Constitucion Y Ius Punendi.docx

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CONSTITUCIÓN Y EL IUS PONIENDI Ius puniendi es una expresión latina utilizada para referirse a la facultad sancionadora del Estado. De forma desglosada encontramos por un lado que, la expresión “ius” equivale a decir “derecho”, mientras que la expresión “puniemdi El Derecho Penal suele entenderse en dos sentidos diferenciados: objetivo y subjetivo. Para el Profesor Mir Puig el Derecho objetivo equivale al conjunto de normas penales. Por su parte el Derecho subjetivo (también llamado ius puniendi o Derecho a castigar) es el derecho que corresponde al Estado a crear y aplicar el Derecho Penal objetivo. El derecho Penal subjetivo se refiere básicamente al objetivo. FUNDAMENTO DEL IUS PUNIENDI ESTATAL Históricamente el Estado ha monopolizado el poder de castigar. Sólo el “ius puniendi” estatal puede operar como poderosa instancia pública capaz de resolver el conflicto criminal de forma pacífica e institucional, racional y previsible, formalizada, eficaz e igualitaria con escrupuloso respeto de las garantías individuales. Sólo el ius puniendi estatal se halla en condiciones de asegurar la justa tutela de los bienes jurídicos fundamentales, monopolizando la violencia privada y la autodefensa. Políticamente el debate sobre el ius puniendi nos lleva a los planteamientos ideológicos y los sucesivos modelos de Estado: absoluto, liberal e intervencionista. Del Estado Absoluto se preguntaban qué título podía tener este para privar de sus derechos al ciudadano, como se justificaba la intervención penal, el castigo. El Estado liberal, el depositario, administrador y custodio de las libertades públicas, se pasaba al Estado social, el que interviene activamente como gestor de los procesos sociales. Así es como el ius puniendi pasa a convertirse en un poderoso instrumento de Política criminal en aras de la prevención del delito. Así las medidas de seguridad, junto con la pena, son fieles exponentes del cambio. Los postulados del Estado social con la dirección de la Política Criminal fueron encarnados por Franz von Liszt. Según este el Estado Intervencionista pretendería reaccionar frente a la ineficacia del Derecho penal clásico y liberal. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se pudo comprobar como un Estado intervencionista puede representar peligros importantes para las garantías individuales. Ha quedado claro que es necesario someter a límites al

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iuspuniendi. Como dice Mir Puig, el Estado Social y Democrático debe ser un complemento al Estado Clásico y Liberal y no una alternativa. El iuspuniendi deberá respetar siempre los límites propios de una concepción garantista del Estado. Jurídicamente se suelen distinguir dos manifestaciones de iuspuniendi: el derecho del Estado a establecer normas penales y el derecho del Estado a exigir el cumplimiento de ellas. El primer momento del iuspuniendi entronca con el poder legislativo en la que se integran la potestad de dictar normas penales: el poder político penal, según Rocco. Según Mayer el problema es constitucional y no político. En cuanto al segundo momento, el derecho del estado a exigir el cumplimiento de la norma penal viene impuesto por la ley: de la violación de esta surge el derecho del Estado a aplicar y ejecutar la pena. NATURALEZA DEL IUS PUNIENDI La naturaleza del iuspuniendi pretende buscar una fundamentación a sus límites. Binding parte de la distinción norma- ley. La misión principal de toda norma es la de establecer la “obediencia”, existiendo un derecho a exigir su cumplimiento, por lo tanto, la conducta contraria a la norma es un delito que merece un castigo. Con la ley penal surge un nuevo derecho subjetivo a la “pena”, por lo que la lesión del derecho de obediencia es la fuente del derecho penal subjetivo. La doctrina dominante opta por una denominación tradicional del ius puniendi como derecho subjetivo, con intervención punitiva del Estado. En cambio, algunos autores cuestionan tal naturaleza y prefieren hablar de un poder de castigar. El concepto de Derecho Penal subjetivo está sometido a objeciones. Así, Ferri advierte que el delito no puede equipararse a un negocio jurídico, pues delito y delincuente no se hallan en plano de igualdad, pues el primero dicta la ley en cumplimiento de su poder de defensa social, en cambio el autor ve el poder punitivo como una potestad soberana. Dentro de la naturaleza del ius puniendi, hay que distinguir tres momentos en la vida de la norma: 1º. Antes de emanar la norma jurídica. En este momento no se puede hablar con rigor de ius puniendi, de un derecho subjetivo de castigar. 2º. Una vez dictada la norma jurídica. Surge el deber de obediencia del ciudadano, y el derecho subjetivo del estado para exigir esa obediencia.

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3º. Cuando se infringe la norma jurídica, nace el derecho subjetivo del Estado a castigar, derivado de la violación de la norma por el infractor. Debemos concluir que el IUS PUNIENDI no es más que la facultad del Estado para aplicar una Pena o Medida de Seguridad (dígase derecho de castigar) o en otras palabras el Derecho del Estado para sancionar a través de los Tribunales legalmente constituidos. Generalmente en la Constitución se le concede al Estado el Derecho a sancionar legitimando así el IUS PUNIENDI DEL ESTADO, es por ello que la facultad punitiva (de castigar o sancionar) del Estado no es un derecho subjetivo del mismo, es una función del Estado en virtud del Pacto Social traducido en Constitución. El IUS PUNIENDI se materializa en dos momentos: el primero en la posibilidad de legislar es decir de definir las conductas más graves que deben ser sancionables en tipos legales y con marcos sancionadores que establece y el segundo juzgando a los infractores e imponiéndoles una Pena concreta. Es menester señalar que existen un conjunto de Principios Internacionales reconocidos a los ciudadanos que generan un equilibrio o límite al IUS PUNIENDI y operan bajo el aforismo de que ¨Las libertades de los ciudadanos terminan allí donde se afecta la libertad de todos los ciudadanos¨, en otras palabras como dijera Benito Juárez ¨El respecto al derecho ajeno es la paz¨. EL IUS PUNIENDI Y SU BASAMENTO CONSTITUCIONAL El IUS PUNIENDI en pocas palabras es la facultad o derecho del Estado a castigar y para ello se sustenta o legitima en varias teorías tales como las Absolutas, las Relativas y las Mixtas. LAS TEORÍAS ABSOLUTAS se caracterizan por definir que el castigo se justifica como la ¨justa retribución¨ de la infracción del deber por parte del delincuente, es decir, si violó la norma legal recibe el debido castigo por ello, tiene carácter retributivo estas teorías pues ven la sanción como función represiva e implican una filosofía vindicativa. Entre las Teorías Absolutas se encuentran: La Teoría del Contrato Social de Vicaria y Roseau; La Teoría del Resarcimiento del Daño Morlal; La Teoría de la Transformación del Derecho en Obediencia; la Teoría Moral de Kam, esta última expresaba que la Pena no puede ser considerada como medio para producir otro bien, puede ser retributiva y no preventiva, pone el castigo por encima de todo y deja a un lado lo preventivo, y decía que ¨la Pena Justa será aquella que produzca un mal similar a la que en ese momento cometió¨, de cierta forma se parece a la

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Ley del Taleón; finalmente forma parte de este grupo la Teoría Jurídica de Hegel la que expresaba que ¨era irracional querer un mal meramente porque exista otro mal ¨ , se trata de lo injusto y la justicia y esto no depende del mal causado ni del bien que se trata de proteger y definía que ¨la Pena debe determinarse por el desvalor del mal causado por el delincuente¨. Sobre estas Teorías Absolutas debemos poner nuestro enfoque crítico en tres aspectos: el primero relativo a que la justicia no puede entenderse realizada por la pura represalia sin finalidad; el segundo que no puede propugnarse la restauración de un daño causando otro sin dirigirse a producir un bien; y tercero que la igualdad entre la ofensa y el castigo no puede tomarse como algo determinante aunque si debe tomarse en cuenta. LAS TEORÍAS RELATIVAS O UTILITARIAS TAMBIÉN DENOMINADAS INTIMIDATORIAS Justifican la Pena desde la utilidad que las mismas pueden tener como medio de intimidación, escarmiento (prevención general) para que no se viole la norma. Estas teorías olvidan o relegan el efecto retributivo (represivo) al individuo que comete el delito en función de evitar que reincida, es por ello que en aras de la prevención general o especial pueden propugnar a la adopción de medidas desproporcionadas ya sean benignas o severas respecto a determinadas conductas, desconocen el fin represivo y solo toman la parte preventiva general o especial o ambas inclusive. Entre estas teorías las más difundidas son las llamadas ¨Correccionalistas¨ que plantean que las penas sirven para corregir conductas. LAS TEORÍAS MIXTAS Son las que toman en cuenta para justificar las Penas el carácter utilitario como represivo de la Ley y en ellas se enmarcan el Sistema Anglosajón, el sistema Alemán y el cubano. El Sistema Anglosajón señala que el legislador mira al futuro y trata de prevenir hechos delictivos mientas que el Juez mira el pasado y analiza el hecho y lo reprime dentro del marco penal establecido en la Ley, analiza o aplica el aspecto represivo. El Sistema Alemán distingue tres momentos por los que pasa la Pena; el Momento Legislativo donde se hace conminación legal abstracta (prevención general que hace el legislador); Momento Judicial o de Medición de la Pena, donde se pone de manifiesto la prevención especial, la justicia (represión o retribución entre Pena y Delito) y en cierto grado la prevención general( escarmiento para la sociedad ) y el

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Momento de Ejecución donde se pone de manifiesto la prevención especial (resocialización, lograr la reeducación del ciudadano ). A esta Teoría Mixta se suman los tratadistas españoles Mir Puig y Muñoz Conde. El Sistema Cubano también se afilia a las Teorías Mixta y mantiene el concepto de ¨ Justificación de la Pena ¨, señalando que la Pena se justifica por su utilidad (por sus efectos preventivos generales y especiales), pero solo dentro de ciertos límites en los que se expresa la idea de justicia distributiva propia de un Estado de Derecho. LA CONSTITUCION Y SU FUNCION ORDENADORA: La Constitución o carta magna es la norma fundamental, escrita o no, de un Estado soberano u organización, establecida o aceptada para regirlo. La constitución fija los límites y define las relaciones entre los poderes del Estado y de éstos con sus ciudadanos, estableciendo así las bases para su gobierno y para la organización de las instituciones en que tales poderes se asientan. Este documento busca garantizar al pueblo sus derechos y libertades. La Constitución, como todo acto jurídico, puede definirse tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista material. Desde el punto de vista material, la Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal. Desde el punto de vista formal, Constitución se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, de ahí genera una de sus características principales: su supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico. COMO FUNCIONES PRINCIPALES Y EN UN SENTIDO AMPLIO PODEMOS MENCIONAR: 1. Garantía de las libertades fundamentales: en tanto las constituciones consagran cartas de derechos fundamentales, los cuáles se entienden como inherentes al hombre. Estos derechos pueden interpretarse como dispositivos de resistencia contra los avatares del poder político. 2. Función constitutiva del Estado: Las constituciones sirven para demostrar ante la comunidad internacional el surgimiento de un nuevo Estado. Por ello todos los Estados luego de independizarse se muestran ante los demás países como portadores de una Constitución propia. 3. Función de estabilización: Las constituciones se caracterizan por poseer una tendencia a la permanencia o si no, a la perdurabilidad, por consiguiente otorgan estabilidad al poder político que se apoya en ellas.

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4. Función de racionalización: Las constituciones permiten racionalizar el poder político, esto se logra en parte a través de la aplicación del principio de separación de funciones (legislativa, ejecutiva y judicial) que garantiza el control del poder público en virtud de la prohibición de concentrar el poder en un solo órgano. Además se logra con normas que determinan las competencias de las autoridades, sujetando por consiguiente el ejercicio del poder a unas normas previas, esto es, el poder queda así sujeto a la legalidad. 5. Función de legitimación del poder político: Debido a que las constituciones incorporan principios políticos democráticos y liberales su existencia, como soporte del poder político lo legitiman, pues configuran el título con base en cual se ejerce el poder. 6. Función de propaganda y educación política: Las constituciones buscan orientar los diversos campos de acción de los miembros del grupo social. Sobre todo cuando se trata de constituciones "dirigentes", las cuáles pretenden implantar cambios en la sociedad y poseen un gran contenido ideológico. 7. Función de cohesión social: la Constitución sirve como elemento aglutinador e integrador de la sociedad. Es por ello que puede afirmarse que la Constitución y el constitucionalismo representan fenómenos sociales que cumplen un papel cercano al que cumplieron los dogmas de la religión católica y la Iglesia misma, durante el medioevo. La constitución es el principal instrumento que posee el Estado moderno para mostrarse como un Estado nacional, esto es portador de la identidad del cuerpo social. De esta manera, la Constitución Política cumple una función simbólica. 8. Función de unificación del ordenamiento jurídico: la Constitución hace aparecer los distintos campos de regulación del Derecho como un orden coherente y compacto a pesar de las contradicciones que puedan existir entre intereses contrapuestos. El orden jurídico que se sustenta en la constitución por ejemplo protege simultáneamente el derecho a la propiedad privada y el derecho a la igualdad material. 9. Función como base fundamentadora del sistema jurídico: La Constitución es la norma básica del ordenamiento jurídico, ello significa que toda la estructura normativa tiene su fundamento en la Constitución. A su vez la Constitución es el principal parámetro de validez jurídica.

La constitución y el sistema jurídico PROCESAL PENAL L A CONSTITUCION Y EL NSISTEMA JURIDICO La República Dominicana, desde la proclamación de su primera Constitución el 6 de noviembre de 1844,

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hasta su última modificación en 1994, ha vivido el devenir de altas y bajas. Grandes movimientos han iluminado su historia, pero en ella se han alojado también las sombras de la traición a la soberanía, de las violaciones a la separación de poderes, de las burlas a los derechos del hombre, de las dictaduras y tiranías. El pueblo sin embargo, sigue reafirmando de manera rotunda su voluntad histórica de amor a la libertad, a la democracia política y a la justicia social. En ella se expresan los lineamientos en que se organiza la República, los anhelos de justicia y los sueños de prosperidad de nuestros fundadores. La Constitución es la Ley fundamental del Estado: donde están consignadas en reglas generales la declaración de derechos y deberes de los ciudadanos, y además constituye el cimiento donde descansan los poderes de Estado. La Constitución dominicana es el ordenamiento político fundamental de la nación, y como tal, pretende regular los aspectos fundamentales de la vida política dominicana. Es la ley primera, “la ley de leyes”, por muchas y variadas razones. Entre estas, es más general, mas concreta, más específica y sobre todo porque brotó del seno del poder soberano, de una asamblea constituyente, como máximo exponente de la voluntad del pueblo. En la constitución se encuentran ciertas reglas procesales relativas a la organización judicial y otras que son básicas y que tienden a asegurar a los individuos al disfrute de los derechos que les son reconocidos por ella. Además consagra algunas reglas de competencia, particularmente las relacionadas con los funcionarios del Estado, que en razón de sus funciones disfrutan de privilegios de jurisdicción. a) Reglas constitucionales de organización judicial. Además de las disposiciones generales que determinan la existencia del poder judicial como separado e independiente de los demás poderes del Estado. Las reglas fundamentales de la organización judicial se encuentran contenidas en el titulo IV de nuestra ley sustantiva y en su articulado establece cuales son los principales tribunales y funcionarios del orden judicial, así como el número de jueces de ciertas jurisdicciones y las condiciones de aptitud de algunos funcionarios, y faculta al legislador ordinario para crear otros tribunales que están expresamente previstos por ella. b) Las reglas constitucionales de competencia. Constituyen reglas de competencia las dispuestas en el Artículo 26 de la Constitución que atribuye exclusivamente a la Cámara de Diputados la facultad de acusar los funcionarios electivos ante el Senado; las del ordinal 5 del Artículo 23, que acuerda a este organismo

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colegislador la función de conocer las acusaciones formuladas por el otro y las contenidas por distintas partes del titulo VI, que establecen algunos casos específicos de competencia de los tribunales para conocer de las causas penales seguidas a ciertos funcionarios públicos. c) Las reglas constitucionales de procedimiento. En varios ordinales del de la Constitución se consagran algunas reglas destinadas fundamentalmente a preservar los Derechos Humanos. Entre estas tenemos: Las que prohíbe pronunciar y aplicar la pena de muerte o tratos vejatorios que impliquen disminución del individuo. La que prohíbe el apremio corporal por deudas que no provengan de infracciones a las leyes penales. La que dispone que nadie puede ser privado de su libertad sin orden de juez competente, salvo caso de flagrancia. La que manda poner en libertad, a requerimiento de cualquiera, a quien fuere ilegalmente privado de su libertad. Las que se refieren a la prisión sin orden motivada y escrita de autoridad competente. La que hace de la reglamentación de Hábeas Corpus un precepto constitucional. La que consagra la regla: “non bis in indem”. La que dispone a no obligar a nadie contra sí. La que consagra la oralidad, publicidad y contradicción de todo juicio. La relativa a las visitas domiciliarias. Además cabe resaltar, que dada la triple naturaleza de: Constitucionales, de Orden público e Imperativas, las disposiciones relativas al derecho procesal contenidas en la constitución, deben ser cumplidas por todos, no pueden ser derogadas por convenciones entre particulares y nadie puede renunciar a los beneficios que pueda derivar de ellas. Específicamente el Artículo 102 de la Constitución que consagra: ´´Será sancionado con las penas que la ley determine, todo aquel que para su provecho personal sustraiga fondos públicos o prevaliéndose de sus posiciones dentro de los organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga provechos económicos. Serán igualmente sancionados las personas que hayan

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proporcionado ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO Es el conjunto de normas jurídicas que rigen en un lugar determinado en una época concreta. En el caso de los estados democráticos, el ordenamiento jurídico está formado por la Constitución del estado, que se rige como la norma suprema, por las leyes y del poder ejecutivo, tales como los reglamentos, y otras regulaciones tales como los tratados, convenciones, contratos y disposiciones particulares. Al definir la constitución como norma suprema se hace una afirmación relativa exclusivamente a su posición en el ordenamiento jurídico, pero tanto el concepto constitución como el contenido concreto de una cualquiera, es también asegurar la libertad de los ciudadanos, así como establecer un orden cuando la constitución se concibe como límite. No se debe confundir el ordenamiento jurídico con el orden jurídico, que se traduce en el conjunto de normas que rigen una determinada área del ordenamiento jurídico. La relación en conceptos es de género a especie. Consecuencia de que la Constitución sea norma jurídica primaria y fundamental es que en ella se contienen los criterios para establecer si una norma del ordenamiento jurídico es formal o materialmente válida. Además otra consecuencia es que sólo puede ser reformada por un procedimiento en especial, el procedimiento de reforma constitucional. Además los preceptos constitucionales tienen capacidad para derogar aquellas normas que los contradigan. A la Constitución también se la llama norma normarum, o norma de normas, ya que es ella la que establece el procedimiento para aprobar el resto de las normas. La Constitución no es una ley o norma jurídica cualquiera, sino que es la norma jurídica fundamental y ley superior. Básicamente es la norma jurídica fundamental porque nace del poder constituyente. El resto de normas jurídicas provienen del poder constituido, por lo que no son tampoco normas primarias, sino normas secundarias.

SISTEMA DE FUENTES¨ El término “fuente” en el ámbito jurídico hace referencia al acto de producción normativa.

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LA REGULACION CONSTITUCIONAL DE LAS FUENTES. Fuente. Concepto.Desde la perspectiva de las fuentes, para distinguir entre normas y metanormas (normas que disciplinan la producción normativa y proporcionan criterios para la identificación de otras normas) se habla de normas de producción jurídica y normas sobre la producción jurídica [normas primarias y normas secundarias]. . Fuentes constitucionales Que ostentan un grado superior al de cualquier otra fuente y no pueden, por tanto, ser válidamente contradichas por ninguna. En algunos sistemas, dentro de la misma norma constitucional, existen las llamadas fuentes supremas o cláusulas de itangibilidad, que son normas que ni siquiera pueden modificarse por los procedimientos de revisión o reforma constitucional previstos y que, en esta medida, podría decirse que se colocan en un grado jerarquico superior al resto de las fuentes constitucionales. Estas normas pueden ser enunciadas explícitamente, como ocurre en el Art. 119 de la Constitución dominicana que prohibe la revisión de la forma de gobierno: “Art. 119.-...” Clasificación de las fuentes según su fuerza jurídica: Funciones de la Constitución Al definir la constitución como norma suprema se hace una afirmación relativa exclusivamente a su posición en el ordenamiento jurídico, pero tanto el concepto constitución como el contenido concreto de una cualquiera, es también asegurar la libertad de los ciudadanos, así como establecer un orden cuando la constitución se concibe como límite. Las Fuentes Primarias. Tienen tal consideración las fuentes dotadas de fuerza jurídica inmediatamente inferior a la de la constitución, es decir, a luz de ésta, todas las fuentes a las que la constitución atribuye “fuerza de rango de ley”. Las fuentes secundarias y fuentes terciarias. Constituyen el tercer grupo de fuentes en la fuentes jerárquica, que están subordinadas no sólo a las fuentes constitucionales, sino también a las primarias, razón por la cual se conocen como fuentes secundarias. Componen este los reglamentos dictados por el Ejecutivo en el ejercicio de su potestad reglamentaria y cuya validez viene condicionada a su conformidad con las fuentes constitucionales y las primarias (art. 55.2) (art.1 Párrafo C.C.). Entre las fuentes terciarias, que deben respetar las anteriores, encontramos la costumbre (art. 6 C.C). .- La regulación de las fuentes como objeto de la constitución y de la ley. Además de norma inmediatamente aplicada y por tanto, fuente del derecho, la constitución, en su calidad de norma suprema, es también norma sobre las fuentes. En primer lugar, y cualquier que sea el contenido de la constitución, ésta condiciona toda la creación de derecho, por cuanto no formarán parte del ordenamiento más que las normas material y formalmente acordes con las prescripciones constitucionales.

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. La constitución opera por lo anterior, un condicionamiento negativo en cuanto que excluye la posibilidad de que formen parte del ordenamiento jurídico normas que la contradigan (art. 37.23 y 46 const.) Pero la Constitución también afecta al sistema de fuentes del ordenamiento jurídico en términos positivos: Regula el proceso de creación de las normas; Atribuye competencia a los órganos de creación; Determina cuales actos constituyen normas; Determina el valor respectivo de las normas; . Como fundamentos de que tales aspectos son contenidos obligados de la constitución, es que afirmamos, conforme a la concepción que la constitución, en sentido material, se define como norma reguladora de la creación de normas por los órganos superiores del Estado. Supremacía material La constitución Dominicana, igual que la mayoría de las Constituciones, se ocupa ampliamente de la ley, así como de los demás actos normativos, toda vez que ésta encierra en potencia todo el poder normativo del ordenamiento. 2.- La regulación de las fuentes en la constitución Dominicana El ordenamiento jurídico está compuesto de una pluralidad de disposiciones o normas producidas por las diversas fuentes que operan en él. Muchas de estas normas pueden contradecirse, puesto que son creadas en momentos distintos y atendiendo a exigencias diversas, que son la expresión de intereses históricamente mutables. Y en los ordenamientos complejos, como los actuales, donde coexisten fuentes cualitativamente distintas, aumentan la posibilidad de conflictos normativos (es decir de antinomias). 2.- La regulación de las fuentes en la constitución Dominicana Frente a esta situación el dogma de la coherencia, con respecto a la cada vez más creciente posibilidad de que existan contradicciones normativas, ha tenido que flexibilizarse pasando a significar tan sólo que el propio sistema debe proveer criterios que permitan resolver las antinomias. La regulación de las fuentes en la constitución Dominicana Desde el punto de vista del momento en que se realiza la coherencia podemos distinguir: a) Criterios que realizan la coherencia en el momento de producción del Derecho: 1ro.- Los que conciernen directamente a la validez de los actos normativos y sólo indirectamente a la de las disposiciones de competencia. 2do.Los que están directamente relacionados con la validez de las normas y disposiciones jurídicas (es el caso del criterio de jerarquía). Clasificación de criterios para resolver las antinomias: b) Criterios que realizan la coherencia en el momento de aplicación del Derecho; especialmente en la aplicación judicial (es el supuesto de los criterios de

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especialidad, cronológico y de prevalencia). Los dos primeros, en el ámbito de la constitución dominicana, son criterios intrínsecos a la estructura del ordenamiento, en el sentido de que resultan del propio proceso de producción y cambio normativo: Tienen que ver con la validez de los actos (criterios de competencia) o con la validez de las normas o disposiciones criterios jerárquicos. Criterios para realizar la coherencia del sistema Es así que la constitución, en lo que se refiere a la ordenación de las fuentes, establece la estructuración vertical con el principio de jerarquía (Arts. 46 y 37.23), reservas de validez en razón de la competencia, así como de delimitación entre las diversas normas con su mismo rango (Art. 10). La constitución contiene, además, dos principios generales acerca de la eficacia de las normas: La publicidad (Art. 45) y el de la irretroactividad (Art.. 47). Criterios para realizar la coherencia del sistema .- Estructura del sistema de fuentes. 1.- Criterios de ordenación de las fuentes: Validez y eficacia. Son las dos vías por las cuales se lleva a cabo el que un sistema Jurídico complejo pueda presuponer unas reglas, por simples que sean, que al mismo tiempo que fundamentan la pluralidad misma la articulan asignando a cada fuente una determinada posición en el conjunto. Validez (Art. 4 Const.) en términos de competencia. Eficacia (Art. 46 Const.) jerarquización de las fuentes. EL SISTEMA PENAL DOMINICANO En toda sociedad, continuamente suceden cambios se está en constante evolución, la sociedad dominicana no es una excepción y por tanto no ha quedado al margen de esa realidad, desde que fuera fundada. Nuestra primera Constitución fue proclamada el 6 de noviembre de 1844, pero debido a lo convulsionado de la vida independiente del país, ha sido modificada en innumerables ocasiones, llegando al texto actualmente vigente que data del año 1994. Es una Constitución que se caracteriza por ser escrita, en razón de que fue votada por una Asamblea y se encuentra plasmada en un solemne documento, que sirve de guía a la vida institucional del país. De acuerdo con el autor constitucionalista, Julio Brea Franco en cuanto al procedimiento de emanación, se considera popular por su procedencia, pues fue redactada y votada por una Asamblea Constituyente en vista de que esta última se nutrió del mismo pueblo que la eligió. La Constitución del 6 de noviembre de 1844 y la del año 1994, se consideran derivadas, porque no aportan ningún principio fundamental y funcional nuevo, se han limitado a seguir los lineamientos de modelos preexistentes como fueron: la

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Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787. En cuanto a su texto es semirígido, ya que sólo puede ser reformada a través de un mecanismo especial que la misma Constitución establece, y diferente al mecanismo utilizado para aprobación de las leyes. Algunos autores como el profesor Manuel Amiama la considera como rígida.10 LAS PRESCRIPCIONES CONSTITUCIONALES POR SU NATURALEZA DE CARACTERIZAN POR SER: a) Obligatorias: las que se refieren a los derechos y deberes de los ciudadanos. b) Directivas o Programáticas: fijan normas atendibles por el legislador ordinario y son aquellas que determinan políticas o planes de acción del Estado en determinadas materias. c) Institucionales y Organizativas: Establecen las instituciones constitucionales sin normas o reglas de conducta, que los autores constitucionalistas llaman prescripciones. d) En cuanto a su extensión, el criterio de los autores no es unánime. El profesor Amiama Gómez, la considera de tipo intermedio; mientras que el Dr. Brea Franco, la considera de tendencia extensiva, en razón de que no se limita al establecimiento de la forma de gobierno y su funcionamiento, sino que consagra en su texto la declaración de los derechos humanos, la organización administrativa y judicial, los principios fundamentales de derechos civil y penal, en fin, señala principios de naturaleza programática del Estado en materia social y económica. En cuanto a los imperativos constitucionales y legales de carácter judicial; la Constitución Dominicana reconoce como finalidad principal del Estado la protección efectiva de los derechos inherentes a la persona (Art. 69), propendiendo siempre a la aplicación correcta de la norma e interpretando los hechos reales de acuerdo con la sola conciencia del que la aplica. LA CONSTITUCION Y EL SISTEMA JURIDICO PROCESAL PENAL Y PENAL. Se han establecido en la Constitución los principales elementos para un sistema penal acusatorio y oral, que se corresponda con el Estado democrático y garantista de nuestro tiempo. El modelo acusatorio se ha incorporado sustancialmente en modificaciones efectuadas a los artículos 16 a 21 de la Constitución general de la República.

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En el artículo 20 constitucional se encuentra el núcleo de la reforma que establece un nuevo proceso penal. En este precepto, como en detalle se verá más adelante, se determina que el proceso penal será acusatorio y oral, se enuncian, asimismo, los principios, las características y los derechos de las partes en el mismo. Tales determinaciones es preciso insertarlas en la concepción del proceso acusatorio su sentido moderno, en el que la oralidad actúa como una característica predominante, dado que no puede prescindirse en ningún sistema procesal de pruebas y evidencias escritas. Para entender el sistema acusatorio es preciso confrontarlo con el sistema inquisitorio, ambos de lejano origen histórico pero con repercusiones hasta nuestros días. El sistema acusatorio se desenvuelve entre los griegos y romanos, aunque renace en la época moderna. Se caracterizó por el poder de acusación privado, igualdad entre las partes, oralidad y publicidad del debate, apreciación libre de los elementos de convicción, continuidad en el procedimiento y conclusión de éste en vía de síntesis. Por su lado, el sistema inquisitivo tuvo un origen canónico y monárquico, predominó en el proceso común europeo de los siglos XII al XVII. Este sistema era esencialmente escrito, falto de inmediación, prevalecía el secreto y la dispersión de los actos procesales, había monopolio de la acusación y el juez actuaba dentro del régimen de prueba legal. Como a ambos sistemas se les señalaron ventajas y defectos surgieron también en diversos países los denominados sistemas mixtos. En tales circunstancias, cuando la norma constitucional declara que el proceso penal será acusatorio y oral, se inserta en la tendencia hacia un derecho penal democrático, iniciada después de la Revolución Francesa y que ha sido un esfuerzo continuado para corregir los excesos del sistema inquisitivo. Esta tendencia aspira a instituir un proceso acusatorio predominantemente oral, público, con inmediación entre los sujetos procesales, concentración de los actos del proceso y valoración de la prueba conforme a la sana critica. . Desde luego ello no implica —y precisa insistir— que deje de haber constancia escrita de las diferentes actuaciones judiciales, así como que desaparezcan las pruebas documentales u otros medios de convicción similares. Ahora bien, el sistema acusatorio, como bien lo dice Binder, se propone establecer "una nueva manera de hacer los juicios, una nueva manera de investigar y una

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nueva manera de defender a los imputados". Así se han delineado en los dictámenes de los legisladores y en las normas constitucionales los nuevos papeles que deben jugar los actores en el proceso: el Ministerio Público deberá desempeñarse ahora sólo como parte acusadora, con versátil actuación y estrategia en sus tareas; la defensa requerirá mejorar, para ello los defensores públicos gozarán de adecuado estatus constitucional y a los defensores privados se les exigirá mayor profesionalidad; el órgano jurisdiccional será menester que actué como un efectivo director del proceso, al inicio controlará y supervisará la instrucción, después asumirá las tareas del juzgamiento con distinto titular; en fin, en el centro de la escena, el imputado y el ofendido ejercitarán sus correspondientes derechos. Es verdad que se sentaron las bases para un proceso penal acusatorio en la nueva regulación de los artículos 16 a 20 constitucionales, aunque todavía quedaron en dicho proceso rasgos inquisitivos importantes. Obviamente, los contornos definitivos dependerán en mucho de la legislación secundaria que se expida para implementar la reforma constitucional, que ojalá supere las ambigüedades y errores técnicos que se perciben en el texto que entró en vigor, mismos que se comentarán más adelante. No solo eso, para que los nuevos roles de los actores del proceso penal puedan asumirse con éxito, se requiere de profundos cambios en varios aspectos, así en la infraestructura material y administrativa, en el andamiaje institucional y en los recursos humanos, en los propios miembros del foro y en los usuarios del servicio. Es indispensable también para tales cambios actualizar nuestra cultura jurídica; construir un nuevo paradigma para la enseñanza procesal en las facultades de derecho, así como en la formación y capacitación de los operadores judiciales. Los cambios deben aportar defensores preparados para la oralidad y la negociación, agentes del Ministerio Público que sean eficaces investigadores y manejen con propiedad los criterios de oportunidad, así como jueces que dirijan de manera efectiva el proceso y no se aíslen en la comodidad de su despacho. Obviamente, todos estos perfiles en los actores procesales solo pueden obtenerse si el paradigma de la enseñanza legal y de la carrera judicial se modernizan y renuevan de manera radical. Que la actual concepción del Código Penal procura garantizar la protección de la persona, física o moral y de sus bienes, la preservación de la convivencia social y de la seguridad jurídica, la prevención y punición de las infracciones, así como la protección a las víctimas, acorde a lo dispuesto en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales ratificados por el Congreso Nacional;

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Este Código reconoce y aplica los derechos fundamentales de la persona, consagrados en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales ratificados por el Congreso Nacional y las interpretaciones hechas a éstos por los órganos jurisdiccionales competentes nacionales e internacionales .

(Bibliografía: Antonio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA Introducción al Derecho Penal, Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2005,) (Bibliografía: Antonio GARCÍA-PABLOS DE MOLINA Introducción al Derecho Penal, Ed. Universitaria Ramón Areces, Madrid, 20051 Amiama, Manuel A. Prontuario de Legislación Administrativa Dominicana. Página. 6. Editorial Tiempo, S.A., 19872 Penagos, Gustavo. Derecho Administrativo. Parte General. Tomo I. .3 Amiama, Manuel A. Ob. cit. 4 Amiama, Manuel A. Prontuario de Legislación Administrativa Dominicana. Editorial Tiempo, S.A., 1987. 5 Capitant, Henri. Vocabulario Jurídico. Página 167. 6 Gaceta Judicial No. 12. 24 de Julio a 7 de Agosto de 1997.Capitant, Henri. Vocabulario Jurídico Capitant 14 Derecho Procesal Penal. Tomo I. Ediciones Capeldom. )