado el tratadista Pablo Sánchez Velarde al decir: “que la prueba preconstituída en materia procesal penal son los elementos que preexisten al proceso o se obtienen como consecuencia de los actos investigativos, sobre todo de las diligencias iníciales, y sólo podrán convertirse en actos de prueba si se reproducen en el juicio oral y se someten al contradictorio…” 10 . En similar sentido se pronuncia el tratadista José Antonio Neyra Flores cuando nos dice: “la prueba preconstituída y la prueba anticipada, vista desde la perspectiva de excepción al principio de inmediación con relación a la prueba, debe ser valorada cuando se cumple los requisitos legalmente establecidos para su actuación y deben interpretarse siempre de manera restrictiva, ya que la regla principal de todo procedimiento acusatorio es que las pruebas que sirven de sustento de valoración para emitir una sentencia sean pruebas debidamente actuadas en el juicio oral bajo la vigencia de los demás principios que la informan.” 11 NOVENO.- Que, en este orden de ideas, cabe concluir que la actividad probatoria desarrollada en el juicio oral no resulta suficiente para establecer con grado de certeza la responsabilidad penal del acusado Jorge Luis Quezada Castillo, manteniéndose incólume la presunción de inocencia que garantiza a dicho imputado el párrafo e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Estado, en cuyo caso debe ser absuelto de la acusación fiscal, en atención a lo que estipula el artículo 398 del Código Procesal Penal.DECIMO.- Que, de acuerdo al artículo 499 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público está exento del pago de costas, lo que se debe tener presente en la parte dispositiva de la sentencia.PARTE RESOLUTIVA: En consecuencia, habiéndose analizado los supuestos fácticos y jurídicos esgrimidos en la tesis acusatoria, así como respecto de la responsabilidad penal del acusado, bajo las reglas de la lógica y la sana crítica, de conformidad con los dispositivos legales antes invocados y artículos 392, 393, 394, 397 y 398 del Código Procesal Penal, impartiendo justicia a nombre de la Nación, el Segundo Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Trujillo,
10 Manual de Derecho Procesal Penal. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2006. Pág. 662. 11 Manual del Nuevo Proceso Penal & de Litigación Oral. Editorial IDEMSA. Lima-Perú 2010. Pág. 620.
312
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA FALLA: 1.
ABSOLVIENDO a JORGE LUIS QUEZADA CASTILLO, de la acusación fiscal por el delito contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Violación Sexual de Menor de Edad, en agravio de la menor de iníciales E.S.C.C.-
2.
SIN costas.-
3.
MANDA que se GIRE la correspondiente papeleta de libertad para la inmediata excarcelación del acusado absuelto, siempre que no tenga otro mandato de detención emanado de autoridad competente, DEJANDOSE constancia que la papeleta de libertad fue girada el veintiséis de Enero en curso, cuando se dio lectura a la parte dispositiva de esta sentencia.-
4.
ORDENA que consentida o ejecutoriada que sea esta sentencia, se anulen los antecedentes policiales y judiciales que se hubieran generado en el proceso respecto del acusado absuelto, y fecho: se ARCHIVE lo actuado en el modo y forma de ley.-
5.
DESE lectura en audiencia pública.S. S. LOPEZ PATIÑO QUISPE LECCA LUJAN CASTRO
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
313
SENTENCIAS DE VISTA
SENTENCIAS DE VISTA
1.
ABORTO CONSENTIDO EN GRADO DE TENTATIVA EXPEDIENTE Nº ACUSADA DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA APELANTE ASUNTO
: : : : : : :
2008-4887-15-1601-JR-PE-7.FLOR MARINA LOPEZ DE CASTILLO ABORTO CONSENTIDO – TENTATIVA ELICIA VERONICA ROMAN CASTILLO SETIMO JUZGADO PENAL UNIPERSONAL MINISTERIO PÚBLICO APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA
Trujillo, veintiuno de diciembre Del Año Dos Mil Nueve.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - ---I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO: 01.- Que, viene en apelación la sentencia de fecha dos de octubre del Año 2009, obrante de fojas 114 a 121 que absuelve de la acusación fiscal a Flor Marina López de Castillo, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de aborto consentido, en agravio de Elicia Verónica Román Castillo. 02.- Que, el Representante del Ministerio Público, ha interpuesto el recuso de apelación contra la sentencia absolutoria solicitando la nulidad de la misma y del juicio oral, por la vulneración al debido proceso, desde que se he vulnerado el derecho ha probar que tiene el ministerio Público, por cuanto el Juez prescindió de las testimoniales de Elicia Verónica Román Castillo y Sara Castillo Altivez, que habían sido ofrecidas a pesar que no se había efectivizado el apercibimiento de conducción compulsiva y por haberse desconocido su domicilio actual; el Juez le denegó la oralización de la declaración de los testigos que se habían recepcionado en presencia del Representante del Ministerio Público; Se ha vulnerado el principio de la motivación judicial, debido a que le Juez no ha tenido en cuenta las pericias que acreditan el grado de embarazo de la agraviada. 03.- Que, por otro lado, la Defensa ha solicitado que se confirme la sentencia; sosteniendo que durante el proceso no se ha acreditado que se haya practicado maniobra abortiva alguna, menos se le ha dado medicamento alguno a la agraviada, conforme se acredita con los informes de los peritos biólogos, no se le encontró ninguna sustancia abortiva; no existió el feto producto de la concepción; el Ministerio público acuso sin fundamentos y para pedir la nulidades debe tener en cuenta la taxaGRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
317
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro tividad prevista en el artículo 149 del código procesal penal. 04.- Que, después de escuchar a ambas partes su alegatos de inicio, no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, la acusada guardó silencio y se escuchó los alegatos finales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hechos y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia absolutoria recurrida. - - - - - - - - - - - - - II.- CONSIDERANDOS: 2.1. FUNDAMENTOS JURIDICOS.2.1.1. Que, el Artículo 139 Inciso 05 del Constitución Política del Perú, prescribe “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto las decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y los fundamentos de hechos en que sus sustentan”.--2.1.2. Que, en igual sentido lo establece el Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar, que “todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la preproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye la motivación suficiente.”. - - - - - - - - - - - - - 2.1.3. Que, así mismo, tenemos que el Artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal, al señalar como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y complete de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba en que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”.- - - - - - --------------------2.1.4. Que, por su parte el Tribunal Constitucional ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso
A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de
318
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”12.- - - - - - - -
12 EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
319
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 2.1.5. Que, la doctrina ha señalado que se debe entender por motivación el proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que el juez efectúa (FERNANDEZ ENTRALGO)”13.- Según Olsen Ghirardi14 se considera que la resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma explícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. - - - - - - - - - - 2.1.6. Que, para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente: las máximas de experiencia15, reglas de la lógica y categorías jurídicas. Por el contrario, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras: a)
Falta absoluta de motivación:
Tiene lugar cuando la resolución no expresa el más mínimo (argumento real o aparente) que fundamente la decisión que se toma. Existe una total ausencia de motivación.
b)
Motivación aparente:
En este caso la resolución aparece prima facie como fundada. El juzgador glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión.
Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la
es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura. 13 CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201. 14 GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231. 15 Según Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Crf. cita ANDRES IBAÑEZ, P., op cit., pág. 146.
320
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamento16; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambiguas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten).
Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constituye, en estricto, motivación alguna y no debe ser considerada como una motivación real17.
c)
Motivación insuficiente:
Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, es decir, se consignan sólo algunos de los argumentos que llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la convicción18.
Es necesario dejar en claro que, conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible una agotadora explanación de los argumentos y razones y que, según el caso, es incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial responda a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbitrariedad”19.
d)
Motivación incorrecta:
Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.
2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 2.2.1. Que, los hechos materia de la acusación del Ministerio Público son los siguientes: El día 21 de agosto de 2008, siendo la s13.30 horas aproximadamente la acusada Flor Marina López de Castillo fue intervenida por la policía en su consultaría obstétrico ubicado en la avenida Sánchez Carrión 394 – segundo piso, luego de que iniciara un procedimiento abortivo destinado a interrumpir el embarazo de la agraviada Elicia Verónica Román Castillo, quien llego a ese lugar con la finalidad de practicarse un aborto; dicha intervención policial se realizó después de
16 FERNANDEZ, Raúl. “Los errores in cogitando en la jurisprudencia cordobesa”, en AA.VV. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba - Argentina: Alveroni, 1993, pág. 117. 17 GHIRARDI, O., op cit., pág. 231. 18 Conforme señala Cafferata Nores: “El respeto al principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo”. Crf. cita GHIRARDI, O. El razonamiento..., pág. 103. 19 Crf. cita LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 102.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
321
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro haber entrevistado a la agraviada y su madre, que salían del consultorio, habiendo referido que se había sometido a practica abortiva. 2.2.2. Que la impugnación confiere a este colegiado competencia para resolver la materia impugnada, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertida por el impugnante como lo establece el artículo 409 del código procesal penal, bajo esta facultad y más aún su el Representante del Ministerio Público, entre otros argumentos, de su pretensión impugnatoria ha solicitado la nulidad de la sentencia por vulneración al principio de la motivación de la sentencia, se examina los fundamentos que ha tenido el Juez Ad quo para expedir la sentencia absolutoria; con este propósito se aprecia que la sentencia impugnada contiene los siguientes considerandos el primero se refiere al tramite del proceso, el segundo al a actuación probatoria; el tercero, cuarto y quinto a la calificación jurídica de los hechos, siendo este último considerando el que contiene al argumento central en el que le Juez basa su decisión y solo se limita a afirmar: “Que ante los hechos presentados por la fiscaliza se tiene los siguientes presupuesto”: a)
que el estado de gestación de la agraviada no ha sido acreditado en juicio
b) que en dicho estado a acudido en compañía de su madre a someterse a un aborto en el consultorio obstétrico de la acusada. c)
que al tratarse de una tentativa este no se habría consumado ante la intervención policial.
Y después de un breve argumentación de Juez concluye que al no haber estado gestando, se este en te la circunstancia del delito imposible.
2.2.3. De lo glosado se aprecia que el Juez para arribar a la conclusión de que se este ante un delito imposible, ha partido de la premisa de que el estado de gestación de la agraviada no ha sido acreditado en autos; sin embargo este afirmación categórica no tiene ningún sustento desde que el Juez no ha precedido a examinar individualmente y luego en conjunto las pruebas actuadas en juicio y en su defecto no ha expresado los motivos o razones por le cual no ha tomado en consideración las siguientes pruebas: a)
Las testimoniales del Comandante PNP Jaime Julián Hurtado Sánchez y la Sub Oficial Técnico PNP Martha esperanza Díaz Díaz, quienes participaron en la intervención policial y registro personal respectivamente; en la que el primero de los citado ha sostenido que la abordar a dos personas (agraviada y su madre) que salían del consultorio de la acusada, una de ellas dijo que había sido sometida a una práctica abortiva.
b) El examen a los peritos biólogos forenses Fernando Cabrera La-
322
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA rreategui y Carlos Alfredo Vergara Díaz, autores de la pericia 332 – 08 de fecha 23 de agosto de 2008, quienes examinaron el material quirúrgico, equipo de venoclisis y la camilla de fierro forrada con marroquín en donde se encontró restos de sangre humana;. c) El examen al perito médico legista José Teodomiro Quispe Ricci, quien dijo ser el autor del certificado médico legal 8985 de fecha 21 de agosto de 2008 en el que se describe que la examen la agraviada presentaba lesión traumática puntiforme reciente compatible con punción por la aguja de jeringa en la nalga izquierda; presentaba signos de presuntos embarazo y manifestó que al examen de sangre arrojo positivo para embarazo y que no tiene conocimiento si se realizó cacografía que le requirió. d)
El examen al perito biólogo forense José Luis Canales Guillen, quien dijo ser el autor del dictamen pericial número 1008268 de fecha 22 de agosto de 2008, de biología forense, que lo realizó con la Doctora Susan Obeso Marroquin; se ratificó en los términos del mismo, en la que se concluye que la muestra de sangre de la agraviada a la detención de hormona gonadotropina corionica humana – HCGH, fue reactivo; agrando que la presencia de esta hormona podría ser un prueba más del estado del embarazo, pero no es determinante.
e)
El examen a los peritos químicos Rafael Willy Guillen Manrique y Doris Mery Chavez Quiñones, quienes expresaron ser autores del dictamen pericial químico toxicológico QT 779-08 de fecha 26 de agosto de 2008, en el que se determinó que la muestra de orina de la agraviada dio positivo para benzodiazapinas, indicando los peritos que es un biorelajante para la musculatura uterina para la relajación en espasmos uterinos y que se usa para la relajación, para presencia e intervención quirúrgica en general.
f)
El examen a la perito Doris Mery Chávez Guilen, respecto al dictamen pericial físico químico farmacológico FQ 91-08 respecto a los productos incautados a la acusada, indicando que los fármacos NIFEDIPINO, SULFASALAZINA, CLRANFENICO Y GENTAMICINA se aconsejan evitar en el embarazo al igual que todos los fármacos, especialmente en el primer trimestre por los posibles efectos en le feto, el ERGONEX puede tener efectos de contracciones uterinas y vasoconstrictores en la placenta y en el cordón umbilical causando daño al feto, por lo tanto no debe usarse en el embarazo, el CYTOTEC aumenta la frecuencia de las contracciones uterinas, por lo que a veces es usado por el médico especialista en la inducción del parto al termino del embarazo no debe usarse en el primer trimestre el embarazo porque lo interrumpe.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
323
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro g)
El examen perito médico Félix Ángel Medina Ore, respecto del pronunciamiento médico legal número 075-09-D y 074-09-D del 18 de marzo de 2009, quien ha sostenido que sobre la base de los documentos materia de pronunciamiento la agraviada ha estado gestando, salvo que se demuestre lo contrario.
2.2.4. Que, al no haberse valorado las pruebas actuadas en juicio o no haberse expresado los motivos del porque no se han tomado en consideración, no conduce a precisar que estamos ante una sentencia con motivación aparente; desde que las premisas en que se sustenta la conclusión carecen de contenido real desde que no se sustentan en el material probatorio actuado en el juicio oral, con lo cual se ha infringido el deber de motivas la decisión judicial. 2.2.5. Que, la total configuración de derecho de motivación de las resoluciones jurisdiccionales resulta siendo consecuencia no sólo del derecho a la tutela judicial efectiva y la norma recogida en la Constitución Política. La doctrina procesal penal se ha encargado de precisar que la motivación resulta un deber del juez que se deriva además del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva en su versión de derecho a obtener una resolución fundada que ponga fin a proceso, del derecho a la defensa(9), de la necesidad de controlar la sujeción del juzgador a la ley(10), del derecho a la pluralidad de instancias(11) y del mandato de interdicción de la arbitrariedad(12). 2.2.6. Que, en este orden de ideas, tenemos que le derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en sus instancias reconocidas perderían razón de ser, en cuanto partes integrantes del superior a la tutela judicial efectiva, si el sujeto no tuviera también el derecho a una resolución fundada en derecho que ponga fin al proceso. De nada serviría que se haya permitido al sujeto comparecer al proceso, en sus instancias legalmente previstas, si no se prevé también un derecho para que el órgano jurisdiccional no puede eludir dar la respuesta jurídica cuya búsqueda dio origen al proceso, o dé una que resulte del proceso sea amigue. Y, como tenemos en la sentencia solo se ha limitado a describir actuaciones de juicio, más no a valorar las pruebas actuadas. Por lo que se ha incumplido el deber de motivación de la sentencia como garantía de la administración de justicia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------2.2.7. Que, frente a este hecho, no es cualquier respuesta la que satisface le derecho a la tutela judicial efectiva, sino que es necesario que ésta, además de ser clara, deba encontrarse debidamente motivada, tanto desde una perspectiva fáctica como jurídica. Derecho que no sólo le corresponde al imputado, contra quien se dirige la persecución penal
324
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA (razón de ser del proceso), sino también a todos los sujetos procesales que tenga un interés propio en el proceso, es decir el agraviado, actor civil y el tercero civilmente responsable. Siendo así que no sólo se debe fundamentar en derecho la sentencia condenatoria, sino también la absolutoria;- - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.8. Que, por consiguiente al haberse transgredido el derecho a la debida motivación, de conformidad con lo estipulado en el Artículo 409 Inciso 01, concordante con el Artículo 150 párrafo a) y el Artículo 154 Inciso 04 del Código Procesal Penal, corresponde declarar la nulidad de la Sentencia y del Juicio Oral, y exhortar a los magistrado del Juzgado Penal Colegiado a efectos de que en el futuro, cumplan con el deber constitucional de motivación de las resoluciones, y debiéndose disponerse la realización de un nuevo juicio oral por otro Colegiado, al amparo del principio de imparcialidad. 2.2.9. Que, por último, en cuanto al pago de las costas, tal como lo señala el Código Procesal Penal en su artículo 497º, este corresponde al vencido, sin embargo, de conformidad con el Artículo 499 del Ministerio Público se encuentra exento de pago, por lo que se lo debe eximir del pago de las costas del proceso.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - ------DECLARARON NULA la Sentencia Absolutoria de fecha 2 de octubre del año dos mil nueve que absuelve a la acusada FLOR MARINA LÓPEZ DE CASTILLO, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de ABORTO CONSENTIDO, en grado de tentativa, en agravio de Elicia Verónica Román Castillo.
DISPUSIERON que otro Juez efectúe un nuevo juicio oral, y expida una sentencia observando la garantía de la debida motivación y demás garantías que consagra nuestra Constitución Política.- - - - - - - - -
DECLARARON Exento del pago del costas al Ministerio Público
EXHORTARON al Magistrado del Juzgado Unipersonal, a efectos de que en lo sucesivo cumpla con el deber de motivación. - - - - - - -
ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricardo Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
325
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
2.- ABUSO DE AUTORIDAD EXPEDIENTE IMPUTADO DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA APELANTE ASUNTO
: 04366-2008-41-1601-JR-PE-02.: ALFREDO NICOLAS LARIOS VÁSQUEZ : ABUSO DE AUTORIDAD : LIGA DISTRITAL DE GIMNASIA DE TRUJILLO : 2º JUZGADO UNIPERSONAL: MINISTERIO PÚBLICO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA
Trujillo, Veintiuno de Mayo Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - ----------I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO: 1.1.- Que, viene en apelación la sentencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil diez, que obra de fojas 45 a 55 que absuelve de la acusación fiscal a Alfredo Nicolás Larios Vásquez como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Abuso de Autoridad, en agravio de la Liga Distrital de Gimnasia de Trujillo representada por Luis Riquelme Sánchez Rivas, y Clara Rosmery Rafael Esquivel. - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.2.- Que, El Ministerio Público, ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia absolutoria, sosteniendo que la sentencia consigna como única razón para la absolución que en el comportamiento del acusado no ha habido dolo; sin embargo no se han valorado las testimoniales de los testigos de cargo, las normas del deporte y demás documentales actuadas en juicio oral; solicitando se revoque la sentencia apelada y se imponga una condena. - - - - ---------------------------------------1.3.- Que, por su parte el abogado del acusado ha solicitado que se confirme la sentencia absolutoria, considerando que la sentencia está debidamente motivada y no ha existido ánimo de delinquir. - - - - - 1.4.- Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, no se ha oralizado piezas procesales, el sentenciado fue interrogado por su abogado y por la representante del Ministerio Público; y como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - -
326
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA II.- CONSIDERANDOS: 2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1. Que, el delito de abuso de autoridad, previsto en el Artículo 376 del Código Penal se configura cuando: “El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”. - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.1.2. Que el delito de abuso de autoridad tiene dos modalidades de ejecución i) cometer un acto arbitrario cualquiera con perjuicio de terceros y ii) ordenar un acto arbitrario cualquiera con perjuicio de terceros; en el primer supuesto el delito se consuma cuando el funcionario público dirige y ejecuta acciones destinadas a producir el acto arbitrario y el perjuicio de tercero; mientras que en el segundo supuesto, al ser un tipo penal de mera actividad el delito se consuma al producirse la orden o mandato por parte del funcionario público20. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------------2.1.3. El delito de abuso de autoridad requiere de un acto arbitrario y de un perjuicio para alguien; sino se acreditan dichos presupuestos cabe la absolución21.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 2.2.1. Que, la sentencia apelada en la parte expositiva, ha precisado que los hechos y circunstancias objeto de la acusación son los siguientes: El Instituto Peruano del Deporte, mediante Resolución número cero cero cinco guión IPC de fecha ocho de febrero de mil novecientos ochenta y cinco, cedió en uso permanente y exclusivo la cancha de calentamiento adyacente al Coliseo Gran Chimú de Trujillo a la Liga deportiva Distrital de Gimnasia de Trujillo. El acusado Alfredo Nicolás Larios Vásquez, en su condición de Presidente del Consejo Regional del Deporte de La Libertad, nombrado por Resolución número doscientos cuarenta y cinco guión dos mil cinco guión P/IPD de fecha veintitrés de Junio del dos mil cinco, por tres años, hasta el mes de Junio del año dos mil ocho, funcionario Público que de manera arbitraria y unilateral impidió el uso exclusivo de dicha Cancha de Calentamiento a los directivos de la citada
20 R.N. 779 – 2004 – Piura, Sentencia del 26 de octubre de 2004 Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema., en Castillo Alva, José Luis, Jurisprudencia Penal. I, Grijley, Lima, 2006, p.577. 21 Exp. 3436 – 96- Lambayeque, Ej. Suprema, 14 de noviembre 1996, en Rojassi Pella, Carmen, Ejecutorias Supremas Penales, 1993 – 1996, Legria, Lima, 1997, p. 234.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
327
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro Liga, toda vez que con fecha diez de abril del dos mil ocho violentó las puertas de ingreso a ese local ubicado en la intersección de las Avenidas Vera Enrique e Industrial de esta Ciudad, para luego cambiar otra chapa y otro candado, quedando en el interior del inmueble todos los bienes muebles de propiedad de la Liga de Gimnasia de Trujillo, causándole perjuicio al haberla despojado del uso exclusivo del inmueble, perjudicando el desarrollo de sus actividades deportivas; a su vez dicho imputado ordenó la instalación de los aparatos deportivas enviados por el Instituto Peruano del Deporte de Lima en la cancha de calentamiento, desconociendo el derecho de uso que ostentaba la Liga de Gimnasia de Trujillo y sin impórtale que el lugar era pequeño, para que quepa allí el equipo deportivo enviado y el equipo deportivo de la liga de Gimnasia, la que ocasionó el deterioro y destrucción de los aparatos deportivos de propiedad de la Liga de Gimnasia, así como que algunos aparatos deportivos también de su propiedad sean movidos a otro destino, causando perjuicio económico a esta Liga Deportiva; que, asimismo, el actuar arbitrario del imputado ha causado perjuicio a la Liga Distrital de Gimnasia de Trujillo, al haber vulnerado sus derechos al desconocer al directorio tomando a su cargo la administración de los bienes de oficina, mobiliario, artefactos y aparatos deportivos de su propiedad, pues sólo le permitió el ingreso al local por horas, en el horario establecido por parte del IPD por órdenes del imputado, impidiendo la administración directa de sus bienes muebles; que, de otro lado, también se tiene que de manera arbitraria el imputado habría ordenado que se impida el ingreso al local deportivo de la agraviada Clara Rosmery Rafael Esquivel, y que se le impida que siga desempeñando las labores de guardianía, disponiendo que esa labor la ejecute otra persona a quien se había contratado con esa finalidad. 2.2.2. Que, la sentencia apelada se sustenta en que el cambio de cerraduras del local de la Liga Distrital de Gimnasia de Trujillo no ha obedecido a una intención dolosa del acusado, de cometer un acto arbitrario con abuso de sus atribuciones para causar un perjuicio a la Liga de Gimnasia de Trujillo, con tanto mayor razón si después de estos hechos se han mantenido abiertas las puertas del local de la liga sin limitar el acceso de ninguna persona conforme han señalado los testigos. Asimismo se señala que, se imputa al acusado haber ordenado en forma arbitraria que se impida el ingreso a local deportivo de la agraviada Clara Rosmery Rafael Esquivel y se le impida que siga desempeñando las labores de guardianía; que, a este respecto, no se ha actuado prueba pertinente, contundente y útil que demuestro en forma fehaciente que el acusado dio la orden que le atribuyen, máxime si dicha agraviada no ha concu-
328
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA rrido al juicio oral a prestar la declaración que le respecta sobre estos hechos, por lo que, las testimoniales sobre este extremo resultan meramente referenciales, y por el mismo insuficientes para establecer la responsabilidad penal del acusado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.2.3. Que, el representante del Ministerio Publico ha sostenido que a nivel de juicio oral se han actuado pruebas que acreditan el delito materia de la acusación, tales como las testimoniales de los testigos Luis Riquelme Sánchez Rivas, Segundo Aníbal Cabrejo Delgado y Julio Cesar Musayon Méndez, quienes coinciden en declarar que se ha cambiado la cerradura, además obran los documentos e incluso policiales con lo que se acredita que se ha violentado la cerradura; por otra parte si se ha acreditado el acto doloso ya que conociendo que se le cedió en uso exclusivo a la Liga Deportiva ha ordenado a espaldas de los directivos, con el objeto de ostentar la administración de la cancha de calentamiento adyacente de Coliseo Gran Chimú - - 2.2.4.Que, es necesario precisar que esta Sala, de conformidad con el artículo 425 inciso 2 parte pertinente del CPP, no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal, consistente en las declaraciones de los testigos Luis Riquelme Sánchez Rivas, Segundo Aníbal Cabrejo Delgado y Julio Cesar Musayon Mendes, Presidente, Vice – Presidente y Tesorero de la Liga Distrital de Gimnasia de Trujillo respectivamente; Iván Henrry Vargas Navarro, Víctor Alejandro Azañero Díaz y Víctor Hugo Solórzano Díaz, que han sido objeto de inmediación por el Juzgado Colegiado; máxime si en la audiencia materia del grado no se ha actuado ninguna prueba que ponga en cuestión las citadas testimoniales. - - - --------------2.2.5. Que con las testimoniales actuadas en juicio oral, de los citados directivos, se encuentra acreditado que como representantes de la Liga de Gimnasia con fecha veintidós de marzo del dos mil ocho, autorizaron al Instituto del Deporte representado por el acusado, la instalación de los aparatos de última generación que habían sido enviados de la Ciudad de Lima, en el local cedido a la Liga; este hecho probado, aunado al hecho consistente en que el material deportivo no fue entregado en cesión de uso a la parte agraviada; como lo admite el representante del Ministerio Público en su apelación escrita, permite válidamente inferir que el material deportivo se encontraba bajo la administración de la representada del acusado; por tanto La Liga de gimnasia, al haber aceptado compartir las instalaciones, dejó de tener el uso exclusivo de las instalaciones. Por tanto, la medida atribuida al acusado consistente en haber ordenado el cambio de las cerraduras de las puertas de ingreso al local, ha tenido como objeto el de salvaguardar los bienes del Estado y
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
329
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro cuidado de los equipos, más no desalojarlos; conforme se desprende del contenido del oficio número 450 – CRD, de fecha 14 de abril de 2008, remitido por el acusado a la Liga agraviada, que obra del folio seis y siete actuado en juicio oral. Y cuyo hecho no ha impedido el ingreso de los directivos e integrantes de la Liga, desde que el local permanecía abierto, conforme lo ha sostenido el testigo José Santos Reyes Huanta. -------------------------------2.2.6. Que habiendo el Juzgado Unipersonal realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto de los medios probatorios actuados en audiencia de juicio oral, en merito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como señala el Profesor San Martín, “es fundamental para la efectividad de la contradicción y consiste en reconocer a las partes los mimos medios de ataque y de defensa, es decir, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación”22, en la que se ha determinado que el acusado no ha tenido la conciencia y voluntad de abusar de sus atribuciones como funcionario público; la sentencia absolutoria venida en grado que se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, debe ser confirmada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - ------ CONFIRMAR la sentencia de fecha diecisiete de noviembre del año dos mil nueve, que absuelve de la acusación fiscal a Alfredo Nicolás Larios Vásquez como autor del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Abuso de Autoridad, en agravio de la Liga Distrital de Gimnasia de Trujillo, representada por Luis Riquelme Sánchez Rivas, y Clara Rosmery Rafael Esquivel.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricardo Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 http://blog.pucp.edu.pe/item/23860
330
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA
3.
APROPIACION ILICITA – REVOCA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO PENAL INCULPADO DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA IMPUGNANTE MATERIA
: Nº 0819-2010-0-1601-SP-PE-01 : MIGUEL ANGEL ALCALDE QUISPE : APROPIACION ILICITA : JUAN CALIXTO REYES JULCA : JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE ASCOPE : IMPUTADO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA
SENTENCIA Trujillo, Nueve de Febrero Del Año Dos Mil Once.VISTA Y OÍDA en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor JOSE RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente de la Sala y Director de Debates), Doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON (Juez Superior Titular) y el Doctor OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA (Juez Superior Titular), en la que interviene como apelante el imputado Miguel Ángel Alcalde Quispe, asesorado por su abogada defensora Dra. Mercedes Emperatriz Torres Carnero, así como la representante del Ministerio Publico Doctora Lea Guayan Huaccha. I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
01. Que, viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia de fecha veintidós de octubre del año dos mil diez, por la cual se condena a Miguel Ángel Alcalde Quispe, a Tres Años de pena efectiva por el delito de apropiación ilícita, en agravio de Juan Calixto Reyes Julca, así como al pago de la reparación civil equivalente a la suma de S/. 500.00 ( Quinientos Nuevos Soles y 00/100), sin perjuicio de devolver el bien indebidamente apropiado.02. Que, la sentencia venida en grado ha sido cuestionada a través del recurso de apelación formulado por la abogada defensora del sentenciado Miguel Ángel Alcalde Quispe, quien sostiene que no existe la suficiente actividad probatoria que desvirtué la presunción de inocencia del imputado; por lo que solicita la revocatoria de la sentencia venida en grado bajo tres supuestos: 1.- por falta de valoración de las pruebas; 2.- por la afectación del principio de presunción de inocencia; 3.- vulneración a lo prescrito en el articulo 383 inciso 1 literal d) concordante con c) del Código Procesal Penal.-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
331
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 03. Por su parte la representante del Ministerio Publico, solicita que la sentencia recurrida sea confirmada por cuanto en la misma se ha valorado los medios probatorios que se han aportado al juicio oral siendo la sentencia el resultado de dicho debate contradictorio realizado en el estadio correspondiente; considera además, que no existe afectación al principio de presunción de inocencia, así como tampoco se ha contravenido a lo dispuesto en el articulo 383 inciso 1 literal d) concordante con c) del Código Procesal Penal.04. Que, como efecto de las apelaciones formuladas, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para emitir la sentencia condenatoria recurrida y fijar el monto de la reparación civil, y en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera: II. CONSIDERANDOS: 2.1. PREMISA NORMATIVA 05. Que, el Artículo 190 del Código Penal establece que “El que en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o de hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. 06. “La pena es una sanción legal y una consecuencia jurídica del delito que se aplica siempre al agente de infracción dolosa; el juzgador para imponerla debe haber corroborado la imputación con medios idóneos y suficientes que demuestren la culpabilidad del autor, en su sentido amplio de responsabilidad penal”23. 2.2. PREMISA FACTICA 07. Que, respecto a los hechos que son materia de análisis conforme a la acusación final los mismos están referidos a que con fecha 30 de enero del 2008 aproximadamente a las 11.30 horas, en circunstancias que el agraviado Juan Calixto Reyes Julca, se encontraba a bordo de su moto lineal en la localidad de Chocope, se le acerco el acusado Miguel Ángel Alcalde Quispe a quien lo conocía desde niño, quien le pidió prestada su motocicleta marca Mavila, año 2006, color roja de placa MD-17561 para dar una vuelta y buscar a un amigo,
23 Corte Suprema de Justicia. Primera Sala Penal Transitoria. R.N. Nº 187-2004. JUNIN. Avalos Rodríguez Constante Carlos/Robles Briceño, Meri Elizabeth. Modernas Tendencias Dogmáticas en la jurisprudencia Penal de la Corte Suprema. Gaceta Jurídica, Lima.2005, p.79.
332
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA la misma que no le ha sido devuelta pese a que lo ha ido a buscar a su domicilio ubicado en calle Los Girasoles – Sector San Salvador de Paijan y en el de sus familiares de Chocope, quienes le refirieron no haberlo visto. 08. Que, por otro lado, ha quedado acreditada la preexistencia del bien con la tarjeta de propiedad y la boleta de venta Nº 043-0057016; con lo que se configuraría el delito de Apropiación Ilícita, previsto en el Artículo 190º del Código Penal. 09. Este colegiado sostiene que para fundamentar un juicio de condena se requiere como presupuesto que hayan existido en juicio oral24, suficientes elementos probatorios de cargo que permitan establecer la responsabilidad del procesado, es decir, que se haya desvirtuado la presunción de inocencia25, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad” y además sobre el “in dubio pro reo”, cabe precisar que según la abundante doctrina, estas categorías jurídicas mencionadas están íntima y directamente vinculadas a la actividad probatoria, pues no se puede hablar de una de ellas si no ha existido recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; o cuando menos uno de éstos, pues el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, es el encargado de suministrar la prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado, y que a la vez se constituye como la máxima manifestación del derecho de defensa.
24 “Esta fase que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el período o momento fundamental del proceso penal, dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional. Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, que lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de contradicción, oralidad, inmediación y continuidad”. Marco de La Cruz Espejo. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa, p.596. 25 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”. En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
333
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 10. En relación a lo mencionado en el considerando precedente, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, no se ha llegado a determinar la responsabilidad del procesado, máxime si el representante del Ministerio Público prescindió de las testimoniales de cargo del agraviado Reyes Julca Juan Calixto, es decir no hubo ratificación de la denuncia realizada por el agraviado más solo en juicio oral se procedió a oralizar el acta de manifestación del agraviado. 11. La doctrina procesal precisa que existe responsabilidad penal única y exclusivamente cuando existen en autos medios probatorios que acrediten en forma indubitable y fehaciente la responsabilidad penal del agente, que le permita al Juez tener la convicción de que la persona a quién se juzga es culpable, en ese sentido la carga de la prueba recae exclusivamente en el Ministerio Público, la misma que debe ser contundente que permita destruir la presunción de inocencia a que tiene derecho toda persona y no se afecte la dignidad del sujeto imputado, de modo que si el juez no tiene certeza sobre la culpabilidad del acusado no debe dictar sentencia condenatoria, más aún si también se encuentra vigente el principio indubio pro reo, en cuya virtud si existe duda sobre la responsabilidad del acusado, debe estarse a lo más favorable al acusado, atendiendo a la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad. 12. De lo expuesto, se advierte claramente que existe duda razonable si el procesado recibió de parte del agraviado la motocicleta color roja de placa MD17561 que produzca obligación de devolver o hacer uso determinado, y que lo haya colocado dentro de su esfera patrimonial obteniendo un provecho propio o el de un tercero, es decir, la insuficiencia de medios probatorios de cargo no permiten establecer con certeza la tipicidad de su conducta, en éste caso, existe duda razonable, en aplicación del principio universal de indubio pro reo recogido en el numeral 11 del artículo 139 de la Constitución Política del Estado y el principio de presunción de inocencia recogido en el literal e) del
334
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política, referente a los derechos de la persona y el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 13. Es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, al haber realizado un análisis conjunto, ha determinado que el Juez Unipersonal ha realizado una inadecuada valoración de los medios probatorios de cargo presentados por el representante del Ministerio Público, como son la denuncia del agraviado, la misma que no fue ratificada en juicio oral, la tarjeta de propiedad de la moto lineal y boleta de venta Nº 043-0057016, extendida por Mavila; lo cual acreditan la preexistencia de la moto lineal de placa de rodaje MD-17561; así mismo se ha tenido en cuenta para una sentencia condenatoria efectiva, los antecedente penales del imputado, lo cual ha originado un prejuzgamiento por parte del A quo, no obstante ello no se ha podido acreditar que el imputado haya tenido o tenga en su poder la moto lineal de propiedad del agraviado; por tal razón, determina que la sentencia condenatoria no está sustentada en elementos de convicción suficientes que desvirtúen la presunción de inocencia del imputado, motivo por el cual la sentencia recurrida debe ser revocada.14. Que, por último, en cuanto al pago de las costas, tal como lo señala el Código Procesal Penal en su artículo 497°, este corresponde al vencido, sin embargo, de conformidad con el Artículo 499 el Ministerio Público se encuentra exento de pago, por lo que se lo debe eximir del pago de las costas del proceso.III. PARTE RESOLUTIVA Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, y de conformidad con las normas antes señalada, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO: 1) REVOCAR la Sentencia de fecha veintidós de octubre del año dos mil diez, por la cual se condena a Miguel Ángel Alcalde Quispe, a Tres Años de pena efectiva por el delito de apropiación ilícita, en agravio de Juan Calixto Reyes Julca, así como al pago de la reparación civil equivalente a la suma de S/. 500.00 (Quinientos Nuevos Soles y 00/100), sin perjuicio de devolver el bien indebidamente apropiado y REFORMÁNDOLA lo ABSOLVIERON de la acusación fiscal por el delito de apropiación ilícita, en agravio de Juan Calixto Reyes Julca.2) DISPUSIERON si inmediata libertad del imputado MIGUEL ÁNGEL ALCALDE QUISPE siempre y cuando no pese sobre él otra condena efectiva, por consiguiente gírese la papeleta de libertad en el día a fin de que se dé cumplimiento lo dispuesto en la presente resolución. Consentida o Ejecutoriada que sea la presente resolución, se devuelvan los presentes actuados al Juzgado de Origen, para los fines de Ley.Sin costas.- Actuó como Juez Superior ponente el Dr. José Ricardo Cabrejo Villegas.GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
335
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
4. ASESINATO PROCESO PENAL Nº : 04535-2009-65-1601-JR-PE-06 ASISTENTE JURISDICCIONAL : LEOMARA JUNIOR CASTRO JUÁREZ AGRAVIADO : VERDE VALVERDE, RENE ADOLFO IMPUTADO : AVILA GARCIA, CHRISTIAN IRWIN Y OTROS DELITO : ASESINATO MINISTERIO PÚBLICO : DR. CARLOS MATAMOROS CURIPACO FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL I FISCALÍA SUPERIOR PENAL PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL COLEGIADO IMPUGNANTE : DEFENSA TÉCNICA DE LOS IMPUTADOS ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE Trujillo, Dos de Septiembre De Dos Mil Diez.
VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Juez Superior Titular, Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular), doctor NOÉ VIRGILIO LÓPEZ GASTIABURÚ (Juez Supernumerario Superior, Ponente y Director de Debates), en la que intervienen como parte apelante, la defensa técnica de los imputados sentenciados, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria; solicitando en audiencia de apelación la nulidad de la venida en grado, resolución número tres de fecha seis de mayo de dos mil diez. I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
1.
Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recurso de apelación interpuesto por, la defensa técnica de los sentenciados contra la sentencia condenatoria, resolución número tres de fecha seis de mayo de dos mil diez, obrante en las páginas cuarenta y cuatro a cincuenta y dos; la misma que, falla CONDENANDO a los acusados MIGUEL ALEJANDRO ÁVILA GARCÍA y MANUEL ÁNGEL ÁVILA BENITES a seis años de pena privativa de libertad efectiva en calidad de PARTICIPES del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio Simple, en agravio de RENE ADOLFO VERDE VALVERDE y su sucesión; además, se fijó la suma de quince mil nuevos soles por concepto de reparación civil a favor del pariente más cercano del agraviado.
336
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 2.
Fundamentos del Recurso de Apelación:
2.1 Que, en el juicio de apelación el Abogado Defensor de los sentenciados, postula un desistimiento parcial de la apelación, varía la tesis de revocatoria por la tesis de nulidad de la sentencia; así mismo, se desiste de los medios probatorios admitidos en esta instancia; es decir, de dos testimoniales sin que el representante del Ministerio Público se oponga a tal desistimiento; ante esto, la Sala Penal de Apelaciones por unanimidad resuelve tener por desistido al abogado de los sentenciados de la actuación de dichos medios probatorios. 2.2 Que, el Abogado defensor sostiene que la sentencia condenatoria de este proceso se encuentra viciada de nulidad absoluta prevista en el artículo 150° del CPP -2004 pues, se les condena por el término genérico de partícipes sin precisar si son cómplices primarios o secundarios; de manera que, esta resolución no contiene parte considerativa, vulnerando la necesidad lógica jurídica de separación de partes de la sentencia, lo que se encuentra prescrito en el artículo 122° del Código Procesal Civil que es de aplicación supletoria en este caso; asimismo, que se han violado pautas de elaboración de la sentencia, previstos en el artículo 343° inciso primero y tercero del CPP – 2004, pues ha utilizado pruebas diferentes: el Protocolo de Necropsia N° 328-09, Dictamen Pericial de Biología Forense N° 255/09 y 257/09, Dictamen Pericial Químico Toxicológico N° 901-09. 2.3 Asimismo, el Abogado Defensor sostiene que se ha reemplazado dos veces al Juez del Juzgado Penal Colegiado Doctor César Ortiz Mostacero por parte del Doctor William Matta Berrios los días 23 de Abril de dos mil diez y el día 06 de Mayo del mismo año violándose de esta manera el principio de la inmediación que durante el Juicio Oral se ha realizado una convención probatoria. 2.4 Que por su parte, el Representante del Ministerio Público, solicita que se declare Nula la sentencia apelada coincidiendo en los fundamentos esgrimidos por el Abogado Defensor; ya que, tras haber revisado la carpeta fiscal y los audios correspondientes, desde un punto de vista objetivo solicita la nulidad de la venida en grado de conformidad con el artículo 150°, inciso “d” del CPP – 2004, por que se advierte de la propia sentencia que se condena a los imputados a seis años de pena privativa de libertad en calidad de “participes”, no habiendo especificación alguna en la sentencia si la calidad de participes es en calidad de cómplices o de instigadores y si siendo en calidad de cómplices esta es en calidad de cómplices primarios o cómplices secundarios, de conformidad con el artículo 24° y 25° del Código Penal; de manera que, no ha individualizado los actos mismos respecto a cada sentenciado. 2.5 Señala también que, advirtiéndose también que existe una incongruencia en cuanto a la desvinculación; por cuanto, existiendo una sentencia de conformidad por el delito de Homicidio Calificado, esto es, con ferocidad; existe una
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
337
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro desvinculación con el delito de Homicidio Simple; a modo de conclusión solicita la nulidad de la venida en grado y la realización de nuevo juicio oral. 3.
Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia absolutoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto, en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera.
II. ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior se admitieron medios de prueba mediante resolución número diez, de fecha dieciséis de agosto de dos mil diez como consta a fojas ciento veintidós y ciento veintitrés, los que en audiencia apelación han sido dados por desistidos, lo que fue solicitado por el abogado de la defensa de los sentenciados, preguntado el representante del Ministerio Público no formuló oposición a dicho pedido. III. CONSIDERANDOS 3.1. PREMISA NORMATIVA: 1)
A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que, el nuevo Código Procesal Penal regula la Nulidad de los Actos Procesales, bajo el principio de TAXATIVIDAD, así se desprende del artículo 149°26 del CPP - 2004. Taxatividad también llamada ESPECIALIDAD o LEGALIDAD DE LA NULIDAD, por la taxatividad, la nulidad sólo podrá ser declarada por causal expresamente establecida en la ley. De allí se deduce que no existen nulidades por analogía o por extensión. Se trata pues, de un límite infranqueable para los sujetos del proceso establecido por el derecho positivo.27
2)
Este superior colegiado tiene a bien precisar que, de acuerdo con la doctrina tradicional la nulidad alude a la inobservancia de las formas
26 ARTICULO 149° CPP – 2044: TAXATIVIDAD.
“La inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales es causal de nulidad sólo en los casos previstos por la Ley”.
27 GALVEZ VILLEGAS, TOMAS ALADINO. “El Código Procesal Penal – Comentarios descriptivos, explicativos y críticos”. Jurista Editores E.I.R.L. Lima. 2008. p. 344.
338
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA establecidas por la ley para el cumplimiento de un acto procesal. Por ello es que el presente artículo se refiere expresamente a la inobservancia de las disposiciones establecidas para las actuaciones procesales. Pero se diferencia claramente de la inexistencia pues, mientras que el acto inexistente no es propiamente un acto procesal sino que tan sólo tiene la apariencia de él; en cambio, el acto nulo si es un acto procesal, aun cuando defectuoso, que puede ser declarado sin valor pero que también puede ser subsanado.28 3)
En este orden de ideas, el artículo 150° del Código Penal establece para los casos de Nulidad Absoluta que, “no será necesaria la solicitud de nulidad de algún sujeto procesal y podrán ser declaradas aun de oficio los defectos concernientes… d) a la inobservancia del contenido esencial de los derechos y garantías previstos por la Constitución”. Este artículo regula la llamada nulidad absoluta que está vinculada con la existencia de graves irregularidades que han sido taxativamente señaladas y que acarrean irremediablemente la ineficacia del acto procesal viciado, nulidad absoluta que tiene su origen en un acto procesal gravemente afectado por defectos concernientes a los tópicos mencionados en los cuatro literales del articulo en comentario, siendo que los actos afectados con nulidad absoluta no admiten convalidación una vez que haya sido declarada su invalidez por el órgano jurisdiccional.29
4)
La causal de nulidad absoluta invocada en el presente proceso penal (literal “d”) es la de mayor importancia. La doctrina del contenido esencial de los derechos fundamentales, cuyo desarrollo inicial se debe a los alemanes, estuvo primigeniamente destinada a servir de límite a la potestad limitadora ejercida por el legislador sobre los derechos. En esta concepción, el contenido esencial de los derechos fundamentales es una suerte de núcleo duro indisponible que no puede ser violentado o rebasado por el legislador. Sin embargo, un desarrollo posterior en España, a través del artículo 53.1 de su Constitución, entendió que el contenido esencial no sólo es un “límite de límites” sino un límite a la regulación del ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
5)
Que las leyes de procedimiento son de interés público y de garantía
28 Es pertinente el ejemplo de CREUS, en el sentido que la sentencia dictada por quien no tiene la condición de juez, es un acto inexistente y, por ello, no es propiamente un acto procesal sino que únicamente tiene la apariencia de tal. 29 GALVEZ VILLEGAS, TOMAS ALADINO. “El Código Procesal Penal – Comentarios descriptivos, explicativos y críticos”. Jurista Editores E.I.R.L. Lima. 2008. p. 345.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
339
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro para el ejercicio de los respectivos derechos de los sujetos procesales y por ello vienen obligados al estricto cumplimiento de sus disposiciones reguladas, sujetándose a las formas y términos que establecen para que aquellos derechos sean solicitados, acreditados y resueltos y que la Nulidad Absoluta se produce siempre que un acto procesal adolezca de una circunstancia esencial fijadas en las leyes del procedimiento como absolutamente indispensable para que el acto produzca sus efectos normales en forma radical e insubsanable. 3.2. FUNDAMENTOS FACTICOS:
340
6)
Como se advierte de la revisión de los actuados el día veintitrés de abril del año dos mil diez el Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de La Libertad, presidida por el Señor Juez Doctor Enrique Namuche Chunga como director de debates y la Doctora Mery Robles Briceño y el Doctor William Matta Berrios, Juez Suplente que reemplaza por vacaciones al Señor Juez Doctor Cesar Ortiz Mostacero, iniciaron el Juicio Oral del Ministerio Público contra CHRISTIAN ERWIN ÁVILA GARCÍA, MIGUEL ALEJANDRO ÁVILA GARCÍA y MANUEL ÁNGEL ÁVILA BENITES por el delito de Homicidio Calificado en el artículo 108° inciso tercero del Código Penal en agravio de RENE ADOLFO VERDE VALVERDE y su sucesión.
7)
Que, en dicho proceso se ha expedido una sentencia de conformidad, y en este acuerdo de conclusión anticipada se condena a CHRISTIAN ERWIN AVILA GARCÍA a ocho años con seis meses de pena privativa de la libertad en calidad de autor del delito de Homicidio Calificado tipificado en el artículo 107° numeral tercero del Código Penal en agravio de RENE ADOLFO VERDE VALVERDE y su sucesión; y no habiendo acuerdo en cuanto a la reparación civil y además dos de los co-acusados se declaran inocentes la misma se definirá con la sentencia; tal como es de verse de la sentencia de conformidad que corre en autos a fojas treinta y siete a cuarenta y uno.
8)
Que, cuando el mismo Juzgado Penal Colegiado emite la sentencia condenatoria contra los dos co-acusados MIGUEL ALEJANDRO AVILA GARCIA y MANUEL ANGEL AVILA BENITES incoherentemente se desvinculan de la tesis acusatoria y su propia valoración jurídica de los hechos realizada cuando expidieron la sentencia de conformidad donde tipificaron al hecho como Homicidio Calificado previsto en el artículo 108° del Código Penal inciso tercero; es decir, la agravante gran crueldad o alevosía; y condenan a estos acusados como “participes” del delito de Homicidio Simple tipificado en el artículo 106° del Código Penal. De esta manera se llega al absurdo de que unos mismos hechos donde el
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA autor realiza un asesinato por gran crueldad o alevosía y los partícipes cooperan en un Homicidio Simple, teniendo en consideración que los llamados “participes” inmovilizaron a la víctima para permitir el ataque homicida, puñalada que le produjo el traumatismo toráxico penetrante que causó la muerte de la víctima. 9)
Que, en esta sentencia se condena como partícipes a MIGUEL ALEJANDRO AVILA GARCÍA y MANUEL ANGEL AVILA BENITES, sin precisar su forma de participación; es decir, son cómplices primarios o secundarios porque tal como lo precisa el autor FELIPE VILLAVICENCIO TERREROS, lo que se busca es apreciar debidamente la importancia del aporte que hace cada sujeto al injusto y precisar el personal juicio de reproche que le corresponde y el Código Penal Peruano está afiliado al sistema diferenciador 30por lo tanto; entre nosotros la distinción de los diferentes papeles cumplidos por quienes forman parte en el delito es fundamental por las exigencias de mayor seguridad jurídica, desde este orden de ideas el Código Penal Peruano en su artículo 25° distingue la complicidad primaria de la complicidad secundaria señalando consecuencias penales diferentes respecto a la pena, esta exigencia fundamental y garantista no ha sido realizada por el Juzgado Penal Colegiado, lo que implica una grave vulneración a los derechos de los procesados.
10)
También es de advertir de la revisión de la sentencia condenatoria que corre a fojas cuarenta y cuatro a cincuenta y dos inclusive en la llamada parte considerativa no hay una expresión clara y precisa de lo que se decide, respecto a todos los puntos controvertidos, que si bien existe en esta sentencia una larga relación de los fundamentos de hecho y algunos de derecho que sustentan la decisión, sin embargo no nos persuade de lo primero que ha de exigirse en la motivación que es que proporciona un armazón argumentativo racional a la resolución judicial no existe en esta sentencia la llamada justificación “interna” que exige que esta haya sido correctamente inferida de las personas que lo sustentan y esto se observa al realizar la desvinculación se vulnera el principio de lógica jurídica de la NO CONTRADICCIÓN, pues es de preguntarse que en la realización del delito los supuestos “participes” que cooperan en la realización de un Asesinato previsto en el artículo 108 del Código Penal respondan como “participes de un Homicidio Simple”, cuando el mismo Juzgado Penal colegiado condenó en el mismo proceso al autor de la muerte de la víctima por Asesinato.
30 CÓDIGO PENAL, “Felipe Villavicencio Terreros, Edit: Cultural Cuzco S.A. Editores Lima Perú, pag 148.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
341
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 11)
Que, respecto al reemplazo de dos veces durante el Juicio Oral al magistrado Doctor Cesar Ortiz Mostacero por parte del magistrado suplente Doctor William Matta Berrios, él lo reemplazó al iniciar el Juicio Oral el día 23 de Abril del año dos mil diez, por vacaciones del primero de los nombrados, luego cumplidos estas se integró al Juzgado Penal Colegiado el seis de Mayo del mismo año, por lo tanto no ha sido remplazado dos veces pues quien inició el proceso como miembro del colegiado fue el Señor Doctor William Matta Berrios, por lo tanto, en el Juicio Oral concreto sólo ha sido reemplazado una sola vez, por lo que no se ha violado el principio de inmediación.
12)
Que, respecto a que se han utilizado pruebas diferentes a las que fueron legítimamente incorporadas al proceso, y estas son el Protocolo de Necropsia N° 328-09, Dictamen Pericial de Biología Forense N° 255/09 y 257/09, Dictamen Pericial Químico Toxicológico N° 901-09 , de manera que han sido convertidas en pruebas sin que éstas hayan sido introducidas válidamente, violando el artículo 383°31 inciso 1 parágrafo “c” tercer párrafo del CPP – 2004, no se ha explicado por que, lejos de exigir la presencia de los órganos de prueba llámese los peritos, se ha dejado de lado la oralidad y se ha dado validez como documentales estos informes periciales.
13)
Que, estando a ello se establece que los actuados han violentado el debido proceso, y la Tutela Jurisdiccional efectiva, lo que hace pasible de ser sancionada con nulidad de conformidad con los artículos 139.3 de la Constitución Política del Estado y el artículo 150 incido d del Código Procesal Penal.
POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1)
DECLARAR NULA, la sentencia condenatoria, resolución número tres de seis de mayo de dos mil diez, obrante en las páginas cuarenta y cuatro a cincuenta
31 ARTÍCULO 383° - CPP 2004: Lectura de la prueba documental.
“1. Sólo podrán ser incorporados al juicio para su lectura: c) Los informes o dictámenes periciales, así como las actas de examen y debate pericial actuadas con la concurrencia o el debido emplazamiento de las partes, siempre que el perito no hubiese podido concurrir al juicio por fallecimiento, enfermedad, ausencia del lugar de su residencia, desconocimiento de su paradero o por causas independientes de la voluntad de las partes. También se darán lectura a los dictámenes producidos por comisión, exhorto o informe;”
342
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA y dos, la misma que, falla CONDENANDO a los acusados MIGUEL ALEJANDRO ÁVILA GARCÍA y MANUEL ÁNGEL ÁVILA BENITES a seis años de pena privativa de libertad efectiva en calidad de PARTICIPES del delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de Homicidio Simple, en agravio de RENE ADOLFO VERDE VALVERDE y su sucesión. 2) DISPUSIERON que otro Juzgado Penal Colegiado realice un nuevo juicio oral. 3) NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Supernumerario Superior Ponente y Director de Debates, Señor Doctor Noé Virgilio López Gastiaburú.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
343
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
5.
ACTOS CONTRA EL PUDOR – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO PENAL Nº ASISTENTE JURISDICIONAL AGRAVIADA IMPUTADO DELITO
: : : : :
MINISTERIO PÚBLICO : PROCEDENCIA : IMPUGNANTES : ASUNTO :
1687-2010-64-1601-JR-PE-01 FRESIA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. MENOR A.C.S.C. ARTEAGA CONTRERAS, MIGUEL ÁNGEL. ACTOS CONTRA EL PUDOR EN AGRAVIO DE MENORES (EDAD VICTIMA, 10 AÑOS). LEA GUAYAN HUACCHA FISCAL TITULAR SUPERIOR PENAL PRIMERA FISCALÍA SUPERIOR PENAL JUZGADO PENAL COLEGIADO DE TRUJILLO - MINISTERIO PÚBLICO - IMPUTADO APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA.
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO DOCE Trujillo, primero de Junio De Dos Mil Once.
VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), doctor OSCAR ELIOT ALARCÓN MONTOYA (Juez Superior Titular), en la que intervienen como apelantes, el Ministerio Público a través de su representante y el imputado, quienes han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, resolución de fecha cinco de Noviembre de Dos Mil Diez. I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
1.
Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recurso de apelación interpuesto por, el Ministerio Público y el imputado contra la sentencia condenatoria, resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, de fecha cinco de Noviembre de Dos Mil Diez, obrante en las páginas treinta y nueve a cincuenta y uno; la misma que, condena a Miguel Ángel Arteaga Contreras, como autor del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR en agravio de la menor de iniciales A.C.S.C, imponiéndole ocho años de pena privativa de libertad efectiva y a su vez fija el pago de una reparación civil ascendente al monto de tres mil nuevos soles a favor de la menor agraviada.
344
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 2.
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN:
2.1 Respecto de la Apelación interpuesta por el Ministerio Público:
El Ministerio Público, a través de su representante, con fecha cinco de noviembre de Dos Mil Diez, interpone recurso de apelación contra la sentencia condenatoria de la misma fecha, en el extremo de la pena impuesta al procesado la cual es de ocho años de pena privativa de libertad efectiva por el delito de actos contra el pudor en agravio de la menor de iniciales A.C.S.C; según consta en acta de registro de audiencia de lectura de sentencia, obrante en la página treinta y ocho, apelación que fue fundamentada con posterioridad a su interposición como consta en autos, en las páginas cincuenta y tres a cincuenta y cuatro, solicitando el INCREMENTO DE LA PENA IMPUESTA al procesado, siendo que en la audiencia de apelación, la señora fiscal, ha formulado DESISTIMIENTO DE LA APELACIÓN interpuesta, habiéndose declarado fundado tal desistimiento y por tanto consentida la resolución en el extremo antes mencionado.
2.2 Respecto de la Apelación interpuesta por el Ministerio Público:
La defensa del procesado interpone recurso de apelación en el extremo que falla condenado a su patrocinado Miguel Ángel Arteaga Contreras, como autor del delito de actos contra el pudor en agravio de la menor de iniciales A.C.S.C. , a ocho años de pena privativa de libertad efectiva y fija el monto de tres mil nuevos soles como reparación civil; solicitando se REVOQUE dicha sentencia y se ABSUELVA a su patrocinado, argumentando que no se ha evaluado en forma correcta los medios de prueba, pues la sola declaración de la víctima no puede ser fundamento para la condena, no habiéndose aplicado el acuerdo plenario N° 002 – 2005, respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, al haber sido influenciada la víctima por su madre, persona ésta que ha mantenido una relación sentimental con el procesado y que una vez terminada la misma actuó en represalia; respecto a la verosimilitud de la declaración, este elemento tampoco es consistente por no existir coherencia entre espacio y tiempo.
2.3. Contradictorio del Ministerio Público:
El Ministerio Público, solicita que se CONFIRME la resolución apelada pues el juzgador ha evaluado los medios probatorios y ha destruido la presunción de inocencia que le asistía al procesado, probando su autoría en la comisión del delito de actos contra el pudor en menor de edad, además menciona que no se puede dar distinta interpretación al declaración brindada por la agraviada y que ha sido merituada debidamente por el Ad Quo, menciona que en juicio oral se ha advertido en forma directa que la menor irrumpió en llanto y que el perito psicólogo manifestó que la menor agraviada ha desarrollado
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
345
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro un relato coherente y que se encuentra bajo efectos de un estresor de índole sexual. Respecto de la relación sentimental entre el procesado y la madre de la víctima que menciona la defensa, ésta no ha sido acreditada en el proceso y constituyen meras aseveraciones, y que existen elementos probatorios para que se confirme la sentencia apelada, pues la menor mantiene su imputación sin animadversión al procesado y que la relación sentimental que se atribuye a su madre con el imputado recién se ha probado en el juicio oral; existe verosimilitud, pues el acusado acudía de visita al inmueble; la persistencia de la incriminación también se cumple. 4.
Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto.
III. ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS:
Ante esta instancia superior no se admitieron ni se actuaron medios de prueba.
III. CONSIDERANDOS: 3.1. Fundamentos Jurídicos: 3.1.1. A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia absolutoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, contenido en el artículo 176°-A del Código Penal, el cual prescribe que: “El que sin propósito de practicar el acto sexual u otro análogo, comete un acto contrario al pudor en una persona menor de catorce años, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad:
346
1.
Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez años.
2.
Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de seis ni mayor de nueve años.
3.
Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años.
Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del Artículo 173 o el acto tiene un carácter degradante o produce un grave daño en la salud, física o mental de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertad”. GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 3.1.2. En el delito de actos contrarios al pudor, el bien jurídico protegido es la libertad sexual de un hombre o de una mujer, entendiéndose dicha figura delictiva como todo tocamiento lúbrico somático que realiza el sujeto pasivo, con el fin de satisfacer su apetito sexual.32 3.2. Fundamentos Fácticos: 3.2.1. Es materia de impugnación, la sentencia condenatoria, Resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, de fecha cinco de Noviembre de Dos Mil Diez, obrante en las páginas treinta y nueve a cincuenta y uno; la misma que, condena a Miguel Ángel Arteaga Contreras, como autor del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR en agravio de la menor de iniciales A.C.S.C, imponiéndole ocho años de pena privativa de libertad efectiva y a su vez fija el pago de una reparación civil ascendente al monto de tres mil nuevos soles a favor de la menor agraviada. 3.2.2. Que, la sentencia apelada en la parte expositiva, se indica que los hechos y circunstancias objeto de la acusación descritos por el Ministerio Público consisten en que desde marzo hasta noviembre de 2009, en circunstancias en las que su tío Miguel Ángel Arteaga Contreras, llegaba de visita a su domicilio, en una oportunidad, cuando su mamá estaba ausente, él llegó cuando ella se encontraba en su dormitorio, empujando la puerta bajo el pretexto de enseñarle la tarea, luego le decía que se siente sobre sus piernas y cuando se negaba, la jalaba y empezaba a besarla en la boca y le decía que estaba enamorado de ella, que era bonita, que le iba a comprar una cámara fotográfica, un celular; él se bajaba el cierre, sacaba su pene afuera y le pedía que le toque su pene y que lo bese, pero ella se negaba; por eso el denunciado la jaló, luego la tiró en la cama y se echó encima de ella, estaba el denunciado con su ropa pero con el pene afuera, quería bajarle la falda, pero no pudo. Entonces él le metió su mano por debajo de la falda de la menor y empezó a tocarle sus partes íntimas. En ese momento la menor agraviada comenzó a llorar y su tío le dijo que no llore por que tenía un arma, ella pensó que la iba a matar y se calló, un momento después su mamá toca la puerta de su casa y de inmediato su tío se levanta de la cama, se sube el cierre y sale a abrir la puerta, su mamá ingresa a la casa y se pone a cocinar, después almuerzan todos y luego el tío lleva a la menor agraviada al colegio, manifestándole en el camino que quería tener una relación con ella para que vivan juntos; la dejó en el colegio y se retira.
32 EJECUTORIA SUPERIOR DE LA SALA PENAL DE APELACIONES PARA PROCESOS SUMARIOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DEL 18 DE MAYO DE 1998, EXP. N° 8145-97.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
347
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
Estos hechos se han repetido en varias oportunidades, porque el denunciado siempre ingresaba a su dormitorio, con el pretexto de ayudarla con las tareas, incluso aprovechaba cuando estaba dormida; pero nunca dijo nada porque él le había dicho que tenía un arma y pensaba que le podía hacer algo.
3.2.3. La defensa del procesado, ha manifestado en la audiencia de apelación que no se ha evaluado en forma correcta los medios de prueba, pues la sola declaración de la víctima no puede ser fundamento para la condena, asimismo, argumenta que no se ha aplicado el Acuerdo Plenario N° 002 – 2005, respecto a la ausencia de incredibilidad subjetiva, al haber sido influenciada la víctima por su madre, persona ésta que ha mantenido una relación sentimental con el procesado y que una vez terminada la misma actuó en represalia, respecto a la verosimilitud de la declaración, este elemento tampoco es consistente por no existir coherencia entre espacio y tiempo. Con respecto a la declaración de la víctima, cabe mencionar que en los casos en que la sindicación de la víctima sea la única fuente de prueba de la vinculación del imputado con el delito, deberá aplicarse los criterios de valoración de la imputación de la víctima contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, por ejemplo detalles de la escena del delito, apariencia y vestido del autor, la hora del suceso coincidente con momentos en que la víctima está sola, etc. Además de que no entre en contradicciones; c) persistencia en la incriminación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme respecto a la identidad del autor. Consecuentemente, cuando falten los tres requisitos antes señalados, estaremos ante el caso de una mera sindicación, la misma que no puede ser “… fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena…” [EXP. N.° 1218-2007-PHC/TC]. ); mientras que, cuando falte uno o dos de los requisitos, se generaría una duda razonable que conducirá inevitablemente a una sentencia absolutoria por imperativo del Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal.
348
En el presente caso, como consecuencia de la inmediación, el Ad Quo ha podido valorar la declaración de la menor agraviada de manera directa
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA y de acuerdo al considerando decimoprimero de la sentencia apelada, la víctima mantiene un relato creíble, verosímil y persistente, toda vez que no se ha acreditado la preexistencia de sentimientos de odio o venganza en la menor agraviada, como producto de una supuesta relación amorosa entre la madre de la misma y el procesado, que pudieron haber conllevado a dicha menor a acusar al procesado; por otro lado, la menor agraviada hace un relato detallado y coherente de los hechos que son materia de acusación y esto le genera reacciones como llanto, siendo además corroborado con la pericia psicológica actuada en juicio; a su vez la menor agraviada hace una sindicación persistente al procesado manteniendo su declaración desde el inicio de la investigación y durante todo el proceso. 3.2.4. En relación a lo mencionado, respecto de la valoración de la prueba testimonial, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar la responsabilidad del procesado.
Además, no sólo se ha hecho la valoración de la declaración de la víctima, sino también de la pericia psicológica oralizada por la perito psicóloga corroborando todo lo dicho por la menor, en juicio oral.
3.2.5. Al haberse efectuado el examen de la sentencia venida en grado, se advierte que la misma ha sido dictada haciendo una valoración conjunta de todos los medios de prueba aportados y oralizados en la audiencia de juicio oral, lo que le ha permitido al Ad Quo arribar a dictar sentencia condenatoria. De lo expuesto, se advierte claramente que la sentencia venida en grado se ha dictado cumpliendo con los requisitos de los artículos 394 y 399 del Código Procesal Penal, por lo que este Colegiado Superior considera que resulta la confirmatoria de la sentencia apelada.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
349
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1) CONFIRMAR la sentencia condenatoria, resolución expedida por el Juzgado Penal Colegiado de Trujillo, de fecha cinco de Noviembre de Dos Mil Diez, obrante en las páginas treinta y nueve a cincuenta y uno; la misma que, condena a Miguel Ángel Arteaga Contreras, como autor del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR en agravio de la menor de iniciales A.C.S.C, imponiéndole ocho años de pena privativa de libertad efectiva y a su vez fija el pago de una reparación civil ascendente al monto de tres mil nuevos soles a favor de la menor agraviada, con lo demás que contiene. 2) NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Ponente y Directora de Debates, Señora Doctora Lilly Del Rosario Llap Unchón.
350
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA
6.
ACTOS CONTRA EL PUDOR – ANULAR DEBATE ORAL EXPEDIENTE N° ASISTENTE IMPUTADO AGRAVIADO DELITO PROCEDENCIA IMPUGNANTE ASUNTO
: 2821-2011-1601-JR-PE-06 : JAINO ALONSO GRANDEZ VILCHEZ : CESAR OSWALDO ALVAREZ SANDI : MENOR DE INICIALES G.C.A.C. : ACTOS CONTRA EL PUDOR : JUZGADO PENAL COLEGIADO : IMPUTADO : APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE Trujillo, veintiséis de junio del año Dos Mil Doce.
VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente de Sala y Director de Debates), Dr. JUAN SEGUNDO RODOLFO ZAMORA BARBOZA (Juez Superior Titular) y Dr. MANUEL ESTUARDO LUJAN TUPEZ (Juez Superior Titular); en la que intervinieron la representante del Ministerio Público, doctora Cecilia Esther Goicochea Ruiz, y la defensa técnica del sentenciado, integrada por los doctores Luis Miguel Saldaña Monzón y Luis Michael Morillo, conforme se ha registrado en correspondiente registro de audio. INTRODUCCIÓN: I.
IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO:
01. CESAR OSWALDO ÁLVAREZ SANDI, identificado con DNI N° 18176892, de 61 años de edad, de 1.60m de altura, de estado civil casado, con grado de instrucción secundaria, y domiciliado en Manzana V3 Lote 4, de la Urbanización San Andrés V etapa de esta ciudad. HECHOS IMPUTADOS: 02. Se atribuye al procesado Cesar Oswaldo Álvarez Sandi la comisión del delito contra la Libertad Sexual en la figura de Actos Contra el Pudor en Menor de Edad, en agravio de la menor de iniciales G.C.A.C., hechos que se suscitaron en el domicilio del imputado, ubicado en la Mz. V3 Lote 4 de la Urb. San Andrés V Etapa, durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 2010, cuando la menor tenia 10 años de edad; siendo que un día, cuando la menor
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
351
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro se quedó en este inmueble viendo televisión, se acercó su abuelo, el imputado Cesar Oswaldo Álvarez Sandi, la levantó del mueble arrinconándola contra la pared y la comenzó a besar en la boca, tocándole los senos y sus partes íntimas, a la vez que agarraba de la mano para que toque su miembro viril. Después le propuso que fueran a acostarse, lo que no fue aceptado por la menor, para luego de ello darle dinero. Que, según se oralizó en la acusación, estos hechos se habrían producido en reiteradas oportunidades. II. PLANTEAMIENTO DEL CASO: 03. Es materia de apelación la sentencia, resolución número tres, de fecha veintitrés de febrero del presente año, la misma que condena a Cesar Oswaldo Álvarez Sandi, como autor del delito Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Actos Contra el Pudor en agravio de la menor de iniciales G.C.A.C., imponiéndole una sanción de diez años de Pena Privativa de Libertad Efectiva, y obligándolo al pago de una Reparación Civil ascendente a mil Nuevos Soles (S/. 1000.00). PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 04. La defensa del sentenciado solicita a esta Sala de Apelaciones, revocar la sentencia recurrida y reformándola, absuelva a Cesar Oswaldo Álvarez Sandi de los cargos formulados en su contra. Como pretensión subsidiaria, se solicita se declare la nulidad de la sentencia impugnada. FUNDAMENTOS: 05. La defensa técnica del imputado, sostiene que el a quo ha realizado una indebida valoración de los medios probatorios actuados en primera instancia. 06. En el transcurso de la audiencia de apelación, propuso tres supuestos defectos en los que incurre la sentencia impugnada, argumentando: a)
352
Aplicación mecánica de la parte in fine del artículo 173 del Código Penal. Que si bien es cierto, existe un vinculo familiar innegable, el sentenciado únicamente ha tenido una convivencia durante los meses de agosto, setiembre y octubre del año 2010, antes de esto nunca hubo mayor acercamiento; y esto implica necesariamente, que no existía una relación familiar constante y cercana, que genere un vinculo de confianza. Que el tiempo de convivencia es importante porque no todas las relaciones familiares poseen el vínculo de confianza; y la fiscalía no ha acreditado este punto en el juicio oral. Que la menor no ha podido precisar en qué momento se realizaron los actos materia del proceso, no pudiéndose determinar si fue en la primera semana o primer día de la convivencia por lo que no se puede acreditar si a ese entonces la menor habría depositado su confianza en el procesado. A pesar de esto, en la página 10 de la sentencia recurrida, se expresa que se ha acreditado la
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA relación abuelo nieta, con lo cual se da por satisfecho el extremo del tipo penal que exige la concurrencia del vínculo familiar que impulsa a la menor a depositar su confianza. b)
Ánimo lúbrico respecto a los hechos. El artículo 176 de Código Penal, requiere para su configuración un elemento subjetivo del tipo, en específico una tendencia interna trascendente, el ánimo lubrico. En este tipo de delitos la acción se aprecia como una expresión de la tendencia subjetiva del autor. Además, el informe psicológico emitido como producto de la entrevista al procesado, señala que este tendría rasgos de personalidad histriónica y es psicosexualmente inmaduro; sin embargo en la sentencia impugnada, el a quo expresa que tanto efectuada la pericia psicológica por la perito psicóloga quien tanto en su informe como en su declaración, concluyó que el procesado es inmaduro psicosexualmente y tiene inclinación a relacionarse con menores de edad, como lo es en el presente caso la agraviada, quedando clara la alta posibilidad de vinculación entre el abuelo por su inclinación a relacionarse con menores de edad. Esta parte de la sentencia, sostiene esta parte, afecta el principio de motivación, ya que el artículo 139.5 de la Constitución obliga a que los fundamentos de la sentencia tengan relación con los hechos y con las pruebas actuadas. La referida pericia, tampoco implica que se haya cumplido con el elemento subjetivo del tipo.
c)
Ha existido una deficiente defensa técnica. Que como se aprecia de los audios del juicio oral, el abogado de la defensa en primera instancia, ha tenido poca o nada participación en la declaración de los diversos órganos de prueba. Que por cualquiera que fuere el motivo, no se realizó una correcta defensa técnica, afectando así el derecho de su patrocinado.
PETICIÓN JURÍDICA DEL MINISTERIO PÚBLICO: 07. La representación del Ministerio Público resalta que la parte contraria ha introducido pretensiones, hechos y argumentos nuevos, diferentes a los expresados en el escrito de apelación; sin embargo, el Ministerio Público está en condiciones de contradecir estos nuevos argumentos. Esta parte formula la tesis de que la sentencia materia de apelación es correcta, tanto en sus elementos sustanciales como formales. FUNDAMENTOS: 09. La fiscalía sostiene que la sentencia recurrida explica claramente la imputación de la menor, que el juzgador ha tenido en cuenta las pruebas actuadas durante el juzgamiento, que la imputación de la menor agraviada cumple con los requisitos previstos en el acuerdo plenario 02-2005/CJ-116, que esta de-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
353
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro claración se encuentra respaldada por la pericia psicológica practicada a la menor ya que se aprecia el estado ansioso por la que atraviesa la menor al momento de relatar la experiencia traumática. Que no existe en la menor indicador de tendencia a la mentira. En cuanto al ánimo lascivo, y situación de confianza, estos se sustentan en el vínculo de familiaridad no negado por el imputado, que como se explica e la sentencia se ha comprobado la existencia del dolo y el vínculo familiar, satisfaciéndose así los requisitos exigidos por el tipo penal. ITINERARIO DEL PROCESO: 09. Instalada la audiencia de apelaciones de la presente causa, la defensa técnica del procesado César Oswaldo Álvarez Sandi, solicitó al colegiado se tome nueva declaración a la menor agraviada, se corrió traslado de tal pedido al representante del Ministerio Público, quien sostuvo la improcedente de la solicitud del abogado defensor, a lo que la presente sala luego de la deliberación correspondiente decidió declarar improcedente el pedido de la defensa. 10. Luego de expresados los alegatos de apertura de ambas partes, la defensa solicitó a la Sala sea tomada la declaración del sentenciado, lo que el presente colegiado estimó improcedente ya que los cuestionamientos a la resolución recurrida son de índole puramente jurídicos, ante esta decisión se planteó recurso de reposición, por lo que este colegiado luego de la deliberación debida procedió a ratificar su decisión, sin embargo señaló que si es parte de la teoría de caso, y en atención al derecho del acusado a intervenir en cualquier estado del proceso, esta declaración podría ser actuada. 11. La defensa técnica del sentenciado solicitó la oralización de la pericia psicológica efectuado a este, a lo que el Ministerio Público no se opuso, sin embargo, el colegiado declara improcedente tal pedido ya que este medio probatorio ha sido introducido a través de un órgano de prueba y fue ampliamente discutida en su contenido en el juicio oral. Por lo que como efecto de la apelación formulada, esta Sala asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia recurrida. III. CONSIDERANDOS: PREMISA JURÍDICA: 13. Que, el hecho ilícito objeto del presente proceso se encuentra previsto y sancionado en el Código Penal, específicamente en el artículo 176-A del Código Penal, el cual prescribe: “El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a éste a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con las
354
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA siguientes penas privativas de la libertad: …(último párrafo) Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del artículo 173(…),la pena será no menor de diez ni mayor de doce años de pena privativa de libertad”. El agravante exigido por el artículo 176-A, es el previsto en la parte in fine del precepto normativo 173 del mismo cuerpo legal, cuya redacción es la siguiente: “Si el agente tuviere cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le dé particular autoridad sobre la víctima o le impulse a depositar en él su confianza, (…)”. 14. En doctrina nacional se entiende por actos contrarios al pudor a “…aquellos tocamientos y manipulaciones que realiza el agente o autor sobre el cuerpo de la víctima, así como aquellos tocamientos o actos libidinosos que se obliga efectuar a la victima sobre su propio cuerpo o sobre el cuerpo de un tercero, especialmente en sus genitales o zonas erógenas con la finalidad de satisfacer su propia lujuria, excitando el libido del sujeto pasivo y sin que el agente haya evidenciado su intención frustrada de practicar el acto sexual o análogo, siendo indiferente las circunstancias que el autor alcance o no el orgasmo o la eyaculación”33. 15. En relación al agravante previsto en la parte in fine del artículo 173 del Código Penal, este colegiado superior debe precisar que se configura el agravante cuando el agente se encuentra premunido de la confianza de la victima o este “realiza actos tendientes a lograr la confianza de su victima, y aprovechándose” de esta particular situación realiza el tipo penal, “(…) la confianza supone una relación personal entre dos sujetos. La relación existente entre ambos es la única circunstancia que puede generar una mutua lealtad o una recíproca confianza. En el caso del delito en hermenéutica, la relación debe existir entre el agente y el menor de dieciocho años”34. 16. “El debido proceso penal puede entenderse como aquella garantía genérica mediante la cual se data de rango constitucional a todas aquellas garantías procesales especificas reconocidas o no expresamente en la constitución, que se encuentran destinadas a asegurar que el proceso penal se configure como un proceso justo, en los términos que la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos lo diseñan”35. 17. A su vez, el Tribunal Constitucional refiriéndose al debido proceso ha establecido que: “…significa la observancia de los derechos fundamentales esenciales del procesado principios y reglas esenciales exigibles dentro del
33 SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho penal Parte Especial”. Tercera Edición 2008. Pág. 769. 34 Ibid, p. 572. 35 R.N Nº 1160-2006. SALA PENAL PERMANENTE. Lima. 18/04/2007.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
355
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro proceso como instrumento de tutela de los derechos subjetivos. El debido proceso tiene, a su vez, dos expresiones: una formal y otra sustantiva; en la de carácter formal, los principios y reglas que lo integran tienen que ver con las formalidades estatuidas, tales como las que establecen el juez natural, el procedimiento preestablecido, el derecho de defensa, la motivación; en su faz sustantiva, se relaciona con los estándares de justicia como son la razonabilidad y proporcionalidad que toda decisión judicial debe suponer. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido estas dos manifestaciones del debido proceso en sus sentencias recaídas en los Expedientes N° 2192-2002-HC/TC (F.J. N° 1), N° 2169-2002-HC/TC (F.J. N° 2) y N° 3392-2004-HC/TC (F.J. N° 6)”36. 18. El artículo 2 numeral 20 literal e) de la Constitución Política del Estado que establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; y que además se encuentra desarrollado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. PREMISA FÁCTICA: 19. De la acusación formulada por el Ministerio Público se desprenden los hechos y circunstancias materia de la imputación, se tiene que en el domicilio del imputado, ubicado en la Mz. V3 Lote 4 de la Urb. San Andrés V Etapa, durante los meses de agosto, setiembre y octubre de 2010, cuando la menor tenía 10 años de edad, el procesado se acercó a la menor de iniciales G.C.A.C., la levantó del mueble arrinconándola contra la pared y la comenzó a besar en la boca, tocándole los senos y sus partes íntimas, a la vez que agarraba de la mano para que toque su miembro viril. Después le propuso que fueran a acostarse, lo que no fue aceptado por la menor, para luego de ello darle dinero. Que, según refiere la menor agraviada, estos hechos se habrían producido en reiteradas oportunidades. DECLARACIÓN DEL SENTENCIADO: 20. César Oswaldo Álvarez Sandi, al ser interrogado en la audiencia de apelación dijo: Que veía muy poco a su nieta, porque ella vivía en la Urb. Covicorti, que únicamente convivió por un tiempo con la menor y su madre, luego de que
36 Sentencia recaída en el expediente Nº 8125-2005-PHC/TC FJ 6.
356
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA estas regresaran de Argentina; que su hijo vivía en constante pelea con ella, incluso les boto de la casa y es por eso que fueron a su casa a pedir un lugar donde quedarse; que su esposa era la que paraba constantemente con la menor, que antes de viviera en su casa la relación con la menor era muy lejana, no como con sus demás nietos, con los que si tiene una relación cercana; que cuando su hijo y la menor agraviada vivieron en Argentina nunca tuvo contacto con ellos; que nunca ha tenido problemas en su vida, que la madre de la menor vivía peleando con su hijo, ella juro venganza contra la familia; que sus dos hijas Cesia y Lorena vivían en su casa durante el tiempo en que la menor y su madre habitaban en su casa; que su esposa tiene diabetes emotiva, no trabaja, no puede desplazarse así no más, por lo que estaba permanentemente en su casa, que durante el tiempo referido en la acusación una de sus hijas no tenía trabajo, por eso nunca salía de su casa. Al contra interrogatorio respondió: que ha vivido con la niña, que llegaron en agosto o setiembre 2010; que nunca ha tenido enemistad con la madre de la menor, pero sí le aconsejaba que se una a su esposo por los niños; con respecto a la amenaza, no lo dijo en la primera audiencia porque no se lo preguntaron. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA: 21. Respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior No puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribunal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas sentencias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
357
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. En consecuencia, el relato factico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia37. 22. Que, en los casos en que la sindicación de la víctima sea la única fuente de prueba de la vinculación del imputado con el delito, deberá aplicarse los criterios de valoración de la imputación de la víctima contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, por ejemplo detalles de la escena del delito, apariencia y vestido del autor, la hora del suceso coincidente con momentos en que la víctima está sola, etc. Además de que no entre en contradicciones; c) persistencia en la incriminación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme. Cuando falten los tres requisitos antes señalados, estaremos ante el caso de una mera sindicación, la misma que no puede ser “… fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena…”38; mientras que, cuando falte uno o dos de los requisitos, se generaría una duda razonable que conducirá inevitablemente a una sentencia absolutoria por imperativo del Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 23. En ese sentido, partiendo precisamente de lo expuesto por el a quo: “pues constituyen la única prueba enfrentada a la tesis de la defensa, que proclama la inocencia del acusado, pues prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones que señalen su inveracidad” (fundamento 9.2 c), sobre el análisis de la declaración de la víctima en el sentido que conforme al acuerdo 2-2005/CJ-116 lo que se
37 GIMENO SENDRA, VICENTE: Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid 2004. pag. 275-276. 38 Sentencia del Tribunal Constitucional recaida en el EXP. N° 1218-2007-PHC/TC.
358
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA compone con el acuerdo 1-2011/CJ-116, en el sentido que siendo “en los delitos contra la libertad o indemnidad sexual una prueba privilegiada precisamente por ser única debe resistir el control tanto lógico como material, tanto en el contradictorio oral como fundamentalmente en la sentencia. 24. Es precisamente en ese orden de ideas que este tribunal encuentra en el análisis del elemento de ausencia de incredibilidad subjetiva realizado por el a quo, en proporción inversa con la valla mas baja colocada por los acuerdos plenarios 02-2005/CJ-116 y 01-2011/CJ-116 en el sentido que “una persona puede ser condenada por la prueba única proveniente de la declaración de la agraviada”, es pues que para mantener incólume el principio de igualdad de las partes privilegio del proceso, informador ineludible del proceso penal por mandato de los Artículos I.3 y X del Titulo Preliminar del Código Procesal Penal y por ende del contradictorio oral y fundamentalmente en la sentencia de tal suerte que en estos casos la motivación debe ser reforzada, dejando sin lugar a duda de cualquier lector y más una del propio condenado, que sepa cuáles son las razones por las que es sentenciado como agente titular del delito. 25. Es pues que no solo no encontramos esta motivación reforzada en atención a que la declaración de la víctima sea prueba privilegiada, sino que el a quo, expresa “a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador/ acusado que pudiera conducir a la deducción de la existencia de un móvil, resentimiento, venganza, enfrentamiento, interés o de cualquier índole que prive a la declaración de la aptitud necesaria para generar certidumbre; lo que no se ha evidenciado en el presente caso, dado que, como fluye de la declaración de la madre, de la agraviada y del acusado, vertidas durante el juicio oral, estos han referido que nunca han tenido problemas, por lo tanto no existe algún motivo fundado que haga presumir que se le está inventando cargos, como ha venido sosteniendo el abogado defensor durante todo el desarrollo del proceso”, dando por hecho que la inexistencia de la actividad probatoria de descargo genera por si sola (es decir la inacción procesal del condenado) la conclusión de ausencia de incredibilidad subjetiva. Esta conclusión no aparece tan clara, para este tribunal si la construcción probatorio no ha sido indiciaria sino de prueba directamente dejando, sin ningún fundamento, como hecho incontestable que no existe ausencia de incredibilidad subjetiva, pese a que por toda defensa el abogado del condenado ha insistido precisamente sin justificar como este dato se materializa, fundamente que sin desarrollarse, generar pues una ausencia de convicción sobre la inocencia o culpabilidad del condenado, sin que se justifique y reforzadamente la ausencia de incredibilidad subjetiva. Máxime si la defensa alega lo contrario porque incluso en inacción probatoria, es obligación de la judicatura tener una certeza absoluta al respecto, de ser
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
359
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro necesario incluso actuando prueba de oficio como lo prescribe el artículo 385 del Código Procesal Penal, pero no puede actuarse para condenar dando por hecho este razonamiento con la sola actuación parcial de la agraviada y su madre, peor aún si el a quo ha acogido no apartarse de los acuerdos 02-2005/ CJ-116 y 01-2011/ CJ-116 que privilegian la prueba proveniente solo de la víctima, a lo que debe aunarse que el dicho del propio condenado como parte asimilada probatoria en concurso con la declaración de la menor tendría que venir justificada la ausencia de vulneración del derecho humano a la no incriminación propia. 26. Pero aún si en este caso, se ha corroborado con una hipótesis de “alta probabilidad” como se aprecia de la resolución impugnada, específicamente en el numeral 9.1 tercer párrafo el a quo emplea como fundamento para fijar la responsabilidad del sentenciado: “es determinante la pericia efectuada al acusado, por la perito Andrea Runategui Chávez, quien en su informe pericial y durante su declaración concluyó que el señor Cesar Oswaldo Álvarez Sandi es inmaduro sexualmente y tiene inclinación a relacionarse sexualmente con menores de edad, como es en este caso su menor nieta de iniciales G.C.A.C., quedando claro la alta posibilidad de la vinculación del abuelo como autor de los hechos materia de imputación, debido a su inclinación a relacionarse con menores de edad”. Presentándose aquí un error en la justificación interna del razonamiento del a quo, ya que la premisa utilizada para llegar a la conclusión lógica, no es válida o verdadera, dado que revisado el audio y el protocolo de pericia psicológica N° 007340-2010-PSC realizado al imputado, se aprecia que la perito psicóloga llega únicamente a la conclusión de que el sujeto presenta rasgos de personalidad histriónica e inmadurez psicosexual, con tendencia a relacionarse con personas menores que él, y no como se expresa en la sentencia inclinación a relacionarse con menores de edad. 27. Los fundamentos anteriores nos llevan a la conclusión de afección seria a la debida motivación de las resoluciones judiciales del artículo 139.5 de la Constitución, garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del casodesarrollada por el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 2 del Exp. N° 1480-2006-AA/TC: “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales
360
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios”. 28. Que, conforme se ha desarrollado en considerandos anteriores, el proceso penal debe desarrollarse respetando las normas imperativas referidas al debido proceso y las garantías constitucionales previstas a favor del procesado. Siendo ello así, se tiene que toda resolución judicial debe contener una “adecuada conexión entre los hechos que sustentan la decisión (quaestio facti) y las normas jurídicas que la respaldan (quaestio iuris), en cuya virtud se delimita las razones que justifican el fallo adoptado en función a los hechos declarados probados y las normas invocadas para dar respaldo a las pretensiones y resistencias de las partes”.39 29. Siguiendo con la idea anterior, y como se mencionó en la premisa jurídica de la presente resolución, la circunstancia agravante por la cual se sanciona al procesado, exige por su redacción, que el agente activo del delito defraude la confianza que el sujeto pasivo ha depositado en el como causa de su vínculo familiar. Es decir, el agente aprovechando la firme confianza o buena fe que le tiene el menor, realiza la acción típica; circunstancia o hecho que no ha sido debatido en juicio oral, ni analizada por a quo al momento de expedir la sentencia impugnada, limitándose este, a verificar el vínculo de familiaridad existente, conforme es de verse en el numeral 9.3 de la sentencia recurrida. 30. Tomando en consideración los fundamentos expresados en esta sentencia, a criterio de esta Sala Superior en el juicio oral existe material probatorio de cargo que debe ser discutido nuevamente en igualdad de armas, para que se haga posible un efectivo razonamiento conforme a las reglas previstas en el Código Procesal Penal, ya que la sustentación de la presente sentencia y la afectación del derecho de defensa descritos anteriormente, son hechos que el presente tribunal no puede pasar por alto; es por ello que éste Colegiado con afán de preservar el modelo acusatorio adversarial, así como el fin dikelógico40 del derecho, que es hacer realidad la justicia, es que entiende que ante una flagrante violación de las leyes de la lógica formal y del razonamiento jurídico, así como de las garantías previstas a favor del procesado; debe decretar no sólo la nulidad de la sentencia materia de impugnación sino del juicio oral del cual fue producto, ordenando que sea un nuevo juez quien sustancie tal acto procesal, respetando las normas referidas a una tutela procesal efectiva, para finalmente expedir nueva sentencia.R.N. N° 1322-2005 La Libertad
39 QUEJA Nº 1545-2006. SALA PENAL TRANSITORIA. Tacna. 20/03/2007 40 Alude a la ciencia de la justicia, el hacer justicia al caso concreto.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
361
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 31. Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que el recurso de apelación ha sido presentado por la defensa del sentenciado y que tal acto se ha realizado en ejercicio regular del derecho constitucional y procesal41 a la doble instancia, además de poseer razones fundadas para hacerlo, por lo que debe eximírseles del pago de costas. IV. PARTE RESOLUTIVA: Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experiencia, de conformidad con las normas antes señaladas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 1)
DECLARAR LA NULIDAD de la Sentencia, resolución número tres, de fecha veintitrés de febrero del presente año, la misma que condena a Cesar Oswaldo Álvarez Sandi, como autor del delito Contra la Libertad Sexual, en la modalidad de Actos Contra el Pudor en agravio de la menor de iniciales G.C.A.C., imponiéndole una sanción de diez años de Pena Privativa de Libertad Efectiva, y obligándolo al pago de una Reparación Civil ascendente a mil Nuevos Soles (S/. 1000.00).
2) ANULAR el debate oral realizado en la presente causa. 3) ORDENARON se realice un nuevo juicio oral, por otro juez llamado por ley. 4)
DISPUSIERON que se cursen los oficios correspondientes al establecimiento Penal “El Milagro”, para la inmediata puesta en libertad del procesado Cesar Oswaldo Alvarez Sandi para lo cual se ordena que se GIRE LA PAPELETA DE LIBERTAD, siempre y cuando no se encuentre con proceso pendiente u orden de captura o requisitoria vigente por mandato judicial.
5)
SIN COSTAS.
6) NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Director de Debates, señor Juez Superior, el doctor José Ricardo Cabrejo Villegas
41 Artículo 106 del Código Procesal Penal.
362
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA
7.
ACTOS CONTRARIOS AL PUDOR – NULA ABSOLVIENDO AL ACUSADO PROCESO PENAL PROCESADO DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA IMPUGNANTE MATERIA
: : : : : : :
Nº 348-2008-14-1601-JR-PE-08. JUAREZ ARRUNATEGUI, RAFAEL ACTOS CONTRARIOS AL PUDOR EN MENOR DE EDAD MENORES DE INICIALES B.K.L.C. C.E.C.L. Y C.F.L.A. 8º JUZGADO PENAL UNIPERSONAL MINISTERIO PÚBLICO APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA
SENTENCIA Trujillo, Seis De Abril Del Año Dos Mil Once.VISTA Y OÍDA.- en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Doctor JOSE RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente de la Sala y Director de Debates), Doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON (Juez Superior Titular) y la Doctora NORMA BEATRIZ CARBAJAL CHAVEZ (Juez Superior Titular), en la que interviene como apelante la representante del Ministerio Público señora Fiscal Lea Guayan Huaccha, así como el sentenciado Rafael Juárez Arrunátegui, asesorado por su abogado defensor Dr. Lucio Carlos Vásquez Rodríguez. I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
15. Que, viene el presente proceso penal en apelación de la sentencia de fecha dieciséis de octubre del año dos mil ocho, obrante a fojas treinta y nueve, la cual por mayoría falla absolviendo al acusado en cárcel Rafael Juárez Arrunátegui de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito contra la Indemnidad Sexual en la modalidad de Actos contrarios al Pudor de menor de edad, en agravio de las menores de sexo femenino de iniciales C.F.L.A. y B.K.L.C., y menor de sexo masculino de iniciales C.E.C.L.. Asimismo, se dispone que en el día se gire la papeleta de excarcelación.--------16. Que, la sentencia venida en grado ha sido apelada, a través del recurso de apelación que corre a fojas 81 a 84, interpuesto por la representante del Ministerio Público, en cuanto al extremo de la absolución respecto de las menores de sexo femenino de iniciales C.F.L.A. y B.K.L.C, solicitando que la misma sea REVOCADA en los extremos apelados.-----------------------------------17. Que, la representante del Ministerio Público manifiesta que las razones por las cuales se ha impuesto el recurso impugnatorio están referidas a que en
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
363
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro el juicio oral se ha realizado actividad probatoria que ha logrado acreditar la existencia del delito y desde luego la responsabilidad del imputado en los hechos que fueron materia de investigación, en tal sentido la señora Fiscal que ha interpuesto el recurso impugnatorio considera que no se han valorado dichos medios probatorios por lo que se ha incurrido en las causales de nulidad contenidas en el artículo 150º del Código Procesal Penal y también con desconocimiento de los artículos 158º inciso 1) y el artículo 393º incisos 1)y 2) del Código Procesal Penal, que exigen que el juzgador debe hacer una valoración individual y luego conjunta de todos los elementos probatorios que se hubieren incorporado y desarrollado en el juicio oral que es la parte estelar del proceso; así como también se ha vulnerado el principio de motivación de resoluciones judiciales contenido en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado y por ende el debido proceso. Siendo así la fiscalía considera que en el presente caso lo que debe operar es la Nulidad de la sentencia materia de impugnación.-----------------------------------------------------18. Que, por su parte la defensa del sentenciado considera que dicha sentencia si esta arreglada a ley, que ha sido efectuada valorando todos los medios probatorios actuados en el juzgamiento, y en ese sentido considera que la sentencia si cumple con todos los estándares mínimos para que sea confirmada dado que se ha valorado en forma conjunta los medios probatorios, con los cuales no ha sido posible menoscabar la presunción de inocencia de la cual el sentenciado gozó durante todo el proceso. En ese sentido solicita que se CONFIRME la sentencia venida en grado.----------------19. Que, como efecto de la impugnación planteada, esta Sala Penal de Apelaciones asume competencia para efectuar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para emitir la sentencia absolutoria recurrida, y en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera: II. CONSIDERANDOS: 2.1. PREMISAS NORMATIVAS 20. El hecho ilícito objeto del presente proceso se subsumen en la descripción típica contenida en abstracto en el artículo 176-A inciso 1) del Código Penal que prescribe: “El que sin propósito de tener acceso carnal regulado en el artículo 170º, realiza sobre un menor de catorce años u obliga a este a efectuar sobre sí mismo o tercero, tocamientos indebidos en sus partes íntimas o actos libidinosos contrarios al pudor, será reprimido con las siguientes penas privativas de la libertad: 1) Si la victima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez años…”---------------21. En Doctrina se entiende por actos contrarios al pudor, “…aquellos tocamientos y manipulaciones que realiza el agente o autor sobre el cuerpo de la
364
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA víctima, así como aquellos tocamientos o actos libidinosos que se obliga efectuar a la víctima sobre su propio cuerpo o sobre el cuerpo de un tercero, especialmente en sus genitales o zonas erógenas con la finalidad de satisfacer su propia lujuria, excitando el libido del sujeto pasivo y sin que el agente haya evidenciado su intención frustrada de practicar el acto sexual o análogo, siendo indiferente las circunstancias que el autor alcance o no el orgasmo o la eyaculación”.42----------------------------------------------------------------22. En el delito de actos contra el pudor, la Jurisprudencia señala que: “…el bien jurídico protegido es la libertad sexual de un hombre o de una mujer, entendiéndose dicha figura delictiva como todo tocamiento lubrico somático que realiza el sujeto activo sobre el cuerpo del sujeto pasivo, con el fin de satisfacer su apetito sexual”.43--------------------------------------------------23. “El debido proceso penal puede entenderse como aquella garantía genérica mediante la cual se data de rango constitucional a todas aquellas garantías procesales especificas reconocidas o no expresamente en la constitución, que se encuentran destinadas a asegurar que el proceso penal se configure como un proceso justo, en los términos que la Constitución y los Tratados sobre Derechos Humanos lo diseñan”.44---------------------------------------24. “Toda resolución judicial debe contener una adecuada conexión entre los hechos que sustentan la decisión (quaestio facti) y las normas jurídicas que la respaldan(quaestio iuris), en cuya virtud se delimita las razones que justifican el fallo adoptado en función a los hechos declarados probados y las normas invocadas para dar respaldo a las pretensiones y resistencias de las partes”.45-------------------------------------------------------------------------------------2.2. PREMISAS FÁCTICAS 25. Que, en instancia de juicio de apelación se dio cuenta de que no se han presentado, ni han sido admitidos nuevos medios de prueba.---------------------26. Que, en audiencia de apelación de sentencia, la representante del Ministerio Publico sostuvo que los hechos en el presente caso estuvieron referidos a que el día 18 de enero del 2008 siendo las 14:40 horas aproximadamente,
42 SALINAS SICCHA, Ramiro. “Derecho penal Parte Especial”. Tercera Edición 2008. Pág. 769. 43 Ejecutoria Superior de la Sala Penal de Apelaciones para procesos Sumarios con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima del 18/05/1998. Exp. Nº 8145-97. “Jurisprudencia Penal Comentada”. Lima-Gaceta Jurídica, 1999, p.241 44 R.N Nº 1160-2006. SALA PENAL PERMANENTE. Lima. 18/04/2007. 45 QUEJA Nº 1545-2006. SALA PENAL TRANSITORIA. Tacna. 20/03/2007
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
365
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro el imputado se dirigía por la calle San Isidro de la urbanización El Paraíso de la localidad de Moche, llevando consigo sillas de bebe, según el explica para ser entregadas a una persona que le había solicitado, sucediendo que al pasar por esta calle frente a una bodega se encontraban tres menores jugando; estos menores son el menor de sexo masculino de iniciales C.E.C.L. de 5 años, la menor de sexo femenino de iniciales B.K.L.C. de 5 años y la otra menor de iniciales C.F.L.A., de 4 años, estos menores ante el ofrecimiento que hace el imputado al menor de sexo masculino de darle una propina si es que lo acompañaba, este menor es cogido de la mano por el imputado, así como también la menor de iniciales C.F.L.A. y son llevados a una distancia de 100 metros aproximadamente del lugar donde se encontraban, hacia un ambiente de construcción rustica con esteras donde son ingresados y donde el imputado procede a efectuar tocamientos en la vagina de la menor agraviada.----------------------------------------------------------------------------------------27. Que, , luego de revisar los actuados así como la sentencia que es materia de impugnación, considera que se ha incurrido en causales de nulidad al haberse vulnerado el debido proceso y también el principio de motivación de resoluciones judiciales contenidos en el artículo 139º inciso 5) de la Constitución Política del Estado, y ello en razón a que en el desarrollo de la sentencia se puede apreciar que en el considerando tercero es el único considerando donde aparentemente se desarrolla la valoración que habría hecho el colegiado de toda la actividad probatoria realizada en el juicio oral; este considerando señala que no se ha llegado a determinar de manera fehaciente en qué lugar y en qué momento se habría producido el acto de tocamiento que refiere la menor quien por lo demás, en el acto de su declaración se ha presentado como una niña muy vivaz, despierta y que no aparenta tener afectación psicológica alguna pues se desenvuelve normalmente, por ello dicha declaración no causa certeza probatoria, ni convicción en el colegiado por haberse generado dudas respecto a en que momento se habría producido el tocamiento, ni tampoco se ha producido carga probatoria que conduzca al colegiado concluir por una condena volitiva, típica y culpable del acusado.---------------------------------------------------28. Que, el considerando tercero es el argumento del que se vale el colegiado en primera instancia para absolver al imputado, sin embargo como ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 728-2008, caso Juliana Llamoja Aguilar, en el punto número seis señala: “respecto a la debida motivación de las resoluciones que importa que los jueces al resolver la causa expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión, esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso”.- --------------------------------------------------
366
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 29. Que, en el caso de autos el juzgador únicamente se refiere a la declaración de la menor agraviada y la referencia es de manera parcializada, tangencial puesto que en este caso, en el juicio oral no solo se ha recibido la declaración de la menor agraviada, también el imputado prestó su declaración y si se revisan ambas declaraciones, existe concordancia entre lo que dice la menor agraviada y lo manifestado por el imputado. Asimismo si revisamos el audio del juicio oral se advierte que también se ha recibido a los peritos que hicieron la revisión psicológica, tanto a la menor agraviada como al imputado; es más el imputado también fue sometido a una pericia psiquiátrica.---------------------
La perito psicóloga que examinó a la agraviada refiere que la menor presenta trastornos de las emociones asociados a experiencia extresora de tipo sexual en remisión total. Es clarísima la conclusión a la que llega la perito psicóloga de que la menor de edad por el soporte familiar que tiene, está recuperándose notablemente del trauma que sufrió a consecuencia de los hechos; con respecto al imputado el perito psicólogo señala, que presenta una personalidad de rasgos pasivos, agresivos que tiene escaso control de sus impulsos y conflicto en el área psicosexual. Igualmente la pericia psiquiátrica que se le practicó al imputado refiere que también presenta una personalidad pasivo-agresiva y con inteligencia clínicamente normal.------------------------------
30. Que, tampoco se ha tomado en cuenta lo señalado por el acuerdo plenario Nº 2-2005 que señala en el caso de la declaración de los testigos o de las victimas debe tenerse en cuenta la ausencia de incredibilidad subjetiva, la verosimilitud y la persistencia en la incriminación. Existe persistencia, coherencia y solidez en la declaración de la agraviada, no hay motivos por los cuales ella haya declarado contra el imputado por alguna otra razón que no sea la realidad de los hechos, que no sea la verdad de lo que realmente le aconteció.-----------------------------------------------------------------------------------------31. Que, la Fiscal refiere que estos elementos no aparecen ni valorados individualmente, ni valorados en forma conjunta en la sentencia y únicamente el juzgador se ha guiado por su criterio de que la menor como es vivaz no crea certeza en el colegiado de que hayan ocurrido los hechos, entonces habría que preguntarnos porque una menor que ya se encontraba en tratamiento puede expresar el hecho del que fue objeto es que no se puede creer en su versión, ¿hay alguna regla de la lógica que nos indique eso?. Esto implica pues que en el presente caso no se ha tomado en cuenta el artículo 158º numeral 1 del C.P.P., así como el artículo 393º incisos 1) y 2) del C.P.P., que si bien permiten la libre valoración de la prueba, esta valoración de la prueba también tiene sus límites en la lógica, en el razonamiento y en las experiencia, no se ha cumplido con ello y de manera muy apresurada se ha dispuesto la absolución de esta persona quien ha cometido un hecho grave que el Estado está obligado
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
367
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro a sancionar, teniendo en cuenta que se trata de menores en desarrollo y que son parte valiosa de nuestra sociedad. Siendo así, en el presente caso estando a lo expuesto, se puede verificar claramente la vulneración al principio de motivación de las resoluciones judiciales y por ende al debido proceso, por lo que la fiscalía considera que esta sentencia impugnada debe ser declarada NULA.---------------------------------------------------32. Que, a su turno el abogado defensor del imputado, señala que no se debe tomar en cuenta lo señalado por el acuerdo plenario Nº 2-2005, debido a que en el presente caso no es aplicable, pues la defensa considera que no se ha cumplido con uno de los requisitos señalados en dicho Acuerdo, como lo es la persistencia en la incriminación por parte de los menores agraviados, esto debido a que solo una de las menores agraviadas intervino en el juicio oral.---33. Que, la representante del Ministerio Público enarbola las pericias efectuadas a la menor agraviada y al imputado, que si bien es cierto son efectuadas por profesionales psicólogos y psiquiatras, eventualmente hay que tener en cuenta que estas pericias son efectuadas por personal del Ministerio Publico. Sin embargo, traemos a colación la pericia psicológica efectuada a la menor, pues posee ciertas peculiaridades y una de ellas es que al momento de analizar e interpretar sus resultados el perito psicólogo señala que esta menor es extrovertida, comunicativa, abierta, espontánea y se encuentra demandante ante la satisfacción de sus necesidades. Si nosotros tenemos en cuenta nuestros conocimientos sobre cuáles son los signos de un menor agredido sexualmente son todo lo contrario, un menor se muestra poco comunicativo, se encuentra estresado, baja en sus calificaciones, que afectan su participación en su vida diaria.-------------------------------------------------------------------------------34. Que, por todas las razones expuestas, la defensa del imputado considera que lo que corresponde es que se CONFIRME la sentencia recaída en el presente proceso penal, en el extremo de la absolución, por considerar que se encuentra arreglada a ley.--------------------------------------------------------------------35. Considerando que la impugnación de la sentencia se sustenta en un cuestionamiento de la valoración de puro derecho que han realizado los jueces del colegiado en Primera Instancia y teniendo en cuenta la inasistencia del imputado, la Sala consideró innecesario su interrogatorio.---------------------2.3.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA.36. Resulta pertinente y necesario señalar que quien interpone el presente recurso impugnatorio es la representante del Ministerio Publico, conforme es de verse del recurso obrante a folios novecientos cuarenta y siguientes del cuaderno de debates, así como de la sustentación oral del mismo, realizado en la audiencia de apelación de sentencia convocada por esta Sala Superior.-------
368
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 37. Tratándose la presente apelación de una falta de valoración de los medios probatorio, así como de la ausencia de una debida motivación de la sentencia y por tanto una vulneración al debido proceso; corresponde a este Colegiado analizar los aspectos formales y sustanciales de la resolución recurrida a fin de determinar si la misma a sido expedida conforme a los criterios comunes de validez de las Resoluciones Judiciales, esto es de la justificación interna, y externa, y no adolece de ningún defecto o error.
Del análisis de la recurrida el Colegiado advierte que existe un error in cogitando46, plasmado en lo siguiente: a.-
Falta de valoración de los hechos, materia del Thema Probandum, y así como de los medios probatorios ofrecidos y actuados en el juicio oral, que son los únicos que el Juzgador valora, porque allí, en el juicio oral, es donde se produce la auténtica prueba, que servirá para condenar o absolver, según sea el caso.
b.-
Incongruencia entre los hechos, los medios probatorios actuados, los fundamentos considerativos de la recurrida, y su Resolución.----------------
38. A criterio de esta Sala, se ha producido dicho error puesto que, se ha violado las reglas de razonabilidad y justificación en la sentencia emitida por el A quo, es decir existe una falta de motivación de la misma y lo cual se observa en: 24.1 Que, no han sido merituados los exámenes periciales practicados tanto a la menor de iniciales C.F.L.A., como al propio imputado; con los cuales se acredita el evento traumático del que fue víctima dicha menor, pues presenta trastorno de las emociones asociado a experiencia estresora de tipo sexual, así como también la personalidad pasivo-agresiva del imputado, escaso control de impulsos y los trastornos que padece en el área psicosexual que lo hace proclive a perpetrar agresiones de tipo sexual. 2.4.2 Tampoco han sido valoradas las documentales consistentes en tres Certificados Medico Legales, que fueron practicados a los menores agraviados, con los cuales se corrobora la agresión sexual de la que fueron víctimas. 2.4.3 Asimismo, no se ha tenido en cuenta el Acta de Denuncia en la cual se detalla el motivo y la descripción de los hechos, la cual fue sentada el
46 “[...] radica en definitiva en el examen de las reglas del pensar, o sea, si el razonamiento que efectúan los jueces inferiores es correcto formalmente desde el punto de vista lógico [...] Estos defectos formales no están precisamente referenciados a las formas exigidas en el procedimiento, sino a las formas esenciales de las reglas lógicas del pensamiento”
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
369
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro mismo día en que supuestamente se perpetró la agresión sexual a los menores. 2.4.4 Que, no se ha valorado la visualización del video obrante a fojas 28 en donde se constata el lugar donde se habrían producido los hechos materia de acusación 2.4.5 Igualmente no se ha tomado en consideración y menos valorado las testimoniales de las madres de los menores, en las que afirman que encontraron a su menores hijos en el interior de la casa donde se habría perpetrado el ilícito penal, en compañía del imputado, y que la menor de iniciales C.F.L.A. manifestó a su madre que el imputado le había tocado sus partes íntimas; hecho que es corroborado por las tres en sus respectivas declaraciones.----------------------------------------------------------------39. A criterio de esta Sala Superior en el juicio oral se ha producido y recopilado prueba suficiente para que el juzgador razone conforme a los elementos constitutivos del delito de actos contrarios al pudor en menor de edad, denunciados; sin embargo, en la sustentación de la sentencia absolutoria el A quo, ha omitido la valoración de testimoniales, documentales y actos de prueba realizados, que resultan sumamente importantes para la valoración conjunta y razonada de los hechos materia de debate, a la luz de los tipos penales. Es por ello, que éste Colegiado, entiende que con afán de preservar el modelo acusatorio adversarial, así como el fin dikelógico47 del derecho, que es hacer realidad la justicia, es que entiende que ante una flagrante violación de las leyes de la lógica formal y del razonamiento jurídico, debe decretar la nulidad de la sentencia materia de impugnación.----40. Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que si bien la representante del Ministerio Público ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, tal acto lo ha realizado en el ejercicio regular de su derecho constitucional y procesal48 a la doble instancia y ha tenido razones fundadas para ello, por lo que debe eximírsele del pago de costas.----------------------------III.- PARTE RESOLUTIVA Que por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, y de conformidad con las normas antes señalada, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO:
47 Alude a la ciencia de la justicia, el hacer justicia al caso concreto. 48 Art. 106 Código Procesal Penal
370
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 1) NULA la sentencia de fecha dieciséis de octubre del dos mil ocho, en el extremo en el cual, por mayoría falla ABSOLVIENDO al acusado en cárcel Rafael Juárez Arrunátegui de la acusación fiscal formulada en su contra por el delito contra la Indemnidad Sexual en la modalidad de Actos contrarios al Pudor en menor de edad, en agravio de la menor de sexo femenino de iniciales B.K.L.C., y el menor de sexo masculino de iniciales C.E.C.L.2) DISPUSIERON que Consentida o Ejecutoriada que sea la presente resolución, se devuelvan los presentes actuados al Juzgado de Origen, para los fines de Ley. Actuó como Juez Superior Ponente, el Dr. José Ricardo Cabrejo Villegas.-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
371
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
8.
ACTOS CONTRA EL PUDOR – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA PROCESO PENAL Nº : ASISTENTE JURISDICIONAL : AGRAVIADA : IMPUTADO : DELITO : MINISTERIO PÚBLICO : PROCEDENCIA : IMPUGNANTE : ASUNTO :
01173-2009-33-1601-JR-PE-05 LUCIO ZAVALETA MENDOZA MENOR R.P.F.O.S LEIVA SULLON, EDUARDO ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES (EDAD VICTIMA, 7 AÑOS). DRA. ELENA DEL CARMEN JARA CASTAÑEDA FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL II FISCALÍA SUPERIOR PENAL JUZGADO PENAL COLEGIADO DE TRUJILLO MINISTERIO PÚBLICO Y AGRAVIADA APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO DIEZ Trujillo, Cuatro de Junio De Dos Mil Diez.
VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor VÍCTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Juez Superior Titular, Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), doctor WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Juez Superior Titular), en la que intervienen como parte apelante, el Ministerio Público a través de su representante y la agraviada, quienes han interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, resolución número cinco de fecha dos de febrero de dos mil diez. I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
1.
Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recurso de apelación interpuesto por, el Ministerio Público y la parte agraviada contra la sentencia absolutoria, resolución número cinco de fecha dos de febrero de dos mil diez, obrante en las páginas setenta y cuatro a ochenta; la misma que, absuelve al imputado de la acusación fiscal como autor del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, en agravio de la menor de iniciales R. P. F. O. S.
2.
Fundamentos del Recurso de Apelación: 2.1.- El Ministerio Público, a través de su representante, con fecha dos de febrero de del presente año, interpone recurso de apelación según consta
372
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA en acta de registro de audiencia de lectura de sentencia, obrante en la página setenta y tres, apelación que fue fundamentada con posterioridad a su interposición como consta en autos, a fojas ochenta y ocho, solicitando la nulidad de la sentencia absolutoria expedida por el Juzgado Colegiado, por cuanto el A quo ha arribado a conclusiones erradas, ha valorado indebidamente los medios probatorios que se han actuado en juicio, lo cual pues afecta al derecho a la debida motivación, realizando un motivación aparente, no habiendo valorando los medios probatorios en forma conjunta. 2.7
Señala que, en juicio oral se han actuado tanto la prueba documental como la prueba testimonial pertinentes, existiendo incluso un careo entre la madre de la menor agraviada y el imputado, por lo cual considera que el Juzgado Colegiado ha realizado una errada conclusión de los medios probatorios actuados. No puede concluir que el sentenciado no pernoctaba en el lugar, sólo llega a esta conclusión con una parte de la declaración del imputado y no ha tenido en cuenta el contra interrogatorio, en el que si acepta, asimismo, la madre de la menor agraviada ha declarado que los sábados si pernoctaba y en vacaciones todos los días. De igual forma, el procesado ha admitido que la menor si ingresaba a su dormitorio. En la sentencia se dice que la madre ha manifestado que “nunca ha descuidado a su hija” y que la menor habla despacio, por ello no se ha actuado con arreglo a la sana crítica y las reglas de lógica, pues tratándose de un niña víctima está afectada. En la sentencia no se ha hecho pronunciamiento sobre las pericias psicológicas.
2.8
A su turno, la defensa de la agraviada, en su recurso de apelación, ha manifestado que no se ha aplicado en Acuerdo Plenario 02/05, y que existen elementos probatorios para que se revoque la sentencia apelada, pues la menor mantiene su imputación sin animadversión al procesado y que la relación sentimental que se atribuye a su madre con el imputado recién se ha introducido en el juicio oral. Asimismo, la niña tiene consecuencias psicológicas con reacción depresiva; existe verosimilitud, pues el acusado vivía en el inmueble; la persistencia de la incriminación también se cumple. También la pericia psicológica del sentenciado indica que tiene dificultad en el control de sus impulsos y disfunción de orden sexual.
2.9
La defensa técnica del procesado solicita que se confirme la sentencia apelada por no existir pruebas de cargo. Analizando el Acuerdo Plenario, antes mencionado, menciona respecto a la temporalidad de la denuncia, habiéndose enterado la madre el veintiuno de enero de dos mil nueve, celebró el cumpleaños de su hijo al día siguiente y recién denunció el día veintisiete. Fundamenta que la madre ha manipulado a la
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
373
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro agraviada debido a la relación extramatrimonial que ha sostenido con el sentenciado, y que inclusive en el juicio se sonrojó y desencajó cuando se le imputó la relación impropia. De igual forma no existe verosimilitud respecto de los hechos, porque en el inmueble viven de quince a dieciocho personas, por lo que existe una duda razonable. Existen contradicciones en las declaraciones de la madre pues manifiesta que los hechos se produjeron sobre la ropa de la víctima y ésta refiere que fue sobre su vagina, por ello las declaraciones de la menor aunadas a que recibe un medicamento para evitar las convulsiones, resultan distorsionadas; y, finalmente que no existe persistencia en la incriminación, invocando el Principio in dubio pro reo. 3.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. II.- ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron ni se actuaron medios de prueba. III. CONSIDERANDOS: 3.1. PREMISA NORMATIVA:
374
A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia absolutoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, contenido en el artículo 176°-A del Código Penal, el cual prescribe que: “El que sin propósito de practicar el acto sexual u otro análogo, comete un acto contrario al pudor en una persona menor de catorce años, será reprimido con las siguientes penas privativas de libertad: 1.
Si la víctima tiene menos de siete años, con pena no menor de siete ni mayor de diez años.
2.
Si la víctima tiene de siete a menos de diez años, con pena no menor de cinco ni mayor de ocho años.
3.
Si la víctima tiene de diez a menos de catorce años, con pena no menor de cuatro ni mayor de seis años.
Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del Artículo 173 o el acto tiene un carácter particularmente degradante o produce un grave daño en la salud, física o mental GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA de la víctima que el agente pudo prever, la pena será no menor de ocho ni mayor de doce años de pena privativa de libertad”.
En el delito de actos contrarios al pudor, el bien jurídico protegido es la libertad sexual de un hombre o de una mujer, entendiéndose dicha figura delictiva como todo tocamiento lúbrico somático que realiza el sujeto pasivo, con el fin de satisfacer su apetito sexual.49
3.2. Es materia de impugnación, la sentencia condenatoria, resolución número cinco de fecha dos de febrero del año dos mil diez, obrante en las páginas setenta y cuatro a ochenta; la misma que absuelve a EDUARDO LEIVA SULLON como autor del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, en agravio de la menor de iniciales R.P.F.O.S. 3.3. Los hechos que son materia de acusación descritos por el Ministerio Público consisten en que durante el año dos mil ocho, la menor agraviada vivía en el domicilio ubicado en la calle Chávez Aguilar número quinientos dieciséis de la Urbanización Primavera, conjuntamente con sus padres, lugar donde también vivía el procesado con su familia, y aprovechando las oportunidades en las que la menor agraviada había ingresado a su dormitorio a efectos de jugar con el karaoke que había en dicho lugar, el ahora sentenciado habría besado a la menor en la boca, realizándole además tocamientos indebidos, poniéndole el pene en su vagina y en sus nalgas, hecho que se había repetido en diversas oportunidades hasta que en el mes de Enero le comunicó a su madre, procediendo a hacer la denuncia. 3.4. Respecto de la tesis nulidificante del Ministerio Público, al efectuarse el examen de la sentencia venida en grado, se advierte que la misma ha sido dictada haciendo una valoración conjunta de las declaraciones del procesado Eduardo Leiva Sullón, de la menor agraviada de iniciales R.P.F.O.S., de la testigo Araselis Martina Solano Ortiz, madre de la menor agraviada, el careo entre ésta última y el procesado, las testimoniales de los Policías Julio Américo Nanay Barrera y Rolando Cruz Montoya, conforme se advierte del Considerando siete , efectuando juicios de ausencia de la cuestión criminal, lo que le ha permitido arribar a la absolución. En relación a lo mencionado, respecto de la valoración de la prueba testimonial, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado
49 EJECUTORIA SUPERIOR DE LA SALA PENAL DE APELACIONES PARA PROCESOS SUMARIOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DEL 18 DE MAYO DE 1998, EXP. N° 8145-97.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
375
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar la falta de responsabilidad del procesado, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte y actuación de las pruebas. Y respecto de la ausencia de valoración de las Pericias Psicológicas, no resulta tampoco correcta tal afirmación puesto que el en item 7.4.f. de la sentencia se ha considerado que no es determinante para fundamentar una sentencia condenatoria. 3.5. En este orden de ideas este Colegiado Superior considera que la sentencia venida en grado se ha dictado cumpliendo con los requisitos de los artículos 394 y 398 del Código Procesal Penal, por tanto, no se han configurado ninguna de las causales de nulidad previstas en el artículo 150 literal d) del mencionado Código. 3.6. En efecto devolutivo de la solicitud de revocatoria de la parte agraviada, la descripción de la prueba actuada en juicio oral, tiene como mérito, que el Juzgado Colegiado si ha tenido en cuenta los presupuestos previstos en el Acuerdo Plenario Nº 2-2005-CJ-116 numeral diez“50, desvirtuando las ga-
50 Tratándose de las declaraciones de los coimputados y testigos, aún cuando sea el único testigo de los hechos, al no regir el antiguo principio jurídico “testis unus testis nullus”, para ser considerada prueba válida de cargo y, por ende, virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia del imputado, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. Las garantías de certeza serían las siguientes: a) Ausencia de incredibilidad subjetiva, es decir, que no existan relaciones entre agraviado e imputado basadas en el odio, resentimientos, enemistad u otras que puedan incidir en la parcialidad de la deposición, que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. b) Verosimilitud, que no sólo incide en la coherencia y solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de ciertas corroboraciones periféricas, de carácter objetivo que le doten de aptitud probatoria. c) Persistencia en la incriminación, con las matizaciones que se señalan en el literal c) del párrafo anterior. (…)”.Guerrero López , Iván Salomón, en Common Law en el Perú?. Jurisprudencia Penal Vinculante- Acuerdo Plenario Nº 2-2005-CJ-116.pp 261.
376
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA rantías de certeza de las declaraciones efectuadas en el juicio oral. Es en este sentido, que éste colegiado advierte para sustentar el juicio de absolución se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas en juicio oral, las mismas que han sido materia de un debate contradictorio por parte del representante del Ministerio Público y la defensa del procesado, así como que en virtud del principio de inmediación, el colegiado ha podido observar de manera objetiva las declaraciones tanto del imputado como la de la agraviada, realizando el análisis del caso concreto en su contexto valorativo que fundan la sentencia apelada. 3.7. Para fundamentar un juicio de absolución se requiere que no se haya desvirtuado la presunción de inocencia51, recogido en el literal e) del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política, a la que algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad” y además sobre el “in dubio pro reo” a que se contrae el numeral 11 del artículo 139 de nuestra Constitución Política, cabe precisar que según la abundante doctrina, estas categorías jurídicas están íntima y directamente vinculadas a la actividad probatoria, pues no se puede hablar de una de ellas si no ha existido recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; es en ese sentido, que éste colegiado advierte para sustentar el juicio de absolución se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas en juicio oral, las mismas que han sido materia de un debate contradictorio por parte del representante del Ministerio Público y la defensa del procesado, así como que en virtud del principio de inmediación, el Juez ha podido observar de manera objetiva la declaraciones, cuya valoración la realiza en el Considerando Siete denominado “Subsunción del hecho a la Norma”, habiendo el Colegiado de primera instancia, motivado su decisión en forma consistente y razonada, por tal razón, se determina que la sentencia venida en grado se ha sustentando en
51 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”.
En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
377
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, motivo por el cual se decide la confirmatoria de la resolución apelada. 3.8. Es indudable que para revertir la condición inicial de inocente que tiene todo procesado y dictar sentencia condenatoria, es necesario que las pruebas sean contundentes, claras como la luz del día, lo que no acontece en el presente caso, donde existen versiones contradictorias de la menor agraviada y de su madre, dejando en duda las afirmaciones de la menor agraviada. 3.9. De lo expuesto, se advierte claramente que existe duda, de ahí, que en aplicación del principio universal de indubio pro reo recogido en el numeral once del artículo ciento treinta y nueve de la Constitución Política del Estado y el principio de presunción de inocencia recogido en el literal e) del numeral veinticuatro del artículo dos de la Constitución Política, referente a los derechos de la persona y el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal vigente, resulta la confirmatoria de la sentencia apelada. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 3) CONFIRMAR la sentencia absolutoria, expedida mediante resolución número cinco de dos de febrero de dos mil diez, obrante en las páginas setenta y cuatro a ochenta; la misma que, absuelve a EDUARDO LEIVA SULLON del delito de ACTOS CONTRA EL PUDOR EN MENORES, en agravio de R.P.F.O.S., con lo demás que contiene. 5) NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Ponente y Directora de Debates, Señora Doctora Lilly Del Rosario Llap Unchón.
378
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA
9.
APROPIACION ILICITA – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE IMPUTADO DELITO AGRAVIADO APELANTE ASUNTO
: 01628-2010-13-1601-JR-PE-04 : UBALDO DUMAN GUTIÉRREZ VERDE : APROPIACIÓN ILICITA : AGROPERU S.A. : AGRAVIADA : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA
Trujillo, Veintinueve De Setiembre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - - - - - - - - - I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
1.1. Viene en apelación la sentencia que absuelve a Ubaldo Duman Gutiérrez Verde como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad, de apropiación ilícita en agravio de la empresa Importadora AGROPERU S.A.- - - - - - - - - - - - ----------------1.2. Que, el abogado del la parte agraviada ha interpuesto el recurso de apelación, solicitando se declara nula la sentencia, por cuanto se han vulnerado garantías constitucionales y normas procesales por considerar que el hecho si constituye el delito de apropiación ilícita y en todo caso para motivar una desvinculación en mérito a las facultades previstas en el artículo 374 del CPP que el Juez ha obviado y no ha tomado en consideración. - - - - - - - - - - - - - - -----------1.3. Que, por su parte el abogado del imputado, solicita que se confirme la sentencia venida en grado, por considerar que ha sido expedida conforme a ley.- - -------------------------------------1.4. Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
379
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro II.- CONSIDERANDOS: FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1 Que, el Artículo 190 prescribe que “El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.” 2.2 Que existe apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre un bien mueble, que ha recibido lícitamente por un titulo que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio, ya sea el bien del que se ve privado el propietario, ya el valor incorporado a él, esto es, el valor inherente al bien mismo en virtud de la naturaleza y función del objeto en cuestión; a lo que se agrega el hecho que el ilícito materia de imputación es eminentemente doloso; por lo que el agente debe conocer y querer la apropiación, requiriéndose, además, un elemento subjetivo del tipo, cual es el ánimo de lucro, que comprende la intención de apoderarse de un bien y la de obtener un beneficio o provecho. 52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----2.3 El autor nacional Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre ha precisado que quien no tenía la obligación de devolver el bien, nunca, podrá ser autor de Apropiación Ilícita (…) Cuando el Gerente usa en provecho propio o en beneficio de tercero, el patrimonio de la persona jurídica, constituye una modalidad típica de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas. 53 - - - - - - - - - - - - - - - - - ------------------FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación Que, en la sentencia apelada se ha precisado que los hechos materia de la acusación consisten en que el 23 de octubre de 2008, el acusado ingresó al local de la empresa importadora AGROPERU S.A., ubicado en las localidades de Virú y Chao y sustrajo toda la mercadería que allí se encontraba así como el dinero producto de la venta de los bienes. Que el mismo acusado reconoce que había ingresado a la empresa y que retiró los productos que ahí se encontraban, valorizados en S/ 36,516.00 y S/20.664.00, con el fin de resguardar su patrimonio en el 51% de las
52 R.N. N° 573-2004. Corte Suprema de Justicia de la Republica. Primera Sala Penal Transitoria. 53 Peña Cabrera Freyre Alonso R. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. Editorial. IDEMSA. Febrero 2010. Pág 286.
380
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA acciones de la empresa agraviada, ya que su socio se había apoderado de $ 1 000 000 y que si devolvía el dinero corría el riesgo de que su socio lo desaparezca. Que el acusado valiéndose de su cargo como gerente de la empresa agraviada se apoderó de dichos bienes pese a habérsele cursado cartas notariales, pero este no devolvió, por lo que el acusado ha actuado con el animus de incrementar a su patrimonio una suma dineraria perteneciente a la empresa. - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------De los fundamentos de la apelada2.4 En la sentencia apelada, se precisa que el propio acusado ha aceptado haber retirado los productos mencionados de las tiendas de Virú y Chao; hecho que se corrobora con las declaraciones de Marco Antonio Rodríguez Pando, Ruperto Gutiérrez, Roger Eduardo Verde Zavaleta, y Gregorio Hermógenes Reyes Romero. El acusado asumió por mandato judicial la calidad de Gerente General de la Empresa Importadora AGROPERU S.A. y en tal condición procede al retiro de la mercadería, por lo que es evidente que se trata de un asunto de carácter netamente societario, que tiene que resolverse por las normas que contiene el régimen de administración de una sociedad. No existe en autos prueba alguna que acredita la entrega al acusado de los bienes que es indica que se ha apoderado o sustraído; asimismo no aparece como prueba documental la carta notarial que acredite que se haya efectuado el requerimiento de devolución. Así como en esta clase de delitos resuelta indispensable una pericia contable para determinar o establecer el monto de lo apropiado, pericia que no se ha practicado; por lo que no se dan los presupuesto de los elementos de tipo objetivo del delito de apropiación ilícita. - - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 Delimitación de la pretensión del impugnante.
Que el abogado de la parte agraviada en su alegato ante esta instancia ha solicitado que se declare nula la sentencia por cuanto ha habido vulneración de garantías constitucionales y normas procesales, indicando que en la conducta atribuida al acusado concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo de apropiación ilícita y en todo caso ha existido un desconocimiento de orden procesal por cuanto el artículo 374 del CPP establece que antes de iniciar los alegatos de clausura si el Juez advierte que se trata de otra conducta y no la que se sostiene en la tesis acusatoria, existe la posibilidad de que invoque a las partes sobre todo a la fiscalía, le permita la posibilidad de una recalificación de la conducta a fin de no generar un estado de indefensión y un estado de impunidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.6 Análisis de la pretensión impugnatoria del sentenciado. 2.7 Que, en el delito de apropiación ilícita previsto en el artículo 190 del CP según el autor Nacional Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, el objeto materia del
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
381
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro delito ingresa en forma lícita a la esfera de custodia del autor, y la calidad del injusto típico deviene a posteriori, cuando el sujeto activo se niega a devolver el bien, produciéndose en consecuentemente una apropiación ilegal; y citando al extinto autor Raúl Peña Cabrera, sostiene que la esencia de esos delitos se limitan a aquellos casos en los que se trasmiten la posesión a través y exclusivamente mediante un título que señala la forma y modo de devolver el bien recibido. 54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - 2.8 Que en la sentencia apelada se ha llegado a establecer que el día 23 de octubre del 2009 el acusado al haber recuperado la condición de gerente de la empresa agraviada, por mandato judicial, procedió a retirar mercadería de los locales ubicados en la localidad de Virú y Chao; hecho que ha sido admitido por el acusado; quien en su declaración prestada en juicio oral ha señalado que la mercadería lo retiro con cargadores en un camión y los ha vendido porque en su calidad de gerente tiene esa potestad; y el monto de la venta lo tiene a buen recaudo, para una futura liquidación de la empresa, por ser bienes de la empresa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 2.9 Que en el presente caso se advierte que la mercadería ha ingresado en forma lícita a la esfera de custodia del acusado, bajo el titulo de administración, al haber asumido la condición de gerente, conforme ha quedado probado, con el acta de toma de posesión de cargo actuada por el Juez de Paz de Segunda Nominación de Chao y en tal condición ha asumido la disponibilidad del bien, al amparo de las facultades previstas en la Ley 226887- Ley de Sociedades; por lo que bajo esa facultad el acusado ha procedido a vender dicha mercadería y el producto de la venta a quedado pendiente de una rendición de cuenta, conforme lo ha sostenido en su glosada declaración. - - - - - - - 2.10 De lo glosado no se advierte que el acusado haya incorporado a su esfera de dominio el producto de la venta de la mercadería de la empresa, que es uno de los presupuestos para la configuración del tipo penal materia de acusación, sino que por problemas entre los socios, en el que ha mediado una decisión judicial para que el acusado reasuma el control de la empresa, ha motivado que el acusado, haya puesto a buen recaudo el producto de esta venta y sujeta a una liquidación, conforme lo ha afirmado en su declaración prestada en juicio oral. Además, se aprecia que no se ha realizado una rendición de cuentas, que en casos como este permiten objetivamente determinar si el sujeto agente está actuando como dueño del objeto, especie o dinero al rehusarse a su devolución; resultando para ello ilustrativa la ejecutoria recaída en el
54 Peña Cabrera Freyre Alonso R. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. Editorial. IDEMSA. Febrero 2010. Pág 281 y 282.
382
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA expediente 6922- 97, que establece que tratándose del delito de apropiación ilícita imputado a los miembros de la junta directiva de una asociación civil, no procede denunciar penalmente sino después de rendidas las cuentas o practicada liquidación contable y determinados los bienes y saldos dinerarios y el respectivo requerimiento para la entrega de estos últimos”. 55 De lo que se colige que se trata de un conflicto entre socios que debe ser ventilado dentro del ámbito del derecho societario, y no en el ámbito del derecho penal que es un mecanismo de control social formal, que tiene como principio rector ser fragmentario y de última ratio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -------------2.11 Que, con relación a que el Juez no ha procedido conforme lo establece el artículo 374 del CPP, es de precisarse que en el presente caso no se advierte que estos hechos se adecuen a otro tipo penal, más aún si el apelante tampoco lo ha precisado, además es de advertirse que la representante del Ministerio Público en esta instancia se ha desistido de la apelación que interpuso contra la sentencia apelada y ha expresado que se encuentra conforme con los fundamentos de la misma, por tanto es evidente que el titular de la acción penal pública, también considera que el presente caso no tiene relevancia jurídica penal; fundamentos por los cuales este argumento del abogado del actor civil no tiene sustento, ni merito para fundar la nulidad solicitada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.12 Que en este orden de ideas se aprecia que el Juez Unipersonal ha realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto de las pruebas actuadas en audiencia de juicio oral, en la que se ha determinado que la conducta atribuida al acusado no constituye delito por lo que la sentencia absolutoria venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales, debe ser confirmada. -----III.- RESOLUCION:
Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - - - - - - - - -
55 Peña Cabrera Freyre Alonso R. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. Editorial. IDEMSA. Febrero 2010. Pág. 296.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
383
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
384
CONFIRMAR la sentencia que absuelve al acusado Ubaldo Duman Gutierrez Verde, como autor de la comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de apropiación ilícita en agravio de la Empresa Importadora AGROPERÚ S.A., con lo demás que contiene. - - - - - - - - - - - - - ------------------------------
ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Walter Ricardo Cotrina Miñano. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA
10. APROPIACION ILICITA – REVOCAN SENTENCIA CONDENATORIA ABSOLVIENDO AL SENTENCIADO EXPEDIENTE : 04015-2009-83-1601-JR-PE-05 IMPUTADO : MARCK DAMON CABRERA TORRES LEIDI MARIBEL REATIGUI ROJAS DELITO : APROPIACIÓN ILICITA AGRAVIADO : APELANTE : IMPUTADO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA
Trujillo, Treinta de diciembre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILLY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - - - - ------I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO: 1.1. Viene en apelación la sentencia que condena a los acusados Mark Damon Cabrera Torres Y Leydi Maribel Reátegui Rojas, como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad, de apropiación ilícita en agravio de la Asociación de Padres de Familia – APAFA de la Institución Educativa “María del Socorro” N° 80034 de Huanchaco .- 1.2. Que, el abogado del imputado Mark Damon Cabrera Torres ha interpuesto el recurso de apelación, solicitando que se sentencia sea revocada, por considerar que la Sentencia es subjetiva y sólo se sustenta en que no se ha acreditado los gastos realizados por su patrocinado, además no existe ningún documento de culpabilidad, el hecho no cumple con el elemento subjetivo y objetivo de delito imputado, no existe apropiación ya que el gasto ha sido en beneficio del centro educativo tal como faculta la ley de APAFAS. 1.2. Que, el abogado de la imputada Leydi Maribel Reategui Rojas ha interpuesto recurso de apelación con la sentencia de primera instancia, solicitando que la sentencia sea revocada, por considerar que no se ha acreditado el injusto penal, ya que la perito no ha declarado en juicio oral, por lo que no se ha actuado esta pericia. 1.3. Que, por su parte el representante del Ministerio Público solicita que se confirme la sentencia venida en grado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
385
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 1.4. Que en la audiencia de apelación no se han actuado nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales, el imputado brindó su declaración; por lo que, como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - --------------------------------------- II.- CONSIDERANDOS: FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.- Que, el Artículo 190 prescribe que “El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.” 2.2.- Que existe apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre un bien mueble, que ha recibido lícitamente por un título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio, ya sea el bien del que se ve privado el propietario, ya el valor incorporado a él, esto es, el valor inherente al bien mismo en virtud de la naturaleza y función del objeto en cuestión; a lo que se agrega el hecho que el ilícito materia de imputación es eminentemente doloso; por lo que el agente debe conocer y querer la apropiación, requiriéndose, además, un elemento subjetivo del tipo, cual es el ánimo de lucro, que comprende la intención de apoderarse de un bien y la de obtener un beneficio o provecho. 56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------2.3.- El artículo 2 inciso 20 literal e) de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; que se encuentra desarrollado en el artículo II del Título Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales.
56 R.N. N° 573-2004. Corte Suprema de Justicia de la Republica. Primera Sala Penal Transitoria.
386
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación 2.4.- Que, en la sentencia apelada se ha precisado que los hechos materia de la acusación consisten en que los acusados Mark Damon Cabrera Torres y Leydi Maribel Reátegui Rojas, se les atribuye el hecho de que en su condición de Presidente y Tesorera de la APAFA de la Institución Educativa “Maria del Socorro” N° 80034 de Huanchaco durante el periodo 2007-2008, no presentaron los informes de movimiento económico y el estado financiero que tenían en su poder como consecuencia del aporte económico realizado por los padres de familia de la Institución Educativa “Maria del Socorro” N° 80034 de Huanchaco, por concepto de APAFA, a pesar de habérseles requerido oportunamente y en diversas oportunidades por parte de los padres familia de la referida Institución Educativa, de la Presidente del Consejo de Vigilancia , del Presidente del Órgano de Control y Vigilancia y del Director del Centro Educativo. El monto del que se han apropiado indebidamente los acusados asciende a la suma aproximada de 9,096 nuevos soles, monto dinerario que ha sido aportado por los padres de familia de la referida Institución en la cuenta N° 001-700-17-494-0, de la Caja Nor Perú, producto de los fondos que tenia dicha persona jurídica como consecuencia del aporte e ingresos recaudados por los anteriores representantes legales de la APAFA hasta el 15 de diciembre de 2007, apropiación correspondiente al periodo que ejercieron los imputados como Presidente y Tesorera respectivamente, esto es desde Junio del 2007 al mes Junio del 2008, en que se eligió a la nueva junta directiva, de la que aparece que el 30 de Junio de 2007, aparecía como saldo a favor de la APAFA la suma de 8,844 nuevos soles con 54 céntimos, y al término de la gestión de los denunciados se aprecia un saldo de 68 céntimos . Además, de 23 recibos por concepto de cuota extraordinaria cancelados por los padres de familia de dicho Centro Educativo, en el mes de Enero del 2008, durante la gestión de los acusados, aparte del monto dinerario se les atribuye a los acusados la apropiación de documentos contables de la APAFA, los mismos que dichos imputados tienen en su poder, pese a habérseles requerido en diversas oportunidades sin ser devueltos, tal como se desprende del Acta de Asamblea Extraordinaria de Padres de Familia de fecha 30 de Abril del 2008.De los fundamentos de la apelada2.5.- En la sentencia apelada, se precisa que ha quedado acreditado el delito de apropiación ilícita con el Estado de la Cuenta de Ahorro de la Caja Nor Perú que corre de fs. 19 a fs 28 del Expediente Judicial que el anterior Consejo Directivo de la APAFA presidido por la señora María Virginia Candiotti Asseo dejó un saldo contable de 8,937 nuevos soles con 8 céntimos, que guarda con-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
387
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro cordancia con el Estado de este último se detalla los retiros efectuados por los acusados durante su gestión hasta dejar en dicha cuenta de ahorros con un saldo de 68 céntimos, sin que halla cumplido con rendir cuentas del dinero retirados requerimientos que les hicieron la Presidenta del Consejo de Vigilancia, como consta en los oficios que corren a fs. 32 y 33, oficio del Juez de paz de Huamachuco de fs. 41 y cartas notariales de fs. 86 y 87 de expediente judicial; Asimismo el delito esta acreditada con las declaraciones testimoniales realizadas en juicio oral por Dagoberto Vargas Paz y por Isabel Morazán Vargas, miembro del Consejo Educativo Institucional – CONEI y Presidenta del Consejo de Vigilancia de la APAFA, quienes declaran que el acusado se ha negado a rendir cuentas, negando además que el dinero retirado de la cuenta de ahorros de la Caja Nor Perú haya sido invertido en la remodelación del local de la Institución Educativa y que le resto haya sido entregado a los padres. Delimitación de la pretensión del impugnante. 2.6.- Que el abogado del imputado Mark Damon Cabrera Torres en su alegato ante esta instancia ha solicitado que se revoque la sentencia venida en grado, por considerar que su patrocinado una vez asumida sus funciones, retiró el dinero con la finalidad de ser utilizado en mejoras del centro educativo, existen fotografías que acreditan la construcción, además el gasto no han sido negado, por lo que los denunciantes tenían alguna objeción deberían actuar mediante el proceso civil de rendición de cuentas, ya que el proceso penal es la última alternativa, siendo la conducta de su patrocinado atípica. 2.7.- Que el abogado de la imputada Leydi Maribel Reátegui Rojas en su alegato en audiencia de apelación ha sostenido de que la anterior junta no dejo ningún monto económico, pero no hay discusión que había un dinero recaudado ese año, el dinero había sido gastado para hacer mejoras del centro educativo, construcciones, carpetas; atribución que señala la ley de APAFA 28628 en su artículo 16; además el perito, no concurrió a juicio oral a fin de indicar que técnica utilizó en su informe, no teniendo valor probatorio conforme lo indicado en el Artículo 383 numeral c. - - - - - - - - - - - - - - - - - Del delito de Apropiación ilícita, materia de acusación. 2.8.- Que, en el delito de apropiación ilícita previsto en el artículo 190 del CP según el autor Nacional Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre, el objeto materia del delito ingresa en forma lícita a la esfera de custodia del autor, y la calidad del injusto típico deviene a posteriori, cuando el sujeto activo se niega a devolver el bien, produciéndose en consecuentemente una apropiación ilegal; y citando al extinto autor Raúl Peña Cabrera, sostiene que la esencia de esos delitos se limitan a aquellos casos en los que se trasmiten la posesión a través y exclu-
388
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA sivamente mediante un título que señala la forma y modo de devolver el bien recibido. 57 - - - - - 2.9.- La jurisprudencia ha establecido que existe apropiación ilícita cuando el agente realiza actos de disposición o un uso determinado sobre un bien mueble, que ha recibido lícitamente por una título que no le da derecho a ello, incorporando a su patrimonio, ya sea el bien del que se ve privado el propietario, ya sea del valor incorporado a él, esto es el valor inherente al bien mismo en virtud de la naturaleza de su función del objeto en cuestión; a lo que se agrega el hecho que le ilícito materia de imputación es eminentemente doloso –“animus doloso”-; por lo que el agente debe conocer y querer la apropiación, requiriéndose, además, un elemento subjetivo del tipo, el cual es el ánimo de lucro, que comprende la intensión de apoderarse del bien y la de obtener un beneficio o provecho58. En el mismo sentido según la doctrina, la figura típica previsto el artículo 190 adquiere perfección delictiva, cuando el agente se propia de forma definitiva del bien o cuando hace un uso determinado de aquel; estado consumativo que ha de condecirse con uso determinado de aquel; estado consumativo que ha de condecirse con ciertos actos de disposición que efectué sobre el bien, que haya de advertir ya la intención de ejercer un nuevo dominus sobre la cosa (ocultarla, pretender venderla o dala en arrendamiento). De todas maneras, como expresa Peña Cabrera, en diversas manifestaciones de apropiación dificultan la elaboración de una regla general59. - - - - - - - - - Análisis de la resolución recurrida y valoración de la prueba.2.10.- Que, el estado de cuenta de Ahorro de la Caja Nor Perú que corre a fojas 19 a 28 de expediente judicial acredita que el anterior Consejo Directivo de la APAFA anterior le dejó un saldo contable de 8,937 nuevos soles con 8 céntimos; que guarda concordancia con el Estado de este último se detalla los retiros efectuados por los acusados durante su gestión hasta dejar en dicha cuenta de ahorros con un saldo de 68 céntimos; que si bien se ha acreditado estos hechos e incluso con la declaración del imputado, no se ha acreditado el suma de dinero apropiado, que es muy diferente al saldo dejado por la anterior ges-
57 Peña Cabrera Freyre Alonso R. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. Editorial. IDEMSA. Febrero 2010. Pág. 281 y 282. 58 Recurso de Nulidad N° 573-2004 /LIMA; Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica. Pág. 1 y 2. 59 Peña Cabrera Freyre Alonso R. “Derecho Penal – Parte Especial”. Tomo II. Editorial. IDEMSA. Febrero 2010. Pág. 289.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
389
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro tión, puesto que la APAFA está autorizada a realizar una serie de gastos, por lo cual merecía un examen pericial, además en el delito de apropiación ilícita se hace necesario la pericia contable a fin de determinar el monto apropiado, por lo que es fundamental la actuación de la pericial contable para determinar la cantidad de dinero apropiado indebidamente60; al no haberse actuado el examen de la pericia contable, no es posible determinar los ingresos, egresos y gastos que los procesados realizaron durante el periodo que ocuparon el cargo de Presidente y Secretario respectivamente; por lo que no se ha logrado acreditar fehacientemente lo ilícitamente apropiado por parte de los procesado, y cuál es el perjuicio económico ocasionado a la asociación. 2.11.- La Ley 28628, ley que regula la participación de las asociaciones de padres de familia en las instituciones educativas públicas, establece en su Artículo 16 numeral a) que los recursos pueden destinarse a colaborar con el mantenimiento y reparación de la infraestructura física; señalando además que puede destinarse los recursos a la conservación y refacción del mobiliario escolar; además tomando en cuenta que el acusado en audiencia de Juicio Oral y en Audiencia de Apelación, a declarado de manera uniforme que ha realizado gastos en beneficio del Centro Educativo y a solicitud del director del Plantel; a criterio de la Sala para que se configure el delito de apropiación ilícita es necesario que le agente realice actos de disposición del dinero que le ha sido entregado en su administración, actos al que no tenía derecho; que si bien no se ha rendido cuentas en el tiempo y modo oportuno de los fondos recibidos por los anteriores directivos de la asociación de padres de familia, así como no hacer entrega de la documentación requerida por el Consejo de Vigilancia y nueva Directiva de APAFA; e incluso dicha documentación pudo ser solicitada sólo por los padres de familia, a fin de recibir la información; pero al no existir la pericia contable que acredite el monto apropiado los acusados deben ser absueltos; teniendo en cuenta que la parte acusadora no ha aportado material probatorio que acredite el agravio a la asociación. 2.12.- Por estas consideraciones, esta Sala considera que en la resolución recurrida el Juez no ha expresado con suficiencia, claridad y coherencia las razones que ha tenido para condenar a los imputados, por lo que la sentencia debe ser revocada y reformándola absolver a los acusados. - - - - - -
60 Resolución Suprema N° 399-1999/JUNIN – Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la Republica.
390
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA III.- RESOLUCION: Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:.- - - - - - - - - - ------ REVOCAR la Sentencia que condena a sentencia que condena a los acusados Mark Damon Cabrera Torres Y Leydi Maribel Reategui Rojas, como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad, de apropiación ilícita en agravio de la Asociación de Padres de Familia – APAFA de la Institución Educativa “Maria del Socorro” N° 80034 de Huanchaco, a tres años de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución por el plazo de dos años, bajo determinadas reglas de conducta; y fija como reparación civil la suma de 12 nuevos soles que deberán cancelar de manera solidaria a favor de la agraviada; y REFORMÁNDOLA: DECLARARON absolver de la acusación fiscal a Mark Damon Cabrera Torres Y Leydi Maribel Reátegui Rojas, como autor del delito contra el patrimonio en la modalidad, de apropiación ilícita en agravio de la Asociación de Padres de Familia – APAFA de la Institución Educativa “María del Socorro” N° 80034 de Huanchaco.
ORDENARON se devuelva el expediente al juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Director de Debates, el Juez Superior, Lilly del Rosario Llap Unchon. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
391
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
11. APROPIACION ILICITA – REFORMAN INCREMENTO DE REPARACION CIVIL PROCESO PENAL Nº ASISTENTE JURISDICIONAL AGRAVIADO IMPUTADO
: : : :
DELITO : MINISTERIO PÚBLICO : PROCEDENCIA : IMPUGNANTE : ASUNTO :
00186-2010-0-1601-SP-PE-06 LUCIO ZAVALETA MENDOZA BENITES VIUDA DE LAVADO FANNY EMPERATRIZ FERNANDEZ DE CORDOVA ZAVALA, CARLOS EDUARDO APROPIACIÓN ILÍCITA DR. CARLOS MATAMOROS CURIPACO FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL I FISCALÍA SUPERIOR PENAL V JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO ACTORA CIVIL APELA SENTENCIA EN EL EXTREMO REPARACIÓN CIVIL
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE Trujillo, Dos de Noviembre De Dos Mil Diez.
VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), doctor WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Juez Superior Titular), doctor CARLOS AURIO PRADO MUÑOZ (Juez Superior Supernumerario) en la que intervienen como parte apelante, la parte constituida como actora civil, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de condenatoria, de fecha nueve de julio de dos mil diez. I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
1.-
Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud de recurso de apelación interpuesto por la parte constituida como actora civil y contra la sentencia de condenatoria que declara responsable penalmente a CARLOS EDUARDO FERNANDEZ DE CORDOVA ZAVALA, resolución siete de fecha nueve de julio de dos mil diez, obrante en las páginas cincuenta y siete a sesenta y cuatro; la misma que lo condena como autor del delito de APROPIACIÓN ILÍCITA, en agravio de FANNY EMPERATRIZ BENITES VIUDA DE LAVADO, a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de un año, a condición que cumpla con las reglas de conducta allí indicadas y fija una reparación civil de trescientos Nuevos Soles, sin perjuicio de la inmediata devolución de los bienes ilícitamente apropiados o su pago valorizado en la suma de mil ciento veintisiete nuevos soles y veinticuatro céntimos.
392
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 2.
Fundamentos del Recurso de Apelación: 2.1.- La actora civil FANNY EMPERATRIZ BENITES VIUDA DE LAVADO, interpone recurso de apelación según recurso de páginas sesenta y siete a sesenta y ocho, y según consta en acta de registro de audiencia; en el extremo de la sentencia que fija en concepto de reparación civil a su favor la suma de trescientos Nuevos Soles. 2.2.- Señala que en la venida en grado se ha ordenado pagar la suma de trescientos nuevos soles por concepto de reparación civil, pero esta suma no guarda relación con la conducta del procesado que es miembro de la policía nacional del Perú y que en tal condición debió ser un servidor de la justicia y no haber mostrado la conducta que mereció la sentencia condenatoria. Además la actora civil, ha tenido que trasladarse desde la sierra como por ser profesora en al localidad de Santiago de Chuco, lo que le ha ocasionado gastos por concepto de traslados y alojamiento, los que sí pueden ser cubiertos por el condenado pues, como policía nacional del Perú tiene ingresos y así mismo debe reparar los daños que ha ocasionado, solicitando que se incremente la reparación civil a la suma de mil nuevos soles, invocando el artículo 92° del Código penal. 2.3.- El Ministerio Público, no se opone a la pretensión de la actora civil, ya que los hechos se suscitaron desde agosto del 2007 y al no haber devuelto los bienes se sustenta el incremento de la reparación civil; así mismo, es coincidente en cuanto la actora civil ha realizado gastos en los viajes que ha realizado a esta ciudad. 2.4.- Por su parte, el imputado a través de su abogado defensor, solicita que se confirme la sentencia condenatoria en el extremo de la reparación civil; pues, la actora civil nunca ofreció medios de prueba que acredite el daño, según así se desprende del auto de enjuiciamiento. En tal sentido, ya se ha debatido este extremo sin medios probatorios, según así se verifica del fundamento 12 de la sentencia, el juez ha tenido en cuenta los presupuestos de la reparación civil y respecto de los gastos en la persecución del proceso estos deben fijarse como costas, cuyo monto señalado en la sentencia no ha sido materia de impugnación por la ahora apelante.
3.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida en el extremo del monto fijado por concepto de reparación civil. II.- ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron ni se actuaron medios de prueba.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
393
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro III. CONSIDERANDOS 3.1. PREMISA NORMATIVA: 0.1.- A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de Apropiación Ilícita, el cual se encuentra tipificado en el artículo 190°, del Código Penal, cuyo primer párrafo prescribe: “El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o de un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”. 0.2.- El bien jurídico protegido en el delito de Apropiación Ilicita es la propiedad sobre una cosa y, en relación a ésta, la capacidad de disposición que tiene el propietario, lo que implica que tenga derecho a su restitución y como contra partida obliga al otro a la restitución de la cosa61. 3.2. FUNDAMENTOS FACTICOS: 03.- Es materia de impugnación, la sentencia condenatoria, resolución siete de fecha nueve de julio de dos mil diez, obrante en las páginas cincuenta y siete a sesenta y cuatro; la misma que declara responsable penalmente a CARLOS EDUARDO FERNANDEZ DE CORDOVA ZAVALA, resolución siete de fecha nueve de julio de dos mil diez, obrante en las páginas cincuenta y siete a sesenta y cuatro; la misma que lo condena como autor del delito de APROPIACIÓN ILÍCITA, en agravio de FANNY EMPERATRIZ BENITES VIUDA DE LAVADO, a dos años de pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por el plazo de un año, a condición que cumpla con las reglas de conducta allí indicadas y fija una reparación civil de trescientos Nuevos Soles, sin perjuicio de la inmediata devolución de los bienes ilícitamente apropiados o su pago valorizado en la suma de mil ciento veintisiete nuevos soles y veinticuatro céntimos. 04.- Respecto al extremo materia de la apelación, consistente en el monto de la reparación civil de trescientos Nuevos Soles que a solicitud de la actora civil debe incrementarse hasta mil Nuevos Soles y según lo peticionado por el imputado debe mantenerse en dicho monto, se debe adoptar como premisa normativa, el Artículo 93° del Código Penal que establece el contenido de la reparación civil:
61 EJECUTORIA SUPERIOR DE LA SALA DE APELACIONES PARA PROCESOS SUMARIOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DEL 28 DE ENERO DE 1998. EXP. 3567-97. EN JURISPRUDENCIA PENAL PROCESOS SUMARIOS, LIMA GACETA JURIDICA, 1999, PAG. 267.
394
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA ”La reparación comprende: 1. La restitución del bien o, si no es posible, el pago de su valor; y 2. La indemnización de los daños y perjuicios”. 05.- El artículo 93.2° del Código Penal establece que la reparación civil comprende la indemnización de daños y perjuicios, la que comprende los daños patrimoniales y no patrimoniales, como el daño corporal; para establecer el quantum indemnizatorio de la responsabilidad por este tipo de delito en el que agente realiza actos de disposición o uso determinado de un bien mueble y siendo eminentemente doloso, lo que implica un desmedro de la parte agraviada y un beneficio económico respectivamente del condenado y donde el objeto material del delito importa un valor económico de lo que se deduce que la exigencia de la devolución debe ser total. 06.- No obstante lo previsto este Superior Colegiado considera que en el requerimiento acusatorio, el monto de la reparación civil que solicita este Ministerio es de quinientos Nuevos Soles, no obstante ello el juzgador en el fundamento doce de la sentencia apelada, sólo ha impuesto la suma de trescientos nuevos soles como monto de reparación civil, sin perjuicio de la devolución efectiva de lo ilícitamente apropiado, sin que para que el señalamiento se haya considerado que la reparación civil debe estar en función a la magnitud de los daños y perjuicios ocasionados, debiendo existir proporcionalidad entre estos y el monto que por dicho concepto se fija, pues la indemnización cumple una función reparadora y resarcitoria de acuerdo a lo establecido por el artículo 93° y artículo 101° del Código Penal. En consecuencia, en el caso de autos el monto se ha señalado sin existir proporcionalidad entre éste y los daños irrogados, correspondiendo incrementar el monto a la suma de cuatrocientos nuevos soles, siendo esto así, debe revocarse al sentencia en este extremo. III. PARTE RESOLUTIVA Por todas las consideraciones expuestas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD RESUELVE: 1) CONFIRMAR, en el extremo que fija la reparación civil y REVOCAR en el extremo que fija la suma de trescientos nuevos soles y REFORMANDOLA, se incrementa a la suma de cuatrocientos nuevos soles, sin perjuicio de la inmediata devolución de los bienes ilícitamente apropiados o su pago valorizado en la suma de mil ciento veintisiete nuevos soles y veinticuatro céntimos. 2) NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. 3) DEVUÉLVASE la presente causa a su Juzgado de Origen para los fines de ley. Actuó como Ponente y Directora de Debates, la señora Jueza Superior, Doctora Lilly Del Rosario Llap Unchón.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
395
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
12. COACCION – CONFIRMAN SENTENCIA ABSOLUTORIA PROCESO PENAL Nº : 00430 - 2011-0-1601-SP-PE-01 ASISTENTE JURISDICIONAL : MARÍA PATRICIA CHAVEZ DIAZ. AGRAVIADO : EFREN FIDEL RODRÍGUEZ GARCÍA. IMPUTADOS : - CLAUDIO ALEJANDRO JUÁREZ RODRÍGUEZ. - ERASMO CATALINO JUÁREZ RODRÍGUEZ . - PAUL JUÁREZ RODRÍGUEZ. DELITO : COACCIÓN. MINISTERIO PÚBLICO : DRA. JUANA COSME QUIROZ FISCAL ADJUNTO SUPERIOR. PROCEDENCIA : JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL DE OTUZCO, JULCÁN Y SANTIAGO DE CHUCO IMPUGNANTE : ACTOR CIVIL. ASUNTO : APELACIÓN DE SENTENCIA ABSOLUTORIA.
SENTENCIA
RESOLUCIÓN N° DOCE. Trujillo, veintitrés de Noviembre De Dos Mil Once.
VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente), Dra. LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN (Juez Superior Titular, Directora de Debates), Dr. RUDY GONZÁLEZ LUJÁN (Juez Superior Supernumerario) quien interviene por vacaciones del Dr. OSCAR ELIOT ALARCÓN MONTOYA; en la que actúa como parte apelante, el Actor Civil, respecto de la sentencia absolutoria, resolución número siete de fecha primero de julio de dos mil once. I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
1.1. Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Actor Civil contra la sentencia absolutoria, resolución número siete de fecha primero de julio de dos mil once, obrante en las páginas sesenta y siete a setenta y nueve; la misma que absuelve a CLAUDIO ALEJANDRO JUÁREZ RODRÍGUEZ, ERASMO CATALINO JUÁREZ RODRÍGUEZ y PAUL JUÁREZ RODRÍGUEZ de la acusación fiscal en su contra por el delito contra la libertad personal en la modalidad de Coacción, en agravio de Efrén Fidel Rodríguez García.
396
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 1.2. El Actor Civil, a través de su abogado defensor, solicita la NULIDAD de la venida en grado bajo los siguientes argumentos: No ha existido una verdadera investigación pues existen vacíos donde no se ha llevado a cabo una debida investigación, por lo que solicita se realice una nueva investigación. Así como, argumenta que, en la sentencia recurrida, no se han valorado los medios probatorios. 1.3. Por su parte la representante del Ministerio Público sostiene que se ha verificado que para la acción penal, en este estado, los plazos se encuentran vencidos, considerando que los hechos se han producido en octubre de 2008 habiendo transcurrido mas de tres años, lo que conlleva a determinar que el Ministerio Público debe controlar la legalidad del plazo de la acción penal a fin de verificar si el plazo para interponer dicha acción se encuentra vigente. En este caso se encuentra vencido ya que el delito de coacción, que es el que se le atribuye a los procesados, establece la pena de dos años a la misma que sumándole un año resulta un plazo de tres años conforme lo establece el artículo 83 del Código Penal, para el cómputo del plazo de prescripción extraordinaria, en aplicación del cual el colegiado superior, de oficio, debe DAR POR PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL, y al mismo tiempo que debe aplicar el artículo 347(sic) del Código Procesal Penal referido a la extinción de la acción penal por prescripción.
Así, refiere, que al momento de iniciar una Investigación Preparatoria, en la Etapa Intermedia, el Ministerio Público debe verificar la vigencia de la acción penal, verificándose que en este estadio se ha vencido el plazo extraordinario del delito atribuido a los sentenciados cuya sentencia se encuentra con efectos suspendidos; por lo que carece de objeto una revisión de la misma en un nuevo juicio por que en cuanto le corresponde al Ministerio Público perseguir éste ya no se encuentra legitimado para ello.
1.4. La defensa de los procesados se adhiere completamente al pedido de la representante del Ministerio Público. Asimismo, para garantizar los derechos indemnizatorios de sus patrocinados solicita que se someta a debate la presente apelación ya que el agraviado no acredita que se le ha obligado a hacer y/o que se le ha obligado a no hacer algo. Así alega que, el artículo 151 del Código Penal, exige que mediante violencia o amenaza se le impida hacer algo o se le obligue a hacer algo a la víctima, pues bien, en autos no se ha demostrado las amenazas ni lo que el agraviado haya hecho o dejado de hacer producto de las amenazas que le hicieran los procesados. lo único que ha presentado el agraviado es una copia certificada de denuncia que presenta su hija, por haber dejado de trabajar en una mina de carbón en quiruvilca producto de las amenazas o agresiones de los procesados, denuncia que fue dirigida no contra los procesados, sino contra la madre y hermanas de éstos, así es que
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
397
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro la denuncia no se concreta directamente contra ellos, además sólo se trata de una denuncia, no ha llegado a emitirse o corroborarse por pronunciamiento jurisdiccional alguno.
A su vez, concluye que por falta de tipicidad el Ad Quo ha absuelto a sus patrocinados y por ello solicita que SE CONFIRME la sentencia venida en grado.
1.5. Ante esta instancia superior no se admitieron nuevos medios de prueba, así como tampoco se ha oralizado medio de prueba alguno. 1.6. Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el Ad Quo para dictar la sentencia condenatoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto. II. CONSIDERANDOS Premisa Normativa: 2.1. A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia absolutoria, este colegiado superior precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el delito contra la Libertad Personal en la modalidad de Coacción, contenido en el artículo 151° del Código Penal que establece “El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años”. 2.2. Asimismo, es necesario precisar que “La amenaza es aquella acción que debe producir en el sujeto pasivo un temor o compulsión, por lo que se ve obligado a obedecer al agente, realizando una conducta que éste le indica, debiendo ser tal temor consecuencia de una amenaza suficientemente idónea acerca de un mal inminente. La violencia física, en cambio debe ser suficientemente marcada para generar la anulación de la voluntad de la víctima, quien se ve obligada a realizar una conducta no querida”.62 Premisa Fáctica: 2.3. Los hechos que son materia de acusación plasmados en la teoría del caso del Ministerio Público consisten en que el día ocho de octubre de 2008, siendo, aproximadamente, las tres de la tarde, en circunstancias que el agraviado
62 EJECUTORIA SUPERIOR DE LASALA PENAL DE APELACIONES PARA PROCESOS SU-
MARIOS CON REOS LIBRES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA DEL 19 DE DE JUNIO DE 1998, EXP. N° 1310-98-ROJAS VARGAS, FIDEL. JURISPRUDENCIA PENAL COMENTADA, LIMA, GACETA JURÍDICA, 1999. P.683.
398
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA Efrén Fidel Rodríguez García se encontraba en el Taller de Mecánica “Maestro Canevaro”, ubicado en la Av. Villareal de la ciudad de Trujillo, llegaron los imputados con la finalidad de agredirlo físicamente, lo cual no se consumó debido a la intervención de su sobrino Oswaldo Rodríguez Mantilla, sin embargo lo han amenazado de muerte manifestándole que le iban a quitar sus terrenos ubicados en el distrito de Quiruvilca; posteriormente, el día 19 de octubre de 2008 el imputado Alejandro Juárez Rodríguez ha llegado a la casa de la señora Augusta Vilma Rodríguez García, quien es hermana del agraviado, a quien le manifestó que conjuntamente con los otros imputados iban a sembrar drogas o armas al agraviado para que lo metan a la cárcel, acusándolo además de la comisión de supuestos delitos de violación sexual, robo y asesinato, sino accede a sus pretensiones económicas por los terrenos ya mencionados; asimismo el agraviado manifiesta haber sido objeto de amenazas en los Caseríos de San Pedro y Canibamba, en los meses de agosto y setiembre de 2008, a lo cual le restó importancia, sin embargo ante los hechos ocurridos posteriormente refiere que la finalidad de los imputados es apropiarse de sus terrenos y de las minas de carbón que se encuentran dentro de dichos terrenos. 2.4. Respecto a la prescripción de la acción penal, que pretende la representante del Ministerio Público, se tiene el artículo 339 del Código Procesal PENAL , el cual establece en su numeral 1 “ La formalización de la investigación suspenderá el curso de la prescripción de la acción penal.”; Por su parte el Acuerdo Plenario N° 1-2010/CJ- 116 sobre Prescripción: Problemas Actuales, en el desarrollo del tercer tema sobre el apartado uno del artículo 339 del Nuevo Código Procesal Penal, prescribe que “La Formalización de la Investigación Preparatoria suspende el curso de la prescripción de la acción penal”, en su apartado 25 y 26 explica que “La consecuencia mas significativa es que el tiempo transcurrido con anterioridad al momento en que se presentó la causa que suspendió el proceso no se pierde y se sumará al que transcurra después de su reiniciación, pero el tiempo cumplido durante la vigencia de la suspensión no se computa para los efectos de la prescripción extraordinaria.” “Sin embargo, la literalidad del inciso 1 del Artículo 339 del Código Procesal Penal evidencia que regula expresamente una suspensión “sui generis”, diferente a la ya señalada, por que afirma que la formalización de la investigación preparatoria emitida por el fiscal, como director y coordinador de esta etapa procesal – quien adquiere las funciones de las que actualmente goza el juez de instrucción -, suspende el curso de la suspensión de la acción penal. Con la formulación de la imputación se judicializa el proceso por la comunicación directa entre el Fiscal y el Juez de la investigación preparatoria y culmina la etapa preliminar de investigación practicada por el fiscal. En consecuencia, queda sin efecto el tiempo que transcurre desde éste acto Fiscal hasta la culminación del proceso con una sentencia o resolución judicial que le ponga fin
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
399
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro o en su caso hasta que sea aceptada la solicitud de sobreseimiento del fiscal”. Según obra en autos se verifica que la Formalización de la Investigación Preparatoria se produjo en la fecha 28 de enero de 2009, fecha hasta la cual desde que ocurrieron los hechos según la acusación fiscal -el ocho de octubre de 2008-, había transcurrido menos de un año; de este modo lo afirmado por la representante del Ministerio Público carece de asidero; toda vez que no ha operado el plazo prescriptorio extraordinario para el delito de coacción, pues el artículo 151 del Código Penal establece una pena privativa de libertad no mayor de dos años, lo cual concordado con los artículos 80 y 83 del código acotado, y conforme al acuerdo plenario ya referido, con la formalización de la investigación se interrumpió el plazo de prescripción de la acción penal. 2.5. En lo referente a lo expresado por la defensa de los procesados, esta Sala Superior, al haber realizado el análisis de la sentencia impugnada, determina que la venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, respetando de ese modo el derecho al debido proceso y motivación de resoluciones judiciales exigido por nuestro ordenamiento jurídico, al haberse realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, a las cuales este colegiado respetando lo establecido en el artículo 425, numeral 2 del Código Procesal Penal, no puede darle un valor diferente. Y respecto a la prueba documental, ésta también ha sido valorada adecuadamente por la juzgadora de primera instancia. 2.6. En relación a lo mencionado en el considerando precedente, respecto de las testimoniales actuadas, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar que no existe responsabilidad de los procesados. 2.7. Respecto a la alegación de defensa de los procesados en cuanto considera que la sentencia ha motivado debidamente respecto del ejerció de violencia
400
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA o amenaza y que ésta no ha sido suficiente para generar la anulación de la voluntad del agraviado de tal forma que se ve obligado a realizar la conducta no querida, dicho fundamentos no han sido motivo de objeción por parte del apelante en la audiencia de apelación, siendo que este colegiado considera que conforme a la sentencia expedida materia de impugnación es de mérito considerar que el delito imputado se consuma cuando se impídela sujeto pasivo hacer algo prohibido por la ley o hacer algo no exigido por a misma, de tal forma que no se ha doblegado la voluntad y en consecuencia la conducta desplegada no se encuentra o subsume en el tipo penal contenido en el artículo 151 del Código Penal. 2.8. La sentencia apelada hace un análisis probatorio, de lo que se verifica que la juzgadora ha realizado adecuadamente la valoración de los medios probatorios actuados en juicio oral, en forma individual y conjunta; y por lo tanto, la tesis de la defensa del Actor Civil no tiene sustento. La jueza de primera instancia ha respetado el artículo 158° del Código Procesal Penal, así como, los artículos 394° y 398° del Código Procesal Penal, al haber realizado una correcta motivación de la sentencia apelada, cumpliendo además con lo establecido en la norma procesal penal artículo 394, acerca de los requisitos de sentencia. En consecuencia no se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 150 del Código Procesal Penal, al haberse respetado el principio constitucional del debido proceso contenido en el artículo 139.3 de la Constitución y el principio de motivación debida de las resoluciones judiciales, también el sustento constitucional en el numeral 5 del mencionado artículo 139. 3. RESOLUCIÓN: POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1)
CONFIRMAR, la sentencia absolutoria, resolución número siete de fecha primero de julio de dos mil once, obrante en las páginas sesenta y siete a setenta y nueve; la misma que absuelve a CLAUDIO ALEJANDRO JUÁREZ RODRÍGUEZ, ERASMO CATALINO JUÁREZ RODRÍGUEZ y PAUL JUÁREZ RODRÍGUEZ de la acusación fiscal en su contra por el delito contra la libertad personal en la modalidad de Coacción, en agravio de Efrén Fidel Rodríguez García.
2) NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Ponente la Doctora Lilly Llap Unchón.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
401
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
13. COHECHO – CONFIRMA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE : 1411- 2009-26-1601-JR-PE-04 IMPUTADO : ROBERTO EMILIO GARCÍA CIURLIZZA DELITO : COHECHO AGRAVIADOS : - EL ESTADO . - KELLY AIDEÉ HERNÁNDEZ VÁSQUEZ. PROCEDENCIA : 8° JUZGADO UNIPERSONAL DE TRUJILLO. APELANTE : MINISTERIO PÚBLICO ASUNTO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA
Trujillo, Veintitrés de Marzo Del Año Dos Mil Once. VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Presidente de Sala), Dra. LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHON (Directora de Debates), y OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA(Juez Superior Titular). I.- PLANTEAMIENTO DEL CASO: 1.1.- Es materia de apelación la sentencia de fecha cinco de julio de dos mil diez, que obra de las páginas cincuenta y uno a cincuenta y cinco que absuelve de la acusación fiscal a Roberto Emilio García Ciurlizza por la comisión del delito de Corrupción de Funcionarios en la modalidad de Cohecho Propio, en agravio de la Dirección Regional de Educación de La Libertad y Kelly Aideé Hernández Vásquez. 1.2.- El Ministerio Público ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, solicitando se REVOQUE la sentencia venida en grado, en virtud que el A Quo no ha realizado una adecuada valoración de la prueba actuada en juicio oral, específicamente, ha desacreditado la testimonial de la agraviada por considerarlo que carece de credibilidad basándose en subjetividades, y tratando de orientar las demás testimoniales hacia una sentencia absolutoria; por lo cual solicita se revoque la sentencia y se imponga una sentencia condenatoria. 1.3.- Por su parte el abogado del procesado Roberto Emilio García Ciurlizza, solicita se confirme la sentencia, por cuanto las pruebas carecen de contundencia. 1.4.- En esta instancia no se han ofrecido ni admitido medios probatorios y tampoco se han actuado nuevas pruebas, ni se oralizaron medios probatorios. Con respecto al procesado, éste inasistió a la audiencia, y en cuanto a la agraviada, hizo intervención oral en la audiencia de apelación.
402
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 1.5.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida. II.- CONSIDERANDOS: 2.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1.1. El artículo 393 del Código Penal prescribe: “El funcionario Público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado a ellas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de ocho años e inha- bilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal.” 2.1.2. En en delito de Cohecho Propio “el comportamiento típico está dado por los verbos rectores solicitar y/o aceptar y los medios corruptores por los sustantivos donativo, promesa u otra ventaja; en tal virtud, corresponde verificar si existen pruebas que acrediten que dichos elementos están presentes en la conducta desplegada por el procesado” (Ejecutoria Suprema del 24/2/2003 R.N. 04-1995-LIMA) 2.1.3. El artículo 2 inciso 20 literal e) de la Constitución Política del Estado establece el derecho que tiene toda persona a la presunción de inocencia; que se encuentra desarrollado en el artículo II del Titulo Preliminar del Código Procesal Penal que establece que toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal, mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme debidamente motivada. Para estos efectos, se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. 2.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 2.2.1. La tesis acusatoria consiste en que el agraviado Roberto Emilio García Ciurlizza, quien es Gerente del Centro de Capacitación y Desarrollo Empresarial CEDEPRO y, a su vez docente del Instituto Superior Tecnológico “TRUJILLO”, donde fue profesor de la agraviada tanto en el quinto como el sexto ciclo, tiempo durante el cual le pedía que trabaje para él, pero ella no accedía pese a que le ofrecía pagar más; no obstante ello le entregó su tarjeta personal donde se consignaba sus nombres y los datos de de la oficina que tiene en la Beneficencia Pública – oficina número trescientos treinta y uno-, resultando que en el último examen del curso de Contabilidad de Cooperativas, el mismo que fue tomado en diciembre, le dijo que no iba a aprobar, desaprobándola con la nota
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
403
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro de cinco (05) como si nada hubiera hecho, por lo que se quedó junto con otros dos compañeros para recuperación en el mes de marzo, señalándose como fecha de examen el día veinte de marzo a las ocho de la mañana, fecha previo a lo cual como tenía sus números telefónicos en la tarjeta que le proporcionara, por primera vez procedió a llamarlo el día lunes dieciséis de marzo a las nueve de la noche, para pedirle la postergación de la hora del examen por que se cruzaba con la hora de su trabajo, respondiéndole que la podía atender a las doce y treinta del día martes diecisiete de marzo en su oficina de la Beneficencia Pública, a donde iba por primera vez y al llegar fue conducida a la oficina del ahora procesado por la secretaria Brenda Fiorella Mogollón Valverde y luego de tomar asiento, salió al pasillo para despedir a sus secretarias, poniéndole de manifiesto luego frente a su requerimiento de postergación de la hora de examen para las ocho de la noche, le mostró que la Jefa de Departamento de Contabilidad Andrea Segura Vásquez era quien había estipulado el horario de examen y luego de manifestarle en el marco de la conversación que sufría de gastritis, le procedió a tocar desde su estómago hacia sus partes íntimas, a lo que ella sorprendida le dijo que no iba para eso, encarándole directamente que quería de ella, respondiéndole éste que iba a ser claro, que sólo quería tocarla, verla y acariciarla, diciéndole que no vaya a dar examen el día viernes y que él iba a ver como se la jugaba, citándola de nuevo para que vaya a su oficina el día jueves diecinueve a las doce y treinta del día, cita a la que no acudió por temor a que le pudiera hacer lo mismo, más bien procedió a sentar su denuncia ante la dirección, tal como lo acredita con los documentos que adjunta, presentándose el día veinte a las ocho horas para dar el exámen y antes de la evaluación estando ya en el aula, la llamó a un lado para preguntarle por que no había ido el día anterior, respondiéndole que no pudo, procediendo a decirle “que no dé el examen y que se vaya a trabajar”, no sin antes decirle que a las doce horas fuera a su oficina, sin embargo ella insistió en dar su examen y mientras trataba de hacerlo le recordaba lo que le había hecho le preguntaba si le gustó; luego él se acercó a los otros dos alumnos que estaban también dando el examen de desaprobados, diciéndoles que dejen sus exámenes con sus nombres y que vayan por la tarde a su oficina para que “arreglen”, luego retornó hacia ella, le dijo que no iba a acceder a sus pretensiones sexuales y que más bien le ofrecía algo de dinero a lo que este le respondió que “eran dos personas las que llenaban las actas” , preguntándole si creía suficiente cincuenta soles para cada uno, respondiéndole “es muy poco” a lo que le dijo que cien , respondiéndole que aceptaba, es decir que de los doscientos nuevos soles, tenía que darle cien a cada
404
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA uno de los que llenaban las actas y que el dinero debía ser llevado el día viernes por la tarde y debía ser entregado a una de sus secretarias lo que puso en conocimiento de la directora del Instituto María Elena Hidalgo Coba y al Asesor Orlando Miranda Gutiérrez, quienes le manifestaron que no entregara suma de dinero y que contara con su apoyo; por lo que el día veintitrés de marzo de dos mil nueve este último luego de coordinar con la Policía la fue a recoger de su trabajo y se dirigieron hacia la Plaza de Armas donde la Policía los estaba esperando, procediendo a subir y hacer la entrega del dinero, quedándose con la fotocopia de los billetes, ingresando a la oficina fue atendida por dos secretarias del procesado, una de ellas Priscila Aguilar Otiniano espera en la puerta y le hace entrega al profesor diciéndole que lo revise, a lo que no aceptó, ordenándole a secretaria Brenda Fiorella Mogollón Valverde que reciba el dinero, luego le agradeció y salió de la oficina, quedándose los tres en la oficina pero cuando salía le timbró a los Policías para que procedan a realizar la verificación del dinero entregado y cuando baja le avisan que había un señor vestido de civil que era policía, luego llegó la representante del Ministerio Público, que se entrevistó con los efectivos policiales, procedieron a subir al lugar de los hechos, aceptando el procesado haber recibido el dinero por la matrícula en el curso que él iba a dictar, lo cual menciona la agraviada que es falso, porque no quería verlo a él sino fue porque el asesor y los Policías le indicaron que tenía que ser ella quien entregue el dinero, concluyendo que primero realizó hostigamiento sexual y luego pretensiones económicas. 2.2.2. La sentencia absolutoria, materia del grado, se sustenta en que al momento de valorar la declaración del testigo o agraviado aun cuando sea el único testigo de los hechos, para ser considerada prueba de cargo y por ende virtualidad procesal para enervar la presunción de inocencia, se requiere en su perspectiva subjetiva que no existan razones basadas en el odio, resentimiento, enemistad u otras causas que incidan en la parcialidad de su obligación y dentro de la perspectiva objetiva que el relato incriminador esté íntimamente corroborado por otras acreditaciones indiciarias que lo consolide, le de coherencia y solidez, sin contradicciones ni incoherencias, lo que considera se ha producido con la declaración de la agraviada y que valoradas en su conjunto con las demás pruebas de cargo, le resulta creíble la versión del procesado, corroborada con la declaración de su secretaria y que la intervención se produjo en circunstancias de hora de salida y cuando abandonaban el local, resultándole convincente que la agraviada haya planificando un escándalo con el fin de cambiar al profesor y aprobar el examen, como se ha visto con el acta posterior rendida con otro profesor.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
405
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 2.2.3. En la sentencia apelada se ha valorado en forma individual y en conjunto las pruebas consistentes en examen del acusado, de los testigos Pedro Tunjar (Capitán PNP), María Hidalgo (Directora del Instituto), Orlando Miranda (Asesor Legal del Instituto), testigo Olga Villalobos (compañera e estudios), Testigo Jack Cruz, José Huertas, Brenda Mogollón, Priscila Aguilar (Secretaria), y la declaración de la agraviada, bajo el Considerando sétimo “Hechos Probados o No Probados. Valoración de la Prueba. La Carga de la Prueba”; siendo que la impugnación por parte del Ministerio Público se sustenta en que no se ha realizado una adecuada valoración de la prueba actuada en juicio oral, específicamente, ha desacreditado la testimonial de la agraviada por considerarla que carece de credibilidad basándose en subjetividades, y tratando de orientar las demás testimoniales hacia una sentencia absolutoria; por lo cual solicita se revoque y se imponga una sentencia condenatoria. 2.2.4. Que en el presente caso, a fin de desvirtuar el derecho a la presunción de inocencia, el Juez Unipersonal ha realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto de los medios probatorios actuados en audiencia de juicio oral, en la que se ha aplicado los criterios de valoración de la imputación de la víctima contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, por ejemplo detalles de la escena del delito, apariencia y vestido del autor, la hora del suceso coincidente con momentos en que la víctima está sola, etc. Además de que no entre en contradicciones; c) persistencia en la incriminación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme respecto a la identidad del autor. Consecuentemente, cuando falten los tres requisitos antes señalados, estaremos ante el caso de una mera sindicación, la misma que no puede ser “… fundamento para establecer la responsabilidad penal y, por consiguiente, para imponer una pena…” [EXP. N.° 1218-2007-PHC/TC]. ); mientras que, cuando falte uno o dos de los requisitos, se generaría una duda razonable que conducirá inevitablemente a una sentencia absolutoria por imperativo del Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Penal. 2.2.5. Asimismo, respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, del Código Procesal Penal prescribe
406
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, preconstituida y anticipada. La Sala Penal Superior No puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribunal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas sentencias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc.) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. En consecuencia, el relato fáctico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contradictorio en si mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia. (cita doctrinaria: ver: GIMENO SENDRA, VICENTE: Derecho Procesal Penal, Editorial Colex, Madrid, dos mil cuatro, paginas doscientos setenta y cinco / doscientos setenta y seis)”63 2.2.6. Es necesario precisar que en mérito a los principios de inmediación y de oralidad que priman en materia de actuación y valoración de la prueba personal esta Sala de conformidad con el mencionado artículo 425 inciso 2 parte pertinente del CPP, no puede otorgar diferente valor
63 CASACION N° 05-2007- HUAURA; Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
407
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro probatorio a la prueba personal, consistente en las declaraciones de la agraviada y de los testigos que han sido sometidas al debate probatorio ) los que analizados no existe error en lo mencionado por los testigos en la recurrida, y que aquellos testimonios no son imprecisos, dubitativos, ininteligibles, incompletos, incongruentes o contradictorio en si mismos; los que tampoco se han desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia. 2.2.7. Desde la perspectiva del juicio de hecho o de culpabilidad, para que una sentencia no vulnere el principio lógico de razón suficiente, debe cumplir dos requisitos: a) consignar expresamente el material probatorio en que se fundan las conclusiones a que se arriban, describiendo el contenido de cada elemento de prueba que seleccione como relevante (basados en medios de prueba útiles, decisivos, e idóneos) requisito descriptivo; y b) valorarlo debidamente, de suerte que evidencie una ligazón racional con las afirmaciones o negaciones que se incorporen en el fallo, requisito intelectivo. 64 y bajo esta premisa, reexaminando la sentencia materia del grado en el extremo referido a la participación del acusado en el delito de cohecho, se aprecia que esta cumple con los requisitos descriptivo e intelectivo, en el que se ha evidenciado la racionalidad y coherencia interna con entidad suficiente para que los argumentos del Ministerio Público no tengan sustento desde que el Juez de primera instancia ha realizado una adecuada valoración de cada uno y después en conjunto de los medios probatorios de cargo. 2.2.8. Bajo las consideraciones expuestas la Sala estima que al no haberse enervado la presunción de inocencia, de conformidad con el artículo 425 del Código procesal penal, la sentencia recurrida que absuelve al procesado de la acusación fiscal debe confirmarse. 2.2.9. Por último, respecto de las costas procesales, esta Sala Penal considera que el Ministerio Público se encuentra exonerado por Ley del pago de las mismas por lo que no corresponde su imposición pese a que le ha sido adverso. III.- RESOLUCIÓN: Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas con las reglas de la sana crítica, y de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE:
64 Casación Nro. 03-2007-Huaura
408
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA CONFIRMAR sentencia de fecha cinco de julio del año dos mil diez que absuelve de la acusación fiscal a Roberto Emilio García Ciurlizza por la comisión del delito de Corrupción de Funcionarios en la modalidad de Cohecho Propio, en agravio de la Dirección Regional de Educación de La Libertad y Kelly Aideé Hernández Vásquez, con lo demás que contiene. - SIN COSTAS en el presente proceso penal;
ORDENARON se devuelva el expediente al Juzgado de origen.- Intervino como Vocal Ponente y Directora de Debates, la Juez Superior, Lilly Llap Unchón.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
409
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
14. DAÑOS – CONFIRMA SENTENCIA CONDENATORIA PROCESO PENAL Nº : ASISTENTE JURISDICCIONAL : AGRAVIADO : PROCESADO : DELITO : MINISTERIO PÚBLICO : PROCEDENCIA : IMPUGNANTE ASUNTO
00322 - 2011-0-1601-SP-PE-01 CARMEN BUCHELLI DEVILLE. REYNELDA JULIA PAREDES CARLOS. TERESA PAREDES VÁSQUEZ. DAÑOS AGRAVADOS. Dra. LEA GUAYÁN HUACCHA FISCAL SUPERIOR PENAL DE LA I FISCALÍA SUPERIOR PENAL JUZGADO PENAL UNIPERSONAL SUPRAPROVINCIAL DE OTUZCO, JULCÁN Y SANTIAGO DE CHUCO. : TERESA PAREDES VÁSQUEZ. : APELACION SENTENCIA CONDENATORIA SUSPENDIDA
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO QUINCE: Trujillo, Trece de Octubre De Dos Mil Once.
VISTA Y OÍDA en audiencia de apelación de sentencia, por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal Superior de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, señores Jueces Superiores LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN ( Presidenta de Sala y directora de debates), RUDY GONZALES LUJÁN (Juez Superior Supernumerario, quien interviene por licencia del doctor OSCAR ELIOT ALARCON MONTOYA), CARLOS AURIO PRADO MUÑOZ (Juez Superior Supernumerario que interviene por licencia del Juez Superior Titular, doctor JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS), en la que interviene como parte apelante la sentenciada TERESA PAREDES VÁSQUEZ, quien interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria, resolución número nueve de fecha dieciocho de Mayo del año dos mil once. I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
1.
Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la procesada TERESA PAREDES VÁQUEZ, contra la sentencia condenatoria resolución número nueve de fecha dieciocho de Mayo del año dos mil once la misma que la condena como autora del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Daños, en agravio de REYNELDA JULIA PAREDES CARLOS, a TRES AÑOS de pena privativa de libertad suspendida por el mismo plazo, bajo reglas de conducta y le impone como reparación
410
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA civil la suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES que deberá abonar a favor de la agraviada. 2.
3.
Fundamentos del Recurso de Apelación: 2.1
La procesada TERESA PAREDES VÁQUEZ, interpone recurso de apelación según consta en autos, obrante en las páginas sesenta y cinco a setenta, mediante el cual solicita que se revoque la sentencia venida en grado y se le absuelva del delito que se le imputa.
2.2
En la audiencia de apelación, la defensa de la procesada fundamenta su recurso en que los medios probatorios no son suficientes y no corresponden a la realidad, sostiene que la supuesta agraviada no ha probado fehacientemente derecho alguno para promover este juicio, por lo tanto no tiene legitimidad para obrar, sino que es una cosa caprichosa lo que plantea, nunca ha sostenido un juicio con la procesada pues ella no es nada respecto del bien.
Contradictorio del Ministerio Público: 3.1. La representante del Ministerio Público afirma que de la revisión de los actuados así como de lo desarrollado en juicio oral aparece que con los medios probatorios actuados y sometidos a debate así como valorados individual y conjuntamente, se demuestra la existencia del delito de Daños Agravados así como la responsabilidad penal de la procesada, por lo tanto la sentencia se encuentra arreglada a derecho por lo que debe ser confirmada. 3.2. Respecto a lo que afirma la defensa sobre la legitimidad para obrar de la agraviada, sostiene que agraviada Reynelda Paredes Carlos (la agraviada) es conviviente de Agapito Romero Delgado quien fuera declarado posesionario del bien sub litis luego de un proceso de usurpación agravada que ganara el referido señor contra la procesada, situación que la legitima para ser parte en el presente proceso. 3.3. Asimismo, en lo referente a la prueba actuada y valorada para emitir sentencia condenatoria, la representante del Ministerio Público, refiere que se ha actuado la declaración de la agraviada quien se pronuncia sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos y la forma en que ha sido amenazada por la procesada para que no se acercara al predio; así como la declaración de Milagritos Rodríguez Burgos quien afirma que la agraviada es conviviente del posesionario del predio y manifiesta que ha visto las circunstancias en que la se han producido los daños en el predio; a su vez se ha actuado el examen del perito Juan Pablo Fernández Acosta quien ha constatado los daños y ha valorado los mismos en seis mil cuatrocientos treinta y nueve nuevos soles, así también
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
411
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro se han valorado las actas de las rondas campesinas, la denuncia de la agraviada; entre otras pruebas, las mismas que acreditan la calidad de sujeto pasivo de la agraviada en el delito de daños agravados según lo cual se ha emitido sentencia condenatoria habiéndose valorado todos los medios de prueba, por lo tanto la apelada debe ser confirmada. 4.
Como efecto de la apelación formulada, esta Sala Superior asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el Ad Quo al dictar la sentencia condenatoria recurrida, asimismo para revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto.
II. ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron medios probatorios, y por lo tanto no se han actuado nuevos medios de prueba. Asimismo, no se ha oralizado prueba alguna, pues todas han sido oralizadas en juicio oral. III. CONSIDERANDOS 1.
PREMISA NORMATIVA:
A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de Delito contra el Patrimonio en la modalidad de Daños, el mismo que se encuentra contenido en el artículo 205° del Código Penal, que prescribe que: “El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa”.
Debemos precisar que, en los delitos de Daños, el bien jurídico protegido es el patrimonio, pero de forma concreta la funcionalidad del bien, su integridad material así como su valor en el mercado, que han de afectarse cuando el agente destruye, daña o inutiliza el objeto material del delito65. Como señala Creus; “lisa y llanamente el agente extingue o menoscaba los poderes que el sujeto pasivo pueden ejercer sobre la cosa, por medio de un atentado contra la cosa misma, cuyo valor económico de cambio o utilitario elimina o reduce”.66
Esta conducta punible presenta formas agravadas como en el caso de autos,
65 PEÑA CABRERA FREYRE, ALONSO RAÚL. Derecho Penal – Parte Especial. Tomo II. Idemsa. Lima p.461. 66 CREUS, CARLOS; Derecho Penal. Parte Especial, Tomos I,II y III. Ed. Astrea, Buenos Aires, 1era. Reimpresión, 1996.
412
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA así el artículo 276 del Código Penal establece: “La pena será no menor de uno ni mayor de seis años cuando: …3) La acción es ejecutada empleando violencia o amenaza contra las personas. 4)
Causa destrucción de plantaciones o muerte de animales.
5)
Es efectuado en bienes cuya entrega haya sido ordenada judicialmente”
2.
De lo mencionado en el considerando anterior este superior jerárquico precisa que, respecto al delito de Daños se debe tener en consideración que el daño o menoscabo del bien ajeno protegido jurídicamente, da lugar, en base a los supuestos de antijuricidad de este acto a una obligación de restaurar o de compensar el derecho vulnerado. Lo protegido es la capacidad de disposición que tiene el propietario sobre la cosa, por eso se afecta materialmente el mismo, en la medida en que ella tiene una determinada relevancia económica y esa capacidad de disposición aparece protegida jurídicamente (derecho de propiedad). Pero cabe resaltar que, no se puede decir que el bien objeto de tutela sea la propiedad, pues cuando se trata de menoscabo o inutilización de la cosa el derecho de propiedad puede quedar incólume en cuyo caso se lesiona el contenido jurídico y económico del derecho de propiedad.67
Entonces, podemos decir que se produce una defraudación de las legítimas expectativas del propietario del bien, en cuanto a los fines que le esperaba obtener con su uso y disfrute así, como con el valor económico que pretendía obtener con su posterior enajenación.
3.
PREMISA FÁCTICA
Según se desprende de la acusación fiscal, en el mes de marzo de 2009, los imputados Teresa Paredes Vásquez, Ángel Elmer Delgado Paredes, Elder Delgado Paredes, Ronald Delgado Paredes y Julio Arquímedes Quiñones Paredes (fallecido el 02 de octubre de 2009), estaban terminando o haciendo consumir una inverna de pasto, en los terrenos denominados “Piedra colorada”, “Casa de Tejas” y “El ovejero” de propiedad de la agraviada, ubicada en el caserío “Soledad” - distrito de Quiruvilca – provincia de Santiago de Chuco – La Libertad, así como lo han amenazado (los imputados) de muerte con una escopeta. Que la imputada Teresa Paredes Vásquez ha sido condenada por el delito de Usurpación y en mérito a ello el Juez Penal de Santiago de Chuco, ha dado posesión del terreno en mención, desde el año 2007, en ejecución de la
67 BAJO FERNANDEZ, MIGUEL, PEREZ MANZANO MERCEDES y SUAREZ GONZALES, CARLOS; Manual de Derecho Penal, Parte Especial. Segunda edición Editorial Centro de estudios Ramón Areces SA, Madrid, 1993.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
413
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro sentencia expedida en la Instrucción N° 28 – 2001, de la que se presenta copia simple así como copia del acta de lanzamiento y ministración de posesión.
Los daños consisten en que los imputados se han puesto de acuerdo y han ingresado al bien inmueble denominado “Piedra Colorada”, “Casa de Tejas” y “El Ovejero” y han procedido a cosechar papas en un área de 0.13 hectáreas, chochos en un área de 0.15 hectáreas, así como se han aprovechado de los pastos con sus animales así como dichos pastos también han sido vendidos a terceros en un área de 1.40 hectáreas, y han talado 26 árboles de eucaliptos.
4.
Esta Sala Superior al realizar el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma se dictado respetando los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; es así, que se funda en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y establecer los niveles de imputación68, partiendo de esta premisa, se debe tener en cuenta que en el trámite del presente proceso penal, en la audiencia de juicio oral, la misma que debe ser entendida como la central, la más importante del juzgamiento, en donde todas las estrategias de las partes serán confrontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que realizaran durante la audiencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de personas o de información documental y/o material, o por último cuando se extraigan los datos de otras fuentes de prueba, las partes han hecho uso de las estrategias de defensa en igualdad de oportunidades, es decir, se ha respetado el principio de igualdad de armas, el cual supone un garantía de equilibrio entre lo alegado por cada uno de los sujetos procesales y las pruebas con las que cuenta para sustentar su teoría del caso, es decir, se ha permitido el real esclarecimiento de los hechos a fin de determinar la responsabilidad penal de la procesada, en mérito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como el Profesor San Martín, lo sostiene, es fundamental para la efectividad de la contradicción y “consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación.69
5.
Este colegiado advierte que para sustentar el juicio de condena se ha realizado una adecuada valoración de las pruebas actuadas en juicio oral, las mismas
68 El proceso penal en su jurisprudencia. Diálogo con la jurisprudencia. Gaceta Jurídica R.N. N° 2714-2003-Lima-Cono Norte. p.,380. 69 http://blog.pucp.edu.pe/item/23860
414
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA que han sido materia de un debate contradictorio por parte de la representante del Ministerio Público y la defensa de los procesados, así como que en virtud del principio de inmediación, el Juez Unipersonal ha podido observar de manera objetiva, como ha sido la declaración de la agraviada Reynelda Julia Paredes Carlos, quien se pronuncia sobre las circunstancias en que ocurrieron los hechos y la forma en que ha sido amenazada por la procesada para que no se acercara al predio; la declaración de Adriana Milagritos Rodríguez Burgos quien afirma que la agraviada es conviviente del posesionario del predio y manifiesta que le consta la existencia de los daños producidos en el predio de la agraviada; a su vez se ha actuado el examen del perito Juan Pablo Fernández Acosta quien ha constatado los daños y ha valorizado los mismos en seis mil cuatrocientos treinta y nueve nuevos soles; así también se han valorado las actas de las rondas campesinas donde consta la venta que realizaran la procesada Teresa Paredes Vásquez de los pastos existentes en el predio de la agraviada; la copia de la denuncia de la agraviada; la copia de la resolución judicial que pone fin al proceso de usurpación agravada que el conviviente de la agraviada - Edil Agapito Romero Delgado - siguiera contra la procesada venciendo a ésta; así como la copia el acta de lanzamiento donde se le deja como posesionario Edil Agapito Romero Delgado; la promesa de venta de los predios sub litis, efectuada a la señora Deamira Vásquez Sánchez y el contrato de herencia mediante el cual la señora Deamira Vásquez Sánchez constituye como heredero de dichos predios a Edil Agapito Romero Delgado (conviviente de la agraviada); según así lo ha expuesto en el considerando Noveno, realizando el análisis del caso concreto en su contexto valorativo que funda la sentencia apelada. 6.
En relación a la prueba personal que ha sido actuada y valorada en primera instancia, el artículo 425 numeral 2 del Código Procesal Penal prescribe lo siguiente “…La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia”, es decir, se debe advertir que existe una prohibición por imperio de la ley, contemplado taxativamente en el artículo in comento, y por esta razón no se puede otorgar a una prueba ya valorada por el juez de primera instancia un valor probatorio distinto al ya otorgado; excepto que, se presente ante esta segunda instancia un nueva prueba que haga posible una nueva valoración de los aportes probatorios, lo que no ha ocurrido, es en ese orden de ideas, que, éste superior jerárquico, no puede otorgar un valor probatorio distinto a las pruebas actuadas y valoradas por el colegiado de primera instancia, por lo que ceñidos a este presupuesto, y realizado el análisis de los actuados y de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar la responsabilidad de la proce-
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
415
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro sada Teresa Paredes Vásquez, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte y actuación de las pruebas. 7.
Respecto al argumento de apelación sobre la legitimidad para obrar de la agraviada se tiene la suficiente carga probatoria de que la agraviada tiene tal legitimidad en el presente proceso toda vez que actúa en calidad de conviviente del propietario de dichos predios- el señor Edil Agapito Romero Delgado pues de la declaración de Adriana Milagritos Rodríguez Burgos quien sostiene que le consta el estado de convivientes de la agraviada con Edil Agapito Romero Delgado; así como de la declaración de la propia agraviada quien asegura ser conviviente del propietario de los predios con quien ha procreado hijos; se le reputa a la agraviada la calidad de conviviente del propietario con los derechos que le asisten como tal al encontrarse en concubinato propio, por lo tanto está plenamente legitimada para intervenir en el presente proceso. A su vez en cuanto al derecho de propiedad del señor Edil Agapito Romero Delgado sobre los predios sub litis, tal derecho se verifica con la prueba que se menciona que en el considerando cinco de esta resolución; pruebas que sin cavilaciones deja claro que se ha lesionado el bien jurídico consistente en la propiedad de la agraviada, no obstante que conforme a la premisa normativa, no se hace necesario que se vulnere la propiedad sino el patrimonio, y en forma especifica la funcionalidad del bien en posesión, según doctrina especializada, presupuesto éste que si se verifica del examen realizado al perito – ingeniero agrícola - , Juan Pablo Fernández Acosta quien aporta que constató los daños realizados en los predios de la agraviada, así como con la copia del acta de verificación de daños ocasionados, que realiza la ronda campesina del Distrito Nueva Fortaleza donde se deja constancia de los daños producidos en dicho predio.
8.
De esta manera ha quedado acreditada la conducta de la procesada, configurándose todos los elementos constitutivos de injusto penal contenido en el artículo 205 concordado con el artículo 206, numerales 3, 4 y 5 del Código Penal, por lo que habiéndose desvanecido la presunción de inocencia de contenido constitucional y también prevista en el artículo II del Código Procesal Penal con la suficiente actividad probatoria de carga obtenida y actuada con la debidas garantías procesales, este superior colegiado ha decidido que la sentencia apelada debe de ser confirmada.
IV. PARTE RESOLUTIVA: Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y la pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, la lógica y las reglas de la experiencia, y de conformidad con las normas antes señalada, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD HA RESUELTO:
416
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 1. CONFIRMAR la sentencia condenatoria resolución número nueve de fecha dieciocho de Mayo del año dos mil once la misma que la condena como autora del delito Contra el Patrimonio en la modalidad de Daños, en agravio de REYNELDA JULIA PAREDES CARLOS, a TRES AÑOS de pena privativa de libertad suspendida por el mismo plazo, bajo reglas de conducta y le impone como reparación civil la suma de TRESCIENTOS NUEVOS SOLES que deberá abonar a favor de la agraviada, con lo demás que contiene. 2. NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley.
Actuó como Ponente y Directora de Debates, la señora Jueza Superior Titular Lilly del Rosario Llap Unchón.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
417
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
15. DAÑOS – DECLARAR NULIDAD DE DEBATE ORAL EXPEDIENTE ESPECIALISTA IMPUTADO DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA IMPUGNANTE ASUNTO
: 05437-2010-73-1601-JR-PE-05 : CARMEN V. BUCHELLI DEVILLE : MARIA LUISA VILCA BEJARANO : DAÑOS : CARLOS ARTURO PIZARRO VEGA : 8° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL DE TRUJILLO : MINISTERIO PÚBLICO Y AGRAVIADO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO ONCE Trujillo, doce de julio del año Dos Mil Doce.
VISTA Y OÍDA, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, Dr. JOSÉ RICARDO CABREJO VILLEGAS (Juez Superior Titular, Presidente de Sala y Director de Debates), Dr. JUAN SEGUNDO RODOLFO ZAMORA BARBOZA (Juez Superior Titular) y Dr. MANUEL ESTUARDO LUJAN TUPEZ (Juez Titular Superior), en la que participaron, el doctor Francisco Javier Arista Montoya como representante del Ministerio Público, y el abogado defensor público de la sentenciada doctor Luis Orlando Sánchez Ruiz, conforme se ha registrado en correspondiente registro de audio. I.- INTRODUCCIÓN: IDENTIFICACIÓN DEL IMPUTADO: 01.- MARIA LUISA VILCA BEJARANO, de 41 años de edad identificada con DNI N° 18131253, natural del Distrito de Chimbote, Provincia de Santa, de la Región Ancash, de estado civil casada, grado de instrucción superior, y con domicilio real en Jr. Almagro N° 363-1, de esta ciudad. HECHOS IMPUTADOS: 02.- Se atribuye a la procesada María Luisa Vilca Bejarano la comisión del Delito Contra el Patrimonio en su figura de Daños, en agravio de Carlos Arturo Pizarro Vega. Hecho que según la imputación fiscal se suscitaron el día 27 de febrero de 2010, en circunstancias que el agraviado fue contratado por Roger Aurelio Obando Ascón (esposo de la acusada), para realizar un servicio de filmación en el interior del inmueble ubicado en las Esmeraldas N° 354, momentos en que hace su ingreso la acusada, molesta porque se estaba filmando en el interior de su domicilio, es ahí que de forma violenta le arrebata la cámara filmadora para luego arrojarla al piso, produciéndole los daños imputados.
418
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA II. PLANTEAMIENTO DEL CASO: 03.- Es materia de apelación la sentencia, resolución número dos, de fecha veintiséis de enero del año dos mil doce, la misma que absuelve a María Luisa Vilca Bejarano de los cargos formulados en su contra, como presunta autora de la comisión del Delito de Daños en agravio de Carlos Arturo Pizarro Vega. PETICIÓN JURIDICA DEL ACTOR CIVIL 04.- El actor civil interpuso recurso de apelación solicitando se revoque la sentencia, este medio impugnatorio corre en folios 37 y 38 del cuaderno de debate. Sin embargo, a la realización de la audiencia de apelación esta parte no concurrió asesorada por su abogado defensor, por lo que en el acto se preguntó a las partes procesales acerca de su conformidad en cuanto a que la defensa de los intereses del actor civil sea efectuada por el representante del Ministerio Público, a lo que no hubo objeción, continuándose con el decurso normal de la audiencia. PRETENSIÓN IMPUGNATORIA: 05.- El Representante del Ministerio Público, solicitó se revoque la sentencia impugnada y modificándola se condena a la imputada; alternativamente, solicitó la nulidad del juicio oral. FUNDAMENTOS: 06.- Que, esta parte fundamenta su petición en que el a quo no ha valorado debidamente las pruebas actuadas en juicio oral. Así en sus alegatos finales se argumentó: a.
Que, la declaración del agraviado cumple con los requisitos previstos en el acuerdo plenario 02-2005/CJ-116. En cuanto a la persistencia en la incriminación, corroboración con otros medios probatorios y ausencia de incredibilidad subjetiva.
b.
Que, el a quo sustenta su fallo en la incongruencia entre las versiones sobre el precio de la cámara. Existiendo un informe pericial valorativo realizado por un perito del Ministerio Público que ha determinado el valor actual del bien dañado (S/. 850.00).
c.
Que, el fundamento esbozado por el a quo acerca de la continuidad temporal entre la ocurrencia de los hechos y la denuncia presentada, y de la imprecisión generada en cuanto a la identidad de la cámara, es incorrecto.
PETICIÓN JURÍDICA DE LA DEFENSA: 07.- Por su parte, la defensa de María Luisa Vilca Bejarano sostuvo que el a quo ha valorado debidamente las pruebas y que la sentencia es acorde al ordenamiento jurídico, por tanto debe confirmarse. GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
419
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro FUNDAMENTOS: 08.- La defensa basa su petición en: 1) Que no se ha acreditado fehacientemente la preexistencia del bien. 2) Que el informe técnico no tiene fecha y la pericia valorativa se ha realizado sin respetar la cadena de custodia. 3) Que los testigos no coinciden en el tamaño de la cámara. 4) Que las primeras declaraciones del testigo Roger Aurelio Obando Ascón estuvieron motivadas por un contexto conflictual (violencia familiar y proceso de divorcio seguido contra la imputada). 5) Que lo actuado en el juicio oral resulta creíble y el valor que le dio el a quo a través del principio de inmediación es correcto. ITINERARIO DEL PROCESO: 09.- En la audiencia de apelación no se actuó nueva prueba, no se oralizaron piezas documentales, no fue necesaria la declaración de las partes debido a la naturaleza del recurso impugnatorio, por lo que como efecto de la apelación formulada, esta Sala asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia recurrida. III. CONSIDERANDOS: PREMISA JURÍDICA: 10.- A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia condenatoria, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son materia del presente proceso penal, se han configurado en el ilícito penal de Delito contra el Patrimonio en la modalidad de Daños, está contenido en el artículo 205° del Código Penal, que prescribe que: “El que daña, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con treinta a sesenta días multa”. 11.- Debemos precisar que, en los delitos de Daños, el bien jurídico protegido es el patrimonio, pero de forma concreta la funcionalidad del bien, su integridad material así como su valor en el mercado, que han de afectarse cuando el agente destruye, daña o inutiliza el objeto material del delito70. Como señala Creus; “lisa y llanamente el agente extingue o menoscaba los poderes que el sujeto pasivo pueden ejercer sobre la cosa, por medio de un atentado contra la cosa misma, cuyo valor económico de cambio o utilitario elimina o reduce”.71
70 PEÑA CABRERA FREYRE, Alonso Raúl. Derecho Penal – Parte Especial. Tomo II. Idemsa. Lima p.461. 71 CREUS, Carlos; Derecho Penal. Parte Especial, Tomos I,II y III. Ed. Astrea, Buenos Aires, 1era. Reimpresión, 1996.
420
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA 12.- En concordancia con lo anterior se tiene el comentario de BAJO FERNANDEZ en alusión a este Tipo Penal: “Lo protegido es la capacidad de disposición que tiene el propietario sobre la cosa, por eso se afecta materialmente el mismo, en la medida en que ella tiene una determinada relevancia económica y esa capacidad de disposición aparece protegida jurídicamente (derecho de propiedad). (…)Pero cabe resaltar que, no se puede decir que el bien objeto de tutela sea la propiedad, pues cuando se trata de menoscabo o inutilización de la cosa el derecho de propiedad puede quedar incólume en cuyo caso se lesiona el contenido jurídico y económico del derecho de propiedad.”72. Entonces, podemos decir que se produce una defraudación de las legítimas expectativas del propietario del bien, en cuanto a los fines que le esperaba obtener con su uso y disfrute así como con el valor económico que pretendía obtener con su posterior enajenación. 13.- Que, el Artículo 139 Inciso 05 de la Constitución Política del Perú, prescribe “La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan”. En igual sentido, lo establecido el Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al señalar, que “Todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, con expresión de los fundamentos en que se sustentan. Esta disposición alcanza a los órganos jurisdiccionales de segunda instancia que absuelven el grado, en cuyo caso, la reproducción de los fundamentos de la resolución recurrida, no constituye motivación suficiente.”; y lo prescrito en el Artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal, al señalar como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”. 14.- Que, por su parte el Tribunal Constitucional73 ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.
72 BAJO FERNANDEZ, Miguel, PEREZ MANZANO Mercedes y SUAREZ GONZALES, Carlos; Manual de Derecho Penal, Parte Especial. Segunda edición Editorial Centro de estudios Ramón Areces SA, Madrid, 1993. 73 EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
421
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro
A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a)
Inexistencia de motivación o motivación aparente.
b)
Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión.
c)
Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.
d)
La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada.
e)
La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa).”.
PREMISA FÁCTICA: 15.- De la acusación formulada por el Ministerio Público se desprenden los hechos y circunstancias materia de la imputación, se tiene que la procesada, el día 27 de Febrero del 2010, el agraviado fue contratado por el esposo de la acusada Roger Aurelio Obando Ascón para realizar un servicio de filmación en el interior del inmueble ubicado en las Esmeraldas N° 354, momentos en que hace su ingreso la acusada, molesta porque estaban filmando el interior de su domicilio, y donde en forma violenta le arrebata la cámara filmadora y la arroja al piso, produciéndole los daños imputados. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA: 16.- Que, se debe tener en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; es así, que debe fundarse en una actividad probatoria suficiente que permita al juzgador la creación de la verdad jurídica y esta-
422
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA blecer los niveles de imputación74, partiendo de esta premisa, en el trámite del proceso penal, el debate oral debe ser entendido como la fase central de la etapa de juzgamiento, en donde todas las estrategias de las partes serán confrontadas y confirmadas a través de los actos de prueba que se realizarán durante la audiencia, ya sea cuando se trate de declaraciones de personas o de información documental y/o material, o por último cuando se extraigan los datos de otras fuentes de prueba. 17.- Que, respecto a la Valoración de la Prueba Personal en segunda instancia: el artículo 425° Inc.2, prescribe que “La Sala Penal Superior solo valorará independientemente la prueba actuada en la audiencia de apelación, y las pruebas pericial, documental, pre constituida y anticipada. La Sala Penal Superior no puede otorgar diferente valor probatorio a la prueba personal que fue objeto de inmediación por el juez de primera instancia, salvo que su valor probatorio sea cuestionado por una prueba actuada en segunda instancia75. Respecto a la valoración de la prueba personal por parte del tribunal de apelación, la Corte Suprema ha emitido pronunciamiento en diversas sentencias casatorias del Nuevo Código Procesal Penal, en las que sostiene que “Es exacto que con arreglo a los principios de inmediación y de oralidad, que priman en materia de la actuación y ulterior valorabilidad y valoración de la prueba personal, el tribunal de alzada no está autorizado a variar la conclusión o valoración que de su contenido y atendibilidad realice el órgano jurisdiccional de primera instancia. Ello, desde luego, reduce el criterio fiscalizador del tribunal de apelación, pero no lo elimina. En esos casos – las denominadas “zonas opacas”-, los datos expresados por los testigos estrechamente ligados a la inmediación (lenguaje, capacidad narrativa, expresividad de sus manifestaciones, precisiones en su discurso, etc.) no son susceptibles de supervisión, no pueden ser variados. Empero, existen “zonas abiertas”, accesibles al control. Se trata de los aspectos relativos a la estructura racional del propio contenido de la prueba, ajenos en sí mismos a la percepción sensorial del juzgador de primera instancia, que pueden ser fiscalizados a través de las reglas de la lógica, la experiencia y los conocimientos científicos. En consecuencia, el relato fáctico que el tribunal de primera instancia asume como hecho probado, no siempre es inconmovible, pues: a) puede ser entendido o apreciado con manifiesto error o de modo radicalmente inexacto – el testigo no dice lo que lo menciona el fallo-; b) puede ser oscuro, impreciso, dubitativo, ininteligible, incompleto, incongruente o contra-
74 El proceso penal en su jurisprudencia. Diálogo con la jurisprudencia. Gaceta Jurídica R.N. N° 2714-2003-Lima-Cono Norte. p.,380. 75 Inciso 2 del Artículo 425 del Código Procesal Penal.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
423
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro dictorio en sí mismo; o, c) ha podido ser desvirtuado por pruebas practicadas en segunda instancia76. 18.- Que, para la valoración de la declaración del agraviado debe de aplicarse los criterios contenidos en el Acuerdo Plenario N° 02-2005/CJ-116, del 30.9.2005, que imponen la obligación de comprobar los siguientes requisitos concurrentes: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, derivada de las relaciones acusador-acusado que pudieran conducir a la deducción de la existencia de un móvil de resentimiento, enemistad, venganza, enfrentamiento, interés u otro, que pueda restar credibilidad a la versión del agraviado, requisito que en el presente caso se encuentra presente ya que como refiere el agraviado el fue contratado para realizar una grabación, hecho que ha sido confirmado con las declaraciones de Miguel Ángel Pizarro Horna y de Roger Aurelio Obando Ascón, además de no haber sido rebatido por la defensa de la procesada; b) verosimilitud, que la versión de la víctima, pueda ser corroborada por circunstancias de lugar y tiempo, este criterio también se ha visto satisfecho en el presente caso ya que las declaraciones vertidas en el juicio oral coinciden parcialmente en cuanto a la forma en que sucedió el enfrentamiento, siendo además corroborado con el informe médico legal N°002088-L efectuado en la persona de Miguel Ángel Pizarro Horna que acredita la agresión referida por los declarantes (puñetaso al hijo del agraviado); c) persistencia en la incriminación, es decir, la víctima debe mantener su versión durante el proceso de manera uniforme. Elemento de juicio que se evidencia también en el presente proceso, ya que a lo largo del proceso, el agraviado ha mantenido la imputación de manera similar. 19.- Que, como ya se dijo existe el deber de motivar adecuada y suficientemente las resoluciones judiciales, haciendo efectiva de esta manera la garantía constitucional prevista a favor de los justiciables con la finalidad de evitar la emisión de decisiones arbitrarias por parte de los órganos jurisdiccionales. Siendo ello así, se tiene que toda resolución judicial debe contener una “adecuada conexión entre los hechos que sustentan la decisión (quaestio facti) y las normas jurídicas que la respaldan (quaestio iuris), en cuya virtud se delimita las razones que justifican el fallo adoptado en función a los hechos declarados probados y las normas invocadas para dar respaldo a las pretensiones y resistencias de las partes”.77”. 20.- Que, la resolución impugnada presenta error in cogitando o error en la motivación o juicio lógico desplegado para sustentar el fallo; concretamente una
76 GIMENO SENDRA, Vicente. Derecho Procesal Penal. Editorial Colex. Madrid, 2004. pp. 275-276 77 QUEJA Nº 1545-2006. SALA PENAL TRANSITORIA. Tacna. 20/03/2007
424
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA deficiencia motivación externa de la misma (Literal “c” del fundamento 15 de la presente resolución). Es decir la justificación de la premisa de donde parte el juez para motivar su resolución es deficiente, ya que en un momento en el rubro valoración individual de la prueba, establece las diferentes premisas que a su criterio han quedado establecidas: el daño realizado a la filmadora y el precio en que el perito ha valuado tal daño, la laceración presente en el labio del testigo Miguel Ángel Pizarro Horna, sin embargo cuando desarrolla una valoración conjunta, basa fundamentalmente su fallo en que las testimoniales de cargo son discrepantes entre sí, sin tener en cuenta que dos de las tres declaraciones coinciden en la forma y circunstancias de los hechos, sin embargo se privilegia la contradicción realizada por el testigo Roger Aurelio Obando Ascón esposo de la imputada y sobre la cual esta parte puede ejercer algún tipo de influencia; además de la discrepancia o variación del precio del bien dañado, hecho fáctico que objetivamente quedaría fuera de discusión al existir la valuación de un perito oficial. Mayor razón si el a quo no ha mencionado cosa alguna sobre la preexistencia del bien objeto del delito que en este caso viene respaldada por la pericia valorativa, copia certificada de la boleta de venta y el testimonio del agraviado. 21.- Que, en virtud de los fundamentos anteriores nos llevan a la conclusión de afección seria a la debida motivación de las resoluciones judiciales del artículo 139.5 de la Constitución, garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso desarrollado por el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 2 del Exp. N° 1480-2006-AA/TC: “el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, (...) deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios”. 22.- Que, Tomando en consideración los fundamentos expresados en esta sentencia, a criterio de esta Sala Superior en el juicio oral existe material probatorio de cargo que debe ser discutido nuevamente en igualdad de armas, para que se haga posible un efectivo razonamiento conforme a las reglas previstas en el Código Procesal Penal, ya que la sustentación de la presente sentencia es un hecho que el presente tribunal no puede pasar por alto; es por ello que éste Colegiado con afán de preservar el modelo acusatorio adversarial, así como el
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
425
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro fin dikelógico78 del derecho, que es hacer realidad la justicia, es que entiende que ante una flagrante violación de las leyes de la lógica formal y del razonamiento jurídico, así como de las garantías previstas a favor del procesado; debe decretar no sólo la nulidad de la sentencia materia de impugnación sino del juicio oral del cual fue producto, ordenando que sea un nuevo juez quien sustancie tal acto procesal, respetando las normas referidas a una tutela procesal efectiva, para finalmente expedir nueva sentencia.R.N. N° 1322-2005 La Libertad 23.- Que, respecto a las costas se debe tener en cuenta que el recurso de apelación ha sido presentado por el Actor Civil y el Ministerio Público, en ejercicio regular del derecho constitucional y procesal79 a la doble instancia y de su deber de persecución del delito respectivamente, además de poseer razones fundadas para hacerlo; por lo que debe eximírseles del pago de costas. IV. PARTE RESOLUTIVA: Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas de la experiencia, de conformidad con las normas antes señaladas, la TERCERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD, POR UNANIMIDAD, RESUELVE: 1.-
DECLARAR LA NULIDAD la Sentencia, resolución número dos, fecha veintiséis de Enero del año dos mil doce, la misma que Absuelve a María Luisa Vilca Bejarano de los cargos formulados en su contra, como presunta autora de la comisión del Delito de Daños en agravio de Carlos Arturo Pizarro Vega.
2.- ANULAR el debate oral realizado en la presente causa. 3.- ORDENARON se realice un nuevo juicio oral por otro juez llamado por ley. 4.-
SIN COSTAS.
5.- NOTIFÍQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Director de Debates, señor Juez Superior, el doctor José Ricardo Cabrejo Villegas
78 Alude a la ciencia de la justicia, el hacer justicia al caso concreto. 79 Artículo 106 del Código Procesal Penal.
426
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA
16. DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD PROCESO PENAL Nº : ASISTENTE JURISDICCIONAL : AGRAVIADOS : IMPUTADO : DELITO : MINISTERIO PÚBLICO : PROCEDENCIA : IMPUGNANTE : ASUNTO :
00539-2010-0-1601-SP-PE-01 EIDAN V. ULLOA RUIZ EL ESTADO – PROCURADURIA DEL PODER JUDICIAL MARIA JULIA ALVA LEON VICTORIA YSABEL ALVA JAVE DESOBEDIENCIA Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD DR. CARLOS MATAMOROS CURIPACO FISCAL ADJUNTO SUPERIOR PENAL I FISCALÍA SUPERIOR PENAL OCTAVO JUZGADO PENAL COLEGIADO MINISTERIO PÚBLICO APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA
SENTENCIA
RESOLUCIÓN NÚMERO VENTINUEVE Trujillo, Veintiséis de Octubre De Dos Mil Diez.
VISTA y OÍDA, en audiencia pública de apelación de sentencia por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, doctor VICTOR RAÚL MALCA GUAYLUPO (Juez Superior Titular - Presidente), doctora LILLY DEL ROSARIO LLAP UNCHÓN ((Juez Superior Titular y Directora de Debates), doctor WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO (Juez Superior Titular), en la que intervienen como parte apelante, el representante del Ministerio Público, quien ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia venida en grado, resolución número TRECE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve y que consta en páginas ochenta y nueve a noventa y tres. I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
1.- Este Órgano Colegiado Superior, conoce la presente causa, en virtud del recurso de apelación promovido por el representante del Ministerio Público, quien ha interpuesto dicho recurso contra la sentencia venida en grado, resolución número TRECE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve y que obrante en las páginas ochenta y nueve a noventa y tres, en el extremo que ABSUELVE a las imputadas MARIA JULIA ALVA LEÓN y VICTORIA ISABEL ALVA JAVE de la acusación fiscal donde se les imputa ser autoras del delito desobediencia y resistencia la autoridad en agravio del ESTADO, solicitando que se revoque la venida en grado y emita sentencia condenatoria contra las mencionadas acusadas.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
427
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 2.
Fundamentos del Recurso de Apelación: 2.1.- El señor representante del Ministerio Público, Doctor CARLOS MATAMOROS CURIPACO, en audiencia de apelación de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil diez, solicita que se revoque la sentencia en el extremo que absuelve a las imputadas MARIA JULIA ALVA LEÓN y VICTORIA ISABEL ALVA JAVE de la acusación fiscal donde se les imputa ser autoras del delito desobediencia y resistencia la autoridad en agravio del ESTADO, considerando que existen suficientes elementos de convicción y otros elementos periféricos que determinan la comisión del delito materia de acusación y la responsabilidad penal de las investigadas. 2.2.- Se advierte de la sentencia, que existen ciertas incongruencias respecto a los presupuestos que ayudan a inferir que las investigadas no habrían cometido el hecho delictivo. Por cuanto, la señora Juez de Paz fue al lugar de la diligencia pero fue impedida por 20 personas dentro de las cuales se encontraban las imputadas; 2.3.- Dicha sentencia no se encuentra arreglada a derecho, por cuanto en el juicio oral se actuaron medios probatorios que corroboran tanto la comisión del delito así como la responsabilidad que le asiste al imputado en la comisión de los hechos que fueron materia de investigación; en tal sentido, la fiscalía considera que debe revocarse la venida en grado en el extremo antes precisado.
3.- Como efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y de derecho que tuvo el A quo para dictar la sentencia absolutoria recurrida; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto; asimismo, para poder revisar la legalidad de dicha sentencia y del proceso penal en su conjunto, en tal sentido se pronuncia de la siguiente manera. II.- ACTUACIÓN PROBATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA Y HECHOS PROBADOS: Ante esta instancia superior no se admitieron medios probatorios, y por lo tanto no se han actuado nuevos medios de prueba. Habiéndose llevado a cabo la declaración del procesado en la audiencia de apelación conforme consta en audio. III. CONSIDERANDOS 3.1. PREMISA NORMATIVA: 1)
428
A efectos de evaluar el recurso planteado, respecto de la sentencia venida en grado, esta Sala de Apelaciones precisa que los hechos que son
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA materia del presente proceso penal, se ha configurado el ilícito penal de Desobediencia o resistencia a la autoridad, prescrito en el artículo 368° del Código Penal. 2)
Respecto al mencionado delito, este superior colegiado tiene a bien precisar que, consiste en desobedecer o resistir la orden impartida por un funcionario público en el ejercicio de sus atribuciones; por lo tanto, para que se consuma dicha acción típica basta el incumplimiento de la orden u omitir su realización siempre y cuando ésta se encuentre dentro del marco de la ley80.
3)
Podemos agregar que, la desobediencia es la rebeldía u oposición abierta hostil y maliciosa, acompañada de actos de contradicción, decidida y resuelta al cumplimiento de un mandato u orden en curso de ejecución, expreso y personal de la autoridad en ejercicio de sus funciones.
3.2. FUNDAMENTOS FACTICOS: 4)
Es materia de impugnación, la sentencia venida en grado, resolución número TRECE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve y que obrante en las páginas ochenta y nueve a noventa y tres; en el extremo que, ABSUELVE a las imputadas MARÍA JULIA ALVA LEÓN y VICTORIA ISABEL ALVA JAVE de la acusación fiscal donde se les imputa ser autoras del delito desobediencia y resistencia la autoridad en agravio del ESTADO.
5)
Para fundamentar un juicio de condena se requiere como presupuesto que hayan existido en juicio oral81, suficientes elementos probatorios de cargo que permitan establecer la responsabilidad del procesado, es decir, que se haya desvirtuado la presunción de inocencia82, a la que
80 EJECUTORIA SUPREMA DEL 6/8/99. EXP. N° 3297-98, LIMA DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA, IMA, GACETA JURÍDICA, AÑO 7, NÚMERO 28, ENERO 2001, P.323. 81 “Esta fase que se desarrolla en sesiones, es sin duda alguna el período o momento fundamental del proceso penal, dado que está destinada al aporte de las pruebas y a la producción de los informes de los defensores, tanto de la sociedad (Ministerio Público) como privados (imputado, parte o actor civil y tercero civil) frente al órgano jurisdiccional.
Como tal, el juicio oral es la discusión de la prueba reunida en el proceso, que lleva a cabo en forma acusatoria y en la que rigen los principios de contradicción, oralidad, inmediación y continuidad”. Marco de La Cruz Espejo. El Nuevo Proceso Penal. Ed. Idemsa, p.596.
82 La presunción de inocencia constituye para unos un derecho y para otros una garantía. Siguiendo al español Jaime Vegas Torres, citado por César San Martín Castro, presenta tres alcances:“...1) Como concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
429
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro algunos autores prefieren llamarla “verdad interina o provisional de inculpabilidad”, categoría jurídica que está íntima y directamente vinculada a la actividad probatoria, de igual forma el principio de in dubio pro reo, pues no es posible referirse a éstos si no ha existido recojo, incorporación, producción y valoración de medios de prueba; o cuando menos uno de estos, pues el Ministerio Público como titular de la acción penal pública, es el encargado de suministrar la prueba necesaria para acreditar la responsabilidad del imputado, y que a la vez se constituye como la máxima manifestación del derecho de defensa. 6)
La presunción de inocencia es un derecho fundamental (artículo 2.24. “c” Constitución Política) que se encuentra consagrado en todos los ordenamientos constitucionales modernos que tienen como fin supremo la prevalencia del individuo frente al Estado e incluso frente al proceso penal. De esta manera, la presunción de inocencia como garantía procesal penal consiste en que el investigado, imputado o encausado debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia judicial firme y por magistrados independientes.
7)
Siguiendo a Vegas Torres, la presunción de inocencia tiene un triple enunciado: 1) la presunción de inocencia es un concepto fundamental en torno al cual se construye todo un modelo de proceso penal, de corte liberal, en el cual se mira fundamentalmente ha establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal; 2) la presunción de inocencia es un postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por lo tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso; 3) la presunción de inocencia es una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a lo cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación,
proceso penal, en el que se mira fundamentalmente a establecer garantías para el imputado frente a la actuación punitiva estatal. 2) Como postulado directamente referido al tratamiento del imputado durante el proceso penal, conforme al cual habría de partirse de la idea de que el inculpado es inocente y, por tanto, reducir al mínimo las medidas restrictivas de derechos en el tratamiento del imputado durante el proceso. 3) Como una regla directamente referida al juicio de hecho de la sentencia penal, con incidencia en el ámbito probatorio, conforme a la cual, la prueba completa de la culpabilidad del imputado debe ser suministrada por la acusación, imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada”. En http://www.tribunalconstitucional.gov.bo/descargas/articulos/PPI_WRA.pdf
430
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA imponiéndose la absolución del inculpado si la culpabilidad no queda suficientemente demostrada.83 8)
Cabe anotar que tanto la presunción de inocencia así como el indubio pro reo inciden sobre la valoración probatoria del juez ordinario. En el primer caso, que es algo objetivo, supone que a falta de pruebas aquella no ha quedado desvirtuada, manteniéndose incólume, y en el segundo caso, que es algo subjetivo, supone que ha habido prueba, pero esta no ha sido suficiente para despejar la duda (la suficiencia no se refiere a la cantidad de pruebas incriminatorias, sino a la entidad y cualidad que deben reunir estas). La sentencia, en ambos casos, será absolutoria, bien por falta de pruebas (presunción de inocencia), bien porque la insuficiencia de las mismas - desde el punto de vista subjetivo del juez genera duda de la culpabilidad del acusado (indubio pro reo), lo que da lugar a las llamadas sentencias absolutorias de primer y segundo grado, respectivamente.84
9)
La sentencia apelada hace un análisis probatorio en el cuarto considerando, de lo que resulte que no se ha cumplido con los artículos 394° y 938° del Código Procesal Penal, al no haber motivado en forma clara, lógica y completa cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probados o que lo justifique. Siendo esto así, no ha valorado la testimonial del Mayor de la PNP Carlos Antonio Aliaga Cortesana y las documentales actuadas en juicio oral como son: resolución judicial N°52 de fecha 29 de Abril de 2008, la constancias de notificación de la resolución judicial N° 52 realizadas a las acusadas, y escrito pidiendo suspensión de lanzamiento de fecha 27 de mayo de 2008, presentado por las acusadas; además de el Acta de Diligencia de Lanzamiento de fecha 27 de mayo de 2008.
10)
Ahora bien, en vía jurisprudencial, el Tribunal Constitucional ha establecido que “El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales constituye un elemento esencial del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 5) del artículo 139° de la Norma Fundamental, que garantiza el derecho de obtener de los órganos judiciales una respetuosa, razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en cualquier clase de procesos. La exigencia que las resoluciones judiciales sean motivadas, garantiza que
83 VEGAS TORRES, JAIME. “Presunción de inocencia y prueba en el proceso penal”, Editorial La Ley. Madrid. 84 EXPEDIENTE N° 00728-2008-PHC/TC. Considerando 37.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
431
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la Ley; pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables (…). En tal sentido(…) implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso(…) Fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que conlleva a que se exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamiento del fallo y lo pretendido por las partes; y c) que por sí mismas expresen una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando ésta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por revisión85. 11)
Asimismo, tenemos en el Artículo 394° numeral tres, del Código Procesal Penal, al señalar como un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y valoración de la prueba que lo sustenta, con indicación del razonamiento que lo justifique”.
12)
A juicio del Tribunal Constitucional, el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones se vulnera en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.
85 Estudios y jurisprudencia del Código Procesal Constitucional. Gaceta Jurídica, 1°ed. Enero 2009, p.702-703.
432
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”86. 13)
Esta Sala Superior, al haber realizado un análisis conjunto, determina que este extremo de la sentencia venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana crítica, conllevando de ese modo al del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales exigido por nuestro ordenamiento jurídico, no habiéndose realizado el análisis de los actuados ni de cada una de las pruebas que forman parte del proceso, se ha llegado a determinar que no existe
86 EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
433
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro responsabilidad de las procesadas, la misma que ha sido debidamente sustentada en el aporte y actuación de las pruebas al realizar el análisis de la sentencia venida en grado, advierte que la misma se ha dictado respetando los principios fundamentales constituidos como los pilares de este nuevo modelo acusatorio con tendencia adversarial, si se tiene en cuenta que toda sentencia constituye la decisión definitiva de una cuestión criminal, acto complejo que contiene un juicio de reproche o ausencia del mismo, sobre la base de hechos que han de ser determinados jurídicamente; por ello se ha incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 150° del Código procesal Penal. POR LAS CONSIDERACIONES EXPUESTAS, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, impartiendo Justicia en nombre del Pueblo, RESUELVE: 1.- DECLARAR NULA, la sentencia, resolución número TRECE, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil nueve y que obrante en las páginas ochenta y nueve a noventa y tres, en el extremo que ABSUELVE a las imputadas MARIA JULIA ALVA LEÓN y VICTORIA ISABEL ALVA JAVE de la acusación fiscal donde se les imputa ser autoras del delito desobediencia y resistencia la autoridad en agravio del ESTADO. 2.- ORDENARON la realización de nuevo juicio oral y la intervención de otro juzgador. 3.- NOTIFIQUESE a las partes procesales en el modo y forma de ley. Actuó como Juez Superior Titular, Ponente y Director de Debates, Señora Doctora Lilly Del Rosario Llap Unchón.
434
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA
17. EJERCICIO ILEGAL DE UNA PROFESION EXPEDIENTE IMPUTADO DELITO AGRAVIADO PROCEDENCIA APELANTE ASUNTO
: 05485-2009-60-1601-JR-PE-03.: PISCONTE LAZARO WILSON ANTONIO : EJERCICIO ILEGAL DE UNA PROFESION : EL ESTADO : PRIMER JUZGADO PENAL UNIPERSONAL : IMPUTADO : APELACION DE SENTENCIA CONDENATORIA
Trujillo, Treinta de Junio Del Año dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los señores magistrados integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones, VÍCTOR RAUL MALCA GUAYLUPO (Presidente), LILY LLAP UNCHON y WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO.- - - - ----------I.- PRETENSION DE LAS PARTES.1.1.- Que, viene en apelación la Sentencia que condena al acusado Wilson Antonio Pisconte Lázaro, como autor del delito de Ejercicio Ilegal de una Profesión, en agravio del Estado, a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de dos años bajo reglas de conducta; y fija una reparación civil en la suma de quinientos nuevos soles a favor de la agraviada. - - - - - - - - - - - - - 1.2.- Que, el abogado del imputado ha interpuesto el recurso de apelación, contra la sentencia condenatoria y solicita que sea revocada y se le absuelva a su patrocinado de la acusación fiscal, porque el hecho investigado es atípico, puesto que la conducta de elaboración de los estados financieros en calidad de contador encargado lo ha realizado sin estar presente el dolo, por disposición del Director del plantel ante la ausencia del Contador Público Colegiado. -------------------------------------------------1.3.- En contraposición a la pretensión de la defensa del imputado, la representante del Ministerio Publico, solicita se confirme la sentencia apelada, al haberse acreditado la responsabilidad del imputado, por concurrir los elementos del tipo objetivo y subjetivo; agregando que si bien en el sello no se señala la matricula, el no tiene el título, solo tiene estudios técnicos en el área de contabilidad y en el colegio tiene resolución de encargatura pero pertenece al área ocupacional de este colegio. Ha transgredido la directiva 002 – 2008 – EF/93.01 en el que se establece que los estados financieros de los CAFAE deben ser elaborados y suscritos por un contador público colegiado y habilitado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
435
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro 1.4. En igual sentido el abogado del Actor Civil solicita se confirme la sentencia apelada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.- ACTUACIONES PROCESALES.2.1.- Que en la audiencia de apelación la parte apelante se ratificó y expresó los fundamentos de su apelación y por su parte el Ministerio Publico sustento su pretensión punitiva; no se actuaron nuevas pruebas, las partes no solicitaron la oralización de piezas procesales. 2.2.- El acusado prestó su declaración sosteniendo que trabaja en el Colegio Militar Ramón Castilla desde 1989. El año 2007 se conformó el CAFAE y en enero del 2008 le dieron un memorándum para realizar la contabilidad porque el contador hizo abandono del cargo. Y como el Gobierno Regional pedía el balance del CAFAE a la dirección del colegio, le dieron un memorándum para hacer la contabilidad a pesar de que sabían que no era contador. Y se apersono a las oficinas del Gobierno Regional en donde le explicaron cómo hacerlo. Le dijo al director que tenía que ser firmado por un contador público colegiado; pero él le dijo que lo firme; y lo firmó como contador encargado, con el sello que le hicieron en la dirección. Les dijo que necesitaban la firma de un contador, pero lo enviaron así. No está inscrito en el Colegio de Contadores Públicos, estudio en el instituto Carlos E. Uceda Meza, es técnico.2.3.- Se escuchó los alegatos finales de las partes, quienes desarrollaron sus pretensiones.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.4.- Con efecto de la apelación formulada, la Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida, así como para declarar la nulidad en caso de nulidades absolutas o sustanciales no advertidas por el impugnante.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- CONSIDERANDOS: 3.1.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS.3.1.1. El delito de ejercicio ilegal de la profesión se encuentra previsto en el artículo 190 del Código Penal que prescribe: “El que ejerce profesión sin reunir los requisitos legales requeridos, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.
La pena será no menor de cuatro ni mayor de ocho años, si el ejercicio de la profesión se da en el ámbito de la función pública o prestando servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.”
3.1.2. En la sentencia de casación 03-2007 – Huaura de 07.11.07, se ha precisado que uno de los elementos que integra el contenido esencial de la presunción de inocencia como regla de prueba es que la actividad
436
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA probatoria realizada en el proceso sea suficiente, conforme al primer párrafo del artículo dos del título preliminar del Nuevo Código Procesal Penal. Ello quiere decir, primero, que las pruebas, así consideradas por la ley y actuadas conforme a sus disposiciones, estén referidas a los hechos objeto de imputación, al aspecto objetivo de los hechos, y a la vinculación del imputado a los mismos, y, segundo, que las pruebas valoradas tengan un carácter incriminatorio y, por ende, que puedan sostener un fallo condenatorio. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------3.2.- FUNDAMENTOS FACTICOS: 3.2.1. Que los hechos objeto de la acusación del Ministerio Público son los siguientes: Que en el Informe Especial Nº 025-2008-02-5342 emitido por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de La Libertad se indica que con oficio Nº 152-2008-CMGMRC-CAFAE/PRE, del 24 de Marzo 2008, el CAFAE del Colegio Gran Mariscal Ramón Castila remite al CAFAE del Gobierno Regional información Financiera Contable para su consolidación y posterior envió a la Contaduría y como resultado de la revisión a la información documentada se evidencia que los Estados Financieros estaban firmados por Wilson Antonio Pisconte Lázaro cuyo sello sólo se describía la palabra contador (e), sin la matricula correspondiente. Y a su solicitud el Decano del Colegio de Contadores de La Libertad les informó que la citada persona no se encuentra inscrito en su base de datos y por lo tanto no es miembro de la orden. Así mismo El Director del Colegio Gran Mariscal Ramón Castilla informó que Wilson Antonio Pisconte Lázaro es un servidor nombrado cuya formación académica es el de ser Especialista Profesional en Contabilidad Empresarial, laborando desde 1991 en el Área Administrativa y que desde el año 2002 se le encargó vía Resoluciones Directorales el cargo de Especialista en Finanzas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2.2. En la sentencia apelada se sostiene que valorando la prueba de cargo consistente en la declaración del acusado y la documental admitida se ha llegado a establecer: La existencia del hecho doloso en cuanto a la elaboración de los estados financieros, firmados por el acusado como contador (e), quien desempeña el grupo ocupacional como auxiliar, tiene estudios de segundo ciclo de contabilidad empresarial; y no es miembro de la orden del colegio de contadores públicos; que esta normado que la elaboración y firma de los estados financieros del CAFAE en el sector público, deben ser elaborados y firmados por un contador público, que además debe estar colegiado y habilitado para tal función; con lo que queda plenamente demostrado su responsabilidad penal,
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
437
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro en el ámbito de la función pública o prestando servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 3.2.3. Que, el acusado en su declaración en juicio oral y en el examen ante esta instancia acepta la comisión de los hechos; y en igual sentido el abogado del imputado, sin embargo como teoría del caso, ha planteado que la conducta es atípica, por estar exenta de dolo; en tal sentido queda delimitado el ámbito de análisis en esta instancia, esto es el de determinar si el acusado ha actuado con conciencia y voluntad de cometer la conducta prevista en el artículo 363 del CP y la circunstancia agravante. -------------------------------3.2.4. Que el tipo penal tiene una vertiente objetiva (tipo objetivo) como una vertiente subjetiva (tipo subjetivo). El dolo supone la realización consciente (el querer) y voluntaria (el saber) de los elementos subjetivos del tipo. Por lo que el dolo contiene un elemento cognoscitivo, en el que el agente actúa consciente de sus actos, conociendo los elementos de acción típica, sujeto, conducta, objetos relación causal; y el elemento volitivo, el agente no solo debe haber conocido los elementos del tipo objetivo, sino que además debe haber tenido la voluntad de realizarlos87. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2.5. La Directiva N° 002 - 2008 - EF/93.01 de fecha 07 de enero de 2008, que regula los criterios para la preparación y presentación de los estados financieros e información complementaria elaborados por los comités de administración de los fondos de asistencia y estimulo – CAFAE de las entidades del sector público, establece que los estados financieros de los comités de administración de los fondos de asistencia y estimulo CAFAE deberán ser elaborados y suscritos por un contador público colegiado habilitado; sin embargo el acusado, quien no tiene el título de contador y por tanto no pertenece a la orden del Colegio de Contadores Públicos, ha procedido a elaborar la información financiera contable del ejercicio presupuestal 2007 del CAFAE – SEDE –UE.310 y después de firmar cada una de las 10 hojas usando un sello como contador (e), el Presidente del CAFAE del citado colegio con un oficio número 152 – 2008 –CMGMRC. CAFAE/PRE de fecha 24 de marzo de 2008 lo envió al Presidente del CAFAE – Sede Central del Gobierno Regional de la Libertad; habiendo actuado con pleno conocimiento de la
87 MARIO PABLO RODRÍGUEZ HURTADO, “Manual De Casos Penales - Teoría del Delito y su importancia ene. Marco de la Reforma Procesal Penal”. 1º edición. Ed. Cooperación Alemana de Desarrollo. Lima - Perú: 2008. Pág. 170.
438
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA glosada disposición legal, desde que para elaborar dichos balances ha tenido que seguir las pautas y usar los formatos anexos. En ese sentido el acusado ha realizado actos propios de la profesión de contador público de naturaleza dolosa, pues en su condición de especialista en contabilidad tenía pleno conocimiento que no podía realizar actos propios del ejercicio de la profesión de contador y sin embargo los ha realizado, por lo que al haber concurrido el elemento cognoscitivo y volitivo se ha llegado a establecer que el acusado ha actuado en forma dolosa.- - - - ----------------------------------3.2.6. Por lo que habiéndose analizando en conjunto las pruebas y en virtud al principio de unidad de pruebas, se determina que el Juzgado unipersonal ha realizado una adecuada valoración de todos y cada uno de los medios probatorios de cargo presentados por la fiscalía, los mismos que han sido actuados en audiencia de juicio oral, llevándose a cabo un trámite adecuado del proceso penal, en mérito al principio de igualdad de armas, el mismo que tal como señala el Profesor San Martín, “es fundamental para la efectividad de la contradicción y consiste en reconocer a las partes los mismos medios de ataque y de defensa, es decir, idénticas posibilidades y cargas de alegación, prueba e impugnación”88, por tal razón, este superior jerárquico establece que la sentencia condenatoria venida en grado se ha sustentado en criterios objetivos de la lógica, la experiencia y la sana critica, conllevando de ese modo al cumplimiento del debido proceso y motivación de resoluciones judiciales; además como ha quedado establecido las pruebas actuadas y debidamente valoradas han sido suficientes para sustentar la teoría del caso del representante del Ministerio Público.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.2.7. De esta manera ha quedado acreditado fehacientemente la comisión del delito de ejercicio ilegal de la profesión y la culpabilidad del acusado, en calidad de autor, por lo que habiéndose desvanecido la presunción de inocencia prevista en el artículo II del Código procesal penal con la suficiente actividad probatoria de carga obtenida y actuada con la debidas garantías procesales, la sentencia apelada que contiene una pena que guarda correspondencia con el injusto cometido, debe de ser confirmada.- - - - - - - III. PARTE RESOLUTIVA Que, por todas las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, las leyes de la lógica y las reglas
88 http://blog.pucp.edu.pe/item/23860
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
439
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro de la experiencia, de conformidad con las normas antes señaladas, la PRIMERA SALA PENAL DE APELACIONES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD POR UNANIMIDAD, RESUELVE:
CONFIRMAR la sentencia que condena al acusado Wilson Antonio Pisconte Lázaro, como autor del delito de Ejercicio Ilegal de una Profesión, en agravio del Estado, a cuatro años de pena privativa de libertad, suspendida por el plazo de dos años bajo determinadas reglas de conducta; y Fija una reparación civil en la suma de quinientos nuevos soles a favor de la agraviada, con lo demás que contiene. - - - - -
Y EJECUTORIADA que sea la presente devuélvase al Juzgado de origen. Actuó como Director de Debates y Ponente, el Juez Superior Walter Ricardo Cotrina Miñano.- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
440
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA
18. ENCUBRIMIENTO PERSONAL - NULA SENTENCIA ABSOLUTORIA EXPEDIENTE IMPUTADO DELITO AGRAVIADO APELANTE ASUNTO
: 01972-2010-86-1601-JR-PE-01 : DANIEL JANAMPA BERROSPI : ENCUBRIMIENTO PERSONAL : EL ESTADO – PODER JUDICIAL : MINISTERIO PÚBLICO : APELACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA
Trujillo, siete de Octubre Del Año Dos Mil Diez.VISTOS, en Audiencia Pública realizada por los magistrados integrantes de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, JUAN RODOLFO SEGUNDO ZAMORA BARBOZA (Presidente), WALTER RICARDO COTRINA MIÑANO y RUDY EDINSON GONZALEZ LUJAN. I.
PLANTEAMIENTO DEL CASO:
1.1. Es materia de apelación la sentencia que absuelve al acusado Daniel Janampa Berrospi como autor del delito contra la Función Jurisdiccional, en la modalidad de Encubrimiento Personal, en agravio del Estado – Poder Judicial. - - - - ---------------------------1.2. El representante del Ministerio Púbico ha interpuesto recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, solicitando que se declare nula por considerar que no se ha hecho una correcta valoración de los medios probatorios actuados. - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.3. El abogado del imputado solicita que se confirme la sentencia de materia de grado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4. Que esta Sala Penal de Apelaciones asume competencia para realizar un reexamen de los fundamentos de hecho y derecho que tuvo el Ad quo para dictar la sentencia recurrida.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. CONSIDERANDOS: FUNDAMENTOS JURÍDICOS.2.1 Que, el delito de encubrimiento personal previsto en el artículo 404 del Código Penal se configura cuando el sujeto agente sustrae a una persona de la persecución penal o de la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia. 2.2. Que El Tribunal Constitucional ha señalado que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas conforme al artículo 139°, inciso 5), de la GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
441
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro Constitución, garantiza que los jueces, cualquiera sea la instancia a la que pertenezcan, expresen el proceso mental que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de impartir justicia se haga con sujeción a la Constitución y a la ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los justiciables.(…) En tal sentido el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales implica la exigencia de que el órgano jurisdiccional sustente de manera lógica y adecuada los fallos que emita en el marco de un proceso. Ello no supone en absoluto una determinada extensión de la motivación, sino fundamentalmente que exista: a) fundamentación jurídica, lo que conlleva que se exprese no sólo la norma aplicable al caso en concreto, sino también la explicación y justificación de por qué el hecho investigado se encuentra enmarcado dentro de los supuestos que la norma prevé; b) congruencia entre lo pedido y lo resuelto, que implica la manifestación de los argumentos que expresan la conformidad entre los pronunciamientos del fallo y lo pretendido por las partes; y, c) que por sí misma exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada, aun cuando esta sea sucinta, o se establezca el supuesto de motivación por remisión89. 2.3 Que, asimismo el Tribunal Constitucional ha señalado “que el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso
A juicio del Tribunal, el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho se vulnera en los siguientes supuestos: a)
Inexistencia de motivación o motivación aparente.
b)
Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.
89 Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 4947-2009-HC/TC. Caso Manuel Gómez Pachon y otros
442
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA c)
Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica.
d)
La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.
e)
La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva)….”90.- - - - - - - - - - -
2.4 Que, la doctrina ha señalado que se debe entender por motivación el proceso discursivo en virtud del cual se expresa con suficiencia, claridad y coherencia las razones que se han tenido para tomar una determinada decisión. “Motivar significa justificar la decisión tomada, proporcionando una argumentación convincente, e indicando los fundamentos de la operación que el juez efectúa (FERNANDEZ ENTRALGO)”91.- Según Olsen Ghirardi92 se considera que la
90 EXPEDIENTE Nº3943-2006-PA/TC.- Y es el tema de la motivación uno de los que presentan singular importancia en nuestro sistema jurídico penal -y en el jurídico en general- pues si bien es difícil y poco frecuente que los jueces omitan pronunciarse respecto de la finalización del proceso; la falta o pobreza de las motivaciones es uno de los problemas de mayor frecuencia en nuestra judicatura. 91 CONDE-PUMPIDO TOURON, Cándido. “El juicio oral”, en AA. VV. La reforma del proceso penal. Madrid – España: Tecnos, 1990, pág. 201. 92 GHIRARDI, Olsen. “La estructura lógica del razonamiento judicial”, en Derecho y Sociedad N° 13. Lima - Perú: 1998, pág. 231.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
443
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro resolución del juez ha sido fundamentada cuando se muestra, por las expresiones vertidas, que se ha seguido todo un camino -en forma explícita- hasta llegar a una afirmación o negación, con respecto a la conclusión final a la que se ha arribado”. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.5 Que, para el cumplimiento del deber constitucional de motivación de las resoluciones jurisdiccionales, el juzgador debe de manejar adecuadamente: las máximas de experiencia93, reglas de la lógica y categorías jurídicas.
Por el contrario, la infracción del deber constitucional de motivar las resoluciones se puede dar de cuatro diferentes maneras: a)
Falta absoluta de motivación:
Tiene lugar cuando la resolución no expresa el más mínimo (argumento real o aparente) que fundamente la decisión que se toma. Existe una total ausencia de motivación.
b)
Motivación aparente:
En este caso la resolución aparece prima facie como fundada. El juzgador glosa algunas razones del porqué ha tomado la decisión.
Se trata de una motivación aparente porque, en cuanto nos adentramos en la profundidad y razonabilidad de la fundamentación, sin quedarnos sólo en el aspecto formal, se descubre que no existe ningún fundamento94; que se han glosado frases que nada dicen (que son vacuas o ambiguas) o que carecen de contenido real (no existen elementos de prueba que las sustenten).
Es necesario dejar en claro que la motivación aparente no constituye, en estricto, motivación alguna y no debe ser considerada como una motivación real95.
c)
Motivación insuficiente:
Se incurre en esta infracción cuando se viola el principio lógico de razón suficiente, es decir, se consignan sólo algunos de los argumentos que
93 Según Stein, las máximas de experiencia son: “definiciones o juicios hipotéticos de contenido general desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos”. Crf. cita ANDRES IBAÑEZ, P., op cit., pág. 146. 94 FERNANDEZ, Raúl. “Los errores in cogitando en la jurisprudencia cordobesa”, en AA.VV. La naturaleza del razonamiento judicial (El razonamiento débil). Córdoba - Argentina: Alveroni, 1993, pág. 117. 95 GHIRARDI, O., op cit., pág. 231.
444
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA llevaron a tomar la decisión, pero no todos los que van a generar la convicción96.
Es necesario dejar en claro que, conforme ha señalado la STC 264/88: “no es exigible una agotadora explanación de los argumentos y razones y que, según el caso, es incluso admisible una fundamentación escueta, pero siempre que de ésta aparezca que la decisión judicial responda a una concreta interpretación y aplicación del Derecho ajena a toda arbitrariedad”97.
d)
Motivación incorrecta:
Se presenta cuando en el proceso de motivación se infringe las reglas de experiencia o de la lógica, se interpreta o aplica incorrectamente las normas jurídicas, o se recurre a criterios que carecen de cualquier fundamento.
2.6 Que, así mismo, el Artículo 394 Inciso 03, del Código Procesal Penal, señala que es un requisito de la sentencia “La motivación clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dan por probadas o improbadas, y la valoración de la prueba que la sustenta, con indicación del razonamiento que la justifique”.FUNDAMENTOS FACTICOS.De los hechos objeto de la acusación 2.7 Los hechos materia de la acusación, descritos en la sentencia, consisten en que el día 07 de diciembre del año 2005, en horas de la tarde los policías Fernando Díaz Nery y Luis Carrasco Torres intervienen a Angel Alfonso Chang Fukuda por encontrarse con mandato de detención, conforme a la copia de requisitoria dictado por el Juzgado Mixto de Virú en la instrucción 255 – 2005 por el delito de omisión a la asistencia familiar siendo trasladado a la comisaría de Virú, sin embargo el acusado, el Mayor PNP Daniel Janampa Berrospi, Comisario de Virú, propone una transacción con la madre de los alimentistas y luego en forma ilegal y sin mandato judicial expreso lo pone en libertad, sustrayéndolo de la acción de la justicia. De los fundamentos de la apelada2.8 En la sentencia apelada se sostiene, que ante un documento de transacción que soluciona el problema alimenticio entre las partes, que origino la orden de
96 Conforme señala Cafferata Nores: “El respeto al principio de razón suficiente requiere la demostración de que un enunciado, solo puede ser así y no de otro modo”. Crf. cita GHIRARDI, O. El razonamiento..., pág. 103. 97 Crf. cita LOPEZ BARJA DE QUIROGA, J., op cit., pág. 102.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
445
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro captura, fue puesto en conocimiento del Juzgado Mixto, por parte del acusado mediante un oficio, lo que ha originado que el Juzgado convalide la puesta en libertad del requisitoriado. No ha existido la seguridad para efectuar la detención, por tratarse de una copia de requisitoria, la que no estaba dirigida a la comisaria sino a la policía judicial, y por la hora ya no se podía verificar la autenticidad de la misma. La conducta del acusado no se encuadra en el delito de encubrimiento, pues la prueba no demuestra que el acusado haya tenido la intención de sustraer al intervenido, por el contrario puso en conocimiento del Juagado según las indicaciones de la misma titular, la que a su vez emite la resolución convalidando el accionar del acusado, distinto hubiera sido si hubiera puesto en libertad sin dar a conocer los hechos al Juzgado. Y si la Fiscalía aduce que el acusado omitió poner al detenido a disposición, tal conducta no constituye el tipo penal y tampoco se acredita el elemento subjetivo, que es doloso. Delimitación de la pretensión impugnatoria del Ministerio Público. 2.9 El Representante del Ministerio Público ha solicitado la nulidad de la sentencia y un nuevo juicio oral, por no haberse hecho una correcta valoración de los medios probatorios actuados en juicio; por considerar que el comportamiento del acusado si se encuadra dentro del tipo penal, por haber propuesto a las partes un acuerdo, ha facilitado la salida el detenido para dirigirse a la notaria y ha ordenado al comandante de guardia que registre la libertad del detenido. Análisis de las pretensiones impugnatorias.2.10 Que en la audiencia de apelación de sentencia no se han actuado nuevas pruebas, el acusado se acogió al derecho de guardar silencio y no se oralizó ningún medio probatorio; de allí que el análisis de las pretensiones de las partes, consistente en la nulidad de la sentencia, solicitada por el Ministerio Público y la solicitud de que se confirme la sentencia por parte de la defensa del acusado, se circunscribirá a las pruebas actuadas en juicio oral y si estas han sido valoradas por el Juez Unipersonal de primera instancia, de acuerdo a las reglas o pautas de valoración previstas en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal. 2.11 Que, con las declaraciones testimoniales del personal de la PNP Fernando Floro Díaz Nery y Luis Amador Carrasco Torres y copia del oficio de captura expedido por el Juzgado Mixto de Virú, que ha sido oralizado en juicio oral, se ha llegado a probar que ambos policías, procedieron a intervenir y conducir a la Comisaría de Virú al requisitoriado Ángel Alfonso Chang Fukuda, por existir una orden de captura, al haber sido declarado reo ausente, en el proceso penal que se le sigue por el delito de omisión a la asistencia familiar en agravio de Carlos Chang Rosado; registrándose su detención a las dos y cinco de la tarde, y a las cuatro de la tarde fue liberado por orden del acusado, en
446
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
SENTENCIAS DE VISTA su condición de Jefe de la citada comisaría; conforme se ha acreditado con el libro de registro de detenidos y con la declaración testimonial del PNP Nicolás Nedder Infante Castillo, quien se desempeñaba ese día como comandante de guardia, actuadas en juicio oral. Y cuyos hechos, así descritos, se encuentran consignados en la sentencia apelada. De los elementos objetivos del tipo penal. 2.12 El legislador ha utilizado en la configuración del tipo el verbo rector “sustraer” entendiéndose por tal a toda conducta que facilite o haga posible eludir la investigación o la acción de la autoridad; es decir sustraer a la persecución penal o a la acción de la justicia, impedir que consiga llegar a él por cualquier medio (ocultamiento, facilitamiento de fuga, etc). El verbo rector no debe entenderse en su acepción literal sino en el sentido de la acción material de impedir que el encubierto pueda ser perseguido o condenado” 98. 2.13 Que, con relación al elemento objetivo del tipo penal, materia de acusación, en la sentencia apelada se ha sostenido que si el representante del Ministerio Público aduce que el acusado omitió poner el detenido a disposición del órgano jurisdiccional, tal conducta no constituye el tipo penal. Sin embargo, esta afirmación, no se condice con un análisis racional de los hechos probados, desde que en el presente caso, al haberse acreditado que el intervenido quedó en calidad de detenido, a las dos y cinco de la tarde, en la Comisaria de la PNP de Virú, esta situación fáctica, ha conllevado que el detenido ingrese al ámbito de custodia por parte del personal de la policía nacional de dicha Comisaria, como ente corporativo y por ende bajo esa situación jurídica, el deber jurídico de ponerlo a disposición del Juzgado Mixto de Virú; en tal sentido la conducta del acusado, de haber dispuesto la liberación del requisitoriado por el Juzgado Mixto, con lo cual ha impedido que el ente corporativo policial ponga a disposición del citado Juzgado al detenido, importa la conducta comisiva de sustraer al detenido de la persecución penal, al que se encontraba sujeto en el proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar; en tal sentido la conducta del acusado si se adecua a la estructura normativa del tipo penal objetivo, materia de acusación. Del elemento subjetivo del tipo. 2.14 Que el tipo penal admite solo el supuesto de naturaleza dolosa; el agente encubridor debe tener conocimiento o presumir que el encubierto ha cometido o participado de un hecho ilícito y es en ese saber que los sustrae de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada
98 Jorge B. Hugo Álvarez. Delitos Contra la Administración de Justicia. Gaceta Jurídica S.A. Editorial el Buho. Primera Edición - octubre 2004. Pág. 59 y 60.
GRUPO EDITORIAL
Lex & I uris
447
MODELOS DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL / Edilberto Luis Martínez Castro por la justicia. Esta acción dolosa admite multiplicidad de formas o modalidades adecuadas para fomentar la sustracción de la persecución penal o de cualquier otra medida ordenada por la justicia; resultando irrelevante que el agente encubridor asegure o no algún tipo de ventaja patrimonial o no. 99 2.15 En la sentencia apelada, se sostiene que las pruebas actuadas no demuestran que el acusado haya tenido la intención de sustraer al intervenido de la acción de la justicia; argumento que también ha sido sostenido por la defensa del acusado. Por lo que a efectos de determinar si en la conducta del acusado concurre el elemento subjetivo del tipo, que es de naturaleza dolosa o intencional; se aprecia que en el presente proceso ha quedado acreditado, que el Juzgado Mixto de Virú presta atención al público, hasta las tres de la tarde, conforme lo ha sostenido el testigo Luis Felipe Rodríguez Saona, en su declaración prestada en juicio oral, quien en esa fecha se desempeñaba como Juez Suplente en el citado Juzgado; y cuyo horario es público conocimiento. Sin embargo, a pesar de que el intervenido estaba detenido en la Comisaría desde las dos con cinco minutos de la tarde, no fue puesto a disposición del Juzgado y muy por el contrario el acusado ordeno que personal policial escolte al detenido a una oficina notarial, de esa localidad, para suscribir una transacción con la señora Marita Marlene Rosado Ponce, como lo ha sostenido esta testigo en su declaración prestada en juicio oral y posteriormente el acusado procedió a liberar al detenido. 2.16 Que de estos hechos se desprende que el acusado ha tenido pleno conocimiento que existía una orden de captura contra el detenido, que se encontraba bajo el ámbito de custodia del personal policial de la Comisaria a su cargo; y es en ese saber que procedió a liberarlo, sustrayendo al detenido de la persecución penal, por la cual era requisitoriado por el Juzgado Mixto de Virú; por lo que este colegiado estima que el acusado ha tenido la conciencia y voluntad de sustraer de la acción de la justica al detenido; siendo indiferente el que posteriormente mediante un oficio haya puesto en conocimiento de su liberación al detenido; máxime si en ese oficio el acusado afirma que intentó comunicarse con el Juez Suplente, no teniendo comunicación con este, y sin embargo el Juez Suplente en su declaración prestada en juicio oral ha sostenido que no ha tenido