Control De Constitucionalidad - Tomo 2 - Alberto B. Bianchi

ALBERTO B. BIANCHI

Control de c·onalidad Tomo2 . a i n procesal. Cuestiones o JUS ic abl . Función institucional de a o e Suprema. Tendencias j td·c -pollticas del.control u evolución histórica 2- edición, actualizada, reestructurada y aumentada

31G - . ~- .

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. S 11. • JJ.xegesr.s ae •u .._une· ~-ARLO ''u Comentada y anotituclon argen na. · is rudencia tada con la doctnna Y Jur P d . l estadounidense. Concor ann_aclofuet?'tes Y antecedentes (nacionales c¡as, tranjeros) de cada cláusula. Co~e­

HAEZA ,

la:i~nada

con \as constitucBion~s pr~Vln2 ciales. Prólogo de Alberto . wnc t. tomos. u1 nstiUn completo estudio de cada e1áus a co . nal artir de los antecedentes y fuentes, tuoo a P li d la luz nacionales y extranjeros, ana za os a de la doctrina de los primeros tratadtstas ar· gentinos y estadounidenses. Abarca la funda· ción de las diversas reformas a la Ley F~~da­ mental y su confrontación con el te~to ongmal a través de las actas de las convenClones, como igualmente la jurisprudencia de la C~~ Suprema de Justicia nacional ~ de_los EE. UU: y la correlación con las constltucwnes provm ciales.

N.: Las reformas al ré· gi"'-4!n de juicios contra el Estado Y la ley de emergencia económica.

CANOSA, ARMANDO

Introducción. Encuadre jurídico-normativo. Algunas características del agotamiento de la

vía administrativa. Las reformas introducidas por la ley 25.344 al proceso administrativo. Cuestión complementaria. Conclusiones. Normas de aplicación.

La responsabilidad pública. Análisis de la doctrina y

MERTEHIKIAN, EDUARDO:

la jurisprudencia de la Corte Suprema. Prólogo de Julio C. Gueto Rúa. Introducción. Acerca de los fundamentos jurídicos de la responsabilidad del Estado. El pretendido dogma de la "irresponsabilidad del Estado" . La responsabilidad extracontractual del Estado por su actuación ilicita. Requisitos de procedencia de la acción indemnizatoria. Prescripción de la acción resarcitoria. Las demandas contra la Nación. La responsabilidad subsidiaria del Estado por la actuación de sus empresas descentralizadas. La responsabilidad extracontractual del Estado por la omisión antijurídica. La reparación patrimonial por la función normativa lícita. Panorama sobre la responsabilidad del Estado por su actividad jurisdiccional. La reparación de daños por la actuación policial y el uso de armas de fuego. Daños sufridos por integrantes de las Fuerzas Armadas.

EDITORIAL ÁBACO Viamonl.e 1336 , 6 9 - HuonoR infu@ahacoedit n-r1

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

g;mdoción de· fóc,-ec/w- 6on.rliúteio-n al

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Ge rmá n J . Bidn r l Ca mpos Preshl Pnle

A l ber to B . B ia n chi Secretario Ejec: u two

Ricard o J . Mi hu r a E s trad a Tesvrero

ALBERTO B. BIANCHI Doctoo- d• la Universidad de Bueno Aires. Prem.1o 1\C:ldemiR :\ac1onal el~ Derecho y C1enc1a.s Sociales de Buenos Aires Prof~sor de Derecho Constitucionalidad Profundizado en la 'nivers1dad Catohca Argenuna. Pn !>1 l"niversidad Austral v en la Un1versidad Catóhca de La Plat•. l'rofpso r titular de RegulaCIÓn Económu:-.1 "" Pl Curso dl' Po,grad" de 0l'rl'Cho AdmiRISLrali\'O H."BAl

BIBLI OTECA 1 )NI\'E RS IOAO

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Control de constitucionalidad Tomo 2 Legitimación procesal. Cuestiones políticas no justiciables. Función institucional de la Corte Suprema. Tendencias jurídico-políticas del control y su evolución histórica 2~

edición, actu izada , reestructurada Ya

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1" edición, 1992

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Galardón otorgado a esta editorial, 1998

© EDITORIAL ÁBAco DE R onotFo D EPALMA S.R.L.

Viamonte 1336, 6Q - Buenos Aires Quoda hecho el depósito que previene la ley lJ . 723 I.S .B .N . 950-569-177-7 · Obra completa I.S.B.N. 9:;0-5 69-179-3 - Tomo 2

IMPRE~Q EN LA ARGENTI Na

ÍNDICE GENERAL DEL TOMO SEGUNDO

CAPITULO IV

LA LEGITIMACIÓ

PROCESAL

63. Introducción

15 A)

Legitimación individual

64. Las reglas generales según la Corte Suprema de los Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Enunciado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Evolución jurisprudencia! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Requisitos constit.ucionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. "lnjury" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Relación de causalidad ("causation") y posibilidad de remediar el daño ("redressability") . . . . . . . . d) Requisitos prudenciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. Imposibilidad de reclamar por un tercero ("thirdparty standing") . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Agravios de carácter colectivo ("generalized grievances"). Remisión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Estar dentro de la zona de intereses protegidos por la ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65. Las reglas generales según la Corte Suprema argentina a) Clara demostración de la inconstitucionalidad y probanza del perjuicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Legitimación activa y pasiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66. La doctrina del sometimiento voluntario a un régimen jurídico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 18 19 23 23 25 26 26 28 29 30 30 33 35

8

Co NTROL o~::

co:-<snructO)IAL!DAD

35 35 41

a) Enunciado ... ... . . · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · b) .Jurisprudencia de la Corte Suprema · · · · · · · · · · · · e) Fundamentos de la doctrina ..... · · · · · · · · · · · · · · d) Excepciones . .. ... . .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · e) Crítica .... ... ....... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · o7. La legitimación de los órganos del E sta do · · · · · · · · · B)

42 43

45

Legitimación colectiva

68 . Planteo ............ .... ···· · ·· · · ··· · ······· ···· · 69. Causas de la legitimación colectiva a gran escala . .. 70 . Problema s de la legitimación colectiva a gran escala 71. Los legitimado colectivos .... . .... . ....... · · · · · · · 72. El Defen sor del Pueblo ................ . ..... ... . a) La jurisprudencia ..... . .................... . . . b) Mi opinión ......... ... ............. . .. . .. ... . 73. Las asociaciones de consumidores y usuarios ...... . a) La jurisprudencia ............................ . b) Mi opinión . ......... . . ....... . .............. . 74. Los legisladores . ... ......... .......... ... .... .. . a) En los Estados Unidos . ............ . .. .... . .. . b) En la Argentina ... . .. ...... ... . ..... . ... .... . e) Mi opinión ..... . ...... . .... .... . ............ . 75. El Mini sterio Públlco . . . .. ... . .......... .. ...... . 76 . Clases de personas ... . .......... . .. .. .......... . a) Noci ón , origen y desarrollo hi stórico . . . ... . ... . . h) Fundamento legal. La Regla de Procedimiento 23 77 . Requisitos previos .................... .. ...... . . . 78. Imposibilidad de abarcar casos futuros .. .. . ... ... . 79 . Requisitos de procedencia .... ....... . .. .... ..... . a) Primer requisito . ... .. ..... ......... ... ... ... . b) Segundo requisito ............ . .. ........ .. . . . e) Tercer requisito ... ..... . ......... .. .. . ... ... . 8 0. Desarrollo del procedimiento a) La certificación b) Notificación a l~s· ~ie-~b~~~ ·¿~ -~~· ~l·a·s~· ..... .. . . •

o

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•••••••••••••••

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50 54

58 62 62 62 70 72

72 76 79 79

84 87 92

93 93 96

98 105 106 107 108 109 113 113 114

e) Facultades de dirección del proces o .... : : : : : : : : : 119 d) Desistim iento y transacción .... . ..... ... ...... . 121 e) Efectos vinculantes de la sentencia res pecto de los miembros de la clase ... . .... .. .......... · · · · · 1:.!4 f) Cómputo de la prescripción . ......... .... . .. . . . 127

ÍNDICE GENERAL

g) Cuestiones de competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81. Controversias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82. Mi opinión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83. Personas individuales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) La jurisprudencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Mi opinión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C APÍTU L O

9

128 129 131 134 134 142 145

V

LOS ACTOS NO JU STICiABLES

85. Planteo. Las "cuestiones políticas": una noción confusa 149 86. Los casos fundadores de la doctrina de la s cuestiones políticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 a) En los Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 b) En la Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 e) "Luther v. Borden" y "Cullen c/Llerena" . . . . . . . . . 157 87. Los tres grandes grupos de actos excluidos del control judicial. La regla general del acierto o conveniencia del criterio adoptado por el legi slador . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 88. Política exteri or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 a) Las relaciones internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 b) Los poderes de guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 89. Política interior. Los poderes del gobierno nacional . 169 90. Poderes politicos de P.mergencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 a) Declaración del estado de sitio . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 lJ) Declaración de la ley marcial y empleo de las Fuerzas Armadas en el orden interno . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 91. Juicio políti co y procesos de enjuiciamiento nacionales y locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 a) Juicio político . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 b) Jurad o de Enjuiciamiento de Magi strados . . . . . . . 184 e) Enju iciamiento político en sede provincial . . . . . . . 187 d) Síntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 e) Evaluación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 92. Nombramiento de magistrados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 93 . La reforma constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 94. El proceso de formación y sanción de las leyes . . . . . 199 95. Conflictos internos de las cámaras legislativas . . . . . . 204

10

CONTROL DE CONSTITU CIONALIDAD

Veto plreside~cdial :a·l· .. ... ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.: ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·. ·.... Acefa ía pres1 enc1 · · · · · . , El poder del perdón: indulto y ammstla .. .. ...... . Gobiernos de facto · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · : · · · . . 1 orden presupuestano · · 100 . Previsiones leg¡s1atlVaS en e

207

96. 9 7. 98 . 99 ·

209 209 212 213 214 101. Régimen federal . · · · · · · · · · · .' . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 214 Garantía federal e intervenclOn federal_ ..... ... .. . . 216 102. La garantía federal en los Estad~s Umdos · · · · · · · · · 218 103. La garantía federal en la Argentma · · · · · · · · · · · · · · · a) La jurisprudencia .. . ...... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · 218 b) Mi opinión .. . .. . .. .. . ........ . .. · ... · · . · · · · · · 221

;;¿

104. La intervención federal . ... ..... · · . · · · · · · · · · · · · · · 105. Conflictos entre poderes de una.. misma provincia · · · 106. Límites interprovinciales · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 226 107 . Cuestiones electorales y partidos políticos ..... . . .. . 227 a) La jurisprudencia anterior a "Baker v. Carr" . . . . 228 b) El caso "Baker v. Carr" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 e) La jurisprudencia posterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 108. Cuestiones de "política administrativa" . . . . . . . . . . . . 236 a) Expropiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 b) Régimen interno de las universidades . . . . . . . . . . 239 e) Régimen de la función pública . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 d) Huelga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 e) Fijación de tarifas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 f) Conflictos interadministrativos . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 109 . Decisiones administrativas de los tribunales . . . . . . . . 246 110. Decisiones internas de la Iglesia Católica . . . . . . . . . . 247 111. En busca de una teoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 112. Las seis categorías del juez Brennan y su influencia en la doctrina norteamericana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 113 . Los tres criterios sobre el papel del Poder Judicial ante los poderes políticos. Relación con las seis categorías anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 a) Criterio clásico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 b) Criterio prudencial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252 e) Criterio funcional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 114. El llamado acto de gobierno en el derecho continental europeo. Su recepción en la doctrina administrativista argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254 a) El "acte de gouvernement" en Francia . . . . . . . . . . 254 b) España. Abandono actual del acto de gobierno . . 26::l

11 ÍNnl CE GENERAL

...... . 265 e) Italia. El "atto politico" .... ....... ·. ·. ·. ·. ·. . . . . . . . 265 La teoría en la Argentma .. . . . .. . ·l~ . derecho público 265 115 . a) Dos fuentes dis bntas par~ un s~liticas según Mai.ral 267 b) La clasifi~aci.ón de ~asd· ~~e~~\o~:~pplena: Boffi Boggero, 11 . 269 e) La doctnna de la JU lC~a Bi.dart Campos, Gordlllo .. . .... ·. ... .. .. . ... . . t 271 d) El temor por la sacralización de los J~~ces: Oyhanar e e) Reconocimiento de las cuestiones pohtlcas con avance 271 hacia la judi.ciabilidad: Haro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 Mi opinión .. ........... . ·· · · · ···· · ·· · · ·· ···· ·· ·· 116. a) Una primera distinción para i_nte~~retar los alcances del arlículo 116 de la Const1tuc10n . . . ... . · · · · · · 272 b) Una distinción inevitable y una clasificación posible 273 e) Un caso singular: la emergencia económica como cuestión política encubierta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 d) Síntesis. Una doctrina que se repliega . . . . . . . . . 285 CA.PÍTULO

VT

TENDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL Y SU PERSPECTIVA HISTÓRICA A)

La Corte Suprema. y su:; poderes

117 . Planteo. Desarrollo de este capitulo . . . . . . . . . . . . . . . 287 118. Función institucional de la Corte Suprema . . . . . . . . . 290 a) Planteo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 b) Poder del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292 e) Jefatura de la Justicia Federal . . . . . . . . . . . . . . . . 294 d) Síntesis de la rama judicial de gobierno . . . . . . . . 295 e) Intérprete final de la Constitución . . . . . . . . . . . . . 297 f) Tribunal de garantías constitucionales . . . . . . . . . . 298 g) Creación del derecho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 h) Poder constituyente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 301 i) Establecimiento de políticas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 j) Ca_sación federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 k) Tnb';lnal arbitral en disputas limítrofes entre pro!)

119. El

~~~~~as · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · . . . 312

recurs~ ·c·x·t~~~~cti~~ri(~ ·e~~~ .he·r~~~i~·n·t~· ~~:~c·e~~j ·de

312

~~ ~~:~ete~~~r·e·~~-- . ~~- ~~~~~s.i~~ . ~~o ~is~~~cio~a~ . . . ~~;

CoNTROL DE CONSTtTUCtON AL!D A\1

12

315

La doctrina de las cuestiones políticas. Remis~ón La doctrina de la arbitrarie~ad ~e l.as sentenciaS 315 La doctrina de la gravedad mst1tuc10nal · · · · · · ." ·. 320 Reforma del artículo 280 del Código ,; roces al ~tvtl y Comercial de la Nación y uso d~~ cert10ran, · · 328 f) Empleo del recur.s o e~traordin~r.i~ ,per saltum . . 331 g) Empleo del "cert10ran de ; dm1s1or: ... . : ·. . · ~ · · · 335 h) Flexibilidad del concepto sent encia deflmtJVa . . . 337 i) Conclusiones ... . ... .. . ............. .. ... . . .. . 345

b) e) d) e)

B ) E l control constitucional y sus tendencias

h istóricas

120. Una síntesi s histórica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 121. Prehistoria e historia del constltucionali.smo. Sus períodos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 122. Los siete modelos constitucionales de Tribe . . . . . . . . 352 123. La etapa formativa (1780-1870) ......... . . . .. . . . . . 355 a) Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 b) Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 124. El derecho constitucional de la libre empresa (1880-1930) 372 125. La era de la problemática social y el intervencionismo estatal (1930-1980) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 a) E stados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388 l. Derechos civiles v. derechos económicos . . . . . . 388 2 . La libertad de expresión. . .. ...... . . . . . . . . . . 398 3 . Síntesis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402 b) Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 l. La decadencia e inestabilidad institucionales . 403 2. El derecho constitucional de la emergencia . . . 412 3. La protección de la propiedad . . . . . . . . . . . . . . . 416 4. Consolidación de principios jurisprudenciales . . 424 126. El derecho constitucional internacional . . . . . . . . . . . . 427 a) Una nueva era en la centralización del poder político 427 b) La revolución conservadora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 e) El rebrote liberal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 d) La Argentina ...... .. . . . . . . . .. . .... . . · · · · · · · · 454 l. Observación general . . . ..... . . ... .... . . · · . · · 454 2. La Corte Suprema y su jurisprudencia . . . . . . . 455 1) 1983-1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

n) Desde 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 e) Reflexiones sobre esta etapa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 127. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....oo

13

ÍNDICE GENERAL

EPILO GO CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE UN SISTEMA

r. Diagnostico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

Pronóstico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 m. Valoración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 1v. Una última reflexión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 11.

B 1 B L 1 o GRAFÍA

. . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . .

497

ÍNDICE DE FALLOS, ACO RDADAS Y DICTÁ1VJENES CITADOS . . . . . . . . . . .

531

República Argentina l. Corte Suprema de Justicia de la Nación . . . . . . . a) Fallos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Acordadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Cámara Nacional de Casación Penal . . . . . . . . . . . 4. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil . . . . 5. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial 6. Juzgados federales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Juzgados Nacionales en lo Civil . . . . . . . . . . . . . . . 8. 'T'ribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Tribunales superiores de otras jurisdicciones .. . . 10 . Cámara Contenciosa Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. Tribunales de la Provincia de Buenos Aires . ... 12. Colección de Dictámenes de la Procuración del Tesoro de la Nación ....... . ... . . .. ........... . B) Estados Unidos l. Corte Suprema ... . ......... .. . . ............ . 2. Cortes de Circuito ..... .. . ... . .............. . 3. Cortes de Distrito .. .... .......... .. .. ..... . . 4. Tribunales locales

A)

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573 573 573 590 595

599

CoNTROL DF. CONSTIT\ J0. 10NALIDAD

14 C)

D)

Francia l. Consejo de Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 'l'ribunal de Conflictos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Consejo Constitucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reino Unido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÍNDICE ALFABÉTICO

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600 601 602 602

603

CAPITULO

IV

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL Thc more onc pleases everybody, the lcss one pienses profoundly (STENDIIAL, MiscellCJrLeous Fragments, On Loue).

§ 63. Introducción

En el capítulo anterior vimos que para activar la actuación de los jueces debe existir un caso judicial esto es, un planteo que encierre alguna forma de controversia susceptible de apreciación por los tribunales. Este requisito de carácter objetivo, si bien esencial , no es el único. Tiene su complemento indispensable en otro de naturaleza subjetiva, que por ello no atiende ya a la manera en que se plantea el litigio, sino a la situación personal de quien promueve la acción. Me refiero a la legitimación, entendida como la capacidad procesal para estar en juicio 1 , en orden a formular una determinada petición, y obtener a través de ella una sentencia que la resuelva 2 • Dicho de otro

C IO,

1 PALAC IO la denomina, precisament e, "capacidad de obrar procesal" (PALALino E ., Derecho procesal ciuil, Abel edo-Perrot, Buenos Aires, l!l87, t. ITT,

p. ~2) . 2 Son muchas las definiciones que pueden hallarse sobre legitimación. 'romo la de AllA7.1, para quien la leg itimación "constituye un o de los requisitos para ejercer la accióu. Consideramos a és ta como el derecho que tiene quien se presenta a la jurisdicción de obtener una decisión sobre el mérito , es decir un pronunciamiento sobre el derecho sustancial invocado por las partes, sea tal decisión favo rabl e o des favorable. La legitimación activa s upon e la identidad so bre la persona a quien la ley le concede el derecho de acción y quien asume en el proceso el carácter de actor. Hay legitimación pasiva cuando existe identidad entre la persona habilitada para contradecir y quien ha sido demandado" (A RAZI, Roland, "La legitimación como elemento de la acción", en La legitimación, libro de homenaje

16

CONTROL DE CONS'l' ITUC IONALIDAD

modo el caso judicial explica el "qué" de la actuaci~,n ~~t~ la · t" '.a en tanto que la legitimación se refiere al qUl_en . JUS l~s, indudable, asimismo, que esta temática ha t~md_o en los últimos años -especialmente desde la reforma const1tuc10nal de 1994- un desarrollo extraordinario, a punto tal qu_e_ha co~­ tribuido seriamente a poner en crisis tod~ la concepc10n :~adl­ cional sobre el caso judicial. Si bien es cierto que la legltl~a­ ción no es el único elemento que ha forzado esta tra~sform~ci.on, me atrevería a decir que su incidencia en ella ha s1do dec1s1Va. Por tal motivo , he considerado converuente tratarla en forma separada, otorgándole un capitulo especifico dentro de esta obra . A su vez, hoy es notoria la diferencia entre el concepto tradicional de legitimación individuaL re ervada a personas o grupos de personas cuantitativamente reducidas e identificadas (1-itisconsorcio) y el actual concepto de la legitimación colectiva, que permite el acceso a los tribunales -por medio de distintos aforos o representaciones- a numerosos grupos de personas indeterminadas. Por ello he dividido este capítulo en dos partes: en la primera analizaré lo atinente a la legitimación individual, y en la segunda me ocuparé de los legitimados colectivos. Adelanto desde ya que ingresamos en uno de los terrenos más complejos y difíciles de abordar de la justiciabilidad, donde la casuística de la jurisprudencia es la única guía -cuando lo es-, Y donde cada caso presenta un nuevo desafío a quien lo plantea, ya que las reglas no son claras y cambian constante~e~te. E~ta~ dificult~des han sido reconoci~as por la doctrma Y la JUnsprudenc¡a norteamencana \ e 1ncluso esto ha a . Lino E. Palac~o. Abeledo-Pt:rrot, Buenos Aires, 1996, ps. 23 a 37 , esp. p. 23). La Corte de loo EHados U rudos la ha definido diciendo que "en esencia la cuestión del standing O_t:g¡tlmaciónl consiste en si el litigante tiene capacidad pat·a que el tnbunal dectda el fondo de la cuestión o de sus asp('ctos particulares" ("Warth v. Seldin'·, 422 U.S. 490, 49 - 1975-). 1 ' ViNINC decía que ~s imposible leer lo~ pronun ciam ientos judiciales sobre la lcbritimación sin entrar en un estado de crisis intelectual (VtNil\G, Josc ph, Legal fclentity: ThP Coming o( Age o( Public Law , Yale Univcrsity Prcss, New Haveu , 1978, p. ll. 1 William O. Douglas, juez de la Corte de lo Estados Unidos, alertaba sobre el escaso valor de las generalizaciones acerca de la le<Titimacio' n en "As · t ' fD · t· p · S · . . .,. SOCia IOn o . a,. a rocess~ng. er:nc_e OrgantzatJOns, Inc. v. Camp", 397 U.S. 150. 151 (1970). Y en Vall~y F01 ge ChnstJan College v. Ameticans United for Separation ofChurch and State . 454 U.S. -t64 , 475 (19R2), decía la Co.-to: "No ncr.
LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

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expuesto ¡:¡, os tribunales a fuertes criticas 5 . El resultado, según afirma CH EME RIN SKY, es una doctrina que muchos encuentran insatisfactoria y confusa 6• Lo mismo podríamos decir entre nosotros. No obstante ello, la doctrina de la legitimación tiene un innegable fundamento constitucional y no podría ser obviada en ningún estudio sobre la justiciabilidad. Según estableció la Corte de los Estados Unidos en "ABen v. Wright" 7 , la legitimación (standing) está basada en la sola idea de la separación de poderes. Esta idea, que tiene raíces en "Flast v. Cohen"\ fue propiciada por el juez Antonin Scalia en 1983, cuando todavía era juez del Tribunal de Circuito del Distrito de Columbia " y si bien ello no constituye una opinión unánime 10 , lo cie rto es que desde la Corte Suprema ha continuado afirmando este principio 11 , cuya validez hoy cuenta con aceptación general 12 • Además de estar fundada en la división de poderes -contribuyendo , por ende, a su sostenimiento- se dice que la doctrina de la legitimación tiende también a lograr la eficiencia con rot.lens (min ce words) cuando decimos que el concepto de standing, según el Art. 111 , no ha sido definido completamente en muchos de los ca~os decididos por esta Corte''. Asimismo, en "Campbell v. Louisiana", 523 U.S. 392, 397 (1998), la Cor te sostuvo que "la legitimación fr er.uentem ente genera distinciones imprecisas y exige trazar líneas difíciles". 5 Así lo reconoce por ejl!mplo TRIR E, Laurencc, Amencan <.:onstitutional Law , ob. cit. , p. 390. 6 CHEMERIN,;KY, Envi n , Federal .Ju.risdiction, cit., p. 55. 468 u.s. 737. 752 (1984). 392 u.s. 83 (1969). ~ ScALIA , Antonin. The Doctrine of Standing as an Esscntial Element of" thc Separation uf Powers , "Suffolk Law l{cview", vol. 17 , p. 881 (1983). lO Véase una critica en NI!'HOL, Gene, Abusing Standing: A Comment on. Allen u. Wright, "Uruv. o!" Pennsylvarua Law Review", vol. 133, p. 635 (1985). 11 En "Luján v. Dcfenders of Wild Life", 504 U. S. 555 (1992), sostu vo qu e la separación de poderes, como mecan ismo central de ]¡¡ Constitución, depende en gra n medida del común entendimiento ll cerca de. qué actividades son apropiadas para las legislaturas , la administración y los tribunales . Agregó que la legitimación es uua línea de t.lemarcatoria que deslinda o separa los casos o controversias que ti enen ua turaleza judidal (p. 560). A su vez , en un fallo un á nime, recuído en "Bennett v. Spear", 520 U .S. 154 (1997) , reiteró que los elementos, tanto constitucioMles como prudenciales, del standing están fu ndados en la preocupación acerca del debido - y debidamente limitado- rol de los trib unales e n una sociedad democrática. 12 T!tlllE, Laurence, American Corts/.itutionall,aw , ob. cit., ps. ~89 Y ::l\10; CHEMEitJNSKY , F.rwin, Federal Courts, ob. cit .. p. fífi .

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

18

·udicial al evitar que se expandan innecesariamente los proJcesos j~diciales cuando sólo se busca en ellos un resultado o · deológico ta. permite mejorar los fallos , procurando que ef ect o 1 , . -c. l ante el tribunal sea debatida una controvers1a espec111Ca, P anteada por quien tiene un interés real y directo en ella, Y asegura que quienes litigan sean efectivamente los titulares d~ los derechos invocados y que no se presenten ante los tnbunales testaferros oficiosos. "Los Tribunales -ha dicho la Corte estadounidense- no deben decidir innecesariamente sobre derechos cuando los titulares de los mismos no lo requieren" 14 •

A) LEGITIMACIÓ. § 64.

INDIVIDUAL

Las reglas generales según la Corte Suprema

de los Estados Unidos a) ENUNCIADO. - La Corte uprema norteamericana ha establecido dos clases de requisito en torno a la legitimación: a) constitucionales, y b) prudenciales. Cada categoría, a su vez, se divide en tres subrequisitos. Los primeros son: 1) debe alegarse que se ha sufrido o se sufrirá en forma inminente un daño o agravio (injury); 2) el daño debe ser consecuencia de la conducta del demandado, es decir que debe darse una relación de causalidad (causation) entre ambos , y 3) debe afirmarse que una decisión favorable del tribunal puede remediar (redress) el daño ocasionado. Los tres requisitos prudenciales (nacidos de una prudente administración de justicia) son: 1) nadie puede reclamar por el derecho de un tercero que no está en juicio (third-party standing); 2) no puede accionar quien lo hace como simple ciudadano o contribuyente que reclama por un perjuicio general que otros muchos soportan de igual manera (general grieuances), y 3) el actor debe demostrar que se encuentra dentro de la zona de intereses protegida por la ley en cuestión. Estos tres requisitos , en la medida que no 13 14

"United States v. Richardson", 418 U.S. 166, 192 (1974). "Singlcton v. Wulff', 428 U.S. 106, 113-114 (1976).

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LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

tienen fundamento constitucional, podrían ser derogados o alterados por una ley 15 • b) EvoLUCIÓN JURISPRUDENCIAL. - Antes de analizar estos requisitos, creo que vale la pena recordar la evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema a través de sus diferentes períodos. Para ello h e de seguir, sustancialmente, la amplia reseña efectuada por Estela B. S ACRiSTÁN, con moLivo del comentario a un fallo relativo a la legitimación de los electores para conocer el financiamiento del proceso electoral 16 . Según este trabajo , deben considerarse cuatro períodos en la jurisprudencia norteamericana. El primero de ellos corre desde la década de 1920 hasta la de 1960, y coincide en su inicio con l a presidencia del 1'ribunal a cargo de William Taft 17 . En esta época imperó un criterio restrictivo representado por el leading "Frothingham v. Mellon" '~, planteado por un conLribuyente en contra de una ley federal en el cual se denegó legitimación a Ullos sujetos contribuyentes de impuestos a loH fines de la impugnación de la constiLucionalidad de una ley federH 1, por apropiarse de fondos asignados a los estados a fin de ejecutar un programa materno-infantil. La sentencia rechaza la legitimación activa, diciendo que el contribuyente debía demostrar no sólo la invalidez de la ley sino también que había sufrido alguna clase de gravamen "directo", como resultado de la aplicación de aquélla. Posteriormente, entre 1930 y 1967 , la Corte siguió este criterio para denegar legitimación activa a los contribuyentes. Erwin, Federal Courts, ob. cit., p. 57. Se amplta la legitimación en el derecho nor·teamericano: los electores pueder¡ conocer el financiami ento del proceso electoral, LL , t. 1999-E , p. 101. 17 William H oward Taft fue Chief Justice entre 1921 y 1930, lu ego de una . d1latada vida pública que lo había llevado hasta la Presidencia de la Nación entre Hl09 y 1913. Es el úuico hasta ahora qu e ha ocupado esas dos posiciones . No se lo r econoce como un gra n jurista, pero en cambio e~ elogiA do como un buen admini stradiJr del sistc w a judicial, donde introdujo importantes reformas. J:<;ntre ellas se cue ntan el imp~lso para la sAnción de la Judi ciary Act de 19:.!5, lA creación d., la Conferencta Jud1ctal de los Estados Unidos y la iniciativa para la construcción del edtficw actual, de la Corte. S~ biografía pu ede verse en: M ASON, Alpheu s T., W¡llmrn Howa.rd fa{t : Ch¡ef Just1ce, Univer sity Press of America 1983 15 CH I•:MEIUNSKY, 1

~ SACRISTÁN, Estela B.,

18

262 U.S. 447 (1923).

'

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CONTROL DE CONST ITUC IONALIDAD

20

El segundo período tiene lugar bajo la presidencia de Earl Warren en la Corte Suprema, cuyas tendencias liberales son bien conocidas u1. La legitimación se flexibiliza con "Flast v. Cohen" "0 donde debía decidirse si un contribuyente podía ale21 gar la i ~constitucionalidad de una ley federal de educación que permitía el financiamiento de escuelas religiosa~ con r~cur­ sos económicos federales, lo que se ale gaba que era v10latono de la Primera Enmienda 22 • La Corte modificó el criterio de "Frothingham" y sostuvo que un contribuyente posee legitimación procesal para reclamar la inconstitucionalidad de una ley federal que ha violado la cláusula constitucional sobre impuestos y gastos cuando prueba que existe un nexo suficiente entre su condición de contribuyente y la alegada inconstitucionalidad. Otra apertura importante registrada en este mismo período tuvo lugar en el célebre caso "Baker v. Carr" 23 , en el cual se reconoció legitimación a un ciudadano para exigir el llamado reapportionment, esto es, la redi tribución de los distritos electorales que se hallaban incorrectamente delimitados 2\ afectando en consecuencia el principio de igualdad de los votantes. Bajo el Chief Justice Burger (1969-1986) la Corte regresa -en su tercer período- a un criterio restrictivo. En 1972 denegó legitimación a una agrupación que había impugnado la constitucionalidad del seguimiento (surueillance) de las manifestaciones políticas en la vía pública por parte de personal militar 2fi ; y también se la denegó a una agrupación ecologista, Sierra Club, que intentaba impedir la construcción de un centro de esquí en el Mineral King Valley en California 26 • En ajustado voto mayoritario , se concluyó en ambos casos que los apelantes no habían podido demostrar "un interés personal (personal stahe) en el resultado" del litigio 27 . También se denegó legitima19

Véase lo que digo infra, § 125.a .

2o 392 U.S . 83 (1968). 21

Elementary and Secondary Educación Act (1965). La Primera Enmienda de la Constitución norteamericana prevé que "El Congreso no podrá aprobar ninguna ley por la cual se establezca determinada r e hg1ón o se prohíba el libre ejerc\cio de una de ellas". ·¿3 369 l l. S. 186 (1962). " 4 El anális i s de este fallo ha sido efectuado supra § 22 . 'G "Lai.rd v. Tatum", 408 U .S . l (1972) . ' 2 6 "Sierra Club v. Morton" , 4.05 \.J. S. 727 (1972). "

2

27 "Lairñ ". cit., p . 13 . y '4 Slerrn C lub'', cit . . p . 739 .

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

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c1on, entre otros, a los integrantes de una asociación de veteranos que se oponían a la guerra de Vietnam en una acción de clase en la que se agraviaban por el hecho de que ciertos miembros del Congreso, que votaban leye sobre los fondos a destinar a la guerra, ocuparan cargos en el cuerpo de reservistas 28; a los contribuyentes que iniciaron una acción a fin de que se publicitaran los fondos destinado a la Agencia Central de Inteligencia (ClA) 29 ; a varias organizaciones del condado de Rochester (New York), que impugnaban la constitucionalidad de una ordenanza urbanística de Penfield -una localidad suburbana-, que impedía que las personas de bajo o medianos recursos moraran en dicho pueblo 30 ; a unos indigentes que habían impugnado una norma tributaria federal por la cual se concedían beneficios impositivo a aquello hospitales que concedieran menos servicios médicos gratuitos y más servicios en forma onerosa 3 1; a los padre de unos niños de color que alegaban que el Interna! Revenue Service (órgano de recaudación tributaria federal) no había puesto en vigenci a la reglamentación en virtud de la cual no se hallarían en la posición de "exentos" los establecimientos educativos privados que continuaran segregando en razón del color 32 ; a una organización pro-separación entre Iglesia y Estado que pretendía que no se cediera, como propiedad en desuso, un antiguo hospital naval a un establecimiento de enseñanza confesional privado (el Valley Forge Christian College), existiendo una ley que sólo permitía una cesión a favor de entidades sin fines de lucro exentas de sufragar impuestos 33 ; a un sujeto que, al ser arrestado, había sufrido daños físicos por el uso de técnicas de estrangulamiento empleadas por las fuerzas de seguridad y que había solicitado la no aplicación en el futuro de dichas técnicas. Ya veremos más adelante s• que se le reconoció legitimación para el reclamo de 28

29

:JO 31

"Schlesinger v. Reservi.sts Committee to Stop the War", 418 U.S. 208 (1974). "United States v. Richardson", 418 U.S. 166 (1974). "Warth v. Seldin", 422 U .S. 490 (1975). "Simon v. Eastern Kentucky Welfare Rights Organizat ion", 426 U.S. 26

(1976). :1 2

"Allen

v.

Wright", 468 U.S. 737 (191'14).

aa "Valley Forge Christian College v. Americans Uni ted for Separation of

Chmch and Statc, lnc.", 454 U.S. 4G4 (1982). a• !nfra, § 64, e, l.

22

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

daños y perjuicios, pero no para plantear la inconstitucionalidad de la técnica mencionada. El cuarto periodo tiene lugar bajo la presidencia del Chief Justice William Rehnquist 35 y se observa en él un criterio oscilante. En "Renne v. Geary" 36 se sostuvo que no era cuestión justiciable la impugnación de una disposición de la constitución de Ca1ifornia que prohibía a los partidos políticos nominar a sus candidatos en eleccione para los cargos de juez y otros cargos del gobierno local, toda vez que los accionantes -miembros de los comités centrales de lo partidos republicano y demócrata del condado de San Franci co- carecían de legitimación para ello, además de no mediar gravamen actual sino meramente hipotético fundado , según e pretendía, en las libertades que emanan de la Primera Enmienda de cara a la re tri.cción Local. Asimismo en "Luján . Defenders of Wildlife"37 a ra1' d n· , z e un .con 1cto medioambientalista, el Justice Scalia les denegó ~tan_dm.g a. los a;tores porque no habían podido acreditar el dano 1.nmmente , esto es, que estaban en peligro inmediato de sufnr un gravamen concreto que ustentara su reclamo bajo la Endangered Species Act de 1973 (Ley de E pecies en Peligro). No obstante, la Corte reconoció legitimación activa en varios casos dignos de mención. En "Northeastern Florida Chapter of the Associated General Contractors of America v. City of Jacksonville" 3R se admitió la legitimación de una asociación de contratistas públicos para demandar a la municipalidad por no haber podido ofertar debido a la existencia de una restricción discriminatoriaa9 • En "Wyoming v. Oklahoma" 40 se permitió que los estados impugnaran la constitucionalidad de las leyes y reglamentaciones de otros estados, invocando la Cláusula Comercial cuando esas normas impactaban negativamente 35 Me referiré a la personalidad de William Rchnquist y a su labor como Chief ,]u stice de la Corte Sup rema infra ( § 126. b).

501 U.S . 312 (1991). 504 u.s. !';55 (1992). "" 508 u .s. 656 (1993).

a6

~7

. .

La restricción s urgía de una ordenanza muruc1pa\ -enmarcada en un plan de acr.iun~s afirmalivas o de pl"otccción a cie•·\.as minorlas- según la cual e\ 10 % de lM monto~ asignados a contrataciones públicas municipales por año seria afee· tndo a las dcnominRdas "empresas comerciales de las minorías". La mayor la de las empresas que integraban la asociación actora no encuadraban en ese perf1l. ay

10

502 U .S. 437 (1992) .

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

23

en el nivel de recaudación impositiva de eso estados 41 • En "Federal Election Commission v. Akins"u, por el voto del Justice Breyer se hizo lugar a la legitimación de un grupo de ciudadanos que invocando su calidad de v~~tes, imp~~ó una decisión de la Federal Election Comrruss10n (Conus1ón Federal Electoral) 43 que les había rechazado una presentación en la cual solicitaban información sobre el financiamiento de una campaña electoral 44 • En "Department of Commerce v. United States House of Representatives" 45 se admitió la legitimación de residentes de los Estados Unidos que impugnaron el empleo - por parte de la Oficina de Censo- de muestreos estadísticos en los censos de las siguientes décadas. La Corte, en opinión liderada por la Just ice O'Connor, falló sosteniendo que se les produciría un gravamen, pues el empleo de este método implicaría la pérdida de representantes en el Congreso y la dilución de la fuerza de su voto. e) REQUISITOS CONSTrruciONALES. - l. "lNJURY'. Si bien la Corte ha establecido que un litigante debe alegar un "daño personal" 4 \ y esto es un principio que todavía se mantiene, este requisito ha variado en los últimos años, y no existe actualmente un criterio claro acerca de cuáles son los daños que habilltan la legitimación 47 • Un primer grupo de fallos ha sido estricto en su consideración. Así, por ejemplo, en "Sierra Club v. Morton" 48 , la Corte rechazó la demanda, sosteniendo que no se había probado que ninguno de los miembros del Sierra Club hubiera concurrido alguna vez al Mineral King Valley o que la construcción del centro de esquí pudiera afectar sus 4 1 Explicaré los hechos de es Le caso (infra, § 64, d , 3) cu ando me r efiera al r equisilo que exigP. estar comprendido dentro de la zona de protección de la ley. 4" 524 U .S . 11 (1998 ). 4 ~ La Comi sión Federal El ectoral se halla reglada en 2 USC § 437 c. 44 El caso está comentado en el artículo de Estela B. SACIUSTAN t:itado e n nota 1G, y allí me remito para má s detall es. 4ñ 525 U.S. 316 ( 1999). 4<; Para tener legitimación, un liügante debe alegar un daño personal pro· ducid o por la conducta anlijurí dica impugnada e indemnizablc por vía del remedio requerido , ("Allen v. Wright", 468 U .S . 737, 751 - 1984-). 47 TRl llE, L aurence , Americart Co~tsl itulional Law, ob. cit., p. 400; CH¡,;W;. RI NSKY, Erwin, Federal Courts, ob. cit., p . 67 . 4H 405 U .S. 727 (1972).

CONTROL DE CON STITUCIONALIDAD

24

actividades. Un mero interés invocado por alguien no es suficiente aun cuando esa persona esté muy capacitada para evalua; el problema, para ser parte en juicio. En "City of Los Angeles v. Lyons" 4 \ una ?e_r~ona arr.estada por la policía demandó por los daños y pCI1UlCIOS sufnd?s. al ser detenido ~o . La demanda, además de los daños Y perJUlClOS , planteaba la inconstitucionalidad del uso del chokeholds, alegando que era una práctica habitual de la policí~ . ~a Corte, en un fallo dividido de 5 votos a 4, sostuvo que Sl b1en Lyons tenía derecho a una reparación de los daños y perjuicios, carecía en cambio de standing para pedir la declaración de inconstitucionalidad de tal procedimiento en la medida que no podía establecerse que tuviera una probabilidad cierta de volver a ser sometido al mismo. "El demandante -dijo la Corte- debe probar que ha sufrido o sufrirá en forma inmediata un daño o agr~vio ?~recto , el cual debe er real e inmediato, no pudiendo ser h1potetlco o conjetural" 61 • Igual criterio emana de "Luján v. Defenders of Wildlife" 52 , pero cambia en los fallos posteri.ores referidos al control del proceso electoral y al uso de datos en censos futuros ~' que amplían notablemente el criterio. También se advierte una ampliación en "Clinton v. City of New York" 5\ donde un grupo muy heterogéneo de actores 55 obtuvo e~ reconocimiento de su legitimación para demandar al PreSidente de la Nación y plantear la inconstitucionalidad de la ca~celación de partidas presupuestarias efectuada de conformidad con la Line ltem Veto Act 66 que permite al Presidente efect~ar reducciones en el presupuesto aprobado por el Congres0 ' 7. Sostenían que tal cancelación les había causado per4!l

~u

461

u.s. 95

(1983).

Lyons había sido estrangulado hasta perder el conocimiento, por medio del uso de una técnica denominada chokeholds . 51 461 105. '•2 504 U.S. 555 (1992) . ó3 "Federal Eleclion Commission v. Akins" (199!\) , y .. DepartmenL of Commerce v. United States House of Representatives" (1999) . M 524 U .S. 417 (1998) . 55 Eran dos demandas planteadas por la ciudad de New York , dos asociaciones hospita\at;as y dos sindicatos de trabajadores de la salud por un lado y una cooperativa de productores al{rícolas por el otro, acciones éstas que fueron con~o\idadas por d ~ribunal de distri.to. ó6 Statutes at Large 1200; 2 USC ~ 691. ó? Más abajo (infra § 74. a) volvm·é sob re esta ley al r efcru·me a \ caso "Raines

u.s.

v.

llyrd", 521 U.S . 811 (1997).

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

25

juicio como contribuyentes, pues habían abonado sus impu~stos al estado de New York, los que luego no estaban refleJados 8 en el presupuesto. No obstante, en "Sinkfiled v. Kelly" ~ . ~e aplicó la doclrina del daño personal, para rechazar una petlc10n formulada por residentes blancos del estado de Alabama, que impugnaban una redistribución de los distritos electorales. 2.

RELACIÓN lJE CAUSALIDAD ("CAUSATION") Y POSIBILIDAD

El segundo Y tercer requisitos luego de la existencia de un daño on: a) la relación de causalidad entre dicho daño y la conducta impugnada, y b) la posibilidad de que el perjuicio alegado sea reparable a través de la vía procesal f(legida. Un caso importante en el estudio de estos requisitos es "United States and Interstate Commerce Commission v. Students Challenging Regulatory Agency Procedures (SCRAP)" 59 , donde se recon oció legitimación activa a un grupo de estudiantes de derecho que impugnaban una norma por la cual se establecía un sobreprecio a los fletes ferroviarios , alegando que el sobreprecio dificultaría la redistribución o recirculación de botellas y latas. La Corte sostuvo que "el hecho de que ciertos intereses medioambientales en particular sean compartidos por muchos, en vez de por unos pocos, no los torna menos merecedores de protección legal". Asimismo, en "Duke Power Co . v. Carolina Environmental Study Group Inc." R0 , cuarenta personas y dos organizaciones demandaron la inconstitucionalidad de la Price-Anderson Act, que limitaba la responsabilidad de las compañías constructoras de reactores nucleares en caso de accidentes o explosiones en los mismos. Los actores vecinos de una central nuclear alegaron que estaba violada la cláusula del debido proceso en la medida que se permitía la producción de un daño sin adecuada compensación. La Corte, si bien no declaró inconstitucional a la ley, sí entendió, en cambio, que los demandantes tenian legitimación procesal. Incluso se ha admitido legitimación para prevenir daños futuros , por ejemplo para evitar la transferencia -sin respeto al debido proceso- de personas internadas en clí-

DE REMEDIAR EL DAÑO ("REDRESSABIUTY").

121 S . Ct. 446 (:.!000). 1;9 412 669 (1973).

G8

ijQ

u.s.

438 U .S. 56 <1978).

CONTROL DE CONb"''!TUCtONALIDAD

26

1

nicas u otra clase de residencias a otras 1nstalac1on~S~ '.o bien para proteger de la aplicación de s~nciones o proh1b1c~o~es a funcionarios estatales que intentan mgresar en la adrmmstración de otro estado 6·z . . . . ., Por el contrario, no se ha reconoc1do legll1mac10n a personas de escasos recursos económicos para impugnar una norma que limitaba la cantidad de servicios médicos grat~tos ~ue podían ofrecer los hospitales que gozaran de exenc10nes 1ffi64 positivas 6\ criterio similar al aplicado en "Warth v. Seldin" , ya citado anteriormente también. d) REQUISITOS PRUDENClALE • l. IMPOSIBILIDAD DE RECLAMAR POR UN TERCERO ("TmRD-PARTY STANDING"). De acuerdo

con este requisito, también denominado ius tertii standing, quien reclama debe hacerlo por un daño propio, es decir que no se admiten los daños alegados en nombre de terceros que no están en juicio. Dos casos muestran el criterio de la Corte norteamericana en esta cuestión. En el primero de ellos, "McGowan v. Maryland"ss, se e tablece que una cámara empresaria no posee legitimidad para actuar en representación de sus miembros. Un grupo de comerciantes había sido condenado por violar una ley del estado de Maryland que prohibía abrir los negocios en domingo. El departamento o centro que los nucleaba planteó la inconstitucionalidad de la susodicha ley, sosteniendo que era contraria al libre ejercicio de su religión, la cual les impedía trabajar en sábado. Argumentó que la ley era violatoria de sus derechos religiosos, en la medida en que los obligaba a trabajar el sábado. La Corte consideró el argumento así expuesto y denegó el standing, pues dijo que ninguno de los comerciantes afectados había alegado que sus propios derechos religiosos habían sido violados 66 . "Rium v. Yaretsky", 457 U.S. 991 (1982) . "Clements v. Fashing", 457 U.S. 957 (1982). )~ ·s·IID On v. E astcrn Kentucky Welfare Rights Organization", 426 U .S. 26

61

6

(

2

6~

1976

64

422 U .S. 490 0975). 366 U .S . 420 (1961). ll6 En un · ·¡ d · caso smu ar e 1gual época, "Braunfeld v. Brown" 366 U S 599 ~l9~1)d la C'~rte admitió la constitucionalidad de la ley, diciendo ¿u., el g~bierno 65

eme.

erec o a fiJar un dia por sem a na para e1 de•canon.

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

27

No obstante , existen numerosos casos ~ue establecen ~xc~g­ ciones a esta regla. Por ejemplo, e~ "E1senstadt v. Ba1rd , se admitió que tiene legitimación qmen defien~e los derechos de un sujeto que no puede ser parte en~ pletto: Una ley de Massachusetts penalizaba la venta de antíconce~bvos. por parte de quienes no fueran médicos o farmacéuticos , dispomendo a~e­ más que se podían vender solamente a personas casadas. Baud violó esta norma, vendiendo anticonceptivos a personas no casadas y fue condenado. Su defensa estuvo centrada en sostener' los derechos de los no casados a usar anticonceptivos. Si bien estaba defendiendo los derechos de terceros, la Corte le reconoció standing, pues sostuvo que las personas no casadas no son, en sí mismas, sujetos punibles por la ley y por ello carecen de capacidad para estar en juicio y defender sus derechos. También se hizo una excepción a la regla indicada en "Pierce v. Society of Sisters of the Holy N ame of Jesus and Mary" 68 , cuando se concedió legitimidad para que una e cuela parroquial defendiera los derechos de sus alumnos 69 • También en "Barrows v. Jackson" 70 se dio una oportunidad para demostrar la inaplicabilidad estricta de la regla. El caso se planteó porque un blanco que había violado un acuerdo de no vender una propiedad a personas de raza negra fue demandado. Su defensa consistió en defender los derechos de los negros a adquirir la propiedad. La Corte admitió la defensa y permitió que el demandado ejerciera la defensa de quienes no eran parte en el pleito. Finalmente, en "Powers v. Ohio" 7 1, donde la Corte admitió que en un juicio por jurados un procesado perteneciente a la mayoría racial puede reclamar por los derechos de los jurados de la minoría racial excluidos por la fiscalía en razón de la raza, fueron recordados los tres requisitos que se exigen para apartarse de la regla general: a) el peticionante debe tener algún interés concreto en el litigio; b) debe tener además una relación estrecha con el tercero cuyos derechos reclama, y e) debe 405 U.S. 438 0972J. 2!i8 u.s. 510 (1925). 6 9 U na ley de Oregon obligaba a todos los nifios a concurrir a escuelas pú bli cao. Si bi en los legitima dos para soli citar· la dcclaradón de inconstituciona lidad eran los padres, se le reconoció tal carácter a la escuela por la estrecha relación qu e la un ía con los alumnos y por ser parte, ella también, del sistema ed ucativo. 70 :346 u.s. 249 (1953). 71 499 U.S. 400 (1991). 67

68

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

28

existir algún impe dimento para que el tercero defienda sus ~e.ncipio establecido en este caso fue luego segu1do rech os. El Pn . e nn "G r en otros tales como "Edmonson v. Lesvül~ ?onc,;,:t o. ' eo · v McCollum" 7 ~ y "Campbell v. Lows1ana . gia Un · · · ht" 75 , don d. e se caso muy curioso fue " Mlller v. Albng estableció que no podía reclamar la ciudadanía norte~mencana una hija ilegítima concebida por un militar norte~encano -:-por entonces destinado en Filipinas- con una muJer extranJera. El caso muestra las dificultades que en ocasiones se presentan para determinar si se reclama por derechos propios o de terceros. El fallo dividido de 6 votos contra 3 76 finalmente rechazó la demanda , pero en el seno de la mayoría se entabló una disputa por el standing. El voto de los jueces Stevens y Rehnquist -si bien rechazó la demanda por el fondo- sostuvo que la menor podía plantear -bajo la cláusula de la protección igualitaria- la inconstitucionalidad de la ley que impedía requerir la ciudadanía a quien , siendo bija ilegítima de un norteamericano y una extranjera y habiendo nacido fuera de los Estados Unidos, no había sido reconocida antes de los 18 años de edad. Si bien el planteo sostenía que la ley trataba en forma desigual a los extranjeros, por lo que el reclamo así formulado se hacía en nombre de los padres, este voto sostiene que dicha ley afectaba directamente a la menor y no a sus padres, por lo que se daba el caso de un reclamo por derecho propio ({irst party standing). Los restantes jueces, en cambio, sostuvieron que se trataba de un reclamo por un tercero. 2. AGRAVIOS DE CARÁCTER COLECTIVO ("GENERALIZED GRIEVANCES"). R EMISIÓN. Una derivación natural de la regla arriba mencionada era la imposibilidad de reclamar por agravios de carácter colectivo. No obstante, dada la importancia y desarrollo de esta cuestión en la actualidad , me ocuparé de los casos resueltos por la Corte Suprema norteamericana cuando 72

73 74

75

500 u.s. 505 U .S. 523 u.s. 523 u.s.

614 (1991). 42 0992 ). 392 (1998). 420 (1998).

76 Votaron en la mayoria los jueces Rehnquist, Stevens O'Connor K d . ¡a 1o h lCL ' .e ron los juece~ BrAy o r, O ln-w ln.H&::,, Venne Y. Thomas y Sea li a . ,r.o~ n 1a mtnor ;s,.... ... -

29

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

me refiera a la legitimación colectiva en la segunda parte de este capítulo. 3. ESTAR DENTRO DE LA ZONA DE POR LA LEY. Esta regla se aplica cuando

11\'TERE~

PROTEGIDOS

se cuestiona ~a _norma · ·' pue d e b ene fi c1ar · al demandante cuya aphcac10n . • s1 b1en no controla directamente su actividad. En un eJemplo puesto por CHEMh:IUNSKY 77 , si una ley prohibe a las empresas que -~o son editoriales la venta de libros jurídicos y una regulacwn _administrativa las autoriza, l as librerías o editoriales j~ríd1cas pueden demandar la inconstitucionalidad de tal resoluc16n, aun cuando la librería jurídica no esté directamente controlada o regulada por la entidad administrativa en cuestión ni por su resolución posee standing para demandar. En otras palabras, el demandante debe demostrar que se encuentra dentro del grupo de personas protegidas por la ley ' . El primer caso resuelto por la Corte Suprema norteamericana en este aspecto fue "Association of Data Processing Service Organization Inc. v. Camp"; 9 y tuvo lugar dentro de lo previsto por la § 10 de la Ley de Procedimientos Admi nistrativos 80 . La actora reclamaba la inconstitucionalidad de una resolución que autorizaba a los bancos a efectuar servicios de procesamiento de datos tanto para otros bancos como para sus clientes. La Curte entendió que los intereses de la Asociación actora estaban protegidos por La Bank Seruice Corporation Act de 1962, que prohibía a los bancos efectuar toda actividad que no fuera servicios bancarios. También se ha aplicado este requisito en "Clarke v. Securities Industries Association" 1 , donde un broker financiero planteó la inconstitucionalidad de una resolución que auLorizaha a los bancos a ofrecer operaciones de descuento en todo el país, lo que se hallaba en contra de la prohibición a los bancos de establecer sucursales en otros estados. Se hizo lugar a la demanda y la Corte explicó que en estos casos el interés del demandante protegido por la ley en cuestión no debía ser meramente marginal sino que debía estar protegido Erwin, F~deral Jurisdiction, cit., p. 97. Erwin , Federal Jw·isdiction, cit., p. 98. (197 0 ). xu Administratiue Procedure Act , 5 USC § 702. 81 479 u.s. 750 (1987).

77 C II EMERII'SKY, 7 8 CllEMF.IUNSKV, 7 9 397 U.S. 150

CoNTROL DE CON STITUCIONALIDAD

30

8

· v. Okl directamente. Asimismo, en "Wyormng . ~h om_a" ~ se permitió que un estado impugnara la con~tüuc10nahdad ~e las leyes y reglamentaciones de otro estado mvocan.do la Clausul~ Comercial cuando esas normas afectaban negativamente el mvel de redaudación impositiva del peticionanteHa. Una ampliación importante de esta doctrina tuvo lugar en "Bennett v. Spear" 114 , donde se reconoció legitimación a un grupo de personas no protegidas especialmente por la Ley de Especies Amenazadas (Endangered Species Act 8 fi) para accionar bajo las previsiones de esta ley. En las instancias anteriores la acción había sido rechazada sosteniéndose que los accionantes sólo perseguían un propó ito estético, recreacional y comercial. Pero la Corte sostuvo que cuando la ley dice "any person" (cualquier persona) amplía el espectro de lo que se entiende por zona de interés protegido por la ley. TRIBE sostiene que a la par que este fallo amplía el concepto de legitimación, recuerda a los litigantes que el test de la zona de interés está sujeto a modificación por el Congreso 86 . Las reglas generales según la Corte Suprema argentina

§ 65.

a) CLARA DEMOSTRACIÓN DE LA INCONSTITUCIONALIDAD Y PROBANZA DEL PERJUICIO. Son varios los casos resueltos por

la Corte ~uprema argentina que han ido diseñando las reglas que rigen en materia de legitimación para requerir el control s2 502 U.S. 437 (1992). 83 La situación era la siguiente: a fin de promover los empleos locales y para aumentar los ingresos fiscales, Oklahoma sancionó, en 1986, una ley que establecía que sus empresas de servicios públicos deberían adquirir al menos el 10% d~l .carbó_n que empleaban a proveedores de ese estado. Así, las empresas de semctos publicos de Oklahoma disminuyeron las compras de carbón del esLado de Wyoming, Y éste perdió los ingresos fiscales provenientes de impuestos local~s al carbón que ~e hubieran generado si éste hubiera sido efectivamente adqwndo P?r las empresas d~ servicios públicos de Oklahoma. La Corte, liderada por el Just¡ce Wh1te, declaro lamcon~tJtucionalidad de la ley impugnada, toda vez que la Cláusula Comerctal unped1a las medidas económicas proteccionistas locahstas. 84 520 154 (1997). s" 16 § 1540 (gl. RS TR!Bio:, Laurence, American Con stituCional Law . cit .. p . 44R.

u.s. use

LA LEGITlMAClÓN PROCESAL

31

constitucional. La primera regla, y la más frecuente, es la siguiente: el interesado en la declaración de inconstitucionalidad de una norma debe demostrar claramente de qué manera ésta contraría la Constitución nacional, causándole de ese modo un gravamen. Para ello, es menester que precise y acredite fehacientemente el perjuicio que le origina la aplicación de la disposición, pues la invocación de agravios meramente conjeturales resulta inhábil. Como puede verse la regla tiene dos aspectos: uno objetivo y otro subjetivo. El primero consiste en la demostración clara de la inconstitucionalidad de la norma, y ya me he ocupado de él con ocasión de reseñar las reglas generales a las cuales está sometido el control de constitucionalidad 87 • El segundo, que es el que aquí intere a, se refiere a la probanza efectiva de la existencia de un perjuicio causado por la inconstitucionalidad de la norma. En punto a este último la Corte, en "Cabezas, García y Cía. cfi'ucumán" 88 , una acción de repetición de un impuesto, debía resolver una excepción de falta de legitimación activa opuesta por la provincia demandada con fundamento en que los actores, si bien habían abonado el impuesto, no tenían perjuicio, pues el tributo era indirecto, había sido trasladado a los compradores del producto gravado, y sólo entonces había sido satisfecho. La Corte rechazó la excepción, sosteniendo: "La facultad de anular la leyes que corre ponde a la justicia sólo se convierte en un poder cuando en una causa regularmente presentada se demue tra la producción de un daño directo emergente de la ley aplicada y cuya constitucionalidad se viene a poner en tela de juicio. La parte que invoca ese poder debe , pues, demostrar a la vez que la invalidez del estatuto, la existencia de un daño como resultado de su sanción no siendo suficiente a tal efecto que ese daño o perjuicio se~ general o sufrido de un modo indefinido y imultáneamente co~ l~s ?tr.as personas de la comunidad. En otras palabras, la JunsdlCCión de la Corte para conocer en una contienda sobre constitucionalidad de una ley no nace y no puede nacer sino cuando quien la deduce se encuentra adversamente afectado por .aquélla mediante una lesión de orden personal o patrimorual (. .. ) las constancias de autos prueban que los actores 87

88

Véase supra, § 20, d. Fallos, 170:158 (1934).

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

32

han verificado el pago del impuesto de que se trata suscribiendo letras a favor del fisco provincial. Tal pago l? han hec~o con protesta y los documentos comerciale~ respectivos han ~1do levantados a su vencimiento por los mtroductores. El mterés representado por ese pago aunque fuese a plazo y aun cuando en general pueda ser exacto que los introductores abonaban el impuesto después de vendido el producto y cobra~o ~u ~a~or, es suficiente por su naturaleza para hacer nacer la Junsd1cc16n de 9 esta Corte respecto de una demanda de inconstitucionalidad"" • También puede verse lo decidido en "Elbio Francisco Payró" 90, donde el recurrente había sido sancionado con multa por violación de la ley 3962 de represión de juegos prohibidos de Entre Ríos . Alegaba la inconstitucio nalidad de la misma 91 por ser violatoria al derecho de defensa garantizado por el art. 18 de la Constitución . Sin embargo, en el caso, el recurrente había podido ejercer los derecho derivados del debido proceso, pues conoció oportunamente las causas de su detención, pudo defenderse y contó con asistencia letrada. Ello obstaba a su legitimidad para la impugnación constitucional de la referida ley. Con el mismo criterio, en "Messerer c/Suess S.R.L." 92 , se resolvió que carecía de acción judicial para solicitar la nulidad de una patente de invención el accionante que no ha acreditado la e:JUstencia de un interés legítimo para ello, conforme el art. 48 de la ley 111. "No existe -dijo la Corte- válido ejercicio de la actividad jurisdiccional que no presuponga una lesión materialmente perpetrada o, al menos, tentada, contra el derec~o para el cual se procura tutela. La admisibilidad de la acc1?n está condicionada, pues, a la concurrencia de un interés así .n~~erpretado , único en que puede asentarse legalmente una petlcwn de condena" 93 • Similares principios han sido aplicados en "Leguizamo'n ciWBJSman . "91 S . e trataba del letrado de la demandada vencedora en autos con costas a la actora. Al intentar cobrar su honoranos al actor, comprobó que los haberes jubilatorios de 89 9

Consids . 4• y 5".

° Fallos, 300:353 (1978).

91

.C uya in.constitucionalidad ya había sido declarada anteriormente en "Carlos Marm Fernandez", Fallos, 267:97 (1967). ~2 Fallo.,, 301:991 (1979). 9 '1 Fallos. 301:994. 04 Fallos , 302:1666 (1980).

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

33

aquél era inembargables con arreglo a la ley 20.355 cuya inconstitucionalidad planteó. La Corte denegó el pedido, pues sostuvo que no había agravio concreto, en tanto el impugnante podía cobrar los honorarios de su propio cliente , lo que obstaba al planteo de inconstitucionalidad. Mediante la aplicación de este principio, fue desestimado asimismo el amparo promovido en contra del decreto 92/97 de rebalanceo de las tarifas de teléfono en "Prodelco c/Poder Ejecutivo Nacional" 95 • Dijo el Tribunal en esta causa" ... el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren La existencia de un perjuicio -la afectación de un interés jurídicamente protegido-, de orden 'personal, particularizado, concreto y, además, susceptible de tratamiento judicial', recaudo que han de ser examinados con particular rigor cuando se pretende debatir la constitucionalidad de un acto celebrado por alguno de los otros dos poderes del Estado" 96 • Igual criterio aparece reproducido en "Sosa euquén" 97 , en "Moño Azul S.A." 98 , con motivo de la impugnación del art. 44 de la ley 11.683, en "Schiariti c/ANSES" , vinculado con la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 22 y 23 de la ley 24.463 de seguridad social, y en "Famyl c/Estado Nacional" 100 , donde una empresa de medicina prepaga impugnó la ley que extendía el IVA a esos servicios 101 • Este último ca o tiene importancia respecto de la legitimación pues la Corte la reconoció, pese a que dicho impuesto es trasladable al consumidor final, circunstancia que fue especialmente valorada en el fallo 102 • b) LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA. - En segundo lugar, el perjuicio debe ser alegado por el propio titular del derecho afectado. Así, por ejemplo, se ha dicho en "Federación Empleados de Comercio c/Asometa Cía. Asociada de Metales y Minerales S .R.L." 103, doctrina luego reiterada en "Federación Em9r. Fallos, 321:1252 (1998). 9A Fallos, 321:1288. 97 Fallos. 310:211 (1987). 98 Fallos , 316:61'\7 (1993). 9" Fallos, 323:1861 , 1865 (2000). tilO Fallos, 323 :2256 (2000). 101 Analizo con más detenimiento este caso infra, § 96. 102 Fallos , 323 :2278. 10:¡

Fallos, 254:162 (1962).

CoNTROL DE coNS'l'ITUCIONALIDAD

34

· c/Me'ndez"lo4 , que la actuación en calidad . d pleados de eomercw de agente de retención no justifica el plante~rruento e cuestiones federales atinentes a derechos cuyos titulare~ .son terceros y ajenos al interés específico legítimo del ?~t1c1~~ante. En tercer lugar, y ya en lo atinente a la leg1t1mac10n pasiva, la impugnación debe formularse contra la parte que causa el perjuicio alegado. Por aplicación de esta regla, en "D.G:.I. c/Paulista S.A." 105 , le fue negada legitimación a un agente JUdicial de la DGI para plantear la inconstitucionalidad de una norma en cuya virtud se reducían sus honorarios judiciales. La DGI -por intermedio de uno de sus agentes judiciales- promovió la ejecución fiscal de una empresa para el pago del IVA. Luego de obtenida sentencia de trance y remate y de regulados los honorarios del agente judicial, la ejecutada se acogió a los beneficios de la ley 22.681, que le permitía el pago del impuesto en cuotas. Ello repercutía en los honorarios del agente fiscal, los que se veían reducidos a un 10 % del monto regulado. Por tal motivo aquél planteó la inconstitucionalidad de la aplicación de la ley, la que fue rechazada. "Que al no existir por lo tanto -dijo la Corte- entre la aquí ejecutada y el recurrente (agente judicial de la DGI) otro nexo que el que surge de la ley que le acuerda la acción, es claro que la modificación de la existencia o del quantum de la prestación (. .. ) no autoóza a éste a efectuar reclamo constitucional alguno a la primera, pues no incumbe a ella satisfacer un deber inherente, en el caso, a la relación de empleo público (. .. ) Asimismo, si debiera aceptarse que la aplicación de la ley 22.681 genera un gravamen al apelante, no cabe más que concluir como consecuencia de lo dicho que su reparación sólo podría demandarse al órgano para el cual se ha desempeñado la función" 106 . 104

Fallos , 255:129 (1963). Fallos , 306:1283 (1984). 106 Indudablemente, la doctrina de este fallo es bastante criticable. En primer lugar, como bien lo puntualizó la disidencia del juez Belluscio, la sentencia de remate que había impuesto las costas a la ejecutada y regulado los honorarios al agente fi~cal , estaba firme y no podía ser modificada por una ley o un decisorio postenur, sm mcurnr en un desapoderamiento prohibido por la garantía constituciOnal de la proptedad. Esta circunstancia señalada por el voto disidente convtertc a todo el huld¡ng de la sentencia en algo que no deberla haber sido má s que un d1ctum . Pero además de esta circunstancia particular del caso, la doctrina también es errada en tanto los honorarios regulados al agente de la DGJ debían 105

35 LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

§ 66. La doctrina del

some_ti~~nto voluntario

a un régimen

JUrídiCO

- Uno de los hitos trascendentes en el } t't E NUNCLADO. estudio de la legitimación para ~lantear el cont:O co~s ~e~~ cional está constituido por la doctnna d?l.U~do,~o~e~ , to voluntario sin expresa reserva a un re~enjun co · gun una tradicional y constante jurisprudenc~a de la Co:t~ Sup~~~ ma, quien voluntariamente se ha sometido a ~ regune~ J rídico deterrllinado, produciendo actos de acatanuento al rmsmo sin formular una expresa reserva en contra no ~uede luego plantear su inconstitucionalidad. Si bien eD; una pnme_ra aproximación la doctrina es coherente, pues tiende a eVltar que alguien pueda plantear a su antojo y conveniencia la_ inconstitucionalidad de un régimen jurídico al que voluntanamente se sometió, la cuestión no es tan simple como parece a primera vista y debería ser revisada. a)

b) JurusPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA. -

Elleading

case en la materia es "The South American Stores Gath & Chaves c/Buenos Aires" 107 . El caso se originó con la sanción de una ley impositiva que daba a los contribuyentes una opción ent_re. el pago de un impuesto de "patentes fijas" sobre sus acüVldades y el de un gravamen llamado "impue to al comercio e industria", cuyo monto era graduable egún una declaración previa de su capital en giro. La actora efectuó dicha declaración, pero en el momento de efectivizar el pago del impuesto lo hizo bajo protesta. Luego accionó judicialmente reclamando la repetición de lo pagado. La Corte entendió que la declaración efectuada por la empresa había importado, en su momento , una renuncia a plantear luego la incoo titucionalidad del impuesto, renuncia que obstaba, naturalmente, a la validez del pago bajo protesta 10~ . Esta doctrina establecida en 1927 se ha ser pagadoR por la empresa ejecutada, de modo que no es cierto que "su reparación sólo podría demandarse al órgano pura d cual se ha desempeñado la función". 101 Fallos , 149:137 (1927 ). 10~ "Que la protesta formulada por la Compañia en el acto de veri.flcar el pago del impuesto, y cuando se habían producido los hechos determinantes de

36

CONTROL DE CONSTI'l'UC!ONALIDAD

e:

re etido en la jurisprudencia del Tribunal hasta el pre~ente muy numerosas ocasiones , algunas de las cuales exammaré seguidamente. f' n La materia impositiva ofrece sin dudas un terreno er 1 para la proliferación de esta doctrina, habida cuenta. de la relación continua y habitual que se entabla e~tre el F1sco Y s~~ contribuyentes. Por ello, además del caso Gath. &. ~haves , la Corte ha aplicado reiteradas muchas veces el pn~c1p10 .e~un­ ciado ante la impugnación constitucional de leyes 1mpos1twas. 10 Así por ejemplo, en "Beristayn de Vedoya c/Buenos Aires" ~ 110 y en "Perkins (Sucesión) c/Buenos Aires" , donde se planteó la inconstitucionalidad del impuesto a la protocolización de las hijuelas de una partición sucesoria. Aquí la Corte desestimó el planteo , pues los actore habían iniciado los trámites de la protocolización conforme a las normas del Código Procesal de la provincia sin hacer "salvedad o reserva alguna" de la facultad de discutir la validez constitucional del requisito de la protocolización, siendo la protesta fonnulada apenas en el momento de pagar el impuesto m. También fue aplicado en "Elinstall S.A.I.C." 11 ~ , cuando e impidió la declaración de inconstitucionalidad de una resolución de la DGI, respecto de la cual el contribuyente había ejercido la opción prevista en su normativa, ingresando oportunamente los anticipos del impuesto a las ganancias. Más recientemente cabe recordar el caso "En~re Rí?~ c/Encotesa" 113 , donde la demandada impugnó una ley rmpos1tlva local pese a que con anterioridad había acordado con la actora saldar deudas impositivas emanadas de dicha ley, lo que suponia -según entendió la Corte- haber formulado expresos actos de acatamiento al pago del tributo reclamado. Asimismo, en "Dell'Oglio c/Banco Hipotecario Nacional" 114 se la renuncia señalada, no puede borrar o modificar los efecl.os de ésta (a rt. 875, Cód. Civil)" (consi d. 3°). lOS Fallos, 157:352 (1930). uo Fallos, 169:245 (1933). 1 11 También fueron rechazada s con iguale argumentos las demandas de incon stitucionalidad de impuestos a la protocolización en "Martclli c/Buenos Aires", Fallos, 169:359 (1933) y "Rola nd de Mon segur c/B uenos Aires", Fallos, 169:359 (1933). Sólo se publica n r es úmenes de estos dos fallos. \12 Fallos . 307 :1582 (1985). ll :l Fallos, 320:1985 (1997) . 114 Fall os, 322:523 (1999) .

LA

LEG!TlMAC!Ó

YROCESAL

37

dio un caso interesante en materia de Impuesto al Valor Agregado. Una abogada, pese a ser responsable no inscripta, había reclamado que a los honorarios regulado a su favor se les agregara el monto correspondiente a ese impue to, invocando para ello lo decidido en el caso "Compañía General de Combustibles" m. La Corte rechazó el planteo y -entre otros fundamentos- sostuvo que la ley 23.349 de Impue to a las Ganancias permite a los contribuyentes que no estén obligados a registrarse como responsables inscriptos optar entre hacerlo en tal carácter o no, de modo que quien no lo hace consiente expresamente esa situación, lo que impide luego invocar inco nstitucionalidad alguna. También fue rechazada, en "Tierra del Fuego c/Nación Argentina" 116 , la inconstitucionalidad de la ley 23.898, que regula el pago de la tasa de justicia ante los tribunales nacionales invocada por la provincia actora, en la medida en que ésta había abonado en su oportunidad y sin reserva dicha tasa durante el trámite del proce o. Fuera del campo impositivo, la doctrina examinada ha tenido también frecuente aplicación. En materia previsional, por ejemplo, debe mencionarse el caso "Condomí dCaja de Acumulación del Banco de la Provincia de Buenos Aires" 117 , donde la Corte rechazó la demanda de un pensionado, quien luego de admitir sin reservas el régimen jurídico respectivo impugnó luego un a ley posterior, que modificaba el monto de lo· beneficio s acordados m. Debe considerarse también el caso "José Ardissone" 11 9 , producido como consecuencia de que la ley 12.154 había limitado la pensión ferroviaria de las hijas de madres jubiladas conforme a la ley 10.650, disponiendo la extinción 11.5 Fallos , 316:1533 (1993). La Corte estableció aqui que la condenada en costas debe adicionAl' al monto regulado lo que corresponde por el lVA, cuando el acreedor es responsable inscripto. IIG Fallos, 321:1888 (1998). 117 Fallos , 170:12 (1933). 11 8 El fallo es poco claro en el relato de los hechos y parece aplicar la docLrina del sometimiento voluntario sin justificación alguna, pue no demuestra cuál es el régimen jurídico que en d<>fmitiva acató la actora. La cuestión se esclarece con la lectura de la sentencia de primera instancia (transcripta también en Fallos) , en la cual se determina que la actora, al aceptar la primera pensión, acató el régimen del estatuto de la Caja de Compensación, que en su art. 29 establecía que ~> 1 directorio de la misma podía modificar ese régimen sin poder a legar en contr·a de ello derechos adquiridos. I W Fallos, 255:216 (1963).

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

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11 n a la mayoría de edad del beneficio p~ra aquelldas que ~gg~: la ley. La actora, afecl de los sels meses e promu . . 1' d d t:~~o por la nueva normativa, impu~ó su constlt~c10na _1 ~ , pero la Corte rechazó la acción sosteruendo que h_a~1an ex1st1do actos anteriores de aceptación inequívoca del regtmen creado 120 por la ley 12.154 • . • • d d _ La colegiación profesional obligatona tamb1én ha a ~oca sión a la aplicación de la doctrina. En "Funes c/ColegiO. de · de Córdoba" 121 fue rechazada la deman~a que _unEscnbanols t't . nalidad de la ley de colegiaclón obhgapugnaba a cons 1 uc1o , l d toria para los escribanos, donde se reclamaba ademas a evolución de los aportes efeetuados, pues ~n el mo~ent? de efectuar tales aportes no fue cuestionada d1cha constltu~lOna­ hdad. Igual criterio fue aplicado en "López Cuesta c/C aJa Forense de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe n n . No obstante ello, en esta materia se ha establecido una excepción importante que analizaré infra, en el punto d. También se encuentran rechazos a planteos de inconstitucionalidad -con fundamento en el sometimiento voluntariocon relación a leyes de inscripción regi.stral. El caso se planteó en "Krebs c/Krebs" 123 • El actor había adquirido -escritura pública mediante- un bien inmueble. Si bien en el momento de la adquisición no regía aún la ley nacional del Registro de la Propiedad lnmueble 124 por lo que no era obligatoria la inscripción del bien a nombre del comprador, el trámite se hizo conforme a las normas provinciales respectivas que obligaban a ello . Practicada la inscripción, la autoridad del registro local luego la dejó sin efecto, pues aparecieron contra el bien vendido medidas cautelares trabadas con anterioridad a la venta por el cónyuge del vendedor en el juicio de ilivorcio que aquél le seguía. El comprador, como defensa, decidió impugnar entonces la constitucionalidad de las normas locales que habían regido la inscripción, pero la Corte rechazó el planteo, sobre la base de que tales normas habían sido acatadas en el momento . Vé ase t.a m b"1en e¡ caso "Juan Santiago Fusco", Fallos 285:329 (1973) m Fallos , 275-239 (1969). ' ·

120 1

~ 2 Fallos, 275:256 (1969), doctrina reiterada en "Casañas cJC · F aJa orense

1° Circunscripción", Fallos , 279:3SO ( 19711 1 3 ~ Fallos, 294:220 ( 1976). · m Ley l7.R01 , BO , 10/7/SR

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de inscribirse el bien. Aparece en esta ente= 1~ d~t;;:a :~ los propios actos: "N a die puede opone~ . ce a ~ nd~cta contradicción con sus propios actos y ejercle~do ~a .o 'd'ca . compatible con una anterior conducta delibera a JUfl 1 m " 1~ mente relevante y plenamente e fi caz. . En cuestiones de mora bipotecana debe tenerse presente el caso "Tettamanti c/Aranguren" (Sucesión)t.U, donde el actor demandó la devolución del capital e intereses de un mutuo hipotecario . El demandado opuso la vigencia de la ley de moratoria hipotecaria 11.741 (luego prorrogada por la ley 12.310), la que fue impugnaba en su constitucionalidad por el primero. La Corte desechó el planteo, pues el actor había consentido anteriormente la aplicación de dicha normativa en una anterior caída en mora del deudor. Asimismo, en Chubut c/González" m, se hizo aplicación del sometimiento voluntario en una expropiación. La Corte aqui estableció que el expropiado no puede plantear la inconstitucionalidad de la Comisión de Tasaciones del inmueble si previamente concurrió a integrarla designando al efecto un representante. Vinculado con normas sobre importación, se ha resuelto en "Magistra S.A." 128 que un importador de mercaderías no puede impugnar la inconstitucionalidad de las normas que rigen la presentación de la declaración jurada de necesidad de importación, luego de presentada ésta . Tanto el cobro de cánones administrativos como la transferencia de jurisdicciones portuarias han dado oportunidad para aplicar la teoría. En el primer supuesto, la Provincia de Buenos Aires habia otorgado permiso a la Gendarmería Nacional para ocupar como fondeadero un espejo de agua ubicado en jurisdicción de Tigre. Dicho permiso estaba sujeto a las disposiciones de la ley provincial 7169. Como consecuencia del atraso en el pago de los cánones respectivos, la Provincia demandó a la Gendarmería, fundándose en las disposiciones de dicha ley. La demandada reconvino y planteó la inconstitucionalidad de la ley citada. "La actitud asumida por la Gendarmería Nacional -dijo la Corte- al solicitar permiso a la provincia para 125 t2G

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l•'allos , 294:222. Fallos, 184:361 (1939). Fallos , 298:383 (1977). Fallos , 299:276 (1977).

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del beneficio para aquellas que llegaran a la mayoría de edad luego de los seis meses de promulgada la ley. L~ ac~ora, ~fec­ tada por la nueva normativa, impu~ó su constü~cwna~1d~d, pero la Corte rechazó la acción sostemendo que hab1an eXIstido actos anteriores de aceptación inequívoca del régimen creado por la ley 12.154 120 • La colegiación profesional obligatoria también ha dado ocasión a la aplicación de la doctrina. En "Funes c/Colegio de Escribanos de Córdoba"m fue rechazada la demanda que impugnaba la constitucionalidad de la ley de colegiación obligatoria para los escribanos, donde se reclamaba además la devolución de los aportes efectuados, pues en el momento de efectuar tales aportes no fue cuestionada dicha constitucionalidad. Igual criterio fue aplicado en "López Cuesta c/Caja Forense de Abogados y Procuradores de la Provincia de Santa Fe" 122 . No obstante ello , en esta materia se ha establecido una excepción importante que analizaré infra, en el punto d . También se encuentran rechazos a planteos de inconstitucionalidad -con fundamento en el sometimiento voluntariocon relación a leyes de inscripción registra!. El caso se planteó en "Krebs c/Krebs" 123 • El actor había adquirido -escritura pública mediante- un bien inmueble . Si bien en el momento de la adquisición no regía aún la ley nacional del Registro de la Propiedad Inmueble 124 por lo que no era obligatoria la inscripción del bien a nombre del comprador, el trámite se hizo conforme a las normas provinciales respectivas que obligaban a ello . Practicada la inscripción, la autoridad del registro local luego la dejó sin efecto, pues aparecieron contra el bien vendido medidas cautelares trabadas con anterioridad a la venta por el cónyuge del vendedor en el juicio de divorcio que aquél le seguía. El comprador, como defensa, decidió impugnar entonces la constitucionalidad de las normas locales que habían regido la inscripción, pero la Corte rechazó el planteo, sobre la base de que tales normas habían sido acatadas en el momento Véase también el caso "Juan Santiago Fusco", Fallos, 285:329 (1973). Fallos , 275-239 (1969). 122 Fallos , 275:256 ( 1969), doctri na rei terada en "Casañas c/C aja Forense 1° Circunscripci ón", Fallos, 279:350 (1971) . 12~ Fallos, 294:220 (1 976). m Ley 17 .801 , BO , 1017/68. 120

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. . . A n esta sentencia la doctrina de -dice la Corte- en de inscnblrse el blen . .Parecede l ios actos· "Nadie pue e oponerse c::!~ocÍicción con. sus propios actos y ejercie~do una c.on~~cta incompatible con una anterior conducta, deliberada, JUndica, 125 mente relevante y plenamente e fi1caz . En cuestiones de mora hipotecaria debe tenerse presente el caso "Tettamanti dAranguren" (Sucesión )\26 , donde el actor demandó la devolución del capital e intereses de un mutuo hipotecario . El demandado opuso la vigencia de la ley de moratoria hipotecaria 11 .741 (luego prorrogada por la ley 12.310), la que fue impugnaba en su constitucionalidad por el primero. La Corte desechó el planteo, pues el actor habia consentido anteriormente la aplicación de dicha normativa en una anterior caída en mora del deudor. Asimismo, en "Chubut c/González" m , se hizo aplicación del someturuento voluntario en una expropiación . La Corte aquf estableció que el expropiado no puede plantear la inconstitucionalidad de la Comisión de Tasaciones del inmueble si previamente concurrió a integrarla designando al efecto un representante. Vinculado con normas sobre importación, se ha resuelto en "Magistra S.A." 128 que un importador de mercaderías no puede impugnar la inconstitucionalidad de las normas que rigen la presentación de la declaración jurada de necesidad de importación , luego de presentada ésta. Tanto el cobro de cánones administrativos como la tr ansferencia de jurisdicciones portuarias han dado oportunidad para aplicar la teoría. En el primer supuesto, la Provincia de Buenos Aires había otorgado permiso a la Gendarmería Nacional para ocupar como fondeadero un espejo de agua ubicado en jurisdicción de Tigre. Dicho permiso estaba sujeto a las disposiciones de la ley provincial 7169 . Como consecuencia del atraso en el pago de los cánones respectivos, la Provincia demandó a la Gendarmería, fundándose en las disposiciones de dicha ley. La demandada reconvino y planteó la inconstitucionalidad de la ley citada. "La actitud asumida por la Gendarmería Nacional - dijo la Corte- al solicitar permiso a la provincia para Fallos, 294:222. Fallos . 184:361 (1939) . m Fa! los , 298:383 (1977). 12~ Fallos, 299 :276 U977).

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el uso del amarradero y su sometimiento volunt~io al ré.~­ men de la ley 7169 importa óbice para su tardía 1mpugnac10~ con base constitucional 129 • Asimismo, en "Distribuidora Químl10 ca S.A. c/Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables" " , la actora, como permisionaria de una terminal portuaria, impugnó la constitucionalidad del decr. 769/93, que había dispuesto la transferencia del Dock Sud a la Provincia de Buenos Aires. La demanda fue rechazada por aplicación de la doctrina del sometimiento voluntario en estos términos : "la novedosa pretensión de cuestionar el mencionado traspaso y, consiguientemente, de desconocer la jurisdicción provincial sobre la sección Dock Sud, contraviene la propia conducta anterior de la actora, quien reconoció expresamente que aquel sector portuario había sido transferido a la provincia, admitió que la vinculación derivada del permiso de uso continuara con ésta, y efectuó numerosas presentaciones ante las autoridades locales -mencionadas en el considerando cuarto- tendientes a que éstas accedieran a sus pedidos de obtener la habilitación defmitiva de su terminal portuaria y la concesión de un terreno aledaño, sin formular ninguna reserva ni objeción respecto de aquellas cuestiones. En tales condiciones, el posterior desconocimiento de la validez del traspaso (formulado el 24 de agosto de 1995, es decir con posterioridad a la desestimación de sus peticiones por parte de la provincia) aparece -cuanto menos- como el fruto de una reflexión tardía, que pone a la actora en contra de su conducta anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente eficaz, que importó aquiescencia a la jurisdicción provincial para la resolución de sus pretensiones. Por ello, se erige como valla insuperable para la suerte de su actual petición la uniforme jurisprudencia del Tribunal, según la cual el voluntario sometimiento, sin reserva expresa, a un régimen juridico o a determinada jurisdicción, comporta un inequívoco acatamiento que fija la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional" 131 • ~ "Buenos Air es c/Nación Argentina" (Gendarm ería Nacional) Fallos 297 :236 (1977). ' • 1 ~0 Fallos, 321 :221 (1998). m Fallos , 321 :238-239.

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En lo atinente a la radiodifusión, en "Comodo~o ~ivad~via TV c/Chubut" 132, la demandada impugnó l.a constüuc1?nahdad de la Ley de Radiodifusión 22 .285, sosteruendo que . ~olaba el art 104 (actual 121) de la Constitución, pues al eXI~ la autorización del Comité Federal de Radiodifusión para mstalar una emisora de carácter exclusivamente local alte~aba u;adcorr;etencia no delegada por la provincia en el ~b1erno e era · La defensa fue rechazada, pues estaba ac7edi~ado que la .Provincia de Chubut había requerido tal autonzactón en anteno~~s oportunidades, sin formular cuestionamiento algu!lo. T~b1~n se registra un caso de rechazo del planteo de mconst1tuc10nalidad de la aplicación retroactiva de la Ley de ~oncu:sos 24.522 en "Méndez c!Ventura S.A." 133 , y tampoco ha s1do aJena a la doctrina del sometimiento voluntario la aplicación de la ley 16.937 sobre enjuiciamiento de magistrados 13 4 • Por último, en la relación de empleo público debe mencionarse el caso "Bidone c/Nación Argentina" 135 en el cual fue rechazada la inconstitucionalidad de la ley 21.350. Asimismo, otros dos casos, "Filgueira de Álvarez c/Nación Argentina" m y "Gil c/Universidad Tecnológica Nacional" m , fundan el rechazo de la acción -en el marco del empleo público- aun cuando no surge expresamente que se hubiera formulado un planteo de inconstitucionalidad. En ambos casos, los actores habían aceptado las reglas aplicables al personal contratado y luego pretendieron ser acre~dores a la estabilidad en el empleo, la que no les fue reconoctda. C) FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA. Son dos las líneas argumentales que la Corte ha empleado para fundar la doctrina. En primer lugar se ha invocado la renuncia de derechos tal como surge del caso "Gath & Chaves", fundador de la líne~ jurisprudencia] examinada. Este criterio es aplicable especialmente en materia de derechos patrimoniales 1'lll . Luego, en el caso Fallos , 317:5 24 0 994). Fallos, 321:3 150 (1998). 1:14 "Agustí n E. Tiscornia", Fallos , 310:1623 (1987). 1a5 Fallos , 316 :1802 (1993). 1:1s Fallos , :n 0:2117 (1987). 13 7 Fallos , 312:245 (1989). ns La Corte ha di cho en var ias op ortunidades (v. gr., "Tettamanti c/Ar a ngure n", Fa llos , 184 :361 - 1939-; "Buenos Aires c/Valbuena Medrana", Fallos, 1R7:444 132 1:13

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. 139 . , 1 doctrina de los actos proplOS "Krebs c/Krebs , se flnvo1co ~o también en "Distribuidora Quie igual fundamento ue a ega mica S .A.". "

d) ExcEPCIONES. - La doctrina reconoce .~~4~nas_ yocas excepciones. En primer lugar, en "Cubas c/Reyes se dlJO q~e el hecho de someterse voluntariame~te a_ algunas de las _disposiciones de un cuerpo normativo no 1mphca haber ren~nc1ado a plantear la inconstitucionali~ad de las res_tantes. Que el demandante -dice la Corte- al mvocar determmados ?receptos de ese código 141 no renuncia tácitamente al derecho de rmpugnar aquellos otros que se le opongan y que con_c eptúe cont~arios a la Constitución o leyes y tratados con naciOnes extranJeras. Un código, una ley o reglamento pueden contener preceptos nulos, que no invaliden el resto del estatuto, ni inhabiliten a los interesados para amparar en éstos sus pretensiones, salvo que entre unos y otros exista interdependencia o solidaridad inexcusable". La segunda excepción rige en materia de colegiación profesional y otros casos análogos, frente a la falta de impugnación de la inscripción, cuando ella es una condición indispensable para el ejercicio del objeto de la profesión u actividad. Así lo ha establecido la Corte en sendos casos referidos a profesionales de ciencias económicas 142 y del notariado 143 . - 1940-; "Estado Nacional o'Sociedad Conferencia de Señoras de San Vicente de Paul", Fallos, 241:162 -1958-, que los derechos patrimoniales son renunciables y más adelante, en "Guzmán c/Entre Ríos", Fallos , 279:283 , 288 (1971), precisó que "la renuncia a las garantías conslitucionales sólo se r efiere a las que amparan derechos de contenido patrimonial y no a aquellas instituidas en resguardo de otros derechos como son los vinculados directamente con el estatuto per sonal de la libertad". 109 La doctrina de los actos propios fue enunciada por Enneccerus en estos términos : "A na di e es lícito hacer valer un derecho en contradicción con su anterior conducta, cua ndo esta conducta interpretada objetivamente según la ley, las buenas costwnbres o la buena fe, justifica la conclusión de que no se hará valer el derecho o cua~do el ejercicio posterior choq ue contra la ley, las buenas costumbres o la buen~ fe
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LA

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e) CRíTICA. - Algunos autores han hecho sentir su crítica a esta doctrina. Entre ellos menciono las opiniones de BmART CAMPOS y de ALSINA ATtENZA. El primero ha manifestado desde hace tiempo una adhesión parcial a la jurisprudencia de la Corte sosteniendo que no es aceptable admitir el planteo de inconsti,tucionalidad de quien se ha sometido voluntariamente a un régimen jurídico, pero destaca que la labor judicial debe verificar especialmente si dicha sumisión fue efectivamente voluntaria, sin que haya habido una compulsión legal. Plantea el caso de la colegiación obligatoria de profesionales, los que no pueden ejercer en caso de no ingresar al colegio respectivo. En este caso la ley obliga sin alternativas y, por ende , el colegiado no ha podido más que consentir la ley. El acto de afiliación no debe ser entendido entonces como un acatamiento voluntario simple y llano 144 • De hecho, como ha podido comprobarse, la Corte ha corregido esta postura inicial, inclinándose por la tesis de BTDART CAMPOS. No obstante, la crítica más enfática que la doctrina ha recibido ha sido la de ALSINA A'!'IENZA u 5 . Este autor finca sus objeciones en varios puntos, entre ellos, el del control constitucional de oficio. Dice ALsiNA ATIENZA que siendo un deber de los jueces el ejercicio de oficio del control poco importa - frente a una ley inconstitucionalque la misma haya sido acatada por la parte que se beneficia con su invalidación posterior. Coincido, en primer lugar, con la opinión de BIDART CAMPOS. Es la conducta del particular frente al ca o la que denota el real y voluntario acatamiento. No es correcto aplicar lisa y llanamente la doctrina frente a cualquier caso, sin meditar las circunstancias particulares que lo rodean. Lo que se observa en muchos de los fallos analizados es que la Corte ha rechazado los planteas de inconstitucionalidad acudiendo a una aplicación abstracta de la doctrina del voluntario sometimiento a un régimen jurídico. Aun cuando los fundamentos teóricos de la misma sean aceptables, ello no implica que deban ser aplicados sin más a cualquier caso en que se advierta una 14 4 BmART CAMPOii , Germán J., El "voluntario" sometimiento a un régimen jurídico, ED. t. 78, p . 248. Del mismo autor: Da interpretación y el control cunstitucionales en la jurisdicción constitucional, Ediar, Buenos Aires, 1987 , p. 146. 145 Al -~ lNA ATlENZA , Dalmiro, El sometimiento voluntario a un régimen jur{dico y la impugnación de inconstitucionalidad, ED , t. 119, p . 819.

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.l . mas son -como mununcia de derechos, sob~e. todo Sl as ffilS r ehas veces se observa- tac1tas · . . . nte del control d e otilClO, C 'tlca proverue . ·, l En cuanto a a en tengo con total convlCClOn ese a que sos . tengo algunas reservas.' p l 146 Creo que la doctnna del condeben eJercer ~t .. ble cuando los jueces se absque los jueces · trol a P.e d,.d o d e parte es en d 1ca . cer el control ante la ausencla . · mplemente e eJer · d tienen PW:a ~ sl d l s partes En este caso, entlen o 1 d~:~~u=~ ::~~~ne~~r=~~él~a: no debe. indu:ir a .la abs~enc~ó.n áe los jueces. Distinto es el caso cuando algmen ~lde el ierclc~o del control en contradicción con s~s ~:tos ~ntenores.. n es e segundo supuesto, la abstención JUdicial tlene un ongen m~y diferente. No se trata ya de un probl~ma de contro~ de o~c10 a pedido de parte, sino de que los JUeces deter_nunen Sl el 0 planteo de inconstitucionalidad efectivamente reahzado e~ admisible frente a la conducta anterior de quien la reqmere. Creo en síntesis, que la doctrina que resta legitimación para pedir la inconstitucionalidad d~ un ordena~iento juri~ico a quien previamente lo ha acatado sm reservas t1ene ~n ongen teórico correcto. N a die puede aprovechar a su antoJO la ley y acatarla o cuestionarla cuando le convenga. No obstante ello, existen tres clases de limitaciones generales que deben ser tenidas en cuenta. En primer lugar es preciso que el acatamiento haya sido plenamente voluntario y no haya estado inducido por alguna circunstancia que -directa o indirectamentehaya sido excluyente de la voluntad 147 • En segundo término, Véase upra , § 40. Un ejemplo frecuente se da en la contratación pública. Ordinariamente los pliegos de bases y condiciones exigen renunciamientos que son claramente inconstitucionale , o imponen condiciones de impugnación totalmente reñidas con las garantías del debido proceso; v. gr., efectuar un depósito previo a la impugnación - no reintegrable en caso de rechazo de aquélla-, de una suma desproporcionada . Quien no acata lisa y llanamente las condiciones del pliego suele ser descalificado y quien las acata queda sujeto a ellas sin poder luego defenderse. A su vez, quien decide ímpugnar el pliego sin presentarse a la licitación puede sufrir una merma en su legitimación. Por ello, ¿estamos aquí ante un acatamiento realmente voluntario? ¿Puede decirse que existe contradicción con la doctrina de los pr?pios actos?. Si la respuesta a estas preguntas fuera positiva, los jueces lleganan a convahdar u.n a gran cantidad de arbitrariedades que los pliegos de bases Y cond1ctones habttualmente contienen, sin parar mientes en que son reglamentos administrativos que deben ajustar su contenido a la Constitución y las leyes que. les dan fundamento. En definitiva, según mi criterio, lo que deben anahzar los JUeces en este caso no es tanto si ha habido o no voluntariu """•"146

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es preciso determinar que el acatamiento anterior e haya dado en iguales condiciones fácticas y jurídica a las existentes en el momento de la impugnación posterior. En otras palabras, un acatamiento dado en determinadas circunstancias no podría impedir una impugnación posterior planteada bajo condiciones diferentes. Si alguien paga sin reservas un impue toque tiene determinada alícuota, nada deberia impedirle plantear la inconstitucionalidad del mismo impuesto si una ley posterior incrementara dicha alícuota. En tercer lugar, el sometimiento debe haberse dado en el marco de la misma relación jurídica bajo la cual se formula la impugnación· caso contrario, un acatamiento anterior a una determinada ley, en otra relación, nos impediría poder impugnarla aun cuando no hubieran variado las circunstancias fácticas. Así, si soy propietario de un inmueble y pago habitualmente la tasa municipal de alumbrado , barrido y limpieza, no podré luego (rebus sic stantibus) impugnarla. Pero ello no podria impedirme formular un planteo de inconstitucionalidad de dicha tasa si adquiero otro inmueble similar al anterior. Caso contrario quedaría sujeto de por vida a un sometimiento que se trasladaría automáticamente a todas las relaciones jurídicas que entable bajo un mi mo ordenamiento jurídico. § 67. La legitimación de los órganos

del Estado Lo normal es que los órganos estatales impongan el cumplimiento de las leyes, y si es necesario que persigan judicialmente el logro de tal propósito. Al mimo tiempo no caben dudas de que poseen también plena capacidad procesal para la defensa de sus intereses, y para lograr el respeto a las normas que les atribuyen competencia. A tal efecto en los Estados Unidos se les reconoce legitimación a lo e tado y al Gobierno federal para actuar en un doble sentido: a) en defensa de sus mieulo, pues por ese camino no hay salida jurídicamente útil. En todo caso, es prt!fcrible verificar la magnilud de la inconstitucionalidad y si ésta es manifiesta y gro•era, no debe importar si el oferente acató o no el pliego o las ba ' eS de la licilación, pues lo imporlante es que la contratación pública ea ofrecida en condiciones tales que no alteren los principios constitucionales.

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propios intereses, y b) en representación de l~s intereses de sus gobernados. En cuanto a lo primero, .son habituales las demandas entre estados 14ij, o incluso del gob1erno federal contra los .estados 149. De modo que es una doctrina claramente recon?c1d~ que los estados tienen legiti.mación para defender ~nte la JUSticia los derechos que emanan de su condición de entidad sobera150 na (sovereign interests) contra personas públicas o privadas • De lo dicho surge que los órganos estatales pueden plantear la inconstitucionalidad de aquellas leyes provenientes de otras jurisdicciones, que limitan sus intereses o derechos. La pregunta que sigue es si, paralelamente a esta legitimación, los órganos estatales también pueden plantear la inconstitucionalidad de las leyes y normas que emanan de su propia jurisdicción. La respuesta de la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema es negativa. Según la Corte Suprema argentina, ni el Estado nacional ni sus entes descentralizados pueden plantear la inconsti.tucionalidad de las normas nacionales, prohibición que se extiende a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. El origen de esta jurisprudencia -que no tiene parangón en los Estados Unidos- se remonta a un caso resuelto en 1920, donde en un obiter dicta la Corte rechazó la posibilidad de que la entonces Municipalidad de la Capital alegara la inconstitucionalidad de una de sus ordenanzas 151 . Un criterio similar aparece poco después en "Ferro Carril Sud c/Municipalidad de la Capital" ' 52 , y ya en la década de los años 1970 se hace más explícito en "Felici.ani c/Banco de la Nación Argentina" '~ 3 , donde 148 El caso seminal es "Missouri v. lllinois", 180 U.S. 208 (1901), donde se le reconoció standing a un estado para evitar que otro vertiera residuos cloacales en aguas interestatales. Asimismo en "Wyoming v. Oklahoma", 502 U.S. 437 (1992), donde Wyoming impugnó una ley de Oklahoma que imponia a las compañías generadoras de electricidad el uso en sus plantas de un porcentaje minimo (10 _% )de carbó~ extraído en ese estado. Se estableció en este caso que Wyoming Lerua leg¡.l!ma.cwn a plantear la inconstitucionalidad de la ley de Oklahoma, pues ella tenía un unpacto impositivo negativo en el accionante. Una explicación más deta ll ~~a de .este caso puede ve~se supra (§ 64, b), en este mismo capítulo. . E.n Oregu n v. Mitchell , 400 U.S. 112 (1970), se le reconoció legitimaCión al gob1erno federal para hacer cumplir en los estados la Federal Voting Rights

1

Act.

::~ :;~mE , L_a_urence, American Co~stitutional Law , ob. cit., p. 453. Compama Ransmena c/Mumc1pahdad de la Capital" Fallos 132·101

(1920).

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Fallos , 134:37 (1921). Fallos , 284:218 (1972) .

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LA LEGITIMAC IÓN l'ROC ),;i:lA L

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se le prohibió al banco demandado impugnar una ley nacional. Igual cuestión fue mencionada en "De Martín c/Banco Hlpotecario Nacional" 154 , un caso relativo a la misma legislación m, aun cuando en éste no se hizo aplicación del principio, pues el banco no formuló el planteo de inconstitucionalidad. Más tarde ha sido repetido en "Ribo c/Estado Nacional" 156 y en "Pirelli c/ENTel (e .l.)" 15' , caso este último que también puede ser considerado un obiter dicta 158 • En el ámbito de las provincias, el principio ha sido aplicado en "Luis Vicente Giffoni" 159 y en "Cieza c/Instituto de Previsión Social" 160 , en los cuales se vedó el planteo constitucional formulado por el Fiscal de Estado. . La Procuración del Tesoro de la Nación, por su lado, inicialmente sostuvo que los órganos administrativos podían plant~ar la inconsti~ucionalidad '"', pero en asesoramientos pos tenores ha adhendo a la tesis de la Corte 162 • En suma, tenemos una corriente jurisprudencia! que cuenta con ochenta años de vigencia -podría decir ininterrumpidaavalada por un Tribunal unánime 163 , que se extiende a todo el aparato estatal, nacional, provincial y municipal, centralizado y descentralizado , según la cual los órganos o entes públicos no pueden impugnar constitucionalmente las normas legales emanadas de su propia jurisdicción . Pese a la trascendencia innegable que esta privación de legitimación tiene tanto para la defensa de los intereses del Estado en juicio como para el obrar de la Administración en el ámbito del proceso adminisFallos, 296:723, 725 (1976). Se trataba de la ley 16.507 , que establecía el derech o a ser r ein corporados de los empleados banca rios que hubieran sido dejado cesantes ent re el 1" de enero de 1948 y la fecha de promulgación de aquella ley. 156 Fallos , 311 :1237 (1988). 157 Fallo s, 322:298 (1999). 158 F:l fundamento de la sentencia está en el cons id. 2", donde se afirma que no existe n :curso judicial alguno en contra de lo decidido por el Tribunal Arbitral de Obras Públicas, lo cual hubiera bastado para re~haz:-r el recu~so extraordinario . No obstante ello, la Corte agrega, en el cons1d. 3 , la doctrma de la falta de legitimidad de los entes estatales para impu gnar la constitucionalidad de l a g normas . 159 Fallos, 303 :10::19 (1981). 160 Fallos, ::107 :630 (1985). 161 Dictámenes, 72:137 (1960); 97:24\ (1966). 162 Dictámenes, 165:119 (1983); 177:40 (1986); 193:56 (1990). . •p 1· I G3 No se regi stran disidencias en los fallos apuntados . En part1cular, " relli" , el último de ellos. está suscripto por los nueve jueces del Tribunal. JM

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CoNTROL DE coN!>"flTUCIONALIDAD

. d sumamente lacónica en la aplicación trativo, la .co~t~ hda s:n~do que no es posible extraer de estos de este pnnctplO, e , . l d t . fallos un fundamento, que no sea -imphcttamente- a oc r~~a de los propios actos. A su vez, doctrinariamente, la .cues~10n está dividida. En un trabajo publicado hace ya vanos anos, 1 SAGüÉS criticó esta jurisprudencia 6-4, mientras que BIDAR: C~M­ POS 165, por el contrario, afirma que el control de consbtuclOnalidad es una garantía de los particulares en contra del Estado, no siendo invocable por el propio Estado a su favor en contra de aquéllos. Agrega que si el Estado invoca la inconstitucionalidad de una norma, está alegando su propia torpeza y su acto propio contra quienes no son responsables de la inconstitucümalidad 166 . Po11 rni. parte, tuve oportunidad de ocuparme de esta cuestión -muy mcidentatmente- en un trabajo referido al concepto de juez natural en los tribunales administrativos 167 . Dije allí que en mi opinton lo importante en materia de control constitucional es el triunfÓ objetivo del derecho y la Constitución, con independencia del sujeto que plantea la cuestión, salvo que nos encontremos ante un caso de aplicación de la doctrina de los actos propios 168 • Esta opinión merece ser profundizada y aclarada, siendo ésta una ocasión propicia para ello. En primer lugar, el control constitucional es -como reglauna garantía a favor de los particulares, pero para quienes sostenemos que debe ejercerse de oficio 169 -y BIDART CAMPOS es quien primero lo ha sostenido en la doctrina constitucional 170ello se torna indiferente, pues el juez está obligado a hacer triunfar el principio de supremacía del art. 31, con indepen164 SAuOES, Néstor P., Sobre el planteamiento de inconstitucionalidad de las normas por parte ele los órganos del Estado , ED, t. 65, p. 514. 165 BmART CAMPOS, Germán J. , Tratado elemental .. . , edición 1999-2000, cit., t. 1-A, ps. 424 y 425. 166 Una buena crítica a la doctrina de la Corte Suprema puede verse en S~;AnA , Juan l., El problema de la legitimación del Estado para plantP.ar en un proceso judicial la inconstitucionali.dad de sus propias normas jurldicas (tesina presentada en el Master de Derecho Administrativo de la Universidad Australl, Buenos Aires, 2001. Agradezco al autor haberme facilitado su texto. 167 BlANC: Ht . Alberto B., Apuntes en torno al concepto de juez natural con particular referencia a los jueces administrativos, ED , t . 127, p. 933. l tiR Artículo citado en nota anterior, p. 944. 16U Véase mi opinión supra, § 40. no Véase supra, § 38.

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dencia de que exista o no planteo formal de inconstitucionalidad, y de cuál sea la parte que lo formule. Así, una inconstitucionalidad que beneficie al Estado, aun cuando éste no la haya planteado, podría ser decretada por los jueces. Dicho de otro modo, el control de constitucionalidad es primeramente un procedimiento que verifica y fiscaliza la validez constitucional de los actos de gobierno y además -por lo general- funciona como garantía a favor de los particulares. En segundo lugar, es preciso establecer los límites de la doctrina de los actos propios. BIDART CAMPOS parecería aplicarla en forma general y absoluta, de modo tal que la mera sanción de la norma constituiría de por sí un "acto propio", respecto del cual el Estado y todos sus entes descentralizados ya no podrían volverse en contra y plantear la inconstitucionalidad. Personalmente participo de una idea diferente. Creo que es necesario buscar una aplicación más moderada de la doctrina de los actos propios; de lo contrario, podemos establecer una veda que impida a los jueces hacer triunfar el principio de supremacía, incurriendo así en una exageración similar, aunque de signo contrario, a la que a veces se observa en la aplicación de la doctrina del sometimiento voluntario a un régimen jurídico 171 • En mi opinión y en lo que a esta cuestión ~e refiere , la legislación vigente constituye para el órgano o ente _estatal en cuestión (nacional, provincial o municipal) un acto propio, si en el curso de la relación jur-ídica que es objeto ~el proceso, en el que se plantea lp. inconstitucionalidad, o en alguna similar con ese u otro sujeto, aquél la ha aplicado o ha fundado algún derecho en ella. Como puede verse, la sanción o promulgación de una norma no es de por sí, a mi parecer, un dato que impida a quien lo hace requerir luego su inconstitucionalidad. Lo relevante, en todo caso, es su comportamiento posterior en relación con la norma. Esta tesis me resulta más compatible con nuestro principio difuso de control, ajustado al caso judicial de que se trate, y permite, entre otros supuestos que se derivan de él, solicitar por parte del Estado la inconstitucionalidad sobreviniente de una norma 172 • Por último, no debemos olvidar que la Administración ejerce también una función de autotutela que la ley 19.549 de 171

\72

Véase mi crítica supra, § 66. Acerca de la inconstitucionalidad sobreviniente, véase supra, § 35.

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Procedimientos Administrativos reconoce expresame~t~ en ~os sentidos: a) a través de la revocación en sede admuustratwa de los actos nulos de nulidad absoluta y de los actos regulares, en las condiciones establecidas en l~~ arts. 17. ~ 1.8' ~ .b) a través de la denominada acción de les1V1dad (ac~lO.n JUd~~1al de nulidad de su propio acto planteada por la AdllllmstraclOn), contemplada en el art. 17. No puedo ~ejar de señalar que el andamiaje procesal y de fondo establec1do .en estas normas está en crisis, de cara al principio establec1do por la Corte Suprema.

B) LEGITIMACIÓN COLECTIVA § 68. Planteo

Las reglas generales estudiadas más arriba comparten ahora el escenario del proceso con una legitimación completamente diferente, cuantitativa y cualitativamente considerada. Luego de una breve introducción, me voy a referir a las causas de la ampliación de la legitimación y a sus problemas, y en tercer lugar haré un análisis de la situación jurisprudencia} en la cual se encuentran los legitimados colectivos, es decir, aquellos órganos o personas a quienes la ley y los pronunciamientos judiciales les han reconocido esta capacidad. Veamos. Una de las primeras lecciones que recibimos cuando nos iniciamos en el estudio de la forma de actuar de cada uno de los tres poderes del Estado es que las legislaturas actúan en forma general y hacia el futuro, abarcando con su normativa un número indeterminado de supuestos; la Administración actúa en el presente resolviendo problemas concretos y cotidianos, y los tribunales, finalmente, están destinados a resolver lo pasado, enmarcados dentro del llamado caso o controversia, que resulta ser la atmósfera propia en la cual se desempeñan los jueces. Ha sido habitual también escuchar aquello de que las muchedumbres no pasan por las puertas de los tribunales. Los problemas generales deben ser resueltos en las legislaturas, pues los estrados judiciales no tienen cabida para ellos. Tal es uno de los muchos orígenes que reconocen las llamadas cues-

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' . . .. bl 173 s· perjuicio de su vigencia tioncs pohtlCas no JU_stlcla ~s · ~ división de poderes hoy sustancial, esta versión cl~s~a ~ RELLO tenemos un proceso está en crisis. Como ha dlC o . to IH si bien no tengo dudas d ue ya no ex1s e · . ' d. civil de un mun ? <:! di .al continúa siendo el fenómeno Jun l~O de que la sentencla JU Cl d , CossiO al iniciar su Teorw · tal como ec1a • por antonomasla h ha adquirido proporciones muy 175 egológica - ese fenómeno oy · dividual de conducta diferentes, que exceden la mera reg1a m . . . que un juez impone a las partes en el litigiO. Los tribunales hoy están llamados a re olver problemas de nat.uraleza general, y sus decisiones proyectan naturalmente sus efectos mucho más allá de los intereses personales de las partes involucradas en el conflicto .. ~eh~ superado e_l val~adar que en otra época poseían la leg1trmac16n o las s1tuacrones jurídicas subjetivas, donde solamente accedían al procedimiento administrativo o al judicial quienes eran portadores de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, cue tión que de todos modos no ha tenido soluciones pacíficas en la doctrina 176 • Hoy l7:l Como ejemplo de esta contención judicial ante lo problemas generales, recuerdo un cw·ioso caso resuelto hace varias décadas por lo tribunales del estado de lllinois, analizado más recientemente por Cu~:--ro RuA en un intere ante trabajo , donde el tribunal , luego de reconocerle al actor su razón le rechazó la demanda manifestando que para resolver su problema debía produrar una solución legis: lativa. El caso era "Zepeda v. Zepeda" y fue decidido el 31 63. Los hechos del caso son éstos: un hijo ilegitimo demandó a su padre por el d.aiio que su condición de tal le había causado. El actor había sido concebido mediante una promesa de matrimonio fraudulenta , en razón de que Zepeda padre por aquel entonces ya era casado. En primera instancia, la demanda fue rechazada por falta de acción en el demandante. El tribunal de apelaciones reconoció, en cambio, que la acción de Zepeda padre había sido ilegitima, pero que aún así La demanda debía ser recha:¿ada, dado que admitirla implicaría abrir un sinnúmero de reclamos futuros en cabeza de todoR quienes se sintieran insatisfechos con su concepción, todo lo cual debía ser regulado por una ley y no por los t.ribunales. Véase la explicación completa en Cm:To R úA, Julio C., Lógica y experiencia en el derecho (A propósito de Zepccla v. ZepPda). LL, t. 1991-D, p. 954. 174 M01n:LLO, Augusto M., El pro~·eso civil de un mundo que ya no existe, ED , diario del 9/8/00. 175 Coss10, Carlos, La teor(a egológica del derecho y el concepto jurídico de libettacl, 2ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1964, ps. 49 y 53 . 176 Es indudable que el origen europeo de la distinción entre derecho subjetivo e interés legítimo no podía ser recibida pacific.amente en nuestro país enraizado en el conRtitucionalismo de los Estados Unidos . BARRA, por ejemplo, ha sostenido desde hace aiios la identidad entre derecho subjetivo e interés legítimo (BAnRA, Rodolfo C ., Principios de derecho administrativo , Ábaco , Buenos Aires, 1980, ps . 273 a 282) y MA1RAL ha ensayado la doctrina funcional del derecho sub-

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tiones políticas no justiciables 173 • Sin perjuicio de su vigencia sustancial, esta versión clásica de la división de poderes hoy está en crisis. Como ha dicho MORELLO, tenemo un proceso civil de un mundo que ya no existe 174 • Si bien no tengo dudas de que la sentencia judicial continúa siendo el fenómeno jurídico por antonomasia -tal como decía Coss10 al iniciar su Teor [a egológica 175- ese fenómeno hoy ha adquirido proporciones muy diferentes, que exceden la mera regla individual de conducta que un juez impone a las partes en el litigio. Los tribunales hoy están llamados a re olver problemas de naturaleza general, y sus decisiones proyectan naturalmente sus efectos mucho más allá de los intereses personales de las partes involucradas en el conflicto. Se ha superado el valladar que en otra época poseían la legitimación o las situaciones jurídicas subjetivas, donde solamente accedían al procedimiento administrativo o al judicial quienes eran portadores de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, cue tión que de todos modos no ha tenido soluciones pacíficas en la doctrina 116 • Hoy 1 7 3 Como ejemplo de esta contención judicial ante lo problemas generales, recuerdo un cmioso caso resuelto hace varias décadas por lo tribunale del estado de lllinois, analizado más recientemente por Cm:ro RuA en un interesante trabajo, donde el tribunal, luego de reconocerle al actor u razón, le rechazó la demanda , manifestando que para resolver su problema debía procurar una olución legislativa . El caso era "Zepeda v. Zepeda" y fue decidido el 3J 63. Los hechos del caso son éstos: un hijo ilegítimo demandó a su padre por el daño que su condición de tal le había causado. El actor había sido concebido mediante una promesa de matrimonio fraudulenta, en razón de que Zepeda padre por aquel entonces ya era casado. En primera instancia, la demanda fue rechazada por falLa de acción en el demandante. El tribunal de apelaciones reconoció, en cambio, que la acción de Ze peda padre había sido ilegítima, pero que aún as.f la demanda debía ser recha7.ada , dado que admitirla implicaría abrir un sinnúmero de reclamos fulUros en cabeza de todos quienes se sintieran insatisfechos con su concepció n, todo lo cual dehfa ser regulado por una ley y no por los tribunales . Véase la explicación completa en CUETO R uA, Julio C., Lógica y experiencia en el ckrecho (A propósito de Zepeda v. Zepeda), LL, t. 1991-D, p . 954. 1 74 MoREI.LO , Augusto M., El proceso civil ck un mundo que ya no existP, ED, diario del 9/R/00.

175 Cossto, Carlos, La teoría egológica del ckrecho y el concepto jurCdir.o de libertad, 2• ed., Abeledo-Perrot, lluenos Aires, 1964, ps. 49 y 53. 176 Es indudable que el origen europeo de la distinción entre derecho subje tivo e interés legítimo no podía ser recibida pacíficamente en nuestro país enraizado en el constitucionalismo de los ~stados Unidos. BARRA. por ejemplo , ha sostenido deRde hace años la identidad entre derecho subjetivo e interés legítimo (BAltRA, Rodolfo C., Principios de derecho administrativo, Ábaco, Buenos Aires, 1980, ps . 273 a 282) y MA!l!AL ha ensayado la doctrina funcional del derecho sub-

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

el acceso a esos estrados está franqueado también para otro tipo de aforos menos concretos o inten:o~ Y qu~ g~n~ran una legitimación masiva, a gran escala numenca, de md1v1duos que potencialmente pueden presentarse a reclamar sus derechos . No obstante, si bien hemos modificado profundamente el concepto tradicional de caso judicial que estábamos habituados a manejar, en cambio no se ha encontrado aún un remedio útil, efectivo y seguro que resuelva o dé cauce procesal a estas nuevas tendencias. El derecho de fondo ha ampliado la base de la legitimación, pero el derecho procesal no ha encontrado todavia un medio de canalizarlas. O dicho de otro modo: en el tour hacia los tribunales se ha decidido que participen algunos a quienes antes no se les cursaba invitación, pero no se han creado los medios de transporte capaces de satisfacer las nuevas demandas. Como es lógico, el derecho sustancial ha dado un paso que deberá integrar en sus aspectos operativos el derecho adjetivo. Así, la difusión cada vez más intensa de los llamados derechos de incidencia colectiva, que bajo diferentes denominaciones 177 preocupa a la jurisprudencia 178 desde hace ya varios años, jetivo, lo que le ha permitido expandirlo hasta los confines mismos de los derechos de incidencia colectiva (Control judicial de la Administración Pública, cit., t. I, ps. 195 y ss.). Go!WILLU, en cambio, ha permanecido fiel a la distinción entre ambos conceptos, aun en época recientP., sosteniendo que no se justifica todavía la eliminación de la categoría de los intereses legítimos (Gouou.Lu, Agustín, Tratado de derecho administrativo , 42 ed. , Fundación de Derecho Admiruslrativo, Buenos Aires, l. 2, caps. IIJ y IV, 2000). 177 La denominación tradicionalmente empleada antes de la reforma constitucional de 1994 era la de intereses difusos, que provenía de la división cuatriparlita de las formas subjetivas de la legitimación en: 1) derecho subjetivo, 2) interés legítimo, 3) intereses difusos , y 4) interés simple. Era natural que se los hubiera llamado así, pues se intentaba dar la noción de que el derecho reclamado al ser de muchos estaba difundido en numerosos titulares. La reforma, sin embargo, adoptó la denominación de derechos de inctdencia colectiva, que ciertamente posee mayor rigor técnico en la medida en que lo que se reclama es indudablemente un derecho de naturaleza singular o individual, pero colectivamente compartido. 178 Sería muy difícil abarcar en una nota la numerosa jurisprudencia relativa a esta temática, pero aún asi puede trazarse en forma más o menos nítida una línea que corre desde el famoso caso de las tollinas overas "Kattan c/Poder Ejecutivo Nacional", Juz. Nac. Cont. Ad.m. Fed. n• 2 (firme), l0/5/83, ED, t . 105, p. 245, hasta "Yousseftan c/Secretaria de Comunicaciones", CNCont.Adro .Fed., Sala IV, 17/10/97, LL , t. 1997-F, p. 270.

LA LEGITIMACIÓ

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PROCESAL

habiendo alcanzado en algunos casos expre ión legi lativa ' 7u, se ha acrecentado desde que la Constitución los protege en forma expresa. Por su lado , la doctrina de nuestro autores en esta

materia ha sido intensa. Véanse, por ejemplo, lo trabajos de ALBANESE '!iQ; BllliRA 1M1; BrnART CAMPOs 182 ; BUJOSA VADEIL

lA

RúA 1 ~5 ;

EKMEKDJIAN

186

;

F'RALLICIARDI

181

;

GoRDD..L0

· CAN0 188

;

184

;

DE 9

GDZAÍN1 1R

;

179 Recordemos, por ejemplo, el caso de la célebre ley 10.000 de Santa Fe, cuyo artículo 12 dice: "Procederá el recurso contencioso administrativo, sumario contra cua lqu ier decisión , acto u omisión de una a~ridad administrativa pro''incial, mu~ici_ pal o comunal de ~ntidades o personas privadas en ejercicio de funcwnes publicas que, VlOlando disposiciones del orden administrativo local leSionaren inter~s~s simples o difusos de los habitantes de la ~";ncia en la tutela de la salud publica, en la conservación de la fauna , de la flora y del paisaje, en la protecc1ón del med10 ambiente, en la preservación del patrimoni hi tó · cultural Y artístico, en la correcta comercialización de mercaderías a ~ ~¡ n_c_o, y, en general, en la defensa de valores similares de la comunidad' Sob p~ aCl~n de los wteroses difu sos en Saot.a Fe véa e: ULLA Decio C La t t del re .a tute a d¡fu sos en la prouincia de Santa Fe. El recurso C:,nte~ ad ~ e_ . os tnteres_es en "R;R~ de De~echo Administrativo•, n os. 9 y 10, 1992, ps.~~~sam:~:.o sumarzo, ALBANt:SE, Susana, Los intereses di~·-{ de h de · respu esta s LL t 1988 B tU<JVS Y e rec o rect1/icación o 181 ' ' . - ' p. 412. . BAltRA, Rodolfo C., Los derec/u)s de üuidencia colectiva en una primera mterp:~~tac¡ór¿ de la Corte Suprema de Justicia, ED, t. 169, p . 433 . BI.UART C~l~Os, ?ermán J., Intereses difusos y medio ambiente, ED, t . . 12. :J, p . 537, La leR¡t¡mac¡ón procesal del ombudsman municipal y los intereses d<{usos, ED , t . 142, p . 666; Una medida cautelar en r"sguardo de intereses difusos Y un problema de legitimación procesal, para su tutela, ED, t. 144, p . 662; Derecho a la preservación del ambiente y derecho a la salud y a la vida, ED, t . 154, p . 710; Patrimonio histórico cultu ral, acción de amparo, intereses difusos y legiti· mación procesal , ED , t. 159 , p. 361 ; La legitimación procesal activa en el pá rrafo segundo d el art{culo 43 de la Constitución, ED, t. 166, p . 861. 18~ B u .T OSA V AcD!;I,L, Lorenzo M., Sobre el concepto de intereses de grupo difusos y colectivos , LL , t. 1997-F, p. 1142. T84 CANO, Guillermo, Acerca de la acción popular y otros temas de derecho ambiental , ED, t. 107, p. 876; La participación popular en la gestión ambie_nta.Z , "Rev. de Derecho, Polltica y Administración", Bu.,nos Aires, vol. 1, n.• 2, a bnl ·JUDIO

la

de 1984, p. ::!. 185 Tl E l-A RüA, Angelina F. de, La protección de los llamados intereses difusos en la Constitución naciortal y la Constitución de la provincia de Córdoba, Ll., t. 1996-B, p . 789. 1X6 EKM EKllJIAN, Miguel Á., Un proyecto que regula la protección judicial de los intereses difusos , LL , t. 1994-A, p. 1024. 187 FltALLICIARDI, Bartolomé E.,lnterés leg(timo e intereses difusos (Panorama actual) , LL , t . 1997-B, p. 1151. 188 GoRDILLO, Agustín, La legitimación en el amparo: asociaciones, coopera· ti vas, derechos de incidencia colectiva, LL , t . 1995-E, p. 516. IR~ GOZAÍNl, Osvaldo, Legitimación procesal del Defensor del Pueblo rombudsman), LL , t . 1994-E, p. 1378; Intereses del E stado e intereses difusos, ED, t . 52, p. 722.

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CONTROL DE CON::,'TITUCIONALlDAD 1 3

GRECCO 190 ; MAIRAL 19 \ MARIENHOFF 192 ; M ORELLO ~ ; MOSSE'r l TU1 RRASPE 194 ; PtuRETI1 195 ; P..rv AS ' 96 ; S POTA 197 ; ZAVALA DE GoNZÁLEZ !liJ, entre

muchos otros 199 que componen una extensa nómina 20". § 69. Causas de la legitimación

colectiva a gran escala Existen , en mi opinión, tres factores que h an influido fundamentalmente en la propagación de este fenómeno. 190 GRECCO, Carlos M., Ensayo preliminar sobre los denominados intereses "difusos" o "colectivos" y su protección judicial, LL, t. 1984-U , p. 865. 191 MAJI\AL, Héctor, Sobre legitimación y ecología, LL , t. 1984-B, p. 779. 192 MARIENHon-, Miguel S., Delfines o toninas y acción popular, ED, t. 105, p. 244; La legitimación en las curiones contra el Estado (Acción popular. Inter és simple. Interés difuso. Acto administrativo discrecional) , LL , t. 1986-C, p. 899; La acción popular, LL , t . 1993-D, p . 682; Nuevamente acerca de la acción popular. Prerrogativas jur(dicas. El interés difuso , ED , t . 106, p. 922. 1 9 3 Mmm.Lu , Augusto M., La defensa de los intereses difusos y el derecho procesal, JA , t. 1978-IU, p. 321; La legitimación por la tutela de los intereses colectivos o difusos y en otros supuestos afines , pero diferenciados , ED, t. 119, p. 593; MonELLO, Augusto M.; HITTERS, Juan C., y BEIUZONCE, Roberto 0. ; La defensa de los intereses difusos , JA , t. 1982-IV, secc. "Doctrina", p. 700; MOI!EI.LO , Augusto M., y S'J'!GLITZ , Gabriel A. , Hacia un ordenamiento de tutela judicial de los intereses difusos, JA , t. IV, p. 651; Responsabilidad civil y prevención de daños. Los intereses difusos y el compi'Omiso social de !ajusticia, LL, t. 1987-0, p. 364; Moi\EI.W, Augusto M., y VALLEF!N, Carlos, El amparo, régimen procesal , 3g ed., Platense, La Plata, 1998, esp. cap. VII. 194 Moss ~o:T lTUHRASPt:, Jorge, El daño ambiental y los alcances del mandato judicial. LLBs.As., t. 1996, p. 643. J95 PJGRETTJ , Eduardo, La acción de los ciudadanos y de las asociaciones de protección del ambiente, LL, t. 1987-A, p. 1053. 1 6 ~ RI VAS, Adolfo A. , Derechos subjetivos, intereses difusos y acciones populares . ED , t. 135, p. 861. 197 SPOTA, Alberto A., Análisis de la acción de amparo en los tér·minos del artículo 43 de la Constitución nacional. ED, t. 163, p. 767. 198 ZAVALA Dr: GoNzAu;z, Matilde, Los daños morales colectivos y su resarcimiento dinerario, LLBs.As., t. 1997, p. 283. 199 JL,tENBZ, Eduardo P., y CoNSTANTJ:NO, Juan A., Intereses difusos, su protección. Efectos y alcances, ED , t. 142, p. 834; TAIJOAOA, Marcelo A., Los intereses colectivos y difusos, LL, t. 1991-E, p. 1539; TAIAH, Jorge , El acceso a la justicia en la problemática de los intereses difusos, LL, t. 1991-E, p. 1045; ZENTNEil, Diego H. , El acceso a la justicia en la problemática de los intereses difusos, LL , t. 1991-E , p. 1045. 200 Para una mayor información ordenada y actualizada sobre las posiciones doctrinarias en torno a esta cuestión véase GoHniLLO, Agustín, n-atado . . . , 4g ed., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2000, t . 2, esp. caos Tl v ITT

LA

LEGlTJMAClON pJ!OCESAL

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· · úblicos ha rePor un lado la privatización de los seTVICJO P . . vitalizado palab~as casi olvidadas_o quizás_ nunca utilizada~ c~­ mo "cliente", "usuario", o "consUIDldor". Mientras la mayona e los servicios públicos fueron prestados por empresas estatal~s, la defensa de los derechos de los consumidores, clientes o usuanos de dichos servicios era una cuestión jurídicamente no desarro· Ua da y prácticamente inexistente. Pero .e~ indudable qu_e tomó cuerpo a partir del traspaso de esos serv1c10S a manos pnvadas, a punto tal que ha generado todo un nuevo cuerpo de derecho que comienza a poblar en forma casi indispensable los anales de jurisprudencia y los estudios de doctrina. Solamente la problemática de la audiencia pública o sus diferentes particularidades es hoy un capítulo específico de alguno estudios 201 • El segundo factor tiene que ver con la creciente problemática ambiental. Hasta no hace mucho los ambientalistas constituían un selecto y reducido grupo -muchas eces identificado con ciertas posturas ideológicas- al que poco se sumaban. No obstante ello, paradójicamente, si vamos al fondo de nuestra historia jurisprudencia!, vamos a hallar el primer caso ambiental que tempranamente resolvió nuestra Corte Suprema. Me refiero, por supuesto, a "Saladeristas de Barracas c/Pcia. de Buenos Aires" 202 . Pero tanto se ha girado contra el planeta y sus ecosistemas en las últimas décadas, que finalmente ha sonado la alarma general y hoy -sea por el mero interés teórico, porque es económicamente importante, o porque la ecología lo reclama-la cuestión ambiental ha ganado todos los campos del derecho. Ya nadie quiere perder el tren de la ecología. Administrativistas 203 , constitucionalistas 204 , politólogos 20 \ internazo1 SACRISTÁN, F.stela B., Las sesiones públicCl$ (•open meetings") del derecho administrativo norteamericano como forma de publicidad de la actividad admi· nistrativa, "Rev. de Derecho Administrativo", n•• 27 a 29, 1998, ps. 389 a 434 ; de la misma autora: Audiencia pliblica y otros procedimientos consultivos en el dictatlo de actos administrativos de alcance general (nulidades por su omisión), "Rev. de Derecho Administrativo", n'" · 30 y 31, 1999, ps. 169 a 193. 20< Fallos, 31 :272 (1887). 203 CASSAGNI>, Juan C., Sobr~ la protección ambiental , LL, t . 1995-F., p. 1217; CARF.LLO , Luis A., Problemas del poder de policía en materia de protección del (E.ta noto aJrlltiiUÍO t:n la página :1igu ienL~ . )

Germán J., El medio ambiente y la polución por gases y humos, EIJ , t . 151, p . 258; El art. 41 de la Constitución y el reparto de com· 20• BIDAIIT CAMPOS,

IE•14 noto C>OftlinW. •n 14 página siguiente.)

Alberto A., Protección del medio ambiente en la reforma cons· titucional , LL , t. 1994-E, p. 1385. <05 NATALE,

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

~09 t 'b . cionalistas 206 , civilistas 207, penalistas~ 0 ij, procesal 1st~s . , n utaristas 2'o, todos sin excepción, sumados a los espectahstas tradicionales en recursos naturales 211 y a quienes desde temprano anticiparon el problema 212 , se sienten habilitados para el estudio de esta problemática desde el ángulo que les ~oque. Pero lo ambiental y lo ecológico tienen que ver necesanamente con los derechos colectivos, de modo tal que la cuestión ambiental ha abierto una segunda via de acceso a los intereses. difusos . Por último la reforma constitucional de 1994 ha stdo clave en este terreo~. No caben dudas de que la unidad temática constitucionalizada en los arts. 41, 42 y 43 ha adquirido un brillo e interés singular que se propaga diariamente Y con ella el interés -una vez más- por el estudio de los derechos de

!Continuación de la noto 303.1

medio ambiente. en "Rcv. de Derecho Administrativo", año 3 , mayo-diciembre de 1991 , n°"· 7 y 8, ps. 389 a 399; GAMBIER, Beltrán, y LAGO , Daniel H., El medio ambiente y su reciente recepción constitucional , ED , t. 163, p. 727; TAWLL, Guido S., La cldusula ambiental en la Constitución Argentina, LL. t . 1995-E, p. 1291. Continuación de la nota 304.)

petencias entre el Estado federal y las prouincia.s , Rev. "Doctrina Judicial", t. 19972, p. 709; GEI.Ll , María A., La competencia de 14$ provincias en materia ambiental, LL, t. 1997-E , p. 805; KAUFMAN, Gustavo, Raz.on.abilidad de la regulación ambiental, LL , ~- 1995-C, p . 933; QutROGA LAvtE, Humberto , El estado ecológico de derecho en la Constitución nacional, LL , t. 1996-B, p. 950. 206 BAHRERts, Julio A., El régimen de los recursos naturales y del medio ambiente en los tratados fluuiales argentino-uruguayo, "Rev. de Derecho, Política y Admini stración", Buenos Aires , abril-junio de 1984, p. 28. ~0 7 ALTEHINl, Atilio A. , y LóPE7. CABANA, Roberto M., Los darios al medio ambiente en el marco de la realidad económica, LL, t. 1992-C, p. 1025; BUSTAMANTE At.StNA, Jor~e , R esponsabilidad civil por daño ambiental , LL, t. 1994-C, p. 1052; El orden publtco ambtental, LL , t. 1995-E , p . 916. ~ 08 BEIDF.llMAN, Bernardo, Hacia una poUtica criminal de protección ambientctl, dtuerst{icada y dirtámica, LL, t. 1992-C, p. 757 . 20 ~. GARClA PULLES, Fernando, Vías procesales en la protección de los derechos del ambtente, LL , t . 1995-A, p . 853. 210 BuuT Go~t . Roberto, La protección del medio ambiente en el marco de la~ normas sobre el lauado de dinero en el derecho americano, LL, t . 1996-D, p . 1154. 2 \1 CANO, Guillermo , El orden público ambiental, LL, t . 1979-A, p . 224; Acerca de la acción popular y otros temas de derecho ambiental, ED, l. 107, p. 976; Génesis y evolución del derecho de los recursos naturales y del derecho ambiental, ED, t. 151, p. 673; PtGI!t:TII, Eduardo, El derecho ambiental latinoamericano, hoy, Edla, l . 1982, p. 989; VALLS, Mario F., Primeras reflexiones sobre las cldusulas ambientales y la Constitución, ED, t. 158 , p. 1065. 21~ EsTRADA, Juan R. de , La regulación legal de la contaminación ambiental en derecho empresario, Rev. "Derecho Empresario", año 4, n• 33, Buenos Aires, 1976, p. 205.

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incidencia colectiva. Y dentro de la reforma, la acción de amparo ha tenido ciertamente una participación especial. Tal como dije más arriba cuando analicé el control constitucional en el marco de esta acción 213 , la reforma resolvió categóricamente el problema del control constitucional, cerrando todo un capítulo de la jurisprudencia de la Corte Suprema y los restantes tribunales, pero al mismo tiempo planteó uno nuevo: el de la legi2 14 timación, que se expande también a otra clase de acciones Así es que desde su incorporación expresa en la Constitución con la reforma de 1994, el amparo se ha convertido en una gran incógnita. A una jurisprudencia que al compás de la ley 16.986 había apagado definitivamente la llama encendida en 1957 215 , el constituyente de 1994 quiso oponer una norma que desde lo alto del ordenamiento jurídico fuera capaz 216 de impedir una nueva inmolación judicial de esta garantía • Pero lo cierto es que esta última ha chocado -como era inevitable- con una tradición antiamparista cuidadosamente elaborada a lo largo de cuatro décadas 217 • A este enfrentamiento de fuerzas opuestas se suma el fogoneo permanente de un calificado sector de la doctrina que enarbolando el art. 43, le adSupra, § 58, a . El artículo 43 de la Constitución ha incluido la protección de los derechos colectivos en el marco procesal del amparo. Cabía preguntarse entonces si esa es la única vía de protección que poseen o existe otra. La Corte resolvió el interroga~te e~ "As oci~ción de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la Repúbhca Argentma cf!'C1a. de Buenos Aires", 22/4197, U. L 1997-C, p. 322, estableCiendo que, tamb1en procedía la acción meramente declarativa a esos fines m "Angel Siri", Fallos , 239:459 (1957). . 216 _ Eu 1982, _al cumplirse veinticinco años del caso "S iri", el Instituto de Extens10n Umv.ers1Lana de la UCA llevó a cabo un ciclo ammemorativo del mismo en donde expus1eron Genaro R. Carrió Jorge R. Vanossi Germán J B 'dart C Né to p El • • · 1 ampos pnmero de ellos • al finalizar su "'"""'ICI .ón dij' o con eV1'd en t e Y s "r -1 agues s: . - .... pesar: se 1a~e rorzoso concluir que la historia institucional del país, particularn:ente despues de mediados de 1966 ha frustrado las expectativas que hace veintlcmco años luzo nacer la consagración jurisprudencia! de la acción de amparo en ~1 área de la protecci<ín de las libertades públicas. o seria leal con mis conV>ccwneR m con los destinatarios de esta exposición · pusier a fin a ésta sin destacar tan descou~oladora experiencia" (CARRII'l, Ge:naro R, La acción de amparo Y otro,q remedws extraordinarios Edla nll 24 19 ., p 7) 217 u . . ' ... - . .,no de los fallos que terminó de remat.ar esta serie fue, sin dudas , "Hughes 'l'~ol Co. S.A. c1Nac1ón Argentina", Fallos, 307:17 (1 985), donde la Corte consolidó la eXJgencia del agotamiento previo de la instancia dm ' · t t' la procedencia del ampa ro. a lillS ra !Va para 2 13 2 14

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judica al amparo proporciones a mi juicio exageradas 2 ' 8 , frente a la vigencia formal y real de la vieja ley de 1966 que el Congreso no ha reemplazado todavía. En otra!'l palabras, el amparo nació otra vez en 1994, y ha transitado por una suerte de pubertad, tironeado por un lado por quienes pretenden henchir ilimitadamente sus velas con los vientos de la reforma, contra los que han repetido con monótono treno las lecciones aprendidas en las tres décadas precedentes. Esta adolescencia -en tránsito ahora hacia la madurez- produjo en la joven criatura crecimientos desparejos, y uno de ellos se ha visto nítidamente en la legitimación . No podía ser de otra manera, pues una de las novedades más importantes que trajo el art. 43 se dio en este terreno , cuando la Constitución ofreció su ancha vía para el ingreso de la protección de los intereses de incidencia colectiva, que han encontrado en el amparo un medio para pisar tierra firme . Es indudable que el avance producido es importante y era necesario en aras de la modernización de nuestro derecho , pero no lo es menos que hasta contar con la configuración adulta de los nuevos institutos habremos de transitar por un camino sinuoso y plagado de inseguridades , lo que prueba una vez más que el derecho tiene mucho de trial and error . § 70. Problemas de la legitimación

colectiva a gran escala .. Vea.~os aho~a cuáles son los problemas que genera la legtbm~,clOn colectiva a gran escala. Ellos son básicamente cinco: a) ~Ulenes son los po.rtad~res del derecho de incidencia colectiva Y como se hace para Identificarlos; b) quién está suficientemente 2 18 Entre quienes propician un . gusto M., Las garanlias del proceso ·u::paro a mpü o puede verse a MonELLO, Aude la tutela judicial. LL, t. 1996-A J 14 y ~l amparo, en relactón a la efectividad tzc
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legitimado para ejercer la representación del grupo; e) cómo son los efectos de una sentencia dictada para un grupo amplio y posiblemente indeterminado de individuo · d ) cómo se protege el debido proceso adjetivo de todo los portadores del derecho que no han participado en el proceso y e) cómo se hace para r emediar decisiones judiciales opue ta . Hasta el moment~ , nuestro derecho ofrece tan sólo algunas oluciones inorgámcas a estos problemas. En primer lugar, no existe un modo efectivo de determinar quiénes son Y cómo se identifican los portadores de un derecho ~e incidencia colectiva. En otras palabras, una vez que alguien Ul voca un derecho de esta naturaleza, la primera cuestión a determinar es quiénes están también afectados en igual o similar medida y cómo se hace para identificarlos. E evidente que la mera invocación de un interés o derecho que presumiblemente afecta a un grupo numeroso y tal vez indeterminado de individuos no puede ni debe er suficiente para otorgar automáticamente legitimación al actor o rec1amante, pues podría ocurrir que muchos a quienes se intenta representar promiscuamente no estén interesados en ello. En este terreno, las cuestiones ambientales o ecológicas y las relativas a la prestación de servicios públicos deben ser analizadas con mucho cuidado. Existen, en segundo lugar, algunas soluciones no definitivas ni reglamentadas legalmente para encauzar el problema de la legitimación de quienes se arrogan la representación de los portadores de los derechos de incidencia colectiva. Básicamente, la Constitución los pone en cabeza del Defensor del Pueblo 21 9 y de las asociaciones que propenden a eso fines =, pero también el Ministerio Público 221 parece tener un cierto grado de legitimación, ya que la misma Constitución le impone actuar en defensa de los intereses generales de la ociedad (art. 120). Este segundo problema es tan arduo como el a nterior y existen a su respecto soluciones muy disímile . En tercer lugar, cuando una sentencia se dicta en el marco de un proceso con legitimación colecti a ~pecialmente si el grupo de individuos es indeterminad()- aparece el problema derecho rige todavía de los efectos de la sentencia. En nue 219 220 22 1

Véase infra, § 72. Véase infra, § 73. Véase infra. 75.

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-aun cuando está fuertemente cuestionado- el principio secular del efecto inter partes de la sentencia, que ha dado luga: a posiciones doctrinarias encontrada~ . cuando se tr~ta de la 1m: pugnaci.ón judicial de reglamentos 222 • ¿Hasta que punto es~a preparado nuestro derecho procesal p~a enfre~tar el camb10 radical que la legitimación colectiva e mdetermmada produce en los efectos de un pronunciamiento judicial? Tengamos presente que la admisión de los derechos de incidencia colectiva es la causa eficiente del abandono del viejo principio, o al menos de una importante morigeración. A partir de ahora, las sentencias ya no tendrán solamente efectos inter partes . Tendrán efectos inter partes o erga omnes según como esté planteado el caso, y según la naturaleza de los derechos en juego. Es indudable que con ello la capacidad de legislar que poseen los jueces ha de ser ampliada notablemente 223 . Si bien esto ya se advierte en algunos pronunciamientos 22\ no es menos cierto que la cuestión todavía es novedosa entre nosotros y carece todavía de soluciones orgánicas. Un cuarto problema muy vinculado con el anterior se presenta con los derechos de los individuos no presentes en el proceso, pero alcanzados de hecho por los efectos de la sentencia. Es indudable que cuando un tribunal reconoce a un individuo un derecho colectivo, del cual son portadores también los integrantes de grupo indeterminado m, está decidiendo -de hecho- sobre los derechos de personas que no han participado en el proceso. El último de los problemas se presenta con la eventual producción de decisiones judiciales opuestas. Si bien ésta es una cara~terística del sistema judicial, que al ser difuso y coniar con un surrnÚinero de órganos duerentes puede producir y de hecho produce soluciones que en ocasiones pueden ser encon222

Véase supra, § 49. Tod?s sabemos que los jueces pueden legislar. Lo hacen a través de los fall os plenanos Y tamb1én a través de la fijación de ciertos principios generales ~~e se trasladan ~ los fallos posteriores. Pero todo eso constituye una modalidad 1 erente Y pe~uena al lado de lo que ocurre al hacer lugar o rechazar una acción en la que . se d~scutcn los derechos de individuos que no figuran como partes del proceso n1 estan 1dent1ficados. En este caso el juez está mucho · · · eJercer la función de legislar. mas prox1mo a 223

~:;, ~~onges ~A", Fallos , 319:3148 (1996). Véase lo que digo supra,§ 50. § 83.

caso paradigmático en este sentido fue "Schroder", que analizaré infra,

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tradas la cuestión aquí presenta ribetes al~o diferentes. Ya dije más arriba que con la legitimación colectiva a . gran esc~~a entra en crisis el principio inter partes de la sente~cta Y tamb1en el concepto mismo de caso judicial. Estamos habttuados ~ pensar en un caso judicial dentro de lo que los norteame~ca~os llaman el contexto de adjudicación, es decir la resoluc1ón dividual y concreta de una controversia, que en nuestro p:;ns ti.ene lugar a través de un acto administrativo de ~lcanc~ .mdividual o bien de una sentencia judicial en el sentido clas1co. Así, un caso judicial era un conflicto o controversia real y actual entre dos personas legitimadas para plantearlo, que de ordinario finalizaba con una sentencia que constituía el dictado de una norma individual de conducta para las partes. En este contexto, la existencia de sentencias encontradas no ha constituido un conflicto serio para el sistema. De hecho, en más de cien años de existencia nadie ha pensado en un posiblt:! colapso originado en esta causa. Pero, ¿qué ocurre cuando elastizamos notablemente el concepto de caso judicial a fuerza de extender la legitimación de quienes pueden plantearlo? ¿Qué ocurre cuando un individuo no sólo puede ser portador de su propia causa ante los tribunales, sino que también puede ser portador de la causa de todos, o en todo caso de muchos? Es evidente que, en este caso, la estructura del caso judicial cambia y lo que antes era el caso de uno o de algunos pocos es ahora quizás la causa de todos. ¿Es indiferente entonces que bajo esta nueva concepción del caso judicial haya soluciones opuestas? Por supuesto que no lo es . Pensemos, sin ir más lejos, qué ocurre en un municipio cuando frente a la tala de árboles para la construcción de un nuevo camino, un grupo de vecinos se presenta en un tribunal y obtiene una medida de no innovar y al mismo tiempo otro, en sentido opuesto, logra que se ordene continuar con la tala. ¿A qué juez obedece la autoridad municipal? El caso del rebalanceo telefónico 226 y sus múltiples pronunciamientos judiciales a favor 227 y en contra ~8

lr:-

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Decreto 92/97 , BO , 31/1/97 , Adla, t . 1997-A, p. 198. Véanse, por ejemplo, Juz. Fed. de Córdoba n2 2, "Unión Industrial de Córdoba c/Poder Ejecutivo Nacional", sent. del 6/2/97 , y Ju z. Fed. de Córdoba, n• 1, "Tognnrelli c/Estado Nacional y Telecom S.A. s/amparo", sent. del 13/12196. 22s CNCont. Adm. Fed., Sala lll, 1412197, "Defensor del Pueblo de la Nación dPoder Ejecutivo", LL, t . 1997-C, p. 836; CNCont. Adm. Fed. , Sala V, 9/5/97 , "Consumidores Libres Coop. Ltda. c/Poder Ejecutivo Nacional", Rev. "Rég. de la m

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es un buen ejemplo de ello 229 • Si bien es cierto que finalmente hubo una sentencia de la Corte Suprema que dirimió la cuestión en forma unívoca 2a", no lo es menos que mientras esperábamos esa sentencia una apreciable dosis de incertidumbre se apoderó de la situación. § 71. Los legitimados colectivos

El enfoque general del problema efectuado en los párrafos anteriores me permite ahora analizar la problemática particular de cada uno de los legitimados colectivos que la ley y la jurisprudencia reconocen, es decir, de aquellos órganos o personas a quienes se les atribuye la facultad de representar intereses de incidencia colectiva. La cuestión tiene importancia desde el punto de vista del control constitucional, pues quien tiene legitimación para estar en juicio tiene -consecuentemente- habilitación procesal para efectuar un planteo constitucional. Los legitimados colectivos son: a) el Defensor del Pueblo; b) las asociaciones de usuarios y consumidores; e) los legisladores; d) el Ministerio Público; e) las clases de personas, y f) las personas individuales. § 72. El Defensor del Pueblo m

a) LA JURISPRUDENCIA. - El ombudsman o comisionado parlamentario, una institución con fuerte arraig_o_en el derecho Administración Pública", n 2 230, p. 130; "Defensor del Pueblo de la Nación c/Poder E~ecutivo Nacional s/Amparo", 23/9/97, Rev. "Rég. de la Administración Pública", n - 230, p. 132. 229 Sobre este tema puede verse: GusMÁN, Alfredo S., La reestructuración tari(aria telefónica. Los procedimientos de audiencia e información pública /,L L. 1997-C, p. 1390. ' , 2ao "Prodelco c/P.E.N .", Fallos, 321:1252 (1998). 231 Aclaro que en el curso de este punto me referiré solamente al Defensor del Pueblo de la Nación, contemplado en el art. 86 de la Constitución y regulado en la ley 24 .284, ya que de lo contrario deberla referirme también a los funcionarios equivalentes previstos en otras jurisdicciones, tal por ejemplo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires (art. 137, Constitución de la Ciudad Autónoma), lo que excederla las proporciones de este trabajo. Sin perjuicio de ello señalo, a título de mera referencia, que aquel órgano de la Ciudad también ha

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comparado 2:1\ fue incorporada al derecho nacional en 1993 con la sanción de la ley 24.284 233 , que lo denominó "Defensor del Pueblo". La tarea que esta ley le encomi"Emda es la de proteger los d~rechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones de la Administración Pública Nacional. (art. 19 , 22 párr.). Posteriormente, con la reforma de 1994, el Defensor del Pueblo adquirió rango constitucional. El art. 86 -sin haber sustituido o derogado la ley 24.284, que permanece vigente- lo _Qrevé comQ un órgano independiente y le encomienda la defensa y protección de los derechos humanos -y demás derechos , garantías e intereses tutelados por la Constitución y las leyes ante hechos, actos u omisiones de la Administración, y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. A tales efectos agrega esta norma que "El Defensor del Pueblo de la Nación tiene legitimación procesal", disposición que se complementa con la del art. 43, que también reconoce legitimación procesal al Defensor en lo relativo a la protección de los derechos que amparan al ambiente, la competencia, los usuarios y los consumidores. Estas categóricas afrrmaciones constitucionales permiten, ciertamente, interpretaciones amplias en torno a la legitimación del Defensor del Pueblo, como la de GORDILL0 234 • Sin perjuicio obtenido reconocimiento judicial de su legitimación. Así, por ejemplo, en el reclamo de los daños y perjuicios de los u suari os del servicio de energía eléctrica prestado por Ed esur, afectados por la prolongada inlerrupción del servicio en fehrero de 1999, CFed. Civ. y Com., Sala I, "Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires c/Edesw·", 16/3/00, LL , t. 2000-C, p. 399 (esp. p. 415), con nota de Lmo E. PALACIO , El "apagón" de febrero de 1999. Los llamados intereses difusos y la legitimación del Defensor del Pueblo. 2n Véase una amp 1'1a reseña del derecho comparado en MAIO!l.ANO, J or ge L. , El Ombudsman, defensor dPl pueblo y de las instituciones republicanas 2• ed., Macchi, Buenos Aires , 1999, t . I, ps. 61 a 364. ' 2 a~ BO , 6/12/93 . 234 . Según este autor, la legitimación que el art. 86 le confiere "lo habilila para liTlpugnar ante la administración (reclamos, r ecursos, denuncias) y la justicia en cualquter competencta dentro de la jurisdicción nacional (o sea unte la · t· · proctesul admdm•mst~ativa, civil, comercial, penal) tanto como parte actoraJ~:v:~~~ con enc10so a mtstratJva o como parte 11 d s upranaciona l, iniciando el' proceso ante l~~~~HantEe en se eúlpetnall; y e~ la j usticia demand . ll . · ~ n ese m 1p e caracter puede . ar, qu et e ar, recurnr, reclamar, denunciar los actos hechos u om· · l estvos a los derechos y gara t' . • • tstones o de pactos supranacionale: ~~~:~=~n_ad~s Y; o só~o los de base constitucional Su legilimación procesal no •se limita :t~mobs t e ongen Ilegal o reglamentario. 1 0 nac10na • pues puede también

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de la certeza general de esta postura, en ocasi?nes se requiere alguna aclaración, ya que el universo pote~c1al de lo~ repr~­ sentados por este funcionario puede dar cabida a l~ eXIstencia de intereses opuestos -como efectivamente ha ocurndo-, lo que dificulta la determinación a priori de quienes han de ser sus representados. Antes de ello haré una brev~ r~corrida c?n el objeto de recordar el estado general de la JUTlSprudencia de 235 la Corte Suprema y los demás tribunales federales • . . Al igual que en el caso de los legisladores, de cuya legitimación me ocuparé más abajo 236 , 1~ ~!!J rel="nofollow">acidad pmcesal g~l.Qefen­ sor del Pueblo ha tenido una dispar recepción en la Cort~_y_ en los tribunales federales en lo conteQcioso a dministra 'vo. Mientras estos últimos le han brindado -en general- una acogida favorable, la Corte, en cambio, fue más reacia iniciªlmentear econocer su legitimación. Un primer fallo del Alto Tribunal marca esta tendencia. Me refiero a "Frías Molina cll.N .P.S." 237 donde el Defensor solicitó ser tenido por parte en los juicios por actualización de haberes previsionales que se encontraban en trámite ante la Corte Suprema, petición que -en fallo unánime 2as_ fue rotundamente denegada, con el argumento de que el Poder Judicial queda exceptuado de la competencia del Defensor, quien no está legalmente autorizado para investigar la actividad concreta de aquéF 39 . Una segunda intervención, también frustrada , intentó el Defensor al recusar sin éxito al Presidente del Tribunal, en una causa en la que no era parte ni había participado en el recurso extraordinario 240 • presentarse ante los ór ganos o tribunales supranaci onales como la Comisión Intera mericnn a de Der echos Huma nos. Así lo hizo an te una decisión de la Corte Sup_rema .de J usticia ? e la Nación r echazando su pedido de pro nto despacho en maten a de J~b1l ac10nes (GORDILLO, Agustín, TI-atado de derecho adm inistrativo, 56 ed., Fund~~~ón . de Der echo Administrativo, Buenos Aires, 2000, cap. XII , § 14, p. 42 ). · S m per; UI CIO de ello, el Defensor del Pueblo puede actuar a n te cualquier . tnbu nal federal .o pro.vincial. , Recor demos, por eje mplo, el caso del amparo promovid o ante la ;ust1c1a de Rw Negro con motivo del mal esta do de la alcaldía de la ciuda d de General Roca, lo qu e motivó un pronunciamient o favorable de la Cáma ra 3" del Cri men de General Roca (LL , t. 1996-A, p. 747 ). 2aG Véase infra, § 74 . m Fallos, 319:1828 ( 1996). 23 M Su scriben la sentencia los nueve jueces del Tribunal a saber: Nazareno (Preside~te), Moliné O' Connor, Fayt, Belluscio, Petra cchi , Bo~gia no, López, Bossert y Vazquez. 23 ~ Consids. a• y 4". 240 "Defensor del Pueblo de la Nación", Fallos, 320:2605 (1997 ).

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También en "Consumidores Libres" 241 , la Corte Suprema objetó la legitimación del Defensor del Pueblo, confirmando con ello lo decidido en Cámara. La actora, invocando la representación de los derechos colectivos que el art. 43 otorga a las asociaciones protectoras de los derechos de los usuarios , promovió un amparo contra el decr. 702195 de intervención a la entonces Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CNT). En esta acción, el Defensor actuó como tercero a tenor de lo previsto en el art. 90, inc. 2º, CPCN, y en tal carácter interpuso -al igual que la actora- recurso extraordinario en contra de la sentencia de Cámara. Esta última, al revocar la de primera instancia, había desestimado la acción por falta de legitimación en la actor a 242 , sosteniendo que la ausencia de un perjuicio efectivo impedía el progreso del amparo, que de lo contrario podría convertirse en una acción popular. En relación con el Defensor, la Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo agregó que la legitimación procesal que indiscutiblemente confiere el art. 86 de la Constitución al Defensor "no es susceptible de ser infinitamente dilatada de forma tal que sustente su intervención judicial en defensa de la pura legalidad"24~. La Corte, a su turno, en coincidencia con lo expresado en la instancia anterior, ratifica que la existencia de sujetos colectivamente legitimados por el art. 43 no supone la erradicación de los requisitos para instar la jurisdicción judicial que permanecen vigentes y entre ellos el del caso judicial. Específicamente en lo que al Defensor se refiere , dijo " . . . la ley 24.284 no sólo exceptúa expresamente al Poder Judicial del área en que debe desempeñar sus funciones específicas (art. 16), sino que dispone la suspensión de su intervención cuando se interpusiere, por parte interesada, recurso administrativo o judicial (art. 21, inc. b) (. .. ) Estas restricciones normativas ratifican que ha sido prevista una actuación diferenciada para el Defensor del Pueblo, quien si bien cuenta con determinadas facultades para ejercer su competencia, no puede prevalerse de ellas para alterar las exigencias constitucionales que habilitan la intervención de los tribunales de la Nación. Por lo Palios, 321 :1352 (1998). CNCont. Adro. Fed., Sala V, 20/10/95, LL , t . 1995-E, p . 470, con nota de Juan C. CASSAG N~, De nueuo sobre la legitimación para accionar en el amparo. 24~ Consid. III , 42 párrafo. 241 242

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tanto, admitir la posibilidad de que el Defensor del Pueblo peticione sin bases objetivas que permitan afirmar un perjuicio inminente importaría conferirle el privilegio de accionar sin que concurran los presupuestos básicos de la acción, ejerciendo, de ese modo, una función exorbitante y abusiva; y lo que seria más grave aún, consentir que actúe fuera del estado de derecho que a él mismo incumbe tutelar" 244 • El siguiente caso en estudio tiene una singularidad, pues pese a haber sido planteado directamente por el Defensor del Pueblo, exhibe una ausencia total de argumentos sobre su legitimación en las tres instancias, aun cuando, como veremos , puede considerarse que aquí fue tácitamente admitida. Se trata del amparo promovido por el Defensor, en contra del decr. 92/97, que aprobara el llamado re balanceo telefónico, célebre en su época por la cantidad de acciones judiciales que motivó en varios puntos del país 245 • Tanto en primera ~46 como en segunda instancia ~ se hizo lugar a la medida cautelar requerida, la que finalmente , y pese al dictamen en contra del Procurador GeneraF 48 , fue revocada por la Corte 249 , provocando una crítica doctrinaria 250 • Pero lo más notable a este respecto es que ninguno de los tribunales intervinientes, ni tampoco el Ministerio Público, se expidieron acerca de la legitimación del Defensor. Ello, a mi juicio, debería ser interpretado como una aceptación tácita de la legitimación para accionar en el caso. 47

Fallos , 321:1358-1359. Véase supra § 70, notas 227 y 228. 24n Juz . Cunt. Adm. fed . u~ 11, 7/2197 . 247 CNCont. Adm. Fed. , Sala IU, 14/2197 , LL , t. 1997-C, p. 836. Poco despué~, en un mc1dcnte de esa misma causa, el mismo tribunal sostuvo la Legitimac;lón del Defomsor del Pueblo diciendo que "no puede afirmarse que (el Defensor) actua .en d~fensa de la pura legalidad ya que lo hace para asegurar los derechos de tnc1denc¡¡¡ colccttva de los usuarios de los servicios telefórucos que se consideran afectado_s po: e~ rebalancco", sentencia del 23/9/97 , Rev. "Régimen de La AdmimslracJOn Pubhca", n° 230, p. 132. 218 Fallos, 321 :1192-1206. 249 "Defensor del Pueblo de la Nación c/Poder Ejecutivo Nacional" Fallos 321 :1187 (1998). Adicionalmente, la Corte rechazó en forma liminar el ~mparo: Por el rechazo del amparo votaron los jueces Nazareno (Presidente) Moliné O'Connor, Bogg¡ano, Lópcz Y Vázquez. Por el rechazo del recurso extraordinario votaron los Juec~s Belluscio, Petracchi y Bossert. 250 Qtrri!OCA LAVIÉ, Humbcrto, Réquiem al amparo colectivo LL t 1998-C p. 1337. ' ' . . 244

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En 1997, el caso de la privatización de los aeropuertos dio una nueva ocasión al Defensor par a intervenir judicialmente. En lo que aquí interesa, pues el caso ya ha sido relatado más arriba en dos oportunidades 25 \ puede apreciarse la disparidad de criterios entre los tribunale federales en lo contencioso administrativo y la Corte Suprema. Tanto en primera 2S2como en segunda instancia 253se reconoció expre amente legitimación al Defensor. La Corte, que inter vino como consecuencia de la presentación directa formul ada por el J efe de Gabinete en contra de la segunda decisión de primera instancia, no dice una sola palabra sobre la legitimación del Defensor, ni siq_uiera con ocasión de aludir a la de los legislador es que promovieron el caso 254 • La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo concedió dos importantes victorias al Defensor del Pueblo. Una de ellas tuvo lugar en "Youssefian c/Secretaría de Comunicaciones"2M, donde un usuario del servicio telefónico había planteado un amparo a fin de que antes de decidir acerca de la prórroga del período de exclusividad que poseían las licenciatarias del servicio básico se diera adecuada intervención a los u su arios. En est e caso S~ presentó también el Defensor del Pueblo, adhiriendo al planteo del actor, y al resolver la cuestión de la legitimación el Tribunal dijo: "Por otra parte, en lo que se refiere al Defensor del Pueblo de la Nación , no puede dejar de tomarse en cuenta la legitimación procesal que genéricamente se le confiere en el art. 86 de la Constitución nacional Y también en el art. 43 de ésta se regula de manera específic~ su habilitación para intervenir en los juicios de amparo en casos como el sub examine. Debe dejarse en claro, asimismo, ~fil Me he ocup ado de tJste caso en el capítulo II (§ 23, e), al referirme a la Corte como guardian a del proceso político y en el capítulo III (§59) con motivo del control de los decretos de necesidad y urgencia . 2 . . ~fi Recordemos que fu er on dos los tribunales de pti mera instancia interVHilentes , ya qu e hubo dos causas difer en tes. En la prim er a intervino el Ju z 2 Cont. Adm. Fed. n 10, "Nieva c/PEN-decreto 375/97", sentencia del 8/7/97 . E~ 1~ Sllgund a , una ca utelar autónoma deducida en con tra del decr. 842/97 interVIn o el ,Juzgado n• 5, resolvie ndo favorabl emente la cues tión en senten'cia del 24/9/97. . ~ 63 CNCont. Adm . Fed., Sala JI, 26/8/97. 54 ~ Fallos , 3.20:2887 . Acerca de la legitimación de los legisladores en este caso me ocuparé infra, § 74. 255 CNCont. Adm. Fed., Sala IV, 23/6/98, LL , t. 1998-D, p. 712.

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que su_I>articipación lo es en defensa de un derecho de usuarios y consumidores: el de participación en el control de los servicios públicos, que se vería afectado por una ilegítima omisión de la Administración. Por ser ello así, no puede sino concluirse en que el actor Maiorano posee legitimación activa para intervenir en la causa" 256 • La segunda ocasión tuvo lugar con el amparo planteado con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad de la ley creadora del llamado monotributo 257. La sentencia de Cámara -confirmando la de la instancia anterior- hace lugar al planteo del Defensor y sí bien no se expide expresamente sobre la legitimación, es claro que la admite tácitamente 258 • También la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo recoñocio legitimación al Defensor -acompañado en este caso por un particular, la Dra. Adrian-; Manetti- rurra accionar en contra de la implantación de medidores_de agu~ en los edificios de propiedad horizonta.P 59 , fallo en el cual se hizo lugar a la acción y fue luego confirmado por la Corte Suprema "60 • Por último -sin que la reseña arriba efectuada pretenda agotar la nómina jurisprudencia!-, en "Monner Sans c/Poder Ejecutivo Nacional" 26 \ una causa iniciada por un particular en contra del decr. 842/97 -de privatización de los aeropuertosdonde fue citado el Defensor como tercero, el tribunal de primera instancia interviniente, al pronunciarse sobre la legitimación de este último, dijo: "Que, como ya he dicho, de consuno •s& LL , t. 1998-D, p. 717. 25i Ley 24.977 , BO, 617/98. ~sH CNCont. Adm . Fed., Sala IV, "Defensor del Pu eblo de la Nación <:/Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos", 7/3/00, LL , t. 2000-C, p. 162. 2 5 9 CNCont. Adm. Fed., Sala Ill, "Defensor del Pu eblo de la Nación c/E stado Nacional (Poder Ej ecutivo Nacional-Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos)", 416/96, LL . t. 1996-C, p. 405 , cott nota d e UGOLLNI, Daniela, El consu.mo de ag ua y la facturación del servicio en los consorcios de propietarios. Con anterioridad ~e había dispuesto la traba de una medida cautelar favorable a los actores (CNCont. Adm. Fed., Sala de feria -integrada por los jueces Buján, Otero y Herrera-, Rev. "Rég. de la Administración Pública", t. 210, p. 171, con nota de Juan Carlos CAFF~RATA , Agua y cloacas, Rev. "Rég . de la Administración Pública", t. 210, p. 124). l6o "Defensor del Pueblo de la Nación c/Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos)", Fallos, 323:2519 (2000). 2 1 Juz. Cont. Adm. Fed. n• 1, 30/ 10/97 , LL , t. 1998-D, p. 219. "

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con la legitimación que le viene atribuida en las normas contempladas en los arts. 43 y 86 de la Constitución acional, \..l!..O puede caber duda alguna en _cuanto que el Defensor del Pueblo se encuentra facultado para promover de oficio y como plrrte principal procesos en los que se debatan cuestiones como las ue iwolucra el presente. Pero, en todo caso debe quedar claro también que cuando -contrariamente a lo sostenido en este pronunciamiento- se considere que el afectado al que se refiere la primera norma citada en su segundo párrafo, es solamente el individuo que ha sido perjudicado en un derecho subjetivo (el mismo entonces al que se refiere el párrafo primero), corresponderá admitir, correlativamente, la posibilidad de los demás miembros del colectivo -que no tendrían legitimación por no encontrarse afectados en un derecho subjetivo- de buscar la protección reparadora del agravio colectivo a través del Defensor del Pueblo, quien, en tales condiciones, se constituye en un verdadero representante promiscuo de todos ellos" 2 u'. No obstante este amplio reconocimiento jurisprudencia!,@_ Corte Su rema_ha impuesto una fuerte restricción a la legitlmación del Defensor con fundamento en el tercer párrafo del art. 2 i de fa ley 24.284, según cual "Si iniciada la actuacion se interpusiere or persona interesada recurso administrativo o ac:_tó!}- judicial, el Defensor.. deLJ!Ueblo debe suspender su inte rven~ión" . Con invocación, de esta norma fue rechazada la acción judicial promovida por el Defensor del Pueblo 263 en contra del decr. 1517/98, relativo a la extensión del IVA a la roed' . 264 1cma pre~aga . La sentencia es trascendente , pues refleja el pensamiento de la Corte que -a mi juicio acertadamente tal co~o expondré más abajo- no otorga una competencia au~ tomátlca al Defensor del Pueblo, sino que exige un análisis caso por caso. La mayoría del Tribunal 266 expresa: "6) Que si bien el art. 86 _Qe la Constitución nacional prescl'ibe que el Dclensor del

;1

262

Lf,, t. 1998-D, p. 224. ~ "Def.,nsor del Pueblo de la Nación c/PEN (decreto 1517/98)" Fallos 323:409R (2000}. ' ' ' 264 . .~n~lizaré esta cuestión infra , § 96, al r eferirme al caso "Famyl c/Estado Nacwnal . Fallos , 323:2256 (2000), en el ámbito del veto presidencial y los actos exclu1dos dt! control judicial. 2 5 • ~ , En esle caso estuvo integrada por los jueces Nazar eno (Presidente), Mohné O Connor, Lóp ez y Vázquez. Los jueces Belluscio, Bossert, Pelracchi y Bog26

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Pueblo 'tiene legitimación procesal' , ello no significa qu.e los jueces no deban examinar, en cada caso, ~i c~rr~s~onde as1gn.ar a aquél el carácter de titular de la relac1ón JUrl~l~a~usta~c~al en que se sustenta la pretensión, como. es ex1g1b~e e? toao proceso judicial. No debe perderse de v1sta que dilucid.ar l~ cuestión relatiya a la legitimación procesal del actor 'constituye un presupuesto necesario para que exista un caso o controver~ia que deba ser resuelto por el Tribunal, pues la ·usticia_!!_acional 'nunca procede de oficio y sólo ejerce jurisdicción en los~asos contencl.osos en que es requerida a instancia de art~' (art. 2º de la ley 27) . Una constante jurisprudencia de la Corte -elaborada sobre la base de lo establecido por los arts . 116 y 117 (100 y 101 antes de la reforma de 1994) de la Constitución nacional- ha expresado que dichos casos 'son [aquellos] en Llos] que se persigue en concreto la determinación del derecho debatido entre partes adversas', motivo por el cual no hay causa cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de los otros poderes; ni, por ende, existe facultad alguna en cabeza del Poder Judicial de la Nación que lo autorice, en tales circunstancias, a formular dichas declaraciones . 7) Que al respecto debe señalarse que la ley 24 .284 excluye expresamente del ámbito de la competencia del órgano demandante al Poder Judicial (art. 16, párrafo segundo) , y establece que si iniciada su actuación 'se interpusiere por persona interesada recurso administrativo o acción judicial, el defensor del pueblo debe suspender su intervención' (art. 21)" 206 • b) MI o.PINIÓN. - No ha_y da al na d.e...que el Defensor del Pueblo tiene legitimación pro«_esal como J!ledio de satis-facer l?s fi.~es para lo._~ cuales ha_sidu~ado . Aun cuando la ConshtuclOn nada dlJe:a al respecto, igual debería acordársela, ya que_ ~e lo contrano su creación se tornaría en buena medida ~tenl su ~_:tuación_ estaría limitada a una mera defensa formal y teónca ae los intereses que es funciunario re re~a . Por ello ere~- que eT proo ema central nQ P-ªSa or di; giano_ sudsclriDbierron votos separados , pero coincidentes con la au senci a de le<Titimacwn e e.ensor en el caso. .,. "G 6 Fallos, 323:4102-4103.

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cutir si tiene o no tiene legitimación, .ni los alca~ces de .ella. En rñl opinión el problema es más delicado todav1a, Y eXIsten dos causas que ponen este _l)roblema de m~fiesto. El Defensor como todo legitimado colectivo, representa _a un ~ in_!iE;rt;e;minado de su· etos_(los ciudadanos, }os usu~ios, los- cQU.Suroidores), perCLOcu.rre_q.ue frente a un determmado problema ese_grupo puede no ser homogéneo. Pueden existir, por ejemplo, dentro de la masa de usuarios de un.._ser..vicio, personas que poseen diferentes intereses ante el mismo problema. Tómese, por ejemplo, el caso del reóa1anceo telefónico aprobado por decr. 92/97 . No existía allí un único grupo de usuarios a quienes el Defensor podía representar; sin embargo, ellgió a uno de ellos. Lo mismo puede decirse de la privatización de los aeropuertos. ¿Estamos seguros de que todos los potenciales usuarios de los aeropuertos se sintieron representados por el Defensor del Pueblo? ¿No es imaginable que algunos de ellos estaban de acuerdo con la privatización por vía de un decreto, siendo que ello es una cuestión jurídica opinable? ~ 67 • Es evidente que, en estos casos, el Defensor eligió al grupo de usuarios que deseaba defender y dejó sin representación a otro grupo. Esa elección, además, fue claramente discrecional y nunca se explicó cuáles eran sus fundamentos. En mi opinión, aquí reside la primera y principal de las claves pal'a analizar el problema de la legitimación del Defensor. Tengo para mí que aun cuando la ley no se lo impon@ ex.p;:_~samen~, el Defensor está_obligado -y los jueces también deben exigirlo como requisito de admisión de su intervención en juicio- cuando existen intereses diferentes entre sus evenLuales reE_resentados, a fundar por qué toma partido a favor de úno y no de otros. Y es a artir de la racionalidad y certeza d<: e~a~lección como el- trj unal inte_!:._viniente determin&rá _§Í ~1 Defensor estará legitimado o no para intervenir en la cau_§_a. N~ se trata, como puede verse, de una legitimación en abstracto, como es la que ha estado anallzandollas a ahora algún sector de juris_prudencia arriba citada, sino una le "timaci6ILen_concre!_o, tal como exige la Corte en-el caso del IVA a la medicina prepaga arriba citado 2s8 • ~r.?

S b

1

.

1

21;8

Véa se nota 263.

.

. . o re e part1cu ar me rem1to a lo que djgo en La regulación económica Cit., t. I, § 45 , b, p . 229 . ,

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d da de n, etc., mer~ce su cobertura procesal. El tribunal debería a alizar_ entonces el fundamento de esta elec 'órLy sólo entonc~s co:Qceder o re~hazar la legitimación al Defe_nsor para actuar. Esta cuestión ~n aras de no dilatar innecesariamente el proceso- debería ser preliminar y la decisión inapelable, cualquiera sea el resultado. La segunda cuestión, derivada necesariamente de la anterior, son los efectos de la sentencia respecto del grupo de usuarios alcanzados por la representación ejercida por el Defensor. Es evidente que en aras de obtener una mínima certeza jurídica deía decisión que final ente se roduzca, el Defensor, una vez definidos sus representados a robada su le 'tim:aéión para continuar el proceso, debería darles noticia medio de algún medio mínimamente fehaciente -que hasta podría ser un anuncio por los diarios en la forma en que el tribunal lo estab~ez.ca- d~ a existencia dEi_pEoceso, de modo tal que la ~!.n~enc1a. qu;:_ se dicte uede_ ser ~onibl~a todo es~ grupo ~ermmado ae personas. De ~O_E.Qntrari , quien no ha tomado interve~ción en el proceso podría no sentir. -i~do por la sentenc1a_y rechazar la "defensa"_g_ue el Defensor efectuó de sus derechos o la forma en ue lo hizo-:-

§ 73. Las asociaciones de consumidores y usuarios . ~) ~- JURISPRUDENCIA. También las asociaciones cuya leg¡timacwn ahora está expresamente reconocida en el art. 43

LA

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han ido ganando su espacio procesaP69 • Sufri~ron una primera derrota junto al Defensor del Pueblo -como vunos- en la causa 270 iniciada en contra de la intervención a la entonces CNT , donde la Corte Suprema dijo que "de esa ampliación constitucional de los sujetos a quienes se reconoce legitimación procesal para demandar no se sigue ( ... ) la automática aptitud para demandar, sin examen de la existencia de cuestión susceptible de instar el ejercicio de la jurisdicción". Pero se repusieron de ella en "A.G.U.E.E.R.A. c/Buenos Aires" 'ill, al admitir la Corte que la legitimación reconocida por el art. 43 en el marco del amparo pueda ser extendida también a las acciones declarativas de inconstitucionalidad 272 • Concomitantemente, en "Consumidores Libres cfl'elefónica de Argentina "~ 73 , la justicia federal les reconoció legitimación para reclamar contra las licenciatarias del servicio telefónico una reducción de tarifas a términos razonables y equitativos que no excedieran una tasa anual de retorno del 16 %. Al desestimar la excepción de falta de legitimación activa opuesta por las demandadas , el Tribunal sostuvo: "corresponde señalar que, en la medida en que la asociación demandante actúa en los términos que resultan de su estatuto, en representación de los intereses comunes de los consumidores, cuestionando la legitimidad de un régimen que los afectaría, no resulta inadmisible la legitimación que invoca, sin perjuicio de lo que luego pueda decidirse sobre el fondo al momento de dictarse la sentencia definitiva". También fue reconocida la legitimación de una asociación en el ya mencionado caso "Youssefian c/Secretaría de Comunicaciones"m, en "ADECUA c/Poder Ejecutivo Nacional"275 -fallo al que me referiré en el punto relativo a la ~H9 Con anterioridad a la reforma de 1994, algunos fallo. reconocían esta legitimación. Véase por ejemplo, "Asociación de Reproductores Argentinos de Cine y Vid eo c/Tclefé S.A.", CNCont. Adm. Fed., Sala IV, 13/10/92, causa 3745/92, esp. consid. 4°. 270 "Consumidores Libres", Fallos, 321:1352 (1998 ). m Fallos , 320:690 (1997). 212 Sobre este punto me remito a lo dicho ~upra, § 57, e y d. 21a CNCont. Adm. Fed. , Sala IV, 17/10/97, LL, t. 1997-F, p. 2n. 274 CNCont. Adm. Fed. , Sala IV, 23/6/98, LL , t. 1998-D, p. 712 , e p. consid. XXV, p. 717. 275 Juz. Cont. Adm. Fed. n• 1, 18/3/99, LL, t. 1999-C, p. 192, con nota de Patricio A. MARANU:LLO, Alcances del ueto parcial del Poder Ejecutivo en el tributo a la medicina prepaga .

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legitimación colectiva de las persona? individuales ~or su import.ancia para ellas- y en "Adelco (L1ga del Consum1dor) c/Estado Nacional-PEN (Decreto 92/97)" ~ 76 • Incluso se ha reconocido el carácter de asociación en los términos del artículo 43 a una cámara empresaria 277 . Un fuerte reconocimiento de la legitimación colectiva de las asociaciones para obrar en el marco del artículo 43 fue obtenido en "Asociación Benghalensis c!Ministerio de Salud y Acción Social", donde la Corte 278 , al confirmar las sentencias de primera y segunda instancia ~ 79 , hizo lugar al amparo promovido por .u? grupo de entidades no gubernamentales que desarrollan actividades en contra del SIDA y condenó al Estado Nacional (Ministerio de Salud y Acción Social) a prestar asistencia, dar tratamiento y suministrar medicamentos en forma regular y oportuna a los portadores de esa enfermedad. Asimismo, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha reconocido legitimación a la Asociación del Personal del INTA para interponer una medida cautelar a favor de sus asociados afectados por la rebaja salarial dispuesta por decr. 430/00, y el Procurador General ha coincidido en tal reconocimiento 280 • Finalmente, se ha reconocido al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal legitimación para accionar en procura de la nulidad de una resolución que afecta los intereses de sus matriculados, aun cuando aquella produzca efectos fuera de la Capital FederaF81. m CNCont. Adm. Fed., Sala III, 1215/98, ED , diario del 1717/98. CNCont. Adm. Fed., Sala IV, "Cámara de Armadm·e ~ de Poteros Argentinos", 9/5/00, causa n• 41.8!!2199. Dice el fallo: "Siendo que en el estatuto de la Cámara de Armadores de Poteros Argentinos se han fijado como objetivo de esta entidad, entre otros, los de '(. .. ) e) representar a la actividad de los armadores de buques poteros en las relaciones con los poderes públicos (. .. l' y '(. .. ) () contribuir al desarrollo de las empresas nacionales radicadas, impulsando y sosteniendo su derecho de expansión en tanto la existencia de recursos de aprovechamiento sostenible lo permita (. . .)',constituiría un ritualismo excesivo sostener que las facultades otorgadas a la referida asociación no se extienden a la posi bilidad de actuar en juicio en defensa de los intereses de sus integrantes. Ello es así, en tanto se prevé específicamente la eventualidad de actuar ante los 'poderes públicos' entre los cuales no se a dvierte motivo alguno para excluir a l Poder Judicial de la Nación". 278 Fallos, 323 :1339 (2000). ~79 CNCont. Adro. Fed., Sala I, 5/3/98, ED, t. 178, p. 779. 2so "Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agrope· cuaria c/Poder Ejecutivo Nacional", Fallos, 323:3085 (2000). ~8 1 CNCont. Adm. Fed. , Sala III, 17/4/97, "Colegio Público de Abogados dt: la Capital Federal c/Dirección Nacional de Migraciones", causa nº 6128/96. 2 77

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En los Estados Unidos también se concede legitimación a las asociaciones, siempre y cuando se demue tre que ellas en forma directa, o sus miembros, poseen interés en el litigio. Un caso emblemático de rechazo de la legitimación fue el ya citado "Sierra Club v. Morton" ~ 82 , donde se desconoció legitimación a una entidad ecologista para impugnar -<:on tales fines- la construcción de un centro de esquí en un parque nacional, pues no demostró de qué manera tal emprendimiento podía afectarla a ella o a sus miembros. Contrariamente, en "NAACP v. Alabama "~l!3 , la entidad protectora de las personas de raza negra 2R• pudo evitar que el estado de Alabama le exigiera informar su listado de miembros. Si bien la acción eslaba iniciada por la NAACP por su propio derecho, se le reconoció también capacidad procesal para representar los derechos de sus miembros. La Corte Suprema norteamericana estableció tres requisitos para que una organización pueda representar a sus miembros en "Hunt v. Washington State Apple Advertising Commission"285, una acción entablada por una entidad de productores de manzanas del estado de Washington, quienes impugnaban una ley de Carolina del Norte que interfería con la comercialización interestatal de su producción. Los tres requisitos son: a) que los integrantes posean por sí legitimación para litigar en el caso; b) que los intereses que se pretenden defender estén dentro del objeto de la asociación, y e) que ni la petición ni el remedio requerido en ella hagan necesaria la participación de los integrantes de la asociación en el proceso. Estos requisitos fueron luego ratificados en "International Union, United 405 U .S . 727 (1972). 357 U .S. 449 (1958). La National Association for the Advaucem ent of the Colored Peoplc (NAACP), fundada en 1909, es una organización de alcances nacionales, dedicada a la protección de los derechos civiles de personas de raza negra. Cuenta con oficinas en todo el país y fue la promotora - entre otros- del fam oso caso "Brown v. Board of Education of Topeka", 347 U.S. 483 (1954) -llevado a delante por Thurgood Marshall, quien luego fu era el primer juez negro de la Corte Suprema (1967 19~: )-, caso llste que. derogó,el criterio de discriminación racial basado en el principio de separados pero 1guales (separate but equal) establecido en "Picssy v. Ferg uson", 163 U .S. 537 ( 1896). 2~5 432 U.S. 333 ( 1977) . 2s2

2•~ 2114

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" 2ss en "New York State Club Automobile Workers v. B roek Y . N V k "287 Association v. Clty of ew ~.or .

b) MI OPINIÓN. - Analizar la legitimación de las asociaciones requiere detenerse inevitablemente en la _Parte final del segundo párrafo del art. 43, donde dice: "Podrán mterponer esta acción lde amparo)(. . .) las asociaciones que propend~n a _esos fine s, registradas conforme a fa l~~· }a que deter~1~ara los requisitos y formas de su orgaruzac10n . Subrayo el ~t~n:o. segmento de esta norma, pues reside allí lo que a m1 JUlClO es la clave del problema. Toda asociación que se arrogue la defensa de algún derecho de incidencia colectiva debe estar registrada conforme a una ley que determine los requisitos y formas de su organización. Ciertamente son varias las necesidades interpretativas que esta norma suscita. Una primera divide la cuestión en si se trata una ley especifica que emane directamente del art. 43, o si se trata de la ley general aplicable a todas las asociaciones, tengan o no el fin indicado en el art. 43 . La segunda necesidad, derivada de las posturas que se hayan adoptado ante la primera, es si la ausencia de esta ley inhabilita a los jueces para conceder legitimación a las asociaciones en su ausencia o si, por el contrario, ello es superable. Ante esta última posibilidad se abren dos más: que la Constitución sea meramente programática en este caso, o que pueda ser suplida por los jueces mientras el Congreso dicta la legislación respectiva . Dicho más esquemáticamente: a) En punto al carácter de la ley que menciona el artículo 43 : 1) es necesario el dictado de una ley específica, o bien 2) no es. necesario el dictado de una ley específica, pues resulta sufic1ente la legislación vigente aplicable en general. b) Si fuera necesario el dictado de una ley específica : 1) los jueces no pueden conceder legitimación a las asociaciones hasta el dictado de la ley, o bien 2) los jueces pueden conceder legitimación a las asociaciones pendiente el dictado de la ley, pues: r) la Constitución 286

477 U.S. 274 (1986).

287

487

u.s. 1

(1988).

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ha previsto una cláusula meramente programática, o n) los jueces pueden suplir esta exigencia mientras se dicta la legislación especifica. Hasta el presente, en la Argentina los hechos nos indican que a) no se ha dictado la legislación específica, y b) los jueces conceden legitimación a las asociaciones. Ante la ausencia de una fundamentación específica sobre el particular, no conocemos las razones de ello; por lo tanto se abren dos posibilidades: la Constitución no exige una ley específica, pues alude a la ley general, o bien la cláusula constitucional es meramente programática. En punto a la primera duda, tengo para mí que la Constitución exige una ley especia[ 2HH. No tendría sentido que una cláusula constitucional remitiere a la legislación general, pues en ese caso cada artículo de la Constitución debería hacerlo en todas las materias que aborda ~ 8~. Me parece entonces que el Congreso tiene el deber -no cumplido aún- de dictar la ley especial a que alude el art. 43 , por medio de la cual se establezcan los requisitos y formas de organización de las asociaciones de defensa de los derechos de incidencia colectiva. Creo asimismo que no estamos ante una cláusula programática -si las hay-, pues los jueces no pueden quedar sujetos a la desidia del legislador y faltar a su deber de proteger los derechos que la Constituc-ión reconoce y tutela; de lo contrario se harían cómplices de la demora legislativa. Pero ello no debe trasladarnos al otro extremo y conceder legitimación a cualquier asociación establecida sin más recaudos que los previstos en la legislación general. Lo que la Constitución ha querido es que esas asociaciones tengan un estatuto especial, y en ausencia de una legislación específica, son los jueces quienes deben imponer algunos requisitos siquiera mínimos. Así lo ha entendido 288 La r <J formo de 1994 fue pródiga e n imponer al Congreso la sanción de leyes especific:as para variadas mat.erias. Si bien el número de ellas varía según cada recuento , m e voy a guiar por el de VANussl, que llega a veintiséis (VANOSSt, Jorge R. , La Constitución evanescente (Una reforma espasmódica), LL, t . 1994-E, p. 1246, esp. p . 1252). 289 También B IUART CAMPOS parece soslener esta opinión cuando dice "La norma las habilita con la condición de qu e estén registradas conforme a la ley, pero mientras a falta de ley no estén registradas damos por cierto que basta que existan con alguna formalidad asociativa" (BmART CAMPOS, Germán J., Manual de la Constitución reformada , Ed.iar, Buenos Aires, 1997 , t. ll, p. 383).

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

"H unt" los a las aso -

e los Estados U nidos, al esta blecer en e or t e d 1 ·f ·'n tres requisitos mínimos para reconocer e¡p. 1mac10

1a

ciaciones . · · ·ó d 1 s aso En mi opinión, para evaluar la le¡p.t1mac1 n e a ciaciones a las que alude el art. 43. debemos tener e~ cuenta algunos elementos iniciales. En pnmer l_ugar, su obJeto. No me parece indicado que posean una amplitud tal ~ue les permita iniciar cualquier acción en defensa de cualqmer derech_o, pues de allí a la acción popular sólo falta recorrer un pequeno trecho. No resulta suficiente así que tenga por fin "la defensa de los consumidores y usuarios". El objeto debe estar enderezado a la defensa de ciertos y precisos intereses . En segundo lugar debe atenderse a sus integrantes. Quienes la constituyen ; conforman como miembros -integren o no sus ó_r,ganos de administración y dirección- deben tener alguna relac10n con los intereses defendidos, que demuestre su capacitación en torno al conocimiento técnico de la materia que será discutida. No es lo mismo promover la defensa de los usuarios del servicio de electricidad que de los que se perjudican por la polución de los ríos. En tercer lugar, debe exigirse una mínima condición patrimonial en función del monto involucrado en el litigio. Las asociaciones que normalmente están orientadas a la protección de los derechos de incidencia colectiva promueven litigios que poseen alto contenido patrimonial. Es razonable entonces examinar con qué pueden responder a una eventual condena en costas, no siendo razonable en este caso escudarse en el beneficio de litigar sin gastos, que se otorga a quien se ve obligado a defender un derecho estrictamente propio. En cuarto lugar, y ya desde un punto de vista procesal, debería exigirse que la asociación identifique con la mayor precisión posible el universo de personas que dice representar, y que el tribunal le imponga dar noticia suficiente a ellos de la promoción de la acción, con el objeto de permitirles participar en el proceso a fin de garantizar mejor sus derechos. En síntesis, la ley a la que alude el art. 43 en punto a las asociaciones no ha sido dictada todavía. Ello no constituye un óbice para reconocerles legitimación , pero la omisión legislativa tampoco debe ser utilizada para no cumplir con el propósito del constituyente que anida en la obligación impuesta al Congreso. Son los jueces entonces quienes en cada caso deben examinar la legitimación de cada asociación que se presenta

79 LA LECITlMAClÓN PROCESAL

.

tar a la luz de requi-

a defender los derechos que dlce represen . ' sitos mínimos. § 7 4. Los legisladores

La legitimación de los miembros. de~ ~ongreso para act~ar ante la justicia tiene una dimensión mdiVldual y otra colectlV~. En el primer caso actúan individualmente! por. derec~o pr.oplo en la defensa de sus intereses como funClonru:os leg¡sla_twos. En el segundo caso pueden darse. dos ~lternatwas: 1~, p~unera tiene lugar cuando invocan interferenciaS en su funClO~, la seda cuando invocan la defensa de intereses colectiVOS de ~~ r~presentados. Esta segunda alternativa se ha dado en la Argentina, no en los Estados Unidos. En los párrafos .que siguen voy analizar el problema tanto e1_1 los Estados Umdo.s como en la Argentina, enfocándolo espec1almente desde la dlmensión colectiva, pues la primera de ellas está admitida Y no es objeto de controversia. a) EN LOS ESTADOS UNIDOS. - En los Estados U nidos no existen dudas acerca del otorgamiento de legitimación suficiente cuando están en juego cuestiones personales de los legisladores; tal, por ejemplo, el planteo de inconstitucionalidad de una ley ~ que les redujo sus salarios 291 • Tampoco han existido inconvenientes en reconocer standing a un legislador que reclamaba una compensación económica debido a que la Cámara de Representantes se negó a que ocupara su banca 292 , lo que a juicio de algunos observadores ha constituido uno de los casos más esp.ect~culares de esta serie 293 • En estos supuestos, los pronunc1am1entos de la Corte Suprema son claros. 90

2 9° Se trataba dt! la ley Gramm-Hudman, que como medio de reducir el déficit imponía la rebaja tanto del sa lario de los legisladores como del personal legislativo. 29 1 "Bowsher v. Synar", 478 U .S. 714 (1986). 2 ij~ "Powell v. McCormack", 395 U .S. 486 (1969). Con anterioridad a este fallo, la Corte había sostenido similar principio respecto de un legislador cstadual en "Bond v. Floyd", 385 U .S. 116, 128 (1966). 29:l KEF.FF., William, and 0GUL, Moni s, The American Legislative Process , 9th ed ., l?rentice Hall, New .Jers ey, 1997, p. 418.

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Las dificultades interpretativas aparecen cuando los legisladores reclaman por interferencias que han sufrido en el proceso de sanción de las leyes. En este terreno no existen pronunciamientos expresos ni definitivos de la Corte Suprema relativos a la legitimación de los legisladores federales y sólo uno relativo a legisladores estatales, que en definitiva fue rechazado. Se trata del conocido caso "Coleman v. Miller" 29\ donde un grupo de veinte miembros de la legislatura de Kansas planteó la inconstitucionalidad de la decisión de la legislatura de ratificar una enmienda constitucional relativa al trabajo de menores. Si bien la Corte rechazó el planteo, sosteniendo que se trataba de una cuestión política no justiciable, tres de sus jueces encabezados por el Chief Justice Hughes les acordaron standing 295; cuatro -según el voto del Just ice Frankfurter- se los negaron, y dos, finalmente , no se pronunciaron sobre el punto 296 . Para analizar la tendencia jurisprudencia! relativa a legisladores federales , es preciso acudir -como dije- a la jurisprudencia de los tribunales federales inferiores , especialmente a los precedentes de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia (United States Court of Appeal for the District of Columbia Circuit), tribunal que es naturalmente competente para entender en estas disputas. Allí se ha otorgado cierto grado de legitimación a los miembros del Congreso cuando alegan que su accionar como legisladores ha sido anulado. Así fue decidido, por ejemplo, en el caso "Goldwater v. Carter" 29 \ donde se impugnó la denuncia efectuada por el presidente Carter del tratado con Taiwan. Esta decisión luego no prosperó en la Corte, pues fue revocada (uacated) sobre la base de que se trataba de una cuestión política 298 • De toda esta serie, la decisión que más amplio standing otorgó a miembros del Congreso fue "Mitchell v. Laird" 299, donde fue cuestionada la constitucionalidad de la Guerra de Vietnam por no h~ber . sido declarada por vía legislativa. Este prece~ dente no Implicaba, de todos modos, la existencia de un criterio 294

295

2 96 2 7 9 298 2

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307 U.S. 433 (1939). Lo acomp a ñaron en este votos los Justices Butler y McReynolds. C ~LEM ElU NSKY, Erwin, Federal Jurisdiction, cit., p. 105. 617 F.2d 697 , 702 (Cor te de Apelaciones del Distrito de Columbia, 1979). 444 u.s. 996 (1979) . 488 1<'.2d 611 (Circuito del D.C., 1973).

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jurisprudencia\ uniforme en las Cortes de Apelación federales. Efectivamente, al mismo tiempo que la Corte de Circuito del Distrito de Columbia concedía esta legitimación, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito 300 , en "Ho\tzman v. Schleinger" ~0 \ la denegaba en un caso muy similar donde se cuestionaba el bombardeo sobre Camboya ordenado in int ervención del Congreso. Es más, la doctrina de "Mitchell v. Laird" fue rápidamente limitada en sus alcances -por el mismo tribunal que la estableció- en "Kennedy v. Sampson" 302 • El senador Kennedy había impugnado el "veto de bolsillo" 303 impuesto por el presidente Nixon a una ley, y si bien se le concedió legitimación para hacerlo, el Tribunal aclaró que lo hacía en la medida en que el veto anulaba lo actuado por el actor como legislador. Una n ueva y más concreta derogación de "Mitchell v. Laird" tuvo lugar en "Harrington v. Bush" 304 • Aquí se trataba del cuestionamiento de partidas presupuestarias destinadas a la CIA, ocullas en los presupuestos de otras agencias estatales. En este caso, la legitimación para accionar fue denegada-. Tampoco prosperó la legitimación invocada por un grupo de sesenta representantes (diputados) en "Edwards v. Carter" 306 • En este aoo En los Estados Unidos, las circunscripciones judiciales federales se lla· man Circuitos. Hay trece circuitos dP.t.erminados en 28 USC § 41 Y el segundo corresponde a los estados de New York, Connecticut Y Vermont. 301 484 .F.2d 1307 (2• Circuito, 1973). ao2 511 .F.2d 430 (Circuito del D.C. , 1974). ao:< En los Estados Unidos existe el denominado "veto de bolsillo" (pocke.t ueto) previsto en P.l Art. I, sección 7, el. 2, que es propio del sistema de funcio· namiento del Congreso en ese pals. Dado que allí el Congreso abre y cierra sus sesiones a voluntad - a diferencia de nuestra Constitución, que establece rígida· mente la !'echa de apertura y cierre del periodo ordinario- puede ocurrir que el plazo de diez días (sin contar los domingos) que el Presidente posee para reenviar una ley vetada sea disminuido o bien eliminado por una clausura anticipada . Para evitar esta circunstancia, la Constitución prevé que se considerará vetada toda ley que haya sido remitida al Poder Ejecutivo si el Congreso clausura sus sesiones antes de pasados diez días del envío. La Corte Suprema ha tenido opor· tunidad de analizar el veto de bolsillo principalmente en dos ocasiones: "The Pockel Veto Case", 279 U.S. 655 (l929) y "Wright v. United States", 302 U.S . 583 (1938). 30 4 553 F.2d 190, 213 (Circuito del D.C., 1977). 30fi El Tribunal sostuvo que se cuestionaba aquí una práctica del Congreso Y que por lo tanto no era su cometido entrometerse en un asunto interno del Poder Legislativo. 3 6 Así fue resuelto en la Corte de Distrito, 445 F.Supp 1279 (Tribunal de 0 Distrito del D.C.), y confirmado - bien que con diferentes fundamentos- por la Cort.e de Circuito, 580 F.2d 1055 (Circuito del D.C., 1978).

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caso se cuestionaba que el presidente Carter hubiera sometido la aprobación de los tratados sobre el Canal de Panamá solamente al Senado, sin intervención de la Cámara de Representantes. El Tribunal les denegó legitimación sobre la base de que los legisladores no pudieron demostrar que la acción ejecutiva hubiera entorpecido o anulado en forma total el proceso legisla ti vo 307 • En casos más recientes, la legitimación de los legisladores ha sido más restringida aún, llegándose a sostener que la anulación completa de la actividad legislativa no es suficiente para asegurar la legitimación, la que puede ser denegada aún en presencia de todos los requisitos para otorgarla, invocando la doctrina de la equita ble discretion (discrecionalidad equitativa). Esta doctrina fuP. sostenida inicialmente el caso "Riegle v. Federal Open Market Committee" 308 , en el cual un legislador demandó al Comité del Mercado Abierto Federal (Federal Open Market Committee), pues estaba presidido por personas que no habían obtenido para ello la aprobación del Senado. El Tribunal, si bien admitió que el actor poseía standing para promover la acción, rechazó el planteo como forma de ejercicio de su "discrecionalidad equitativa". En casos posteriores esta doctrina fue retitulada, denominándosela remedial discretion (discrecionalidad reparadora), y bajo su imperio han sido resueltos casos como ''Vander Jagt v. O'Neil" 309 , en el cual fue rechazada la demanda de un legislador rep_u~~icano . que. impugnaba la distribución de cargos en una com1s10n leg¡slat1va de la Cámara de Representantes. Tamb1én fue empleada la remedial discretion en "Moore v. Hous~ o~ Rep.resentatives" 3 10 para rechazar el planteo de inconstltucwnahdad de un proyecto de ley sobre im t . . d pues os que no se h b ' . a la ongma o en la Cámara de Representantes an. Igual 307 445 F.Supp en p. 1286 aoa 656 F.2d s7a (Circuito del D C 198 ) 1072 (1981). · ·• 1 . certiorari denegado en 454 U.S. 309 699 F.2d 1166 (Circui 823 (1983). to del D.C. , 1982), certiorari denegado en 464 U.S. 310 733 F.2d 946 (C ' ·to d ¡ D 1106 (1985). rrcu¡ e .C. , 1984), certiorari denegado en 469 U.S. 'JI] R . . ecordemos que en los Estados Unidos ri . . Clón 7, el. 1, el mismo principio establ .d 1 ge, por unpeno del Art. J, Secque en esto ha seguido una vez á eclt o ednle art. 52 de nuestra Constitución, m s e mo e o norteamencano.

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doctrina sirvió para rechazar en "Crockett v. Reagan au, una demanda planteada por veintinueve legisladores que impugnaban la ayuda otorgada por el gobierno federal a El Salvador por considerarla violatoria de la Ley de Asistencia Internacional de 1961. Con igual criterio fue rechazada en Gregg v. Barrett":m, una demanda relativa al cuestionamiento de transcripciones verbales efectuadas en los Libros de Sesiones y también fue rechazada por un tribunal de distrito en "Lowery v. Reagan" 314 una demanda en la que se alegaba la violación de la Resolución sobre Poderes de Guerra por parte del presidente Reagan:m. Completan esta mención jurisprudencial los casos "Raines v. Byrd" 316 y "Dcpartment of Commerce v. United States House of Representatives" 317 . En el primero de ellos, seis legisladores (cuatro senadores y dos representantes) impugnaron la constitucionalidad de una ley sancionada el 12 de enero de 1997 3 lll, que permitía al Presidente adoptar ciertas medidas de reducción presupuestaria. En un fallo redactado por el Chief Justice Rehnquist:m , la Corte Suprema revocó el fallo de la Corle del Distrito de Columbia -que había decretado inconstitucional la ley- y declaró la inexistencia de legitimación en los legisladores 320 • :l12 720 F.2d 1355 (Cir~uito del D.C.), certiorari denegado en 467 U.S. 1251 (1983). 8 1 ~ 77 1 fi'.2d 539, 543/546 (Circuito del D.C., 1985). 3 H 676 F.Supp 33 ('f'ribun "l de DisLrito del D.G., 19M7). 31' Vale la pena mencionar en esta lín ea ne¡:atoria del ~tanding de los le· gisladorcs el caso "McCiure v. Carter", 513 F.Supp 265 (Tribunal de Distrito de ldaho, 1981 ). El senador McClure impugnó la designación como juez de la Corte de Apelaciones del DistriLo de Columbia de un ex legislador de apellido Mikva sos Leni endo que su nombramiento era violatorio del Art. I, sección 6 cláusula de la Constitución , que prohíbe la designación de senadores o repres~ntantes en cargos d~l Gobu~rno federal c~ando los salarios correspondientes a e e cargo han stdo lOCi ementad~s por dectslón del Congreso durante el ma ndato legislativo del ~e~ tgnado. El tnbunal , SI~ embargo, rechazó la demanda, pues sostuvo que cateda de leg¡ttmact~n para tmpugnar judicialmente una decisión en la que había quedado en mmona en la votación. a16 521 U.S. 811 (1997). m 119 S.Ct. 765 (1999). a1s L. ¡ zne tem Veto Act, 110 Sta tutes at Large 1200; 2 USC § 691. 319 Concurneron en el voto los j ustices Ginsburg y Souter y disintieron los . J us t wes 8 tevens y Breyer. 32o El d d a~gumento empleado por la mayoría fue, básicamente que habían

2

O e n mtnoría al sancionarse la ley y no exhibían anavins p~rsonai'H' c 1 u ~ met·ec1eran atención por parte del 1'ribun n l.

que a .

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En el segundo caso, la Cámara de Diputados (House of Rep.resentatives) demandó como cuerpo el uso por parte de la Oficma de Censo (Census Bureau) de un sistema de muestreo estadístico en reemplazo de uno anterior, basado en el cómputo por cabeza, para la distribución de los distritos electorales .e~ las elecciones del año 2000. La Cámara alegaba tener legitimación para ello , pues la elección de uno u otro sistema afectaba su integración, y además el sistema empleado la privaba de información sobre la composición de la población. En un fallo dividido 321 , la Corte finalmente omitió pronunciarse expresamente sobre la legitimación de los legisladores. En primera y única instancia 322 había sido admitida esta legitimación y declarada asimismo la inconstitucionalidad del método empleado, pero la Corte rechazó la apelación del Department of Commerce (ministerio en el cual actúa la Oficina de Censo) por ausencia de cuestión federal sustancial, invocando que una cuestión similar ya había sido resuelta en un caso anterior 323 • b) EN LA ARGENTINA. - Entre nosotros se ha entablado un fuerte debate que tiene como protagonistas a algunos tribunales integrantes de la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, por un lado, y a la Corte Suprema por el otro. Los primeros han reconocido en algunas ocasiones legitimación colectiva a los legisladores, en tanto que la Corte Suprema la ha desconocido. Esta disputa tuvo una primera y célebre expresión con la decisión del juez Garzón Funes 324 cuando acogió favorablemente la acción de amparo promovida en su doble carácter 321 .

Por la mayoría votaron la jueza O'Co nnor (quien redactó el fallo) y los

JUe~es Scalia (en comctdencta parcial), Thomas , Rehnquist y Kennedy. En la mi-

nO!:a yBcon v:m antes quedó el sector liberal de la Corte, esto es, los jueces GinsbUl g, reyer, Stevens y Souter. 22 , ~. Actuó u~ tribunal de distrito de tres jueces que constituye un t ribunal de umca mstanc1a, según se es ta blece en 28 USC § 1253. Sobre el particular me remtio a lo que digo en Bt ANCHI, Alberto ~·· J urisdicción y procPdimientos en la Corte Suprema de lo~ Estados Unidos, Abaco, 13uenos rures 1994 § 16 ps. 127 y stgu1entcs. ' ' ' :l~~ Se trataba de un caso en el cual se hizo lugar a una dema nda planteada bor votantes de Indiana, que impugnaban el método empleado por la Oficina de ens~·~4POr ~1acerles. perder un diputado. Véase 119 S.Ct. en p. 773. A cargo POI entonces del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n• 2.

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de ciudadano y diputado nacional por Moisés ~ontela cont~a la privatización de la empresa Aerolíneas Argentin~. Ello dio pie al primer recurso extraordinario per saltum entoso en la historia de nuestra Corte Suprema, donde ésta, al revocar lo decidido en primera instancia, negó al diputado accionante ca3 rácter de persona legitimada para la promoción del a:mparo 2li . Dijo la Corte en esta oportunidad: "... no confiere legitimación al Sr. Fontela, su invocada 'representación del pueblo' con base en la calidad de diputado nacional que inviste. Esto es así, pues el ejercicio de la mencionada representación encuentra su quicio constitucional en el ámbito del Poder Legislativo, para cuya integración en una de sus cámaras fue electo, y en el terreno de las atribuciones dadas a ese Poder y a sus componentes por la Constitución Nacional y los reglamentos del Congreso. Tampoco la mencionada calidad parlamentaria lo legitima para actuar en 'resguardo de la división de poderes' ante un eventual conflicto entre normas dictadas por el Poder Ejecutivo y leyes sancionadas por el Congreso toda vez que , con prescindencia de que este último cuerpo posea o no aquel atributo procesal, es indudable que el demandante no lo representa en juicio" 32 Igual suerte tuvo el amparo promovido por los diputados Héctor Polino y Alfredo Bravo 327 en contra de la ley 24.309 , por medio de la cual se convocó a la Convención Constituyente de 1994. En relación con la legitimación de los actores como legisladores, la Corte dijo en esta oportunidad: "Tampoco confiere legitimación al recurrente su condición de diputado nacional, ya que el interés propio al que alude no ha sido sustentado, en modo alguno, con la precisa y suficiente fundamentación que exige el sostenimiento de un recurso extraordinario, para lo que no basta la in vocación genérica y esquemática de agravios" 32R. Debe ser mencionado también el caso "Terragno c/Estado Nacional" (decr. ~65/97) J 29 • Rodolfo Terragno, como usuario, y un grupo de leg¡.sladores, en su calidad de tales, impugnaron ij .

32 6 32 6

"José Roberto Dromi", Fallos, 313:863 (1990). Fallos, 313 :874. ~ "Polino c/Estado Nacional", Fallos, 317:335 (1994) 32 ~ Fallos, 317:343. · 3 "° CNCont. Adro . Fed., Sala ll, 3/6/97, J.L. t. 1997-F. 27

n

,._, . .

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por vía de amparo la privatización de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (Encotesa). El tribunal no reconoció legitimación a ning-uno de los actores. En lo que a los legisladores se refiere, citó en primer lugar la jurisprudencia emanada del caso "Dromi", antes mencionado, pero agregó además algo de importancia para entender la decisión en el caso particular. Fundó la ausencia de legitimación de los legisladores en que la caducidad del proyecto de ley tratado en el Congreso relativo a la privatización de Encotesa y la ausencia de otro similar con estado parlamentario revelaban que el Poder Ejecutivo no había obstruido la labor parlamentaria con el decreto cuestionado, lo que impedía el progreso de la acción 330 . Siete años después del caso "Aerolíneas", otro de ribetes similares reabrió el debate. Me abstengo de comentar este caso con detalle, pues ya lo hice anteriormente, lugar a donde me remito ;m _ Menciono solamente que se trataba también de otra privatización - la de los aeropuertos- que suscitó nuevamente la interposición de un amparo por parte de un grupo de diputados nacionales, quienes, invocando tal carácter, cuestionaron los decretos que habían dispuesto esta operatoria. Tanto en primera 332 como en segunda instancia 333 los magistrados del fuero en lo contencioso administrativo hicieron lugar a lo peticionado, otorgándoseles a los legisladores la legitimación correspondiente 33 4 , luego de haber sido dictada en primera 330 Dijo el Tribunal: "Por lo demás , aunque se admitiera que no cabe negar la tutela JHd!cial cuando resulta afectado el derecho subjetivo de los legisladores de cooperar en la formación de la voluntad pública de sancionar la norma no parece que en el caso tal afectación pudiera producirse toda vez que el proy~cto de ley referente al marco regulatorio del servicio de correos y privatización de EncotesaS.A., aprobado por el Senado y considerado en Comisión por la Cámara de Diputados, cuyos antecedentes hemos tenido a la vista y corresponde agregar : e~ta causa, por la ley 13.640, modificada por las leyes 23.821 y 2::1.992. Cabe gr gar que no ~e ha mvocado que exi~ta otro proyecto con estado parlamentario En tales condiCIOnes, no se advierte que el derecho de los actores a ejercer s~ función partiCipando en la formación de la voluntad del órgano -Pod L · 1 t" se encuentre, de modo inminent d . . er egts a Ivoel acto del Poder E . t . -d e, amenaza o, restnngtdo, limitado o privado por J ecu 1vo ecreio 265/97 _ J:l l Véase supra, §59. · 332 Juz Cont Adm Fed o 10 "N. cJP 8/7/97. ·· · · · n ' Ieva EN-Decr. ::175/97", sentencia del

~!: ~NCont. Adm . Fed.: Sala II, sentencia del 26/8/97 . · 1anto en la sentencia de primer · t funda la legitimación de los legislad alms ancfiia como en la de la alzada se ores en a mter erencia ejecutiva en el proceso

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instancia una medida cautelar 335 confirmada en l a alzada ~ . Inmediatamente, el Poder Ejecutivo dictó el decre.t o de necesidad y urgencia 842/97, que ratificó los d~ anten?res Y continuó con la operatoria de privatización. Esta fue tmpugnada nuevamente por los mismos legisladores, quienes en este caso lograron trabar una medida cautelar autónoma 337 donde se aludió brevemente a la legitimación de los legisladores, con iguales fundamentos expuestos en los fallos anteriores. Contra esta decisión, el Poder Ejecutivo planteó un recurso directo ante la Corte Suprema, la que al resolver, haciendo lugar a dicho recurso, se pronunció diciendo : "los diputados nacionales demandantes sólo están facultados para ejercer el control que les difiere la Carta Magna en el ámbito del Congreso de la Nación al cual pertenecen, mas no están habilitados para instar a que el Poder Judicial sustituya al Poder Legislativo (. . .)" 338 • Poco después, en "CMmez Diez c/Poder Ejecutivo Nacional"a:l9, la Corte volvió a rechazar por falta de legitimación una acción planteada por tres diputados nacionales en contra de la ley 24.699 que dispuso la prórroga del Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. En coincidencia con la Procuración General, se rechazó la demanda con fundamento en la falta de legitimación de los actores por no haber demostrado la existencia de un daño directo. A igual resultado se llegó en "Garré c/Poder Ejecutivo Nac\onal" 340 , donde tres diputados nacionales requelian -por vfa de amparo- la declaración de inconstitucionalidad del decreto 21/99. e) MI OPINIÓN. - No caben dudas de que cuando un legislador acciona defendiendo un interés estrictamente personal, legislativo, hecho que estaría dado, a juicio de estos pronunciamientos, en que estando bajo tratamiento una ley, el Presidente dispuso regular la cuestión por decreto. a~5 Sentencia del 8/5/97 . 336 Sentencia del 1017/97. 2 as7 N 5, "Nieva dPEN-decr. 842/97 s/medlda cautelar", sentencia del 2419/97 (cxplc. 18.504197). 33 ~ "Jorge Rodríguez-Jefe de Gabinete", Fallos, 320:2851 , 2887 (1997). Un extenso comentario a este caso puede verse en Btt:l.SA, Rafael A., y GARBER, Car·los A., Aeropuertos: algo más que un caso difícil, LL , t . 1999-C, p . 837 . 3 :i9 Fallos, 322:528 (1999). a4o Fallos , 323:1432 (2000).

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como pudo ser el caso "Powell", en los Estados Unidos, debe acordársele amplia legitimación. En este caso, el legislador es equivalente a un ciudadano más que está defendiendo sus derechos. Muy distinta es la situación del legislador que invoca una representación colectiva. La materia aquí analizada no es sencilla y los propios norteamericanos confiesan que la cuestión es todavía confusa 341 , siendo objeto de permanentes notas en revistas jurídicas 342 • Ello permite comprobar -una vez más- que los problemas que hoy estamos intentando resolver aqui ya fueron materia de discusión allí, donde esta problemática dista de tener una solución pacífica en la doctrina. Los autores norteamericanos están profundamente divididos en este terreno; mientras algunos sostienen que los tribunales han sido exageradamente restrictivos, otros, por el contrario, critican la tendencia jurisprudencia! por considerarla amplia. Entre los primeros se ubica CHEMERINSKY -profesor en la Universidad de Southern Califomia-, para quien la doctrina del remedia[ discretion es inconstitucional ya que, en su criterio, no puede permitirse a un tribunal abstenerse de actuar según su voluntad cuando está en juego una cuestión constitucional y se encuentran además reunidos los requisitos de la judiciabilidad del caso. A su juicio, esta doctrina se superpone con la de las cuestiones políticas, o, dicho de otro modo, si la cuestión es política, se aplica esta doctrina , pero no puede aditársele la de la discrecionalidad reparadora 343 • A favor de una mayor restricción se encuentran, por un lado, el actual Justice Antonio Scalia y el ex juez Robert H. Bork. Siendo jueces de la Corte de 341

En 1987 , cuando se publicó la penúltima edición de The Constitulion

nf the Unilecl S tates o{ America, preparada por el Congressional Research Service

dep endiente de la Library of Congress (U.S. Govern.ment Printing Office, Washington) que constituye el tratado oficial del gobierno federal de los Estados Unidos sobre der echo constitucional , el capítulo referente al standing de los legisladores frnalizaba diciendo "The status of this issue remains in confusion" (p. 685); en 1996 se publicó la última edición de esta obra, y este capítulo fmaliza diciendo lo mismo (p. 668), lo que es claramente indicativo de las dificu ltades que el tema present.a. s•" Véase, por ejemplo, Congressional Access to the Federal Courts, "90 Harvard Law Review", 1632, 1647/8 (1977); Should Congress De{end its Own Interests B~(orP the Courts? , "33 Stanford Law Review" 715, 724/32 ( 1982); The .Justiciability of Congressional·Plaintiff Suits , "82 Columbia Law Review" 526, 536/9 (1982). ~
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Apelaciones del Distrito de Columbia, ~ v~taron en_disidencia en "Moore v. House of Representabves" , sosteruendo que los legisladores carecen de todo tipo de legitimación para el planteo de cuestiones que no sean personales pues para ello cuentan con los resortes de poder que poseen en su condición de legisladores. Igual opinión expresa Laurence TRmE -desde su cátedra en Harvard- quien sostiene que cuando un legislador demanda judicialmente lo que no ha podido hacer prevalecer en el recinto legislativo sólo está exhibiendo la imposibilidad de convencer a sus colegas en la medida en que no pruebe haber sufrido una interferencia ilegítima en su labor legislativa 345• Señalo asimismo que esta disputa en los Estados Unidos no está alimentada por posiciones ideológicas encontradas. En efecto, es bien sabido que BoRK y TRIBE representan prácticamente los extremos del conservadorismo y del liberalismo respectivamente, enfrentamiento que se hace patente en temas cruciales tales como el del aborto. En este terreno es bien conocida la marcada disputa entre la línea antiabortista de BORK 346 y la proabortista de TRIBE 347 • La cuestión del standing de los legisladores, sin embargo, parece estar más allá de sus diferencias ideológicas y los encuentra unidos bajo el mismo criterio. En la Argentina observamos todavía el despertar de esta disputa, lo que nos coloca en una situación bastante similar a la dt! los Estados Unidos en la década de 1970, cuando ese país era gobernado por el presidente James Carter, bajo cuyo mandato se produjeron muchos de los casos arriba examinados. En efecto, la colisión que vemos entre los tribunales contencioso-administrativos y la Corte Suprema es similar a la que existía entre la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia y la Corte norteamericana en aquellos años. La diferencia sustancial entre ellos y nosotros es que aquí la Corte Suprema ha dicho expresamente que los legisladores carecen de legitimación, mientras que el 'I\·ibunal norteamericano ha optado 344 733 F.2d 946 (Circuito del D .C., 1984), certiorari denegado en 469 U.S. U06 {1985). a•~ TRIRI::. Laurence, American Constitutional Law, ob. cit., p . 462. 346 BoRK, Robert H. , Slouching 7bwards Gomorrah. Modern Liberalism and American Decline, Regan Books, 1997, ps. 172 y siguientes. 347 TRIO!:: , Laurence H ., Abortion. The Clash of Absoluts , W.W. Norton &

Co. , New York-London , 1992.

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por la solución expedita y menos comprometida de las cuestiones políticas adoptada en "Coleman v. Miller" 348 , Y "Goldwater v. Carter" ~•Y, como vimos, salvo "Raines v. Byrd" "ó0 , pero del cual -insisto- no pueden extraerse conclusiones definitivas. Es de observar, sin embargo, que con posterioridad los tribunales federales inferiores cambiaron de criterio y sin decirlo expresamente, aplicaron también una suerte de doctrina de las cuestiones políticas, bien que disimulada bajo las teorías de la equitable discretion y de la remedial discretion, que no dejan de ser, en el fondo , una versión ad hoc de aquélla. Este cambio, que se verifica especialmente en la jurisprudencia de la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, motiva la segunda reflexión, que hace al compromiso político que asume un tribunal de justicia cuando decide intervenir en la disputa entre dos poderes del Estado, por más jurídica que ésta parezca. En lo atinente a la jurisprudencia de nuestros tribunales, creo que las conclusiones deben abarcar los dos tipos de casos vinculados con la legitimación colectiva de los legisladores, esto es, cuando invocan una interferencia en su función legislativa (caso Nieva-aeropuertos) y cuando intentan representar un interés colectivo de sus representados (caso Fontela-Aerolíneas Argentinas) . En cuanto a lo primero, ¿podemos decir que el legislador está defendiendo aquí un derecho propio? Creo que no. Distingamos para ello entre los derechos y pri vilegios propios de que una persona goza en su calidad de legislador y las prerrogativas que posee el cuerpo legislativo, al cual pertenece como órgano del Estado. En el primer caso, nos encontramos con el derecho a la retribución económica establecido en el art. 74 o con los privilegios e inmunidades funcionales previstos en los arts. 68, 69 y 70 de la Constitución, cuya defensa ante los tribunales es incuestionable, como ya dije . En el segundo caso, nos encontramos ante el interrogante de si cada legislador, en forma aislada e independiente del cuerpo al cual pertenece tiene.le~i~imación procesal para defender en nombre de aquéÍ el prmc1p10 de la división de poderes que considera afectado. 348 307

a
u.s. 43 u .s.

(1939).

996 (1979).

521 U .S. 811 (1997).

91 LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

l dimensión que esto posee -y me Para tener en cuenta a t tribunales contenciosoadrefiero al caso concreto de nues ros te como primera cuestión, ministrativos- debemos tener ¡.res~n e~ la solución de conflictos que su cometido habitual y ?r lmano El tribunal de lo cantenentre e\ Estado y los partlcu ares. . . . l ciosoadministrativo es el que por antonomasla di~uetda a tensión entre los derechos de los particulares Y los mteres~~ qu; tutela de la Administración Pública. Pero C?ando un tn una se avoca a un asunto planteado por un leg1s~ador o un _gru?o de legisladores que denuncian una pres~nta mterfe~enc1a _eJecutiva en su función legislativa , el mag1strado que u;tterv1ene debe tener presente que está saliendo del mundo relat1~amente aséptico que le ofrece el litigio entre el Estado y los pa:t1cular~s . La arena de la disputa es muy diferente, y por mas ropaJeS jurídicos con que se la quiera vestir, el conflicto es netamente político, pues se desarrolla entre dos grupos opuestos e~ el Congreso , de modo que el juez dej a de ser tal para conv~rtlrse en una suerte de árbitro de esa disputa. Todo lo que d1ga en consecuencia estará irremediablemente influenciado por la puja de poder que todo caso de esta naturaleza tiene ínsito. Y no me caben dudas de que en buena medida ha sido ésta la causa del cambio operado en los tribunales federale s inferiores en los Estados Unidos, los cuales finalmente han terminado aceptando con la Corte Suprema -aunque implícitamente- que se trata de cuestiones políticas ajenas a su conocimiento. Reducida esta cuestión a términos muy sencillos, cuando se denuncia una interferencia ejecutiva en el proceso legislativo, lo que está en juego es lisa y llanamente la división de poderes . Y me pregunto si cada legislador, en forma individual, es el titular de la defensa de la Cámara a la cual pertenece cuando cree ver afectada la división de poderes. Creo que no lo es, por dos razones básicas . Primero, esa defensa pertenece al cuerpo legislativo como tal y no a sus miembros en forma individual, siendo el cuerpo legislativo el que debe arbitrar los resortes de poder necesarios para actuar en defensa de la división de poderes afectada. Quien integra un cuerpo orgánico, sea legislativo o no, puede intentar por sí solo ejercer la defensa de ese cuerpo . Es preciso que en ese terreno, como en cualquier ?tr~, _respete la regla de la mayoría; de lo contrario, la decisión JUdiCial que se pretende podría alterar la voluntad de la mayor:ía Y serían los tribunales los que se arrogaria.n la función

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de legislar. Segundo, lo que en estos casos se plantea es un típico conflicto de poderes que los tribunales federales . ~o están llamados a resolver, porque la Constituci~n n~ ~os hab1hta para ello y no existe una competencia que 1mphc1tamente. pueda extraerse a estos efectos del art. 116 (ex art. 100). C1erto e.s que en el derecho público provincial es frecu~nte qu~ se at~l­ buya a la Corte Suprema o Tribunal Supenor en mstanc1a originaria el conocimiento de los conflictos suscitados entre poderes públicos 35 \ pero no debemos olvidar que: a) es una competencia muy especial, atribuida en forma expresa al máximo tribunal provincial en instancia originaria, y b) se trata de conflictos planteados institucionalmente a través de los carriles orgánicos preestablecidos y no de demandas aisladas que tal o cual legislador promueve, arrogándose la representación de todo el cuerpo. En síntesis, creo que es bueno, a la luz de los antecedentes examinados, repensar si no nos encontramos aquí frente a una típica cuestión política no justiciable, tal como lo ha sostenido la Corte de los Estados Unidos. En cuanto a la segunda forma de legitimación colectiva antes mencionada, esto es, la defensa de los derechos de la ciudadanía, creo que la incompetencia -y la falta de legitimación procesal, por ende- de los legisladores es manifiesta, ya que la Constitución ha contemplado para ello al Defensor del Pueblo de la N ación, quien actúa precisamente en la órbita del Congreso de la Nación, lo cual hace desaconsejable que los propios legisladores se arroguen la función otorgada específicamente al Defensor. Ciertamente, ésta no es una cuestión pacífica en nuestra doctrina, donde BIDART CAMPOS, por ejemplo, propicia la legitimación activa de los legisladores 3 ~ 2 • § 75. El Ministerio P úblico

No es común citar al Ministerio Público como aforado colectivo, ni .tampoco ha actuado hasta ahora como tal, pero no es menos c1erto que la Constitución le reconoce esa legitimación expresamente. El artículo 120 -con igual énfasis al del 43, 351 Tal, por ejemplo, la Constitución de Buenos Aires en el art. 161 inc. 2~ (anles art. 149, inc. 2Q). ' 352 BIDART CAMPOS, Germán J ., La legitimación procesal activa de los legis · /adores , LL, t . 1997-F, p. 564.

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LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

para los legitimados colectivos ~lí previstos- dice que ~~ Ministerio Público "tiene por functón promover Úl actuacwn de La justicia en defensa de la legalidad, de los intereses generales de la sociedad", criterio que repite con exactitud el a.rt. l º de la Ley Orgánica del Ministerio Público3S3. Hasta el momento, este órgano se ha mantenido dentro de los límites tradicionales en que desarrolló su actuación hasta la reforma de 1994. Si bien desde entonce se ha avanzado mucho en la construcción de lo que podria ser un nuevo (cuarto) poder del Estado a54 , no se ha llevado adelante todavía ninguna acción que permita visualizarlo como un defensor autónomo de la legalidad o de los intereses de la sociedad, fuera de la intervención que le cabe en los procesos conforme a las normas procesales vigentes. No obstante ello, el procurador general Nicolás Becerra, en el XI Congreso de la Asociación Interamericana del Ministerio Público 355 -con ocasión de asumir como presidente de esta entidad- hizo alusión a que "En función de esta exigencia constitucional, es necesario que la nueva organización del Ministerio Público sea pensada de frente a la comuni dad como defensores de sus intereses. Actualmente los ciudadanos, ya sea en forma individual, ya sea a través de encuestas, de su participación en organizaciones intermedias, nos hacen saber constantemente qué intereses quieren que sean atendidos. Hoy la mejor administración de justicia no debe entenderse desde puntos de vista técnicos, jurídicos o burocráticos, sino de la consideración de que se trata de un servicio social, de servicio público a cada ciudadano que de ella necesite" 356 , lo que pone de manifiesto la preocupación existente en tal sentido. § 76. Clases de personas a) NOCIÓN, ORIGEN Y DESARROLLO HISTÓRICO. -

En 1~

búsqueda de soluciones a los problemas que plantea la leg¡353 Ley 24.946 (BO, :l64 BtANCHl Alberto

23/3/98)

.

B., El Ministerio Públtco: ¿Un nuevo poder 1. (reex.amen de la doctrina d~ los órganos extropoder), ED , t . 162, P· 139 . . b 355 Llevado a cabo en La Antigua, Guatemala. \os dí:\s 25 a 27 de novtcm re de 2000.

.

"Revista del Ministerio Público", Procurac16n Gener diciembre de 2000. 356

al de 1a N ac1"6n , n~ 6 ,

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timación colectiva a gran escala, el derecho norteamericano ha desarrollado las llamadas class actions o acciones de clase, que pueden ser descriptas como un sistema procesal en el cual una persona o un pequeño grupo de personas, pueden representar a un gran número de individuos, todos poseedores de un derecho o interés común 'l5 7 • El origen de las class actions remonta en Inglaterra al siglo XVII en la Court of Chancery 358 a través del llamado bill of peace 359 y su propósito consistía en que aquellas personas que tuvieran pequeños reclamos unificados por un mismo interés no perdieran la posibilidad de ejercitarlos. Un bill of peace era permitido cuando el actor demostraba que debido al gran número de individuos que poseían el mismo interés el litisconsorcio (joinder) era imposible o impracticable y que las partes específicamente designadas podían representar adecuadamente los intereses de los no presentados 360 • 357 Véase sobre este tema, BtANCHt, 1\lberto B., Las acciones de clase, Ábaco, Buenos Aires, 2001; CUE1'o Rú11 . Julio C., La acciór1 por clase de personas (class actions), LL , t 1988-C, p. 952; FLAH, Lily R., y SMAVEVSKY. Miriam, La regulación procesal en el derecho fLntúiental americano (acción popular y acción de clase), LL, t. _1993-E, p. 935; GoZAtNI, Osvaldo A., La justicia constitucional, Depalma, Buenos Atres; 1994, p. 308_; PEYRANO, Jorge W., "Legitimaciones atípicas", en La legitimacwn, obra colectiva en homenaje a Lino E. Palacio, cit., ps. 79 a 90, esp. p. 87. MiS La Court of Chancery (Tribunal del Canciller o Corte de Cancillería) nace aproximadamente e~- el siglo XVI, aun cuando una ley de 1304 ya la menciona como ~n tnb~nal . . Surg10 de la facultad inherente del Rey de Inglaterra para unparLor_JU StJcta directamente en todos aquellos casos en que los primeros tri~u~a.les.lDgleses de derecho estricto o common law no podían conceder a las partes l ecu¡ sus_ procedentes o eficaces; prerrogativa que el monar~a ejercía a través de su Canctller, qmen as1st1do de otro funcionario llamado Master of the Rolls p · de secretano encargado de los archivos, actuaba en calidad de "juez de e' ~~d=~·~ tr:e~Iados d~: Stglo XIX, la Corte de Cancillería estaba constituida por el C~nciller.

separ~~e:~~tee:~ L~ c:~:~od:e~~=~~i: de_archivos, actuando cada uno de ello~

1

~ho-equidad . Fue abolida por la le d p~me~a m~tancla en matena de derepasando entonces a constituir la ciza~c:;otb~mz~clon de los tribunales de 1873, punto véase SPENCER. J . R. , Jackson's Y Ulston del Htgh Court . Sobre este University Press. London, 1995 (re ~ac~mery of Justtce m England, Cambridge O:rford Companion lo Law Cl ¡rm~ ' ps. 3 a 10, y WAI,K~;R, David M., The . 3 5R El bill o{ peace, ~rop~:~ne ~~ ress, Oxford, 1980, ps. 202 a 204. mterpone cuando el derecho ¡"n d procedlffi.lentos en cortes de equidad se · voca o por a]gu · d •· vana~ personas, en diferentes momentos ten_ pue e_ser controvertido por Black s Law Dictionary 7th ed W t G y a traves de diferentes acciones (cfr 360 Así fue resuelto por 1~· Coes t roup, Mmnesota, 1999, p. 155). . en 1805, fallo citado en FRIEDENTH~r /f Chancery en "Adair v. New River Co" Procedure, West Publishing Co M " ' ack; KANE, Mary, y MtLLtm, Arthur Ci~il • ·• mnesota, 1993, p. 723, nota 8 _

LA

LEGITIMACIÓN PROCESAL

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En los Estados Unidos, el empleo de las class actions empezó en el siglo pasado ~ 61 y actualmente existe tanto en el procedimiento federal como en el de los estados 362 • Uno de sus precursores fue Joseph STORY 363 , en dos obras, Equity Jurisprudence, de 1836, y Equity Pleadings, de 1838. Sostenía allí STORY que los tribunales de justicia sólo conocían del caso individual planteado entre el actor y el demandado. Los tribunales de equidad, por el contrario, tenían la posibilidad de traer ante sí a todas las partes a fin de establecer el derecho en forma general y obligatoria 364 . Así, durante el siglo XlX, las acciones de clase estuvieron limitadas a los procedimientos de equidad 365 , pero en el siglo XX existen dos fechas clave en la historia de las class actions 366 , :l6l Al igual que los ingleses, los norteamericanos también distinguieron originalmente entre la" cortes de equidad y las cortes de derecho, distinción que nunca ha existido en los países organi1.ados bajo el sistema del ciuil law . 36~ En el curso de este trabajo me voy a referir exclusivamente al procedimiento fed era l. Pero ello no obsta a que haga una mención. siquiera marginal, al procedimiento estadual. Los estados en general han seguido el modelo federal y el procedimiento que en ellos se aplica puede ser dividido en cuatro categorías: 1) lo" que mantienen todavía la vieja Regla 23 de 1938 (v.gr., Michigan, Virginia); 2) los que han adoptado la Regla 23 según su versión de 1966, que son la mayoría (A labama, Alaska, Florida, ldaho); 3) California, que posee un sistema particular establ ecido en la sección 382 del Código Procesal Civil, donde no se exige que el caso entre en alguna categol'Ía determinada de acciones de clase, y 4) los que han r evisado recientemente sus reglas de procedimientos, incluyendo en ellas la experiencia recogida en la jurisprudencia de los tribunales federales (New York, North Dakota, New Mcxico, M11ssachusetts, Rhode lsland); cfr., FRIEUENTHAL, KANt y MILLEH, ob. cit., ps. 738 a 740. 36:1 Joseph Story fue juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos entre 1811 y 1845, habiendo sido designado a la temprana edad de treinta y dos años. Apoyó incondicionalmente las decisiones de John Marshall en el Tribunal y fue en buena medida el redactor de muchas de ellas, lo que le valió la enemistad del pl'esidente Jackson, quien a la muerte de Marshall en 1835 se negó a designarlo Presidente de la Corte, nominación que recayó en Roger Taney. Fue asimismo uno de los fundadore s de la Facultad de Derecho de Harvard y uno de los primeros constitucionalistas de ese país. Sus Comentarios sobre la Constitución de los Estados Unidos han sido traducidos al alemán y al español. Su tercera edición nos ha llegado a través de 1.. traducción de Nicolás Calvo, publicada en 1881. 364 Véase la voz "Class actions" en The Oxford Companion to the Supreme Cou.rt of the United S tates , Oxford University Press, 1992, p. 157. Sti5 En 1842 fueron incorporadas a la Regla 48 de Equidad Federal (Federal Equity Rules) que estuvo vigente hasta 1912, cuando fue reemplazada por la Regla 38, que rigió hasta 1938. Conf. FrutnENTHA.L, Jack; KAN¡,;, Mary, and Mn..LER, Arthur, oh. cit., p. 723, nota 11. :166 La historia de !A s acciones de clase en los l':stados Unidos puede verse cm dos artículos de YEAZELI ., Stcphen C. , Front Group Litigation to C!ass Action, Part l , "The lndustrializaLion o{ Group Litigation", "UCLA Law Review". vol. 27 ,

96

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

que han determinado su extraordinario desarrollo actual. La primera data de 1938, cuando fueron incorporadas a la Regla 23 de Procedimiento Judicial Federal, lo que permitió extender el uso de estas acciones de los tribunales de equidad a los tribunales de derecho. Este paso, si bien importante, dejó subsistentes algunos problemas; por ejemplo, el de la obligatoriedad del fallo respecto de las personas que no integraron la litis, cuestión que suscitó una importante controversia, lo que tuvo una solución parcial 367 con la redacción de la actual versión de la Regla 23, según la enmienda sancionada en 1966o6 A. b)

FUNDAMENTO LEGAL.

LA

REGLA DE PROCEDIMIENTO

23. - La antigua Regla Federal de Equidad que contemplaba las acciones de clase, sancionada en 1842, fue finalmente sustituida en 1938 por la Regla 23 de Procedimiento Civil para los Tribunales Federales. Esta nueva Regla, si bien trajo algunos avances, fue al mismo tiempo objeto de numerosas críticas debido a las imprecisiones que poseía 369 • Dividió a las acciones de clase en tres categorías: a) verdaderas; b) híbridas, y e) falsas, clasificación que fue establecida en función de la naturaleza de las relaciones de intereses entre los miembros de una clase. En la primera, los intereses eran comunes, en la segunda eran diversos o diferentes, y en la tercera también podían ser diferentes, pero en este caso la acción era viable si existía una cuestión fáctica o de derecho que involucrara los diferentes sectores de intereses existentes en la clase 370 • p. 514 (1980), y From Group Litigation to Class Action, Part Il, "lnterest, Class and Representation", "UCLA Law Review", vol. 27, p. 1067 (1980). Del mismo autor puede verse también From Medieval Group Litigation to Modern Class Ac· tion , Yale University Press, New Haven, 1987. 7 36 Cuando me refiera a los efectos de la sentencia sobre los integrantes de la clase que no han intervenido como parte en el pleito (infra, § 80, e), veremos que existen importantes problemas que la Regla 23 no ha podido resolver aún especialmente por la ausencia de un fallo de la Corte que se pronuncie sobr~ ciertos aspectos que todavía son conflictivos. 368 Veremos más adelante la controversia, que antes de la reforma de la Regla 23 tuvo un principio de solución en "Supreme Tribe of Ben Hur v. Cauble" 255 u.s. 356 (1921). • 369 WRIGHT, Charles A., Law o{ Federal Courts, 5 th ed., Wost Pub. Co., Minnesota, 1994, p . 508, esp. nota 8. 37 . FIUEDENTHAL, Jack; KANE, Mary, and MJLLER, Arthur, Civil Procedure, oh. Cit., p . 724.

°

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

97

De las tres, obviamente la tercera era la más controvertida, en la medida en que se trataba de una suerte de sistema litisconsorcial bastante flexible donde las sentencias sólo producían efectos sobre las partes litigantes. Fue usada generalmente en pleitos relativos a la Ley de Estándares Laborales Justos (Fair l,abor Standards Act) m. Dentro de los problemas creados por la vieja Regla 23 , el más importante radicaba en lo confuso y abstracto de los conceptos establecidos para establecer la clasificación de las tres categorías. Así lo manifestó la Comisión Asesora que redactó la nueva Regla 23 372 , recogiendo en esto las experiencias indicadas por la doctrina 373 y la jurisprudencia 374 . Una segunda dificultad consistía en que, una vez establecida la relación de intereses que daban lugar a una acción de clase, ésta podía ser continuada, aun cuando las cuestiones comunes no predominaran sobre las individuales. Como consecuencia de ello, los procesos en muchas ocasiones estaban recargados de planteos particulares, lo que conspiraba contra la economia jurisdiccional del sistema•75 y ello fue uno de los principales motivos que incidieron en la necesidad de reformar la Regla 376 . Se convocó por esto una Comisión Asesora, cuyo trabajo finalizó con la redacción de la actual Regla 23 :m. Veamos entonces el análisis jurisprudencia! que ha merecido esta norma procesal. a11 "Pentland v. Dravo Corporation", 152 F.2d 851 (3 2 Circuito. 1945): "Ka.inz v. Anhcuser-Busch Inc." 194 F'. 2d 737 (7 2 Circuito, 1952). :m Las conclusiones y comentarios de la Comisión eslán reproducidos en Federal Civil Judicial Procedure and llules, West Group, 2000, ps. 117 a 125. 373 CHAI•u;, Zechariah, Some Problerns of Equity. Fi ue Lectures Delivered at the University of Michiga.n . University of Michigan Law School, Ann Arbor, 1950, ps. 245, 246, 256 y 257. 374 La antigua Regla 23 había creado problemas de interpcrtación en casos tales como: "GuUo v. Veterans Coop. H. As~ociation", 13 F.R.D. 11 (Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, 1952); "Shipley v. Pittsburg & L.E .R. Co.", 70 F.Supp 870 (Tribunal del Distrito Oeste de Pennsylvania, 1947); "Deckert v. In· dependence Shares Corp."', 27 F.Supp 763 (Tribunal del Di trito Este de Pennsylvania, 1.939). 37~ FHI EUENTHAI., ,Jack; K.ANE, Mary, and Mn.LER, ArLhur. ob. cil., p. 725. 376 WmuH'r , Charles A., l'P.deral Courts, oh. cit., p. 514. :m F.l texto de la Regla 23 es el siguiente: "a) Requisitos previos de una ac:ción de clase . Uno o más miembros de una clase podrán demandar o ser demandados como partes repre,cntantes de la clase si 1) la clase es t~ numerosa que la actuación conjunta de todos los miembros es impracticable, 2) elOsten cue tiones de derecho 0 de hecho comunes a la clase, 3) las pretensiones o defensas de las partes representantes son representativas de las pretensiones o defensas de la

7. B1anrhi.

t.

2

CoNTROL DE co:-;srrruciONALIDAD

98 § 77.

Requisitos previos

debe seguirse en . rte del procedimiento que . La prunera \pa t, dividido en dos etapas. En la pnmera las acciones de e ase es a L t' as van a proteger los intereses de la clase en clase, Y 4) las parles represen a IV forma justa y adecuada . . t:na acción puede ser entablada como "b) Accione~ de clase tram¡tabU:s: . de la subdivisión a), y si., además: acción de cla e SI s~ cumplen los ~~ientes por parte de o en contra de " 1 l la 1n 1c 1acl0n de acctones md . de que Al se d.i clen sentencaas miembros in.di.vi.du~les de la clase crearla:~ n:~eombros individuales de la clase, contradictonas o diferentes con respedDtibles de conducta para la contraparte de lo cual generaría estándares 1 ~':'m~ a los miembros individuales de la clase la clas.,, o Bl sentenci~S con e p uu.ere es de los otros miembros que no ~-u.Incraran 0 impidieran su capacidad que, en la práctica , dec1d1eran sobre . fueran parle a los efedos de la senteuaa o ba -suad.o o se ha negado o actuar en base de proteger sus intereses; ''2) lo cootrapart.. d.e la clase plicabl a la clase. haciendo asr aplicables 8 a Jos fundame~1to~ gcnm al me?~ rrliL/) adecuadas 0 medidas declarativas órdenes o prolub1C10lles
,_o::""

"e) Determinación por orden judicial acerca de la tramitación de la acción de clase; Notificación ; Sentencia; acciones tramitadas parcialmente corno accio· nes de clase. " 1) Tan pronto como sea posible luego de que se inicie una acción promovida como acción de cla e, el tribunal determinará, por medio de una orden, si la acción será entablada como tal. Una orden. de conformidad con esta sub división, podo·ú ser condicional, y podrá ser modificada o enmendada antes de que se decida sohre el fondo del asunto. ''2 ) En cualquier acción de clase entablada de conformidad con la subdivisión bl 3), el tribunal notificará, de la mejor forma posible de acuerdo con las circunstancias , a todos los miembros de la clase, incluyendo las notificaciones individuales a todos los miembros que puedan ser ra zonablemente identificados. La notificación anunciará a cada miembro que A) el tribunal excluirá dtJ la clase al miembro que asf lo solicitare en cierto plazo; Bl la sentencia, sea ésta favorable o no, afectará a todos los miembros que no hayan solicitado la excl usión; y Cl

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

99

de ellas - Regla 23, punto a- debe verificarse si están reunidos los cuatro requisitos previos que establece la Sección a. En la segunda, el juez debe cerciorarse de que la acción de clase que se intenta entra en alguna de las categorías e tablecidas en la Regla 23, punto b. Se ha establecido que el juez posee amplia discreción en el examen de los requisitos previos 37 y en caso cua lqui er miembro que no requiera la exclusión podrá, si lo deseare, intervenir t>n el juicio a través de un letrado. "3) La sentencia en una acción enlabiada como aet:ión de clase de conformidad con la subdivisión b) 1) o b) 2), sea favorable o no con respecto a la clase, incluirá y describirá a aquellos a los que el tribunal considere miembros di:! la clase. La sentencia en una acción entablada como acción de clase de conformidad con la subdivisión b) 3), sea favorable o no con respecto a la clase, deberá incluir y especificar o describir a aquellos a quienes se le dir-igiera la notificación establecida en la subdivisión e) 2), y que no hayan solicitado la exclusión , y a quienes el tribunal considere miembros de la clase. "4) Cuando resulte adecuado, A) una acción podrá ser iniciada o entablada como acción de clase con respecto a cuestiones específicas, o 8 ) una clase podrá ser subdividida en subclases, y cada subclase podrá ser considerada como una clase, y las prescripciones de esta regla serán entonces interpretadas y aplicadas adecuadamente. "d) RP.solur.iones judiciales en la tramitación de las acciones. En la tramitación de la s acciones a las que sean aplicables las prescripciones de esta regla, el tribunal podrá dictar medidas convenientes para: 1) determinar el curso de los procedimientos o prescribir medidas de prevención de repeticiones indebidas o complicaciones en la producción de las pruebas o alegatos; 2) requerir, con el fin do proteger a los miembros de la clase o para la adecuada tramit.ación de la acción, que se notifique de la manera en que lo establezca el tribunal a algunos o a todos los miembros de la clase acerca de cualquier trámite en el proceso, o acerca de los alcances propuestos de la sentencia, o acerca de la oportunidad que tendrán los miembros para manifestar si consideran que la representación es justa y adecuada , para intervenir y presentar reclamaciones o defensas o de otra manera sumarse a la acción; 3) imponer condiciones a las part.es representantes o a las partes intervinient.es ; 4) requerir que las peticiones sean modificadas para evitar de allí en más las alegaciones acerca de la representación de ausentes, y hacer que la acción prosiga de conformidad con ello; 5) hacerse cargo de cuestiones prucedimentales similares. Las órdenes podrán dictarse en combinación con las que surgen de la Regla 16, y podrán ser modificadas o enmendadas cuando fuere conveniente. "e) Desisti miento o transacción . No podrá desistirse o transarse en una acción de clase sin la aprobación del tribunal, y se notif1cará a todos los miembros de la clase acerca del desistimiento o transacción bajo la modalidad que indique el tribunal". El texto en inglés de e ta regla puede verse en Federal Judic ial Procedure and Ru.les, ob. cit., ps . 116 y 117 . • . . )· 378 "Gold Strike Stamp Co. v. Christensen", 436 F.2d 791 UO Crrcu1t.o, 1970 ~ 2 2 "City of New York v. lnternational Pipe and Ceramics Corp.", 410 F.2d 95 < Circuito, 1969).

lOO

CONTROL DE CO:SSfiTUC!ONALlDAn

de no poder demostrarse la concurrencia de todos ellos -lo que constituye una carga de los actores- no se autoriza el uso del sistema 379 . Para verificar si se cumplen los requi sitos .mencionados, deben responderse afirmativamente estas seis preguntas: 1) si existe una cla e identificable 380 ; 2) si los que pretenden iniciar la acción son miembros de esa clase 38 1 ; "" "Willi ams v. Weinberg...--. 360 F.Supp 1349 (Tribunal del Distrito Norte de Georgia, 1973); "DeBremaecker '"· Short", 433 F.2d 733 (5~ Circuito, 1970); "Shivelhood v. Davis", 336 F. upp 1111 (1'ribunal de Distrito de Vermont, 1971). :lRO Una acción de clase ó1o procede si existe la clase a la que se pretende representar. De todos modo , ello no quiere decir que cada miembro de esa claso debe haber sido identificado o pueda -er identificable al comienzo tlellitigio ("Carpenter v. Davis''. 424 F.2d 257, S' Circuito , 1970; "Ash e v. Board of Eleclions in the CiLy of New York", 124 F.R.D. 45, Tribunal del Distrito Este de Nueva York, 1989). Lo que se pretende es que 1 lineamientos generales de la clase puedan ser delineados de manera t.al que el bibunal pueda . aber qué tipo de personas la componen. Así, la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito ha considerado que una clase está suficientemente defimda i e la describe como "un grupo de individ uos y entidades (agencies), que actúan en la Ci udad de Chicago, sometidos o e ncuadrados en un determinado tipo o patrón de persecución inconstitucional por parte de la autoridad pública", All.iam:e to End Repression v. Rochford", 656 F.2d 975, 1977. Este requisito es importante para determinar a quién se le notifica la iniciación de la acción de clase y quién quedará finalmente alcanzado por la ~entencia . 38 ! Si los representantes de la clase son a la vez miembros de ella, tendrán seguramente un interé personal en el resultado del proceso. y es probable que por ello asuman u~ rol acti,_-o en aquél. La pertenencia a la clase asel{ura que la defensa de los mtere es de é ta sea adecuada. Por ello no se admiten presentaciOnes p or parte de quienes no son integrantes de la clase respectiva. Así se h". dec•d•do en casos como "Alexander v. Yale Umver. ity", 631 F.2d 178 (22 Cu·cuJto, 1980), o "'T'uft. v. McDonnell Douglas Corp." 581 F.2d 1304 (8" Circuito 1978). Una cuestión importante a tener en cuenta es que qtLien r·epresenta a ¡~ clase puede actuar tanto como actor o como demandado. Si bien lo usual es q e ~ca u_n~ clas~ la que demande, existen casos de clases demand adas. Inicialmen~e ~<' ~~ esentato~ problemas con este requisito cuando en representación de una dase .de .mdtv1duos mtentaron acctonar asociaciones que 110 integrab 1· ¡. por ~1 mis~as. Ello ocurría, por ejemplo, con los sindicatos de trabaJ:do;e~


~~:c~~a~: :~,.~~~=~s~ed~a~l~!~e~ran los. trabajadores pero no el sindicato, 'que ~éa e "Air Line Stewards & Stew!~:;:: 10 srno de sus afihados. En este. sentido,

!mes fnc .", 490 F 2d 636 (70 e· . S AssOClatlOn, Local 550 V. American AirEllo tiene re d._ · ¡ ~cutto, 1973 >. certLOran denegado en 416 U S 993 me •o st a asoctactón está s '_fi · · · tcgrantes para repre enlarlos . d ' . 1m e pec' tcamente autonzada por sus inJU teta ente o si ha s·d d .. para la protección de los inte • . 1 o crea a espect hcamente CORE v. orwalk Redevelopm~~~e~ que ~stán en Juego en el litigio ("Norwalk lodos modos no se exige que tod {ency ' _395 F.2d 920 , :¿• Circuito, 1968). De os os que tntentan represe ntar a la clase sean

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

3) si la clase es tan gran de 382 un litisconsorcio (joinder) ; 4)

C

101

omo para hacer imposible

si existen cuestiones de hecho o de derecho comunes

a todos los miembros de la clase

383 ;

mi~s de ell a· en algunos casos se ha decidido por ejemplo que basta con uno de ellos la U:tegre ("Huuter v. Atchinson", T & S.F. Ry. Co., 1 8 F.2d 294, 7 ~ Circ uito, 1951). ~82 En t.crcer lugar se exige que la clase sea lo suficientemente numerosa como para impedi r la presentación a través de un li tisconsorcio. ~n muchas ocasiones este requisito es confundido con la exigencia de una clase mtegrada por un gran número de personas (se han determinado clases de hasta 6.000.000 ~e individuos) , lo que no es correcto. E n realidad , lo que se exige es que el ht¡sconsorcio sea inconveniente desde un punto de vista práctico pero no impo~ible , pues el objetivo de las acciones de clase es la economía jurisdiccional; cfr. "Han'is v. P alm Springs Alpine States, Inc.", 329 F.2d 909 (9" Circuito, 1964); "Klinkharnmcr v. Richardson". 359 F.Supp 67 (Tribunal de Distrito de Minnesota , 197::!), conflrmado bajo la denominación "Miller v. Acktmnan", 488 F.2d 920 (8" Circuito, 1973). De modo tal que si la controversia puede ser resuelta razonable y e(icie ntemente u través de un litisconsoreio. no hay razón para poner en funcionamiento la costosa maquinaria de las acciones de clase. Lo que se tiende a evitar es el recargo innccesru'io de tareas en los tribunales, lo que pu~de ocurrir con un grupo numeroso y también reducido. Como ejemplo de lo dicho , en "Pl-uladelphia Electric Co. v. Anaconda Amer-ican Drass Co.", 43 F.R.D . 452, 463 (1968), el 1'ribunal del Distrito Este de P ennsylvania dijo: "Mientras 25 es un pequ eño número (. . .) ~s un número grande si se lo compara con la unidad. No veo la necesidad dP. recargar el proceso jud icial con 25 litigios si con uno solo es suficiente" . O ~ alli que el número en sí de los miembros de la clase no constituye un factor determinante para que proceda la acción. En realidad juegan también otros factores tales como: 1) la naturaleza y complejidad de la acción; 2) el monto individual de cada demanda. Una de la: razones de la existencia de las class actions es que permiten uttir fuerzas a personas que poseen recl amos económicos cuya escasa entidad los desalentaria para promover un juicio individual. De allí que demos trar este extremo es relevante (véase "Swanson v. Amedcan Consumer Industries", Inc., 415 F.2d 1326, 1:399, n2• 9 , 72 Circuito, 1969); 3) la distribución geográfica de los mi emhroo de la clase: "Garda v. Gloor", 618 F.2d 264 (5" Circuito, 1980); "Allen v. Isaac", 99 F.R.D . 45 (Tribunal del Distrito Norte de lllinois 1983)· "Gentry v. C. & D. Oil Co.", 102 F.R.D . 490 (Tribunal del Distrito Oeste' de kansas , 1984); 4) el carácter del derecho objeto del juicio: "Dale Electronics , Inc. v. R.C.L. ElecLronics , Inc.", 53 F.R.D. 53 1, Tribunal de Distrito de New Hampshi re), y 5) la dificultad para proveer datos de identidad confiables y actualizados de los miembros de la clase como consecuencia de sucesivos cambios en el estado civil , en el trabajo , o los producidos por causa de nacimientos o de muertes. :l83 De todos modos no es necesario que todas estas cuestiones sean comunes a todos los miembros, "Cox v. American Cast !ron Pipe Co.", 7 4 F.2d 1546 (11• Circuito, 1986). ~~n este punto la jurisprudencia no es uniforme. Algunos ldbunales han exigido que haya más de una cuestión en común l"'l'ober v. Charnita lnc." 58 F.R.D. 74, Tribunal del Distrito Central de Pennsylvania, 1973), y para otros sólo una es suliciente, "Stewart v. Winter" , 669 F.2d 328, 5• Circuito, 1982.

Ar:

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5) si los reclamos o las defensas expuestos por los representantes son típicos de los restantes miembros de la clase 384 , o 6) si los representantes ejercerán debidamente la represe ntación de los restantes integrantes de la clase. Me detendré un poco a examinar este requisito previo, pues interesa a los efectos de observar lo exigentes que son los tribunales federales de los Estados Unidos en que el actor demuestre su capacidad para ejercer la representación de toda una clase, lo que contrasta con la absoluta falta de cuidado que los tribunales argentinos ponen en esta tarea. Hasta 1974, los tribunales federales exigían también que se demostrara preliminarmente la existencia de una posibilidad cierta de tener éxito en la acción emprendida. Con ello se prePor ejemplo, se ha decidido que es posible para el dueño de una patente P.ntablar una acción de clase contra todos quienes la han u ado mal, o bien han abusado de ella, au n cuando los incumplimientos difieran en cada uno de los demandados ("Technograph Printed Circuits, Ltd . v. Methode Electronics, Inc.", 285 F.Supp 714, Tribunal del Distrito Norte de lllinois, 1968). También se ha admitido la acción de clase cuando se registra un patrón de conducta discriminatoria, aun cuando ello haya afectado de diversas maneras a los miembros de la clase ("Christman v. American Cynamid Co." , 92 F.R.D. 441, Tribunal del Distrito de West Virginia, 1981); "Molthan v. Temple University of Commonwealth System of Higher Education", 83 F.R.D . 368, Tribunal del Distrito Este de Pennsylvania. 384 Es el llamado requisito previo de la typicality, cuyo significado, en opinión de algunos autores, no es claro (FRfEDENTHAL, Jack; KA NE, Mary, and MlLLER, Arthur, ob. cit., p. 729). Lo que se requiere, en síntesis, es que los reclamos o defensas opuestas por los representantes de la clase sean típicos de sus miembros, o dicho en otras palabras, que no exista una marcada diferencia - ni menos aún antagonismo- entre lo planteado por el representante de la clase y sus representados. Se ha dicho , por ejemplo, que la demanda del accionista de una comps.ftía no es típica r especto de los que adquirieron acciones con posterioridad, si aquél, a diferencia _de éstos, tiene que demostrar, para el progreso de la demanda, que la obhgac10n de la compañía de brindar cierta información era anterior a la adquisición de las acciones ("Elkind v. Ligget & Myers lnc.", 66 F.R.D . 36, Tribunal del Dtstnto Sur de New York, 1975). Con igual criterio, la Corte Suprema sostuvo que no hay c.ará~ter típico en la demanda de un trabajador contra su empleador acusado de. dJ scnmmacJón por haberle denegado un ascenso, si se pretende fundar la ex:st_encta de la clase en la totalidad de las actividades de éste último Para la ~~~~0 ~ ~e e:¡ tcar~cter típico - dijo 1~:~ Corte- debería haberse demo~trado en bién en otra s encta de.una modahdad o patrón discriminatorio empleado tam-

5

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Co. of the personal Telephone que la jurisprudencia no exi ~ ¡ .· · . -). Aun as! , es prec1so recordar planteas del representante fe 1a e¡X!sten~a fe un~ completa identidad entre los ziner", 536 F.Supp 1181 Tribu~a~ ase y . e .os mtembros de ésta ("Jones v. Bliv. Uernstein", 499 F.Sup'p 980 Tribdel ?tstrtto N~rte de Indiana, 1982; "Wilder . una del Dl•tnto Sur de New York, 1980).

LA

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103

tendia evitar que la costosa maquinaria de una acción de clase fuera puesta en marcha frente a demandas insustanciales o poco serias. Esta exigencia procesal aparece, por ejemplo, en ~ Milberg v. Western Pacific R.R. Co." 385 , y en "Dolgow v. Anderson""86. Esta práctica fue derogada por la Corte Suprema en "Eisen v. Carli.sle & Jaquelin" 387 • En la actualidad el representante de la clase, para ser tal, no requiere de una autorización o mandato especial 388 • Si lo tiene, la representación, naturalmente, se considera adecuada 389 . Pero lo que interesa a efectos de establecer una adecuada re presentación son las condiciones personales tanto de los representantes como de sus abogados. En los primeros cuentan los motivos que los llevan a plantear la acción, el interés que poseen en su resultado"90 y sus habilidades para proseguir la acción 3»1• Asimismo , si bien el monto de los reclamos individuales no es determinante an, el tribunal considera si los representantes poseen suficiente respaldo económico para soportar los costos del litigio '1Y3 • En los abogados se analiza cuál es su experiencia específica en el terreno del litigio planteado 39 \ la calidad de los escritos sometidos al TribunaP95 y la reputación que poseen en la comunidad. De todos modos, a efectos de asegurar una correcta representación de toda la clase, los tribunales no tienen necesariamente que acudir a soluciones rígidas, como rechazar la demanda si encuentran en este punto alguna deficiencia, pues poseen 51 F.lt.D. 280 (Tribunal del Distrito Sur de New York, 1970). 43 F.R.D. 472 (Trib unal del Di strito Este de New York, 1968). 3R7 417 U.R. 156 (1974) . RRR "Mason v. Garris", 360 F.Supp 420 (Tribunal del Distrito Norte de Georgia, 1973). 389 "And erson v. Cily of Albany", 321 F.2d 649 (5 2 Circuito, 1963). J90 "Epstein V. Weiss" , 50 r'.R.D. 387 , 392 (Tribunal del Distrito Este de Louisiana , 1970). 391 "Mudd v. Bus e", 68 Federal Rules Decisions 522 (Tribunal del D-istrito Norte de Indiana, 1975); "Carpentcr v. Hall", 311 F.Supp 1099 (Tribunal del Distrito Sud de Texas, 1970). 392 En "Eiscn v. Gm·lisle & Jaquelin", 391 F.2d 555 (29 Circuito, 1968), el monto de cada reclamo er a de u$s 70. :m:¡ "McGowan v. Faulkner Concrete Pipe Co.", 659 F.2d 554 (5 9 Circuito, 1981) 394 "Lynch v. Ra nk", 747 F.2d 528 (9º Circuito, 1984). 395 . _ "Fischer v. Internationa l Tel. & Tel. Corp.", 72 F.R.D. 170 Tribunal del Dtstn to Este de New York, 1976). 385

386

104

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autoridad suficiente para dividir la clase en subclases 396 , para reducirla o redefinirla con el objeto de evitar conflictos de intereses 397, o para designar tanto representantes adicionales 308 como abogados adicionales 399 • Aun así, si un miembro de la clase ausente en el proceso demostrara que no ha sido debidamente representado, podría sostener que lo actuado es inconstitucional y que no está obligado por lo decidido. En este caso, la acción de clase como tal puede fracasar y el tribunal de apelaciones podría anular lo actuado en este sentido si la economía judicial que se pretende lograr no es tal 400 . El factor más crítico en el momento de analizar si se está en presencia de una representación adecuada es el de los conflictos de intereses que puedan darse entre los representantes y otros miembros de la clase. Ciertamente, sólo un conflicto neurálgico dentro del seno de la controversia puede ser fatal 401 • Pero aun así, el examen de los conflictos que puedan existir entre los representantes de la clase y los restantes miembros de ella debe ser estricto y se debe demostrar que aquéllos están en condiciones de continuar la acción en forma directa 40 ~, ya que la debida representación es más una cuestión de habilidad que de voluntad. De allí que, en el caso en que una clase resulte demandada, es preciso verificar hasta qué punto quienes litiguen en su nombre están en condiciones de actuar, pues una reticencia de su parte puede ser considerada como un conflicto de intereses ~ 0 3 . 90 ' ''Rcntill lJar of New Hampshire Inc., v. Westinghouse Elec. Corp.", 496 F.Supp 3?,3 _nhbunal de Distrito de Massachusetts, 1980). ., .Jg¡ G1bb v. Delta Drilling Co.", 104 F.R.D. 59 (Tribunal del Distrito Norte d e •exas, 19 84). :iRS "l':rnst & Ernst V u S D' . e 457 1<'.2d l :199 (5" Circuito . HÍ7Z). Istrict ourt for Southern District of Texas", 3 99 "Cullen V New y¿ k Stat e· '1 S . Cir cuito, 1977). · r e IV1 erVJce Commission", 566 F.2d 846 (2• lOO "Gonzalez V e 'd • 401 "B · ass¡ Y • 474 F.2d 67 (5º Circuito . 1973) . . erm an v. NaiTagansett Racing Asso . t' ., . 1969), certwrari denegado en 396 U S 03 .. "Cla lon, 414 F.2d 311 (1~ Circuito, 144 F.2d 140 ( º Circuito 1944) . . . l . 7, Redmon v. Commercc Tru st Co " 402 Aun así se ha d , 'd 'd' certzoran denegado en 323 U.S 776 .' · ec1 1 o que la m . · · . '!o conslltuye ':U I conflicto de intereses· cfr :~a presenCI~ de un motivo ulterior ~.RD . 248 (Tr ibunal del Dist 'to N • d. rrst_Amencan Corp. v. Fosier" 51 403 "Hesearch Cor v p n ortc . e Georg¡ a, 1970). ' huna! del Distrito Nort'e· d.e ~s~e~~s~~~~;)~ed Growers lnc.". ::101 F.Supp 497 (Tri-

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El leading case en lo atinente a los conflictos en la representación de la clase es "Hansber ry v. Lee" 404 • La Corte Suprema de Illinois había decidido qu e los miembros de una clase que pretendían ¡~ anulación de u n convenio sobre venta de lotes, por considerarlo racialmente discriminatorio, estaban obligados por una primera decisión de clase iniciada por uno de los adquirentes que había perseguido el propósito de impedir la violación del convenio por parte de otros compradores. La Corte Suprema federal revocó el fallo de Illinois y sostuvo, en cambio, que lo decidido en la primera acción de clase no obligaba a los de la segunda, ya que no habían estado adecuadamente representados en la medida en que el interés de los primeros era dar validez al convenio, mientras que el de los segundos era anularlo, lo que generaba un conflicto de intereses entre ambos " 0~ .

§ 79. Imposi bilidad d e a barca r casos

fu t uros Muy vinculado con la existencia de una clase identificable fue lo resuelto en 1997 por la Corte Suprema acerca de un problema que f'ácilmenie puede presentarse con las acciones de clase: el intento de resolver con una de ellas todos los litigios presentes y futuros existentes. La cuestión se presentó con motivo de una acción de clase iniciada contra un grupo de compañías por personas que habían sufrido daños físicos originados en el uso del amianto (asbestos). Los accionantes pretendían que con ese caso se resolviera no sólo dicha acción, sino todas las que en el futuro pudiera haber relacionadas con los daños provocados por el uso de ese producto. Es obvio que la pretensión abarcaba a personas que en el momento de la acción podían no haber sufrido daños físicos todavia. La Corte rechazó esta pretensión en "Amchem Products Inc. v. Windsor" 406 , mediante el voto de la jueza Ginsburg, con quien concurrieron 311 U .R. 32 (1940). •os WmGH1', que concuerda con la solución, señala que habla excelentes ra-

404

zones para que la Corte decidiera el caso de esta forma , aun cuando, a su criterio, lo h¡zo con un lenguaje demasiado amplio (Federal Courts, cit., p. 511). 406

521

u.s. 591

(1997 ).

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los jueces Rehnquist (Presidente), Scalia, Kennedy, Souter y Thomas. Tal como sostiene TRIBE 407 , la Corte podría haber centrado la cuestión en la ausencia de caso o controversia, exigencia que emana del artículo III de la Constitución, tal como habían planteado los demandados. Sin embargo limitó los argumentos a la falta de una clase concretamente delimitada, con fundamento en la Regla 23 (a) y 23 (b) (3) 408 • Dos años después, en "Ortiz v. Fibreboard Corp." 409 , la Corte reiteró un criterio similar en un caso relativo también a daños producidos por el amianto. La compañía demandada había estado litigando desde los años 80 por este motivo y decidió -junto con sus aseguradoras- proponer un acuerdo a los accionantes. Fue así como se acordó pagar los 45.000 reclamos existentes y se fijó una suma global de 1.500 millones de dólares como acuerdo global para tales casos y todos los que se presentaran en el futuro 410 • El acuerdo fue aprobado por la justicia federal tanto en primera como en segunda instancia, donde intervino el Quinto Circuito. La Corte, a través del voto del juez Souter, acompañado por los jueces Rehnquist, O'Connor, Scalia, Kennedy, Thomas y Ginsburg 41 ', revocó esta decisión con apoyo en lo decidido en "Arnchem".

§ 79. Requisitos de procedencia

Verificado el cumplimiento de los requisitos previos establecidos en 23 (a), el tribunal -dentro de las tareas preliminares- debe proceder a examinar si la acción de clase intentada reúne algunos de los requisitos -o grupos de requisitos- de procedencia previstos en 23 (b). La existencia de estos requi4 07

TlliBt: , Laurence, American Constitucional Law , ps. 320 y 363. El caso puede verse comentado también por l SSAC. HAROFF , Samuel, Gouemance and Legitinulcy in the Law of Class Actions, en "The Supreme Cowi. Review", The University Of Chicago Press, 1999, ps. 337 a 392. •09 119 S. Ct. 2295 (1999). 410 . El acuerdo comprendía tres clases de actores: 1) los que todavía no hub.' er.an demandado a F1breboard; 2) los que, habiéndola demandado, hubieran deststtdo del proceso pero no del derecho , y 3) los parientes de los miembros de la clase. El acuerdo ~o se aplicaba a los que tuvieran algún litigio pendiente con Ftbreboard o hub1eran llegado a algún tipo de acuerdo con la compañía R hn •n Hay tamb~éo una opinión concurrente pero separada del Chief ,Jus~ice e qutst, acampanada por los Jueces Scalia y Kennedy.
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sitos da lugar, como veremos enseguida, a cliferentes categorías o tipos de acciones de clase. a) P RIMER REQUISITO. - El primero de ellos -contemplado en 23 (b) (1)- establece qu e es procedente la acción de clase i existe el riesgo de que: a) la iniciación de acciones independientes pueda acarrear el dictado de sentencias contradictorias o diferentes con respecto a los miembros individuales de la clase, pues ello generaría estándares incompatibles de conducta para la contraparte de la clase; b) se dicten sentencias con respecto a los miembros individuales de la clase que , en la práctica, afecten a otros miembros que no hayan sido parte, vulnerando o impidiendo así la protección de sus intereses. En realidad no se necesita que ambos supuestos contemplados en este primer requisito se den juntos. Lo que se busca con este requisito -llamado del anti-perjuicio 412- es evitar, precisamente, la comisión de perjuicios tanto a los miembros de la clase como a la contraparte de esta última. Los primeros pueden verse perjudicados si se plantean acciones individuales cuyos resultados puedan ser, de hecho, limitativos de los derechos de otros miembros, lo que puede darse , por ejemplo, cuando la controversia ha quedado establecida con algún impedimento 4 13 • Ciertamente, los efectos de la controversia anterior deben ser mayores que los que provienen naturalmente del stare decisis414; lo que se requiere es una limitación fáctica. La regla 23 (b) (1) puede ser invocada, por ejemplo, cuando se intenta obtener un reembolso de un fondo limitado, de modo tal que la presentación de acciones individuales pueda redundar en un inequitativo reparto del mismo, o bien en el agotamiento del fondo antes de que todos los acreedores hayan podido plantear sus demandas 415 • 412

Jack; KANE, Mary, and MrLLER, Art.hur, ob. cit. , esp. p. 732. ovelty & Loan Co.", 489 F.2d 461 (99 Circuito, 1973). 414 . Landau v. Chase Manhattan Bank", 367 F.Supp 992 (Tribunal del Distnto Sud de New York, 1973); "Rodríguez v. Fami!y Publications Service In " 57 F.~l,-~· ~8: (Tribunal del Distrito Central de California, 1972). ' c. ' 41

3

FRIF.DE NTLLA L,

::La Mar v. H. & B.

.

Gtuenman Secuntles Lot•gation" 94 F R D 273 ('J'rib 1 d 1 n· · I ' N · · · una e JStnto "b ¡' d n·. . y, n,c. V. orthwestern Public Services Co." -, una e ostnto de South Dakota, 1974). '

Sud de Flod d a 1982)· "C iass C ia

63 F.R.D . 84

c·r.

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Los daños que a la contraparte de la clase pueda causarle la ausencia de una acción de clase se producen cuando aquélla está legalmente obligada a obrar de igual forma frente a todos los miembros de la clase y existe la posibilidad de que resulte demandada en muchas acciones individuales de las que deriven re sultados disímiles que la obliguen a comportarse en forma diferente ante unos y otros miembros, lo que resultaría violatorio de su obligación legal de trato igualitario para todosm. De todas maneras, ello no e produce cuando como resultado de un accidente colectivo ólo algunos afectados demandan, de modo tal que el deudor sólo queda obligado a pagarl es a unos y no a otros 41 ' . b) SEGUNDO REQUISITO. - El segundo requisito previsto en 23 (b) (2) se da cuando: 1 ) la contraparte de la clase ha actuado o se ha negado a actuar sobre bases generalmente aplicables a la clase , y 2) los representantes de la clase intentan en consecuencia la obtención de órdenes o prohibiciones (f'inal injunctive relief) adecuadas, o medidas declarativas (declaratory relief) con relación a la clase en su conjunto. Se trata de un supuesto empleado u su a lmente en litigios que involucran la defensa de derechos constitucionales. Así, por ejemplo, cuando se ha negado el suministro de viviendas públicas sin respetar el debido proceso 41 8 , o bien cuando se ha denunciado el tratamiento médico en un penal como violatorio 416 "Lar~off v. U.S.", 533 F.2d 1167 (Circuito del D.C., 1976), confirmado la Corte Supre~a en 431 U.S. 864 (1977); "Kjeldahl v. lllock", 579 F.Su 1130 ('l'r1bunal de Dtstnto del Distrito de Columbia 1983)· "C ll ' . B lt P,p 287 F S '> 93 (T ' b • ' o ms v. o on · upp .., n una1 del Distrito Norte de lllinois 1968)· "Va G Boei g e " 259 F s . • ' n emer t v.' nm '~n· · upp 125 (1hbun~l del Distrito Sud de New York, 1966) . de la respon:ubct. ~ladsadocas1ones ste han mltentado acciones de clase cuando se tra ta emergen e por e uso de algún d 1 a muchas personas, aftrmándose ue sólo un . p:o ucto que 1a afectado asegurar una compensación e uitai· procedumento de este tipo puede del demandado Pero los trJ·bqu al Jva para todos ante una eventual insolvencia . · n es en general han ex · ·d trtcta acerca de la eventual insolvencia del d lg1 o una prueba muy es" emandado, lo que ha redundado en el rechazo de algunas acciones· . . (3rd District, 1986)· "Northern D~:t~et s;:~ooJtsbestos Litigation", 789 F.2d 996 Liability Litigatio~·. 6 93 F.2d 847 ~~ 9 ~ · a . arma Dalkon Shield IUD Products 418 "Singleton v. Drew" 485 F rrcmto,, 1982). . consin, 1980). ' .Supp 1020 ( f'nbunal del D1strito Este de WisPOI'

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de la octava y decimocuarta enmiendas 419 aun cuando ha sido empleada también en otros asuntos no referidos a derechos constitucionales, tal, por ejemplo una acción contra la discontinuidad de ciertos beneficios sociales para discapacitados 420 , en casos ambientales 421 e incluso en una acción para convertir debentures en acciones ordinarias 422 . Para que se tipifique este caso, es necesario que la contraparte de la clase haya desarrollado respecto de esta última cierto t.ipo de actividad uniforme tal que se verifique un patrón de conducta que afecte a sus miembros"\ lo que se da también cuando se ha impuesto un determinado esquema de regulación legal 42 \ aun cuando no se exige que todos los miembros de la clase estén afectados en forma directa 425 • Es un requisito de procedencia de la acción que se procure del tribunal un pronunciamiento definitivo sobre el punto y no una medida precautoria solamente, que no sería suficiente para satisfacer las exigencias de esta categoría . No está prohibido que junto con la declaración que se requiere del tribunal se demanden compensaciones pecuniarias, en la medida que ésta sea una petición incidental o secundaria 426 • e) TERCER REQUISITO. - El tercer requisito -contemplado en 23 (b) (3)-, denominado de las "cuestiones comunes" o 419

1977).

"Hines v. Anders on", 439 F.Supp 12 (Tribunal de Dist rito de Minnesola ,

<20 "Lopez v. lleckler", 572 F.Supp 26 (Tribunal del Dis trito Central de Califomia, 1983), confirmada en parte por el 9" Circuito, 725 _F.2d 1489 (1984). , Hl "Environmental Dcfense J:o'und , Tnc. v. Corps ofEngmeers ofU .S. Army , 348 F.Supp 916 (Tribunal del Distrito Norte de Missisippi , 1972), confirmada con otros fundamentos por el 5' Circuito, 492 ~'. 2d 1123 (1974). · ~~ "Van Gemert v. Boeing Co.", 259 F.Supp 125 (Tribunal del Distrito Sud d e New York , 1966). 4 t:J "BI)rmudcz V. u.s. Department of Agriculture", 490 federal Reports , 2nd Set; es (Circuito del D.C. , 1973), certiorari denegado en 414 U .S. 1104. •l t •l "Smilh v. Vowell", 379 F.Supp 139 (Tribunal del Distrito O es le de Texas, 1974) confirmado por el 5° Circuito, 504 F.2d 759 (1974). 2 ~ 25 "Norwalk CORE v. Norwalk Rcdevelopment Agcncy", 395 F.2d 920 (2 Circuito, 1968); "Hess v. Hughes", 500 F.Supp 1054 (Tribunal de Distrito de Mary land, 1980). 426 "Nix v. Gra nd Lodge of InternaLional Association of Machinists & Aerospacll Workcrs", 479 F.2d 3R2 (52 Ci•·cuito, 1973), certiorari denegado e~ 414 U.S. 1024; "Robinson v. Lorillard Corp.", 444 F.2d 791 (49 Circuito, 1971), cert10ran denegado en 404 U .S. 1006.

CON'I'ROL DE CONS'TITUCIO NALlDAD

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"de los daños", es el más controvertido de todos. Para su procedencia se requiere, a su ez: 1) La existencia de cuestiones de hecho o de derecho. que sean comunes a todos lo miembros de la clase. Este ~nmer subrequisito presenta el conflicto entre dos fines del Slst.ema judicial, y ti.ende a encontrar equilibrio entre ambos. Su pnmer objetivo es evitar, por un lado, que pequeños reclamos económicos no sean presentado~ por la ausencia de un interés suficiente, y por el otro la proliferación innecesaria de litigios similares con resultado tal ~ez diferentes, lo que es indudablemente indeseable. Pero al mismo tiempo la eficacia y economía judicial que este sistema asegura conspiran contra otro propósito de la organización judicial, que es a la vez un principio básico del debido proceso: la presencia efectiva de cada litigante en el litigio para asegurar su derecho de defensa, lo que puede no lograrse con una presencia virtual a través de la representación que se ejerce en estas acciones, donde la demanda de uno se suma a la de cientos o miles representados por uno o más abogados a quienes tal vez ni e conoce. Por ello, es importante determinar si existe efectivamente una cuestión común fáctica o jurídica que constituya el núcleo de la controversia, pues allí reside el equilibrio que intenta encontrarse . Los tribunales, por lo general, comienzan indagando si existe esta cuestión común 427 , aun cuando no es necesario que ella abarque todos los aspectos sobre los que el tribunal habrá de expedü·se 428 • En casos sobre fraude en la securitización 429 o actividades violatorias de la ley antimonopólica•ao, la cuestión común es fácil de hallar si las actividades del demandado proceden de un curso de acción común para todos los individuos 4 27

"Esplín

V.

Hirschi"' 402 F.2d 94, 99 (109 Circuito, 1968), certiorari de-

lltJgad~ en 3~4 U.S. 928; "Kristiansen v. John Mullin~ & Sons, lnc.", 59 F.R.D .

99 (Tnbunal de! Distrito Este de New York , 1973); "lllinois v. Harper & Row Pu_bli~hers. lnc .. 301 F.Supp 484, 488, nota 9 (Tribunal del Distrito Norte de lllm01s , 1969). ~~ 8 ~Kieiner v. First National Bank of Atlanta", 97 F.R.D. 683 (Tribunal del Dtstnto Norte de Georgia, 1983). . 429 uu·lVan v. hase lnvestment Services of Bus ton lnc " 79 }<' R D 246 (1'nbunal del Distrito Norte de California 1978) · ' · · · · 430 "Brown V Cam B e " 9' F . de Virginia, 198Ú. eron- rown o. , 2 .R.O . 32 (Tt·ibunal del Distrito Este

·s

e

LA

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LEGJTIMACJÓN PROCESAL

de la clase. Más difícil es, en cambio, el caso de las acciones para obtener indemnizaciones por uso de cie~os productos, pues la causa del daño y otros elementos predomman generalmente obre la cuestión común 43 1 • 2) El procedimiento de la acción de clase debe resultar más idóneo o efectivo que las restantes vías procesales para resolver la controversia. El tribunal debe examinar si existen otras vías procesales más idóneas que la class action para reolver el caso. Entre ellas debe analizarse: que se dicte una decisión individual; que se forme un litisconsorcio con los rrúembros de la clase a través de la figura del interpleader ~ ; que se emplee la interuention 433 ; que se produzca una acumulación de acciones; que se remita la causa a un tribunal para efectuar actividades preparatorias unificadas 43 \ que se remita la cueslión a un órgano o ente administrativo 43~; o, finalmente , que se dé curso a una demanda en calidad de testigo de las restantcs 436 . Como guía para el tribunal en la determinación de estos requisitos , la Regla 23 (b) (3) posee un listado no exhaustivo de factores que deben ser considerados. Así el juez debe analizar: a) El interés de los miembros individuales de la clase por controlar individualmente el curso de la acción o la defensa en acciones individuales m, ya que un marcado interés de los miembros de la clase por ejercer su propia representación puede significar un descontento con la representación ejercida que 32

1 3 1 "Raye v. Medtroni c Corp .", 696 F.Supp 1273 (Tribunal de Distrito de Minncsota, 1988); "Caruso v. Celsius lns ulatiun Resources, Inc.", 101 F.R.D. 530 (Tribunal del Distrito Central de Pennsylvania , 1984); "Payton v. Abbott Laboratories" , 100 F.R.D . 336 (Tribunal del Distrito de Massachu se tts, 1983). 432 El intcrpleader es una figura (similar a nuestro litisconsorcio) actualmente regulada en la Regla de Procedimiento 22, empleada en los procedimientos de equidad donde un a persona que es propietaria de un bien respecto del cual puede r edbir separados y diferentes reclamos puede reunirlos a todos en una sola acción; cfr. "Sanders v. Armour Fertilizer Works", 292 U.S. 190 (1934). 43~ La interuention , que es equivalente a nuestra intervención de terceros, es tá regulada en la Regla de Procedimiento 24 . 4 ~• Esto está contemplado en 28 use § 1407 , dentro de lo que se denomina "litigio multidistrital". 4 35 "Schaffner v. Chemical Bank", 339 F.Supp 329 (Tribunal del Distrito Sud de New York , 1972). 436 "Katz v. Cartc Blanche Corp.", 496 F.2d 747 (3° Ci rcuito, 1974). 4~ 7 "Cr asto v. Estate of Kaskel's", 63 F.R.D . 18 (Tribunal del Distrito Este de New York , 1974).

Co

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ITROL

o co. "SI"ITUCIONALIDAD

se traduzca en el abandono de la acción de clase por los descontentos con ella 438 • b) Si existen litigio pendientes que traten sobre la misma cuestión 439 , ya que si los h ·era y no pueden acumularse con la acción o pueden ser idó para resolver la controversia, la acción de clase puede conoe en una carga adicional para el sistema judicial '140 • e) La conveniencia o · n veniencia de concentrar la tramitación de las acciones en un foro especial. Aquí se debe evaluar si la acción de clase será eficaz para evitar la duplicación de los procedimien - y las contradicciones entre pro· nunciamientos 4 41 y si la jurisdicción elegida constituye el lugar adecuado para el planteo y solución de la controversia 442 • d) Por último, han de considerarse las dificultades que probablemente se hallen en la tramitación de una acción de clase, que es lo que requiere un escrutinio más intenso. Al efectuar esta evaluación. el juez debe tener en cuenta el tamaño de la clase, el costo de la notificación a los miembros, el número potencial de quienes intervengan efectivamente en el litigio, etc., de todo lo cual debe hacerse finalmente un análisis costo-beneficio para determinar si se hace lugar o no al pedido de tramitar el caso por vía de la acción de clase 44 ~ . Los requisito antes mencionados determinan la existencia de diferentes tipo o categorías de acciones de clases, básicamente las que tienden a la defensa de derechos constitucionales o civiles Y las que tienden a la obtención de una compensación ~1 der~o a ~an~onar

acción de clase está legislado en 23 (e) (2). e·li'CUlto, · 440 E de recordar 28 USC 228 derales interferir con lo q~~~ en . ' § 3, se prohíbe a los Lribunales fe que ello esté auLorizado ~r IU:J~s P~~dlentes en los tribunales locales, a menos la jurisdicción federal o la d a. e¿ e Congreso o que sea necesario para proteger 44 1 "Carp ,_ H ecrs 1 n que en ella deba ser adoptada en...,r v all" 311 F Sup 1099 1 2 'l'ri · de Texas, 1970). · ' · P · 11 ( ' bunal del Distrito Sur 442 Para efectuar este análisis debe con .· d . en razón de la nacionalidad, la posibilidad d SI erarse el fuero qu e corres ponde Y la carga de trabajo del tribunal e facJhtar la producción de la prueb lines, lnc.·, 50 F.R.D. 76, 'l'ribun~ e~~e;.tros factores ("Hobbs v. Northeast Air~ . ~ 43 "Cbevallier v Baird S . Istnto Este de Pennsylvan· 1970) D1strito Este de Pe~ 1 . avmgs Association" 72 F R 0 ] 40 (~:b · · C • 259 F Y va.ma 1976)· "Br ' · · · u ' J una ! del .Supp 673 (Tribunal del cnnan v. Midwes tcrn United Life I o. ' IStnto Norte de Indiana, 1966). ns. ::

1975).

In

Kamm ' · Califorma C1ty Development Co ' "' 509 F·2d 20~" (9°.

ri· .

LA LF:GITIMACIÓN PROCESAL

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económica. Así, es posible que una acción de clase sea encuadrada dentro de más de una de esas categorías, lo cual, por supuesto, no obsta a su procedencia. Solamente ha de tenerse en cuenta que si estuviera presente la categoría de las cuestiones comunes con alguna de las otras dos, el juez normalmente evitará incluir a la acción en aquélla, pues es la que más dificultades presenta en torno a la notificación a los miembros de la clase, lo que conspira contra la agilidad y eficiencia del sistema 444 • § 80. Desarrollo del procedimiento

a) LA CERTIFICACIÓN. - Cumplidos los requisitos para que la acción de clase proceda, el primer acto procesal posterior es la certificación de que la acción será continuada bajo tales condiciones 44 b . A partir de este momento comienza propiamente la acción de clase 44 ti. De todos modos, no existe una regla específica que determine cuándo ha de dictarse el auto de certificación. El juez, previo a su dictado, debe analizar si existen litigios pendienLes 44 7 y si es necesaria la realización de prueba anticipada (discouery)H 8 • Si bien cualquiera de ambas partes puede 449 requerir el dictado del auto de certificación , el juez no sólo puede dictarlo de oficio, sino que está obligado a hacerlo en ·1<4 "Mungin v. Florida East Coast Ry. Co.", 441 F.2d 728 (5" Circuito, 1971); "Tober v. Charnita Inc.", 58 F.R.D. 74 (Tribunal del D1stnto Central de Pen~s­ ylvania, 1973); "Walker v. City of Houst.on", 341 F.Supp 1124 (Tnbunal del D1stnto Sur de Texas. 1971). H5 Así lo determina la Regla 23 (e) (1) . . .. • ,,r, Es de notru· que , dadas las dificultades que presenta un litigiO de esta naturaleza y los muchos intereses que deben cuidarse, especialmente los de las personas ausentes , los jueces poseen un gran caudal de d1screc16n para el manOJO de los problemas que se presenten (FRIEDEN1'HAL, Jack; KANE, Mary, and MILLEI\, Arlhur, ob. cit., p. 746). 447 En "Berla nd v. Marck", 48 F.R.D. 121, 126 (Tribunal del Distrito Sur de New York. 1969), la certificación fue demorada dos años, por existir litigios pendientes . 41 " "Chateau de Ville Productions, lnc., v. Tams-Witmark Music Library, Inc.", 586 F.2d 962 (22 Circuito, 1978). 4 49 "Cook County College Teachcrs U nion Local 1600 v. Byrd", 4.56 F.2d 882 (7'' Circuito, 1972) , certiorari denegado en 4.09 U.S. 848.

CoNTROL DE co. ·srrruCIONALIDAD

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caso de que no le fuere solicitado 450 • De todos modos, esta decisión no hace cosa juzgada y puede ser modificada si hechos posteriores lo exigen m, antes de la decisión final , conforme Regla 23 (e) (1). Existe amplia discreción judicial para determinar si el proceso debe tramitar como acción de clase, y en general se analizan no sólo los factores legalmente establecidos sino también otros 452 . Por ejemplo, puede exigirse que la clase sea redefinida 453 , que se provean los nombres de los miembros de la clase o que se mejore la representación 454 , y también puede efectuarse una certificación parcial, esto es, que abarque solamente algunos aspectos del litigio m . b) NOTIFICACIÓN A LO MIEXBROS DE LA CLASE. - Efectuada la certificación, debe notificarse a todos los miembros de la clase que ha sido iniciada una acción que los involucra 456 • Esto es vital en orden a que: 1) la acción sea efectiva, es decir que la decisión sea vinculante para todos los miembros, y 2) se 4

• 5° "Stebbins v. Nationwide lnsurance Co.", 469 F.2d 268, 270 n . en 410 U .S. 939. De todos modos el 3 (4 Crrcutto, 1972), certiorari dictado de oficio del ac.to de certificaci6o puede ocasionar algunos problemas t~les como .una representación de la indeseada. Véase "Northern District of Califorma D~lkon Sh1el~ IUD Produds Liabihty Litigation", 693 F.2d 847 (92 CirCUitO, 1982), certzoran denegado en 459 U.S. 1171. 4 51 "H e· ruttle Rack", 787 F.2d 1223 (8° Circuito 1986)· "Zemth v. Jty 0 1a b or~ton..eservey , lnc. v. Carter Wallace, lnc.", 530 F.2d 508 (3º Cir ' ·t l!l76) twran denegado en 429 U.S. 2S. CU! O, , cer402 "A.H. Robins Co.• 880 F2d 709 740 W e· . negado en 193 u s 95 9 . ·c'art · •' ll'Cmto, 1989), certiora ri de· . . douc¡;;ado ·en· 41 , U .S . er v. _8 utz · 479 F2d 1084 ca• e·rrcu¡' t.o , 1 9 73) , cer· tzorart · 4 1103 4 5~ "Hardy v. U.S. Steel Co • 289 F S . AJabama , 1967). rp . ' · upp 200 ('Ihbunal del Distrito Norte 454 "Pagc v. Curtiss Wri ht Cor • de N ew J er sey, 1971 ). g p. ' 332 F.Supp 1060 (Tribunal de Dis trito 4 5 , 1\ "J enkins v. Raymark l ndustri • 'S tong v. Bucyrus-Erie Co.", 481 F Su es, Inc. , 782 F.2d 468. W Circuito, 1986); consm, 1979); "McCoy v. Salero Mo. ~p 760 .(Tribuna l del Distrito Este de WisE ste de Michigan, 1976). rtg ge Co. ' 74 F.R.D. 8 ('I'ribuna l del Distrito 456 En rigor, e te requisito es com · (e) (2), pero adquiere una especial im a ~odas las categorías y figura en 23 comunes , ya que muchas de ellas ha ~d ~Cla dentro de las acciones de clase seb ~plido este recaudo (FRIEDENT~J ~ac~~e~~adas como tales por no habero ·Cit. , p. 734). ' ' .nJ\NE, Mary, and MIJ. Lr; R, Arthur,

:n

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resguarde el debido proceso de estas personas 467 • Es preciso analizar entonces qué se entiende por una notificación adecuada. Para ello hay que examinar tanto las reglas legales vigentes como los requisitos constitucionales del debido proceso. De la lectura de las primeras, contenidas en 23 (e) (2) 4"" Y 23 (d) (2), surge que existen solamente estándares generales de cómo practicar la notificación, que como tales exigen un 'l' . 4&9 ana ISis caso por caso . La primera norma establece que -en cualquier acción de clase entablada de conformidad con la subdivisión (b) (:3) (clase común o de daños)- el tribunal notificará de la mejor forma posible, de acuerdo con las circunstancias a todos los miembros de la clase, incluyendo las notificacione~ individuales a todos los miembros que puedan ser razonablemente identificados, estableciéndose además algunas directivas básicas que debe contener la notificación 460 . La segunda norma establece que se notifique de la manera en que lo establezca el tribunal a algunos o a todos los miembros de la clase acerca de cualquier trámite en el proceso, o acerca de los alcances propuestos de la sentencia, o acerca de la oportunidad que tendrán los miembros para manifestar si consideran que la representación es justa y adecuada, para intervenir y presentar reclamaciones o defensas o de otra manera sumarse a la acción. En este terreno hay que hacer una distinción entre la notificación dentro de las acciones de clase comunes o de daños, reguladas por la Regla 23 (b) (3) y las dos c.lases restant~s, contenidas en 23 (b) (1) y 23 (b) (2). En la pnmera categona, se exige una notificación personal a todos los núembros identificables de la clase y una notificación general por vía de una 4&7 F. s común en el det·echo anglosajón la expresión to hauc a day in court, esto es Ltmer un día en la corte, entendido como la posibilidad de participar efectiv~mente en un proceso como parte . Pues bien, la acción de clase lim.ita mucho la posibilidad de t.encr un día en la corte, pero esa limitación e.s tá admittda si la notificación de la acción de clase ha sido correctamente practtcada. 4~R Referida específica, aun cuando no únicarn¡,nt.P., a las acciones de clase llamadas comunes o de "daños". . 459 "West Virginia v. Chas Pfizer & Co.", 440 F.2d 1079 (:.!• CircUito , 1971); "Four Seasons Securities Liligalion", 525 F.2d 500 (102 Circuito, 1975). , 460 Ellas son que : 1) el tribunal excluirá de la clase al mtembro que as1 lo solicitare en cierto plazo; 2) la sentencia, sea ésta favorable o no ,. afcct~rá a todos Jos miembros que no hayan solicitado la exclusión, y 3) cualq~~r . rmembro. que · · po dra, ' s1· 1o d eseare, ''nterveru·r en el JUICto a lraves de no requiera la excluswn un letrado.

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CONTROL DE CONSTT'l'UC!ONAL!DAD

publicación a los restantes, requisito que no aparece en las otras dos clases , según veremos más abajo. Este tratamiento diferente se explica en la medida en que los integrantes de una clase en la cual se encuentran involucrados quienes solamente pretenden obtener la devolución de una suma de dinero o una indemnización -como es el caso del tipo de clase regulada en 23 (b) (3)-, no poseen en común más que esta circunstancia, careciendo por lo general de otros lazos en común, lo que tal vez redunde en la posibilidad de ejercitar diferentes vías para la satisfacción de su interés. En punto a la primera categoría, no existe una manera definida para efectuar una notificación, lo que concede a los tribunales una gran discreción para determinar la forma de practicarla. La exigencia -ha dicho la Corte Suprema- es que el método empleado alcance razonablemente a todos los miembros de la clase ~ 61 • Si la clase es muy numerosa, el requisito se satisface con una notificación postal por correo simple, empleándose además una publicación en algún medio de circulación general para los miembros de la clase que razonablemente no hayan podido ser identificados. En la identificación de los miembros pueden utilizarse documentos de variado tipo; por ejemplo, listados de accionistas de compañías, listados de propietarios, de contribuyentes u otros, de manera tal que la notificación personal puede llegar a todos los incluidos en esas listas 462 . La notificación personal e individual puede resultar muy costosa para los representantes de la clase, pero aun así la Corte Suprema ha sido estricta en mantener la exigencia sobre la base de una interpretación literal de la Regla 23 (e) (2). En "Eisen v. Carlisle & Jaquelin", primero el Tribunal de Segundo Circuito 463 y luego la Corte Suprema 46 \ en un caso en el cual s~ trataba de una clase de 6.000.000 de individuos, siendo identificables 2.000.000 por medio de registros de computación, establecieron que la notificación personal debia ser practicada 46 1

"Mullane v. Central Hannover Bank & Trust Co.", 339 U.S. 306 (1950). "Mader v. Arme!", 402 F.2d 158 (62 Circuito, 1968), certiorari denegado en 394 U.S. 930; "Bunch v. Barnett", 62 F.R.D . 615 (Tribunal del Distrito de South Dakota, 1974); "Korn v. Franchard Corp.", 50 F.R.D . 57 (Tribunal del Distrito Sur de New York , 1970). 463 479 F.2d 1005 (2'1 Circuito, 1978). 464 417 U.S. 156 (1954). 4 2 6

LA

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pese a su elevado costo 465 no pudiéndose trasladar a los demandados dicho costo, aun cuando el tribunal de primera instancia se había expedido preliminarmente acerca del éxito probable de la acción 466 . Este criterio también fue aplicado por la Corte en "Oppenheimer Fund. In c. v. Sanders" 467 , donde se rechazó la petición de trasladar a la contraparte el costo de identificación de todos los miembros de la clase disimulado a través de una prueba anticipada (discouery) 468 , pero en este punto específico la jurisprudencia no es totalmente uniforme 469 • De todos modos, debe tenerse en cuenta que el criterio seguido por la Corte en estos casos ha estado guiado por la Regla 23 y no por principios que emanan del debido proceso 470 , a pesar de que los redactores de la regla 23 -según señalan FRIEDENTHAL, KANE y MILLER 471 - se inspiraron en los requisitos del debido proceso establecidos por la Corte en "Mullane v. Central Hannover Bank & Trust Co." 47" . De allí que algunos tribunales estatales que no están obligados por la Regla 23 sino por sus propias disposiciones han seguido una línea diferente , especialmente cuando ello pcrmit.e una reducción de los costos 473 . Sin embargo, Se había establecido en aproximadamenle u$s 225.000 (479 U.S. 167). 417 U.S. 177. Recordemos que por aquella época se exigía, entre los requisitos de admisibilidad de la acción de clase, que el tribunal determinara e l éxilo probable de aquélla. 467 437 u.s. 340 (1978). ~GB La Corte dijo (4~7 lJ .S . 359) que 8i la identificación de los miembros de la clt\~e resultaba más fácil para el demandado que para los represenlantes de aquélla , podía encomendarse a aquél dicha larea, siempre y cuando fuera costeada por los actores. <69 A pesar de la lin ea jurisprudencia! que cit.o en este párrafo (véase "Hoffman-T.a Roche v. Sperling", 49~ U.S. 165 -198\l-, donde la Corte Suprema convalidó una decisión anterior que había permitido a través del discouery el conocimiento de los nombres y direcciones de iodos los empleados que estuvieran en una situación determinada en una acción relativa a la ley contra la discriminación laboral por razón de la edad - Age Discrimination in Employment Act-). 470 As{ lo establece claramente el Tribunal en el caso "Eisen" (417 U .S. en p. 177). 471 Obra citada , p . 751. m 339 U.S. 306 (1950). 47~ En "Mountai n States Telephone Co. v. District Couri", 778 Pacific Reporter, 2nd Series (Colorado, 1989), certiorari denegado en 493 U .S . 983, el Super_ior Tt-ibunal de Colorado obligó a la compañía telefómca demandada a. ~compa.nar la noli.ficadún a los miembros de la clase con la factura de los servlClOS, lo que abarcaba unos 1 ,5 millones de personas, pu es ello reducía notablemente los costos de la acción de clase. 45:;

466

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CONTROL DE CONSTITUCIONAI.TnAD

algunos tribunales federales inferiores han reconocido que el efecto vinculante de una sentencia en una acción de clase bajo la Regla 23 (b) (3) impone la notificación personal como requisito del debido proceso 474 • En cuanto a las acciones de clase previstas en 23 (b) (1) y 23 (b) (2) , rige lo dispuesto en 23 (d) (2), que es claramente menos exigente, en tanto sólo establece que la notificación se hará de la manera en que lo establezca el tribunal a algunos o a todos los miembros de la clase. Puede verse que no rige aquí -tal como ya adelanté- la regla de la notificación personal a todos los integrantes de la clase. Se alude para explicar esta diferencia de tratamiento a diferentes razones. Se ha dicho, por ejemplo: a) los integrantes de estas dos categorías de clases están normalmente más cohesionados; b) lo que se decida en un juicio individual será vinculanLe de hecho para todos los miembros de la clase; e) las defensas o argumentaciones que cada individuo pueda oponer carecen de sustanciales diferencias con las del resto, y d) los integrantes de estas clases normalmente no se excluyen del proceso. Desde ya que, si fuera necesario, los tribunales poseen competencia suficiente para disponer una notificación personal a todos los integrantes de estas clases 475 • A pesar de que las diferencias en las formas de notificación que presentan estos dos tipos de clases con la clase común o de daños parecen ser claras, no hay uniformidad jurisprudencia! en los tribunales federales acerca de si existe para los integrantes de aquéllas alguna forma de notificación obligatoria. Así, mientras los tribunales de los Circuitos Quinto 476 y Noveno 477 sostienen que la notificación individual no es obligatoria, seguidos por algunas decisiones de primera instancia en Wisconsin 478 , 474 "Appleton Electric Co. v. Advance United Expressways", 494 F.:ld 126 (7 2 Circuito, 1974); "Lynch v. Sperry Rnd Corp.", 62 F.R.D. 78, 85 , n . 8 (Tribunal del Distrito Sur de New York , 1973). 47 6 "Herman v. Narragansett Racing Association", 48 F.KD. 333, 338 (Tribunal del Oistrito de Rhode lsland, 1969). 4 76 "J ohnson v. General Motors Corp.", 598 F.2d 432 (5 9 Circuito, 1979). 477 "Elliot v. Weimberger", 564 F.2d 1219 (9! Circuito, 1977). 4 8 7 "LefTel v. Wisconsin Interscholastic Athletic Association", 444 F.Supp ('Il:ibunal del Distrito Este de Wisconsin , 1978).

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Louisiana m y Maryland 480 , los tribunales de primera instancia en Tennessee •8 t, Obio 482 y South Carolina ~ han sostenido lo con~rario. Los tribunales del Segundo Circuito, por su lado, entien.d en que una publicación con notificación a algunos miembros tipo de la clase escogidos al azar puede ser suficiente 4114 . Puede verse q~e , como en toda esta materia, la cu es tión queda en bu~na med1da a disposición de los poderes discrecionales del tn~mna~ ,- por lo que se recomienda practicar algún tipo de notificac10n en la medida de lo posible 486 • Por último, si bien tampoco existe una directiva l e g a l específica ac~rca de cuál debe ser el contenido de la notificación, se ha decidido que ella debe informar a sus desti n atarios de sus derechos. En ese orden de ideas se ha establecido 486 que la notificación contenga como minimo: 1) una descripción de la disputa; 2) la naturaleza de la acción ent abla da ; 3) las cuestiones ventiladas en el litigio, y 4 ) la dirección a donde dirigirse . Asimismo, en caso de que los integrantes de la clase tengan derecho a optar por quedar afuera del litigio, debe informárseles de ello y de los otros pasos procesales a seguir 487 • e) FACULTADES DE DIRECCIÓN DEL PROCESO. La Regla 23, punto (d), otorga al juez ciertas facultades para conducir y ordenar el proceso que le permiten: 1) Determinar el curso del procedimiento y ordenar medidas para prevenir repeticiones innecesarias o complicaciones 47~ "Neloms v. Southwest ern Electric Power Co.", 72 F.R.D. 128 (Tribunal del Distrito Oest e de Louis iana, 1976). 480 "Vaughns v. Board of Education of Prince Georges-Cou nty" , 35f, F.Supp 1034, 1035, n 2 1 (Tribunal del Distrito de Maryland , 1972). 481 "Alexander v. Avco Corp ." , 380 F.Supp 1282 (Tribunal del Distrito Central de Tennessee, 1974). 482 "Rrewer v. Republic Steel Corp .", 64 F.R.D. 591 (Tribu nal del Distrito Norle de Ohio, 1974). 483 "Ellison v. Rock Hill Printing and Finishing Co.", 64 F.R.D . 415 !Tribuna l del Distrit o Sur de Sout h Carolina, 1974). 41:14 "Agent Ora nge Product s Liability Litigation", 818 F.2d 145, 168-69 (2" Circuito, 1987). 485 FRIEDENTHAL, J ack ; KANF., Mary, and MtLLF.R, Arthu;, ~b. cit., P· 754. 48ij "Kyriazi v. Western Electric Co.", 647 F.2d. 388 !3 Crrcmt.o, 19~1). 487 Véase "Abulaba n v. R.W. Presspri ch & Co.", 51 F.R.D. 4~6 !1'rlbun a1 del Distrito Sur de Ncw York), donde se informó, además , que e10stia una reconvención contra la clase.

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en la producción de las pruebas o alegatos. Se trata, fundamentalmente, de medidas por medio de las cuales el juez puede flexibilizar el proceso de manera de hacerlo ágil y eficiente. 2) Ordenar que se notifique a algunos o a todos los miembros de la clase acerca de cualquier trámite dispuesto en el curso del proceso, de los alcances propuestos de la sentencia, de la oportunidad que tendrán los miembros para manifestar si consideran que la representación es justa y adecuada para intervenir y presentar reclamaciones o defensas. Se trata de autos que tienden, como puede verse, a la protección de los intereses de los miembros ausentes de la clase. Se ha sostenido doctrinariamente en algunas oportunidades que los miembros de la clase pueden intervenir espontáneamente en el proceso, pero hoy prevalece el criterio de no conceder esta posibilidad 488 • Por tal motivo, estas facultades judiciales cobran gran importancia. 3) Imponer condiciones a los representantes de la clase o a los miembros intervinientes. Tales condiciones pueden ser, por ejemplo: mantener la clase dentro de un número manejable 489, delimitar mejor los perfiles de la clase 490 , acreditar que la notificación a los miembros ausentes se efectuará de manera tal que no se afecte el debido proceso 491 • 4) Requerir la modificación de la presentaciones en el sentido de eliminar toda alusión a la representación de ausentes cuando la demanda ya no tramita como acción de clase 492 • Fuera de las previsiones de la Regla 23, los jueces, en algunas ocasiones, han diseñado curiosos sistemas para hacer efectiva la responsabilidad de la contraparte de la clase. Ello puede notarse, por ejemplo, en acciones de clase iniciadas por grupos de consumidores de algún producto donde si bien es fácil esta~l~cer la responsabilidad del fabricante o de quien lo comercializa, es dificil sin embargo determinar el monto del ~RIEDENTHAL, Ja ck; ~E, Mary, and MI LLt;R, Arthur, ob. cit., p. 747 . . Ph1ladelphta Electnc Co. v. Anaconda American Brass Co " 43 F R D 452 (T!·,bunal del Distrito Este de Pennsylvania 1968) . ' · · · 490 "W · T • · v k etss v. enney Corp.", 47 F.R.D. 283 (Tribunal del Distrito Sur do N ew .or , 1969). . 491 "C . k N V 317 F.Supp uls~~2 :.r:~rlD~ds~he Combinatie Voor Chemische Industrie". un e lStrito Este de Pennsylvania, 1970). 492 R juez a des=~~:,oslaq~ hechts posteriores a la certificación pueden obligar al no hace cosa juzgada. usa, o cual es poslble en la medida en que este auto ::

71ni:, .

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daño individual sufrido por cada consumidor. Frente a ello los tribunales de California desarrollaron un sistema denominado de "recuperación fluida" (fluid recouery) 493 luego recogido en algunas legislaciones locales 494 , que consiste en establecer una suma global que deberá pagar el demandado, calculada sobre la base de sus libros o registros comerciales 496 . Luego de ello, se le ordena al demandado que disminuya sus precios temporariamente, hasta que se compense con ello la suma establecida 496 . Algunos tribunales federales, tales como los del Segundo Circuito 497, han reaccionado fuertemente contra este sistema, sosteniendo que está totalmente fuera de los alcances de la Regla 23, en tanto que otros, en los Circuitos Noveno 498 y Decimoprimero 499, lo han empleado. La Corte Suprema no se ha pronunciado todavía sobre el punto . Como puede verse, este tipo de decisiones apartan al juez de su rol tradicional de órgano imparcial entre dos partes en litigio y lo obligan a asumir la tarea de administrar y conducir un sistema complejo y controvertido 500 • De allí que exista una gran resistencia en quienes todavía no asumen este cambio. Sin embargo, una vez incorporado el sistema de las class actions al procedimiento judicial, la administración de justicia debe hacerse cargo de estas tareas, ya que de lo contrario el caos puede apoderarse del 1itigio 501 • d) DESISTIMIENTO Y TRANSACCIÓN. - Como en cualquier otro procedimiento, las acciones de clase permiten también el desistimiento y la transacción. El caso está regulado en 23 (e), 4 93 "State v. T.evi Strauss & Co. ", 224 Calliornia Reports 605 (1986); "Daar v. Yellow Cab. Co.", 63 California H.eports 724 (1967). 4Y4 La de Dakota del Norte, por ejemplo, en la Regla 23 (o) (3). 4Yf\ "Devidian v. Automotive Service Dealers Assodation .. , 111 California ReportR 22 ( 1972). 4 ~6 Obvio es decir qu e con este sistema no se logra que los be neficiarios de la sentencia sean exactamente los mismos que integraban la clase. Por ello, el sistema no es empleado cuando no pueda definirse a los actuales perjudicados. 4~7 "Eisen v. Carlisle & Jaquelin", 479 F.2d 1005 (1973). 4!18 "Six Mexican Workers v. Arizona Citrus Growers", 904 F.2d 1301 (1990). 4~» "Nelson v. Grea tcr Gadsden Housing Authority", 802 F.2d 405 (1986) . 50U "Dol¡¡ow v. Anderson", 43 F.R.D . 472, 481 (1'ribunal del Distrito Central de N cw York, 1968). fi 01 FRIEfiJ; NTIIAL, Juck; KA.N E , Mary, and MILLER, Arlhur, ob . cit. en nota 359 ,

p . 748.

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donde se establece que todo desistimiento o transacción, para ser válido, deberá contar coP.: 1) la homologación del tribunal, y 2) la notificación a los integrantes de la clase bajo las formas que aquél establezca. El juez no participa regularmente de las negociaciones entre las partes. Una vez que el acuerdo le h~ 50 sido sometido el tribunal lo estudia y verifica sus alcanceS ~ en orden a est~blecer si se ha alcanzado una solución que pr~te­ ja debidamente los intereses en juego 503 , escrutando especialmente los de los miembros ausentes 50·1• Entre los factores que el juez debe analizar en el momento de decidir la homologación del acuerdo se encuentran: 1) la cantidad de impugnaciones presentadas por los integrantes de la clase. Este factor, indudablemente, provee al juez un importante elemento de convicción acerca de la conveniencia de la transacción 505 , aun cuando, ciertamente no es definitivo 506 y no está claro todavía en la jurisprudendia qué peso posee; 2) la posibilidad de que la clase resulte triunfante en el pleito; 3) la complejidad de las cuestiones involucradas; 4) el monto del acuerdo, comparado con el del pleito; 5) el costo de proseguir el litigio; 6) el plan de distribución presentado con el acuerdo y las posibilidades de cumplirlo, y 7) si se ha cumplido debidamente con la notificación a los miembros ausentes. 002 "Zerkle v. Cleveland-Cliffs Iron Co.", 52 F.R.D. 151 , 159 (Tribunal del Di lrito Sur de New York , 1971); "Heech v. Pittsburgh Slee l Co.", 40 F.Supp 243 (Tribunal del IJistrito de Pennsylvania, 1941). 503 "Young v. Katz", 447 F.2d 431 (5" Circuito, 1971); "Wainwright v. Kraftco Corp.", 53 F.R.D. 78 (Tribunal del Distrito Norte de Georgia , 1971). sw Es bastante común que lo. jueces no favorezc an las transacciones en las acciones de clase. Ello puede verse a través de varios casos tales como "Williams v. Vukovich", 720 F.2d 909, 925 (69 Circuito, 1983); "Holmes v. Continental Can Co.", 706 F.2d 1144 (11 ° Circuito, 1983); "Franks v. Kroger Co.", 649 F.2d 1216 (6° Circuito, 1981); "lnternational Pancakes Franchise Litigation", 487 F.2d 303 (8° Circuito, 1973); "Plummer v. Chemical Bank", 91 F.R.D. 434 ('I'rihunal del Distrito Sur de New York, 1981), confirmado por el 2° Circuito, 668 F.2d, 654 (1982). 606 "Corrugated Container Antitrust Litigation", 643 F.2d 195 (5 9 Circuito, 1981). 506 "Chicken Antitrust Litigation American Poultry", 669 F.2d 228 (5 9 Circuito, 1982).

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La notificación a los restantes integrantes es esencial para darles la oportunidad de objetar el acuerdo y que el tribunal identifique a aquellos que desearían continuar con la acción de clase en caso de que los representantes originales se apartaran del litigio. Asimismo, algunos acuerdos prevén que ciertos miembros puedan continuar el litigio en forma individual 507 , pero no es inconstitucional 508 ni existe abuso del poder de homologar un acuerdo 509 , si éste no contempla tal posibilidad. El integrante debidamente notificado que no objete en tiempo y forma el acuerdo no podrá luego apelarlo 510 o impugnarlo por otros medios colaterales 511 • Puede ocurrir, asimismo, que la contraparte de la clase negocie en forma individual con algunos de los integrantes de aquélla, sin homologación judicial, aun cuando de dichos acuerdos resulte una reducción tal de la clase que haga inviable la certificación 512 . Una cuestión distinta se presenta cuando el acuerdo transaccional es intentado antes de la certificación . Es indudable que el costo de notificar el acuerdo alcanzado a todos los miembros de la clase resulta generalmente costoso. Por ello es común que se trate de llegar a una transacción antes de que se haya certificado el proceso como una acción de clase , pues con ello también se ahorran los costos del proceso de certificación. Esta modalidad tiene el inconveniente de que el tribunal en esta etapa preliminar puede carecer todavía de la debida información acerca de la clase para decidir correctamente sobre los derechos de ésta. Ante esta situación, muchos tribunales otorgan al proceso tratamiento de acción de clase, aun durante el período pre-certificación, para que se cumpla ~n 7 ~u~

"Holmes v. Continental Can Co.", citado en nota 504. "Nottingham Partners v. Dana", 564 Atlantic Reporter, 2nd Series 1089 (Dclaware, 1989). 509 "Ofliccrs for Ju stice v. Civil Service Commission of Cily & County of San Francisco", 681:l F.2d 615 (9" Circuito , 1982). 5 IO "Marshall v. Holiday Magic lnc.", 550 F. 2d 1173 (92 Circuito 1977)· "Mungin v. Florida East Cost Ry. Co.", 441 F.2d 728 (59 Circuito, 1971),' certio;ari denegado en 404 U.S. 897. 511 "Antibiotics Antit m st Actions", 333 F.Supp 296 (Tribu nal del Distrito Sur d~. Ncr.w Yo;k. 1971), C0nfirmado bajo la denominación "Connors v. Chas Plizer & Co ~ ,·" 4.?? F.2d ll UJ (22 C!ICUl to, 1971), certiorari denegado en 408 U.S. 930. . . Genetal ~otors Corp. Eng¡nc lntct·change Litigation", 594 F.2d 1106 (7• Ct~cmto, 1979),certzoran denegado en 444 U.S. 870; "Weight Watchers of Phil ad~J ­ phta, lnc. v. We1ght Watch ers Joternational, loe.'', 455 F.2d 770 (2• Circuito, 1972).

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CoNTROL ut: CON:O'TITUC IONALIDAD

con el requisito de la homologación judiciaP 13 . También se ha propuesto que la homologación sólo tenga lugar después de la certificación 514 , aun cuando se ha dicho también que ello no es necesario si existe uficiente información en el tribunal acerca de los integrante de la clase como para asegurarles una debida notificación del acuerdo 5 15 • e) EFECTOS VIN~

DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LOS

Entramos finalmente en uno de los puntos m ás conflictivo y difíciles de resolver de las acciones de clase; esto es, el de los efectos de la sentencia 516 • Como r egla general , si todo los requisitos hasta ahora estudiados se han cumplido, la sentencia que se dicte tendrá efectos vinculantes para todo lo miembros de la clase, hayan tomado intervención o no en el proceso m . Se trata, como puede verse, de una derogación importante del principio de que todos tienen derecho a tener "un día en la corte"ii 18 , en aras de que un sistema judicial no se vea sobrecargado innecesariamente con múltiples e idénticos litigios. Una vez más un derecho individual se ve sacrificado ante una exigencia de carácter general; en este caso, la eficiencia de la justicia 519 • MIEMBROS DE LA CLASE. -

61:1 "Diaz v. 1'rust 'l'erritory of Pacific Islands", 876 F.2d 1401 (9" Circuito, 1989); "Shelton v. Pargo, loe. ", 582 F.2d 1298, 1308, n. 31 (4" Circuito, l978). !il 4 "Philadelph ia Electric Co. v. Anaconda American Brass Co.", 42 F.R.D. 324, 326 (Tribunal del Dis trito Este de Pennsylvania, 1967). 5lfi "Wei nber·ger v. Kendrick", 698 F.2d 61 (2' Circuito, 1982), certiorari denegado en 464 U.S. 818; "Bcef lndustry Antitrust Litigation". 607 1:<'.2d 167 (5V Circuito, 1979), certiorari denegado en 452 U.S. 905. 516 Bajo las antiguas Reglas de Equidad Federales, este punto nunca fue claro. No estaba e tab lecido si los miembros a usentes de una clase quedl!hau obligados o no por los efectos de la sentencia. Esta confusión fue despejada en parte cuando la Corte Suprema r esolvió "Supreme Tribe of Ben-Hur v. Cauble", 255 U.S. 356 (192 1), donde todos los miembros de una organización de beneficencia quedaron obligados por una sentencia que decidió acerca del control y disposición de los fondos de aquélla. 517 "Cooper v. Federal Reserve Bank of Richmond", 467 U.S. 867 (1984); "Hansbeny v. Lee", 311 U.S. 32 (1940). 518 Véase upra , nota 457. 519 La búsqueda por la eficacia judicial y el ahon-o jurisdiccional son tales que en algunas ocasiones no se ha permitido a los miembros de una clase que no han participado en el proceso apelar las decisiones consentidas por los re· presentan tes de la clase ("Walter v. City of Mesquite", 858 F.2d 1071, 52 Circui to, 1988; "Guthrie v. Evans", 815 F.2d 626, 11" Circuito, 1987).

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De todos modos, esta regla general en la práctica no es tan lineal como su enunciación parece sugerir. Digamos, en primer lugar, que es difícil para un tribunal predeterminar los efectos de la cosa juzgada de sus propios pronunciamientos 520 , razón por la cual lo que legalmente se exige de estas sentencias es que describan a los miembros de la cla e de manera tal que eso contribuya en el futuro a e tablecer a quiénes afecta la scntencia 521 • En segundo lugar, la ambigüedad en los efecLos de la sentencia aparecerá, seguramente, cuando a pesar de la descripción que aquélla efectúe, un integrante de la clase sostenga que no está obligado por el pronunciamiento porque la representación fue inadecuada ~~", o porque la notificación fue incorrecta 523 , todo lo cual tiene efectos sobre el debido proceso 624 • En 1985, al resolver el caso "Phillips Petroleum Co. v. Shutts " 52 ~, la Corte Suprema estableció cuatro condiciones que debe Lener el pronunciamiento dictado en una acción de daños 528 para que posea efectos vinculantes sobre los miembros de la clase actora no presentados en el proceso y que se encuentren fuera de la jurisdicción del tribunal. Ellos son: 1) debe recibirse la notificación y debe otorgarse la posibilidad de ser oído ; 2) la 5~u "Gonzalez v. Cassidy", 474 F.2d 67 (52 Circuito, 1973); "Cherner v. Transitron Electronic Corp.", 221 F.Supp 48 (Tribunal del Distrito de Massachusetts, 1963). 0 2 1 La Regla 2::1 (el (3) establece cómo deben ser descri ptos los miembros de carla clase, pero no podría est.ablec~r de antemano los efectos de cosa juzgada de la sentencia , pues se considera que ello no pertenece al derecho procesal sino al derecho de fond o y en 28 use § 2702 se prohíbe que los tribunales, al dictar normas de procedimiento, afecte n derechos sustanciales. 5 22 "Grisby v. North Mississippi Medica! Center, Inc.", 586 F.2d 457 (52 Cir· cuit.o, 1978). 52 :l "Penson v. Terminal Transport Co.", 634 F.2d 989 (52 Circuito, 1981); "Pearson v. Easy Living Inc.", 534 F.Supp 884 (Tribunal del Distri to Sur de Ohio , 198 1); "McCarthy v. Direct.o r of Selective Service System", 322 F.Supp 1032 (Tribunal del Distrito Este de Wisconsin, 1970). 524 Algunos tribunales han sostenido que los defectos en la representación pueden ser salvados con una correcta notifica ción; así, "Four Scasons Securities Laws Litiga tion", 525 F.2d 500 (lO~ Circuito, 1975). Pero se ha dicho también -en la justicia local- que una adecuada representación puede superar los problemas de una incorrecta notificación (''Johnson v. American Airline lnc." 203 ' California Reporter 638, 1984). 52~ 472 u.s. 797 (1985). 526 La Corte limi tó su pronunciamiento a este tipo de acciones de clase, sin extenderlo a las dos restantes.

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notificación debe estar de acuerdo con lo establecido en "MuJlane v. Central Bank Hannover & Trust Company" 5 ~ 7 ; 3) de acordarse, la oportunidad de optar por quedar fuera del litigio, y 4) el miembro en cuestión debe ser representativo de su clase. Pese a que las reglas establecidas por la Corte son bastante claras , la cuestión no ha sido todavía despojada de toda sombra. Por el contrario no está resuelto todavía qué sucede con aquellas clases cuyos miembros están todos dentro de la jurisdicción del tribunal pero alguno de ellos no ha sido notificado, pese a estar debidamente representado. Asimismo se ha decidido que si un miembro de una clase que ha sido inadecuadamente representado no está obligado por un pronunciamiento adverso a la clase, la contraparte de ésta también puede evitar los efectos de la sentencia si demuestra que se ha violado el debido proceso de los miembros de la clase aun cuando la sentencia les fuere favorable 5 ~ij , lo que merece una fuerte crítica doctrinaria 529 • Tampoco está resuelto si quienes optaron por quedar fuera de la clase luego pueden invocar en su beneficio una sentencia favorable. En algunas decisiones del Noveno Circuito es posible 530 , mientras que en otras del Séptimo Circuito no lo es ~:n. Es evidente -tal como se ha señalado m- que al permitirse esta posibilidad se destruye en buena medida el sistema de las class actions, pues con ello se facilita la opción de quedar afuera sin asumir el riesgo de un pronunciamiento desfavorable y con los beneficios de uno favorable, de modo tal que todo el mundo trataría de optar por estar afuera. Una ~uestión int~resante y compleja se presentó en un caso relatJVarnente reciente, donde existían dos acciones de clase planteadas" en difer~ntes tribunales por un mismo hecho. Me refiero a Matsushita Electric Ind. Co. v. Epstein"ssa, en 527

339 U.S . 306 (1950). "McCarth n· f (Tribunal del DisJ;t:· Es~e~~\~~sc~:~~;iv e ~~~~~e Syst~m ", ~22. F.S upp 1032 .. ' • asqlllei v. 'larr , 318 F.Supp 1350 (Tribunal del Distrito Este d 444 F.2d 116 ( 1971). e Loms,ana, 1970 >. confirmado por el 5 9 Circuito, fi~s

19

529

Ver F!!IF:DJo:NTliAL Jack· KA M "Saunders v. Na,val Air Re~~rk ~c~~d _MrLLP.R, Arthur, ob. cit., p. 758. o31 "Premicr El t · ty · 608 F.2d 1308 (1979). ¡ El · ec nc onstruct1on Co v Nat' sociation", 814 F.2d 358 (lgg 7¡ · · wna ectnc Constructors As532 F!!JEDENTHAL, Jack; ~e M WR!GifT, Charles A., ob. cit, p. 520 _' ary, and MILLER, Arthur, ob. cit. , p. 759; 533 516 U.S. 367 (1996).

~30

e

.

LA

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donde la Corte tuvo que analizar los efectos de un acuerdo celebrado en una de dichas acciones sobre la otra que estaba aún pendiente de resolución. La compañía Matsushita hizo una tender offer 5 ~ por medlo de la cual adquirió el paquete accionario de MCA, Inc., una empresa fílmica de Delaware. La operación dio lugar a sendas acciones de clase promovidas por los accionistas de MCA, quienes alegaron irregularidades cometidas por los directores y gerentes de esta última r, 35 . Una acción de clase fue promovida ante los tribunales locales de Delaware y la otra ante un tribunal federal de California. Matushita obtuvo una decisión favorable en esta última acción y estando pendiente la apelación, las partes en la otra a~.:ción llegaron a un acuerdo. Quedó establecido allí que todos los ntiembros de la clase que no hubieran optado por salir de ella resultaban obligados por esta decisión, y renunciaban a todas las acciones iniciadas, lo que incluía la acción en la justicia federal de California. La Corte Suprema 536 confirmó la decisión del Superior Tribunal de Delaware, que había aprobado el acuerdo m . D CóMPUTO DE LA PRESCRIPCIÓN. - Es importante señalar que , dados los efectos vinculantes de la sentencia, el término de la prescripción de la acción se interrumpe con el inicio de la acción para todos los miembros de la clase 538 • Esta interrupción es válida, aun cuando con posterioridad la acción no continuara como de clase, ya que de lo contrario sería necesario para todos los miembros iniciar una acción individual a efectos de evitar el transcurso del término de la prescripción s~H . r.a• E~ una ofer ta de una compañía directamente efectuada a los accionistas de otra, para adquirir sus acciones a un precio fli o (Black's Law Dictionary, ob. cit., p. l4HO). ó35 Se a legaba la violación de las reglas de la Securities and Exchange Commission (SF.C). 536 La decis ión fue adoptada por el voto del juez Thomas, con quien concurrieron los jueces Rehnquist ( Presidente), O'Connor, Scalia , Kennedy, Souter y Breyer. fi37 Este caso también ha sido a nalizado por l sSAOWlOI'~·. en el articulo citado supra, nota 408 . 5:<8 "Es plin v. Hirschi", 402 F.2d 94 (lO• Circuito, 1968), certiorari denegado en 394 U .S . 928. 53• "American Pipe and Construction Co. v. Utah ", 414 U .S . 538 (1974); "C rown, Cork & Sea\ Co. v. Parker" , 462 U .S. 345 0983) .

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g) CUESTIONES DE COMPETENCIA. - Dado que las acciones de clase involucran a tantas personas diferentes, deben ser analizadas algunas cuestiones de competencia entre tribunales locales y federales . Sobre este tema la primera regla es que la jurisdicción federal por diversidad de ciudadanía 540 solamente la fijan los representantes de la clase, no importando a estos efectos la diversidad en los restantes miembros. Así lo resolvió la Corte Suprema en "Supreme Tribe of Ben-Hur v. Cauble" 541 y continúa siendo jurisprudencia vigente bajo la actual Regla 23 Mz. Igual criterio se emplea con la competencia territorial (venue)M 3. Diferente es el caso de la jurisdicción federal en razón del monto del proceso 54\ pues la Corte, en dos pronunciamientos sucesivos, determinó que el monto del proceso interfiere con la posibilidad de acceder a la jurisdicción federal. En "Snyder v. Harris" 545 se estableció que los miembros de una clase que poseían pequeños reclamos económicos no podían sumarlos a los efectos de llegar a la suma establecida para litigar en el fuero federal , y en "Zahn v. lnternational Paper Co."!i4", la dedsión fue más lejos aún, pues sostuvo que no podían integrar 540 Recordemos que en los Estados Unidos la ciudadanía es doble: nacional y estadual. De alli que hay diversidad de ciud a danía no só lo en el litigio con un extranjero, sino entre ciudadanos de diferentes estados. Por eso es que entre nosotros , a un cxi~tiendo solamente la ciudadanía nacional , los pleitos e ntre ciudadanos de diversas provincias corresponden a la jurisdicción federal. El análisis de casos sobre diversidad de ciudadanía puede verse en una versión muy actuali zada en CLINTON , Robert; MATASAR, Richard, and COLL!NS, Michael, Federal Courts. Theory and Practice, Little, Brown & Co., Boston, 1996, ca p. 6. 541 255 U .S. a56 (1921) . M 2 "School Asbestos Litigation", 921 F.2d 1310, 1317-18 (3QCircuito, 1990), certiorari denegado en 499 U.S. 976. 543 "Appleton Electric Co. v. Advanced United Expressway", 494 Federal Reporte r, 2nd Series 126 (7• Circui to, 1974); "Hesearch Corp. v. Pfister Associated Growers, lnc. ", 301 F.Supp 497 (Tribunal del Distrito Central de lllinois, 1969). 044 Dien es sabitlo que en los Estados Unidos, para que surja la jurisdicción federal, es preciso que el monto del proceso sea superior a $ 50.000.· Así se establece en 28 USC § 1332, desde 1988. Este monto ha venido incrementándose paulatinamente. Comenzó con $ 500 con la Judiciary Act de 1789 y luego fue elevado sucesivamente a $2.000 en 1887, $3.000 en 1911 y $ 10.000 en 1958 clfra ~ue permaneció estable hasta el incremento de 1988. Para el estudio d~ la JUnsdicCión federal en razón del monto puede verse el capítulo 5 de la obra de WRIGHT , Federal Courts, ya citada. 5 45 394 U.S. 332 (1969). 546 414 u.s. 291 (1974).

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la clase quienes reclamaran un monto inferior al estipulado galmente, aun cuando los representantes de la clase sí lo alcanzaran. Esta decisión mereció una disidencia de los justices Brennan, Douglas y Marshall 54 \ quienes sostenían que lo reclamos menores podían ser resueltos por la Corte, ejercitando lo que se denomina ancillary jurisdiction 548 •

§ 8 1. Controversi a s

A partir de la sanción de la Regla 23 de Procedimiento,

e~ empleo de las acciones de clase ha ido creciendo exponen-

oalmente, lo que ha generado una importante disputa doctri549 naria y un capítulo especial en los tratados de derecho procesal 560. Mientras algunos las consideran uno de los recursos so~ales más útiles de la historia 551 , para otros, en cambio, consltuyen una leg~lización del chantaje 1152 • Y esta disputa es perfe ctamente explicable. Las acciones de clase han permitido el acceso a los tribunales a cientos de miles de personas que por su condición social y económica lo tenían denegado de hecho. Penemos, por ejemplo, que el caso "Brown v. Board of Educati on" r; 53 , de segregación escolar, que constituyó una de las gran4 5 7 Una discusión en extenso de estos dos casos puede verse en HAllT & WEr.HSLEI!'s, The Federal Courts, ps. 1551 a 1557. M8 Acerca de la ancillary jurisdiction., me remito a lo dicho supra, § 14, b, cap. IT. 64 9 Una actitud muy critica hacia las class actions puede verso en MILLEn, Arthur, 0( Frank ..nstein. Mon sters and Shining Knight.~ : Myth , Reality and the Cla.~s Action ~roblem , "Harvard Law Review" , vol. 92, p . 664 , afio 1992. 550 Como dato ilustrativo, me pennito Lraer a colación que uno de los tratados de derecho procesal civil más importantes de los Estados Unidos , Federal Practice and Procedure , de WR! GHT, C.; MILLER, A, y KANE , M., West Pub. Co., Minnesota, 2nd cd., 1986, dedica los tomos 7A y 7B a las class actions, lo que , junto con el suplemento de 1993, abarca 1240 páginas. 56 1 POMMF.KANTZ, New Developments in Class Actions" · Has Their Death Knell Been Sounded?, "Business Lawyer", vol. 25, p. 1259 (1970), citado por WRJml'r, Charles A., Law of Federal Courts, oh. cit., p . 507 , nota 3. . . 552 HANDLER The Shift from Substantive to l'rocedural lnnovatwns m Antitrust Sttits , "Colorado Law Rcview", vol. 71, p. 1, esp. p. 9 (1971l, citado por WnJGH'l', Charles A.. ob. cit. , p. 507 , nota 4. 553 347 U.S. 483 (1954).

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

des revoluciones sociales en los Estados Unidos 56\ fue planteado como una acción de clase por Linda Brown en ejercicio de sus propios derechos y en representación de todos los demás escolares negros víctimas de la discriminación o segregación racial. A partir de allí, todo quien se considere representante de una "clase" puede accionar en nombre propio y en el de aquélla , lo que genera casos de lo más diversos, que van desde los protectores del medio ambiente a los adquirentes de heladeras estafados por una empresa comercializadora 555 • El uso intensivo de las class actions ha generado además -y desde hace ya varias décadas- dos efectos. Uno sobre los tribunales, especialmente la Corte Suprema, y otro sobre los abogados y el ejercicio de la abogacía. A partir del uso masivo de las acciones de clase, la Corte Suprema se ha convertido, en el sentir de algunos, una suerte de tercera -y tal vez la más importante- cámara legislativa, ya que al tener potestades para expresar el derecho en forma general para grandes grupos de personas, su tarea se asemeja mucho a la de un cuerpo legislativo "56 • De todos modos -y tal vez sea ésta una de las razoneslas decisiones de la Corte Suprema posteriores a la enmienda de la Regla 23 han intentado poner límites a sus alcances 557 • óó•t Hasta e~a época regía en los Estados Unidos en materia de igualdad la r~~:a sep~;ate .but equal (igual e~ pero separados), establecida en el caso "Plessy v.. .~ e• guso~ . 163 U.S. 537 (1896), donde a un mestizo se lo había obliga do a baJar del tren pues -pese a haber abonado su boleto- viajaba en un coche exclusivo P~:a blancos .. La Corte .. imbuida todavía d e un espíri tu ~umamente discrirninaLo\JO, establec16 que la rgualdad consistía en qu e blancos y negros tuvieran sim1 ares comodidades , pero nada obligaba a que tuvieran que estar juntos. Este fall~, ~na de las p1edras angulares de la segregación racial en los Estados u nidos ;nott~o que hasta med1ados de este siglo hubiera en todo tipo de es tablecimiento~ ugares separados .y exclusivos para los negros y para Jos blancos Natural te <¡ue este disposJt¡vo trasladado a las 1 h í . meocarecieran de ¡08 f .' ~sc u e as, ac a que las escuelas negras m mmos recursos econom1cos pa b · t' ¡ redundaba en la · po 'bil 'd d d . ra su SIS 11', o que de hecho nn s1 .1 a e estudia!' · con enormes dilicullade . · A part u' · d e es·te f.a 11u. Y por C1erto blancos. s, comenzaron a JUntarse las escuelas para negros y para

655 Véase: YEAZI::LL, Stephen C voz "CI A . " American Constitution Macmilla }>' b C ctJOn • en Encyclopedia of the ó56 Véase Mtt. Lf:R' Arthur sn V uz ~J .od... . lew York, 1986, t. I, p. 294. A nw.·tcan. J ud.zczal ' . System • ·• o u 1c1a ReVJew" Ch 1 S 'b • e11 E ncyc l oped'ta of the llfi8 Y 1159. • ares en ners Sons, New York, 1987, t. III, ps.

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En cuanto al ejercicio de la abogacía, han facilitado el crecimiento de la denominada Public-Interest Aduocacy (defensa de los intereses públicos) ejercida por organizaciones especialmente dedicadas a llevar esta clase de litigios masivos en representación de los derechos de las minorías, tal como ha ocurrido con la célebre NAACP M", que ha ayudado enormemente a superar las dificultades judiciales de personas carentes de recursos económicos";;~ . Por último, antes de entrar en el análisis de la Regla 23, no puedo omitir que las acciones de clase tienen un fuerte impacto sobre los denominados casos abstractos, ya que se ha resuelto ¡¡60 que aun cuando el caso se haya convertido en abstracto para el representante de la clase, el proceso continúa por los restantes miembros 56 \ § 82. Mi opinión

Es difícil, ciertamente, encontrar un pun Lo de cquilihrio entre los detractores de las class actions y sus apologistas, pues poderosas razones tanto jurídicas como económico-sociales conspiran en contra de ello. Desde el punto de vista jurídico hemos visto que el problema neural que las acciones de clase presentan es el del efecto vinculante de la sentencia para quienes no han sido parte en el proceso. Aquí es, probablemente, donde la cuadratura del círculo es más osten sible . No podemos ii58 Así, en los Estados Unidos, al lado de los grandes estudios juridicos que nuclean a cientos de abogados, dedicados a la atención de clientes corporativos, existen estas organizaciones también numerosas y con sucursales en casi todo el país, dedicadas a la protección de personas que en forma individual no podrían obtener un a~esoramiento jwidico debido. Entre ellas se destaca la National Association for the Advancement of Colored People
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CO:'-"TROL DE CONSTITUCIONALIDAD

ocultar que hacer obligatoria una sentencia sobre quienes. quizás sólo saben de la existencia del proceso por un anunc10 en un diario es convertir a los jueces en legisladores. Pero también es cierto que ello ocurre, de hecho, cada vez que se pronuncia un fallo cuyos alcances se proyectan sobre un número indeterminado de personas. A mi entender -y la experiencia recogida así lo dice- , las mayores objeciones que las acciones de clase poseen en los Estados Unidos no provienen de lo jurídico, sino que están enraizadas en lo económico. Una vez más encontramos aquí una encarnizada confrontación entre las grandes corporaciones - sus principales detractoras- y los representantes de los beneficiarios de las acciones de clase; esto es, quienes por razones de diferente orden carecen de la posibilidad de llevar adelante un proceso judicial en forma efectiva. Es aquí donde radica el nudo de la cuestión . ¿Cómo puede estar dispuesto a apoyar un sistema de acción de clase quien de pronto descubre que en el pasivo de su balance debe incorporar un reclamo planteado por 100.000 personas, aun cuando cada reclamo individual sea poco significativo? A la inversa, ¿por qué no habrá de apoyarlo quien, de pronto y sin mayor esfuerzo, descubre que se le ha allanado el camino para obtener una compensación pecuniaria o una mejor situación jurídica en sus derechos? Ambas posturas son, creo yo, prácticamente irreconciliables 562 • Entre las ventajas que pueden destacarse, menciono principalmente dos: 1) la seguridad jurídica relativa que ofrece el sistema, al permitir saber con algún grado de certeza quiénes son los que quedan obligados por el fallo.

Esto se logra con

la obligación de describir a los integrantes de la clase que los tribunales les imponen a los representantes de aquélla, y 2) la reducción de la tarea de los tribunales, que evita la repetición innecesaria de pronunciamientos. Ello tiene a su vez dos beneficios: a) en lo económico, ahorra esfuerzos humanos y materiales. Tengamos presente que en los Estados Unidos uno de los objetivos que las acciones de clase persiguen es precisamente reducir la carga del sistema judicial; b) en lo jurídico, tiende a evitar los pronunciamientos contradictorios. 562 Una exhaustiva descripción de Jos conflictos entre estas dos pos iciones que provocan las acciones de clase en los Estados Unidos puede verse en CoFF¡,;•:, John (Jr.), Class Wars , "Columbia Law Review", vol. 95, p. 1343 (1995).

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No obstante ello, resulta difícil establecer la conveniencia de adoptar este sistema, pues las diferencias de variado orden que existen entre nosotros y los Estados Unidos exigen una reflexión serena antes de iniciar cualquier intento. Por ello creo que una ley que estableciera el sistema requeriría un estudio detenido, no sólo de los aspectos jurídicos sino también de otros no menos importantes. Hemos visto, por ejemplo , que el sistema impact a por igual entre los tribunales y los abogados. La jurisprudencia de los tribunales norteamericanos nos dice clarament e que una de las primeras cuestiones que el juez verifica ante s de disponer el trámite de la acción de clase es si el o los representantes de la clase están en condiciones operativas de llevar adelante el proceso. De modo que es necesario montar una organización profesional a estos efectos, para que la acción de clase no fracase . Paralelamente , el juez que interviene deja de desempeñar el papel que le asignan tradicionalmente nuestras leyes procesales, para convertirse en el administrador de un sistema complejo que le exige adoptar decisiones no necesariamente jurídicas, para lo cual la estructur a de nuestros tribunales no está preparada. Pues bien, sin pretender agotar con lo que dejo dicho una cuestión tan compleja y en buena medida desconocida para nosotros, me permito decir -como primera conclusión- que razones de seguridad jurídica imponen en forma imperativa encontrar una solución al problema de la legitimación colectiva a gran escala. Hace poco tiempo GoRDILLO se quejaba - y con razón- de la gran repetición de fallos que existe sobre temas similares o iguales 56a. Es evidente que las class actions brindan una respuesta que, si no es la mejor, constituye por lo menos un sistema ya probado con muchas décadas de existencia y que no ha sido reemplazado todavía por otro mejor. Por supuesto que nuestro país no está en condiciones de adoptar las acciones de clase todavía, y sería en consecuencia sumamente desaconsejable que lo hiciera sin haber estudiado antes su adaptación a nuestro medio. Caso contrario, repetiríamos experiencias que sólo han servido para frustrar los ins663 G ORDILLO , Agu stín, Los fallos repetitivos como merma eh justicia: cómo evi tarlos en el derecho act ual , Rev. "Régi men de la Administración Pública", n• 227 , agosto de 1997, ps. 5 a 9.

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titutos traídos desde lejos . De modo tal que -como segunda conclusión- me parece que deberíamos iniciar esta tarea , y si los resultados fueran positivos, podría iniciarse una práctica de las acciones de clase limitada a ciertos supuestos, evitando caer -al menos inicialmente- en los puntos más conflictivos que son, inevitablemente, los que tienen que ver con los reclamos patrimoniales. ~

83. Personas individuales

a) LA JURISPRUDENCIA. - Una última -pero no menos importante- forma de legitimación procesal colectiva, también surgida del artículo 43 de la Constitución, se da cuando un individuo, enarbolando un derecho propio pero compartido con otros muchos (derecho de incidencia colectiva o difuso) , promueve una acción cuyos alcances -de hecho- pueden ser generales. Estamos aquí ante uno de los frutos más controvertidos de la legitimación colectiva de cara a los principios tradicionales, ya que la acción de uno solo inevitablemente tendrá efectos sobre un número indeterminado de personas que no han tomado intervención en la causa. Voy a reseñar, entonces, un grupo de fallos que se encaminan por esta tendencia, señalando desde ya que en la doctrina uno de sus más profundos y entusiastas estudiosos es Agustín GORDILLO , quien ha dedicado una obra en particular 564 , una buena parte de su Tratado r;65 y una gran cantidad de notas 566 a esia temática. Antes de la reforma constitucional de 1994, la cuestión en general era resuelta en contra de la legitimación del accionante individual. Salvo casos muy singulares corno "Ekmekdjian c/Sofovich" 567 , o el célebre caso de las toninas oveó64 GORDILI.O, Agustín, La defensa del usuario y del administrado, 3u ed., Fundación de Derecho Administra tivo, Buenos Aires , 1998. 565 GoRIJILI.O, Agustín, Tratado de derP.cho admin istrativo, 4" ed., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 2000, t. 2, ca p. III . 566 Las leemos habitualmente en el Suplemento Mensual de Derecho Administr at ivo de La Ley, y están recopiladas en GORDILLO, Agustín , Cien notas de Agustín, Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires, 1999. 567 Fallos, 315:1492 (1992). El actor planteó una acción de amparo tendiente a obligar a Gerardo Sofovich a que en el curso de su programa televisivo se leyera una carta documento por medio de la cual pretendía replicar al escritor Dalmiro

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ras , donde fue reconocida legitimación individual en un plant~o de naturaleza ecológica con alcances generales 569 , el indiVIduo no accedía a los estrados judiciales en defensa de los intereses colectivos, aun cuando también pudiera estar afectado en forma directa. Menciono, por ejemplo, los casos "Lorenzo c/Nación Argenti.n a" 570 y "Zaratiegui c/Nación Argentina" 57 1, pl~nteados por clUdadanos que impugnaban el tratado de límites firmado con Chile 572 , donde la Corte rechaza la legitimación de los actores y sostiene además la ausencia de caso judiciaP 7 a, o bien el caso de la privatización de Aerolíneas ArSáenz, quien había vertido opiniones sobre la Virgen María y ,Jesucristo, que, según Ekmekdjian, resu ltaban agraviantes. La Corte - finalm ente- hi zo lugar a l amparo, y al referi•·se a la legitimación del actor sostuvo que le aLribuía la representación de todo aquellos que pudieran haberse sentido ofendidos por las expresiones de Dalmiro Sáenz. Dijo la Corte: "Ejercido este derecho de responder a los di chos del ofensor, su efecto reparador alcan za, sin duda , al conj unto de quienes pudi eron sentirse con igua l intensidad ofendid os por el mismo agravio, en las condiciones que el legislador establezca -o el juez, frente a la omisión de l legislador, estime prudente considerar- a los efectos de evitar que el d.,recho que aquí se reconoce se co nvierta en un multipli cador de respuestas interminables (. .. ) A dif'erencia de quien ejerce la rectificación o r espuesta en defensa de un dorecho propio y exclusivo, en los casos como el presentP , r¡u iC'n ''"plica asume una suerte de r epresentación culectiva, que lleva a cabo nn virtud de una preferencia temporal , previo reclamo al órgano emisor de la ofensa, 4uitm podrá excepcionarse de cumplir con otras pretensiones de igual o semejante naturaleza Rimpl emente con la acreditación de la difusión de la respuesta reparadora", Fallos, 315:1517-1518. Pa ra una exp licación y comentario de este caso, véase B ARRA, Rodolfo C., La legitimación para accionar en la reciente jurisprudencia de la Corte , RD, t. 151 , p. ~01; B IANCIII , Alberto B., Un fallo sobre derecho de réplica que pone en mora al Congreso , ED. t. 148, p. 339. óHH Ju z. Cont. Adm. Fed. n9 2, "KatLan c!Poder Ejecutivo Nacional", 10/5/83, ED , t.. 105. p . 245: LL , t. lY H!~ - D, p . 568. 5 69 Como puede recordarse, el caso provocó posiciones encontradas entre MARIF. NHOFF, que criti có fuertemente el fallo , y CANO (MAJHENHUFF, Miguel S., Delfines o toni nas y acción popular, ED, t. 105, 244; CANo, Guil lermo, Un hito en la historia del derecho ambiental, LL , t. 1983-D , p. 568). fi?o Fallos, 307:2384 (1985). 571 Fallos , 311:2580 (1988). r,n Tratado de P az y Amistad con la República de Chil e, aprobado por ley 2:-1.17 2. 573 En eJ primero de estos casos el procurador, Dr. Juan O. Gauna, propicia el rechazo de la acción, por no tener el actor un interés directo ya que el "interés personal de ciudadano tácitamente merituado no resulta apto para la obtención de amparo judicial por la vía intentada". La Corte, en el consid. 2", alude a que la acción entablada no puede prosperar, "pues no se da una causa o caso contencioso que permita el ejercicio del Poder Judicial conferido a los tribunales nacionales cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de

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Moisés Fontela no obtuvo el rec?ndocld'mie~~~ g entinas "74' donde . . · 1 d 575 ni como c1u a ano . de su legitimación m c~mo 1eg¡s a o~• sn "G 'l z Bergez" 578 Igual suerte corrieron Gascón Cottl , onza e y "Polino" 57Y cuando pretendieron impugnar la re.forma constitucional de Buenos Aires en 1989 5"0 , los dos pnmeros, Y la 81 de la Nación en 1994 el tercero. En el primer caso fi la Corte, en voto muy dividido y con muy diferentes argumentos, entre los que figura la ausencia de legitimación , ~el actor,. rec~~~ó la acción 582 , en un fallo que mereció la cntlca doctrmana · las normas o actos de otros poderes". l>:n "Zaratiegui", la Corte llega a la misma conclusión (consid. 39 , Fallos, 311 :2583). 574 "José Roberto Dromi", Fallos , 313 :863 (1990). 575 Véase supra, § 74. . 576 Sobre el particular, la Corte dijo; "La condición de ciudadano que esgrime el actor al deducir esta acción de amparo, no es apta - en el orden federal- para autorizar la intervención de los jueces a fin de ejercer su jurisdicción. Ello, por cuanto dicho carácter es de una generalidad tal que no permite, en el caso, tener por configurado el interés concreto, inmediato y sustancial que lleva a considerar a la presente como una 'causa', 'caso' o 'controversia', único supuesto en que la mentada función puede ser ejercida", Fallos, 313 :873. 577 "Alfredo Gascón Cotti", Fallos , 313 :594 (1990). 578 "Pablo González Bergez", Fallos, 313:588 (1990). 579 "Polino c/Estado Nacional", Fallos , 317 ;335 (1994). 580 Esta reforma había sido dispuesta por ley 10.859; no obstante, la reforma de la Constitución de Buenos Aires fue consumada más tarde en 1994, mediante la convocatoria formulada por la ley 11.488 (BO, 17 al 2111/94). 581 Había sido planteado con fundamento en que la ley de convocatoria no había respetado el procedimiento establecido al efecto en la Constitución vigente. 5 2 Una escasa mayoría, integrada en este caso por los jueces Petracchi, " Barra Y .N azareno, ~onfirma el fallo de la Suprema Corte provincial, que se había pron.unc1ado desestunando la acción por falta de legitimación procesal del actor ~os/u~ces L~vene (h.) Y Oyhanarte, en voto separado, sostienen la incompetenci~

Pt.:tec:~e~~~e ·s~:::rc~·~r;a~ro~~~;e;:;;o ~slu9;~~. ~:~:~:':e~:~~~oc:~·d

cei tlaanCdoonel 1 uc10n santa.esrna en 1921 Al · · . S· Corte norteam . . egan , asmusmo, Invocando jurisprudencia de la encana que se trata d · . l O• ). Sólo con caráct~r subsidia . ~una cuestión política no justiciable (consid. timación del actor para promov:loj dcen, c~rrespo~de aludir a la falta de legitiende que el recurso extraordin; · ~ d e:an a .
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En el tercer caso, tampoco fue reconocida legitimación al actor, 585 ni en su calidad de legislador 584 ni en la de ciudadano • Incluso, luego de producida la reforma constitucional, la Corte, en "Ravaglia c/Santa Fe" 586 , decidido en octubre de 1994, rechazó, por falta de legitimación de los actores, una acción declarativa cuyo objeto era la declaración de inconstitucionalidad del art. 64 de la Constitución santafesina, que prohíbe la reelección inmediata del gobernador y vicegobernador. El primer caso exitoso surgido luego de la reforma de 1994 -integrante de lo que ahora es una larga lista- fue "Schroder"~x , donde un vecino d~ una localidad de la provincia de Buenos Aires en la cual se intentaba instalar una planta de tratamiento de residuos peligrosos fue considerado como afectado directo en materia ambiental, y logró detener el emprendimiento, sin haber logrado probar ni siquiera mínimamente en qué y cómo estaba afectado 588 • A partir de este caso, podemos computar una serie en la cual personas individuales -en su exclusiva condición de ciudadanos- han obtenido decisiones favorables 7

Véase supra, § 74. Sobre el particular la Corte dijo: "La existencia de un interés particular del demandante en el derecho que alega, exigido por la doctrina constitucional federal para la exis~encia de caso en justicia, no aparece como un requisito tendiente a eludir cuestiones de repercusión pública. Al respecto, cabe observar que la atribución de declarar la invalidez constitucional de los actos de los o~ros poderes reconocido a los tribunales federales ha sido equilibrada pmúendo como límite infranqueable la necesidad de uu caso concreto -en el sentido antes definidopura que aquélla sea puesta en juego. Poi' ~u~ modalidades y consecuencias, el ~is tema de control constitucional en la esfera federal excluye, pues, el control genérico o abstracto, o la acción popular. La exclusión de tales modalidades impide que la aclividad del tribunal se dilate hasta adquirir las características del poder legislativo, y dentro de la marcha del proceso constitucional, subordine la eficacia final de un pronunciamiento al consenso que encuentre en el pueblo" (Fallos . aJ7:342-343J. 5RR Fal/.os, 317:1224 (1 994). ~87 CNCont. Adro. Fed., Sala III, "Schroder c!Estado Nacional-Secretaría de Recursos Naturales", 8/9/94, LL, t . 1994-E, p. 449. 68" Un caso que involucraba derechos de incidencia colectiva fue tratado como si hubiera un único "afectado", cuando sus efectos se iban a proyectar necesariamente sobre toda la comunidad que Schroder, de hecho, representó. Coincido así con el comentario que hizo KAUt'MAN de este fallo (KAUFMAN Gustavo A. Una aplicación apresurada y superficial de los artlculos 41 y 43 de la Constitución' LL, sección "Actualidad", diario del 6/12/94). Otros, en cambio, elogian el fallo; CARNOTA, Walter F., Un buen inicio para el amparo ambiental constitucionalizado ED, t. 160, p . 344. ' 584 5R6

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CON'I'ROL DE CONS'I'I'I'IíC:IO NALIDAD

en acciones de efectos colectivos. En algunas ocasiones han actuado en forma individual, y en otras lo han hecho juntamente con otros aforados colectivos como el Defensor del Pueblo y las asociaciones de usuarios y consumidores. En el caso de actuación conjunta, me refiero , por ejemplo, a los casos ''Youssefian c/Secretaría de Comunicaciones" 089 , "Monner Sans c/Poder Ejecutivo Naciona1" ~ 90 y "Defensor del Pueblo c/Estado Nas ~s CNCont. Adm. Fed ., Sala IV, 23/6/98, LL , t. 1998-D, p. 717. En lo atinente a la legitimación de Martín Youssefian, el1'ribunal dijo: "Que, en lo que se refiere a la legitimación de Martín Youssefian, cabe destacar que , en lo que aquí interesa, éste inició la presente acción en su calidad de us uario del servicio básico telefónico. La parte demandada afirma que su contraria carece de legitimación al no haber probado el perjuicio que sufriría en el mencionado carácter de usuario de dicho servicio. Sin embargo, no resulta irrazonable sostener que como vecino de esta Capital y usuario - al menos- de la telefonía pública, el actor podría verse afectado por la decisión atinente a la prórroga de la exclusividad en la presentación del aludido servicio, en el caso de que ella se adoptara con desconocimiento de las normas constitucionales. En efecto, la circunstancia de no haberse previsto la posibilidad de intervención de los usuarios -garantizada en el art. 42 de la Constitución nacional- basta para reconocerle un interés s uficientemente concreto, directo e inmediato, merecedor de tute la judicial en los términos del a1·t. 2º de la ley 27". (co nsid . XXIV, en p. 717). :;~o Juz. Con t . Adm. Fed., n" 1, 30/10/97, LL , t . 1998-D, p. 219. En lo atinente a la legitimación de Monner Sans, el Tribunal dijo: "Que el afeclado a que se refiere la segunda parte del citado art. 43 de la Constitución nacional, no es ~ólo agraviado en un derecho subjetivo. Es que si ello fuera así, se trataría entonces de una inexplicable repetición del legislador constituyente, pues este afectado ya disponía de la legitimación y la vía contemplada en el primer pán·afo de la norma. Dada lo mismo, en consecuencia, si esa palabra no hubiera sido consignada en este se¡;,'U ndo párrafo de la norma, y es sabido que restar sig nificado y eficacia a s us términos, no es una pauta de hermenéutica admisible tratándose de la ConHtiludón nacional. Que tampoco constituye ad ecuado fundamento para una inte rpretación de ese tenor, la remisión que pudiera efectuarse a la norma del art. 52 de la ley 16.986 •n cuanto se la pretende referida a las personas afectadas como las incididas en un derecho subj etivo- pues se trata en verdad de ~na palabra indulgente que puede abarcar a quienes revisten diversos tipos de mterés. Por ello, cuando, como en el caso, es empleada en relación con los derechos de inciden.cia colectiva, parece más apropiado interpretar que está aludiendo a tod~s los mtegrantes del colectivo que carecen de un interés subjetivo que los habihtarla para promover el amparo previsto en el primer párrafo del art. 4~. Es que biCn puede ocurrir que no exista persona al¡:una que ostente un mteres de este t1po. Y en tal caso, es al cabo de eHta exégesis cuando la norma adqutere verdad~ro . signi.ficado y eficacia , pues la consagración constitucional de los derechos de mc1denc1a colectiva, encuentra así adecuado correlato en el ensanchamwnto de la base de legitimados. De tal forma , su protección no sólo queda reservada ~1 defe~sor del pueblo y a las asociaciones que propendan a esos fines y se encuentten deb1darnente reg¡stradas -como sostienen quienes propugnan un cri-

LA LEGITIMACIÓ

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cional"óHt caso este último donde el Defensor promovió la acción junto con Adriana Manetti. Entre los casos de actuación individual, uno de los más célebres ha sido "Labatón c/Estado Nacional", donde la actora - una abogada discapacitada que debía desplazarse en silla de ruedas- logró que la justicia contenciosoadministrativa federal , tanto en primera 592 como en segunda in stancia 59 ~ , obligara al Poder Judicial de la Nación a construir en los edificios de los tribunales nacionales rampas de acceso para personas con dificultades motrices. En "Dalbón c/Gobiemo de la Ci udad de Buenos Aires" 5Y4 se condenó a la demandada a regularizar la situación de los carteles publicitarios emplazados a los costados de la avenida Lugones (entre las avenidas General Paz y Dorrego) y, en consecuencia, retirar todos los que fueran clandestinos o violaran las normas vigentes. En ''Viceconte c/Ministerio de Salud y Acción Social" 595 , se trataba de un amparo iniciado para que el Estado Nacional ejecutara todas las medidas necesarias para fabricar la vacuna en contra de la fiebre hemorrágica argentina ("mal de los rastrojos") e implementara una campaña para restablecer el ecosistema. Al revocar la sentencia de primera instancia, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al amparo, en una sentencia de vastas proporciones 596 • terio angosto-, sino, asimismo, y en forma concurrente, a todos quienes compartan o copa rticipen del mismo derecho o interés colectivo" (consid . 5°, en p. 222). 591 CNCont. Adm. Fed., Sala lll, 416/96, LL , t . 1996-C. p. 405. 592 Juz. Cont. Adro. Fed., n• 6, 6/9/96, LL, t . 1998-F, p. 346. 593 CNCont. Adm. Fed. , Sala V, 2Ml/96, LL , t. 1998-F, p. 352. 6Y4 Juz. Nac. Civ. nu 54, 219/97 , LL , t. 1997-F, p. 291. 695 CNCont. Adm. Fed., Sala IV, 216/98, LL, t . 1998-F. p. 102. ~»6 Los alcances de esLa sentencia pueden medirse con la lectura de su parte dispositiva: "Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar, en parte, a la acción de amparo impetrada y, en consecuencia, ordenar: a) al Estado Nacional - Mi ni sterio de Salud y Acción Social- que cumpla estrictamente y sin demoras con el cronograma cuya copia se encuentra agregada a fs . 359, responsabilizando en forma personal a los Ministros de Salud y Acción Social y de Economía y Obras y Servicios Públicos en sus respectivas áreas de competencia y obligando asimismo, a los organismos a su cargo al cumplimiento de los plazos legales y reglamentarios; b) poner esta sentencia en conocimiento del Presidente de la Nación Y del Jefe de GabineLe de Ministros, mediante oficio de estilo; e) encomendar al Defen~or del Pueblo de la Nación el seguimiento y control del cumphm1ento del refendo cronograma , sin que obste a ello el derecho que le asiste a la actora en tal sentid~ ; y d) sin perjuicio de lo precedentemente dispuesto, la demandada deberá , dentl 0

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Una significativa colaboración a la legitimación colectiva de las personas individuales ha prestado Beltrán Gambier con la promoción de dos amparos también exitosos. En el primero de ellos 59 1, planteado en su condición de vecino de la Ciudad de Buenos Aires y ciudadano argentino, impugnó una resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos que dejaba sin efecto la restricción al dominio impuesta en la ley 14.800, que obliga a construir un ambiente teatral en el edificio que se levante donde antes hubo un teatro 598 • El Tribunal de primera instancia hizo lugar al amparo -y por ende reconoció legitimación al actor- y en Cámara el recurso del Estado nacional fue rechazado por motivos formales . Por medio del segundo amparo 599 , Gambier detuvo una campaña televisiva organizada por el gobierno nacional hacia el final de la presidencia de Carlos Menem, para exaltar la figura de este último. La impugnación apuntaba a que la campaña, que en definitiva se sufragaría con fondos públicos 600 , no estaba enderezada al interés general. En la misma línea de estos dos casos, también fue exit.oso el amparo promovido por una afiliada del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) 00 \ con el objeto de que se declarara la nulidad de una norma general de contratación de servicios aplicada por la demandada 602 • del plazo de lO días de quedar notificada de la presente, informar al tribunal acerca del cumplimiento del cronograma referido en el punto (a)" (CNCont. Adm. Fed., Sala ll, LL , t . 1998-F, p. 105). 0 9 7 CNCont. Adm. Fed., Sala ll , "Gambier c/Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos", 18/6/98 (Causa 25.841197). 598 El caso se refería en particular a la demolición del teatro Odeón, el cual, junto con el hotel Roi y el ex restaurante Royal Keller, conformaba un conjunto edilicio ubicado en Corrientes y Esmeralda que había sido declarado monumento nacional en 1985. 599 CNCont. Adm. Fed., Sala 11, "Gambier c/Poder Ejecutivo Nacional", Sala Il, 19/8/99, LL , t . 1999-E, p. 624. 600 La agencia Télam (de propiedad del Estado Nacional) había distribuido el spot t~levisivo para ser difundido en cinco canales de aire, quienes se cobrarían el espacw empleado mediante una compensación con multa~ impuestas por el Coouté Federal de Radiodifusión (COMFER). 601 CNCont. Adm. Fed., Sala I, "Tore!lo c/INSSJP", 212100, LL, t. 2000-B, 274, con nota de GAM!IIER, Beltrán, Civismo y amparo. Derecho de los ciudadanos a la utgeneta del principio de legalidad . 602 . Juz. Cont. Adm. Fed. n 2 1, Cláusula 14.1 del Pliego de Bases y CondiCiones del Contrato de Gerenciamiento del Servicio de Salud.

LA

LEGITIMACIÓ

PROCESAL

141

·laro .

Por último el am d d 'd fensa de los e ' e UCl o por la Asociación de DeCUA e onsurru ores Y Usuarios de la Argentina (ADE) n contra de la ley 25.063 y el decreto 1517/98 . l d con 1 1· · - d , Vlncu a os a ap 1cac10n e 1 NA a la medicina prepaga so.1 d1·0 • que el t 'b 1d · . . ' Pie para . n una e pnmera mstanCia interviniente se pronunCiara a favor de.l r~c?nocimiento de la legitimación colectiva de las personas md1V1duales, sin perjuicio de hacerlo también respecto de ~as" a~ociaciones y del Defensor del Pueblo. Dice es~a sentencia rruentras esa misma norma [el art. 43] en su pnmer párrafo, al legitimar activamente a toda persona ~íctima de_ ~n acto lesivo, presupone el daño a un derecho subjetivo clasico, en su segundo párrafo indica concretamente a los sujetos investidos de legitimación para accionar en función de un interés de tipo colectivo. Consecuentemente, tanto los derechos involucrados en los arts. 41 y 42 de la Constitución nacional, y todo cuanto admita ser conceptualizado entre los derechos de incidencia colectiva en general, confiere legitimación para accionar al afectado (cualquier integrante del colectivo que no ha sido incidido en un derecho subjetivo), al defensor del pueblo y a las asociaciones que propendan a esos fines y que estén registradas de acuerdo con la ley" 604 (el destacado me pertenece). En contra de esta tendencia, puede mencionarse el caso "Terragno" 605 , ya citado en relación con la legitimación de los legisladores 606, adonde me remito para la explicación de los hechos. En lo atinente a la legitimación de Terragno como usuario del servicio de correos, el Tribunal dijo " . .. la posibilidad de obtener la tutela judicial, se relaciona con la existencia de un interés que pueda darle apoyo. Es dqctrina corriente que dicho interés se da cuando la situación de hecho es tal que el actor, sin la declaración legal requerida sufrirá un daño, de modo que la intervención de los magistrados se presenta como un medio necesario para evitarlo. Ausente tal interés concreto y sustancial en cabeza del accionante, no hay caso o controversia que determine la intervención de la jurisdicción de los tribunales federales. Por ello, no se da una causa o caso con603 "ADECUA d Poder Ejecutivo Nacional", r.o4

605 606

1813/99, LL , t. 1999-C, p. 192. LL t 1999-C, p. 201. CNC~nt. Adm. Fed., Sala ll, 3/6/97 , causa 4.737/97. Supra, § 74.

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C ONTROL DE CONSTITUC IO NAL IDAD

tencioso que permita el ejercicio del poder judicial conferido a los tribunales nacionales, cuando se procura la declaración general y directa de inconstitucionalidad de las normas o actos de otros poderes. En tal sentido, la determinación judicial de constitucionalidad de normas o actos , sólo resulta viable como faz de una controversia particular y destinada a dilucidar intereses jurídicos contrapuestos. Ello garantiza la preservación del principio de división de poderes, el que adquiere particular relevancia frente a la presunción de validez que debe reconocerse a los actos de las autoridades legítimamente constituidas. ( . . .) en el sub -lite y respecto del co-actor mencionado, no se verifica la existencia de caso judicial que tenga por finalidad la tutela de los intereses propios alegados por las partes, ello en tanto el interés personal del usuario sólo tendría adecuado resguardo con una declaración genérica de inconstitucionalidad cuyos efectos se proyecten erga omnes , con una sentencia que trascienda los límites de la causa excediendo el ámbito de actuación que la Constitución reserva al Poder Judicial" 607 • Tampoco tuvieron éxito como personas individuales los legisladores que, en "Gómez Diez c/Poder Ejecutivo Nacional" 606, y en "Garré c/Poder Ejecutivo Nacional" 60 ~, plantearon, respectivamente, una acción de inconstitucionalidad y un amparo en ese doble carácter 6 10 • b) MI OPINIÓN. - El análisis de la legitimación colectiva del "afectado" individual en el marco del art. 43 exige distinguir dos situaciones muy diferentes. Si bien se trata siempre de una persona ~ue es portadora de un derecho subjetivo y propio, pero compartldo con otros muchos, ello puede generar dos clases de supuestos: a) que la decisión judicial pueda ser individual Y tenga efectos solamente respecto del accionante o b) que la decisión judicial - por la naturaleza del planteo~ sea indi607

. El Art . N , Secc. 4, de la Constitución norteamericana dice: "Los Es tados Umdos garantizará n a cada estado de esta Unión una forma r epublicana d e 0 _ ~~ e~~o, Y_Pr~tcge¡·.á ~ a ca da u?o de ellos de toda in vas ión; y, cua ndo lo solicil: re . t mat a e¡psl~tJ va o el EJ ecutivo (si no se pudier e co nvocar la Cámara ), ¡0 P' o egerá n tamb1 cn de toda vwlencia interna" 60 R Fallos, 322 :528 (1999 ). · 609 Fallos, 323:1432 (2000). 610 Me he r eferido a estos dos fa llos supra , § 74.

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

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visible y tenga efectos sobre toda una "clase de personas" en el sentido arriba estudiado 611 • En el primer grupo están comprendidos casos como "Youssefian" (de haber actuado sin la concurrencia de otros legitimados colectivos) y en el segundo entran "Schroder", "Labatón", los dos "Gambier", "Dalbón", etcétera. En relación con el primer grupo, no tengo duda alguna de que el art. 43 otorga una amplia cobertura procesal a quienes litigan por un derecho propio, aun cuando éste sea difuso o de incidencia colectiva. En definitiva, la sentencia que se dicte tendrá efectos solamente respecto del accionante. Los demás, en todo caso, podrán invocarla si resulta favorable , pero no estarán obligados por ella si la acción hubiera sido rechazada. No estoy de acuerdo, por el contrario, con la legitimación colectiva de las personas individuales cuando lo decidido tiene efectos colectivos, esto es, sobre toda una clase de personas que no ha estado en juicio. Ello tiene profundos efectos distorsivos sobre el funcionamiento del Poder Judicial y sobre los derechos e intereses de terceros que no están en juicio y que quizás ni se han enterado de su existencia. En primer lugar, me parece obvio que si el art. 43 ha previsto determinados aforados colectivos (Defensor del Pueblo, asociaciones que propenden a la defensa de los derechos de incidencia colectiva) es porque pretende que actúen precisamente en aquellos casos donde la decisión tiene - de hechoincidencia colectiva. De lo contrario, habría legitimado simplemente a cualquier persona para que en defensa de sus derechos y de los de cualquiera de su "clase", obtenga una decisión de alcances colectivos. En segundo lugar, si la representación colectiva del Defensor del Pueblo y de las asociaciones -tal como se la ha estado practicando hasta ahora- facilita de algún modo la contradicción entre fallos de alcance general, este riesgo se potencia cuando se otorga legitimación colectiva con efectos colectivos a personas individuales. Ello genera una suerte de esquizofrenia judicial, pues permite la producción de decisiones de alcance general, potencialmente contradictorias. La contradicción entre fallos de alcance individual es normal y constituye un dato de un sistema judicial difuso, sin que por ello éste se resienta. 611

Supra, §§ 76 y siguientes.

144

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Lo malo es cuando dos jueces resuelven al mismo tiempo, en sentido contrario, cuestiones de alcance general, pues de esa manera las mismas personas están alcanzadas contemporáneamente por diferentes decisiones. Es como si dos legislat~ras con competencia sobre la misma jurisdicción dictaran al rrusmo tiempo normas en sentido contrario. La población al~anzada por ellas no sólo estaría seriamente desconcertada, smo que además se vería en conflicto con el cumplimiento de las leyes vigentes. También existe un segundo riesgo: el de la mala defensa colectiva de los intereses por parte de quien promueve la acción. Puede ocurrir que quien promueve la acción en representación de la clase a la que pertenece no la defienda adecuadamente y resulte perdedor en un proceso que otro podría haber ganado. En este caso ¿la sentencia contraria también extiende sus efectos negativos al universo alcanzado por ella o solamente son los efectos beneficiosos los que se propalan colectivamente? Si Schroder, Labatón, Gambier o Dalbón hubieran perdido su caso por una razón de fondo, los que no fueron parte en el proceso podrían sostener -con todo derechoque aquél no los alcanza. ¿Pero no podrían sostener al mismo tiempo los accionados, con igual énfasis, que esas sentencias los benefician y por ende invocarlas urbi et orbi contra cualquier otro que pretendiera iniciar un proceso semejante hasta obtener una decisión favorable? La respuesta no es simple, y ninguno de los fallos aquí analizados se ha detenido a pensarla. Tal vez porque optaron por hacer lugar a las acciones respectivas. Por último, coincido con MIHURA ESTRADA en que es muy difícil hablar de legitimación colectiva en materia impositiva. Tal como sostiene este autor, en materia tributaria sustantiva la obligación hacia el Fisco es un hecho sustantivo en el cual la acció~ debería estar dada por el interés patrimonial de cada contnbuye~t~ ? responsable, principio que, sin embargo, admite alguna fleXIb1hdad en lo relativo a impuestos indirectos y obligaciones formales 612 • En ~íntesis, tengo para mí que el segundo párrafo del art. 43 perm1te ~~ afectado individu~l defender un derecho propio, aun cuando este se halle compartido colectivamente. No le otor612 .

MrH URA ESTitADA,

Ricardo, Acción de amparo y medidas cautelares

po

ne~c~ rAeseutada en las "I Jornadas Nacionales de Derecho Tributario" 'u n·: 1 versr a ustral, nov1embre de 2001 , actualmente en prensa. '

LA

LEGITIMACIÓN PROCESAL

145 ga, en cambio, legitimación a la decisión perseguida habrá ra en~bl~ la acción, cuando colectivos. Para lograr ese fin ~ner me_VIta_~lemente alcances dos aforados especiales· el D ti ConshtuciOn ha establecido · "que propenden a· esos efi ensor . Clones , del Puebl o y 1as asociaen estos casos debería opta ~es). De modo ~al que el juez decisorio exclusivamente ar po~. a tratar de CirCunscribir SU b) en caso contrario 1) . acci~nante, si ello fuera posible; dicionante de la pros'ecuc::P~~er e, c~~o carga procesal conclase de personas en el s t. d a ac~wn, la formación de una como tercero al D~fensor d:~ ~ o b~rnba estudiado, o 2) citar indicados más arriba 613. ue 0 con los alcances también

fe

§ 84.

Conclusiones

Tal vez la Pr;imera Y más sensata -si puede haberla- de

t~das las concl_u~wnes en esta materia es que todo Jo que se d~~a se~~ prOVISIOnal. Irremediablemente provisional. La Iegltunacwn, tal como dije al comienzo, es un fenómeno difícil Y expone, sus estudiosos a una dura prueba. De ello dan buena cuenta los autores norteamericanos citados en el curso de este capítulo. Si ello es cierto en la legitimación individual, resulta patético en la colectiva, donde toda la noción clásica de] caso judicial cruje y se resquebraja. La legitimación colectiva, al igual que el amparo que generalmente la cobija procesalmente, están todavía en una suerte de pubertad, con sus incertidumbres naturales y sus crecimientos desparejos. En lo que a la legitimación colectiva se refiere, podríamos decir que hasta ahora contamos con dos elementos : a) un expreso reconocimiento constitucional de su existencia, y b) una jurisprudencia que sin avanzar demasiado en la sistematización de los conceptos, ha estado guiada en general por el deseo de hacerla triunfar en la práctica, apoyada para ello por el fogoneo de la doctrina 614 • Lo que resta es la sistematización. Supra, § 72. uno de los autores que apuntalan con mayor énfasis la legi timación colectiva, en sus "Conclusiones para el año 2000" dice: "La tendencia jurispi'Udencial es así unívoca, indetenible, justa, eficaz, innovadora, eficazmente preventiva de la corrupción en una de sus manifestaciones; correctora oportuna Al 3

tn4 G01WILLO ,

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Hasta ahora nadie se ha tomado el trabajo de explicar por qué, cuándo y cómo cualquiera de los aforados colectivos ar~ba estudiados está legitimado para obrar procesalmente. Ha s1do suficiente sostener que la Constitución los habilita. Tengo para mí, sin embargo, que ello es sólo el comienzo, pero la cuestión no puede agotarse allí. Es más compleja de lo que P~~ece . Si bien en ocasión del tratamiento de cada uno de los leg:¡tlmados he querido dar mi opinión, voy a tratar ahora de resumirla en un pensamiento de orden general. Para ello debemos tener en cuenta, en un primer orden de consideraciones, las características y las limitaciones propias de los tribunales. En efecto, cuando un tribunal decide en un caso individual algo que posee repercusión general, actúa -de hecho- como una legislatura. Pero al mismo tiempo debe tener en cuenta que carece por lo menos de tres condiciones esenciales con que cuentan las legislaturas: a) el monopolio de la decisión; b) la capacidad de elegir el momento de tomarla, y e) la amplitud fáctica de una toma de decisión legislativa. En punto a lo primero, con excepción de la Corte Suprema -y los tribunales superiores locales dentro de su jurisdicciónningún otro tribunal ostenta una condición típica en las legislaturas: el poder de decir algo sin que ello pueda ser corregido o cambiado por otro órgano de similar naturaleza. Los mismo sucede con la potestad reglamentaria de los órganos de la Administración, pues dentro de la esfera de su competencia Lambién actúan monopólicamente. Tenemos entonces que los órganos legislativos son concentrados, en tanto que los judiciales son difusos. Esta dispersión en la toma de decisión conspira naturalmente en contra de la capacidad de tomar decisiones de alcance general, ya que cualquiera de ellas puede e~trar en fran~a contradicción con otra similar dictada por otro tnbu~al el m1smo día. De allí que resulta imperativo para un t~bunal, frente a un caso de alcances colectivos, imponer al acc10nante que precise con el mayor detalle posible el alcance de la ilegalidad administrativa o inconslitucionalidad legislativa. Un verdadero :esonante progreso social en materia de tutela judicial efectiva, pronta y cumplida . . Debemos felicitar, con humildad y de lodo corazón, al Poder Judicial que ha temdo !.a s cuahd~des humanas e intelectuales necesarias para dar una brillante nuev~ ~ágm~ a la historia argentina". (Tratado . .. , 4v ed., Fundación de Derecho AdmmJstratJvo, Buenos Aires , 2000, t. 2, cap . III, § 6.11 , p. 33) . Y

LA LECITIMAClÓN PROCESAL

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del universo de representados, con el objetivo de evitar la producción de decisiones de alcance general contradictorias. En segundo lugar, no es menos cierto que los tribunales carecen de la capacidad de elegir el momento en que habrán de tomar estas decisiones . Ello -en cierto modo- lo hacen las partes cuando promueven las acciones. Esta limitación no es menor, ya que una decisión general siempre debe estar orientada al interés general y para ello resulta esencial poder elegir el momento en que se la dicta y la capacidad de derogarla cuando se lo crea conveniente, posibilidad de la que carecen los tribunales. Por último , cuando una legislatura decide, no está circunscripLa por las ataduras y limitaciones propias de un caso judicial. Por el contrario, los jueces siempre actúan en el marco de un caso, es decir que conocen determinados hechos y no todos, y además están limitados por los planteas de las partes. De lo dicho se sigue que una decisión general de un trihunal, por muy amplia que sea la legitimación de quien provoca el caso, dependerá siempre de factores ajenos al tribunal que éste no puede controlar. Todo ello, como mínimo, debe inducir a la prudencia en el obrar.

En un segundo orden de ideas, debe ser analizada la interpretación que corresponde hacer de las normas constitucion::lles habilitantes de la legitimación colectiva. Si bien es cierto que allí se establecen principios generales, no lo es menos que éstos no son absolutos. En otras palabras, ningún principio, derecho o garantía constitucional es absoluto, y los arts. 43 y 86 no constituyen una excepción a la regla. Ello supone que los jueces no pueden darse por satisfechos para reconocer la legitimación del Defensor del Pueblo, de una asociación o de un particular, con la simple invocación de estas normas, como si se tratara de una cuestión dogmática. Por el contrario, entiendo que estas disposiciones constitucionales funcionan como normas de habilitación de una legitimación que debe ser examinada caso por caso. En síntesis, con los derechos de incidencia colectiva o intereses difusos ha ocurrido algo singular. Hasta hace poco no se permitía su planteo o defensa en sede judicial, pues existía la creencia de que un sujeto singular no podía arrogarse la defensa de todos , aun cuando se reconociera que el derecho colectivo estaba integrado por la suma de los derechos individuales de todos los que hacían de él un derecho de incidencia

LA LEGITIMACIÓN PROCESAL

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del universo de representados, con el objetivo de evitar la producción de decisiones de alcance general contradictorias. En segundo lugar, no es menos cierto que los tribunales carecen de la capacidad de elegir el momento en que habrán de tomar estas decisiones. Ello -en cierto modo- lo hacen las partes cuando promueven las acciones. Esta limitación no es menor ya que una decisión general siempre debe estar orientada aÍ interés general y para ello resulta esencial poder elegir el momento en que se la dicta y la capacidad de derogarla cuando se lo crea conveniente, posibilidad de la que carecen los trib_unales .. Por último, cuando una legislatura decide, no está crrcunscnpta por las ataduras y limitaciones propias de un caso judicial. Por el contrario, los jueces siempre actúan en el marco de un caso, es decir que conocen determinados hechos y no todos, y además están limitados por los planteos de las partes . De lo dicho se sigue que una decisión general de un tribunal, por muy amplia que sea la legitimación de quien provoca el caso, dependerá siempre de factores ajenos al tribunal que éste no puede controlar. Todo ello, como mínimo, debe inducir a la prudencia en el obrar. En un segundo orden de ideas, debe ser analizada la interpretación que corresponde hacer de las normas constitucionales habilitantes de la legitimación colectiva. Si bien es cierto que allí se establecen principios generales, no lo es menos que éstos no son absolutos. En otras palabras, ningún principio, derecho o garantía constitucional es absoluto, y los arts. 43 y 86 no constituyen una excepción a la regla. Ello supone que los jueces no pueden darse por satisfechos para reconocer la legitimación del Defensor del Pueblo, de una asociación o de un particular, con la simple invocación de estas normas, como si se tratara de una cuestión dogmática. Por el contrario, entiendo que estas disposiciones constitucionales funcionan como normas de habilitación de una legitimaci ón que debe ser examinada caso por caso. En síntesis, con los derechos de incidencia colectiva o intereses difusos ha ocurrido algo singular. Hasta hace poco no se permitía su planteo o defensa en sede judicial, pues existía la creencia de que un sujeto singular no podia arrogarse la de fensa de todos, aun cuando se reconociera que el derecho colectivo estaba integrado por la suma de los derechos individuales de todos los que hacían de él un derecho de incidencia

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C oNTROL D E c o Nl>'Tl TUGIONALIDAD

colectiva. La evolución posterior, y la reforma constitucional en particular, produjeron grandes cambios en dos órdenes. Por un lado permitieron la aparición de legitimados colectivos específicos (Defensor del Pueblo, asociaciones de usuarios) y por el otro concedieron la legitimación colectiva incluso a personas individuales, de manera que uno solo de los titulares de un derecho subjetivo colectivamente compartido pudiera ejercer la representación del resto. Así, los otrora excluidos absolutamente de la legitimación la poseen ahora de manera absoluta. Tengo para mí que la verdad en esta materia pasa por un punto intermedio. Lo que hizo la Constitución fue acabar definitivamente con una barrera procesal edificada sobre la base del criterio tradicional del caso judicial. Pero no por ello ha otorgado mágica y automáticamente legitimación al Defensor del Pueblo, a las asociaciones o a los particulares en forma absoluta. De lo contrario, el requisito de la legitimación corre el riesgo de transformarse en la ausencia de legitimación, lo que conduce a la acción popular. Creo, en consecuencia, que la tarea que corresponde hacer a la jurisprudencia es ir definiendo y sistematizando los requisitos de habilitación de la legitimación de cada uno de los aforados colectivos teniendo en cuenta especialmente que la decisión general qu~ ello prod_uzca se tomará dentro de los inevitables límites (y limitaCIOnes) de un caso judicial.

CAPi'rULO V

LOS ACTOS NO JUSTICIABLES Away wilh t he hurrah of masses, nnd let us have the conside rate vote of single rncn (EMERSON, The con· duct of life).

§ 85. Planteo. Las "cuestiones políticas":

una noción confusa La Corte Suprema argentina -siguiendo muy de cerca las aguas jw·isprudenciales de la norteamericana- ha excluido del ámbito de su control una serie de actos más o menos identificados y genéricamente denominados "cuestiones políticas no justiciables" (political questions). Existen así cierta clase o categoría de decisiones que exceden el ámbito del caso judicial, y por ende quedan fuera de la revisión judicial. Las razones que justifican o explican esta abstención judicial en el ejercicio del control son de muy variada índole, y constituyen probablemente uno de los terrenos más sinuosos y confusos del derecho constitucional, donde se advierte además un alto grado de discrecionalidad judicial en la elección de lo que ingresará por el umbral de los tribunales y lo que quedará fuera de ellos. Es así como las cuestiones políticas no justiciables constituyen, paradójicamente, una noción que no resulta difícil comprender, pero en cambio es complicado explicar. Casi todos estamos dispuestos a admitir que, por alguna razón, ciertos actos de los poderes políticos no pueden ser objeto de control judicial. Pero a partir de ese mínimo consenso comienzan a asaltarnos dudas en general no resueltas. ¿Qué fundamentos tiene? ¿Cómo se clasifican las cuestiones exentas del control? Son pre-

CONTROL DE CONS'r!TUCIONALIDAD

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guntas que ni la más prolija de las reseñas jurisprudenciales es capaz de resolver de una manera enteramente satisfactoria. Se trata de una idea que tiene un importante ingrediente intuitivo y tal vez sea ésa la razón que dificulta su explicación racional'. Tal como lo señalan los autores en general, se trata de una noción por demás confusa 2 • Por ello, sin haber logrado aún superar las dificultades que esta noción presenta, es dable decir que las cuestiones políticas, tal como las conocemos hoy, luego de casi dos siglos de desarrollo jurisprudencia] y doctrinario, no constituyen en sí mismas un grupo cerrado y homogéneo de decisiones. Por el contrario, integran un listado donde constantemente se producen altas y bajas. Comenzaré haciendo una breve descripción del origen histórico de las llamadas "cuestiones políticas", para efectuar luego un recuento descriptivo de los actos estatales que integran esa zona de autoexclusión judicial. En tercer término trazaré -si esto es posible- los bosquejos de una recapitulación general con pretensiones de alcanzar una teoría . § 86. Los casos fundadores de la doctrina

de las cuestiones políticas a) EN LOS EsTADos UNIDOS. - Según expresan los autores norteamericanos '\ un antecedente remoto de la abstención 1

( d _M A!RAL dice Qu e todo intento de dar una definición genéric 11 y no tautológica es etc~r, _ defi ménd olas como meramente no justiciables) choca con el esco llo de que o 1 os actos que cabrían en 1 · judici~lS~e ~a Ad~minWistración Púb~c~~~;a:~:·. ~~seen:s ~~~srel~~~bl:sr (Cpo5n5tr9·o)l t:gu n

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estado de dcsord Í3 nmg~ aspecto del control jurisdiccional está en tal citando, entre ot;~s c~~~ ~~~t~n~ d_e t;sl cues~tJOnes políticas no justiciables, Pnlitica l Qw,stion D~ctrine? "Yale ra a~o e ~~o esor Louis H EN KrN: Is There a bién una cómica fra e de z' h . aw ourna • vul. 85, p. 597 <1976). Cita tam374) segú n la cual las cues~~n::lí~~PE~ (Son~e Problems o( Equity, 1950, p. Claus en las tiendas de regalos en N d son a menos tan reales como Santa aun cuando creamos qu e no deberíana~'\ a · ?,~~~mos saber qué hacer con ellas deral Courts , 5lh ed. , West Publishin Scar a l RIGHT, Charles A., Law of' FeIgual sentido se manifiesta CHF.MERrNs:V o., Mmnes_o~~· 1994, ps. 83 Y ss .). En twnes políticas es la más confusa d t den cuya 0 PUllon la doctrina de las cuese o as 1as doctnnas sobre la justiciabilidad 3 Y, " . fEs ta nota c:untin!i(J en t á . . <Jase, por ejemplo· WE STON M 1 .11 F p l' . a P ¡¡uw s•g•uente.) Heview", vol. 3H, ps. 296 ~ 3o3 (Ui25)~ V1 e .• o Ltlcal Questions, "Harvard Law

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1

LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

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judicial en resolver un caso tuvo lugar en Inglaterra en 1460, cuando el Duque de York promovió juicio para que se lo declarara legítimo heredero del trono 4 • Los jueces, en tal ocasión, dijeron que "no se atrevían a entrar en ninguna comunicación respecto a ello, porque incumbía a los lores del Rey tener conocimiento de estas materias y mediar en ellas". En los Estados Unidos, y sin perjuicio de algún precedente del siglo XVIII ~ . el primer atisbo de lo que lu ego serían las political questions aparece en "Marbury v. Madison" 6 , y se rerContl!luu ción de lu nota 2.)

(Federal J urisdiclion , p. 142) y lo mismo opina Martín REniSII (Judicial R euiew anti the Political Question , "Northwestern Law Rev:iewn, vol. 79, p. 1031, 1984). Entre nosotros , Jorge VANOS.~! decía h ace ya varios años - y pued e ser suscri pto hoy- que la doctrina conserva en su fonnulación las características imprecisas y frágiles a que la condena la propia indeterminación de su nombre (Teorta cons· titucional, cit. , t. II , p. 170). 4 El conflicto politice -con ribetes judiciales- tuvo lugar en el marco de la célebre lucha entre las casas de York y Lancaster por el trono de Inglaterra, conocida como la Guerra de la Rosas (Th e War o( the R oses), cuyo nombre se debe a qu e el embl Pma de los York era una rosa roja y el de los Lancaster era una ros a blanca . Ambas casas, de ~cendientes del rey Eduardo lll (1327-1377), pel earon por espacio de más de treinta años entre 1453 y 1485. La pretensión al trono de Ricardo, tercer Duqu e de York , apareció cuando el rey Enrique VI (Lancaster) tuvo que abandonar el gobierno momentáneamente en 1453 por una enfermedad mental. Repuesto de su enfermedad dieciocho meses después, la preten sión del Duqu e de York no cesó ha ta su muerte en 1460, en la batalla de Wakefield. Finalmente, la casa de York logró des tronar en 146 1 a E nri4ue VI y colocar en su lugar a Eduardo IV (1461-1483), a quien sucedieron ntros dns reye~ York (Ricardo lli y Eduardo V). La Guerra de las Rosas finalizó en 1485 con el ascenso al t rono de Enrique VII (1485-1509), que pertenecía a la casa de Lancaster (era descendiente de Owen Tudor y de Margarita de Valois, viuda de Enrique V, pero se casó con Isabel de York, hija mayor de Eduardo IV, para asegurar la unión de ambas familias). Para ello además cambió el nombre de la dinastía que a partir de entonces se denominó 'fudor. (Ver CHUI\CHILL, Winston S., A Histo,.; o( the English Speaking Peoples , Dodd, Mead & Co., New York, 1958, vol. I, "The Birth of Britain", ps . 424 a 500. !\ En "War c v. Hyltou", 3 U.S. (3 Dalias) 199 (1796), la Corte rehusó determinar si se habla violado un acuerdo internacional. 6 5 U .S. (1 Cranch) 137. He analiza do en extenso este caso supra , § 4, b. En lo que a esta cuestión se refiere , la sentencia dice: "Por la Constitución de los Estados Unidos el Presidente está investido con algunos importantes poderes políticos , en el ejercicio de los cuales debe usar su propia discreción, y es responsable ante su país solam ente en su carácter político y ante su propia conciencia . Para ay udarse en el cumplimi ento de estos deberes est.á autorizado a nombrar determinados funcionarios, los cuales actúan por su autoridad, y de conformidad con su s órdenes. En tales casos, los actos de ellos son sus actos; y cualesquiera sea la opinión que pueda merecer la manera en que es usada la discreción ejecutiva, - - - - -- - - - -- - - - -

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pitió luego en algunos casos inmediatamente posteriores, tales, por ejemplo, en materia de reconocimiento de naciones y gobiernos extranjeros 7 , en cuestiones sobre soberanía en una esfera determinada 8 , en materia de la garantía republicana contra la violencia interior 9 , o para revisar facultades discrecionales de un funcionario ejecutivo 10 • Incluso un interesante caso se suscitó respecto de nuestro país y las Islas Malvinas. Fue "Williams v. Suffolk Ins. Co." 11 , en el cual la demandada, una compañía de seguros, había invocado como defensa para evitar el pago del seguro la negligencia del actor por haber continuado con la caza de focas en las Malvinas , luego de que el gobierno de Buenos Aires lo intimara a abstenerse de esa actitud. La Corte norteamericana rechazó esa defensa, pues si bien admitió que antes de la "Revolución en Sud América", las Islas Malvinas estaban adjuntas al virreinato del Río de la Plata, posteriormente se había producido una declaración del Presidente de los Estados Unidos de que en las Malvinas podían dedicarse a la caza de focas barcos de todas las naciones, lo que impedía a la Corte pronunciarse sobre ese punto así como de cualquier otra decisión acerca de quien ejercía allí la soberanía. a pesar de ella, no puede existir poder alguno de controlar aquella discreción. Los asuntos son políticos. Ellos conciernen a la Nación no a los derechos individuales •. y, e tanda confiados al Ejecutivo, la decisión de'! Ejecutivo es definitiva. La e~actttud de esta observación puede ser percibida tomando en cuenta la ley del Congreso que establece el departamento de Relaciones Exteriores . De acuerdo con !.os deberes prescriptos por aquella ley, este funcionario debe actuar de confurmtdad con la voluntad del presidente. Es un simple órgano por el cual aquella volunta~ es comunicad~ . Los actos de tal funcionario, en cuanto funcionario, no puede~ ser nunca exammados por los tribunales". Un pensamiento 8 · ·1 n tambten en "Cohen v v· · · "·"E . . illlJ ara ora . . d'. 'ó . s · trgmta · S muy Cierto - dtce- que esta Corte no asumirá JW:s tcct 0 s~ no debe hacerlo, pero es igualmente cierto que debe asumirla si 1 :~ a c:~~d~n e. La JUdtcatura no puede, como sí puede la Legislatura, evitar 264, 404). porque ella se acerque a los confines de la Constitución" (19 U.S. 7 "United States v Palmer" 3 Wh to 610 ( . tarde en "Jones V. United. States" Í37 u se~o:it890) 18;g).tcntercio aplicado más Co.", 246 U.S. 297 u 9181 . ' · · • Y e Jen v. entra! Leather s "Foster v. Neilson" 2 Peters 253 (1829) "Will ' U.S. (13 Peters) 415 (1839). ; tam v. Suffolk Ins. Ca.", 38 9 "Martín v. Mott" 25 U S (12 Wh cuando el Presidente actúa 0 ~ ~ tn . ~atan) 19 (1827 ). Se decidió aquí que decidir cuándo debe ser con:ocad: laflll~tó_n del Con~eso, sus facultades para to "Decatur v Paulding" 39 U S m( cta no son Judictalmente revisables. n 38 · p t ) ' · · 14 Peters) 497 0840). ,,,, 13 e ers 415 (1839).

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Los

ACTOS • 'O .JUS'nCIABU:s

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De todos modos, según ex:pre a TRmE 12, la serie central de casos sobre cuestiones políticas corre desde "'Luther v. Borden" 13 hasta "~aker v. C~" 14 • El primero de éstos surgió como consecuencla de la aplicación de la llamada "Cláusula de Garantía" establecida en el artículo IV sección 4 de la Constitución, an~ tecedente de nuestros artículos 5 2 y 61' 15 • La legislatura del esta,do de Rhode Island, frente a un intento de golpe de Estado, hab1a declarado la ley marcial en todo el territorio de aquél. Como consecuencia de la misma, un grupo de milicianos irrumpió en la casa de Martin Luther en busca de un hombre acusado de traición. Luther demandó al Estado por los daños causados en su casa, argumentando asimismo que el gobierno era ilegal y solicitando al Gobierno Federal que interviniera a través de la Cláusula de Garantía. La Corte Suprema, por boca de su Chief Justice, Roger Taney, desechó la petición, diciendo que revisar la legitimidad del grupo gobernante en Rhode Island era una cuestión política ajena a la jurisdicción del Tribunal 16 , cri12

American Constitutional Law, ob. cit., p. 368. U .S . (7 Howard) l (18411) .

'" 48

"

:369 U.S. H!6 (1962).

15

La Cláusula dice: "Los Estados Urudos garantizarán a cada estado de esta Unión, una forma republicana de gobierno, y protegerán a cada uno de ellos de loda invasi
t G Dice la sentencia "the Constitution of the United St.ates, as far as it providcd for an cmergAncy of this lLOd authorized the general government lo inlerferP. in the domes tic concerns of a Sta te, has treated the subject as política! in its nature, and placed the power in the hands of that department. The fourth section of the fow·th article of the Constitution of the U nited S tates provides that the Unitcd States shall guarantee to every State in the Uruon 11 republican form of govcrnment, and shall protect each of them against invasion, and on Lhe application of the legi lature or of the executive (when the legislature cannot be convened) agaínst domestic violence. Under this article of the Constitution it rests with Congress to decide what government is the established one in a Sta te . For as the Un.ited S tates guarantee to each Sta te a republican government, Congress must necessarily decide what government is established in the State befare it can determine whether it is republican or not. And when the senators and representaLives of a State are admitted into the councils of the Union , the authority of the governmcnt under which the are a?po!nted , as we.ll as its ~e­ publican character, is recognized by the proper const1tutíonal authonty. And 1ts decision is binding on every other department of the govern.ment. and rould not be questioned in a judicial tribunal" (48 U.S. 1, 42). Puede verse un relato por·

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terio que se ha mantenido luego en muchas otras decisiones posteriores 17 • b) EN LA ARGENTINA. - En la Argentina, el leading case de las cuestiones políticas es "Cullen c/Llerena"' 8 , fallado sobre la base del modelo jurisprudencia! norteamericano. El fa11o presenta , además, la primera expresión argentina sobre la inexistencia de las cuestiones políticas 19 . Sin embargo, cronológicamente, la doctrina de las cuestiones políticas en la jurisprudencia de la Corte 20 ya aparece esbozada en "Procurador Fiscal de Santa Fe c!Hué" 21 , un caso de expropiación de tierras a favor de la Empresa Ferrocarril Central Argentino ~~ . Se discutía allí solamente el valor de las fracciones de campo expropiadas, pero aun así la Corte establece en un d ictum que ello es lo único que podría ventilarse judicialmente, ya que "el derecho del gobierno nacional para expropiar dicha área es incontestable, pues se lo concede la ley del 27 de junio de 1855 y muy claramente también la del 12 de mayo de 1863, que aprobó el contrato con el Sr. Wheelwright, por el cual se comprometió a dar en propiedad a la empresa que éste representa una legua de campo a cada lado y por toda la extensión mcnorizado de este caso en S HNAYt:RSON, Robert, The lllustrated History of the Supre,n;e Court. of the United ~~~tes, Abrams , New York, 1986, ps. 110 a 112. Véase mfra (§ 104) la Jun sprud encla que c1to en materia de intervención federal. IS Fallos, 53:420 (1893). 19 Ella se encuentra en el voto di sidente del juez Luis V Varela (Fallos 53 :435 a 475). · ' 2

~ Según relata LINARES QUINTANA, la doctrina de las cuestiones políticas ~n 1a ge ntma se remonta a 1861, mediante un fallo de la Cámara de Justicia d: ~:sn :c~~n, lnbwlal que se inh.i~ió de conocer en la causa promovida con motivo . d tbecumenlos Que cui.IDJ.Daron con el asesinato del gobernador Jo·"" A Vu· a soro e 1do a "l ~~ · .. • que . a .caus.a presente es de carácter político y es tá fu era del d b a 1<:a nce e este poder JUdicia.no, que debe llenar los ob. eto recta administración de · t· · " (L J s Y e eres de una . . JUS ICia !NARES QUINTANA Segu nd V 7} d d Clencta del derecho constitucional Alfa B Al • o . • ata o e la 21 Fallos, 4:311, 320-321 ClÍ367) 'co: : res, 1953,. t . I1 , § 1119, p. 325). Salvador M del Carril J . B p' as de Franc1sco de las Carreras ~2 C . ' ose arros azos Y J osé B. Gorostiaga ' .. · . · omo en muchos otros asunto BIANCH I, Alberto B. , La delegación l ~J eml? 1 1a dclegac10n lcg:¡slativa (véase p. 177) , la m ate ria expropiatoria ha :gts a~ua , Abaco: Buenos Aires, 1990, § 35, fueron •eguidos en otros institutos. urca o rumbos JUt'tsprudenciales que luego

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del camino; lo que sólo podría cumplir expropiando los terrenos de particulares comprendidos en esa demarcación (... ) Que esas leyes no pueden ser objetadas, ni discutida su constitucionalidad ante los tribunales, por razón de error en la clasificación de la utilidad pública en que se funda el derecho de la expropiación, porque el artículo 17 de la Constitución disponiendo en su inciso segundo que la expropiación sea autorizada por ley, libra a la discreción exclusiva del Congreso el juicio sobre la utilidad pública en los casos ocurrentes; y es notorio además que, sin la concesión de tierras, no hubiera sido realizable la construcción del Ferro-carril Central; obra de una conveniencia evidente para el progreso y aún para afian· zar La paz y la tranquilidad de la República . .. " 23 (el destacado me pertenece). Además de la constatación cronológica, el caso citado es interesante para demostrar que el puntapié inicial de la autorrestricción de los tribunales argentinos frente a la acción de los poderes políticos y administrativos no fue una cuestión precisamente política. Se trataba, simplemente, de una materia administrativa 2 \ pero librada a la discrecionalidad del Congreso y de la Administración e insuscep~ible, por ende, de control judicial. Tenemos entonces que el pnmer dato .q ue n.os proporciona la Corte para abstenerse de ~ctu.ar es la dls~recw­ nalidad en el obrar del Congreso. Este cnteno fue repetido po5 co después en "Procurador Fiscal de Santa Fe c/Señor,ans"~ · Hecha esta aclaración, analizaré "Cullen c/Llerena. . Hl~­ tóricamente, el caso surgió - bajo la convulsionada pr~s1denc1a de Luis Sácnz Peña 26 - a raíz de la revuelta producida en la 2:1

En igual sentido: "Procurador Fiscal de Sa nt.a Fe dSeñorans". Fallos ,

6 :67 , esp . p. 72 (1868). 24

· nes políticas s1· b1·en • como lo anota la Corte, tenía por entonces proyeCCl~, llii al d 1 • powa ca ICarse

· · d enc1a ··· del fer1·ocarril en el progreso gener e p3.1S. no por l a rnc1 de política en sí misma. 25 Fallos, 6:67-72 (1868). . p f.\ (1 892 _1895¡, luego continuada 2H La breve prestdcncta de Lms Sáenz e a . E ·sio Uriburu ha st a la finalización del mandato por s~ ~cepreside~~· P~~::ados por ro~ · d por una serie de acontecumcntos Lur en . estuvo Slgna ." 1 d h bTd d olítica del Presidente y la ausencta quist.as y radtcales, qu e la fa ta e a 1 1 a . P h ta rovocar su renuncia en de un partido propio que lo respaldara. a!:d~~::IesS:e r:fiere, además de Santa enero de 1895. En lo que a mtervencto tam Tucumán Buenos Aires, Fe fu eron intervenidas Sa ntiago del ~s~ro,l Ca "Pr:C:¡ncia de Luis Sáenz Peña. San J,uis y Córdoba (ver GELLY Y <:nt:S, aros~ r entina obra colectiva dirigida Vicepresidencia ~e José E . Unbu~ en ~~~o~~~agy Jané~, Buenos Aires. 1968). por Roberto LeVlllter. t . IV, ps. 3 1 :d a '

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provincia de Santa Fe en julio de 1893, por medi~ de la cual fue destituido el gobernador de aquélla, Cafferata, stendo reemplazado por Mariano Candioti, autodesignado gobernador provisionaF7. La respuesta del gobierno federal tuvo lugar con el dictado de la ley de intervención 28 , designándose interventor a Baldomero Llerena 29 , quien destituyó a Candioti. El representante de este último, Joaquín Cullen, promovió entonces, en representación de la provincia, una acción originaria ante la Corte, reclamando la restitución del gobierno provisional erigido. El primero en opinar sobre la cuestión fue el procurador general Sabiniano Kier :10, quien propuso el rechazo de la demanda sobre la base de dos argumentaciones: a) la falta de legitimación del gobierno de hecho de Candioti para invocar la representación de la provincia ante la jurisdicción originaria de la Corte, y b) la existencia de una cuestión política. Indudablemente, el primero de los argumentos resultaba suficiente para el rechazo de la demanda, ya que un gobierno surgido de una revolución, que no accede al poder por medios constitucionales, no puede arrogarse la representación legítima de una provincia. Ello hace que el segundo de los argumentos sea más un dictum que un holding; sin embargo, éste es el que interesa, a los efectos del estudio llevado a cabo en este capítulo. En el dictamen se advierte claramente la alusión a la cuestión política como la había diseñado Marshall en "Marbury", es decir, como un problema relativo a la división de poderes, donde la intervención judicial afectaría la esfera de privacidad de los restantes 3 1 • 27 El relato de los hechos sucedidos en esta revuelta puede verse en Sor.A, Juan V., Intervención federal en las proui11cias, Abeledo-Pen-ot, Buenos Aires, 1982, ps. 147 a 150. z• Ley 2950 del 18 de agosto de 1893 . 2 . ~ Se consumó así la intervención federal n• 54 registrada desde 1853 (conf. Corms16n de Estudios Constitucionales, Materiales para la reforma constitucional Buenos A1res, 1957, t . VI, "Intervención federal ", p. 29). ' 30 Fallos , 53 :420-427. 31 Dice e~ Procurador: "No es materia cuestionable que las leyes contrarias a la Constitución puedan ser discutidas ante el Poder Judicial, Jo mismo de la Nactón que d~ los Estados( .. Pero si esto es evidente, lo es también que para que. el _eJerciCio de esa atribuCJón sea legítimo, ha de ofrecerse el caso concreto del lnd¡.VJduo herido en sus derechos civiles por la ley objetada de inconstitucional (. · .) 81 el Poder Judicial pudiera, prescindiendo de las limitaciones al caso en causa civil , entrar al examen de las leyes, bajo su aspecto político, podría también estudiar el ongen y formación de los otros poderes y sus procedimientos internos,

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La Corte 32 no se hace cargo del primero de los argumentos del Procurador y entra directamente al problema de la cuestión política: "La intervención nacional en las provincias -dice- en todos los casos en que la Constitución la permite o prescribe, es, como queda dicho, un acto político por su naturaleza, cuya verificación corresponde exclusivamente a los poderes políticos de la N ación; y así está reconocido en nuestros numerosos prec~dentes al respecto, sin contestación ni oposición de ningún genero: todos los casos de intervención a las provincias han sido resueltos y ejecutados por el poder político, esto es, por el Congreso y el Poder Ejecutivo sin ninguna participación del Poder Judicial" 33 . e) "LUTHER v. BoRDEN" Y "CULLEN ciLLERENA". Es común identificar a "Cullen c/Llerena" con "Luther v. Borden", y a ello ha contribuido la propia Corte argentina 34 . Rn mi opinión, sin embargo, esta identidad se limita a que ambos casos se originan en el desordtm interno de un estado local, pero no se extiende más lejos. Si analizamos lo que Luther pedía a la Corte norteamericana y lo que Cullen demandaba de la argentina, veremos que eran cuestiones diametralmente dis-

respecto al modo y forma de sanción de las leyes, lo que es contrario a la inde pend encia de los poderes coordinados . La Constitución y leyes de competencia sólo le atribuye facultad par:~ declarar si la ley, tal cual ha sido promulgada, se opone a alguna garantía o privilegio de la Constitución". n El fallo de la mayoría lleva las firmas de Benjamín Paz, Octavio Oung.,, Abcl Bazán y Juan E . Torrent. 3 ~l Fallos. 53:131. Luego agr.,ga la Corte: "El Ur. Cullen demanda ante esta Suprema Corte precisamente una decisión igual a la denegada en términos tan explícitos en la sentencia precedentemente citada [se refiere a "Luther v. Borden"]: no trae a cliscusión una contienda entre partes por derechos inclividuales de partir.ulares o del Estado mismo, vulnerados por la ejecución de una ley del Congreso, y que se encuentren protegidos por la Constitución directamente; no produce un verdadero caso judicial, en la acepción propia de este concepto jurídico; pretende expresamente el restablecimiento del Gobierno provisorio que representa el poder político de la Provincia y que mande suspender la intervención que se re~~a en ella por el Poder Ejecutivo en cumplimiento de una ley; reclama una deciSIÓn de carácter general, que comprenda todo el régimen de Gobiern_o de Santa Fe; una sentencia de naturaleza politica y de efecto puramente polit1co, controlando y revocando disposiciones y actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de la Nación en materia de la exclusiva competencia de d•chos poderes; lo que se encuentra' fuera de las atribuciones de esta Corte" (íd., en ps. 433 Y 434) . ~• Ver Fallos , 53:432.

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tintas. A diferencia de Santa Fe, Rhode Island ~o estaba. intervenida, y lo que se pedía era precisamente su mt:r~enc1ón. En otras palabras, se reclamaba de la Corte una act1V1da~ p~­ sitiva· se le pedía que dictara la intervención federal, eJercltando' el poder que la Constitución norteamericana establece en la sección 4 del Arl. IV. Por el contrario, en el caso argentino la intervención había sido dispuesta y se requería su revisión judicial. Sobre la base de esta comprobación elemental, me parece que, en realidad, la doctrina de las cuestiones políticas está más sólidamente fundada en el caso argentino. En efecto, para que pueda hablarse de cuestiones políticas, debe haber por lo menos una apariencia de caso judicial; es decir, debe haber un acto del gobierno que suscite un pedido de control judicial. Tal es el acto que el tribunal declara político. Ello, que se daba claramente en "Cullen c/Llerena", no tenía lugar en "Luther v. Borden", donde se pedía a la Corte Suprema que decidiera ella la intervención. La Corte de los Estados Unidos no estaba entonces frente a la revisión de una cuestión política, sino ante el pedido de ejercicio de una facultad que corresponde a los poderes políticos. Por ello me parece que el Chief Justice Taney acudió al soporte de una doctrina ya conocida en esa época para sostener su fallo, cuando podían ser otros los argumentos que fundaran el rechazo de la petición 35 . § 87. Los tres grandes grupos de actos

excluidos del control judicial. La regla general del acierto o conveniencia del criterio adoptado por el legislador Señala.ba al c~menzar que la jurisprudencia de la Corte ofrece un hstado -1 nformal- de casos en los que no ha ejercido 36 En realidad, el caso "Luther" fue un ca .1 . .. por una agrupación denominad A . . . S ~o PI oto, tmpulsado pohttcamente chaba contra la dom · '6 a soetaclOn u rag¡sta de Rhode lsland, que !uen posesión del d macJ n en ese estado de una minoría colonial que estaba Los miembros d~o l:rAeVJtan.~o el acceso de las mayorías al control del gohierno pueblo elaboraron u soctacto~, creyen~o reaJmente que el poder pertenecía ai el caso' ante la Justicia P;:~~~a ~~stiL~cró: Y_ creyeron que triunfarian llevando ello invocaron la 'protecci~n f:~r~l ~ee~!\~~:e4spedtealr }~ts dNerecShost civiles. "" . . e oparon, .

Para

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el control constitucional. Analizaré entonce estas categorías, agrupando en ellas tanto las decisiones norteamericanas como las argentinas en las que se ha producido esta abstención. Sin pretender efectuar una clasificación rigurosa, estos casos pueden agruparse metodológicamente en tres grandes grupos: a) política exterior; b) política interior, y e) cuestiones administrativas. Antes de ello, me parece que es conveniente recordar la regla general que preside esta cuestión. Con fundamento en la separación de poderes, los jueces sostienen -eon razón- que no les corresponde sustituir al legislador 36 • Es común leer que "la misión más delicada que compete al Poder Judicial es la de saberse mantener dentro de la órbita de su jurisdicción sin menoscabar las funciones que incumben a otros poderes, pues un avance en desmedro de las facultades de los demás poderes revestiría la mayor gravedad para la armonía constitucional" ~7 . De allí deriva inmediatamente una regla general según la cual no es propio de la función judicial efectuar el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones . También ha dicho el Tribunal en ciertas ocasiones que no le corresponde juzgar sobre una "política legislativa" o sobre una "política económica". Con ello quiere señalar la Corte que el control constitucional es un proceso de naturaleza eminentemente jurídica, donde no ingresan consideraciones de otro orden, tales como las económicas, y es aquí en donde se encuentra una de las principales simientes de las llamadas cuestiones políticas, ya que como veremos en el curso de este capítulo, la mayoría de ellas presenta dos aspectos: el no justiciable y el justiciable. El primero se refiere, precisamente, a lo que han decidido el Congreso o el Presidente dentro del ámbito. de sus facultades propias, los motivos que han tenido par~ fiJar una d~terminada política, o para elegir entre varias o~cwi?-es , todas 1gualmente válidas, y la oportunidad y convemencla de todo ello. Se trata de un ámbito generalmente dissi~ftembargo, co.n , u_n r~chazo refugiado detrás de la doctrina de las cuestiones po Jeas que eVItó lrunJscuJr a la Corte en un asunto . . interés (cfr. SHNAYEilSON Robert The Ill t d H' BJeno a ~u competencia e 36 Entre muchos , ro : . us rate " t~tory of . .. , ctt. ps. 111 y 112). 1976 (1997); "Pcia. de 1'i~rr~~:~c~=g~n~a~:;:~ Stgra ~.R.L.", Fallos, 320:196237 Ente otros muchos : "Simón Herna' d "g;ntlml a ' Fallos , 321:1888 {1998). n ez . ra os, 322:1988 (1999).

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crecional, y cuya apreciación está excluida del control judicial por la imposibilidad de generar un caso. El segundo aparece cuando con motivo de la aplicación concreta de una de esas decisiones se produce la afectación de un derecho subjetivo. Lo que se juzga aquí ya no es la decisión general en sí, sino la forma en que ésta impacta en la esfera de un individuo o de varios. Y ello, naturalmente, puede producir un caso judicial. La Corte Suprema ha fijado la regla arriba mencionada en numerosos casos, que muestran la diversidad de materias que son propias de la apreciación discrecional de los poderes políticos, y quedan exentas del control judicial. Un lejano antecedente de esta autorrestricción de los tribunales aparece ya en "Gibbons v. Ogden" 38 , donde se discutió por primera vez la cláusula comercial de la Constitución '19 • Allí la Corte norteamericana dijo; "La sabiduría y discrecionalidad del Congreso, su identidad con el pueblo, y la influencia que sus representados ejercen en las elecciones, son en este caso, como en otros muchos, tal por ejemplo la declaración de guerra, la única restricción en la que se apoyan para resguardarse del abuso" 40 • En la jurisprudencia de nuestra Corte esta advertencia aparece en el antiguo caso "Caffarena c/Banco Argentino del Rosario ! Santa Fe" 4 \ en el cual se dijo: "Si los tribunales pudieran Juzgar del m~rito intrínseco de las leyes y de su justicia en ~bstracto, sal_1endo de sus atribuciones que son ius dicere, no ~us condere, Juzgar según las leyes y no juzgar de las leyes quedaría~ sup.er~uestos al Poder Legislativo, cuyas resolucio~ nl~s podr~an dJaname~te ~_validar a pretexto de que no eran e as .con ~r~es a la JUSticia, viniendo a tener al fm con las disposiCiones expresas de la Constitución q tra la recíproca independencia de los Poderes l~ P~~econ~ag~an portante de la sanción de las leyes, que n~cesitarían :bte=-

,

~R 22 U.S. (9 Wheaton} 1 (1824} E . · n esencia se discutía quién era la . .autondad competente para regular el comercio en aguas inteljurisd.iccional con aquéllas. La Corte resolvió a ~ e~, el Congreso o los estados linderos 40 "The wisdom and the discret~vor a autondad federal. and the influence which th . I?D o ongress, their identity with the people eir constítuents pos e t 1 . ' . . m many other mstances as that r 1 .s ss a e echons are in this as o n· h ' • •or examp e of d 1 · ' • n w IC thcy ha ve relied, to secure th 'f ec. anng war, the sol e restraints 39

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:::;~ {~ ~.~.c~9 ~~~ people must often r!~ 8 ~~:y, ~~ :tu::~r~:~a;;:e t;o~;;~: 1

Fallos, 10:427 (187 1}.

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en tal caso, la final aprobación de los jueces para adquirir su fuerza obligatoria" 42 • Años más tarde, al resolver el caso "Hileret y Rodríguez c/I'ucumán " 43 , la Corte ratificó que "no corresponde a las facultades de que está investido este Tribunal, apreciar la ley de que se trata bajo la faz económica, para declarar si debe ó no, subsistir por haber consultado y favorecido ó no, la gran masa de intereses industriales, comerciales, financieros y sociales que se dicen afectados por Ja industria azucarera, dentro y fuera de la Provincia, pues esta es cuestión del resorte exclusivo de los Poderes Públicos de la Provincia .. ." 4 4 • Y volvió a señalarlo en "Guardian Assurance Co. Ltd. dGobierno N aciona1"45, cuando dijo que "al Poder Judicial no compete pronunciarse sobre la eficacia o ineficacia de las leyes bajo su concepto puramente económico o financiero apreciando si éstas pueden ser benéficas o perjudiciales para el país" 46 . Asimismo >~parece en fallos modernos tales como "Indo S.A. c/Nación Argentina (D .G.I.)" 47 , donde se dijo: "Ya desde antiguo tiene resuelto esta Corte que "existiendo la facultad de legislar en el Congreso, corresponde a éste apreciar las ventajas e inconvenientes de las leyes que dictare, siendo todo lo referente a la discreción con que hubiere obrado el cut>rpo legislativo ajeno al poder judicial, que no tiene misión sino para pronunciarse de conformidad a lo establecido por la ley, y aun en la hipótesis de que se arguyera o pretendiera que la ley es dura o injusta" 48 , o "Cafés La Virginia", donde la Corte ratificó que el acierto o error, el mérito o la conveniencia de las soluciones legislativas no son puntos sobre los que el Poder Judicial deba pronunciarse 4 9 • Luego este concepto se ha repetido en forma constante a lo largo de una extensa serie jurisprudencia!, que abarca materias completamente diversas. Así, por ejemplo, la Corte ha dicho que no le compete juzgar sobre si le correspondía o no Fallos, Fallos , 44 Fallos, 4 fi Fallos, 4 6 Fallos, 4 7 Fallos, 48 Fallos , 42 43

49

10:436. 98:20 (1903) . 98:30. 150:89 (1927 ). 150, ps. 105 y 106. 318:785 0995) . 318:792. "CaféR La Virginia S .A. c/DGI", Fallos, 320:1166, 1175 (1997).

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a una provincia celebrar un contrato 50 ; el acierto económico de un impuesto 5 \ su injusticia o inconveniencia 52 , o su inequidad ' \ la "bondad de un sistema fiscal para buscar los tributos que necesita el erario público" o la "clasificación de los sistemas económicos y rentísticos según su conveniencia y eficacia"54; cuestiones societarias 55 ; la uniformidad o diversidad so "Aparicio c/Salta", Fallos , 135:113 (1921) . Dijo en este caso la Corte: "Las objeciones de fndole puramente moral, o las de mera conveniencia, sin relación efectiva al orden legal establecido, son extrañas a las atribuciones del poder judicial, limitadas como son sus facultades de las leyes emanadas de autoridad competenlt! a los actos ejecutados conforme a ellas o en transgresión de las mismas (argumento del t. 23 , p. 37), sin que pueda aceptarse que baste alegar, como el caso en que el Poder ~jecutivo y t!l Legislativo de la provincia omitieron cumplir deberes que les incumbe como ~-uerpos tutelares del patrimonio provincial, para que los tribunales se atribuyan la potestad de anular tales actos en ejercicio de una atribución que "~ incompatible con el régimen de nues tra organización constitucional, si no se pretende al mismo tiempo que se haya obrado en violación de un precepLo legal en cuya virtud el acto ejecutado por aquéllos carezca de validez. No es atribución legal de esta Corte en el sub iudice, examinar el contrato para establecer si el poder ejecutivo provincial debió o no celebrarlo y si la legislatura debió prestarle su aprobación o no. El cont1·ato ha sido celebrado y aprobado por los poderes de la provincia en ejercicio de facultades que le son propias, y su eficacia ulterior sólo puede juzgarse del punto de vista de la ley que rige las rdaciones de derecho creadas e independientemente de la ventajas o de los perjuicios que de su cumplimiento puedan result,;;n· pru·a las partes". ~ ~ ".Tewish Colnnizalion Association", Fallo s , 147:402 (1926) . Dijo aquí la Corte: "La posibilidad de que tal impuesto envuelva un error económico y pueda dar, en deflnitiva , resultados contraproducentes , porque desvíe de la provincin demandada la corriente de los capitales extranjeros, no constituye un óbice cons titucional. Tales cuestiones, que atajjen solamente a la conveniencia o a la justicia del impuesto, son de la competencia del poder encargado de la sanción de la ley impositiva y están subordinadas, exclusivamente, a su discreción y a cierto". 52 "Ramos c!Municipalidad de 13uenos Aires", Fallos, 1!il:264 (1938). Dice la Corte en este caso: "La facultad de contralor del poder judi<:ial no autoriza a invalidar los impuestos impugnados sobre la base de su inju~ticia o inconveniencia o e~ razón del exceso de su monto o de las formas de percepción, mientras se: meJantes extremos no contraríen las garantías y disposiciones de la constitución nac10nal antes refendas". sa "Tianco Ítalo Argentino de San Juan c/San Juan", Fallos, 188:105 (1940). de que un lillpuesto no sea equitativo - dice la Corte en este caso- no e\fundarncnt~ para ~legar su mconstitucionalidad, si esa inequidad no llegara ~e :sc::fiqt~~~ca¡donaldcPbdteneJs, dio ~aluedenl elNcas?. no se alega , ni con-esponde juzgar

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~ ::Horvath c!Nación Argentinu (DGD", F~llos , 318:676 704 (1995)

55

Barbarella S A " F 11 3 ' · de la ley 19.551. . . , a os, 00:1087 (1978). Se trataba del art. 11, inc. 8'

Los

ACTOS NO JUSTICIABLES

163

de sistemas en materia de previsión 56 ; la conveniencia de que la naturaleza y medida de los beneficios reconocidos a los trabajadores puedan figurar en normas uniformes ~; la upresión de las agencias de colocaciones 5 H; la amplitud de la reciprocidad ofrecida en materia de extradición 69 ; la protección de la industria nacional 60 ; el régimen de excarcelación 61 ; la creación o eliminación de figuras penales 62 ; la nomenclatura arancelaria y derechos de importación 63 ; la ineficacia del régimen implementado por la Superintendencia de Seguros de la Nación 64 ; la extensión de las asignaciones familiares li
La política exterior comprende a su vez dos aspectos: las relaciones internacionales en general y los poderes de guerra en especial. a) LAS RELACIONES INTERNACIONALES. - La Corte norteamericana ha admitido, en general, que las cuestiones relativas a las relaciones internacionales son ajenas a la revisión de los tribunales R7 • También lo ha establecido así la Corte arñr. "García Monteavaru clAmoroso y Pagano", Fallos , 238:60 (1957); "Esilda Maria Pelliza", Fallos , 247:551 (1960); "Eduardo Elías Velasco", Fallos, 271:124 (1968). 57 "Mercedes Martí de Martínez c/Editorial Atlántida S.A." , Fallos , 290:245 (1974). ss "Ramón Ríos", Fallos , 300:700 (1978). 59 "Joseph Amiel", Fallos, 303:389 (1981). 60 "Cose S.A. ", Fallos , 306:788 {1984). 6 1 "Juan Carlos Machicote", FaLlos, 300:642 (1978); "Carlos Esteban Miguel", Fallos , 308:16::11 (1986). 62 "María Cristina Pupelis", Fallos , 314:424, 440 (1991 ). ¡;~ "Propulsora Siderúrgica S.A.", Fallos , 315:1820 (1992). 64 "San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales", Fallos , 317 :1541 (1994). 65 "Adamini c!Poder Ejecutivo Nacional", Fallos, 323 :2409 (2000). 66 "Mon¡¡es c/UBA", Fallos, 319:3148, 3161 (1996). 67 Véas e: B EoERMAN , David J ., De(erencc or Deception, Treaty Rights as Politic:al Questions , "University of Colorado Law Review", vol. 70, p. 1439 (1999).

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

164

gentina 68 • No obstante -tal como afir~a CHEME~TN.SKY 69- e~ dificil establecer una línea jurisprudenc1al que distmga cuando hay cuestión política y cuándo no, ante la ausencia de un principio claro que lo establezca, opinión que es compartida por otros autores también 70 • En "Oetjen v. Central Leather Co." 7 \ uno de los casos fundadores de este criterio, la Corte dijo: "La conducción de las relaciones exteriores de nuestro gobierno está encargada por la Constitución al Ejecutivo y la Legislatura, los departamentos 'políticos' del Gobierno, y la conveniencia (propriety) de cuanto sea hecho en el ejercicio de este poder político no está sujeta a la investigación o decisión judiciales" 72 • Sin embargo, varios años después, en "Baker v. Carr", limitó esta afirmación, al sostener que "es un error suponer que cada caso o controversia que toque las relaciones internaciones, está fuera del conocimiento judicial" 73 • En materia de reconocimiento de gobiernos extranjeros, además del caso "Oetjen", ya citado, debe considerarse "United States v. Belmont" 7' , donde la Corte confirmó el poder del Presidente para mantener relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, y se dijo además que el reconocimiento de gobiernos extranjeros es una cuestión política 7 ~ . Asimismo, algunos asuntos "Zaratiegui c/Estado Nacional", Fallos , 311 :2580 (1988). "" 'Federal .Jurisdicti.on , cit. , p. 155. 7° CHAMPLI N, Linda, and S<:HWARZ, Alan, Political Questions Doctrine and Allocation of the Foreign Affai.rs Power, "Hofstra Law Review", vol. 13, p. 215 (1985). 71 246 U.S. 297, 302 (1918). 72 R., trataba aquí del reconocimiento de las autoridades que ejercit!ron el poder en México entre 1913 y 1917 . "'l'he principie - dice la Corte- that the conduct nf one independent governmcnt cannot be successfully <¡uestioned in the court.a of another is us applicable to a case iuvolving thc title to property brought within th .. custody of a court, such as we have here, as it was held t.o be to the cases cited , in wh.ich claims for damages were based upon acts done in a foreign country, for 1t _rests at last upon the highest considerations of international comity and expe.dJency. 1b permit the validity of the acts of one sovereign State to be ree~amlll~d anu p.erhaps condemned by the courts of another would very certainly 'i.mpenl the am¡cable relations between governments, and vex the peace of nations' (246 U.S. 303) . Anteriormente, el mismo principio había sido establecido en "Un· derhil! v. Hernandez", 168 U.S. 250 {1897). 73 369 U.S. 186, 211 (1962). 14 301 U .S . 324 0937). 76 " . . · wh? is . tht! sove~eign of a territory is not a judicial question, but one the. d~termmat10n of ~J:tich by the political departments conclusively bind.s the cou1 ts, and that recognttton by these departments iR retroactive, and valida tes 68

Los ACl'OS o .vos a la ratificación

165 JUS'l'ICIABI.ES

e interpretación de los tratados b~n Am es" ,s ,

elatl rimplicado , en ""'1erlin.Juen v. cuestiones políticas. As1,

la Corte dijo que es una cuestión política decidir si un tratado igue vigente cuando uno de sus países signatarios se convierte en parte de otro 77 • También fue declarada no justiciable en la denuncia hecha por el presidente Carter del tratado con Taiwan, en "Goldwater v. Carter" 78 • La demanda fue planteada por el senador Barry Goldwater, quien sostenía que para denunciar un tratado internacional se requerían las dos terceras partes del Senado. La Corte, con el voto del juez Rehnquist, sostuvo que ello traía al Tribunal una disputa entre dos poderes politicos , sobre una cuestión respecto de la cual la Constitución no provee ningún estándar al cual sujetarse, teniendo cada poder en disputa recursos propios para la defensa de sus propios intereses 79 . Ha sido declarada igualmente no justiciable la calidad diplomática de los agentes de otros países acreditados ante los Estados Unidos. Ello fue decidido en el caso "In re Baiz" 80 , en el cual se denegó carácter diplomático a un ciudadano norteamericano, cónsul general de Honduras y Guatemala, quien a ll actions aml conduct of the government so recognized from the com.mencement of its existence (. .. ) We take judicial notice of the fact that, coincident with the assignment set forth in the complaint, the President recognized the Soviet governmcnt, and normal diplomatic r elations were established between that governmcnt and the government of the United States, followed by an exchange of amhassadors. Thc e ff~ct of this was to valida te , so far as this country is concerned, all acts of the Soviet government here involved from the commencement of its existence. Th e recognition, establishmPnt of diplomntic relations, the assignment, and agreements with respect thereto, were all parts of one transaction, r esulting in an interna tional compact between the two governments. That the negotiations, acceptance of the as sign.mcnt, and agreements and understandings in respect thereof were within the competence uf the President may not be doubted. Governmental power over interna) affairs is distributed between the national government and thc several states. Governmental power over externa! affairs is not distributed , but is vested exclusively in the nationul government. And in respect of what was done here, the Executive had authority to speak as the sale organ of that government" (ps. 328 y 330). 7fi 184 u.s. 270 (1902). 11 Menciono tan1bién, aun cuando ello pertenece a la política interior, que en "United States v. Sandoval", 231 U.S. 28 , 45:46 (1913), el reconocimiento de tribus indias fue considerado ajeno a la revisión judicial. 444 U .S. 996 (1979). '" 444 U .S . en 1002-1005. so 1a5 U.S. 403 (1890) .

7H

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

166

estaba interinamente a cargo de la legación por ausencia su titular. Para ello, fue decidido que cuando una persona invoca ante la justicia derechos y privilegios diplomáticos, el Tribunal tiene derecho de atenerse a la certificación expedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el punto sin verse compelido a requerir otras pruebas. En materia de límites, cabe recordar el caso "Pearcy v. Stranaham" 8 \ en el cual se discutía la aplicación de derechos de exportación de mercaderías provenientes de las Isla de los Pinos, debatiéndose si la misma pertenecía o no a los Estados Unidos. La Corte, en un fallo bastante contradictorio 82 , sostuvo que la determinación de quién es el soberano de iure o de facto sobre un territorio una cuestión susceptible de apreciación judiciaL b) LOS PODERES DE GUERRA. - Íntimamente con el punto anterior está el del empleo de los poderes guerra del Presidente y su posible justiciabilidad, tema ya he abordado parcialmente más arriba, cuando hice .. ",,,,..,,., a la legitimación de los legisladores 83 . En los Estados la cuestión generó un amplio debate con motivo de la de Vietnam, respecto de la cual se presentaron mente setenta casos resueltos por la justicia federal mericana !!4. El planteamiento más frecuente era el de la constitucionalidad de la guerra, debido a su falta de de formal. Muchos de estos casos fueron decididos por los tn les federale:s inferiores y la Corte Suprema luego denegó certiorari. Tenemos así "Mora v. McNamara" 85 • "McArthur 7 87 '{'(' d" Bli ; "'ve 1ve1 v. N1Xon" ' ' el1uor ; "Simmons v. United States" 81

205 U.S. 257 (1907) . a sostener que la determinación dt! si la Isla de los Pinos era o Lernlono de los Estados Unidos implicaba una cuestión política el fallo se troduJO en la cueslión, lo que provocó la disidencia de fundame~tos de dos los JUeces. A~ Véase s upra , § 74 . 84 . En general, puede verse F1. HER, Louis, PresiderLtial War Powers, vers1ty Prcss of Kansas, 1995. En particular, el capftu lo VI se ocupa de la de V1etnam (ps. 114 y ss.). 85 389 U .S. 934 (1967). ss 393 U.S. 1002 (1968). R1 396 U.S. 1042 (1970). 88 406 F.2d 456, 460 (5° Circuito) , certiorari denegado, 395 U.S. 982 (1969L .

82

. Pese

LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

167

-Massachusetts v. Laird" 89 ; "Orlando v. Laird" , Sarnoff v. Connally" 91; "Atlee v. Richardson" 92 ; "Da Casta v. Laird" 93 ; "Holtzman v. Schlesinger" 94 . Doctrinariamente, ello ha generado una serie de artículos escritos por ELY con tono crítico 95 . Antes de estos casos la Corte había sostenido -con motivo del armisticio con el que finalizó la Primera Guerra Mnndialque la determinación de cuándo aquélla comienza o termina e asunto de las ramas políticas del Gobierno. Ello fue analizado en "Commercial Trust Co. of New Jersey v. Miller" 96 , donde el punto en discusión era si la declaración oficial de finalización de la guerra, efectuada a través de una resolución del Congreso a probada por el Presidente en julio de 1921, impedía la a plicación de la Ley de Comercio con el Enemigo (Trading with the Enemy Act). Más recientemente, también se plantearon casos j udiciales vinculados con las actividades militares del Presidente en países sudamericanos 97 y en la Guerra del Golfo 98 , denegándose allí también la posibilidad de una intervención judicial, 99 por estar presente una cuestión polít ica no justiciable • Otras 89

400

u.s. 886

(1970).

oo 443 F.2d 1039 , 1043 ( 2 2 Circuito), certiorari denegado , 404 U .S. 869 (1971) . n1 457 F.2d 809, 810 (9º Circuito) , certiorari denegado , 409 U.S . 929 (1972) . sz 411. U .S . 911 (19731 . Y:l 471 F.2d 1146, 1147 (2 2 Circuito), certiorari denegado, 416 U .S . 936 (1973 ). 94 484 F.2d 1307 , 1309 (3 2 Circuito), certiorari denegado, 416 U .S. 936 (1973) . gr. 8LY, .Tohn H., The American War in Indoch ina , "Part 1: The (Troubled) Constitutionality of the War Th ey Told Us About", "Stanford Law Review", vol. 42, p. 877 (1990) , y The American War in lndochina , "Part ll: The Uncon s titutinn ality of lhe Wnr 'rhey Didn't Tell Us About" , "Stanford Law Review", vol. 42, p. 1093 (1990) . Véa se también: H E NKlN , Louis, Vi etnnm in th P. Courts ofthe Un ited $ tates : l'ulitical Question s , "American Journal of lnternational La w", vol. 63 , p. 284

>.

<19n~l 9G 262

U.S . 51 (1923).

"Crockelt v. Rea gan", 720 F.2d 1355 (O.C . Circ. 1983), certiorari Jeneg acln , 467 U .S. 125 1 l1981); "Sánchez E spinoza v. Reagan". 770 F.2d 202 (n .C . C irc. 1985); "Lowry v. R<:tt¡;an", 6 76 Federal Supplement ~:33 (D.D.C . 1!)87 ). Sin embargo fue declarada jus ticiable una demanda de un ciudadano norteamericano cuya propiedad , en Honduras , había sidu tomada por el Gobi O?rno corno cnmpo 97

d~ e n trenamie~to., _rnilita.r, en

el cas o ""Ramírcz de Arellano v. We inbe rger", 745 F.2d 1500 (D .C. C1rc. 1984). 9 A ,"Ange v. Bus h", 752 Foderul Supplement 509 (U .D.C. 1990); "Dellum ~

v. Bush , 752 FedAral Suppl cment 1141 (D. D .C. 1990) . .»~ Tambi én este conflicto y sus casos judiciales han moti vado la preocu pación doc~rmana . Véase , por ejemplo, SiDA K , Gregory, 1b Declare War "Duke Law Journal , vol. 41 , ps. 27, 39-43 (1991). '

168

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

actividades militares del Presidente también han sido consideradas no justiciables 100 • • En la Argentina, los poderes de guerra del Presidente fue~on analizados en el conocido precedente "Merck Química Argentma c/Gobierno Nacional" 101 • Este fallo en el cual han sido analizadas numerosas cuestiones, entre ellas la del comportamiento de la llamada "propiedad enemiga" 102 , pese a sus equ vo,ca4::Io-nes , posee rango de leading. Se analizan en él las del Presidente durante un conflicto armado y, peligrosamente se colocan tales competencias incluso por encima de lo cripto por la Constitución: " . .. no cabe discusión alguna bre la existencia y preexistencia de tales poderes de -dice la Corte-, por cuanto los principios rectores de que informados en mira a la salvaguardia de la integridad e dependencia nacional o salud y bienestar económico-social significa uno de los objetos primarios de toda sociedad ci son forzosamente anteriores y, llegado el caso, aun mismo periores a la propia Constitución 103 (. •• ) Que por lo tanto es del resorte del Poder Judicial juzgar y resolver sobre aq necesidades , los medios escogidos y la oportunidad en que dieron o debieron ser realizados, desde el momento que el elusivo poder autorizado para determinar sobre la o razonabilidad bélica de esas y otras medidas adoptadas el curso del estado de guerra, es el mismo órgano de asistido de aquellas atribuciones insusceptibles de ser ca das como judiciales" 104 • Como puede verse, la doctrina fallo otorga poderes al Presidente más allá de cualquier jurídica y excluye el control judicial, no sólo sobre los sino sobre los medios empleados. 100 Así en "Cranston v. Reagan", 611 Federal Supplement 247 (D.D.C. 1 donde fu e rechazada una acción entablada para detener la transferencia de terial nuclea¡· a Suecia y Noruega . un Fallos, 211 :162 (9/6/1948). 102 Sobre la propiedad enemiga antes y después del fallo, me remito a obras, respectivamente: AnROGUÉ, Carlos, La propiedad enemiga y la Constitución nacional, Depalma, Buenos Aires, 1946, y DüRNHOFER, Eduardo, La con(• cación de la "propiedad enemiga". Su inconstitucionalidad, Alfa, Buenos Ai 1957. 10~ Fallos, 211:196. 104 Fallos, 211:211.

Los

ACI'OS NO JUSTICIABLES

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§ 89. Política interior. Pode-re.

del Gobierno nacional Las cuestiones atinentes a la política interior son cuantitativamente las más numerosas y pueden ser divididas en tres grupos: a) poderes del gobierno nacional, b) régimen fede ral, y e) cuestiones electorales y partidos políticos . El primer grupo comprende: 1) los poderes políticos de emergencia, entre ellos la declaración del estado de sitio y el uso de las fuerzas armadas en el orden interno; 2) la reforma constitucional; 3) el proceso de sanción de las leyes; 4) juicio político y procesos de enjuiciamiento nacionales y locales; 5) conflictos internos de las climaras legislativas; 6) veto presidencial; 7) acefalía presidencial; B) indulto y amnistía; 9) gobiernos de facto , y 10) previsiones legislativas en el orden presupuestario. El segundo grupo comprende: 1) garantfa federal e intervención federal ; 2) conflictos entre poderes de una misma provincia y 3) límites interprovinciales. § 90. Poderes poUticos de emergencia

a) DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITIO. Dentro de las cuestiones políticas no justiciables, la declaración del estado de sitio es probablemente una de las más t í picas. Se trata de una decisión en la cual el Congreso y el Preside nte 10" poseen un grado de apreciación exclusiva, muy difícil de ser sometida a la revisión judicial. En efecto, determinar si la conmoción interior o el ataque exterior justifican la restricción de las garantías Y derechos constitucionales que permite el art. 23 es del exclusivo resorte de aquéllos y así lo ha reconocido la Corte Suprema. De todos modos, a partir de la década de 1960 la jurisprudencia ha tenido una evolución muy significativa hacia 105 Hecordemos que el estado de sitio es declarado por el Congreso en caso de conmoctón mtenor. Además, debe ratificarlo cuando -mediando esta misma causal- ha stdo declarado por el Poder Ejecutivo durante su receso (art. 75, inc. 29). A su ve:< es declarado por el Presidente, con acuerdo del Senado en caso de ataque exterior (art. 99, inc. 16). '

CoNTROL DE coNS'TI'TUCIONAL!DAD

170

· d' · b 'lidad de muchas decisiones que , antiguamente, quel aJUlCla 1 d .. 1o6 S'fu edaban fuera del control por el Poder Ju 1c1a1 . 1 er~ n. cesario condensar, en una sola frase, el ~roblerna de la J~Stl­ ciabilidad del estado de sitio, podría dec1rse que los motlV que tuvieron en cuenta los poderes políticos para su declar no son revisables judicialmente, pero sí lo s~n aquellas _u1•:::w.ua~a administrativas dictadas en su consecuencia. Y esta J 107 dencia, si bien fue delineada a partir de "Antonio Sofía" las particularidades que luego introdujo la Ley de Hábeas pus de 1984- estaba ya presente en antiguos precedente~ "Leandro N. Ale m" 10 , donde la Corte sostuvo que un i<:::~;l<>•a~·­ nacional no podía ser arrestado por el Poder Ejecutivo, ni bajo el estado de sitio, pues ello violaba sus garantías de rnunidad parlamentaria 109 • No obstante ello, en un comienzo las facultades pre ciales ejercidas durante el estado de sitio fueron pr.act;lC~imeQ.oi te irrevisables judicialmente. Esta línea jurisprudencia} desde viejos fallos como "Fermin Rodríguez" 110 hasta nes más cercanas producidas en la década de 1950, tales "Rubens Iscaro"m, o "Jorge Antonio" 112 . La jurisprudencia este período, apoyada por la doctrina 113 , señalaba "Que la apreciación de las circunstancias que hagan neces la declaración del estado de sitio o su manLenimiento, así el lugar o los lugares de la república en que debe esa medida, es facultad exclusiva del Congreso o del Ejecutivo, en su caso, como es también la apreciación de las cunstancias y motivos determinantes de las medidas por adoptadas en virtud del estado de sitio 114 . El estado de 106 Un examen de los diferentes períodos históricos sobre el estado de a la par que un exha ustivo análisis de toda la temática sobre el mismo hall arse_ en GRE~ORINI CwsEI-LAS, Eduardo L., Estado de sitio y la arm~n!a la relac1ón mdw1duo-Estado , Depalma, Buenos Aires, 1987. 107 Fallos, 243:504 ( 1959). 108 Fallos, 54:432 (1893). 109 Fallos, 54:454-460. 11 0 Fallos, 41\:17, 2::1-24 (1892). 111 Fallos, 2::l 6:632 (1956). 112 Fallos , 236:657 (1956). 3 Vé § ;se Go NZ ALEZ e ALDERON, Juan A., Derecho constitucional, cit. , t. 11, ,11p.

747

30

E~;re otros: "José Gumermo Bertotto", Fallos, 160:104 (1931)· "H · Pue{rr~~ón , Fallos, 170:246 (1934); "Asociación Constitucional y Liberta';~ gen ma · Fallos, 195:439 (1943); "Alfredo Dratman", Fallos , 196:584 (1943). 114

Los

ACTOS NO JUSTICIAB

171

por consiguiente, tenía la virtualidad de suspender ?1 há~~as corpus si la persona había sido arrestada y puesta a disposlcrón de 1 Poder Ejecut.i vo m . . A parlir de 1959, en "Antonio Sofía 116 la Corte emprendió el camino del control judicial de razonabilidad obre las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo, durante el estado de sitio "cuando ellas sean clara y manifiestamente irrazonables, es decir cuando impliquen medios que no guarden relación alguna con los fines del artículo 23". Agregó luego el fallo que "al ejercer el control de razonabilidad de los actos ejecutados en virtud del artículo 23, los jueces deben referirlo a la causa constitucional e inmediata del estado de sitio -situación de conmoción interior- y no a los motivos concretos que el legislador h aya mencionado como sus factores iniciales" 117 • Luego de este caso, la jurisprudencia de la Corte confirmó en numerosos precedentes inmediatament.e posteriores el principio de la irrevisabilidad de la declaración del estado de sitio, pero exigió que las medidas de ejecución del mismo fueran razonables nM. De iudus modos, este pri m:ipio innovador sobrevivió, en esta primera época, más como una expresión de deseos que como efectivo dato de la realidad, ya que en todos estos casos las acciones fueron , en definitiva, rechazadas 119 • El control ju11 5

Con f. LINA!!t:s QUINTANA, Segundo, Tratado dP. la ciencia del derecho cons-

titucional, e d . cit., t . V, § 3365, p . 4 71. 116 El caso se suscitó con motivo de la negativa de la Policía Federal para autorizar un aclo público que pretendía realizar la llamada Liga Argentina por los Derechos del Hombre, destinado a analizar la situación de los derechos humanos en el Paraguay. 117 Fallos, 243 :515 y 516. l\ 8 Así pur ejemplo: "Diarios Norte y Voz P.,runista" Fallos 244:/i9 (195!:1)· "Bernardo Edelmau", Fa.llos , 246:205 (1960) ; "Luis Trossi",'Fallos, '247:528 (1960): : Guillet·mo Almeyra", Fallos, 249:522 (1961); "Azul y Blanco", Fallos, 250:832 (1961); Rodolfo Sauze Almagro", Fallos, 252:244 (1962); "Movimiento Popular Argentino", Fallos , 253 :44 (1962); '·Pedro J . Bellman", Fallos, 256:359 (1963). 11 9 Un elocuente testimonio del "self-restraint" de la Corte en este periodo es el consid. !:1º de la sentencia recaída en autoR "Sindicato Argentino de Músicos", Fallos , 248:800 (1960). "Que ese alcance específico de la noción de razonabilidad - dice la Corte- precisa ser reiterado y refirmado, a fm de que su e mpleo no derive en extralimitación de las facult.ades judiciales, lo qu e a<:o ntecería, inevitablemente, si los magistrados, en los casos a ellos sometidos, ejercieran la potest.ad -que les está vedada- de apreL'iar las circunstancias y motivos concretos que fundan cada una de las medidas adoptadas en vu'lud del estado de sitio. Porque

tal extensión de atribucion e s traería , entre otras, la sensible consecuencia de que

los jueces, excediendo la esfera que es propia de la actividad judicial. asumirían

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

dicial seguía siendo más teórico que real, como hizo notar la doctrina 120 • Incluso, el tan conocido caso "Primera Plana" 12\ en el que se planteó acción de amparo con el decreto que había dispuesto la clausura del periódico y el secuestro de una de sus ediciones, fue tribuna adecuada para recordar la vigencia del control de razonabilidad, pese a que el amparo fue, finalmente, rechazado 122 • Apenas en "Daniel Mallo" 123 , referido a la prohibición de exhibir la película Ni vencedores ni vencidos, encontramos una acción de amparo exitosa, donde el control de razonabilidad fue algo más que una pieza de retórica judicial 124 , y permitió la efectiva vigencia del derecho afectado. Otro importante fallo es "Carlos M. Zamorano" 12\ en el cual se planteó un hábeas corpus <:ontra la detención de este último. En este caso -en el cual la Corte, insatisfecha con la respuesta dada en el trámite de la acción por el Ministerio del Interior, ordena el libramiento de un nuevo oficio 126 a esa dependencia- , el control constitucional adquiere una dimensión más amplia 127 • No nos enla función consistente en decidir, ante cada supuesto individual, la pertinencia de los actos de ejecución que el estado de sitio requiere, sustrayéndola a los órganos polfticos del Estado. Y va de suyo que los miembros del Poder Judicial, desprovistos de información suficiente e incluso de contacto inmediato con la realidad concreta del país - de un país en estado de conmoción, por hipótesis legal- no están capacitados para ejercer esa función, cuyo desempeño, por lo demás, implicaría desconocimiento del deslinde de competencias establecido por la Ley Fundam ental" (p. 815). 12o BrnAHT CAMPOS, Germán J ., La Corte Suprema , el tribunal de las garantfa s constitucio11ales, Allende & Brea, Buenos Aires, 1982, p . lfl::l. m Fallos , 276:72 (1970). 1 22 Vot ó en disidencia parcial el juez Risolía, para quien la clausura del periódico era arbitraria, pero no así el secuestro de la edición. 12a Fallos , 282:392 ( 1972). 121 A diferencia de los casos anteriores de restricción a la libertad de prensa o de expresión , la Corte dispuso -como medida de prueba- la exhibición privada de la pclfcula (ver consid. 9°). 125 Fallos , 298:441 (1977). 1 26 Esta modalidad ya había sido inaugurada ese mismo año en "Pérez de Smith", Fallos , 297 :338 (1977). 127 Si bien el fallo se maneja dentro de una básica ortodoxia constitucional, en tanto sostiene que la declaración del estado de sitio por las causales del art. 23 no es s usceptible de revisión judicial en cuanto política, que el juicio prudencial del Congreso y del Ejecutivo es necesario y final para implementar los objetivos de la Constitución, admite, sin embargo, un ensanchamiento de las facultades del Poder Judicial en la investigación de los hechos que rodean una detención, para verificar si la misma es legítima.

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Acros NO JUSTICIABUJS

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contramos ya con un escuálido control de razonabilidad, como el de los casos "Sofia" y los posteriore . En ez de presentar a un Poder Judicial acorralado por su autorrestricxión, la Corte afirma que "está sujeta al control jurisidiccional la aplicación concreta de los poderes de excepción del Presidente sobre las libertades constitucionales, control que, lejos de retraerse en la emergencia, debe desarrollarse hasta donde convergen sus competencias y los valores de la sociedad argentina confiados a u custodia". Agrega además que el control de constitucionalidad "debe determinar a lo menos la pertinencia entre las razones de la detención y las causas del estado de sitio" 128 • El caso "Jacobo Timerman" 129 presenta también un hábeas corpus favorable a un individuo arrestado y permitió a la Corte esta blecer con claridad los alcances del control jurisdiccional 130 y el caso "Celia Machado" 18 1 ofrece también un precedente en que, ul igual que en "Zamorano» , la Corte exige la profundización de la investigación sobre el paradero de una persona. Por último, en "Benito Moya" 1 32 , la Corte volvió a ejercer este control de razonabilidad, reiterando conceptos d e las causas ya citadas"'". En 1984 el control judicial sobre el estado de sitio tuvo un vuelco legislativo de importancia. Ese año fue sancionada la Ley de Hábeas Corpus 23.098 '"4 , conforme el proyecto del senador Fernando de la Rúa. En su art. 4 , inc. 2Q, recibió con s agración l eg:¡slativa el principio de razonabilid ad'"", pero ade12 12

"

Con"id . 5° y 6", Fallos, 298 :444 y 445

° Fallos ,

300:8 16 (1978).

·

i:liUtéti carn eUte el fallo e • ) 1 el P oder Ej ecutivo está ~bli a do xpresa. ~ que e c~ntrol es .excepcional; b) que cada caR" c_•oncre to a fin deg ue ~!r~porcionar u.na mformaetón s uficie nte sobre esfera del ór fi q JUeces pued»n res petar s tn controversia la un doble asp~ac~~ el s)pleacf 'lc~_ent.c políltico; e) qu e el control d e razonabilidad a barca < ""· re ac10n entre a gar tí afi t.ad interna, y 2) la verificación de si el acto ~n a ~e a Y el estado de conmoción ción con los fine~ erse ·d .. _ e a utondad guarda adecuada propor300:819 Y 820). P . gu, os meJhante la declaraetón del estad o de sitio (Fallos , lau

131 1 32 ' 1 1 ":-

Fallos, 302:77 2 (1980). Fallos, 303:696 ( 19Rll. En el mi s t'd "H

· ól't S 1 . y . mo "se n ' o: oraclO E. Spadoni", Fallos, 305:204 <1983)· "Hi1 o o an ngoyen , Fallos , 305:269 (1983 ). '

P

1

~' BO , 24/ 10/ 84.

E s t a n orma establece: "~rt. 4 2 : Cuando sea limitada la libertad de urw p ers?na en utrtud de la declarac¡on preu ista en el articulo 23 de la Constit c·ó Nactanal, el procedimiento de hábeas corpus, podrá tender a comprobar, ~n¡ e~ 1 11 "

174

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

d , ara el examen del estado de más y más importante .to aVIa p art 4~ inc 1º se dispuso que sitio' como cuestión política, ened~ ve~ifi'car ~demás "la legitiel jue7. del hábeas c~:pus pu do de sitio". Esta norma que, midad de la declaracton del es:e motivo de disputas en el reen el momento de ser tr.atada.' d dablemente importantes ducinto legislativo 136 ' ocasion~, u ltades del juez interviniente das acerca del alcance de 1as t a~u de sitio. La doctrina, a su en esta ac.ción , dura~te e. esef s~ndero. SAOÜÉS, por ejemplo, turno, ha Intentado espeJard t ·..... ~r en este caso la tarea . l . ez no pue e sus hUi sostiene que e JU "d t sólo puede controlar dos asd l Congreso o del Presl en e, y . h .do e t . ) la formalidad de la declaración, esto es, Sl a Sl t~t:d~ apor autoridad competente, y b) el co~trol de razonabilidad de la misma, es decir si las razo.n~s 1nvocadas por el poder político para decretar el estado de slt10 encua~ra~ dentro de los ¡;usos de conmoción interior o ataque exter10r Ia7 . También LOIÁCONO, colaborador en la redacción del proyecto de la ley, ha dicho que el control judicial es de carácter formal Y no puede extenderse a la oportunidad del dictado del estado de sitio ~~~. Así es que la doctrina no ha aprovechado el texto de la ley 23 .098 para eliminar la declaración del estado de sitio del catálogo de cuestiones políticas no justiciables. Tampoco lo ha hecho la Corte, como veremos enseguida. La jurisprudencia sobre esta materia se reduce a un solo caso, ya que el estado de sitio fue declarado en dos oportunidades en los últimos años. La primera de ellas en 1985, y la segunda, en diciembre de 2001, sobre el final del gobierno de De la Rúa. En este último caso no se produjeron precedentes jurisprudenciales. Por ello la Corte ha tenido una sola oportunidad para analizar el control judicial sobre el estado de sitio bajo la ley 23.098 en el caso "Jorge H. Granada" 139 ,

U:

caso concreto (. . . ) 2: La correlación entre la orden de pri vación de la libertad y la situación qu e d ió origen a la declaración de estado de sitio". 1 ~6 Se oponía a su inclusión el senador Eduardo Menem , por entender que se trataba de una norma confusa, que podía alterar el criterio clásico de la no justiciabilidad de esta cuestión y la defendía el senador De la Rúa , autor del proyecto, sosteniendo que el control establecido sólo se r efería a las formalidades de la declaración. Para más detalles sobre el debate, véase SAr.üt.s, Néstor P., Hábeas corpus , 3° ed ., Astrea, Buenos Aires, 1998, Cap. IX. t:J7 Hábeas corpus , ob. cit., ps. 243 y siguientes. 1as Lot ÁCONo, Virgilio, La ley "De la Rúa" de hábeas corpus, ED , t. 111, p. 863. t 39 Fallos , 307 :2284 (1985).

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ACTOS NO JUS'nCIABLES

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nacido -como todos recordamos- de una detención claramente viciada en su origen 140 • En punto al alcance del co~trol constitucional del art. 42 , la Corte entiende que el leg¡slador no ha querido en modo alguno apartarse del criterio clásico de la no judiciabilidad de la declaración en sí. o cabe entender -dice- que haya sido intención del legislador apartarse de la reiterada jurisprudencia del tribunal, que ha reconocido como facultades privativas de los poderes legislativo y ejecutivo las referentes a apreciar las circunstancias de hecho que tornan aconsejable la adopción de tal recurso (. .. ) El juicio de legitimidad a que remite el art. 4º de la citada ley 23.098 no ha de versar, pues, sobre las características de la situación en la cual se proclama el estado de sitio, sino sobre otros elementos que son realmente referibles al concepto de legitimidad" 141 • En lo que a la cuestión de fondo hace, encontramos en el voto de la mayoría 14\ que rechaza el hábeas corpus, un desdibujado control de razonabilidad. En efecto, si bien la Corte admite que ese control de razonabilidad existe en los términos fijados en el precedente "Timerman", y que ha sido ratificado por el art. 4º, inc. 2º de la ley 23 .098, no profundiza, en cambio, la investigación de hecho para determinar si el acto de autoridad guarda proporción con los fines perseguidos mediante la declaración de estado de sitio. Alude, en definitiva, a que la detención del actor no estuvo exenta de motivación asertiva entre las causas del arresto y las causas del estado de sitio 143 • El voto disidente del juez Belluscio entiende que se ha imposibilitado el control de razonabilidad, en la medida que el informe brindado por el Ministerio del Interior es insuficiente para determinar las causas de arresto de Granada y ordena, por tanto, 140 La detención de Granada y otras 11 personas se originó en el decr. 2049 del ~1 de octubre de 1985, sin que, previamente, se hubiera decretado el estado de SJtJO. El mismo fue declarado cuatro días después, por decreto 2069/85. 14 1 Fallos , 307:2305, 2306 y 2307 . 112 La mayoría del Tribunal estuvo integrada por los jueces Caballero, Bacqué, Petracchi Y Fayt, este último con una disidencia de fundamentos . En contra votó el JUez Re!lusc10. 14a L .d • 1:1 I ea general que preside el fallo -aun cuando no dicha expresamentees que el control de razonabilidad es una medida excepet'onal que no es necesano · f d. pro .un ¡zar en casos de estado de sitio clásico, es decir en aquellos su uestos

~:. ~~~~=~·~~o~e~~~;:,m;~~:~3~~~~ada de las garantías constitucionales (ve/consid.

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

oficiar al Presidente de la N ación para que se amplíe la información en ese sentido. Como vemos , tanto la doctrina como la juris_p rudencia han intentado tender en derredor de la norma arriba comentada una barrera que impide al juez del hábeas corpus llegar al extremo de cuestionar el dictado mismo del todo el estado de sitio, salvo en sus aspectos meramente formales. Que~~ a _salvo, por supuesto, el análisis de razon~ilida? y de l~g¡tlm1dad de las detenciones que se produzcan 1 • BaJO esta mterpreta-

ción la situación existente antes de la sanción de la ley 23.098 no ha cambiado nada, o en todo caso ha cambiado muy poco. El control de razonabilidad ya existía, y el control formal sobre la legitimidad de la declaración de estado de siLio podía efectuarse sin ley que lo habilitara expresamente. Nadie puede poner en dudas, por ejemplo, que el estado de sitio, decretado por el Presidente, en caso de conmoción interior, estando reunidas las cámaras legislativas en sesiones ordinarias, constituye un acto ilegítimo, controlable por los jueces, haya una ley que lo habilite expresamente o no. En cuanto al control de razonabilidad, me parece saludable que haya sido consagrado legislativamente, aun cuando la primera vez que la Corte debió emplearlo, no lo hizo. b) DECLARACIÓN DF. LA LEY MARCIAL Y EMPLEO DE LAS FUERZAS ARMADAS EN EL ORDEN INTERNO. La Constitución no

prevé otros institutos para conjurar una emergencia política que el estado de sitio y la intervención federal en las provincias. No obstante ello, la historia argentina registra el empleo de otros, tales como la ley marcial '45 , cuya constitucionalidad es 146 discutible y que ha sido empleada reiteradamente bajo los 144

En punto a esto último debe r ecordarse que, a juicio de la Corte, las faculta des otorgadas en el artículo 23 son privativas y exclusivas del Presidente Y por end e no puedt>o ser del.,gadas en otros funcionarios : "Héctor Audano", Fallos' 247 :3ó5-359 (1956); "José Miguel Zárate", Fallos , 247 :708-711 (1960); "Luis Me: rino", Fallos , 252:90-91 (1962). 14 ~ Se entiende por ley marcial el sometimiento de civiles a los t ribunales mililares, baj o la ley militar. . 140

En general se la admite - tal como lo ha hecho la jurisprudencia de la Cor·te nortcamcn cana- cuand o, con motivo de la emergencia (guerra, catás trofe ,

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ACI'OS NO JUSTlCIABU!S

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gobiernos de facto 147 • No me voy a referir al empleo de las Fuerzas Armadas en el orden interno durante gobiernos, sino a su empleo con motivo de la ley marcial decretada en gobiernos de iure. El caso tuvo lugar bajo la convulsionada presidencia de Arturo Frondizi 148 , cuando se dictó el llamado "Plan Conintes" 149 • Con motivo de la aplicación del Plan, tres individuos fueron condenados a pena de prisión por un juzgado militar y apelaron ante la Corte por recurso extraordinario lfio. En uno de sus considerandos, el Tribunal dijo que "el acierto con que los poderes políticos aprecian las circunstancias que se requieren para la validez del empleo auxiliar de las fuerzas armadas no puede ser revisado por los tribunales de justicia en forma que constituya una libre reconsideración de las facultades privativas de aquéllos" 151 • etc.), no existen los tribunales civiles. Así quedó establecido en el caso "Ex parte Milligan", 71 U.S. (4 Wallace) 2 (1866), producido luego de la Guerra Civil, donde la Corte dijo: "La ley marcial nunca puede existir donde los tribunales están abiertos y en ejercicio debido y no obstruido de su jurisdicción" (p. 127). Esta misma doctrina fue luego ratificada en "Duncan v. Kahanamoku", 327 U.S. 304 (1946), cuando la ley marcial fue implantada en Hawaii, luego del ataque japonés a las bases norteamericanas en Pearl Harbour en 1941. 147 El primero en hacerlo fue el gobierno provisional de 1930, por medio de un bando que fue aplicado, entre otros, al conocido delincuente Salvador Degiovanni. También fue implantada en 1943, luego del golpe de Estado, por el decr. 1 del 4 de junio. Desde un punto de vista histórico, puede verse POTASH, Robert A., El ejército y la política en la Argentina 1928-1945, 24 ed., Sudamericana, Buenos Aires, 1980, ps. 92 y siguientes. 148 Arturo Frondizi (1908-1995) llegó a la Presidencia de la Nación en 1958, como primer pn~sidente de iure luego de la revolución de 1955. Su mandato estuvo permanentemente jaqueado por la resistencia armada de grupos pcronistas, por entonces proscriptos de la vida política, y por los constantes "planteas" militares, que terminaron derribándolo en marzo de 1962. Una extensa biografía de Frondizi puede hallarse en la obra colectiva Arturo Frondizi. Historia y problemática de un estadista , du;gida por Roberto G. Pisarello Virasoro y Emilia E. Menotti, Depalma, Buenos Aires, 1984-1994. 149 El Plan, cuyas siglas correspondían a "Conmoción Interior del Estado", fue establecido originariamente por el decr. (secreto) 9880/58 y puesto en marcha por medio de los decrs . 2628160 y 2639/60, Juego ratificados por ley 15.293 (BO , 12/8/60). t 50 "){odrlguez, Ruggero y Tambascio", Fallos, 254:11~ (1962). . . 151 Fallos 254:136. Para un análisis general de la JunsprudenCJa ~obre tn· bunales milita;es véase: BmART CAMPOS, Germán J ., Los tribunales mill_ta~es Y la ConstitLLción , Ediar, Buenos Aires, 1985; VANOSSI, Jorge R., El somett.mLento de los civiles a los tribunales militares, ED, t. 93, p. 937 .

CoNTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

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J uicio político y J?rocesos de e njuiciam iento nacwn ales y locales

§ 9 1.

a) J UICIO POLÍTICO. - Hasta hace dos décadas, tanto en los Estados Unidos como en la Argentina, el juicio político no había sido extensamente practicado, de modo tal que no existían antecedentes jurisprudenciales sobre su eventual revisión judicial '"" · En los últimos años, por el contrario, aquél ha des-

pertado de su letargo para convertirse en un instrumento bastante usual. Los norteamericanos no sólo han vuelto a sentar en el banquillo al mismísimo Presidente -aun cuando result6 absuelto, al igual que su predecesor Andrew Johnson 153- , sino que la Corte Suprema tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la revisión judicial solicitada por un magistrado federal que resultó destituido 164 • En la Argentina se ha con vertido en mo152 En los Estados Unidos, desde 179R hAstt~ 1986 el Senado dictó se11tencaa como tribunal del juicio político en once oportunidades, produciendo la de cuatro jueces federales de diRtrito: John Pickering (1804); West H. (1862); Robert W. Archibald (1913); y Halsted L. Ritter (1936). Entre los enjuiciados estuvo el presidente And!'ew Johnson en 1868, pero fue absuelto (Cfr., Gui/M to CongrP.SS, Congressional Quarlerly, Washington D.C., 1991 , p. 300). En la~ gentina, los juicios políticos llevados a cabo entre 1862 y 1976 también fueroa escaso~ . Sólo hubo cuatro pedidos de juicio respecto de funcionarios políti que fueron rechazados, y cuarenta y seis pedidos de juicio a magistrados judiciales.. De estos últimos resultaron removidos nueve magistrados, pero tres de ellos fueroa los jueces de la Corte Suprema Alfredo Sagarna, Benito N azar Anchorena y Francisco Ramos Mejía, destituidos por el célebre juicio de 1947. Los seis restan fueron magistrados de primera instancia: M. Aurrecoechea (1899); L. Ponce y Gómez 0911); V. Arroyo (1919); R. de Allende (1921); J . A. de Oro (1925) y D. Klappenbach (1960). Ver MoLlNELLI , Guillermo; PALAN7.A, Valeria, y SIN, Gisela. Co,~gre8o, presidencia y justicia en la Argentina, CEDI, Fundación Gobierno y Soc1edad~ Buenos Aires, 1999, cuadro 2.271 en p. 512, y cuadro 4.16, en ps. 672 a 674. Bn adelante: MOLJNELLI·PALANZA-SIN. 153 Sobre el impeachment al presidente Clinton puede verse Gt:RHARDT Michael J ., Symposwm: lmpeachm.ent De{anged and Other lnstitutional Ramifioo· twns o~ the Clmton Scand~ls, "Mary1and Law Review", vol. 60, p. 59 (2001). . . Es el caso del ex Juez Walter N!Xon, destituido en 1989, al cual me re~enré cnsegmda. Pero además fueron removidos otros dos jueces: Harry E Clair9 orned (lt 86C! Y Alcee L. Hastings (1989), últimos juicios políticos hasta. el del Pl'es> en .,. 1mlon en 1999.

1

Los ACTOS NO JUSTICIABLES

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neda corriente desde 1983 155 , lo que ha generado varios casos don_d~, la. Co~t.e Suprema explica los alcance que otorga a la rev1s1on JUdlctal de la sentencia del Senado. En lo~ Estados Unidos, elleading case actualmente es "N'~on v. Umted States" 156 • Walter Nixon, ex juez federa1 1s1 fu~ ~ uzgado por haber realizado falsas declaraciones ante un ' an Jurado federal y condenado a prisión Iñs pero se nego' a ~ y de d 1 · ·' renunciar s . e. ~ , pns~o~ _Permanecía cobrando sus sueldos, y por ello se 1e JnlClO el JUICIO político. Durante su transcurso el S do, de conformidad con la Regla de Procedimiento XI' di enaque una . ., d ' spuso co~~I~n e s~nadores recopilara testimonios y otras pruebas . A JUICIO de_N~on ello era contrario al Art. I, 3, cláusul~ 6, de la Constitución, según la cual "el Senado tendrá la_ facultad exclusiva de juzgar todos los juicios políticos". Segun la argumentación del enjuiciado, la Regla XI , al permitir que una comisión reciba la prueba e informe acerca de ella al Senado en pleno, viola la atribución exclusiva del Senado de "juzgar" en todos los juicios políticos, porque impide que el plenario del cuerpo participe en las audiencias (euidentiary hearings) . La Corte confirmó las decisiones de los tribunales inferiores y consecuentemente rechazó el planteo de Nixon. A través del voto del Chief Justice Rehnquist, la Corte interpretó la palabra "exclusiva" (sole) de la cláusula constitucional en j uego de una manera completamente diferente a la de Nixon. Según el Tribunal, sole significa que lo decidido por el Senado no puede ser judicialmente revisable 159 • 155 Entre 1983 y 1998 hubo 57 pedidos de juicio político en contra de funcionarios políticos y 338 despachos de la Comisión de Juicio PoHtico de la Cámara de Diputados rtJferidos a magistrados judiciales, de los cuales fueron desestimados 317 . Ver Mot.rNELLl·P ALANZA-SrN, cit., cuadro 2.272, en p. 513, y cuadro 4.17, en p. 675. A su vez, es inleresantc el análisis de los juicios políticos a jueces y su desenlace en los últimos años, donde el trabajo de MOLJNELU provee un claro panorama (ver cuadro 4.18). De todos modos , tengamos presente que este recuento se ha hecho a diciembre de 1998. 1r;ij 506 U.S. 224 (1993). lfi7 Había sido Presidente del Tribunal del Distrito Sur de Mississippi. 158 La investigación del gran jurado se originó en que Nixon había aceptado una dádiva a cambio de pedirle a un fiscal de distrito que detuviera el procesami ento del hijo de un comerciante de Mississippi. Ifi9 Dijo la Corte : "A controversy is nonjusticiable -i.e., involves a political questiou- where there is a l.extually demonstrable constitutional com.mitment of the issue lo a coordinate political departmeul; or a lack of judicially discoverable and manageable standards for resolving it ... (Baker v. Carr. 369 U.S. 186,

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180

En la Argentina, hasta el juicio político en el cual :esultó destituido el juez Nicosia 160 , la Corte Suprema no tema pre217 -1962). But the courts must, in ihe first instance, interpret the text in question and determine whether and to what extent the issue is textually com.mllted. See ibid.· Powell v. McCormack, 395 U.S. 486, 519 (1969). As the discussion that follo~s makes clear the concept of a textual commitment to a coordina te political deparlment is not 'completely separate from the concept of a lack of judicially discoverable and manageable standards for resolving it; the lack of judicially manageable standards may slrengthen the conclusion that there is a textually demonstrable commitment to a coordinate branch. "ln this case, we must examine Art. I, § 3, el. 6, to determine the scope of authorily conferred upon the Senate by the Frarners regarding iropeachment. lt provides: "The Sena te shall ha ve the sole Power to try all Impeachments. When sitting for that Purpose, ihey shall be on Oath or Afirrmalion. Wben thc President of the United States is tried, the Chief Justice shall preside: And no P erson shall be convicted without the Concurrence of two thirds of lhe Members prescnt. "The langnagc and structw·e of this Clause are revealing. The firsi sentence is a grant of authority to the Senate, and the word 'sole' indicates that this authority i• reposcd in the Senate and nowhere else. The nt!xt two sentences specify r"quirements to which the Senate proceedings shall conform: the Senate shall be on oath or affirmation, a two-thirds vote is required to convict, and when the President is tried the Chief Justice shall preside. "Petitioner argucs that the word 'try' in the first sentence imposes by implication an additional requirement on the Scnate in that the proceedings must be in the nature of a judicial tria!. From there petitioner goes on to argue that this limitation prccludes the Senate from dele¡::ating to a select committee the task of hearing the testimony of witne~ses, as was don e pursuant to Sena te Rule XL 'LT)ry' means nwre than simply 'vote on' or 'review' or 'judge.' In 1787 and today, trying a case means hearing the evidence, not scanning a cold record. Brief for Pctitioner 25. Petitioner concludes from this that courts roay review whether or not the Senate 'tried' him before convicting him. "There are severa] difficulties with this position which lead us ultimately to reject it. The word 'try' both in 1787 and later, has considerably broader meanings than those to which petitioner would limit it. Older d.ictionaries define lry as '[t]o t!Xarnin"' or '[t)o examine as a judge'. See 2 S. Johnson , A Dictionary o( the English Language (1785). In more modero usage the ierm has various meanings . For ~xample, try can mean 'to examine or investigate judicially', 'to co nduct the tria! of' or 'to put to the test by experiment, investigation, or trial'. Webster's Third New In ternational Dicticnary 2457 (1971). Petitioner submits that 'iry' as contained in T. Sheridan, DicticMry o( the English Language (1796), means 'to examine as a judge; to bring befare a judicial tribunal'. Based on the variety of definitions, however, we cannot say that the Framers uscd the word :try' as an . implied limitation on the method by which the Sena te might proceed m trymg tmpeachments. 'As a rule the Constitution speaks in general terms, leavmg Congress to deal with subsidiary matters of detail as the public interests rEsta nota continúa en /.a pdgina siguiente.) 160

Alberto Osear Nicosia, designado juez en lo civil en 1984 fue dl:lstituido el dfa 19/1 V92 por fallo unánime del Senado. '

Los

ACI'OS

'O JUSTICIABLES

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cedentes relativos a \a revisión judicial de la sentencia producida por e\ Senado de la N ación 161 • En este caso 162 -primero en el cual el Tribunal sentó un criterio jurisprudencia! sobre el punto- fue aplicado el mismo criterio revisor que ya se venía manifestando en relación con \os enjuiciamiento políticos habidos en sede provincial a partir del precedente "Magín Suárez", de 1987, al que haré referencia más adelante. La Corte tuvo oportunidad de establecer aquf dos cuestiones: el carácter de tribunal de justicia del Senado, a los efectos del recurso extraordinario, y los alcances de su actuación. En cuanto a lo primero estableció que el Senado, cuando juzga en el juicio IC01ttinuación de la nota 169.)

and changing conditions may require .. .' "Dillon v. Gloss•. 256 U . S . 368, 376 (1 921).

"The conclusion that the use of the word 'try' in the first sentence of the Impeachment Trial Clause lacks sufficient precision to afford any ju
182

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

político, se comporta como un auténtico tribunal de justicia -sin perjuicio de la naturaleza política del proceso- y,. por _ende, su sentencia puede ser revisada por la vía extraordmana del arl. 14 de la ley 48 163 • En lo segundo, haciendo expre~m referencia a los precedentes originados en enjuiciamientos provinciales, dijo que los enjuiciamientos políticos son justiciables cuando se ha verificado en ellos una real violación a la defensa en juicio 164 • lG3 " .•. es necesario y oportuno esclarecer - dice la Corte- el tema en lo tocante al Senado de la Naci
Los Acros No

JUSTICIABLES

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, Se prod~jo luego el caso planteado por Gerardo W. Rodn~;6z, magistrado a cargo del Juzgado Federal n º 2 de Men-

doza · ~o se trataba aquí de un supuesto de destitución, sino que .se obJetaban por via de una acción de amparo diversas med1das adoptadas por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. Al confirmar el rechazo de esta acción la Cor.te esencialmente sostuvo: 1) ni siquiera la resolución ~úe dec1de el sometimiento a juicio político es revisable judicialmente, pues se trata de una decisión propia del Senado, y 2) solamente una decisión definitiva o equiparable a tal producida por el Senado podría ser susceptible de revisión judicial. El tercer caso de esta serie es el del ex juez Francisco M. Trovato, que tuvo dos secuencias en la Corte Suprema. La primera 166 se produjo cuando fue impugnada - por vía de amparo- la decisión del Senado de suspenderlo en el ejercicio del cargo sin goce de haberes. La Corte declaró inadmisible el recurso extraordinario deducido en contra del rechazo de la acción, con fundamento en que la vía procesal indicada para recurrir las decisiones del Senado en el juicio político es el recurso extraordinario, dado que se trata de un auténtico tribunal de justicia. La segunda intervención de la Corte 167 tuvo lugar con ocasión del recurso extraordinario deducido por Trovato en contra de su destitución 168 . La sentencia de la Corte reproduce aquí lo establecido en "Nicosia" y dice ". .. la revisión ejercida a través del recurso extraordinario del art. 14 de la ley 48 no constituye una potestad jurisdiccional que autorice a sustituir el criterio del Senado por el de esta Corte en cuanto a

sub examine un criterio de revisión que, dada la especificidad del juicio político, debe ser francamente riguroso. Sólo patentes violaciones a aspectos esenciales del derecho de defensa podrían tener acogida ante estos estrados, Y siempre Y cuando sea acreditado por el recurrente no sólo ello, sino también que la reparación del perj uicio es conducente para variar la suerte del proceso (Fallos , ~76:3~4; 291:259; 292:157, entre muchos otros). Preservadas formalmente las eJOgenetas para que tal derecho pueda ser considerado bajo resguardo en el juici.o político, sólo la demostración por parte del interesado de que aquellas formalidades resu ltan aparentes y encubren un real desconocimiento de dichos requisitos, habilitaría esta instancia". (Fallos, 316:2955). 165 "Rodríguez c/Estado Nacional", Fall.Ds , 318:219 (1995). 166 "Trovato c/Cámara de Senadores de la Nación", Fallos, 320:1931 (1997). 167 "Tx·ovato c/Cá mara de Senadores de la Nación", Fallos, 321:2339 (1998)_ 168 Véase PALAZZO, Eugenio L., Ampliación del control de la Corte en la re· moción de magistrados , ED, t. 181, P- 1059.

184

CoNTROL DE CONSTITUC IO NALIDAD

lo sustancial del enjuiciamiento. Así como la Constitución, según su anterior redacción, deposita en las manos del Senado la valoración de la conducta del magistrado (arts. 51 , 52 y eones.) pone en las de esta Corte, caso mediante, el control de que el proceso respectivo se haya ajustado a la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución nacional. El juez Trovato, como surge de las piezas examinadas, fue imputado por cargos bien definidos ; notificado en legal forma , efectuó su descargo, y evaluada su conducta como magistrado, fue destituido por mal desempeño en sus funciones. En estas condiciones y ausente la demostración en forma nítida, inequívoca y concluyente de la lesión a las reglas del debido proceso, no existe motivo para variar la suerte de la causa" 169 • b) JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS. Hasta la reforma constitucional de 1994, la responsabilidad política de los funcionarios públicos est aba monopoli zada por el Congreso, a través del juicio político. Todos los funcionarios públicos de alto rango eran políticamente responsables ante el órgano legislativo. Curiosamente, los únicos que estaban exentos de dicho juzgamiento eran los propios legisladores, que sumaban así -de hecho- un privilegio más a los muchos que la Constitución les confiere 170 • La reforma de 1994 desdobló esta competencia al crear el Consejo de la Magistratura (art. 114) y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (art . 115), cuyas funciones han sido reglamentadas en las leyes 24.937 y 24.939 171 . Es así como el mapa de la respon sabilidad política en nuestro país ha quedado así luego de la r eforma: a) están sometidos al juicio político del Congreso de la Nación, conforme el art. 53 : 1) el Presidente de la Nación; 2) el Vicepresidente; 3) el Jefe de Gabinete de Ministros· 4) los ministros del Poder Ejecut~vo y 5) .los jueces de la Co;te Suprema de Justicia, y b ) estan somet idos al Consejo de la Magistratura y al Jurado 169 170 .

Fallos, 321:2344.

En s u primera ver sión de 1853, la Constitución preveía el juicio político a los mtembros de. las cám aras legislativas, según lo establecía el entonces art 41 , per o esta prevts1ón fue eliminada con la reforma de 1860 en 1 t 45 · -salvo la inclusión del J efe de Gabinet e en tr e los posi bles enjui:ia~:s:._ ·;e q~= man temdo m a lterado en el art. 53, surgido de la reforma de 1994 ' 17 1 BO, 6/1/98. .

Los

ACI'OS No

rusnCIABU:S

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de Enjuiciamiento de Magistrados los jueces de los tribunales inferiores de la Nación. Cada uno de estos 6rgan ba reemplazado, respectivamente, a la Cámara de Diputado en 1a función de acusar (art. 114, inc. 511) y al Senado en la de juzgar (art. 115). De ello pueden extraerse tres conclusiones: a ) la reforma mantuvo el privilegio de la irresponsabilidad política de los legisladores, que continúan sometidos a los eventuales procesos internos de desafuero (art. 70), pero les quitó el monopolio detentado hasta el momento al crear ~n rango constitucionaldos órganos ubicados en el Poder Judicial para la acusación y el juzgamiento de los magistrados judiciales· b) el único tribunal que sigue sujeto al juicio de responsabilidad del Congreso es la Corte Suprema, lo que ratifica su carácter polftico; e) la labor que en el futuro realice el Congreso en este terreno podría llegar a ser más magra aún de lo que tradicionalmente ha sido, en la medida en que desde 1862 hasta la fecha, el juicio político -tal como he señalado en el punto anterior- sólo fue efectivo para la destitución de magistrados judiciales inferiores, con excepción de la que sufrieron tres jueces de la Corte Suprema en el juicio político de 1947. Desde su instalación en marzo de 1999, el Jurado de Enjuiciamiento ha producido hasta el presente dos decisiones 172 que perfilan su papel institucional. Ellas son la recaida en el caso del ex juez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa 173 , que fue destituido, y la del juez federal de Córdoba, Ricardo Bustos Fierro¡¡\ que resultó absuelto. En ambas, el Jurado de Enjuiciamiento ha examinado detenidamente sus funciones y su perfil institucional, el cual está sentado sobre cinco bases: 1) etapas en las que se divide el proceso de remoción de magistrados; según lo explica la sentencia en "Brusa" este proceso se divide en: 1) acusación del plenario del Consejo; n) traslado al magistrado; Ill) apertura a prueba; IV) sustanciación del de172 No puede ocultarse que ya empiezan a escucharse criticas acerca del elevado costo de u funcionamiento en comparación con la escasa labor que de· sarrolla. Véase, por ejemplo, la nota publicada en "Clarín" del 4/4/01, p. 18. 173 Fallos , 323 :3, JE-30 (2000). Pueden verse los comentarios de PADILLA, Miguel M. , La inauguración del jurado de enjuiciamiento: el caso "Brusa ", F.D, 23/5/00, y ÜALW, Orlando, La primera resolución del jurado de enjuiciamiento de magistrados, ED, 26/6100, ps . 13 y siguientes. 174 Fallos , 323 :3, JE-108 (2000).

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bate oral; v) informes orales de las partes, y VI) el fa~~ • ; 2) naturaleza del proceso de remoción: se trata de un JUl~lO de responsabilidad política con sujeción a las reglas del. d~b1do proceso 176 ; 3) el contenido del enjuiciamiento: está dehmltado por I) los hechos objeto de la acusación y u) las causales taxa177 tivamenle enumeradas en el artículo 53 de la Constitución ; 4) el error judicial : la mera comisión de un error en el ejercicio de la función no configura en sí misma la causal de mal desempeño 17" ; 5) sistema de valoración de las pruebas : las pruebas deben ser valoradas con un criterio de razonabilidad y justicia con miras a la protección de los intereses públicos. Los casos "Brusa" y "Bustos Fierro" han permitido al Jurado de Enjuiciamiento establecer las bases de s u misión consLilucional. La primera decisión institucional que aquél debía adoptar era la referida a la naturaleza de su misión. Aquí podía apartarse del órgano que lo precedía en el ejercicio de la función , es decir el Senado de la N ación , o bien continuar con la línea de este órgano legislativo . Ha preferido esto último, al defmir su rol estableciendo que "se trata de un juicio de responsabilidad política, con sujeción a las reglas del debido proceso legal" 179 • De ello se sigue que, según esta interpretación, la reforma de 1994 no ha eliminado el juicio polílico a los magistrados judiciales; en todo caso, lo ha mudado de sede, permitiendo que se ventile ante una instancia que también tiene rango con stitucional, pero que no está monopolizada por el Congreso. Al mismo tiempo , ha incorporado la doctrina de la Corte Suprema que obliga a respetar el debido proceso en la instancia del juzgamiento político. De modo, pues, que en cuanto a los alcances de su actuación, en los dos fallos mencionados el ,Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados se ha mantenido dentro de la doctrina constitucional cl ásica . Ello permite suponer que cuando un magistrado recurra alguna decisió~ proveniente del Jurado de Enjuiciamiento, ya sea la que decida su destitución o bien alguna previa a ésta la Corte aplicará seguramente los principios establecidos e~ 17 5

17 5 176

177 1 78 179

Consid. 1°. Caso "13rusa", consid. 32 ; caso "Bustos Fierro", consid. 2•. Caso "Brusa", consid. 42. Caso "Bustos Fierro", consid. 20. Caso "Brusa", consid. 32.

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ACI'OS NO JUSTICIABLES

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los casos "Nicosia", "Rodríguez" y "Trovato , arriba estudiados. Es decir, establecerá probablemente que el Jurado de Enjuiciamiento es un tribunal de justicia a los efecto del recurso extraordinario y que sus decisiones sólo son revisables por esta vfa procesal en la medida en que se hubiera afectado el derecho al debido proceso .

e) ENJUICIAMIENTO POLÍTICO EN SEDE PROVINCIAL. Es preciso analizar ahora lo atinente al juicio político provincial 180 • La historia jurisprudencia} sobre este punto reconoce dos períodos. El primero estuvo signado por una ah tención total de la Corte para intervenir. El segundo, nacido a mediados de la década de 1980, le ha permitido entrar al análisis de juicios politicos provinciales cuando existiera violación al derecho de defensa del acusado. 'l'al como dije más arriba , esta segunda tendencia, in»inuada primero en la revisión judicial de cru;os de enjuicianl.iento provincial, fue trasladada luego, a partir del precedente "Nicosia", a los casos originados P.n juicio» polfticos del Congreso. La tesis tradicional de la Corte arranca con el caso "Joaqu(n Castellanos"'"' · Este último, gobernador de Slllta, había sido destituido por decisión del Senado de su provincia e interpuso contra esta decisión un recurso extraordinario federal. El recurso fue r·cchazado, empleándose parn ello dos argumentos: a.) que el recurso extraordinario sólo procede contra decisiones del poder judicial 182 , y b) que la Corte no es competente pa.:a entender en asuntos relativos a conflictos de poderes provinciales ' 83 • Conw vemos, no existe en el fallo mención expresa a la naturaleza política de la decisión, aun cui:Uldo dicho ar180 Obviamente, al referirme al juicio político local, aludo también a los jurados de enjuiciamiento de magistrados provinciales, ya que han sido objeto de igual tratamiento a estos efectos por la Corte Suprema.

18 1

18~

Fallos , 136:147 ( 1922).

Consid. 3°. Consid . 5°; recordemos que , de acuerdo con la redacción del art. 97 original de la Constitución, la justicia federal era competente para entender en conf1lctos de Jos poderes provinciales. La Reforma de 1860 eliminó de este artículo (hoy art. 100) esa previs ión, en aras de fortalecer el federalismo, que se verla afectado con la intromisión de los poderes federales en asuntos internos de las provincias. !83

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CoNTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

gumento aparece en el dictamen del Procurador General 184 • te criterio fue seguido en numerosos casos posteriores ~. último episodio de esta serie jurisprudencia] fue el caso "C Graffigna Latino" 186 , donde la Corte renunció a intervenir la revisión de lo decidido en un jurado de enjuiciamiento vincial en razón de existir un conflicto de poderes e La garantía federal del artículo 5Q 187 • No obstante, este mismo juicio político a los jueces del perior Tribunal de San Juan, en una instancia ulterior, permitió un cambio jurisprudencia! importante al año siguiente, en 1987 cuando la Corte resolvió el caso "Luis Magfn Suárez" 18 R, cuya trascendencia jurídica dio mucho que hablar a la doctrina 189 y que fue luego reproducido en numerosos pronunciamientos posteriores, los que también han suscitado interés doctrinario 1 • El pronunciamiento es largo, meduloso y presenta varias alternativas que merecen ser destacadas. Luego de un dictamen. del Ministerio Público 191 que había propiciado el rechazo del 18

184 El dictamen del Procurador, José Nicolás Matienzo, aludió además a que se planteaba una cuestión política no justiciable. 185 "Fiscal General de Jujuy", Fallos, 193:495 (1942); "Pedro Amaya Gómez·, Fallos , 238:58 (1957); "Eugenio Kewel"; Fallns. 260:ñ4 (1964); "Felipe B. Lizondo•, Fallos , 263:15 (1965); "!:toque González", Fallos, 264 :7 (1966) , donde encontramos una de las tantas disidencias de Boffi Boggeru , en la cual se anti cipa a la doctrina actual de la Corte, estableciéndose que "también el juicio político se atenga a las declaraciones derechos y garantías categóricamente establecidos por ella" Constitución] (en p. 12); "Fernando Mántaras Rodríguez", Fallos, 268:553 (1967); "Oiver P. Legal", Fallos , 270:240 (1968); "Raúl Antonio Martas", Fallos , 271:165 (1968); "Carlos Santiago de Coulon", Fallos , 301:1226 (1979) ; "Raúl Pedro Caminos", Fallos, 302:254 (1980); "Carlos A. Tubio Torrecillas", Fallos, 302:934 (1980); "Rubén Hugo Marín", Fallos, 304:351 (1982); etc. , en los cual se reprodujeron los argumentos dados en "Joaquín Castellanos", agregándose en algunos de ellos - los menos- que se trataba , además, de decisiones de naturaleza política. 186 Fallos , 308:961 (1986). 1 7 8 Me referiré a la interpretación de este artículo infra, § 103. 188 Fallos , 310:2845 (1985). 1 9 . . 8 BLOART CAMPO~ , Germán J. , Compatibilidad de las institucione.~ provm~Ulles con la Constituci6n federal, ED, t . 119, p. 130; íd. , Una cuesti6n no judLctable que ha desaparecido: el enjuiciamiento político, ED, t. 128, p. 465; SAG ~ÉS, Néstor P., El recurso extraordinario federal y lajudiciabilidad de la sen· tencta legtslattva pronunciada en el juicio político, LL, t . 1987-D, p. 444, y Qy.

na

HANAR'l'E ,

,Julio, La Corte Suprema y el juicio poletico a jueces provinciales, ED,

t . 128, p . 456. 190

BIDART CA.'IIl>OS, Germán J ., La revisión judicial de las decisiones desti· tutorías en el enjuiciamiento de magistrados , LL, t . 1996-D, p. 785. 19 1 Fallos, 310:2858-2875.

Los

ACTOS NO JUSTICIABLES

189

recurso extraordinario 192 , el pronunciamient-O de la Corte revela la existencia de tres posiciones: el juez Caballero (Presidente) 193 propicia el rechazo del recurso extraordinario, con fundamento en la doctrina tradicional; los jueces Belluscio y Fayt 1 ~ 4 , que también propician igual resultado, pero con argumentos diferentes, y los jueces Petraccbi y Bacqué 19r> , que admiten la procedencia del remedio federal. Sin embargo, con excepción del primero, los cuatro jueces re tante coinciden en que este último es formalmente procedente en la medida en que, si bien se debatían cuestiones atinentes al ordenamiento jurídico local, existía una cuestión federal atinente a la garantía de la defensa en juicio, lo que permitía abrir la instancia extraordinaria. En síntesis, cuatro de lo entonce cinco jueces de la Corte optaron por la apertura del recurso extraordinario en un caso de juicio poütico provincial, cuando se adujeron gravámenes contra la decisión, fundados en la garantía del derecho de defensa, por violación a la garantía del juez natural (art. 18). La Corte ha repetido esta jurisprudencia en varios casos siguientes 196 . d) SíNTESIS. - De lo dicho hasta aquí pueden extraerse cuatro reglas generales que regulan la cuestión: a) El Senado de la Nación, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, cuando actúan como tribunal del juicio político, son un tribunal de justicia. 192 El dictamen del procurador general, Juan O. Gauna, se remite a la tesis tradicional del caso "Castellanos". Si bien abunda en extensas y eruditas citas histórico-jurídicas , el centro de su opinión está alojado, básicamente, en el capítulo V. Allf se pregunta: ¿puede la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenir, en su carácter de Supremo Tribunal Judicial de la Nación, a fin de solucionar conflictos entre poderes provinciales? Su respuesta es negativa en atención a la modificación introducida en el art. 100 (97 original) por la reforma de 1860 (Fallos, 310:2861 -63). 193 Fallos, 310:2889 . 194 Fallo~ . 310:2875. 19o Fallos, 310:2894. 19Q "Remigio J. Carol", Fallos, 311:881 (1988) ; "José María Cantos", Fallos , 312:253 (1989); "Carlos J . Viola", Fallos, 313:114 (1990); "Juan Carlos Caballero Vidal", Fallos, 315:761 (1992); "A.T.E. San Juan", Fallos , 317 :874 (1994) ; "Luis Minod", F'allos , 318:908 (1995); "Juan C. Nellar", Fallos, 319:705 (1996).

190

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

b) Corresponde en consecuencia que sus decisiones se~ exclusivamente impugnadas por medio del recurso extraordinario, no siendo admisible otra vía. . e) La sentencia final -o equipar~ble a tal- producida en el juicio poUlico es judicialmenle revtsable sólo cuando s_e ha producido alguna violación al derecho de de,fe~sa .. ~un asi, da la naturaleza de este proceso, la revision JUdicial debe hacerse con un criterio estricto. d) Los enjuiciamientos políticos en sede provincial e regidos por las mismas reglas.

e) EVALUACIÓN. - En lo personal coincido, en líneas generales, con lo decidido por la Corte Suprema argentina en los fallos arriba citados. Como es frecuente en el terreno de las cuestiones políticas, es preciso distinguir aquí el de lo justiciable del de lo no justiciable. Tengo para mí que es justiciable ni la decisión de someter a un individuo al · político, ni tampoco lo son las razones políticas que pueden eventualmente llevar a su destitución. Caso contrario, se de naturaliza todo el sentido del proceso establecido por la titución. Es evidente que el juicio político -hasta por su propio nombre- suscita una cuestión que debe ser apreciada, "pol mente", por un tribunal político. Si la Constitución querido que el juicio fuera "judicial", lo habría encomendado tal vez, en atención a la jerarquía de los enjuiciados, a la Co Suprema en instancia originaria, tal como han previsto alguna vez ciertas constituciones sudamericanas 197 • Ello revela que el propósito de la Constitución ha sido que los parámetros de apreciación, en este muy especial proceso, sean políticos y di crecionales. Esto se ve confirmado, por la amplitud de las causales del juicio político, previstas en el art. 45, "mal desempeño", "delito en el ejercicio de la función", "crímenes comunes", las cuales indican que la apreciación de los hechos no es propia de un tribunal de justicia. De modo tal que, si se admitiera un recurso extraordinario ante la Corte para revisar la apreciación que se ha tenido de ellas, el juicio ya no seria político. 19? illANCHi , Alberto B. , Competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cit., cap. II.

191

Creo entonces que la decisión del Senado. aun comportándose éste como un tribunal de justicia, no es suscep - e-romo reglade recurso extraordinario. El Senado y el Jurado de Enjuiciamiento tienen la misión de juzgar el comportamiento político de los funcionarios acusados por la Cámara de Diputados y el Consejo de la Magistratura y si, aun no encontrando en ellos la comisión de un delito, creyeran que ha habido "mal desempeño" en el ejercicio de sus funciones, pueden igualmente destituirlos. Para ello poseen una facultad discrecional, ajena al conocimiento de la Corte. Si ha habido arbitrariedad en esta decisión, no es la Corte el órgano competente para investigarla. Será el electorado el que juzgará, a su vez, a esos senadores, en el próximo comicio. En e te sentido, la evenlual arbitrariedad del Senado es más remediable aún que la arbitrariedad de la propia Corte, que, orgullosamente, sostiene que no es susceptible de remedio su propia arbitrariedad t 98 • Hasta aquí, el principio general . Pero puede ocurrir, sin embargo, que el Senado o el Jurado de Enjuiciamiento, fuera de la decisión de fondo, incurran en faltas procesales que afecten la garantía de defensa del acusado, o en infracciones formales que violenten las reglas constitucionales. Esto último sucedería, por ejemplo, si no son respetadas las mayorías previstas en los arts. 53 y 59, o se enjuiciara a quien no está específicamente designado en la Constitución, pues ello afectaría la competencia del Senado o del Jurado de Enjuiciamiento. Entonces, la cuestión ya no es política. Se da un supuesto en el que, típicamente, debe intervenir la Corte y reparar el error inexcusable en el que haya incurrido la sentencia . En este caso, su fallo no tendrá otro efecto que devolver las actuaciones para que se produzca nuevo pronunciamiento, conforme a las pautas allí indicadas. Dentro de la doctrina norteamericana la cuestión está en debate . Herbert W ECHSLER 199 apoyaba la tesis establecida por la Corte, que además fue la sostenida por los constitucionalistas clásicos 200 • En cambio, constitucionalistas más modernos como "EdifJCio Tagle 2818 S .C.A. rlMCBA", Fallos , 301 :596 (1979). Herberl , Toward Neutral Principles of Constitutional Law, "Harvard Law Revicw", vol. 73, p . 1, 8 (1959). 200 SToRv dice, por ejemplo: "Como las faltas que se propone reprimir el juicio político, son de una naturaleza política, era natural también su pone~ que serían fr ecuentemen te exageradas por el espíritu de partido, que las tranHtac10nes !98

t99 WF.CH::!LE R,

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

192

y GERHARDT 202 se inclinan por la atenuación del principio y propician la revisión judicial en casos de ab_uso del _Senado 0 de decisiones inconstitucionales . En la doctnna nacwnal el debate también es parecido, estando enfrentados los autores clásicos con los modernos. BTBLSA entendia que la decisión del 204 Senado es irrecurrible 203 , pero actualmente BIDART CAMPOS 206 MAIRAL 2o5 y 8AuüÉs propician un criterio más favorable al

BERGER 2o1

serían a menudo dictadas por el resentimiento de las facciones, lo mismo que si Jo fueran por el sentimiento de bien publico. Se debla temer que, en el caso de condena, el castigo estuviese fuera de proporción con la ofensa, y sin embargo. la naturaleza de estas ofensas hacía imposible establecer ninguna escala de proporción, en que se pudi.,ra determinar con exactitud la gravedad de la falta , '1 la extensión del cn~tigo; se debía puc~ , A este resp.,ct.u , dejar al Senado la mayor latitud. No obstante, si toda tentativa era inútil en cuanto a graduar los delito. y las penas, por otra parte entregarse a la discreción absoluta del alto tribunal. no era sin peligros. Para evitar este doble iucunveniente, la convención pensó que valía más limitar el poder del Senado al solo derecho de pronunciar la destitución del acusado y la pérdida de su capacidad política, quitándole así toda tentación de sacrificar a los odios políticos o a las exigencias populares, funcic.narios inocentes. La historia nos muestra la injusticia con que fre:cuente1nentAt " se ha ejercido este derecho de acusación política, y su enseñanza está a vec• trazada con caracteres sangrientos. Lord Strafford, en tiempos de Carlos l , y Lord Stafford, ambos acusados ante el Parlamento, fueron condenados a la pena capital, y ambos fu eron considerados como víctimas sacrificados a las facciones. más bien que como culpables" (. .. ) Era un acto de sabiduria, de sana y aun de ju~ticia, el separar en estas especies de procesos, lo que era político de lo que era puramente civil ; remitirse por lo uno al poder político del Gobierno., y para lo otro al Poder Judicial ordinario; confiar al Senado el juicio y la condenación política, y al jurado el juicio y la condenación civil" (Co mentarios cit.. t. I, §§ 397 y 398, p . 299). ' 201 B>mGEH, Raoul, lmpeachment: The Constitutional Problems Harvard University Press, Massachusetts, 1973, ps. 103 a 121. ' ~ 02 G~RHAROT , Michael J ., The Federal lmpeachment Process, A Constitutional and Hz storzcal Analysis, 2nd ed., The University of Chicago Press Chicago 2000, ps. 118-146. ' ' 203 Bn~ LSA, Rafael , Derecho constitucional, 3ª ed., Depalma, Buenos Aires. 1959, p . 608. 204 BlDART CAMPOS ya lo sostenía desde su Derecho constitucional del poder oh. cit. t. I, ps. 386 y 387. ' 205 _ Control judicial ... , ob. cit., t. 1, ps. 552 y 553. Este autor hace hincapié también en la revisión judicial del juicio político cuando se somete a funcionanos_q_u~ ya han renunciado. Coincido con esta opinión. No caben dudas de que la pos1b1hdad de promover el juicio político a quien ya ha cesado en su cargo abre una senda pehgrosa para las persecuciones políticas entre funcionarios de distintas adiiUrustracJOnes, especialmente una vez que han cambiado las mayorías en el 206

(E~;ta nota continUa en la pdgina sigu.iente...J

Recurso Extraordinario, 3' ed. , cit., t. I, § 193, p. 467 .

LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

193

control judicial. La sentencia del Senado será recurrible, según esta doctrina, cuando el fallo sea manifiestamente arbitrario por violación del debido proceso del acusado, o por no haberse respetado las mayorías constitucionalmente exigidas. Por último, no quisiera cerrar este punto sin hacer una reflexión sobre lo que a mi juicio es el verdadero alcance que ruvieron en su momento los casos "Graffigna Latino" y "Magín uárcz" en la doctrina de las cuestiones polfticas respecto de la tesis tradicional sostenida en "Castellanos", ya que ello suscitó en su momento una polémica entre BIDART CAMPOS y ÜYHANARTE. El primero señaló el fin de una cuestión no judiciable 207 , mientras que el segundo advertía que el fallo nada modifica de la tesis tradicionaP 08 , sin perjuicio de reconocer alguna flexibilización de la misma al conceder la Corte una apertura del recurso extraordinario cuando media agravio a la defensa en juicio 209 • Para dilucidar esta cuestión, debe analizarse cuál era realmente la doctrina tradicional. Según mi criterio, la tesis de "Castellanos" no permitía sostener que el enjuiciamiento político en sede provincial fuera una cuestión política. Antes bien, como vimos, la Corte fundó allí su abstención en dos argumentos: a) que el recurso extraordinario sólo procede contra IContínucwión de la nntn. 205.)

Co ngreso luego de producida una elección. Es evidente que el espíritu de la C:onstituóú n, al instituir el juicio político, fue analizar la conducta y eventualmenlu castigar a quien se encuentra en el ejercicio de RUS funciones . Pero en modo alguno la Constitución ha establ~do un juicio retrospectivo. Si la sanción prin-

cipal qu e el Senado aplica es la destitución, no hay manera de sostener que pueda e njuician;~

a qui e n ya ha ces ado c.n sus funciones . El ex funcionario es un ciu-

dadano que está sometido, lisa y llanamente, al juicio de los tribunales ordinarios. Así lo ha sostenido también LINARI::S QUINTANA (Tratado ... , 2" ed., t . lX, § 7933 , ps. 463 y 464). Véase especialmente la nota 734 , donde se efectúa una proliju resena de antecedentes doctrinarios sobre este particular. 207 " . . . es rúcil comprend"r -apunta- que la Corte e~tá ensanchando de manera feli z el cumpo de lajud.iciAbilidad, siu '!llC en la apertura influya la n>•Luraleza 'polilica' de la cuestión , ni su envoltura en el derecho local" (trabajo citado supra, en nota !8'1). 20• " . . . quiero dejar señalado de entrada -dice- que el fallo que comento no modifica la po~ición tradicional de la Curte Suprema en el sentido d e que tales cuestiones, en orden a la decisión que impliquen , se hallun detraídas al control de constitucionalidad" (trab!ljo citado supra , en nota 187). 209 Pero , aun así, concluye severame nte: "Que en los juicios políticos nacional~s o provinciales, el control judicial destinado a verificar el respeto al derecho de defensa no se convierta en una forma de penett·ar en el ámbito de lo que debe seguir siendo no justiciable" (cita del último párrafo del articulo).

CONTROL DE CONSTITUCIONALTDAD

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decisiones del poder judicial 210 , y b) que la Corte no es coro petente para entender en asuntos relativos a conflictos de_ deres provinciales 211 • Por ello, creo que en "Graffigna Latmo no se modificó la doctrina de "Castellanos", en punto a la sencia de una cuestión política en estricto sentido, sino se dio condición de tribunal de justicia al órgano de miento político provincial, naturaleza ésta que antes no atribuía, y se abrió el recurso extraordinario por estar una cuestión federal. De tal suerte, sin esa cuestión la decisión seguirá siendo insusceptible de remedio federal, como ocurre con el juicio político federal. En síntesis, el político en sede provincial nunca fue una cuestión política. Podía serlo, pero la Corte tenia otros motivos importantes para abstenerse de intervenir que el de la na raleza política de la cuestión. § 92. Nombramiento de magistrados

Veamos ahora la inversa de lo anterior, es decir, el d.H.;'<:tlllllll del control judicial sobre el proceso de nombramiento magistrados federales. Hasta la reforma de 1994, el nom miento de magistrados en el orden nacional fue un típico discrecional de naturaleza compleja en el cual intervenía Presidente, que elegía al candidato, enviaba su pliego al y si é:ste otorgaba el acuerdo, aquél producía el (ex art. 86, inc. 5º). No existía injerencia judicial alguna la selección del candidato o en su nombramiento 212 • En la actualidad el proceso es igual en lo que se refiere los jueces de la Corte Suprema, salvo que el Senado debe tar acuerdo con dos tercios de sus miembros presentes (art. inc. 4º, 1"' párr.), y en lo que concierne ;¡ los jueces la sele se hace a t.ravés del Consejo de la Magistratura, según lo q 2 10

Consid . 3°. Co nsid. 5•. Solamente pod.rfa haber habido alguna en caso de que no se r es peta los mínimos requisit.os establecidos en los arts. 4°, 5° y 69 del decr. ley 1285/ pero de hecho no hubo casos judiciales que pusi eran en práctica esta posibilidad. que de todos modos hubiera chocado con un problema de legitimación del accionantc . 211 212

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prescribe el artículo 114 y su norma reglamentaria 11 • Como puede apreciarse, ha habido algunos cambio importantes. En primer lugar, el acuerdo del Senado, en el nombramiento de los j ueces de la Corte Suprema, debe otorgarse con una mayoría agravada, que de no respetarse podría generar un caso judiciaF14. A su vez, el nombramiento de los jueces inferiores tiene como antecedente un proceso reglado que finaliza con la elevación al Poder Ejecutivo de una terna vinculante, según establecen los arts. 99, inc. 42 , 22 párr., y 114. Ello quiere decir que el Presidente tiene libertad restringida para elegir entre esos tres candidatos, pero no puede apartarse de ello , ni tampoco puede rechazar toda la terna. Debe elegir al menos uno. El procedimiento hasta aquí, como vemo , e reglado, y por ello judicialmente controlable. Adquiere discrecionalidad, en cambio, en el momento del acuerdo del Senado. Este órgano debe proceder teniendo en cuenta la idoneidad de los candidatos (art. 99, inc. 4 2 , 22 párr.) pero, a diferencia del Presidente, que está obligado por la terna propuesta por el Consejo, el Senado podría rechazar el acuerdo solicitado por el Presidente, tanto del primero de los postulantes como de los otros dos que c~n­ forman la terna , en caso de que el Presidente decidiera env1ar estos pliegos. En este caso, la decisión del Senado no es revisable judicialmente, pues su criterio sobre la idone1dad del candidato no es materia justiciable m . Hasta el presente no se han formulado planteos judiciales, ya que la tarea del Consejo de la ~agistratura es lenta con relación a los nombramientos produc1dos, que son muy escasos, 2 6 y más lento es aún el envío de los pliegos al Se~~do ' • Puede computarse, en cambio, la decisió~ de la Ju~t1c1a en lo Contencioso Administrativo y Tributano de la Cmdad de Buenos Leyes 24.937 Y 24.939 (BO , 6/1198). . 1 s actos suSuurc el particular véase infra, § 116, donde menc10no que o_ . 1 puestamente discrecionales tienen u~ frllrw cuando la norma constituetona ex1ge al~ún requisito especifico para su eJerClCIO. . d idoneidad del Consejo de la 215 Tampoco está obligado por el crlteno e . d 1 5 más idóneos entre Magistratura. Este órgano ha formulado una se 1eccl 6n e o ero ello no sig· los postulantes en el concurso llevado ant"!~:~:~d~!~~!~ ~~~ad! por el Senado. nifica que con ello se satls~agan los está d . . d 2001 sobre 113 cargos vacantes "'6 Sil~ una estadlsttca del mes e JUIDO e • 1 6 22 al en la justicia federal, el Consejo desde su creacdió~ aproból 27. tembrnaams y¡·enetoev Véase · 9 li y se pro UJO un so o no r · Presidente; éste enV16 apenas p elgdiarios,. "L N "ón" del 316101 1' sección, p. 12. el artículo de Adrián VENTURA en e o a aCl • • 213

2 14

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Aires en el caso "Spisso" 217 , que es útil para el análisis alguna solución. Rodolfo Spisso había sido elegido por el C sejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires integrar la Cámara en lo Contencioso Administrativo y butario, y su pliego fue remitido a la Legislatura. Antes que se celebrara la audiencia pública prevista en el art. 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se en el cuerpo legislativo una denuncia formulada contra el Spisso por irregularidades en el ejercicio de su profesión. terado de ella, Spisso presentó sendos descargos ante y ante el Consejo de la Magistratura. La Legislatura, mente, decidió no prestar el acuerdo. Esta decisión fue

pugnada por medio de una acción de amparo, que tuvo favor acogida, aunque con las siguientes particularidades. La j ticia no ordenó a la Legislatura producir el acuerdo, pero tendió que el derecho de defensa del actor no había sido ficientemente resguardado; en consecuencia anuló el del pliego y ordenó a la demandada considerarlo nuev"'-wt~::u... permitiendo al actor el ejercicio de su derecho de defensa. poco se hizo lugar a la pretensión del actor de que se lo siderara automáticamente designado, habida cuenta de la lidad del rechazo del pliego. Estamos, como puede verse, ante un supuesto análogo del juicio político. No se discute ni se revisa el criterio de Legislatura para evaluar al candidato, pero el caso un elemento regladc;>: el trámite otorgado a la denuncia pasos procesales dados por el órgano legislativo en del derecho de defensa del denunciado, los que fueron derados insuficientes. § 93. La re forma const itucional

Al igual que nuestra Constitución, la de los Estados U prevé también un procedimiento para su reforma 2 18 • m CCont. Adm. y Trib., Cdad.Bs.As., Sala I, "Spisso c/GCBA", 8/5/01 , n• l. 218 El mismo está registrado en el artículo V, qut< dice: "El Congreso pondrá enmiendas a esta Constitución cuando dos tercios de ambaR Cámaras

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conocer entonces si los jueces pueden controlar este proceso, o si ello es una cuestión ajena a su poder de revisión. En un caso inicial, "Hollingsworth v. Virginia" 219 , la Corte sostuvo que el Presidente no podía vetar las enmiendas aprobadas por el Congreso, ya que el poder de veto estaba sólo reservado a las leyes. También se atisba un cierto control judicial sobre el proceso constitucional en "Leser v. Garnett" 220 , donde se dijo que la sola certificación de un estado de que había ratificado un proyecto de enmienda era suficiente para tenerlo en cuenta a los efectos de lograr la mayoría para impulsar el proceso de enmienda. Asimismo, en "Dillon v. Gloss" 221 , fue declarado constitucional el plazo creado por el Congreso para la ratificación de las enmiendas constitucionales. Pero en "Coleman v. Miller" 22 ~, la Corte, mediante el voto del juez Black, rechazó una demanda promovida por dos senadores estaduales que pretendieron se declarara inconstitucional la ratificación de las enmiendas decimooctava y decimonovena, por haber expirado el plazo para hacerlo. Sostuvo el tribunal que el Congreso tenía el control exclusivo y completo del proceso de reforma el que no estaba sujeto a revisión judicial. El proce o de reforma constitucional -dice la Corte- es íntegramente político, desde que se lo sometP. hasta que una enmienda pasa a formar parte de la Constitución y no está sujeto a control judicial en ninguna pat·te 2t' . Igual criterio ha sostenido alguna vez la justicia federal del ~::stado de Idaho "'"'. Doctrinariamente, la cuestión se iliscute . TR1BE sostiene que el proceso de reforma constitucional t:nn•id"ren necesQJ·io , o cuando dos tercios de las legislaturas estaduales convoquen a una convención para proponer enmiendas lo cual en cualquier caso será válido a todos los efectos como partOl dr. esta Constitución , cuando haya sido ratificado p
CoNTROL DE coNSTITUCiONALIDAD

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no debe ser revisado judicialmente, pues constituye el úni mecanismo existente que penrute modificar la interpret judicial de la Constituc1ón 22 ~ . DELLINCER , por el contrario , tiene que los tribunales deben asegurar que el proceso de forma se lleve a cabo en la forma en que lo prescribe la Co 6 • titución La "Corte Suprema argentina, antes del caso "Fayt", bía dicho en "Soria de Guerrero c/Bodegas y 22Viñedos S.A." 227 -con disidencia del juez Boffi Boggero A_ que los no tenían poder de revisión sobre el proceso de reforma tilucional" 2 " . No obstante, aclaró que tal principio sólo ría, en caso de demost.rarse la falta de concurrencia de requisitos mínimos e indispensables que condicionan la de una lcy'2 ~ 0 • Luego de este caso, "Gascón Cotti" n\ Bergcz""12 y "Pohno" 2 aa no pudieron lograr que la Corte.,."'""'"..,. los procesos de reforma constitucional en la Provincia de Aires y en la Nación, pero estos intentos fracasaron por d~ legitimación en los actores, según sostuvo el Tribuna Stn embargo, la cuestión tuvo un vuelco asombroso en c/Estado Nacional" 235 , pues al anular una cláusula de la C ti.tuc~ón - incorporada en la reforma de 1994- la Corte, de eJerctó control sobre tal proceso de reforma. No explicaré los hechos de este caso, pues ya lo hice más arriba al a los efectos del control Y en particular el eventual efecto ga omnes de algunas sentencias 23n . No ob t t d b que el art. 99, inc. 4 º en su tercer párrafo :x~;ae~nen~evo

225 Tm DE, Laurence L Consti . . Massachusetts , 1985 ps tutiOnal Chotees , Harvard University 2 23 22r. D . ._ ' · Y · T ~LLINUF~ R Walter The L , the A mendment Pr~cess "H, degL¡ Lmacy o(Constitutional Change· 2' , arvar aw Re . " l 9 . Vlew • vo · 7, p . 386 (1 983). 27 Fallos, 256:556 ( 1963 )

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~~H Fallos, 256:559-562 · . 229 Se trataba de un c~so en que la Cor te debía decidir s i el artícul bts de la Constitución había sido reglamento interno de la Conve de conformidad con la s norma: 230 Fallos, 256:559 nci n onstJtuyen te de 1957.

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~a l "Alfredo Gas · · 2:i~ "Pablo G ~Ion Cotti·•, Fallos , 3 13:594 (1990) onza "' ll os, 313:588 (1990) · :13 "Poli n o eJE t dez Berg. ez •' ,,a · .2" Me remito s a¡ o Nacwnal" L' 11 . . ' ra os, 317:335 (1994) 2 4 · a a exphcactón d ·

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~~~~vFv~a11~ls~~~~~~~l~e gg~c~-timaci~ne~~~~c~iO:a ~a;~~sl!~:~ts~~:: ::Jr~d<§J4,_ ease supra, § 50.

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no debe ser revisado judicialmente, pues constituye mecanismo existente que permite modificar la interpretación judicial de la Constitución 225 . DELLINGER, por el contrario, so tiene que los tribunales deben asegurar que el proceso de reforma se lleve a cabo en la forma en que lo prescribe la Con titución 2 "" . La Corte Suprema argentina, antes del caso "Fayt", había dicho en "Soria de Guerrero c/Bodegas y Viñedos Pulen S.A." 227 -eon disidencia del juez Boffi Boggero 228- que los juec no tenían poder de revisión sobre el proceso de reforma con titucional 22Y. No obstante, aclaró que tal principio sólo cedería, en caso de demostrarse la falta de concurrencia de 1 requisitos núnimos e indispensables que condicionan la de una ley 200 . Luego de este caso, "Gascón Cotti" ~ , Bergez" 232 y "Polino" 2o:J no pudieron lograr que la Corte revi los procesos de reforma constitucional en la Provincia de Aires y en la Nación, pero estos intentos fracasaron por de legitimación en los actores, según sostuvo el Tribunal Sin embargo, la cuestión tuvo un vuelco asombroso en "Fa c/Estado Nacional" 2:JS, pues al anular una cláusula de la titución -incorporada en la reforma de 1994-la Corte, de ejerció control sobre tal proceso de reforma. No explicaré los hechos de este caso, pues ya lo hice más arriba al referí a los efectos del control y en particular el eventual efecto erga omnes de algunas sentencias 236 • No obstante, debo que el art. 99, inc. 4º en su tercer párrafo exigía un nuevo nom2

1

22G 'l'ruuE , Launmce L. , Constitutional Choices , Harvard University PreMassachusetts , 1985, ps . 22 y 2~ . 22 6 U F. LLI NGER , Waltcr, The Legitimacy of Constitutional Change: Rcthinki the Amendment Process , "Harvard Law Review", vol. 97 , p. 386 (1983). 227 Fallos, 256:556 ( 1963). 2 28 Fallos, 256:559-562. 22 V Se trataba de un caso en que la Corte debía decidir si el artículo 1 bis de la Constitución habla sido sancionado de conformidad con las normas d reglamento interno de la Convención Constituyente de 1957. 2~o Fallos , 256:559. 2 31 "Alfredo Gascón Cotti", Fallos, 313 :594 (1990). m "Pablo González Bcrgez", Fallos , 313:588 (1990). 2 a3 "Polino c/Estado Nacional", Fallos, 317 :335 (l994). 234 . Me re mito. ~ la explicación de e tos dos casos efectuada supra (§ 741. con mot1vo del anális1s de la legitimación colectiva de las pel'sonas individual 235 Fallos, 322:1616 (1999). 2:<6 Véase supra, §50.

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bramiento precedido de igual acuerdo para t.oc;ios lo _jueces federales que hubieran alcanzado los setenta y cmco anos de edad. egún estableció la Corte, dicha cláusula es ~ula pues no e7~a­ ba habilitada por la ley 24.309, de convocatona a la ConvenCion . § 94. El proceso de formación y sanción

de las leyes Hasta 1998 la Corte Suprema declinaba controlar el proceso de sanción de las leyes. Sostenía que sólo conocía las leyes una vez que ellas existían como tales. De tal suerte, si se observaban anomalías en la formación de la ley, ello era coniderado un asunto interno del Congreso y ajeno al control judicial. En los Estados Unidos, ésta era también la jurisprudencia tradicional ~ 7 , pero fue modificada en 1990 en el caso "United States v. Muñoz-Flores" 238 , en el cual se impugnaba la constitucionalidad de una ley que había creado una multa por la comisión de delitos menores, en violación de la cláusula de origen (origination clause) establecida en el Art. 1, secc. 7 239 • El representante del gobierno arguyó que la cuestión debatida era política, agregando que la Cámara de Representantes poseía resortes suficientes para proteger sus intereses en casos como el presente. La Corte, sin embargo, conducida por el voto del juez Thurgood Marshall, entendió que ello no era así, pues el hecho de que la Cámara tuviese tales poderes de autodefensa no impedía la acción de los tribunales para defender la Constitución 240 . 237 Me refiero al caso "Ficld v. Clark", 143 U.S. 649 (1892), en el cual fue dest:stimada una demanda en la cual se invocaba que una sección de una ley, autenticada por el speaker (pre idente) de la Cámara y firmada por el Poder Ejecutivo , había sido omitida respecto de la versión final del texto en las sebioncs legislativas. La Corte dijo qut: el control judicial era inneces~o . ~rque _el_ Congreso podía prott:ger sus propios intereses a doptando una leg¡slactón adtc10nal. 2~8 495 u.s. 385 (1990). 2~~ Esta cláusula, antecedente de nuestro art. 52 (ex 44) , establece que todas las leyes que produzcan rentas se originarán en la Cámara de Representantes (Diputados). En lo atinente al fondo del problema, la Corte, sin embargo, no declaró inconstitucional la ley, pues entendió que la misma no estaba incluida dentro de las previstas en el Art. 1, secc. 7, en la medida en que no recolectaba rentas para la Nación, sino que establecia un fondo para compensar a las víctimas de los deli tos cometidos .

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bramiento precedido de igual acuerdo para todos los jueces federales que hubieran alcanzado los setenta y cinco años de edad. Según estableció la Corte, dicha cláusula es ~ula, pues no e~~a­ ba habilitada por la ley 24.309, de convoc9.tOI'l9. !l. la Ce>ñvéñcion. § 94. El proceso de formación y sanción

de las leyes Hasta 1998 la Corte Suprema declinaba controlar el proceso de sanción de las leyes. Sostenía que sólo conocía las leyes una vez que ellas existían como tales. De tal suerte, si se observaban anomalías en la formación de la ley, ello era considerado un asunto interno del Congreso y ajeno al control judicial. En los Estados Unidos, ésta era también la jurisprudencia tradicional m , pero fue modificada en 1990 en el caso "United States v. Muñoz-Flores" 238 , en el cual se impugnaba la constitucionalidad de una ley que había creado una multa por la comisión de delitos menores, en violación de la cláusula de origen (origination clause) establecida en el Art. I, secc. 7 ~ • El representante del gobierno arguyó que la cuestión debatida era política, agregando que la Cámara de Representantes poseía resortes suficientes para proteger sus intereses en casos como el presente . La Corte, sin embargo, conducida por el voto del juez Thurgood Marshall , entendió que ello no era así, pues el h echo de que la Cámara tuviese tales poderes de autodefensa no impedía la acción de los tribunales para defender la Constitución~•o. 39

2~7 Me ref1ero al caso "Field v. Clark", 143 U.S. 649 (1892), en el cual fu e desestimada una demanda en la cual se invocaba que una sección de una ley, autenticada por el speaker (presidente) de la Cámara y firmada por el Poder EJecutivo habfa sido omiLida respecto de la versión final del te~ en las se~t~nes legi s l~tivas. La Corte dijo que el control judicial er~ ionecelsa':'~· P.o;:~~:ion:~­ greso podía proteger sus propios intereses adoptan o una egts ac1 · 238 495 U.S . 385 (1990). establece que todas ¡ (ex 44 2 239 Esta cláusula, antecedente de nuest~o art. l; Cámar~ de Representantes las leyes que produzcan rentas se ongmaran en (Diputados). 1 l e0 rte sin embargo no declaró 240 En lo atinente al fondo del prob ema, ~ ' t b lll. cl~ida dentro t dió que la mtsma no es a a la dida en que no recolectaba rentas inconstitucional la l ey, pues en en de las previstas en el Art. I , secc._7' en~ a compensar a las v1ctimas de para la Nación , sino que establecla un on o par los delitos comet1dos.

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En lo que hace a la jurisprudencia nacional, la fue establecida inicialmente en "Compañía Azucarera cumán" 241 caso que nos ilustra sobre el na S ·A · cfl'u ' l al'd d miento clásico de la Corte . Se cuesti?naba a v 1 .ez e ley que establecía un aumento en el Impuesto de nego, la base de que el proceso de formación de la mi.s~~ en cámaras de la legislatura provincial había estado VI~Iado, que mientras algunos legisladores habí~n si?o co~pehdos ir a votar otros en cambio, habían visto 1mped1do el al recinto ~ 42 • Corte se abstuvo de verificar la validez la ley en este aspecto, señalando que "Ésta es pues, una esencialmente política, por su íntima estructura, por los tecedentes que la fundamentan, por su índole y modali constitutivas; con tales caracteres se ha planteado, pese a denominación de causa civil que se le da mediante una vación subsiguiente de la cuestión fundamental relativa a formalidades y procedimientos de organización de una de la legislatura en determinada sesión de la misma. Y a estos conflictos de los intereses y atribuciones de la expresada, no alcanzan las facultades jurisdiccionales de Corte Suprema" 24 ~. Más tarde , en "Petrus S.A. c/Nación Argentina" 24 \ la manifestó igual criterio. La actora impugnaba allí la tucionalidad de una ley impositiva, pues la misma no ingresado por la Cámara de Diputados para su tratamiento el Congreso, como lo dispone el art. 53 de la El planteo fue rechazado sobre la base de que "el Poder si bien tiene facultades para declarar la inconstitucio de las leyes, no las tiene para resolver sobre la forma ellas han llegado a ser aprobadas por el Congreso. Conoce pecto a las leyes sólo una vez que ellas existen como es decir, cuando son promulgadas o puestas en vigencia. confrontarlas con la Constitución nacional en los casos en sean argüidas de contrarias o repugnantes a la misma,

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241 4 " 2 243

Fallos, 141 :271 (1924). Fallos, 141:271, ~sp . p. 278 . Este mismo criterio fue luego r~producido en "Compañía Azucarera

cepción ci'I'ucumán", Fallos,

I43:131

(19 25).

Fallos, 210:855 (1948). Como vemos, se trataba del mismo caso resuelto por la Corte no mericana en "Muñoz Flores", citado en nota 238. 244 245

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no le corresponde estudiar el proceso interno de su examen y votación, o sea la forma como han sido sancionadas, para establecer si las Cámaras Legislativas cumplieron o no con las exigencias constitucionales pues ello importaría quebrantar el equilibrio de los poderes y una violación de la independencia de que goza el Poder Legislativo". Este criterio cambió en diciembre de 1998 cuando la Corte Suprema, con firma de los ministros Nazareno, Moliné O'Connor, Belluscio, López, Boggiano y Vázquez 246 , resolvió "Nobleza Piccardo S.A. c/Estado Nacional-DGI" 247 , caso en el cual la sencillez de la sentencia no debe hacernos perder de vista la trascendencia de lo decidido. Esta trascendencia surge -en lo que aquí interesa- del cambio de jurisprudencia tradicional producida con este fallo . Los hechos del caso ya han sido analizados en el curso de esta obra y alli me remito 248 ; basta decir entonces que la Corte abandonó el criterio sustentado hasta ese momento, y declaró la inconstitucionalidad de una ley cuyo proceso de sanción no había respetado el mecanismo previsto en la Constitución. No obstante ello, poco después, en "Famyl c/Estado Nacional" 249 , caso en el cual me detendré más adelante 250 , la Corte ha intentado relativizar el cambio producido en este fallo al decir que ". .. lo relativo al proceso de formación y sanción de las leyes, al constituir una atribución propia de los dos poderes constitucionalmente encargados de ello (el Congreso y el Poder Ejecutivo, según lo establecen los arts. 77 a 84 de la Constitución nacional) resulta, por regla general, ajeno a las facultades jurisdiccionales de los tribunales [citas omitidas]. Empero, es doctrina de esta Corte que tal criterio reconoce excepción en los supuestos -como el suscitado en el sub examineen que se ha demostrado fehacientemente la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley" 251 • 246 Votaron en disidencia los ministros Bossert y Petracchi, por entender que el recurso ordinario presentado por la demandada no reunía los requisitos necesarios para ser considerado procedente. 2 47 Fallos, 321:3487 (1998). 248 Véase supra, § 48, cuando me refiero a los efectos del control constitucional.

2••

2~0

Fallos , 323:2256 (2000). Véase infra, § 96, donde analizo el vet.o y la promulgación parcial como

cuestiones políticas. 25 1

Fallos , 323 :2279.

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La problemática de este caso trae al ruedo judicial la tión de las dos clases de inconstitucionalidad dentro de ley: a) de fondo, y b) de forma , antes analizadas 252 • Es como una ley puede ser contraria a la Constitución se aparta o agravia alguno de sus principios o derechos conocidos en ella; o porque, al ser sancionada, no se r<>,,n,•T<>1"ftt los mecanismos y procedimientos previstos. Ciertamente, inconstitucional es lo uno como lo otro. Sin embargo, el presente la Corte se autoexcluía de ejercer control de titucionalidad en el segundo de estos supuestos , invocando existencia de una cuestión política. No es la primera vez que me ocupo de esta cuestión, reconozco que no es un tema fácil. O, mejor dicho , es y teóricamente fácil si no se miden las consecuencias que el Tribunal esto tiene. Cuando analicé este problema por mera vez , entendí errónea la abstención del tribunal, y que se trataba de un caso justiciable pues, según mi ,....,.r" .... tan inconstitucional era una ley por defectos de fondo por defectos de forma . En definitiva, una ley sancionada violación al mecanismo que la Constitución prevé puede bién agraviar derechos constitucionales y agravia, además, proceso político democrático, pues es susceptible de alterar mayorías dispuestas mediante voto popular 25 a. En la oportunidad, con ocasión de la primera edición de esta obra, flexioné en torno de las consecuencias que la declaración de constitucionalidad formal de la ley puede acarrear sobre En efecto, cuando una ley es declarada por razones de fondo, su vigencia se mantiene, pues en nitiva el juez no hace más que abstenerse de aplicar la en el caso en concreto. Por el contrario, cuando se la inconstitucionalidad de una ley por defectos de forma, efectos de la decisión poseen una onda expansiva mucho amplia. La validez de la norma no se juzga ya en de la situación particular en que el litigante se encuentra ella, sino que está en juego su validez en forma objetiva 2 25 263

Lugar citado en nota precedente. DI ANC HI , Alberto B . , Competencia originaria de la Corte Suprema de t1.cta de la Nact6n , c1t., § 90, ps. 294 y siguientes 254 . BI ANC HI, Alberto B., Control de constituci;nalidad 1" ed. Ábaco . .

Aues, 1992, § 43 , p . ::126.

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La problemática de este caso trae al ruedo judicial la tión de las dos clases de inconstitucionalidad dentro de . d as 252 . E s ley: a) de fondo, y b) de forma, antes ana l1za como una ley puede ser contraria a la Constitución se aparta o agravia alguno de sus principios o derechos conocidos en ella; o porque, al ser sancionada, no se los mecanismos y procedimientos previstos. Ciertamente, inconstitucional es lo uno como lo otro. Sin embargo, el presente la Corte se autoexcluía de ejercer control de tüucionalidad en el segundo de estos supuestos, invocando existencia de una cuestión política. N o es la primera vez que me ocupo de esta cuestión, reconozco que no es un tema fácil. O, mejor dicho, es · y teóricamente fácil si no se miden las consecuencias que el Tribunal esto tiene. Cuando analicé este problema por mera vez, entendí errónea la abstención del tribunal, y que se trataba de un caso justiciable pues, según mi tan inconstitucional era una ley por defectos de fondo por defectos de forma . En definitiva, una ley sancionada violación al mecanismo que la Constitución prevé puede bién agraviar derechos constitucionales y agravia, además, proceso político democrático, pues es susceptible de alterar mayorías dispuestas mediante voto popular 253 . En la oportunidad, con ocasión de la primera edición de esta obra, flexioné en torno de las consecuencias que la declaración de constitucionalidad formal de la ley puede acarrear sobre En efecto, cuando una ley es declarada inc P?~ razo~es de fondo , su vigencia se mantiene, pues en mtlva el Juez no hace más que abstenerse de aplicar la en el caso en concreto. Por el contrario cuando se la inconstitucionalidad de una ley por d~fectos de forma efect~s de la de~isión poseen una onda expansiva mucho ' ampha: La. ;ahdez. de la norma no se juzga ya en de la s~tuacwn particular en que el litigante se encuentra ella, smo que está en juego su validez en forma objetiva 25

~ LugM citado en nota precedente t · · · · . 't § 9., mpe ene¡~ ongmana de la Corte Suprema de Cl n, el ·• O, ps. 294 y srgurentes.

~ 53 B!ANC HI, Alberto B Co

ticia de la Na .6

19~21AN§C4H31, Alb3e2rto6 B. , Control de constitucionalidad , 1ª ed.

254

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absoluta. N os enfrentamos entonces con una inconstitucionalidad lindante con la nulidad misma de la ley, de modo tal que declararla prácticamente implica la derogación de aquélla. Es así como el juez estaría decidiendo, con su fallo, la suerte de la ley para el futw·o. El problema, como vemos, tiene un impacto muy diferente sobre la división de poderes, según lo analicemos desde el ángulo de la inconstitucionalidad formal o desde la inconstitucionalidad de fondo. Hasta el presente la Corte había preferido el self restraint . Se había abstenido de ejercer este control constitucional de efectos intensos que deriva virtualmente en la nulidad de la ley. Con el fallo aquí analizado, ha dado un paso importante y se ha impuesto el deber de ejercerlo. Sin lugar a dudas, esta posición es más sostenible jurídicamente que la anterior, pero implica un compromiso político mucho mayor para el Tribunal, pues supone introducirse en el manejo de los asuntos internos del Congreso. Pensemos, si no , en las repercusiones que hubiera tenido esta nueva doctrina en el caso "Polino c/Estado Nacional" 2M , donde lo que estaba en juego era nada menos que la validez de la ley que había declarado la necesidad de reformar la Constitución nacional ~ 5 ". Ciertamente, los alcances de este nuevo rumbo jurisprudencia! pueden ser limitados pero también potenciados. Los votos de los jueces Boggiano y Fayt, en el caso "Polino", nos brindan buenos ejemplos de ambas posibilidades. Para producir el primer efecto hay que recurrir a la tesis del voto del juez Boggiano. La ley en su condición de tal permanece vigente, y sólo se expurg~ de ella su parte estrictamente nula. Si esta última -como ocurría en el caso de la ley 24.309- es Fallos, 317 :335 (1994). Los actores -como ya hemos visto anteriormenLe, supra, § 74- sosLenían que con la sanción de la ley 24.309 se había violado el art. 71 de la Constitución. El voto de la mayoría , integrado por los jueces Levene, Belluscio, Petracchi y Bossert, n o le reconoce legitimación a los actores. En votos separados, lo jueces Nazareno y Moliné O'Connor entienden que se trata de un a cuestión poliLica; y los jueces FayL y Boggiano, por el contrario, en votos también individuales, entiend en que debe hacerse lugar al planteo formulado. Discrepan, s in embargo, en los alcances ele la decisión. Del voto del juez Fayt parece desprenderse que la nu 1idad de la ley 24.309 es completa, mientras que en el voto del juez Hoggiano es claro que la misma se limita al término del mandato de los s cnadore~ (Px art. 48), ya que fue en este punLo donde no hubo acu erdo entre las dos Cámaras legisla tivas en el momento de sA ncionar la ley 24.309. 255 256

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reducida, el problema requiere apena~ de una cirugía menor. Si por el contrario se opta por la tes1s sustentada en el voto de'l juez Fayt, no c~ben dudas de que se potencian los efectos de 1a declaración judicial de nulidad. Decidir cuál de las dos tesis es correcta no es un proble~a dogmático sino de hecho. En efecto, si nos atenemos al. pnncipio de conservación de la ley, según el cual deben reahzarse todos los esfuerzos hermenéuticos posibles para mantener su validez, la primera tesis es más correcta. No tiene sentido que los jueces anulen todos los esfuerzos legislativos que supone dar a luz una norma, si sólo está en juego una pequeña parte de ella escindible del resto. Pero ¿qué ocurre si esa parte es sustancial y la ley queda privada de sentido en caso de ser aquélla anulada? Volvemos aquí al problema que presenta el veto parcial. Por ello, y como regla general, me parece preferible "conservar" la ley, en la medida en que la nulidad que la afecta lo haga posible. De lo contrario habrá que anularla por completo, pues se corre el peligro de que el escrutinio judicial devuelva al mundo jurídico un ser normativo amorfo, cuya presencia puede causar más disturbios que beneficios. § 95. Conflictos internos de las cámaras

legislativas Se encuentra muy vinculado con el punto anterior el de los eventuales conflictos internos de las Cámaras del Congreso y su posible judiciabilidad. En efecto, la admisión o no de los nuevos legisladores por sus pares, las sanciones que el cuerpo pueda aplicar a algunos de ellos, etc., son todos asuntos que ofrecen dudas acerca de su revisabilidad por los tribunales. En los Estados Unidos, la Corte Suprema ha interpretado esta cuestión en "Powell v. McCormack" 257 , con sentido parcialmente favorable a la judiciabilidad. Se debatía si era revisable por los tribunales la decisión de la Cámara de Representantes, que había impedido acceder a su banca a un legislador debido a su conducta irregular 258 • La Corte, según el voto de su Chief 395 u.s. 486 (1969). Se trataba de Adam Clayton Powell Jr., quien había sido elegido diputado por el distrito de Harlem en New York. para el 909 Congreso en 1966. En 1967, 257

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Justice Warren 259 , entendió que sólo estaba impedida de revisar aquellas decisiones en las que se juzgaban los requisitos exigidos para los legisladores en el Art. I , secc. 2, de la Constitución, es decir la edad, ciudadanía y residencia, pero que el Art. I, secc. 5 2 G0 , en tanto prevé que cada Cámara es juez de las elecciones, escrutinios y calificaciones de sus miembros, no es obstáculo para revisar judicialmente aquellas decisiones en las que se hicieran mérito de otras circunstancias 261 • En un sentido muy parecido fue decidido "Roudebush v. Hartke" 262 , caso en el cual un candidato a senador, que había perdido la elección, pidió un recuento de votos . Ello fue impugnado judicialmente por el vencedor y la Corte entendió que tenía atribuciones para ordenar el recuento, aun cuando sostuvo también que sólo la Cámara respectiva podía decir cual de los dos candidatos era el elegido. La Corte Suprema argentina ha establecido en forma uniforme que tales atribuciones son privativas de las Cámaras del Congreso, cuyo ejercicio final y defmitivo no debe ser revisado judicialmente. Así lo ha dicho, por ejemplo, en "Junta Electoral Nacional-Entre Ríos" 26 " y en "Unión Cívica Radical c/Campos" 264 • En fecha más reciente ha confirmado esta tendencia en un pronunciamiento ocurrido con motivo de la incorporación de dos senadores del Chaco . El caso tuvo lugar en "Chaco c/Senado de la Nación" 265 , acción declarativa promovida por el gobernador de esa provincia, con el objeto de que se declarara la nulidad de una resolución del Senado, que al hacer lugar a una impugnación del Partido Justicialista deuna investigación practicada por una comisión de la Cámar a de Represent antes (Dipu ta dos ) determinó que Powell había cometido a lgunas irregularidades tales como presentar , para su reintegro, uouchers de viaje falsos, o h aber hecho pagos ilegales a s u muj er con fondos estatales. 2~9 El juez Douglas pronunció un voto concurren te , en tanto que su colega Stewart lo hi zo en di sid encia, por entender que el caso había devenido a bstr acto pur ha ber tr·anscurrido el período de nominación de Powe\1. 260 Antecedente inmediato del artículo 64 (ex 56) de nuestra Consti tución . 26 1 La Corte devolvió así el caso al tribuna l de di strito de orige n, el cual h abía considera do la cuestión como no jus ticiable, para que dictara n ueva sentencia sobre el punto. 2R2 405 U .S. 15 (197 2). 263 Fallos, 256:208 (1 963 ). 264 Fallos , 285:14 7 ( 1973). 2 6~

Fallos, 321 :3236 (1998).

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sestimó los pliegos de dos sena~ores y dispuso l; ¿· .¿· d~ de otros dos. Al rechazar la acción, la Corte, e,~ a o 1~ l. 5 otos a 4 2titi y muy criticado267, sostuvo que ... las ~bJ~l;.Lul.•q:e sobre ese accionar del Senado de la Nación pud1eran mularse, remiten al modo en qu~ ha ej;rcitado sus fac~l constitucionales privativas , ámb1to pacdic~ente exclmdo control jurisdiccional. Se trata, en defimt1Va, de un e propio y exclusivo de ese órgano que compone. uno. de lo~,...,..,..,._ politicos del Estado, en el que goza de ampha d1screcl0uauu•... funcional" 2RR. Igual criterio fue aplicado en "Tomasella , H ernan , dez "27o . c/Congreso de la N ación" 269 y en "S'1mon Se observa en este punto una disparidad de criterio lo resuelto en los casos de juicio político y del proceso de sanc.1011 de una ley. Mientras en estos dos últimos la Corte ha real un esfuerzo por ampliar el campo de la revisión judicial, este terreno , por el contrario, no lo ha hecho, lo que no coherente, pues el rrúsmo ámbito abierto a la juu.l,.•auu,.... _ en aquéllos también existe aquí. Como en los casos hay aquí un ámbito de reserva del Congreso que debe excluido de la revisión judicial, pero no es menos cierto también existen cuestiones revisables por los jueces. Si cada Cámara es el juez de las elecciones, derechos y de sus miembros en cuanto a su validez (art. 64), ese no constituye un acto discrecional ni está fundado en la elusiva voluntad de las Cámaras. En otras palabras, no de de una apreciación política, sino reglada. En tal e es justiciable si la cuestión es planteada por parte legitim

¡1

2 66 Votaron en mayoría los jueces Nazareno (Presidente), Moliné Boggiano, López y Vázquez. En minoría votaron los jueces Petracchi, Bossert, Fayt y lleliuscio. 267 llAC:QUI::, Jorge , El Senado, los senadores y la Corte Suprema, "Rev. del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal", n• 19, diciembre de 199 PADILLA, Miguel M., Una grave lesión al federalismo constitucional, ED, t. 180, p. 426. 2R8 Fallos, 321:3250. 269 Fallos, 322:2370. La sentencia fu e dictada el 24/ll/98, pero figura publicada con las de 1999, con motivo del fallo recaído en autos "Partido J usticialista Distrito de Corrientes", Fallos , 322:2370 (1999), que hace referencia a aquélla. 27 Fallos, 322:1988 (1999). En este caso se trataba de un amparo promovido con el objeto de impedir la incorporación al Senado de los legisladores de Catamarca. Una evaluación general de todos estos casos puede verse en SAGü t:t>, Néstor P. , Novedades sobre las cuestiones políticas no justiciables, ED, t. 184, p . 1075.

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Me parece, en consecuencia, que si con ocasión de formular dicho juicio cualquiera de las Cámaras incurriere en una evidente violación a las normas vigentes, tal que resulte incorporado quien no ha sido debidamente elegido, o por el contrario, se vede el acceso a la Cámara a un legislador surgido de una elección lega~~ente practicada, no encuentro motivos para que el Pode~ Judicial se abstenga de intervenir. Al mismo tiempo, en lo atmente a la remoción de un legislador existen cuestiones no revisables y otras que sí lo son. No es revisable el criterio empleado por una cámara legislativa para calificar la "inhabilidad moral" de uno de sus miembros, pero sí lo es el cómputo de la mayoría de dos tercios necesarios para decidir la remoción (art. 66) 271 •

§ 96. Veto presidencial

De acuerdo con los arts. 80 y 81 de la Constitución, el Presidente puede vetar (desechar) en todo o en parte una ley sancionada por el Congreso. Una vez más, se presenta aquí una cuestión que en parte es justiciable y en parte no. La decisión política de vetar y las razones del Presidente para hacerlo no son controlables por la justicia. Recordemos que el veto no importa en absoluto un control constitucional sobre la ley. La misma puede ser perfectamente constitucional, y no obstante , resultar vetada porque no conviene a la política del Presidente m . La justiciabilidad de la cuestión aparece con el llamado "veto parcial" que antes de la reforma de 1994 ya había merecido tratamiento jurisprudencia! y luego de ella se encuentra incorporado en el artículo 80. El tema habfa sido tratado parcialmente en "Giulitta c/Estado Nacional"m, pero fue objeto de un mejor tratamiento en "Colella c/Fevre y Basset S.A." 27 \ caso en el cual fue declarada inexistente la ley 16.881 (sobre contrato de trabajo) pues su articulado, en definitiva, 27 1 2 72

Conf. MAlltAL , Héctor, Control judicial . .. , t . 1, p. 533 . No es más que uno de los tantos resortes de los controles recíprocos y

equilibrios entre los poderes. De igual manera, una ley declarada inconstitucional por un tribunal previamente ha sido promulgada. 273 Fallos, 189:156 (1941). 274 Fallos , 268:352 (1967).

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luego del veto constituía apenas un remanente artículos de un proyecto original de sesenta y dos, que era. según la Corte, "un todo inescindible" m . Entendió el tribunal que al proceder así el Poder Ejecutivo había invadido la e legislativa, promulgando una ley no querida por el Congreso. En tales condiciones, la promulgación parcial fue considerada inválida. Así, el veto parcial puede estar seguido de la promulgación parcial de la parte no vetada. En este caso corresponde examlnar si la parte remanente de la ley refleja adecuadamente la voluntad del Congreso, si el Presidente ha alterado -por sustracción- el espíritu de aquella, o si la parte promulgada es susceptible de tener autonomía normativa suficiente, tal como indica el art. 80. Esta tarea corresponde a los jueces. Luego de la reforma de 1994, esta problemática ha sido abordada por la Corte en varias oportunidades 276 • Un caso significativo es "Famyl c/Estado Nacional" 277 , donde la actora planteó un amparo en contra de la parte no vetada y parcialmente promulgada de la ley 25.063 que había dispuesto la aplicación de una alícuota reducida del IVA a la medicina prepaga 278 • La Corte entendió que la parte promulgada de la ley no cumplía adecuadamente con los requisitos impuestos por el art. 80 y declaró la inconstitucionalidad del decreto que había dispuesto la promulgación 279 • 275

Fallos , 268:363.

"Ser·vicio Nacional de Parques Nacionales c/Franzini", Fallos, 318:445 (1995); "'Bustos c/Servicios Especiales San Antonio S.A.", Fallos, 319:1479 (1996). 277 Fallos , 323:2256 (2000). Véase G~LLI, María A., La promulgación parcial de leyes: complejidades jurídicas de un instrumento polttico, LL, t. 2000-E, p. 628; BAJJE NI, Gregorio , "Sanción y promulgación parcial de leyes", en la obra colectiva bajo su dirección , Nuevas perspectivas en el derecho constitucional, cil. ps. 19 y 43. 27 8 El caso fue bastante curioso y demuestra cómo el Presidente puede alterar el contenido de una ley con escasos cambios materiales. El Congreso, al sancionar la ley, dispuso que los servicios de medicina prepaga que se hallaban exentos del IVA fueran gravados con una alícuota del 10,5 % en lugar del 21 % que corresponde como regla general. El Presidente mantuvo el criterio legisla· tJVo de extender el IVA a estos servicios, pero vetó la disposición que contenía la alícuota reducida. Con ello, en la práctica, impuso una alícuota del 21 %. 270 Tal como en su momento lo puso de manifiesto el dictamen de la Procuración General , la objeción constitucional , en ca~os como éste no debe estar diri~ida al vet~ e.n sf.sino a la promulgación parcial que permitió configuración d1stmta a la ongmanamente sancionada (véase el cap. X de este dictamen Fallos 323:2272). • ' 276

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§ 97. Acefalía presidencial

También se ha entendido que no corresponde investigar judicialmente las causas de la acefalía presidencial. En "Luis M. Pitto" 2RO, el actor requería que la Corte restituyera en su cargo al depuesto presidente Arturo Frondizi. Sostuvo el Tribunal que el juramento prestado por el Dr. José María Guido era jurídico y pertinente 281 : la "acefalía de la República" (en rigor debió haberse dicho del Poder Ejecutivo) se configura ante la falta de Presidente y Vicepresidente de la Nación, "sin que incumba a la Corte Suprema pronunciarse acerca de las causas determinantes de esa falta" 282 • § 98. El poder del perdón: indulto

y amnistía He aquí dos institutos parecidos pero diferentes. Ambos tienden a un mismo o similar propósito, que consiste en aliviar o suprimir las penas impuestas por los tribunales en aras de la pacificación social, o bien como medio de reparar los errores que puedan haber cometido aquéllos 283 . Pero mientras la amnistía corresponde al Congreso 284 , el indulto o la conmutación de penas es una atribución presidenciaF8fi. De ello se deduce, Fallos , 252:177 ( 1962). En realidad M discutible que lo fuera, pues se babfa hecho una aplicación de la ley 252 a nn caso no previsto por tolla , esto es, la destituciúu de un presidente constitucional por un golpe militar. 282 Fallos , 252:178. ZR:i Seüalaba Joaquín V. GONZÁLEZ que el indulto se funda en la posible im· perfección de la justicia y en que después de dictado su fallo pueden descubrirse cin.:unstancias desconocidas anteriormente que cambien la gravedad del crimen. Reconoce -dice- en la justicia un principio de piedad, no escrito en las leyes, para quitar·les lo que tienen de inexorable o riguroso (Manual de la Constitución argentina, en Obras completas, ob. cit., t . III, p . 475). 284 Art. 75: "Corresponde al Congreso: (. . .) inc. 20 (. . .) conceder amnistías generales". 2H5 Art. 99: "El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones, (... ) inc. 5. Puede indultar n conmutar las penas por delitos sujeto~ a jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados". 28o

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b -teóri. . t 'a es general y a arca además, que mie~tras l.a a~:~nado de supuestos, el indulto camente- a un numer~ mde individual. Pero, probablemen~, en cambio, es personaliza~ol e e la amnistía borra el delito la diferencia más sustancJt. s~a l{: elimina solamente la pena ~ismo2s~, en ta~to ~e eE~:s~e punto, la Constitución arge~-

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'::',~u:::~:~?.~rr:~:Pr~r;'~;";:::ó!•~,i~•;~~~:;~ ~z~~-::~: ~:~~r~sidente2R7, se lo interpreta con mayor am~~!tud que entre

nosotros tB>l y ha sido dictado en forma general , a~n cuando no excluye la concurrente facultad del Congreso de d1ctar leyes de amnistía general 290 • En la Argentina, el indulto presidencial fue emple~do ~a­ rias veces 291 y existe una vieja polémica sobre su aphcactón a personas con procesos judiciales abiertos 292 . En punto a la

zas La palabra, etimológicamente, proviene de "amnesia", esdecir, de "olvido (conf. Go NZÁL~Z CALilF.RON, Juan A., Derecho constitucional, ob. c1t., t. 111, p. 203). ~R1 El articulo II, Sección 2°, dice "El Presidente(. .. ) tendrá facultad para decretar suspensión de sentencia y para conceder indultos por delitos contra Estados Unidos, salvo en los casos de juicio político (impP.achment)". ~HM En los Estados Unidos es clásico el caso "ex parte Garland", 71 U.S. (4 Wallace), 333 (1866), en donde fue establecido que el indulto puede ser dado por el Presidente durante la tramitación del proceso o luego de finalizado el juicio y restablece todos los derechos civiles del inctividuo. Esta amplitud se advierte también en "ex parte Grossman", 267 U.S. 87, 120 (1925), caso en el cual Ull individuo hahía sido condenado por rebeldía contra un mandato judicial que le prohibía la venta de licores. La Corte sostuvo que el indulto abarcaba también esta clase de penas. Asimismo, en "United States v. Klein", 80 U.S. (13 Wallace), 128, 14 7 ( 1871), se le atribuyó al Presidente la posibilidad de perdonar clases de delitos con carácter de amnistía general. El perdón puede ser otorgado también en forma absoluta o condicional ("Schick v. Reed", 419 U.S. 256, 266 - 1974-). ~R9 Cabe recordar, por ejemplo, el indulto dado el 24 de enero de 1977, a favor de todos los que hubieran violado la Ley de Servicio Militar Selectivo durante la guerra de Vietnam (Federal Register, vol. 42, p. 4391). 290 "Brown v. Walker", 161 U.S. 591, 601 (1896). 291 Fue famoso el indulto del presidente Perón a favor de Ricardo Balbín (decr. n• 1 del 2/1/51 ; BO, 8/1/51), y en fecha más reciente el presidente Menem indultó a los oficiales y ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a lo jefes de organizaciones paramilitares como Mario E. Firmenich, y a civiÍes involucrados en ctiversas causas, tales por ejemplo, el ex Ministro de Economía José A. Martínez de Hoz, o los dirigentes justicialistas Norma Kennedy y Duilio Drunella (decrs. 1002/89, 1003/89 y 1004/89 y 2741 a 2746 de 1990). 9 ~ ~ La jurisprudencia de la Corte ha sido zigzagueante en este punto pues mientras en "Simón Luengo", Fallos, 6:227 0868), estuvo en contra del i~dulto a procesados , en "José lbáñez", Fallos , 136:244 (1922), cambió de criterio, para

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naturaleza de la decisión , Joaquín V GoNZÁLEZ entendía que si bien se trata de una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, reconoce limitaciones constitucionales, admitiendo asimismo que la ley puede fijar ciertas formas para limitar su ejercicio sin alterar su esencia, y remarcando que no es una facultad judicial del Presidente 293 • BIELSA 294 y BIDART CAMPOS 295 coinciden también en la naturaleza política del indulto. En lo atinente a la revisión judicial, creo que es preciso distinguir entre la amnistía y el indulto. La amnistía supone retornar a la tesis inicial en "Hipólito lrigoyen", Fallos, 165:199 (1932). Más recientemente, en "Santiago Ornar Riveros", Fallos , 313:1392 (1990), si bien el Tribunal se limitó a declarar la ausencia de legitimación de los accionantes, una disidencia de fund amentos de los jueces Petracchi y Oyhanarte sostuvo que el iru.Jullu puede ser concedido tanto a procesados como a condenados, criterio que lue~u futJ ~ustenido por la mayotia de la Corte en " Mercc dc ~ A4uinu", Fullu~. 315:2421 (1992). Doctrinariamente, GuNZÁLf:Z CALU¡,;HON sostenía con énfasis que sólo puede existir indulto una vez dictada sentencia fmne de condena
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el ejercicio de un poder enteramente discrecional que ~o está sujeto a limitación constitucional alguna, lo qu~ la ex1me _del control de los jueces. El indulto, por el contrario, está sujeto a ciertos requisitos establecidos por la propia Constitución (art. 99 , inc. 52 ), cuya violación puede dar lugar a una impugnación judicial. Se requiere un informe del Tribunal que impuso la condena, y sólo puede indultarse a los condenados por la justicia federal y siempre que no procedan de casos de juicio político. Por ende, me parece que el indulto será judicialmente revisable si fueran violados algunos de estos requisitos. Ello, sin perjuicio de que siempre queda reservado a la discrecionalidad del Presidente la decisión misma de indultar y las razones que lo animan para ello. Ningún tribunal puede revisar las causas que se han tenido en mira a tal efecto, pues ellas pertenecen a la esfera reservada del Poder Ejecutivo. § 99. Gobiernos de facto

La Corte, a lo largo de su bien conocida doctrina sobre los gobiernos de facto, ha rehusado ejercitar control alguno sobre la decisión política de interrumpir el orden constitucional. En general se ha limitado, con energías decrecientes a partir de 1948, a revisar los actos individuales llevados a cabo por los gobiernos militares. En el primer caso que registra la jurisprudencia 29 \ planteado durante la presidencia de Mitre como gobernante de facto 297 , se cuestionaba la anulación de unos pagos efectuados a favor de la Aduana de Rosario 298 • Al analizar la validez de esta decisión, dijo la Corte : "Que el gobernador de Buenos Aires, y general en jefe de su ejército, fue autoridad competente para conocer y decidir en esa clase de asuntos, por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacio"Martínez c/Otero", Fallos , 2:141 (1862). Lu ego de la derrota de las fuerzas nacionales en P avón ( 17 de septiemb~ de 1861 ), Mit re se convierte en el primer presid ente ar gentino de !'acto, título que luego r evalidarla por elección del Congreso, as umiendo constit ucionalmente el 12 de octubre de 1862. 29 R Manuel Olero había efectuado pagos a favor de la Aduana de Rosario. para abonar derechos de importación. Estos pagos luego fueron declarados nulos por Mitre, como gobernador de Buenos Aires en poses ión de todas las fu erza del país. t!ffi 297

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nales, después de la Batalla de Pavón, con el , derecho de la revolución triunfante y asentida por los pueblos . Co~o se v;, la Corte acudió a una frase genérica, muy poco prec1sa Y e escaso contenido jurídico. Varias décadas después, la Acordada de fecha 1~ de septiembre de 1930 299 -emitida por el Tribunal con _motivo de .la comunicación enviada por el general José F. Unburu, notificando que se había hecho cargo de la Presiden~i.a por destitución del presidente Hipólito Yrigoyen- fue la p1edra angular de todo el sistema posterior y quedó sentada allí la tesis oficial del Tribunal, que desemboca finalmente en la aceptación total de los gobiernos de facto luego de la Revolución de 1955, en la que los tres poderes fueron destituidos 300 y se ejerció, además, poder constituyente 30 1 • En dicha Acordada puede leerse : "Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social" 30 2 • Asimismo, y por una razón elemental de seguridad jurídica, se han considerado válidas en general las leyes dictadas bajo los gobiernos de facto, las que rigen mientras no sean derogadas a03 • § 100. Previsiones legislativas en el orden

presupuestario Un caso singular de abstención se dio en "Indo S.A. c/Fisco donde la actora reclamaba la devolución de im-

Nacional"~ 04 ,

Fallos, 15!!:290. aoo Record~mo s que , en los movimientos de 1930 y 1943, la Corte Suprema no habla sido destituida. ~ 01 Esta aceptación progresiva se verifica a partir de casos como "Enrique Arlandini", Fallos , 208:185 (1947); "Egidio Ziella", Fallos , 209 :26 (1947) y "Juan Domingo Perón", Fallos, 238:76 (1957), entre otros. 2 30 Más adelante, la Corte repetirla esto mismo en su Acordada del 7 de junio de 1943 (Fallos , 196:5) emitida como consecuencia del derrocamiento del presidente Ramón S. Castillo. aoa "Console de Ulla c/Universidad de Duenos Aires", Fa llos, 313:1483-1486 ~1990); "Godoy c!Universidad Nacional de La Plata", Fallos, 313:1621 , 1630 (]990); Gagg1ano c/Santa Fe", Faltos, 314:1477-1486 (1991). 304 Fallos , 318:785 (1995). 299

CON'fROL UE

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·vo del ahorro obligatorio es~ab ecl o portes abonados con motl l entencia que parclalmente por ley 23 .256. La Corte re~?ca ans remisión a lo decidido en babia hecho .lugar a _la a~~~~n , e~~ además agregó que "la pre"Horvath c/Ftsco Nacwnal . , P. , d los importes depositados vi.sión legislativa de la restituclOt~ne~te reglamentación- queda en las cuentas estatales la perli discrecionales facultades comprendida ~esntdreold~o~gsr~:p c:syo ejercicio no es revisabl~ que son prop1a ' - 1' 1 pos1 l Poder Judicial toda vez que -como se sena o- a ~f~d:d de afectación de derechos con~titucion~le~ queda excluida por la necesaria sujeción del prev10 requenmiento e~tat: de los depósitos al valladar infranqueab~e que. S~3~~nen as mitaciones constitucionales del poder tnbutar10 ·

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§ 101. Régimen federal GARANTÍA FEDERAL E INTERVENCIÓN FEDERAL.

da "garantía federal" prevista en la llamada Cláusula de rantía de la Constitución norteamericana y en los arts. 5º 6º de la Constitución argentina es un clásico de las Cuo:;;<>c!.uu.ca: políticas, y dado que ha permitido el nacimiento de la creo que es justo honrarlos con la primera mención dentro las cuestiones políticas atinentes al régimen federal. De modos una aclaración inicial es necesaria, ya que la d.lJU.'-'a.•.;IviiL: de las normas argentinas en este punto ofrece puntos de cordancia y también de discordancia con los precedentes teamericanos. En primer lugar debo recordar que las constitucionales que en la Argentina consagran la garantía federal son más complejas que las norte En los Estados Unidos rige solamente la sección 4 del art. N. arriba transcripta 307 , y la jurisprudencia derivada del leadin.g case "Luther v. Borden" es uniforme , como veremos enseguida, mientras que en la Constitución nacional los arts. 5º, 6º y 75 inc. 31 308 , donde solamente el segundo de ellos tiene como an:¡os Fallos, 318:676 (1995). Véase supra , § 23, e (cap. Il). Fallos. 318:791. ~07 Supra, nota 15. aoa Esta última norma, incorporada en la reforma de 1994, ha despejado una antigua disputa constitucional en torno a la autoridad competente para decretar la intervención federal , nacida del art. 69 , que alude vagamente al gobierno 306

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tecedente aquella cláusula norteame~can~~· además_de un texto diferente ofrecen una interpretaCión Junsprudenc1al más compleja. Para simplificar esta cuestión, debemos tener en cuenta que tanto la cláusula norteamericana co~o las disposiciones ?e los arts. 5Yy 6º de la Constitución argentma conforman un sistema que puede dar lugar a dos tipos de situaciones: a) U? particular que impugna una disposición loe~ por ser ~?ntrana a la cláusula de garantía federal , y b) la rmpugnac10n de la ley o decreto que dispone la intervención federal. La distinción entre ambas situaciones es clara: en el primer caso se impugna una ley local, en el segundo se impugna una decisión del Gobierno federal. En los Estados Unidos sólo se ha dado la primera situación y la Corte ha resuelto uniformemente que no le corresponde intervenir en tales casos. La segunda situación no ha tenido lugar allí, pues el gobierno federal nunca ha intervenido en los estados desplazando a sus autoridades. En la Argentina, por el contrario, los casos de garantía federal con fundamento en el art. 5º han tenido una jurisprudencia cambiante . En una primera época la Corte se abstuvo de intervenir para determinar si las provincias garantizaban con sus normas la forma republicana de gobierno y lo demás establecido en aquella norma, pero luego produjo un cambio importante con el precedente "Rivademar", al que luego haré referencia. Asimismo, en materia de intervención federal siempre se ha abstenido de entender, pero lo curioso es que el leading case de esta abstención, "Cullen c/Llerena", se apoya en "Luther v. Borden", que corresponde en realidad a la primera de las situaciones mencionadas y no a la segunda. Es decir que la federal, sin e,~pecificar a qué poder corresponde disponer la intervención. Si bien la Cor:e, en . Alejandro Orfila", Fallos , 154:192-199 (1928), reconoció que era un pod..,r 1mplíc1to del Congreso y la doctrina constitucional clásica no t enía dudas de ~~~~ (GONZAI.f:z, Joa~uín V., Manual de la Constitución argentina , cit., § 732, p. 6::JO, GONZALEZ CALDF.RÓN, Juan A., Derecho constitucional cit. t . III § 1698 p. !~4; BI EL..'>A, Rafae\ Derecho constitucional,§ 364, p . 826; L~AR~ QurN'~ANA Se: gu o, Tratado ·· ·• 2 ed., t. 7, § 6090, p. 439; BIDART CAMPOS Germán J De;echo cDvns t¡tuhcwnabl, t. I, p . 509), lo cierto es que la práctica políttca era bie~' di~tinta e 11ec o, so re un total de cie to t · · ducidas entre 1862 1998 In cuaren a y tres mtervcnciones federales pro· Y , oc 1enta y nueve tuV1eron lugar por decreto ( nf MOl.iNF.LLl · PA.LA NZA·STN , cit. cuadro 2255 497) co . 309 V-'ase S ECO YI L LALHA José A ;..:· t d l C . palma , Buenos Aires 1943 , 140 ., en. es e a onstttuciór¡ argentina , De' , ps. y 141.

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Corte argentina, para justificar ~u abstención en los casos intervención federal -donde se JUzgaba la de decisiones del gobierno federal-, ha empleado la dencia norteamericana de abstención respecto de leyes w~;a11.,.. Asimismo, esta jurisprudencia no ha sido tenida en cuenta abstenerse de actuar ante leyes locales. Como resultado de ello, pese a que aparentemente . las aguas de la jurisprudencia norteameric~a, en. real~dad contradecimos abiertamente, y ello se exphca meJOr Sl damos la diferencia apuntada más arriba entre "Cullen rena" y "Luther v. Borden". Los casos argentinos, ,.,.,UJ... u•. . las aguas de "Cullen c/Llerena" 310 , corresponden a planteas inconstitucionalidad de una intervención federal ya prod · Por el contrario, los casos norteamericanos a los que sigue jurisprudencia nacida a partir de "Cullen c/Llerena" tienen gen en la invocación de la Cláusula de Garantía, con el de impugnar la constitucionalidad de leyes o actos de los tados. Como puede verse, en realidad los casos canos y los argentinos, aun cuando éstos invoquen la de aquéllos , son diferentes en los hechos que los producen opuestos en los resultados que ofrecen para el sistema ,,..,,..,,.,.L En la Argentina, la doctrina de las cuestiones políticas cadas a la intervención federal ha beneficiado al gobierno deral, que se ha vi.sto así liberado de las impugnaciones alizadas en contra del acto de intervención federal o de poderes ejercidos por el interventor federal. En los E Unidos, por el contrario, la jurisprudencia en torno a la sula de Garantía ha permitido a los estados liberarse de revisión de aquellas leyes locales que fueron impugnadas la Cláusula de Garantía, beneficio que no han tenido las provincias argentinas . En síntesis, la jurisprudencia argentina ha sido mucho más centralizante que la de los Estados Unidos. § 102. La garantía federal

en los Estados Unidos Con fundamen.to en "Lut?er v. Borden", la Corte Suprema de los Estados Umdos ha evltado intervenir en numerosas si~lO

Supra § 86, c.

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tuaciones vinculadas con la aplicación de la Cláusula de Garantía inserta en la sección 4t del Artículo IV. De hecho, no existen casos en los que se hayan revisado decisiones estatales bajo la

invocación de esta Cláusula 311 • Ello ha provocado la crítica de algún sector de la doctrina por la excesiva deferencia que la Corte dispensa a los estados con esta abstención 312 . Algunos de los casos que ilustran esta serie son: "Texas v. White" 313 , "Minor v. Happersett" 31\ "Forsyth v. City ofHammond" 315 , "Taylor v. Beckham" 316 , "Attorney General ex rel. Kies v. Lowrey" 317 , "Pacific States Telephone & Telegraph Co. v. Oregon" 31 8, "Kier-

nan v. City of Portland" 819 , "Marshall v. Dye" 320 , "State of Ohio 311 Un estudio en detalle puede verse en BoNFrELD, Arthur E., The Guarantee Clause of Article N , section 4: A Study in Constitutional Desuetude , "Minnesota Law Review", vol. 46, p. 513 (1962). a 12 La crítica ha sido formulada por CHEMERINSKY, según quien: "The Guarantee Clause is in many ways unique among the areas where the Court has applied the political question doctrine (. . .) First, it is virtually the only area where the defcrcnce imposed by the poliLical question doctrine is Lo ~ laL" go· vernments and not to another branch of the federal government (. . .) Although such deference to states in matters of constitutional law is generally quite questionable, it is especially objectionable given the existence of a provision co=anding the 'United States shall guarantee'. Second, of all the areas where the política! question doctrine has been applied, the Guarantee Clause is the most clearly connected with individual rights. As such, it is very much the judicial role to interpret and enforce the provision (. .. ) Third , more than in any other area , applying the política! question doctrine to the Guarantee Clause nullifies a constitutional provision. When the Court holds that a challenge to the impeachment process or the method approving a constitutional amendment or a forcign policy decision is a political question, those constitutional provisions still are given eiTect. But the Court's consistcnt rcfusal throughout this century to hear Guarantee Clause cases has robbed that constitutional provision of any significance" (CHE. MERINSKY, Erwin, Guarar1teeing a Republican Form of Gouemment: Cases Under the Guarantee Clause Should be Justiciable , "Colorado Law Review" , vol. 65, p. 849, 879 - 1994- ). 3 13 74 U.S. (7 Wallace) 700 (1869). 314 88 U.S. (21 Wallace) 162 (1875). 315 166 u.s. 506 (1897). 3 16 178 u.s. 548 (1900). 3 17 199 U.S. 233 (1905). ~JH 223 U.S. 118 (1912). Se cuestionaba aquí una ley impositiva de Oregon, establecida por medio de una iniciativa popular. La compañía, demandada por incumplimiento de las obligaciones fiscales impuestas por dicha ley, sostuvo que el mecanismo por medio del cual esta ley había sido sancionada era contrario a la Jorma republicana de gobierno, pero l11 Corte dijo que sólo competía a l Congreso y no a los tribunales determinar tales cuestiones. 3 19 223 u.s. 151 (1912). a2o 231 U .S. 250 (1913).

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ex rel. Davis v. Hildebrant" 321 , "Mountain Timber Co. v. Washington" 322 "State of Ohio ex rel. Bryant v. Akron Metropolitan ' . . A " 324 Park District"m y "H1ghland Farms Da1ry v. gnew . § 103. La garantía federal

en la Argentina a) LA JURISPRUDENCIA. - De acuerdo con el art. 5º de la Constitución, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones, en la medida en que sus constituciones sean sancionadas con respeto al sistema representativo y republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional, y asegurando su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Al interpretar esta norma, la Corte Suprema ha establecido en reiteradas ocasiones que no es tarea judicial determinar si en una provincia se cumple con la obligación de establecer un sistema republicano de gobierno, pues ello sólo puede ser apreciado por los poderes políticos. Así lo señaló en "Costes c/Prado" 325 , donde se dijo que la compatibilidad de las instituciones provinciales con lo dispuesto en el art. 5º de la Constitución nacional envuelve una cuestión de naturaleza política y está como tal vedada a los tribunales de justicia. También, en "Banco Español del Río de la Plata c/Municipalidad de Tucumán" 3 " 6 , se dijo que la garantía del art. 5 2 no sustenta el planteo de inconstitucionalidad deducido en contra de un impuesto establecido por ley provincial y no por ordenanza municipal. _ En igual sentido fueron decididos "Roberto M. Pasant" 327 y "Tillard c/Córdo?a" 32~ - En este último caso, fue rechazado un recurs? extr~ordmano donde se pretendía que la Corte determinara Sl un tnbunal provincial había desempeñado correctamen:m 241 u.s. 565 (1916) n~ 243 U.S. 219 (1917). 323 281 u.s. 74 ( 1930). 32 1 ' 300 u.s. 608 (19:17). 3 5 ~ Fallos , 187:79, 85 (1940) :l26 Fallos , 237:221 (1957) · 327 Fallos, 253:454 (1962). 32

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Fallos , 261:103 (1965):

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te su tarea, según las normas que re~~ la administr.ación de justicia en tal jurisdicción. Igual cnteno fue. puntualizado en "Sánchez Ceschi c/Buenos Aires" 329 , al requenrse que con base en el art. 5Q se dijera si los jueces de la provincia de Buenos Aires estaban amparados por la garantía de inamovilidad de que gozan los jueces nacionales. El mismo fundamento puede hallarse en "Anny May Stevenson c/Consejo Nacional de Educación" 330, en "Empresas Eléctricas de Bahía Blanca c/Municipalidad de Bahía Blanca" 33 1 y en "Instituto Quimioterápico Argentino S.A. c/Municipalidad de la Matanza" 332 • También se invocó la cláusula del art. 52 , para rechazar un pedido de revisión de lo decidido por un jurado de enjuiciamiento en la provincia de San Juan en el caso "Carlos Graffigna Latino" ~ 33 , ante un caso que presentaba un conflicto de poderes locales, pero que precedió, como vimos, a un cambio de parecer en la Corte en relación con la revisión de lo decidido en el juicio político 3 a4 . Por otra parte, con fundamento en esta serie jurisprudencia!, la Corte dijo en "Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c/Santa Fe" 335 que no podía revisar si es constitucional el art. 64 de la Constitución de Santa Fe, que prohíbe la reelección del gobernador y vicegobernador de esa provincia 336 • 329

Fallos , 215 :157 (1949).

330 l<'allos , 211:682 ( 1948). 33 1 Fallos, 212:105 (1948). :m Fallos , 239:219 (1957). 33:J Fallos , 308:961 (1986). ~ ~4 Véase supra, § 91. :m Fallos, 317 :1195 (1994). 33G Al explicar los fundamentos de su abstención el Tribunal, con cita de Joaquín V. GoNZÁLEZ, señaló: " . . . las competencias reservadas por cada una de las provincia~ para el ej ercicio de su poder constituyente bajo el condicionamiento de resguardar el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaracion es y garantías de la Constitución Nacional (art. 5 9) exigen una ade· cuación de las instituciones locales a los mencionados requerimientos que (debe cond~cir a que lus constituciones de la provincia sean, en lo esencial de gobierno, semejan~cs .a la naciOnal, que confirmen y sancionen sus 'principios, declaraciones Y.garant1as Y que lo modelen se.gún el tipo genérico que ella crea. Pero no exige, ru P';lede e:og¡ r que sean idéntiCas, una copia literal o mecánica , ni una repro· ducc¡ón mas o menos exacta e igual de aquélla. Porque la Constitución de una ProV1nc1a es el código que condensa, ordena y da fuerza imperativa a todo el de_re.cho .natural que la comunidad social posee para gobernarse , a toda la suma ungma na de sobera1úa rnherente, no cedida para los propósitos más amplios y extensos de fundar la Nación. Luego, dentro del molde jurídico del código de

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Por el contrario, en materia de régimen municipal, la Corte, apartándose de esta línea abstencionista, ha establecido reglas generales aplicables para todas las provincias , relativas a la naturaleza jurídica de los municipios. U na primera serie jurisprudencia!, que arranca en 1911 337 , calificó a los municipios provinciales como entidades autárquicas 338 , criterio que fue modificado radicalmente en 1989, cuando la Corte, en "Rivademar c/Municipalidad de Rosario" 339 , declaró la autonomía plena de los municipios provinciales, dándoles una jerarquía casi equivalente a la de las provincias 340 . Intervino también en cuestiones electorales provinciales en el conflicto suscitado en la provincia de Corrientes a fines de 1991, donde se produjo un empate en el colegio electoral. Al tomar intervención en el caso la Corte dijo que "las particulares circunstancias del conflicto que dio origen a la presente causa obligan a examinar, en primer término, lo dispuesto en el art. 105 de la Constitución nacional en cuanto establece que las provincias eligen a sus gobernadores sin intervención del Gobierno Federal. Dicha cláusula se halla dirigida, indudablemente, a prevenir toda injerencia del poder central sobre un asunto de tanta trascendencia política, como es, en cuanto aquí interesa, el concerniente a la elección de las máximas autoridades de la Administración provincial. Sin embargo, tal prohibición no debe ser entendida con un alcance absoluto; frente a ella y con igual rango se erige la cláusula que otorga competencia a esta Corte para conocer de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución (art. 100) . La derechos y poderes de ésta , cabe la más grande variedad, t oda la que pueda nacer de la divers idad de. caracteres fisicos sociales e históricos de cada regi ón o Provmc1a, o de sus particulares anhelos o aptitudes colectivas" (GONZÁLJ::Z, Joaquín V., Manual de la Constitución argentina, ps. 648 y 649, Fallos, 311 :465)", Fallos , 317 , en p. l206. ;~: "Municipalidad de La Plata dFerrocarril Sud", Fallos, 114:282 (1911). . . Ello fue ac.e ptado, además, por la doctrina domina nte en el derecho ad=~s~r~tJVo a~g~ntmo, du:ante largo tiempo. Así, por ejemplo, BIELSA Rafael ~rtnc.lpLOS de regtmen mumcipal, a• ed., Abeledo-Perrot. Buenos Aires 1962 p aa' octnna que mantuvo MARIENHOFF, criticando el caso "Rivademar" (MARrE,NH.OFF• Migu~l S., La supuesta autonom{a municipal , LL t. 1990-B p 1012) ' 339 Fallos, 312:326 ( 1989). ' ' · · 34 °C Para una explicación Y análisis crítico del fallo , véase DI ANCH I Alberto B ., L a orte 8 uprema ha extendido ta d ' ' LL , t. 1989-C, p. 47. car e autonomta a las municipalidades,

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necesaria compatibilidad entre tales normas permite concluir que las provincias conservan toda la autonomía política que exige su ::>istema institucional, pero no impide la intervención del Tribunal en los supuestos que se verifique un evidente menoscabo del derecho federal en debate (doctrina de Fallos , 285:410 , consid. 10), o, como ocurre en el sub lite, un ostensible apartamiento del inequívoco sentido que corresponde atribuir a las normas de derecho público local aplicables (. .. ) desde esta perspectiva y con particular incidencia sobre el caso de autos, la Corte tiene la delicada misión de -por un lado- no interferir en las autonomías provinciales y -por el otro- evitar que las arbitrarias decisiones de poder jurisdiccional local, lesionen instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen al sistema representativo y republicano que las provincias se han obligado a asegurar (art. 5º de la Constitución nacional)" 341 • b) MI OPINIÓN. - Para analizar esta cuestión debemos partir del eje central del sistema federal establecido en el art. 121, inspirado por la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ~ 42 , pese a que se citen otras fuentes 343 • Se341 "Electores y Apoderados de los P artidos Justicinliota, Unión C!vica Rarucal y Democracia Cristiana" , Fallos , 314:1915, 1926 (1991). 3 42 La Décima Enmienda de la Constitución norteamericana establece: "Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ésta a los estados, están r eservados a los estados, respectivamente o al pueblo". a1a E s curioso qu e la exhaustiva obra de SECO VILLALBA sobre las fuentes de la Constitución argentina arriba citada no reconozca como fuente del art. 121 (ex 104) a la Décima Enmienda, cuando es claro que ambas normas dicen prá cticamente lo mismo. Se citan en cambio como fuentes la Constitución de Venezuela de 1811 y el Proyecto de Constitución Suiza de 1832 (ps. 226 y 227). Recordemos además que José B. Gorostiaga, miembro informante de la Consti tución en el Congreso de 1853, expresamente dijo que su proyecto estaba vaciado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos , "único modelo de verdadera Federación que existe en el mundo" (sesión del 20 de abril de 1853), repitiendo luego el mismo concepto en la sesión del 29 de noviembre de 1853, estando ya el Congreso en trabajo legislativo. Véase Asambleas constituyentes argentinas. recopilación de Emilio Ravignani, Buenos Aires, 1937, t. N , ps. 468 y 621. Asimismo el Congreso Constituyente, en una minuta de declaración sancionada el 3 de mayo, expresó que "la federación será bien entendida si se comprende como en los Estados Unidos del Norte, única federación modelo que existe en el mundo civilizado, puesto que la Helvética es artificial y permanentemente anárquica" (Asambleas constituyentes , cit. , t. IV, p. 539). Por último , el artículo en cuestión, que en el

-···' . ,

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,

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ta norma "Las provincias conservan todo el poder no

~g:~o por es;a Constitución al Gobierno federr:-l Y e~ que

ex resamente se hayan reservado por p?-ctos es~ecLa 1es a mom:nto de su incorporación"' 344 • Ello qmere decrr que las, p:ovincias pueden regular sus instituc~ones de derecho pubhco en forma autónoma de la Nación, teruendo com~ techo la Constitución nacional. ¿Cuál es, entonces, el ámb1to de esta autonomía y cuándo pueden los jueces determinar si una provincia o municipio han excedido sus facultades? En otras palabras, ¿hasta dónde se extiende la garantía federal y cuándo cesa? Para encontrar una respuesta a estas preguntas debemos partir de una distinción sencilla pero elemental. No es lo mismo el enjuiciamiento general del sistema local en cuestión que la eventual colisión puntual entre una norma provincial y una norma federal. A los tribunales les está vedado lo primero, en tanto que pueden actuar en el segundo supuesto. De hecho, éste constituye una típica cuestión federal prevista en el art. 14 de la ley 48. Veamos. Según el artículo 52 , la garantía del gobierno federal funciona cuando las provincias satisfacen cuatro requisitos básicos: a) establecer un gobierno bajo el sistema representativo republicano que respete los derechos y garantías establecidos en 1~ ~onstitución nacional; b) asegurar la administración de justlcJa; e) asegurar el régimen municipal, y d) asegurar la educación primaria. Se. trata, como vemos, de disposiciones muy generale.s que pernuten a las provincias moverse dentro de ~n ~mp?o mar~en de discrecionalidad en la organización de sus instituciOnes, sm que estén obligadas a reproducir exactamente as fede~ales. Por ello, la mera existencia de estos cuatro pun~o~ cardmalefis .de la organización institucional de las provincias e e ser su c1ente para el fun · . d deral y la forma CI~n~ento e la garantía fede . . en que cada provmcia determina la existencia bun:~:~s r{¿~sltot es un~ c~estión política vedada a los tri. ue as provmcias delegaron al Gobierno federal t~xto de 1853 era el 101, fue a robad . . ., sm que haya rastro al"''"o enp 1 o ~m discus,on en la sesión del 30 de abril Vru.A (A ,_ as sesiones de las f t · . , LBA sambleas constituyentes cit t IV uen es tndJCadas por SF.co 3 44 535 Para un estudio de ¡0 ' h ., · ' p. ). remito a BiA NC fU, Alberto B La:~ e ~amado "delegación constituyente" me Siguientes. ·· egac<ón legtslatwa . .. , cit., cap. v, ps. lllS Y

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es la organización de la arquitectura superior, el diseño en grandes líneas del proyecto institucional del país, Y se reservaron la forma y modo en que desarrollarían el detalle de tal proyecto en el ámbito de sus institu~io.n~s locales.' No podría entonces un tribunal enJWClar a un sistema loc~l en forma general, salvo que éste fuera groseramente contrario a la Constitución nacional. Si la violación a los principios de la Constitución nacional fuera muy grotesca -y por tanto poco probable-, si se estableciera por ejemplo una constitución monárquica, o fueran desconocidos el derecho de propiedad, la independencia del poder judicial o los municipios, podría plantearse judicialmente la inconstitucionalidad de tales sistemas. Si bien nos encontraríamos, indudablemente, con una decisión politica del gobierno provincial, ya que la elección de un sistema u otro de gobierno no puede ser sino política, es evidente que tal decisión afectaría, sustancialmente, derechos amparados por la Constitución nacional y dejaría de funcionar en ese supuesto la garantía federal. Por el contrario, cuando la discordancia entre el régimen de la Constitución federal y una constitución provincial es leve, aquella garantía funciona y los tribunales no pueden enjuiciar el sistema en su conjunto. Por ejemplo, hay constituciones provinciales que no aseguran el bicameralismo en sus legislaturas 345 , o no establecen el régimen municipal autárquico 346 y no autónomo. En este caso, tales decisiones políticas están exentas de la autoridad de los magistrados y fuera de los poderes delegados al gobierno nacional, según el artículo 121. Diferente es el caso cuando estamos ante la colisión puntual entre una norma provincial y una federal o nacional. Ya no se trata aquí de juzgar una decisión política sino de verificar si -bajo la cláusula de supremacía del art. 31- una norma provincial contraría una de rango superior. El problema, en este supuesto, se desarrolla dentro del ámbito típico del control constitucional y genera además -como dije- una cuestión federal :1 45 Entre otras : La Rioja (an. 84); Misiones (art. 82); Neuquén (art. 71); lUo Negro (art. 122); San Juan (art. 131). Incluso, parece ser que la tendencia qu e se insinúa luego del plebiscito llevado a cabo en Córdoba en julio de 2001 es la unicameralidad. 346 Así lo hace todavía la Constitución de Buenos Aires, luego de la r eforma de 1994, en contra de lo que es hoy dominante en el espectro provincial.

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habilitante del recurso extraordinario, conforme lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 48. § 104. La intervención federal

En la Argentina, la doctrina establecida en "Cullen c/Llerena" fue seguida inmediatamente en "Lobos c/Donovan" a47 , con motivo de la intervención federal a San Luis , y en "Compañía Azucarera 'fucumana S.A. c!l'ucumán" 348 • También es clásico el caso "Alejandro Orfila" 34 9 , originado con la intervención a Mendoza con motivo de la puesta en comisión de los jueces locales y su reemplazo por nuevos magistrados, dispuesta por la intervención 350 • Orfila , ex gobernador de la Provincia, arrestado por uno de los jueces designados por la intervención, interpuso un hábeas corpus, el cual, al ser rechazado por la Corte Suprema, le permitió a ésta ratificar su teoría de la no intromisión judicial en asuntos relativos a las intervenciones federales. "Esta Corte -dijo- como lo ha declarado en fallos anteriores, no se encuentra, pues, autorizada para examinar los hechos que han conducido a la decisión contenida en la ley, porque saldría de la órbita que le está delimitada por la carta fundamental e invadiría el campo propio de los otros poderes del E stado" 351 • Con igual criterio fue resuelto también el caso "Samuel Siganevich" 352 , donde se dijo que "notoriamente se hallan al margen de la potestad jurisdiccional de esta Corte, las cuestiones de orden político que la defensa ha pla nteado y que surgen de la validez o invalidez de la Constitución de Santa Fe de 1921 y del pronunciamiento que importa la intervención nacional que desconoció dicho estatuto (. . .) Si según la tesis de la defensa la Corte pudiera examinar la validez de la Cons347

Fallos , 54:180 (1893). Fallos , 14 1:271 (1924). a49 Fallos , 154:192 (1929). aliO El fa llo motivó, en su momen to, la enérgica crítica doctrinaria de G oN. ~EZ CAL~ERúN, quien lo eligió, precisamente, como tema de su confer encia de m corporac1ón a la Academia Nacional de D erecho y Ciencia• Sociales de Buenos Aires .
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titución santafecina de 1921 y de las instituciones, poderes Y autoridades creadas a su amparo, podría examinar, lógicamente la intervención federal que la desconoció, porque su función es' la de juzgar y no la de acatar simplemente. Es decir la Corte, se colocaría frente a los poderes políticos del estado, en el terreno político, desnaturalizando su carácter" :l5;j. § 105. Conflictos entre poderes

de una misma provincia Bien es sabido que originariamente la Constitución de 1853, en su art. 97, atribuyó a la justicia federal el conocimiento de causas que versaran sobre conflictos entre los diferentes poderes públicos de una provincia. Posteriormente, la Reforma de 1860 eliminó esta disposición, por ser contraria al sistema federal de gobierno 354 , en el art. 100 (sustituto del 97) . A partir de ese momento, la jurisprudencia de la Corte Suprema se ha abstenido de intervenir en causas de tal naturaleza. Ello fue especialmente visible en asuntos relativos al juicio político en sede provincial s55 , pero fuera de estos supuestos, la Corte también se ha abstenido de intervenir en otra clase de conflictos internos provinciales. Así, por ejemplo, se ha decidido que son ajenos al conocimiento de la Corte el conflicto entre el intendente y el Concejo Deliberante 356 ; entre una Cámara de Diputados provincial y la provincia respectiva a67 ; un caso en el cual la Corte local se negó a tomar juramento a magistrados designados por el Gobernador 358 ; el conflicto entre el Superior a5:1 Consid. 5 2• Este mismo criterio fue luego reiterado en "Cernadas c!Santa Fe", Fallos, 184:639 (1939). 3 64 La cuestión fue debatida en la 7• sesión ordinaria de la Convención llevada a cabo en Buenos Aires , para examinar la Constitución federal, el día 7 de mayo de 1860. El miembro informante, Dalmacio Vélez Sársfield , dijo allí: "Es lo [el art. 97 en dicha parte] destruye complelamenle el sistema federal, porque un poder estraño (sic) el poder nacional judicial, viene a entrometerse en las cuestiones interiores de los poderes públicos de ttna provincia . .. " (cfr. R eforma Constitucional de 1860, textos y documento~ fundamentale s , Universidad Nacional de La Plata , La Plata, 1961 , p. 252). 355 Véase supra § 91, c. ""H "Seraim M11ncini", Fallos, 245:532 (19!)9); "Héctor Raúl Carabajal", Fa · llos i!9I:::I!l4 (1975). ' sú7 "Cámara de Diputados de Cala ma r·ca c/Catamarca", Fallos , 264:375 (1966). 35H "Provincia de Corrientes ", Fallos , 283 :143 (1972 ).

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Tribunal de una provincia y el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, etcétera. ¿Nos encontramos entonces ante una cuestión política? Creo que no. El conflicto entre dos poderes provinciales es una cuestión perfectamente justiciable, a punto tal que la mayoría de las constituciones provinciales establecen que corresponde entender en estos casos a las cortes provinciales en jurisdicción originaria 359 • Por ende, con la reforma de 1860 se suprimió (enhorabuena) una competencia de la justicia federal, por ser contraria al sistema federal de gobierno, pero en modo alguno ello la convirtió en una cuestión política 360 • Se trata entonces de una materia eliminada del conocimiento de los tribunales federales, donde además es de estricta aplicación el derecho local , y sólo es revisable ante la Corte Suprema -por vía extraordinaria- en casos de arbitrariedad o gravedad institucional 'lGI _

§ 106. Límites interprovinciales

De acuerdo con el artículo 75, inc. 15 de la Constitución, corresponde al Congreso "fijar los [límitesj de las provincias" Y es discutible si esa atribución es totalmente discrecional 0 puede ser susceptible de revisión judicial. La Corte ha sentado un principio divisorio de sus competencias atribuciones y de las del Co_ngreso en esta materia según el cual la Constitución ha confe_nd_o a este último la facultad de fijar los límites de las_ ProvmcJ~s, ~o. que no es excluyente de la jurisdicción confenda a la JUsticia federal por los arts. 116 ll7 127 ~~tender en cuestiones suscitadas entre provincias ~obre ·l:~:e~ a que pretenden poseer, siempre que ello no implique la fi35 fl Véase s b · • 0 re este particular, BtANCH! Alb . B . . de la Corte Suprema de Justicia de l N . : . ei to ., Competencw onginaria 360 Conf. MAlRAI Héctor . . a . acLOn , cap. V!, punto 125. 361 El caso se pl~ ntcó co~ ;f~~~%~tl!ctal . . .. ob. cit., t. [, ps. 553 y 554. . d o suscitado en 1989 entre el intendente de Morón Y el Concejo Delibera t cargo. El probl ema susci taba , e~;~~::m ucto del cual aq~ él fu e destituido de su deres locales , ajeno por principio a la ·u en~c, L~na cuestwn de conflicto entre po· caso fedet·aJ estuvo dado por J . d liJ ns ICCión de la Corte Suprema pero el . ·· a m e enstón ;'uríd " d ¡ · ' cotporacwn fue ordenada ("Rouss 10 t c/C . tc~ e Intendente, cuya rein313:1596 - 19!:10-). · e onceJo Deliberante de Morón", faltos,

Los

ACTOS NO JUSTICIABLES

227

· · , d ¡ ·nu·tes Este criterio fue empleado, por ejemplo, en Jac10n e 1 · b »oij~. "C c/Gorchs" 362 • "Provincias de Santa Fe y Córdo a , arcano ' . , 364 " . , 365 • f . "Pereyra Iraola c/Buenos Aires ; JuJUY c/Salta , , Y ue re cardado asimismo por el Procurador General Ramon Lascano, en "Río Negro c/Neuquén" 366 . ¿Debe deducirse de ello que se trata de una atribución insusceptible de revisión judicial? En absoluto. Tal como sostuvo en su momento el procurador general Eduardo Marquardt, en "Oddone c/Formosa" 36 7, la función que en este caso ejerce el Congreso no es política sino jurisdiccional. Cuando el Congreso establece los límites de una provincia, está ejerciendo una atribución que la Constitución le fija directamente 368 , pero no puede hacerlo discrecionalmente, sin ajustarse a pautas regl adas y objetivas 3"». Se trata de una decisión que debe tener una causa, un fundamento jurídico. De tal modo, la fijaci ón arbitraria de un límite concede a la provincia afectada una acción judicial que tramitará ante la Corte Suprema, en la medida en que es un típico caso de competencia originaria de aquélla (art. 117).

§ 107. Cuestiones electorales y partidos políticos

Una mencwn especial corresponde hacer respecto de las cuestiones electorales. Por la relevancia en esta cuestión del caso "Baker v. Carr", me referiré separadamente a la juris· prudencia anterior y posterior. Fallos , 98:107 (1903). Fallos, 114:425 (1911). 364 Fallos, 133:372 ( 1921). 365 Fallos, 228:264 (1954). 366 Fallos, 267:352 ( 1967 ). :J67 Fallos, 285:240-245 (1973). 3ij8 Nótese que, en este punto, la Constitución argentina se ha apartado de la norteamericana, que no establece esa atribución a favor del Congreso. 3ijH H a di cho GoNZALEZ CALIJERÓN que "El poder del Congreso para fijar los límites de las provi ncias no significa un poder absoluto para imponer su propio criterio sin consideración a los fundamentos hist.óricos y jurídicos con que las parteR interesadas puedan cohontlstar sus pretensione . Las provincias (.. . ) no pueden ser tratadas por el Congreso con desconocimiento de su carácter, de esos derechos y de s us tradiciones históricas" (Derecho constitucional argentino, ob. cit. t. UI, p . 194). :i62

~r.3

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

228

a)

LA

JURISPRUDENCIA ANTERIOR A "BAKER v.

CARR". -

Tal como ya señalé más arriba, en los Estados Unidos los asuntos de naturaleza electoral no eran admitidos como casos judiciales :170. Tampoco lo eran en la Argentina, donde las cuestiones electorales fueron, hasta comienzos de la década de 1960, consideradas políticas. Entre los primeros casos que ilustran esta corriente se encuentra "Unión Cívica Radical-Junta Reorganizadora Nacional" 31 1, en el cual el apoderado de dicho partido había solicitado al juez letrado de La Pampa la declaración de nulidad del padrón electoral. El caso fue rechazado por el magistrado interviniente e interpuesto recurso extraordinario la Corte, invocando precedentes anteriores a72 , sostuvo que "las cuestiones de la naturaleza de la que contempla el pronunciamiento apelado, no son susceptibles de traerse al conocimiento del Tribunal ni aun por la vía del artículo 14 de la ley 48". Con cita expresa de este caso fue resuelto más tarde "Salomón Deiver"=. Deiver había impugnado el padrón electoral, en el cual no se lo había incluido por haber estado condenado penalmente. Al rechazar el recurso extraordinario la Corte ~ostuvo 9-ue. ~a atribución por ley de funciones políticas a .mag¡st~ados JUdiciales no altera la naturaleza de las mismas ru autonza a considerarlas corno de índole judicial ni como emanadas de un tribunal de justicia" 374 • En casos posteriores, esta doctrina fue objeto de más desarrollo. Hasta ese momento, el Tribunal se había limitad ~ti~ch~zar el rec~so extraordinario, invocando la materia po~ la c~nsi~e:a~:eas::~~ · pero no . decía ~xac.tamente por qué se gunos casos poste~o~e~~=í ~~~.r ex~licactón se intentó en al('I'rotzkista)" ~7s y "P t ' Partid~ Obrero Revolucionario ,. ar 1 o emocrata-Dlstrito San Juan" m d" qu e "e ll o es ast porque el mencionad , lJO se otorga respecto de las d . . o recurso extraordinario manentes del poder judici:~Islonesl p~opi~s. de los órganos per, en e eJercicio de sus funciones 370 v · an easc ~upra, § 2:.!.

dD .

Fallos, 189:155 (1941) . .a os, 128:314 Y 148:215. · Fallos, 208:125 (19 47 ) ~ 74 Fallos , 208:127. · 3 75 ''Iturr · as pe c/ Uruón Cívica Rad · al d ~~~ Fallus , 237 :386 (1957). lC el Pueblo", Fallos, 240:11 (1958). Fallos, 238:283 (19 57 ). aH

373

F ll

Los

ACTOS NO JUSTICIABLEs

229

específicas, en los términos del artículo 14 de la ley 48 y 62 de la ley 4055 (.. .) Que las cuestiones electorales referentes al procedimiento previsto por las leyes en el orden nacional o estadual para la constitución de los poderes políticos, como momento que son de la organización de otros poderes, no son propias del ejercicio regular de la función judicial, sino estrictamente políticas. Pueden debatirse, y en el orden nacional efectivamente se han debatido, ante organismos nacionales y la jurisprudencia de esta Corte les ha reconocido tal carácter aun sometidas a decisión de tribunales judiciales inferiores" 378 • Esta línea jurisprudencia} fue seguida con fidelidad y sin mayores variantes en varios casos de la década de 1960. Tal, por ejemplo, "Partido Socialista-Comité Ejecutivo Nacional" m , donde se dijo que los conflictos partidarios internos y los interpartidarios son ajenos al conocimiento de la Corte, "cuando se trata de cuestiones indisolublemente ligadas a la actividad política y electoral, las que, por su naturaleza, resultan extrañas a las esfera de acción jurisdiccional de aquella y reclaman su abstención como poder" 380 . Igual criterio se advierte en "Partido Unión Popular" ~ 8 \ en otro homónimo 382 , y también en "Unión Cívica Radical Intransigente de la Pcia. de Bs. As." 383 . salvo cuando se advirtió una manifiesta violación al derecho de defensa en juicio. Como excepción dentro de este período se re:178 Fallos , 23R:287 . n» Fallos , 248:61 (1960). El caso se había suscitado como consecuencia de la división en dos fracciones del Partido Socialista. Ambas reclamaban el derecho al uou del nombre original. 3HO En este fallo , Boffi Boggero anotó una de sus célebres disidencias con el criterio de la Corte, dcjHndo a salvo su opinión en el sentido de qu e "una cosa significo la política en sí misma y una otra es el derecho político que regula jurídicamente la vida d., aquella; y una es, en consecuencia la política en materia de elecciones y una muy diferente es el derecho electoral que regula. Que cuando las transgresiones de los poderes políticos afecten la materia sometida a la competencia jurisdiccional de esta Corte, se impone la sustanciación de las causas respectivas para decididir en consecuencia, sin que esos poderes del Estado puedan legítimamente alegar que se trata del ejercicio de facultades privativas" (Fallos, 248:61 , esp. p. 67). ~81 Fallos, 252:54 (1962). aa2 "Partido Unión Popular", Fallos, 256:47 (1963). Aqul se debatía la oficialización de las listas de electores para presidente, vicepresidente y senadores por la Capital, y se registra también una disidencia de Boffi Boggero, incrementada y fortalecida con el reciente "Baker v. Carr", al que se le dedican varias consideraciones. aso Fallos , 257 :155 (1963).

CoNTROL DE coNsriTUCIONALIDAD

230

. tra "Unión Cívica Radical Bloquista" a84 , donde el derecho gdls d f'ensa de una de las partes estaba seriamente afectado e e · 'l85 por una grosera nulidad de la sentenc1a · · b) EL CASO ''BAKER v. CARR". - Fue en "Baker v._ Carr" 386 donde la Corte de los Estados Unidos modificó su~tru:c~al~?nte el criterio imperante hasta ese entances sobre la n.o Judiciabthdad de las cuestiones electorales. Ya he efectuado preVJ.a~cnte el an~­ lisis de este caso y allí me remita 3117 , pero dada su 1mportanc1a . 388 , va1e y el interés que siempre ha de pertado en la Ar gentma la pena transcribirlo parcialmente. Tomaré para ello algunos párrafos de la traducción de MILLER, GELLl y CAYUS0 389 , que pueden ser confrontados con el texto en inglés. "Sostenemos que este cuestionamiento a una distribución de distritos electorales no configura una cuestión política no justiciable (. .. ) Por supuesta que el mero hecho de que el pleito intente proteger un derecho político no implica una cuestión política. Semejante objeción es 'poco más que un juego de palabras'. Por el contrario, se argumenta que los casos de distribución , cualesquiera ean los términos de la demanda no comprometen un derecho constitucional federal, excepto ei que garantiza una forma republicana de gobierno, y que las ~e~andas basadas en esa cláusula presentan cuestiones pohticas que no son justiciables. Sostenemos que la presente demanda no descansa en la cláusula de garantía, ni la involucra, 184 85

Fallos , 244:164 (195!l). Apelada una sentencia de · · . de alzada fue tomada dw-ante la C P.nme;;: .u;stancta, la decisión del tribunal de la Cámara, contraviniéndose ex r~:ta JU cta. por uno solo de los tres jueces de orga~izaci ón de los tribunales ~ede~~:spostctones de las leyes 1893 y 13.998, una dectstón en materia electoral revocó .el La Corte~ pe~e a que se trataba de ducctón de uno nuevo ajustad j p:onunctannento y ordenó la proa~G 369 U.S. 186 (1962) o a as normas Vtgentes. 387 \1 . , véas e supra, § 22. 188 L . La sentencta ha sido objeto de v . . 1~;~ M.. 9Tres centenarios de la Corte Sup:= ~orr:,entanos; véase Bopp¡ BoooEno . ' p . 6 , HoRVATH Pabl V e ustlcta , Ptzarro Buc A'. ' ~u~ticiabilidad de la; cuest~¿:es ~~l, Jozfe R., El fallo "Bake; u. C~~~" ~~~ 0 a ~ sus antecedentes. as, ' t. 114, p. 982, donde se anal · . ·189 MILLER J h I Za e 1 y d , onat an M . Gt:LLJ M rf A po er político , As trea, Bue~~s Aire~ 1~8; t .,Iy C,wuso, Su~ana, Con.~titución ' • · , p s . 173 y siguientes. '

"

LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

231

y que, por lo tanto, su justiciabilidad no está impedida por

nuestras decisiones en casos que sí involucran esa cláusula 300 (. .. ) Pero como parece haber alguna duda sobre por qué esos casos presentaron cuestiones políticas y específicamente acerca de si este caso de distribución se asemeja a aquéllos, consideramos necesario primero delinear los contornos de la doctrina de la 'cuestión política'. Nuestro estudio revela que en los casos basados en la cláusula de garantía y en aquéllos acerca de 'cuestiones políticas', es la relación entre la justicia y las ramas de igual importancia del gobierno federal y no la relación de la justicia federal con los Estados lo que da lugar a una 'cuestión política' 39 1 (. . • ) Un modo natural de comenzar el análisis de este asunto es advertir si hay en este csso alguna de las características comunes a la figura de 'cuestión política' que hemos identificado antes como típicas de esta clase de cuestiones. Debemos afirmar que no encontramos ninguna. El tema aquí es el de la compatibilidad entre un acto estadual y el texto de la Constitución federal. No hay aquí ninguna atribución conferida a un poder político gubernamental del mismo nivel que esta Corte. Tampoco vemos que se ponga en tela de juicio la posición del gobierno en el exterior o que se cree un grave disturbio interno por el hecho de que esta Corte decida acerca de la constitucionalidad de un acto del Estado de Tennessec. ~90 "Wc hold that this challenge to an apportionment pre ents no nonjusliciable 'political question' (. .. ) Of course, the mere fact that lhe suil seeks proLection of 11 political right does not mean it presents a political question. Such an objection 'is little more than a play upon words'. RRther, it is argued that apporlionment cases , whatevcr the actual wording of the complaint, can involve nu federal consLitutional riglü except one resting on the guaranty of a republican f'orm of govcrnment, and that complaints based on that clause have been held to present política! que tions which are nonjusticiable. We hold that the claim pleaded here neither rests upon nor implicates the Guaranty Clause, and thaL its justiciability is therefore not foreclosed by our decisions of cases involving that clause" (::!69 U.S. en p. 209). 391 "But beca use there appears to be some uncertainly as to why those cases did present political questions, and specifically as to whether this apportionment case is like those cases, we deem it necessary firsl to consider the contours of the 'political queslion ' doctrine. 'l'hat review reveals that, in Lhe Guaranly Clause cases and in the other 'política! question' cases, it is the relationship between the judiciary and the coordinate branches of the Federal Government, and nol the federa] judiciary's relationship to the Sta tes, which gives rise to the 'political question" ' (369 U.S., p. 210).

232

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tampoco necesitan los apelantes, para tener éxito en su demanda, pedir a la Corte que emprenda una política para la cual faltan pautas judicialmente manejables. Los estándares jurídicos provenientes de la cláusula de igual protección son conocidos y dicha cláusula ha estado abierta a las Cortes desde la sanción de la Decimocuarta Enmienda, para determinar, si corresponde según los hechos en particular, si la discriminación refleja alguna política determinada, o es, por el contrario, una acción simplemente caprichosa y arbitraria. Este caso, en un sentido, involucra la distribución del poder político dentro de un Estado, y los apelantes podrían haber reclamado bajo la cláusula de garantía. Por supuesto, como hemos visto, cualquier reclamo sustentado en esta cláusula sería inútil. Pero el hecho de que un reclamo semejante no hubiera tenido éxito. no significa que los apelantes no sean escuchados en su reclamo a igual protección, a la cual de hecho tienden 392 (... ) Concluimos que la n.egativa a la igual protección que se alega presenta una :uesbón constitucional justiciable sobre la que los apelante.s t1enen derecho a un juicio y a una sentencia. El de~echo mv~cado cae dentro de la órbita de la protección judicial baJo la Decimocuarta Enmienda"a9a.

terist:::

:~ nhatur~ beg~nning is to note whether any of the common characWe find non e~ T we ave . een able to identify and label descriptively are presenl Constitution . .J:ee hqucstwn here .Is the consistency of state action with the Federal · ave no questwn deCided orto b d ·d d b . . of governmcnt coequaJ with thi C N e ect e . Y a pohttcal brancb government abroad or grave dists bourt. ohr do we risk embarrassment of our • ur ance at ame if we t k · · "' ~s to the constitutionality of her action here chall d a e Issue Wit1I •ennessee kt enge · Nor need the appellants m arder to succeed in this action for which judicialty manageable' ::Snd:~;so:rt ~o en.ter u pon policy determina ti o~ the Equal Protection Clause are well d e ackmg. Jud 1 ~1 al standards under open to courts since the enactment of th:v;loped and familiar, and it has been ~~ on tho particular facts they must that a o~rt~enth ~endment to determine, Slmply arbitrary and capricious acti~n. Thisdiscummatwn reflects no policy, but allocatwn of pohttcal power within a St case does, tn one sense, involve the have added a claim under the G ate, ~nd the appellants rnight conceivably ~ny reliance on that clausc wou~arbaen~e~ ·1 la;~e . Of coursc, as we have seen uaranty Clause could not have u 1 e. ut because any reliance on th~ ~.'i ~~~-~~ ~eard on the equal prost~~~~:::~a.!:n d;~ ~ot f:llow that appellants ~93 " . e m act they tender" (269 We conclude that the co l . ' te.c tion presenta justiciable consti~~oam¡s allegation~ of a denial of equal proaJe entttled to a tria! and d . . na cause of act 10 n u pon which judicial protection under the e;.:surteion. Thhe right asserted is within th:p~~chlantsf 0 ent Amcndment" (269 u .. S 237).

7

LOS ACTOS NO JUSTI CIABLES

233

e) LA JURISPRUDENCIA POSTERIOR. - La doctrina de este fallo cundió inmediatamente, generando una onda expansiva de casos en los que la Corte declaró inconstitucionales aquellas leyes que pudieran ser violatorias de los derechos electorales. El primero de ellos, luego de "Baker", fue "Gray v. Sanders" 394 , en el cual se declaró inconstitucional una ley de Georgia para elecciones primarias, impugnada por mala distribución de los distritos electorales. También en Georgia, al año siguiente, fue declarada inconstitucional la ley de división distrital para el Congreso, que acordaba a algunos candidatos el doble de representación que pa ra otros 995 • Lo mismo ocurrió en Alabama, con el caso "Reynolds v. Sim" 396 • En este estado, la ley de distribución distrital no se modificaba desde 1901, pese a que la Constitución local exigía su modificación cada diez años. También en 1964 fue declarada inconstitucional una ley de Colorado, viciada de igual forma 397 , corriendo igual suerte las leyes de Maryland 398 , Virginia 399 y Delaware 4110 , en casos decididos ese mismo día. También fueron declaradas inconstitucionales una ley de Texas que prohibía votar a los militares en actividad 40 ', y la ley de educación de New York que exigía, para votar en elecciones escolares de distrito, ser propietario o inquilino o ser padre o guardián de niños que asistieran a las escuelas públicas 402 • En 1968 fue declarada inconstit ucional una ley de Ohio, que exigía a los candidatos presidenciales de los nuevos partidos, en las elecciones primarias, la presen tación de una petición firmada por el 15 % de electores calificados , tomado sobre la anterior elección para gobemador ~ . Igual suerte corrió una disposición de California que exigía el pago de un porcentaje del sueldo para la inscripción como 40

a~4

372 U.S. 368 (1963). "Wesberry v. Sander R", 376 U.~ . 1 (1 964). a96 :>.77 U.S. 533 (1964). 397 "Lucas v. Forty Fourth Gen Assembly", ?.77 U .S. 713 (1964). :
(1966). o~oo 401

40~ 403

"Roman v. Sincock", 377 U.S. 69 5 (1964). "Carrington v. Rash", 380 U.S. 89 (1965). "Kra mcr v. Union Free School District", 395 U.S. 89 (1969). "William~ v. Rodhes", 393 U. S. 23 (1 968).

-- ..., ......... . . . -- ---·----- ---candidato en una boleta electoral404' y tam?ién fue declar~da inconstitucional la ley de lllinois que prohibía vo~ar en e ec. pn' man'as de un partido • si una persona hab1a. votado c10nes . , en elecciones primarias de otro partido dentro de los ~emtltres me· ·~ Un nuevo caso de gerrymandenng planteado ses ant enores . . "D · 1 con legisladores republicanos de Ind1ana fue r~sue to en a~s v. Bandemer" 406, bajo los postulados de "Baker . Estos .~on sol~ algunos de los numerosf~im~s casos en que, luego d~o7 Baker ' la Corte declaró inconstituciOnales leyes elector~les . . También en la Argentina, poco a poco, empezo ~ advertirse una t endencia hacia el control judicial en matena electoral. Ya a comienzos de la década de 1960, el fallo recaído en "Partido Obrero'" 08 , pese a que pretende enmarcarse en los cánones tradicionales, anuncia esta tendencia que luego se haría constante, lo que constituye una excepción dentro de la jurisprudencia del Tribunal en ese período 409 • El Partido Obrero había demandado el reconocimiento de su personería política, la que se le había denegado , con base en el decreto ley 19.044/56, por propiciar ideas contrarias al Estado democrático. Apelada la sentencia, la Corte abundó en consideraciones de todo tipo para confirmarla, pero en sustancia sostuvo que "cuando se trata de agrupaciones políticas cuya actuación se traduce en peligro cierto y real para la subsistencia del estado democrático, al legislador 410 le es permitido valerse también de medios prohlbitivos" • Asi"Lubin v. Panish", 415 U.S. 709 (1974). "Kusper v. Pontikes", 414 U.S. 51 (1973). 4 06 478 u.s. 109 (1986) . ' 07 P~ra un _ e studio detallado de estos casos, me remito a L oCKHA!lT, W. B.; ~ISAPR, Y. CI!OPER,, J . H. , Y SHH'FRIN, S . H., Constitucional Rights and Liberties est ub~slnng, MI.Illlesota, 1986, ps. 982 y siguientes . ' 40 A Joallos, 253:133 (1962). 409 B. _•en es sabido que, por entonces, la Corte practicaba la doctrina de la ~ut~rrestnCCión (self-rest raint) , predicada en el Tribunal de los Estados Unidos e~ e com1en~os del s1glo por el juez Oliver W. Holmes y seguida luego entre Ot1os , P,?r F ehx Frankfurter,_ disid ente junto con Harlan, precisamente , en :'Baker v. Carr · En este caso, S I b1en la Corte no declaró inconstitucional ninguna le p~es, por el contrano, apoyó las disposiciones del decr. ley 19 044/56 · b. y hizo algunas "d · · , sm em argo . cons1 c~ac1ones que le hacían abandonar en buena medida la d t .· d e 1a cuestiones políticas en materia electoral oc !lOa 410 F ll a os, 253:157 · Thdo el fall o es en sí. mismo un dictum, ya que si ex404

405

~~::~~e;::a 1:'e~C::~r :'¡c~e~;~:e:e~asu ~prudennficia tradic~onal,

le bastaba ins· . or ano y co lrmar asl el pronunciamiento" l d a pe a o. m . embargo, qu1so dar_un paso adelante y hacer pública su condena a una detenrunada 1deologia política, pretendiendo t.al vez tomar debida distancia

Los

ACTOS NO JUSTICIABLES

235

mismo, dentro de esta jurisprudencia, por momentos errática, la Corte, años más tarde , en la causa "Partido Socialista-Orden Nacional" 411 , donde se discutía el uso del nombre "Partido Socialista" por una división del mismo, entró a resolver el fondo de la cuestión, sin invocar la doctrina de las cuestiones políticas, tal como sí lo había hecho antes en la ya mencionada causa suscitada por el mismo partido , resuelta en 1960. También, referida a una rama de esta misma agrupación política, el Partido Socialista de los Trabajadores, la Corte, sin derogar· expresamente su doctrina tradicional, entró al fondo de la cuestión atinente al nombre del partido en un distrito provincial 412 • La tendencia al abandono de la doctrina clásica se observa también en "Partido Intransigente"m, sentencia donde , en contra de lo resuelto en la instancia anterior, se permitió a dicha agrupación partidaria oficializar listas de candidatos a legisladores nacionales. Más profunda aún es la decisión recaída en "Frente Justicialista de Liberaci6n" 414 , donde la Corte, en definitiva, dirimió, lisa y llanamente, una elección provincial. En efecto, luego de los comicios del 11 de marzo de 1973, se planteó si la elección del gobernador de Santiago del Estero y demás candidatos era legítima, ya que para nominar al candidato del Frente Justicialista de Liberación, el Tribunal Electoral local prescindió de las disposiciones de la ley federal 19.905, por considerarla inconstitucional. Era obvio que , al menos formalmente , se presentaba un caso federal típico, donde la decisión era recurrible por vía extraordinaria ante la Corte Suprema. Ésta lo entendió así y, pese a la naturaleza eminentemente política de la decisión , entró al fondo de la decisión revocando la sentencia del tribunal electoral local. Empleando un criterio que hubiera deleitado a Boffi lloggero, sostuvo que "no cabe concluir 'a priori' que una determinada cuestión queda sustraída a la esfera del Poder J·udicial por el simple hecho de que involucre temas de índole 'política', de acu erdo con el significado que en el lenguaje común se asigna al término,' cuando la decisión adoptada suscita una controversia de naturaleza esde ·ella y evitar cua lqui er sos pecha que pudiera surgir de un pronunciamiento indü·ecto. m Fallos, 285:138 (1973). 41~ Fallos, 287:31 (1973). m Fallos, 284:446 (1972). 414 Fallos. 285:410 (1973).

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

236

trictamente jurídica, que exige un pronunciamiento que le ponga fin a través de la solución que en derecho corresponda" 41 " . Es evidente que el considerando citado y la sentencia en su conjunto son suficientes no sólo para producir un abandono de las cuestiones políticas en materia electoral, sino para producir incluso un abandono total de la doctrina, en cualquiera de sus campos. El fundamento empleado es, precisamente, el que han esgrimido los críticos más enérgicos de aquélla, tales como BO FFI BOGGERO o BJDART CAMPOS 416 • A partir de este momento, puede decirse que la Corte ha seguido interviniendo, en materia electoral, sin reparo alguno, a través de muy variadas formas. Así lo hizo para decidir conflictos de competencia entre di versos tribunales electorales 417 , para reconocer el derecho al uso de un nombre por un partido político 418 , para dirimir un conflicto entre las siglas de dos partidos 419 , para confirmar el rechazo de un pedido de suspensión de elecciones internas de un partido 420 , para interpretar el derecho público provincial en materia de empleo de cocientes electorales 421 o para declarar la constitucionalidad del monopolio dado por ley a las partidos políticos en la nominación de los candidatos 422 • También ha intervenido en cuestiones electorales en el marco del conflicto correntino suscitado a fmes de 1991 423 . § 108. Cuestiones de ''política

administrativa"

del Este ~er~er grupo de casos congrega una serie de aspectos maneJo mterno de la Administración en los que la Corte 6 Fallos , 21:!5:417. 416 Véase infra, § 115. 417 "J unta Electoral de la Pcia d . . " . 41M "Partido Uru" C . . . e Buenos AJres ' Fallos 305·926 (l 983) on nst1ana De át' • .,. ' · · . 41 ~ "Unión del Centro Democráti:~~. lea , ral.los , 305:1262 (l98a). la disputa entre la Unión Cn'st' D ' ~Llos, 306.2048 (1984). Se trataba de mna emocrát1ca y¡ u · · d 1 e por el empleo de Jag siglas "U C D " a DJon e entro Democrático 420 "Partido Demócrata Pro. . , . res;;elta en favor de la primera . 421 "Unión Cf . R di al greststa, Fallos, 307:1774 (1985) VIca a e de la Pcia d B . " · ::~ ~~tonio J . ~íos", Fallos , SlO :S ~ { ~;~~~Aires ·Fallos, 308:1745 0986). . éase el caso Electores A d · CíVIca Radical y Democracia Cri~ti:: "er:,dolls de los Partidos Justicialista, Unión a • ra os, 314 :1915 (1991). "'

1

Los ACTos

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ha declinado intervenir. Ellos son, entre otros: a) la expropiación; b) el régimen interno de las universidades; e) el régimen de la función pública; d) la calificación de la huelga; e) el régimen tarifaría, y f) los conflictos interadministrativos. Se advierte aquí, como criterio general, que la Corte se abstiene de intervenir cuando enfrenta cuestiones vinculadas con una determinada "política administrativa" no justiciable. Así como detrae el control judicial ante casos en los que el planteo exige revisar la política legislativa o económica del Congreso, también lo hace cuando tiene ante sí una decisión propia de la Administración que trasunta el ejercicio de alguna política administrativa. a) EXPROPIACIÓN. - Mencionar a la expropiación dentro de las facultades de la Administración requiere una aclaración inicial, pues la declaración de utilidad pública -como principioes una atribución legislativa. Sin embargo, es bien sabido que en numerosas ocasiones la calificación legislativa es genérica; esto es, abarca grandes zonas indeterminadas donde se hace una reserva de inmuebles para obras o planes futuros 4 2 \ y luego la autoridad administrativa determina cuáles son los inmuebles que serán expropiados y cuáles no . Recordemos, incluso, que ello trajo aparejado algunos planteas de inconstitucionalidad de las leyes que disponían esta afectación genérica • t 5 • Por ello me parece que, en la práctica, esta clase de decisiones son más frecuentes en el campo de la Administración que del 4 24 Es lo que se denomina expropiación diferida , r egulada en el orden nacional por la Ley de Expropiaciones 21.499 , en el artículo 34. 4 25 Alegaban los propietarios que la expropiación era ilegítima pues la calificación del bien no había sido dispuesta por ley del Congreso sino por vía ad ministrativa. Si bien en un antiguo fallo la Corte exigió que para la ampliación de una obra pública se obtuviese una nueva ley, "F.C. Buenos Aires al Pacífico c:/La Inmobiliaria", Fallos, 82:284 (1899) , posteriormente admitió la constitucionalidad de las leyes que declaraban en forma genérica lu utilidad pública y encomendaban a la autoridad admini~trativa la confección de los planos de la obra. Esta doctrina fu e nplicada reiteradamente en materia de ferrocarriles en "Ferrocarril del Oeste d Garbarini", Fallos , 105:80 (1906); "Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico dJoaquín del Río", Fallos , 119:5 (1914) ; "Ferrocarril Gran Oeste Argentino c!Vidal Hermanos", Fallos, 120:332 (1915); "Ferrocarriles del Estado dVidal", Fallos, 150:54 (1928) y posteriormente, también , en obras viales , en "Dirección Nacion al de Vialidad c/Badaracco y Bottaro", Fallos, 183:88 (1939).

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Congreso y en consecuencia -con las salvedades del caso- merecen ser consideradas en este punto. . . - le' más arriba m que fue un caso de expropiaCión Ya sena · ·, d 1 1 d. 0 origen a la doctrina de la autorrestncc10n e os ~ri:-~al:s federales ante causas no justiciables. En es.ta materia, la jurisprudencia de la con:e .ha sido constante y re~terada a1 excluir del ámbito de lo justiciable las razo~es t~mdas en cuenta por el Congreso para determinar la cahficac~ón ~e ~ bien como de utilidad pública a los efectos exprop1atonos . Existen tan sólo dos excepciones. La primera de ellas 428 es el conocido caso "Municipalidad de la Capital c/Elortondo" , al cual puede considerarse hoy una pieza histórica que n~ constituye hoy un antecedente registrable m. La segunda, sm perjuicio de algunas manifestaciones anteriores 430 , se hizo presente con toda claridad en "Fisco Nacional c/Ferrario'"at . E l caso tuvo Véase supra , § 86. b. Cito como meros ejemplos "Nación Argentina c/Iu¡:e nio y Refinería San Martín del Tabacal" , Fallos , 209:390, 401 (1917); "Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos A;res", Fallos, 210:1153 (1948). 128 Fallos, 33:162 (1888) . •z9 En este caso, si bien la Corte no derogó expresamente el prindpio general, no es menos cierto que el mismo fue inlerpretado de una manera tan amplia que bien valía su derogación. "La atribución deferida a aquel cuerpo (Congreso) -decía la Corte- por el artículo 17 para calificar la utilidad pública y definir los casos de expropiación por razón de ella, no puede entenderse ilimitada ni con un alcance tal que lo autorice a disponer arbitrariamente de la propiedad de una persona para darla a otra, ni a incorporarla tampoco , aun abonando el justo valor que pueda ella Lener. al domiruo público, fu era de los caso~ y de la. formas eslrictamente fijadas por la lP.tra de la Constitución o por los principios fundamenlales sobre que ella r~posa " (ver ps. 185 a 186). EvidenLemente, el caso de la Sra. de Elortondo era el contemplado en la egunda excepción anotada por la Corte, pues RU propiedad había sido afectada al ensanche de la Avenida de Mayo. En disidencia, el juez Zovalía decía que la revisión judicial de la calificación de utilidad pública ·~s alterar el texto conslitucional y olvidar los principios más elementales d~ la administración de justicia" (p. 201). Años después de este fallo, la Corte Suprema todavía vacilaba en la aplicación del principio nacido en el caso "Hue" o de la solución alcanzada en "Elortondo". Así, por ejemplo, en "Gibbs c/Mendoza", Fallos , 93:219 (1901), se rechazó la acción de inconstitucionalidad pl~n teada por el expropiado, pero el fundamenlo empleado fue que el terreno obJeto de la expropiación estaba íntegramente abarcado por la obra pública lo que no con?guraba un supuesto igual al examinado en el caso "Elortondo" (~. 224). •ao En "'fucumán cfl!nión Cañeros Azucareros", Fallos , 204:310 (1946) , la Corte an_ahz? la leg'ltimacJón de un decreto del inlerventor federal en Tucumán que hab1a dispuesto la expropiación de un ingenio para establecer si contaba con la debida autorización del gobierno nacional. 431 Fallos , 251:246 (1961). 426 42i

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lugar como consecuencia de un típico caso de despojo, donde la autoridad pública, bajo la forma aparente de un juicio expropiatorio, le quitó su propiedad a un particular para dársela a otro m . La Corte, al confirmar la sentencia de la instancia anterior, que había rechazado la acción expropiato;ia, dijo: "es conveniente recordar que ninguna expropiación debe ser practicada, por claro imperativo constitucional (art. 17), si no responde a una causa de utilidad pública, calificada por ley. Y cualquiera fuese la opinión sobre las facultades de los jueces para t:xaminar si dicha causa concurre, maieria en que cada uno de los infrascriptos se remite a opiniones vertidas con anterioridad, es indiscutible que esas facultades existen en causas de gravedad o arbitrariedad extremas. Así acontece, verbigracia, cuando resulta claro que el Estado so color de un ejercicio del poder expropiatorio, lo que realmente hace es quitar a una persona la cosa de la que es propietaria para dársela a otra, en su exclusivo provecho patrimonial , como dádiva, es decir sin beneficio público alguno" 433 • b) RÉGIMEN INTERNO DE LA8 UNIVERSIDADES, - Jurídicam.ente, las universidades nacionales son entidades autárquicas e integran la Administración Pública. Sin embargo, están alcanzadas por el principio de la llamada autonomía universitaria 4 " \ que posee rango constitucional luego de la reforma 132 Jorge Ferrario, corredor de automovilismo, había logrado, junto con otros colegas, introducir al país un automóvil de fabricación extr anjera en el año 1953. P ese a que varios de ellos obtuvieron la documentación necesaria para legalizar dicha inlroducción -autorizada provisoriamente- a Ferrario no le fue otorgada. Por el contrario, el Poder Ejecutivo le promovió juicio de expropiación del vehículo. Iniciada la dt~ruanda, fue Lomada pusesiúu iruuediaLa dt~ aqutH, d cual además fue vendido a otro particular, por petición expresa del ayudante del Presidente de la Nación al Ministro de Comercio (consid 1", 22 y 32 , Fallos, 251:246, en p. 25~). <33 Fallos, 251:246, en. p. 254. El fallo lleva las flrmas de los jueces Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Boffi Boggero y Oyhanarte. 434 Véase, sobre este particular, CASSAGNE, Juan C., Acerca del sentido y alcanr.P. de la antonomla universitaria, ED , t . 124, p. 870. Dice este autor, con razón, invocando numerosos precedentes doctrinarios , que las universidades son, legalmente, enLes autárquicos y que gozan de autonomfa no en el sentido propio del término, sino como equivalente de su capacidad de autodeterminación académica {p. 872). Esta categoría ha sido reconocida Lambién por la Corle, al decir que la Universidad de Buenos Aires es una persona de derecho público dotada

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, b' erto de la injerencia de 19944:1ij. Tal autonorma 1as pone a cu 1 . , 1d d 1 d administrador en dos campos: el cientlfico y e e e pbo. er . terno43G Aun así y con anterioridad a la reforma su go 1erno 1fi · • · · · d 1 t'tucional de 1994, la Corte sostenía el prtnclpw e a ar ~~~~~a universitaria y para ello habí,a elaborad~, una reg a repetida en numerosas ocasiones, segun la cual . las resol~. · qu e d1' ctan las universidades en el orden mterno, cwnes . . · dls· linario administrativo y docente no son, como prlnclplo, sus~:;ptibles 'de revisión judicial". Esta jurisprudencia parecería 43 haber nacido en el caso "Pedro Bergés" 1, en la cual la Cort~ desechó una demanda de nulidad promovida contra la versidad de Buenos Aires por un profesor cuya cátedra habla sido suprimida. . . Esta inmunidad de control judicial les ha perrrutldo a las universidades adoptar decisiones tales como separación y sus-

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de autarquía administrativa y económica financiera ("Morante c!UBA", Fallos , 300:1138 -1978-). La Cámara en lo Contencioso Admi.llistrativo también h a distinguido oportunamente entr e la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales, ~eñ alando que éstas gozan de autonomía respecto de su s asuntos académicos, pero no asi en relación con Jos temas de carácter económico o financiero pa ra los cuales están dotadas de autarquía; cfr. CNCont. Adm. Fed., Sala IV, "UBA c/Jefe de Gabinete", 9/5/00, Causa n• 45.697/99 . 435 Artículo 75, inc. 19, párrafo 3. Esta norma además ha consagrado el principio de la llamada gratuidad de la enseñanza universitaria, el que ha dado motivo a diversos pronunciamientos que cito infra, § 126, d, 2. 4an Cabe recordar que antes d e la reforma constitucion al la Universidad de Buenos Aires intentó despojarse de todo control que en el orden admirustrativo pudiera ejercer sobre ella el Ministerio de Educación. A tal efecto fue dictada una resolución disponiendo que sus decisiones no eran recurribles por vía de alzada, lo que motivó el dictado del decreto 1111/90, por medi o del cual el Poder Ejecutivo restableció la vigencia de tal recurso. La cuestión generó una acción judicial entablada por la UBA, que finalmente fu e zanjada por la Corte Suprema a favor del Poder Ejeculivo, "Universidad de Buenos Aires c/Poder Ejecutivo Nacional'', Fallos , 314:570 (1991). Véase: BLANCHI , Alberto B., El uiejo problema de la autonomta uniue•·sitaria en un fallo de la Corte Suprema con balcones a la polémica (Un "holding" que parece "obiter" y un "obiter" que parece «holding"), en "Rev. de Derecho Administrativo". n9 6, ps. 13l a 140, Depalma, Buenos Aires, l991. Luego de la reforma constitucional fue sancionada la ley 24.521 de Educación Superior (130, 10/8/95), cuyo art. 32 estab lece un recurso judicial directo contra las decis iones definitivas de la UBA. Sobre el particular, puede verse SACRISTÁN, Estela B., Determinación de la legitimación actiua del Ministerio de Cultura y Educación en el marco de la Ley de Enseñanza Superior, LL , t. 1996-D, p. 89. Más adelante, § 126 , d, 2, me ocuparé con más detalle de esta cuestión. 4~ 7 Fallus , 166:264 ( 1932).

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pensión de profesores 438 , negativas a participar en concursos 440 universitarios ~ 39 o impugnaciones formuladas en los mismoS , 441 ingreso de alumnos a una facultad o expulsión de los mismos 442 , designaciones de profesores efectuadas por concurso 443 , rendición de exámenes 444 , cesantías de directores o autoridades de establecimientos educacionales dependientes de las universidades 445 , forma en que se integran los jurados de los concursos 446 , etc., sin que el Poder Judicial se encuentre habilitado para revisarlas, salvo supuestos de arbitrariedad 447 , o bien cuando no se hayan respetado los derechos y garantías constitucionales de los interesados 448 • La razón de esta abstención de control ha sido explicada en alguno de estos precedentes, generalmente muy parcos, diciéndose que "ni la designación de los profesores universitarios, ni el régimen de selección de los mismos, aun comprensivo de la exclusión de los impugnados por razón de episodios que afecten la jerarquía y dignidad universitarias, constituyen cuestiones reservadas a los jueces en el orden regular de sus instituciones. Se trata de juicios sobre condiciones a apreciar por los poderes a quienes tales designaciones incumben, sin otra consecuencia que la prescindencia del candidato en cuestión para el nombramiento a efectuar" 449 • Un caso digno de mención anterior a la reforma constitucional de 1994 es "Orias c/Universidad Nacional de Río Cuarto" •M, donde el actor había logrado en sede de un tribunal federal inferior la anulación de dos resoluciones que interrumpían el trámite de un concurso y la continuación del mismo . La Corte mantuvo la nulidad de las resoluciones universitarias, 438 "Santiago Godoy", Fallos , 172:396 (1935); "Ramón de la Fuente", Fallos, 177 :169 (1937) ; "Ángel PelufTo", Fallos, 238:183 (1957); "Raúl Martínez Moreno", Fallos , 252:241 (1962). 439 "Sa lva dor Dana Montaño", Fallos, 235:337 (1956). 440 "Germ á n Fernandez Guizzetti", Fallos, 244:380 (1959). H I "Pedro Liporace", Fallos, 299 :185 (1977). 442 "Francisco Livi eri", Fallos , 247 :674 (1960). 44 3 "Domingo Sabaté", Fallos, 283 :189 (1972). 444 "Catalina Ana Romano", Fallos, 301:236 (1979). 44 5 "Rodolfo Barraco Aguirre", Fallos , 302:1503 (1980). 446 "Wenceslao Tejerina", Fallos, 307 :2106 (1985). w "Ra úl Martínez Moreno", Fallos , 252:241 (1962). 44 8 "Juan Carlos Buonocore", Fallos, 288:44 (1974); "Miguel Ferrer Deheza", Fallos , 295:726 (1976). 449 "S,lvador Duna Montaño", Fallos, 239:13 (1957). 460 Fallu~. 317:40 (1994).

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. anto ordenaba la continuación pero revocó la sentencla l enr:~rma constitucional de 1994, la del concurso. Lue_go de a ·t 1. n "Menvielle Sánchez rfUni~~;!~d~~ rde:~t~~~~,~~~ ;:~: ~ee pretendía la nulidad de un concurso docente 452 • • • Evidentemente, no nos encontramos aquí con dec1s10nes de naturaleza discrecional, como son las que, e~ general, _han sido examinadas anteriormente. Por el contrariO, las umversidades en esta materia toman decisiones ajustadas ~ reglas de orden académico. Lo que impide el ejerci_cio ampho de la revisión judicial en estos supuestos es, precisamente, la naturaleza técnico-científica de la cuestión. Por ello es que lo único que un tribunal judicial puede revisar es la cuestión jurídica del problema, que se presenta normalmente cuando la decisión es arbitraria y como tal ha violado alguna de las garantías constitucionales del interesado; por ejemplo, su derecho de defensa. e) RÉGIMEN DE LA FUNCIÓN PúBLICA. - El empleado público goza de estabilidad, según el artículo 14 bis, de donde se deduce que no podría perder su empleo sin una justa causa debidamente comprobada. La Corte, sin embargo, ha interpretado que dicha estabilidad no es absoluta, sino relativa 4 ~ 3 • Ello habilita a la Administración para tomar decisiones de alcance general -que trasunten una determinada política administrativa- cuyo efecto sea la pérdida del empleo de los agentes alcanzados por aquéllas. Así, puede decidirse la supresión de un órgano o ente, su fusión con otro, la privatización de una empresa estatal, etc. Todas estas medidas -que están previstas genéricamente en el régimen legal de la función pública 454 conllevan por lo general una racionalización del personal, y ••• Fallos, 315:724 (1992). 452 Luego de la reforma de 1994 que dio rango constitucional a la autonomía académica y científica de las universidades, se produjo un interesante debate, que alcanzó los estrados judiciales, sobre los alcances de aquélla entre el gobierno del presidente Menem y las universidades nacionales. Los casos que surgieron de esta disputa están mencionados infra, § 126, d, 2. 453 "Aurelio Brasesco", Fallos, 266:159, 161:62 (1966). Puede ampliarse en MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de derecho administratiuu , 4 • ed., Abt!ledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, t . lll-B, §§ 982-987, ps. 290 a 302. 454 Ley 25.164 (BO, 8/10/99), arts . 11 , 12 y 13.

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en la medida en que proceden de una determinada política, no son judicialmente revisables c~mo ~ales. De tal sue:te, la Corte tiene dicho en jurisprudencia re1ter~da que lo at~nente a la política administrativa y a la ponderación ~e. las apt1~udes personales de los agentes no es matena JUStlc~able. Cl~r~a­ mente como en toda cuestión no justiciable, ello t1ene un hmite dado ~or la arbitrariedad en el proceder adm~nistr~tivo . De modo que la abstención judicial cesa ante la ex1stenc1a de una medida disciplinaria encubierta, una grave descalificación del agente o el desvío de poder. Como digo , la Corte ha elaborado un vasto cuerpo de jurisprudencia sobre el particular; no obstante , es necesario advertir que la mayoría de estos fallos se han originado en medidas de racionalización del personal administrativo adoptadas durante gobiernos de facto , que hicieron extenso uso de la llamada " prescindibilidad" ~5 • También en materia de ascensos del personal militar o policial, la Corte ha establecido que no son revisables judicialmente la¡s decisiones de las juntas de calificaciones. Una antigua jurisprudencia sostenía que las decisiones de los Tribunales de Honor militares eran insusceptibles de recurso extraordinario, pues ello obligaba a la Corte a interpretar leyes y reglamentos militares, invadiendo la compet encia constitucional del Presidente como Comandante en J efe de las Fuerzas Armadas (art. 99 , inc. 12, ex 86 , inc. 15). Así fue establecido en "Francisco Fasola Castaño" 456 , doctrina luego r eiterada en "Ubaldo Estrada" 457 • Esta jurisprudencia luego ha sido invocada en tiempos más recientes, para determinar la irrevisabilidad en sede judicial de lo decidido en materia de promociones y ascensos por los órganos militares "por est ar (estas decisiones) 4

4M La jw ·is prudencia indicada aparece por ejemplo en: "González c/Nación Argentina", Fallos, 299:93 (1977); "Dachary c/Nación Argentina", 300:509 (197R); "O rife c/U ni versidad Nacional de La Plata", 30 1:215 (1979); "Leloutre c/Nación Argentin a'' , J 01 :484 (197 9 ); "Eisenschlas c/ENTel", 301:807 (1979); "Beatriz A. ~ucli ", Fallos, 301 :524 (197 9 ); "Fernández c/Empresa Ferrocarriles Argen tinos", /
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reservadas a otras autoridades en ejercicio de atribuciones privativas"458, jurisprudencia que se ha repetido luego de la reinstalación de las autoridades democráticas en 1983 159, aun cuando el control debe ejercerse ante casos de manifiesta o grosera irrazonabilidad 460 • d) HUELGA. - La Corte también ha detraído su conocimiento cuando se trata de revisar la calificación de la huelga efectuada por las autoridades administrativas competentes. La doctrina remonta al caso "David Hogg & Cía. S.A." 46 \ suscitado como consecuencia de un conflicto laboral en el City Hotel, en el cual se sostuvo que "es manifiesto que las cuestiones referentes a la solución de un conflicto colectivo de trabajo, adoptadas por la autoridad administrativa, no constituyen cuestiones judiciales. No ha sido ni es función propia de los jueces ordinarios la solución de tal tipo de problemas" 462 • Este criterio fue reiterado en varios casos posteriores. Así, en "Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas c/Corces y Cía." 463 , reiterando lo expresado en causas anteriores 464 , se dijo que no incumbe a los jueces, en el ejercicio regular de sus atribuciones, conocer en materia de huelgas para encauzar el curso de su desarrollo. Las medidas que en tales supuestos y en el campo de la regulación del orden laboral pueda tomar la Administración no son susceptibles de apelación directa ante la Corte, sin perjuicio de lo que pueda ser objeto de pronunciamiento 458 "León Lifchif', Fallos, 250:393 (196ll; "Agustín Cattaneo", Fallos, 261:12 (1965); "Lestanguet c/Nación Argentina", Fallos, 302 :1584 (1980). 409 "Gabetta c/Nación Argentina", Fallos , 312:156 (1989). Véase BIA NCH I , Alberto B., El control judicial sobre la llamada zona interna de la Administración, LL, t. 1989-C, p. 481. 4 60 Así lo puntualiza en "Gabetta" el dictamen de In Procuración General (Fallos, 312:169). 461 Fallos , 242:353 (1958). 4 62 Sin embargo, la Corte hizo una salvedad a puntando que, por vía de una decisión administrativa, no se puede reabrir una ca usa fenecida con autoridad de cosa juzgada , ni tampoco sustituir al juez de la causa por el árbitro del conflicto colectivo, pues con ello se detraen de la administración de justicia casos judiciales concretos y propios de ella (Fallos , 242:363). 463 Fallos, 251:526 (1961). 4 6 4 "F d .. Ob reros y E mpleados Vitivinícolas y Afines c/Bodegas y Viñe. e ~racron 1~;6~).zu S.A. , Fallos, 250:544 (1961}; "Beneduce c/Casa Auguste", Fallos, 251 :472

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en juicio contencioso adecuado posterior. De todos modos esta abstención no ha sido absoluta, ya que luego, en "Rodríguez de Bouza c/Cía. de Seguros La Comercial e Industrial de Avellaneda" 465, se afirmó que "serias razones de seguridad jurídica, obligan a limitar la revisión judicial de la declaración administrativa a los supuestos en que su falta de fundamentos o su arbitrariedad sea manifiesta porque es inexcusable que la gestión que incumbe a la administración, irrevisable en lo concerniente al encauzamiento de los conflictos colectivos, tenga un mínimo de eficacia permanente" 466 • Sintetizando la jurisprudencia arriba citada, la Corte se ha abstenido de revisar una determinación administrativa sobre la huelga en aquellos casos en que se le requería una decisión colectiva, a efectos de encauzar el curso del desarrollo del conflicto. Sin embargo, este principio reconoce algunas excepciones: a) cuando la decisión administrativa sustraiga de los jueces naturales de la causa un conflicto individual, b) cuando la decisión administrativa se produzca sin fundamento alguno y con manifiesta arbitrariedad, y e) cuando se suscite lisa y llanamente un conflicto laboral individual susceptible de ser resuelto por las vías judiciales ordinarias 46 7 . e) FIJACIÓN DE TARIFAS. - Se ha establecido también que la fijación o aprobación de una tarifa por la prestación de un serv1c10 público no es materia revisable por los jueces. Así lo ha. dicho la Corte en "Entre Ríos c/Secretaría de Energía" 4 6S, deJando a salvo que puede revisarse el procedimiento seguido Y las bases normativas que deben ser tenidas en cuenta 469. 46

~ Fallos, 255:29 (1963).

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En igu a l scnt1'd "B d c/C d F . o: c?-e uce asa Aug us te", Fallos , 251:472, 485 (1961) · e ernandez c/Carrucerfas Estancias Galli S.R.L.", Fallos, 25 4 : , 51 5 467 Véase: "Asociación de y · · t d e . Fallos, 257:1."l6 (19 63 ¡, !ajan es e omercw c/Brornberg y Cía. S.A.", ::: Fallos , 323:1825, 1837 (2000). En este caso se trataba de u Rfos Y e l Ente l'rovincinl Regula~ ;~paro Epromovido por la provincia d e a ccrctada de Encrgf d 1 o e a nergía contr a 1 6 reconociera a las em a e a Nación y cualquier cü . . a re~ . l/92 de Me rcad o Eléctrico M~resas de los Paises interconectad~POsJc~n concordante que ta l reconocimiento s~ Yhr bta. Las actoras sostenían s car cter de agentes del • a fa Producido un aumento e~ur co~o consecuencia d e a tanfa de en e r,;ña . "Aro

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en juicio contencioso adecuado posterior. De todos modos esta abstención no ha sido absoluta, ya que luego, en "Rodríguez de llouza c/Cía. de Seguros La Comercial e Industrial de Avellaneda" •~\ se afirmó que "serias razones de seguridad jurídica, obligan a limitar la revisión judicial de la declaración administrativa a los supuestos en que su falta de fundamentos o su arbitrariedad sea manifiesta porque es inexcusable que la gestión que incumbe a la administración, irrevisable en lo concerniente al encauzamiento de los conflictos colectivos, tenga un mínimo de eficacia permanente" 466 . Sintetizando la jurisprudencia arriba citada, la Corte se ha abstenido de revisar una determinación administrativa sobre la huelga en aquellos casos en que se le requería una decisión colectiva, a efectos de encauzar el curso del desarrollo del conflicto. Sin embargo, este principio reconoce algunas excepciones: a) cuando la decisión administ.rat.iva sust.raiga de los jueces naturales de la causa un conflicto individual, b) cuando la decisión administrativa se produzca sin fundamento alguno y con manifiesta arbitrariedad, y e) cuando se suscite lisa y llanamente un conflicto laboral individual susceptible de ser resuelto por las vías judiciales ordinarias 46 7 • e) FIJACIÓN DE TARIFAS. - Se ha establecido también que la fijación o aprobación de una tarifa por la prestación de un servicio público no es materia revisable por los jueces. Así lo ha dicho la Corte en "Entre Ríos c/Secretaría de Energía" 468 , dejando a salvo que puede revisarse el procedimiento seguido y las bases normativas que deben ser tenidas en cuenta 469 , Fullus, 255:29 (1963). En igual sentido: "Beneduce c/Casa Auguste", Fallos . 251 ;472, 485 (1961); "Amoza de Fernández c/Carnicerías Estancias Galli S.R.L.", Fallos , 254:51, 55 (1962). 467 Véase; "Asociación de Viajantes de Comercio c/Bromberg y Cía. S.A.", Fallos , 257:136 (1963). 468 Fallos, 323 :1825, 1837 (2000). 46 U En este caso se trataba de un amparo promovido por la provincia de Entre Ríos y el Ente Provincial Regulador de la Energía contra la res . 61/92 de la Secretaría de Energía de la Nación y <:ualquier disposición concordante que reconociera a las empresas de los paises interconectados carácter de agentes del Mercado Eléctrico Mayorista. Las actoras sostenían que, como consecuencia de tul reconocimiento, se había producido un aumento en la t.arífa de energía. 46&

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'IVOS _ Tampoco son de f) CONFLICTOS INTERADMINISTRA'I ' . . incumbencia del Poder Judicial los lla_m ados conflictos mteradministrativos, esto es, los que se susc1tan entre dos P~.~~onas públicas. Así lo dispone en primer ~ugar la ley 19.983 , qu~ atribuye competencia en esta matena -:-cuando se trata de re clamaciones pecuniarias- a la Procuración del Tesoro de la N:ción 0 al Poder Ejecutivo, según el monto de que se trate (art. 1-) y ello está confirmado por la jurisprudencia de la Cámara _en lo Contencioso Administrativo Federal, al rechazar una acción d e la Universidad de Buenos Aires contra la J efatura de Gabinete 471 . También lo ha sostenido el mismo Tribunal con relación a un conflicto de competencia suscitado entre la Administración General de Puertos y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires •"' .

§ 109. Decisiones administrativas

de los tribunales Un punto controvertido es la justiciabilidad de la actividad administrativa de los tribunales. Bien es sabido que ésta puede traducirse en resoluciones de carácter general (acordadas) que son verdaderos reglamentos administrativos, a través de los cuales la Corte ha llegado a ejercer incluso control de constitucionalidad '"', o en actos de carácter individual. Sobre el particular existe, en primer lugar, una corriente jurisprudencia} de la Corte según la cual las resoluciones de los tribunales nacionales o provinciales respecto de sus agentes no constituyen materia justiciable a los efectos del recurso extraordinario 414 • Dentro de este mismo espíritu se ha decidido que es inadmisible la acción de amparo promovida ante un tribunal federal de 470

BO, 5/ 12/7 2. CNCont. A d.rn F d S 1 N " . 9/5/00, LL , t. 200 1-B, ~- 4;3~· a a ' UBA c/J efe de Gabmetc de Ministros", m CNCont Adm F d S ¡ . A 368 V . . . e ., a a I, "Telemetnx S.A. c/AGP" 30/5/00 LL t 2001, p. · er especialmente el consid N ' ' ' · 473 Véase supr a, § 31. · · 4 74 Así lo estableció la Corte · . . ten egro c!Tucumá n" F ll 299· en vanos pronuoc¡am¡entos tales como "Mon· (1980): "Ca rlos S G affios, " F.l 3l8 (1977); "Abraham Casbal'i cn", Fallos 302:856 · ra gna , a los, 303: 1673 (1981). ' 4 71

Los

ACTOS NO JUSTICIABLES

247

rimera instancia por funcionarios de la Corte Suprema soNo obstante ello, la C_orte luego morigeró este criterio, señalando que la regla de la Irrevisabj lidad no puede tener carácter absoluto cuando se encuentra controvertido de modo manifiesto el derecho de defensa en juicio del afectado por la medida 476 . La ?ámara en ~o. Contencioso Administrativo, por su lado, tamb1en ha admitido_ la revisión judicial 417 • La doctrina nacional se ha ocupa~o reiteradamente de la cuestión 478 , y por mi parte he adhendo a la tesis de la justiciabilidad 419 .

~etidos a sumario administrativo•7ó.

§ 110.

Decisiones internas de la Iglesia Católica

Por último, también ha resuelto la Corte que no son justiciables las decisiones internas adoptadas por la Iglesia Católica. Bien es sabido que la Iglesia Católica posee en nuestro ordenamiento una posición jurídica singular. Ello se manifiesta a través de su enclave constitucional ante el Estado nacional 4ij 0 , y 475 "Carlos Eduardo Guardia", Fallos, 307 :1779 (1985). Una crónica de este caso difícil relatada por una de sus protagoni stas puede verse en CoRBACHO DE ABELSON , Susana, La Corte Suprema de Justicia , Docencia, Buenos Aires, 1994. 476 "Rodríguez Varela c/Corte Suprema de Justicia de la Nación", Fallos , 315 :2990, 2994 (1992). En el caso se trataba de un secretario letrado de la Corte dejado cesante sin sumario previo. 4 7 7 CNCont. Adm. Fed. , Sala III, "Nicali c/Corte Suprema de Justicia de la Nación", 1117/00, causa n 9 11.654100; Sala IV, "Siracusa c/Corte Suprema de Justici a de la Nación", 3115/00, Causa n 9 26.561198. 478 GREC<":o, Carlos M., Impugnación judicial contra actos administrativos del Poder Judicial, LL , l. 1984-D, p. 141; H UTCHINSON, Tomás, La función administrativa del Poder Judicial y su revisión jurisdiccional , ED, t. 84, p . 483. 47 ~ BIANC: H!, Alberto B ., Justiciabilidad de las acordadas de la Corte Suprema de Justicia, ED , t . 119 , p . 181. 480 Si bien la reforma constitucional de 1994 eliminó el requisito de pertenecer a la comunión católica apostólica y romana para ser Presidente o Vicepresidente de _la Nación, que establecía el antiguo art. 76 (actualme nte 89), y elnrunólas antiguas di sposiciones constitucionles sobre el Patronato, para adaptar el t~xt_o a lo que su_rge del Con~ordato de 1966 con la Santa Sede, la Igles ia Catolica posee todav¡a un tratallllento diferenciado r especto de las otras iglesias Y religiOnes ante la Constitución Nacional, lo que se advi erte en Jos arts 2~ y 75, me. 22. · •

CoNTROL

248

DE

coNS'l'ITUCIONALIDAD

. , l le 'slación civil en la medida en que se re~eJ.a ademas en a tatgJ.al de carácter público expresamente es la un1ca persona no es reconocida como tal (art. 33, Cód. Civil). ~llo le asegura,. por ejemplo, una especial protección de sus blenes ante medldas 481 de ejecución patrimonial • • • , . d ¿Qué ocurre entonces cuando una_ dec1s1on mtern~ , e 1a Iglesia Católica es judicialmente cuest10nada? La cuest10n !~~ analizada en "Rybar c/García y O?isJ rel="nofollow">a~o d_e Mar del ~lata , , donde un sacerdote sancionado d1sc1plinar1amente baJO el ?odigo de Derecho Canónico impugnó judicialmente la s~nctón impuesta. La Corte, por mayoría 483 , sostuvo que no co?sti~uyen cuestión justiciable que habilite el recurso extraordmano las sanciones impuestas por la Iglesia Católica en el ámbito de su competencia. § 111. En busca de una teoría

Has ta ahora me he limitado a describir, siguiendo algún orden explicativo, los diferentes casos o grupos de casos en los cuales aparece la abstención a revisar judicialmente alguna decisión tomada por el Congreso o el Presidente. Me pregunto entonces si es posible , a partir de estos antecedentes jurisprudenciales , extraer de ellos una teoría, o por lo menos una clasificación, que permita el estudio discretamente metodológico de la cuestión. La tarea no es fácil , pues hasta ahora sólo se ha logrado consenso doctrinario para reconocer que la cuestión es confusa. Comenzaré entonces exponiendo los diferentes criterios y clasificaciones que se han esbozado hasta el momento, y fmalmente intentaré efectuar mi aporte personal. 48

~ En "Lastr a d Obispado de Venado Tuerto", Fallos, 314: 1324 (1991), la

~orte dispuso que la sede de un obispado es inembargable, imprescriptible e ina-

lie nable Y que "toda interferencia jurisdiccional sobre su disponibilida d sólo puede decretarse o reconocerse en la República de conforrrudad con el ordena miento canónico en virtud de sus disposiciones aplicables a las que reenvía el derecho argentino" (p. 1326). 482 Fallos, 315:1294 (1992) . 483 . Votaron ~n forma separada, pero concordante , los j ueces Na zareno , BeUu cJo Y Pctracclu por u n lado y Barra y Boggiano por el otro. Los rest a ntes Jueces (Levene, Moli né O'Connor y Fayt) votaron por el rechazo discreciona l del recurso, con fundamento en el art. 280 del Código P roce~a l.

Los ACTos No

249

JUSTICIABLES

§ 112. Las seis categorías del juez Brennan

y su influencia en la doctrina

norteamericana Comenzaré por las seis categorías de cuestiones políticas descriptas por el juez Brennan en su voto en "Baker v. Carr" 484 , ya que constituye uno de los hitos más importantes en la jurisprudencia norteamericana 485 • Según expresaba Brennan, en la superficie de cualquier caso donde se sostenga que existe una cuestión política se hallan, visiblemente 486 : 1) una asignación constitucional del asunto -textualmente acreditable- a un departamento político coordinado m, o 2) una ausencia de estándares judicialmente verificables y manejables para resolverlo468, o 3) la imposibilidad de decidirlo sin la determinación inicial de una política de naturaleza claramente discrecional y no judicial 489 , o 4) la imposibilidad de que un tribunal resuelva en forma independiente, sin incurrir en una falta de respeto hacia las ramas coordinadas del gobierno 490 , o 5) una necesidad inusual de adherir sin reservas a una decisión política ya tomada 49\ o 6) una eventual confusión frente a múltiples pronunciamientos de los diversos departamentos sobre una misma cuestión ~. 49

369 u.s. 217. La Corte Suprema las repitió treinta anos después de "Baker" en "Nixon v. United S tates", 506 U.S. 224 ( 1993), y Laurence TRIBE señala que continúan siendo el estándar que gobierna esta cuestión (American Constitutional Law, cit., p. :36n). <86 "Prominent on the su rface of any case held to in vol ve a political question is found". 487 "A tcxtually demonstrable constitutional commitment of the issue to a coordinate polibcal department". 4H8 "A lack of jud.icially discoverable and manageable standards for resol484

485

~W .

.

.

"The impossibility of decid.ing without an inítíal policy determmabon of a kind clcarly for non judicial discretion". . 490 "Or the ímpossibility of a court's undertaking independent resolut10n without expressing lack of the respect due coordinate branches of governme~t". 491 "An unusual need for unquestioníng adherence to a pohttcal dects1on already made". . . 492 "The potcntiality of embarrassment from multifanous pronouncements by vat;ous departments on one question". 489

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

250

Los tres criterios sobre el papel del Poder Judicial ante los poderes políticos. Relación con las seis categorías anteriores

§ 113.

Según señala Laurence TRrnE•s-J, pueden identificarse tres teorías -o criterios- sobre el rol de los tribunales en relación con los poderes polfticos. Ellos son: el criterio clásico, el prudencial y el funcional. a) CRITERIO CLÁSICO. - El primero de ellos aparece directamente en "Marbury v. Madison", donde dice "De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, el Presidente está investido de ciertos e importantes poderes, en cuyo ejercicio debe usar su propia discreción y es responsable sólo ante su país en su carácter político y ante su propia conciencia . Para auxiliado en el ejercicio de estas atribuciones está autorizado a designar ciertos funcionarios, que actúan según su autoridad y de conformidad con sus órdenes. En estos casos, los actos de estos funcionarios son los del Presidente y cualquiera sea la opinión que se tenga sobre la forma en que la discrecionalidad sea ejercida, ella existe y puede existir, si.n poder que la controle. Los sujetos son políticos. Ellos respetan la Nación, no los derechos individuales y teniendo la confianza del Ejecutivo, la decisión de éste es final (. .. ) Los actos de tal funcionario nunca pueden ser examinados por un tribunal (. .. ) La conclusión de este razonamiento es que donde las cabezas de los departamentos ejecutivos (ministerios] son los agentes de confianza del presidente para ejecutar sus órdenes o mejor dicho para actuar en aquellos casos en que el Presidente tiene facultades discrecionales dadas por la Constitución o por la ley, nada puede ser más perfectamente claro que sus actos son examinables sólo políticamente" 494 • 4R~

American Constitutiunal Law , ob. cit., p. 366.

"By the Constitution of the United Sta tes , the Pre~idenL is invested with certaitl important political powcrs, in the exercisc of which he is to use his own discretion, and is accountable only to his country in his political charactcr ond 494

Los

ACTOS NO JUSTIClA.BLES

251

El fundamento de las cuestiones políticas según este primer criterio, que también aparece en "Baker v. Carr" 49 \ es senci llamente la separación de poderes, y la necesidad de evitar que

el Poder Judicial se ocupe de asuntos que no son de su coro-

LO::i A\..il'U:> NU

oJU<:).llV&.rU>.LJL~

El fundamento de las cuestiones políticas según este primer 495 criterio, que también aparece en "Baker v. Carr" , e_s sencillamente la separación de poderes, y la necesidad de eVItar que el Poder Judicial se ocupe de asuntos que no son de su competencia 496. La autorrestricción judicial tiene como finalidad preservar la integridad de la competencia de los poderes políticos. Este es el criterio que aparece en los fallos fundadores de las cuestiones políticas en la Corte Suprema argentina 4 ~ 7 , al menos en lo literal de los fundamentos dados 498 ; ha estado presente en algunos de nuestros autores 499 y también ha recibido to his own conscience. To aid him in the performance of these duties, he is authori zed to appoint certain officers, who act by his authority and in conformity with his ordcrs. In such cases, lheir acts are his acts; and whatever opinion may be enLe rLained of the manner in which executive discretion may be used, still there exists , and can exist, no power to control that discretion. The sub.iects are política!. 'l'hey respect the nation , not individual rights , and, being entrusted to thc Executive, the dedsion of the Executive is conclusive (. .. ) The acts of such an officer, as an officer, can never be examinable by the Courts (. .. ) The conclusion fi·om this reasoning is that, where the heads of departments are the political or conftdential agents of the Executive, merely to execute the will of the President, or rather to act in cases in which the Executive possesses a constituti onal or legal discretion, nothing can be more perfectly clear than that their acts are only politically examinable" (5 U .S. en ps. 165:166). 195 Según expresa el voto del juez Brennan: "La no judiciabilidad de una cuesüón política e~ primariamente una función de la ~epa r·ación de poderes" (369 U.S . 186, 210 - 1962-). 496 Este criter·io está representado en la primera de las categorías enunciadas en "Baker v. Uarr" por el juez Brennan: una asignación constitucional del asunt.o - textualmente acreditable- a un departamento político coordinado (conf. TRIRE, Laurence, American Constitutional Law, cit. p. 366, nº 6). 497 Decía la Corte en "Cullen c/Llerena": "Es una regla elemental de nuestro derecho público, que cada uno de los altos poderes que forman el gobierno de la Nación, aplica e interpreta la Constitución por sí mismo cuando ejercita facultades que ella les confiere respectivamente" (Fallos, 53:420, 434 -1883-). Asimi smo, en "Orfila" señaló: "Esta Corte como lo ha declarado en fallos anteriores , no se encuentra pues autorizada para examinar los hechos que han conducido a la decisión contenida en la ley, porque saldría de la órbita que le está delimitada por la Carta Fundamental e invadiría el campo propio de los otros poderes del Estado", Fallos , 154:192, 200 (1929). 498 Aun cuando creo que , como bien lo señalan los autores que ciLo más abajo en las notas siguientes, las intenciones no expresadas han sido muy otras, respondiendo generalmente a un criterio de autopreservación frente al eventual y real avance de los poderes políticos. 499 LrNAJlES QuLNTANA sostiene que la doctrina de las cuestiones politicas es una consecuencia lógica de la aplicación del principio de la división de los poderes (Tratado ... , 2~ ed. , cit. , t . TTI, § 2257 , p . 433). César Enrique ROMERO opinaba asimismo que los problemas de tipo político son ajenos al poder judicial; ellos

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

252

críticas 5oo. Se trata de facultades que proceden de la raíz c~ns­ titucional de los poderes políticos 501 • En los Estados 03 Umdos lo expusieron en su momento WESTON 502 y WECHSLER¡; , pero los constitucionalistas más modernos lo critican . De acuerdo con CHEMERINSKY 504 , nos encontramos aquí con una definición muy estrecha de lo que es una cuestión política, en contraste con otras definiciones actuales, aun cuando las mismas siguen invocando "Marbury v. Madison" y supone un análisis meramente lineal de la Constitución y de las competencias que ella reparte. De tal suerte, hay cuestiones que caen dentro de la jurisdicción de los tribunales y hay otras que están fuera de ella. Se trata de un criterio de interpretación absolutamente objetivo. También ha recibido la crítica de Louis HENKlN, para quien no existen porciones de la Constitución respecto de las cuales los jueces deben ser ciegos 505 • b) CRITERIO PRUDENCIAL. - El segundo criterio, mencionado por Alcxander BICKEL cuando se refiere a lo que él llama las "virtudes pasivas" de la Corte 506 , parte de la idea de que los jueces poseen facultades para autoinhibirse de declarar la inconstitucionalidad de una ley, cuando ello pudiera comprometer su propia independencia. Estamos, evidentemente ante un criterio casi inverso al anterior, donde el análisis ~o es objeti~o , sino que responde en todo caso a la prudencia en el maneJo de los poderes jurisdiccionales. La Corte, aun sabiendo que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, se pertenecen a las ramas legis~tiv~ y ejecutiva dentro del sistema ar·gentino norte~encan? <J?erecho con.st•tuc¡onal , cit., t. I, p. 334). y BIDAR r CAMros, Germán J., El derecho constitucional del poder Ediar B uenos A1res, 19 67, t. Il, p . 388. ' ' d 1 501 d M~ pa:ece que ~on ejemplos típicos de este primer criterio la declaración s~p::.~§o ~ :.~~o , g la mtervención federa l a una provincia. Véa se estos casos

90

14

~ 02 W &.<>TON, Melville F., Political Questians "Harvard Law Rcvi " 1 3a p. 296 ( 1925). • · ew , vo . o, 503 W EC I!SLE R Herbert 11 d N . . "Harvanl Law Rcv'· e " · ¡ • owar eutra 1 Pnnctples of Constitutional Law 1 ": • .vo · 73 , p. 1, esp. p. 7 (1959) . ().4 ' 5 Mfi Federal Junsdtctwn, oh. cit., p. 143. nal", vol. ~~~~S9~o~~~7~~. There a Political Question Doctrine?, "Yale Law Jour-

606

The Least Dangerous Branch , ob. cit., ps. 127 y •iguientes.

Los ACTos

NO JUSTICIABLES

253

autoinhibe para evitar el choque con los poderes políticos ó07 • No se trata ya de evitar una invasión de las competencias del Congreso o del Presidente, sino que la Corte, con la mira puesta en su autoprotección, se abstiene de ingresar en un terreno que es propio M~ . La doctrina no se ha mostrado favorable a este criterio. En opinión de Gerald GUNTHER, le ha permitido a la Corte ser 100 % principista en un 20 % de las ocasiones ' 00 . En la Argentina, BIDAHT CAMPOS y VANOSSI también encuentran en la prudencia de los tribunales una fuente de abstención criticable 510 . e) CRITERIO FUNCIONAL. - En tercer lugar, aparece, como crítica a los dos anteriores, el criterio funcional , expu esto por Fritz W. 8 CHARPF 511 • Se basa en que las cuestiones políticas nacen como consecuencia de que el Poder Judicial no puede, dentro de los límites de un "caso judici al", resolver algunos planteos que exceden esos límites 512 • La limitación de los tri507 Véase BrRK EY , Scott, Gordon v. Texas and the Prudential Approach to Political Questions, "California Law Review", vol. 87, p. 1265 (1999).

5 08 Este criterio está prese nte en las tres últimas categorías seña la das por el juez Brennan en "Baker v. Carr": la imposibilidad de que un tribunal resue lva en forma indep endi ente, sin incurrir en una falta de respeto hacia las ramas coordinadas del gobierno; una necesidad inusual de adherir sin reservas a una decisión política ya tomada, y una eventual con f\l sión fr ente a múltiples pronunciamientos de los di versos departamentos sobre una misma cuestión (conf. TH!Bt::, Laurence, American Constitutional Law , cit., p. 366, n• 6). 50~ GUNTHER, Gerald, The Subtle Vices of the "Passive Virtues ". A Comment on Principie and Expediency in Ju dicial Review, "Columbia Law Review", vol. 64, p. 1 (1964). r. 1o Segú n el primero, "a nuestro juicio (. . . ) las cuestiones políticas han nacido como consecuencia de una actitud de abstención por parte de la judicatura; Jos tribunales no han querido entrar a conocer de determinadas casos, en Jos cuale" un pronunciamiento adverso al gobierno podía "er incuuveniente o fata l" (Derecho constitucional , ed. 1966, t . 1, p. 800). V ANOSS!, por su lado, con cita de Gordon Post, sostien e que bajo el rótulo de las cuestiones políticas no justiciables se encubre una categoría práctica y oportunista de actos que varía en su contenido segú n el momento y la s drcunstancias del quehacer estatal (Teor(a constitucional, cit., t. 11, p. 168). fill S c HARP~· . Fritz W., Judicial Reuiew and the Political Question , ''Yale Law Journal", vol. 75 , p. 566 (1966). 512 Este criterio corresponde a las categorías 2 y 3 enun ciadas por el juez Hrenna n en "Baker v. Carr": una ausencia de estándares judicialmente verificables y manejables para resolverlo, y la imposibilidad de decidirlo sin la determinación inicial de una política de naturaleza claramente discrecional y no judicial ('I'RIDE, Laurcncc, American Constitu.tional Law , p. 366 , n 2 6).

CoNTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

254

cional· no son aptos por natur~eza bunales es entonces, f~ t d~cisiones o planteos. Segun el para el control sobre cler .as t ueden darse por diversos autor citado , estos imp~~~a~\idicial de obtener el acceso moLivos , entre ellos la lcu J 'dad de uniformidad en la . " . , relevante a necesl , . a lmonnaclOn ' abilidad de los poderes pohtlcos decisión o la mayor respons . · o1a cuando determinan si deciden o no cierto asunto . ~ 114. El llamado "acto de gobierno"

en el derecho continental europeo. Su recepción en la doctrina administrativista argentina Si bien la doctrina de las cuestiones políticas es típicamente norteamericana, no ha de creerse que solamente en los Estados Unidos existen actos excluidos del control judicial. En Europa continental el caso ha sido parecido. Como ocurre en muchas otros institutos jurídicos, a un lado y otro del Atlántico se observan realidades equivalentes que han merecido sistematizaciones diferentes, pero cuyas diferencias suelen ser más terminológicas que sustanciales. Lo que en los Estados Unidos ha recibido el nombre de political questions , en Francia fue llamado "acto de gobierno" (acte de gouuernement) , noción que luego fue adoptada en España e Italia y recibida -como veremos- por la doctrina administrativista argentina. Así, puede observarse que en este punto en nuestro país conviven dos doctrinas diferentes, ordenadas a un mismo fin. a) EL "ACTE DE GOUVERNEMENT" EN F'RANCIA 5 14 • - Si lo consideramos desde un punto de vista cronológico, el Consejo de Estado francés 5 15 comenzó a trabajar la noción del acto de 5 13

Artículo citado. p. 582.

~ 1 4 Los casos resueltos por el Consejo de Estado (CE) fueron consultados en Les grands arréts de la jurisprudence administratiue, 11~ ed., preparada por M. Lon~ •. P. Wcil, G. Briab,ant, P. Delvolvé y B. Genevois, Dalloz, Paris, 1996.

Las. deCJstooes del ?onsejo .co~stitucional (CC) fu eron consultadas en Les grandes dé~1~wns du Conse1l Constitutwnnel, ~ ed., preparada por Louis Favorcau y Loic

Philtp, Dalloz, Paris, 1997. 615 Una noción de las funciones del Consejo de Estado francés puede verse en VINCI::NT, J ean; GUINCHARD, Serge; MoNTAGNIEll, Gabriel, y VARINAilD, An-

Los

ACTOS NO JUSTICIABLES

255

gobierno casi en paralelo con la elaboración de la doctrina de las cuestiones políticas por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos 516 . La primera ocasión tuvo lugar con el célebre caso "Lafitte" ~ '\ resuelto por dicho Tribunal luego de la restauración borbónica, donde aparece la doctrina del "móvil político" 518. Años después , esta doctrina fue invocada nuevamente durante el Segundo Imperio en el caso "Duc d'Aumale", resuelto en 1867 519 . Ya bajo la Tercera República 520 , y habiéndose producido una importante modificación en la jurisdicción del Consejo de Estado 52 ', la doctrina del móvil político fue limitada d.l'é, La justice et ses institu.tions (préci$), 4~ ed., Dalloz, Paris, 1996, p. 421 y siguientes. ót6 El desarrollo histórico de la noción del acto de gobierno puede verse en DEnBASCH , Charles, Y R!C!'t, Jean Claude, Contentieu:r Admini~tratif (précis), 7" ed., Dalloz, Paris, 1999, ps. 62 y ss.; FAVURt;;AU, Louis, L'Acte de Gouuernement, acte proui.soirement et accidentellement injusticiable, "Revue Fran.,aise de Droit Admini stratif', 1987, p. 544, y con gran amplitud en la clásica obra de AUilY, J . M. , et DRAGO, R. , Traité de contentieux administra ti(, 2• ed. , L.G.D.J., Paris, 1975, t . I, § 67, p. 91. Entre las obras generales que se ocupan del tema: DE LAURADf:RE, VENr:ZlA y GAUOEMET, Droit administrati(, cit., t . 1, § 909 y ss., p. 654; RtVF:llO, Jean , y WALINE, Jean. Droit administratif (précis), 16• éd., Dalloz, Paris, 1996, § 155, p. 1421; CHAPUS, René, Droit administratif général, 14tl ed ., Montchrestien, Paris, 2000, t. 1, § 1152, p. 927. 5t7 1/5/ 1822, Rec. 1821-1825.202. El Consejo de Estado rechazó el recurso del banquero Laflitte, que exigía la liquidación de los pagos atrasados de una renta cedida por la princesa Borghese, miembro de la familia Bonaparte, alegando que "el reclamo del señor Laflitte se refiere a una cuestión política, cuya decisión pertenece exclu sivamente al gobierno". r.1a Tal como explicó Du cz en su momento, con la restauración de la casa de ilorbón en Francia, el Consejo de Estado de creación napoleónica temía ver disminuidas sus funciones o amenazada incluso su subsistencia. Por ello, en este caso comprometido, prefirió evitar una decisión qu e fuera favorable a quienes estuviL•ron vinculados con el régimen bonapartista (cit. por GORniLLO, TI-atado ... , 4" ed ., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires , 2000, t. 2, cap. VIII, § 6, p. 7) . 519 Bajo el Segundo Imperio, el embargo de un libro escrito por el Duque d'Aumale (pretendiente a l trono y exiliado) y la negativa de restituir los ejemplares embargados fueron con. iderados como "actos polfticos que, por su naturaleza, no son susceptibles de ser diferidos por abuso de poder a nuestro Consejo de Estado por v(a contenciosa". C.E ., "Duc d'Aumale et Michel Lévy", 9/5/ 18fi7 , Rec. 472. 52n T.a Tercera República Francesa nace en 1870, luego de ser derrotadas en la batalla de Seuán las fuerzas del emperador Napoleón lll por las tropas pru sianas. Se extiende hasta la sanción de la Constitución de 1946, que da nacimiento a la IV República , que finaliza a su vez en 1958, con la aprobación de la Constilnción actualmente vigente. 5~1 Por medio de la ley del 24 de mayo de 1872 se pasó del sistema de la justir.e retenue (justicia retenida), que sólo otorgaba al Consejo de Estado fun-

CoNTROL DE coNS'l'ITUCIONALIDAD

256

.

,

1' ada en el caso "Prince

Y dio pie a la del :'a~to de goblieCrno '.ap J~ Estado en 1875 s•s, y

Napoleon" m, decidido por e

onse)o

. tice déléguée (justicia delegada) , que le . . d ciones consult1vas, al s1stema e 1a J~S n facultades para decidir en forma atribuyó funciones de tnbuna1 contenciOsO co . . . "t t 1 definitiva (cfr. DE LAUBADERE, VENEZIA y GAUDnlET, Drmt admr.ntstratr. • CJ ·• · •

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"d d · d 1 de s22 El prfncipc Napoleón José Bonaparte habf~ s1 o es1gna o ge?era división en 1853 por Napoleón lll. de quien era sobrwo. El Anuano M~htar; que fue nuevamente publicado en 1873, luego de la caida del Impeno, no mclllla su nombre en la lista de generales. El príncipe le preguntó al Ministro de Guerra si se trataba de un descuido o de una omisión voluntaria. El ministro le respondió que su nombre no había sido incluido en el Anuario porqu e su designación, irregular en cuanto a los documentos , "está ligada a condiciones particulares de un régimen político hoy en día inexistente y, por lo tanto, dicha designación caduca necesariamente". Esta decisión que recha7.aba el restablecimiento de su nombre en la lista de generales fue apelada ante el Consejo de Estado. El Ministro de Guerra opuso al recurso el carácter político de la medida impugnada, que, en su opinión, constituía un acto de gobierno que escapaba al control jurisdiccional del Consejo de Estado. El commissaire du gouuernement David se oponía a esta tesis, presentando de esta forma la teoría de los actos de gobierno: "En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo, es norma que , al igual que los actos legislativos, los actos de gobierno no pueden dar lugar a ningún recurso contencioso, dado que deciden sobre los derechos individuales. Pero si los actos calificados, en el idioma del derecho, como actos de gobierno son de naturaleza discrecional, la esfera a la qutl pertenece esta calificación podría extenderse arbitrariamente según el capricho de los gobernantes; está naturalmente limitada a aquellos objetos por los que la ley ha juzgado necesario confiarle a 1 Gobierno los poderes generales a los que dicha ley ha virtualmente subordinado el derecho personal de los ciudadanos en pos del interés superior del Estado. Tales son los poderes discrecionales que el Gobierno posee en Francia, ya se trate de leyes constitucionales, cuando existen, para reglamentar y llevar a cabo convenios diplomáticos , o se _trate de leyes de policia (. .. ) De lo cual se deduce que "para presentar el caracter excepctonal que lo coloque por fu era y por encima de todo control jurisdiccional, no basta con que un acto, emanado del Gobierno o de uno de. sus r epresentantes, haya •i~o deliberado en consejo de ministros o haya sido d1ctado P?r un mterés políttco . (cfr. Les grands arrets de la. jurisprudence admmtstratwe, 1_10 ed ., Dalloz, Pans, 1996, p. 16). Al examinar el recurso el Conse·o de Estado aplica en su decisión esta teoría implfcitamente ' J 1~/2/ 1875 : Rec. 155, concl. David. Puede vérsel~ transcripto en Les ~;~~std arret~ · · ·• Clt. en not.aanterior. Según mi traducción , esta sentencia dice: eran que para solic1tar la anulación del fallo que rechazó el restable . . ~~:to fes~ nom~e en la lista de generales de división publicada en el Anuari~ 1 d r, e prmc~pe. apoleón José Bonaparte se basa en el hecho de que el grado r. e -~eneral de d!VlSt~n que el Emperador, actuando en virtud de los poderes conen~ 0 ~dpor el arL. 6 del senadoconsulto del 7 de noviembre de 1852 le habla con. er1 o por decreto del 9 de marzo de 1854 era un ad ' · garan~izado por el art. ] 2 de la ley del 19 de may¿ de 1834 o ~~~ le h~~(a Sl~O que SI el art. 6• del senadoconsulto del 7 de noviembre. d~ . 1!!5~ ol~o~sJ fer~n o Emperador el derecho de fijar los títulos y la condición de los miemb~~se~: :~

§ 432 , p. 308).

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LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

confirmada poco después por el Tribunal de Conili en re. lación con una expulsión de jesuitas 624 • El avance fue en su momento importante, pues del mero móvil político del acto como hecho que impedía su revisión judicial, se pasó a la naturaleza del acto 525 • No obstante, y pese a los muchos esfuerzos doctrinarios por defmir esta noción, nunca hubo consenso, y en nuestros días los autores franceses se contentan -al igual que los norteamericanos- con su sola descripción. En la actualidad, la lista de los actos de gobierno ya no comprende más que dos series de medidas : a) los actos vinculados a las relaciones del Gobierno con el Parlamento y b) aquellos que tienen que ver directamente con las relaciones de Francia con las potencias extranjeras o los organismos internacionales. En punto a los primeros, el Consejo de Estado no entiende en los siguientes casos: 1) las decisiones tomadas por el Ejecutivo en el marco de su participación en la función legislativa, tales como la negativa a presentar en el Parlamento un proyecto de ley 526 , la negativa a llevar a cabo las diligencias necesarias para su pronta adopción 627 , la negativa del Primer Ministro familia y de r egular los derechos y obligaciones de éstos , dicho artículo establecía a l mi smo tiempo que el Emperador tenía plena autoridad sobre todos los miembros de su familia; que las situaciones que pudjeran acontecer a los príncipes de la famili a imperial en virtud del art. 6" del senadoconsulto del 7 de noviembre de ltl5:.! estaban, por lo t.anto, siempre sujetas a la voluntad del Emperador; que , en consecuencia, la situación acontecida al príncipe Napoleón José Bonaparte por el decreto del 9 de marzo de 1854 no constituía el grado cuya propiedad definitiva e in·e vocab le - que sólo podría quitarse en casos especialmente determinadosestá gar ant i1.ada por el art. 19 de la ley del 19 de mayo de 1834, y que le confiere al oficial que lo ostent.a el derecho de figurar en el escalafón publicado anualmente en el Anuario Militar; que, en e"t"" co ndi ciones, el príncipe Napoleón José Bon a pa rte no tiene fundamento para quejarse de que su nombre haya dejado de figurar en el listado del Estado Mayor General del Ejército". ó2 4 '!'.C. : "Marguigny", 5/11/1880, Rec. 800, concl. Ronjat. " 2 ' El fin polftico será luego, con frecuencia , motivo de anu lación por desviación de poder o error de derecho , no debiendo la administración tomar decisiones , como regla general, en función de consideraciones de ese tipo . F ue así como, en 1954, el funcionario de gobierno Letourneur y el Consejo de Estado debieron reafirmar categóricamente que un candidato no puede ser excl uido de un concurso para acceder a la función pública en razón de sus ideas política s ("Barel", 2ti/5/ U154 , Rec. 308). 6~U C.K: "Rouché", 18/7/1930, Rec. 771; "Tallagrand", 29/ 1111968, Rec. 607. 5~7 C.E.: "Société l'Alfa" , 2517/1947 , Rec. 344.

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CONTROL DE CONI)'TITUCIONALIDAD

a tomar la iniciativa de una revisión constitucional m Y el decreto de promulgación de una ley 529 ; 2) las decisiones del Presidente de la República que afecten las relaciones entre los poderes constitucionales y el ejercicio de la función legislativa, tales, por ejemplo, la decisión de recurrir a los poderes excepcionales previstos por el artículo 16 de la Constitución de 1958 530 , el d~ creto por el que se somete un proyecto de ley a referéndum 531 , el decreto para la disolución de la Asamblea NacionaP 32 , la institución de una comisión encargada de formular las propuestas de revisión de la Constitución 533 , y 3) las decisiones gubernamentales previas a una decisión del Parlamento, pudiendo este último ejercer entonces un control sobre esas decisiones 534. En esta última categoría podían incluirse, hasta 1958, las decisiones administrativas previas a las elecciones parlamentarias fi 35 • Luego de la vigencia de la Constitución de 1958, el contencioso de las elecciones parlamentarias y el control de la regularidad de la elección del Presidente de la República están confiados al Consejo Constitucional. La incompetencia del Consejo de Estado en estas materias ya no se justifica en lo sucesivo por la noción de acto de gobierno, sino por la interpretación de las competencias constitucionales 636 • La actitud del Consejo de Estado se establece con mayor claC.E.: "Allain", 26/211992, Rec. 659. C.E .: "Desreumeaux", 3/11/1933, Rec. 993. 53 0 C.B.: "Rubin de Servens", 213/1962, Rec. 143. 1 53 C.E.: "Brocas", 19/10/1962, Rec. 553. 532 C.E. : "Allain", 20/211989, Rec. 60. 533 531 C.E.: "Syndicat des justiciables, Bidalou eL Meyet" 3/12/1993 Rec 339 C.E ..: "Georger et 1'eivasRigamany", 27/6/1958, R"~· 403. Se trataba d~ la cotwocatona a una ~samblea encargada de pronunciarse so bre 0 ¡ destino de ten:_tono, que es prehmmar obligatoria para la votación de una ley que autoriza ]un a rat!ltcactón de un tratado. 52H

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que estas asambleas se constituian - por medio de la verificación

0: 1 trP~. eres- en1JUeces de la regularidad de la~ elecciones y de los actos ad05

en ~:to: ~~-s que es son reservad?s, el Consejo de Estado se negó a entender d to tmos, ya que eran constderados acto de gobierno Así por e;emplo 1 1 · ¡ · ' ' ' e1 ocre por el que se convocaba parlamentaria (C E "H ' h . " 8 6/os co cgtOs e ecLor ales para una elección usc owttz • 81 1951, Rec. 320) y los decretos que or a. b . . · · mza au el regtmen de las elecciones (C F "'"'··· : • 2/ lJ / 195 R • g 536 El e . . "· llXlel ' 1, ec. 512). de r . . onseJo de Estado se negó de esta forma a entender en una dema nda ~ de garantía Y de g¡¡stos de propagand a (C .E . "Rebcuf' ll/ 1/1963 R ec. elw8)tegt to · d ' ' , ast como del decreto d diputados (C.E . "Delmas" 3/6119e8lconRvoca na e electores para la elección de , , ec. 244).

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ridad en materia de referéndum. Si bien la regularidad de las operaciones en sí está controlada por el Consejo Constitucional, las operaciones previas siguen siendo actos administrativos que competen al control del juez administrativo hasta tanto el resultado no haya sido anunciado. Pero la justicia administrativa no ha de manifestar opinión sobre los actos preliminares de un referéndum que tiene el carácter de frrme "37 • En cuanto a los actos vinculados a las relaciones del gobierno con un estado extranjero o un organismo internacional, se ha establecido tradicionalmente que el conjunto de la actividad diplomática de Francia escapa al control de los tribunales. La jurisprudencia, no obstante, ha atenuado significativamente el alcance de esta orientación y los límites del acto de gobierno en esta materia son bastante delicados de determinar. Constituyen actos de gobierno el conjunto de actos ligados directamente con las relaciones internacionales de Francia, taJes como la protección de las personas y los bienes fr·anceses en el exterior li~ 8 ; la negativa a someter un litigio a la Corte Internacional de Justicia 5 a9 ; la medida destinada a expropiar bienes del enemigo en tiempos de guerra 54"; la orden de inted'erir las emisiones de una radio extranjera r,41 ; el ejercicio del derecho de requisa (droit d'angarie) 542 ; la creación de una zona de 8eguridad en aguas internacionales durante ensayos nucleares 543 ; la decisión de reanudar ensayos nucleares previos a la celebración de una convención internacional que los prohibiría "44 . Entre los actos que están fuera del control jurisdiccional, debe hacerse una mención especial a los tratados y acuerdos 537 Así por ejemplo, la admisión de un partido político a la campaña oficial (C.E. "Le Reg:roupt!ment National", 27/10/ 1961 , l{ec. 594); el dP.creto que organiza la campana o el escrutinio (C.E . "Brocas", 19/ l0/ 1962, Rec. 553, y "Meyet", 10/9/1992, Rec. 328) . ~38 C.E.: "Dame Cramencel", 2/3/1966, Rec. 157; "Société des 'l'ransports en Commun de la Région d'H anol", 28/6/1967 , Rec. 279. s3~ C.E.: "Gény", 9/6/1952, Rec. 19. s4o C.E .: "Sohr", 12111/1949, Rec. 473 . ó41 T.C.: "Radiodiffusion Fran9aise", 2/2/1950, Rec. 652. 542 C.IL "Myrtoon SLeumship Co.", 22/11/1957, Rec. 632. M:< C. B.: "Paris de Bollardillrc", 1117/1975, Rec. 423 . 544 C.E .: "Assodation Greenpeace France", 29/9/1995, A.J . 1995.684, chr. Stahl et Ch a uvaux , R.D .P. 1966.256, concl. Sa nson , J.C.P. 1996.Il .22.582, note Moreau; R.F.D .A. 1996.383, noLe Ruzié).

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

internacionales. El Consejo de Estado se nieg~- a verificar la legalidad de los actos relativos a la elaborac1_~n, . 1~ fi:ma o la ratificación de dichos acuerdos 545 • Una soluc10n 1dent1c~ vale para los actos de cumplimiento_ de tratados .q ue son tnseparables de las relaciones interna_GI?nales o co"?s1derados ~omo Lales, por ejemplo: el voto del IIUillStro frances al ConseJO de las Comunidades Europeas 546 ; la decisión de suspender el cumplimiento de un tratado M7 ; la decisión de suspender la cooperación científica y técnica con lrak, durante la Guerra del Golfo, junto con la prohibición de que los estudiantes iraquíes se ~s­ cribieran en las universidades 548 • La teoría del acto de gobierno conlleva, no obstante, una limitación doble. Por un lado, los tratados internacionales constituyen, a partir de 1946 y de acuerdo con la Constitución, una fuente de legalidad nacional. Los demandantes tienen por tanto derecho a invocar su violación por un acto administrativo por el mismo motivo que la violación de una ley 549 . La justicia administrativa, en consecuencia, debe ejercer un control sobre las modalidades de introducción de un tratado en el orden jurídico interno s.'iO. De igual modo, en caso de suspensión de un tratado, debe verificarse la existencia de una decisión tomada en este sentido por parte de una autoridad competente en materia de relaciones internacionales y de su oponibilidad 551 • Asimismo, según lo decidido en el caso "G.I.S.T.I.", ya citado 552 , el Consejo de Estado estimó que el juez administrativo tenía en principio competencia para interpretar por cuenta propia un tratado sin estar obligado a una remisión prejudicial al Ministro de Relaciones 545 C.E .: "Société des Étains et Wolfram du Tonkin", 1/6/1951 , Rec. 312; "Tautin et Mérienne", 29/10/ 1954, Rcc. 566; "Société Ind.ichinoise d'Électricité", 2317/1961, Rec. 519. ñ 4 6 C .E .: "Association Les Verts", 23/11/1984, Rcc. 382. 547 C.E. : "l'réfet de la Gironde c/Mahmedi", 18/12/1992, l{ec. 446. ~•A C.E.: "G.I.S.T.l.". 23/9/1992, Rec. 346. 54 9 C.E. : "Dame Kirkwood", 30/5/1952, Rec. 291; "Nicolo", 20/10/1989, Rec. 190. 550 Así, debe controlarse, por ejemplo, la existencia de un acto de ratificación o de aprobación y verificación de la regularidad de la publicación; C.E.: "Villa", 16/11/1956, Rec. 433; "Société Navigator", 1317/1965, Rec. 423; y la remisión al Mm~stro de Relaciones Exteriores ante una impugnación grave respecto del acatamiento de la exigencia de reciprocidad de acuerdo con el art. 55 de la Constitución de 1958 (C.E.: "Rekhou", 29/5/19!H , «ec. 220). ~ 5 .1 C:E.: "Préfet de la Gironde c/Mahmedi", 18/12/1992, Rec. 446. " 52 Vease nota 545.

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Exteriores, tal como lo exigía la jurisprudencia anterior 55:l. Esta nueva solución no es aplicable, empero, al Tratado de Roma, para el cual la competencia prejudicial de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas fue establecida por el art. 177 de dicho Tratado sM. Por otro lado, desde antes de la Constitución de 1946, la justicia administrativa aceptó entender en medidas desvinculadas de las relaciones diplomáticas o de las convenciones internacionales, es decir, que pueden considerarse independientemente de sus orígenes o de su incidencia internacional ~ • De esta manera, los decretos de extradición son, a partir de 1937, actos susceptibles de ser atacados por abuso de poder 556 , y el juez administrativo controla desde 1977 la calificación jurídica de los hechos que los han motivado 557 • El Consejo de Estado, de igual modo, decidió que los pedidos de extradición dirigidos por el gobierno francés a un gobierno extranjero no constituyen actos de gobierno 558 • De una manera aún más audaz, admitió su competencia para entender en la legalidad de una decisión del gobierno francés por la que rechaza un pedido de extradición formulado por un estado extranjero 559 . La tendencia subyacente de la jurisprudencia es, por lo tanto, admitir cada vez con mayor amplitud que un acto o maniobras puedan desvincularse de las relaciones internacionales. Así por ejemplo: el uso de la responsabilidad del Estado en razón de una eventual insuficiencia de medidas tomadas para asegurar la protección de los miembros de una misión diplomática 560 ; la destrucción por parte de la marina nacional de un navio abandonado en alta mar 56 \ la decisión tomada por los poderes pú55

C.E .: "Karl et Toto Samé", 317/1931, Rec. 727. C.E .: "Ministre de l'intérieur dCohn-Bendit", 22/12/1978, Rec. 524. 565 C.E.: "Dame Caraco", 5/V1926, Rec. 12fi; "Société Ranc , Tiburce et Cic.", 7/12/ 1945, Rec. 247; "Epoux Deltel", 16/1211955, Rec. 592; "Vo Thanh Nghia", 22/1211978, Rec. 523; T.C.: "Compagnie Fran9aise des Pétroles (Algérie)", 17/11/1975. Rec. 799 . 556 C.E .: "Decerf'', 2815/1937, Rec. 534; "Dame Kirkwood", 30/5/1952, Rec. 291. 557 C.E. : "Astudillo Calleja", 24/6/1977, Rec. 290; "Croissant", 7/7/1978, Rec . 292; "Bereciartua-Echarri", 1/4/1988, Rec. 135. ñfiA C.E .: "Legras", 21/7/1972, Rec. 554. 56~ C.E .: "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord et gouvcrneur de la colonie royale de Hong Kong", 15/10/1993, Rec. 267 . 660 C.E .: "ConsorLs Yener" , Scct. 29/4/1987, Rec. 152. 561 C.E.: "Société Nachfolger Navigation", 23/10/1987, Rec. 319 . 553 C>54

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blicos en torno al emplazamiento del laboratorio europeo de radiación "Synchrotron" 562 ; la distribución entre las instituci?'" nes bancarias y la compañia francesa de seguros de comerc1o exterior del precio de la cesión de créditos vinculados a la construcción de una papelera en un país extranjero 5 ~a. Tradicionahnente, la inmunidad de jurisdicción que caracteriza al acto de gobierno se referia tanto a lo contencioso de la legalidad como a lo contencioso de la indemnización. No se podía impugnar delante del juez la regularidad de la decisión, como tampoco exigir reparación por sus consecuencias perjudiciales. No obstante, a partir de este último punto de vista la jurisprudencia del Consejo de Estado 564 abrió una perspectiva interesante, al admitir que los daños causados por una convención internacional regularmente introducida en el orden jurfdico interno podían dar lugar a una indemnización fundada en el principio de igualdad frente a las cargas públicas. En la actualidad la noción de acto de gobierno no ha sido totalmente abandonada por el Consejo de Estado, pero ciertamente está en retroceso. Recibe una fuerte crítica de la doctrina 56 \ y se encuentra además en pugna con los arts. 6Y y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos 566 , que imponen una revisión judicial de todos los actos de la Administración 567 • Por otro lado, algunos actos no revisados por el Consejo de Estado son ahora objeto de control por el Consejo Constitucional. Así, después que el 3 de junio de 1981 el Consejo de Estado consideró que no debía resolver sobre la legalidad del decreto de convocatoria del cuerpo electoral para la elección de diputado s 568 , el Consejo Constitucional reconoció su coroC.E .: "Ministre chargé du plan el de l'aménagernent du territoire c/Comut'b<~inc de Strasbourg", 8/lll98R, Rec. 2. T.C .: "Préfet de Paris et COFACE c/Compagnie financiare C.l.C.", 2112/19!H , Rec. 478. 564 C.E. : "Cumpagnie Générale d'Énergie Radioélectrique", 30/:3/1966, Rec. 257. 5 6 5 FAVOREAU, Louis , L'acte de Gouuernement , cit. , p. ñ44. 5tiG En particular, el artículo 13 establece: ''Derecho a un recurso ef'ectiuo Thda persona cuyos derechos y libertades reconocido~ en el presente Convenio hayan sido violados, tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante un a instancia nacional , incluso cuando la v1olación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones judiciales". 567 Véase: A RRAHMI, R., Les incide11s de la C.E.D.H. sur le contentieux administratif frant;a.is, "Revue Fran,aise de Droit Administratif', t. 1990, p. 1053. &uM Caso "Oelmas", citado en noLa 536. 56 2

munauté 56 "

Los

AC'l'OS NO JUSTICIABLES

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petencia para juzgar la regularidad de dicho acto ~ 69 • De i?ual modo, el Consejo Constitucional ha considerado la regularidad del decreto por el cual el Presidente de la República solicita una nueva deliberación de una ley 570 . No obstante, la competencia del Consejo Constitucional no se extiende al decreto de disolución de la Asamblea NacionaP 7 \ al examen contencioso del decreto que determina someter un proyecto de ley a referéndum m , o a la anulación de un acto preparatorio para la elección de un diputado, si no es susceptible de viciar el desarrollo general de las operaciones electorales m . b) ESPAÑA. ABANDONO ACTUAL DEL ACTO DE GOBillRNO .

En España, el acto de gobierno estaba previsto en el inciso b del art. 2Y de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 57 4, pero esta norma, que se hallaba en pugna con la Constitución de 1978 575 , tal como señalan G ARcíA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ 576 , fue derogada por la ley 29/1998 del 13 de julio, que regula actualmente la jurisdicción contencioso-administrativa 577. El art. 22 , inc . a de esta nueva ley dice: "El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: a) la protección jurisdiccional de lo!> derechos fundamentales , los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, 5~9 ~7 0

C.C.: "Dclmas", 11/6/1981, Rec. 97 . C.C.: "Evolution de la Nouvelle-Cáledonie", 23/8/1985, Rec. 70. 571 C.C.: "Minvielle", 4/6/ 1988, Rec. 79. ~72 C.C .: "Diémert et Rannel", 25/10/1981!, Rec. 183. ~n C.C.: "Bayeurte", 8/6/1995, Rec. 213. 574 Decía esta norma: "No corresponderán a la jurisdicción contencioso-administrativa: (. .. ) b) Las cuestiones que se susciten en relación con los act.os políticos del Gobierno, como son los que afectan a la defensa del territorio nacional, relacioneR internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización mili tar, sin perjuicio de las indemnizaciones que fu eren procedentes, cuya determinación si corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa". 575 E l a rticu lo 24 garanti za el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva "sin que en ningún caso pueda pr·oducirse indefensión", y los arts. 103. 1 y 106.1 establecen el sometimiento de la Administración a la justicia sin reservas . 576 GARCÍA ot: ENTEHHIA, Edua rdo, y FF.RNÁNDt:Z, Tomás R. , Curso de derecho administrativo, ob. cit., 7ª ed., 2000, t. Il, p. 597 . 577 Una sintética explicación del sistema hoy dtJrogado puede ver se en GoN. ZÁLE:Z P ÉRF.7., Jesús, Actos administrativos y actos políticos o de gobierno, "Revista de Derec ho Administrativo", n••· 1 y 2, Buenos Aires, Depalma, 1989, ps. 15 y 25.

264

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todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los sejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, r·rLrLL,,u.,_ ra fuese la naturaleza de dichos actos" (el destacado tenece). Los fundamentos del cambio legislativo están explicados por la Exposición de Motivos de la ley, cuya cripción -en las partes pertinentes- es suficiente para <>nr_,.,,,.. el sentido de esta legislación 578 . s7H Dice la Exposición de Motivos sobre este particular: "Como el resto ordenamiento, también el régimen legal de la Jurisdicción L;omtenctO•SO··aCimlDl.8'11111 tiva debe adecuarse por entero a la letra y al espíritu de la Constitución reforma compagina las medidas que garantizan la plenitud material de judicial en el orden contencioso-administrativo y el criterio favorable al las acciones y recursos y a la defensa de las partes, sin concesión alguna a ciones formalistas, con las que tienen por finalidad agilizar la resolución de tigios (. .. ) También era imprescindible confirmar en ésta la sujeción al ciamitmto de la jurisdicción contencioso-administrativa de actos y diispc,si<:ioJ_. emanados de otros órganos públicos que no forman parte de la cuando dichos actos y disposiciones tienen, por su contenido Y efectos, leza administrativa (... ) Lo que justifica la existencia de la propia contencioso-administrativa es asegurar, en beneficio de los interesados y del in~ rés general, el exacto sometimiento de la Administración al derecho en todas lu actuaciones que realiza en su condición de poder público y en uso de las prerrogativas que como tal le corresponde (. . .) La nueva ley somete a control de la jurisdicción la actividad de la Administración pública de cualquier clase que est6 suj eta al derecho administrativo, articulando para ello las acciones procesales oportunas(. .. ) la ley no recoge ya, entre sus exclusiones, la relativa a los llamad011 actos políticos del Gobierno, a que se refería la ley de 1956. Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección política- excluida per se del control jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una ley que pretende adecuar el régimen legal de la jurisdicción contencioso-administrativa a la letra y al espíritu de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de 'acto político' se ha lla hoy en franca retirada en el derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido sólo por el derecho constitucional, y exento del control de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una !Jsta de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de ~erecho . Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la ley senala -en_té~nos positivos- una serie de aspectos sobre los que en todo caso s1empre sera postble el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto. y la determinación de las indemnizaciones procedentes".

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e) ITALIA. EL "ATTO POLITICO". - También el derecho administrativo italiano ha desarrollado una noción similar, que allí ha recibido el nombre de "acto político" (atto politico) y se encuentra legislada en el artículo 31 del Decreto Real (Regio Decreto) del 24 de junio de 1924 579 . De acuerdo con esta norma, el recurso ante el Consejo de Estado en sede jurisdiccional no procede cuando se tratare de "actos emanados del gobierno en el ejercicio del poder político" 580 • Según explica VIRGA, en la definición de acto político concurren dos requisitos: uno subjetivo y otro objetivo. En primer lugar, el acto debe emanar de un órgano del Gobierno, y en segundo lugar, debe tratarse del ejercicio de una función política. Se reconoce el carácter de acto político, entre otros, a los de naturaleza constitucional, a los actos de guerra y a los de autotutela internacional 581 . § 115. La teoría en la Argentina a) DOS FUENTES DISTINTAS PARA UN SOLO DERECHO PÚBLI-

En la Argentina también se ha acusado recibo de la teoría del acto de gobierno elaborada por el Consejo de Estado francés , aun cuando ello constituye una expresión doctrinaria que no ha tenido recepción judicial, ya que la jurisprudencia de la Corte, como hemos visto, se ha inclinado por la doctrina norteamericana de las political questions. Asiinismo, en el orden normativo la cuestión no aparece en la legislación que organiza el contencioso-administrativo nacionaP 82 , pero sí se advierte, en cambio, en algunas legislaciones provinciales influidas por e] derecho continental europeo 583 . CO.

579 Este decreto aprobó el texto único de las leyes de organización del Consejo de Estado. 5HO "11 ricorso al Consiglio di Stato in sede giuri diziona le non e a =esso se trattassi di atti o provedimenti emanati da! Governo nell esercizi o del potere politico". El texto de la norma ha sido tomado del Codice delle Legge Amministratiue, a cura di Luigi Tramontano, Hoepli , Milano, 1998, p. 400. ss t VtHGA, Pietro, Diritto amministrativo, s• ed. , Giuffr~. Mj Jano , 1999, vol. 2, ps. 290 y 291. 5H2 Leyes 3952 de Demandas contra la Nación y 19.549 de Procedimiento

Admini s trativo , esp . cap IV. 68:! Un n ná li sis d e conjunto d e la

le gi~ l ación provin cial p uede ver se en: Drr·:7., Manuel M., Derec ho procesa l administrativo (con la colabor ación de Tomás

266

CONTROL DE CONSTTTl lC IONALIDAD

La noc10n francesa del acto de gobierno ha sido expuesta en general y sin mayores variantes por nuestra doctrina administrativista clásica 684 , y ha recibido una enérgica crítica de GoRDILL0 58" . También fue receptada críticamente por MAR HOFF, quien en aras de alcanzar una mayor justiciabiliad desdobló en dos nociones: la del acto de gobierno y la del acte institucionaP86 , propuesta que ha sido favorablemente mencionada en la doctrina constitucional por LINARES QuiNTANA 587 • acto de gobiemo, según MARIENHOFF, no constituye una ...... ""'.K'"-· ría específica, sino simplemente una noción conceptual de actividad del órgano ejecutivo del Estado. Jurídicamente, to de gobierno y acto administrativo quedan asimilados 588 ; embargo, los primeros trasuntan decisiones que tienen dades superiores o trascendentes para el "funcionamiento" 589 Estado , pero siguen siendo justiciables 590 . El acto .. · .....J ...r" cion~l, en cambio, tiene que ver con la organización y """"'"' ..-¡ ~enc.Ja ~el Estado y está exento de control judicial. Son ~st~tucwnales, a su juicio: la intervención federal a una vmc~a, la declaración de estado de sitio, el nombramiento magrstrados de la Corte Suprema, la declaración de etcétera. Se trata de decisiones que no influyen en forma 1

H u-rcHJNSON), Plus Ultra, Buenos Aires 1983 ps 122 M Co t l · d ' · [ d · Y SS ., Y en AIRAL fl ro . JU teta e la Administración, ' t. I, p.• 560. ' 5114 AHt:AÑARAz, Manuel J Trat do d ¡ . . presión), Lex, La Plata 1988 ., 180a B e o contencioso administrativo ed R! Aten eo B 'A. ' p. ' IELSA, Rafael , Derecho administrativo ·• ' • ucnos J.res 1947 t ¡ s 176 D ' administrativo, Tea, Buenos Áires 9 P · Y ss.; IEz , Manuel M., El acle ministrativn 2• ed Plus UlL B ' ~ap . XVII , ps. 509 Y ss.; íd., Derecho ad. CANAS!, José: Derecho admini;;;ati~:n~ep~~s, ~76 , L. IAI~ cap. XV, ps. 393 y .; y siguientes. ' a , uenos •res, 1981, t . II, ps . 3 585 Véase infra, § 115 c. 586 7l . ·atado . .. , cit., L.' ll caps IV V 4, d s1derar justiciables a muchos' t · Y ' e ·• 1!:193. Esto le permitió con. . ac os que 1a Corte S ¡ ast,. por eJemplo, la calificación de utilidad ' bl' uprmna exc uía del control; pu lea, que cons1deraba un acto de gobterno (Tratado .. . , 5, ed 1992 t IV 587 Tratado de l . ·~ • · , § 1306, p. 185). § 2303, p. 460. a ctencta del derecho constitucional, cit. , 2~ ed., 1978, t . liT, 588 Tratado 't 58~ Tr t d ... , c¡ ., 4• ed., 1993, t . II, § 558 P 699 0 · · ., t. Il, p. 700. Dentro d · · a a t ' · · de<.'lsrones como el indulto presidencial la e es.~ concepto, MARTENHO~'F engloba de enLrada de extranjeros las m d' d ' d expulswn de extranjeros, la prohibición extranjeros , la celebració~ de tr:~das a ~tada~ durante una guerra respecto de 590 Tratado . . . t II §§ 576 o5s77m rnaCJonales (§ 570, ps. 718 y ss.) ' · ' Y , ps. 741 a 760. ·

l Eil'

Los AC'ros

NO JUSTICIABLES

267

recta en la esfera jurídica de ningún particular. CASSAGNE 591 , siguiendo parcialmente a MARLENHOFF, sostiene que la tesis del acto institucional aparece como una consecuencia obligada de la necesidad de independizarla de la teoría del acto de gobierno de la doctrina y jurisprudencia francesas, que responde a un sistema histórico distinto y se aplica en un sistema de contralor r adicalmente opuesto al vigente en nuestro país. En síntesis, el panorama del derecho argentino en este punto no está exento de cierta confusión. Hemos tomado dos fuentes diferentes para aludir a un mismo objeto, los actos no ju sticiables 592 • La jurisprudencia de la Corte Suprema y la doctrina constitucional se refieren a las cuestiones políticas en sentido norteamericano. En el ámbito del derecho administrativo se ha adoptado en cambio la doctrina del acto de gobierno, con la variante introducida por MARIENHOFF sobre el acto institucional ~ 93 . b)

LA

CLASIFICACIÓN DE LAS CUESTIONES POLÍTICAS SEGÚN

Un esfuerzo por clasificar las cuestiones políticas digno de expresa mención es el de Héctor A. MAIRAL 59 \ quien encuentra cinco clases diferentes: falsas, indeterminables por ausencia de pruebas, dudosas, agotadas y verdaderas. Las primeras proceden directa y exclusivamente de la Constitución y están fundadas, consecuentemente, en una norma cuya amplitud impide por sí el control judicial. Se trata de cuestiones políticas que se fundan en la división de poderes y por ende

MAIRAL. -

~9 1 CASSACNE,

Juan C., Derecho administrativo, cit., t. I, p. 71. Ciertamente, cada vez que se verifica este fenóm eno de la diversidad de fuentes aparecen similares dificultades. Lo mismo puede decirse, entre otros casos, de las facultades reglamentarias del Presidente, donde la Constitución española de Cádiz de 1812 fue la fuente del ru·t. 99, inc. 29 (ex 86, inc. 29) generando 592

con ello la confusión e ntre reglamentos ejecutivos y delegados a la que me he

referido en otras oportunidades (véase B!ANCHJ , Alberto B., Horizontes de la delegación legislativa luego de la reforma de la Constitución . "Revista de Derecho Administrativo", Depalrua, Buenos Aires, 1994, n• 17, ps. 379 a 430). 59~ Una expresión doctrinaria más reciente en busca de una síntesis puede verse en BARKAZA , Javier l., y SCHAFRJK, Fabiana, Los actos de gobierno y los actos institucionales, Rev. "Régimen de la Administración Pública", vol. 237, junio de 1998, p. 20. 594 Contml judicial ... , cit., t . I, ps. 510 y siguientes.

268

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

. tal es el Tribunal se f 1 ue se las mvoque como es, pu . . 595 es a sot q ante una auténtica imposibilidad de mtervemr . encuen ra · d prueLas cuestiones políticas indeterminables ?or a~sencla ~ das ba son aquellas en las que , siendo susceptlbles . e ser eva u_a (y Tribunal éste carece de la información necesana ~~r l:Sn mecanism~s idóneos para procurársela) requerid~ p~:a 596 Las dudosas se dan cuando la Constltucton reso1ver e1 caso . no impone al Presidente o al Congreso una forma expre~~ para actuar, pero ésta surge de una razonable _interpre~acwn del texto. No obstante ello, la Corte prefiere no mte;;emr Y o~orga el beneficio de la duda a los poderes politicos . CuestiOnes políticas agotadas son aquellas en las que la intervenció~ del órgano político agota (impide) la posibilidad de intervemr al Poder Judicial. Ello tendría lugar en el caso del juicio político del Presidente de la Nación, ya que al intervenir en este proceso el Presidente de la Corte, ésta quedaría luego con un número 698 par para decidir, lo que obstaculizaría su intervención • Por último, hay cuestiones políticas verdaderas cuando el Tribunal no tiene excusa jurfdica alguna para evitar un pronunciamiento de fondo . Si lo hace es porque, o bien teme el desconocimiento de la decisión por parte de los poderes políticos, provocándose así un conflicto de poderes, o por las graves consecuencias que se derivarían del acatamiento de la decisión 599 • 590 Asi , por ejemplo, cuando el Congreso decreta el e~tado de sitio por "con· moción interior" (art. 75, inc. 29) ; o bien si el Presidente convoca a sesion es extraordi nari as "cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera" (art. 99, inc. 9"). En este caso - sostiene este a utor- la cuestión pol:ítica se da por ausencia de un standard juridico (es decir, independi ente de apreciaciones de oportunidad) para evaluar el acto impugnado y, simul táneamente , por la trascendencia y repercusión políticas de dicho acto (Control ... , t . 1, p. 513). 0 9 6 Tal, por ejem pl o, el caso de una decisión tomada en m ateria diplomática , sobre la base de datos obtenidos por los servicios secretos. E n este caso, también existe un matiz poütico dado por la necesidad de que un Tribunal Re abst enga de obstruir la marcha de las relaciones internacionales del Estado, a la par que se evita mostra1· ante el exterior un frente des unificado entre los diferentes órganos de una misma n ación (Control ... , t . I, p. 514). 597 Se daria este caso si el Presidente abrogara un tratado in ternacional sin intervención del Congreso. La Constitución no la exige expresamente, pero serfa razonable su poner que es necesaria, pues el Congreso ha intervenido en la celebración del tratado (art. 75, inc. 22); cfr. Control . . . , t . I, p. 515. · 598 Control . . . , t. 1, ps . 518 y 519. 599 Control . . . , t . I, p . 519.

LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

269

e) LA DOCTRINA DE LA JUDICIABILIDAD PLENA: BOFFI BOG· GERO, BmART CAMPos, GoRDILLO. La jurisprudencia de la

Corte en materia de cuestiones políticas ha recibido la crítica de aquellos autores que postulan una judiciabilidad plena y no retaceada. Desde el Tribunal la hicieron, en su momento, Luis V. Varela y Luis M. Boffi Boggero. El primero en su disidencia en "Cullen c/Llerena" 600 , aunque luego se retractó 601 , y el segundo a través de muchas disidencias registradas especialmente en materia electoral 602 . Doctrinariamente, su criterio está registrado en un artículo que resume estas disidencias: "Al juez -dice- no pueden repugnarle los conflictos si los ve, cumpliendo con su deber, a través del prisma normativo. Para él la cuestión es tan jurídica como cualquier otra. No debe impresionarse porque el contenido sea político. Ello no transformará al juez en militante de esa área, como tampoco el contenido económico de una reivindicación lo ha de erigir en economista o el de una acción mediante la que se reclame un derecho artístico lo colocará como escultor o poeta" 60 s. Germán J. BIDART CAMPOS ha sostenido una tesis similar desde la década de 1960: "las cuestiones políticas -decia en su primera obra integral de derecho constitucional- han nacido como consecuencia de una actitud de abstención por parte de la judicatura; los tribunales no han querido entrar a conocer de determinados casos en los cuales un pronunciamiento adverso al gobierno podía ser inconveniente o fatal" 604 • La invocación a la prudencia, un poco farisaicamente utilizada cuando se echa mano de la cuestión política, es nada más que un expediente cómodo que deja sin resguardos importantes sectores de la constitucionalidad 605 • "No compartimos pues - agregaba- la distinción que nuestra jurisprudencia ha introducido Véase su extenso voto disidente en Fallos , 53:435 a 475. Según dice GONZÁLEZ CALDERÓN (Derecho constitucional argentino , cit., l. liT, § 1702, p . 578), el autor del primer Código en lo Conte nciOso Adrrumstrat1vo argentino se retractó años después de su opinión inicial en "Plan de Reformas a la Constitución de Buenos Aires" (t. 1, p. 109, y p. 321 , nota 2). 602 Véase supra , § 107. so~ BoF~- , Bor.GEilO, Lui s M., Nuevamente sobre las llamadas "cuestiones po. líticas", LL , t. 156 , p. 1143 , esp. p. 1150. 604 BWART CAMPOS, Germá n J ., Derecho constitucional , Ediar, Buenos A1res, 1968, t. l. p . 800. oo5 Ídem, p. 802. tiOO 601

CoNTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

270

en el concepto de causas, dividiéndolas en políticas Y. ju~~i­ ciables; y ello porque el art. 100 (actual 116) de la Co~s~1tuc10n atribuye a la Corte la competencia de conocer y dectdrr todas las causas que versen sobre la Constitución. Sus~rae.rle .algunas causas -las denominadas políticas- implica d1smmurr esa competencia, en contra de la propia Constitución" 606 . Actualmente este autor mantiene su clásica crítica. Sostiene que los jueces solamente pueden abstenerse de actuar "cuando las competencias no están subordinadas por la constitución a determinados requisitos o causas". Cuando la competencia es "de ejercicio discrecional y prudencial, dentro de un margen muy amplio de arbitrio para el órgano a quien esas competencias corresponden (. .. ) el ejercicio de esa competencia no llega a lesionar la constitución y, por ende, no alcanza a configurar cuestión constitucional" 607 . En su opinión, esto tiene lugar con la declaración de guerra, que no se halla subordinada a ningún requisito. En cambio, la intervención federal o la declaración del estado de sitio sí constituyen causas judiciales, pues la Constitución fija para su procedencia determinados requisitos 608 • En la doctrina administrativista, Agustín GORDILLO se ha pronunciado enérgicamente en contra de la teoría francesa del acto de gobierno y todos sus equivalentes en el derecho comparado. Considera que se trata de una noción contraria a los arts. 18 y 116 de la Constitución y le ha dedicado a esta crítica todo un capítulo de su Tratado 609 , concluyendo en que "en el derecho argentino no existen ni teóricamente ni prácticamente los actos de gobierno: porque todos los actos del Poder Ejecutivo están sujetos a revisión judicial en virtud de los artículos 18 y 116 de la Constitución y de hecho los tribunales ejercen su jurisdicción sobre ellos" 610 .

.

606 607

Ídem. p. 803 .

Bm~T

CAMI'OS,

Clt. , t. l-A, § 52, p. 426. 6001

Germá n J. , Tratado elemental de derecho constitucional,

Tambi én EKt.1 EKD.J~N ha postulado una t esis favorable a la judiciabilidad plena (EKMEKDJIA N, Miguel A., Temas para la reforma de la Con stitución nacional L L , t. 155, p. 1260, esp . p . 1269 y 1270). ' 6 09 Go A HDI LLO , gustín, Tratado . . ., cit. , 4" ed ., 2000 , t . 2 , cap . VIII . 6 l o TI t d ·a a 0 · : ., t .. 2, cap. VUI, § 24, p . 34. Agrega luego: "Porque todos los actos del Pod_er EJecutivo están sujetos no sólo a la Constitución sino también a !a legislac10n, de acuerdo a nuestro sistema constitucional , porque de hecho ex1sten vanadas leyes que se aplican directa o indirectamente y han sido decla-

LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

271

d) EL TEMOR POR LA SACRALIZACIÓN DE LOS JUECES: ÜYHA·

La contracara de los autores arriba citados está encarnada por ÜYHANARTE, quien a lo largo de varios trabajos y sentencias como juez de la Corte dejó en claro sus temores respecto del gobierno de los jueces. Fuera del trabajo ya citado más arriba 611 , dijo en otra ocasión que "La tesis de que el desiderátum político es que a través de la justiciabilidad sin limitaciones, la decisión final ante problemas como los preindicados sea adoptada por los ministros de la Corte Suprema, parece ser la consecuencia de una especie de sacralización de los jueces; algo así como una forma de idealización ingenua que deja de lado el hecho obvio de que se trata de hombres de carne y hueso, que tienen las mismas limitaciones, debilidades y apasionamientos que los demás" 612 .

NARTE. -

e) RECONOCIMIENTO DE LAS CUESTIONES POLÍTICAS CON AVAN· CE HACIA LA JUDICIABILIDAD: IIARo. Una posición interme-

dia dotada de sensible realismo fue expuesta a comienzos de la década de 1990 por Ricardo HAR0 613 . Su mención me parece importante, pues los años transcurridos desde entonces le han ido dando la razón. Si bien reconocía la existencia de las cuestiones políticas, propiciaba al mismo tiempo un avance prudente pero vigoroso de la justiciabilidad. Sostenía además que , más que de cuestiones políticas, debía hablarse de aspectos políticos de las atribuciones de los poderes políticos, señalando con ello que no hay facultades completamente extraídas o excluidas del control judicial , sino que en todo caso lo están ciertas porciones de elias 614 • Tal como señalaré en el punto siguiente, la jurisradas constitucionales; porque los derechos de incidencia colectiva constitucional abren la j urisdicción sin distinción ni exclusión". 611 Poder político y cambio estructural en la Argentina , p. 77 ; véase supra, § 18, c. . 612 ÜYHANARTE, Julio, "Cuestiones no justiciables", en Temas de casación Y recursos extraordinarios, obra en honor al Dr. Augusto M. Morello, PlaLense, La Plata, 1982, ps. 143 a 154, esp. p. 153 . 613 RARO Ricardo Las cuestiones p oltticas: ¿prudencia o evasión judicial?, "Anales del C i~cuenten~rio", Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 1991, ps. 139 a 168. Gt4 ''Más que hablar de cuestiones políticas -dice- debemos hacerlo de aspectos políticos de las atribuciones ejercidas por los poderes políticos . Siempre quedará un ámbito para el arbitrio politico, ya sea a mvel del P. E. como del

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

prudencia de los últimos años nos indica -en _co~:r:cidencia con esta postura- una lenta pero progresiva amphacwn del campo de la judiciabilidad. § 116. Mi opinión a) UNA PRIMERA DISTINCIÓN PARA INTERPRETAR LOS ALCAN·

116 DE LA CONSTITUCIÓN. - Ya me he referido en el curso de este trabajo al concepto de "caso judicial", en sentido amplio 61 5 • Hemos visto que los tribunales actúan cuando hay un caso judicial (en sentido estricto), planteado por quien tiene capacidad procesal para ello. P~r? lo cie~to es que sólo lo hacen si existe además un tercer reqws1to refendo específicamente a la materia de lo que habrá de decidirse. En efecto, si bien la mayoría de los actos emanados del Congreso o de la Administración son judicialmente controlables, no todos quedan dentro del alcance de la potestad revisora de los tribunales. Ello -según me parece- está claramente establecido por la Constitución en el art. 116, donde dice que "Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación". El término "todas" puede inducirnos a interpretar que no existen actos excluidos del control 616 . Sin embargo, debemos reparar en que el artículo dice "todas las causas", lo que quiere decir, a mi entender, que la Corte y los tribunales intervendrán en la medida en que haya causa judicial. Es aquí en donde cobra relevancia la distinción efectuada al c?rnienzo del capítulo III entre "caso judicial", en sentido estncto, y "caso judicial", en sentido amplio, y la pregunta que aparece es a cuál de los dos está aludiendo la Constitución

CES DEL ARTÍCULO

P. L., porque la discrecionalidad y la übertad, hacen a su concepción ontológica, Y P?r ende, a _los aspectos esenciales que hacen a lo político, de la pura di scr ecionahdad, ámb1to en el cual no podrá penetrar el P. J ., porque si lo hiciera estaría desnaturahzan~o la fu~ción judicial que es secundum legem, a la vez q'ue frustrando la func10n prop1amente política que es secundum arbitrium" ; cfr. ps . 167 y 168. 6 15 Véase supra, § 19. S IG De hecho , como vimos, existen autores que así lo interpretan.

Los

ACTOS NO .IIISTICIABLES

273

en el artículo 116 cuando dice "todas las causas". Si lo entendemos en un sentido absolutamente restringido, los jueces no podrían eximirse de actuar en la medida en que exista una controversia. Ahora bien, ello nos llevaría a olvidar la existencia del segundo de los requisitos ya estudiados: la legitimación. Asimismo, si nos quedáramos en este estadio, toda controversia planteada por parte legitimada debería ser justiciable. Pero sabemos que ello aún no ha sido suficiente para suscitar la intervención de un tribunaL Existe un tercer requisito - sin dudas el más controvertido de todos-, que es el de la naturaleza del acto objeto de control. Hay actos que por su naturaleza pueden ser controlados y otros que no . En síntesis, hay causa judicial en el sentido (amplio) del art. 116, cuando están presentes estos tres requisitos de la justiciabilidad. Y la gran dificultad aparece cuando tenemos que determinar cuáles son las cuestiones que por su naturaleza no son susceptibles de apreciación judiciaL Dicho de otro modo, en los párrafos que siguen intentaré determinar si verdaderamente existen cuestiones que por su propia naturaleza están exentas de control judicial. b) UNA DISTINCIÓN INEVITABLE Y UNA CLASIFICACIÓN POSI-

En la dilucidación de los actos que han estado o están exentos del control judicial debe considerarse, en primer lugar, la existencia de un grupo muy heterogéneo de decisiones que los poderes políticos adoptan en un marco de completa libertad con relación al control judicial. Éstas comprenden un rango muy variado y tanto se refieren a cuestiones de la más alta organización del Estado, de sus relaciones exteriores, o de su política interna, como a asuntos meramente administrativos y de neto corte municipaL Su sola, y por cierto muy incompleta enumeración, nos pone ante la evidencia de la cantidad innominada de asuntos que los tribunales, como regla general, no pueden controlar. Veamos. En el marco de la política exterior, pueden computarse la celebración o no de un tratado; la integración del país en un mercado común; la creación de una embajada; el reconocimiento de un estado extranjero ; la ruptura de relaciones diplomáticas con un Estado, la determinación del nivel de endeudamiento externo; la declaración o el cese de la guerra. BLE. -

C ONTROL DE CONSTITUC IONALIDAD

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En el comercio exterior: favorecer determinadas importa.cio~es con tal o cual Estado; incentivar ~a e~port~ció~ de deter~~~o':.. productos, etcétera. En la política I~t~nor: ~~:-t:ri~· detervención constituyente; crear o supn~rd ~etar una a~istía; minar el monto del presupuesto anua ' e . t 'bunales y crear nuevos sitios en la Corte Suprem~ , crear n .. crear distribuir su competencia; fijar un nuevo s:Jn~ m~n~t~rc~~l oral una nueva provincia; establecer un proce .nuen .o JU . escrito· crear universidades o bancos oficiales; mtervemr una 0 provinci~; declarar el estad~ de siti~ ; ~dultar ; prestar el se.n~~o acuerdo para una designación; decidir la apertur.a de un JUlClO político; crear figuras delictivas y fijarles pe~ahdades.. En el orden de la Administración Pública: fijar los fenados naciOnales; fijar el horario oficial; establecer el trazado de las rutas Y vías ferroviarias ; suprimir o fusionar órganos administrativos; declarar a una actividad como servicio público; fijar la fecha de convocatoria a elecciones; privatizar un servicio público; establecer un determinado régimen tarifario . En el orden provincial: celebrar un acuerdo regional; determinar las condiciones para que un municipio sea autónomo. En el orden municipal: disponer sobre la traza y sentido de circulación de las calles, el recorrido del transporte público; extender el recorrido de una línea de subterráneos; organizar la colocación de señales en la vía pública; elegir el color de los taxis , etcétera. Como puede verse, no es la importancia del asunto o su trascendencia institucional lo que excluye el control judicial. Es la naturaleza del asunto lo que impide a los jueces controlar las razones que han tenido los poderes políticos para adoptar determinadas decisiones. Las cuestiones indicadas son políticas por naturaleza en la medida en que la toma de decisión depende de una apreciación de la realidad -de su conveniencia Y opo.r tunidad- por parte del Congreso o del Presidente, que los tnbunales no pueden revisar. Esta imposibilidad puede ser de derecho o de hecho. En el primer caso la abstención se funda en la. separ~ción de poderes, ya que de ser ejercido el control, lo.s JUeces mvadirían una área privativa del Congreso 0 el. Presidente. Son los casos que se ubican en el criterio clásico de la Corte de los Estados Unidos 617 • Si la imposibilidad 617

Véase supra, § 11 3, a.

Los

ACTOS NO JUSTlClABLES

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fuera de hecho, el tribunal se hallaría ante las cuestiones políticas funcionales que menciona Fritz W. SCHARPF en los Estados Unidos 618 • Es lo que ocurre en muchos casos con el control sobre la emergencia económica, al cual me referiré específicamente más abajo 619 . Pero sea que la imposibilidad se produzca por una cuestión de hecho o de derecho, estamos ante una cuestión política fundada en la naturaleza del acto objeto de control. Las cuestiones políticas por naturaleza presentan dos excepciones. La primera de ellas aparece cuando existen ciertos aspectos formales de la decisión que pueden ser justiciables si la Constitución o la ley los establecen. Tomemos, por ejemplo, el caso de la convocatoria a la reforma constitucional, que es de gran utilidad para encontrar las diferentes faceta~; de este problema . Bien es sabido que la ley 24.309 °20 de convocatoria a la Convención no respetó el proceso de formación y sanción de las leyes, ya que el Senado introdujo reformas al proyecto emanado de la Cámara de Diputados, y sin que se produjera el reenvío a esta última, el Poder Ejecutivo promulgó la ley. Tal era el planteo formulado en el caso "Polino" 621 • Así, una decisión típicamente política, como la convocatoria a una convención constituyente, tenía un costado justiciable : el control sobre el proceso de formación de las leyes, que podía considerarse justiciable bajo lo dispuesto posteriormente en "Nobleza Piccardo" ~~. No obstante, la cuestión finalmente fue no justiciable por ausencia de legitimación de los actores 62 '1. El indulto ofrece también un buen ejemplo. El Presidente tiene la facultad exclusiva de indultar (art. 99 , inc. 5Q), pero la Constitución somete su decisión al cumplimiento de ciertos requisitos. Si los mismos se cumplen, la decisión es irrevisable judicialmente , pero si no se cumplen lo es. Por ejemplo, podría ~:>er justiciable un indulto otorgado a favor de una persona que fue destituida por juicio político. La amnistía, por el contrario (art. 75 , inc. 20) , no está sujeta a requisitos específicos, salvo 6

Véase supra , § 113, c. Véase infra , § 116, c. s2o no, 31112/93 . r.21 "Polino c/Estad o Nacional", Fallos, 317:3 35 (1994). 622 Fallos, 321:3487 (1998). Ver s upra , § 48. 62o Ver supra, § 74, b .

61R

0 19

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CoNTROL

oE coNSflTUCIONALIDAD

el del respeto al proceso de formación Y. ,sanción de las le~~s. Lo mismo puede decirse de la declarac10n de estado de sitiO. Los jueces no pueden revisar el criterio sobre los alcances de la conmoción interior valorada por el Congreso para decretarlo , pero sí podrían decretar la inconstitucionalidad de un estado de sitio declarado por el Presidente, invocando conmoción interior, si el Congreso se encontrara reunido 624 • El acuerdo prestado por el Senado es un típioo acto discrecional, pero en el caso de los jueces de la Corte uprema debe contar con la mayoría de dos tercios de sus miemb - pre entes (art. 75, inc. 4º). Finalmente, para no abundar en más ejemplos, pues los hay de sobra, tomemos el caso del juicio político. Nadie puede oponerse a la formación y tramitación de un proceso de enjuiciamiento político. PePo al mismo tiempo se ha reconocido la justiciablidad de la decisión en 1 aspectos vinculados con la defensa en juicio 62 ~. La segunda excepción que debe ser anotada se presenta cuando la decisión del Congreso o del Presidente, aun siendo discrecional , es manifiestamente irrazonable. Así, por ejemplo, la ley 24.012 impuso el denominado "cupo femenino" en el Código Electoral Nacional y lo fijó en el 30 %. Evidentemente, el Congreso no estaba sujeto a ningún requisito específico para establecer esta alícuota re ervada como piso para las candidaturas femeninas, pero que hubiera pasado de haber sido irrazonable por alto o por bajo el porcentaje elegido. ¿Podrían los jueces controlar un cupo fijado en un piso tan bajo como el 5 % o en un techo tan alto como el 85 %? Parecería que sí. Lo mismo podría decirse de cualquier otra decisión que siendo política en su esencia puede provocar un caso judicial si el legislador incurre en un exceso manifiestamente irrazonable. Pensemos en un acto típicamente discrecional del Congreso, como es la creación de tipos penales y la fijación de las penas máxima y mínima que les corresponden 62 7 • Esta actividad, de 6~4 No obstante, en este caso podría acudirse a un decreto de necesidad Y urgencia , lo que salvaría -al menos formalme nte- la inconstitucionalidad. 625 Ver supra, § 91. 626 Art. 60, ley 19.945, o. por decr. 2135/83 con la modificación de la ley 24.444.

R27 Esto ha sido reconocido por la Corte. En "María Cristina Pupelis", Fallos, 314:424 19911. el 'Ihbu nal dijo "Que en virtud de la faculta d que le otorga el art.. f)1 mr- U labora 75, inc. 12) de la Cunsti Lución nacion11l ,

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el del respeto al proceso de formación ~ , sanción de las le~~s . Lo mismo puede decirse de la dec~ara.c10n de estado de s1t1o. Los jueces no pueden revisar el cnteno sobre los alcances de la conmoción interior valorada por el Congreso para decretado, pero sí podrían decretar la inconstitucionalidad de ~ e~tado. de sitio declarado por el Presidente, invocando conmoc1ón mtenor, si el Congreso se encontrara reunido 6 ~ 4 • El acuerdo prestado por el Senado es un típico acto discrecional, pero en el caso de los jueces de la Corte Suprema debe contar con la mayoría de dos tercios de sus miembros presentes (art. 75, inc. 4 2 ). Finalmente, para no abundar en más ejemplos, pues los hay de sobra, tomemos el caso del juicio político. Nadie puede oponerse a la formación y tramitación de un proceso de enjuiciamiento político. PeFo al mismo tiempo se ha reconocido la justiciablidad de la decisión en los aspectos vinculados con la defensa en juicio 625 . La segunda excepción que debe ser anotada se presenta cuando la decisión del Congreso o del Presidente, aun siendo discrecional, es manifiestamente irrazonable. Así, por ejemplo, la ley 24.012 impuso el denominado "cupo femenino" en el Código Electoral N acional 626 y lo fijó en el 30 %. Evidentemente, el Congreso no estaba sujeto a ningún requisito específico para establecer esta alícuota reservada como piso para las candidaturas femeninas, pero que hubiera pasado de haber sido irrazonable por alto o por bajo el porcentaje elegido. ¿Podrían los jueces controlar un cupo fijado en un piso tan bajo como el 5 % o en un techo tan alto como el 85 %? Parecería que sí. Lo mismo podría decirse de cualquier otra decisión que siendo política en su esencia puede provocar un caso judicial si el legislador incurre en un exceso manifiestamente irrazonable. Pensemos en un acto típicamente discrecional del Congreso, como es la creación de tipos penales y la fijación de las penas máxima y mínima que les corresponden 627 • Esta actividad, de &2 • No obstante , en este caso podría acudirse a un decreto de necesidad y urgencia , lo que salvaría - al menos formalmente- la inconstitucionalidad. 625 Ver s upra, § 91. 626 Art. 60 , ley 19.945, t. o. por decr. 2135/83 con la modificación de la ley 24.444. 2 6 7 Esto ha sido expresamente reconocido por la Corte. En "Maria Cristina Pupelis", Fallos, 314:424 (1991), el Tribunal elijo "Que en virtud de la facultad que le otorga el art. 67 inc. ll [ahora 75, inc. 12] de la Constitución naciuual,

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suyo sustraída al conocimiento de los jueces, podría ser justiciable si para un delito menor se fijara una pena ~u~ elevada, viceversa; si la descripción de la conducta dehctlva ~e.ra 0 de tal vaguedad que entrara en contradic.ció~ con el reqmslto constitucional de la tipicidad 628 . Como cnteno general acerca de esta cuestión la Corte ha dicho, refiriéndose a la garantía de igualdad, que "... las disposiciones que el legislad~r adopta para la organización de las instituciones ~u~da.n libradas a su razonable criterio. De tal manera las d1stmc10nes que establezca entre supuestos que estime distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias" 629 • Como vemos, muchos actos de los poderes políticos tienen -como el dios Jano- dos caras: una no justiciable y otra justiciable. Sin embargo, en numerosos casos -en particular, cuando se trata de la primera de las excepciones anotada- resultan no justiciables, aun cuando teóricamente podrían serlo. Ello se debe a la falta de personas procesalmente habilitadas para plantearlos, lo que depende claramente del criterio del tribunal resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos , desin· criminar otros e imponer penas, y asimismo y en su consecuencia aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estime pertinente; de tal suerte que el único juicio que corresponde emitir a Jos tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fln de discernir si media restricción de los prin· cipios consagrados en la Carta Fundamental; sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones" (consid. 52, p. 440). A2R "La tipicidad , como exigencia de que el acto se subordine al tipo legal -decía JJMÉNJ>¿ ut A::;uA-, es patrimonio de Jos regímenes liberales. La separación de los caracteres del delito defiende la libertad humana de modo eficacísimo . Por eso seria erróneo hacer, como quisieron los sistemas autoritarios de Alemania y de ltalia (en ésta tardíamente), un todo indisoluble con todas y cada una de las características de la infracción, presidido de una parte por la volunta d criminal y de otra por el resultado lesivo de la comunidad o del pueblo. Ello supone poner en manos de los jueces la libertad de los ciudadanos, ya que se volatilizan los pt;ncipios objetivos en la determinación de los actos contrarios a las normas, y someter a los individuos a una concepción que anula la personalidad en beneficio de vagos e imprecisos conceptos de comunidad de pueblo y de raza. Es indis· pensable el mantenimiento de la tipicidad, de la antijuricidad objetiva y de la culpabilidad, como caracteres funcionales, que si bien forman a la postre el todo conceptual llamado delito , son capaces de ser distinguidos separadamente, ya que cada uno posee función propia en la diversidad armónica del conjunto" (JTMENEZ DE AsúA , Luis, Tratado de derecho penal, Losada, Buenos Aires, 1951, t. III, § 1197 . p . 681). 629 "Bozzano c/Estado Nacional", Fallos, 318:1256, 1260 (1995).

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extensión de la legitimación la que , tal como se acerca de la . h ·d pliando progreha visto en el capítulo antenor, se a 1 o .a m lít ' {unrecen las cuestwnes po LCas sivamente. En este c~so apa d 1 "P l'no" oal donde la · l o~o Tal por eJemplo la e caso o1 , ~~~: e:st~ba a~te una decisión de naturaleza ~olítica (el ll~­ mado a una convención constituyente), pero SUJeta al cumphmiento de delerminados requisitos formale s (los que la Constitución impone en el proceso de formación de las leyes), ~ero que funcionalmente no tuvo un sujeto legitimado que pud1era configurar el caso. Al lado de este primer grupo de cuestiones políticas existe un segundo grupo que tradicionalmente ha estado fuera del control judicial, no obstante poseer una indudable naturaleza justiciable . Ellas son, en su mayoría, las decisiones tomadas en el ámbito de la Administración. Así, por ejemplo, la calificación de la huelga, el régimen interno de las universidades, salvo en cuestiones estrictamente técnicas o científicas, el control sobre ciertas decisiones en materia de empleo público o sobre el régimen de ascenso de los miembros de las fuerzas armadas de seguridad, etc. Lo mismo podría decirse del control sobre las decisiones administrativas del Poder Judicial o las de la Iglesia Católica. En muchos de estos casos nos encontramos frente a una controversia real , planteada por una persona legitimada , y la decisión no ha sido tomada en un marco discrecional sino reglamentado, de modo que no existe razón valedera alguna para que los jueces se abstengan de intervenir. Son las cuestiones políticas de conveniencia juclicial. En este segundo grupo también se utiliza a la división de poderes como limitante de la actividad judicial, aun cuando la intervención de los jueces no invadiría una zona privativa de otro poder. El resguardo de la división de poderes en este caso es (al menos en teoría) prudencial, en el sentido de BICKEL 6 32 . Los tribunales quieren mantenerse alejados de los poderes políticos como prenda de autopreservación y con ella de la clivisión de poderes. 630 Si bien utilizo aquí la misma denominación que Fritz W. ScHARPF en el derecho norteamericano (véase supra, § 113, e) el fundam ento es diferente , ya que la falta de funci onalidad aquí está motivada exclusivamente por la ausencia de legitimación. G ~ l "Polino c/Estado Nacional", Fallos , 317:335 (1994). 632 Véase supra, § 113. b.

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Dentro de este segundo grupo militaban, en su momento, las cuestiones electorales 6aa, y el proceso de formación y sanción de las leyes, hasta que fueron dadas de baja, como reconocimiento de su justiciabilidad. Por último, hay ciertas cuestiones que están retraídas del control judicial , pues una ley así lo establece. Un caso típico es el de los conflictos interadministrativos donde, por voluntad de la ley 19.983, esiá vedada la intervención judicial. Ciertamente, no puede negarse que el fundamento de esta disposición puede hallarse en la división de poderes y en el intento por no trasladar a la justicia un conmcto interno de la Administración sin proyección a los administrados. Tenemos así que las cuestiones políticas pueden estar creadas por la propia Constitución, por el Congreso o por los jueces. Las primeras, a su vez, poseen dos excepciones cuya extensión también depende en buena medida de la voluntad de los jueces. Una primera excepción, fundada en la pos ibilidad de controlar ciertos aspectos formales de la decisión, está limitada en su aplicación por la mayor o menor extensión con que los jueces interpreten la legitimación. La segunda excepción, fundada en la irrazonahilidad manifiesta de la decisión política, también depende de un criterio de apreciación judicial subjetiva que determine el umbral de lo irrazonable . Se sigue de lo dicho que existen cuestiones que por su propia naturaleza están exentas de control judicial. Son aquellas incluidas en el primer grupo y no sujetas a ninguna de las excepciones apuntadas. La abstención judicial en este caso 633 Ciertamente no t.odas las cuestiones vinculadas con la materia elect.oral son justiciables. Algunas de ellas pueden entrar dentro tlel primer grupo antes rn .. nc:ion ado. Así, por ejemplo, si una nueva ley electoral decidiera cambiar el sis tema actual (Código Electoral Nacional , ley 19.945, con la~ modificaciones de las leyes 22.487 , 23510, 24.012, 24.444), que establece la elección de los diputados mediante el sistema D'Hont con listas cerradas, y se estableciera el sist ema de CÍl'CWlSClipción uninominal, tal decisión no podría ser justiciable. De hecho, sería des eable que ocurriera, dada la distor sión del régimen electoral que el sistema de lista cerrada o bloqueada presenta. Una explicación de nuestro sistema electoral puede verse en JACK.Iscn, Carlota, y F ERRF.IRA R uBIO, Delia M. , "E l sistema electoral en la Argentina", en Sistemas electorales y sus consecuencias poUticas (compiladora Carlot a Jackischl, Ciedla-i
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ano (e inevitable) objeto de que es legítima, p~es responde al s a exclusiva de los poderes polos jueces no mvadan una zon

lítico~~s

cuestiones políticas crea~as por l~ v~l':lntad di~c~oc!~~ nal de los jueces no tienen por nura un prmclplO"tan ?r o , . mente constitucional, y revelan la presencia del móvll yohtlco de las cuestiones políticas". Sin embargo, no me atrevena a formular una condena absoluta de ellas, en la medida en que el criterio prudencial utilizado sea auténtico y pueda comprobarse que existe una honesta intención de preservar - al menos por omisión- la división de poderes en un momento en_ que una decisión adversa pudiera resultar nefasta para la ¡ndependencia futura del Tribunal. . Ello me permite afirmar que tanto en las cuestiones políticas creadas por la Constitución como en las creadas por los jueces está presente la separación de poderes, bien que con propósitos diferentes. Mientras en las primeras se intenta preservar la autonomía de los poderes políticos, en las segundas el objetivo es preservar la del Poder Judicial 634 • C) UN CASO SINGliLA.R: LA EMERGENCIA ECONÓMICA COMO CUESTIÓN POLÍTICA ENCUBIERTA. Examinaré ahora un caso sin-

gular: el de la emergencia económica. La cuestión en nuestro país tiene importancia en la medida en que la Argentina tiene una larga trayectoria en este terreno, y además las dos últimas décadas han transcurrido bajo el signo de aquélla 6~ 5 • Normalmente, y salvo lo decidido en el caso "Rodríguez", vinculado con la privatización de los aeropuertos en 1997 636 , donde la Corte manifestó que el control del decreto 842197 debía hacerlo 6 3 4 Se comprueba así que el Poder Judicial tanto puede intentar afirmar su independencia por vía de acción ejerciendo el control de constitucionalidad como puede intentar preservarla por omisión, invocando una cuestión política. 6 3 5 De hecho, en el momento de escribir estas lineas est.án vigentes las leyes 25.344 (80, 2111 1100) y 25.453
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el Congreso según el mecanismo previsto en el art. 99, inc. 3Q, el Tribunal, formalmente hablando, no ha evadido el control sobre las medidas de emergencia dictadas en el campo económico. Así, los fallos producidos con motivo de la impugnación de tales decisiones parecen enfrentar seriamente el análisis de ellas, lo que permite suponer en un análisis inicial, que no constituyen una cuestión política. A diferencia del estado de sitio político, que sí ha sido considerado una cuestión no justiciable 637, el estado de sitio económico 638 nunca fue dado de alta en tal categoría. Por ello, si nos detenemos en la lectura de las sentencias más típicas de esta serie jurisprudencia!, tales como "Ercolano c/Lanteri de Renshaw" 639 , "Avico c/De la Pesa" 640 , "lnchauspe c/Junta Nacional de Carnes" 641 , "Russo c/Delle Donne" 64' , "Cine Callao" 643 , "Fernández Orquín c/Ripoll" 64 \ y "Peralta c/Estado Nacional" 646 , inspiradas directa o indirectamente en los fallos de la Corte norteamericana, fundadores de la tolerancia hacia la intervención estatal en materia económica 646 , veremos que en ninguno de ellos la Corte ha renunciado a ejercer el control con invocación de la doctrina de las cuestiones políticas. Sin embargo, no pueden pasar inadvertidos dos fenómenos que se repiten sistemáticamente en todos estos casos. En primer lugar, la Corte ha sido muy tolerante de todas las medidas de emergencia adoptadas en las últimas ocho décadas 647 , y en 637 638

Véase infra, § 91, a. Las medidas de restricción de la propiedad indiyjdual han sido por momentos tan fuertes que he aludido al estado de sitio económico ( BrANCHr , Alberto B., El estado de sitio económico, "Reyjsta del Colegio de Abogados de Buenos Aires", t . 50, mayo de 1990, ps. 13 a 44). 639 Fallos , 136:161 (1922). 640 Fallos , 172:21 (1934). 641 Fallos, 199:483 (1944). 642 Fallos, 243;467 (1959). 643 Fallos, 247 :121 (1960). 644 Fallos , 264:416 ( 1966). 645 Fallos. 313:1513 (1990). 6 41; "Munn v. lllinois", 94 U.S. 113 (1877); "Noble State Bank v. Haskell", 219 U.S. 104 (1911); "Block v. Hirsh", 256 U.S. 135 (1921); "Home Building and Loan Association v. Blaisdell", 290 U.S. 398 (1934); "Nebbia v. People of State of New York"; 291 U.S. 502 (1934) y "West Coast Hotel v. Parrish", 300 U .S. 379 (1937).

647 Sería injusto sostener que la Corte ha tolerado todas las leyes o decretos de necesidad y urgencia dictados , ya que existen algunos casos aislados en los que tales disposiciones normativas han sido declaradas inconstitucionales, pero ciertamente la tendencia general ha sido favorable a su constitucionalidad. Como

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particular de las que han afectado las relaciones pa~ri~oniales entre particulares, o entre éstos y el Estado, restnng¡.e.ndo el derecho de propiedad individual. En segundo lugar, en runguno de estos fallos se advierte un análisis profundo de la razonabilidad de las medidas. Por el contrario, la Corte ha aceptado dogmáticamente la existencia de la emergencia, tal ~o.mo fue presentada en cada opor~~nidad P?,r los pod.e.res poh,~l~Os. Así, por ejemplo, en Ercolano , se alud10 a las Clrcunstancias muy especiales en que por la dedicación de la propiedad privada a objetos de intenso interés público y por las condiciones en que ella es explotada, justifican y hacen necesario la intervención del Estado en los precios, en protección de intereses vitales de la comunidad" 648 , y se agregó luego que "No es de resorte del poder judicial decidir del acierto de los otros poderes públicos en la elección del medio empleado para conjurar esa situación crítica, ni de las consecuencias de orden económico que puedan derivar de la aplicación de la ley. Le incumbe únicamente pronunciarse acerca de los poderes constitucionales del Congreso para establecer la restricción al derecho de usar y disponer de la propiedad que encierra la ley impugnada , teniendo para ello en cuenta la naturaleza, las causas determinantes y la extensión de la medida restrictiva" 649 • En "Avico" se invoca: "La coincidencia en el sentir de los grandes poderes de Estado Legislativo y Ejecutivo, y los hechos recordados, además de muchos otros que pueden invocarse llevan al convencimiento de que había en realidad un estado d~ emergencia producido por fenómenos económicos, tan grave 0 más que el q.ue puede cre.arse por un contraste de la naturaleza, Y que h1en p~do dec1rse que ese estado tiene los caracteres del cas~ fortuito , capaz por su propio imperio, en principio, de mod1fi?ar la~ relaciones contractuales creadas al abrigo d la normalidad" 6oo N d . . e · o menos ogmatlca fue la sentencia recafda excepción en lo~ últimos tiempos señalo "v·d Cl b D . de Cinematografía" Fallos 318·ll54 1 ' e.o u reams cllnstltuto Nacional nal", Fallos 322: 1726 (l9 9'9 ¡ y. "R' ( .995dl; 'Ven-occht c!Poder Ejecutivo Nacio1 e 0 campo c/R · " F tl ( 2 000), que •fueron anali zados, supraIS O§ ta OJ!I S • a .os, 323:1934 59 648 Fallos, 136:172. ' · 49 " Fallos . 136:177 . 650 Fallos , 17'2:77 y 78. y sigue diciend 1 f 11 ... 0 es tan hondo y ha cambiado lan b . e a 0 · Ese desastre económico ruscamente el valor de la propiedad y de todos

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1 agremiación obligatoria en ".Inchauspe": "en el presente caso, una a imnosición arbitraria no aparece como ~"' d de los gana deros . o el medio de salvaguar ar o caprichosa del legis~~édorlo~;e c~:os los habitantes del pais sus interese~ ynatcal.monall nafectados por la crisis de la ganadería y la econom1a • . d ' s'ble ) En nombre de un remoto interés pnva o. ~o sena ~o 1 ~e~~ar los ojos ante el interés público y el pos1t1vo de nullar~s de ganaderos empeñados en la defensa de la ley tachada e 651 inconstitucionalidad" · " • • , • En "Cine Callao" la Corte admite que El anáhs1s del mento 0 eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines propuestos, la cuestión de saber si debieron elegirse los de la l~y 14.~~6 u otros procedimientos, son ajenos a la competencia de esta Corte, a la que sólo incumbe pronunciarse acerca de la razonabilidad de los medios elegidos por el Congreso, es decir, que sólo debe examinar si son o no proporcionados a los fmes que el legislador se propuso conseguir y, en consecuencia, decidir si es o no admisible la consiguiente restricción de los derechos individuales afectados. Pues, como se afirmó en Fallos , 171:348 y se recordó en Fallos , 199:482, el tribunal nunca ha entendido que pueda sustituir su criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del Congreso de la N ación, para pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes , sea de las que regulan trabajos, comercios o industrias con fines de policía, sea de las que establecen impuestos o tasas" 662 • Iguales deficiencias presenta "Peralta", en particular cuando la Corte se ocupa del control de razonabilidad con la sulos productos de la agricultura y ganadería, y consiguientemente el precio del arrendamiento de los campos y casas, que si el Congreso no se hubiera resuelto a establecer la moratoria y especialmente la rebaja del interés de los préstamos hipotecarios, los acreedores hipotecarios que percibieron durante año~ su capital en una moneda extraordinariamente valorizada dentro del país , por la emergencia, adquirirían en realidad un valor de compra muy superior al que dieron en préstamo (. .. ) En consecuencia podemo• afirmar que la gravedad y extensión de la crisis económica justifican ampliamente la ley impugnada; que todas sus disposiciones se proponen salvaguardar en lo posible un fin legítimo, como es el interés público comprometido en esta grave emergencia y que los medios empleados, la moratoria para el pago del capital por tres años, y del pago de los intereses por seis meses vencidos, así como el seis por ciento en la tasa del interés, son justos y razonables, como r~glamentación o regulación de los derechos contractuales". ASJ Fallos , 199:'183 (cunsid. 9 º ). 6~~ Fallos, 247:131-132.

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perficialidad con que tradicionalmente ha sido ~bordado~ - El esquema empleado por la sentencia es muy sencrllo: el Tnbunal parte de la noción clásica sobre razonabilidad establecida por él en numerosos precedentes, según la cual las leyes son razonables cuando guardan una debida proporción entre los fmes que persiguen y los medios instrumentados a tal fin sM, criterio que cuenta con el aval de los tribunales inferiores 655 y de la doctrina s;;s , y dice que los medios arbitrados por el decr. 36/90 para sofocar la emergencia no son irrazonables. "Sustancialmente -dice la Corte- aquel decreto ordenó que las imposiciones que excediesen de determinada cantidad fuesen abonadas con los títulos de la deuda pública denominada bonos externos serie 1989" 65 7 , lo que representa tan sólo "una fuerte reprogramación de vencimientos, mas no necesariamente una quita como podría suponerse en un primer como no menos superficial análisis de la cuestión" 6fi8 • De lo dicho se sigue que la emergencia económica, si bien formalmente considerada, no ha sido una cuestión política, la Corte Suprema -de hecho- nunca ha penetrado ni analizado en profundidad sus verdaderas causas, ni la razonabilidad entre ellas y las me
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consecuencia, puede decirse que la emergencia económica es en la práctica una cuestión política encubierta. d) SÍNTESIS. UNA DOCTRINA QUE SE REPLIEGA. - De lo dicho hasta aquí encuentro que hay cinco clases de cuestiones políticas: a) cuestiones natural o constitucionalmente políticas; b) cuestiones funcionalmente políticas; e) cuestiones que el Congreso dice que son políticas; d) cuestiones que los jueces dicen que son políticas, y e) cuestiones políticas encubiertas. Fuera de ello y como conclusión final del capítulo, creo que vale la pena seiíalar tres cuestiones . En primer lugar, la abstención de los tribunales a resolver casos políticamente comprometidos, cuidando con ello su propia integridad, es un hecho histórico verificable en regímenes políticos tan diferentes como el de los Estados Unidos y Francia. Ello indica que no es tal o cual sisLema el que las produce, sino que están en la naturaleza de las relaciones entre la judicatura y los otros poderes . En segundo lugar, también se observa qu e al lado de este aspecto académicamente criticable, las cuestiones políticas tienen un fundamento constitucionalmente aceptable. Es preciso admitir la existencia de actos o decisiones de los poderes políticos que por su naturaleza misma no son justiciables. No constituyen una causa judicial en los términos del artículo 116. En tercer lugar, me atrevo a sostener -aun cuando en este terreno no pueden afirmarse tendencias definitivas- que la experiencia de los últimos treinta anos indica un repliegue o retroceso de las cuestiones políticas. Este fenómeno , que en la Argentina tiene hitos jurisprudenciales muy concretos, se observa también en Europa continental, donde España ha abandonado la noción del acto de gobierno y Francia lo mantiene, pero con limitaciones . Entre nosotros , desde la justiciabilidad de las cuestiones electorales hasta el caso "Fayt" también se ha producido un avance sensible en igual sentido. En el camino se han revisado decisiones emanadas de juicios políticos, se ha controlado el proceso de formación y sanción de las leyes y el veto parcial del Presidente. Al mismo tie~po.' el ensanchamiento de la base de la legitimación ha contnbmdo a llevar ante los tribunales causas que otrora quedaban sin revisión judicial alguna. Todo ello marca -enhorabuena- una tendencia hacia una mayor justiciabilidad.

CAPITULO VI

TENDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL Y SU PERSPECTIVA HISTÓRICA Sólo existen dos grandes corrientes en la hi~toria de la humanidad: la vileza, que crea los conservadores .Y la envidia, que produce los revolu cionarios (JULEH DE GoNCOURT, Joumal).

A) LA CORTE SUPREMA Y SUS PODERES § 117. Planteo. Desarrollo

de este capítulo Al comenzar este libro dije que el control de constitucionalidad constituye la columna vertebral del mundo de la Constitución y si bien es la Corte Suprema, con su autoridad en la materia, la que lo afirma, lo cierto es que hasta el presente sólo me he detenido en el análisis procesal de estos problemas, pero nada he probado todavía en relación con tal afirmación y el énfasis puesto en ella. Tal es la finalidad del presente capítulo, donde intentaré hacerlo describiendo las tendencias jurídico-políticas del control y su influencia en el proceso de cambio de un modelo constitucional a otro en un marco histórico. Aun cuando esto sea una perogrullada, me atrevo a recordar que el control constitucional no es un acto jurídicamente puro - si los hay- y por ello, creo, cualquier estudio sobre la materia resultaría incompleto, si se circunscribiera solamente a verificar los aspectos formales de la cuestión, desatendiendo aquellos que hacen al rumbo sustancial de la jurisprudencia. Los jueces y en particular la Corte como poder del Estado go-

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biernan y el gobierno de los jueces -en el buen sentido ~el términ~- está profundamente influido por las tendenciaS que tiene el control. Tales tendencias respond~n a numerosos factores morales, políticos, económicos y soc.Iales, que hacen del control un fenómeno complejo, insusceptlble de. ser enchalecado en un reduccionismo meramente procesal, SI lo .que se pretende es abarcar su verdadera esencia. ~or ello tle.ne sus límites estudiar un fallo despojado de las crrcunstanc1as históricas de su época, de quiénes fueron los ju~ces que lo suscribieron, de cuáles eran sus creencias, de qUiénes lnfluyeron en su nombramiento, de lo que la sociedad o los poderes políticos les reclamaban en el momento de dictarse la sentencia, y de cuáles eran los compromisos y limitaciones que cada uno de ellos poseía al poner su firma en el pronunciamiento. "Las profecías acerca de lo que los tribunales harán de hecho y nada más pretencioso, es lo que yo entiendo por derecho" -sostenía HOLMES 1 , quien estaba convencido además de que la vida del derecho no ha sido lógica, sino experiencia 2- . Podemos estar de acuerdo con HOLMES, o podemos desechar sus afirmaciones, por exudar un anglosajonismo ajeno a las abstracciones a las que nos tiene acostumbrados el inefable racionalismo jurídico. Pero lo que no debemos es desconocer que el derecho es un fenómeno social, y como tal es complejo. No está preparado para la estrechez filosófica de la Teoría 1 H OLMES, Oliver W., The Path o{ Law, "Harvard Law Review", vol. 10, p. 457 , reproducido en Collected Legal Papers , Harcourt, Brace and Howe, New York, 1920, ps. 167 a 202, esp. p. 173. 2 Decfa HOLMES: "The life of the law has not been logic: it has been expe· . ~en~e: The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, mtmbo~s of public pohcy, avowed or unconscious , even the prejudices which judges share wlt~ the1r fellowmen, have had a good deal more to do than the syllogism m detern:unmg the rules by which men s hould be governed. The law embodics the story of a nations development through many centuries , and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mat· hematics. ln order to know what it is, we must know what it h as been, and what it te~ds to become. We must alternately consult history and existing theories of leg¡slabon. But the most difficult labor will be to understand the combination o~ the ~wo into new products at every stage. The substance of the law at any ¡pven tune pretty nearly corresponds, so far as it goes, with what is then un · derstood to be convenient; but its form and machinery, and the degree to which it ~s able to work out desired results, depend very much upon its past" (HOLMES, Ohver W., The Common Law, edited by Mark DeWolfe Howe, Little, Brown and Co., Boston, 1963, p. 5).

TENDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

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pura 3 ni para la limitación intelectual de los primeros comen-

tarist~s del Code Napoleon 4 . No es éste un estudio de filosofía del derecho ni menos aún soy un experto en ese terreno, de modo que n~ me aventuraré a penetrar en sus com~lejos mea~­ dros . Sólo intento advertir al lector acerca de la 1mportanc1a -no excluyente- de la historia jurisprudencia} en el desarrollo de los procesos constitucionales, como medjo de estar alerta sobre lo que puede ocurrir y obrar en consecuencia. Con tal motivo voy a recorrer aquí tres pasos. En primer lugar, voy a describir el rol institucional de la Corte Suprema, ya que se trata del Tribunal que en mayor medida ejerce el control constitucional y lo emplea como medio de producir, o bien acompañar los cambios. Como segundo paso, describiré las herramientas que la Corte utiliza como vehículo procesal de su tarea, ya que ello permitirá tener una idea apr·oximada de la libertad de maniobra (discrecionalidad) que posee. En tercer término haré un recorrido histórico del constitucionalismo - proporcional a las dimensiones que esta obra me permitecon el objeto de brindar al lector un marco general a los cambios que en su curso ha generado el control de constitucionalidad según las tendencias políticas, jurídicas y económicas de cada época, cambios que por otro lado fueron en general acompañados por la Corte Suprema. Creo que esta trilogía de cuestiones permite conocer el perfil institucional del Tribunal que produce el control constitucional, las herramientas de que se vale para ello y el curso histórico en el cual se han aplicado. " K ELSEN 4uería "liberar a la ciencia jurídica de todos los elementos que le son extraños" (Teor[a pura . . . , cit., p. 15), pero con ello olvidaba que el der echo no es el fruto de una abstracción y qu e no puede ser aplicado por igu al a todos los pueblos o comunidades con desprecio o indiferencia por su historia y su cultura. 4 Según decía Demolombc: "mi divisa , mi profesión de fe , es ta mbi én ¡los textos antes que nada! Publico un curso de Códi go de Napoleón; mi objeto es, por tanto, interpretar·, explicar el Código de Napoleón mismo. considerado corno ley viva, como ley a plicable y obligatoria; y mi s preferencias por el método dogmático no me impedirán el tomar por fundamento siempre los artículos mismos de la ley" . Más decisivas son tod avía las palabras atribuidas a Bugnet: "No conozco el derecho civil, no enseño más que el Código de Napoleón" (ci tados por GENY, Francisco, Método de interpretación y fuent es en derecho pri uado positiuo , Reus, Madrid, 1925, p. 27).

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§ 118. Función institucional de la Corte Suprema

a) PLANTEO. - Nadie puede cuestionar a esta altura que el rol de la Corte Suprema constituye un universo mucho más vasto que el que ofrece su función como tribunal de justicia, observada desde la estrechez de las normas procesales. Asomarse tan sólo al comportamiento de la Corte implica tomar contacto inmediatamente con una realidad polifacética que por su t r ascendencia merece una meditación detenida. No en vano ha dicho Paul FREUND que entender a la Corte es un asunto que obliga a los abogados a convertirse en filósofos 5 • Veamos ent onces cuáles son las múltiples caras que conforman el papel inst itucional del Tribunal. Para comenzar el análisis del enclave institucional que la Constitución y la dinámica de la vida política han configurado para la Corte Suprema, tengamos en cuenta que así como en los Estados Unidos se ha dicho que la historia de ese país ha sido escrita no sólo en los salones del Congreso, en las oficinas del Poder Ejecutivo y en los campos de batalla, sino también en gran medida en los despachos de la Corte 6 , entre nosotros Vicente Gallo, con igual convicción, afirmaba que muchas de las páginas de nuestra historia encuentran su verdadero sentido en los fallos del Tribunal \ dando razón con ello a lo que había anticipado Bartolomé Mitre casi ochenta años ant es , al despedir los restos de Francisco de las Carreras 8 • Obviament e, no es esta la ocasión para evocar siquiera su5 F I{EU ND, Paul A., On Understanding the S upreme Court , Greenwood Press, Connecticut, 1977 , p. 7. 6 W ARR EN , Charles , Th e Supreme Court in United S ta tes History , Little Brown & Co., Bo•ton, 1926, vol. l. , p. l. 7 Prólogo a la obra de Pf; nEz, Felipe S. , Tratado sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema , Ideas, Buenos Aires, 1941. 8 "Pero era necesario - decfa Mitr e- complementar esa Constitución; era necesario consolidar a la par del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que son siempre las primeras manifes taciones de la vitalidad política, el supremo Poder Judicial que imper a sobre las pasiones, que corrige sus extravíos, que garante la paz de los pueblos y de los ciudadanos y qu e gobierna a todos en nombre de la razón con la fu erza invencibl e de la ley" (citado por VANUl:Sl:Sl , Teor(a Constitucional , t. ll, p. 142, n • 2).

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Aires en el caso "Spisso" 217 , que es útil para el análisis alguna solución. Rodolfo Spisso había sido elegido por el C sejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires integrar la Cámara en lo Contencioso Administrativo y butario, y su pliego fue remitido a la Legislatura. Antes que se celebrara la audiencia pública prevista en el art. 1 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se en el cuerpo legislativo una denuncia formulada contra el Spisso por irregularidades en el ejercicio de su profesión. terado de ella, Spisso presentó sendos descargos ante y ante el Consejo de la Magistratura. La Legislatura, mente, decidió no prestar el acuerdo. Esta decisión fue

pugnada por medio de una acción de amparo, que tuvo favor acogida, aunque con las siguientes particularidades. La j ticia no ordenó a la Legislatura producir el acuerdo, pero tendió que el derecho de defensa del actor no había sido ficientemente resguardado; en consecuencia anuló el del pliego y ordenó a la demandada considerarlo nuev"'-wt~::u... permitiendo al actor el ejercicio de su derecho de defensa. poco se hizo lugar a la pretensión del actor de que se lo siderara automáticamente designado, habida cuenta de la lidad del rechazo del pliego. Estamos, como puede verse, ante un supuesto análogo del juicio político. No se discute ni se revisa el criterio de Legislatura para evaluar al candidato, pero el caso un elemento regladc;>: el trámite otorgado a la denuncia pasos procesales dados por el órgano legislativo en del derecho de defensa del denunciado, los que fueron derados insuficientes. § 93. La re forma const itucional

Al igual que nuestra Constitución, la de los Estados U prevé también un procedimiento para su reforma 2 18 • m CCont. Adm. y Trib., Cdad.Bs.As., Sala I, "Spisso c/GCBA", 8/5/01 , n• l. 218 El mismo está registrado en el artículo V, qut< dice: "El Congreso pondrá enmiendas a esta Constitución cuando dos tercios de ambaR Cámaras

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conocer entonces si los jueces pueden controlar este proceso, o si ello es una cuestión ajena a su poder de revisión. En un caso inicial, "Hollingsworth v. Virginia" 219 , la Corte sostuvo que el Presidente no podía vetar las enmiendas aprobadas por el Congreso, ya que el poder de veto estaba sólo reservado a las leyes. También se atisba un cierto control judicial sobre el proceso constitucional en "Leser v. Garnett" 220 , donde se dijo que la sola certificación de un estado de que había ratificado un proyecto de enmienda era suficiente para tenerlo en cuenta a los efectos de lograr la mayoría para impulsar el proceso de enmienda. Asimismo, en "Dillon v. Gloss" 221 , fue declarado constitucional el plazo creado por el Congreso para la ratificación de las enmiendas constitucionales. Pero en "Coleman v. Miller" 22 ~, la Corte, mediante el voto del juez Black, rechazó una demanda promovida por dos senadores estaduales que pretendieron se declarara inconstitucional la ratificación de las enmiendas decimooctava y decimonovena, por haber expirado el plazo para hacerlo. Sostuvo el tribunal que el Congreso tenía el control exclusivo y completo del proceso de reforma el que no estaba sujeto a revisión judicial. El proce o de reforma constitucional -dice la Corte- es íntegramente político, desde que se lo sometP. hasta que una enmienda pasa a formar parte de la Constitución y no está sujeto a control judicial en ninguna pat·te 2t' . Igual criterio ha sostenido alguna vez la justicia federal del ~::stado de Idaho "'"'. Doctrinariamente, la cuestión se iliscute . TR1BE sostiene que el proceso de reforma constitucional t:nn•id"ren necesQJ·io , o cuando dos tercios de las legislaturas estaduales convoquen a una convención para proponer enmiendas lo cual en cualquier caso será válido a todos los efectos como partOl dr. esta Constitución , cuando haya sido ratificado p
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no debe ser revisado judicialmente, pues constituye el úni mecanismo existente que penrute modificar la interpret judicial de la Constituc1ón 22 ~ . DELLINCER , por el contrario , tiene que los tribunales deben asegurar que el proceso de forma se lleve a cabo en la forma en que lo prescribe la Co 6 • titución La "Corte Suprema argentina, antes del caso "Fayt", bía dicho en "Soria de Guerrero c/Bodegas y 22Viñedos S.A." 227 -con disidencia del juez Boffi Boggero A_ que los no tenían poder de revisión sobre el proceso de reforma tilucional" 2 " . No obstante, aclaró que tal principio sólo ría, en caso de demost.rarse la falta de concurrencia de requisitos mínimos e indispensables que condicionan la de una lcy'2 ~ 0 • Luego de este caso, "Gascón Cotti" n\ Bergcz""12 y "Pohno" 2 aa no pudieron lograr que la Corte.,."'""'"..,. los procesos de reforma constitucional en la Provincia de Aires y en la Nación, pero estos intentos fracasaron por d~ legitimación en los actores, según sostuvo el Tribuna Stn embargo, la cuestión tuvo un vuelco asombroso en c/Estado Nacional" 235 , pues al anular una cláusula de la C ti.tuc~ón - incorporada en la reforma de 1994- la Corte, de eJerctó control sobre tal proceso de reforma. No explicaré los hechos de este caso, pues ya lo hice más arriba al a los efectos del control Y en particular el eventual efecto ga omnes de algunas sentencias 23n . No ob t t d b que el art. 99, inc. 4 º en su tercer párrafo :x~;ae~nen~evo

225 Tm DE, Laurence L Consti . . Massachusetts , 1985 ps tutiOnal Chotees , Harvard University 2 23 22r. D . ._ ' · Y · T ~LLINUF~ R Walter The L , the A mendment Pr~cess "H, degL¡ Lmacy o(Constitutional Change· 2' , arvar aw Re . " l 9 . Vlew • vo · 7, p . 386 (1 983). 27 Fallos, 256:556 ( 1963 )

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~~H Fallos, 256:559-562 · . 229 Se trataba de un c~so en que la Cor te debía decidir s i el artícul bts de la Constitución había sido reglamento interno de la Conve de conformidad con la s norma: 230 Fallos, 256:559 nci n onstJtuyen te de 1957.

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no debe ser revisado judicialmente, pues constituye mecanismo existente que permite modificar la interpretación judicial de la Constitución 225 . DELLINGER, por el contrario, so tiene que los tribunales deben asegurar que el proceso de reforma se lleve a cabo en la forma en que lo prescribe la Con titución 2 "" . La Corte Suprema argentina, antes del caso "Fayt", había dicho en "Soria de Guerrero c/Bodegas y Viñedos Pulen S.A." 227 -eon disidencia del juez Boffi Boggero 228- que los juec no tenían poder de revisión sobre el proceso de reforma con titucional 22Y. No obstante, aclaró que tal principio sólo cedería, en caso de demostrarse la falta de concurrencia de 1 requisitos núnimos e indispensables que condicionan la de una ley 200 . Luego de este caso, "Gascón Cotti" ~ , Bergez" 232 y "Polino" 2o:J no pudieron lograr que la Corte revi los procesos de reforma constitucional en la Provincia de Aires y en la Nación, pero estos intentos fracasaron por de legitimación en los actores, según sostuvo el Tribunal Sin embargo, la cuestión tuvo un vuelco asombroso en "Fa c/Estado Nacional" 2:JS, pues al anular una cláusula de la titución -incorporada en la reforma de 1994-la Corte, de ejerció control sobre tal proceso de reforma. No explicaré los hechos de este caso, pues ya lo hice más arriba al referí a los efectos del control y en particular el eventual efecto erga omnes de algunas sentencias 236 • No obstante, debo que el art. 99, inc. 4º en su tercer párrafo exigía un nuevo nom2

1

22G 'l'ruuE , Launmce L. , Constitutional Choices , Harvard University PreMassachusetts , 1985, ps . 22 y 2~ . 22 6 U F. LLI NGER , Waltcr, The Legitimacy of Constitutional Change: Rcthinki the Amendment Process , "Harvard Law Review", vol. 97 , p. 386 (1983). 227 Fallos, 256:556 ( 1963). 2 28 Fallos, 256:559-562. 22 V Se trataba de un caso en que la Corte debía decidir si el artículo 1 bis de la Constitución habla sido sancionado de conformidad con las normas d reglamento interno de la Convención Constituyente de 1957. 2~o Fallos , 256:559. 2 31 "Alfredo Gascón Cotti", Fallos, 313 :594 (1990). m "Pablo González Bcrgez", Fallos , 313:588 (1990). 2 a3 "Polino c/Estado Nacional", Fallos, 317 :335 (l994). 234 . Me re mito. ~ la explicación de e tos dos casos efectuada supra (§ 741. con mot1vo del anális1s de la legitimación colectiva de las pel'sonas individual 235 Fallos, 322:1616 (1999). 2:<6 Véase supra, §50.

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bramiento precedido de igual acuerdo para t.oc;ios lo _jueces federales que hubieran alcanzado los setenta y cmco anos de edad. egún estableció la Corte, dicha cláusula es ~ula pues no e7~a­ ba habilitada por la ley 24.309, de convocatona a la ConvenCion . § 94. El proceso de formación y sanción

de las leyes Hasta 1998 la Corte Suprema declinaba controlar el proceso de sanción de las leyes. Sostenía que sólo conocía las leyes una vez que ellas existían como tales. De tal suerte, si se observaban anomalías en la formación de la ley, ello era coniderado un asunto interno del Congreso y ajeno al control judicial. En los Estados Unidos, ésta era también la jurisprudencia tradicional ~ 7 , pero fue modificada en 1990 en el caso "United States v. Muñoz-Flores" 238 , en el cual se impugnaba la constitucionalidad de una ley que había creado una multa por la comisión de delitos menores, en violación de la cláusula de origen (origination clause) establecida en el Art. 1, secc. 7 239 • El representante del gobierno arguyó que la cuestión debatida era política, agregando que la Cámara de Representantes poseía resortes suficientes para proteger sus intereses en casos como el presente. La Corte, sin embargo, conducida por el voto del juez Thurgood Marshall, entendió que ello no era así, pues el hecho de que la Cámara tuviese tales poderes de autodefensa no impedía la acción de los tribunales para defender la Constitución 240 . 237 Me refiero al caso "Ficld v. Clark", 143 U.S. 649 (1892), en el cual fue dest:stimada una demanda en la cual se invocaba que una sección de una ley, autenticada por el speaker (pre idente) de la Cámara y firmada por el Poder Ejecutivo , había sido omitida respecto de la versión final del texto en las sebioncs legislativas. La Corte dijo qut: el control judicial era inneces~o . ~rque _el_ Congreso podía prott:ger sus propios intereses a doptando una leg¡slactón adtc10nal. 2~8 495 u.s. 385 (1990). 2~~ Esta cláusula, antecedente de nuestro art. 52 (ex 44) , establece que todas las leyes que produzcan rentas se originarán en la Cámara de Representantes (Diputados). En lo atinente al fondo del problema, la Corte, sin embargo, no declaró inconstitucional la ley, pues entendió que la misma no estaba incluida dentro de las previstas en el Art. 1, secc. 7, en la medida en que no recolectaba rentas para la Nación, sino que establecia un fondo para compensar a las víctimas de los deli tos cometidos .

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bramiento precedido de igual acuerdo para todos los jueces federales que hubieran alcanzado los setenta y cinco años de edad. Según estableció la Corte, dicha cláusula es ~ula, pues no e~~a­ ba habilitada por la ley 24.309, de convoc9.tOI'l9. !l. la Ce>ñvéñcion. § 94. El proceso de formación y sanción

de las leyes Hasta 1998 la Corte Suprema declinaba controlar el proceso de sanción de las leyes. Sostenía que sólo conocía las leyes una vez que ellas existían como tales. De tal suerte, si se observaban anomalías en la formación de la ley, ello era considerado un asunto interno del Congreso y ajeno al control judicial. En los Estados Unidos, ésta era también la jurisprudencia tradicional m , pero fue modificada en 1990 en el caso "United States v. Muñoz-Flores" 238 , en el cual se impugnaba la constitucionalidad de una ley que había creado una multa por la comisión de delitos menores, en violación de la cláusula de origen (origination clause) establecida en el Art. I, secc. 7 ~ • El representante del gobierno arguyó que la cuestión debatida era política, agregando que la Cámara de Representantes poseía resortes suficientes para proteger sus intereses en casos como el presente . La Corte, sin embargo, conducida por el voto del juez Thurgood Marshall , entendió que ello no era así, pues el h echo de que la Cámara tuviese tales poderes de autodefensa no impedía la acción de los tribunales para defender la Constitución~•o. 39

2~7 Me ref1ero al caso "Field v. Clark", 143 U.S. 649 (1892), en el cual fu e desestimada una demanda en la cual se invocaba que una sección de una ley, autenticada por el speaker (presidente) de la Cámara y firmada por el Poder EJecutivo habfa sido omiLida respecto de la versión final del te~ en las se~t~nes legi s l~tivas. La Corte dijo que el control judicial er~ ionecelsa':'~· P.o;:~~:ion:~­ greso podía proteger sus propios intereses adoptan o una egts ac1 · 238 495 U.S . 385 (1990). establece que todas ¡ (ex 44 2 239 Esta cláusula, antecedente de nuest~o art. l; Cámar~ de Representantes las leyes que produzcan rentas se ongmaran en (Diputados). 1 l e0 rte sin embargo no declaró 240 En lo atinente al fondo del prob ema, ~ ' t b lll. cl~ida dentro t dió que la mtsma no es a a la dida en que no recolectaba rentas inconstitucional la l ey, pues en en de las previstas en el Art. I , secc._7' en~ a compensar a las v1ctimas de para la Nación , sino que establecla un on o par los delitos comet1dos.

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En lo que hace a la jurisprudencia nacional, la fue establecida inicialmente en "Compañía Azucarera cumán" 241 caso que nos ilustra sobre el na S ·A · cfl'u ' l al'd d miento clásico de la Corte . Se cuesti?naba a v 1 .ez e ley que establecía un aumento en el Impuesto de nego, la base de que el proceso de formación de la mi.s~~ en cámaras de la legislatura provincial había estado VI~Iado, que mientras algunos legisladores habí~n si?o co~pehdos ir a votar otros en cambio, habían visto 1mped1do el al recinto ~ 42 • Corte se abstuvo de verificar la validez la ley en este aspecto, señalando que "Ésta es pues, una esencialmente política, por su íntima estructura, por los tecedentes que la fundamentan, por su índole y modali constitutivas; con tales caracteres se ha planteado, pese a denominación de causa civil que se le da mediante una vación subsiguiente de la cuestión fundamental relativa a formalidades y procedimientos de organización de una de la legislatura en determinada sesión de la misma. Y a estos conflictos de los intereses y atribuciones de la expresada, no alcanzan las facultades jurisdiccionales de Corte Suprema" 24 ~. Más tarde , en "Petrus S.A. c/Nación Argentina" 24 \ la manifestó igual criterio. La actora impugnaba allí la tucionalidad de una ley impositiva, pues la misma no ingresado por la Cámara de Diputados para su tratamiento el Congreso, como lo dispone el art. 53 de la El planteo fue rechazado sobre la base de que "el Poder si bien tiene facultades para declarar la inconstitucio de las leyes, no las tiene para resolver sobre la forma ellas han llegado a ser aprobadas por el Congreso. Conoce pecto a las leyes sólo una vez que ellas existen como es decir, cuando son promulgadas o puestas en vigencia. confrontarlas con la Constitución nacional en los casos en sean argüidas de contrarias o repugnantes a la misma,

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241 4 " 2 243

Fallos, 141 :271 (1924). Fallos, 141:271, ~sp . p. 278 . Este mismo criterio fue luego r~producido en "Compañía Azucarera

cepción ci'I'ucumán", Fallos,

I43:131

(19 25).

Fallos, 210:855 (1948). Como vemos, se trataba del mismo caso resuelto por la Corte no mericana en "Muñoz Flores", citado en nota 238. 244 245

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no le corresponde estudiar el proceso interno de su examen y votación, o sea la forma como han sido sancionadas, para establecer si las Cámaras Legislativas cumplieron o no con las exigencias constitucionales pues ello importaría quebrantar el equilibrio de los poderes y una violación de la independencia de que goza el Poder Legislativo". Este criterio cambió en diciembre de 1998 cuando la Corte Suprema, con firma de los ministros Nazareno, Moliné O'Connor, Belluscio, López, Boggiano y Vázquez 246 , resolvió "Nobleza Piccardo S.A. c/Estado Nacional-DGI" 247 , caso en el cual la sencillez de la sentencia no debe hacernos perder de vista la trascendencia de lo decidido. Esta trascendencia surge -en lo que aquí interesa- del cambio de jurisprudencia tradicional producida con este fallo . Los hechos del caso ya han sido analizados en el curso de esta obra y alli me remito 248 ; basta decir entonces que la Corte abandonó el criterio sustentado hasta ese momento, y declaró la inconstitucionalidad de una ley cuyo proceso de sanción no había respetado el mecanismo previsto en la Constitución. No obstante ello, poco después, en "Famyl c/Estado Nacional" 249 , caso en el cual me detendré más adelante 250 , la Corte ha intentado relativizar el cambio producido en este fallo al decir que ". .. lo relativo al proceso de formación y sanción de las leyes, al constituir una atribución propia de los dos poderes constitucionalmente encargados de ello (el Congreso y el Poder Ejecutivo, según lo establecen los arts. 77 a 84 de la Constitución nacional) resulta, por regla general, ajeno a las facultades jurisdiccionales de los tribunales [citas omitidas]. Empero, es doctrina de esta Corte que tal criterio reconoce excepción en los supuestos -como el suscitado en el sub examineen que se ha demostrado fehacientemente la falta de concurrencia de los requisitos mínimos e indispensables que condicionan la creación de la ley" 251 • 246 Votaron en disidencia los ministros Bossert y Petracchi, por entender que el recurso ordinario presentado por la demandada no reunía los requisitos necesarios para ser considerado procedente. 2 47 Fallos, 321:3487 (1998). 248 Véase supra, § 48, cuando me refiero a los efectos del control constitucional.

2••

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Fallos , 323:2256 (2000). Véase infra, § 96, donde analizo el vet.o y la promulgación parcial como

cuestiones políticas. 25 1

Fallos , 323 :2279.

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La problemática de este caso trae al ruedo judicial la tión de las dos clases de inconstitucionalidad dentro de ley: a) de fondo, y b) de forma , antes analizadas 252 • Es como una ley puede ser contraria a la Constitución se aparta o agravia alguno de sus principios o derechos conocidos en ella; o porque, al ser sancionada, no se r<>,,n,•T<>1"ftt los mecanismos y procedimientos previstos. Ciertamente, inconstitucional es lo uno como lo otro. Sin embargo, el presente la Corte se autoexcluía de ejercer control de titucionalidad en el segundo de estos supuestos , invocando existencia de una cuestión política. No es la primera vez que me ocupo de esta cuestión, reconozco que no es un tema fácil. O, mejor dicho , es y teóricamente fácil si no se miden las consecuencias que el Tribunal esto tiene. Cuando analicé este problema por mera vez , entendí errónea la abstención del tribunal, y que se trataba de un caso justiciable pues, según mi ,....,.r" .... tan inconstitucional era una ley por defectos de fondo por defectos de forma . En definitiva, una ley sancionada violación al mecanismo que la Constitución prevé puede bién agraviar derechos constitucionales y agravia, además, proceso político democrático, pues es susceptible de alterar mayorías dispuestas mediante voto popular 25 a. En la oportunidad, con ocasión de la primera edición de esta obra, flexioné en torno de las consecuencias que la declaración de constitucionalidad formal de la ley puede acarrear sobre En efecto, cuando una ley es declarada por razones de fondo, su vigencia se mantiene, pues en nitiva el juez no hace más que abstenerse de aplicar la en el caso en concreto. Por el contrario, cuando se la inconstitucionalidad de una ley por defectos de forma, efectos de la decisión poseen una onda expansiva mucho amplia. La validez de la norma no se juzga ya en de la situación particular en que el litigante se encuentra ella, sino que está en juego su validez en forma objetiva 2 25 263

Lugar citado en nota precedente. DI ANC HI , Alberto B . , Competencia originaria de la Corte Suprema de t1.cta de la Nact6n , c1t., § 90, ps. 294 y siguientes 254 . BI ANC HI, Alberto B., Control de constituci;nalidad 1" ed. Ábaco . .

Aues, 1992, § 43 , p . ::126.

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La problemática de este caso trae al ruedo judicial la tión de las dos clases de inconstitucionalidad dentro de . d as 252 . E s ley: a) de fondo, y b) de forma, antes ana l1za como una ley puede ser contraria a la Constitución se aparta o agravia alguno de sus principios o derechos conocidos en ella; o porque, al ser sancionada, no se los mecanismos y procedimientos previstos. Ciertamente, inconstitucional es lo uno como lo otro. Sin embargo, el presente la Corte se autoexcluía de ejercer control de tüucionalidad en el segundo de estos supuestos, invocando existencia de una cuestión política. N o es la primera vez que me ocupo de esta cuestión, reconozco que no es un tema fácil. O, mejor dicho, es · y teóricamente fácil si no se miden las consecuencias que el Tribunal esto tiene. Cuando analicé este problema por mera vez, entendí errónea la abstención del tribunal, y que se trataba de un caso justiciable pues, según mi tan inconstitucional era una ley por defectos de fondo por defectos de forma . En definitiva, una ley sancionada violación al mecanismo que la Constitución prevé puede bién agraviar derechos constitucionales y agravia, además, proceso político democrático, pues es susceptible de alterar mayorías dispuestas mediante voto popular 253 . En la oportunidad, con ocasión de la primera edición de esta obra, flexioné en torno de las consecuencias que la declaración de constitucionalidad formal de la ley puede acarrear sobre En efecto, cuando una ley es declarada inc P?~ razo~es de fondo , su vigencia se mantiene, pues en mtlva el Juez no hace más que abstenerse de aplicar la en el caso en concreto. Por el contrario cuando se la inconstitucionalidad de una ley por d~fectos de forma efect~s de la de~isión poseen una onda expansiva mucho ' ampha: La. ;ahdez. de la norma no se juzga ya en de la s~tuacwn particular en que el litigante se encuentra ella, smo que está en juego su validez en forma objetiva 25

~ LugM citado en nota precedente t · · · · . 't § 9., mpe ene¡~ ongmana de la Corte Suprema de Cl n, el ·• O, ps. 294 y srgurentes.

~ 53 B!ANC HI, Alberto B Co

ticia de la Na .6

19~21AN§C4H31, Alb3e2rto6 B. , Control de constitucionalidad , 1ª ed.

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absoluta. N os enfrentamos entonces con una inconstitucionalidad lindante con la nulidad misma de la ley, de modo tal que declararla prácticamente implica la derogación de aquélla. Es así como el juez estaría decidiendo, con su fallo, la suerte de la ley para el futw·o. El problema, como vemos, tiene un impacto muy diferente sobre la división de poderes, según lo analicemos desde el ángulo de la inconstitucionalidad formal o desde la inconstitucionalidad de fondo. Hasta el presente la Corte había preferido el self restraint . Se había abstenido de ejercer este control constitucional de efectos intensos que deriva virtualmente en la nulidad de la ley. Con el fallo aquí analizado, ha dado un paso importante y se ha impuesto el deber de ejercerlo. Sin lugar a dudas, esta posición es más sostenible jurídicamente que la anterior, pero implica un compromiso político mucho mayor para el Tribunal, pues supone introducirse en el manejo de los asuntos internos del Congreso. Pensemos, si no , en las repercusiones que hubiera tenido esta nueva doctrina en el caso "Polino c/Estado Nacional" 2M , donde lo que estaba en juego era nada menos que la validez de la ley que había declarado la necesidad de reformar la Constitución nacional ~ 5 ". Ciertamente, los alcances de este nuevo rumbo jurisprudencia! pueden ser limitados pero también potenciados. Los votos de los jueces Boggiano y Fayt, en el caso "Polino", nos brindan buenos ejemplos de ambas posibilidades. Para producir el primer efecto hay que recurrir a la tesis del voto del juez Boggiano. La ley en su condición de tal permanece vigente, y sólo se expurg~ de ella su parte estrictamente nula. Si esta última -como ocurría en el caso de la ley 24.309- es Fallos, 317 :335 (1994). Los actores -como ya hemos visto anteriormenLe, supra, § 74- sosLenían que con la sanción de la ley 24.309 se había violado el art. 71 de la Constitución. El voto de la mayoría , integrado por los jueces Levene, Belluscio, Petracchi y Bossert, n o le reconoce legitimación a los actores. En votos separados, lo jueces Nazareno y Moliné O'Connor entienden que se trata de un a cuestión poliLica; y los jueces FayL y Boggiano, por el contrario, en votos también individuales, entiend en que debe hacerse lugar al planteo formulado. Discrepan, s in embargo, en los alcances ele la decisión. Del voto del juez Fayt parece desprenderse que la nu 1idad de la ley 24.309 es completa, mientras que en el voto del juez Hoggiano es claro que la misma se limita al término del mandato de los s cnadore~ (Px art. 48), ya que fue en este punLo donde no hubo acu erdo entre las dos Cámaras legisla tivas en el momento de sA ncionar la ley 24.309. 255 256

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reducida, el problema requiere apena~ de una cirugía menor. Si por el contrario se opta por la tes1s sustentada en el voto de'l juez Fayt, no c~ben dudas de que se potencian los efectos de 1a declaración judicial de nulidad. Decidir cuál de las dos tesis es correcta no es un proble~a dogmático sino de hecho. En efecto, si nos atenemos al. pnncipio de conservación de la ley, según el cual deben reahzarse todos los esfuerzos hermenéuticos posibles para mantener su validez, la primera tesis es más correcta. No tiene sentido que los jueces anulen todos los esfuerzos legislativos que supone dar a luz una norma, si sólo está en juego una pequeña parte de ella escindible del resto. Pero ¿qué ocurre si esa parte es sustancial y la ley queda privada de sentido en caso de ser aquélla anulada? Volvemos aquí al problema que presenta el veto parcial. Por ello, y como regla general, me parece preferible "conservar" la ley, en la medida en que la nulidad que la afecta lo haga posible. De lo contrario habrá que anularla por completo, pues se corre el peligro de que el escrutinio judicial devuelva al mundo jurídico un ser normativo amorfo, cuya presencia puede causar más disturbios que beneficios. § 95. Conflictos internos de las cámaras

legislativas Se encuentra muy vinculado con el punto anterior el de los eventuales conflictos internos de las Cámaras del Congreso y su posible judiciabilidad. En efecto, la admisión o no de los nuevos legisladores por sus pares, las sanciones que el cuerpo pueda aplicar a algunos de ellos, etc., son todos asuntos que ofrecen dudas acerca de su revisabilidad por los tribunales. En los Estados Unidos, la Corte Suprema ha interpretado esta cuestión en "Powell v. McCormack" 257 , con sentido parcialmente favorable a la judiciabilidad. Se debatía si era revisable por los tribunales la decisión de la Cámara de Representantes, que había impedido acceder a su banca a un legislador debido a su conducta irregular 258 • La Corte, según el voto de su Chief 395 u.s. 486 (1969). Se trataba de Adam Clayton Powell Jr., quien había sido elegido diputado por el distrito de Harlem en New York. para el 909 Congreso en 1966. En 1967, 257

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Justice Warren 259 , entendió que sólo estaba impedida de revisar aquellas decisiones en las que se juzgaban los requisitos exigidos para los legisladores en el Art. I , secc. 2, de la Constitución, es decir la edad, ciudadanía y residencia, pero que el Art. I, secc. 5 2 G0 , en tanto prevé que cada Cámara es juez de las elecciones, escrutinios y calificaciones de sus miembros, no es obstáculo para revisar judicialmente aquellas decisiones en las que se hicieran mérito de otras circunstancias 261 • En un sentido muy parecido fue decidido "Roudebush v. Hartke" 262 , caso en el cual un candidato a senador, que había perdido la elección, pidió un recuento de votos . Ello fue impugnado judicialmente por el vencedor y la Corte entendió que tenía atribuciones para ordenar el recuento, aun cuando sostuvo también que sólo la Cámara respectiva podía decir cual de los dos candidatos era el elegido. La Corte Suprema argentina ha establecido en forma uniforme que tales atribuciones son privativas de las Cámaras del Congreso, cuyo ejercicio final y defmitivo no debe ser revisado judicialmente. Así lo ha dicho, por ejemplo, en "Junta Electoral Nacional-Entre Ríos" 26 " y en "Unión Cívica Radical c/Campos" 264 • En fecha más reciente ha confirmado esta tendencia en un pronunciamiento ocurrido con motivo de la incorporación de dos senadores del Chaco . El caso tuvo lugar en "Chaco c/Senado de la Nación" 265 , acción declarativa promovida por el gobernador de esa provincia, con el objeto de que se declarara la nulidad de una resolución del Senado, que al hacer lugar a una impugnación del Partido Justicialista deuna investigación practicada por una comisión de la Cámar a de Represent antes (Dipu ta dos ) determinó que Powell había cometido a lgunas irregularidades tales como presentar , para su reintegro, uouchers de viaje falsos, o h aber hecho pagos ilegales a s u muj er con fondos estatales. 2~9 El juez Douglas pronunció un voto concurren te , en tanto que su colega Stewart lo hi zo en di sid encia, por entender que el caso había devenido a bstr acto pur ha ber tr·anscurrido el período de nominación de Powe\1. 260 Antecedente inmediato del artículo 64 (ex 56) de nuestra Consti tución . 26 1 La Corte devolvió así el caso al tribuna l de di strito de orige n, el cual h abía considera do la cuestión como no jus ticiable, para que dictara n ueva sentencia sobre el punto. 2R2 405 U .S. 15 (197 2). 263 Fallos, 256:208 (1 963 ). 264 Fallos , 285:14 7 ( 1973). 2 6~

Fallos, 321 :3236 (1998).

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sestimó los pliegos de dos sena~ores y dispuso l; ¿· .¿· d~ de otros dos. Al rechazar la acción, la Corte, e,~ a o 1~ l. 5 otos a 4 2titi y muy criticado267, sostuvo que ... las ~bJ~l;.Lul.•q:e sobre ese accionar del Senado de la Nación pud1eran mularse, remiten al modo en qu~ ha ej;rcitado sus fac~l constitucionales privativas , ámb1to pacdic~ente exclmdo control jurisdiccional. Se trata, en defimt1Va, de un e propio y exclusivo de ese órgano que compone. uno. de lo~,...,..,..,._ politicos del Estado, en el que goza de ampha d1screcl0uauu•... funcional" 2RR. Igual criterio fue aplicado en "Tomasella , H ernan , dez "27o . c/Congreso de la N ación" 269 y en "S'1mon Se observa en este punto una disparidad de criterio lo resuelto en los casos de juicio político y del proceso de sanc.1011 de una ley. Mientras en estos dos últimos la Corte ha real un esfuerzo por ampliar el campo de la revisión judicial, este terreno , por el contrario, no lo ha hecho, lo que no coherente, pues el rrúsmo ámbito abierto a la juu.l,.•auu,.... _ en aquéllos también existe aquí. Como en los casos hay aquí un ámbito de reserva del Congreso que debe excluido de la revisión judicial, pero no es menos cierto también existen cuestiones revisables por los jueces. Si cada Cámara es el juez de las elecciones, derechos y de sus miembros en cuanto a su validez (art. 64), ese no constituye un acto discrecional ni está fundado en la elusiva voluntad de las Cámaras. En otras palabras, no de de una apreciación política, sino reglada. En tal e es justiciable si la cuestión es planteada por parte legitim

¡1

2 66 Votaron en mayoría los jueces Nazareno (Presidente), Moliné Boggiano, López y Vázquez. En minoría votaron los jueces Petracchi, Bossert, Fayt y lleliuscio. 267 llAC:QUI::, Jorge , El Senado, los senadores y la Corte Suprema, "Rev. del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal", n• 19, diciembre de 199 PADILLA, Miguel M., Una grave lesión al federalismo constitucional, ED, t. 180, p. 426. 2R8 Fallos, 321:3250. 269 Fallos, 322:2370. La sentencia fu e dictada el 24/ll/98, pero figura publicada con las de 1999, con motivo del fallo recaído en autos "Partido J usticialista Distrito de Corrientes", Fallos , 322:2370 (1999), que hace referencia a aquélla. 27 Fallos, 322:1988 (1999). En este caso se trataba de un amparo promovido con el objeto de impedir la incorporación al Senado de los legisladores de Catamarca. Una evaluación general de todos estos casos puede verse en SAGü t:t>, Néstor P. , Novedades sobre las cuestiones políticas no justiciables, ED, t. 184, p . 1075.

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Me parece, en consecuencia, que si con ocasión de formular dicho juicio cualquiera de las Cámaras incurriere en una evidente violación a las normas vigentes, tal que resulte incorporado quien no ha sido debidamente elegido, o por el contrario, se vede el acceso a la Cámara a un legislador surgido de una elección lega~~ente practicada, no encuentro motivos para que el Pode~ Judicial se abstenga de intervenir. Al mismo tiempo, en lo atmente a la remoción de un legislador existen cuestiones no revisables y otras que sí lo son. No es revisable el criterio empleado por una cámara legislativa para calificar la "inhabilidad moral" de uno de sus miembros, pero sí lo es el cómputo de la mayoría de dos tercios necesarios para decidir la remoción (art. 66) 271 •

§ 96. Veto presidencial

De acuerdo con los arts. 80 y 81 de la Constitución, el Presidente puede vetar (desechar) en todo o en parte una ley sancionada por el Congreso. Una vez más, se presenta aquí una cuestión que en parte es justiciable y en parte no. La decisión política de vetar y las razones del Presidente para hacerlo no son controlables por la justicia. Recordemos que el veto no importa en absoluto un control constitucional sobre la ley. La misma puede ser perfectamente constitucional, y no obstante , resultar vetada porque no conviene a la política del Presidente m . La justiciabilidad de la cuestión aparece con el llamado "veto parcial" que antes de la reforma de 1994 ya había merecido tratamiento jurisprudencia! y luego de ella se encuentra incorporado en el artículo 80. El tema habfa sido tratado parcialmente en "Giulitta c/Estado Nacional"m, pero fue objeto de un mejor tratamiento en "Colella c/Fevre y Basset S.A." 27 \ caso en el cual fue declarada inexistente la ley 16.881 (sobre contrato de trabajo) pues su articulado, en definitiva, 27 1 2 72

Conf. MAlltAL , Héctor, Control judicial . .. , t . 1, p. 533 . No es más que uno de los tantos resortes de los controles recíprocos y

equilibrios entre los poderes. De igual manera, una ley declarada inconstitucional por un tribunal previamente ha sido promulgada. 273 Fallos, 189:156 (1941). 274 Fallos , 268:352 (1967).

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luego del veto constituía apenas un remanente artículos de un proyecto original de sesenta y dos, que era. según la Corte, "un todo inescindible" m . Entendió el tribunal que al proceder así el Poder Ejecutivo había invadido la e legislativa, promulgando una ley no querida por el Congreso. En tales condiciones, la promulgación parcial fue considerada inválida. Así, el veto parcial puede estar seguido de la promulgación parcial de la parte no vetada. En este caso corresponde examlnar si la parte remanente de la ley refleja adecuadamente la voluntad del Congreso, si el Presidente ha alterado -por sustracción- el espíritu de aquella, o si la parte promulgada es susceptible de tener autonomía normativa suficiente, tal como indica el art. 80. Esta tarea corresponde a los jueces. Luego de la reforma de 1994, esta problemática ha sido abordada por la Corte en varias oportunidades 276 • Un caso significativo es "Famyl c/Estado Nacional" 277 , donde la actora planteó un amparo en contra de la parte no vetada y parcialmente promulgada de la ley 25.063 que había dispuesto la aplicación de una alícuota reducida del IVA a la medicina prepaga 278 • La Corte entendió que la parte promulgada de la ley no cumplía adecuadamente con los requisitos impuestos por el art. 80 y declaró la inconstitucionalidad del decreto que había dispuesto la promulgación 279 • 275

Fallos , 268:363.

"Ser·vicio Nacional de Parques Nacionales c/Franzini", Fallos, 318:445 (1995); "'Bustos c/Servicios Especiales San Antonio S.A.", Fallos, 319:1479 (1996). 277 Fallos , 323:2256 (2000). Véase G~LLI, María A., La promulgación parcial de leyes: complejidades jurídicas de un instrumento polttico, LL, t. 2000-E, p. 628; BAJJE NI, Gregorio , "Sanción y promulgación parcial de leyes", en la obra colectiva bajo su dirección , Nuevas perspectivas en el derecho constitucional, cil. ps. 19 y 43. 27 8 El caso fue bastante curioso y demuestra cómo el Presidente puede alterar el contenido de una ley con escasos cambios materiales. El Congreso, al sancionar la ley, dispuso que los servicios de medicina prepaga que se hallaban exentos del IVA fueran gravados con una alícuota del 10,5 % en lugar del 21 % que corresponde como regla general. El Presidente mantuvo el criterio legisla· tJVo de extender el IVA a estos servicios, pero vetó la disposición que contenía la alícuota reducida. Con ello, en la práctica, impuso una alícuota del 21 %. 270 Tal como en su momento lo puso de manifiesto el dictamen de la Procuración General , la objeción constitucional , en ca~os como éste no debe estar diri~ida al vet~ e.n sf.sino a la promulgación parcial que permitió configuración d1stmta a la ongmanamente sancionada (véase el cap. X de este dictamen Fallos 323:2272). • ' 276

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§ 97. Acefalía presidencial

También se ha entendido que no corresponde investigar judicialmente las causas de la acefalía presidencial. En "Luis M. Pitto" 2RO, el actor requería que la Corte restituyera en su cargo al depuesto presidente Arturo Frondizi. Sostuvo el Tribunal que el juramento prestado por el Dr. José María Guido era jurídico y pertinente 281 : la "acefalía de la República" (en rigor debió haberse dicho del Poder Ejecutivo) se configura ante la falta de Presidente y Vicepresidente de la Nación, "sin que incumba a la Corte Suprema pronunciarse acerca de las causas determinantes de esa falta" 282 • § 98. El poder del perdón: indulto

y amnistía He aquí dos institutos parecidos pero diferentes. Ambos tienden a un mismo o similar propósito, que consiste en aliviar o suprimir las penas impuestas por los tribunales en aras de la pacificación social, o bien como medio de reparar los errores que puedan haber cometido aquéllos 283 . Pero mientras la amnistía corresponde al Congreso 284 , el indulto o la conmutación de penas es una atribución presidenciaF8fi. De ello se deduce, Fallos , 252:177 ( 1962). En realidad M discutible que lo fuera, pues se babfa hecho una aplicación de la ley 252 a nn caso no previsto por tolla , esto es, la destituciúu de un presidente constitucional por un golpe militar. 282 Fallos , 252:178. ZR:i Seüalaba Joaquín V. GONZÁLEZ que el indulto se funda en la posible im· perfección de la justicia y en que después de dictado su fallo pueden descubrirse cin.:unstancias desconocidas anteriormente que cambien la gravedad del crimen. Reconoce -dice- en la justicia un principio de piedad, no escrito en las leyes, para quitar·les lo que tienen de inexorable o riguroso (Manual de la Constitución argentina, en Obras completas, ob. cit., t . III, p . 475). 284 Art. 75: "Corresponde al Congreso: (. . .) inc. 20 (. . .) conceder amnistías generales". 2H5 Art. 99: "El Presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones, (... ) inc. 5. Puede indultar n conmutar las penas por delitos sujeto~ a jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados". 28o

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b -teóri. . t 'a es general y a arca además, que mie~tras l.a a~:~nado de supuestos, el indulto camente- a un numer~ mde individual. Pero, probablemen~, en cambio, es personaliza~ol e e la amnistía borra el delito la diferencia más sustancJt. s~a l{: elimina solamente la pena ~ismo2s~, en ta~to ~e eE~:s~e punto, la Constitución arge~-

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'::',~u:::~:~?.~rr:~:Pr~r;'~;";:::ó!•~,i~•;~~~:;~ ~z~~-::~: ~:~~r~sidente2R7, se lo interpreta con mayor am~~!tud que entre

nosotros tB>l y ha sido dictado en forma general , a~n cuando no excluye la concurrente facultad del Congreso de d1ctar leyes de amnistía general 290 • En la Argentina, el indulto presidencial fue emple~do ~a­ rias veces 291 y existe una vieja polémica sobre su aphcactón a personas con procesos judiciales abiertos 292 . En punto a la

zas La palabra, etimológicamente, proviene de "amnesia", esdecir, de "olvido (conf. Go NZÁL~Z CALilF.RON, Juan A., Derecho constitucional, ob. c1t., t. 111, p. 203). ~R1 El articulo II, Sección 2°, dice "El Presidente(. .. ) tendrá facultad para decretar suspensión de sentencia y para conceder indultos por delitos contra Estados Unidos, salvo en los casos de juicio político (impP.achment)". ~HM En los Estados Unidos es clásico el caso "ex parte Garland", 71 U.S. (4 Wallace), 333 (1866), en donde fue establecido que el indulto puede ser dado por el Presidente durante la tramitación del proceso o luego de finalizado el juicio y restablece todos los derechos civiles del inctividuo. Esta amplitud se advierte también en "ex parte Grossman", 267 U.S. 87, 120 (1925), caso en el cual Ull individuo hahía sido condenado por rebeldía contra un mandato judicial que le prohibía la venta de licores. La Corte sostuvo que el indulto abarcaba también esta clase de penas. Asimismo, en "United States v. Klein", 80 U.S. (13 Wallace), 128, 14 7 ( 1871), se le atribuyó al Presidente la posibilidad de perdonar clases de delitos con carácter de amnistía general. El perdón puede ser otorgado también en forma absoluta o condicional ("Schick v. Reed", 419 U.S. 256, 266 - 1974-). ~R9 Cabe recordar, por ejemplo, el indulto dado el 24 de enero de 1977, a favor de todos los que hubieran violado la Ley de Servicio Militar Selectivo durante la guerra de Vietnam (Federal Register, vol. 42, p. 4391). 290 "Brown v. Walker", 161 U.S. 591, 601 (1896). 291 Fue famoso el indulto del presidente Perón a favor de Ricardo Balbín (decr. n• 1 del 2/1/51 ; BO, 8/1/51), y en fecha más reciente el presidente Menem indultó a los oficiales y ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas a lo jefes de organizaciones paramilitares como Mario E. Firmenich, y a civiÍes involucrados en ctiversas causas, tales por ejemplo, el ex Ministro de Economía José A. Martínez de Hoz, o los dirigentes justicialistas Norma Kennedy y Duilio Drunella (decrs. 1002/89, 1003/89 y 1004/89 y 2741 a 2746 de 1990). 9 ~ ~ La jurisprudencia de la Corte ha sido zigzagueante en este punto pues mientras en "Simón Luengo", Fallos, 6:227 0868), estuvo en contra del i~dulto a procesados , en "José lbáñez", Fallos , 136:244 (1922), cambió de criterio, para

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naturaleza de la decisión , Joaquín V GoNZÁLEZ entendía que si bien se trata de una facultad discrecional del Poder Ejecutivo, reconoce limitaciones constitucionales, admitiendo asimismo que la ley puede fijar ciertas formas para limitar su ejercicio sin alterar su esencia, y remarcando que no es una facultad judicial del Presidente 293 • BIELSA 294 y BIDART CAMPOS 295 coinciden también en la naturaleza política del indulto. En lo atinente a la revisión judicial, creo que es preciso distinguir entre la amnistía y el indulto. La amnistía supone retornar a la tesis inicial en "Hipólito lrigoyen", Fallos, 165:199 (1932). Más recientemente, en "Santiago Ornar Riveros", Fallos , 313:1392 (1990), si bien el Tribunal se limitó a declarar la ausencia de legitimación de los accionantes, una disidencia de fund amentos de los jueces Petracchi y Oyhanarte sostuvo que el iru.Jullu puede ser concedido tanto a procesados como a condenados, criterio que lue~u futJ ~ustenido por la mayotia de la Corte en " Mercc dc ~ A4uinu", Fullu~. 315:2421 (1992). Doctrinariamente, GuNZÁLf:Z CALU¡,;HON sostenía con énfasis que sólo puede existir indulto una vez dictada sentencia fmne de condena
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el ejercicio de un poder enteramente discrecional que ~o está sujeto a limitación constitucional alguna, lo qu~ la ex1me _del control de los jueces. El indulto, por el contrario, está sujeto a ciertos requisitos establecidos por la propia Constitución (art. 99 , inc. 52 ), cuya violación puede dar lugar a una impugnación judicial. Se requiere un informe del Tribunal que impuso la condena, y sólo puede indultarse a los condenados por la justicia federal y siempre que no procedan de casos de juicio político. Por ende, me parece que el indulto será judicialmente revisable si fueran violados algunos de estos requisitos. Ello, sin perjuicio de que siempre queda reservado a la discrecionalidad del Presidente la decisión misma de indultar y las razones que lo animan para ello. Ningún tribunal puede revisar las causas que se han tenido en mira a tal efecto, pues ellas pertenecen a la esfera reservada del Poder Ejecutivo. § 99. Gobiernos de facto

La Corte, a lo largo de su bien conocida doctrina sobre los gobiernos de facto, ha rehusado ejercitar control alguno sobre la decisión política de interrumpir el orden constitucional. En general se ha limitado, con energías decrecientes a partir de 1948, a revisar los actos individuales llevados a cabo por los gobiernos militares. En el primer caso que registra la jurisprudencia 29 \ planteado durante la presidencia de Mitre como gobernante de facto 297 , se cuestionaba la anulación de unos pagos efectuados a favor de la Aduana de Rosario 298 • Al analizar la validez de esta decisión, dijo la Corte : "Que el gobernador de Buenos Aires, y general en jefe de su ejército, fue autoridad competente para conocer y decidir en esa clase de asuntos, por ser quien ejercía provisoriamente todos los poderes nacio"Martínez c/Otero", Fallos , 2:141 (1862). Lu ego de la derrota de las fuerzas nacionales en P avón ( 17 de septiemb~ de 1861 ), Mit re se convierte en el primer presid ente ar gentino de !'acto, título que luego r evalidarla por elección del Congreso, as umiendo constit ucionalmente el 12 de octubre de 1862. 29 R Manuel Olero había efectuado pagos a favor de la Aduana de Rosario. para abonar derechos de importación. Estos pagos luego fueron declarados nulos por Mitre, como gobernador de Buenos Aires en poses ión de todas las fu erza del país. t!ffi 297

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nales, después de la Batalla de Pavón, con el , derecho de la revolución triunfante y asentida por los pueblos . Co~o se v;, la Corte acudió a una frase genérica, muy poco prec1sa Y e escaso contenido jurídico. Varias décadas después, la Acordada de fecha 1~ de septiembre de 1930 299 -emitida por el Tribunal con _motivo de .la comunicación enviada por el general José F. Unburu, notificando que se había hecho cargo de la Presiden~i.a por destitución del presidente Hipólito Yrigoyen- fue la p1edra angular de todo el sistema posterior y quedó sentada allí la tesis oficial del Tribunal, que desemboca finalmente en la aceptación total de los gobiernos de facto luego de la Revolución de 1955, en la que los tres poderes fueron destituidos 300 y se ejerció, además, poder constituyente 30 1 • En dicha Acordada puede leerse : "Que el gobierno provisional que acaba de constituirse en el país, es, pues, un gobierno de facto, cuyo título no puede ser judicialmente discutido con éxito por las personas en cuanto ejercita la función administrativa y política derivada de su posesión de la fuerza como resorte de orden y de seguridad social" 30 2 • Asimismo, y por una razón elemental de seguridad jurídica, se han considerado válidas en general las leyes dictadas bajo los gobiernos de facto, las que rigen mientras no sean derogadas a03 • § 100. Previsiones legislativas en el orden

presupuestario Un caso singular de abstención se dio en "Indo S.A. c/Fisco donde la actora reclamaba la devolución de im-

Nacional"~ 04 ,

Fallos, 15!!:290. aoo Record~mo s que , en los movimientos de 1930 y 1943, la Corte Suprema no habla sido destituida. ~ 01 Esta aceptación progresiva se verifica a partir de casos como "Enrique Arlandini", Fallos , 208:185 (1947); "Egidio Ziella", Fallos , 209 :26 (1947) y "Juan Domingo Perón", Fallos, 238:76 (1957), entre otros. 2 30 Más adelante, la Corte repetirla esto mismo en su Acordada del 7 de junio de 1943 (Fallos , 196:5) emitida como consecuencia del derrocamiento del presidente Ramón S. Castillo. aoa "Console de Ulla c/Universidad de Duenos Aires", Fa llos, 313:1483-1486 ~1990); "Godoy c!Universidad Nacional de La Plata", Fallos, 313:1621 , 1630 (]990); Gagg1ano c/Santa Fe", Faltos, 314:1477-1486 (1991). 304 Fallos , 318:785 (1995). 299

CON'fROL UE

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·vo del ahorro obligatorio es~ab ecl o portes abonados con motl l entencia que parclalmente por ley 23 .256. La Corte re~?ca ans remisión a lo decidido en babia hecho .lugar a _la a~~~~n , e~~ además agregó que "la pre"Horvath c/Ftsco Nacwnal . , P. , d los importes depositados vi.sión legislativa de la restituclOt~ne~te reglamentación- queda en las cuentas estatales la perli discrecionales facultades comprendida ~esntdreold~o~gsr~:p c:syo ejercicio no es revisabl~ que son prop1a ' - 1' 1 pos1 l Poder Judicial toda vez que -como se sena o- a ~f~d:d de afectación de derechos con~titucion~le~ queda excluida por la necesaria sujeción del prev10 requenmiento e~tat: de los depósitos al valladar infranqueab~e que. S~3~~nen as mitaciones constitucionales del poder tnbutar10 ·

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y

§ 101. Régimen federal GARANTÍA FEDERAL E INTERVENCIÓN FEDERAL.

da "garantía federal" prevista en la llamada Cláusula de rantía de la Constitución norteamericana y en los arts. 5º 6º de la Constitución argentina es un clásico de las Cuo:;;<>c!.uu.ca: políticas, y dado que ha permitido el nacimiento de la creo que es justo honrarlos con la primera mención dentro las cuestiones políticas atinentes al régimen federal. De modos una aclaración inicial es necesaria, ya que la d.lJU.'-'a.•.;IviiL: de las normas argentinas en este punto ofrece puntos de cordancia y también de discordancia con los precedentes teamericanos. En primer lugar debo recordar que las constitucionales que en la Argentina consagran la garantía federal son más complejas que las norte En los Estados Unidos rige solamente la sección 4 del art. N. arriba transcripta 307 , y la jurisprudencia derivada del leadin.g case "Luther v. Borden" es uniforme , como veremos enseguida, mientras que en la Constitución nacional los arts. 5º, 6º y 75 inc. 31 308 , donde solamente el segundo de ellos tiene como an:¡os Fallos, 318:676 (1995). Véase supra , § 23, e (cap. Il). Fallos. 318:791. ~07 Supra, nota 15. aoa Esta última norma, incorporada en la reforma de 1994, ha despejado una antigua disputa constitucional en torno a la autoridad competente para decretar la intervención federal , nacida del art. 69 , que alude vagamente al gobierno 306

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tecedente aquella cláusula norteame~can~~· además_de un texto diferente ofrecen una interpretaCión Junsprudenc1al más compleja. Para simplificar esta cuestión, debemos tener en cuenta que tanto la cláusula norteamericana co~o las disposiciones ?e los arts. 5Yy 6º de la Constitución argentma conforman un sistema que puede dar lugar a dos tipos de situaciones: a) U? particular que impugna una disposición loe~ por ser ~?ntrana a la cláusula de garantía federal , y b) la rmpugnac10n de la ley o decreto que dispone la intervención federal. La distinción entre ambas situaciones es clara: en el primer caso se impugna una ley local, en el segundo se impugna una decisión del Gobierno federal. En los Estados Unidos sólo se ha dado la primera situación y la Corte ha resuelto uniformemente que no le corresponde intervenir en tales casos. La segunda situación no ha tenido lugar allí, pues el gobierno federal nunca ha intervenido en los estados desplazando a sus autoridades. En la Argentina, por el contrario, los casos de garantía federal con fundamento en el art. 5º han tenido una jurisprudencia cambiante . En una primera época la Corte se abstuvo de intervenir para determinar si las provincias garantizaban con sus normas la forma republicana de gobierno y lo demás establecido en aquella norma, pero luego produjo un cambio importante con el precedente "Rivademar", al que luego haré referencia. Asimismo, en materia de intervención federal siempre se ha abstenido de entender, pero lo curioso es que el leading case de esta abstención, "Cullen c/Llerena", se apoya en "Luther v. Borden", que corresponde en realidad a la primera de las situaciones mencionadas y no a la segunda. Es decir que la federal, sin e,~pecificar a qué poder corresponde disponer la intervención. Si bien la Cor:e, en . Alejandro Orfila", Fallos , 154:192-199 (1928), reconoció que era un pod..,r 1mplíc1to del Congreso y la doctrina constitucional clásica no t enía dudas de ~~~~ (GONZAI.f:z, Joa~uín V., Manual de la Constitución argentina , cit., § 732, p. 6::JO, GONZALEZ CALDF.RÓN, Juan A., Derecho constitucional cit. t . III § 1698 p. !~4; BI EL..'>A, Rafae\ Derecho constitucional,§ 364, p . 826; L~AR~ QurN'~ANA Se: gu o, Tratado ·· ·• 2 ed., t. 7, § 6090, p. 439; BIDART CAMPOS Germán J De;echo cDvns t¡tuhcwnabl, t. I, p . 509), lo cierto es que la práctica políttca era bie~' di~tinta e 11ec o, so re un total de cie to t · · ducidas entre 1862 1998 In cuaren a y tres mtervcnciones federales pro· Y , oc 1enta y nueve tuV1eron lugar por decreto ( nf MOl.iNF.LLl · PA.LA NZA·STN , cit. cuadro 2255 497) co . 309 V-'ase S ECO YI L LALHA José A ;..:· t d l C . palma , Buenos Aires 1943 , 140 ., en. es e a onstttuciór¡ argentina , De' , ps. y 141.

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Corte argentina, para justificar ~u abstención en los casos intervención federal -donde se JUzgaba la de decisiones del gobierno federal-, ha empleado la dencia norteamericana de abstención respecto de leyes w~;a11.,.. Asimismo, esta jurisprudencia no ha sido tenida en cuenta abstenerse de actuar ante leyes locales. Como resultado de ello, pese a que aparentemente . las aguas de la jurisprudencia norteameric~a, en. real~dad contradecimos abiertamente, y ello se exphca meJOr Sl damos la diferencia apuntada más arriba entre "Cullen rena" y "Luther v. Borden". Los casos argentinos, ,.,.,UJ... u•. . las aguas de "Cullen c/Llerena" 310 , corresponden a planteas inconstitucionalidad de una intervención federal ya prod · Por el contrario, los casos norteamericanos a los que sigue jurisprudencia nacida a partir de "Cullen c/Llerena" tienen gen en la invocación de la Cláusula de Garantía, con el de impugnar la constitucionalidad de leyes o actos de los tados. Como puede verse, en realidad los casos canos y los argentinos, aun cuando éstos invoquen la de aquéllos , son diferentes en los hechos que los producen opuestos en los resultados que ofrecen para el sistema ,,..,,..,,.,.L En la Argentina, la doctrina de las cuestiones políticas cadas a la intervención federal ha beneficiado al gobierno deral, que se ha vi.sto así liberado de las impugnaciones alizadas en contra del acto de intervención federal o de poderes ejercidos por el interventor federal. En los E Unidos, por el contrario, la jurisprudencia en torno a la sula de Garantía ha permitido a los estados liberarse de revisión de aquellas leyes locales que fueron impugnadas la Cláusula de Garantía, beneficio que no han tenido las provincias argentinas . En síntesis, la jurisprudencia argentina ha sido mucho más centralizante que la de los Estados Unidos. § 102. La garantía federal

en los Estados Unidos Con fundamen.to en "Lut?er v. Borden", la Corte Suprema de los Estados Umdos ha evltado intervenir en numerosas si~lO

Supra § 86, c.

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tuaciones vinculadas con la aplicación de la Cláusula de Garantía inserta en la sección 4t del Artículo IV. De hecho, no existen casos en los que se hayan revisado decisiones estatales bajo la

invocación de esta Cláusula 311 • Ello ha provocado la crítica de algún sector de la doctrina por la excesiva deferencia que la Corte dispensa a los estados con esta abstención 312 . Algunos de los casos que ilustran esta serie son: "Texas v. White" 313 , "Minor v. Happersett" 31\ "Forsyth v. City ofHammond" 315 , "Taylor v. Beckham" 316 , "Attorney General ex rel. Kies v. Lowrey" 317 , "Pacific States Telephone & Telegraph Co. v. Oregon" 31 8, "Kier-

nan v. City of Portland" 819 , "Marshall v. Dye" 320 , "State of Ohio 311 Un estudio en detalle puede verse en BoNFrELD, Arthur E., The Guarantee Clause of Article N , section 4: A Study in Constitutional Desuetude , "Minnesota Law Review", vol. 46, p. 513 (1962). a 12 La crítica ha sido formulada por CHEMERINSKY, según quien: "The Guarantee Clause is in many ways unique among the areas where the Court has applied the political question doctrine (. . .) First, it is virtually the only area where the defcrcnce imposed by the poliLical question doctrine is Lo ~ laL" go· vernments and not to another branch of the federal government (. . .) Although such deference to states in matters of constitutional law is generally quite questionable, it is especially objectionable given the existence of a provision co=anding the 'United States shall guarantee'. Second, of all the areas where the política! question doctrine has been applied, the Guarantee Clause is the most clearly connected with individual rights. As such, it is very much the judicial role to interpret and enforce the provision (. .. ) Third , more than in any other area , applying the política! question doctrine to the Guarantee Clause nullifies a constitutional provision. When the Court holds that a challenge to the impeachment process or the method approving a constitutional amendment or a forcign policy decision is a political question, those constitutional provisions still are given eiTect. But the Court's consistcnt rcfusal throughout this century to hear Guarantee Clause cases has robbed that constitutional provision of any significance" (CHE. MERINSKY, Erwin, Guarar1teeing a Republican Form of Gouemment: Cases Under the Guarantee Clause Should be Justiciable , "Colorado Law Review" , vol. 65, p. 849, 879 - 1994- ). 3 13 74 U.S. (7 Wallace) 700 (1869). 314 88 U.S. (21 Wallace) 162 (1875). 315 166 u.s. 506 (1897). 3 16 178 u.s. 548 (1900). 3 17 199 U.S. 233 (1905). ~JH 223 U.S. 118 (1912). Se cuestionaba aquí una ley impositiva de Oregon, establecida por medio de una iniciativa popular. La compañía, demandada por incumplimiento de las obligaciones fiscales impuestas por dicha ley, sostuvo que el mecanismo por medio del cual esta ley había sido sancionada era contrario a la Jorma republicana de gobierno, pero l11 Corte dijo que sólo competía a l Congreso y no a los tribunales determinar tales cuestiones. 3 19 223 u.s. 151 (1912). a2o 231 U .S. 250 (1913).

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ex rel. Davis v. Hildebrant" 321 , "Mountain Timber Co. v. Washington" 322 "State of Ohio ex rel. Bryant v. Akron Metropolitan ' . . A " 324 Park District"m y "H1ghland Farms Da1ry v. gnew . § 103. La garantía federal

en la Argentina a) LA JURISPRUDENCIA. - De acuerdo con el art. 5º de la Constitución, el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones, en la medida en que sus constituciones sean sancionadas con respeto al sistema representativo y republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución nacional, y asegurando su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Al interpretar esta norma, la Corte Suprema ha establecido en reiteradas ocasiones que no es tarea judicial determinar si en una provincia se cumple con la obligación de establecer un sistema republicano de gobierno, pues ello sólo puede ser apreciado por los poderes políticos. Así lo señaló en "Costes c/Prado" 325 , donde se dijo que la compatibilidad de las instituciones provinciales con lo dispuesto en el art. 5º de la Constitución nacional envuelve una cuestión de naturaleza política y está como tal vedada a los tribunales de justicia. También, en "Banco Español del Río de la Plata c/Municipalidad de Tucumán" 3 " 6 , se dijo que la garantía del art. 5 2 no sustenta el planteo de inconstitucionalidad deducido en contra de un impuesto establecido por ley provincial y no por ordenanza municipal. _ En igual sentido fueron decididos "Roberto M. Pasant" 327 y "Tillard c/Córdo?a" 32~ - En este último caso, fue rechazado un recurs? extr~ordmano donde se pretendía que la Corte determinara Sl un tnbunal provincial había desempeñado correctamen:m 241 u.s. 565 (1916) n~ 243 U.S. 219 (1917). 323 281 u.s. 74 ( 1930). 32 1 ' 300 u.s. 608 (19:17). 3 5 ~ Fallos , 187:79, 85 (1940) :l26 Fallos , 237:221 (1957) · 327 Fallos, 253:454 (1962). 32

R

Fallos , 261:103 (1965):

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te su tarea, según las normas que re~~ la administr.ación de justicia en tal jurisdicción. Igual cnteno fue. puntualizado en "Sánchez Ceschi c/Buenos Aires" 329 , al requenrse que con base en el art. 5Q se dijera si los jueces de la provincia de Buenos Aires estaban amparados por la garantía de inamovilidad de que gozan los jueces nacionales. El mismo fundamento puede hallarse en "Anny May Stevenson c/Consejo Nacional de Educación" 330, en "Empresas Eléctricas de Bahía Blanca c/Municipalidad de Bahía Blanca" 33 1 y en "Instituto Quimioterápico Argentino S.A. c/Municipalidad de la Matanza" 332 • También se invocó la cláusula del art. 52 , para rechazar un pedido de revisión de lo decidido por un jurado de enjuiciamiento en la provincia de San Juan en el caso "Carlos Graffigna Latino" ~ 33 , ante un caso que presentaba un conflicto de poderes locales, pero que precedió, como vimos, a un cambio de parecer en la Corte en relación con la revisión de lo decidido en el juicio político 3 a4 . Por otra parte, con fundamento en esta serie jurisprudencia!, la Corte dijo en "Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe c/Santa Fe" 335 que no podía revisar si es constitucional el art. 64 de la Constitución de Santa Fe, que prohíbe la reelección del gobernador y vicegobernador de esa provincia 336 • 329

Fallos , 215 :157 (1949).

330 l<'allos , 211:682 ( 1948). 33 1 Fallos, 212:105 (1948). :m Fallos , 239:219 (1957). 33:J Fallos , 308:961 (1986). ~ ~4 Véase supra, § 91. :m Fallos, 317 :1195 (1994). 33G Al explicar los fundamentos de su abstención el Tribunal, con cita de Joaquín V. GoNZÁLEZ, señaló: " . . . las competencias reservadas por cada una de las provincia~ para el ej ercicio de su poder constituyente bajo el condicionamiento de resguardar el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaracion es y garantías de la Constitución Nacional (art. 5 9) exigen una ade· cuación de las instituciones locales a los mencionados requerimientos que (debe cond~cir a que lus constituciones de la provincia sean, en lo esencial de gobierno, semejan~cs .a la naciOnal, que confirmen y sancionen sus 'principios, declaraciones Y.garant1as Y que lo modelen se.gún el tipo genérico que ella crea. Pero no exige, ru P';lede e:og¡ r que sean idéntiCas, una copia literal o mecánica , ni una repro· ducc¡ón mas o menos exacta e igual de aquélla. Porque la Constitución de una ProV1nc1a es el código que condensa, ordena y da fuerza imperativa a todo el de_re.cho .natural que la comunidad social posee para gobernarse , a toda la suma ungma na de sobera1úa rnherente, no cedida para los propósitos más amplios y extensos de fundar la Nación. Luego, dentro del molde jurídico del código de

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Por el contrario, en materia de régimen municipal, la Corte, apartándose de esta línea abstencionista, ha establecido reglas generales aplicables para todas las provincias , relativas a la naturaleza jurídica de los municipios. U na primera serie jurisprudencia!, que arranca en 1911 337 , calificó a los municipios provinciales como entidades autárquicas 338 , criterio que fue modificado radicalmente en 1989, cuando la Corte, en "Rivademar c/Municipalidad de Rosario" 339 , declaró la autonomía plena de los municipios provinciales, dándoles una jerarquía casi equivalente a la de las provincias 340 . Intervino también en cuestiones electorales provinciales en el conflicto suscitado en la provincia de Corrientes a fines de 1991, donde se produjo un empate en el colegio electoral. Al tomar intervención en el caso la Corte dijo que "las particulares circunstancias del conflicto que dio origen a la presente causa obligan a examinar, en primer término, lo dispuesto en el art. 105 de la Constitución nacional en cuanto establece que las provincias eligen a sus gobernadores sin intervención del Gobierno Federal. Dicha cláusula se halla dirigida, indudablemente, a prevenir toda injerencia del poder central sobre un asunto de tanta trascendencia política, como es, en cuanto aquí interesa, el concerniente a la elección de las máximas autoridades de la Administración provincial. Sin embargo, tal prohibición no debe ser entendida con un alcance absoluto; frente a ella y con igual rango se erige la cláusula que otorga competencia a esta Corte para conocer de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución (art. 100) . La derechos y poderes de ésta , cabe la más grande variedad, t oda la que pueda nacer de la divers idad de. caracteres fisicos sociales e históricos de cada regi ón o Provmc1a, o de sus particulares anhelos o aptitudes colectivas" (GONZÁLJ::Z, Joaquín V., Manual de la Constitución argentina, ps. 648 y 649, Fallos, 311 :465)", Fallos , 317 , en p. l206. ;~: "Municipalidad de La Plata dFerrocarril Sud", Fallos, 114:282 (1911). . . Ello fue ac.e ptado, además, por la doctrina domina nte en el derecho ad=~s~r~tJVo a~g~ntmo, du:ante largo tiempo. Así, por ejemplo, BIELSA Rafael ~rtnc.lpLOS de regtmen mumcipal, a• ed., Abeledo-Perrot. Buenos Aires 1962 p aa' octnna que mantuvo MARIENHOFF, criticando el caso "Rivademar" (MARrE,NH.OFF• Migu~l S., La supuesta autonom{a municipal , LL t. 1990-B p 1012) ' 339 Fallos, 312:326 ( 1989). ' ' · · 34 °C Para una explicación Y análisis crítico del fallo , véase DI ANCH I Alberto B ., L a orte 8 uprema ha extendido ta d ' ' LL , t. 1989-C, p. 47. car e autonomta a las municipalidades,

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necesaria compatibilidad entre tales normas permite concluir que las provincias conservan toda la autonomía política que exige su ::>istema institucional, pero no impide la intervención del Tribunal en los supuestos que se verifique un evidente menoscabo del derecho federal en debate (doctrina de Fallos , 285:410 , consid. 10), o, como ocurre en el sub lite, un ostensible apartamiento del inequívoco sentido que corresponde atribuir a las normas de derecho público local aplicables (. .. ) desde esta perspectiva y con particular incidencia sobre el caso de autos, la Corte tiene la delicada misión de -por un lado- no interferir en las autonomías provinciales y -por el otro- evitar que las arbitrarias decisiones de poder jurisdiccional local, lesionen instituciones fundamentales de los ordenamientos provinciales que hacen al sistema representativo y republicano que las provincias se han obligado a asegurar (art. 5º de la Constitución nacional)" 341 • b) MI OPINIÓN. - Para analizar esta cuestión debemos partir del eje central del sistema federal establecido en el art. 121, inspirado por la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos ~ 42 , pese a que se citen otras fuentes 343 • Se341 "Electores y Apoderados de los P artidos Justicinliota, Unión C!vica Rarucal y Democracia Cristiana" , Fallos , 314:1915, 1926 (1991). 3 42 La Décima Enmienda de la Constitución norteamericana establece: "Los poderes no delegados a los Estados Unidos por la Constitución, ni prohibidos por ésta a los estados, están r eservados a los estados, respectivamente o al pueblo". a1a E s curioso qu e la exhaustiva obra de SECO VILLALBA sobre las fuentes de la Constitución argentina arriba citada no reconozca como fuente del art. 121 (ex 104) a la Décima Enmienda, cuando es claro que ambas normas dicen prá cticamente lo mismo. Se citan en cambio como fuentes la Constitución de Venezuela de 1811 y el Proyecto de Constitución Suiza de 1832 (ps. 226 y 227). Recordemos además que José B. Gorostiaga, miembro informante de la Consti tución en el Congreso de 1853, expresamente dijo que su proyecto estaba vaciado en el molde de la Constitución de los Estados Unidos , "único modelo de verdadera Federación que existe en el mundo" (sesión del 20 de abril de 1853), repitiendo luego el mismo concepto en la sesión del 29 de noviembre de 1853, estando ya el Congreso en trabajo legislativo. Véase Asambleas constituyentes argentinas. recopilación de Emilio Ravignani, Buenos Aires, 1937, t. N , ps. 468 y 621. Asimismo el Congreso Constituyente, en una minuta de declaración sancionada el 3 de mayo, expresó que "la federación será bien entendida si se comprende como en los Estados Unidos del Norte, única federación modelo que existe en el mundo civilizado, puesto que la Helvética es artificial y permanentemente anárquica" (Asambleas constituyentes , cit. , t. IV, p. 539). Por último , el artículo en cuestión, que en el

-···' . ,

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,

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ta norma "Las provincias conservan todo el poder no

~g:~o por es;a Constitución al Gobierno federr:-l Y e~ que

ex resamente se hayan reservado por p?-ctos es~ecLa 1es a mom:nto de su incorporación"' 344 • Ello qmere decrr que las, p:ovincias pueden regular sus instituc~ones de derecho pubhco en forma autónoma de la Nación, teruendo com~ techo la Constitución nacional. ¿Cuál es, entonces, el ámb1to de esta autonomía y cuándo pueden los jueces determinar si una provincia o municipio han excedido sus facultades? En otras palabras, ¿hasta dónde se extiende la garantía federal y cuándo cesa? Para encontrar una respuesta a estas preguntas debemos partir de una distinción sencilla pero elemental. No es lo mismo el enjuiciamiento general del sistema local en cuestión que la eventual colisión puntual entre una norma provincial y una norma federal. A los tribunales les está vedado lo primero, en tanto que pueden actuar en el segundo supuesto. De hecho, éste constituye una típica cuestión federal prevista en el art. 14 de la ley 48. Veamos. Según el artículo 52 , la garantía del gobierno federal funciona cuando las provincias satisfacen cuatro requisitos básicos: a) establecer un gobierno bajo el sistema representativo republicano que respete los derechos y garantías establecidos en 1~ ~onstitución nacional; b) asegurar la administración de justlcJa; e) asegurar el régimen municipal, y d) asegurar la educación primaria. Se. trata, como vemos, de disposiciones muy generale.s que pernuten a las provincias moverse dentro de ~n ~mp?o mar~en de discrecionalidad en la organización de sus instituciOnes, sm que estén obligadas a reproducir exactamente as fede~ales. Por ello, la mera existencia de estos cuatro pun~o~ cardmalefis .de la organización institucional de las provincias e e ser su c1ente para el fun · . d deral y la forma CI~n~ento e la garantía fede . . en que cada provmcia determina la existencia bun:~:~s r{¿~sltot es un~ c~estión política vedada a los tri. ue as provmcias delegaron al Gobierno federal t~xto de 1853 era el 101, fue a robad . . ., sm que haya rastro al"''"o enp 1 o ~m discus,on en la sesión del 30 de abril Vru.A (A ,_ as sesiones de las f t · . , LBA sambleas constituyentes cit t IV uen es tndJCadas por SF.co 3 44 535 Para un estudio de ¡0 ' h ., · ' p. ). remito a BiA NC fU, Alberto B La:~ e ~amado "delegación constituyente" me Siguientes. ·· egac<ón legtslatwa . .. , cit., cap. v, ps. lllS Y

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es la organización de la arquitectura superior, el diseño en grandes líneas del proyecto institucional del país, Y se reservaron la forma y modo en que desarrollarían el detalle de tal proyecto en el ámbito de sus institu~io.n~s locales.' No podría entonces un tribunal enJWClar a un sistema loc~l en forma general, salvo que éste fuera groseramente contrario a la Constitución nacional. Si la violación a los principios de la Constitución nacional fuera muy grotesca -y por tanto poco probable-, si se estableciera por ejemplo una constitución monárquica, o fueran desconocidos el derecho de propiedad, la independencia del poder judicial o los municipios, podría plantearse judicialmente la inconstitucionalidad de tales sistemas. Si bien nos encontraríamos, indudablemente, con una decisión politica del gobierno provincial, ya que la elección de un sistema u otro de gobierno no puede ser sino política, es evidente que tal decisión afectaría, sustancialmente, derechos amparados por la Constitución nacional y dejaría de funcionar en ese supuesto la garantía federal. Por el contrario, cuando la discordancia entre el régimen de la Constitución federal y una constitución provincial es leve, aquella garantía funciona y los tribunales no pueden enjuiciar el sistema en su conjunto. Por ejemplo, hay constituciones provinciales que no aseguran el bicameralismo en sus legislaturas 345 , o no establecen el régimen municipal autárquico 346 y no autónomo. En este caso, tales decisiones políticas están exentas de la autoridad de los magistrados y fuera de los poderes delegados al gobierno nacional, según el artículo 121. Diferente es el caso cuando estamos ante la colisión puntual entre una norma provincial y una federal o nacional. Ya no se trata aquí de juzgar una decisión política sino de verificar si -bajo la cláusula de supremacía del art. 31- una norma provincial contraría una de rango superior. El problema, en este supuesto, se desarrolla dentro del ámbito típico del control constitucional y genera además -como dije- una cuestión federal :1 45 Entre otras : La Rioja (an. 84); Misiones (art. 82); Neuquén (art. 71); lUo Negro (art. 122); San Juan (art. 131). Incluso, parece ser que la tendencia qu e se insinúa luego del plebiscito llevado a cabo en Córdoba en julio de 2001 es la unicameralidad. 346 Así lo hace todavía la Constitución de Buenos Aires, luego de la r eforma de 1994, en contra de lo que es hoy dominante en el espectro provincial.

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habilitante del recurso extraordinario, conforme lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 48. § 104. La intervención federal

En la Argentina, la doctrina establecida en "Cullen c/Llerena" fue seguida inmediatamente en "Lobos c/Donovan" a47 , con motivo de la intervención federal a San Luis , y en "Compañía Azucarera 'fucumana S.A. c!l'ucumán" 348 • También es clásico el caso "Alejandro Orfila" 34 9 , originado con la intervención a Mendoza con motivo de la puesta en comisión de los jueces locales y su reemplazo por nuevos magistrados, dispuesta por la intervención 350 • Orfila , ex gobernador de la Provincia, arrestado por uno de los jueces designados por la intervención, interpuso un hábeas corpus, el cual, al ser rechazado por la Corte Suprema, le permitió a ésta ratificar su teoría de la no intromisión judicial en asuntos relativos a las intervenciones federales. "Esta Corte -dijo- como lo ha declarado en fallos anteriores, no se encuentra, pues, autorizada para examinar los hechos que han conducido a la decisión contenida en la ley, porque saldría de la órbita que le está delimitada por la carta fundamental e invadiría el campo propio de los otros poderes del E stado" 351 • Con igual criterio fue resuelto también el caso "Samuel Siganevich" 352 , donde se dijo que "notoriamente se hallan al margen de la potestad jurisdiccional de esta Corte, las cuestiones de orden político que la defensa ha pla nteado y que surgen de la validez o invalidez de la Constitución de Santa Fe de 1921 y del pronunciamiento que importa la intervención nacional que desconoció dicho estatuto (. . .) Si según la tesis de la defensa la Corte pudiera examinar la validez de la Cons347

Fallos , 54:180 (1893). Fallos , 14 1:271 (1924). a49 Fallos , 154:192 (1929). aliO El fa llo motivó, en su momen to, la enérgica crítica doctrinaria de G oN. ~EZ CAL~ERúN, quien lo eligió, precisamente, como tema de su confer encia de m corporac1ón a la Academia Nacional de D erecho y Ciencia• Sociales de Buenos Aires .
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titución santafecina de 1921 y de las instituciones, poderes Y autoridades creadas a su amparo, podría examinar, lógicamente la intervención federal que la desconoció, porque su función es' la de juzgar y no la de acatar simplemente. Es decir la Corte, se colocaría frente a los poderes políticos del estado, en el terreno político, desnaturalizando su carácter" :l5;j. § 105. Conflictos entre poderes

de una misma provincia Bien es sabido que originariamente la Constitución de 1853, en su art. 97, atribuyó a la justicia federal el conocimiento de causas que versaran sobre conflictos entre los diferentes poderes públicos de una provincia. Posteriormente, la Reforma de 1860 eliminó esta disposición, por ser contraria al sistema federal de gobierno 354 , en el art. 100 (sustituto del 97) . A partir de ese momento, la jurisprudencia de la Corte Suprema se ha abstenido de intervenir en causas de tal naturaleza. Ello fue especialmente visible en asuntos relativos al juicio político en sede provincial s55 , pero fuera de estos supuestos, la Corte también se ha abstenido de intervenir en otra clase de conflictos internos provinciales. Así, por ejemplo, se ha decidido que son ajenos al conocimiento de la Corte el conflicto entre el intendente y el Concejo Deliberante 356 ; entre una Cámara de Diputados provincial y la provincia respectiva a67 ; un caso en el cual la Corte local se negó a tomar juramento a magistrados designados por el Gobernador 358 ; el conflicto entre el Superior a5:1 Consid. 5 2• Este mismo criterio fue luego reiterado en "Cernadas c!Santa Fe", Fallos, 184:639 (1939). 3 64 La cuestión fue debatida en la 7• sesión ordinaria de la Convención llevada a cabo en Buenos Aires , para examinar la Constitución federal, el día 7 de mayo de 1860. El miembro informante, Dalmacio Vélez Sársfield , dijo allí: "Es lo [el art. 97 en dicha parte] destruye complelamenle el sistema federal, porque un poder estraño (sic) el poder nacional judicial, viene a entrometerse en las cuestiones interiores de los poderes públicos de ttna provincia . .. " (cfr. R eforma Constitucional de 1860, textos y documento~ fundamentale s , Universidad Nacional de La Plata , La Plata, 1961 , p. 252). 355 Véase supra § 91, c. ""H "Seraim M11ncini", Fallos, 245:532 (19!)9); "Héctor Raúl Carabajal", Fa · llos i!9I:::I!l4 (1975). ' sú7 "Cámara de Diputados de Cala ma r·ca c/Catamarca", Fallos , 264:375 (1966). 35H "Provincia de Corrientes ", Fallos , 283 :143 (1972 ).

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Tribunal de una provincia y el Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados, etcétera. ¿Nos encontramos entonces ante una cuestión política? Creo que no. El conflicto entre dos poderes provinciales es una cuestión perfectamente justiciable, a punto tal que la mayoría de las constituciones provinciales establecen que corresponde entender en estos casos a las cortes provinciales en jurisdicción originaria 359 • Por ende, con la reforma de 1860 se suprimió (enhorabuena) una competencia de la justicia federal, por ser contraria al sistema federal de gobierno, pero en modo alguno ello la convirtió en una cuestión política 360 • Se trata entonces de una materia eliminada del conocimiento de los tribunales federales, donde además es de estricta aplicación el derecho local , y sólo es revisable ante la Corte Suprema -por vía extraordinaria- en casos de arbitrariedad o gravedad institucional 'lGI _

§ 106. Límites interprovinciales

De acuerdo con el artículo 75, inc. 15 de la Constitución, corresponde al Congreso "fijar los [límitesj de las provincias" Y es discutible si esa atribución es totalmente discrecional 0 puede ser susceptible de revisión judicial. La Corte ha sentado un principio divisorio de sus competencias atribuciones y de las del Co_ngreso en esta materia según el cual la Constitución ha confe_nd_o a este último la facultad de fijar los límites de las_ ProvmcJ~s, ~o. que no es excluyente de la jurisdicción confenda a la JUsticia federal por los arts. 116 ll7 127 ~~tender en cuestiones suscitadas entre provincias ~obre ·l:~:e~ a que pretenden poseer, siempre que ello no implique la fi35 fl Véase s b · • 0 re este particular, BtANCH! Alb . B . . de la Corte Suprema de Justicia de l N . : . ei to ., Competencw onginaria 360 Conf. MAlRAI Héctor . . a . acLOn , cap. V!, punto 125. 361 El caso se pl~ ntcó co~ ;f~~~%~tl!ctal . . .. ob. cit., t. [, ps. 553 y 554. . d o suscitado en 1989 entre el intendente de Morón Y el Concejo Delibera t cargo. El probl ema susci taba , e~;~~::m ucto del cual aq~ él fu e destituido de su deres locales , ajeno por principio a la ·u en~c, L~na cuestwn de conflicto entre po· caso fedet·aJ estuvo dado por J . d liJ ns ICCión de la Corte Suprema pero el . ·· a m e enstón ;'uríd " d ¡ · ' cotporacwn fue ordenada ("Rouss 10 t c/C . tc~ e Intendente, cuya rein313:1596 - 19!:10-). · e onceJo Deliberante de Morón", faltos,

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· · , d ¡ ·nu·tes Este criterio fue empleado, por ejemplo, en Jac10n e 1 · b »oij~. "C c/Gorchs" 362 • "Provincias de Santa Fe y Córdo a , arcano ' . , 364 " . , 365 • f . "Pereyra Iraola c/Buenos Aires ; JuJUY c/Salta , , Y ue re cardado asimismo por el Procurador General Ramon Lascano, en "Río Negro c/Neuquén" 366 . ¿Debe deducirse de ello que se trata de una atribución insusceptible de revisión judicial? En absoluto. Tal como sostuvo en su momento el procurador general Eduardo Marquardt, en "Oddone c/Formosa" 36 7, la función que en este caso ejerce el Congreso no es política sino jurisdiccional. Cuando el Congreso establece los límites de una provincia, está ejerciendo una atribución que la Constitución le fija directamente 368 , pero no puede hacerlo discrecionalmente, sin ajustarse a pautas regl adas y objetivas 3"». Se trata de una decisión que debe tener una causa, un fundamento jurídico. De tal modo, la fijaci ón arbitraria de un límite concede a la provincia afectada una acción judicial que tramitará ante la Corte Suprema, en la medida en que es un típico caso de competencia originaria de aquélla (art. 117).

§ 107. Cuestiones electorales y partidos políticos

Una mencwn especial corresponde hacer respecto de las cuestiones electorales. Por la relevancia en esta cuestión del caso "Baker v. Carr", me referiré separadamente a la juris· prudencia anterior y posterior. Fallos , 98:107 (1903). Fallos, 114:425 (1911). 364 Fallos, 133:372 ( 1921). 365 Fallos, 228:264 (1954). 366 Fallos, 267:352 ( 1967 ). :J67 Fallos, 285:240-245 (1973). 3ij8 Nótese que, en este punto, la Constitución argentina se ha apartado de la norteamericana, que no establece esa atribución a favor del Congreso. 3ijH H a di cho GoNZALEZ CALIJERÓN que "El poder del Congreso para fijar los límites de las provi ncias no significa un poder absoluto para imponer su propio criterio sin consideración a los fundamentos hist.óricos y jurídicos con que las parteR interesadas puedan cohontlstar sus pretensione . Las provincias (.. . ) no pueden ser tratadas por el Congreso con desconocimiento de su carácter, de esos derechos y de s us tradiciones históricas" (Derecho constitucional argentino, ob. cit. t. UI, p . 194). :i62

~r.3

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

228

a)

LA

JURISPRUDENCIA ANTERIOR A "BAKER v.

CARR". -

Tal como ya señalé más arriba, en los Estados Unidos los asuntos de naturaleza electoral no eran admitidos como casos judiciales :170. Tampoco lo eran en la Argentina, donde las cuestiones electorales fueron, hasta comienzos de la década de 1960, consideradas políticas. Entre los primeros casos que ilustran esta corriente se encuentra "Unión Cívica Radical-Junta Reorganizadora Nacional" 31 1, en el cual el apoderado de dicho partido había solicitado al juez letrado de La Pampa la declaración de nulidad del padrón electoral. El caso fue rechazado por el magistrado interviniente e interpuesto recurso extraordinario la Corte, invocando precedentes anteriores a72 , sostuvo que "las cuestiones de la naturaleza de la que contempla el pronunciamiento apelado, no son susceptibles de traerse al conocimiento del Tribunal ni aun por la vía del artículo 14 de la ley 48". Con cita expresa de este caso fue resuelto más tarde "Salomón Deiver"=. Deiver había impugnado el padrón electoral, en el cual no se lo había incluido por haber estado condenado penalmente. Al rechazar el recurso extraordinario la Corte ~ostuvo 9-ue. ~a atribución por ley de funciones políticas a .mag¡st~ados JUdiciales no altera la naturaleza de las mismas ru autonza a considerarlas corno de índole judicial ni como emanadas de un tribunal de justicia" 374 • En casos posteriores, esta doctrina fue objeto de más desarrollo. Hasta ese momento, el Tribunal se había limitad ~ti~ch~zar el rec~so extraordinario, invocando la materia po~ la c~nsi~e:a~:eas::~~ · pero no . decía ~xac.tamente por qué se gunos casos poste~o~e~~=í ~~~.r ex~licactón se intentó en al('I'rotzkista)" ~7s y "P t ' Partid~ Obrero Revolucionario ,. ar 1 o emocrata-Dlstrito San Juan" m d" qu e "e ll o es ast porque el mencionad , lJO se otorga respecto de las d . . o recurso extraordinario manentes del poder judici:~Islonesl p~opi~s. de los órganos per, en e eJercicio de sus funciones 370 v · an easc ~upra, § 2:.!.

dD .

Fallos, 189:155 (1941) . .a os, 128:314 Y 148:215. · Fallos, 208:125 (19 47 ) ~ 74 Fallos , 208:127. · 3 75 ''Iturr · as pe c/ Uruón Cívica Rad · al d ~~~ Fallus , 237 :386 (1957). lC el Pueblo", Fallos, 240:11 (1958). Fallos, 238:283 (19 57 ). aH

373

F ll

Los

ACTOS NO JUSTICIABLEs

229

específicas, en los términos del artículo 14 de la ley 48 y 62 de la ley 4055 (.. .) Que las cuestiones electorales referentes al procedimiento previsto por las leyes en el orden nacional o estadual para la constitución de los poderes políticos, como momento que son de la organización de otros poderes, no son propias del ejercicio regular de la función judicial, sino estrictamente políticas. Pueden debatirse, y en el orden nacional efectivamente se han debatido, ante organismos nacionales y la jurisprudencia de esta Corte les ha reconocido tal carácter aun sometidas a decisión de tribunales judiciales inferiores" 378 • Esta línea jurisprudencia} fue seguida con fidelidad y sin mayores variantes en varios casos de la década de 1960. Tal, por ejemplo, "Partido Socialista-Comité Ejecutivo Nacional" m , donde se dijo que los conflictos partidarios internos y los interpartidarios son ajenos al conocimiento de la Corte, "cuando se trata de cuestiones indisolublemente ligadas a la actividad política y electoral, las que, por su naturaleza, resultan extrañas a las esfera de acción jurisdiccional de aquella y reclaman su abstención como poder" 380 . Igual criterio se advierte en "Partido Unión Popular" ~ 8 \ en otro homónimo 382 , y también en "Unión Cívica Radical Intransigente de la Pcia. de Bs. As." 383 . salvo cuando se advirtió una manifiesta violación al derecho de defensa en juicio. Como excepción dentro de este período se re:178 Fallos , 23R:287 . n» Fallos , 248:61 (1960). El caso se había suscitado como consecuencia de la división en dos fracciones del Partido Socialista. Ambas reclamaban el derecho al uou del nombre original. 3HO En este fallo , Boffi Boggero anotó una de sus célebres disidencias con el criterio de la Corte, dcjHndo a salvo su opinión en el sentido de qu e "una cosa significo la política en sí misma y una otra es el derecho político que regula jurídicamente la vida d., aquella; y una es, en consecuencia la política en materia de elecciones y una muy diferente es el derecho electoral que regula. Que cuando las transgresiones de los poderes políticos afecten la materia sometida a la competencia jurisdiccional de esta Corte, se impone la sustanciación de las causas respectivas para decididir en consecuencia, sin que esos poderes del Estado puedan legítimamente alegar que se trata del ejercicio de facultades privativas" (Fallos, 248:61 , esp. p. 67). ~81 Fallos, 252:54 (1962). aa2 "Partido Unión Popular", Fallos, 256:47 (1963). Aqul se debatía la oficialización de las listas de electores para presidente, vicepresidente y senadores por la Capital, y se registra también una disidencia de Boffi Boggero, incrementada y fortalecida con el reciente "Baker v. Carr", al que se le dedican varias consideraciones. aso Fallos , 257 :155 (1963).

CoNTROL DE coNsriTUCIONALIDAD

230

. tra "Unión Cívica Radical Bloquista" a84 , donde el derecho gdls d f'ensa de una de las partes estaba seriamente afectado e e · 'l85 por una grosera nulidad de la sentenc1a · · b) EL CASO ''BAKER v. CARR". - Fue en "Baker v._ Carr" 386 donde la Corte de los Estados Unidos modificó su~tru:c~al~?nte el criterio imperante hasta ese entances sobre la n.o Judiciabthdad de las cuestiones electorales. Ya he efectuado preVJ.a~cnte el an~­ lisis de este caso y allí me remita 3117 , pero dada su 1mportanc1a . 388 , va1e y el interés que siempre ha de pertado en la Ar gentma la pena transcribirlo parcialmente. Tomaré para ello algunos párrafos de la traducción de MILLER, GELLl y CAYUS0 389 , que pueden ser confrontados con el texto en inglés. "Sostenemos que este cuestionamiento a una distribución de distritos electorales no configura una cuestión política no justiciable (. .. ) Por supuesta que el mero hecho de que el pleito intente proteger un derecho político no implica una cuestión política. Semejante objeción es 'poco más que un juego de palabras'. Por el contrario, se argumenta que los casos de distribución , cualesquiera ean los términos de la demanda no comprometen un derecho constitucional federal, excepto ei que garantiza una forma republicana de gobierno, y que las ~e~andas basadas en esa cláusula presentan cuestiones pohticas que no son justiciables. Sostenemos que la presente demanda no descansa en la cláusula de garantía, ni la involucra, 184 85

Fallos , 244:164 (195!l). Apelada una sentencia de · · . de alzada fue tomada dw-ante la C P.nme;;: .u;stancta, la decisión del tribunal de la Cámara, contraviniéndose ex r~:ta JU cta. por uno solo de los tres jueces de orga~izaci ón de los tribunales ~ede~~:spostctones de las leyes 1893 y 13.998, una dectstón en materia electoral revocó .el La Corte~ pe~e a que se trataba de ducctón de uno nuevo ajustad j p:onunctannento y ordenó la proa~G 369 U.S. 186 (1962) o a as normas Vtgentes. 387 \1 . , véas e supra, § 22. 188 L . La sentencta ha sido objeto de v . . 1~;~ M.. 9Tres centenarios de la Corte Sup:= ~orr:,entanos; véase Bopp¡ BoooEno . ' p . 6 , HoRVATH Pabl V e ustlcta , Ptzarro Buc A'. ' ~u~ticiabilidad de la; cuest~¿:es ~~l, Jozfe R., El fallo "Bake; u. C~~~" ~~~ 0 a ~ sus antecedentes. as, ' t. 114, p. 982, donde se anal · . ·189 MILLER J h I Za e 1 y d , onat an M . Gt:LLJ M rf A po er político , As trea, Bue~~s Aire~ 1~8; t .,Iy C,wuso, Su~ana, Con.~titución ' • · , p s . 173 y siguientes. '

"

LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

231

y que, por lo tanto, su justiciabilidad no está impedida por

nuestras decisiones en casos que sí involucran esa cláusula 300 (. .. ) Pero como parece haber alguna duda sobre por qué esos casos presentaron cuestiones políticas y específicamente acerca de si este caso de distribución se asemeja a aquéllos, consideramos necesario primero delinear los contornos de la doctrina de la 'cuestión política'. Nuestro estudio revela que en los casos basados en la cláusula de garantía y en aquéllos acerca de 'cuestiones políticas', es la relación entre la justicia y las ramas de igual importancia del gobierno federal y no la relación de la justicia federal con los Estados lo que da lugar a una 'cuestión política' 39 1 (. . • ) Un modo natural de comenzar el análisis de este asunto es advertir si hay en este csso alguna de las características comunes a la figura de 'cuestión política' que hemos identificado antes como típicas de esta clase de cuestiones. Debemos afirmar que no encontramos ninguna. El tema aquí es el de la compatibilidad entre un acto estadual y el texto de la Constitución federal. No hay aquí ninguna atribución conferida a un poder político gubernamental del mismo nivel que esta Corte. Tampoco vemos que se ponga en tela de juicio la posición del gobierno en el exterior o que se cree un grave disturbio interno por el hecho de que esta Corte decida acerca de la constitucionalidad de un acto del Estado de Tennessec. ~90 "Wc hold that this challenge to an apportionment pre ents no nonjusliciable 'political question' (. .. ) Of course, the mere fact that lhe suil seeks proLection of 11 political right does not mean it presents a political question. Such an objection 'is little more than a play upon words'. RRther, it is argued that apporlionment cases , whatevcr the actual wording of the complaint, can involve nu federal consLitutional riglü except one resting on the guaranty of a republican f'orm of govcrnment, and that complaints based on that clause have been held to present política! que tions which are nonjusticiable. We hold that the claim pleaded here neither rests upon nor implicates the Guaranty Clause, and thaL its justiciability is therefore not foreclosed by our decisions of cases involving that clause" (::!69 U.S. en p. 209). 391 "But beca use there appears to be some uncertainly as to why those cases did present political questions, and specifically as to whether this apportionment case is like those cases, we deem it necessary firsl to consider the contours of the 'political queslion ' doctrine. 'l'hat review reveals that, in Lhe Guaranly Clause cases and in the other 'política! question' cases, it is the relationship between the judiciary and the coordinate branches of the Federal Government, and nol the federa] judiciary's relationship to the Sta tes, which gives rise to the 'political question" ' (369 U.S., p. 210).

232

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Tampoco necesitan los apelantes, para tener éxito en su demanda, pedir a la Corte que emprenda una política para la cual faltan pautas judicialmente manejables. Los estándares jurídicos provenientes de la cláusula de igual protección son conocidos y dicha cláusula ha estado abierta a las Cortes desde la sanción de la Decimocuarta Enmienda, para determinar, si corresponde según los hechos en particular, si la discriminación refleja alguna política determinada, o es, por el contrario, una acción simplemente caprichosa y arbitraria. Este caso, en un sentido, involucra la distribución del poder político dentro de un Estado, y los apelantes podrían haber reclamado bajo la cláusula de garantía. Por supuesto, como hemos visto, cualquier reclamo sustentado en esta cláusula sería inútil. Pero el hecho de que un reclamo semejante no hubiera tenido éxito. no significa que los apelantes no sean escuchados en su reclamo a igual protección, a la cual de hecho tienden 392 (... ) Concluimos que la n.egativa a la igual protección que se alega presenta una :uesbón constitucional justiciable sobre la que los apelante.s t1enen derecho a un juicio y a una sentencia. El de~echo mv~cado cae dentro de la órbita de la protección judicial baJo la Decimocuarta Enmienda"a9a.

terist:::

:~ nhatur~ beg~nning is to note whether any of the common characWe find non e~ T we ave . een able to identify and label descriptively are presenl Constitution . .J:ee hqucstwn here .Is the consistency of state action with the Federal · ave no questwn deCided orto b d ·d d b . . of governmcnt coequaJ with thi C N e ect e . Y a pohttcal brancb government abroad or grave dists bourt. ohr do we risk embarrassment of our • ur ance at ame if we t k · · "' ~s to the constitutionality of her action here chall d a e Issue Wit1I •ennessee kt enge · Nor need the appellants m arder to succeed in this action for which judicialty manageable' ::Snd:~;so:rt ~o en.ter u pon policy determina ti o~ the Equal Protection Clause are well d e ackmg. Jud 1 ~1 al standards under open to courts since the enactment of th:v;loped and familiar, and it has been ~~ on tho particular facts they must that a o~rt~enth ~endment to determine, Slmply arbitrary and capricious acti~n. Thisdiscummatwn reflects no policy, but allocatwn of pohttcal power within a St case does, tn one sense, involve the have added a claim under the G ate, ~nd the appellants rnight conceivably ~ny reliance on that clausc wou~arbaen~e~ ·1 la;~e . Of coursc, as we have seen uaranty Clause could not have u 1 e. ut because any reliance on th~ ~.'i ~~~-~~ ~eard on the equal prost~~~~:::~a.!:n d;~ ~ot f:llow that appellants ~93 " . e m act they tender" (269 We conclude that the co l . ' te.c tion presenta justiciable consti~~oam¡s allegation~ of a denial of equal proaJe entttled to a tria! and d . . na cause of act 10 n u pon which judicial protection under the e;.:surteion. Thhe right asserted is within th:p~~chlantsf 0 ent Amcndment" (269 u .. S 237).

7

LOS ACTOS NO JUSTI CIABLES

233

e) LA JURISPRUDENCIA POSTERIOR. - La doctrina de este fallo cundió inmediatamente, generando una onda expansiva de casos en los que la Corte declaró inconstitucionales aquellas leyes que pudieran ser violatorias de los derechos electorales. El primero de ellos, luego de "Baker", fue "Gray v. Sanders" 394 , en el cual se declaró inconstitucional una ley de Georgia para elecciones primarias, impugnada por mala distribución de los distritos electorales. También en Georgia, al año siguiente, fue declarada inconstitucional la ley de división distrital para el Congreso, que acordaba a algunos candidatos el doble de representación que pa ra otros 995 • Lo mismo ocurrió en Alabama, con el caso "Reynolds v. Sim" 396 • En este estado, la ley de distribución distrital no se modificaba desde 1901, pese a que la Constitución local exigía su modificación cada diez años. También en 1964 fue declarada inconstitucional una ley de Colorado, viciada de igual forma 397 , corriendo igual suerte las leyes de Maryland 398 , Virginia 399 y Delaware 4110 , en casos decididos ese mismo día. También fueron declaradas inconstitucionales una ley de Texas que prohibía votar a los militares en actividad 40 ', y la ley de educación de New York que exigía, para votar en elecciones escolares de distrito, ser propietario o inquilino o ser padre o guardián de niños que asistieran a las escuelas públicas 402 • En 1968 fue declarada inconstit ucional una ley de Ohio, que exigía a los candidatos presidenciales de los nuevos partidos, en las elecciones primarias, la presen tación de una petición firmada por el 15 % de electores calificados , tomado sobre la anterior elección para gobemador ~ . Igual suerte corrió una disposición de California que exigía el pago de un porcentaje del sueldo para la inscripción como 40

a~4

372 U.S. 368 (1963). "Wesberry v. Sander R", 376 U.~ . 1 (1 964). a96 :>.77 U.S. 533 (1964). 397 "Lucas v. Forty Fourth Gen Assembly", ?.77 U .S. 713 (1964). :
(1966). o~oo 401

40~ 403

"Roman v. Sincock", 377 U.S. 69 5 (1964). "Carrington v. Rash", 380 U.S. 89 (1965). "Kra mcr v. Union Free School District", 395 U.S. 89 (1969). "William~ v. Rodhes", 393 U. S. 23 (1 968).

-- ..., ......... . . . -- ---·----- ---candidato en una boleta electoral404' y tam?ién fue declar~da inconstitucional la ley de lllinois que prohibía vo~ar en e ec. pn' man'as de un partido • si una persona hab1a. votado c10nes . , en elecciones primarias de otro partido dentro de los ~emtltres me· ·~ Un nuevo caso de gerrymandenng planteado ses ant enores . . "D · 1 con legisladores republicanos de Ind1ana fue r~sue to en a~s v. Bandemer" 406, bajo los postulados de "Baker . Estos .~on sol~ algunos de los numerosf~im~s casos en que, luego d~o7 Baker ' la Corte declaró inconstituciOnales leyes elector~les . . También en la Argentina, poco a poco, empezo ~ advertirse una t endencia hacia el control judicial en matena electoral. Ya a comienzos de la década de 1960, el fallo recaído en "Partido Obrero'" 08 , pese a que pretende enmarcarse en los cánones tradicionales, anuncia esta tendencia que luego se haría constante, lo que constituye una excepción dentro de la jurisprudencia del Tribunal en ese período 409 • El Partido Obrero había demandado el reconocimiento de su personería política, la que se le había denegado , con base en el decreto ley 19.044/56, por propiciar ideas contrarias al Estado democrático. Apelada la sentencia, la Corte abundó en consideraciones de todo tipo para confirmarla, pero en sustancia sostuvo que "cuando se trata de agrupaciones políticas cuya actuación se traduce en peligro cierto y real para la subsistencia del estado democrático, al legislador 410 le es permitido valerse también de medios prohlbitivos" • Asi"Lubin v. Panish", 415 U.S. 709 (1974). "Kusper v. Pontikes", 414 U.S. 51 (1973). 4 06 478 u.s. 109 (1986) . ' 07 P~ra un _ e studio detallado de estos casos, me remito a L oCKHA!lT, W. B.; ~ISAPR, Y. CI!OPER,, J . H. , Y SHH'FRIN, S . H., Constitucional Rights and Liberties est ub~slnng, MI.Illlesota, 1986, ps. 982 y siguientes . ' 40 A Joallos, 253:133 (1962). 409 B. _•en es sabido que, por entonces, la Corte practicaba la doctrina de la ~ut~rrestnCCión (self-rest raint) , predicada en el Tribunal de los Estados Unidos e~ e com1en~os del s1glo por el juez Oliver W. Holmes y seguida luego entre Ot1os , P,?r F ehx Frankfurter,_ disid ente junto con Harlan, precisamente , en :'Baker v. Carr · En este caso, S I b1en la Corte no declaró inconstitucional ninguna le p~es, por el contrano, apoyó las disposiciones del decr. ley 19 044/56 · b. y hizo algunas "d · · , sm em argo . cons1 c~ac1ones que le hacían abandonar en buena medida la d t .· d e 1a cuestiones políticas en materia electoral oc !lOa 410 F ll a os, 253:157 · Thdo el fall o es en sí. mismo un dictum, ya que si ex404

405

~~::~~e;::a 1:'e~C::~r :'¡c~e~;~:e:e~asu ~prudennficia tradic~onal,

le bastaba ins· . or ano y co lrmar asl el pronunciamiento" l d a pe a o. m . embargo, qu1so dar_un paso adelante y hacer pública su condena a una detenrunada 1deologia política, pretendiendo t.al vez tomar debida distancia

Los

ACTOS NO JUSTICIABLES

235

mismo, dentro de esta jurisprudencia, por momentos errática, la Corte, años más tarde , en la causa "Partido Socialista-Orden Nacional" 411 , donde se discutía el uso del nombre "Partido Socialista" por una división del mismo, entró a resolver el fondo de la cuestión, sin invocar la doctrina de las cuestiones políticas, tal como sí lo había hecho antes en la ya mencionada causa suscitada por el mismo partido , resuelta en 1960. También, referida a una rama de esta misma agrupación política, el Partido Socialista de los Trabajadores, la Corte, sin derogar· expresamente su doctrina tradicional, entró al fondo de la cuestión atinente al nombre del partido en un distrito provincial 412 • La tendencia al abandono de la doctrina clásica se observa también en "Partido Intransigente"m, sentencia donde , en contra de lo resuelto en la instancia anterior, se permitió a dicha agrupación partidaria oficializar listas de candidatos a legisladores nacionales. Más profunda aún es la decisión recaída en "Frente Justicialista de Liberaci6n" 414 , donde la Corte, en definitiva, dirimió, lisa y llanamente, una elección provincial. En efecto, luego de los comicios del 11 de marzo de 1973, se planteó si la elección del gobernador de Santiago del Estero y demás candidatos era legítima, ya que para nominar al candidato del Frente Justicialista de Liberación, el Tribunal Electoral local prescindió de las disposiciones de la ley federal 19.905, por considerarla inconstitucional. Era obvio que , al menos formalmente , se presentaba un caso federal típico, donde la decisión era recurrible por vía extraordinaria ante la Corte Suprema. Ésta lo entendió así y, pese a la naturaleza eminentemente política de la decisión , entró al fondo de la decisión revocando la sentencia del tribunal electoral local. Empleando un criterio que hubiera deleitado a Boffi lloggero, sostuvo que "no cabe concluir 'a priori' que una determinada cuestión queda sustraída a la esfera del Poder J·udicial por el simple hecho de que involucre temas de índole 'política', de acu erdo con el significado que en el lenguaje común se asigna al término,' cuando la decisión adoptada suscita una controversia de naturaleza esde ·ella y evitar cua lqui er sos pecha que pudiera surgir de un pronunciamiento indü·ecto. m Fallos, 285:138 (1973). 41~ Fallos, 287:31 (1973). m Fallos, 284:446 (1972). 414 Fallos. 285:410 (1973).

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

236

trictamente jurídica, que exige un pronunciamiento que le ponga fin a través de la solución que en derecho corresponda" 41 " . Es evidente que el considerando citado y la sentencia en su conjunto son suficientes no sólo para producir un abandono de las cuestiones políticas en materia electoral, sino para producir incluso un abandono total de la doctrina, en cualquiera de sus campos. El fundamento empleado es, precisamente, el que han esgrimido los críticos más enérgicos de aquélla, tales como BO FFI BOGGERO o BJDART CAMPOS 416 • A partir de este momento, puede decirse que la Corte ha seguido interviniendo, en materia electoral, sin reparo alguno, a través de muy variadas formas. Así lo hizo para decidir conflictos de competencia entre di versos tribunales electorales 417 , para reconocer el derecho al uso de un nombre por un partido político 418 , para dirimir un conflicto entre las siglas de dos partidos 419 , para confirmar el rechazo de un pedido de suspensión de elecciones internas de un partido 420 , para interpretar el derecho público provincial en materia de empleo de cocientes electorales 421 o para declarar la constitucionalidad del monopolio dado por ley a las partidos políticos en la nominación de los candidatos 422 • También ha intervenido en cuestiones electorales en el marco del conflicto correntino suscitado a fmes de 1991 423 . § 108. Cuestiones de ''política

administrativa"

del Este ~er~er grupo de casos congrega una serie de aspectos maneJo mterno de la Administración en los que la Corte 6 Fallos , 21:!5:417. 416 Véase infra, § 115. 417 "J unta Electoral de la Pcia d . . " . 41M "Partido Uru" C . . . e Buenos AJres ' Fallos 305·926 (l 983) on nst1ana De át' • .,. ' · · . 41 ~ "Unión del Centro Democráti:~~. lea , ral.los , 305:1262 (l98a). la disputa entre la Unión Cn'st' D ' ~Llos, 306.2048 (1984). Se trataba de mna emocrát1ca y¡ u · · d 1 e por el empleo de Jag siglas "U C D " a DJon e entro Democrático 420 "Partido Demócrata Pro. . , . res;;elta en favor de la primera . 421 "Unión Cf . R di al greststa, Fallos, 307:1774 (1985) VIca a e de la Pcia d B . " · ::~ ~~tonio J . ~íos", Fallos , SlO :S ~ { ~;~~~Aires ·Fallos, 308:1745 0986). . éase el caso Electores A d · CíVIca Radical y Democracia Cri~ti:: "er:,dolls de los Partidos Justicialista, Unión a • ra os, 314 :1915 (1991). "'

1

Los ACTos

NO JUSTICIABLES

237

ha declinado intervenir. Ellos son, entre otros: a) la expropiación; b) el régimen interno de las universidades; e) el régimen de la función pública; d) la calificación de la huelga; e) el régimen tarifaría, y f) los conflictos interadministrativos. Se advierte aquí, como criterio general, que la Corte se abstiene de intervenir cuando enfrenta cuestiones vinculadas con una determinada "política administrativa" no justiciable. Así como detrae el control judicial ante casos en los que el planteo exige revisar la política legislativa o económica del Congreso, también lo hace cuando tiene ante sí una decisión propia de la Administración que trasunta el ejercicio de alguna política administrativa. a) EXPROPIACIÓN. - Mencionar a la expropiación dentro de las facultades de la Administración requiere una aclaración inicial, pues la declaración de utilidad pública -como principioes una atribución legislativa. Sin embargo, es bien sabido que en numerosas ocasiones la calificación legislativa es genérica; esto es, abarca grandes zonas indeterminadas donde se hace una reserva de inmuebles para obras o planes futuros 4 2 \ y luego la autoridad administrativa determina cuáles son los inmuebles que serán expropiados y cuáles no . Recordemos, incluso, que ello trajo aparejado algunos planteas de inconstitucionalidad de las leyes que disponían esta afectación genérica • t 5 • Por ello me parece que, en la práctica, esta clase de decisiones son más frecuentes en el campo de la Administración que del 4 24 Es lo que se denomina expropiación diferida , r egulada en el orden nacional por la Ley de Expropiaciones 21.499 , en el artículo 34. 4 25 Alegaban los propietarios que la expropiación era ilegítima pues la calificación del bien no había sido dispuesta por ley del Congreso sino por vía ad ministrativa. Si bien en un antiguo fallo la Corte exigió que para la ampliación de una obra pública se obtuviese una nueva ley, "F.C. Buenos Aires al Pacífico c:/La Inmobiliaria", Fallos, 82:284 (1899) , posteriormente admitió la constitucionalidad de las leyes que declaraban en forma genérica lu utilidad pública y encomendaban a la autoridad admini~trativa la confección de los planos de la obra. Esta doctrina fu e nplicada reiteradamente en materia de ferrocarriles en "Ferrocarril del Oeste d Garbarini", Fallos , 105:80 (1906); "Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico dJoaquín del Río", Fallos , 119:5 (1914) ; "Ferrocarril Gran Oeste Argentino c!Vidal Hermanos", Fallos, 120:332 (1915); "Ferrocarriles del Estado dVidal", Fallos, 150:54 (1928) y posteriormente, también , en obras viales , en "Dirección Nacion al de Vialidad c/Badaracco y Bottaro", Fallos, 183:88 (1939).

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Congreso y en consecuencia -con las salvedades del caso- merecen ser consideradas en este punto. . . - le' más arriba m que fue un caso de expropiaCión Ya sena · ·, d 1 1 d. 0 origen a la doctrina de la autorrestncc10n e os ~ri:-~al:s federales ante causas no justiciables. En es.ta materia, la jurisprudencia de la con:e .ha sido constante y re~terada a1 excluir del ámbito de lo justiciable las razo~es t~mdas en cuenta por el Congreso para determinar la cahficac~ón ~e ~ bien como de utilidad pública a los efectos exprop1atonos . Existen tan sólo dos excepciones. La primera de ellas 428 es el conocido caso "Municipalidad de la Capital c/Elortondo" , al cual puede considerarse hoy una pieza histórica que n~ constituye hoy un antecedente registrable m. La segunda, sm perjuicio de algunas manifestaciones anteriores 430 , se hizo presente con toda claridad en "Fisco Nacional c/Ferrario'"at . E l caso tuvo Véase supra , § 86. b. Cito como meros ejemplos "Nación Argentina c/Iu¡:e nio y Refinería San Martín del Tabacal" , Fallos , 209:390, 401 (1917); "Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos A;res", Fallos, 210:1153 (1948). 128 Fallos, 33:162 (1888) . •z9 En este caso, si bien la Corte no derogó expresamente el prindpio general, no es menos cierto que el mismo fue inlerpretado de una manera tan amplia que bien valía su derogación. "La atribución deferida a aquel cuerpo (Congreso) -decía la Corte- por el artículo 17 para calificar la utilidad pública y definir los casos de expropiación por razón de ella, no puede entenderse ilimitada ni con un alcance tal que lo autorice a disponer arbitrariamente de la propiedad de una persona para darla a otra, ni a incorporarla tampoco , aun abonando el justo valor que pueda ella Lener. al domiruo público, fu era de los caso~ y de la. formas eslrictamente fijadas por la lP.tra de la Constitución o por los principios fundamenlales sobre que ella r~posa " (ver ps. 185 a 186). EvidenLemente, el caso de la Sra. de Elortondo era el contemplado en la egunda excepción anotada por la Corte, pues RU propiedad había sido afectada al ensanche de la Avenida de Mayo. En disidencia, el juez Zovalía decía que la revisión judicial de la calificación de utilidad pública ·~s alterar el texto conslitucional y olvidar los principios más elementales d~ la administración de justicia" (p. 201). Años después de este fallo, la Corte Suprema todavía vacilaba en la aplicación del principio nacido en el caso "Hue" o de la solución alcanzada en "Elortondo". Así, por ejemplo, en "Gibbs c/Mendoza", Fallos , 93:219 (1901), se rechazó la acción de inconstitucionalidad pl~n teada por el expropiado, pero el fundamenlo empleado fue que el terreno obJeto de la expropiación estaba íntegramente abarcado por la obra pública lo que no con?guraba un supuesto igual al examinado en el caso "Elortondo" (~. 224). •ao En "'fucumán cfl!nión Cañeros Azucareros", Fallos , 204:310 (1946) , la Corte an_ahz? la leg'ltimacJón de un decreto del inlerventor federal en Tucumán que hab1a dispuesto la expropiación de un ingenio para establecer si contaba con la debida autorización del gobierno nacional. 431 Fallos , 251:246 (1961). 426 42i

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lugar como consecuencia de un típico caso de despojo, donde la autoridad pública, bajo la forma aparente de un juicio expropiatorio, le quitó su propiedad a un particular para dársela a otro m . La Corte, al confirmar la sentencia de la instancia anterior, que había rechazado la acción expropiato;ia, dijo: "es conveniente recordar que ninguna expropiación debe ser practicada, por claro imperativo constitucional (art. 17), si no responde a una causa de utilidad pública, calificada por ley. Y cualquiera fuese la opinión sobre las facultades de los jueces para t:xaminar si dicha causa concurre, maieria en que cada uno de los infrascriptos se remite a opiniones vertidas con anterioridad, es indiscutible que esas facultades existen en causas de gravedad o arbitrariedad extremas. Así acontece, verbigracia, cuando resulta claro que el Estado so color de un ejercicio del poder expropiatorio, lo que realmente hace es quitar a una persona la cosa de la que es propietaria para dársela a otra, en su exclusivo provecho patrimonial , como dádiva, es decir sin beneficio público alguno" 433 • b) RÉGIMEN INTERNO DE LA8 UNIVERSIDADES, - Jurídicam.ente, las universidades nacionales son entidades autárquicas e integran la Administración Pública. Sin embargo, están alcanzadas por el principio de la llamada autonomía universitaria 4 " \ que posee rango constitucional luego de la reforma 132 Jorge Ferrario, corredor de automovilismo, había logrado, junto con otros colegas, introducir al país un automóvil de fabricación extr anjera en el año 1953. P ese a que varios de ellos obtuvieron la documentación necesaria para legalizar dicha inlroducción -autorizada provisoriamente- a Ferrario no le fue otorgada. Por el contrario, el Poder Ejecutivo le promovió juicio de expropiación del vehículo. Iniciada la dt~ruanda, fue Lomada pusesiúu iruuediaLa dt~ aqutH, d cual además fue vendido a otro particular, por petición expresa del ayudante del Presidente de la Nación al Ministro de Comercio (consid 1", 22 y 32 , Fallos, 251:246, en p. 25~). <33 Fallos, 251:246, en. p. 254. El fallo lleva las flrmas de los jueces Villegas Basavilbaso, Aráoz de Lamadrid, Boffi Boggero y Oyhanarte. 434 Véase, sobre este particular, CASSAGNE, Juan C., Acerca del sentido y alcanr.P. de la antonomla universitaria, ED , t . 124, p. 870. Dice este autor, con razón, invocando numerosos precedentes doctrinarios , que las universidades son, legalmente, enLes autárquicos y que gozan de autonomfa no en el sentido propio del término, sino como equivalente de su capacidad de autodeterminación académica {p. 872). Esta categoría ha sido reconocida Lambién por la Corle, al decir que la Universidad de Buenos Aires es una persona de derecho público dotada

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, b' erto de la injerencia de 19944:1ij. Tal autonorma 1as pone a cu 1 . , 1d d 1 d administrador en dos campos: el cientlfico y e e e pbo. er . terno43G Aun así y con anterioridad a la reforma su go 1erno 1fi · • · · · d 1 t'tucional de 1994, la Corte sostenía el prtnclpw e a ar ~~~~~a universitaria y para ello habí,a elaborad~, una reg a repetida en numerosas ocasiones, segun la cual . las resol~. · qu e d1' ctan las universidades en el orden mterno, cwnes . . · dls· linario administrativo y docente no son, como prlnclplo, sus~:;ptibles 'de revisión judicial". Esta jurisprudencia parecería 43 haber nacido en el caso "Pedro Bergés" 1, en la cual la Cort~ desechó una demanda de nulidad promovida contra la versidad de Buenos Aires por un profesor cuya cátedra habla sido suprimida. . . Esta inmunidad de control judicial les ha perrrutldo a las universidades adoptar decisiones tales como separación y sus-

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de autarquía administrativa y económica financiera ("Morante c!UBA", Fallos , 300:1138 -1978-). La Cámara en lo Contencioso Admi.llistrativo también h a distinguido oportunamente entr e la autonomía y la autarquía de las universidades nacionales, ~eñ alando que éstas gozan de autonomía respecto de su s asuntos académicos, pero no asi en relación con Jos temas de carácter económico o financiero pa ra los cuales están dotadas de autarquía; cfr. CNCont. Adm. Fed., Sala IV, "UBA c/Jefe de Gabinete", 9/5/00, Causa n• 45.697/99 . 435 Artículo 75, inc. 19, párrafo 3. Esta norma además ha consagrado el principio de la llamada gratuidad de la enseñanza universitaria, el que ha dado motivo a diversos pronunciamientos que cito infra, § 126, d, 2. 4an Cabe recordar que antes d e la reforma constitucion al la Universidad de Buenos Aires intentó despojarse de todo control que en el orden admirustrativo pudiera ejercer sobre ella el Ministerio de Educación. A tal efecto fue dictada una resolución disponiendo que sus decisiones no eran recurribles por vía de alzada, lo que motivó el dictado del decreto 1111/90, por medi o del cual el Poder Ejecutivo restableció la vigencia de tal recurso. La cuestión generó una acción judicial entablada por la UBA, que finalmente fu e zanjada por la Corte Suprema a favor del Poder Ejeculivo, "Universidad de Buenos Aires c/Poder Ejecutivo Nacional'', Fallos , 314:570 (1991). Véase: BLANCHI , Alberto B., El uiejo problema de la autonomta uniue•·sitaria en un fallo de la Corte Suprema con balcones a la polémica (Un "holding" que parece "obiter" y un "obiter" que parece «holding"), en "Rev. de Derecho Administrativo". n9 6, ps. 13l a 140, Depalma, Buenos Aires, l991. Luego de la reforma constitucional fue sancionada la ley 24.521 de Educación Superior (130, 10/8/95), cuyo art. 32 estab lece un recurso judicial directo contra las decis iones definitivas de la UBA. Sobre el particular, puede verse SACRISTÁN, Estela B., Determinación de la legitimación actiua del Ministerio de Cultura y Educación en el marco de la Ley de Enseñanza Superior, LL , t. 1996-D, p. 89. Más adelante, § 126 , d, 2, me ocuparé con más detalle de esta cuestión. 4~ 7 Fallus , 166:264 ( 1932).

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pensión de profesores 438 , negativas a participar en concursos 440 universitarios ~ 39 o impugnaciones formuladas en los mismoS , 441 ingreso de alumnos a una facultad o expulsión de los mismos 442 , designaciones de profesores efectuadas por concurso 443 , rendición de exámenes 444 , cesantías de directores o autoridades de establecimientos educacionales dependientes de las universidades 445 , forma en que se integran los jurados de los concursos 446 , etc., sin que el Poder Judicial se encuentre habilitado para revisarlas, salvo supuestos de arbitrariedad 447 , o bien cuando no se hayan respetado los derechos y garantías constitucionales de los interesados 448 • La razón de esta abstención de control ha sido explicada en alguno de estos precedentes, generalmente muy parcos, diciéndose que "ni la designación de los profesores universitarios, ni el régimen de selección de los mismos, aun comprensivo de la exclusión de los impugnados por razón de episodios que afecten la jerarquía y dignidad universitarias, constituyen cuestiones reservadas a los jueces en el orden regular de sus instituciones. Se trata de juicios sobre condiciones a apreciar por los poderes a quienes tales designaciones incumben, sin otra consecuencia que la prescindencia del candidato en cuestión para el nombramiento a efectuar" 449 • Un caso digno de mención anterior a la reforma constitucional de 1994 es "Orias c/Universidad Nacional de Río Cuarto" •M, donde el actor había logrado en sede de un tribunal federal inferior la anulación de dos resoluciones que interrumpían el trámite de un concurso y la continuación del mismo . La Corte mantuvo la nulidad de las resoluciones universitarias, 438 "Santiago Godoy", Fallos , 172:396 (1935); "Ramón de la Fuente", Fallos, 177 :169 (1937) ; "Ángel PelufTo", Fallos, 238:183 (1957); "Raúl Martínez Moreno", Fallos , 252:241 (1962). 439 "Sa lva dor Dana Montaño", Fallos, 235:337 (1956). 440 "Germ á n Fernandez Guizzetti", Fallos, 244:380 (1959). H I "Pedro Liporace", Fallos, 299 :185 (1977). 442 "Francisco Livi eri", Fallos , 247 :674 (1960). 44 3 "Domingo Sabaté", Fallos, 283 :189 (1972). 444 "Catalina Ana Romano", Fallos, 301:236 (1979). 44 5 "Rodolfo Barraco Aguirre", Fallos , 302:1503 (1980). 446 "Wenceslao Tejerina", Fallos, 307 :2106 (1985). w "Ra úl Martínez Moreno", Fallos , 252:241 (1962). 44 8 "Juan Carlos Buonocore", Fallos, 288:44 (1974); "Miguel Ferrer Deheza", Fallos , 295:726 (1976). 449 "S,lvador Duna Montaño", Fallos, 239:13 (1957). 460 Fallu~. 317:40 (1994).

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. anto ordenaba la continuación pero revocó la sentencla l enr:~rma constitucional de 1994, la del concurso. Lue_go de a ·t 1. n "Menvielle Sánchez rfUni~~;!~d~~ rde:~t~~~~,~~~ ;:~: ~ee pretendía la nulidad de un concurso docente 452 • • • Evidentemente, no nos encontramos aquí con dec1s10nes de naturaleza discrecional, como son las que, e~ general, _han sido examinadas anteriormente. Por el contrariO, las umversidades en esta materia toman decisiones ajustadas ~ reglas de orden académico. Lo que impide el ejerci_cio ampho de la revisión judicial en estos supuestos es, precisamente, la naturaleza técnico-científica de la cuestión. Por ello es que lo único que un tribunal judicial puede revisar es la cuestión jurídica del problema, que se presenta normalmente cuando la decisión es arbitraria y como tal ha violado alguna de las garantías constitucionales del interesado; por ejemplo, su derecho de defensa. e) RÉGIMEN DE LA FUNCIÓN PúBLICA. - El empleado público goza de estabilidad, según el artículo 14 bis, de donde se deduce que no podría perder su empleo sin una justa causa debidamente comprobada. La Corte, sin embargo, ha interpretado que dicha estabilidad no es absoluta, sino relativa 4 ~ 3 • Ello habilita a la Administración para tomar decisiones de alcance general -que trasunten una determinada política administrativa- cuyo efecto sea la pérdida del empleo de los agentes alcanzados por aquéllas. Así, puede decidirse la supresión de un órgano o ente, su fusión con otro, la privatización de una empresa estatal, etc. Todas estas medidas -que están previstas genéricamente en el régimen legal de la función pública 454 conllevan por lo general una racionalización del personal, y ••• Fallos, 315:724 (1992). 452 Luego de la reforma de 1994 que dio rango constitucional a la autonomía académica y científica de las universidades, se produjo un interesante debate, que alcanzó los estrados judiciales, sobre los alcances de aquélla entre el gobierno del presidente Menem y las universidades nacionales. Los casos que surgieron de esta disputa están mencionados infra, § 126, d, 2. 453 "Aurelio Brasesco", Fallos, 266:159, 161:62 (1966). Puede ampliarse en MARIENHOFF, Miguel S., Tratado de derecho administratiuu , 4 • ed., Abt!ledo-Perrot, Buenos Aires, 1994, t . lll-B, §§ 982-987, ps. 290 a 302. 454 Ley 25.164 (BO, 8/10/99), arts . 11 , 12 y 13.

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en la medida en que proceden de una determinada política, no son judicialmente revisables c~mo ~ales. De tal sue:te, la Corte tiene dicho en jurisprudencia re1ter~da que lo at~nente a la política administrativa y a la ponderación ~e. las apt1~udes personales de los agentes no es matena JUStlc~able. Cl~r~a­ mente como en toda cuestión no justiciable, ello t1ene un hmite dado ~or la arbitrariedad en el proceder adm~nistr~tivo . De modo que la abstención judicial cesa ante la ex1stenc1a de una medida disciplinaria encubierta, una grave descalificación del agente o el desvío de poder. Como digo , la Corte ha elaborado un vasto cuerpo de jurisprudencia sobre el particular; no obstante , es necesario advertir que la mayoría de estos fallos se han originado en medidas de racionalización del personal administrativo adoptadas durante gobiernos de facto , que hicieron extenso uso de la llamada " prescindibilidad" ~5 • También en materia de ascensos del personal militar o policial, la Corte ha establecido que no son revisables judicialmente la¡s decisiones de las juntas de calificaciones. Una antigua jurisprudencia sostenía que las decisiones de los Tribunales de Honor militares eran insusceptibles de recurso extraordinario, pues ello obligaba a la Corte a interpretar leyes y reglamentos militares, invadiendo la compet encia constitucional del Presidente como Comandante en J efe de las Fuerzas Armadas (art. 99 , inc. 12, ex 86 , inc. 15). Así fue establecido en "Francisco Fasola Castaño" 456 , doctrina luego r eiterada en "Ubaldo Estrada" 457 • Esta jurisprudencia luego ha sido invocada en tiempos más recientes, para determinar la irrevisabilidad en sede judicial de lo decidido en materia de promociones y ascensos por los órganos militares "por est ar (estas decisiones) 4

4M La jw ·is prudencia indicada aparece por ejemplo en: "González c/Nación Argentina", Fallos, 299:93 (1977); "Dachary c/Nación Argentina", 300:509 (197R); "O rife c/U ni versidad Nacional de La Plata", 30 1:215 (1979); "Leloutre c/Nación Argentin a'' , J 01 :484 (197 9 ); "Eisenschlas c/ENTel", 301:807 (1979); "Beatriz A. ~ucli ", Fallos, 301 :524 (197 9 ); "Fernández c/Empresa Ferrocarriles Argen tinos", /
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reservadas a otras autoridades en ejercicio de atribuciones privativas"458, jurisprudencia que se ha repetido luego de la reinstalación de las autoridades democráticas en 1983 159, aun cuando el control debe ejercerse ante casos de manifiesta o grosera irrazonabilidad 460 • d) HUELGA. - La Corte también ha detraído su conocimiento cuando se trata de revisar la calificación de la huelga efectuada por las autoridades administrativas competentes. La doctrina remonta al caso "David Hogg & Cía. S.A." 46 \ suscitado como consecuencia de un conflicto laboral en el City Hotel, en el cual se sostuvo que "es manifiesto que las cuestiones referentes a la solución de un conflicto colectivo de trabajo, adoptadas por la autoridad administrativa, no constituyen cuestiones judiciales. No ha sido ni es función propia de los jueces ordinarios la solución de tal tipo de problemas" 462 • Este criterio fue reiterado en varios casos posteriores. Así, en "Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas c/Corces y Cía." 463 , reiterando lo expresado en causas anteriores 464 , se dijo que no incumbe a los jueces, en el ejercicio regular de sus atribuciones, conocer en materia de huelgas para encauzar el curso de su desarrollo. Las medidas que en tales supuestos y en el campo de la regulación del orden laboral pueda tomar la Administración no son susceptibles de apelación directa ante la Corte, sin perjuicio de lo que pueda ser objeto de pronunciamiento 458 "León Lifchif', Fallos, 250:393 (196ll; "Agustín Cattaneo", Fallos, 261:12 (1965); "Lestanguet c/Nación Argentina", Fallos, 302 :1584 (1980). 409 "Gabetta c/Nación Argentina", Fallos , 312:156 (1989). Véase BIA NCH I , Alberto B., El control judicial sobre la llamada zona interna de la Administración, LL, t. 1989-C, p. 481. 4 60 Así lo puntualiza en "Gabetta" el dictamen de In Procuración General (Fallos, 312:169). 461 Fallos , 242:353 (1958). 4 62 Sin embargo, la Corte hizo una salvedad a puntando que, por vía de una decisión administrativa, no se puede reabrir una ca usa fenecida con autoridad de cosa juzgada , ni tampoco sustituir al juez de la causa por el árbitro del conflicto colectivo, pues con ello se detraen de la administración de justicia casos judiciales concretos y propios de ella (Fallos , 242:363). 463 Fallos, 251:526 (1961). 4 6 4 "F d .. Ob reros y E mpleados Vitivinícolas y Afines c/Bodegas y Viñe. e ~racron 1~;6~).zu S.A. , Fallos, 250:544 (1961}; "Beneduce c/Casa Auguste", Fallos, 251 :472

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en juicio contencioso adecuado posterior. De todos modos esta abstención no ha sido absoluta, ya que luego, en "Rodríguez de Bouza c/Cía. de Seguros La Comercial e Industrial de Avellaneda" 465, se afirmó que "serias razones de seguridad jurídica, obligan a limitar la revisión judicial de la declaración administrativa a los supuestos en que su falta de fundamentos o su arbitrariedad sea manifiesta porque es inexcusable que la gestión que incumbe a la administración, irrevisable en lo concerniente al encauzamiento de los conflictos colectivos, tenga un mínimo de eficacia permanente" 466 • Sintetizando la jurisprudencia arriba citada, la Corte se ha abstenido de revisar una determinación administrativa sobre la huelga en aquellos casos en que se le requería una decisión colectiva, a efectos de encauzar el curso del desarrollo del conflicto. Sin embargo, este principio reconoce algunas excepciones: a) cuando la decisión administrativa sustraiga de los jueces naturales de la causa un conflicto individual, b) cuando la decisión administrativa se produzca sin fundamento alguno y con manifiesta arbitrariedad, y e) cuando se suscite lisa y llanamente un conflicto laboral individual susceptible de ser resuelto por las vías judiciales ordinarias 46 7 . e) FIJACIÓN DE TARIFAS. - Se ha establecido también que la fijación o aprobación de una tarifa por la prestación de un serv1c10 público no es materia revisable por los jueces. Así lo ha. dicho la Corte en "Entre Ríos c/Secretaría de Energía" 4 6S, deJando a salvo que puede revisarse el procedimiento seguido Y las bases normativas que deben ser tenidas en cuenta 469. 46

~ Fallos, 255:29 (1963).

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En igu a l scnt1'd "B d c/C d F . o: c?-e uce asa Aug us te", Fallos , 251:472, 485 (1961) · e ernandez c/Carrucerfas Estancias Galli S.R.L.", Fallos, 25 4 : , 51 5 467 Véase: "Asociación de y · · t d e . Fallos, 257:1."l6 (19 63 ¡, !ajan es e omercw c/Brornberg y Cía. S.A.", ::: Fallos , 323:1825, 1837 (2000). En este caso se trataba de u Rfos Y e l Ente l'rovincinl Regula~ ;~paro Epromovido por la provincia d e a ccrctada de Encrgf d 1 o e a nergía contr a 1 6 reconociera a las em a e a Nación y cualquier cü . . a re~ . l/92 de Me rcad o Eléctrico M~resas de los Paises interconectad~POsJc~n concordante que ta l reconocimiento s~ Yhr bta. Las actoras sostenían s car cter de agentes del • a fa Producido un aumento e~ur co~o consecuencia d e a tanfa de en e r,;ña . "Aro

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en juicio contencioso adecuado posterior. De todos modos esta abstención no ha sido absoluta, ya que luego, en "Rodríguez de llouza c/Cía. de Seguros La Comercial e Industrial de Avellaneda" •~\ se afirmó que "serias razones de seguridad jurídica, obligan a limitar la revisión judicial de la declaración administrativa a los supuestos en que su falta de fundamentos o su arbitrariedad sea manifiesta porque es inexcusable que la gestión que incumbe a la administración, irrevisable en lo concerniente al encauzamiento de los conflictos colectivos, tenga un mínimo de eficacia permanente" 466 . Sintetizando la jurisprudencia arriba citada, la Corte se ha abstenido de revisar una determinación administrativa sobre la huelga en aquellos casos en que se le requería una decisión colectiva, a efectos de encauzar el curso del desarrollo del conflicto. Sin embargo, este principio reconoce algunas excepciones: a) cuando la decisión administ.rat.iva sust.raiga de los jueces naturales de la causa un conflicto individual, b) cuando la decisión administrativa se produzca sin fundamento alguno y con manifiesta arbitrariedad, y e) cuando se suscite lisa y llanamente un conflicto laboral individual susceptible de ser resuelto por las vías judiciales ordinarias 46 7 • e) FIJACIÓN DE TARIFAS. - Se ha establecido también que la fijación o aprobación de una tarifa por la prestación de un servicio público no es materia revisable por los jueces. Así lo ha dicho la Corte en "Entre Ríos c/Secretaría de Energía" 468 , dejando a salvo que puede revisarse el procedimiento seguido y las bases normativas que deben ser tenidas en cuenta 469 , Fullus, 255:29 (1963). En igual sentido: "Beneduce c/Casa Auguste", Fallos . 251 ;472, 485 (1961); "Amoza de Fernández c/Carnicerías Estancias Galli S.R.L.", Fallos , 254:51, 55 (1962). 467 Véase; "Asociación de Viajantes de Comercio c/Bromberg y Cía. S.A.", Fallos , 257:136 (1963). 468 Fallos, 323 :1825, 1837 (2000). 46 U En este caso se trataba de un amparo promovido por la provincia de Entre Ríos y el Ente Provincial Regulador de la Energía contra la res . 61/92 de la Secretaría de Energía de la Nación y <:ualquier disposición concordante que reconociera a las empresas de los paises interconectados carácter de agentes del Mercado Eléctrico Mayorista. Las actoras sostenían que, como consecuencia de tul reconocimiento, se había producido un aumento en la t.arífa de energía. 46&

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'IVOS _ Tampoco son de f) CONFLICTOS INTERADMINISTRA'I ' . . incumbencia del Poder Judicial los lla_m ados conflictos mteradministrativos, esto es, los que se susc1tan entre dos P~.~~onas públicas. Así lo dispone en primer ~ugar la ley 19.983 , qu~ atribuye competencia en esta matena -:-cuando se trata de re clamaciones pecuniarias- a la Procuración del Tesoro de la N:ción 0 al Poder Ejecutivo, según el monto de que se trate (art. 1-) y ello está confirmado por la jurisprudencia de la Cámara _en lo Contencioso Administrativo Federal, al rechazar una acción d e la Universidad de Buenos Aires contra la J efatura de Gabinete 471 . También lo ha sostenido el mismo Tribunal con relación a un conflicto de competencia suscitado entre la Administración General de Puertos y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires •"' .

§ 109. Decisiones administrativas

de los tribunales Un punto controvertido es la justiciabilidad de la actividad administrativa de los tribunales. Bien es sabido que ésta puede traducirse en resoluciones de carácter general (acordadas) que son verdaderos reglamentos administrativos, a través de los cuales la Corte ha llegado a ejercer incluso control de constitucionalidad '"', o en actos de carácter individual. Sobre el particular existe, en primer lugar, una corriente jurisprudencia} de la Corte según la cual las resoluciones de los tribunales nacionales o provinciales respecto de sus agentes no constituyen materia justiciable a los efectos del recurso extraordinario 414 • Dentro de este mismo espíritu se ha decidido que es inadmisible la acción de amparo promovida ante un tribunal federal de 470

BO, 5/ 12/7 2. CNCont. A d.rn F d S 1 N " . 9/5/00, LL , t. 200 1-B, ~- 4;3~· a a ' UBA c/J efe de Gabmetc de Ministros", m CNCont Adm F d S ¡ . A 368 V . . . e ., a a I, "Telemetnx S.A. c/AGP" 30/5/00 LL t 2001, p. · er especialmente el consid N ' ' ' · 473 Véase supr a, § 31. · · 4 74 Así lo estableció la Corte · . . ten egro c!Tucumá n" F ll 299· en vanos pronuoc¡am¡entos tales como "Mon· (1980): "Ca rlos S G affios, " F.l 3l8 (1977); "Abraham Casbal'i cn", Fallos 302:856 · ra gna , a los, 303: 1673 (1981). ' 4 71

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rimera instancia por funcionarios de la Corte Suprema soNo obstante ello, la C_orte luego morigeró este criterio, señalando que la regla de la Irrevisabj lidad no puede tener carácter absoluto cuando se encuentra controvertido de modo manifiesto el derecho de defensa en juicio del afectado por la medida 476 . La ?ámara en ~o. Contencioso Administrativo, por su lado, tamb1en ha admitido_ la revisión judicial 417 • La doctrina nacional se ha ocupa~o reiteradamente de la cuestión 478 , y por mi parte he adhendo a la tesis de la justiciabilidad 419 .

~etidos a sumario administrativo•7ó.

§ 110.

Decisiones internas de la Iglesia Católica

Por último, también ha resuelto la Corte que no son justiciables las decisiones internas adoptadas por la Iglesia Católica. Bien es sabido que la Iglesia Católica posee en nuestro ordenamiento una posición jurídica singular. Ello se manifiesta a través de su enclave constitucional ante el Estado nacional 4ij 0 , y 475 "Carlos Eduardo Guardia", Fallos, 307 :1779 (1985). Una crónica de este caso difícil relatada por una de sus protagoni stas puede verse en CoRBACHO DE ABELSON , Susana, La Corte Suprema de Justicia , Docencia, Buenos Aires, 1994. 476 "Rodríguez Varela c/Corte Suprema de Justicia de la Nación", Fallos , 315 :2990, 2994 (1992). En el caso se trataba de un secretario letrado de la Corte dejado cesante sin sumario previo. 4 7 7 CNCont. Adm. Fed. , Sala III, "Nicali c/Corte Suprema de Justicia de la Nación", 1117/00, causa n 9 11.654100; Sala IV, "Siracusa c/Corte Suprema de Justici a de la Nación", 3115/00, Causa n 9 26.561198. 478 GREC<":o, Carlos M., Impugnación judicial contra actos administrativos del Poder Judicial, LL , l. 1984-D, p. 141; H UTCHINSON, Tomás, La función administrativa del Poder Judicial y su revisión jurisdiccional , ED, t. 84, p . 483. 47 ~ BIANC: H!, Alberto B ., Justiciabilidad de las acordadas de la Corte Suprema de Justicia, ED , t . 119 , p . 181. 480 Si bien la reforma constitucional de 1994 eliminó el requisito de pertenecer a la comunión católica apostólica y romana para ser Presidente o Vicepresidente de _la Nación, que establecía el antiguo art. 76 (actualme nte 89), y elnrunólas antiguas di sposiciones constitucionles sobre el Patronato, para adaptar el t~xt_o a lo que su_rge del Con~ordato de 1966 con la Santa Sede, la Igles ia Catolica posee todav¡a un tratallllento diferenciado r especto de las otras iglesias Y religiOnes ante la Constitución Nacional, lo que se advi erte en Jos arts 2~ y 75, me. 22. · •

CoNTROL

248

DE

coNS'l'ITUCIONALIDAD

. , l le 'slación civil en la medida en que se re~eJ.a ademas en a tatgJ.al de carácter público expresamente es la un1ca persona no es reconocida como tal (art. 33, Cód. Civil). ~llo le asegura,. por ejemplo, una especial protección de sus blenes ante medldas 481 de ejecución patrimonial • • • , . d ¿Qué ocurre entonces cuando una_ dec1s1on mtern~ , e 1a Iglesia Católica es judicialmente cuest10nada? La cuest10n !~~ analizada en "Rybar c/García y O?isJ rel="nofollow">a~o d_e Mar del ~lata , , donde un sacerdote sancionado d1sc1plinar1amente baJO el ?odigo de Derecho Canónico impugnó judicialmente la s~nctón impuesta. La Corte, por mayoría 483 , sostuvo que no co?sti~uyen cuestión justiciable que habilite el recurso extraordmano las sanciones impuestas por la Iglesia Católica en el ámbito de su competencia. § 111. En busca de una teoría

Has ta ahora me he limitado a describir, siguiendo algún orden explicativo, los diferentes casos o grupos de casos en los cuales aparece la abstención a revisar judicialmente alguna decisión tomada por el Congreso o el Presidente. Me pregunto entonces si es posible , a partir de estos antecedentes jurisprudenciales , extraer de ellos una teoría, o por lo menos una clasificación, que permita el estudio discretamente metodológico de la cuestión. La tarea no es fácil , pues hasta ahora sólo se ha logrado consenso doctrinario para reconocer que la cuestión es confusa. Comenzaré entonces exponiendo los diferentes criterios y clasificaciones que se han esbozado hasta el momento, y fmalmente intentaré efectuar mi aporte personal. 48

~ En "Lastr a d Obispado de Venado Tuerto", Fallos, 314: 1324 (1991), la

~orte dispuso que la sede de un obispado es inembargable, imprescriptible e ina-

lie nable Y que "toda interferencia jurisdiccional sobre su disponibilida d sólo puede decretarse o reconocerse en la República de conforrrudad con el ordena miento canónico en virtud de sus disposiciones aplicables a las que reenvía el derecho argentino" (p. 1326). 482 Fallos, 315:1294 (1992) . 483 . Votaron ~n forma separada, pero concordante , los j ueces Na zareno , BeUu cJo Y Pctracclu por u n lado y Barra y Boggiano por el otro. Los rest a ntes Jueces (Levene, Moli né O'Connor y Fayt) votaron por el rechazo discreciona l del recurso, con fundamento en el art. 280 del Código P roce~a l.

Los ACTos No

249

JUSTICIABLES

§ 112. Las seis categorías del juez Brennan

y su influencia en la doctrina

norteamericana Comenzaré por las seis categorías de cuestiones políticas descriptas por el juez Brennan en su voto en "Baker v. Carr" 484 , ya que constituye uno de los hitos más importantes en la jurisprudencia norteamericana 485 • Según expresaba Brennan, en la superficie de cualquier caso donde se sostenga que existe una cuestión política se hallan, visiblemente 486 : 1) una asignación constitucional del asunto -textualmente acreditable- a un departamento político coordinado m, o 2) una ausencia de estándares judicialmente verificables y manejables para resolverlo468, o 3) la imposibilidad de decidirlo sin la determinación inicial de una política de naturaleza claramente discrecional y no judicial 489 , o 4) la imposibilidad de que un tribunal resuelva en forma independiente, sin incurrir en una falta de respeto hacia las ramas coordinadas del gobierno 490 , o 5) una necesidad inusual de adherir sin reservas a una decisión política ya tomada 49\ o 6) una eventual confusión frente a múltiples pronunciamientos de los diversos departamentos sobre una misma cuestión ~. 49

369 u.s. 217. La Corte Suprema las repitió treinta anos después de "Baker" en "Nixon v. United S tates", 506 U.S. 224 ( 1993), y Laurence TRIBE señala que continúan siendo el estándar que gobierna esta cuestión (American Constitutional Law, cit., p. :36n). <86 "Prominent on the su rface of any case held to in vol ve a political question is found". 487 "A tcxtually demonstrable constitutional commitment of the issue to a coordinate polibcal department". 4H8 "A lack of jud.icially discoverable and manageable standards for resol484

485

~W .

.

.

"The impossibility of decid.ing without an inítíal policy determmabon of a kind clcarly for non judicial discretion". . 490 "Or the ímpossibility of a court's undertaking independent resolut10n without expressing lack of the respect due coordinate branches of governme~t". 491 "An unusual need for unquestioníng adherence to a pohttcal dects1on already made". . . 492 "The potcntiality of embarrassment from multifanous pronouncements by vat;ous departments on one question". 489

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

250

Los tres criterios sobre el papel del Poder Judicial ante los poderes políticos. Relación con las seis categorías anteriores

§ 113.

Según señala Laurence TRrnE•s-J, pueden identificarse tres teorías -o criterios- sobre el rol de los tribunales en relación con los poderes polfticos. Ellos son: el criterio clásico, el prudencial y el funcional. a) CRITERIO CLÁSICO. - El primero de ellos aparece directamente en "Marbury v. Madison", donde dice "De acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos, el Presidente está investido de ciertos e importantes poderes, en cuyo ejercicio debe usar su propia discreción y es responsable sólo ante su país en su carácter político y ante su propia conciencia . Para auxiliado en el ejercicio de estas atribuciones está autorizado a designar ciertos funcionarios, que actúan según su autoridad y de conformidad con sus órdenes. En estos casos, los actos de estos funcionarios son los del Presidente y cualquiera sea la opinión que se tenga sobre la forma en que la discrecionalidad sea ejercida, ella existe y puede existir, si.n poder que la controle. Los sujetos son políticos. Ellos respetan la Nación, no los derechos individuales y teniendo la confianza del Ejecutivo, la decisión de éste es final (. .. ) Los actos de tal funcionario nunca pueden ser examinados por un tribunal (. .. ) La conclusión de este razonamiento es que donde las cabezas de los departamentos ejecutivos (ministerios] son los agentes de confianza del presidente para ejecutar sus órdenes o mejor dicho para actuar en aquellos casos en que el Presidente tiene facultades discrecionales dadas por la Constitución o por la ley, nada puede ser más perfectamente claro que sus actos son examinables sólo políticamente" 494 • 4R~

American Constitutiunal Law , ob. cit., p. 366.

"By the Constitution of the United Sta tes , the Pre~idenL is invested with certaitl important political powcrs, in the exercisc of which he is to use his own discretion, and is accountable only to his country in his political charactcr ond 494

Los

ACTOS NO JUSTIClA.BLES

251

El fundamento de las cuestiones políticas según este primer criterio, que también aparece en "Baker v. Carr" 49 \ es senci llamente la separación de poderes, y la necesidad de evitar que

el Poder Judicial se ocupe de asuntos que no son de su coro-

LO::i A\..il'U:> NU

oJU<:).llV&.rU>.LJL~

El fundamento de las cuestiones políticas según este primer 495 criterio, que también aparece en "Baker v. Carr" , e_s sencillamente la separación de poderes, y la necesidad de eVItar que el Poder Judicial se ocupe de asuntos que no son de su competencia 496. La autorrestricción judicial tiene como finalidad preservar la integridad de la competencia de los poderes políticos. Este es el criterio que aparece en los fallos fundadores de las cuestiones políticas en la Corte Suprema argentina 4 ~ 7 , al menos en lo literal de los fundamentos dados 498 ; ha estado presente en algunos de nuestros autores 499 y también ha recibido to his own conscience. To aid him in the performance of these duties, he is authori zed to appoint certain officers, who act by his authority and in conformity with his ordcrs. In such cases, lheir acts are his acts; and whatever opinion may be enLe rLained of the manner in which executive discretion may be used, still there exists , and can exist, no power to control that discretion. The sub.iects are política!. 'l'hey respect the nation , not individual rights , and, being entrusted to thc Executive, the dedsion of the Executive is conclusive (. .. ) The acts of such an officer, as an officer, can never be examinable by the Courts (. .. ) The conclusion fi·om this reasoning is that, where the heads of departments are the political or conftdential agents of the Executive, merely to execute the will of the President, or rather to act in cases in which the Executive possesses a constituti onal or legal discretion, nothing can be more perfectly clear than that their acts are only politically examinable" (5 U .S. en ps. 165:166). 195 Según expresa el voto del juez Brennan: "La no judiciabilidad de una cuesüón política e~ primariamente una función de la ~epa r·ación de poderes" (369 U.S . 186, 210 - 1962-). 496 Este criter·io está representado en la primera de las categorías enunciadas en "Baker v. Uarr" por el juez Brennan: una asignación constitucional del asunt.o - textualmente acreditable- a un departamento político coordinado (conf. TRIRE, Laurence, American Constitutional Law, cit. p. 366, nº 6). 497 Decía la Corte en "Cullen c/Llerena": "Es una regla elemental de nuestro derecho público, que cada uno de los altos poderes que forman el gobierno de la Nación, aplica e interpreta la Constitución por sí mismo cuando ejercita facultades que ella les confiere respectivamente" (Fallos, 53:420, 434 -1883-). Asimi smo, en "Orfila" señaló: "Esta Corte como lo ha declarado en fallos anteriores , no se encuentra pues autorizada para examinar los hechos que han conducido a la decisión contenida en la ley, porque saldría de la órbita que le está delimitada por la Carta Fundamental e invadiría el campo propio de los otros poderes del Estado", Fallos , 154:192, 200 (1929). 498 Aun cuando creo que , como bien lo señalan los autores que ciLo más abajo en las notas siguientes, las intenciones no expresadas han sido muy otras, respondiendo generalmente a un criterio de autopreservación frente al eventual y real avance de los poderes políticos. 499 LrNAJlES QuLNTANA sostiene que la doctrina de las cuestiones politicas es una consecuencia lógica de la aplicación del principio de la división de los poderes (Tratado ... , 2~ ed. , cit. , t . TTI, § 2257 , p . 433). César Enrique ROMERO opinaba asimismo que los problemas de tipo político son ajenos al poder judicial; ellos

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

252

críticas 5oo. Se trata de facultades que proceden de la raíz c~ns­ titucional de los poderes políticos 501 • En los Estados 03 Umdos lo expusieron en su momento WESTON 502 y WECHSLER¡; , pero los constitucionalistas más modernos lo critican . De acuerdo con CHEMERINSKY 504 , nos encontramos aquí con una definición muy estrecha de lo que es una cuestión política, en contraste con otras definiciones actuales, aun cuando las mismas siguen invocando "Marbury v. Madison" y supone un análisis meramente lineal de la Constitución y de las competencias que ella reparte. De tal suerte, hay cuestiones que caen dentro de la jurisdicción de los tribunales y hay otras que están fuera de ella. Se trata de un criterio de interpretación absolutamente objetivo. También ha recibido la crítica de Louis HENKlN, para quien no existen porciones de la Constitución respecto de las cuales los jueces deben ser ciegos 505 • b) CRITERIO PRUDENCIAL. - El segundo criterio, mencionado por Alcxander BICKEL cuando se refiere a lo que él llama las "virtudes pasivas" de la Corte 506 , parte de la idea de que los jueces poseen facultades para autoinhibirse de declarar la inconstitucionalidad de una ley, cuando ello pudiera comprometer su propia independencia. Estamos, evidentemente ante un criterio casi inverso al anterior, donde el análisis ~o es objeti~o , sino que responde en todo caso a la prudencia en el maneJo de los poderes jurisdiccionales. La Corte, aun sabiendo que puede declarar la inconstitucionalidad de una norma, se pertenecen a las ramas legis~tiv~ y ejecutiva dentro del sistema ar·gentino norte~encan? <J?erecho con.st•tuc¡onal , cit., t. I, p. 334). y BIDAR r CAMros, Germán J., El derecho constitucional del poder Ediar B uenos A1res, 19 67, t. Il, p . 388. ' ' d 1 501 d M~ pa:ece que ~on ejemplos típicos de este primer criterio la declaración s~p::.~§o ~ :.~~o , g la mtervención federa l a una provincia. Véa se estos casos

90

14

~ 02 W &.<>TON, Melville F., Political Questians "Harvard Law Rcvi " 1 3a p. 296 ( 1925). • · ew , vo . o, 503 W EC I!SLE R Herbert 11 d N . . "Harvanl Law Rcv'· e " · ¡ • owar eutra 1 Pnnctples of Constitutional Law 1 ": • .vo · 73 , p. 1, esp. p. 7 (1959) . ().4 ' 5 Mfi Federal Junsdtctwn, oh. cit., p. 143. nal", vol. ~~~~S9~o~~~7~~. There a Political Question Doctrine?, "Yale Law Jour-

606

The Least Dangerous Branch , ob. cit., ps. 127 y •iguientes.

Los ACTos

NO JUSTICIABLES

253

autoinhibe para evitar el choque con los poderes políticos ó07 • No se trata ya de evitar una invasión de las competencias del Congreso o del Presidente, sino que la Corte, con la mira puesta en su autoprotección, se abstiene de ingresar en un terreno que es propio M~ . La doctrina no se ha mostrado favorable a este criterio. En opinión de Gerald GUNTHER, le ha permitido a la Corte ser 100 % principista en un 20 % de las ocasiones ' 00 . En la Argentina, BIDAHT CAMPOS y VANOSSI también encuentran en la prudencia de los tribunales una fuente de abstención criticable 510 . e) CRITERIO FUNCIONAL. - En tercer lugar, aparece, como crítica a los dos anteriores, el criterio funcional , expu esto por Fritz W. 8 CHARPF 511 • Se basa en que las cuestiones políticas nacen como consecuencia de que el Poder Judicial no puede, dentro de los límites de un "caso judici al", resolver algunos planteos que exceden esos límites 512 • La limitación de los tri507 Véase BrRK EY , Scott, Gordon v. Texas and the Prudential Approach to Political Questions, "California Law Review", vol. 87, p. 1265 (1999).

5 08 Este criterio está prese nte en las tres últimas categorías seña la das por el juez Brennan en "Baker v. Carr": la imposibilidad de que un tribunal resue lva en forma indep endi ente, sin incurrir en una falta de respeto hacia las ramas coordinadas del gobierno; una necesidad inusual de adherir sin reservas a una decisión política ya tomada, y una eventual con f\l sión fr ente a múltiples pronunciamientos de los di versos departamentos sobre una misma cuestión (conf. TH!Bt::, Laurence, American Constitutional Law , cit., p. 366, n• 6). 50~ GUNTHER, Gerald, The Subtle Vices of the "Passive Virtues ". A Comment on Principie and Expediency in Ju dicial Review, "Columbia Law Review", vol. 64, p. 1 (1964). r. 1o Segú n el primero, "a nuestro juicio (. . . ) las cuestiones políticas han nacido como consecuencia de una actitud de abstención por parte de la judicatura; Jos tribunales no han querido entrar a conocer de determinadas casos, en Jos cuale" un pronunciamiento adverso al gobierno podía "er incuuveniente o fata l" (Derecho constitucional , ed. 1966, t . 1, p. 800). V ANOSS!, por su lado, con cita de Gordon Post, sostien e que bajo el rótulo de las cuestiones políticas no justiciables se encubre una categoría práctica y oportunista de actos que varía en su contenido segú n el momento y la s drcunstancias del quehacer estatal (Teor(a constitucional, cit., t. 11, p. 168). fill S c HARP~· . Fritz W., Judicial Reuiew and the Political Question , ''Yale Law Journal", vol. 75 , p. 566 (1966). 512 Este criterio corresponde a las categorías 2 y 3 enun ciadas por el juez Hrenna n en "Baker v. Carr": una ausencia de estándares judicialmente verificables y manejables para resolverlo, y la imposibilidad de decidirlo sin la determinación inicial de una política de naturaleza claramente discrecional y no judicial ('I'RIDE, Laurcncc, American Constitu.tional Law , p. 366 , n 2 6).

CoNTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

254

cional· no son aptos por natur~eza bunales es entonces, f~ t d~cisiones o planteos. Segun el para el control sobre cler .as t ueden darse por diversos autor citado , estos imp~~~a~\idicial de obtener el acceso moLivos , entre ellos la lcu J 'dad de uniformidad en la . " . , relevante a necesl , . a lmonnaclOn ' abilidad de los poderes pohtlcos decisión o la mayor respons . · o1a cuando determinan si deciden o no cierto asunto . ~ 114. El llamado "acto de gobierno"

en el derecho continental europeo. Su recepción en la doctrina administrativista argentina Si bien la doctrina de las cuestiones políticas es típicamente norteamericana, no ha de creerse que solamente en los Estados Unidos existen actos excluidos del control judicial. En Europa continental el caso ha sido parecido. Como ocurre en muchas otros institutos jurídicos, a un lado y otro del Atlántico se observan realidades equivalentes que han merecido sistematizaciones diferentes, pero cuyas diferencias suelen ser más terminológicas que sustanciales. Lo que en los Estados Unidos ha recibido el nombre de political questions , en Francia fue llamado "acto de gobierno" (acte de gouuernement) , noción que luego fue adoptada en España e Italia y recibida -como veremos- por la doctrina administrativista argentina. Así, puede observarse que en este punto en nuestro país conviven dos doctrinas diferentes, ordenadas a un mismo fin. a) EL "ACTE DE GOUVERNEMENT" EN F'RANCIA 5 14 • - Si lo consideramos desde un punto de vista cronológico, el Consejo de Estado francés 5 15 comenzó a trabajar la noción del acto de 5 13

Artículo citado. p. 582.

~ 1 4 Los casos resueltos por el Consejo de Estado (CE) fueron consultados en Les grands arréts de la jurisprudence administratiue, 11~ ed., preparada por M. Lon~ •. P. Wcil, G. Briab,ant, P. Delvolvé y B. Genevois, Dalloz, Paris, 1996.

Las. deCJstooes del ?onsejo .co~stitucional (CC) fu eron consultadas en Les grandes dé~1~wns du Conse1l Constitutwnnel, ~ ed., preparada por Louis Favorcau y Loic

Philtp, Dalloz, Paris, 1997. 615 Una noción de las funciones del Consejo de Estado francés puede verse en VINCI::NT, J ean; GUINCHARD, Serge; MoNTAGNIEll, Gabriel, y VARINAilD, An-

Los

ACTOS NO JUSTICIABLES

255

gobierno casi en paralelo con la elaboración de la doctrina de las cuestiones políticas por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos 516 . La primera ocasión tuvo lugar con el célebre caso "Lafitte" ~ '\ resuelto por dicho Tribunal luego de la restauración borbónica, donde aparece la doctrina del "móvil político" 518. Años después , esta doctrina fue invocada nuevamente durante el Segundo Imperio en el caso "Duc d'Aumale", resuelto en 1867 519 . Ya bajo la Tercera República 520 , y habiéndose producido una importante modificación en la jurisdicción del Consejo de Estado 52 ', la doctrina del móvil político fue limitada d.l'é, La justice et ses institu.tions (préci$), 4~ ed., Dalloz, Paris, 1996, p. 421 y siguientes. ót6 El desarrollo histórico de la noción del acto de gobierno puede verse en DEnBASCH , Charles, Y R!C!'t, Jean Claude, Contentieu:r Admini~tratif (précis), 7" ed., Dalloz, Paris, 1999, ps. 62 y ss.; FAVURt;;AU, Louis, L'Acte de Gouuernement, acte proui.soirement et accidentellement injusticiable, "Revue Fran.,aise de Droit Admini stratif', 1987, p. 544, y con gran amplitud en la clásica obra de AUilY, J . M. , et DRAGO, R. , Traité de contentieux administra ti(, 2• ed. , L.G.D.J., Paris, 1975, t . I, § 67, p. 91. Entre las obras generales que se ocupan del tema: DE LAURADf:RE, VENr:ZlA y GAUOEMET, Droit administrati(, cit., t . 1, § 909 y ss., p. 654; RtVF:llO, Jean , y WALINE, Jean. Droit administratif (précis), 16• éd., Dalloz, Paris, 1996, § 155, p. 1421; CHAPUS, René, Droit administratif général, 14tl ed ., Montchrestien, Paris, 2000, t. 1, § 1152, p. 927. 5t7 1/5/ 1822, Rec. 1821-1825.202. El Consejo de Estado rechazó el recurso del banquero Laflitte, que exigía la liquidación de los pagos atrasados de una renta cedida por la princesa Borghese, miembro de la familia Bonaparte, alegando que "el reclamo del señor Laflitte se refiere a una cuestión política, cuya decisión pertenece exclu sivamente al gobierno". r.1a Tal como explicó Du cz en su momento, con la restauración de la casa de ilorbón en Francia, el Consejo de Estado de creación napoleónica temía ver disminuidas sus funciones o amenazada incluso su subsistencia. Por ello, en este caso comprometido, prefirió evitar una decisión qu e fuera favorable a quienes estuviL•ron vinculados con el régimen bonapartista (cit. por GORniLLO, TI-atado ... , 4" ed ., Fundación de Derecho Administrativo, Buenos Aires , 2000, t. 2, cap. VIII, § 6, p. 7) . 519 Bajo el Segundo Imperio, el embargo de un libro escrito por el Duque d'Aumale (pretendiente a l trono y exiliado) y la negativa de restituir los ejemplares embargados fueron con. iderados como "actos polfticos que, por su naturaleza, no son susceptibles de ser diferidos por abuso de poder a nuestro Consejo de Estado por v(a contenciosa". C.E ., "Duc d'Aumale et Michel Lévy", 9/5/ 18fi7 , Rec. 472. 52n T.a Tercera República Francesa nace en 1870, luego de ser derrotadas en la batalla de Seuán las fuerzas del emperador Napoleón lll por las tropas pru sianas. Se extiende hasta la sanción de la Constitución de 1946, que da nacimiento a la IV República , que finaliza a su vez en 1958, con la aprobación de la Constilnción actualmente vigente. 5~1 Por medio de la ley del 24 de mayo de 1872 se pasó del sistema de la justir.e retenue (justicia retenida), que sólo otorgaba al Consejo de Estado fun-

CoNTROL DE coNS'l'ITUCIONALIDAD

256

.

,

1' ada en el caso "Prince

Y dio pie a la del :'a~to de goblieCrno '.ap J~ Estado en 1875 s•s, y

Napoleon" m, decidido por e

onse)o

. tice déléguée (justicia delegada) , que le . . d ciones consult1vas, al s1stema e 1a J~S n facultades para decidir en forma atribuyó funciones de tnbuna1 contenciOsO co . . . "t t 1 definitiva (cfr. DE LAUBADERE, VENEZIA y GAUDnlET, Drmt admr.ntstratr. • CJ ·• · •

·r

"d d · d 1 de s22 El prfncipc Napoleón José Bonaparte habf~ s1 o es1gna o ge?era división en 1853 por Napoleón lll. de quien era sobrwo. El Anuano M~htar; que fue nuevamente publicado en 1873, luego de la caida del Impeno, no mclllla su nombre en la lista de generales. El príncipe le preguntó al Ministro de Guerra si se trataba de un descuido o de una omisión voluntaria. El ministro le respondió que su nombre no había sido incluido en el Anuario porqu e su designación, irregular en cuanto a los documentos , "está ligada a condiciones particulares de un régimen político hoy en día inexistente y, por lo tanto, dicha designación caduca necesariamente". Esta decisión que recha7.aba el restablecimiento de su nombre en la lista de generales fue apelada ante el Consejo de Estado. El Ministro de Guerra opuso al recurso el carácter político de la medida impugnada, que, en su opinión, constituía un acto de gobierno que escapaba al control jurisdiccional del Consejo de Estado. El commissaire du gouuernement David se oponía a esta tesis, presentando de esta forma la teoría de los actos de gobierno: "En efecto, de acuerdo con la jurisprudencia del Consejo, es norma que , al igual que los actos legislativos, los actos de gobierno no pueden dar lugar a ningún recurso contencioso, dado que deciden sobre los derechos individuales. Pero si los actos calificados, en el idioma del derecho, como actos de gobierno son de naturaleza discrecional, la esfera a la qutl pertenece esta calificación podría extenderse arbitrariamente según el capricho de los gobernantes; está naturalmente limitada a aquellos objetos por los que la ley ha juzgado necesario confiarle a 1 Gobierno los poderes generales a los que dicha ley ha virtualmente subordinado el derecho personal de los ciudadanos en pos del interés superior del Estado. Tales son los poderes discrecionales que el Gobierno posee en Francia, ya se trate de leyes constitucionales, cuando existen, para reglamentar y llevar a cabo convenios diplomáticos , o se _trate de leyes de policia (. .. ) De lo cual se deduce que "para presentar el caracter excepctonal que lo coloque por fu era y por encima de todo control jurisdiccional, no basta con que un acto, emanado del Gobierno o de uno de. sus r epresentantes, haya •i~o deliberado en consejo de ministros o haya sido d1ctado P?r un mterés políttco . (cfr. Les grands arrets de la. jurisprudence admmtstratwe, 1_10 ed ., Dalloz, Pans, 1996, p. 16). Al examinar el recurso el Conse·o de Estado aplica en su decisión esta teoría implfcitamente ' J 1~/2/ 1875 : Rec. 155, concl. David. Puede vérsel~ transcripto en Les ~;~~std arret~ · · ·• Clt. en not.aanterior. Según mi traducción , esta sentencia dice: eran que para solic1tar la anulación del fallo que rechazó el restable . . ~~:to fes~ nom~e en la lista de generales de división publicada en el Anuari~ 1 d r, e prmc~pe. apoleón José Bonaparte se basa en el hecho de que el grado r. e -~eneral de d!VlSt~n que el Emperador, actuando en virtud de los poderes conen~ 0 ~dpor el arL. 6 del senadoconsulto del 7 de noviembre de 1852 le habla con. er1 o por decreto del 9 de marzo de 1854 era un ad ' · garan~izado por el art. ] 2 de la ley del 19 de may¿ de 1834 o ~~~ le h~~(a Sl~O que SI el art. 6• del senadoconsulto del 7 de noviembre. d~ . 1!!5~ ol~o~sJ fer~n o Emperador el derecho de fijar los títulos y la condición de los miemb~~se~: :~

§ 432 , p. 308).

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LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

confirmada poco después por el Tribunal de Conili en re. lación con una expulsión de jesuitas 624 • El avance fue en su momento importante, pues del mero móvil político del acto como hecho que impedía su revisión judicial, se pasó a la naturaleza del acto 525 • No obstante, y pese a los muchos esfuerzos doctrinarios por defmir esta noción, nunca hubo consenso, y en nuestros días los autores franceses se contentan -al igual que los norteamericanos- con su sola descripción. En la actualidad, la lista de los actos de gobierno ya no comprende más que dos series de medidas : a) los actos vinculados a las relaciones del Gobierno con el Parlamento y b) aquellos que tienen que ver directamente con las relaciones de Francia con las potencias extranjeras o los organismos internacionales. En punto a los primeros, el Consejo de Estado no entiende en los siguientes casos: 1) las decisiones tomadas por el Ejecutivo en el marco de su participación en la función legislativa, tales como la negativa a presentar en el Parlamento un proyecto de ley 526 , la negativa a llevar a cabo las diligencias necesarias para su pronta adopción 627 , la negativa del Primer Ministro familia y de r egular los derechos y obligaciones de éstos , dicho artículo establecía a l mi smo tiempo que el Emperador tenía plena autoridad sobre todos los miembros de su familia; que las situaciones que pudjeran acontecer a los príncipes de la famili a imperial en virtud del art. 6" del senadoconsulto del 7 de noviembre de ltl5:.! estaban, por lo t.anto, siempre sujetas a la voluntad del Emperador; que , en consecuencia, la situación acontecida al príncipe Napoleón José Bonaparte por el decreto del 9 de marzo de 1854 no constituía el grado cuya propiedad definitiva e in·e vocab le - que sólo podría quitarse en casos especialmente determinadosestá gar ant i1.ada por el art. 19 de la ley del 19 de mayo de 1834, y que le confiere al oficial que lo ostent.a el derecho de figurar en el escalafón publicado anualmente en el Anuario Militar; que, en e"t"" co ndi ciones, el príncipe Napoleón José Bon a pa rte no tiene fundamento para quejarse de que su nombre haya dejado de figurar en el listado del Estado Mayor General del Ejército". ó2 4 '!'.C. : "Marguigny", 5/11/1880, Rec. 800, concl. Ronjat. " 2 ' El fin polftico será luego, con frecuencia , motivo de anu lación por desviación de poder o error de derecho , no debiendo la administración tomar decisiones , como regla general, en función de consideraciones de ese tipo . F ue así como, en 1954, el funcionario de gobierno Letourneur y el Consejo de Estado debieron reafirmar categóricamente que un candidato no puede ser excl uido de un concurso para acceder a la función pública en razón de sus ideas política s ("Barel", 2ti/5/ U154 , Rec. 308). 6~U C.K: "Rouché", 18/7/1930, Rec. 771; "Tallagrand", 29/ 1111968, Rec. 607. 5~7 C.E.: "Société l'Alfa" , 2517/1947 , Rec. 344.

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CONTROL DE CONI)'TITUCIONALIDAD

a tomar la iniciativa de una revisión constitucional m Y el decreto de promulgación de una ley 529 ; 2) las decisiones del Presidente de la República que afecten las relaciones entre los poderes constitucionales y el ejercicio de la función legislativa, tales, por ejemplo, la decisión de recurrir a los poderes excepcionales previstos por el artículo 16 de la Constitución de 1958 530 , el d~ creto por el que se somete un proyecto de ley a referéndum 531 , el decreto para la disolución de la Asamblea NacionaP 32 , la institución de una comisión encargada de formular las propuestas de revisión de la Constitución 533 , y 3) las decisiones gubernamentales previas a una decisión del Parlamento, pudiendo este último ejercer entonces un control sobre esas decisiones 534. En esta última categoría podían incluirse, hasta 1958, las decisiones administrativas previas a las elecciones parlamentarias fi 35 • Luego de la vigencia de la Constitución de 1958, el contencioso de las elecciones parlamentarias y el control de la regularidad de la elección del Presidente de la República están confiados al Consejo Constitucional. La incompetencia del Consejo de Estado en estas materias ya no se justifica en lo sucesivo por la noción de acto de gobierno, sino por la interpretación de las competencias constitucionales 636 • La actitud del Consejo de Estado se establece con mayor claC.E.: "Allain", 26/211992, Rec. 659. C.E .: "Desreumeaux", 3/11/1933, Rec. 993. 53 0 C.B.: "Rubin de Servens", 213/1962, Rec. 143. 1 53 C.E.: "Brocas", 19/10/1962, Rec. 553. 532 C.E. : "Allain", 20/211989, Rec. 60. 533 531 C.E.: "Syndicat des justiciables, Bidalou eL Meyet" 3/12/1993 Rec 339 C.E ..: "Georger et 1'eivasRigamany", 27/6/1958, R"~· 403. Se trataba d~ la cotwocatona a una ~samblea encargada de pronunciarse so bre 0 ¡ destino de ten:_tono, que es prehmmar obligatoria para la votación de una ley que autoriza ]un a rat!ltcactón de un tratado. 52H

52

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que estas asambleas se constituian - por medio de la verificación

0: 1 trP~. eres- en1JUeces de la regularidad de la~ elecciones y de los actos ad05

en ~:to: ~~-s que es son reservad?s, el Consejo de Estado se negó a entender d to tmos, ya que eran constderados acto de gobierno Así por e;emplo 1 1 · ¡ · ' ' ' e1 ocre por el que se convocaba parlamentaria (C E "H ' h . " 8 6/os co cgtOs e ecLor ales para una elección usc owttz • 81 1951, Rec. 320) y los decretos que or a. b . . · · mza au el regtmen de las elecciones (C F "'"'··· : • 2/ lJ / 195 R • g 536 El e . . "· llXlel ' 1, ec. 512). de r . . onseJo de Estado se negó de esta forma a entender en una dema nda ~ de garantía Y de g¡¡stos de propagand a (C .E . "Rebcuf' ll/ 1/1963 R ec. elw8)tegt to · d ' ' , ast como del decreto d diputados (C.E . "Delmas" 3/6119e8lconRvoca na e electores para la elección de , , ec. 244).

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ridad en materia de referéndum. Si bien la regularidad de las operaciones en sí está controlada por el Consejo Constitucional, las operaciones previas siguen siendo actos administrativos que competen al control del juez administrativo hasta tanto el resultado no haya sido anunciado. Pero la justicia administrativa no ha de manifestar opinión sobre los actos preliminares de un referéndum que tiene el carácter de frrme "37 • En cuanto a los actos vinculados a las relaciones del gobierno con un estado extranjero o un organismo internacional, se ha establecido tradicionalmente que el conjunto de la actividad diplomática de Francia escapa al control de los tribunales. La jurisprudencia, no obstante, ha atenuado significativamente el alcance de esta orientación y los límites del acto de gobierno en esta materia son bastante delicados de determinar. Constituyen actos de gobierno el conjunto de actos ligados directamente con las relaciones internacionales de Francia, taJes como la protección de las personas y los bienes fr·anceses en el exterior li~ 8 ; la negativa a someter un litigio a la Corte Internacional de Justicia 5 a9 ; la medida destinada a expropiar bienes del enemigo en tiempos de guerra 54"; la orden de inted'erir las emisiones de una radio extranjera r,41 ; el ejercicio del derecho de requisa (droit d'angarie) 542 ; la creación de una zona de 8eguridad en aguas internacionales durante ensayos nucleares 543 ; la decisión de reanudar ensayos nucleares previos a la celebración de una convención internacional que los prohibiría "44 . Entre los actos que están fuera del control jurisdiccional, debe hacerse una mención especial a los tratados y acuerdos 537 Así por ejemplo, la admisión de un partido político a la campaña oficial (C.E. "Le Reg:roupt!ment National", 27/10/ 1961 , l{ec. 594); el dP.creto que organiza la campana o el escrutinio (C.E . "Brocas", 19/ l0/ 1962, Rec. 553, y "Meyet", 10/9/1992, Rec. 328) . ~38 C.E.: "Dame Cramencel", 2/3/1966, Rec. 157; "Société des 'l'ransports en Commun de la Région d'H anol", 28/6/1967 , Rec. 279. s3~ C.E.: "Gény", 9/6/1952, Rec. 19. s4o C.E .: "Sohr", 12111/1949, Rec. 473 . ó41 T.C.: "Radiodiffusion Fran9aise", 2/2/1950, Rec. 652. 542 C.IL "Myrtoon SLeumship Co.", 22/11/1957, Rec. 632. M:< C. B.: "Paris de Bollardillrc", 1117/1975, Rec. 423 . 544 C.E .: "Assodation Greenpeace France", 29/9/1995, A.J . 1995.684, chr. Stahl et Ch a uvaux , R.D .P. 1966.256, concl. Sa nson , J.C.P. 1996.Il .22.582, note Moreau; R.F.D .A. 1996.383, noLe Ruzié).

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internacionales. El Consejo de Estado se nieg~- a verificar la legalidad de los actos relativos a la elaborac1_~n, . 1~ fi:ma o la ratificación de dichos acuerdos 545 • Una soluc10n 1dent1c~ vale para los actos de cumplimiento_ de tratados .q ue son tnseparables de las relaciones interna_GI?nales o co"?s1derados ~omo Lales, por ejemplo: el voto del IIUillStro frances al ConseJO de las Comunidades Europeas 546 ; la decisión de suspender el cumplimiento de un tratado M7 ; la decisión de suspender la cooperación científica y técnica con lrak, durante la Guerra del Golfo, junto con la prohibición de que los estudiantes iraquíes se ~s­ cribieran en las universidades 548 • La teoría del acto de gobierno conlleva, no obstante, una limitación doble. Por un lado, los tratados internacionales constituyen, a partir de 1946 y de acuerdo con la Constitución, una fuente de legalidad nacional. Los demandantes tienen por tanto derecho a invocar su violación por un acto administrativo por el mismo motivo que la violación de una ley 549 . La justicia administrativa, en consecuencia, debe ejercer un control sobre las modalidades de introducción de un tratado en el orden jurídico interno s.'iO. De igual modo, en caso de suspensión de un tratado, debe verificarse la existencia de una decisión tomada en este sentido por parte de una autoridad competente en materia de relaciones internacionales y de su oponibilidad 551 • Asimismo, según lo decidido en el caso "G.I.S.T.I.", ya citado 552 , el Consejo de Estado estimó que el juez administrativo tenía en principio competencia para interpretar por cuenta propia un tratado sin estar obligado a una remisión prejudicial al Ministro de Relaciones 545 C.E .: "Société des Étains et Wolfram du Tonkin", 1/6/1951 , Rec. 312; "Tautin et Mérienne", 29/10/ 1954, Rcc. 566; "Société Ind.ichinoise d'Électricité", 2317/1961, Rec. 519. ñ 4 6 C .E .: "Association Les Verts", 23/11/1984, Rcc. 382. 547 C.E. : "l'réfet de la Gironde c/Mahmedi", 18/12/1992, l{ec. 446. ~•A C.E.: "G.I.S.T.l.". 23/9/1992, Rec. 346. 54 9 C.E. : "Dame Kirkwood", 30/5/1952, Rec. 291; "Nicolo", 20/10/1989, Rec. 190. 550 Así, debe controlarse, por ejemplo, la existencia de un acto de ratificación o de aprobación y verificación de la regularidad de la publicación; C.E.: "Villa", 16/11/1956, Rec. 433; "Société Navigator", 1317/1965, Rec. 423; y la remisión al Mm~stro de Relaciones Exteriores ante una impugnación grave respecto del acatamiento de la exigencia de reciprocidad de acuerdo con el art. 55 de la Constitución de 1958 (C.E.: "Rekhou", 29/5/19!H , «ec. 220). ~ 5 .1 C:E.: "Préfet de la Gironde c/Mahmedi", 18/12/1992, Rec. 446. " 52 Vease nota 545.

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Exteriores, tal como lo exigía la jurisprudencia anterior 55:l. Esta nueva solución no es aplicable, empero, al Tratado de Roma, para el cual la competencia prejudicial de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas fue establecida por el art. 177 de dicho Tratado sM. Por otro lado, desde antes de la Constitución de 1946, la justicia administrativa aceptó entender en medidas desvinculadas de las relaciones diplomáticas o de las convenciones internacionales, es decir, que pueden considerarse independientemente de sus orígenes o de su incidencia internacional ~ • De esta manera, los decretos de extradición son, a partir de 1937, actos susceptibles de ser atacados por abuso de poder 556 , y el juez administrativo controla desde 1977 la calificación jurídica de los hechos que los han motivado 557 • El Consejo de Estado, de igual modo, decidió que los pedidos de extradición dirigidos por el gobierno francés a un gobierno extranjero no constituyen actos de gobierno 558 • De una manera aún más audaz, admitió su competencia para entender en la legalidad de una decisión del gobierno francés por la que rechaza un pedido de extradición formulado por un estado extranjero 559 . La tendencia subyacente de la jurisprudencia es, por lo tanto, admitir cada vez con mayor amplitud que un acto o maniobras puedan desvincularse de las relaciones internacionales. Así por ejemplo: el uso de la responsabilidad del Estado en razón de una eventual insuficiencia de medidas tomadas para asegurar la protección de los miembros de una misión diplomática 560 ; la destrucción por parte de la marina nacional de un navio abandonado en alta mar 56 \ la decisión tomada por los poderes pú55

C.E .: "Karl et Toto Samé", 317/1931, Rec. 727. C.E .: "Ministre de l'intérieur dCohn-Bendit", 22/12/1978, Rec. 524. 565 C.E.: "Dame Caraco", 5/V1926, Rec. 12fi; "Société Ranc , Tiburce et Cic.", 7/12/ 1945, Rec. 247; "Epoux Deltel", 16/1211955, Rec. 592; "Vo Thanh Nghia", 22/1211978, Rec. 523; T.C.: "Compagnie Fran9aise des Pétroles (Algérie)", 17/11/1975. Rec. 799 . 556 C.E .: "Decerf'', 2815/1937, Rec. 534; "Dame Kirkwood", 30/5/1952, Rec. 291. 557 C.E. : "Astudillo Calleja", 24/6/1977, Rec. 290; "Croissant", 7/7/1978, Rec . 292; "Bereciartua-Echarri", 1/4/1988, Rec. 135. ñfiA C.E .: "Legras", 21/7/1972, Rec. 554. 56~ C.E .: "Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord et gouvcrneur de la colonie royale de Hong Kong", 15/10/1993, Rec. 267 . 660 C.E .: "ConsorLs Yener" , Scct. 29/4/1987, Rec. 152. 561 C.E.: "Société Nachfolger Navigation", 23/10/1987, Rec. 319 . 553 C>54

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blicos en torno al emplazamiento del laboratorio europeo de radiación "Synchrotron" 562 ; la distribución entre las instituci?'" nes bancarias y la compañia francesa de seguros de comerc1o exterior del precio de la cesión de créditos vinculados a la construcción de una papelera en un país extranjero 5 ~a. Tradicionahnente, la inmunidad de jurisdicción que caracteriza al acto de gobierno se referia tanto a lo contencioso de la legalidad como a lo contencioso de la indemnización. No se podía impugnar delante del juez la regularidad de la decisión, como tampoco exigir reparación por sus consecuencias perjudiciales. No obstante, a partir de este último punto de vista la jurisprudencia del Consejo de Estado 564 abrió una perspectiva interesante, al admitir que los daños causados por una convención internacional regularmente introducida en el orden jurfdico interno podían dar lugar a una indemnización fundada en el principio de igualdad frente a las cargas públicas. En la actualidad la noción de acto de gobierno no ha sido totalmente abandonada por el Consejo de Estado, pero ciertamente está en retroceso. Recibe una fuerte crítica de la doctrina 56 \ y se encuentra además en pugna con los arts. 6Y y 13 de la Convención Europea de Derechos Humanos 566 , que imponen una revisión judicial de todos los actos de la Administración 567 • Por otro lado, algunos actos no revisados por el Consejo de Estado son ahora objeto de control por el Consejo Constitucional. Así, después que el 3 de junio de 1981 el Consejo de Estado consideró que no debía resolver sobre la legalidad del decreto de convocatoria del cuerpo electoral para la elección de diputado s 568 , el Consejo Constitucional reconoció su coroC.E .: "Ministre chargé du plan el de l'aménagernent du territoire c/Comut'b<~inc de Strasbourg", 8/lll98R, Rec. 2. T.C .: "Préfet de Paris et COFACE c/Compagnie financiare C.l.C.", 2112/19!H , Rec. 478. 564 C.E. : "Cumpagnie Générale d'Énergie Radioélectrique", 30/:3/1966, Rec. 257. 5 6 5 FAVOREAU, Louis , L'acte de Gouuernement , cit. , p. ñ44. 5tiG En particular, el artículo 13 establece: ''Derecho a un recurso ef'ectiuo Thda persona cuyos derechos y libertades reconocido~ en el presente Convenio hayan sido violados, tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante un a instancia nacional , incluso cuando la v1olación haya sido cometida por personas que actúen en el ejercicio de sus funciones judiciales". 567 Véase: A RRAHMI, R., Les incide11s de la C.E.D.H. sur le contentieux administratif frant;a.is, "Revue Fran,aise de Droit Administratif', t. 1990, p. 1053. &uM Caso "Oelmas", citado en noLa 536. 56 2

munauté 56 "

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petencia para juzgar la regularidad de dicho acto ~ 69 • De i?ual modo, el Consejo Constitucional ha considerado la regularidad del decreto por el cual el Presidente de la República solicita una nueva deliberación de una ley 570 . No obstante, la competencia del Consejo Constitucional no se extiende al decreto de disolución de la Asamblea NacionaP 7 \ al examen contencioso del decreto que determina someter un proyecto de ley a referéndum m , o a la anulación de un acto preparatorio para la elección de un diputado, si no es susceptible de viciar el desarrollo general de las operaciones electorales m . b) ESPAÑA. ABANDONO ACTUAL DEL ACTO DE GOBillRNO .

En España, el acto de gobierno estaba previsto en el inciso b del art. 2Y de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1956 57 4, pero esta norma, que se hallaba en pugna con la Constitución de 1978 575 , tal como señalan G ARcíA DE ENTERRÍA y FERNÁNDEZ 576 , fue derogada por la ley 29/1998 del 13 de julio, que regula actualmente la jurisdicción contencioso-administrativa 577. El art. 22 , inc . a de esta nueva ley dice: "El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con: a) la protección jurisdiccional de lo!> derechos fundamentales , los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, 5~9 ~7 0

C.C.: "Dclmas", 11/6/1981, Rec. 97 . C.C.: "Evolution de la Nouvelle-Cáledonie", 23/8/1985, Rec. 70. 571 C.C.: "Minvielle", 4/6/ 1988, Rec. 79. ~72 C.C .: "Diémert et Rannel", 25/10/1981!, Rec. 183. ~n C.C.: "Bayeurte", 8/6/1995, Rec. 213. 574 Decía esta norma: "No corresponderán a la jurisdicción contencioso-administrativa: (. .. ) b) Las cuestiones que se susciten en relación con los act.os políticos del Gobierno, como son los que afectan a la defensa del territorio nacional, relacioneR internacionales, seguridad interior del Estado y mando y organización mili tar, sin perjuicio de las indemnizaciones que fu eren procedentes, cuya determinación si corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa". 575 E l a rticu lo 24 garanti za el derecho de todas las personas a la tutela judicial efectiva "sin que en ningún caso pueda pr·oducirse indefensión", y los arts. 103. 1 y 106.1 establecen el sometimiento de la Administración a la justicia sin reservas . 576 GARCÍA ot: ENTEHHIA, Edua rdo, y FF.RNÁNDt:Z, Tomás R. , Curso de derecho administrativo, ob. cit., 7ª ed., 2000, t. Il, p. 597 . 577 Una sintética explicación del sistema hoy dtJrogado puede ver se en GoN. ZÁLE:Z P ÉRF.7., Jesús, Actos administrativos y actos políticos o de gobierno, "Revista de Derec ho Administrativo", n••· 1 y 2, Buenos Aires, Depalma, 1989, ps. 15 y 25.

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todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los sejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, r·rLrLL,,u.,_ ra fuese la naturaleza de dichos actos" (el destacado tenece). Los fundamentos del cambio legislativo están explicados por la Exposición de Motivos de la ley, cuya cripción -en las partes pertinentes- es suficiente para <>nr_,.,,,.. el sentido de esta legislación 578 . s7H Dice la Exposición de Motivos sobre este particular: "Como el resto ordenamiento, también el régimen legal de la Jurisdicción L;omtenctO•SO··aCimlDl.8'11111 tiva debe adecuarse por entero a la letra y al espíritu de la Constitución reforma compagina las medidas que garantizan la plenitud material de judicial en el orden contencioso-administrativo y el criterio favorable al las acciones y recursos y a la defensa de las partes, sin concesión alguna a ciones formalistas, con las que tienen por finalidad agilizar la resolución de tigios (. .. ) También era imprescindible confirmar en ésta la sujeción al ciamitmto de la jurisdicción contencioso-administrativa de actos y diispc,si<:ioJ_. emanados de otros órganos públicos que no forman parte de la cuando dichos actos y disposiciones tienen, por su contenido Y efectos, leza administrativa (... ) Lo que justifica la existencia de la propia contencioso-administrativa es asegurar, en beneficio de los interesados y del in~ rés general, el exacto sometimiento de la Administración al derecho en todas lu actuaciones que realiza en su condición de poder público y en uso de las prerrogativas que como tal le corresponde (. . .) La nueva ley somete a control de la jurisdicción la actividad de la Administración pública de cualquier clase que est6 suj eta al derecho administrativo, articulando para ello las acciones procesales oportunas(. .. ) la ley no recoge ya, entre sus exclusiones, la relativa a los llamad011 actos políticos del Gobierno, a que se refería la ley de 1956. Sobre este último aspecto conviene hacer alguna precisión. La ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes públicos al ordenamiento jurídico, verdadera cláusula regia del Estado de derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categoría genérica de actos de autoridad -llámense actos políticos, de Gobierno, o de dirección política- excluida per se del control jurisdiccional. Sería ciertamente un contrasentido que una ley que pretende adecuar el régimen legal de la jurisdicción contencioso-administrativa a la letra y al espíritu de la Constitución, llevase a cabo la introducción de toda una esfera de actuación gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de 'acto político' se ha lla hoy en franca retirada en el derecho público europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genéricamente un ámbito en la actuación del poder ejecutivo regido sólo por el derecho constitucional, y exento del control de la jurisdicción contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una !Jsta de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de ~erecho . Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la ley senala -en_té~nos positivos- una serie de aspectos sobre los que en todo caso s1empre sera postble el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolución gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto. y la determinación de las indemnizaciones procedentes".

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e) ITALIA. EL "ATTO POLITICO". - También el derecho administrativo italiano ha desarrollado una noción similar, que allí ha recibido el nombre de "acto político" (atto politico) y se encuentra legislada en el artículo 31 del Decreto Real (Regio Decreto) del 24 de junio de 1924 579 . De acuerdo con esta norma, el recurso ante el Consejo de Estado en sede jurisdiccional no procede cuando se tratare de "actos emanados del gobierno en el ejercicio del poder político" 580 • Según explica VIRGA, en la definición de acto político concurren dos requisitos: uno subjetivo y otro objetivo. En primer lugar, el acto debe emanar de un órgano del Gobierno, y en segundo lugar, debe tratarse del ejercicio de una función política. Se reconoce el carácter de acto político, entre otros, a los de naturaleza constitucional, a los actos de guerra y a los de autotutela internacional 581 . § 115. La teoría en la Argentina a) DOS FUENTES DISTINTAS PARA UN SOLO DERECHO PÚBLI-

En la Argentina también se ha acusado recibo de la teoría del acto de gobierno elaborada por el Consejo de Estado francés , aun cuando ello constituye una expresión doctrinaria que no ha tenido recepción judicial, ya que la jurisprudencia de la Corte, como hemos visto, se ha inclinado por la doctrina norteamericana de las political questions. Asiinismo, en el orden normativo la cuestión no aparece en la legislación que organiza el contencioso-administrativo nacionaP 82 , pero sí se advierte, en cambio, en algunas legislaciones provinciales influidas por e] derecho continental europeo 583 . CO.

579 Este decreto aprobó el texto único de las leyes de organización del Consejo de Estado. 5HO "11 ricorso al Consiglio di Stato in sede giuri diziona le non e a =esso se trattassi di atti o provedimenti emanati da! Governo nell esercizi o del potere politico". El texto de la norma ha sido tomado del Codice delle Legge Amministratiue, a cura di Luigi Tramontano, Hoepli , Milano, 1998, p. 400. ss t VtHGA, Pietro, Diritto amministrativo, s• ed. , Giuffr~. Mj Jano , 1999, vol. 2, ps. 290 y 291. 5H2 Leyes 3952 de Demandas contra la Nación y 19.549 de Procedimiento

Admini s trativo , esp . cap IV. 68:! Un n ná li sis d e conjunto d e la

le gi~ l ación provin cial p uede ver se en: Drr·:7., Manuel M., Derec ho procesa l administrativo (con la colabor ación de Tomás

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CONTROL DE CONSTTTl lC IONALIDAD

La noc10n francesa del acto de gobierno ha sido expuesta en general y sin mayores variantes por nuestra doctrina administrativista clásica 684 , y ha recibido una enérgica crítica de GoRDILL0 58" . También fue receptada críticamente por MAR HOFF, quien en aras de alcanzar una mayor justiciabiliad desdobló en dos nociones: la del acto de gobierno y la del acte institucionaP86 , propuesta que ha sido favorablemente mencionada en la doctrina constitucional por LINARES QuiNTANA 587 • acto de gobiemo, según MARIENHOFF, no constituye una ...... ""'.K'"-· ría específica, sino simplemente una noción conceptual de actividad del órgano ejecutivo del Estado. Jurídicamente, to de gobierno y acto administrativo quedan asimilados 588 ; embargo, los primeros trasuntan decisiones que tienen dades superiores o trascendentes para el "funcionamiento" 589 Estado , pero siguen siendo justiciables 590 . El acto .. · .....J ...r" cion~l, en cambio, tiene que ver con la organización y """"'"' ..-¡ ~enc.Ja ~el Estado y está exento de control judicial. Son ~st~tucwnales, a su juicio: la intervención federal a una vmc~a, la declaración de estado de sitio, el nombramiento magrstrados de la Corte Suprema, la declaración de etcétera. Se trata de decisiones que no influyen en forma 1

H u-rcHJNSON), Plus Ultra, Buenos Aires 1983 ps 122 M Co t l · d ' · [ d · Y SS ., Y en AIRAL fl ro . JU teta e la Administración, ' t. I, p.• 560. ' 5114 AHt:AÑARAz, Manuel J Trat do d ¡ . . presión), Lex, La Plata 1988 ., 180a B e o contencioso administrativo ed R! Aten eo B 'A. ' p. ' IELSA, Rafael , Derecho administrativo ·• ' • ucnos J.res 1947 t ¡ s 176 D ' administrativo, Tea, Buenos Áires 9 P · Y ss.; IEz , Manuel M., El acle ministrativn 2• ed Plus UlL B ' ~ap . XVII , ps. 509 Y ss.; íd., Derecho ad. CANAS!, José: Derecho admini;;;ati~:n~ep~~s, ~76 , L. IAI~ cap. XV, ps. 393 y .; y siguientes. ' a , uenos •res, 1981, t . II, ps . 3 585 Véase infra, § 115 c. 586 7l . ·atado . .. , cit., L.' ll caps IV V 4, d s1derar justiciables a muchos' t · Y ' e ·• 1!:193. Esto le permitió con. . ac os que 1a Corte S ¡ ast,. por eJemplo, la calificación de utilidad ' bl' uprmna exc uía del control; pu lea, que cons1deraba un acto de gobterno (Tratado .. . , 5, ed 1992 t IV 587 Tratado de l . ·~ • · , § 1306, p. 185). § 2303, p. 460. a ctencta del derecho constitucional, cit. , 2~ ed., 1978, t . liT, 588 Tratado 't 58~ Tr t d ... , c¡ ., 4• ed., 1993, t . II, § 558 P 699 0 · · ., t. Il, p. 700. Dentro d · · a a t ' · · de<.'lsrones como el indulto presidencial la e es.~ concepto, MARTENHO~'F engloba de enLrada de extranjeros las m d' d ' d expulswn de extranjeros, la prohibición extranjeros , la celebració~ de tr:~das a ~tada~ durante una guerra respecto de 590 Tratado . . . t II §§ 576 o5s77m rnaCJonales (§ 570, ps. 718 y ss.) ' · ' Y , ps. 741 a 760. ·

l Eil'

Los AC'ros

NO JUSTICIABLES

267

recta en la esfera jurídica de ningún particular. CASSAGNE 591 , siguiendo parcialmente a MARLENHOFF, sostiene que la tesis del acto institucional aparece como una consecuencia obligada de la necesidad de independizarla de la teoría del acto de gobierno de la doctrina y jurisprudencia francesas, que responde a un sistema histórico distinto y se aplica en un sistema de contralor r adicalmente opuesto al vigente en nuestro país. En síntesis, el panorama del derecho argentino en este punto no está exento de cierta confusión. Hemos tomado dos fuentes diferentes para aludir a un mismo objeto, los actos no ju sticiables 592 • La jurisprudencia de la Corte Suprema y la doctrina constitucional se refieren a las cuestiones políticas en sentido norteamericano. En el ámbito del derecho administrativo se ha adoptado en cambio la doctrina del acto de gobierno, con la variante introducida por MARIENHOFF sobre el acto institucional ~ 93 . b)

LA

CLASIFICACIÓN DE LAS CUESTIONES POLÍTICAS SEGÚN

Un esfuerzo por clasificar las cuestiones políticas digno de expresa mención es el de Héctor A. MAIRAL 59 \ quien encuentra cinco clases diferentes: falsas, indeterminables por ausencia de pruebas, dudosas, agotadas y verdaderas. Las primeras proceden directa y exclusivamente de la Constitución y están fundadas, consecuentemente, en una norma cuya amplitud impide por sí el control judicial. Se trata de cuestiones políticas que se fundan en la división de poderes y por ende

MAIRAL. -

~9 1 CASSACNE,

Juan C., Derecho administrativo, cit., t. I, p. 71. Ciertamente, cada vez que se verifica este fenóm eno de la diversidad de fuentes aparecen similares dificultades. Lo mismo puede decirse, entre otros casos, de las facultades reglamentarias del Presidente, donde la Constitución española de Cádiz de 1812 fue la fuente del ru·t. 99, inc. 29 (ex 86, inc. 29) generando 592

con ello la confusión e ntre reglamentos ejecutivos y delegados a la que me he

referido en otras oportunidades (véase B!ANCHJ , Alberto B., Horizontes de la delegación legislativa luego de la reforma de la Constitución . "Revista de Derecho Administrativo", Depalrua, Buenos Aires, 1994, n• 17, ps. 379 a 430). 59~ Una expresión doctrinaria más reciente en busca de una síntesis puede verse en BARKAZA , Javier l., y SCHAFRJK, Fabiana, Los actos de gobierno y los actos institucionales, Rev. "Régimen de la Administración Pública", vol. 237, junio de 1998, p. 20. 594 Contml judicial ... , cit., t . I, ps. 510 y siguientes.

268

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

. tal es el Tribunal se f 1 ue se las mvoque como es, pu . . 595 es a sot q ante una auténtica imposibilidad de mtervemr . encuen ra · d prueLas cuestiones políticas indeterminables ?or a~sencla ~ das ba son aquellas en las que , siendo susceptlbles . e ser eva u_a (y Tribunal éste carece de la información necesana ~~r l:Sn mecanism~s idóneos para procurársela) requerid~ p~:a 596 Las dudosas se dan cuando la Constltucton reso1ver e1 caso . no impone al Presidente o al Congreso una forma expre~~ para actuar, pero ésta surge de una razonable _interpre~acwn del texto. No obstante ello, la Corte prefiere no mte;;emr Y o~orga el beneficio de la duda a los poderes politicos . CuestiOnes políticas agotadas son aquellas en las que la intervenció~ del órgano político agota (impide) la posibilidad de intervemr al Poder Judicial. Ello tendría lugar en el caso del juicio político del Presidente de la Nación, ya que al intervenir en este proceso el Presidente de la Corte, ésta quedaría luego con un número 698 par para decidir, lo que obstaculizaría su intervención • Por último, hay cuestiones políticas verdaderas cuando el Tribunal no tiene excusa jurfdica alguna para evitar un pronunciamiento de fondo . Si lo hace es porque, o bien teme el desconocimiento de la decisión por parte de los poderes políticos, provocándose así un conflicto de poderes, o por las graves consecuencias que se derivarían del acatamiento de la decisión 599 • 590 Asi , por ejemplo, cuando el Congreso decreta el e~tado de sitio por "con· moción interior" (art. 75, inc. 29) ; o bien si el Presidente convoca a sesion es extraordi nari as "cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera" (art. 99, inc. 9"). En este caso - sostiene este a utor- la cuestión pol:ítica se da por ausencia de un standard juridico (es decir, independi ente de apreciaciones de oportunidad) para evaluar el acto impugnado y, simul táneamente , por la trascendencia y repercusión políticas de dicho acto (Control ... , t . 1, p. 513). 0 9 6 Tal, por ejem pl o, el caso de una decisión tomada en m ateria diplomática , sobre la base de datos obtenidos por los servicios secretos. E n este caso, también existe un matiz poütico dado por la necesidad de que un Tribunal Re abst enga de obstruir la marcha de las relaciones internacionales del Estado, a la par que se evita mostra1· ante el exterior un frente des unificado entre los diferentes órganos de una misma n ación (Control ... , t . I, p. 514). 597 Se daria este caso si el Presidente abrogara un tratado in ternacional sin intervención del Congreso. La Constitución no la exige expresamente, pero serfa razonable su poner que es necesaria, pues el Congreso ha intervenido en la celebración del tratado (art. 75, inc. 22); cfr. Control . . . , t . I, p. 515. · 598 Control . . . , t. 1, ps . 518 y 519. 599 Control . . . , t . I, p . 519.

LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

269

e) LA DOCTRINA DE LA JUDICIABILIDAD PLENA: BOFFI BOG· GERO, BmART CAMPos, GoRDILLO. La jurisprudencia de la

Corte en materia de cuestiones políticas ha recibido la crítica de aquellos autores que postulan una judiciabilidad plena y no retaceada. Desde el Tribunal la hicieron, en su momento, Luis V. Varela y Luis M. Boffi Boggero. El primero en su disidencia en "Cullen c/Llerena" 600 , aunque luego se retractó 601 , y el segundo a través de muchas disidencias registradas especialmente en materia electoral 602 . Doctrinariamente, su criterio está registrado en un artículo que resume estas disidencias: "Al juez -dice- no pueden repugnarle los conflictos si los ve, cumpliendo con su deber, a través del prisma normativo. Para él la cuestión es tan jurídica como cualquier otra. No debe impresionarse porque el contenido sea político. Ello no transformará al juez en militante de esa área, como tampoco el contenido económico de una reivindicación lo ha de erigir en economista o el de una acción mediante la que se reclame un derecho artístico lo colocará como escultor o poeta" 60 s. Germán J. BIDART CAMPOS ha sostenido una tesis similar desde la década de 1960: "las cuestiones políticas -decia en su primera obra integral de derecho constitucional- han nacido como consecuencia de una actitud de abstención por parte de la judicatura; los tribunales no han querido entrar a conocer de determinados casos en los cuales un pronunciamiento adverso al gobierno podía ser inconveniente o fatal" 604 • La invocación a la prudencia, un poco farisaicamente utilizada cuando se echa mano de la cuestión política, es nada más que un expediente cómodo que deja sin resguardos importantes sectores de la constitucionalidad 605 • "No compartimos pues - agregaba- la distinción que nuestra jurisprudencia ha introducido Véase su extenso voto disidente en Fallos , 53:435 a 475. Según dice GONZÁLEZ CALDERÓN (Derecho constitucional argentino , cit., l. liT, § 1702, p . 578), el autor del primer Código en lo Conte nciOso Adrrumstrat1vo argentino se retractó años después de su opinión inicial en "Plan de Reformas a la Constitución de Buenos Aires" (t. 1, p. 109, y p. 321 , nota 2). 602 Véase supra , § 107. so~ BoF~- , Bor.GEilO, Lui s M., Nuevamente sobre las llamadas "cuestiones po. líticas", LL , t. 156 , p. 1143 , esp. p. 1150. 604 BWART CAMPOS, Germá n J ., Derecho constitucional , Ediar, Buenos A1res, 1968, t. l. p . 800. oo5 Ídem, p. 802. tiOO 601

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270

en el concepto de causas, dividiéndolas en políticas Y. ju~~i­ ciables; y ello porque el art. 100 (actual 116) de la Co~s~1tuc10n atribuye a la Corte la competencia de conocer y dectdrr todas las causas que versen sobre la Constitución. Sus~rae.rle .algunas causas -las denominadas políticas- implica d1smmurr esa competencia, en contra de la propia Constitución" 606 . Actualmente este autor mantiene su clásica crítica. Sostiene que los jueces solamente pueden abstenerse de actuar "cuando las competencias no están subordinadas por la constitución a determinados requisitos o causas". Cuando la competencia es "de ejercicio discrecional y prudencial, dentro de un margen muy amplio de arbitrio para el órgano a quien esas competencias corresponden (. .. ) el ejercicio de esa competencia no llega a lesionar la constitución y, por ende, no alcanza a configurar cuestión constitucional" 607 . En su opinión, esto tiene lugar con la declaración de guerra, que no se halla subordinada a ningún requisito. En cambio, la intervención federal o la declaración del estado de sitio sí constituyen causas judiciales, pues la Constitución fija para su procedencia determinados requisitos 608 • En la doctrina administrativista, Agustín GORDILLO se ha pronunciado enérgicamente en contra de la teoría francesa del acto de gobierno y todos sus equivalentes en el derecho comparado. Considera que se trata de una noción contraria a los arts. 18 y 116 de la Constitución y le ha dedicado a esta crítica todo un capítulo de su Tratado 609 , concluyendo en que "en el derecho argentino no existen ni teóricamente ni prácticamente los actos de gobierno: porque todos los actos del Poder Ejecutivo están sujetos a revisión judicial en virtud de los artículos 18 y 116 de la Constitución y de hecho los tribunales ejercen su jurisdicción sobre ellos" 610 .

.

606 607

Ídem. p. 803 .

Bm~T

CAMI'OS,

Clt. , t. l-A, § 52, p. 426. 6001

Germá n J. , Tratado elemental de derecho constitucional,

Tambi én EKt.1 EKD.J~N ha postulado una t esis favorable a la judiciabilidad plena (EKMEKDJIA N, Miguel A., Temas para la reforma de la Con stitución nacional L L , t. 155, p. 1260, esp . p . 1269 y 1270). ' 6 09 Go A HDI LLO , gustín, Tratado . . ., cit. , 4" ed ., 2000 , t . 2 , cap . VIII . 6 l o TI t d ·a a 0 · : ., t .. 2, cap. VUI, § 24, p . 34. Agrega luego: "Porque todos los actos del Pod_er EJecutivo están sujetos no sólo a la Constitución sino también a !a legislac10n, de acuerdo a nuestro sistema constitucional , porque de hecho ex1sten vanadas leyes que se aplican directa o indirectamente y han sido decla-

LOS ACTOS NO JUSTICIABLES

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d) EL TEMOR POR LA SACRALIZACIÓN DE LOS JUECES: ÜYHA·

La contracara de los autores arriba citados está encarnada por ÜYHANARTE, quien a lo largo de varios trabajos y sentencias como juez de la Corte dejó en claro sus temores respecto del gobierno de los jueces. Fuera del trabajo ya citado más arriba 611 , dijo en otra ocasión que "La tesis de que el desiderátum político es que a través de la justiciabilidad sin limitaciones, la decisión final ante problemas como los preindicados sea adoptada por los ministros de la Corte Suprema, parece ser la consecuencia de una especie de sacralización de los jueces; algo así como una forma de idealización ingenua que deja de lado el hecho obvio de que se trata de hombres de carne y hueso, que tienen las mismas limitaciones, debilidades y apasionamientos que los demás" 612 .

NARTE. -

e) RECONOCIMIENTO DE LAS CUESTIONES POLÍTICAS CON AVAN· CE HACIA LA JUDICIABILIDAD: IIARo. Una posición interme-

dia dotada de sensible realismo fue expuesta a comienzos de la década de 1990 por Ricardo HAR0 613 . Su mención me parece importante, pues los años transcurridos desde entonces le han ido dando la razón. Si bien reconocía la existencia de las cuestiones políticas, propiciaba al mismo tiempo un avance prudente pero vigoroso de la justiciabilidad. Sostenía además que , más que de cuestiones políticas, debía hablarse de aspectos políticos de las atribuciones de los poderes políticos, señalando con ello que no hay facultades completamente extraídas o excluidas del control judicial , sino que en todo caso lo están ciertas porciones de elias 614 • Tal como señalaré en el punto siguiente, la jurisradas constitucionales; porque los derechos de incidencia colectiva constitucional abren la j urisdicción sin distinción ni exclusión". 611 Poder político y cambio estructural en la Argentina , p. 77 ; véase supra, § 18, c. . 612 ÜYHANARTE, Julio, "Cuestiones no justiciables", en Temas de casación Y recursos extraordinarios, obra en honor al Dr. Augusto M. Morello, PlaLense, La Plata, 1982, ps. 143 a 154, esp. p. 153 . 613 RARO Ricardo Las cuestiones p oltticas: ¿prudencia o evasión judicial?, "Anales del C i~cuenten~rio", Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 1991, ps. 139 a 168. Gt4 ''Más que hablar de cuestiones políticas -dice- debemos hacerlo de aspectos políticos de las atribuciones ejercidas por los poderes políticos . Siempre quedará un ámbito para el arbitrio politico, ya sea a mvel del P. E. como del

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

prudencia de los últimos años nos indica -en _co~:r:cidencia con esta postura- una lenta pero progresiva amphacwn del campo de la judiciabilidad. § 116. Mi opinión a) UNA PRIMERA DISTINCIÓN PARA INTERPRETAR LOS ALCAN·

116 DE LA CONSTITUCIÓN. - Ya me he referido en el curso de este trabajo al concepto de "caso judicial", en sentido amplio 61 5 • Hemos visto que los tribunales actúan cuando hay un caso judicial (en sentido estricto), planteado por quien tiene capacidad procesal para ello. P~r? lo cie~to es que sólo lo hacen si existe además un tercer reqws1to refendo específicamente a la materia de lo que habrá de decidirse. En efecto, si bien la mayoría de los actos emanados del Congreso o de la Administración son judicialmente controlables, no todos quedan dentro del alcance de la potestad revisora de los tribunales. Ello -según me parece- está claramente establecido por la Constitución en el art. 116, donde dice que "Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes de la Nación". El término "todas" puede inducirnos a interpretar que no existen actos excluidos del control 616 . Sin embargo, debemos reparar en que el artículo dice "todas las causas", lo que quiere decir, a mi entender, que la Corte y los tribunales intervendrán en la medida en que haya causa judicial. Es aquí en donde cobra relevancia la distinción efectuada al c?rnienzo del capítulo III entre "caso judicial", en sentido estncto, y "caso judicial", en sentido amplio, y la pregunta que aparece es a cuál de los dos está aludiendo la Constitución

CES DEL ARTÍCULO

P. L., porque la discrecionalidad y la übertad, hacen a su concepción ontológica, Y P?r ende, a _los aspectos esenciales que hacen a lo político, de la pura di scr ecionahdad, ámb1to en el cual no podrá penetrar el P. J ., porque si lo hiciera estaría desnaturahzan~o la fu~ción judicial que es secundum legem, a la vez q'ue frustrando la func10n prop1amente política que es secundum arbitrium" ; cfr. ps . 167 y 168. 6 15 Véase supra, § 19. S IG De hecho , como vimos, existen autores que así lo interpretan.

Los

ACTOS NO .IIISTICIABLES

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en el artículo 116 cuando dice "todas las causas". Si lo entendemos en un sentido absolutamente restringido, los jueces no podrían eximirse de actuar en la medida en que exista una controversia. Ahora bien, ello nos llevaría a olvidar la existencia del segundo de los requisitos ya estudiados: la legitimación. Asimismo, si nos quedáramos en este estadio, toda controversia planteada por parte legitimada debería ser justiciable. Pero sabemos que ello aún no ha sido suficiente para suscitar la intervención de un tribunaL Existe un tercer requisito - sin dudas el más controvertido de todos-, que es el de la naturaleza del acto objeto de control. Hay actos que por su naturaleza pueden ser controlados y otros que no . En síntesis, hay causa judicial en el sentido (amplio) del art. 116, cuando están presentes estos tres requisitos de la justiciabilidad. Y la gran dificultad aparece cuando tenemos que determinar cuáles son las cuestiones que por su naturaleza no son susceptibles de apreciación judiciaL Dicho de otro modo, en los párrafos que siguen intentaré determinar si verdaderamente existen cuestiones que por su propia naturaleza están exentas de control judicial. b) UNA DISTINCIÓN INEVITABLE Y UNA CLASIFICACIÓN POSI-

En la dilucidación de los actos que han estado o están exentos del control judicial debe considerarse, en primer lugar, la existencia de un grupo muy heterogéneo de decisiones que los poderes políticos adoptan en un marco de completa libertad con relación al control judicial. Éstas comprenden un rango muy variado y tanto se refieren a cuestiones de la más alta organización del Estado, de sus relaciones exteriores, o de su política interna, como a asuntos meramente administrativos y de neto corte municipaL Su sola, y por cierto muy incompleta enumeración, nos pone ante la evidencia de la cantidad innominada de asuntos que los tribunales, como regla general, no pueden controlar. Veamos. En el marco de la política exterior, pueden computarse la celebración o no de un tratado; la integración del país en un mercado común; la creación de una embajada; el reconocimiento de un estado extranjero ; la ruptura de relaciones diplomáticas con un Estado, la determinación del nivel de endeudamiento externo; la declaración o el cese de la guerra. BLE. -

C ONTROL DE CONSTITUC IONALIDAD

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En el comercio exterior: favorecer determinadas importa.cio~es con tal o cual Estado; incentivar ~a e~port~ció~ de deter~~~o':.. productos, etcétera. En la política I~t~nor: ~~:-t:ri~· detervención constituyente; crear o supn~rd ~etar una a~istía; minar el monto del presupuesto anua ' e . t 'bunales y crear nuevos sitios en la Corte Suprem~ , crear n .. crear distribuir su competencia; fijar un nuevo s:Jn~ m~n~t~rc~~l oral una nueva provincia; establecer un proce .nuen .o JU . escrito· crear universidades o bancos oficiales; mtervemr una 0 provinci~; declarar el estad~ de siti~ ; ~dultar ; prestar el se.n~~o acuerdo para una designación; decidir la apertur.a de un JUlClO político; crear figuras delictivas y fijarles pe~ahdades.. En el orden de la Administración Pública: fijar los fenados naciOnales; fijar el horario oficial; establecer el trazado de las rutas Y vías ferroviarias ; suprimir o fusionar órganos administrativos; declarar a una actividad como servicio público; fijar la fecha de convocatoria a elecciones; privatizar un servicio público; establecer un determinado régimen tarifario . En el orden provincial: celebrar un acuerdo regional; determinar las condiciones para que un municipio sea autónomo. En el orden municipal: disponer sobre la traza y sentido de circulación de las calles, el recorrido del transporte público; extender el recorrido de una línea de subterráneos; organizar la colocación de señales en la vía pública; elegir el color de los taxis , etcétera. Como puede verse, no es la importancia del asunto o su trascendencia institucional lo que excluye el control judicial. Es la naturaleza del asunto lo que impide a los jueces controlar las razones que han tenido los poderes políticos para adoptar determinadas decisiones. Las cuestiones indicadas son políticas por naturaleza en la medida en que la toma de decisión depende de una apreciación de la realidad -de su conveniencia Y opo.r tunidad- por parte del Congreso o del Presidente, que los tnbunales no pueden revisar. Esta imposibilidad puede ser de derecho o de hecho. En el primer caso la abstención se funda en la. separ~ción de poderes, ya que de ser ejercido el control, lo.s JUeces mvadirían una área privativa del Congreso 0 el. Presidente. Son los casos que se ubican en el criterio clásico de la Corte de los Estados Unidos 617 • Si la imposibilidad 617

Véase supra, § 11 3, a.

Los

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fuera de hecho, el tribunal se hallaría ante las cuestiones políticas funcionales que menciona Fritz W. SCHARPF en los Estados Unidos 618 • Es lo que ocurre en muchos casos con el control sobre la emergencia económica, al cual me referiré específicamente más abajo 619 . Pero sea que la imposibilidad se produzca por una cuestión de hecho o de derecho, estamos ante una cuestión política fundada en la naturaleza del acto objeto de control. Las cuestiones políticas por naturaleza presentan dos excepciones. La primera de ellas aparece cuando existen ciertos aspectos formales de la decisión que pueden ser justiciables si la Constitución o la ley los establecen. Tomemos, por ejemplo, el caso de la convocatoria a la reforma constitucional, que es de gran utilidad para encontrar las diferentes faceta~; de este problema . Bien es sabido que la ley 24.309 °20 de convocatoria a la Convención no respetó el proceso de formación y sanción de las leyes, ya que el Senado introdujo reformas al proyecto emanado de la Cámara de Diputados, y sin que se produjera el reenvío a esta última, el Poder Ejecutivo promulgó la ley. Tal era el planteo formulado en el caso "Polino" 621 • Así, una decisión típicamente política, como la convocatoria a una convención constituyente, tenía un costado justiciable : el control sobre el proceso de formación de las leyes, que podía considerarse justiciable bajo lo dispuesto posteriormente en "Nobleza Piccardo" ~~. No obstante, la cuestión finalmente fue no justiciable por ausencia de legitimación de los actores 62 '1. El indulto ofrece también un buen ejemplo. El Presidente tiene la facultad exclusiva de indultar (art. 99 , inc. 5Q), pero la Constitución somete su decisión al cumplimiento de ciertos requisitos. Si los mismos se cumplen, la decisión es irrevisable judicialmente , pero si no se cumplen lo es. Por ejemplo, podría ~:>er justiciable un indulto otorgado a favor de una persona que fue destituida por juicio político. La amnistía, por el contrario (art. 75 , inc. 20) , no está sujeta a requisitos específicos, salvo 6

Véase supra , § 113, c. Véase infra , § 116, c. s2o no, 31112/93 . r.21 "Polino c/Estad o Nacional", Fallos, 317:3 35 (1994). 622 Fallos, 321:3487 (1998). Ver s upra , § 48. 62o Ver supra, § 74, b .

61R

0 19

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oE coNSflTUCIONALIDAD

el del respeto al proceso de formación Y. ,sanción de las le~~s. Lo mismo puede decirse de la declarac10n de estado de sitiO. Los jueces no pueden revisar el criterio sobre los alcances de la conmoción interior valorada por el Congreso para decretarlo , pero sí podrían decretar la inconstitucionalidad de un estado de sitio declarado por el Presidente, invocando conmoción interior, si el Congreso se encontrara reunido 624 • El acuerdo prestado por el Senado es un típioo acto discrecional, pero en el caso de los jueces de la Corte uprema debe contar con la mayoría de dos tercios de sus miemb - pre entes (art. 75, inc. 4º). Finalmente, para no abundar en más ejemplos, pues los hay de sobra, tomemos el caso del juicio político. Nadie puede oponerse a la formación y tramitación de un proceso de enjuiciamiento político. PePo al mismo tiempo se ha reconocido la justiciablidad de la decisión en 1 aspectos vinculados con la defensa en juicio 62 ~. La segunda excepción que debe ser anotada se presenta cuando la decisión del Congreso o del Presidente, aun siendo discrecional , es manifiestamente irrazonable. Así, por ejemplo, la ley 24.012 impuso el denominado "cupo femenino" en el Código Electoral Nacional y lo fijó en el 30 %. Evidentemente, el Congreso no estaba sujeto a ningún requisito específico para establecer esta alícuota re ervada como piso para las candidaturas femeninas, pero que hubiera pasado de haber sido irrazonable por alto o por bajo el porcentaje elegido. ¿Podrían los jueces controlar un cupo fijado en un piso tan bajo como el 5 % o en un techo tan alto como el 85 %? Parecería que sí. Lo mismo podría decirse de cualquier otra decisión que siendo política en su esencia puede provocar un caso judicial si el legislador incurre en un exceso manifiestamente irrazonable. Pensemos en un acto típicamente discrecional del Congreso, como es la creación de tipos penales y la fijación de las penas máxima y mínima que les corresponden 62 7 • Esta actividad, de 6~4 No obstante, en este caso podría acudirse a un decreto de necesidad Y urgencia , lo que salvaría -al menos formalme nte- la inconstitucionalidad. 625 Ver supra, § 91. 626 Art. 60, ley 19.945, o. por decr. 2135/83 con la modificación de la ley 24.444.

R27 Esto ha sido reconocido por la Corte. En "María Cristina Pupelis", Fallos, 314:424 19911. el 'Ihbu nal dijo "Que en virtud de la faculta d que le otorga el art.. f)1 mr- U labora 75, inc. 12) de la Cunsti Lución nacion11l ,

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el del respeto al proceso de formación ~ , sanción de las le~~s . Lo mismo puede decirse de la dec~ara.c10n de estado de s1t1o. Los jueces no pueden revisar el cnteno sobre los alcances de la conmoción interior valorada por el Congreso para decretado, pero sí podrían decretar la inconstitucionalidad de ~ e~tado. de sitio declarado por el Presidente, invocando conmoc1ón mtenor, si el Congreso se encontrara reunido 6 ~ 4 • El acuerdo prestado por el Senado es un típico acto discrecional, pero en el caso de los jueces de la Corte Suprema debe contar con la mayoría de dos tercios de sus miembros presentes (art. 75, inc. 4 2 ). Finalmente, para no abundar en más ejemplos, pues los hay de sobra, tomemos el caso del juicio político. Nadie puede oponerse a la formación y tramitación de un proceso de enjuiciamiento político. PeFo al mismo tiempo se ha reconocido la justiciablidad de la decisión en los aspectos vinculados con la defensa en juicio 625 . La segunda excepción que debe ser anotada se presenta cuando la decisión del Congreso o del Presidente, aun siendo discrecional, es manifiestamente irrazonable. Así, por ejemplo, la ley 24.012 impuso el denominado "cupo femenino" en el Código Electoral N acional 626 y lo fijó en el 30 %. Evidentemente, el Congreso no estaba sujeto a ningún requisito específico para establecer esta alícuota reservada como piso para las candidaturas femeninas, pero que hubiera pasado de haber sido irrazonable por alto o por bajo el porcentaje elegido. ¿Podrían los jueces controlar un cupo fijado en un piso tan bajo como el 5 % o en un techo tan alto como el 85 %? Parecería que sí. Lo mismo podría decirse de cualquier otra decisión que siendo política en su esencia puede provocar un caso judicial si el legislador incurre en un exceso manifiestamente irrazonable. Pensemos en un acto típicamente discrecional del Congreso, como es la creación de tipos penales y la fijación de las penas máxima y mínima que les corresponden 627 • Esta actividad, de &2 • No obstante , en este caso podría acudirse a un decreto de necesidad y urgencia , lo que salvaría - al menos formalmente- la inconstitucionalidad. 625 Ver s upra, § 91. 626 Art. 60 , ley 19.945, t. o. por decr. 2135/83 con la modificación de la ley 24.444. 2 6 7 Esto ha sido expresamente reconocido por la Corte. En "Maria Cristina Pupelis", Fallos, 314:424 (1991), el Tribunal elijo "Que en virtud de la facultad que le otorga el art. 67 inc. ll [ahora 75, inc. 12] de la Constitución naciuual,

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suyo sustraída al conocimiento de los jueces, podría ser justiciable si para un delito menor se fijara una pena ~u~ elevada, viceversa; si la descripción de la conducta dehctlva ~e.ra 0 de tal vaguedad que entrara en contradic.ció~ con el reqmslto constitucional de la tipicidad 628 . Como cnteno general acerca de esta cuestión la Corte ha dicho, refiriéndose a la garantía de igualdad, que "... las disposiciones que el legislad~r adopta para la organización de las instituciones ~u~da.n libradas a su razonable criterio. De tal manera las d1stmc10nes que establezca entre supuestos que estime distintos son valederas en tanto no sean arbitrarias" 629 • Como vemos, muchos actos de los poderes políticos tienen -como el dios Jano- dos caras: una no justiciable y otra justiciable. Sin embargo, en numerosos casos -en particular, cuando se trata de la primera de las excepciones anotada- resultan no justiciables, aun cuando teóricamente podrían serlo. Ello se debe a la falta de personas procesalmente habilitadas para plantearlos, lo que depende claramente del criterio del tribunal resulta propio del Poder Legislativo declarar la criminalidad de los actos , desin· criminar otros e imponer penas, y asimismo y en su consecuencia aumentar o disminuir la escala penal en los casos en que lo estime pertinente; de tal suerte que el único juicio que corresponde emitir a Jos tribunales es el referente a la constitucionalidad de las leyes, a fln de discernir si media restricción de los prin· cipios consagrados en la Carta Fundamental; sin inmiscuirse en el examen de la conveniencia, oportunidad, acierto o eficacia del criterio adoptado por el legislador en el ámbito propio de sus funciones" (consid. 52, p. 440). A2R "La tipicidad , como exigencia de que el acto se subordine al tipo legal -decía JJMÉNJ>¿ ut A::;uA-, es patrimonio de Jos regímenes liberales. La separación de los caracteres del delito defiende la libertad humana de modo eficacísimo . Por eso seria erróneo hacer, como quisieron los sistemas autoritarios de Alemania y de ltalia (en ésta tardíamente), un todo indisoluble con todas y cada una de las características de la infracción, presidido de una parte por la volunta d criminal y de otra por el resultado lesivo de la comunidad o del pueblo. Ello supone poner en manos de los jueces la libertad de los ciudadanos, ya que se volatilizan los pt;ncipios objetivos en la determinación de los actos contrarios a las normas, y someter a los individuos a una concepción que anula la personalidad en beneficio de vagos e imprecisos conceptos de comunidad de pueblo y de raza. Es indis· pensable el mantenimiento de la tipicidad, de la antijuricidad objetiva y de la culpabilidad, como caracteres funcionales, que si bien forman a la postre el todo conceptual llamado delito , son capaces de ser distinguidos separadamente, ya que cada uno posee función propia en la diversidad armónica del conjunto" (JTMENEZ DE AsúA , Luis, Tratado de derecho penal, Losada, Buenos Aires, 1951, t. III, § 1197 . p . 681). 629 "Bozzano c/Estado Nacional", Fallos, 318:1256, 1260 (1995).

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extensión de la legitimación la que , tal como se acerca de la . h ·d pliando progreha visto en el capítulo antenor, se a 1 o .a m lít ' {unrecen las cuestwnes po LCas sivamente. En este c~so apa d 1 "P l'no" oal donde la · l o~o Tal por eJemplo la e caso o1 , ~~~: e:st~ba a~te una decisión de naturaleza ~olítica (el ll~­ mado a una convención constituyente), pero SUJeta al cumphmiento de delerminados requisitos formale s (los que la Constitución impone en el proceso de formación de las leyes), ~ero que funcionalmente no tuvo un sujeto legitimado que pud1era configurar el caso. Al lado de este primer grupo de cuestiones políticas existe un segundo grupo que tradicionalmente ha estado fuera del control judicial, no obstante poseer una indudable naturaleza justiciable . Ellas son, en su mayoría, las decisiones tomadas en el ámbito de la Administración. Así, por ejemplo, la calificación de la huelga, el régimen interno de las universidades, salvo en cuestiones estrictamente técnicas o científicas, el control sobre ciertas decisiones en materia de empleo público o sobre el régimen de ascenso de los miembros de las fuerzas armadas de seguridad, etc. Lo mismo podría decirse del control sobre las decisiones administrativas del Poder Judicial o las de la Iglesia Católica. En muchos de estos casos nos encontramos frente a una controversia real , planteada por una persona legitimada , y la decisión no ha sido tomada en un marco discrecional sino reglamentado, de modo que no existe razón valedera alguna para que los jueces se abstengan de intervenir. Son las cuestiones políticas de conveniencia juclicial. En este segundo grupo también se utiliza a la división de poderes como limitante de la actividad judicial, aun cuando la intervención de los jueces no invadiría una zona privativa de otro poder. El resguardo de la división de poderes en este caso es (al menos en teoría) prudencial, en el sentido de BICKEL 6 32 . Los tribunales quieren mantenerse alejados de los poderes políticos como prenda de autopreservación y con ella de la clivisión de poderes. 630 Si bien utilizo aquí la misma denominación que Fritz W. ScHARPF en el derecho norteamericano (véase supra, § 113, e) el fundam ento es diferente , ya que la falta de funci onalidad aquí está motivada exclusivamente por la ausencia de legitimación. G ~ l "Polino c/Estado Nacional", Fallos , 317:335 (1994). 632 Véase supra, § 113. b.

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Dentro de este segundo grupo militaban, en su momento, las cuestiones electorales 6aa, y el proceso de formación y sanción de las leyes, hasta que fueron dadas de baja, como reconocimiento de su justiciabilidad. Por último, hay ciertas cuestiones que están retraídas del control judicial , pues una ley así lo establece. Un caso típico es el de los conflictos interadministrativos donde, por voluntad de la ley 19.983, esiá vedada la intervención judicial. Ciertamente, no puede negarse que el fundamento de esta disposición puede hallarse en la división de poderes y en el intento por no trasladar a la justicia un conmcto interno de la Administración sin proyección a los administrados. Tenemos así que las cuestiones políticas pueden estar creadas por la propia Constitución, por el Congreso o por los jueces. Las primeras, a su vez, poseen dos excepciones cuya extensión también depende en buena medida de la voluntad de los jueces. Una primera excepción, fundada en la pos ibilidad de controlar ciertos aspectos formales de la decisión, está limitada en su aplicación por la mayor o menor extensión con que los jueces interpreten la legitimación. La segunda excepción, fundada en la irrazonahilidad manifiesta de la decisión política, también depende de un criterio de apreciación judicial subjetiva que determine el umbral de lo irrazonable . Se sigue de lo dicho que existen cuestiones que por su propia naturaleza están exentas de control judicial. Son aquellas incluidas en el primer grupo y no sujetas a ninguna de las excepciones apuntadas. La abstención judicial en este caso 633 Ciertamente no t.odas las cuestiones vinculadas con la materia elect.oral son justiciables. Algunas de ellas pueden entrar dentro tlel primer grupo antes rn .. nc:ion ado. Así, por ejemplo, si una nueva ley electoral decidiera cambiar el sis tema actual (Código Electoral Nacional , ley 19.945, con la~ modificaciones de las leyes 22.487 , 23510, 24.012, 24.444), que establece la elección de los diputados mediante el sistema D'Hont con listas cerradas, y se estableciera el sist ema de CÍl'CWlSClipción uninominal, tal decisión no podría ser justiciable. De hecho, sería des eable que ocurriera, dada la distor sión del régimen electoral que el sistema de lista cerrada o bloqueada presenta. Una explicación de nuestro sistema electoral puede verse en JACK.Iscn, Carlota, y F ERRF.IRA R uBIO, Delia M. , "E l sistema electoral en la Argentina", en Sistemas electorales y sus consecuencias poUticas (compiladora Carlot a Jackischl, Ciedla-i
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ano (e inevitable) objeto de que es legítima, p~es responde al s a exclusiva de los poderes polos jueces no mvadan una zon

lítico~~s

cuestiones políticas crea~as por l~ v~l':lntad di~c~oc!~~ nal de los jueces no tienen por nura un prmclplO"tan ?r o , . mente constitucional, y revelan la presencia del móvll yohtlco de las cuestiones políticas". Sin embargo, no me atrevena a formular una condena absoluta de ellas, en la medida en que el criterio prudencial utilizado sea auténtico y pueda comprobarse que existe una honesta intención de preservar - al menos por omisión- la división de poderes en un momento en_ que una decisión adversa pudiera resultar nefasta para la ¡ndependencia futura del Tribunal. . Ello me permite afirmar que tanto en las cuestiones políticas creadas por la Constitución como en las creadas por los jueces está presente la separación de poderes, bien que con propósitos diferentes. Mientras en las primeras se intenta preservar la autonomía de los poderes políticos, en las segundas el objetivo es preservar la del Poder Judicial 634 • C) UN CASO SINGliLA.R: LA EMERGENCIA ECONÓMICA COMO CUESTIÓN POLÍTICA ENCUBIERTA. Examinaré ahora un caso sin-

gular: el de la emergencia económica. La cuestión en nuestro país tiene importancia en la medida en que la Argentina tiene una larga trayectoria en este terreno, y además las dos últimas décadas han transcurrido bajo el signo de aquélla 6~ 5 • Normalmente, y salvo lo decidido en el caso "Rodríguez", vinculado con la privatización de los aeropuertos en 1997 636 , donde la Corte manifestó que el control del decreto 842197 debía hacerlo 6 3 4 Se comprueba así que el Poder Judicial tanto puede intentar afirmar su independencia por vía de acción ejerciendo el control de constitucionalidad como puede intentar preservarla por omisión, invocando una cuestión política. 6 3 5 De hecho, en el momento de escribir estas lineas est.án vigentes las leyes 25.344 (80, 2111 1100) y 25.453
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el Congreso según el mecanismo previsto en el art. 99, inc. 3Q, el Tribunal, formalmente hablando, no ha evadido el control sobre las medidas de emergencia dictadas en el campo económico. Así, los fallos producidos con motivo de la impugnación de tales decisiones parecen enfrentar seriamente el análisis de ellas, lo que permite suponer en un análisis inicial, que no constituyen una cuestión política. A diferencia del estado de sitio político, que sí ha sido considerado una cuestión no justiciable 637, el estado de sitio económico 638 nunca fue dado de alta en tal categoría. Por ello, si nos detenemos en la lectura de las sentencias más típicas de esta serie jurisprudencia!, tales como "Ercolano c/Lanteri de Renshaw" 639 , "Avico c/De la Pesa" 640 , "lnchauspe c/Junta Nacional de Carnes" 641 , "Russo c/Delle Donne" 64' , "Cine Callao" 643 , "Fernández Orquín c/Ripoll" 64 \ y "Peralta c/Estado Nacional" 646 , inspiradas directa o indirectamente en los fallos de la Corte norteamericana, fundadores de la tolerancia hacia la intervención estatal en materia económica 646 , veremos que en ninguno de ellos la Corte ha renunciado a ejercer el control con invocación de la doctrina de las cuestiones políticas. Sin embargo, no pueden pasar inadvertidos dos fenómenos que se repiten sistemáticamente en todos estos casos. En primer lugar, la Corte ha sido muy tolerante de todas las medidas de emergencia adoptadas en las últimas ocho décadas 647 , y en 637 638

Véase infra, § 91, a. Las medidas de restricción de la propiedad indiyjdual han sido por momentos tan fuertes que he aludido al estado de sitio económico ( BrANCHr , Alberto B., El estado de sitio económico, "Reyjsta del Colegio de Abogados de Buenos Aires", t . 50, mayo de 1990, ps. 13 a 44). 639 Fallos , 136:161 (1922). 640 Fallos , 172:21 (1934). 641 Fallos, 199:483 (1944). 642 Fallos, 243;467 (1959). 643 Fallos, 247 :121 (1960). 644 Fallos , 264:416 ( 1966). 645 Fallos. 313:1513 (1990). 6 41; "Munn v. lllinois", 94 U.S. 113 (1877); "Noble State Bank v. Haskell", 219 U.S. 104 (1911); "Block v. Hirsh", 256 U.S. 135 (1921); "Home Building and Loan Association v. Blaisdell", 290 U.S. 398 (1934); "Nebbia v. People of State of New York"; 291 U.S. 502 (1934) y "West Coast Hotel v. Parrish", 300 U .S. 379 (1937).

647 Sería injusto sostener que la Corte ha tolerado todas las leyes o decretos de necesidad y urgencia dictados , ya que existen algunos casos aislados en los que tales disposiciones normativas han sido declaradas inconstitucionales, pero ciertamente la tendencia general ha sido favorable a su constitucionalidad. Como

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particular de las que han afectado las relaciones pa~ri~oniales entre particulares, o entre éstos y el Estado, restnng¡.e.ndo el derecho de propiedad individual. En segundo lugar, en runguno de estos fallos se advierte un análisis profundo de la razonabilidad de las medidas. Por el contrario, la Corte ha aceptado dogmáticamente la existencia de la emergencia, tal ~o.mo fue presentada en cada opor~~nidad P?,r los pod.e.res poh,~l~Os. Así, por ejemplo, en Ercolano , se alud10 a las Clrcunstancias muy especiales en que por la dedicación de la propiedad privada a objetos de intenso interés público y por las condiciones en que ella es explotada, justifican y hacen necesario la intervención del Estado en los precios, en protección de intereses vitales de la comunidad" 648 , y se agregó luego que "No es de resorte del poder judicial decidir del acierto de los otros poderes públicos en la elección del medio empleado para conjurar esa situación crítica, ni de las consecuencias de orden económico que puedan derivar de la aplicación de la ley. Le incumbe únicamente pronunciarse acerca de los poderes constitucionales del Congreso para establecer la restricción al derecho de usar y disponer de la propiedad que encierra la ley impugnada , teniendo para ello en cuenta la naturaleza, las causas determinantes y la extensión de la medida restrictiva" 649 • En "Avico" se invoca: "La coincidencia en el sentir de los grandes poderes de Estado Legislativo y Ejecutivo, y los hechos recordados, además de muchos otros que pueden invocarse llevan al convencimiento de que había en realidad un estado d~ emergencia producido por fenómenos económicos, tan grave 0 más que el q.ue puede cre.arse por un contraste de la naturaleza, Y que h1en p~do dec1rse que ese estado tiene los caracteres del cas~ fortuito , capaz por su propio imperio, en principio, de mod1fi?ar la~ relaciones contractuales creadas al abrigo d la normalidad" 6oo N d . . e · o menos ogmatlca fue la sentencia recafda excepción en lo~ últimos tiempos señalo "v·d Cl b D . de Cinematografía" Fallos 318·ll54 1 ' e.o u reams cllnstltuto Nacional nal", Fallos 322: 1726 (l9 9'9 ¡ y. "R' ( .995dl; 'Ven-occht c!Poder Ejecutivo Nacio1 e 0 campo c/R · " F tl ( 2 000), que •fueron anali zados, supraIS O§ ta OJ!I S • a .os, 323:1934 59 648 Fallos, 136:172. ' · 49 " Fallos . 136:177 . 650 Fallos , 17'2:77 y 78. y sigue diciend 1 f 11 ... 0 es tan hondo y ha cambiado lan b . e a 0 · Ese desastre económico ruscamente el valor de la propiedad y de todos

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1 agremiación obligatoria en ".Inchauspe": "en el presente caso, una a imnosición arbitraria no aparece como ~"' d de los gana deros . o el medio de salvaguar ar o caprichosa del legis~~édorlo~;e c~:os los habitantes del pais sus interese~ ynatcal.monall nafectados por la crisis de la ganadería y la econom1a • . d ' s'ble ) En nombre de un remoto interés pnva o. ~o sena ~o 1 ~e~~ar los ojos ante el interés público y el pos1t1vo de nullar~s de ganaderos empeñados en la defensa de la ley tachada e 651 inconstitucionalidad" · " • • , • En "Cine Callao" la Corte admite que El anáhs1s del mento 0 eficacia de los medios arbitrados para alcanzar los fines propuestos, la cuestión de saber si debieron elegirse los de la l~y 14.~~6 u otros procedimientos, son ajenos a la competencia de esta Corte, a la que sólo incumbe pronunciarse acerca de la razonabilidad de los medios elegidos por el Congreso, es decir, que sólo debe examinar si son o no proporcionados a los fmes que el legislador se propuso conseguir y, en consecuencia, decidir si es o no admisible la consiguiente restricción de los derechos individuales afectados. Pues, como se afirmó en Fallos , 171:348 y se recordó en Fallos , 199:482, el tribunal nunca ha entendido que pueda sustituir su criterio de conveniencia o eficacia económica o social al del Congreso de la N ación, para pronunciarse sobre la validez constitucional de las leyes , sea de las que regulan trabajos, comercios o industrias con fines de policía, sea de las que establecen impuestos o tasas" 662 • Iguales deficiencias presenta "Peralta", en particular cuando la Corte se ocupa del control de razonabilidad con la sulos productos de la agricultura y ganadería, y consiguientemente el precio del arrendamiento de los campos y casas, que si el Congreso no se hubiera resuelto a establecer la moratoria y especialmente la rebaja del interés de los préstamos hipotecarios, los acreedores hipotecarios que percibieron durante año~ su capital en una moneda extraordinariamente valorizada dentro del país , por la emergencia, adquirirían en realidad un valor de compra muy superior al que dieron en préstamo (. .. ) En consecuencia podemo• afirmar que la gravedad y extensión de la crisis económica justifican ampliamente la ley impugnada; que todas sus disposiciones se proponen salvaguardar en lo posible un fin legítimo, como es el interés público comprometido en esta grave emergencia y que los medios empleados, la moratoria para el pago del capital por tres años, y del pago de los intereses por seis meses vencidos, así como el seis por ciento en la tasa del interés, son justos y razonables, como r~glamentación o regulación de los derechos contractuales". ASJ Fallos , 199:'183 (cunsid. 9 º ). 6~~ Fallos, 247:131-132.

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perficialidad con que tradicionalmente ha sido ~bordado~ - El esquema empleado por la sentencia es muy sencrllo: el Tnbunal parte de la noción clásica sobre razonabilidad establecida por él en numerosos precedentes, según la cual las leyes son razonables cuando guardan una debida proporción entre los fmes que persiguen y los medios instrumentados a tal fin sM, criterio que cuenta con el aval de los tribunales inferiores 655 y de la doctrina s;;s , y dice que los medios arbitrados por el decr. 36/90 para sofocar la emergencia no son irrazonables. "Sustancialmente -dice la Corte- aquel decreto ordenó que las imposiciones que excediesen de determinada cantidad fuesen abonadas con los títulos de la deuda pública denominada bonos externos serie 1989" 65 7 , lo que representa tan sólo "una fuerte reprogramación de vencimientos, mas no necesariamente una quita como podría suponerse en un primer como no menos superficial análisis de la cuestión" 6fi8 • De lo dicho se sigue que la emergencia económica, si bien formalmente considerada, no ha sido una cuestión política, la Corte Suprema -de hecho- nunca ha penetrado ni analizado en profundidad sus verdaderas causas, ni la razonabilidad entre ellas y las me
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consecuencia, puede decirse que la emergencia económica es en la práctica una cuestión política encubierta. d) SÍNTESIS. UNA DOCTRINA QUE SE REPLIEGA. - De lo dicho hasta aquí encuentro que hay cinco clases de cuestiones políticas: a) cuestiones natural o constitucionalmente políticas; b) cuestiones funcionalmente políticas; e) cuestiones que el Congreso dice que son políticas; d) cuestiones que los jueces dicen que son políticas, y e) cuestiones políticas encubiertas. Fuera de ello y como conclusión final del capítulo, creo que vale la pena seiíalar tres cuestiones . En primer lugar, la abstención de los tribunales a resolver casos políticamente comprometidos, cuidando con ello su propia integridad, es un hecho histórico verificable en regímenes políticos tan diferentes como el de los Estados Unidos y Francia. Ello indica que no es tal o cual sisLema el que las produce, sino que están en la naturaleza de las relaciones entre la judicatura y los otros poderes . En segundo lugar, también se observa qu e al lado de este aspecto académicamente criticable, las cuestiones políticas tienen un fundamento constitucionalmente aceptable. Es preciso admitir la existencia de actos o decisiones de los poderes políticos que por su naturaleza misma no son justiciables. No constituyen una causa judicial en los términos del artículo 116. En tercer lugar, me atrevo a sostener -aun cuando en este terreno no pueden afirmarse tendencias definitivas- que la experiencia de los últimos treinta anos indica un repliegue o retroceso de las cuestiones políticas. Este fenómeno , que en la Argentina tiene hitos jurisprudenciales muy concretos, se observa también en Europa continental, donde España ha abandonado la noción del acto de gobierno y Francia lo mantiene, pero con limitaciones . Entre nosotros , desde la justiciabilidad de las cuestiones electorales hasta el caso "Fayt" también se ha producido un avance sensible en igual sentido. En el camino se han revisado decisiones emanadas de juicios políticos, se ha controlado el proceso de formación y sanción de las leyes y el veto parcial del Presidente. Al mismo tie~po.' el ensanchamiento de la base de la legitimación ha contnbmdo a llevar ante los tribunales causas que otrora quedaban sin revisión judicial alguna. Todo ello marca -enhorabuena- una tendencia hacia una mayor justiciabilidad.

CAPITULO VI

TENDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL Y SU PERSPECTIVA HISTÓRICA Sólo existen dos grandes corrientes en la hi~toria de la humanidad: la vileza, que crea los conservadores .Y la envidia, que produce los revolu cionarios (JULEH DE GoNCOURT, Joumal).

A) LA CORTE SUPREMA Y SUS PODERES § 117. Planteo. Desarrollo

de este capítulo Al comenzar este libro dije que el control de constitucionalidad constituye la columna vertebral del mundo de la Constitución y si bien es la Corte Suprema, con su autoridad en la materia, la que lo afirma, lo cierto es que hasta el presente sólo me he detenido en el análisis procesal de estos problemas, pero nada he probado todavía en relación con tal afirmación y el énfasis puesto en ella. Tal es la finalidad del presente capítulo, donde intentaré hacerlo describiendo las tendencias jurídico-políticas del control y su influencia en el proceso de cambio de un modelo constitucional a otro en un marco histórico. Aun cuando esto sea una perogrullada, me atrevo a recordar que el control constitucional no es un acto jurídicamente puro - si los hay- y por ello, creo, cualquier estudio sobre la materia resultaría incompleto, si se circunscribiera solamente a verificar los aspectos formales de la cuestión, desatendiendo aquellos que hacen al rumbo sustancial de la jurisprudencia. Los jueces y en particular la Corte como poder del Estado go-

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biernan y el gobierno de los jueces -en el buen sentido ~el términ~- está profundamente influido por las tendenciaS que tiene el control. Tales tendencias respond~n a numerosos factores morales, políticos, económicos y soc.Iales, que hacen del control un fenómeno complejo, insusceptlble de. ser enchalecado en un reduccionismo meramente procesal, SI lo .que se pretende es abarcar su verdadera esencia. ~or ello tle.ne sus límites estudiar un fallo despojado de las crrcunstanc1as históricas de su época, de quiénes fueron los ju~ces que lo suscribieron, de cuáles eran sus creencias, de qUiénes lnfluyeron en su nombramiento, de lo que la sociedad o los poderes políticos les reclamaban en el momento de dictarse la sentencia, y de cuáles eran los compromisos y limitaciones que cada uno de ellos poseía al poner su firma en el pronunciamiento. "Las profecías acerca de lo que los tribunales harán de hecho y nada más pretencioso, es lo que yo entiendo por derecho" -sostenía HOLMES 1 , quien estaba convencido además de que la vida del derecho no ha sido lógica, sino experiencia 2- . Podemos estar de acuerdo con HOLMES, o podemos desechar sus afirmaciones, por exudar un anglosajonismo ajeno a las abstracciones a las que nos tiene acostumbrados el inefable racionalismo jurídico. Pero lo que no debemos es desconocer que el derecho es un fenómeno social, y como tal es complejo. No está preparado para la estrechez filosófica de la Teoría 1 H OLMES, Oliver W., The Path o{ Law, "Harvard Law Review", vol. 10, p. 457 , reproducido en Collected Legal Papers , Harcourt, Brace and Howe, New York, 1920, ps. 167 a 202, esp. p. 173. 2 Decfa HOLMES: "The life of the law has not been logic: it has been expe· . ~en~e: The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, mtmbo~s of public pohcy, avowed or unconscious , even the prejudices which judges share wlt~ the1r fellowmen, have had a good deal more to do than the syllogism m detern:unmg the rules by which men s hould be governed. The law embodics the story of a nations development through many centuries , and it cannot be dealt with as if it contained only the axioms and corollaries of a book of mat· hematics. ln order to know what it is, we must know what it h as been, and what it te~ds to become. We must alternately consult history and existing theories of leg¡slabon. But the most difficult labor will be to understand the combination o~ the ~wo into new products at every stage. The substance of the law at any ¡pven tune pretty nearly corresponds, so far as it goes, with what is then un · derstood to be convenient; but its form and machinery, and the degree to which it ~s able to work out desired results, depend very much upon its past" (HOLMES, Ohver W., The Common Law, edited by Mark DeWolfe Howe, Little, Brown and Co., Boston, 1963, p. 5).

TENDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

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pura 3 ni para la limitación intelectual de los primeros comen-

tarist~s del Code Napoleon 4 . No es éste un estudio de filosofía del derecho ni menos aún soy un experto en ese terreno, de modo que n~ me aventuraré a penetrar en sus com~lejos mea~­ dros . Sólo intento advertir al lector acerca de la 1mportanc1a -no excluyente- de la historia jurisprudencia} en el desarrollo de los procesos constitucionales, como medjo de estar alerta sobre lo que puede ocurrir y obrar en consecuencia. Con tal motivo voy a recorrer aquí tres pasos. En primer lugar, voy a describir el rol institucional de la Corte Suprema, ya que se trata del Tribunal que en mayor medida ejerce el control constitucional y lo emplea como medio de producir, o bien acompañar los cambios. Como segundo paso, describiré las herramientas que la Corte utiliza como vehículo procesal de su tarea, ya que ello permitirá tener una idea apr·oximada de la libertad de maniobra (discrecionalidad) que posee. En tercer término haré un recorrido histórico del constitucionalismo - proporcional a las dimensiones que esta obra me permitecon el objeto de brindar al lector un marco general a los cambios que en su curso ha generado el control de constitucionalidad según las tendencias políticas, jurídicas y económicas de cada época, cambios que por otro lado fueron en general acompañados por la Corte Suprema. Creo que esta trilogía de cuestiones permite conocer el perfil institucional del Tribunal que produce el control constitucional, las herramientas de que se vale para ello y el curso histórico en el cual se han aplicado. " K ELSEN 4uería "liberar a la ciencia jurídica de todos los elementos que le son extraños" (Teor[a pura . . . , cit., p. 15), pero con ello olvidaba que el der echo no es el fruto de una abstracción y qu e no puede ser aplicado por igu al a todos los pueblos o comunidades con desprecio o indiferencia por su historia y su cultura. 4 Según decía Demolombc: "mi divisa , mi profesión de fe , es ta mbi én ¡los textos antes que nada! Publico un curso de Códi go de Napoleón; mi objeto es, por tanto, interpretar·, explicar el Código de Napoleón mismo. considerado corno ley viva, como ley a plicable y obligatoria; y mi s preferencias por el método dogmático no me impedirán el tomar por fundamento siempre los artículos mismos de la ley" . Más decisivas son tod avía las palabras atribuidas a Bugnet: "No conozco el derecho civil, no enseño más que el Código de Napoleón" (ci tados por GENY, Francisco, Método de interpretación y fuent es en derecho pri uado positiuo , Reus, Madrid, 1925, p. 27).

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§ 118. Función institucional de la Corte Suprema

a) PLANTEO. - Nadie puede cuestionar a esta altura que el rol de la Corte Suprema constituye un universo mucho más vasto que el que ofrece su función como tribunal de justicia, observada desde la estrechez de las normas procesales. Asomarse tan sólo al comportamiento de la Corte implica tomar contacto inmediatamente con una realidad polifacética que por su t r ascendencia merece una meditación detenida. No en vano ha dicho Paul FREUND que entender a la Corte es un asunto que obliga a los abogados a convertirse en filósofos 5 • Veamos ent onces cuáles son las múltiples caras que conforman el papel inst itucional del Tribunal. Para comenzar el análisis del enclave institucional que la Constitución y la dinámica de la vida política han configurado para la Corte Suprema, tengamos en cuenta que así como en los Estados Unidos se ha dicho que la historia de ese país ha sido escrita no sólo en los salones del Congreso, en las oficinas del Poder Ejecutivo y en los campos de batalla, sino también en gran medida en los despachos de la Corte 6 , entre nosotros Vicente Gallo, con igual convicción, afirmaba que muchas de las páginas de nuestra historia encuentran su verdadero sentido en los fallos del Tribunal \ dando razón con ello a lo que había anticipado Bartolomé Mitre casi ochenta años ant es , al despedir los restos de Francisco de las Carreras 8 • Obviament e, no es esta la ocasión para evocar siquiera su5 F I{EU ND, Paul A., On Understanding the S upreme Court , Greenwood Press, Connecticut, 1977 , p. 7. 6 W ARR EN , Charles , Th e Supreme Court in United S ta tes History , Little Brown & Co., Bo•ton, 1926, vol. l. , p. l. 7 Prólogo a la obra de Pf; nEz, Felipe S. , Tratado sobre la jurisprudencia de la Corte Suprema , Ideas, Buenos Aires, 1941. 8 "Pero era necesario - decfa Mitr e- complementar esa Constitución; era necesario consolidar a la par del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo que son siempre las primeras manifes taciones de la vitalidad política, el supremo Poder Judicial que imper a sobre las pasiones, que corrige sus extravíos, que garante la paz de los pueblos y de los ciudadanos y qu e gobierna a todos en nombre de la razón con la fu erza invencibl e de la ley" (citado por VANUl:Sl:Sl , Teor(a Constitucional , t. ll, p. 142, n • 2).

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mariamente la historia del Tribunal, pero tengamos presente al menos - a modo de muy evidentes ejemplos- que así como en los Estados Unidos un fallo encendió la Guerra CiviP, otro fue causa de la renuncia de un presidente 10 , y un tercero permitió diri.rrllr una elección presidencial virtualmente empatada 11 • Asimismo, decisiones de nuestra Corte como convalidar lo actuado por el presidente Mitre como gobernante de facto "con el derecho de la revolución triunfante y asentida por los pueblos" 1 ~; aprobar la destitución de presidentes de iure por gobiernos militares '3 o tomar juramento al presidente Guido 14 han incidido fuertemente en el rumbo de los acontecimientos políticos del país. Una segunda cuestión a tener en cuenta es que el rol que desempeña la Corte Suprema dentro del contexto institucional del país no siempre es debidamente entendido en su integridad . Así, eR frecuente cr·eer -con marcada equivocación- que la tarea de la Corte está lejos del ciudadano y que éste sólo se verá alcanzado eventualmente por una de sus decisiones si es parte litigante en un proceso que ha llegado hasta sus estrados. Con ello se olvida que las sentencias de la Corte, por su trascendencia institucional, importan y alcanzan -directa o indirectamente- a todos pues, en realidad, no se trata de decisiones cuyo valor intrínseco esté concentrado en el tecnicismo legal empleado sino en las políticas que fijan. 9 Mo refiero al célebre caso "Dred Scott v. Sandford", 60 U.S. (19 Howard) 393 (1856) . Véanse los hechos del caso infra , nota 310. 10 "United Sl.at.es v. Nixon", -118 U.S. 683 (1974). Cuando un juez de di strito le ordena a l presidente Nixon que entregue las cintas grabadas en el edificio Wa~e rga te , aquél apela la decisión, pero dice además que no entregará las cintas. Se le reclama a la Corte Suprema entonces que intervenga pcr , a/tum (certiorari beforeju.dgemen.t) y al hacer lugar provoca la renuncia de Nixon. Un relato de este caso efectuad o por un o de sus protagonistas puede verse en: Cox, Archibald, The Role of thc Supreme Court in American. Govemment, Oxford University Press, 1976. 1l "Bush v. GorP.", 121 S.Ct. 525 (2000). 12 "Ra ldom ero Martínez c/Otcro", Fallos , 2:141 (1865). 1 ~ Acordadas del 10 de septiembre de 1930, Fallos , 158:290, y del 7 de junio de 1943, Fallos , 196:5. 14 Derrocado el presidente Frondizi en marzo de 1962, la Corte hizo una aplicación de la ley de acefalía 252 a un caso no específicamente previsto en ella -precisamtlnte, el derrocamiento del Presidente por w1 golpe militar- y tomó juramento al senador José María Guido como Presidente de la Nación, salvando así parte de la legalidad constitucional quebrad a.

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Esto es tan cierto como que uno de los más influyentes constitucionalistas norteamericanos de la actualidad, Laurence H. TRIBE, ha dedicado una obra entera a demostrar cómo impacta en la sociedad estadounidense la designación de los jueces de la Corte. Desde la primera hoja de su libro, dice TRIBE que aquellos que han sido elegidos para ocupar la Corte Suprema de los Estados Unidos hacen algo más que fljar su rumbo como institución: ejercen un poderoso, no siempre advertido y rara vez comprendido impacto en cada aspecto de la vida de los norteamericanos. Más adelante, con igual convicción, expresa que la elección de los jueces de la Corte afecta la vida de los habitantes de los Estados Unidos no solamente cuando el Tribunal es considerado en su totalidad, sino también cuando está en juego la cobertura de una o dos vacantes u;. Si bien las reflexiones del profesor de Harvard no están dirigidas a la Argentina, no es menos cierto que muchas de ~nas son inmediatamente aplicables en nuestro medio. Si fuera necesario reforzar esta afirmación con algún ejemplo cercano en el tiempo, me permito traer a la memoria de los lectores el caso "YPF c/Corrientes" 16, donde la Corte, al fijar como aplicable en el proceso una determinada tasa de interés -pasivapara el pago de obligaciones en mora, en la práctica convirtió en regla general su aplicación y motivó con ello sendos plenarios de la Cámara Civil' 7 y de la Cámara Comercial 18 . b) PoDER DEL ESTADO. - Lo primero que debernos tener en claro, cuando nos aproximamos al estudio de la Corte, es que se trata de un poder del Estado. Sobre este tema es poco lo que puedo agregar a lo que ya se ha escrito en forma abundante 19 , pero creo que reconocerlo constituye un punto de par15 'l'ntsF., Laure nce H., God Saue This Honorable Court-How the Choice o{ Supreme Court Justiccs Shapes Our History , Random House, New York, 1985, ps. 3 y 31. l G Fallos , 315:158 (1992). 17

La Cámara Nacional de Apt!laciones en lo Civil adopló e l critel'io d e la

tasa pasiva en "Vázquez c/Bilbao", 2/8/93, LL, t. 1993-E, p . 126. 18 La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial adoptó la tasa activa en "La Ra zón S.A. s/quicbra", 27/10/94, LL , t . 1994-E, p. 413. IU Véase por ejemplo: V ANOS:SI, Jorge R., Teoría constitucional, cit .. t. 11, p . 95; lltDAHT CAMPOS, Germán J., La Corte Suprema. El tribwwl de garantías constilUC!Onales, Allende & Brea, Buenos Aires, 1982, p. 16; CAVAGNA MAilTIN;;z, Mariano;

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tida indispensable para entender que la Corte a través de sus fallos no sólo decide en el sentido judicial del término, sino que además gobierna, entendiéndose por ello la fijación de políticas que emanan de la interpretación, aplicación o invalidación de los múltiples actos de gobierno (leyes, reglamentos, etc.) que le son sometidos a su escrutinio constitucional. Es así como la doctrina, tanto en la Argentina como en los gstados Unidos, ha reconocido -no sin alguna antigua disidencia 20- a la Corle Suprema como una institución política . Germán J. BIDAR'l' CAMPos 21 sostenía hace ya tres décadas que la Corte "al compartir el gobierno comparte la política" y tanto Alberto A. 8POTA 22 como Jorge VANOSSI 23 , entre otros, admiten sin ambages la naturaleza esencialmente política de la justicia federal. Paralela y concordantemente, Lawrence BAUM, en los Estados Unidos, dice que pretender que los tribunales sean apolítit:os o no políticos es un contrasentido; como parte del gobierno, sostiene, los tribunales son instituciones políticas por definición 14 • Y no podría ser de otro modo, ya que tanto el nombramiento como la remoción de sus jueces es efectuado por órganos políticos. BlELSA, Rafael A., y GKA!'lA, E . R. , El poder judicial de la Nación, u.na propuesta de reconversión, La Ley, Buenos Aires, 1994. También en México la doctrina ha expresado una opinión similru· sobre la Suprema Corte de ese país. Véase CAllRILI.O ft.OR F.f;, Antonio, La justicia federal y la admin ist ración pública, 2~ ed ., Porrúa, México, 1973, p. 229. 20 Rafael R!El..SA, por ejemplo, negaba a la Corte su carácter político. Los que hablan del carácter político del alto tribunal - decía- no pueden explicar jurídicamente en qu é consiste ese carácter, y cómo se revela o se manü'iesta él en las decisiones de la Corte Suprema; y menos podrían explicar de qué principio constitucional surge tan extraña competencia. Se trata sin duda de frases imp,·esionantes , pero sin mucho sentido ni certeza ( BI F.l~A. Rafael, La proter:ción constituciona.l y el recurso extraordinario. Jurisdicción de la Corte Suprema, 2• ed., Depalma, Buenos Aires, 1958, p. 44). 21 BmART CAMPOs, Germán J. , El derecho constitucional del poder, Ediar, Buenos Aires, 1967, t. Il, p. 222. 22 A juicio del querido maestro, "el recw·so extraordinario es un recurso de esencia política, presentado y proveído jurídicamente. Pero la esencia del re· curso, su finalidad o telos, esto es su objetivo, es típicamente político" (SPUTA, Alberto A., La Corte Suprema de Justicia de la Nación como parte d el poder pnlítico del E stado , LL, t. 1990-B, p. 979, esp. p. 983). 23 Teoría constitucional, cit., t. Il, p. 84. 24 B AuM , Lawrence, The Supreme Court, 4" ed., Congressional Quarterly, Washington, 1992, p. 2.

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Tal como ella misma se ha definido , la Corte es cabeza de poder y órgano supremo de la organización judiciaF 5 • Esta función , por otra parte, emana directamente de la letra de la Constitución, que en su art. 108 establece que "El poder judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación". La Corte es entonces un poder del Estado en el mismo y lato sentido en que lo son el Ejecutivo y el Legislativo, y posee desde el punto de vista formal la misma jerarquía que los restant es, tal como lo ha ratificado el tribunal en diversos pronuncíamientos 26 • Asimismo, dentro de esta misma línea ha dicho en el caso "Fisco Nacional c/Manuel Ocampo", que "[la Corte] representa en la esfera de su s atribuciones la soberanía nacional" 27 • e) JEFATURA DE LA JusTICIA FEDERAL. - N o hay dudas -en segundo lugar- de que la Corte ejerce la jefatura de la Justicia Federal y en tal carácter ha dicho, por ejemplo, que no incumbe aisladamente a cada uno de los Tribunales la representación pública, expresa o tácita del Poder Judicial para la defensa de s u independencia frente a las intromisiones de otro poder. La unidad y el orden indispensables del Poder Judicial, así como la significación jerárquica de la Corte Suprema, excluyen dicha representación particular cuando se invocan intr~rrri siones que afectan a la Constitución del poder judicial e Importan un atentado a su independencia 28 • En concordancia con esta doctrina, la Corte ha admitido qu.e le a~ i ste n facultades implícitas para preservar la autonomía e 1ntegndad de lu~:; lribunales de la N ación, frente a posibles "

6

Entre otros muchos casos , véa se: "Alfredo Mas i" Fallos 256·114

116 <1 963 ), "Horac10 J. Venini" Fallos 286 ·17 ( 1973) · "D ' · ' R · ' en p. Fi ll 0 306 7' ' • · , om1ngo . Aramayo"

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Fallos, ~

7

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2, en P· 73 0984) y .:'F élix Dufourq", Fallos, 306:174, en p. 176 (1984): Fallos, 137:47 (19 22); "Vázquez c'Casabianca",

2~~~~ ~~~1umdeguy '

Fallos , 12: 134 (18 72), en p . 155 . Fallos . 241:23 (1958) El hl . Justicia manifestó a la Cá m~ra J~~io~~~a dse ~us¡• w porque el Sub~e~retario de rreccional de la Ca p,·t al e pe ac10nes en lo Cnmmal y Co. b . · · que 1os rm em r os de la · . diC!ones de jubil arse debían pres entar 8 . mtRma que estuVIeran en con expresión debía se r con tes Lada ant ~ s ~nunc¡ as . La Cor te entendi ó que dicha Cámara. e e Inlstel'JO por ella Y no por la propia "

8

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avances de otros poderes ~9 , teniendo asimismo las facultades necesarias para salvaguardar la función judicial de la Nación, ejercida en el ámbito específico de su competencia 30 ; reiteró asimismo en otra oportunidad que tiene, en su condición de órgano supremo y cabeza del Poder Judicial, las atribuciones necesarias para salvaguardar la investidura do los jueces de la N ación en el ejercicio de sus funciones y en la medida que lo requiera el resguardo de su garantía constitucional frente a la acción de los otros poderes del gobierno a\ todo ello en mérito a su deber de velar por el ordenado y normal desenvolvimiento de la administración de justicia 32 • d) SiNrESIS DE LA RAMA JUDICIAL DE GOBIERNO. - Si bien lo que podríamos llamar la rama judicial de gobierno o, si se quiere, la función judicial de gobierno, está dividida en nuestro país -como en todo estado federal- en la justicia federal y la justicia local, tampoco cabe duda de que la síntesis final de esa función le cabe a la Corte Suprema. En efecto, esa es una de las competencias que expresamente delegaron las provincias en la N ación cuando sancionaron la Constitución y crearon los órganos del gobierno federal, uno de los cuales es, naturalmente, la Corte. Es así que si bien el respeto a las autonomías locales exige que la Corte no intervenga en asuntos propios del derecho local de las provincias, sí, en cambio, le cabe intervención por vía de apelación extraordinaria en todos aquellos asuntos fallados por tribunales de provincia en los que se encuentre presente alguna cuestión federal. No en vano la Corte también ha dicho, en el ya citado caso "Fisco Nacional c!Manuel Ocampo", que ella es el "tribunal en último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se le ha dado jurisdicción como pertenecientes al Poder Judicial de la Nación" 3~ . "Y "Jorge Díaz García", Fallos, 259:11 (1964); "Felipe D. Li zondo", Fallos, 263 :15 (1965). ao "Alfredo Masi", Fallos , 256:114 (1963 ). 3 1 "Horacio J. Venini", Falloo , 286:17 (197::!). ~ ~ "César Enrique Romero", Fallos , 286:235 (1973)· "Aldo L. Montesano Rebón", Fallos , 288:342 (1974); "Ana Pérez de Smith", Pc;llos , 300:1282 (1978) . 33 Fallos , 12:134 (1872), en p. 155, doctrina repetida en casos más recientes ~omo "Bodegas Y Viñedos Amadeo Marañón cll.N.V.", Fallos, 297: 381 (1977) y Bneba, Rodolfo J . s/amparo", Fallos, 306:2070 (1984).

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Por ello en la Corte se da una característica de la que car ecen los restantes poderes: ella puede modificar lo que los tribunales locales hayan decidido, si es contrario a la Constitución actividad que no puede ser desplegada por los otros poderes' en sus respectivas esferas, ya que una ley nacional no podría derogar una provincial ni tampoco podría el Poder Ejecutivo Nacional derogar un acto de un gobernador de provincia. De tal suerte, la Corte produce con su control de constitucionalidad ejercido sobre los fallos de tribunales inferiores lo que puede considerarse como síntesis de la función judicial de gobierno. Es indudable que se trata de una función singular dentro del si stema federal que a la vez es propia de éste, pues alguien debe hacer valer en última instancia la supremacía que establece el art. 31. Por ello hace muchos años GONZÁLE Z CALDERóN, en un artículo periodístico 3 \ dijo que al declarar la inconstitucionalidad de una ley locaP 5 la Corte ejercía una suerte de "intervención judicial". Aun cuando la expresión empleada no sea del todo feliz , ya que poco tiene que ver con la intervención política del artículo 6º -y tal vez por ello haya generado una airada crítica de BIF.LSA 36- lo cierto es que pone de manifiesto la síntesis a la que aludo en este párrafo . Finalmente es válido señalar también un rasgo -si se quier e, de orden procesal- que hace también a esta síntesis. La Corte es el tribunal que resuelve los conflictos de competencia suscitados entre aquellos que carecen de un superior común, de acuerdo con lo previsto en el inc. 7º del art. 24 del decr. ley 1285/58. Naturalmente que esta función es completamente ajena a su cometido institucional y a esta altura debería tener o~ra vía procesal de solución, en la medida en que recarga al Tribunal de tareas menores y alarga substancialmente los pr ocesos. 34

GONZÁLEZ CALDF.llÓN, Ju an A. , La interuenciónjndicial d e la Corte S uprema en las frouin cias , diario "La Prensa", 4 de octubre de 1927 (cit. por BtELSA, L a protecczón constitncional . . . , p. 133 ). 35 Se trataba del caso "Viñu ales c/Pcia . de J uj uy", Fallos , 14 9:187 (1 9 27),

e~ ~o_nde se declaró la inconstitucionalidad de una norm a de esa provincia, que aJ ulcJo d e la Co•·te, so color de una emisión de bonos de tesorer ía hab ía a utorizado en realidad la emisión de papel moneda. ' 3B La protección constitucional ... , cit., p. 133.

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e) INTÉRPRETE FINAL DE LA CONSTITUCIÓN. - Desde 1864, cuando resolvió el célebre caso "Benjamín Calvete" 37 , la Corte no ha dejado de sostener su misión constitucional de interpretar la Constitución en forma final y definitiva. Este rol, que se atribuyó la Corte de los Estados Unidos en "Marbury v. Madison" 'J8, y que ha sido ratificado por ese tribunaP9 y por el nuestro 40 en numerosos fallos posteriores, fue utilizado además en aquel país como arma eficaz para imponer la fuerza de lo decidido en un caso controvertido, cuando las autoridades locales se negaban a reconocer la autoridad de la Corte 41 . Este rol de la Corte es además uno de los más característicos de todos, y es el que le ha permitido cumplir dos tareas: en primer lugar ha dado, lenta y paulatinamente, forma y contenido a las cláusulas constitucionales que requerían integración. Todos sabemos que una Constitución recién sancionada es poco más que un simple papel cargado de expresiones de deseos y buenas intenciones; con su interpretación, la Corte Suprema ha ido convirtiendo en realidad ese programa de gobierno inicial. En segundo lugar, como intérprete definitivo de la Constitución, la Corte se ha convertido en el principal laboratorio de derecho constitucional que posee el país. Ha dicho VANOSSI -y adhiero firmemente a su postura- que la colección de Fallos es el más grande monumento del derecho constitucional argentino, pues los fallos de la Corte son el derecho viviente de nuestro país 42 • n "Benjamín Calvete", Fallos, 1:310. 348 (1864). SS 5 U .S. (1 Cranch) 137 ( 1803). Allí dijo además la Corte que la tarea de

los Lribunales consiste en decir qué es la ley. 39 Así lo hizo -entre otros- en "Baker v. Carr", 369 U.S. 186 (1962), a través del voto del .Tu.stice Brennan, y en "Powell v. McCormack", :195 U.S. 486 (1969), con el voto del Chief Justice Warren . 40 "Adhemar R. Moreno", Fallos , 246:237-247 (1960). 41 Cuando la Corte resolvió el famo so problema de la segr egación racial en las escuelas públicas en "Brown v. Board of F::ducation", 347 U.S. 483 (1954) -completado por medio de un segundo fallo , 349 U.S. 294 (1955)- las auLoridades de Arkansas se negaron a reconocer la vigencia del fall o sob re ellas, argumentando que no habían sido parte en dicho caso. Esta negalivu produjo el caso "Coopcr v. Aaron", 358 U.S. 1 (1958), donde fue necesario que la Corte invocara "Marbury v. Madi son", precedente que la e1ige en quien "dice lo que la ley es" para obligar a los poderes locales a respetar el fallo (véase GUNTHER, Gerald , Con.slitutional Law , 12" ed., New York, The Foundation Prcss, 1991 , p. 26). 42 Teor(a constitucional, cit., t . Il, p. 97 .

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f) TRmUNAL DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. La Corte ha dicho en reiteradísimas ocasiones que ella es el supremo custodio de las garantías constitucionales y en ese carácter tiene el deber inexcusable de asegurar que todo individuo pueda hacer uso del derecho de apelar ante ella por recurso extraordinario cuando estime conculcados los derechos que la Constitución le reconoce 43 . Esta es una de las funciones más visibles y fáciles de detectar de la Corte, al lado de otras aquí enumeradas sobre las que puede existir alguna duda. Constituye una derivación directa del control constitucional que ejerce, y si bien -como en el caso del control- no es el único tribunal que tiene la misión de garantizar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución reconoce a los individuos, ya que en realidad ello es del resorte de todos los jueces de la Nación, su jerarquía como primer y más alto tribunal de la Nación le confiere a sus pronunciamientos en la materia un significado especial. Sus fallos en general, y particularmente en materia de derechos constitucionales, tienen fuerza paradigmática y es común que, luego de fijada una doctrina por la Corte Suprema, sea luego seguida por los restantes órganos judiciales del país. Es razonable sostener así que una doctrina sobre derechos constitucionales no posee carta plena de ciudadanía en el país hasta que no es reconocida por un fallo de la Corte. La misión de garantizar la efectiva vigencia de los derechos constitucionales se ha hecho patente en numerosas ocasiones cuyo análisis, siquiera sumario, excedería las proporciones y objetivos de este trabajo. Pero aun así, y en tren de citar casos por todos conocidos, vale la pena recordar que incluso en supuestos de grave crisis institucional y de compromiso para la efectividad de las garantías constitucionales como han sido los gobiernos de facto, la Corte ha hecho especial hincapié en el respeto de los derechos individuales. Así, por ejemplo, dijo en la Acordada del 10 de septiembre de 1930 que " . . . si normalizada la situación en el desenvolvimiento de la acción del gobierno de facto , los funcionarios que lo integran desconocieran las garantías individuales o las de la propiedad u otras de las aseguradas por la Constitución, la administración de justicia 43

"Roberto C . Rodríguez", Fallos, 279:40-47 (1971); "Ana M . Pérez de Smith",

Fallos , 297 :338, 340 (1977).

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encargada de hacer cumplir ésta las restablecerla en las mismas condiciones y con el mismo alcance que lo habría hecho con el Poder Ejecutivo de derecho" 44 • Tampoco puede olvidarse que bajo el gobierno militar de 1976-1983 y ante el acuciante problema de los detenidos-desaparecidos por causas políticas, la Corte recurrió a sus poderes implícitos para "encarecerle [al Poder Ejecutivo] intensifique por medio de los organismos que correspondan, la investigación sobre el paradero y la situación de las personas cuya desaparición se denuncia judicialmente y que no se encuentran registradas como deteni das" 46 . g) CREACIÓN DEL DERECHO. - Decir que los jueces crean derecho hubiera sido en nuestro país hace algunas décadas una cuestión objeto de controversia, pues hemos vivido sumamente influidos por la concepción judicial heredada de MoNTESQUIEU, para quien el juez era nada más que un ser inanimado que pronunciaba las palabras de la ley 46 . Sin embargo, esta opinión -que acusaba la impronta recibida de aquellos comentaristas del Código de Napoleón, que , como Bugnet, decían que no enseñaban el derecho civil sino solamente aquel Código• 7- está hoy superada. A nadie puede caberle duda alguna de que los jueces, dentro del ámbito en el que les toca actuar, crean derecho. Está cabalmente demostrado hoy que no solamente crean derecho los jueces del common law bajo la regla del stare decisis, sino también los jueces de los sistemas de derecho escrito o civil la w, que, en lugar de estar obligados por sus propios precedentes, lo están por las normas legales. Este fenómeno , que es propio de cualquier tribunal, adquiere una mayor intensidad cuando analizamos el comportamie.nto de la Corte Suprema. La Corte Suprema crea derecho e mstituciones y la prueba más acabada de ello - entre muchases la incorporación de la acción de amparo en el sistema fede~al en 1957 48 • Con ello la Corte se anticipó diez años a la leg-¡slación y casi cuarenta a la Constitución. Tampoco puede oculFallos. 158:290 (1930), en p. 291. •s "Ana M. Pérez de Smith", Fallos , 297 :341.

44

46 MoNTESQU IEU, El esplritu rl.e 47 Cfr. Gt:NY, Francisco, ob . cit. 48

las leyes, Libro XI, Cap. VI.

en nota 4, p . 27. "Ángel Siri", Fallos, 239:459 (1957).

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tarse que instituciones típicamente constitucionales como el estado de sitio o la intervención federal, que jamás fueron reguladas por una ley del Congreso, han estado regidas enteramente por el derecho que crea la Corte Suprema. Y así, por ejemplo, en materia de interpretación de las facultades presidenciales en torno al art. 23, la Corte ha entendido tanto que el Poder Ejecutivo podía fijar el lugar de destino de quien optaba por salir del país 49 como que no podía 50 • O bien, en otro terreno, ha dicho tanto que el indulto puede ser otorgado a favor de procesados 5 1 como que no puede serlo "2 • Todos estos ejemplos muestran una clara creación de normas jurídicas por vía judicial. Por último, y para no seguir abundando innecesariamente, reparemos en lo siguiente: la Corte Suprema fue autorizada en 1990 - por ley 23.774 63 - a rechazar en forma discrecional los recursos extraordinarios. Esta modalidad procesal, introducida formalmente en el texto del artículo 280 del Código de Procedimientos y que se asegura al llamado writ of certiorari instituido definitivamente en los Estados Unidos en 1925M, venía siendo aplicada de hecho por la Corte desde tiempo atrás, tal como intenté demostrarlo en su momento en un trabajo doctrinario 55 . Pues bien, ahora que existe, la Corte además de aplicarla para el rechazo del recurso extraordinario (cerliorari negativo), lo emplea también para su admisión (certiorari positivo) 56 • 4 9 "Marcelo T. de Alvear" , Fallos , 167::n4 (1933). so "Rodríguez Araya" , Fallos, 200:253 (1944). 5 1 "J osé Ibáñez", Palios , 136:244 (1922). 5 2 "Simón Luengo", Fallos, 6:227 (1868) e "Hipólito Irigoyen", Fallos , 165:199 (1932). 53 BO, 16/4/90; Adla, t. 1990-B, p. 1256. M Sobre este tema véase: BIANCHI, Alberto B. , Jurisdicción y procedimiento en la Corte Suprema de los Estados Unidos , Ábaco, Buenos Air~s , 1994, ps. 117

a 122. 55 BIANCHl, Alberto B. , El writ of certiorari en nuestra Corte Suprema (La "cuestión federal suficiente" como concepto jurídico indeterminado) , ED, t. 125, p . 857. 56 Acerca de esta modalidad de empleo del artículo 280, me remito a BIANCHJ, Alberto B ., y LEGARRE , Santiago, El certiorari en acción (Hacia un control de constitucionalidad basado e11 la trascendencia) , LL, t. 1993-C, p . 841. Allí dijimos: "A pesar de que la norma (art. 280) no prevé lo que podría llamarse un 'certiorari positivo', diversos fallos han ensayado una interpretación también mu-

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h) PODER CONSTITUYENTE. - Una cuestión aparentemente más ardua es si la Corte tiene poder constituyente. Formalmente no lo tiene, es obvio, pues la Constitución se lo atribuye a un órgano especial de gobierno: la convención reformadora. Sin embargo, todos sabemos que, de hecho, la Corte también tativa -mucho más, podría decirse, que la estudiada en el punto anterior- que se ha desarrollado en dos direcciones. Por un lado, se ha entendido que el artículo 280 sirve como sustento normativo para que la Corte pueda prescindir de obstáculos formales -v. gr.: falta de interposición oportuna de la cuestión federalque le impedirían la consideración de un recurso en el que se plantean cuestiones trascendl,ntes. Así, en el voto en disidencia de los jueces Petracchi y Moliné O' Connor en "Ek.mekcljian c/Sofovich", Causa E.64.XXIII, del 7 de julio de 1992, se dijo que el art. 280 ' no debe ser entendido como un medio que sólo consienta la desestimación de los recursos que no superen sus estándares. Si , como ha quenado asontado, aquél couslituyc una herramienta de selección dirigida a que la Corte posea un marco adjetivo que le haga posible un acabado y concentrado desarrollo t.le su papel institucional, deberá reconocerse, al unísono, que esa disposición también habilita a considerar admisibles las apelaciones que entrañen claramente cuestiones de trascendencia, no obstante la inobservancia de determinados recaudos formales, a efectos de que el rito de los procedimientos no se vue lva un elemento frustratorio de la eficiencia con que dicho rol debe desenvolverse'. Por otra parte, se afrrmó - con cita de un sinnúmero de precedentes de la Corte- que esta interpretación era adecuada a la consolidada tradición jurisprudencia! tendiente a no impedir el esclarecimiento de n'! levantes temas constitucionales por los eventuales óbices procesales que puedan obstaculizarlos. En el caso, se obvió la falta de fundamentación autónoma del recurso de queja. En segundo Jugar, existe otro matiz interpretativo en torno del art. 280. Que también significa una aplicación positiva de él -no para rechazar cuestiones, sino para r esolverlas-, aunque en un sentido muy diverso del primero. El mismo matiz señalado aparece en los consids. 22 y 39 del fallo recaído en autos 'López, Antonio M. c/Explotación Pesquera de la Patagonia S.A.' (L.44.XXN. 'López, Antonio M. c/Explotació n Pesquera de IR Patagonia S.A. slaccidente-aeción civil', del 10 de junio de 1992) suscripto por los jueces Lcvene (h.), Cavagna Martínez, Barra, Fayt y Boggiano, los que transcribimos: 22 ) Que el recurso extraordinario es formalmente procedente toda vez que remite a la interprP.tl'lc.i6n de la ley 23.928 y su reglamentación. Las normas de la ley citada, en tanto establecen el valor de la moneda y vedan -a partir del 12 de abri l de 1991- el cómp11to de la actualización monetaria, tienen indudable carácter federal, desde que han sido dictadas por el Congreso en uso de atribuciones previstas en el art. 67, inc. 10 de la Constitución nacional (. .. ) 32 ) Que la determinación de la tasa reviste significativa trascendencia para el desarrollo del crédito y la seguridad jurídica y coITespondc, en consecuencia que esta Corte resuelva el fondo del asunto en uso de la facultad que le confiere el art. 16 de la ley 48, a fin de poner un necesario quietus en la evolución de las encontradas tendencias jurisprudenciales que conspiran contra la requt!rida certeza del tráfico en la materia (art. 280, Cód. Procesal)". La tendencia hacia el certiorari positivo fue confrrmada eu el caso "Serra c/MCRA", LL, t. 1995-A, p. 397 , con comentario del autor, ¿1iene funrlurnentos

constitucionales el a,~?otamiento de la instancia administrativa?

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ejerce el poder constituyente. Existe una célebre y muy repetida frase de Charles Evans Hughes 57 -que reproduce un concepto de Jefferson antes mencionado 58- según la cual "Vivimos bajo una Constitución pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es"M. Por su agudeza ha servido de epígrafe para libros norteamericanos 60 y argentinos 61 y pone de manifiesto algo real: en muchas ocasiones la Corte, al fijar el alcance y sentido de las cláusulas constitucionales, se comporta de hecho como una convención constituyente. Esto ha generado -como bien es sabido- la dura reacción de los doctrinarios franceses, que en las primeras décadas del siglo xx criticaban el enorme poder de la judicatura federal norteamericana -que se resistía a aplicar la nueva legislación social- bajo lo que se denominó el "gobierno de los jueces" 62 • La Constitución, como norma base del ordenamiento jurídico-político, posee cláusulas abiertas con fórmulas muy generales que requieren inevitablemente la interpretación constitucional. Pero ocurre muchas veces que interpretar la Constitución es hacerle decir lo que la Corte quiere que diga. En ello hay mucho de ideológico y hasta de emocional, tal como lo ha reconocido William O'Douglas 63 • Tal vez algunos de los sensores principales para detectar hasta qué punto la Corte, al interpretar la Constitución, la crea, sean el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley. La propiedad en sentido constitucional, tutelada pór el artículo 17 bajo el solemne rótulo de "inviolable", es un "derecho 57 Véanse sus referencias personales infra, nota 458. os Véase su pra § 17, a. SY Se admite generalmente que fue dicho por Hughes en un discurso en Palmira, New York, siendo gobernador de ese estado (citado por PuSEY, Merlo J .. Charles Euans Hugh es, Macmillan, New York, 1951 , p. 204). &o En los Estados Unidos puede verse en BATES, Ernest S., The Story of the Suprerne Court, Bobbs-Merrill, lndianapolis , 1936. 61 En la Argentina ha despertado el interés de LJNARF.S QUINTANA, Segundo V., La Constitución interpretada , Depalma, Buenos Aires, 1960. 6 2 Véase: LAMBEHT, Edouard, Le gouuernernent des juges et la lutte contre la legislation sociale aux États-Unis , Maree! Giard, Paris , 1921. 63 William Orville Douglas fue juez de la Corte norteamericana entre 1939 y 1975. En s u libro The Court Year·s 1939-1975, publicado en 1980 (el afio de su muerte), rccu.,rda que Hughes una vez le había dicho que en el nivel constitucional lo emocionn 1 constituye el 90 por ciento de cualquier decisión, mientras que el 10 por ciento restante está destinado a justificar esa predilección. Douglas cuenta que finalmente estuvo de acuerdo en ello (p. 8). ·

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fuelle" que se estira y acorta hasta los límites más insospec~ados por. vo.luntad de los jueces. Todos sabemos que la propiedad es mv10lable; ahora bien, a qué clase de inviolabilidad se refiere la Corte en cada caso constituye un misterio: ¿se trata de la que tuvo en mente el Tribunal en "Hileret c/Rodríguez"6\ cuando declaró la inconstitucionalidad de una ley que imponía un gravamen mínimo a los excedentes de la producción de caña de azúcar; la que definió en ampHos términos en "Bourdié c/Municipalidad de la Capital" 65 , o la que surge de la larga serie jurisprudencia! integrada por los fallos sobre emergencia económica? Con igual énfasis, el artículo 16 establece que "Todos sus habitantes [los de la Nación Argentina] son iguales ante La ley" . Sin embargo, un breve repaso de la jurisprudencia de la Corte en torno al art. 16 nos enseña -con toda lógica- que sólo puede haber igualdad entre iguales, lo que conduce necesariamente a determinar quiénes y en qué caso están en condiciones de igualdad. Para empezar, la Corte ha elaborado una fórmula genérica sobre la igualdad en estos términos: "La garantía de la igualdad no impone una rígida igualdad, ni impide que el legislador contemple en forma diversa situaciones que considera diferentes, en tanto no establezca distinciones irrazonables e inspiradas en fines de ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o de grupos de personas" üü. Este criterio general le ha permitido a la Corte respaldar la constitucionalidad de numerosas desigualdades cuya recopilación ha efectuado Miguel M. PADILLA "7, la que sigo a continuación y que es sumamente útil para verificar cómo también "la igualdad es lo que la Corte dice que es". 1) La existencia de regímenes jubilatorios diferenciales 68 . ij4

65 66

Fallos, 98:20 (1903). Fallos, 145:307 (1925). Fallos , 216:41 (1950); 218:595 (1950) ; 221:728 (1951); 246:70 (1960);

257 :127 (1963): 258:315 (1964); 261:205 (1965); 263:460 (1965); 267:123 y 247 (1!:)67); 285:155 (1973); 286:166 y 187 (1973); 288:224 (1974) ; 293:26 (1975); 295:455 (1976); 304:390 (1982); 305:823 (1983); 306:1844 (1984); 307:582 y 1121 (1985); 315:135, 222 y 839 (1992) y muchos otros. 67 PAniLLA, Miguel M., Lecciones sobre derechos humanos y garantías, 29 ed. , Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1993, ps. 192 a 195. SR Fallos , :.!94:83 (1976), caso "Camarotta": "La garantía de la igualdad no resulta lesionada por la existencia de regfmenes diferentes en las distintas Cajas

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. 2) La exigencia de requ isitos ét1cos para el acceso a la función pública 69 · • 3) La existencia de categorías distinta~ de. ~ontn~uyent_es, aun fundadas en razones de conveniencia, JUS~tcia social. Y b~en común, ajenas a la simple medida de la capacidad contnbutlva • , de los afectados 70 . d 4) El otorgamiento del beneficio de la excarcelac10n o 71e la condena condicional para ciertos delitos y no para otros· • 5) La existencia de fallos contradictorios, has~a de _un ~s­ mo tribunal, con relación a una misma o parec1da s1tuac1ón jurídica 72 . • 6) La diferencia entre regímenes legales sucesivos sobre una misma materia 73 • 7) El establecimiento de un régimen de despido más fa74 vorable para determinadas actividades • de Pr.,visión. Lo atinente a la uniformidad o divers idad de sistemas en esa materia cons~i~uye una cuestión de política legislativa cuya desve~taJa o _ac1~1't? es ajena al examen judicial, en tanto no se demuestre la eJOstencta de dtscnmmaciones por motivos de hostilidad o injusto privilegio". G9 Fallos, 278:287 (1970), caso "Fernández de Palacios": "El requisito de la idoneidad para la admi•ibilidad en los empleos públicos es susceptible de ser reglamentado. En tal sentido, no puede reputarse discriminación odiosa o arbitraria que el Estado exija de sus servidores que no profesen ideologías contrarias a los principios básicos de la Constitución nacional" (en p. 288). 70 Fallos, 210:500 (1948), caso "Banco Hio de la Plata S.A.": "El art. 16 de la Constitución nacional no impide que la legislación contemple de manera di s ~inta situaciones que estime diferentes, con tal que el criterio de distinción no sea arbitrario, no responda a un propósito de ho st ilida d a personas o grupos de personas determi nadas o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo. El crit..rio de distinción en ma~e¡-ia impositiva no debe, impr~scindiblemente, referirse a consideraciones económicas, siendo válidas las categorías fundadas en razones de conveniencia y justicia social y de bien común. ajenas a la simple medida de la capacidad contributiva de los contribuyentes" (en p. 501). 71 Fallos , 264:301 (1966), caso "Romano y otros": "No es objetable, con fundamenLo en el p6ncipio d., la igualda d, que las condenas en ma~eria de contrabando no sean susceptibles de ejemción condicional. Ello obedece a la peligrosidad del delito y la gravedad de los daños que ocasiona" (p. 302). 72 • fi'allu~. 301:917 (1979), caso "Carrera": "No cabe alegar violación de la 1gualdad con fundamento en que la sentencia apelada no se ajusta a la doctrina establectda en otras, aunque emanen del mismo tribunal" (p. 918). 73 _ Fallo.<, 304:390 (1982), caso "Aráoz": "La difereuda existente entre la . s1tuac1ones anterwres y posteriores a la sanción de un nuevo régimen legal, no configuran agraVIos a la garantía de la igualdad, porque de lo eont~ario toda mod1ficac16n legislativa importaría desconocerla". · 74 . Fallos, 289:197 (1974), caso "Val de Anido": "El establecimiento de un rég7men de indemnización por el despido arbitrario para determinada categoría

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8) La presunción legal de pobreza establecida en una ley provincial en favor del trabajador 75 • 9) La imposición a los empleadores, por la ley provincial, de una contribución con destino al establecimiento de servicios de salud pública sin gravar a los demás sectores sociales 76 • 1 0) La discriminación practicada por una ley entre los deudores a un organismo previsional demandados judicialmente, y a los que se les aplica la actualización del crédito, y los deudores no demandados 77 • 11) La distinción entre los procedimientos empleados para la determinación y ajuste de los haberes previsionales, según que el beneficiario hubiese o no desempeñado tareas comprendidas en convenciones colectivas de trabajo 78 • Otro ejemplo concreto del poder constituyente de la Corte, referido en este caso a los límites de sus atribuciones, lo encontramos nada menos que en materia de competencia originaria. Bien es sabido que la competencia originaria del Tribunal, cuyo "rango constitucional" aquél se ha encargado de subrayar en numerosas ocasiones 79 como legado del célebre "Marbury de trllhajadorcs -en el caso, los bancarios- superior al n~t;¡imen común de los empleados de comercio, no es descalificable, por si, con base constitucional". 75 Fallos , 290:322 (1974), caso "Lt!desma": "Tal presunción legal relativa de pobreza no se halla en colisión con las disposiciones de la ley nacional 14.443, que disponen proporciones embargables de los sueldos y salarios (ru-t. 6°)" (p. 325). 76 Fallos, 273:241 (1969), caso "S.A. Cfa. Swi.fl de La Plata c/Pcia . de Tucumán": "La ley 2::174 de Tucumán, en tanto impone a los empleadores una contribución con destino al sostenimiento de servicios de salud pública, sin gravar a los demás sectores sociales, no es contraria a la igualdad. Lo que la ley declara imponible es una manifestación de la capacidad económica del contribuyente y no es arbitrario que lo haya elegido como objeto de tributación" (p. 242). 7 7 Fallos , 300:564 (1978), caso "Dirección Nac. de Recaudación Previsional elLa Flor S.A.": "Distinguir las deudas pendientes de cobro judicial dtl aquellas no demandadas en esa forma (. .. ) cuenta con suficiente base objetiva, sin que el agravio a la igualdad encutlntre tampoco sustento en la posible arbitrarilldad de la actora en el conlralor de obligaciones como las de autos , ya que (. .. ) para que exista desmedro de la igualdad es menester que la desigualdad resulte del texto mitimo de la ley aplicada y no de la interpretación que le haya dado la autoridad encargada de hacerla cumplir" (p. 567). 78 Fallo~. 294:119 (1976), caso "Caminos": "No viola la garantía de la igualdad la cir·ctmstancia de que se hubieran adoptado procedimientos distintos para la determinación y reajuste de los haberes previsionales, según que el afiliado hubiese desempeñado tareas comprendidas o no en las convenciones colectivas de trabajo" (p. 121). 79 Véase BTANCHI , Alberto B., Competencia originaria de la Corte Suprema de Justi cia, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989, ps. 143 y 144.

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. 1 t 117 de la Constitución v Madison" ll que encontraron su consagración definitiva en "Nougués Hnos. c/Pcia. de Tucumán" 82, y que se reproducen hasta el presenteR-1 con la crítica de BmART CAMPOS, que encuentra en esta tendencia una ampliación de la jurisdicción del Tribunal no permitida por la Constitución 84 . En los Estados Unidos existen también abundantes ejemplos del poder constituyente de la Corte. Uno de ellos es el caso de las enmiendas adoptadas luego de la Guerra Civil, en lo que se conoce como el "Período de la Reconstrucción" ij 5 • Finalizado el conflicto, y como medio de asegurar los derechos de los negros obtenidos por la vktoria de las fuerzas norteñas, el Congreso sancionó, y fueron luego aprobadas, las enmiendas decimotercera, decimocuarta y decimoquinta . La primera de ellas "" abolía completamente la esclavitud, salvo como pena por crímenes debidamente comprobados judicialmente; la segunda Y? extendía la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos, con la obvia intención de eliminar cualquier vestigio posible de otro "Dred Scott", y la tercera 88 garantizaba el derecho a votar de todo ciudadano si.n que pudiera ser limitado o denegado por razones de raza, color o una previa 80 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803). 81 "Mendoza Hnos. c/Pcia. de San Luis", Fallos, 1:485 (1865). 82 Fallos, 97:177 (1903). AJ Véase la serie juris prudencia! que cito en Competencia originaria. . 't ps. 271 a 279. ., Cl ·• 84

Bt oAUT CAMPOS,

Germán J ., Tratado elemental de derecho constitucional,

2" ed., Ediar, Buenos Aires, t. Il, p. 610. ~~ El más exhaustivo análisis histórico do este periodo en los Estados Unidos

lo . ha efectuado

FAJRMAN,

Charles, "Reconstn1ction and Reunion 1864-1888" en

~~~sthiory of the Supreme Court-The Oliver Wendell Holmes Devise Macmillan 'Pu18

~g Co. Inc:, New York , 1974, vols. VI y VII. A

7

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8

Fue ratificada el 6 de diciembre de 1865. Ratificada el 9 de julio de 1866 Ratificada el 3 de febrero de ui7o.

'

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v. Madison"I!O, está establecida en el art. 117 de la Const.itu~ión (ex art. 101). Esta norma no prevé que .en las causas a.tnbmdas a la competencia originaria pueda suscüarse un confhcto entre una provincia y sus propios vecinos. Sin embargo la Corte ha "interpretado" la Constitución y ha admitido que, en aquellas causas en las que se dispute una cuestión federal, cede la regla de la distinta vecindad exigida en otros supuestos. Así lo ha sostenido desde antiguos pronunciamientos 8 ' que encontraron su consagración definitiva en "Nougués Hnos. c/Pcia. de Tucumán"8~ , y que se reproducen hasta el presente 83 con la crítica de BIDART CAMPOS, que encuentra en esta tendencia una ampliación de la jurisdicción del Tribunal no permitida por la Constitución 84 . En los Estados Unidos existen también abundantes ejemplos del poder constituyente de la Corte. Uno de ellos es el caso de las enmiendas adoptadas luego de la Guerra Civil, en lo que se conoce como el "Período de la Reconstrucción" 85 . Finalizado el conflicto, y como medio de asegurar los derechos de los negros obtenidos por la victoria de las fuerzas norteñas, el Congreso sancionó, y fueron luego aprobadas, las enmiendas decimotercera, decimocuarta y decimoquinta. La primera de ellas &; abolía completamente la esclavitud, salvo como pena por crímenes debidamente comprobados judicialmente; la segunda s; extendía la ciudadanía a todas las personas nacidas en los Estados Unidos, con la obvia intención de eliminar cualquier vestigio posible de otro "Dred Scott", y la tercera ~~ garantizaba el derecho a votar de todo ciudadano sin que pudiera ser limitado o denegado por razones de raza, color o una previa 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803). "Mendoz a Hnos. c/Pcia. de San Luis" , Fallos, 1:485 (1865). 82 Fallos, 97 :177 (1903). 83 Véase la serie jurisprudencia] qu e cito en Competencia originaria . .. , cit., ps. 271 a 279. 84 BI UART CAMPUS, Germán J., Tratado elemental de derecho constitucional , 2" ed. , Ediar, Buenos Aires, t. 11, p. 610. 85 El más exhau stivo análisis histórico de este período e n los Estados Unidos lo ha efectu ado FAlltMAN, Charles, "Reconstruction and Reunion 1864-1888" en History of the Supreme Court-The 0/iuer Wendell Holmes Deuise, Macmillan 'pu. blishing Ca. Inc., New York, 1974, vols. VI y VII. 86 Fue ratificada el 6 de diciembre de 1865. 87 Ratificada el 9 de julio de 1866. 80

8t

as Ratificada el 3 de febrero de 1870.

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situación de servidumbre. Con la Decimocuarta Enmienda, que es la que más interesa a estos efectos, se intentaba obligar a los estados a cumplir con el debido proceso legal (d ue process oflaw) que hasta ese momento sólo obligaba al gobierno federal por virtud de la Quinta Enmienda y extender de manera uniforme a todo el país el bill of rights de las diez primeras enmiendas. La Corte, sin embargo, interpretó en un sentido totalmente opuesto las enmiendas, aprovechándolas en favor del laissez faire y de la propiedad privada, en lugar de concederles el sentido social que habían intentado tener. El primer grupo de casos resuelto por la Corte fue el de los llamados "Mataderos de Louisiana" 89 , en el cual se discutía la validez de una ley de ese estado que había otorgado a una corporación privada el uso monopólico de dichos establecimientos. La CorLe falló a favor del monopolio con la fuerte disidencia del Justice Field, seguida por tres jueces más. Posteriormente, a partir de "Santa Clara County v. Southern Pacific Railroad" 00 , quedó en claro que las corporaciones (sociedades comerciales) eran personas protegidas por la Decimocuarta Enmienda s•, lo que tampoco intentaban garantizar los autores de la Enmienda 92 • Pero el caso más típico del desinterés de la Corte por cumplir con el objetivo central de las enmiendas de la posguerra es "Plessy v. F e rgus on"~a , del cual surgió la doctrina de "separados pero iguales". Se discutía allí el problema de la igualdad entre negros y blancos referido a una ley de Louisiana -objetada en su constitucionalidad bajo la Decimocuarta Enmienda- que obligaba sn "Sla ughter-House Cases", 83 U.S. 36 (1873). 90 118 U.S. 394 ( 1~~6) . 9 1 Recuet·da ScHWAH'l•t qu e

si bien la Corte no hizo en este c:~ s o un pronunciamiento sobr e el tema, el Chie( J ustice Waite dij o enfáticamente dura n te el alegato oral a uno de los letrados intervinientes que no existían dudas acerca de la protección de la Enm ie nda XIV a favor de las corporaciones, en tendidas éstas como "personas". A partir de allí, este punto jamás volvió a discutirse (SCHWAH'J'Z, Bernard , A History o( the S upreme Court , Oxford Uni versity Press, 199:::1, ps. 168 a 170 ). 92 El sentido de ello - explica S CHWARTZ- es que una de las mayores preocupaciones de la Corte luego de la guerra no fu e la protección de los derechos de los nu evos ciuda da nos (los negros) , sino la protecci ón del comercio, evita ndo que la r egul ación de a quél llegara a quedar en ma nos de los eslados qu e pudieran ponerl e limitaci ones en su propio beneficio (ob. ci t., p . 169 ). 93 163 U.S. 537 (1896).

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a que hubiera en los ferrocarriles vagone.s separa~os ~ara c:da raza La Corte sobre la base del menc10nado cnteno de ~e­ par~dos pero i~ales", sostuvo que ~o era violatoria.del d~b1do proceso legal establecido en la Decimocuarta Enmienda . i) EsTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS. - No caben dudas de que la Corte es una permanente e in~vitable crea~ora d~ políticas y esto ha sido uno de los motwos de cuest10nam1ento permanente a su legitimación para hacerlo. Vivimos . e.n una democracia -dicen SEGAL y SPAETH, retomando este VIeJo problema 95- pero dentro de esa democracia otorgamos a nueve miembros de la Corte Suprema, no elegidos por el pueblo Y virtualmente inamovibles, amplia discreción para determinar, por ejemplo, si el aborto debe ser permitido, si las penas capitales pueden ser impuestas o si la homosexualidad debe ser penalmente castigada 9 De todos modos, y tal como estos mismos autores lo reconocen, que un tribunal de apelación y en particular la Corte Suprema fije políticas es un hecho natural e inevitable "7 • Uno de los ejemplos más evidentes del deseo de la Corte norteamericana de fijar una política fue el caso "Roe v. Wade" 98 , que legitimó el aborto. Cuando la actora -que actuaba bajo el seudónimo de Jane Roe- promovió la demanda en 1970, se encontraba embarazada, pero en el momento de decidirse en 1973 la petición de certiorari en la Corte ya había dado a luz, lo que convertía al caso en abstracto . Sin embargo, la ij .

9 4 Pese a estar imbuido de un espíritu claramente discriminatorio, este criterio perduró hasta 1954, cuando la garantía de igualdad entre blancos y negros se hizo plena cu "Brown v. Board ofEducation" (347 U.S. 483 - 1954-), que prohibió la segregación rucia! en las escuelas públicas. 95 En los Estados Unidos el problema de la legitimación de los jueces para ejercer el control de constitucionalidad ha ocupado un ampHo espacio doctrinario poblado de discu siones y teorías. Se trata de lo que los norteamericanos ll aman la "dificu ltad antimayoritaria"; esto es, que los jueces , al no ser elegidos por la mayoría del electorado, no pu eden revisar las leyes y reglamentos dictados por los representantes de esa mayoría: el Congreso y el Presidente. Una ampHa explicación de este problema puede verse en TRIBE, Laurence H., American Cons· titutional Law. 2• ed ., The Fo undation Press, New York, 1988, ps. 61 y siguientes. 96 SF.GAL, Jeffrey A., and SPAETII, Harold J., The Supreme Court and the Altitudinal Model , Cambridge University Press, 1993, p. l. 97 SEUAL, Jeffrey A., and SrAETH, Harold J ., ob. cit., ps. 4 y 5. 98 410 U.S. 113 (1973).

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Corte -a través del voto mayoritario del juez Blac~un- so~teó el problema, sosteniendo que si la regla que prohtbe anahzar los casos abstractos se aplicara rígidamente al problema del aborto, todos estos casos quedarían sin resolver, por cuanto el período de embarazo no es lo suficientemente p:olo.ngado como para superar el tiempo que demanda la tram1tac1ón de todo el proceso. En la Corte argentina, los ejemplos de fijación de políticas también abundan a tal extremo que es auténticamente difícil concretar una síntesis. Pero, en grandes líneas, puede decirse que: 1) la Corte eligió en "Sojo" 99 el modelo de control de constitucionalidad que ejercería de allí en más, con los alcances y limitaciones diseñados en otros pronunciamientos 100 ; 2) dio carta blanca a las intervenciones federales al declararlas fuera de dicho control desde "Cullen c!Llerena" 101; 3) fortificó la centralización del país al convalidar los gobiernos de facto 102 y cambió cuantas veces quiso su criterio sobre los establecimientos de utilidad nacionaP 03 ; 4) otorgó autonomía a las municipalidades luego de setenta años ininterrumpidos de considerarlas autárquicas 104 ; 5) penalizó 105 , despenalizó 10fi y volvió a penalizar 107 la tenencia de estupefacientes para consumo personal ; 6) convalidó prácticamente todas las medidas de restricción de los derechos económicos en casos de emergencia 108 ; 7) al mismo tiempo protegió la integridad del derecho de propiedad ante el impacto inflacionario 109 ; "Eduardo Sojo", Fallos , 32:120 (1887). "Ganadera Los Lagos c/Gobierno Nacional", Fallos , 190:142 (1941). 101 Fa.llos , 53:420 (1883). 1o2 Dien es sabido que los gobiernos de facto, especialmente desde 1955, no sólo han intervenido militarmente al gobierno nacional sino también a todM lus gobiernos provinciales . 103 Véase l.l lANCHJ, Alberto B., Los estableci mientos de utilidad nacional en las provincias y el sistema federal de gohierno, ED , t. 136, p. 468. 104 "Rivademar c/Municipalidad de Rosario" , Fallos, 312:326 (1989). 105 "Colav ini", Fallos, 300:2fi4 (1978). 106 "Bazterrica y Ca palbo", Fallos , 308:1392 (1986). 101 "Montulvo" , Fallos, 313:1333 (1990). 108 Véase: BtANCHl, Alberto B ., Dinámica del Estado de Derecho, Ábaco , Buenos Aires , 1996. wu "l>cia . de Santa Fe c/N icchi", Fallos, 268:112 (1967); "Vieytes de l<'ern ández" , Fallos, 295:973 (1 976). 99

H>O

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8) prolegió firmemente la política de pri:'atizaciones inaugurada en 1989 con el uso de una herrarmenta procesal no• • vedosa 110 ; 9) se anticipó al Congreso en el dictado de la ley de d1Vorc10 vincular 111 ; • • • 10) intervino en materia económica, al fiJar cntenos sobre tasas de interés 112 ; 11) ha determinado permanentemente el ámbito de extensión de la libertad de expresión 113 ; 12) ha establecido la línea demarcatoria entre las competencias federales y provinciales, y 13) es la que determina, en última instancia, cuándo, en cada caso, están comprometidas las instituciones básicas de la Nación 114 , o las instituciones fundamentales del país"" o las bases mismas del Estado 116 , para admitir o rechazar el recurso extraordinario por gravedad institucional.

j) CASACIÓN FEDERAL. - En alguna oportunidad aislada, la Corte ha dicho que tiene a su cargo el ejercicio de la casación federa 111 7 y esto ha sido reiterado por OYB.ANARTE 118 • Sin embargo, creo que esta cuestión exige alguna explicación en torno a lo que debe entenderse pot· casación, a fin de verificar si efectivamente puede atribuirse al Tribunal su ejercicio. La casación (del latín cassare: "anular"), que es de neto origen francés (cassation) u~, se expandió a otros países tam"José Roberto Dromi'', Fallos, 313:863 (1990). "Scjean c/Zaks de Scjean", Fallos, 308::.!2()8 (1986). "YPF c/Pcia. de Corrientes", Fallos, 315:158 (1992). 11 ~ Véase la prolija reseña de fallos que aparecen listados en FAYT, Cal'los S. , La Corte Suprema y sus 198 sentencias sobre comunicación y periodismo, La Ley, Buenos Aires, 2001 . . , 114 "La Rinconada S.A. dNación Argentina", Fallos, 289:36 (1974); "Corporac10n Argentma de Productores de Carne", Fallos , 292:229 (1975); "Astilleros Tarrab S .A. c/Minoz?.i", Fallos, 307:973 (1985). 1 15 "Borgward Argentina S.A.", Fallos , 238:391 (1957). 116 "Cabrera c/Canalc S.A.", Fallos, ;j06:250 (1984). 117 "Adela Méndez de Basombrio", Fallos , 256:372 (1963). llH ÜYHA NARTE, .Julio, Jiistoria del Poder Judicial, Rev. "Todo es Historia", n• 61, mayo de 1972, p. 88. 11 9 Tal como señala H!T'l'EllS, existe un levo germen embrionario de la casación en Roma, pero el instituto propiamente dicho tiene nacimiento en la Francia revolucionaria, en su desconfianza hacia los jueces del ancier¡ régime y en la doc· HO 11 1

112

TENDENCIAS JURÍDICO-POLITICAS DEL CONTROL

311

bién ajenos al modelo constitucional que la Argentina ha seguido 12o; sin embargo, ello no ha impedido que enraizara en nuestras leyes procesales provinciales y por tal motivo nos es familiar y ha sido exhaustivamente estudiada 121 • Como vía procesal, tiene -según explica claramente HITI'ERS- dos funciones primordiales: a) controlar la correcta aplicación del derecho, y b) uniformar la aplicación de aquéP 22 . Pues bien, a mi juicio, la función uniformadora -típica en la casación- no es propia de la Corte Suprema, la que, por lo demás, se ha encargado de aclarar en numerosas ocasiones que sus fallos carecen de fuerza vinculante 123 • Lo que puede llevar a confusión acerca de la obligatoriedad de sus pronunciamientos es una frase que el Tribunal repite usualmente, según la cual tanto las partes como los tribunales inferiores deben leal acatamiento a sus fallos 12\ pero con ello se está refiriendo a la obligatoriedad de las reglas jurídicas individuales sentadas en la decisión de un caso en concreto respecto de las partes involucradas en aquél y de las tribunales inferiores intervinientes en dicho caso. Por ello, en sentido estricto -y tal como ya ha sido apuntado por MORELLO 125- no creo que la Corte tenga una función específicamente casatoria, aun cuando de hecho, como ya dije trina de la omnipotencia legislativa predicada por Rousseau y Montesquieu. Así, el ubje.tivo d e la ca"nción y dtJI órgano político creado para ejercerla ('!hbun.a.l de Cassation) era revocar aquellos fallos que se consideraban dictados contra la ley para que luego fueran reenviados a otro magistrado (HriTERS, Juan C., Téc· nica de los recursos extraordinarios y de la casación, Platense, La Plata, 1991, ps. 9 a 11). 12 0 El instituto fue adoptado lu.,go con sus particularidades en Alemania, España e Italia. m Además del trabajo de HriTERS arriba citado puede verse, entre las obras más recientes, M01u;LLO , Augusto M., La casación. Un modelo intermedio eficiente, Platense, La Plata, 1992. t 22 'llk nica de lus recursos . . . , cit. , ps. 115 y siguicutt!S. 123 "El Hogar Obrero c/García", Fallos , 262:101 (1965); "Rosmarin c!Hiriart", Fallos, 263:145 (1965); "Loray c/Construcciones Vitub SRL", Fallos, 261:13 (1966); "Alfredo A. Giorgi", Fallos, 307:671 (1985). 124 "David Klappenbach", Fallos, 245:429 (1959) ; "Velázqucz c/Vallejo Sáenz", Fallos , 255 :119 (1963); "Banco Popular de la Plata", Fallos , 264:443 (1966); "Ferrum c/CAPEA", Fallos, 293 :531 (1975). 1 2~ MoRELLO, AugusLo M., Suprema Corte de Buenos Aires versus Corte Suprema de Justicia de la Nación (Acerca de la obligatoriedad general de la juris prudencia del 'lhbunal Federal), en ED, diario del 28/7/93.

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más arriba sus fallos posean fuerza paradigmática y su doctrina en ge~eral sea acatada no solo P?r ~os tribunales federales inferiores sino también por los provmc1ales. k) TRIBUNAL ARBITRAL EN DISPUTAS LIMÍTROFES ~N~RE PRO· VINCIAS. La delimitación de los límites interprovmc1ales es,

en primer lugar, una tarea que corresponde ~. ~ongreso (art. 75, inc. 15), pero también puede dar lugar a htlgws. entre p:ovincias. En este segundo caso -cuestiones posesonas, deshndes, etc.- le corresponde intervenir a l a Corte en instancia originaria, tal como lo establecen los arts. 117 y 127 de la Constitución 126 . Sin embargo, la Corte no sólo ha actuado en estos supuestos como tribunal de justicia, sino que alguna vez - ya muy remota- lo ha hecho además como tribunal arbitral. Es el caso del arbitraje producido el 18 de marzo de 1882 en el conflicto suscitado entre Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe 127 • 1) OTROS. Ciertamente, la Corte puede ejercer otras muchas tareas que no enumero aquí. En primer lugar ejerce el cont.rol constüucional, pero obviamente no hago aquí ninguna referencia, pues todo este libro se ocupa de él. También se ha erigido en guardiana del proceso político, competencia que he analizado anteriormente 128 y posee poderes implícitos que han sido objeto de consideración previa 129 •

El recurso extraordinario como herramienta procesal de la Corte Suprema. Su progresivo uso discrecional

§ 119.

a) PLANTEo. - Veamos ahora con qué instrumentos cuenta la Corte para ejercer el control constitucional y producir o no producir los cambios. Sobre este particular creo no equivocarme si afirmo que la Corte Suprema ha estado luchando 126

Véase

BIANCHI,

Alberto

guientes. m

Fallos , 24:62 (1882).

128

Véase supra, § 23, c. Véase supra, § 14.

12»

B .,

Competencia originaria . .. , cit., ps. 311 y si-

T ENDE NCIAS JU RÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

313

-eonsciente o inconscientemente- desde el fondo de su historia por la obtención de una jurisdicción discrecional. Movida por las circunstancias y también por su propia naturaleza de tribunal y poder del Estado 13" , la Corte no ha dejado de inclinarse permanentemente hacia ese rumbo 131 • En esto se parece notablemente a su par de los Estados Unidos, bien que con algunas diferencias, tanto en el obrar como en los resultados. Así, si bien ambos tribunales han obtenido finalmente un altísimo grado de discrecionalización en su actividad, no menos cierto es que el camino empleado por cada uno, los objetivos perseguidos y, por ende, los resultados obtenidos, son diferentes. En punto a lo primero, la Corte norteamericana logró discrecionalizar su jurisdicción sobre la base de textos legales que fueron pautando su actividad 132 , mientras que la nuestra lo ha hecho principalmente sobre la base de una impronta jurisprudencia!. En cuanto a lo segundo, la discrecionalización de la jurisdicción en los Estados Unidos ha perseguido claramente la reducción de la carga de trabajo del Tribunal, objetivo que se ha logrado notablemente 133 • En nuestro país, por el contrario, la búsqueda de la discrecionalización no ha estado guiada siempre y necesariamente por ese objetivo y, consecuenVéase supra, § 23, a. Acerca de diversas funciones de la Corte Suprema y su coordinación con ot ros poder es, pu ede ver se: VÁZQUEZ , Adolfo R. , La Corte S up rema de ,Justi · cia de la N ación y su pa rticipación en com isión con otros poderes , LL , t. 1996-C, p. 904. 1:1~ Sobr e este tema, veáse BIANCHI, Alberto B., J urisdicción y procedimien· tos en la Corte S uprema de los E stados Unidos , Ábaco, Buenos Aires, 1994, ps. 111 a 123. 133 Pa ra Ltwer una idea de los volúmenes de trabajo que ma neja la Corte en los Es tados Unid os , reparemos en que en el período 1992-1993 sólo fueron resueltos por el fondo (disposed of by written opinion ) 110 casos y que de 6.996 que te nía acumulados en 1994 sólo resolvió 95. Ello supone un incremento del rechazo discrecional. si se t iene en cuent a que en 1980, sobre 4.174 casos , fueron ,·esucltos 159. Son varios los trabajos que pueden ser consultados acerca de la reducción de la car ga de trabajo de la Corte en Jos Estados Unidos . E specifi camente se ocupa n del problema C ASPE I<, Gerhurd, und Pu~N t;H, Richard A., The Workload of the Sup reme Court, American Bar Foundaliun , Chicago, 1976, pero las cifras que a parecen allí han va riado y tienen una utilidad histórica. Entre ellos: S'T'ER N, Rohert; (1R;:ssMAN, Eugene; SHAP!RO, Stephen , and GELLER, Kenneth; S uprP.m P. Court Practice , 7lUNi:H
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e t no es un logro temente la reducción de tareas d e l a or e 134 d h u e da exhibirse • . 1 que ~e t:dose m~do~ insisto, hoy existe un alto grado de eJerÓ cicio de poderes discrecionales en la Corte . Lo que comenz t ' "damente hace aproximadamente seis décadas como un pe~:lño nicho se ha expandido al presente, a punto tal ~ue parecería que la otrora regla se ha c~nvertido en excep~1ó~. E~ objetivo que persigo con este estud1o es ento~c~s el s1gmente. 1) señalar cuáles son las etapas en que se d1V1de este ascenso paulatino de la jurisdicción discrecion~.l Y. el papel ~ue h~ desempeñado en ello el recurso extraordmano; 2) . anal1zar _s1 puede considerarse hoy que por su cantidad y cahd~~ la dlscr ecionalidad se ha convertido en la regla de actuacwn de la Corte . En otras palabras, si los asunt.os en los que el tribunal actúa en forma obligatoria han dejado de tener el peso necesario como para inclinar la balanza en favor de la regla de la discrecionalidad, y 3) determinar en qué consiste en la actualidad el recurso extraordinario y cuál es su papel en el control de constitucionalidad y en el rol institucional de la Corte . La discrecionalización de la jurisdicción de la Corte puede ser válidamente analizada a través de siete cuestiones que han incidido notablemente en el manejo del recurso extraordinario. Ellas son: 1) la doctrina de las cuestiones políticas ; 2) la doctrina de la arbitrariedad de las sentencias; 3) la doctrina de la gravedad institucional; 4) la reforma del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y uso del certiorari; 5) el empleo del recurso per saltum ; 6) el empleo del llamado certiorari "de admisión", y 7) la flexibilidad del concepto "sentencia definitiva". Veamos entonces cómo el empleo de cada una de estas herramientas procesales ha influido en la manera en que la Corte actúa y decide.

cll

134 En 1991 la Corte ar g.,ntína tenía 8.4J5 causas en tr á mite; en 1997 ese total ascendía a 54.662 como consecu encia del recurso ordinario est ablecido contra las sent encias de la Cámara de Seguridad Social. por ley 24.463 (cifras según M OLI NELL l, Guillermo ; P ALANZA, Valeria , y SIN , Gis ela, Cong reso, presidencia y justi cia en la Argentina , CEDl-Fundación Gobierno y Sociedad , Buenos Aires, 1999, cuadro 4.44, p. 710). Asimismo, al día 31/12/00 tra mitaba n en la Co~:te 16.608 ex-pedientes sin contar los previsiunales, que ascendían a la can tidad de 18.851. (Fuo;nte: Secretru·ía Letrada de Estadíst icas del Tribunal).

TENDENClAS JURÍD!CO-POL!TICAS DEL CONTROL

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b) LA DOCTRINA DE LAS CUESTIONES POLÍTICAS. REMisiÓN. Es indudable que la admisión de la doctrina de las cuestiones políticas ya estudiadas en el capítulo IV ha incidido en el incremento de la discrecionalidad de la Corte Suprema. Allí, en el momento de formular una posible clasificación de las cuestiones polfticas 135 , dije que las hay de tres clases: a) cuestiones natural o constitucionalmente políticas; b) cuestiones funcionalmente políticas, y e) cuestiones que los jueces dicen que son políticas. Quizás pueda admitirse que las primeras son inevitables, y por ende no inciden en la discrecionalidad del Tribunal, pero sí lo hacen las del tercer grupo, ya que es allí donde la Corte elige discrecionalmente la razón de su abstención. Me remito , en consecuencia, a lo dicho en el capitulo IV, sin perjuicio de reiterar aquí que la doctrina ha contribuido a la discreción en el obrar de la Corte fundamental mente por dos razones : 1) se trata de una de las nociones más inasibles y confusas de todo el derecho constitucional y 2) la Corte, sin duda, aprovechando esta circunstancia, ha hecho uso de ella sin mayor preocupación por la ortodoxia jurídica. e) LA DOCTRINA DE LA ARBITRARIEDAD DE LAS SENTENCIAS. No caben dudas de que la primera manifestación de la discrecionalización del uso del recurso extraordinario se debe al empleo de la doctrina de la arbitrariedad, que permitió a la Corte iniciar el camino del abandono progresivo de las limitaciones procesales impuestas por el artículo 14 de la ley 48 y avanzar hacia el ensanchamiento de la cuestión federal. Como bien fue difundido en uno de los estudios seminales acerca de esta doctrina 136, la misma tiene un origen remoto en el caso "Rey c/Rocha" 137 , donde la Corte hizo una primera alusión a "los casos extraordinarios de sentencias arbitrarias, desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan sólo en la voluntad de los jueces" 138 . Sin embargo, y tal como lo ha señalado Véase sup ra , § 116, b. Esteban, Arbitrariedad y recurso extraordinario, LL , t. 67, p. 741, reproducido luego en La esencia de la cosa juzgada y otros ensayos, Arayú, Bue nos Aires, 1954, ps . 77 a 107. 137 Fallos, 112:384 (1909). J~H Fallos, 112:386. 135

136 IM A7.,

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Genaro CARRIÓ 13 9, pasarían muchos años antes de que el die tu m de este caso se convirtiera en holding 140 • Ello tuvo lugru;, tan sólo hacia fines de la década de 1930, cuando la Cor~e, en Storani de Boidanich e/Ansaldi" 141 revocó un a sentenc1a que p~e­ tendía desconocer el contenido de un pronunciamiento antenor firme doctrina que se consolidó luego en la década siguiente en c;sos tales como "OSN c/Municipalidad de San Isidro" 142 , "Carlozzi c!Tornese Ballesteros" 14 a, "Municipalidad de Buenos Aires c/Cía. Primitiva de Gas" 144 y "Foschetto c/Struhl" 146 • A partir de allí comienza, en las décadas siguientes y en especial en las de 1970 y 1980, la explosión de la doctrina de la arbitrariedad, que abarcó ampliamente el mayor número de causas en trámite ante la Corte Suprema 146 y concitó el interés de numerosísimos trabajos de doctrina 147 • Pues bien, ¿de qué manera ha influido la doctrina de las sentencias arbitrarias en la discrecionalización de la jurisdic13 9 CARIUO, Genaro, El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, 3! ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires , 1983, p. 28. 140 Los anglosajones dividen los argumentos en que se fundan las sente ncias en holding y obiter dicta, también llamado dictum. Los primeros Ron aquellos en los que s~ sostien e el fallo; los segundos sou los expresados "a mayor abundamiento". Para una ampliación de este tema, véase M!LI.ER, Jonathan; GELLI, María A., y CAYUSO, Susana G., Constitución y poder político, Astrea, Buenos Aires, 1987. t . 1, p . 15. 141 Fallos , 184:137 (1939). 142 Fallos, 205:648 (1946). 143 Fallos, 207:72 (1947). 144 Fallos, 211:958 (1948). 145 Fallos, 219:392 (1951). 146 Al día 31/12/00 en la Corte tramitan, t.al como dij e más arriba (nota 134), 16.608 expedientes, sin contar los previsionales. De esa cantidad, 8.017 (48 %) correspondían a recursos de queja por arbitrariedad (fuente: Secretaría Letrada de Estadísticas del Tribunal). 1 4 7 Sería inútil tratar de citarlos a todos; por ello me voy a limitar a mencionar tan sólo aquellos que con justicia pueden ser considerados pioneros: LINARBS, Juan F., El recurso extraordinario dictado contra normas no federales, en "Revista del Colegio de Abogados de Buenos Aires", t . 27 , n••· 3 y 4 ; STROHM, Erik, Sentencias inconstitucionales, JA , t. 1954-lll, Sección "Doctrina", p. 12; FIORIN1, Hartolomé, Sentencias arbitrarias y sentencias inconstitucionales, LL, L. 88, p. 921 ; DASSF.N, .Julio, Algunas con.oidemciones sobre las s~ntencias arbitrarias, JA , t . 1962-11, p. 27;j; CAIHUO, Genaro, Sentencia arbitraria, en "Revista Jurídica de Buenos Aires" , 1965 , I y II , ps. 9 y ss.; BtoAfl'l' CAMPOS, Germán J ., El derecho a la jurisdicción en laArgentina , ED , t. 11, p. 954 (esp. punto 2); V ANOSSI, Jorge R. , Aspectos del recurso extraordinario de inconstitucionalidad, Abelcdo-Perrot, Buenos Aires, 1966, caps. 2 al 7 y 13 , y La sentencia arbitraria: un acto de lesión constitucional (la arbitrariedad como inconstitucionalidad), ED, t. 91, p . 105.

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c1on apelada de la Corte? Es fácil de explicar. Tengamos presente en primer lugar que, como bien ha dicho VANOSSI, la apertura y flexibilización que esta doctrina produce tiene el consecuente resultado de tornar más inciertas aún las reglas o pautas de administración y procedencia del recurso extraordinario 148 • En efecto, lo que bajo la estricta aplicación del art. 14 de la ley 48 estaba concretamente reglamentado en cuanto a los alcances y dimensiones de la cuestión federal, comenzó a desdibujarse cuando la Corte decidió entrar a conocer en temas de hecho, prueba y derecho común. Aclaro, por si hubiera alguna duda al respecto , que no interesa a estos efectos que la cuestión de las sentencias arbitrarias se halle dentro o fuera del art. 14 citado 149 o que sea correcto el encuadre de aquéllas como un agravio a la defensa en juicio, que lo es ciertamente 150 • En otras palabras, apunto a que aun dentro del art. 14 - pues es allí donde creo que debe ubicarse esta particular especie de cuestión federal- con las sentencias arbitrarias se vio notablemente ampliado el ámbito de discrecionalidad del recurso extraordinario. En segundo lugar, no podemos olvidar que ya el propio concepto de arbitrariedad es vago y difícil de apreciar o conceptuali.zar. Decir que algo es arbitrario o no depende en buena medida de un juicio teñido de subjetividad, la que abre, naturalmente, un importante campo a la discrecionalidad. En el mejor de los casos, lo arbitrario es -para ponerlo en términos habituales en la doctrina administrativista- un concepto jurídico indeterminado 15 1• Es interesante recordar en este punto Jorge R., La sentencia a.rbitraria, cit., p. 107 . Ver CARRil\ Genaro, El recurso extraordinario , ciL., ps. 34 a 40. Así lo sostuve en un artículo publicado hace ya varios años (BIANCHI, Alberto B., El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, ED , t. 99, p. 835), y lo sigo creyendo. 15 1 Los conceptos jurídicos indeterminados nacieron en la doctrina alemana, como intento por ¡·educir la discrecionalidad en el obrar administrativo. Se afirma que son indeterminados, pues la medida de su aplicación en cada caso no está dada por la ley. Así se dice, por ejemplo, que la calificación de utilidad pública a los efectos de la expropiación es un concepto jurídico indeterminado, pues hay utilidad pública o no la hay, pero la ley no deftne expresamente cuándo la hay. Lo mismo puede decirse de lo arbitrario y de la arbitrariedad. Es difícil establecer cuándo hay arbitrariedad, pero existe o no existe en un caso determinado y esto no depende de la voluntad del juzgador, ni de su discrecionalidad. Esta doctrina ha sido difundida en la Argentina por conducto de los administrativistas españoles 148 VANOSSl,

149 1so

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c10n apelada de la Corte? Es fácil de explicar. Tengamos presente en primer lugar que, como bien ha dicho VANOSSI, la apertura y flexibilización que esta doctrina produce tiene el consecuente resultado de tornar más inciertas aún las reglas o pautas de administración y procedencia del recurso extraordinario 14H. En efecto, lo que bajo la estricta aplicación del art. 14 de la ley 48 estaba concretamente reglamentado en cuanto a los alcances y dimensiones de la cuestión federal, comenzó a desdibujarse cuando la Corte decidió entrar a conocer en temas de hecho, prueba y derecho común. Aclaro, por si hubiera alguna duda al respecto, que no interesa a estos efectos que la cuestión de las sentencias arbitrarias se halle dentro o fuera del art. 14 citado 149 o que sea correcto el encuadre de aquéllas como un agravio a la defensa en juicio, que lo es ciertamente 160 • En otras palabras, apunto a que aun dentro del art. 14 -pues es allí donde creo que debe ubicarse esta particular especie de cuestión federal- con las sentencias arbitrarias se vio notablemente ampliado el ámbito de discrecionalidad del recurso extraordinario. En segundo lugar, no podemos olvidar que ya el propio concepto de arbitrariedad es vago y difícil de apreciar o conceptualizar. Decir que algo es arbitrario o no depende en buena medida de un juicio teñido de subjetividad, la que abre, naturalmente, un importante campo a la discrecionalidad. En el mejor de los casos, lo arbitrario es -para ponerlo en términos habituales en la doctrina administrativista- un concepto jurídico indeterminado 151 • Es interesante recordar en este punto Jorge R., La sentencia arbitraria, cit., p. 107. Ver CARRTO, Genaro, El recurso extraordinario, cit., ps. 34 a 40. 1 ~0 Así lo sostuve en un artículo publicado hace ya varios años (BIANCHI, Alberto B., El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, ED, t. 99, p. R:lfi) , y lo sigo creyendo. 151 Los conceptos juddicos indeterminados nacieron en la doctrina alemana, como intento por reducir la discredonalidad en el obrar administrativo. Se afirma que son indeterminados , pues la medida de su aplicación en cada caso no está dada por la ley. Así se dice, por ejemplo, que la calificación de utilidad pública a los efectos de la expropiación es un concepto jurídico indeterminado, pues hay utilidad pública o no la hay, pero la ley no define expresamt:nte cuándo la hay. Lo mismo puede decirse de lo arbitrario y de la arbitrariedad . Es difícil establecer cuándo hay arbitrariedad, pero existe o no existe en un caso determinado y esto no depende de la voluntad del juzgador, ni de su discrecionalidad . Esta doctrina ha sido difundida en la Arg-entina por conducto de los administra ti vistas españoles 11 8 VANOSSI ,

149

CoNTROL u¡,;

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uoNh"''ITUCIONALIDAD

las reflexiones que hace CARRIÓ al comienzo de su trabajo ya citado 152 acerca de las dificultades que se presentan para obtener un concepto univoco de sentencia arbitraria. Dice este autor que para poder llegar a un resultado válido en este terreno seria necesario definir primero qué es la arbitrariedad y ello, en definitiva, no parece posible, a la luz de las enormes dificultades que ha tenido la doctrina en lograr consenso. Y no hay nada más cierto que esto. Tanto los autores anteriores a CARRI Ó citados por él, como los posteriores, han hecho esfuerzos intelectuales loables para obtener una conceptualización 15a y sin embargo el resultado, más allá de los aciertos individuales que pueda haber, no ofrece un concepto unívoco de arbitrariedad ni de sentencia arbitraria. Finalmente CARRTÓ menciona algo que constituye el fiel testimonio de la discrecionalidad con que la Corte actúa en el tratamiento de un recurso extraordinario por arbitrariedad. Dice que ante la imposibilidad de extraer de la jurisprudencia del Tribunal un concepto unívoco o unitario de arbitrariedad, es posible admitir que "sentencia arbitraria" es aquella decisión que la Corte llama arbitraria 15 ~. Y si bien reconoce que esto ha generado una sensación de desaliento generalizada, no menos cierto es -a mi entender- que no debemos culpar a la Corte por ello. 'I'anto la obra de CA.RRIO como las que le han seguido describen -con mayor o menor acierto y profundidadlo que la Corte entiende en cada caso por sentencia arbitraria, pero en modo alguno ello permite hacer una teoría general del problema. Toda la doctrina sobre las sentencias arbitrarias y es pecialmente por medio del ya clásico trabajo de GA.ltciA u•: E NTt;RRfA , Eduardo, La lucha contra las inmunidades d~l poder, cuya 3" edición de 1983 (Civitas, Madrid) he consul tado en este lrahAjo. Entre nu<Jstros juristas puede verse, entre otros, GnECco, Carlos , La doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados y la fiscalización de la actividad administrativa , LL , t. 1980-D, p. 1306, y GAMBLER, Beltrán, El concepto "oferta más conveniente" en el procedimiento licitatorio (La doctrina de los conceptos jurídicos indeterminados y el control judicial). LL , L. 1988-D, p. 744. De mi autoría, véase El wril of certiorari en nuestra Corte Suprema (La "cuestión federal suficiente" como concepto jurídico indeterminado) , ED, t . 125, p. 857. 152 El recurso extraordinario por sentencia arbitraria, ps. 43 a 45. 153 Una muy prolij a y exhaustiva reseña de la doctrina -e:Oste~üe hasta ese momento- puede verse en: VANUSSI, Jorge R. , La sentencta arbttrana. · ., c1t.

en nota 147. ló4

.

El recurso extraordinario . .. , c1t., p. 44.

T EN DENCIAS JURÍDICO-POLITICAS DEL CONTROL

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es esencialmente descriptiva y va caso por caso, sin haber podido levantar la mira y englobar el problema en una teoría general. Han pasado más de cuarenta años desde que la doctrina comenzó a ocuparse del problema con rigor científico y los avances son verdaderamente escasos. Una vez más: hay sentencia arbitraria donde la Corte dice que la hay. Lo que he dicho hasta aquí merece un alto para formular dos reflexiones. En primer lugar, no debemos -como ya dijeecharle la culpa a la Corte por ello, pues la doctrina de las sentencias arbitrarias no constituye en modo alguno un apartamiento constitucional 155 . La Corte no ha ensombrecido el ámbito de las sentencias arbitrarias con el propósito de obtener algún rédito de ello. Por el contrario, estoy convencido de que la arbitrariedad, y, consecuentemente, lo que puede entenderse por sentencia arbitraria, son en sí mismos conceptos subjetivos que dependen en enorme medida del umbral de sensibilidad personal de cada juzgador en cada caso en concreto. En segundo lugar, hay que mencionar que el uso de la sentencia arbitraria encierra una paradoja. Por un lado la Corte usa poderes discrecionales no para disminuir su tarea sino para aumentarla, lo que supone una diferencia importante con el uso de poderes discrecionales por parte de la Corte de los Estados Unidos . Por otro lado, en aras de corregir los errores de una mala administración de justicia y lograr hacerla más reglada y ajustada a derecho, emplea una herramienta discrecional. En otras palabras, toda sentencia arbitraria constituye un acto de discrecionalidad que es corregido con una nueva discrecionali.dad. En el ámbito de la administración de justicia, esto es paradójico. En síntesis, cuando la Corte se inició hace ya muchas décadas en el tratamiento de las sentencias arbitrarias, introdujo en la cuestión federal un elemento que habría de transformar sustancialmente el recurso extraordinario, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo. En cuanto a lo primero, míen155 Concuerdo asf con Jo que Jorge R. VANOSSI señalaba hace treinta años: "En todos estos casos (de arbitrariedad de sentencias) la Corte hlzo uso de su competencia extraordinaria con la finalidad tuitiva de asegurar la defensa en juicio como categoría fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. No buscó otro sustento ni se Jo podía encontrar. No se ha apartado de los can-iles conslitucional cs"
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tras la Corte se acercaba al tratamiento de cuestiones de suyo ajenas a su competencia, como el aná~isis de los hechos. Y la prueba, lo hacía al mismo tiempo mumda de una herram1enta que le permitía abordar ese cometido sin reglas fijas, legales o jurisprudenciales. Descendía al terreno natural de los tribunales ordinarios, pero sin las rigideces de aquéllos. Curiosamente, mientras por un lado cobraba poco a poco la forma de una tercera instancia revisora de aspectos no federales, por el otro adquiría una característica propia de un tribunal supremo: la discrecionalidad de su obrar. Con ello el recurso extraordinario clásico, moldeado en el viejo writ of error de la Judiciary Act de 1789 156, pasaba a tener una nueva modalidad que le permitiría trabajar con mayor libertad de acción. Pero esta libertad, lejos de ser empleada para reducir la carga de trabajo, fue la causa principal de su incremento. En lo cuantitativo, la cantidad de recursos extraordinarios creció notablemente, al amparo de las nuevas posibilidades procesales. Aunque suene exagerado, creo que es correcto decir que a partir del empleo y aceptación masiva del recurso extraordinario por sentencia arbitraria ya prácticamente no existieron procesos judiciales ni materias que no pudieran ser llevados ante la instancia extraordinaria. Bastaba tan sólo que en cualquier punto del universo de acciones y procesos exislente se produjera una arbitrariedad para que ello, ipso iure, abriera las puertas de la Corte Suprema con la llave del artículo 18 de la Constitución. d) LA DOCTRINA DE LA GRAVEDAD INSTITUCIONAL. - Hacia fines de la década de 1950, la doctrina de la arbitrariedad había obtenido ya carta de ciudadanía dentro del recurso extraordinario y poseía también un bagaje doctri~ario de importancia tal como lo señalé en el punto antenor. Fue e~ ese mome~to cuando la Corte avanzó significativamente .Y dw ~ segundo -y trascendental- paso en su derrotero hac1a la ~1-S­ crecionalización de su jurisdicción. Hasta entonce~, la cuestl~~ federal -llave ese?cial de apertura ~~ la di~s:~í~l~loe;t~a~~ 11~ naria- se compoma de 1) los contem os e ·d·nariu me remito a lo t 156 Acerca de l a ñl 1 1·ac1· 6n de nuestro recurso ex ra01 1 que diré más abajo en nota 267.

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ley 48, y 2) la arbitrariedad de las sentencias. Un tercer elemento se agregaría a estos dos: la gravedad institucional. Pero a diferencia del anterior, éste acarreaba un contenido que excedería holgadamente el mero acrecentamiento de la cuestión federal. Veamos . El uso de la noción de gravedad institucional tomó cuerpo a partir de 1960, pero tiene un origen mucho más remoto. Según la prolija recopilación jurisprudencia! de BARRANCOS Y VED lA 157 , puede detectarse la apertura del recurso extraordinario, siendo éste formalmente improcedente, en casos tan antiguos como "Fiscal de la Provincia de San Juan c/José Sarmiento", de 1903 158 . Allí el tribunal, con firma de los jueces Bermejo, Bunge, del Solar y Daract, abrió un recurso extraordinario interpuesto por el Banco Hipotecario Nacional pese a existir sentencia definitiva 159 -lo que el fallo expresamente admite- sobre la base de que aquélla había sido contraria al interés de la entidad oficial en puntos regidos por leyes nacionales especiales invocadas en el pleito . A partir de este precedente, son varios los casos en los que sin estar presente el requisito de sentencia defmitiva, la Corte optó por abrirlos invocando para ello diferentes causales - en general la irreparabilidad del daño- especialmente cuando se trataba de juicio de apremio 160 . Muchos años después del caso citado, en 1954, en "Municipalidad de Tucumán c/Instituto de Previsión Social de Tucumán" 161 , la Corte sostuvo que, si bien en juicios de apremio no correspondía el recurso extraordinario, éste era procedente si mediaban ra:wnes institucionales suficientes. Quiere decir que, en la primera mitad de este siglo, si bien la Corte no llegó a elaborar definidarnente la noción de gravedad institucional, sí en cambio admitió en muchas oportunidades t ó7 BARHANros v VEUIA, Fernando N., R ecurso extraordinario y gravedad ins· titucional, 2D ed., Abel edo-Perrot, Buenos Aires , 1991, ps. 40 y siguientes. 158 Fallos, 98:309 (1903). 159 Según surge del relato de la causa, el representante del Banco había inlt rel="nofollow">rpuesto tardíamente el recurso de apelación y contra la denegatoria del mismo interpuso r ecurso extraordinario
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er recurso extraordinario cuando mediaban circunstancias que permitían remover los requisitos procesales de apertura del recurso. En 1959 162 -dentro de lo que CARRIÓ ha calificado como la prehistoria de la gravedad institucional 163 - el diputado López Serrot presentó en el Congreso un proyecto que propiciaba agregar en el artículo 14 de la ley 48 un cuarto inciso en estos términos: "Pero la apelación sólo será otorgada cuando resulte de los autos que la consideración de los agravios en que el recurso se funde tenga alcance institucional que exceda el mero interés personal del apelante". Si bien el proyecto caducó, pues no fue tratado por el Congreso dentro del plazo legal, es mencionable por dos motivos: a) demuestra que , ya hace casi cuarenta años, la noción de la gravedad institucional estaba tan presente como para gestar un proyecto legislativo que hubiera dado amplio margen de di screcionalida d a la Corte, y b) porque su redacción no ha perdido vigencia y bien podría hoy incorporarse a un texto legal. De todos modos, la consagración del concepto -como bien sabemos- vino finalmente por vía jurisprudencia! en el célebre caso "Jorge Antonio" 164 • Las circunstancias históricas del fallo -inevitables para su cabal comprensión- son bien conocidas y por eso he de omitir su consideración en detalle 16 ~ . Pero se trataba -en pocas palabras- de un recurso extraordinar~o que de no haber mediado tales circunstancias históricas hubiera sido seguramente desestimado. En efecto: a) la sentencia recurrida no era definitiva; b) no existía gravamen irreparable para el 162 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación, 23 de septiembre de 1959, ps. 3305 y 3;j06. !ti:< CARRIO, Genaro , "Nuevas frouteras del recurso extraordinario", en Temas de casa ción y recurso extraordinario, cit., ps. 2ll a 227, esp. ps. 214 y 215. 16.1 Fallo s, 248:189 (1960). 165 Jorge Antonio había sido inlerdiclo luego del derrocamienLo del presidente Juan D. Perón en 1955. En 1959, sus apoderados solicitaron la devolución de parte de sus bienes (seis aulornóviles y dos embarcaciones) en calidad de depósito. En primera instancia (Fallos, 248:191) el pedido fue denegado y la Cámara de Apelaciones revocó esta decisión por auto del 20 de mayo de 1960 (p. 192). Contra esta decisión , el apoderado de la Comisión Liquidadora Decreto 8124/57 interpu so recurso de nulidad y ape lación, "mencionando" en ese escrito (así lo dice el fallo de la Corte en p. 194) el inc. 3" del art. 14 de la ley 44. Ante la denegatoria de esta petición, la recurrente presentó una queja que motivó la apertura y resolu ció n del recurso por parte de la Corte.

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apelante; e) la personería del apelante era dudosa y d) el recurso adolecía de defectuosa redacción y, estrictamente mirado como recurso extraordinario, nunca había sido presentado ' 66 • La Corte , a su turno, si bien sólo debía resolver un problema de personería planteado directamente en una queja sin recurso extraordinario previo, obvió este problema y sin más entró de lleno al fondo del asunto 167 • En virtud de ello la sentencia -que, como otras tantas en la historia de la Corte, no pudo superar los condicionamientos de su momento- merece ser considerada como una de las piedras angulares del resquebrajamiento de los ápices procesales del recurso extraordinario y del empleo por parte del Tribunal de poderes discrecionales. Constituye sin dudas un hito a partir del cual el recurso extraordinario cobró una nueva forma que ya se mostraba totalmente despojada de la (¿pesada?) carga procesal impuesta por el legislador de 1863, en su imitación del writ of error de la sección 25 de la Judic iary Act de 1789 16 ~ . La sola lectura de algunos de sus párrafos es suficiente para evaluar la nueva dimensión que el recurso extraordinario habría de tener de allí en más. De los escasos cinco considerandos del fallo, el 3Y y el 4Q son los que cuentan , especialmente el primero de ellos. En él, la Corte hace dos afirmaciones importantes que cito en orden inverso a1 que aparecen en la sentencia: a) la existe ncia de gravedad institucional puede justificar la superación de los ápices procesales frustratorios del control constitucional de esta Corte, y b) el recurso extraor166 En efecto, contra el a uto de fech a 20 de mayo de 1960, por medio del cual se hizo lugar al pedido de Jorge Antonio, la Comis ión Liquidadora interpuso un rE'rurso de nulid ad y apelAción que no era e•Lrictamente . el tecurso e>drao rdinario sa lvo por la mención del art. 14, inc. 32 • Esa presentactó n fue desest1m ada por la Cámar¡¡ Federal mediante el auto de fecha 2f> de jul:o d~ 1960 (p~. 192 a 194), invocándose au~encia de personería en la recurrente . Contra esta dectslÓll , la Comisión -sin plantear previamente el recurso extraordin a rio, lo cua l hubter a sido procesa lml'nLe lo correcto- in terpuso queja ante la Corte. C?mo puede_ verse, nunca existió eslrictamcnte un recurso extraordinario que debtó haber stdo mterpu esto , e n todo caso, contra la única sent encia deflnitiva dictada , que era la que rechazab a la per soner ía de la Comi sión. . .· . tG7 P a ra e nlender tanto esta cuestión como la exphcada e n nota ? ntcuo• es con venien te le.,r el dictamen del procurador, Dr. Lascano (p. 194 ). Alll se propicia el r eehazo de la queja por no h aber mcdi~do previamente recur so ~xtra~r­ dina rio y se aclara además que el objeto de la queJa era la cuesttón de la pcrson~na. 168 Sobre el modelado de nuestro recurso extraordinario en el wnt of error norteamericano véase infra, nota 267 .

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dinario se satisface cabalmente cuando están en juego proble69 mas de gravedad institucional' d La primera afirmación puede ser, i~terpretada en , os sentidos. Desde un punto de vista de mmima, ~~le tan s_olo co~o la enunciación de un principio que , en defimt1va, no t1ene ~as entidad que su similar sobre arbitrariedad de las sentenc1as. La existencia de arbitrariedad también permite la remoción de ciertos ápices procesales que podrían frustrar el control constitucional. Desde un punto de vista de máxima, tiene entidad para arrasar por completo reglas del recurso extraordinario: la presencia de la gravedad institucional hace desaparecer cualquier obstáculo procesal frustratorio del recurso. La segunda afumación es más trascendente todavía. Supone un viraje completo, ya que la función esencial de la Corte es la de resolver recursos extraordinarios portadores de gravedad institucional Quiere decir que esta nueva "llave" del recurso extraordinario pasa a ser más importante aún que la misma cuestión federal pues permite la satisfacción cabal de la función jurisdiccional de la Corte. Si unimos la primera afirmación con la segunda tenemos como resultado que, desde 1960, los arts. 14, 15 y 16 de 1~ ley 48 son una pieza procesal de segunda categoría, removible cuando se torna frustratoria de la cabal misión del n~cur~o extraordinario. A partir de 1960 el recurso extraordmarw estaba preparado para romper los moldes de su ley creado_ra , :charse a _v?~ar libre de sus ataduras procesales y cumplir as1 con su ffilSJOn más trascendente. Tal es el mensaje que este fallo ha dejado. era t~f los hecho~, l_a tan encu~brada gravedad institucional no . ' pues~~ hm1taba -segun surge del considerando 4 2110_ a ; mterp:etacwn de los alcances del art. 10 del decr. ley 5148/55 d ero lo Cierto es_ que el cas_o "Jorge Antonio" permitió la apertur~ S~ s:co J~nsprudencial de proporciones casi inmanejables. 1 a a~ lt~an~dad puede ser descripta pero no definida, la ardad mstltuciO~al no puede ser ni definida ni descripta. ~or o_ pronto, no existe una manera u ni forme de designar el fenomeno. De acuerdo con las reseñas efectuadas por SAHAB 171

tn

169

Fallos , 248:195.

170

Ídem, p. 196.

171

SAHAB , Ricardo J. , El recurso extraordinario por gravedad institur.iona/, Ediar, Buenos Aires, 1978, ps. 37 y as. .

T ¡,;NUENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CO!'iTROL

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SAGÜÉS 172 , además de gravedad instituci~nal ~bié~ se ~~~ ha llamado en otras ocasiones trascendenc1a constltucwnal ; grave trascendencia institucional 17\ notorio interés institucional 175; cuestión institucional seria 176 ; situación que se proyecta sobre la buena marcha de las instituciones 177 ; cuestión institucional de suficiente importancia que autoriza el recurso extraordinario 178 , interés institucional de orden superior 179 , etcétera. Pero, más allá de la denominación, que es en todo caso una cuestión convencional, lo más importante son las funciones que la gravedad institucional tiene en el mecanismo del recurso extraordinario. SAGÜÉS 180 dice que esas funciones son cuatro : a) moderar los recaudos de admisibilidad, lo que se observa especialmente en: 1) sentencias interlocutorias; 2) juicios ejecutivos y de apremio, y 3) recursos que presentan deficiencias formales de interposición; b) crear una nueva causal de procedencia. En estos casos se observa que la presencia de la gravedad institucional sustituye a la cuestión federal propiamente dicha; e) suspender la ejecución de las sentencias recurridas, y d) seleccionar las causas a resolver por la Corte. En este caso, el autor citado se refiere a aquellos casos en que la Corte aplica el mecanismo discrecional de rechazo del recurso extraordinario previsto en el artículo 280 del Código de Procedimientos. Sobre este tema y sus semejanzas y diferencias con la gravedad institucional volveré más abajo 181 . La sola mención de estas cuatro funciones de la gravedad institucional, y especialmente las dos primeras, permiten -como es obvio- dar una idea de la amplitud de espectro de acción que aquélla tiene . La sola presencia de la gravedad institucional permite : a) morigerar los requisitos formales del recurso ,

y

17 ~ SA<;OF:s, Néstor P. , Recurso extraordinario, 3! ed. , Buenos Aires, Astrea, t. 2, p. 368. 7 1 " "Partido Justicialista", Fallos, 263:267 (1965). 1 74 Ver dictamen del Procurador en el caso "Norma Mirta Penjerek", Fallos , 257: 132 (1963). 175 "Bravo c!YPF", Fallos , 253:406 (1962). l7G "Banco Hipotecario Nacional c/Herzinjak", Fallos , 250:431 (1961) . 177 "Hil ario de Pablo", Fallos, 300:417 (1978). 17R "Camilo Moz1.atti", Fallos , 300:1102 (1978). 1 79 "Osvaldo A. Cacciatore", Fallos, 311:593 (1988). LHO Recurso extraordinario , cit., t . 2, ps. 364 y siguien tes . !Rl Infra, g.

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esto es, la sentencia definitiva y el superior tribunal de la causa, y b) sustituir la cuestión federal. Así, la gravedad institucional ha permitido en la práctica que ya no sean necesarios ninguno de los tres requisitos esenciales del recurso extraordinario. Ahora bien, lo más interesante es que la gravedad institucional ha reemplazado a todos los requisitos del recurso extraordinario, pero nadie sabe exactamente qué es la gravedad institucional. O dicho de otro modo, todos tenemos una idea más o menos vaga e imprecisa acerca de que existe gravedad institucional cuando los intereses en juego exceden el ámbito de las partes y se proyectan fuera de ellas 18". Pero el problema es hacia dónde se proyectan esos intereses y cómo impactan para que haya gravedad institucional. Eso no está claro. Se ha dicho que existe gravedad institucional cuando están comprometidas las instituciones básicas de la Nación IRa , o las instituciones fundamentales del país 184 o las bases mismas del Estado ' 8 ~ . También se ha dicho que hay gravedad institucional cuando se trata de la dei.Jida preservación de los principio básicos de la Constitución nacional en casos que conmueven a la sociedad entera !Rfi' cuando está afectada la buena marcha de las instituciones 187 o cuando se trata de un conflicto que afecta a la conciencia de la comunidad 188 • Por último, también existe gravedad institucional cuando se trata de medidas generales que inciden en actividades ligadas al bienestar común 189 , cuando lo resuelto pueda afectar la expedita prestación de los servicios públicos 190 , cuando puede perturbarse el normal desempeño de la actividad educativa del Estado 1 ~ \ cuando se trata 1Rl Así lo ha señn la do la Curte en un caso inmedi ato ante1;or a "J orge Antonio". Me refiero a "Caja de Prev isión Social c/Mcdi caJ S.R.L. ". Fallo< , 247:601 (1960). 183 "La Rinconada S.A. c!Nación Argentina", Fallos , 289:36 (1974); "Corpor ación Argentina de ProducLor es de Carne", Fallos, 292:229 (1975) ; "Pcia. de Corrientes c/Boo", Fallos , 307:973 (1985). 181 "Borgward Argentina S.A. ", Fallos, 23i!::391 (1957). 185 "Hernández c/Nación Argentina", Fallos , 306:250 (1984). 186 "Norma Mirta Penjerek", Fallos, 257:132 (1963). 187 "Hil a rio de Pablo", Fallo s, 300:417 , es p. 420 y 421 (1978). 1 "Camilo Mozzatti", Fallos , 300:1102, esp. 1110 (1978). I A9 ''Cavic c/Navarro", Fallos, 298:732, es p. 73! 0977) . . 100 "Caja de Previsión Social c/MedJcal S.R.L . , Fallos, 247.601 , esp .

(1960~~~ "Municipalidad de Laprida c/UUA", Fallos,

308:647 , esp . 651 (1986).

TENDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL COJI.'TROL

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del deslinde de competencias provinciales o nacionales 192 , cuando se altera la real significación económica de una deuda y se violenta la garantía constitucional de la propiedad 193 , cuando se hallan comprometidas normas sobre seguridad social contenidas en el artículo 14 bis de la Constitución 194 , cuando el exceso incurrido por un magistrado al reconocer una legitimación inexistente se traduce en "tma interferencia en los negocios públicos de evidente importancia y repercusión política y económica H' 5 . Como puede verse, el universo de la gravedad institucional es poco menos que inmanejable en términos metodológicos. Querer clasi!icar y ordenar la gravedad institucional es tan difícil o imposible como contar la abejas de una colmena en pleno movimiento . Zcchariah CHAFEE , en los Estados Unidos, decía con ironía que las cuestiones políticas no justiciables son tan reales como Santa Claus en las tiendas de regalos en Navidad 196 y algo de ese claroscuro entre realidad y ficción envuelve también a la gravedad institucional. Por ello es que se han suscitado críticas tan fuertes como la de CARHIÓ 197 , en \92 "Rodríguez Elízaldc cll3anco Provincial de Salta" , Fallos, 310:295, esp. 301 (1987). 193 "Vaccaro c/Paramio", Fallos, 310:302, esp. 308 (1987). 1~4 "Serb>iO Mac Kcy ZPrnik", Fallos , 311:2242 (1988). 195 "José Roberto Dromi", Fallos, 313:R63 (1990). lOA SomP Problems of Equity (p. 374), citado supra, § 76, a. 111 7 Decía esll' autor hace más de una década: "Primero: A diferencia de lo que ocurre en el t·ecurso ext.raordinario por sente ncia arbitraria que debe considerarse que es fruto de un a interpretación válida de la ley 48 (un caso de 'cuestión f'e dcr,.l ' que remite el art. 14, iuc. 3° de ella), el recurso extraordinario por gravedad institucional, no constituye una interpretación válida de dicha ley sino una dis· torsión del texto de ella ( . .. ) Segundo: Al admitir como fundamento s uficiente del recurso extraordinario la presencia del 'Interés Instituciomll' o de 'Gravedad Institucional' la Corte ha asignado un papel central a un estándar peligrosamente vago, estándar cuya falta de precisión permite que se lo us e para encubrir cualquier tipo de di screpancia valorativa (de naturaleza social, política moral, religi osa, económica etc.) con el contenido ele una decisión sobre cuya validez la Corte tiene la palabra definitiva. 'l'ei·cero: Si las cosas son asf, la conjeturada admisión del 'recurso extraordinario por gravedad institucional' deja completamente indefinidas las fronteras del recurso extraordinario, fronteras que hasta ahora, y pese a la ad· misión del recw·so extraordinario por sentencia arbitraria , estaban aceptablemente determinadas. Cuarto: Que ese estándar vago , impreciso, de contenido mutable, no creaba riesgos muy grandes de inseguridad jurídica en la interpretación ortodoxa del holding de Jorge Antonio , toda vez que alli dicha paula desempeñaba

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contra de un concepto qu e se presenta ciertamdent~ ~;~á~c~ ante una mente ávida por poner orden en el erec o . . a como ha señalado con acierto Alberto A. SPOTA, es una cuestión 199 típicamente política • En mi opinión, y sin perjuicio de volve~ sobre esto ~ás adelante, la gravedad institucional me susc1~a una re~eXlón similar a la de las cuestiones políticas: no es ru buena m mala. En realidad ha resultado inevitable . Que sea buena O mala depende de cómo la emplee la Corte, pero es inevitab:e. por naturaleza. Así como un tribunal no puede -por much1s1mos e indefinidos motivos- fallar en cuestiones no justiciables, la Corte como máximo tribunal de la N ación, tampoco podría ' . en ciertas ocasiones sustraerse al conocimiento de cuestiOnes de gravedad institucional y sí lo hiciera, encerrándose en los moldes rígidos del recurso extraordinario, incurriría quizás en

exceso ritual manifiesto. Hay ciertos temas tan importantes o trascendentes que claman por la atención de la Corte con indiferencia de las fronteras procesales del recurso extraordinario. Naturalmente que dar este paso supone ingresar en un mundo donde la ausencia de andariveles precisos impone una mayor dosis de prudencia en el obrar. e)

REFORMA DEL ARTÍCULO

2 80 DEL CóDIGO PROCESAL CI·

VIL Y COMERCIAL DE LA N ACIÓN Y USO DEL "CERTIORARI". -

Ya me he referido anteriormente a los efectos del art. 280, CPCCN, y al requisito de la trascendencia en el recurso exel papel menor de dar fundamento excepcional a la dispensa de recaudos formales en casos en que había una cuestión federal. Erigido, en cambio en vía a utónoma de acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte, la adopción de ese es tá ndar puede traer muchos más dolores de cabeza que beneficios" (Nuevas fronteras del recurso extraordinario , cit. en nota 163, esp. ps. 226 y 227). 19 8 SAHAB dice que se trata de un escapismo político con traj e jurídico (El recurso PJ:traordinario . .. , cit. p. 35). 199 "Los fueros políticos del recurso extraordinari o -dice el citado profesorentibiados ahora por el recurso d e arbitrariedad que mira más aparenLemen te a lo jurídico que a Jo político, se ve compensada con una nueva causal típicamente política, que habilita en nues tros tiempos al recurso extraordinario. Me refiero al recurso extraordinario por gravedad institucional" (SPOTA, Alberto A. , La Corte Suprema de la Nación como parte del poder político del Estado, LL , t. 1990-B, p. 979, esp . 983) .

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traordinario, de modo que para el análisis de esta norma me 0 remito a lo dicho alH2° • ál. · En lo que aquí interesa y ante.s de entrar en el an lSlS del impacto de la reforma introduc1da por la ley ~3 ·g'!tev~: la pena señalar brevemente el tratam1ento que a o , dado al art. 280 201. En "Rodríguez c_JRo?-rlgu.ez de Schreyer : citado•o• fue planteada la inconst1tuc10nahdad de esta nor :a, lo que ' fue rechazado por el Tribunal. Si bie~ el voto de la mayoría optó por una solución de corte .pro~esa! mvocB?do la introducción tardía del planteo, el voto mmontano suscnto por los jueces Barra, Belluscio y Boggiano reviste interés, pues entra al fondo del problema. Transcribo el considerando 3º, pues allí está, además, la simiente del certiorari de admisión que la Corte consagró poco después 203 : "Que la desestimación de un recurso extraordinario por la sola invocación de una norma procesal y sin dar fundamento alguno, no conculca los derechos constitucionales invocados por la recurrente (arts. 14, 16, 17, 18, 28 y 31, Const. nac.). El art. 101 de la Constitución nacional prevé el ejercicio de la jurisdicción apelada por la Corte Suprema según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso y no se observa irrazonabilidad en la reglamentación legislativa que comporta la norma cuestionada. Por el contrario la norma permite al tribunal ejercer con mayor eficacia su obligación de hacer justicia por la vía del control de constitucionalidad. El cabal desempeño de esta alta misión toma imperativo desatender los planteas de cuestiones aun federales, carentes de trascendencia. Asimismo el art. 280 del código citado permite a esta Corte ejercer su jurisdicción extraordinaria en caso de trascendencia, aun cuando existiera algún obstáculo formal para acceder a la misma. La resolución de temas de notable repercusión institucional no puede quedar vedada al tribunal por incumplimiento de requisitos formales por parte de los interesados en casos cuya gravedad precisamente excede los hechos y las personas directamente involucradas" (el destacado me pertenece). Véase supra, §51. El tratamiento en extenso de esta cuestión puede verse en LEGARRF., Santiago , Rl req uisito de la trascendencia en el recurso extraordinario, Abeledo-Perrot, Bu enos Aires, 1994. 2u~ LL , t . 1993-C, p. 175. 2 03 "Serra c/MCBA", LL , t . 1995-A, p. 401 , con nota del autor. ~oo

~01

CONTROL D~~ CONSTITUCIONALIDAD

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•

El considerando transcripto merece tres comentarios. En primer lugar, es obvio que, aunque haya sido una .expresión minoritaria, traduce el pensamiento general del 'l'nbunal en cuanto a la constitucionalidad del art. 280. Es probable que si se llegara a plantear oportunamente la cuestión y el tribunal tuviera que resolverla optaría por una solución igual; de lo contrario no aplicaría a diario este artículo. En esto coincido con LEGARRE 20"1. No parece razonable especular aquí con la rígida aplicación de la regla jurisprudencia! que prohíbe el control constitucional de oficio y sostener que la Corte no ha entrado en el análisis constitucional del artículo porque nadie se lo ha requerido oportunamente . En segundo lugar, es mencionable también que , aun cuando el artículo 280 autoriza a la Corte a rechazar en caso de ausencia de trascendencia, este voto lo hace imperativo: "el cabal desempeño de esta alta misión torna imperativo desatender los planteos de cuestiones aun federales carentes de trascendencia". Por último, como ya dije , anticipa el certiorari de admisión: "el art. 280 del código citado permite a el>ta Corte ejercer su jurisdicción extraordinaria en caso de trascendencia, aun cuando existiera algún obstáculo formal para acceder a la misma.". Ya veremos, al hablar del certiorari positivo, q~e la. Corte ha empleado el art. 280 no sólo para r~chazar discrccwnalmente, sino también para admitir discreCIOnalmente Clos destacados me pertenecen) . Veamos e?-tonces qué aporte ha realizado la ley 23.774 a los poderes discrecionales de la Corte. Para entender mejor este problema e~plearé otra clasificación de las cuestiones federal~s . Antes h1ce una distinción basada en la intensidad de las .nusmas ; ahora , analicémoslas según el grado de discrecionahd~? que permiten a la Corte. En este caso la clasificación tamb1en ofrece tres categorías de menor a mayor: a) cuestiones fede~ales. propiamente .dichas, que otorgan un bajo grado de discrec~onalidad; b) cuestwnes federales por arbitrariedad de sentencia con un grado relativo de discrecionalidad, y e) cuestiones fede~ales. por gravedad institucional, con un alto grado de discrecwnahdad. La Corte, hasta 1990, había avanzado en estos tres c~mpos ~ se ~abía comportado como una bomba aspirante; es decrr, hab1a ab1erto el recurso extraordinario hasta el límite 204

Ob. cit. en nota 201, p. 17.

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de obviar el cumplimiento de sus requisito e enciales. Tenía una gran fuerza para avanzar, para acaparar. Sin embargo, poseía escasa fuerza para desestimar, para deshacerse de aquellos recursos que no tenía interés en tomar. Para ello debía fundar sus fallos. Si bien había empleado un mecanismo discrecional, el mismo estaba limitado a las cuestiones federales insustanciales, generalmente relativas a la arbitrariedad de las sentencias . Pero nunca podría haberlo hecho ante un planteo federal propiamente dicho. La reforma del artículo 280 trajo ante sus estrados la otra cara de la moneda. A partir de 1990, la Corte es una bomba aspirante e impelente y puede ejercer ambas operaciones con igual intensidad. Puede avanzar hasta los confmes procesales que desee de la mano de la gravedad institucional y puede retraerse todo lo que desea, aun ante la clara presencia de una cuestión federal , si no hay trascendencia. f) EMPLEO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO ''pER SALTUM". -

Poco después de la reforma de la ley 23.774, la Corte estrenó una nueva modalidad de recurso extraordinario que permitió remover el último ápice procesal que quedaba todavía subsistente en el recurso extraordinario. Utilizó lo que en los Estados Unidos se llama certiorari beforejudgement 20\ es decir, resolvió el recurso sin que se hubiera producido sentencia del tribunal superior de la causa. Quedó inaugurado a partir de allí el uso del llamado recurso extraordinario per saltum o por salto de instancia. Como todos recordamos, ello tuvo lugar en el recurso extraordinario interpuesto por el entonces ministro de Obras y Servicios Públicos, José Roberto Dromi, en los autos "Moisés Fontela c/Estado Nacional" 206 • El recurso fue promovido contra la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo interpuesta a efectos de modificar aspectos societarios de la privatización de Aerolíneas Argentinas. La Corte prendió una vez más los motores de su bomba aspirante para acoger favorablemente el planteo del Estado ·~ . Court's Extraordinar-y Pow e r to and M.o.RSHALl.. The Suprcm• o A eals cit. supra. Ul AN<.: Ht , Gmnt Certiorari Bc(ore ,Judgement t n the C~~-~o fpc:~altu'ro en la Corte de los 205

L!NUGRF.N.

Alherto, El certiorari before JUdgemeut o re Estados Unidos , ED , t. 149, p. 787. ~Ofi Fallos, :313:863 ( 1990).

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nacional, y acudiendo a la gravedad institucional profundizó un poco más una doctrina que, a mi juicio, ya estaba P.r~parada para resistir este nuevo ablandamiento de los reqUisltos ~el recurso extraordinario: "cuando las cuestiones federales -d1ce la Corte- exhiban inequívocas y extraordinarias circunstancias de gravedad y demuestren con total evidencia que la necesidad de su definitiva solución expedita es requisito para la efectiva y adecuada tutela del interés general, las importantes razones que fundan la citada exigencia del tribunal superior deben armonizarse con los requerimientos antes enunciados, para que el marco normativo que procura la eficiencia del Tribunal no conspire contra la eficacia de su servicio de justicia al que, en rigor, debe tributar todo ordenamiento procesal" 207. Posteriormente, la Corte intervino per saltum en tres ocasiones más. La primera de ellas tuvo lugar en un célebre caso de tráfico de drogas para evitar la liberación de un grupo de personas vinculadas a esa causa que había sido dispuesta por el magistrado de primera instancia 208 ; luego lo ha hecho en un amparo sindicaP09 , en el caso "Unión Obrera Metalúrgica c!Estado Nacional" 2 10 • Este último caso presenta la singularidad de que si bien el recurso per saltum fue formalmente rechazado, en la práctica se hizo lugar al mismo pero por vía de superintendencia ' 11 , aduciéndose que el magistrado de primera instancia había actuado con exceso de jurisdicción, siendo en consecuencia nulo todo lo decidido por aquél, y por último, igual solución se alcanzó en el caso "Jorge Rodríguez" "'\ vinculado con la privatización de los aeropuertos, al cual he aludido ya varias veces 213 • Mucho se ha escrito 214 y se escribirá probablemente acerca del recurso per saltum, que se presenta desde el punto de vista 201

208

Consid. 52 , 22 párrafo, Fallos, 313:869. Recurso deducido por María Graciela Reiriz y Eduardo Casal en los autos

"Alonso, Jorge", (Fallos , 317:1690 - 1994-). 209 Regido por el artículo 47 de la ley 23.551. HO

Fallos , 319:371 (1996), con nota de Germán J .

. BIDART CAMPOS (

LL t ,

·

1996-D, p . 250l. 2 11 Véase el consid. 9". m Fallos , 320:2851 (1997). 213 Véase supra §§ 72 Y 74: b . sobre el particular cito solamente 214 Entre los mu;hos 'Y va\HlOSOS tra Da.JO~ecurso extraordinario por saLto de los d e largo ahento: CttEO BAY , oracto .,

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teórico y práctico como una herramienta por demás atrayente . Y por cierto que lo es. Todos quienes inician un pleito están dispuestos a transitar el duro canúno que ello implica; están dispuestos a someterse a las reglas procesales que en ocasiones resultan tediosas. ¿Quién no desearía ver su juicio terminado rápidamente con la sola invocación del per saltum? A su vez, desde lo teórico, y en particular como aporte a los poderes discrecionales de la Corte, creo que son varias las reflexiones que esto merece. La primera y más sencilla es que, luego del caso "Dromi ~ ", la Corte ha dejado de lado el último de los requisitos del recurso extraordinario que quedaba por superar. Con la eliminación del superior tribunal de la causa, el último de los ápices procesales frustratorios subsistentes ha sido removido. La segunda reflexión es si verdaderamente el caso "Dromi" constituye un hito en verdad r evolucionario o si el tribunal se ha limitado a aplicar lisa y llanamente la doctrina de la gravedad institucional. Sobre este particular creo que puede decirse, en primer lugar, que la doctrina de la gravedad institucional tenia el potencial suficiente para provocar en algún momento un decisorio como "Dromi". Faltaba la circunstancia que pusiera en movimiento este último resorte. Pero, en segundo lugar, no puede negarse que hasta ese momento la Corte no pareció estar dispuesta a dar el salto de instancia. De hecho, algún sector· minodtario de la Corte ya lo venía propiciando 216 , aun antes del aumento de los miembros del Tribunal, pero ello no había tenido acogida mayoritaria. La presencia de las Cámaras de Apelaciones todavía inhibía -como principio-la intervención directa de la Corte. Este principio fue r emovido en el caso "Dromi", y ello lo convierte en un hito trascendente. La tercera reflexión que deseo apuntar tiene que ver con la perspectiva que ofrece el per saltum . O dicho en forma más sencilla, hasta dónde puede éste llegar. Y aquí entra en juego la fundamentación del caso "Dromi". Voy entonces a re pro15

instancia, Astrea, Buenos Aires, 1990; CARH IO, Alej andro, y GARAY, Alberto F., La jurisdicción "pe•· saltum" de la Corte Suprema, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1991. 215 Fallos, 313:863 (19901. 216 "Scache1i de López", Fallos , 310:2214 (1987), y "Margarita Belén", Fallos, 3ll :1762 (1988) .

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ducir nuevamente el considerando antes transcripto: "Cuando las cuestiones federales -dice la Corte- exhiban inequívocas y extraordinarias circunstancias de gravedad, ~ .demuest~en con total evidencia que la necesidad de su defimtlVa soluc16n expedita es requisito para la efectiva y adecuada tutel~ del interés general, las importantes razones que fundan la cüada exigencia del tribunal superior deben armonizarse con los requerimientos antes enunciados para que el marco normativo que procura la eficiencia del tribunal no conspire contra la eficiencia de su servicio de justicia al que , en rigor, debe tributar todo ordenamiento procesal". Me pregunto a partir de esta afirmación: ¿qué pasaría si el marco normativo que procura la eficiencia del Tribunal cons· pirara contra la eficiencia de su servicio de justicia y fuera necesario no ya saltar la instancia de la Cámara de Apelaciones sino también cualquier otra instancia en aras de procurar la efectiva y adecuada tutela del interés general? O, dicho de otro modo, ¿esta fundamentación permite también al Tribunal intervenir directamente aun antes del fallo de primera instancia? En la práctica ello dependerá de lo que diga la Corte si el caso se presenta. Y en teoría vale la pena tener en mente que la fundamentación expuesta parece no poner límites al Tribunal, el cual, de la mano de esta fundamentación, en el futuro podría no detenerse en pruritos procesales -ni aun los de primera instancia- si fuera preciso tutelar el interés general. De modo tal que, así como sirvió para fundar el salto de la instancia procesal de la Cámara, podría viabilizar también el de primera instancia. Naturalmente que ello tiene en el plano teórico dos obstáculos: a) no hay sentencia de qué agraviarse, y b) se produciría consecuentemente una ampliación de la jurisdicción originaria. Vale la pena recordar que en los Estados Unidos -fuente donde ha abrevado la Corte para éste y otros muchos asuntos- ello no está permitido ni en el plano legislativo 217 ni en el jurisprudencialm. 217 La r egla 11 de Procedimiento ante 1a Corte Suprema en tos Estado Unidos establece expresamente que el certiorari befare judgement sóto puede ser

2 lB

rEsta n.ota continlia en la págin..a siguient

La Corte ha interpretado que ello ampliaria su jurisdicción originaria en "Wheeler Lumber Bridge & Supply Co. v. United States", 281 U.S. 572, 576 (Esta nota con.tinda en la página .'~iguiente.J

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, g) , E:'1PLEO DEL "CERTIORARI DE ADMISIÓN". - Lle am asi al ultimo de los pasos dados por la Corte en este der::ote os Se trata de la aplicación del artículo 280 del Código Proces:~: no ya para. rechazar el . , recurso sino para admitir} o, 1o que su¡.one una mterpre~ac10n extensiva de la regla de discrecionald~d. Esta modalidad ya estaba insinuada, como vimos más ;;rnb~, en el voto de los jueces Barra, Belluscio y Boggiano en ~odnguez c/Rodríguez de Schreyer" 2 19 y estuvo presente también en otros votos de diferentes integrantes del Tribunal 22o producidos a lo largo de 1993, lo que pennitía advertir la existencia de una mayoría informal en favor de su aplicación. Tal mayoría finalmente se hizo presente a fines de aquel año en el caso "Serra c/MCBA" 22 \ en el cual el tribunal , con la firma de los jueces Boggiano (Presidente), Barra, Cavagna Martínez, Fayt, Levene y Nazareno, h izo aplicación del certiorari de admisión y entró a considerar un recurso extraordinario sin sentencia definitiva 222 • El consid. 4Q, que funda esta aplicación del artículo 280, dice: "Que, sin embargo, existe mérito suficiente para habilitar esta instancia a la luz de la interpretación dada en su oportunidad a los alcances de la reforma introducida al art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La finalidad más significativa del nuevo texto es la de destacar el emplazamiento que esta Corte posee en (Continuación de la nota 217.)

concedido en un caso "pe nding in a United States Court of Appeals", esto es, ante una Cámara Federal de Apelaciones. Véanse las Reglas de Procedimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, según su versión hasta marzo de 2001 , e n Federal Civil Judicial Procedure and Hules, West Group , Minncsota, 2001, ps. 528 a 550, es p. p. 531. (Continu.atión de la ttota 2 18.)

(1930); "United States v. Rice", 327 U .S. 742, 747 (1946); "Civil Aeronautic Board v. American Air 1'ransport", 344 U.S. 4, 5 (1952). 219 Fallos, 316:64 (1993). 220 Véase por ejemplo: a) el voto del juez Fayt en "Prunello", Fallos, 315:490 (1992), es p. ps. 492 a 495; b) el de los jueces Moliné O'Connor y Petracchi en "Ekmekdji an c/Sofovich", Fallos, 315:1492 (1992) , es p. p. 1523 ; e) el voto del juez Cavagna Martín ez en "Pazos cfi'rejo", causa P.178.XXXIV, sent encia del 11/3/93 (no publicada en Fallos), y d) el voto de los jueces Cavagna Martínez y Moliné O'Connor en "Cornes c/Massuh S.A.", Fallos, 316:1967 (1993) . 221 Fallos , 316:2454 (1993). 222 Se trataba de una excepción de prescripción opuesta por la demandada , que al no h a ber prosperado en las instancias anteriores permitía la continuación normal del pleito.

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g) EMPLEO DEL "CERTIORARI DE ADMISIÓN". - Llegamos así al último de los pasos dados por la Corte en este derrotero . Se trata de la aplicación del artículo 280 del Código Procesal, no ya para rechazar el recurso sino para admitirlo, lo que supone una interpretación extensiva de la regla de discrecionalidad. Esta modalidad ya estaba insinuada, como vimos más arriba, en el voto de los jueces Barra, Belluscio y Boggiano en "Rodríguez c!Rodriguez de Schreyer" 219 y estuvo presente también en otros votos de diferentes integrantes del Tribunal 220 producidos a lo largo de 1993, lo que permitía advertir la existencia de una mayoría informal en favor de su aplicación. Tal mayoría finalmente se hizo presente a fines de aquel año en el caso "Serra c/MCBA" 221 , en el cual el tribunal, con la firma de los jueces Boggiano (Presidente), Barra, Cavagna Martínez, Fayt, Levene y Nazareno, hizo aplicación del certiorari de admisión y entró a considerar un recurso extraordinario sin sentencia definitiva 222 • El consid . 42 , que funda esia aplicación del artículo 280, dice : "Que, sin embargo, existe mérito suficiente para habilitar esta instancia a la luz de la interpretación dada en su oportunidad a los alcances de la reforma introducida al art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. La finalidad más significativa del nuevo texto es la de destacar el emplazamiento que esta Corte posee en (Continuación de la nota 217.)

concedido en un caso "pending in a United States Court of Appeals", esto es, ante una Cámara Federal de Apelaciones. Véanse las Reglas de Procedimiento de la Corte Suprema de los Estados Unidos, según s u versión ha sta marzo de 2001 , en Federal Ciuil .Judicial Procedure and Rules, West Group , Minncsota, 2001 , ps. 528 a 550, esp. p. 531. (Continuación de la

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(1930); "Unitcd Stntes v. Rice", 327 U .S . 742, 747 (1946); "Civil Acronautic Board v. American Air Transport", 344 U.S. 4, 5 (1952). m Fallos, 316:64 (1993). 220 Véase por ejemplo: a) el voto del juez Fayt en "Prunello" , Fallos, 315:490 (1992), esp . ps. 4!J2 a 495; b) el de los jueces Moliné O'Connor y Petracchi en "Ekmekdjian c/Sofovich", Fallos, 315:1492 (1992), es p. p. 1523; e) el voto del juez Cavagna Ma rtínez en "Pazos ctrrejo", causa P.l78.XX:X1V, sentencia del 11/3/93 (no publicada en Fallos) , y d) el voto d e los jueces Cavagna Martinez y Moliné O'Connor en "Cornes c/Massuh S.A.", Fallos, 316:1967 (1993). 221 Fallos , 316:2454 (1993). 222 Se trataba de una excepción de prescripción opuesta por la demandada, que al no haber prospera do en las instancias anteriores permitía la continuación normal del pleito.

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el orden de las instituciones que gobiernan a la Nación posibilitando que -de una manera realista- su labor pueda ~on­ centrarse en aquellas cuestiones vinculadas con la ~ustodia Y salvaguarda de la supremacía de la Constitución nac10nal. ~o­ metido éste que , desde temprana hora, ~l ~ribu~al ha recon~c1do como el más propio de su elevado m1msteno (Fallos, 1.340, del 17 de octubre de 1864). La reforma tiende, pues, a reforzar el criterio de especialidad que orienta a las funciones de este Tribunal, al hacerle posible ahondar en los graves problemas constitucionales y federales que se encuentran entrañablemente ligados a su naturaleza institucional". A partir de "Serra c/MCBA", la Corte puede emplear el mecanismo discrecional del recurso extraordinario, tanto para rechazar como para admitir, y cabe formular, entonces, dos preguntas: a) si ésta es una aplicación correcta del artículo 280, y b) si era necesario emplear el artículo 280 para ello. En punto a lo primero, me caben serias dudas de que el artículo 280 haya sido diseñado por e1 legislador como mecanismo de admisión del recurso extraordinario. La norma en cuestión es clara cuando dice que "La Corte (. . .) podrá rechazar el recurso extraordinario" (el destacado me pertenece). Nada dice acerca de que podrá "admitir" el recurso extraordinario. Sin embargo, y voy con esto a la segunda pregunta planteada, creo que, para admitir discrecionalmente el recurso extraordinario no era necesario acudir al artículo 280. Desde la creación de la doctrina de la gravedad institucional esto era posible. Pero, claro, esto debía ocurrir solamente en aquellos casos supuestamente extraordinarios en los que se hallaba presente la gravedad institucional. Por el contrario, con la invocación del artículo 280, la Corte obtiene dos efectos: a) logra un marco legal para su actividad, y b) puede utilizar con mayor frecuencia el mecanismo de admisión, ya que en lugar de tener que justificar la gravedad institucional, la cual supuestamente se da en casos muy extraordinarios, puede acudir a la trascendencia, que parece más rutinaria . De hecho, en el caso "Serra" no había gt·avedad institucional alguna, pero sí podía haber trascendencia , entendida en este caso como "los graves problemas constitucionales y federales que se encuentran entrañablemente ligados a su naturaleza institucional". ¿Ha habido entonces un avance real en mate~a de e~p~~o de poderes discrecionales con el uso del certwran de adrms10n

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a partir del caso "Serra"? La respuesta a esta pregunta depende fundamentalmente de lo que entendamos por gravedad institucional y por trascendencia. Si son lo mismo, no ha habido avance alguno. Por el contrario, si fueran diferentes puede haber habido algún incremento. En efecto, la Corte, con mucha anterioridad a la reforma de 1990, utilizaba discrecionalmente su mecanismo de admisión en presencia de la gravedad institucional, de modo que si no hay diferencia alguna entre aquélla y la trascendencia, el único cambio computable es que ahora la Corte se siente respaldada por una norma legal para admitir recursos en forma discrecional. Podría sostenerse , en cambio, que existe una diferencia entre un concepto y otro 223 , y en este caso el avance en los poderes discrecionales dependerá de que la trascendencia sea un concepto menos restringido que la gravedad institucional. Pero evidentemente, y tal como lo he manifestado más arriba, en el estado actual de la jurisprudencia del Tribunal no es posible establecer esta diferencia. Tal vez un desarrollo futuro permita distinguir mejor esta cuestión y evaluar si ha habido o no un avance . Por el momento, y mientras no exista distingo alguno entre gravedad institucional y trascendencia, el mismo no es sustancial. En tal caso, el cambio es cuantitativo en la medida en que la invocación del artículo 280 y la legitimidad que ello otorga puede facilitar un uso más frecuente del mecanismo de admisión. h) FLEXIBILIDAD DEL CONCEPTO "SENTENCIA DEFINITIVA". -

Por último, no puedo dejar de computar la flexibilidad que ha ido adquiriendo con el correr del tiempo el concepto de "sentencia definitiva" a los efectos del recurso extraordinario . Ello también influye ~otablemente en las facultades discrecionales del Tribunal, según intentaré demostrar. . . El artículo 14 de la ley 48, al detenninar los reqUlsltos de admisión del recurso extraordinario, establece.: " ... ~ól.o . po­ drá apelarse ante la Corte Suprema de l~s sentencws ~eft'!'ttw~~ pronunciadas por los tribunales superwres de provmcta · · · · A su vez, el art. 6º de la ley 4055 reza: "La Corte Supre':"a conocerá por último en grado de apelación de las sentencws 223 Véase PALACIO, Lino E., El recurso extraordinario federal , Abeledo-Perrot, Buenos Aires , 1992, p. 204.

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definitivas pronunciadas por las cámaras fed~rales de apelación . por las cámaras de apelación de la ~apttal; por lo~ superi~res tribunales de provincia y por los tnbunales superwres . . , militares ... ". Ahora bien, a partir de la noción de "sentencia defimtlva , entendida como aquella que finaliza el expediente con una decisión sobre el fondo de la cuestión litigiosa en debate y tiene la virtualidad fundamental de agotar la jurisdicción del tribunal que la dicta, o bien como la regla juridica individual determinante de la conducta que han de seguir las partes ligadas al proceso en torno al objeto de la contienda judicial que aquélla ha dirimido 2t 4 , la Corte ha ido elaborando una excepción, el concepto de sentencia equiparable -por sus efectos- a definitiva. Así, a través de una larga serie jurisprudencia!, la Corte Suprema -en el marco procesal del recurso extraordinario- ha definido a la sentencia definitiva y ha ido estableciendo cuáles son aquellas que por sus efectos se le equiparan. De ello surge que sentencia definitiva es aquella que: a) dirime o pone fin al pleito , b) hace imposible su continuación, e) priva al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos, d) impide el replanteo de la cuestión en otro juicio, o e) causa un gravamen de 1) imposible, 2) insuficiente , o 3) tardía reparación ulterior. Es claro enton~es que si bien existen ciertas reglas generales .q.u e nos permtten detectar la presencia de una sentencia defimtJva, es la castústica de la jurisprudencia de la Corte Suprema el factor determinante en este análisis, pues se trata ~e . una cuestión dotada de un alto grado de apreciación subJetiVa, como lo demuestran las disidencias constantes que se anotan en los fallos del Tribunal que analizan este requisito de admisión del recurso. 224 Sobre el concepto de sentencia definitiva, pued e verse: ALSINA, Hugo, Tratado teórico práctico de derecho procesal ci vil y comercial, 2Qed. , Edi ar, Buenos Aires, 1961 , t . rv, p. 57; P ALAC IO, Lino E ., Derecho procesal civil , Abelcdo-Perrot, Buenos Aires, 1986, t. V, ps. 10 y 420; COLUMHO , Carlos J., Cód igo de Procedimiento Civil y Comercial de la Capital, anotado y comentado, Abeledo-P errot, Bueno.s Aires, 1964, p . 480; FASSI, Santiago C., y YM ~z . César D. , Códtgo Procesal Cwtl y Comercial , comentado, anotado y concordado, 3' ed., AstrtJa , Buenos A1~e~, 1988, Carlos E. y ARA~l , Roland , Códtgo Procesal Cw1l Y Co· t . l ' p. 766 .' F FNOCHlt:TTO . ' ' B Ai 1993 mercial de la Nación , comentado y concordado, 2ª ed., Astrea , u enos r es, • t. I, p. 608, entre otras obras.

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La definición jurisprudencia! arriba anotada -fruto de la combinación de muchos pronunciamientos 2~- nos aproxima al tema, co~o todas las de su género, pero en buena medida, al despeJar algunas dudas, nos crea otras muchas, especialmeJ~te en. punt? a lo que ha de interpretarse por un gravamen de 1mpos1ble, msuficiente o tardía reparación. Sin embargo, de ella surge una primera regla básica sobre la cual descansa esencialmente todo el andamiaje del recurso extraordinario en torno a la sentencia definitiva. Esta regla podría ser enunciada así: "para que el recurso extraordinario sea procedente es necesario que la decisión recurrida tenga tal entidad que impida su replanteo idóneo y efectivo en una instancia ordinaria posterior". A modo de mero ejemplo, pues ya he abordado esta cuestión en otro trabajo ~ 26 , y con el objeto de apreciar el grado de discrecionalidad con que actúa la Corte en este terreno, veamos algunos ejemplos de sentencias que han sido consideradas equiparables a definitivas y otras que no. 22ñ Entre otros muchos véase: "Arzobispado de Buenos Aires c/AsLoul ", Fallos , 187:628 (1940); "Yezzi c!Frigorffico Anglo S.A.", Fallos, 191:362 (1941); "María Julia Martinez de Hoz", Fallos, 234:52 (1956); "Otto S. Bemberg", Fallos, 242:460 (195R); "Benjamín Sivak", Fallo.~, 245:204 (1959); "Silvano Santandm·", Fallos, 254:282 (1962); "Felipe E. Gazzera", Fallos, 257 :187 (1963); "Nación Argent~na c/Granadns", Fallos, 266:47 (1966); "Aurora Pérez", Fallos, 271:406 (1968); "Angel Mattei", Fallo s, 272:188 (1968); "Cerdeira dOxhídrica Argentina S.A.", Fallos , 276:257 (1970); "Manzoratte c/Pcia. de Buenos Aires", Fallos, 280:228 (1971); "Jacobo Belozercovsky", Fallos , 292:202 (1975); "Fontana c/Llorentc y Cia. S.R.L.", Fallos , 293 :439 (1975); "González c/Riuland", ídem, p. 534; "Ferrocarriles Argentinos dGandini", id P. m , p. 701; "Ríos c/Sinclicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones", Fallos , 294:313 (1976); "Tagliarini dSur S.A.", Fallos, 295:152 (1976)· "Sindicato Argentino de Docentes Parliculares", ídem, p. 8:38; "Roman von Breve;n", Fallos, 300:1004 (1978); "Gerardo c/Banco de Entre Ríos" , Fallos , 302:252 (1980); "Burger King Corp. c/Facilven S.A.", Fallos, 303:633 (1981); "Greco Hnos. S.A.", ídem, p. 802; "Madariaga Anchorena dNación Argentina", ídem, p. 1040; "Vicente Montañana e Hijos S.R.L.", ídem, p. 1104; "Manzoni de Corti c/Roger Tagliabu e (Suc.)" , Fallos , 304:429 (1982); "OSN c/Galvnlisi", Fallos , 305:1962 (1983); "Martin de Brunt c/Paparas", ídem, p. 1979; "MCBA dClub Atlético Vélez Sársfield", Fallos, 306:865 (1984); "Jorge Rafael Videla", ídem, p. 2101; "Pelesson de Lastra dMCBA", Fallos, 308:135 (1986); "MolLedo dMunicipalidad de Pi.namar", íd. , p . 1832; "Budano c!Facultad de Arquitectura", Fallos , 310:1045 (1987); "Pensalle S.A. c/Nación Argentina", Fallos, 312:2150 (1989), "Luis Alberto Oddone", ídem , p. 2348; "Administración Nacional de Aduanas", Fallos, 316:2063 (1993); "Celina Ferri c/B.H.N.", Fallos, 317:363 (1994). 226 BIA NC HI , Alberto B. , La sentencia definitiva ante el recurso extraordinario, Ábaco , Buenos Aires , 1998.

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La Corte ha dicho que tiene entidad de sentencia definitiva la resolución que: . 1) suspende el pago de prestaciones jubilatorias Y pnva a los recurrentes de sus medios de subsistencia, causándoles un agravio de insusceptible reparación ulterior 227 ; 2) revocó una medida disciplinaria de cesantía, en tanto sus términos excluyen la posibilidad de imponer tal sanción 3) da preferencia a una ley provincial sobre el Código Civil. y decide no dar curso a la demanda sobre reivindicación de un inmueble, en razón de que el título de propiedad presentado por la actora no se halla inscripto en el Registro de la Propiedad de la Provincia 2 ~ 9 ; 4) convierte la sanción de multa impuesta a una sociedad anónima en arresto personal del presidente de aquélla 230 ; 5) declara la inconstitucionalidad de una norma 2 ~ 1 por condicionar la apertura de la vía de revisión judicial al pago previo de la multa cuestionada ~ 32 ; 6) prescinde del régimen establecido por la ley para la revisión judicial de los fallos de la justicia militar, y dispone la obligada intervención de un tribunal administrativo que resulta incompetente para el asunto, originando un dispendio jurisdiccional inútil en perjuicio de la celeridad que debe procurarse en los procesos de índole criminal 233 ; 7) no hizo lugar al pedido de rehabilitación del beneficio de pensión, si la posible reparación del gravamen a través de la reapertura del juicio, computando la edad de la apelante y su comprobada incapacidad actual, resultaría insuficiente por tardia 234 ; 8) rechaza la queja por denegación del recurso local de inaplicabilidad de ley y deja flrme la sentencia de Cámara "Moreno c/Caja Nacional de Previsión", Fallos, 305:307 (1983). "Juan Carlos Sambucctti", Fallos, 314:1251 (1991). 2:l9 "Susso c/Sociedad Compagno", Fallos, 180:21 (1938). 230 "Pampa Editora S.A.", Fallos , 265:281 (1966). 281 El art. 11 , primer párrafo, del decr. ley 18.695170. 23 2 "Adelphia S.A.I.C.", Fallos , 288:287 (1974). El tribunal a quo había entendido que dicha norma restringía irrazonablemente la garantía de la defensa en juicio y la Corte determinó que tal decisión suponía la inaplicabilidad de la norma impugnada, de manera tal que obstaba a la inmediata cjecutoriedad del acto administrativo. 2 3a "Florencia Ibal'ra", Fallos, 308:1960 (1986). 2 4 3 "María Nilda Bailante", Fallos, 311:103 (1988). 227

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en cuanto ~o había hecho lugar al incidente de disminución de cuota alrment~ria,. sin ~eparar en los alcances de cosa juzgada del pronunc1arruento unpugnado y de la imposibilidad de una nueva decisión sobre las circunstancias de hecho al momento de promoverse el incidente ""5 ; 9) declara improcedente un recurso deducido contra un fallo del Tribunal Fiscal si se demuestra que la posibilidad de imponer sanciones a los actores se vería frustrada por la prescripción de la acción penal 236 ; 10) no hace lugar al cuestionamiento de la propia jurisdicción del órgano judicial interviniente 237 ; 11) rechaza el planteo de un embajador relativo a un eventual menoscabo a su inmunidad de jurisdicción, ya que resulta de imposible reparación a través de un ulterior juicio ordinario 238; 12) objeta un nombre partidario, pues si quedara firme afectaría de un modo insusceptible de reparación posterior el derecho de la actora al nombre que distingue y caracteriza su personalidad partidaria 239 ; 13) aplica el decreto ley 4497/57, que exige el previo pago de la multa impuesta por infracción a la ley 12.372, para conceder un recurso 240 , y 14) resuelve no dar curso a las actuaciones por no existir la conformidad expresa del Estado extranjero para ser sometido a juicio, pues priva a los actores de la jurisdicción de los tribunales argentinos para hacer valer sus derechos y, por consiguiente, de obtener el eventual acceso a la instancia federal por agravios de naturaleza consiitucional 2 '11 • Por el contrario, carece de la condición de sentencia definitiva definitiva la resolución que: 1) dispone que la Caja creada por la ley 11.110 no puede , sin juicio previo, suspender el pago de la jubilación ya acordada al recurrente 242 ; 23ó 236 237

238 239 240 241

242

"Horacio Francisco Curcio", Fallos , 311 :1446 (1988). "Eduardo Loussinian S.A. dA.N .A.", Fallos, 305:54 (1983). "Agust!n Ernesto Tiscornia", Fallos , 310:1623 (1987). "Albatros Caraván S .A. c/Dager", Fallos, 312:7!>9 ( l9R9) . "Partido Unión Cristiana Democrática", Fallos, 305:1262 (1983). "Livorno S.A. c/Dirección de Vinos", Fallos, 247 :181 (1960). "Manauta c/Embajada de la Federación Rusa", Fallos, 317 :1880 (1994). "Carozzo dCaja de Jubilaciones", Fallos, 181:34 (1938).

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2) determina que sólo mediante q~er~lla del ele~tor o ~iu­ dadano inscripto en el registro del d1stnto puede_ ms~r-mrse un proceso para investigar supuestos delitos de V1olac10n de urnas en el Correo ••\ 3) confirma la improcedencia decretada por el Tribunal Fiscal de un recurso deducido contra una decisión de la Administración Nacional de Aduanas" 44 ; 4) declara extemporánea la demanda sobre cobro de intereses por mora correspondientes a los certificados provisionales de obra percibidos, en razón de hallarse pendiente de resolución ante dicho tribunal el litigio entre las mismas partes relativo al certificado final de reajuste 245 ; 5) anula la decisión de la Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social, por la cual se deja sin efecto la inscripción, en la matrícula profesional para ejercer la medicina, de un título expedido en el extranjero ~ 4 6 , y 6) dictada por la Cámara Nacional Electoral, dispuso la reapertura de urnas y un nu evo escrutinio, ya que sólo ordena una medida preliminar para decidir posteriormente lo que corresponda 217 . Consideremos ahora algunas reglas adicionales que ayudan a comprender mejor el punto que estoy señalando. 1) La invocación de la arbitrariedad, de la gravedad institucional o del desconocimiento de garantías constitucionales no autori:ta a prescindir del requisito de sentencia definitiva 248 • 243 "Ángel Da niel Cardozo", PaliaN, 180:275 (1!1:38); "Arzuaga c/HclTera", Fallos , 183:29 (UJ39) . 244 "Refinerías de Maíz S.A.", Fallos, 307:1016 (1985). 24 5 "l.T.A.C. S .A. c/Pcia. de Buenos Aires", Fallos , 253:356 {1962). 246 "Sergejew c/Nación Argentina", Fallos, 244 :182 (1959). 2 47 "Jun ta El ectoral Nacional", Fallos , 313 :358 (1990). 24 E sto h a sido señalado por la Corte hasta el harta zgo . Ver, entre otros muchos casos, los siguientes: "Municipalidad de 'fucumán c/Cía. Eléctrica del Norten, Fallos, 184:21 (1939); "Otto S. Bemberg", Fallo~ . 242:460 (1958); "Udaquiola Holmberg c/Saguier de Silva Riestra" , Fallos, 244:536 (1959); "Jaromir Kudrnac", Fallos , 246:58 (1960) ; "Grandí c/BHN", Fallos, 247 :634 (1960); "Heredia c/Cía. Sudamericana BTB S .A.", Fallos , 24!\:402 (1960); "MCBA c!Muzl.,ra Mooney", Fa· llos , 249:469 (1961); "Páez elE m presa de Tran"portes de Santa !<' e", Fallos , 250:473 (1961); "l .T.A.C. S.A. c/PciA . de Buenos Aires", Fallos , 253:356 (1962); "Nación Arg.,ntina c/ Bracamonte", Fallos, 254:12 (1962); "Isaac F. Rojas", Fallos, 256:474 (1963); "Establecimiento Lovaglio S.R.L. c/Pcia. de Salta", Fallos, 262:215 (1965); "Ranieri c/Cía . GP. neral de Fósforos Sudamericana S.A.", Fallos, 267:484 (1967);

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Tampoco lo autoriza la circunstancia de no haberse observado la jurisprudencia de la Corte 249 • 2) Las cuestiones federales resueltas por autos no definitivos durante la tramitación del proceso no habilitan el recurso extraordinario, pues son susceptibles de ser conocidas por la Corte en ocasión del remedio federal que quepa deducir contra la sentencia definitiva 250 • 3) Corresponde equiparar a sentencia definitiva aquellas que originan agravios tales que en la oportunidad procesal en que se los invoca exhiben prima facie entidad bastante para conducir a un resultado diverso del juicio, por lo que de ser "Agente Marftimo del Buque Tahama dCa pitán y Armadores del l:luque Islas Malvinas", Palios, 275 :18 (1969); "Ingenio Hío Grande S.A . c/Naci?n Argentina", Fallos, 276:366 (1970); "Nicolás Giménez'', Fallos , 283:248 (1972); "Angel Ma¡¡¡.¡io", Fallos, 286:240 (l97:i): "Urosso c/Nunmori", Fallos , 288:97 (1974); "Ald o L. Dorio", Fallos, 291:160 (Hl75); "Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda", Fallo8, 292:3:H (1975); "Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos c/Nación Argentina", Fallos, 293:459 (1975); "Díaz de Rruni c/Bruni", Fallo s, 294::{57 (1976 ); "Pelado Viejo S.A. c/Nación Argentina", Fallos , 295:701 (1976); "Pedro Julián Paneth", íd., p. 704; "Ferrari c!Bertetta", Fallos, 296:552 (1976); "Bessio c/Nación Argentina", Fallos, 298:47 (1977); "Roclunan de Blitman c/Gryncwaig", íd ., p. 85; "Roa c!BCRA", íd., p. ll::l ; "Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas", íd., p. 408; "Mercado de Abasto de La Plata c/Pcia. de Buenos Aires", Fallos, 301:859 (1979); "Sandra T. Gianelli", Fallos, 302:345 (1980); "López c/Municipalidad de Catamarca", íd., p. 417; "Lamar S.R.L. c/A.N.A.", Fallos, 304:749 (1982); "1'ransportes Río de la Plata", íd ., p. 1621; "Toublanc c/Lucifora", íd., p. 1717; "Emilio E. Massera", Fallos. 305:1159 (1983); "Martín de Brunt c/Paparas", íd ., p. 1979; "Juan José Lombardo", Fallos, 306:224 (1984); "Monner Sans c/Llaber", íd., p. 299; "Cesio elLa Gran Muñeca S.A.", íd., p. 1679; "Venendal S.R.L. elLa Botica de los Sabores S.R.L.", Fallos , 307 :109 (198!'i); "Selim Saademo", Fallos, 308:1202 (1986); "D.G.!. c/Sánchez Granel", íd ., p. 1230; "Santaella c/Nación Argentina", íd. , p. 2068; "José López Rega", Fallos, 311:252 (1988); "Ricardo R. Balestra", íd. , p. 565; "Ross c/Nación Argentina", íd. , p. 1232: "Cabral c/MCBA", íd., p. 2701; "Femaudo Pruna l:lertot", Fallos , 312:311 (1989); "Pedro Luis Bonis", íd., p. 1891; "Gassman dPcia. de Buenos Aires", Fallos, 313 :227 (1990); "Osvaldo A. Cacciatore", Fallos , 314:657 (1991); "Francisco Ríos Seoane", Fallos, 315:859 (1992); "Video Cable Comunicaciones c/Instituto Nacional de Cinematografía ", Fallos , 316:766 (1993). 24 9 "Gertrudis J:<'ix", Fallos, 228:328 (1954). 250 "David Krasilowsky", Fallos , 244:279 (1959); "Nación Argentina c/Tamet S.A.", Fallo~. 259:65 (1964); "La Holanda Americana Cía. de Seguros S.A.", Fallos, 296:576 (1976); "Roa dBCRA", Fallos, 298:113 (1977); "Sanguinetti c/Nación Argentina", Fallus, 300:1136 (1::178); "Madari aga Anchorena c/Nación Argentina", Fa llos , 303:1040 (1981); "J;loroquímica S .A.",Fallos, 304:153 (1982); "Mario José Franco", Fallos, 305:1745 (1983); "Vicente Cuenze", Fallos, 308:723 (1986); "Dolores Manubcns'', Fallos, 311:667 (1988); "l:apata Timberlake c/Stehlin", íd. , p. 2247 .

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Tampoco lo autoriza la circunstancia de no haberse observado la jurisprudencia de la Corte 249 • 2) Las cuestiones federales resueltas por autos no definitivos durante la tramitación del proceso no habilitan el recurso extraordinario, pues son susceptibles de ser conocidas por la Corte en ocasión del remedio federal que quepa deducir contra la sentencia definitiva 250 • 3) Corresponde equiparar a sentencia definitiva aquellas que originan agravios tales que en la oportunidad procesal en que se los invoca exhiben prima facie entidad bastante para conducir a un resultado diverso del juicio, por lo que de ser "Agente Marítimo del Buque Tahama c/Capitán y Armadores del Buque Islas Malvinas", Fallos, 275:18 (1969); "Ingenio Río Grande S.A . c/Nación Argentina", Fallos, 276:366 (1970); "Nicolás Giménez", Fallos, 283:248 (1972); "Ángel Maggio", Fallos, 286:240 (1973); "Grosso c/Nunnari", Fallos, 288:97 (1974); "Aldo L. Borio", Fallos , 291:160 (1975); "Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda", Fallos, 292:331 (1975); "Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos c/Nación Argentina", Fallos , 293 :459 (1975); "Díaz de Bruni c/B runi", Fallos, 2Y4:357 (1976); "Pelado Viejo S.A. c/Nación Argentina", Fallos, 295:701 (1976); "Pedro Julián Paneth", íd., p. 704; "Ferrari c!Bertetta", Fallos, 296:552 (1976); "Bessio c/Nación Argentina", Fallos , 298:47 (1977); "Rochman de Blitman c/Gryncwaig", íd., p. 85; "Roa c!BCRA", íd., p. 113; "fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas", íd., p. 408; "Mercado de Abasto de La Plata c/Pcia. de Buenos Aires", Fallos, 301:859 (1979); "Sandra l. Gianelli", Fallos , 302:345 (1980); "Lópe1. c!Municipalidad de Catamarca", íd., p. 41 7; "Lamar S.R.L. c/A.N.A.", Fallos , 301:749 (1982); "Transportes Río de la Plata". íd ., p. 1621; "Toublanc c/Lucifora", íd., p. 1717; "Emilio E. Massera", Fallos, 305:1159 (1983) · "Mal'lín de Brunt c/Paparas", íd., p. 1979; "Juan José Lombardo", Fallos , 306:2Ú (1984); "Monner Sans c!Llaher", íd. , p. 299; "Cesio elLa Gran Muiíeca S.A.", íd .. p. 1679; "Venendal S.R.l.. elLa Kotica de los Sabores S.R.L.", Fallos , 307:109 (1985)· "Selirn Saademo" F'_allos , 308 : 12~,2 (19 6); "D.G}. c/Sánchez Granel", íd., p. 1230; "Santaelln c/Na: c16n Argentina , íd., p. 2068; José López Rega", Fallos, 311:252 (1988); "Ricardo ~- Balestra",}d., p. 565; "Ross c/Nación Argentina", íd., p. 1232; "Cabra! c/MCBA", ~d., p. 2701; "Fernando Pruna Bertot", Fallos , 312:311 (1989); "Pedro Luis ilonis", 1d., p. 1891; Gassman c/Pc¡a, de Buenos Aires" Fallos 313·227 (1990)· "O Id A· CacctaLore · ", ralos "' l , 314:657 (1991); "Francisco • · , sva o Ríos• Seoane", Fallos, 315:859 (1992), "Vtdeo Cable Comurucac10nes c/Instituto Nacional de Cinematografía" Fa llos, 316:766 (1993). ' ~ 4 9 "Gertrudis Fi.x", Z.'allos , 228:328 (1954). S A ,~; ;~Dav~~ K;asilo':sk(, Fallos , 244:279 (1959); "Nación Argentina c/Tamet 296;576a(l~s76)· "R~ (~6~~a }!:~~ando ~ericana Cía. de Se~uros S.A.", Fallos,

9 1 gentin~"· Fallo~, 300~1136 (197,8);~~:da r~!~~ !~~~~:~~:~~!~:::~~ ~~~~~ ~~~ 2

Fr

llo,s, 3.0d:l040 (1981); "l!loroquímica S.A.", Fallos, 304:153 (1982)· "MJo José n co . l
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mantenidas se generarían consecuencias de insuficiente o imposible reparación 251 • 4) El criterio para arribar a la calificación de sentencia definitiva, a los efectos del recurso ordinario de apelación 252 • es más estricto que el admitido en el ámbito del recurso extraordinario '":¡. 5 ) Procede el recurso extraordinario contra toda decisión -aun las no definitivas- que desconozca los efectos de la cosa juzgada, atento el carácter constitucional de ésta 251 • 6) Es improcedente el recurso extraordinario respecto de sentencias incompletas 255 • 7) E s inadmisible el recurso extraordinario que no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a taP 56 , pero la sola circunstancia de que el agravio sea irreparable no resulta suficiente para habilitar la instancia extraordinaria, pues se requiere que se halle involucrada en el caso alguna cuestión de naturaleza federal o que el agravio se funde en la arbitrariedad de la sentencia 257 • De lo dicho se tiene que, a los efectos de la apelación extraordinaria, puede obtenerse una sentencia equiparable a defi2~1 "Clodomiro Chazarreta", Fallos, 303:R57 (1981); "Aída Rodríguez de Dinapoli", Fallos , 306:1312 (1984); "Santos c!Valentini", Fallos , 307:282 (1985); "MCBA cll:tchevarne", íd., p. 1179; "Paladini c/Banco Comercial de La Plata", Fallos, 310:276 (1987); "Ferná ndez Propato elLa Fraternidad", id., p. 937. 252 Art. 24, inc. 6º, ap . a, del decr. ley 1285/58. Z53 "Cía. Swift de La Plata S.A.", Fallos, 310:1856 (19!:!7); "Consorcio Damnificados de Promobra c/B.H.N .", Fallos , 311:2034 (1988); "Instituto de Servicios Sociales Banca1ios c!Banco de Crédito Provincial S.A.", Fallos , 312:745 (1989); "Ranco del Chaco c!BCRA", Fallos, 315:47 (1992). Por ello se ha dicho que el auto de sobreseimiento definitivo no es la sentencia definitiva "n el proceso ordinario mencionado en el art. 26, segun da parte, del decr. ley 1285/fiS, "Oliva Paz c/Con ·eas Moya", Fallos, 243:13 (1959); "Meschini c/Banco Hipotecario Nacio na l", Fa· llos, 317:777 (1994), LL, t. 1995-A, p. 304; "Celina Ferri", JA , t. 1994-IV, p. 234. 2 1 rel="nofollow">4 "Osear Juan Plaza", Fallos, 308:84 (1986); "Acindar S.A. e/Administración Nacional de Aduanas", Fallos , 311:651 (1988); "Ca pon Bonell S.A. c/Papcl Prensa S.A.", fd., p. 681. De todos modos, se ha dicho - bien que en un fallo varias décadas anterior- que si el rechazo de la defensa de cosa juzgada no term in a el juicio, ni produce agravio 4ue no ~ea subsanable en las instancias ordinarias, no procede el recurso extr aordinario ("Gardey c/Gardey", Fallos, 215 :111 -194R-l . 2~5 Tal por ejemp lo es la decisión que declarA la procedencia del pago de los gravámenes de se llos y de justicia, sin especificar su monto ni el período a que corresponden, "Antonio S. Latorre c/Colombo y Cia.", Fallos , 252:236 (1962). En igual criterio, "Francisco Ríos Seoane", Fallo~ . 315:859 (1992). 2 56 "Cabrera c/Jo'errocarriles Argentinos", Fallos, 314:184 (1991). 257 "Jorge Omar Gundin", Fallos, 314:451(1991).

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nitiva en cualquier etapa del proceso, siempre y cuando se dé alguno de los requisitos arriba mencionados. Puede haber entonces resoluciones de tal naturaleza que sean tanto anteriores como posteriores a la definitiva propiamente dicha. Y puede haberlas también en procesos que de ordinario no generan cosa juzgada material; así, por ejemplo, los procedimientos ejecutivos. En otras palabras, en cualquier proceso, con independencia de su naturaleza y con prescindencia de la etapa en que se encuentre la causa, puede generarse , en teoría, una resolución equiparable a definitiva y como tal, habilitante del recurso extraordinario. Tal como ha dicho la Corte, si bien las cuestiones de índole procesal que no resuelven el fondo de la cuestión controvertida no son impugnables por la vía del recurso extraordinario, cabe equipararlas a un pronunciamiento definitivo cuando concurre un supuesto de privación de justicia que afecte en forma directa el derecho de defensa en juicio 258 , o bien cuando el derecho de defensa en juicio comprometido exige una consideración inmediata, en tanto constituye el recurso extraordinario la única oportunidad para su adecuada tutela 259 . Todo ello le otorga a la Corte una amplia posibilidad de apertura del recurso extraordinario. i) CoNCLUSIONES. - Con el objeto de seguir un orden metodológico, formularé las conclusiones en el orden propuesto al comienzo. La primera de las cuestiones a analizar era si puede considerarse en la actualidad que, por su cantidad y calidad, la discrecionalidad se ha convertido en la regla de actuación de la Corte. Para responder este primer interrogante creo que es necesario: 1) hacer un balance del alcance de los poderes discrecionales del Tribunal, y 2) verificar la gravitación cualitativa y cuantitativa del recurso extraordinario en la jurisdicción de la Corte, pues es naturalmente en el marco procesal de este último donde aquéllos son ejercidos. En punto a lo primero, la conclusión evidente es que, tanto para admitir como para rechazar el recurso extraordinario, la "El Tambolar c/Fisco Nacional" , Fallos , 316:1930 (1993). "Consultores Asociados S.A. c/Munici palidad de Cip olletti", Fallos, 317 :826 (1994). 2G8

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Corte está dotada hoy de amplios poderes discrecionales. En esto ha superado en alguna medida a su similar de los Estados Unidos. En efecto, la Corte norteamericana está facultad~ también para rechazar discrecionalmente el_ w;it of certioran. _Como bien sabemos, la Regla 11 de procedlllliento ante e~e Tri_hunal establece que "(l)a revisión por vía del writ _of ce:t~~r?-n,no es una cuestión de derecho, sino de discrecionahdad JUdicial . Aun así, tiene algunas limitaciones para admitir un writ o( certiorari cuando no están dados los requisitos del mismo. En primer lugar, desde el punto de vista de la calidad de la sentencia recurrida, la Corte sólo está autorizada a revisar sentencias no definitivas si provienen de cortes federales "61 , pero no cuando se trata de decisiones de tribunales estatales 262 • En segundo término, desde el punto de vista del tribunal que emite la sentencia, se observa una limitación similar. La Regla 10 de procedimiento ante la Corte Suprema sólo prevé que el certiorari before judgement sea planteado en un caso ante una Cort.e de Circuito (U.S. Court of Appeals), pero no está previsto que este mecanismo pueda utilizarse en los casos pendientes ante tribunales locales, donde rige la regla del "highest court of a state" (superior tribunal del estado) 26". La Corte Suprema argentina, por el contrario, ha logrado remover todos los ápices procesales del recurso extraordinario tanto para rechazarlo como para admitirlo. En punt.o al rechazo, existe el artículo 280, que , como vimos, también se aplica para la admisión. Pero aun sin este uso "discrecional" de la norma, la Corte había logrado, mucho antes de su vigencia, diseñar un sistema de admisión que prácticamente no poseía fronteras procesales. Con la sentencia arbitraria había ensanchado ampliamente la cuestión federal, extendiéndola a la revisión del derecho común y de los hechos. Esto se amplió más aún con la gravedad institucional, la cual, a su vez, removió la necesidad de la sentencia definitiva y anticipó la eliminación 260

Véanse estas reglas en Federal Civil Judicial Procedure and Rules , cit.,

esp. p. 531. 261

. Véase la Sección 1254 dd Título 28 del Uniled Statcs Codc en el lugar e1tado en nota anterior, en p. 825. ~: Sección 1257 d~l cuerpo .normativo citado en nota anterior, en p. 813. Secc~ón 1~57 . Ti t. 28, USC . En los Estados Unidos no existe la rigidez sobre el supenor tr1bunal de la causa impuest.a aquí pol' los casos "Strada" Fall 0 s

308:490 (1986) Y "Di Mascio" , Fallos, 311:2478 (1988).

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del superior tribunal de la causa, lo que finalmente quedó cons~grado con ~l ~ecw:so per saltum. Y todo ello ha tenido lugar sm que se d1stwgwera la calidad federal o local del tribunal de origen. Desde el punto de vista de la incidencia del recurso ex~raordinario en la Corte, el análisis debe comprender: a) su Importancia institucional, y b) la carga material o cuantitativa que aquél representa en la tarea del Tribunal. En punto a lo primero, es evidente que la Corte Suprema l:ll:> tal y se manifiesta como tal a través del recurso extraordinario, que constituye la vía procesal por excelencia del control de constitucionalidad. Si bien la Corte no limita su función de intérprete final y guardiana de la Constitución solamente a los casos en que conoce por vía extraordinaria, sí, en cambio , es cierto que esta función es típica de este recurso . En punto a lo segundo, las estadísticas revelan que la mayoría de los casos llegan a la Corte por vía extraordinaria, ya sea a través de recursos concedidos o por vía de la queja. Si tomamos, por ejemplo , guarismos de hace más de una década elaborados por el FORES 2A\ tenemos que en el mes de agosto de 1984 el recurso extraordinario por cuestión federal propiamente dicha ocupaba el 6.9% de los casos y el recurso extraordinario por arbitrariedad de sentencia el 69,3%, lo que, en suma, representaba para este recurso un Lotal de 76,2 % de la tarea del Tribunal. A su vez, si nos atenemos a estadísticas más recientes , observamos que en 1993 , del total de causas en trámite ante la Corte, el 92 % de ellas correspondía a recursos extraordinarios (16,5 % de recursos extraordinarios y 75 ,5 % de quejas por recursos denegados)2 65 • En suma , y en función de lo demostrado hasta aquí, no creo de scabellado sostener que, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, la discrecionalidad se ha convertido en la regla de actuación de la Corte Suprema. Es obvio que existen áreas en las cuales el obrar es reglado, tales como 2fi4

Véase el estudi o r ealizado para el FORES por los doctor es Horacio Lynch

y Silvana Sta nga , titul ado Reformas en la Corte S uprema (Jnuestigación sobre

la s condiciones de tmbajo, cu mplimiento de s u labor y propuestas pa ra su reor· ga.nización), l:luenos Aires, abril de 1987 , ps. 1 a 3. 265 E stas cifras figuran en la obra de CAVAGNA M ARTfNEZ, B IELSA y GRANA citad a supra en nota 19 , ps. 177 y 178.

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la jurisdicción originaria, las competencias o los recursos ordinarios. Pero todos ellos son cuantitativamente · · · y cualitativamente secundarios. En segundo lugar me había propuesto analizar en qué siste en la actualidad el recurso extraordinario, y cuál es papel en el control de constitucionalidad y en el rol de la Corte. Y lo primero que debemos tener presente en este es que ya no estamos más ante el recurso extraordinario de los arts. 14, 15 y 16 de la ley 48. En los Estados Uni el antiguo writ of error legislado en la sección 25 de la Act de 1789 -de donde fue tomado básicamente lo que uu;:.u •...llamamos recurso extraordinario 267 , usando una que la ley no emplea 2Ra_ ya no existe. Fue reemplazado por el writ of certiorari en 1925 269 . Esta que los norteamericanos hicieron por ley, aquí fue hecha vía jurisprudencia!, sin derogación de las viejas reglas 266 En 1993, la competencia originaria del 'l'ribunal ocupó el 5,5% de asuntos, las cuestiones de competencia el 2% y el recurso ordinario el 0,5% VAGNA MARTINEZ, BI ElliA y GAAÑA, oh. cit., p. 177). 267 La Judiciary Act sancionada en los Estados Unidos el 24 de ~"!'""""'• de 1789 (1 U.S. Statutes, 73) fue una de las fuente s inspiradoras de 48. En particular y en lo que aqu( interesa, la Sección 25 de aquélla, que sobre el llamado writ of error, fue prácticamente volcada en los arts. 16 de nuestra ley, convirtiéndose así en lo que posteriormente se denominó extraordinario" (acerca de esta denominación, véase la nota siguiente). sido reconocido por nuestra Corte Suprema en "Banco de la Nación 'u'"'" .... c/Gianelli", Fallos, 101:70, 79 (1904) y está asimismo reconocido por nuestros tares. Entre ellos, puede verse EsPIL, Felipe, La Suprema Corte federal y risdicción extraordinaria, Coni Hnos., Buenos Aires, 1915, p. 11 , y SAG O~;s, tor P., Recurso extraordinario, cit. en nota 172, t. 1, p. 237 y siguientes. 268 La Corte, en el caso "Galán c/Gobierno de la Nación", Fallos, 213 (1949), explicó que "si bien ni en la Constitución anterior, ni en las leyes cedentemente citadas -48 y 4055- figura la expresión 'recurso ext;rac>rdinal1i.o la Constitución actual (la de 1949) no lo define , una inveterada y la doctrina pertinente sin excepciones la emplean para denominar al que excepcionalmente se acuerde ante esta Corte para asegurar la primacía de la Conatitución y determinar la inteligencia de los tratados , las leyes federales y lu comisiones ejercidas en nombre de la autoridad nacional" (p. 317). 2 69 Si bien el writ of certiorari se origina en la Euarts Act de 1891, su uso se extendió notablemente en 1925 con la sanción de la Judiciary Act de ese año, denominada el Bill de los jueces (Judge's Bill) impulsada por el entonces presidente de la Corte, William Taft, con el propósito de aligerar la carga de trabajo del Tribunal (véase: BLANCHI, Alberto B., Jurisdicción y procedimientos . .. , cit., p . 118 y siguientes.

TENDEN CIAS JURIDICO-POLITICAS DEL CONTROL

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sales del "recurso de apelación", establecido en la ley 48, Y como tal no~ cuesta entender y admitir que ha tenido lugar. Pero ello es un hecho. No podemos pretender que el recurso extraordinario sigue gobernado por lo que dice la ley 48 cuand_o solamente una ínfima parte de todos los "recursos extraordinarios" que se presentan están ubicados técnicamente allí. En consecuencia, podemos continuar usando convencionalmente la denominación "recurso extraordinario", en la medida en que ello no nos impida advertir que los cambios producidos en su estructura procesal desde 1863 hasta la fecha nos ponen ante una criatura procesal de proporciones completamente diferentes. Como tal, su rol en el control de constitucional es completamente diferente. Lo que bajo las reglas de la rígida ortodoxia procesal de la ley 48 suponía básicamente un acto de comprobación de la legalidad constitucional de normas y actos de gobierno, se ha transformado en una múltiple gama de actividades que le permiten a la Corte decidir con entera libertad si entra o no en el análisis de la Constitución cuando éste le es requerido, pero no solamente para extender un certificado de validez constitucional o de defunción de tal o cual norma, sino -y principalmente- para poder desarrollar su misión institucional como poder del Estado, fijar políticas, ejercer una función educadora, y ser sin dudas uno de los árbitros principales de la comunidad que gobierna . Esto último es de gran importancia . El rol de la Corte Suprema como árbitro de los diferentes intereses que cohabitan en una sociedad fue puntualizado por el Chief Justice Earl Warren en 1968 270 , y supone la necesidad de equilibrar los derechos de las mayorías y minorías. Es que a partir del uso de poderes discrecionales -lo que le permite ampliar o restringir su jurisdicción a voluntadla Corte pasa a tener una flexibilidad similar a la que poseen los restantes poderes. No actúa de oficio y sigue sujeta, claro está, a la regla del caso, pero puede, si quiere -como ocurre en los Estados Unidos-, decidir menos de 150 casos por año 271 , elegir el número ideal de sentencias que puede dictar y concentrar así su interés y sus esfuerzos solamente en aquellos asun270 "The Philadelphia lnquirer ", 4/10/1968, cit. por ABRAHAM , Henry H ., The Judiciary. Th e Suprem e Court in the Gouernmental Process, 10th ed., New York Univer sity Press, New York, 1996, p. 97 . 271 Véanse las cifras que he consignado en nota 133.

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

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tos de verdadera trascendencia nacional. De allí que ABRAliAM le reconozca su función como ~rof~~o~~2 en un manente seminario nacional de la Const1tuc10n · El Congreso de la Nación no le otorgó hasta 1990 iguales a la Corte Suprema. Pero ell a no tuvo incon en atribuírselos merced a los poderes implícitos que el posee m . De tal suerte, la Corte argentina, si quisiera, aplicar rígidamente la regla de la trascendencia y elegir mente aquel pequeño número de casos. No hace falta reforma legislativa ni es preciso modificar la hoy existente para que la Corte argentina resuelva 200 por año o el número que ella quiera. Sin embargo, hasta presente, ha preferido en la práctica seguir conduciendo el curso extraordinario por carriles más tradicionales y bajo una síntesis que combina el antiguo writ of error con actual certiorari . Pero no caben dudas de que tiene todos elementos legales y jurisprudenciales para volcarse de hacia este último si lo desea. Ha preparado el terreno para este emprendimiento a lo largo de los últimos años . Hacerlo o no depende solamente de su voluntad; vez más , de sus poderes discrecionales .

B)

E L CONTROL CONSTITUCIONAL Y SUS TENDENCIAS HISTÓRICAS

§ 120. Una síntesis histórica

Ubicada la Corte Suprema en su enclave institucional descriptos sus poderes discrecionales, me ocuparé ahora ' relato histórico del constitucionalismo con el ánimo de el papel que al control constitucional le ha cabido en este sarrollo. a) PREHISTORIA E HISTORIA DEL CONSTITUCIONALISMO. PERÍODOS. El desarrollo histórico del derecho consti Henry H .. The Judiciary, cit. en nota 27 0, p. Véase supra § 14.

272 ABIUIHAM, 273

96.

TENDENCIAS JURfniCO-POLITICAS DEL COh"TROL

351

nal tal como lo conocemos y lo practicamos hoy en día, tiene ind~dablemente una prehistoria y una historia . La primera -que se desarrolla preponderantemente en Inglaterra- corre desde la sanción de la Carta Magna, el más antiguo de los documentos constitucionales todavía vigentes, y llega hasta 1689, cuando la Gloriosa Revolución desalojó del trono a Jacobo II para colocar en él a su hija y a su yerno, quienes ciñieron conjuntamente la corona como Guillermo III y María II. Despojados del poder divino por la Revolución, gobernaron como monarcas constitucionales, todo lo cual fue debidamente justificado por John Locke en sus célebres estudios 271 • Este hito revolucionario, sumado a los ocurridos en los Estados Unidos y Francia en la segunda mitad del siglo XVI!I, da comienzo a la historia del derecho constitucional, la que puede ser dividida en cuatro etapas: a) formativa; b) de la libre empresa; e) de la preocupación social, y d) del derecho constitucional internacional. La primera corre a lo largo de unos cien años, desde fmes del siglo XVl!l hasta aproximadamente 1870, y nos ofrece un derecho constitucional preocupado básicamente por el objetivo de poner las bases del estado sobre el modelo de la Constitución. Es la etapa formativa del derecho constitucional. La segunda, que se inicia aproximadamente al comienzo de la década de 1870, se extiende a lo largo de prácticamente cincuenta años, hasta 1930, y está marcada -en su esencia- por el libre juego del mercado y el triunfo de la propiedad individual entendida como un derecho casi absoluto. Puede ser considerada la etapa del derecho constitucional de la libre empresa. La tercera arranca en 1930, y gobierna también por espacio de cincuenta años, hasta comienzos de la década de 1980. Es la etapa de lo que podríamos llamar de manera muy generalizada la preocupación social del derecho constitucional, que por supuesto excede en mucho las fronteras de la mera protección de los derechos laborales o de la seguridad social. La cuarta etapa que actualmente transitamos nos ofrece los desafíos de un mundo política y econórrlicamente globalizado, en el cual el derecho constitucional experimenta la necesidad de acomodarse a las exigencias comunitarias . Nos encontramos entonces con la con~ 74

Ya me he ,·cfe rido a esLa cuestión supra, § 3, e.

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CONTROL DE CON STITUCIONALIDAD

solidación de lo que podria denominarse el derecho constitu·

cional internacional. Sin perjuicio de lo dicho, no está de más recordar todo intento por dividir un período de la historia en eta tiene una finalidad meramente metodológica, no científica. toda división que se formule es convencional y no supone encontrado etapas que son perfecta y nítidamente entre sí. Es probable, en consecuencia, que en cada una liemos elementos de las otras, al menos de las más ru;!U·llll<- . b) LOS SIETE MODELOS CONSTITUCIONALES DE 'fRIBE.

Antes de comenzar este análisis, quiero mencionar en palabras los siete modelos históricos a través de los Laurence H . TRlBE 275 describe el desarrollo constitucional los Estados Unidos. Si bien se trata de una división ficamente norteamericana, veremos que tiene ciertas -.v'""........._ cias con la más sencilla división en cuatro etapas que nr.nn.n'""• para todo el derecho constitucional. El modelo I, denominado "de la separación de corre esencialmente en el período comprendido entre la del Chief Justice Marshall y la Guerra Civil (1801-1865) y hoy importantes influencias. Es la era del predominio de ideas liberales de Locke y Montesquieu, donde se creía todo el poder derivaba del pueblo y debía ser ejercido sólo preservar sus libertades individuales. Ello se logra :>uJ.GUJ.u::a&UI!I merced a la contención del poder a su morigeración y la de lograrlo es dividiéndolo, horizontal y verticalmente . Lo trario es la tiranía . Adicionalmente, esta división del debía estar acompañada de un Bill of Rights , que fue nado en 1791 , con las diez primeras enmiendas de la titución , para prevenir los abusos del gobierno federal. No logró, sin embargo, pese a la insistencia de Madison ante 275 Lauren ce H . T1UDF. tiene a su cargo la cátedra de derecho COI:tStltUClOII• en l a Universidad d e Harvard (Ralph S . 'I'yler, Jr., Professor of L.onst.¡ ¡;u iOUJ:. _ Law ), y fue considera do en 1985 por la revi st a "Time" uno de los diez juristas de los Est ados Unidos. Une a su vida académica una activi dad pro•fesioa .. destacada como abogado, defendiendo casos en la Corte Suprem a , a nte trado s ha tenido éxitos de importancia. Una de sus últimas intervenciones lugar como abogado de Al Gore en su di sputa judicial por la presidencia George W. Bush, "Bush v. Gore", 121 S.Ct. 525 (2000).

TENDENCIAS JUR.iDICO-POLITICAS DEL CONTROL

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Senado, sancionar un estatuto ~imilar an prov•mc;.s,.. r~,.,1 roa•~ los estados, lo que apenas tuvo Jugar con Ja Decimocuarta Enmienda en 1868 27 6 • Las bases del modelo II comienzan a echarse luego de la Guerra Civil. Es el modelo de las limitaciones implícitas del gobierno en la regulación de los derechos individuales, especialmente la libertad contractual y la propiedad. Los problemas centrales que se presentan en este período son, por un lado, que los estados no invadan la esfera individual y, por el otro, que el 277 gobierno federal no afecte la autonomía de los estados • El acta de nacimiento de este período son los llamados Slaughterhouse cases, o casos de los mataderos de Louisiana, de 1873 m. En ellos se estableció que la legislación de Louisiana, que fijaba actividades monopólicas privadas sobre los mataderos, no era inconstitucional 279 • Como puede verse, se trata de una época de primacía de la libertad contractual individual. El fallo que mejor caracteriza al período es, sin dudas, "Lochner v. New York" 280 , al que me referiré con algún detalle más abajo 28 1 • El modelo II se agota en la década de 1930, con la gran depresión económica que sobrevino luego de la quiebra de la Bolsa de Nueva York en 1929 2 H2 • Su acta de defunción puede hallarse en varios casos resueltos por la Corte entre 1934 y 1937. Así por ejemplo, en contraste con la libertad contractual absoluta reinante en el período anterior, fue declarada constitucional la ley de moratorias hipotecarias de Minnesota 28", la ley de precios máximos para la leche de New York 284 y la ley de salarios mínimos para mujeres del estado de Washingt on ~ 5 . E ste cam b'10, que Holmes ya proponía desde comienzos de

2

American Constitutional Law, ob. cit., ps. 6 a 9. American Constitutional Law, ob. cit. , ps . 10 a 12. 278 83 U.S. 36 (1873 ). 279 Se garantizaba a una corporación privada un monopolio sobre la actividad por el término de 25 años. 2RO 198 U.S. 45 (1905). 2 ~ 1 Véa se infra § 124. 282 Sus detalles y análisis puede verse en GALllRAITH, J oh.n K. , The Great Crash 1929. He consultado la edición de Penguin Books, Londres, 1992. 283 "Home Building and Loan Association v. Blaisdell", 290 U.S. 398 (1934). ~84 "Nebbia v. New York", 291 U.S. 502 (1934). 285 "West Coast Hotel v. Parrish", 300 U.S. 379 (1937 ). 276

27 7

'l'F.NDENCIAS J UR!DICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

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Senado, sancionar un estatuto similar en prevención del poder de los estados, lo que apenas tuvo lugar con la Decimocuarta Enmienda en 1868 276 • Las bases del modelo II comienzan a echarse luego de la Guerra Civil. Es el modelo de las limitaciones implícitas del gobierno en la regulación de los derechos individuales, especialmente la libertad contractual y la propiedad. Los problemas centrales que se presentan en este periodo son, por un lado, que los estados no invadan la esfera individual y, por el otro, que el gobierno federal no afecte la autonomia de los estados 277 • El acta de nacimiento de este periodo son los llamados Slaughterhouse cases, o casos de los mataderos de Louisiana, de 1873 278 • En ellos se estableció que la legislación de Louisiana, que fijaba actividades monopólicas privadas sobre los mataderos, no era inconstitucional 279 . Como puede verse, se trata de una época de primacía de la libertad contractual individual. El fallo que mejor caracteriza al período es, sin dudas, "Lochner v. New York" 280 , al que me referiré con algún detalle más abajo "81 • El modelo II se agota en la década de 1930, con la gran depresión económica que sobrevino luego de la quiebra de la Bolsa de Nueva York en 1929 282 . Su acta de defunción puede hallarse en varios casos resueltos por la Corte entre 1934 y 1937. Así por ejemplo, en contraste con la libertad contractual absoluta reinante en el período anterior, fue declarada constitucional la ley de moratorias hipotecarias de Minnesota 283 , la ley de precios máximos para la leche de New York"114 y la ley de salarios mínimos para mujeres del estado de Washington 28 G. Este cambio, que Holmes ya proponía desde comienzos 276

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Americar¡ Constitutional Law , ob. cit., ps. 6 a 9. American Constitutional La w, ob. cit., ps. 10 a 12.

m sa u.s. 36 279

(1873). Se garantizaba a una corporación privada un monopolio sobre la actividad

por el t érmino d e

u.s.

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años.

198 45 (1905). 281 Véase infra § 124. 282 Sus dt:talles y análisis puede verse en G AI.BRAJTH, John K , The Great Cra sh 1929. H e consultado la edición de P enguin Books, Lond!·es, 1992. 28:J "Home Building and Loan Association v. Blaisdell", 290 U .S. 398 (1934). 28~ "Nebhi a v. New York", 291 U.S. 502 (1 9:J4) . 286 "Wesl Co~st H otel v. Parrish", 300 U.S. ::179 (1937). 280

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CUNTIWL DE CONSTITUG!ONALlDAD

del siglo x_x 28G , se corporizÓ COn el iropul_so dado a la e~~!:~~; cuatro de sus jueces: Hughes, Brandels, Cardozo y .. Nacieron así los modelos III y IV, que TIUBE llama, resp.ectlte de las expectativas establecidas (settled expectatwns) va:eefa r~gularidad gubernamentaFss. Ambos se presentan:~­ ~o un resabio del segundo modelo, Y pretende~ la protecc10~ de los derechos individuales frente a la opres1ón de las ma yorías . Por medio del primero se pretende proteger aqu.ellos derechos que nacen de la propiedad y del contr~to. Ex1sten allí expectativas establecidas, y por lo tanto las m1~r_nas deben ser respetadas, al menos otorgando una co~p~~sacwn adecuada. El propósito del segundo es la proscnpc10n de las leyes ex post-facto, de los bill of attainder t89 , especialmente cuando estaban dirigidos a una clase determinada de personas Y la consagración del debido proceso legal adjetivo. Sin embargo, la respuesta más enfática al modelo segundo de la era "Lochner" nació a partir de 1938, cuando comenzó a tomar cuerpo el modelo V, llamado de las "libertades (o derechos) preferidas" (prefe rred rights). Se trata de un grupo de derechos que no sólo merecen una mayor protección por parte del gobierno, sino que además sólo admiten una mínima intromisión de aquél en su regulación. Son derechos personales sin contenido económico, tales, por ejemplo, la libertad de expresión y asociación, la libertad religiosa, el derecho a la privacidad, los derechos de la participación política, etc. Paralelamente nació el modelo VI, que es de la igualdad (equal protection), de manera tal que esas libertades preferidas no se extiendan a unos pocos o a grupos determinado::;, sino a todos por igual. Por último, aparece el modelo VII, que TR!BE llama de la "justicia estructural". Este modelo se basa en las experiencias de los seis anteriores, pero con un propósito ordenador de los mismos. Su fmalidad es evitar las generalizaciones de los que le precedieron y formular criterios que per28 6 Más adcl,? nte analizaré su dis idencia, acompat1ada por los jueces Harlan, Day Y WllJLe , en Lochncr v. New York", ci~ado supra, nota 280. "R 7 American Constitutional Law , cit., p. 1358. 2 8M American Constitutional Law cit. p. 14. . . ~"~ Ley o mandato legislativo pot: medio del cual se impone la pena ca ita! ~m JUlclo prcv10 (Bla ck 's Law Dictionary 7th ed W • G M" p p. 159) . · • ·• es, roup , =~sota, 19\:19,

'l'ENm: NCIAS JURÍDICO·POLITICAS DEL CONTROL

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mitan detectar en cada caso en concreto qué es lo mejor para la protección de los derechos constitucionales.

§ 123. La etapa formativa (1780-1870)

El primer siglo del constitucionalismo está caracterizado en líneas muy generales por lo siguiente: a) en el Reino Unido, cuna del sistema, el poder real se va morigerando sin rupturas políticas hasta establecer las bases de la monarquía const.itucional que hoy conocemos; b) en los Estados Unidos comienza la evolución hacia la creación del régimen constitucional más avanzado del siglo XX; e) en Europa continental, el intento por establecer un sistema constiLucional lucha con los atavismos de la monarquía absoluta reinstalada en el Congreso de Viena, lo que Slembra una serie de revoluciones y marchas y contramarchas, y d) en Latinoamérica, España pierde sus colonias y las jóvenes repúblicas comienzan a luchar por establecer un sistema político modelado en el de los Estados Unidos. No podria abarcar dentro de los límites de este trabajo la descripción de todos estos fenómenos. Por ello me voy a limitar a lo ocurrido en nuestro país y en los Estados Unidos, su modelo constitucional, dejando de la do las experiencias inglesa 2 G11 , francesa 291 y española 292 para alguna oportunidad ulterior, no sin reconocer la influencia que el derecho público de estos países ha tenido en la formación del nuestro. a) EsTADOS UNIDOS. - La vida constitucional de los Estados Unidos nace en las últimas etapas del período colonial 2~0 Ya h e relatado en forma muy breve IR parte formativa de la historia conRLitucional de InglateJTa supra, § 3. ARimismo pueden verse: B URTON AOAMS, Genrge, Constitutionalllistory of England, 2nd ed., Jonathan Cape; London, 1948; MAt'l'LANil, Fr~d eric W., Constitutional ll ístory of England , Cambndge Umvcrs1ty Press, London, 19nl. 291 La historia constitucional de Francia puede verse en MORABITO, Maree!, llistoire constitutionnelle et politique de la Francc (17il9 ·1958), 5• éd. (en collaboration avec D. Bourmaud), Montchrestien, Paris , 1998; D UHAMEL, Olivier, H istoire constitutionnelle de la Francc, Seuil, Paris, 1995. ., "H2 La historia constitucional espniiola puede verse en F'ERNÁNDF.Z S~(;~oo, Francisco, La.s constituciones h istóricas españolns (un análisis htstónco Jundzco), 4" ed., Civitas, Madrid , 1992.

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CONTROL DE CON¡,"TITUCIONAL!DA.U

con la adopción de la primera declaración de derechos establecida por Virginia en la Convención reunida en Williamsburg entre el 6 de mayo y el 29 de junio de 1776. Luego vino la Declaración de la Independencia, el 4 de julio de 1776, que fue el paso culminante de una larga serie que tendió a la separación entre las colonias norteamericanas e Inglaterra . La Declaración, elocuentemente formulada por Thomas Jefferson, fue una justificación de la revolución en un lenguaje similar, pero más perfeccionado, que aquél ya usado por el mismo Jefferson y otros colonos revolucionarios en muchas ocasiones. Establecía la doctrina de que los hombres poseían derechos inalienables y los gobiernos derivaban sus justos poderes del consentimiento de los gobernados 293 . El25 de mayo de 1787 se reunió en Filadelfia la Convención que daría nacimiento a la Constitución, que inicialmente contó con no pocas críticas. Varios grupos de intereses se opusieron a la adopción de la Constitución, y su oposición tuvo di versas formas 294 . La nueva Constitución fue criticada en todos sus puntos. Existían pocos argumentos en las convenciones estatales en contra de la debilidad del nuevo gobierno federal para cumplir sus funciones, pero mucho se decía de los peligros que resultarían del ejercicio de su poder. Se terrúa que la presidencia fuera un paso hacia la monarquía, particularmente en vista del hecho de que la Constitución no contenía disposición alguna que impidiera la reelección de la misma persona, período 29a Al año ~ igui enLe, el 15 de noviembre de 1777, el Congreso voló la aceptación de un documento de compromiso que fue denominado "Artículos de Confederación y Unión Perpetua". Creaba una confederación denominada Estados Unidos de América. Disponía que cada estado retendría su soberanía, libertad , independencia y todo el poder, jurisdicción y derecho no delegado expresamente a l gobierno de la Unión de los Estados Unidos; y caracterizaba a la Unión como una Liga de Amistad. Los Artículos de la Confederación no tuvieron aplicación hasta 1781, cuando la guerra de la revolución llegaba a su fm. Las legislaturas de los estados demoraron su ratificación debido a una controversia sobre tierras occidentales reclamadas por varios estados. Se afirmaba que dichas tierras debían pertenecer a la confederación y no a los estados. Los eslados reclamantes, finalmente, cedieron en favor de los Estados Unidos, dejando libre el camino hacia el proct:so de ratificación, que fue completado por la acción de Maryland. "~4 En primer lugar se oponían los pequeños propietarios económicamente prósperos , que no habían tenido representación en la Convención Constituyente, y que integraban los círganos de ratificación de la Constitución en los estados. En segundo lugar, los propios estados: su deseo de conservar una mayor independencia que la otorgada por la nueva Constitución proporcionó una fuerte oposición.

TEN DENCIAS JURÍDICO-POLÍ'l'ICAS DEL CON'l'ROL

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tras período. Se temía también que el Congreso, investido de una amplia autoridad, se convirtiera en el instrumento de un poder arbitrario. La Constitución fue criticada asimismo por no contener una declaración de derecho similar a las que figuraban en la mayoría de las constituciones de los estados, y ninguna cláusula que estipulara que los estados se reservarían todos aquellos poderes no otorgados específicamente al gobierno federal. Como respuesta a este movimiento, tres juristas notables tomaron a su cargo la defensa de la Constitución. Alexander Hamilton, James Madison y John Jay respondieron de manera sistemática a estas críticas en auxilio de la Constitución a través de una serie de artículos, publicados por primera vez en Nueva York. En ellos exponían los defectos de los Artículos de la Confederación y la necesidad de un cambio fundamental en el gobierno, y explicaban en detalle la Constitución. Los artículos fueron reimpresos para su conocimiento en otros estados y recopilados en un volumen llamado El federalista. Ese libro, que apareció luego en muchas ediciones, fue y sigue siendo una de las obras sobresalientes de la ciencia política redactadas en los Estados Unidos 295 • La instalación del gobierno bajo los postulados de la Constitución de 1787 fue acompañada, obviamente, también por la instalación de la Corte Suprema. La historia de la Corte en los Estados Unidos tiene , sin embargo, un origen opaco que en nada permitía imaginar el rol que luego desempeñaría. Inició sus tareas en la ciudad de New York ~Hs el 1º de febrero de 1790, presidida por el Chief Justice John Jay. El día de su inauguración sólo estaban presentes tres de lo~ jueces .nombrados por el presidente Washington: Jay, Cushmg y W1lson; 297 los restantes, Rutledge y Blair, llegaron al día siguiente ; el sexto miembro , Iredell , fue designado tan sólo el 8 de febre~o de ese año. Durante su primer año de vida no tuvo trabaJO 29~ Véase supra , § 4, b, su in11uencia en "Marbury". . 296 New York era , por entonces, la capital del país. La Corte fu e ub1cada en el edificio del Royal Exchange, al pie de la calle Bro~d. Fue luego trasladada a Fil adelfia en 1791, cuando est a ciudad fue tcrnporanamente capital, Y luego, . en 1801 se instaló en el Distrito de Columbia. · 291 ' Conf. W ARREN , Charles, The Supreme Court in United States Ht story , Little Brown and Co., Bos ton , 1926, L. I , p . 46.

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CUNTHOL DE CONST ITUCIONA LIDAD

judicial. El primer período de sus sesiones duró 10 días y sólo estuvo dedicado a la admisión de abogados que litigarían ante sus estrados. El segundo, en agosto de 1790, que sólo duró dos días, insumió las mismas tareas 298 • En realidad, hasta 1793, la Corte no falló prácticamente ningún caso importante. Ese año decidió "Chisholm v. Georgia" ~99 , donde fue admitido que un estado podía ser demandado por un ciudadano aoo _ La Corte sólo adquirió poder político y prestigio institucional cuando John Marshall llegó a su presidencia en 1801. Fue la combinación del empeño y la convicción federalista 301 de Marshall, acompañados del talento jurídico de Joseph Story, lo que hizo del Tribunal un elemento decisivo en la consolidación de la estructura gubernamental impuesta por los constituyentes de 1787. Ello puede apreciarse a través de una serie de leading cases de la época donde el control constitucional tuvo un rol central. Me refiero a "Martin v. Hunter's Lessee"a0~, "Cohens v. Virginia" 303 ; "Me Culloch v. Maryland" 30 \ "Gibbons v. Ogden" 305 , y "Brown v. Maryland" 306 , todos ellos ya analizados en el curso de este trabajo 307 • 'fuvo gran influencia también en esta época, aunque en forma negativa, el caso "Dred Scott 298 Conf. B ATES, Ernest. S., Th e Story of the Supreme Court , Bobbs-Merryl Co ., Indianapolis, 1936, p. 47. 299 2 U.S. (2 Dalias) 419 (1793). 300 El caso produjo tal conmoción qu e inmediatamente fue adoptada la Enmi enda 11 (Febrero de 1795), qu e prohíbe estas dema nd as. ''The Judicial Power uf the United States - dice- shall not be constru cd to extend to a ny suit in law or equity, commenced or prosccuted aga inst one of the United Stales by citizens of another ·s tate, or by citizens or subjecls of any foreign State". Para un estud10 completo del caso y la Enmienda , véase ÜRTH , J olm V., Th e Judi cial Power of th e United Stales-The Eleuenth Amendment in American History, Oxford University Press, 1987. 3 0 1 Recordemos que en los Estados Unidos la denominación "federalista" no es equiva lente a la nuestra. Aquí la divi sión entre feder ales y unitarios señala la divergencia entre quie nes querían un gobierno descentralizado con reconocimiento de las autonomías provinciales y los que rechazaban esa posibilidad. En los Estados Unidos , los federalista s era n quienes deseaban la cr eación de un gobierno federal por encima de los gobi ernos locales. Como vemos, si bien no son compl etamente opuestas, ambas nociones están muy di s tanciadas. 302 14 U.S. (1 Wheatou) 304 (1816). aoa 19 U.S. (6 Wheaton) 264 (1821). ao4 17 U.S. (4 Wheaton) 316 (1819) aos 22 U.S. (9 Wheaton) 1 (1824). · aol) 2 ~ U.S. (12 Wheaton) 419 , 443 (1827) . 307 Vcase supra § 4, b, 3.

TENDENCIAS J URÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

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v. Sanford" 30M, donde un errado ejercicio del control de constitucionalidad sobre el llamado "Compromiso de Missouri" a09 , permitió que triunfara la propiedad del amo antes que la libertad del esclavo 310 , desencadenando con ello la Guerra Civil 311 • aoR GO U.S. (19 Howard) 393 (1856). :109 El llamad o Acuerdo (Compromiso) de Missouri (Missouri Compromise), ado plado t!n 1820, nació como un intento de restringir geográficam ente la osclaviturl . Por aquell" época la esclavitud se esta ba extendiendo progresivamente hucia los nuevos territorios situados al oeste del río Mississippi adquiridos en la llamada "compra de Loui~iana" (Louisiana Purchase), efectuada bajo la presidencia dt! Jefferson en 1803 (acerca de esta compra territorial. véase: BnowN, Everett S .. The Constitlllional History of the Louisiana Purchase , 1803:1812, Berkeley, University of California Press, 1920). Consecuentemente, alguno~ miem bros del Congreso intentaban ponerle freno , generando con ello la resistencia de otros . Uno de los puntos centrales de la controversia tuvo lu gar en el momento de reconocer a Missouri la condición de estado, yn que durante t!l debate de la ley rtlspectiva e n el Congreso, .James Tallmndge, un dipuLado por Nueva York , propuso prohibir la esclavitud en el futuro estado y otorgar la libertad a todos los hijos de esclavos nacidos luego del reconocimiento de aquél , manteniéndolos en servidumbre hasta los 25 uiios. La cuestión suscitó un arduo debate del cual surgió fwalmente el Acuerdo de Missouri - insLrumentado t!n varias leyes-, el que r esolvió la cuestión en los ten;torios adquiridos en la Louisiana PurchasP. Allí se acordó que Maine seria un territorio libre de esclavitud. Missouri fue aceptado como estado sin la Enmienda Tallmadge, y se prohibió la introducción de e~clavos en los territorios ubicados al norte de la frontera sur de ese nuevo estado. El Acuerdo fue complementado por un proceso infonnal de incorporación en paridacl de estados libt·es de esclavitud y de estados esclavistas. Un t!Stud.io del Acuerdo de Missouri puede verse en MOORE , Glover, The Missouri Controuersy, 1819-1R21, University of Keutucky Press, Lex.ington, 195:t a10 "Dred Scott" habitualmente es seiialado como uno de los casos má s terribles de la historia jurisprudencia! norteamericana. Dred Scott era un esclavo residente en Missouri que pidió a John F. A. Sanford. su amo. ser libor,.do. Fundaba su pedido "n que antes de ser adquirido por Sanford, su amo anterior (John Emerson) lo hahía tra. ladado a Illinois , donde no existía la esclavitud , lo que bajn el llamado Compromi~o de Missouri le permitía ser libre. La Corte - liderada por el voto del Chief Ju ~tice Roger Tancy, un viejo esclavista sureño- denegó la petición sobre la hase de la incompetencia de la justicia federal para entender en la cauHn, ya que no siendo Scott un ciudadano, no se daba el requisito de la "diferente ciudadanía" como fuente de la jurisdicción federal. Recordemos que en los EstadoH U nidos hay dos órdenes de ciudadanía, la fed eral y la estatal; por ende, St! llama diversidad de ciudadanía --diuersity o{ citizenship- a lo que nosotros denominamos "distinLa vecindad" entre ciudadanos de diferentes provincias. En ambos caso· , y más allá del nombre , lo que cuenta es el domicilio ptlrmunente del accionRnte. No obstante habtlr rechazado la demanda por vía de e~te argumento técnico-procesal, la Corte se Lomó la libertad, además , de declarar inconstitucional obiter dictum el Acuerdo de Missouri (60 U.S. en p . 452). an Un esLudio de este caso y sus implicancias puede verse en F~: HRENllA CHER, Don ~~ .: The Drcd Scott Case: Its Significance in American Law and Politics, Oxford University Press, New York , 1978. Véase también : History of the Supreme

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Se sigue del estudio de estos casos que ya sea co~o eleme.nto de integración del Estado 0 como fuente de s~ disgregación, el control constitucional ha estado presente VIvamente ~n el comienzo del desarrollo institucional de los Est~dos Umd~s. Durante este periodo, la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda, no alcanzó los e~trados de la ?orte Suprema. El test más importante que eXIste para la mterpretación de esta enmienda es el de la sanción, en 1798, de las leyes sobre extranjeros 312 y sobre sedición 31 " . La primera de ellas permitía al Presidente la expulsión de aquellos extranjeros considerados peligrosos para la paz y la seguridad de los Estados Unidos 314 y la segunda -origen histórico de la Ley de Sedición, que debe buscarse en el conflicto bélico suscitado entre Francia e Inglaterra en la década de 1790 315- proCourt of the United Stotes, cit., vol. V (1974), "The Taney Period" (1836-64), by Carl B. Swisher, cap. XXIV, p. 592. a12 1 Statutes al Large, 570. 313 1 Stalutes at Large, 596. 314 Una previsión similar fue la de nuestra ley 4144 de Expulsión de Extranjeros, sancionada en 1902 bajo el gobierno del presidente Julio Roca y tan criticada por Carlos SÁNCHEZ VlAMONTE (Biografía de una ley antiargentina, la ley 4144, Nuevas Ediciones Argentinas, Buenos Aires, 1956). Su constitucionalidad fue admitida por la Corte Suprema en varios casos, especialmente en "Simón Scheimberg", Fallos, 164:344 (1932), conocido como el caso "Deportados en el Transporte Chaco". a15 Francia había ayuda do a las colonias nortea mericanas en su lucha contra Inglaterra por obtener la independencia, pero los acontecimientos ocurridos en aq uel país luego de la caída de la monarquía, junto con los sucesos que desembocaron en el terror desatado por el bando jacobino, hicieron que el sector conservador (federalista) de la joven república estadounidense se volcara en fav or de la antigua metrópoli, mientras que los liberales (republicanos), liderados por JefferRon, inclinaron sus preferencias por los franceses . Cuando finalmente se desató la guetTa , los Estados Unidos proclamaron su neutralidad, pero en el tratado suscripto con Inglaterra por Jay en 1794, fu e admitido qu e Inglaterra capturara los buques neutrales que transportaban mercaderías a Franda. Como consecuencia de ello, en 1796 barcos de guerra franceses atacaron naves comerciales norteamericanas en viadas a Inglaterra. El inci dente se agr avó en 1798 cuando el ministro de relaciones exteriores francés, Talleyrand, rehusó recibir una misión diplomática estadounidense enviada a París para mejorar las relaciones. A partir de a llí, las diferencias entre federalistas y republicanos se hicieron más profundas. Los primeros veía n a los segu ndos como detenla dores de la ideología regicida de los franceses , de modo que bajo la impronta del presidente Adarns - qui en poseía la mayoría en ambas cámaras legislativas- comenzó a prepararse la ley de r epresión de la sedición, la que fue promulgada fin almente el 14 de julio de 1798. Curwsamente, la ley protegía al Presidente y a las Cámaras del Co ngreso,

TENOF.NCIAS JURÍDI CO-POL!TICAS DEL CO!o.'TROL

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hibía la publicación de cualquier escrito falso , malicioso o escandaloso en contra del gobierno de los Estados Unidos, de las Cámaras del Congreso o del Presidente, con el propósito de difamarlos o de causarles desprecio o descrédito 316 . La ley fue puesta inmediatamente en ejecución por un poder judicial cuyos miembros habían sido designados en su totalidad por la administración de Adams. Bajo su imperio fueron incriminados catorce editores de publicaciones favorables al Partido Republicano de Jefferson 317 , mediante el impulso dado por Timothy Pickering, secretario de Estado de Adams. El primero de los casos fue llevado, sin embargo, en contra de Mathew Lyon, un representante del estado de Vermont. Lyon fue acusado de sedición por escribir una carta -publicada en el "Vermont Journal"- en la que decía que no sería el "humilde defensor" de un Ejecutivo empeñado en la toma continua del poder, con una ilimitada sed de ridícula ostentación, estúpida adulación y egoísta avaricia. Llevado a juicio, el proceso fue presidido por el juez Paterson, de la Corte Suprema:ltS, quien indicó al jurado que sólo debía decidir si la intención del acusado había sido provocar el odio, el descrédito y el desprecio del Presidente y del gobierno y, en caso afirmativo, emitir un veredicto de culpabilidad. El jurado impuso a Lyon una pena de cuatro meses de prisión y una multa de mil dólares. Otra víctima de la ley de sedición fue David Brown, un orador errante -casi vagabundo- de Massachusetts, quien denunciaba al

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ma s no al vicepresidente, que era Jefferson . Además estaba destinada, en virtud de una de su s disposiciones , a expirar en 1801, cuando debía finalizar el mandato de Adams. Los orígenes históricos de esta ley pueden ver~e en: LEWIS, Anthony, Mak e No Law. The Sullivan Case and the First Amendment, Vintage Books, Random Housc, New York, 1992, cap. 2, ps . 56 a 66. :116 La ley cao;tigaba a todo aquel que "escribier a, imprimiera, pronunciara o publicara (. . .) cualquier escrito o escritos falsos, escandalosos o maliciosos en contra del gobierno de los Estados Unidos, o en contra del Presidente de los l<~st ado s Unid o~. con la intención de difamar a dicho gobierno, a cualquiera de las cámaras del Congreso o a dicho Presidente, o de inspirar hacia ellos, o hacia cualquiera de ellos, el desprecio o el descrédito; .. ." 3 l7 Entre ellas los diarios "Aurora", de Filadelfia ; "Independent Chronícle" de Bosto n; "Argus" y "Time Piece", de New York; "American" de Baltimore; "Examiner", de Riclunond, y "Bee", de Connecticul (conf. LEWIS, Make No Law . .. , cit., p. 63). 3 16 Recordemos que por aquella época los jueces de la Corte Suprema tenían como tarea adicional ocupar regularmente los tribunales de las instancias inferiores, práctica esta que se prolongó, bien que muy espaciada, hasta el siglo x.x.

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gobierno por la especulación con las tierras y ~e. ?ronunciaba en contra de las leyes de extranjeros y de sed1c1on. Acu~ado de sedición fue condenado - en un juicio presidido por el Juez Samuel Ch~se, también de la Corte Suprema- a dieciocho meses de prisión y a pagar una multa de cuatrocie~tos ochenta dólares. Cuando cumplió su condena no tenía dmero para pagar la multa, de modo que fue retenido en prisión hasta 1801, en que , estando ya Jefferson en la Presidencia, indultó a todas las víctimas de la Ley de Sedición 319 . En 1801 , año en que Adams finalizaba su mandato, expiró la vigencia de la Ley de Sedición. La victoria obtenida por Jefferson en las elecciones del año anterior tuvo mucho que ver con el repudio generalizado contra esta legislación represiva de la libertad de prensa. Se convirtió así en un desastre político que hizo perder al Partido Federalista no sólo la presidencia, sino la mayoría en el Congreso. Si bien la constitucionalidad de la ley nunca llegó a ser cuestionada ante la Corte Suprema, dado que perdió vigencia antes de que un caso que la involucrara alcanzara los est.rados de aquélla , lo cierto es que tres de sus nueve jueces -Paterson, Chase y también Bushrod Washington- presidieron juicios en los que se aplicaron condenas por sedición, lo que indica que podría haber sido declarada constitucional. Finalmente, y más allá de las contingencias del momento, la Ley de Sedición dejó como saldo el fortalecimiento de la libertad de expresión . De hecho, el Congreso se tomaría más de un siglo hasta volver a sancionar una norma semejante, esto es, la Ley de Sedición de mayo de 1918 ato. b) ARGENTINA. - La historia constitucional argentina en la etapa que estoy considerando tiene tres períodos bien definidos: a) el primero corre desde la Revolución de Mayo hasta el fr~caso ~e la Constitución de 1826 y la caída del gobierno d~ RIVadav1a; está caracterizado por la existencia de un sin?-umero de esfuerzos estériles por imponer una constitución 1deal en un país que no estaba preparado para recibirla· b) el segundo corre a lo largo del gobierno de Rosas y finaliz'a con el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, principal antecedente 3 19 320

L EWIS,

Anthony, Make no Law .. ., cit., p . 64

Véase infra § 124.

·

TE NDENCIAS JURÍOICO-POLfTICAS DEL COST ROL

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de la Constitución de 1853. Es el escenario del gobierno personal de Rosas y de los caudillos provinciales, de la firma del Pacto Federal de 1831, y del florecimiento intelectual de la Generación de 1837. Finaliza coñ el Pronunciamiento de Urquiza, la derrota de Rosas en Caseros y el Acuerdo de San Nicolás. Sobre el final de este período brilla la figura de Alberdi, como oráculo principal del movimiento constitucional al servicio de la causa de Urquiza; e) el tercero arranca con la sanción de la Constitución de 1853 y se extiende, como veremos, hasta la primera presidencia de Julio A. Roca. En punto a las influencias que recibió el movimiento constitucional argentino a lo largo de estos setenta años , es preciso destacar que desde la Revolución de Mayo 321 hasta la sanción de la Constitución de 1853, los diversos esfuerzos constitucionales tuvieron orígenes intelectuales muy diferentes. Es innegable que hay en esta primera etapa una miscelánea integrada por la influencia de la Revolución Francesa, la Constitución de Cádiz de 1812 y por algunos elementos del constitucionalismo de los Estados Unidos, representado por el proyecto de Constitución de Mariano Moreno 322 -figura central de nuestro 3 2 1 Sin dudas, la Revol ución de Mayo presenta los origcnes del constitucion alismo argentino, pues se gestaron en ella los primeros documentos de nuestra historia i nst itucioaal (Véase R AVCI:S, Federico, La Revolución de Mayo como origen constitucional argentino , Abeledo-Perrot, Buenos Aires , 1960). 322 Mariano Monmo , "el hombre de Mayo" o ".,! •ilma o numen de la revolución", nació en l:lucnos Aires en 1778, hijo de Manuel Moreno. funcionario es pañol del gobierno del virreinato, y de Ana Maria Valle. Estudió en la Escuela del Rey y en el Colegio de San Cad os. lngresó luego en la Academia Carolin a, de la Universidad de Chuqui saca, bajo la conducción del canónigo Tct'l'nzns, donde abrazó las ideas de la ilustración. Se graduó con una tesis rememorativa de la sublevación de Tupac Amaru, donde co ndenó la s prácticas cspnñolas de exigir servicios personales a los indios. Volvió a Buenos Aires alrededor de 1805, Y muy pronto se comprometió en asuntos de interés público. En un principio se mo ~ tró inclinado a unirse al grupo liberal es pañol, y fmalmente se alineó con el grupo conducido por Martín de Álzaga. En 1809 redactó uno de sus más famosos escritos , cuando se dirigió al virrey Cisn erns en un memorial que defendía los intereses de los hacendados ea contra del monopoli o comercial es pañ ol. Su RPpresentación de los hacendados , donde proponía la a pertura del Río de la Plata al libre comercio durante un periodo de dos años , implicó para Moreno el apoyo criollo con la caída del rey Fernando VII, debida a la invasión napoleónica. Ya on el gobi <>rn o de lA ,Junta s urgida de la Revolu ción de Mayo - durAnte los siete meses en los que fue su secretario- actuó r á pida y firmemente para mantener a todo el virreinato leal al gobierno patrio en Buenos Aires , establecer una ewnomía san a y libre y elaborar una constitución que pudiera organizar legalmente

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constitucionalismo inicial 323- que están tomados casi literalmente de la constitución norteamericana 3 ~ 4 . Sobre el final de la segunda etapa es clave la personalidad de Alberdi y su proyecto de Constitución 325 , que finalmente no fue enteramente instituciones para preservar las libertades personales, políticas y económicas de una nueva sociedad. Fundó y fue editor de la "Gazet.a de Buenos Ayres", estableció una oficina de censos y una escuela militar y planificó la formación de una biblioteca pública nacional; reabrió Maldonado. Ensenada y Patagones (Río Negro) como puertos, liberando el comercio y las explotaciones mineras de las antiguas rcstl'icciones; equipó y envió ejércitos a diversas partes del virreinato, especialmente al Alto Perú, para luchar contra Jos realistas; persuadió a la Junta de que le permitiera obrar firmemente en la represión de la conspiración de Córdoba; ganó el respeto de Lord Strangford, patentizado en la buena voluntad de los ingleses hacia el gobierno de Buenos Aires; llevó a cabo las negociaciones con el Vaticano, con el propósito de definir la cuestión del patronato eclesiástico bajo la nueva situación. Su relación con Saavedra se resintió cuando los delegados provinciales fueron incorporados a la junta en diciembre de 1810. Por tal motivo resignó su cargo y aceptó una misión diplomática en Río de Janeiro y Londres. Mw·ió en viaje a esta última ciudad en 1811. Los escritos ele Moreno han sido publicados por su hermano Manuel Moreno: Arengas y escritos (Londres, 1836); editados luego por Norberto Piñero (Escritos de Mariano Moreno, Buenos Aires, 1896) y por Ricardo Levene (1949). Manuel Moreno escribió la primera biografla de su hermano: Vida y memorias de Mariano Moreno (Londres , 1812), y Ricardo Levene hizo un profundo estudio en dos volúmenes: Ensayo histórico sobre la Revolución de Mayo y Mariano Moreno , Buenos Aires, 1949. Su vida también ha cautivado a una historiadora inglesa: GARwooo, Ellen, The Undying Flame: Mariano Moreno of Buenos Aires, American Studies Center, Washington D.C., 1986. 323 La personalidad de Moreno como constitucionalista está reflejada en LINARES QUINTANA, Segundo V., El esp(ritu de la Constitución, Ad-Hoc, Buenos Aires, 1993, caps. ti, III, IV y V. 324 El proyecto está reproducido en SANMARTINO DE DROMI, María L. , Documentos constitucionales argentinos, Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, p. 1859. :125 Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán en 1810 y murió en París en 1884. Huérfano a los diez años , hizo su primer viaje a Buenos Aires a la edad de quince años; estudió en el Colegio de Ciencias Morales y se graduó de abogado en la Universidad de Córdoba. Se exilió en Montevideo (]838-43), evitando la persecución rosista , y viajó por Europa entre 1843 y 1844, donde fue atraído por las recientes teorfas de Augusto Comte; procurando luego aplicar estas ideas a los problemas argentinos, llegó a ser uno de lo~ máij influyentes precursores del positivismo. Su carrera pública fue breve: representó a la Confederación Argentina ante Francia e Italia entre 1854 y 1861 y se desempeñó durante un período como diputado por Tucumán al Congreso Nacional desde 1878 a 1881. Escritor prollfico, sus trabajos publicados llenan veinticuatro volúmenes , incluyendo poemas , cuentos e incluso un manual para el aprendizaje del piano, pero su fama reside sin dudas en sus ensayos políticos y jurídicos . De su prolífica labor, su más famosa obra es Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, cuya primera versión publicó apresuradamente para que sirviera como guía para la Constitución de 1853. Se han escrito numerosa~ bio-

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seguido por el Congreso Constituyente de 1853. A impulsos de la influencia de Gorostiaga a26 , el Congreso Constituyente se volcó en general por el modelo norteamericano 327 , lo que generó la célebre polémica entre Alberdi y Sarmiento 3211 , también fogoso admirador de la república norteamericana. No menos trascendente fue la polifacética personalidad de Bartolomé Mitre '129 , cuya influencia se hizo notar en la Convención regrafías sobre Alberdi. Cito por lodas: MAYER, Jorge M., Alberdi y su tiempo, 2ª ed. , Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociale de Buenos Aires. 326 Acerca de la influencia de Gorosliaga en la redacción de la Constitución v_éase VANOi;SI, :Jorge R., La influencia de José Benjam(n Gorostiaga en la Cons: ti lUCión argentwa y en su jurisprudmcia , Pannedille, Buenos Aires, 1970. 327 En punto a la influencia del constitucionalismo norteamericano todavia e~ decisiva la tesis de PAUILLA, Alberto G., La Constitución de Estado~ Unidos como precedente argentino, Jesús Mcnéndez, Buenos Aire , 1921. Puede verse también VANoSSl, Jorge R. , La influencia de la Constituciófl de los Estados Unidos dP Nortl'an; érica er1 la Constitución de la República Argentina , "Rev. Jurídica de San J stdro , n°' 10-11. 1976, ps. 73 a 148. J2M Con relación a las ideas constitucionales de Sarmiento véase P ÉREZ Gullr Dardo, Sarmteflto Y la Constitución, Instituto Argentino de Estudios ConstitUciOnales y Políticos, Mendoza, 19 9. 2 ~ H Ba~"tulomó Mitre (1821- 1906) fue Presidente de la Nación (1862-1868) , senador nacwnal, d1plomático, historiador del movimiento de la independencia. fundador del diario "La Nación" y figura dominante en la vida pública argenLina ciesde ln decada de 1H50 hasta su muerte, en 1906. Nació en Buenos Aires e inició sus estudios en Carmen de Patagones, recibiendo instrucción de su padre, pero de hecho fue un autodidacta, excepto por cierta instrucción en inglés y francés recibida en estuelas de Buenos Aires y en la Academia Militar, desde la cual pasó a ser oficial de artillería en la milicia d e Fructuoso Rivero. Luchó por primera vez en la sangrienta batalla de Cagancha (1839) contra las fu.,rzas invasoras de Rosas al mando de Echagüc, y apenas logró escapar con vida de la desasLrosa derrota de Anoyo Grande (1842). De alli en adelante se unió a los ex~iados argentinos antirrosistas. Perteneció a la Asociación de Mayo y fue gran adnurador de Echcverría· publicó su primer libro de poemas y colaboró frecuentemente en diver sos periódicos, especialmente "El Iniciador", editado por Miguel Cané Y An· drés Lamas· se unió a este último para fundar el Instituto Histórico y Geográftco del Urugua~ (1843) y más tarde fundó un centro científico similar ~n Buenos Aires. Se casó con Dclftna M . L . Vedia, y durante sus años de extlio v1v1ó en el Uruguay, Perú, Bolivia y Chile. Después de Caseros, asumió el l~der?zgo de la oposición al reconocimiento por Buenos Aires del Acuerdo de San N¡colas .. Fue Ministro de Guerra de Buenos Aires en 1855 y en 1857 publicó la pnmera ed1c1ón de su Historia de Relgrano. En Cepeda, el 23 de octubre de 1859, en su condición de minisb·o de Guerra y Marina y de general en jefe d., los ejércitos de Buenos Aires , fue derrotado por Urquiza, lo que permitió el ingreso de Buenos Aires en la Confederación luego de la reforma constitucional de 1860. No obstante tomó revancha en Pavón. el 17 de septiembre de 1861, lo que produjo la caí~a del presidente Santiago Derqui. Asumió así como primer presidente de fado Y d1spuso

HOU,

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formadora de 1860, anticipada por una fuerte polémica con Juan Francisco Segui 3:l0 , seguida de la que mantuvo años después -nada menos- con Vélez Sarsfield, a propósito de la construcción del puerto de Buenos Aires, proyectada bajo la presidencia de Sarmiento en 1869 "31 . En la Argentina, la historia inicial de la Corte Suprema tiene , al igual que en Eslados Unidos, un origen deslucido. Por decreto del 6 de agosto de 1854, se designaron sus primeros miembros, que de acuerdo con el texto del entonces artículo 91 debían ser nueve, con más los dos fiscales que dicho artículo prevería. Las personas designadas fueron: Gabriel Ocampo, José Roque Funes, Francisco Delgado, Martín Zapata, Facundo Zuviría, Bernabé López, José Benito Graña, Nicanor Molinas y Baldomero García. Como fiscales fueron designados Ramón Ferreyra y Pío Tedín. Como día de inauguración formal de el llamado a elecciones presidenciales, donde obtuvo el triunfo, lo que le purmitió asumir de iure el 12 de octubre de 1862, con Marcos Paz como vicepresidente. Como presidente, Mitre instituyó a Buenos Aires capital provisional de la Nación y logró la explotación nacional de las vías de aguas y puet'tos. Su atención se centró, primordialmente, en la pacificación interna. A tal fin concentró sus propósitos en la consolidación de las bases, ya establecidas, tanto por la ConfedP.t"ación como por Buenos Aires, en los años que sucediet"on a Caseros, incentivando la inmigración, la agTicultura y el comercio, alentando la construcción de vias férreas y estableciendo y subvencionando üneas de navegación. En 1870 fundó el diario "La Nación", y luego fue senador nacional por Buenos Aires. En lf\74 se postuló nuevamente para la Presidencia de la Nación, pero fue derrotado por Nicolás Avellaneda. J<:n 1889 fue uno de los fundadores de la Unión Cívica y volvió a ser senador nacional en 1894. Murió en Buenos Aires. el IR de enero do 1906. La public¡¡ción de las obms completas fue ordenada por el Congreso en 1936 y ese mismo año se publicó el primer volumen. Sus escritos históricos más importantes son: Historia de Belgrano y de la independencia argentina (1° edición, 2 vols. , 1859; 4" edición, a vols., 1fl!l7); y su Historia de San MurUn y de la Emancipación Sudamericana (3 vols., 1877/1890), que fue traducida a l inglés por WiUiam Pil1ing (Londres, 1893). 330 Mitr·e, como porteño, criticó fuertemente algunos puntos de la Constitución recién sancionada y le correspondió a Seguí la defensa de su texto. Los artículos escritos pot' Mitre en el diario "El N¡¡cional", de Buenos Aires, y por Seguí en "El Nacional Argentino", de Paraná, pueden verse en Juan Francisco Sega{· Bartolomé Mitre. Polémica sobre la Constitución, estudio preliminar de Néstor T. Auza, Instituto Histórico de la Organización Nacional , Buenos Aires. 1982. 3 31 Mitre se oponía férreamenle a l proyecto, defendiendo con ello lo s intereses de la Pt'ovincia de Buenos Aires, en tanto que le tocó a Vélez Sársfi.,ld, como ministro del Poder Ejecutivo, defender la tesis del gobierno federal. Véase V11 .1"EGAS ilASAVLLnAso, Benjamín, u, debate parlamentario histórico: Mitre uersus Vélez Sárs(ield, 2" cd., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1959.

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la actividad del Tribunal fue señalado el 27 de octubre de ese año , 1854, pero no todos los flamantes jueces acudieron a su cita, estando solamente en la ciudad de Paraná para el evento los doctores .Funes, Graña y Molinas. Los r estantes habían quedado retenidos en Buenos Aires, producto de las ocupaciones que su carácter de hombres públicos les imponía . No caben dudas de que el comienzo de nuestra Corte Suprema estuvo desprovisto del brillo que el momento exigía. Los años posteriores, especialmente los que sobrevinieron a la organización definitiva y hasta varias décadas después, permitieron consolidar el prestigio de la Corte, pero es indudable qu e sus primeros pasos fueron vacilantes y carentes de pres encia institucional. Incluso muchos de los designados en primer término no llegaron nunca a ocupar efectivamente su puesto y, como señala Clodomiro ZAvALiA, así pasaron los años vacíos y deslucidos para el Alto Tribunal de la Confederación 332 , hasta que el 30 de octubre de 1860, el presidente San tiago Derqui, viendo la reforma que ese año se había introducido en la Constitución, dejó sin efecto los nombramientos. A partir del 1º de octubre de 1860, fecha en que se sancionaron las reformas constit.ucionales que la Provincia de Buenos Aires exigió como prenda de unión con el resto de la Confederación, el antiguo artículo 91 de la Constitución pasó a ser el actual 108, los miembros de la Corte dejaron de ser nueve y la determinación de su número fue librada a la decisión del Congreso. Fue así como en 1862 se sancionó la ley 27 , que dispuso que la Corte se integraría con cinco miembros y un Procurador General. Las designaciones dispuestas por e l decreto de ft::cha 18 de octubre de 1862 firmado por el presidente Bartolomé Mitre recayeron en los doctores Valentín Alsina, Francisco de las Carreras Salvador María del Carril, Francisco Delgado Y José Barros Pazos. Como Procurador fue nombrado Francisco Pico. La Corte Suprema así constituida prestó juramento ante el presidente Mitre el día 15 de enero de 1863, pese a lo cual tardó varios meses en comenzar a funcionar realmente, _ya que tan sólo el 11 de octubre de ese año dictó su reglam:to dnlt~~l y el 15 de octubre produjo su primer fallo , por me. o eo rechazó el recurso extraordinario interpuesto por Miguel tero,

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Jn Z.AVALIA Clodomiro , Historta d e la orte ' upre pública Argenti~a , P eu ser, Bue nos Aires , 1920, p . 51.

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CONTROL DE CONSl'ITUCIONALIDAD

por tratarse de la interpretación hecha por tribunales de provincia del derecho común. Desde el punto de vista político, el país emergía al comienzo de este período del largo gobierno personal de Juan Manuel de Rosas ; había que unificarlo y darle vigencia real a sus nuevas instituciones. La tarea no fue fácil en un principio. Durante la presidencia de Mitre el gobierno nacional consigue afirmarse y realizar una obra constructiva que, proporcionándole fuerza y autoridad, le permite unificar definitivamente el país y forjar la conciencia histórica de los argentinos. No ocurre lo mismo en muchas provincias donde estalla la rebelión una y otra vez y reina una gran inestabilidad gubernamental. Excepción hecha de la de Entre Ríos, Buenos Aires, Santiago del Estero y Jujuy, en las demás provincias la inestabilidad durante la década de 1860 es casi crónica. Ello ocurre, especialmente, por causa de las insurrecciones de Peñaloza, Videla, Varela y San Luengo, quienes , levantando bandera de rebeldía contra Mitre y Buenos Aires, llevan la confusión al interior del país al tratar de resucitar la división fratricida entre federales y unitarios. Mitre tuvo que intervenir seis provincias (Catamarca, La Rioja, Mendoza, Corrientes, Santa Fe y dos veces Córdoba) y no pudo impedir que, en la mayoría de ellas, una agitación política hiciera imperar una grave inestabilidad gubernamental. En gran parte, esa inestabilidad se debió al fraccionamiento del Partido Liberal, y a que los liberales, divididos en grupos antagónicos, se combatieron sin tregua. El grupo liberal dueño del poder trataba sin miramientos a sus adversarios, correligionarios o no, provocando , por explicables reacciones, un estado de lucha y convulsión endémica. Las insurrecciones, pues, y los gobiernos se sucedieron en la mayoría de las provincias sin acertar a estabilizar su vida política. Para comprender la grave situación de las provincias durante la presidencia de Mitre, basta recordar que, al decir del entonces senador nacional por Santa Fe, Nicasio Oroño, "entre los años 1862-1868, concurrieron en ella 117 revoluciones, y murieron 4.728 ciudadanos en 91 combates" 33~ . Refiriéndose a esta primera época, dice Sarmiento: "La Corte Suprema, no obstante su incansable actividad no alcanza en l 869 a despachar los centenares de causas crimi3 3 . ~ R oMERO CARHANZA, A.; R o nn1GUEZ V AilELA, A., y VENTURA, E. , Hi storia polittca de la Argentma, Pannedille, Buenos Aires, 1975, t. 111, ps. 41 a 43.

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nales por insurrección sedición y traición que le vienen en apelación de San Juan , Mendoza, Catamarca, La Rioja y San Luis, a consecuencia de los movimientos de 1866, en que fueron envueltas ciudades enteras porque coadyuvaron directa o indirectamente en la revuelta" 334 • Como consecuencia de ello, y por su propia falta de antecedentes como tribunal la jurisprudencia de la Corte Suprema en este período posee un pragmatismo propio de un pais incipiente, más preocupado por modificar la realidad que por la adhesión a tal o cual doctrina. Esto último llegaría en la etapa siguiente. En lo jurídico, este periodo presenta un tribunal despojado en general de principios teóricos y afincado en la necesidad de imponer la vigencia de la Constitución. No obstante ello, es justo reconocer que en estos años fundacionales y bajo el lúcido comando de José Benjamín Gorostiaga 335 , la Corte sentó las primeras interpretaciones de la 3~4

Cit. por ZAVALIA , Clodomiro, Historia d e la Corte Suprema , cit., p. l48. Cada una de las épocas de la Corte está identificada con alguno de sus integrantes , que se ha destacado por la influencia de su personalidad, por su labor pública o por su erudición. El símbolo de esta prúnera época, su lider intelectual, es , indudableme nte, José Benjamín Gorostiaga. Gorosliaga había nacido en S11ntiago del Estero, el 26 de marzo de 1823, hijo de don Pedro Pabl o Gorostiaga y de doña María Femanda Frías Araujo. En 1 38 comenzó a educarse en el Colegio de los Jes uitas, donde luego, en 1844, dictó clases de filosofía. Después de la caída de Rosas, el gobernador Vicente López y Planes lo nombró Mirllstro d., Hacienda, por decreto del 25 de junio de 1852. Defendió el Acuerdo de San Nicolás durante lo~ debate~ de juni.o en la Legislatura, permaneciendo en el minist erio hastn el 23 de julio. Con la renuncia de López pasó a ocupar el Consejo de Estado, asesor de Urquiza, desde el 25 del mismo mes hasta el 4 de septiembre, en que fu e des ignado asesor de gobierno y auditor de guerra y de marina. Estas tareas las alternó con las de miembro de la Comisión redactora del Código de Comerdo. El 9 de agosto de 1852, a los 29 años, ·fu e electo constituyente por su provincia, con el presbítero Benjamín Lavaysse, ante In Con vención que debía reunirse en San~a Fe. lncoq>orado el lB de noviembre , permaneció en el Congreso hast a el fin de sus deliberaciones. Fue miembro informante de la Comisión de Negocios ConsLitucion ales, y en ella def.,ndió el proyecto de Constil.ución, siendo su principal r edador. Era un profundo conocedor del derecho público norteamericano , en lo que a estructur11 federal se refiere. Se registran más de cuarenta inLervenciones suyas en el debate particular de la ConsLitución. Fue autor del Informe que acompañaba y explicaba el texto constitucional. En su carácter de legis lador, firmó los tra~ados de libre navegación con Inglaterra, Francia y Es Lados Unid os, el 10 de julio de 1853, junto con del Ca1Til , en nombre de Urquiza. Ter minado el Congreso Constituyente, Gorostiaga volvió a ocupar la cartera de Ha cienda por breve tiempo, y luego resultó electo diputado nacional al Congreso federal por la provincia de Santiago del Estero, formand o parte del núcleo más 335

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Constitución, muchas de las cuales fueron el comienzo de frondosos senderos jurisprudenciales. Así, por ejemplo, estableció distinguido de los hombres de Paraná. En 1854 se lo comisionó para la unif'urmación de las monedas en las provincias. Urqtúza lo nombró ministro del Interior desde marzo a noviembre del citado año, en que se alejó de Paraná para radicarse en Buenos Aires. En 1858, con los doctores Manuel R. García y José Domíngue7., redactó la primera revista de jurisprudencia, "El Foro", pero poco después renunció al cargo. Fue un hombre de amplia cultura general, formada a través de lecturas abrevadas en las obras de autores clásicos del derecho público europeo y americano: Story, Hamilton , Tocqueville, Stuart, Mill, Grimkc, Rossi , etc. Otra vez constituyente nacional , en 1860, integró la comisión encargada de examinar las reformas propuestas por Buenos Aires. No tuvo tanta intervención en los debates como en 1853. Después de Pavón , fue elegido diputado nacional, también por· Santiago del Estero, e n 1862, durante dos años, ocupando la vicepresidencia de la Cámara. Formó pati;P de las Comisiones de Hacienda y de Negocios ConstiLu<:ionales y pa•·ticipó en los más importantes debates. En 1865 formuló, con Alberto Larroque y Juan María Gutiérrcz, un "plan de organización ¡¡eneral de la instrucción pública", como miembro de la comisión encargada de proyectar el plan de instmcción general y univer~itaria para el país. En sus comienzos actuó Amudeo Jacques, quien antes de morir dejó un trabajo cuyos lineamientos fueron seguidos de cerca por Gorostiaga y los demás miembros . Convencional Constituyente de la provincia de nuenos Aires, de 1870 a 1873, se abocó a la reforma de la Constitución que esa provincia se había dado en 1854, al poco tiempo de separarse de la Confederación. Intervino en la cuestión electoral y en los temas financieros hasta que presentó la renuncia el 14 de septiembre de 1872, por la imposibilidad de seguir asistiendo. Sin embargo, dejó un importante proyecto sobre Bases del sistema electoral, suscripto con los convencionales Rufino de Elizaldc, Bernardo de lrigoyen y Luis V. Varela . Fue designado juez de la Corte Suprema por el presidente Mitre, el 10 de junio de 1865, en reemplazo de Valentín Alsina, que no había aceptado. Permaneció en el cargo hasta el12 de octubre de 1868. Al año siguiente fue vresidente del naneo de la Provincia de Buenos Aires . Fue nuevamente designado juez de la Corte Suprema, nombrado por el presidente Sarmiento, de quien no era partidario, el 9 de agosto de 11-\71. El 19 de diciembre de 1877 sustituyó al doctor Barros Pazos en la presidencia del Tribunal. Durante la crisis de 1880 intcnLú mediar -en su carácter de presidente de la Corte- entre las f~erzas combatientes. El general Roca no se avino a resignar su eventual candidatura , Y fracasó la mediación. En 1886, fue proclamado candidato a la Pres1denc1a de la Hepública en contraposición a Miguel .Juárez Celman impuesto por su cu~ado, el generalHoca, con el apoyo de todos los resortes ofici;les Mitre ~ ~1 ptrlt~o católico propiciaron su candidatura, pero Uorostiaga no ac~ptó en e •ru .' va a postula_ci~n. A mediados de 1887, abandonó la Corte Su rema· el 21 de Ju_lio firmó la última sentencia. En el mismo mes de su retiro el PC ' sanc10no la ley que le acordó la · b'l . , l . • ongreso país y la C t d ' 1 JU 1 aC1on por OS vahosos servicios prestados al • or e lSpuso co ocar su retrato en la S ¡ d A de Derecho también ¡0 habla b d d . a a e cuerdos. La Facultad con Estrada, Mitre, Rawson ~o~c:~t; ~e~ ¡~co ho~rario, distinción compartida 1 en la Unión Cívica 0 sea con 1 e. pez. n los sucesos de 1890 actuó con Mitre, lrigoyen', Lópe~ Y Co~~rev~luctonarws. Integró la Junta Consultiva aceptó formar parte del gabinet • y . uego un~ de los clubes parroquiales. No e, lll con Juarez Celman ni con Pellcgrini.

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su pos1c1on institucional como poder del Estado 336 interpretó el articulo 32 en relación con la extensión de la jurisdicción federal sobre la libertad de prensa sr., trazó las primeras líneas de la separación de poderes 338, justificó el primer gobierno de facto 3:19 , deslindó competencias en materia de poder de policía 340 , estableció las ha es del control constitucional 34 \ desarrolló los primeros lineamiento de la doctrina del juez naturaP42, comenzó el desarrollo de la doctrina de las cuestiones politicas 34 \ impuso el principio de la demandabilidad de las provincias a« apartándose de la Decimoprimera Enmienda de la Constituci6n norteamericana :J-46, estableció la inmunidad jurisdiccional de las autoridades provinciales respecto de la justicia fedcraP 46 , aplicó la doctrina de los poderes implícitos 347 , eximió a las entidades nacionales de los impuestos provinciales 3 48 , etcétera. Dedicado a la vide familiar y al campo, pasó sus últimos años hasta que falleció en Buenos Aires, el 3 de octubre de 1891, a lo~ 69 años de edad. La biografía de Gorostiaga puede Vl.'rse en la tesis doctoral de Jorge R. VANOSSt ya citada y en ZUVII!IA, Jo~Á M., Los constituyentes dl' 1853, Lajouane, Bu.,no~ Aires, 1889, p. 103; llHAVO, Domingo A., José Benjamln Gorostiaga , Santiago del Estero, 1964. 336 En "Fisco Nacional dOcampo", Fallos, 12:134-155 (1872), dijo que ella es el "tribunal en último resorte para todos los asuntos contenciosos en que se lo ha dado jurisdicción como pertenecientes al Poder Judicial de la Nación", doctrina repetida muchas veces. Tales, por ejemplo, "Bodegas y Viñedos Amadeo Maraftón d i.N .V. ", Fallos , 297 :381 (1977) y "Rodolfo J. Brieba ", Fallos, 306:2070 ( 1984).

aa? "Fiscal Gent>ral de la Nación dArgerich", Fallos, 1:130-132 (1864) ; "H•mjamin Calvete", Falles, 1:340, 348 (1864). 3:1~ "Ríos , Gómez y Ríos", Fallos, 1:32-36 (1863). 3:19 "Ba ldomero Martínez dOtero", Fallos, 2:127 (1865). 340 "Empresa Plaza de Thros", Fallos, 7:150-152 (1869). 34 1 "CaiTarena c/Banco Argentino del Rosario de Santa Fe", Fallos, 10:127, 436 (1871). 342 "Severo Chumbita", Fallos, 17:22-38 (1875). 3·W "Santa Fe c/Hu e", Fallos, 4:311-320 (1867). 1 •11 "Av egnu c!Ducnos Aires", Fallos , 14:425 (1874). a<5 Ya me he referido previamente a esta cuestión cuando hice referencia al caso "Chisholm v. Gilorgia", 2 U.S. (2 LJallas), 419 (1793). 31G "Procurador Fiscal dGobernador de San Luis", Fallos, 9 :ñ:i7-543 (1870). a47 "Lino de la Tone", Fallos, 19:231 , 238 (1877). 34R "Fisca l General de la Provincia de Buenos Aires dBanco Nacional", Fallos, 18:340 (1876).

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cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución o en otras disposiciones de ese estatuto comprende como lo ha dicho esta Corte todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de sí mismo , fuera de su vida y su libertad". En la Argentina esta etapa comienza con la llegada de .Julio A. Roca a la presidencia de la Nación, momento en que comienza un predominio político que sólo terminaría con su muerte en 1914 354 • Es la etapa de lo que Natalio B oTANA ha llamado el "orden conservador" 355 , dominada por un estadista pragmá tico e inteligente, dotado de una astucia política que no volwría a repetirse hasta la llegada de Juan D. Perón. Su comie~zo_ coincide asimismo con la derrota de Carlos Tejedor Y la cons1gmente federalización de la ciudad de Buenos Aires. E s aquí donde la nación comienza su consolidación económica una vez acallado los desórdenes internos de la época anterior: E s un lapso en el cual el país, bajo la consigna "paz y administración" , al amparo de la estabilidad política recién inteaM Roca había nacido en Thcumán el 17 de julio de 1843. Sus padt·es fueron el coronel Hudecindo Roca y doña Agustina Paz y Figueroa. Ex a lumno del Colegio de Concepción del Uruguay, donde fue condiscípulo de Eduardo Wilde y de Onésimo Leguizamón, si ntió desde joven la vocació n militar. In corporado al ejército de la Confedt!ración, combatió en Cepeda y en Pavón, sit!ndo su baterfa la última en retil·arse del campo de la segunda de esas bata llas. Ya teniente, Roca toma pa rte en las batalla de Lomas Blancas y Lus Playas. En mayo de 1865, cuando Fra ncisco Solano López declara la guetTa a nu estro país, Roca marcha al frente. Participa en las acciones de Uruguayana, Yatay, Tuyutí-Curá. Boquerón y Curu paytí. Al concluir la guerra del Paraguay revista como teniente c_9r onel. Sublevado López Jordán , erá Roca quien contribuya a su derrota en Naembé, mereciendo el ascenso al grado de coronel. Jefe de la frontera de Río Cuarto -desde donde influye en la política nacional con miras a la presidencia de la República-, Nicolás Avellaneda lo comisiona para sofocar el alzamiento del coronel Arredondo. La segunda batalla de Santa Rosa es su nueva victoria, por la cual recibe los despachos de general de la Nación. A la muerte de Adolfo Alsina, qu e se desempeñaba como Ministro de Guerra del presidente Avellaneda, el general Roca pasa a sucederlo. Es entonces cuando realiza su triunfal Campa !la del Desierto, desalojand o al indio del sur argenti no, aftanzando la soberanía nacional en la Patagonia y consigu.iendo veinte mil leguas de tierra para el país. Aquella empresa, que parecía obra de siglos, queda realizada por el joven gener al tucumano en noventa días. No es sorprendente, pues, que al acercarse a su fin el mandato de Nicolás Avellaneda, Roca se insinúe como uno de los más probables candidatos a continuar la tarea de progre o y de unidad nacional realizada por aquél. 355 B oTANA, Natalio R., El orden conservador. La po/{tica argentina entre 1880 y 1916, Sudamericana, Buenos Aires. 1985.

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cuando se emplea en los artículos 14 y 17 de la Constitución en otras disposiciones de ese estatuto comprende como lo 0 ha dicho esta Corte todos los intereses apreciables que el hombre puede poseer fuera de si mismo, fuera de su vida y su libertad". En la Argentina esta etapa comienza con la llegada de Julio A. Roca a la presidencia de la Nación, momento en que comienza un predominio político que sólo terminaría con su muerte en 1914 a54 • Es la etapa de lo que Natalio ilOTANA ha llamado el "orden conservador~ , dominada por un estadista pragmático e inteligente dotado de una astucia política que no volvería a repetirse h la llegada de Juan D. Perón. Su comienzo coincide asimismo con la derrota de Carlos Tejedor y la consiguiente feder · ' n de la ciudad de Buenos Aires. Es aquí donde la nación a su consoli.dación económica, una vez acallados los desórdene internos de la época anterior. Es un lapso en el cual el ·- bajo la consigna "paz y administración", al amparo de 1a estabilidad política recién inte-

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rrumpida en 1930, creció hasta ubicarse en la fecha del Centenario de la Revolución de Mayo entre las primeras economías del planeta 366 . Este57 período ve florecer también la llamada "Generación del 80" " - El derecho constitucional fue enseñado inicialmente a partir de los Comentarios de Story traducidos por Nicolás 08 Calvo ' ; se emplearon los apuntes del colombiano Florentino 60 GONZÁLEZ" , el Curso de José Manuel DE ESTRADA 360 -cuya fecunda vida en el campo docente fue truncada por el autori361 tarismo de Roca - y el Manual de La Constitución argentina 6

Un estudio del desarrollo económico de la Argentina en estos años puede verse en CouTf:s CoNo<., Roberto, El progreso argentino 1880-1914 , Sudamericana, Bueno• Aires, 1979. 3fi7 Integrada por los nacidos hacia la cuarta década del siglo: José Manuel Estrada, Iguacio Pirovano, Amancio Alcorta, Leandro Alem , ,Juan José Romero, Miguel Goyena, en 1842; Julio Roca , Eugenio Carubaceres , Tristán Achával Rodríguez , en 1843; Eduardo Wilde , Miguel Juárez Celman, Norberto Quirno Costa, en 1844; Donifacio Lastra, en 1845; Aristóbulo del Valle, en 1847; Carlos Pelle¡,'I'ini, Mariano Demaría, José Antonio Terry y José Maria Rosa en 1848; Lucio Vicente López , en 1848; Adolfo Saldías , en 1849; Miguel Cané y Roque Sácnz Pena en 1851 ; Virgilio Tedín e Hipólito Yrigoyen en 1852, y tantos otros que se destacar on en la política, las letras, el foro , las ciencias y la milicia . que tuvieron la responsabilidad de formar la primera generación educada por el liberalismo Lriun fante. 3~8 Citado supra, § 5, a. . . . 369 GONZÁLEZ, Florentino, Lecciones de derecho constttuctonal, J . Bernhe1m, Buenos Aires , 1869. . . . . 360 EsTRADA, José Manuel de , Curso de derecho const!tucwnal , Atanas1o Mrutínez, Buenos Aires, 1927. . . . 361 José Manu el de Estrada nació en Buenos A1res el 13 de Juho de 1842. Casi adolescente empezó a descollar entre los jóvenes de la época, ganando u~ c~rtamen con u~a composición sobre el descubrimiento_de A.m Crica , Y no paso mucho tiempo cuando ya pudieron apreciarse sus cond1C1ones d1dáct1cas enh un cw·so sobre hi storia argentina dictado en la escuela que hoy lleva su_ ~om re. Estas conferencias acampanadas de lecturas públicas ak,mzaron gran_;x1to; En 187:'! Prn catedrático en el Colegio Nacional, de H.istona e InstniCCJon . Cwlca, ' · esta última cuya ensenanza · materia e' ) 1naugurara en e l País · En 1876 . • sm . tener título universitario, se lo nombró para la cátedra de Derecho Co~st1tucwna.1 en la Universidad de Buenos Aires. Pa1-tidario del grupo católico hberal , cs~nbló un trab~; 0 sobre la Iglesia y el Estado, en el cual propugna su se p acrac1 n , Y · llegando a renunctar · a ~~ nat banca onweso 1 tarde defendió....,la ptu·eza del sufra¡po, p en eás el cuando se enteró de que la elección había SI~~~~~:~~ a~ntl~~e:::l acérrimo, imperativo de • u femente reli¡postdad lo co 1 formas democráticas . Desde si bien conservó siempre la fe Y el respeto po~ caa~onstante de su ideario político entonces dedicó sus talentos yen~gla a latré~ da lo cual le valió ser destituido y religioso. Prolongó es~ prédlCRa asta ;~8~ caF::dÓ y presidió la Asociación Capor el gobierno del pres1dente oca en · :15

e:n

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quien, con agudeza int~lectual puesta al servicio de la vida pública, marcó una huella Imperecedera en nuestra materia 363 . Se fundó en esta época la Cátedra de

de Joaquín V.

GONZÁLEZ 362 ,

tólica donde pudo ejercitar su verbo en numerosos y brillantes discursos . Desde muy Joven también colaboró en "Las Novedades", "El Correo del Domingo", "La Revista de Bueno Aires" y otros periódicos. Luego lo hizo en "La Nación Argentina". Fue fundador de la "Revista Argentina" y asimismo, en colaboración con su amigo Pedro Goyena y otros distinguidos católicos, sacó "La Unión" con el principal objeto de defender la enseñanza religiosa a raíz del congreso pedagógico de 1882. En 1 ocupó una banca en la Cámara de Diputados de la Nación, destacándose por su defensa de los fueros de la Igles1a en contra de la ley del matrimonio civil Murió en Asunción el 17 de septiembre de 1894, siendo ministro argentino en el Paraguay. ~62 Fue publicado en 1 97 como texto de Instrucción Cívica en los establecimientos de enseñanza secundaria y ocupa el tercer tomo de sus Obras completas, publicadas por el Co~ de la Nación en 1935. :isa Joaquín Víctor Gcmzález nació en Nonogasta, departamento de Chilecito 1863. hijo de Joaquín González y de Zoraida Dávila. (La Rioja) , el 6 de roano Cursó el bachillerato en Colegio Monserrat de Córdoba. A los 18 años se inició en ol pe.-iodismo locaJ y ea la ..uta literaria con colaboraciones e n los diarios "El

lntt:rior", ·'El Progreso• y 1..a Revista de Córdoba" . En 1884 ingresó en la enseñanza, dictando las c::átedra5 de bist<>ria, geografía y francés en la Escuela Normal de Córdoba. En 1 u título de doctor en jurisprudencia en la mencionada universidad c:uo - doctoral Estudios sobre la Revolución, y ese rrusmo año fue elegido · aacional por La Rioja , cua ndo aún no tenía la edad constitucional requ Desempeñó su mandato hasta el 30 de abril de 1888. Nombrado miembro , · n de estudios para la reforma de la Constitución, en 1887, redactó ción con Rafael lgarzá bal el PI'Oyecto de Constitución para la Proaúaeia M lA Rioja. El 25 de mayo de dicho año, dio a La revolución de la independencia argentina. conocer un valioso artículo Poco después, ingresó al - La Prensa, y fue designado primer profesor de la cátedra de Derecho de En 1 88 reingresó a la Cámara de Diputados, y publicó su obra inmortal L4 tradicwn naciorwl, evocación legendaria que ~e vincula con el pais~e . el f'olldore, la historia y la sociología. En 1889 fue elegido gobernador de su provincia, cargo que desempeñó hasta 1891. Volvió a ser electo diputado nacional para el periodo 1 92-1896. En 1893 escribió Mis montañas, Y en 1897 el Manual ck la Constitución argentina. E130 de enero de 1898, Córdoba lo eligió convencional para la reforma de la Constitución nacional, y nuevamente representó a su provincia en el Congreso por cuarta vez de 11:!98 a 1901. En 1900 publicó su obra Legislad6n ck minas, sobre la base de sus lecciones dictadas en la Facultad de Derecho. En e e año, aparecieron también Patria, dedicado a los que en la Argentina e consagran a la enseñanza y a la educación de la juventud, e H istorias, conjunto ameno de narraciones locales. Renunció a su banca en 1901, llamado por el presidente Roca para hacerse cargo del Ministerio del Interior, y luego el de Ju ticia e Instrucción Pública. Interinamente desempeiíó el de Relaciones Exteriores por fallecimiento de so titular, Amancio Alcortn. Le correspondió, en esa oportunidad. la solución del delicado entredicho motivado por la cu estión de límites con Chile. En 1902 redactó un proyecto de reforma electoral (luego convertido en ley 4161), por medio del cual se estableció el sistema

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Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, cuya historia relata con brío Alberto G. PADILLA 364 , destacándose en ella luego de Estrada -su fundador- Lucio V. López, Aristóbulo del Valle, Manuel Augusto Montes de Oca y Juan A. González Calderón, quien estuvo al frente de ella desde 1915 hasta 194 7, ejerciendo una poderosa influencia merced a su extensa obra :165 • No menos importantes en esta época fueron Clodomiro Zavalía 366 y José Nicolás Matienzo 367 • Junto con el de circunscripción uninominal que permitió la entrada al Congreso del primer diputado socialista, Alfredo L. Palacios. El sucesor de Julio Roca en la presidencia , Manuel Quintana , lo designó titular de la cartera de Justicia e Instrucción Pública. y en desempeño de ese cargo fundó, el 15 de septiembre de 1905, la Universidad Nacional de La Plata. A raíz del fallecimiento del presidente Quintana, renunció al ministerio, pero el sucesor de aquél, José Figueroa Alcorta, lo designó rector de la Universidad de La Plata siendo confirmado por el Senado para el período 1906-1909. El 24 de marzo de 1906, la Real Academia de la Lengua Espanola lo nombró miembro correspondlente de ella. Fue senador nacional en dos períodos, de 1907 a 1916, y desde e8e año al de su muerte, en 1923. Se lo reeligió en la Universidad durante tres períodos consecutivos y reglamentarios por la Asamblea Universitaria, desde 1909 a 1912, de 1912 a 1915 y de 1915 a 1918. En la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de La Plata, dictó las cátedras de Derecho Constitucional Argentino y de Derecho Internacional Público e Historia Diplomática Argentina . En 1910, al cdebrarst! el centenario de la Revolución de Mayo, escribió El juicio del siglo o cien años de historia argentina y en 1913 recibió el título de académico honorario de la Facultad de Derecho de Córdoba. Falleció t!D su ca~a de Belgrano, el 21 de diciembre de 192~. a los 60 años. 364 PADILLA, Alberto G., Lecciones sobre la Constitución , 2ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1965 , cap. VIII, ps. 99 y siguientes. 3ijG C:on González Calderón, el derecho constitucional en la Argentina tuvo un vuelco importante. Los autores hasta ese momento no lo habían tratado en forma completamente sistemática y en general hacían referencias de tipo histórico. La obra de González Calderón acusa una fuerte influencia del derecho norteamericano y analiza con detalle las sentencias de la Corte de los Estados Unidos y de nuestro país. Su obra principal, varias veces citada a lo largo de este libro, es Derecho constitucional arge11tino, historia, teoría :y jurisprudencia , cuya primera edición data de 1917 y llegó hasta la tercera en 1930. Fue también diputado nacional y juez de la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal. Lo sucedió en la cátedra Alberto G. Padilla. 366 Nació en Tucumán en 1883 y murió en Buenos Aires en 1959. Fue juez federal , decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y publicó una serie de obras sobre derecho federal, algunas de las cuales están citadas en este libro. Destaco en particular su Derecho federal, que alcanzó la tercera edición en 1941. Un pel'!il de su vida puede verse en: SILVA IJE LA RIESTRA , Juan Académicos de derecho y hombres de gobiemo, Academia. Nacional de De· rech~ y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 1969, ps. 227 y siguientes. :Jij7 Nació en Tucumán en 1860 y falleció en 1936. Se graduó de abogado en 1882. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de

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progreso económico, la era de Roca trajo al país la influencia intelectual del positivismo liberal reinante en Europa. Y en lo que a la Corte se refiere e produce un vuelco decidido hacia la jurisprudencia constitucional norteamericana. Por último, y aunque sea un dato de la arquitectura y no del derecho, su relación con éste es directa. Durante este período fue construido el Palacio de Tribunales, sobre la base de un proyecto elaborado en 1891 por el arquitecto francés Norberto Maillart, quien luego fue director de la obra. Su construcción, dispuesta por ley 4087, fue iniciada en 1904 bajo la presidencia de Julio A. Roca 368 y se habilitó en 1910. En los Estados Unid el arquetipo de este pensamiento quedó reflejado jurisp:rudencial mente en "Lochner v. New York" 369 , caso en el cual declaró inconstitucional una ley de ese estado que limitaba a nta horas semanales la jornada de trabajo en las panade - ~ En el, al igual que en otros de su época, la Corte analiza l medios empleados por el legislador para llegar a los fines estos. Sostiene a su vez que el único objetivo del gobi es la protección de los derechos individuales; de tal uerte. cualquier ley que les imponga restricciones con la finalidad de redistribuir recursos está fuera de los límites de la autoridad estatal. Dentro de este fallo no puedo dejar de mencionar la conocida disidencia de Holmes' quien ha sido redactor de fallo marcadamente opuestos allais~ ~ez fair~ . HolmeS 370 empleó una frase que se ha hecho célebre : la Decimocuarta Enmienda no estatuye la Estática social de Herbert Spe~cer" 8_71 • Quería decir con ello que el Estado no puede estar mactwo frente a ciertas necesidades socialesm. Buenos Aires, Procura dor General d la N 'ó M' · d acl n,. lru sLro el Interior del gobierno del presi dente Alvear y senador o; s cuando falleci ó. Escribió El .P u provtncJa natal , cargo que desempeñaba 00 gentina, publicado en Bueno g AireU!rlto representatwo federa./ en la República ArE spaña (1917), y Lecciones de de hen 1910 y má s Lard e en Francia (191::!) y en 1926. rec o conslttucwnal , La Facultad, Buenos Aires, 368 La historia de la constru ·ó d ¡ di!i . nos Aires nos cuenta" o 19 • hect nd e e •c•o puede verse en la revista "Bue.1 .9 , n , •e rero e 1991 · ti 198 U .S . 45 (1905). . 370 Disidente en el fallo junto con Harlan, White y Day. 37 1 198 U.S. 45 en p. 90. 72 ~ Herb~rt Spencer escribió su obra Estática social en 1851 , ocho años antes de la r~:ltcaciOn del Q~¡g~n de las especies de Darwin, pero sus ideas se vincula n con e arwm1smo soc1al · Spencer partía de la idea de que la intervención del

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De hecho, Charles WARREN, en su Historia de la Corte Suprema, hizo notar que los enemigos de la solución en "Lochner" eran tantos como sus adherentes m . Entre nosotros, el caso que mejor ejemplifica el período es "Hileret y Rodríguez cffucumán" 374 • Se discutía allí la validez de una ley de esa provincia, sancionada en 1902, por medio de la cual se creaba un impuesto a la producción de azúcar. Se fijaba un cupo máximo de producción, pagándose un centavo por cada kilo fabricado dentro del cupo. Luego, por cada kilo producido fuera del límite máximo, se abonaban 40 centavos. Este impuesto estaba destinado a indemnizar a los plantadores de caña que no habían podido vender el producto de su cosecha y se habían quedado con la caña en pie. La Corte 37 ' , al declarar inconstitucional a la ley, sostiene que "es evidente que si una ley de carácter reglamentario no puede ni debe constitucionalmente alterar el derecho que está llamada a reglamentar, es porque debe conservar incólume y en su integridad ese derecho, lo que vale decir que no debe ni puede degradarlo y mucho menos extinguirlo en todo o en parte; ningún otro que éste puede ser el alcance que los constituyentes han querido dar al artículo constitucional de que se trata". Hacia el final del fallo aparece una frase que se ha hecho célebre ~76 y que muestra claramente el espíritu de la época. "Si fuese aceptable -dice la Cort.e- la reglamentación impuesta al azúcar, podría hacerse extensiva a toda la actividad industrial, y la vida económica de la Nación, con las libertades que la fomentan, quedaría confiscada en manos de legisladores o congresos que usurparían por ingeniosos reglamentos, todos los derechos individuales. Los gobiernos se considerarían faculEsLado en favor de los débiles , los pobres, los des heredados. conLr·ibuye a la degradación de la especie humana. La ley de la natural eza es. según su criterio, permitir piad osamente que és tos mueran, dejand o su lugar a los más apLos. 373 WAitllEN, Ch., 1'he Supreme Court .. .. ob. cit., t. 11 , p. 713 , noLa l. Aquí cita el autor los numerosos artículos que fueron esLTitos , Lanto a favor como en contra de este polémico fallo . m Fallos, 98:24 (1903). 375 El fallo lleva las firmas de los jueces A. Bazán, O. Bunge, N. González del Solar, M. Daract y A. Bermejo. 376 Años más tarde , el presidente de la Corte, Antoni o Bermejo, la reproduciría en su di si dencia en "E rcolano c/Lanteri de Renshaw" (Fallos, 136:161, último considerando, p. 193).

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tados para fijar al viñatero la cantidad de uva que le es lícito producir; al agricultor la de cereales; al ganadero la de sus productos; y así hasta caer en un comunismo de Estado en que los gobiernos serían los regentes de la industria y del co377 mercio, y los árbitros del capital y de la propiedad p1ivada" • No menos significativa es la cita del siempre presente Cooley, efectuada por José Nicolás Matienzo como Procurador General en el caso Griet Hnos. c/Tucumán" 378 : "Por importante, dice Cooley, que sea para la comunidad que los ciudadanos particulares prosperen en sus empresas individua~es, no es de incumbencia del gobierno ayudarlos con sus medws. Los Estados ilustrados al paso que dan a sus ciudadanos toda la protección necesaria. han de dejar a cada hombre depender de sus propios esfuerz para su éxito y prosperidad en los negocios, en la creencia de que procediendo así su propia industria será más ciertamente favorecida y su pros peridad y felicidad más probab eJnente asegurada" 379 • N o obstante ello, el impuesto provincia) al azúcar, cuya constitucionalidad se discutía en este caso fue convalidado. Tampoco puede omitirse el caso "Viñedo y Bodegas Arizu c/Mendoza"'l80 , en el cual, ap licando un concepto civilista de la locación de servicios, se declaró la inconstituciooalidad de una ley que fijaba salarios mínimos en la provincia de Mendoza 3" 1 . an Fallos , 98:51. 37H Fallos. 137:212 (1922). m Fallos , 137 en p. 213. aRO Fallos, 156:20 (1929). 38! Dice la Corte: "Que la facultad conferid a al Congreso de la Nación por el art. 67 , inc. 11, revi te lo caracteres de un poder exclusivo de la Nación, y así resulla, con toda evidencia, no sólo de los términos expresos en que la delegación ha sido acordada por aquel artículo, y de los antecedenles y razones que la determinaron claramente expresados al adoplarse el principio, sino también de la prohibición formulada por el art. 108 a l as Provincias de ejercitarlo d espu és de dictados por la Nación lo códigos comunes. Que la jurisprudencia de esta Corte ha señalado en reiterados fallos el carácter de exclusividad correspondiente a ese poder, al declarar que todas las leyes que estatuyen sobre las relaciones pri vada s de los habitantes de la República son del dominio de la legislación civil o comercial y están comprendidas entre las facultades de dictar los códigos fun damental e~ qu~_la Constitución nacional atribuye exclusivamente al Congreso, a c~ya leg!slac!On ~eben conformarse las Provincias, no obstante cualquier dis· pos1c1ón en contrano que contengan sus constituciones o leyes locales (Fallos , t. 147 , p . 29; t . 149, p. 54). Que si este poder de legislar, en materia de derecho pnvado, es exclusivo del Congreso, evidentemente no puede ser compartido en

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En Estados Unidos, la doctrina dellaissez {aire está vigente desde la interpretación que hizo la Corte de la Decimocuarta Enmienda en los ya citados casos de los mataderos de Louisiana (Slaughterhouse cases) de 1873 382, seguida de la que tuvo lugar en "Loan Association v. Topeka" 383 -también por el voto del juez Miller- en la que se declaró la invalidez de un impuesto municipal, destinado a sufragar la emisión de bonos para asistir a la industria privada a84 • Evidentemente, ambas decisiones, propiciadas por el mismo juez, parecen contradictorias frente a un análisis superficial, pues en la primera se protege a una corporación privada, mientras que en la segunda se le quitan recursos. Pero ello no es así, ya que en ambos casos subyace el mismo pensamiento: no puede el gobierno limitar la esfera de actividad de unos particulares en beneficio de otros, ni aun considerada la ciudadanía como beneficiaria del sistema 385 • Esta línea se consagra con "Coppage v. State of Kansas"3M6, donde la Corte declaró la invalidez de una ley estatal que prohibía los contratos yellow dog aR1 , ya que una disposición de esa nasu ejercicio por las autonomías provinciales , correspondiendo solRment.c a aquél apreciar lo s v~ntajas o inconvenientes de las instituciones que haya sa nciona do, dejándolas s ubsistentes o promoviendo su reforma. Y esta consecuencia no importa cerrar la puerta a las iniciativas legi slativas que el progreso del pais puede hacer n ecesarias , en las diferentes ramas del derecho privado e n relación a las Provincin s , put!s tant.o los representantes del pueb lo de las mismas, como los de su soberanía, tienen amplias facultades para presentar aquéllas ante el propio cuerpo que posee la facultad y del cual forman parte integrante" (Fallos, 156:35 y 36). 38~ 83 u.s. 36 (1873). aBa 87 U.S. (20 Wallace) 655 (1874). 31l4 Contrasta esta decisión con la adoptada pocos años a ntes en "Gelpck e v. City of nubuqu e'' , 68 U.S. 175 (1864), en la cual la Corte admitió la valide?. de bonos municipales emitidos por lowa para el s ustento económico de los ferrocarril es. Los mismos habían sido declarados inconstitucionales por la Corte local, pero la Corlc Suprema, con el voto del juez Swayne y la disidencia de Miller, revocó la sentencia estatal. as5 Conf. TRJRF., Laurence, American Constitutional Law , 3rd ed .. cit., p. 1340. :lRG 236 U .S. 1 (1915). . aH7 Se lla ma contr atos yP.llow dog a aquellos que en sus cláusulas obhgaban a los trabajadores , como condición de la obtención de un empleo, a a.bste':erse · · d 1catos " · ·· gt·em t"ules · Una exphcacum de de pertenecer o 1nlegrar s1n o asocaac1ones . la evolución juris prudencia! en torno n es tos contratos puede verse en C u sHMAN, Barry Doctrinal Synergies and Liberal Dilemmas: '/'he Case of the Yellow-Dog Cnntr~ct, "Supreme Court Review", The University of Chicago Press , 1992, ps.

235 a 29:t

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inión del juez Pitney, redactor del fallo-:- imturaleza -en op . . 1 libertad contractual del trabaJador plicaba una restd~c~~~e:e: un buen empleo, debía poder requien, en aras h fi rmar parte de un sindicato. Otros nunctar da s~sd~:~c cfta~o o ejemplifican bien la tendencia del casos, ~o e~sí tenemos . gr. aquellos en que fueron declamomen • le es de sa1ano . nummo , · radas inconstitucionales ·388 , de precios . . 390 , • 389 de relacione laborales o de formas estandanmmimos , - d d be zadas de la producción 391 • Dentro de ~s~e ~~~o peno o e considerarse también "Allgeyer v. Lou1s1ana , donde fue _d~­ clarada inconstitucional una ley de ese estado que prohtbia celebrar contratos de marítimo con empresas que ~o hubieran obtenido autorización para realizar actos de comercto en el estado. De todos modo este período no es ab olutamente uniforme y aparecen así caso como "Munn v. Illinois" 39 \ radicado dentro de un célebre grupo de sentencias, usualmente llamadas "casos de los granjero - l.gronger cases), fallados entre 1870 94 y Ul80 a • El mismo 'tó como consecuencia del dictado de una ley de illinois que di ponía la fijación de precios máximos para el almacenaj de granos en Chicago, considerada contraria a la Decimocuarta Enmienda. La Corte, conducida por su Chief Justice Waite, ostuvo la constitucionalidad de la ley alegando que lo elevadores terminales de granos eran de interés público y ello autorizaba a la legislatura la fijación de precios máximos a u arbitrio. También puede anotarse, como excepción importante a la doctrina dominante, "Muller v. 95 O~cgo-~" ~ , en ~onde admitió la validez de una ley de limitacwn de la JOrnada laboral para mujeres. "Adk:iC'ns Children' Hospital", •Ons t:JBR ruct10n o.",v. 269 U.S. 385 0926). 261 U.S. 525 (1923); "Connally v. General

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turaleza -en opinión del juez Pitney, redactor del fallo- implicaba una restricción a la libertad contractual del trabajador quien , en aras de obtener un buen empleo, debía poder renunciar a su derecho a formar parle de un sindicato. Otros casos, además del citado eje mplifican bien la tendencia del momento . Así tenemos v. gr. aquellos en que fueron declaradas inconstitucionales leyes de salario minimo 3H8 , de precios mínimos ~ 89 , de relacione laborales ~\!() o de formas estandarizadas de la producción 1• Dentro de este mismo período debe considerarse también ..Allgeyer v. Louisiana"""", donde fue declarada inconstitucional una ley de ese estado que prohibía celebrar contratos de seguro marítimo con empresas que no hubieran obtenido autorización para realizar actos de comercio en el estado. De todos modos este período no es absolutamente unifor9 me y aparecen así ~sos como Munn v. Illinois'>:~ :J , radicado dentro de un célebre grupo de sentencias, u s ualmente llamadas "casos de los granjeros" (granger cases) , fallad~s entre . 1870 y 1880 3 9 4 • El mismo se suscitó como consecuenc1a del .d1ctad_o de una ley de lllinois que disponía la fijac1ón de prec1os maximos para el almacenaje de granos en Chicago, considerada contraria a la Decimocuarta Enmienda. La Corte, conducida por su Chief Justice Waite, sostuvo la constitucionalidad de la ley alegando que los elevadore:s terminales de granos eran de inte r és público y ello autorizaba a la leg islatura la fijación de precios máximos a su arbitrio . También puede anotarse, como excepción importante a la doctrina dominante, "Muller v . O~ego.~" \ en ~onde se admitió la validez de una ley de linutacwn de la JOrnada laboral para mujeres. 39

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".Adkins v. Childrcm's Hospital ", 261 U .S. 525 (1923); "Connally v. General Construchon Co.". 269 U.S. 385 (1926). as9 "W'Ili "<JO " I ams v.. Standard Oil Co. of Louisia na", 278 U. S. 235 (1929). · W~IIT P~cking .co .. v. Court of lndust. Reltns.", 262 U.S. 522 (1923), dond e ;e "declaró Inconsh~ucwnal una ley que imponia el arbitraje obligatorio. 19 · , J ay Burns Bakmg Corp. v. Bryan", 264 U .S. 504 (1924) 392 165 u. s. 578 0 897). . 39 " 94 U. S . 113 (1877 ). 394 Thdos ellos se referían a la validez de d inspiradas en una de nlinois re ula b· un g.ru~o . e leyes ~statales que , las tari fa s má s accesibles a ' losga . ~te 1comerciO len ovia no tendiendo a hacer du etos. gncu ores qu e desea ba n transporta r sus pro395 208 u.s. 412 (1908).

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Asimismo, no puedo omitir señalar los casos "Noble State Bank v. Haskell" 396 y "Block v. Hirsh" 397 • En el primero se discutía la validez de una ley de Oklahoma, que obligaba a los banqueros privados a constituir un depósito de garantía tomado de una retención del cinco por ciento de sus depósitos """· Rolmes comienza su argumentación en favor de la validez de la ley, diciendo que el poder de policía se extiende a todas las necesidades públicas, con cita de "Camficld v. United States" 399 , agregando luego que es válida la ley : "cuando la ventaja mutua es compensación suficiente, una ulterior ventaja pública puede justificar un apoderamiento comparativamente insignificante de propiedad privada para lo que , en su propósito inmediato parecería ser uso privado". Por su lado, "Block v. Hirsh", también decidido por Holmes 400 , analiza el problema de la validez de una ley de locaciones del Distrito de Columbia, que autorizaba al inquilino a permanecer en la vivienda luego de vencido el contrato. A su vez, la ley delegaba en una comisión la regulación de la relación entre el inquilino y el propietru·io. Rolmes entendió que la ley era constitucional, siendo a su juicio de "poca importancia" que el derecho de la posesión del propietario no fuera juzgado por jurados 401 • También debe ser mencionado "Barbicr v. Connolly" 402, donde fue declarada constitucional una ordenanza de San Francisco que prohibía el trabajo nocturno en las lavanderías. Paralelamente , sin embargo, fue establecido en un grupo de casos que una ley que obligaba a llevar pal:lajeros por ferrocarril sin compensación era confiscatoria 103 , y de igual man era , si bien se declaró constitucional una ley 219 u.s. 104 (l!Jll). 256 U.S. lilfi (192U. =~~~ r;¡ propósito de la ley era -como bien lo destaca la ~tm~encia- obligar a las entidades financiet·as a tener un fondo de garanlía 4ue pen:nHiera devolver n Jos inversores sus depósitos frente a una evenlual insolvencia de algún banco. El banco demandanle soste nía que era solvenle y 4uc no necesitaba del fondo de garantía esta blecido, agregando que sufría una expropiación sin compensación alguna . 399 167 U.S. 5Hl (1897). 4 00 Cun la disidencia del Chief Justice White, de Van Devanter y Me Rey nold s. 4 0 1 En igual sentido fueron juzgadas leyes de New York en: "Marcus Brown Holdin g Co. v. Feldman" (256 U.S. 170 - 1921- ), y "Edgar A. Levy Leasing Co. v. Sil•gel" (258 U.S. 242 - 1922- ). 396 ~ 97

u.s.

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"Railroad Commission Cases", 116 U.S. 307 (1886).

'67 ' 31 (1885).

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turaleza -en opinión del juez Pitney, redactor del fallo- implicaba una restricción a la libertad contractual del trabajador quien, en aras de obtener un buen empleo, debía poder renunciar a su derecho a formar parte de un sindicato. Otros casos, además del citado ejemplifican bien la tendencia del momento. Así tenemo v. gr. , aquellos en que fueron declaradas inconstitucionale leyes de salario minimo 388 , de precios mínimos 389 , de relaciones laborales 390 o de formas estandarizadas de la producción . Dentro de este mismo período debe considerarse también Allgeyer v. Louisiana" 3 ~\ donde fue declarada inconstitucional una ley de ese estado que prohibía celebrar contratos de marítimo con empresas que no hubieran obtenido auto · "ón para realizar actos de comercio en el estado. De todos modos, e ~ periodo no es absolutamente uniforme y aparecen así casos como "Munn v. Illinois" 39:1, radicado dentro de un célebre gru d sentencias, usualmente llamadas "casos de los granjero er cases), fallados entre 1870 y 1880 m . El mismo - · ó como consecuencia del dictado de una ley de Illinois que di ponía la fijación de precios máximos para el almacenaje de granos en Chicago, considerada contraria a la Decimocuarta Enmienda. La Corte, conducida por su Chief Justice Waite, sostuvo la constitucionalidad de la ley alegando que los elevadores terminales de granos eran de interés público y ello autorizaba a la legislatura la fijación de precios máximos a su arbitrio. También puede anotarse, como excepción importante a la doctrina dominante, "Muller v. Oregon" 395 , en donde se admitió la validez de una ley de limitación de la jornada laboral para mujeres. aaa "Adkins v. Children's Hospital", 261 U .S. 525 (1923); "Connally v. General Constm ction Co.". 269 U .S. 385 (1926). ass "Williams v. Standard Oil Co. of Louisiana", 278 U.S. 235 (1929). 3!XI "Wo\JT Packing Co. v. Court of Indust. Rcltns .", 262 U.S. 522 (1923), donde se declaró inconstitucional una ley que imponía el arbitraje obligatorio. ~ 9 t "Jay Durns Baking Corp. v. Bryan", 264 U .S . 504 (Hl24). 39< 165 u.s. 578 (1897). 393 94 u.s. 113 (1877). 3 9 4 Tudos ellos se referían a la validez de un grupo de leyes estatales que, inspiradas en una de lllinois, regulaban el comercio ferroviario tendiendo a hacer las tarifas más accesible a los agricultores que deseaban transportar sus productos. 395 208 u.s. 412 (1908).

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Asimismo , no puedo omitir señalar los casos "Noble St~te Bank v. Haskell"""" y "Block v. Hirsh"""7 • En el primero se discutía la validez de una ley de Oklahoma, que obligaba a los banqueros privados a constituir un depósito de garantía tomado de una retención del cinco por ciento de sus depósitos ~ 98 • Rolmes comienza su argumentación en favor de la validez de la ley, diciendo que el poder de policía se extiende a todas las necesidades públicas, con cita de "Camfield v. United States"·l99 , agregando luego que es válida la ley: "cuando la ventaja mutua es compensación suficiente, una ulterior ventaja pública puede justificar un apoderamiento comparativamente insignificante de propiedad privada para lo que , en su propósito inmediato parecería ser uso privado". Por su lado, "Block v. Rirsh" , también decidido por Rolmes 100 , analiza el problema de la validez de una ley de locaciones del Distrito de Columbia, que autorizaba al inquilino a permanecer en la vivienda luego de vencido el contrato. A su vez, la ley delegaba en una comisión la regulación de la relación entre el inquilino y el propietario. Rolmes entendió que la ley era constitucional, siendo a su juicio de "poca importancia" que el derecho de la posesión del propietario no fuera juzgado por jurados 401 • También debe ser mencionado "Barbier v. Connolly" 402 , donde fue declarada constitucional una ordenanza de San Francisco que prohibía el trabajo nocturno en las lavanderías. Paralelamente , sin embargo, fue establecido en un grupo de casos que una ley que obligaba a llevar pasajeros por ferrocarril sin compensación era confiscatoria 403 , y de igual manera , si bien se declaró constitucional una ley ~96

219 U.S. 104 (1911).

:m 256 U.S. 135 (1921). 3 9~ El propós ito de la ley era -como bien lo destaca la sentencia- obligar a las entidades fw ancieras a tener un fondo de ga ra ntía que permitiera devolver a los inversores sus depósitos frente a una eventual insolvencia de algú n banco. El ba nco demandante sostenía que era solvente y que no necesitaba del fondo de garantía establecido, agrega ndo que sufría una expropiación sin compensació n alguna. 3D9 167 U.S. 518 (1897). 4 00 Con la disidencia del Chief Justice White, de Van Devantcr y Me Rcynold s. 401 En igual sentido fueron juzgadas leyes de New York en: "Marcus Brown Holding Co. v. Fcldman" (256 U.S. 170 -1921- ), y "Edgar A. Levy Leasing Co. v. Siegel" (25R U .S. 242 -1922-). 4o2 1.13 U.S . 27, 31 (1885). 403 "Ra ilroa d Comm ission Cases", 116 U.S. 307 (1886).

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de Kansas que prohibía la manufactura y venta de bebidas alcohólicas, estableció que el Tribunal tenía competencia para examinar la razonabilidad de tales medidas legislativas e invalidar aquellas en las que no estuviera demostrada la relación de proporción entre la prohibición y la salud pública, la moral o la seguridad 404 • Apareoen también los casos antimonopolio. Entre ellos uno de los más famosos fue "Standard Oil Co. v. United States" 405 , donde la Corte de los Estados Unidos, por primera vez en su historia, hizo aplicación de la Sherman Act (Ley Antimonopolio) y ordenó al gigante del petróleo norteamericano dominado por su creador, John D. Rockefeller, dividir a la compañía en numerosas partes- . Este fue uno de los primeros grandes golpes de la juri prudencia al capitalismo sin límites y marca el comienzo de un nuevo estado constitucional 407 • Tampoco la Argentina vio pasar este período sin excepciones al criterio mayoritario, existiendo fallos que se han hecho célebres por la aceptación constitucional de leyes restrictivas de la propiedad y de la libertad contractual. Entre ellos cabe señalar principalmente a "Empresa Plaza de Toros c/Buenos Aires"•o•: donde. ~e admitió la validez de una ley provincial que, hab1~ prohib1do l.~ corridas de toros, declarando que no podia obhgarse a admitir la construcción de un establecimiento e~os efec~os, ni ~un invocando la cláusula constitucional de d:;lbertad I~dustn~ o comercial. En igual sentido, cabe recorel conOCJ.do caso Saladeristas de Barracas rfBuenos Aires"•09 en el cual fue rechazada una demanda de aquéllos en la ' ~e. r.e clamaba a la Provincia la compensación por d~ños y ie~~ JUlC~os por la susp~nsión de las tareas de faena de ganado deb1do ~ .la necesana protección de la salud pública frente ~ una actiVIdad que la comprometía 41 o· Años desp ues , f ue' resue 1to

f

"Mugler v. Kansas", 123 U.S. 623. 661 (1887) 221 u .s. 1 (1911). . La historia de este caso a asi . preme Court of the United State P •t onafte puede verse en History of the Su· ponsible Government" by Ale sd, CJB.: kvo . IX (1984), "The Judiciary and Res407 A ' xan er 1c el and Benno C S hm .d cerca de los comienzos de la !u . . · e 1 t, ps . 96 a 113. puede verse BiAN t:HJ, Alberto B L cha a?tunonopólica e_n los E~tados Unidos 2001, t. I, § 7, p. 47. ., a regulac~on económica , Abaco, Buenos Aires 40 H Fallos , 7:152 ( 1870) ' ' 10 ~ Fallos , 31:274 (1887) 410 L · d os saladeros arrojaban desperdicio . e allí que la Corte sostu vo enfáti s .al no , contaminand o las aguas, camente QUe nmguno puede tener un derecho 404 405 406

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"Ercolano c!Lanteri de Renshaw" 4 11 , donde se declaró la validez constitucional de una ley que congelaba el precio de las locaciones 412 • La figura que más se destacó en la Corte Suprema durante este período fue Antonio Bermejo, su presidente entre 1905 y 1929 m . Durante estos cincuenta años la Corte estableció adeadquirido de comprometer la salud pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo" (cons·id 32) , agregando luego que "la propiedad está sujeta a las restricciones y limitaciones exigidas por el interés público o por el interés privado" (cons id. 6"). 411 Fallos , 136:170 (1922). 41 ~ Una de las manifestaciones de la crisis econom1ca que sobrevino a la Primera Guerra Mundial fue la escasez de vivienda. Ello provocó el alza de los precios de las locaciones, que se convirtieron en inac~esibles para personas de pocos recursos . Como respuesta a este problema, el Congreso sancionó la ley 11.157, por medio de la cual se congelaban los alquileres por dos afios a los precios de 1920. Ello motivó la reacción de los propietarios, que reclamaron la inconstituciona lidad de la ley por violatoria del derecho de propiedad y la libertad de cotllratar. La Corte -fallando a favor de la constitucionalidad de la lt:y- sostiene que el derecho de propiedad, al igual que cualquier otro, no es absoluto , y existen, dice , "circunstancias muy especiales en que por la dedicación de la propiedad privada a objetos de intenso interés público y por las condiciones en que ell a es explotada, justifican y hacen necesario la intervención del E stado en los precios, en protección de intereses vitales de la comunidad. Cuando por la naturaleza del negocio, por las condiciones físicas en que se desenvuelve o por otJ·a circunstancia semejante, no fuere posible la acción eficiente del regulador común, es decir la competencia, el propietario se hallaría en aptitud de imponer a la sociedad verdaderas exacciones bajo el nombre de precios. Cuando mayor sea el interés del público por aquello que constiluye el objeto del monopolio, más fuerte puede ser la opresión económica y más sensibles y perniciosos sus efectos, pudiendo llegar al caso de qu e la prosperidad y el bienestar esencial de un país o una región se encuentren a merced de la avidez o del capricho de los que detentan los !'a ctores de un servicio de vital necesidad. Llegándose a ese punto exlremo, la protección de los intereses económicos, constituye para el Estado una ob ligación de carácter primat;o y tan ineludible como lo es la defensa de la seguridad, de la salud y de la moralidad". 413 Bermejo llegó al Tribunal en 1903, designado por el presidente Julio A. Roca, y falleció en ejercicio de sus funciones como presidente de la Corte en 1929. Había nacido en Chivilcoy el 2 de febrero de 1853 y fue alumno del Colegio Nacional de Buenos Aires . Discípulo de Amadeo Jacques , a los 17 años era profesor de matemáticas y filosofía . Ingresó a la Facultad de Derecho de Buenos Air es donde se graduó de doctor en jurisprudencia en 1876, con una tes1s sobre Cuestión de límites entre la República Argentina y Chile , que concitó enorme interés. Tres años después, publicó La cuestió" chilena y el arbitraje (1879). Tuvo mucha actividad política en el campo rnitrista. En 1895 se lo des1gnó para ocupar e l ministerio de Justicia e Instrucción Pública en la presidencia de José Evansto Uriburu , que desempeñó , con una interrupción de :arios días , hasta el _23 ~e julio de 1897, en que renunció. Durante s u actuac1ón al frente del Mm•ste1ao

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más, a través de un grupo importante de sentencias, las bases esenciales de lo que en el futuro sería su cuerpo jurisprudencia!. La lectura de estos pronunciamientos deja entrever en numerosas ocasiones la influencia recibida de la Corte Suprema de los Estados Unido y de dos constitucionalistas norteamer·icanos muy célebres entonces: Thomas Cooley••• y Westel Woodbury Willoughbym, autores de sendos trabajos citados permanentemente por el Tribunal 416 • La Corte, en este período, fijó los límites del estado de sitio 417 ; hizo aplicación del hábeas corpus'118 ; protegió el medio ambiente 4 ' 9 ; protegió la inviolabilidad de los papeles privado · e tableció las bases de la delegación legislativa 121 ; protegió el principio de legalidad en materia impositiva 422; eximió de imp uestos provinciales a los ferrocarriles reali zó una gran obra. fundando la Escuela Industrial, la Escuela de Comercio de Bellas Artes, y colaboró en la instalación de la Facult.ad lémñ.no de su gestión mini sL~Jrial , fue elegi do diputado pn5e:Clii.Ddo proyecLos sobre cu es tiones vinculadas con la insrégimen de pension es conocida por "ley Bermejo". de nuest.ro país, intervino en el Congreso P a nariendo el campeón del arbitraje oblig-atorio, y presidió {;na excelente sem blanza de la vida de Anlonio Berm ejo J., La uida pública y sus protagonistas, Córdoba, también las palab ras de Eduardo BuHsn en Pri1925), Acade mia Nacional de Derecho y Ciencias ~ Aires, 1981, p. 19. Cooley (1824-1898) dominó el escenario del der echo U durante varias décadas, especialmenLe desde Cc:zstim1iaoal Lirnitations en 1868. Fue j uez de la Corte el primer directorio de la Interstate Commerce .,....,...,...,._Bernard, Sorne Makers of American Law, Ajoy Law y siguientes. Política en la universidad John Hopkins y a de~Jente escribió: The American Constitutional

Umted States: Its Place and lnflueru;e in our of the State; Rights and Duties o{ American ·rutional Limitations, ya citado previamente The Constituliunal Law

sq;;:mca. ,... obra más citada es

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como medio de impulsar la cláusula de progreso 423 ; se opuso a la doctrina de la supremacía legislativa 424 ; sentó las bases de la defensa en juicio en materia penal 425 ; estableció la naturaleza jurídica de los municipios 426 ; reguló el poder impositivo de las provincias 427 ; dio pie a la doctrina del sometimiento voluntario a un determinado régimen jurídico m , que tuvo y tiene importantes efectos en materia de legitimación para requerir el control 429 • Corresponden asimismo a estos a ños , en materia de control judicial y cuestiones políticas no justiciables, los casos fundadores de cada instituto. Menciono, por ejemplo, "E duardo Sojo" •ao, "Municipalidad c/Elortondo" 431 y "Cullen c/Llerena"m, ya analizados en el curso del presente 433 • Durante esta época la libertad de expresión tuvo escasa intervención en el mundo constitucional. La que hoy es considerada la más majestuosa de las libertades constitucionales •~-, en aquella época todavía tenía escaso desarrollo. Prueba de ello lo constituyen los casos de condenas criminales aplicadas bajo la Ley de Espionaje (junio de 1917) 435 y la Ley de Sedición (mayo de 1918) 4'¡ 6 . Uno de ellos, "Abrams v. United States" 43 \ se suscitó como consecuencia de la condena impuesta a un grupo de opositores al envío de tropas norteamericanas al frente durante la Primera Guerra Mundial. Los mismos había n distribuido unos panfletos que contenían críticas al presidente Woodrow Wilson e incitaban a la huelga en las fábricas de armamentos. La mayoría del Tribunal sostuvo que la publicación de dichos panfletos en tiempos de guerra no estaba protegida por la Pri4n "Ferrocarril Central Argentino c/Santa F e", Fallos, 68:227 (1897). 424 "Horta c/Harguindeguy", Fallos, 137:47 ( 1922). 425 "Núñez c/Rocca de Ominelli" , Fallos, 125:10 (1916)_ 426 "Municipalidad de La Plata c/Ferrocarril del Sud", Fallo s, 114:282 (]911). 427 "Griet Hnos. cfl'ucumán", Fallos, 137:212 (1922). 428 "The South American Stores Gath & Chaves c/13uenos Aires", Fallos, 149:137 (1927). 429 Véase supra, § 66. 4:JO Fallos, 3:!: 120 (1887). ·1:11 Fallos, 33:162 ( 1888). 432 Palios. fi3:420 (1893) . 4J3 Véase supra, § B. e y § 86, e, res pectivamente. 434 ' r ltlnE, Laurence H ., American Constitutional Law, 2nd ed .. The Foundation Pre~s. New York , 1988, p. 785. 435 40 Sta tutes at Large 217 . 436 40 Statutes at Largc 553. m 250 U.S. 616 (19 19).

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

mera Enmienda, mientras que Holmes, s~guido por Br~ndeis , voto, en d'1s1·d enc1·a 43s · En el mismo sentldo fueron resueltos · d otros casos, v. gr., "Schenck v· United States""'"; . "Debs Uv. SUmte "442 4 States"440; "Schaefer v. nited States" H; "P1erce v. · . · § 125. La era de la problemática social y el int~ncionismo estatal (1 930-1980) a) ESTADOS U.

- l. DERECHOS CIVILES V. DERE· La tercera etapa, que podría ser llamada del desarrollo social tkl derech o constitucional, comienza en los Estados Unidos -para fijarle una fecha cierta- luego de la caída de la Bolsa de ~ew York en 1929, cuyo efectos económicos devastador ~ provocarían un giro copernicano en la actitud del Estado hacia la economía, con un fuerte e inevitable impacto en la concepción clásica del derecho constitucional 44 3 • En este etapa el derecho constitucional abandona a la propiedad individual como centro de sus preocupaciones y se dirige hacia otros ámbi La depresión de los años 30 obligó a la

CHOS ECONÓMICO •

438 En su disi Holmes sostuvo: "La persecución fundada en la ex· presión de opiniones mr parece perfectamente lógica. Si no tienes dudas acerca de tus postulado o w poder y quieres con toda tu alma un cierto resu ltado, naturalment.c expresas deseo de ley y desplazas a la oposición. Permitir que la oposición e expn!R parece indicar que piensas qu e la palabra es impotente, como cuando un hombre dice que ha convertido un circulo en cuadrado, o que no ansías de corazón un resultado, o que dudas de tu poder o de tus postulados. Empero, cuando 1 bomb se hayan dado cuenta de que el tiempo ha desba· ratado muchas creencias belicosas, llegarán a creer, no ya en bases mismas de su propia conducta, sino en que el bien último deseado se alcanza mejor por medio del libre intercambio de ideas; que la mejor prueba de la verdad es que el pen~a~iento llegue a ser aceptado en la competencia del mercado, y esa verdad es la uruca base sobre la cual pueden ser cumplidos, de modo segu,·o, los deseos de aquéllo . E a. bajo cualquier punto de vista, es la doctri na de nuestra Cons· titución . Con iste en un experimento, al igual que toda la vida consiste en un experimento". 439 249 U.S . 47 (1919). 440 249 u.s. 2ll (1919). 411 251 u.s. 466 (1920). 442 252 U.S . 239 (1920). 44a Analizo con cierto detalle la crisis de 1929 e n BIAN< ' Hl. Alberto n. , La regulación económi.ca , ci , especialmente en § 16.

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adopción de medidas de emergencia, que rebasaron sus fronteras. La crisis trajo el New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt 4 4 \ y con él una nueva corriente jurisprudencia! que marcada su perfil para los siguientes cincuenta años. La era del no intervencionismo declinó rápidamente, con sentencias como las de los casos "Home Building and Loan Association v. Blaisdell" 445 , "Nebbia v. New York" 446 y "West Coast Hotel v. Parrish" 447 • 4 44

Véase la obra cilada en nota antedor en § 17. 290 U.S. 398 ( l 934). Conducido por el voto del Chief Justice Charles Hughcs, este fallo resuelve el planteo de inconstitucionalidad en contra de una ley dictada C'n 1933 por el estado de Minnesota que había dispue•to una morato1ia hipote~aria. La ley se impugnaba con base en el artfculo 1, sección 10, es decir la cláusula contractual de la constitución norteamericana, en cuanto permitía la prórroga del plazo del rescate de las fincas vendidas en ejecuciones hipotecadas, por el término que los tribunales estimaran equitativo, siempre que no excediera del 1~ de mayo de 1935. Ello, naturalmente, provocaba una intervención estatal en la esfera de una contratación pdvada. La Corte Suprema de Miunesnta había ente ndido válido el acogimiento efectuado por los esposos Blaisdell a la moratoria 445

(E.~ta nota contin1.ía en lfl. pdgi na sit(u ir:ntf'.J

14 6

291 U.S. 502 (1934). Se discutía aquí la constitucionalidad de una ley de New York , por medio de la cual se creaba una comisión (Milk Control Uoard) autorizada para fijar el precio mínimo que debía pagarse a los granjeros productores de leche y los que debían cobrar los intermediarios, según fueran comerciantes minoristas o mayoristas. La sentencia, conducida por el voto del Jus· tice Rob erls, fundó la constitucionalidad de la ley diciendo , entre sus párrafos más salientes: "B¡¡jo nuestra forma de gobierno, el uso de la propiedad y lu celebración de los contratos son normalmente asuntos de interés privado y no público. La regla general e> que ambos deben estar libres de la inj erencia gubernativa. Pero ni los derechos de propiedad ni los derechos contractuales son absolutos ('Munn v. Illinois', 94 U.S. 113), porque el gobierno no puede existir si el ciudadano puede usar a voluntad de su propiedad en detrimento de sus conciudadanos o ejercer su voluntad de contratar con perjuicio de ellos . Tan fundamental como el derecho individual es el derecho de la comunidad (o público) para regularlo en el interés común". 447 300 U.S. 379 (1937). Nuevamente aquí un voto de Hughes, si bien con una numerosa disidencia (votaron en contra Suthcrland, Van Devunter, Me Reynolds y Butlerl, declaró la validez de una ley sancionada en 1913 en el estado de Washington referida al salado mínimo que debía abonarse a mujeres y menores (Minimun Wages for Women Act). Elsie Pardsh y su maddo, empleados del West Coast Hotel, demandaron el pago de las diferencias salarial es que por aplicación de la susodicha ley les correspondía. La ley fue considerada válida por la Corte, señalándose entre otras consideraciones que no violaba en modo alguno ni la libertad de contratar ni la Enmienda XIV de la Constitución. "La libertad que se protege - dice la Corte- es la libertad en una sociedad organizada que requiere de la protección de la ley contra los males que amenazan la salud, la seguridad, la moral y el bienestar del pueblo" .

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C ONTROL DE CONSTITUC ION ALIDAD

Al mismo tiempo y como parte de este fenómeno , se produjo la llamada "Revolución Constitucional" por medio de la cual la Corte concentró su atención sobre las leyes restrictivas de dere18 chos individuales. La nrisma -según señalan los autores •' tiene acta de nacimiento en la célebre nota de pie de página nQ4 del fallo recaído en "United S tates v. Carolene Products" , elaborada por el Justic.e Stone -" 9 : "Debe h aber una presunción de constitucionalidad más estrecha cuando la ley incurre manifiestamente en una prohibición constitucional específica contenida en las primeras diez enmiendas, las que son igualmente específicas cuando se la consider a contenidas dentro de la De-

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cimocuarta Enmienda" 450 • Según DuCAT 451 , esta decisión fue formulada tajantemente en 1945 en "Thomas v. Collins" 452 , cuando fue declarada inconstitucional una ley de Texas que obligaba a los sindicalistas a registrarse en el estado, sometiendo sus actividades al otorgamiento de una licencia previa. Asimismo, fue establecido posteriormente que ningún estado puede privar a sus ciudadanos de los privilegios y protecciones que brinda el bill of rights 453 • Ello se manifestó, además, en casos como "Olsen v. State of Nebraska" 45\ "Lincoln Federal Labor Union v. ex rel. Western Reference & Bond Northwestern Iron Metal Co." 455 y "Ferguson v. Skrupa"' 56 • El cambio fundamental se produjo con la profunda renovación de la Corte durante la extensa presidencia de Franklin D. Roosevelt 457 • Cuando éste llegó al poder en 1933, luego de varias administraciones republicanas, la Corte estaba presidida por Charles Evans Hughes, un conservador moderado 458 , quien 4 50 "There may be narrower scope for uperation uf the prcsumption of conslitutionality wh en legislation ap pears on its faceto be within a speci!ic prohibiti un of the Co nstitution , such as those of the first ten Amendments , which are deem ed equally specific when held to be emb•·aced witltin the Fourteenth". En otras palabras, lo que la Corte quería senalar era que todos los derechos protegidos en el Bill of Rights contenidos en las primeras diez enmiendas y volcados a hora dentro de la Enmienda 14 no podían ser afectados por la legis lación, ni aun en un grado mínimo. Cuando ésta se oponía a ellos, el examen judicial de su validez debía ser muy estricto, debido a que la presunción de constitucionalidad de aquélla, cuando limi ta tales derechos , posee un escaso margen de amp litud. Un análisis de este caso puede ver~e en MtLLER, GeofTrey P. , 'l'he True Story of CarolP.ne Pro· ducts, "The Supreme Court Review", The University of Chicago Press, 1987, ps. 397 a 428. 4 51 DucAT, Cruig R., Constitutional In terpretation , 6th ed. , West Publishing Co., Minn eapolis , 1996, p. 121. 462 328 U.S. 516 (1945). 4!13 "Ad amsoa v. California". 332 U.S. 46, 74-75 (1947). 4 54 31::! u.s. 236 (1941). 465 335 u.s. 525 (1949). 4!"•fi 372 U.S . 726 (1963) . 4 ~7 Una breve biografía de Franklin Dela no Roosevelt puede verse en BIAN· nu, Alher·to B., La regulación económica, Ábaco , Buenos Aires , 2001, § 17, p. 83, notas 9 a 13. 458 Charl es Evans Hughes integró la Corte en dos períodos diferentes: entre 1910 y 1916 como juez y entre 1930 y 1941 como Chief Justice (Presidente). Fue un jurista y potftico que gozó de gran prestigio público. Le disputó sin éxito la candidatura a Woodrow Wilson ea la elección presidencial de 1916. Antes de ello había sido gobernador de Nueva York (1904-1907) y luego fue secretario de estado del presidente Harding (1921-1925). Antes de ser nominado por segu nda

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CoNTROL DE CONSTITUCIONALLDAD

lidiaba con dos grupos severamen_t~ enfrentados en _el seno de~ Tr'bunal. En el ala derechista militaban los denommados hor 460 se:nen (jinetes), es decir McReynolds 459 , ~utler , Van Deva~­ ter·16' y Sutherland 4 " 2 , francamente opositores a~ nuevo Presidente . El otro sector -progresista- estaba mtegra~o por Brandeis~63, Cardozo 16' y Stone 465 , quienes se hallaban dispues-

l

vez en la Corte Suprema, •e desempeñó como juez de la Corte Internacional de Justicia (l928-I930). 45~ James Clark McReynolds fue designado juez de la Corte en 1914 por el presidente Wilson, y se retiró en 1941. Todo su desempeño en la Corte está marcado por una posición manifiestamente contraria a la legislación social e intervencionista del E lado. Fue uno de los más duros opositores al New Deal. Se hizo famoso también por su acérrimo antisemitismo, el que lo llevó a confrontar permanentemente con sus colegas Brandeis y Cardozo, de origen judío. No obstante se lo recuerda también por sus obras de caridad, ya que en su madurez se hiw cargo de trece niños víctimas de los bombardeos alemanes en Inglaterra. 460 Pien:e Buller fue juez de la Corte en el período 1923-1939. Falleció siendo miembro del Tribunal. Fue otro acérrimo enemigo de la regulación estatal de la economía y votó invariablemente en contra del New Deal . 4 6 1 Willis van Devanter fue juez de la Corte entre 1910 y 1937. En su vida profesional se desempeñó como abogado de empresas ferroviarias y luego fue designado juez de la Corte de Apelaciones del Octavo Circuito. Republicano por convicción politica. se opuso también tenazmente al New Deal. 462 Gcorge utherland integró la Corte entre 1922 y 19:i8. Antes de ello había sido diputado J nador. Su adscripción al credo conservador quedó de manifiesto en diversas c:ausas anteriores al New Deal y se hizo más evidente con el programa de -erno de Roosevelt, al que combatió decididamente. 463 Una semblanD de su actuación pública puede leerse supra (cap. 1, nota 200). 4 64 Bel\iamin 'ath.an Cardozo ocupó un lugar en la Corte Suprema por un breve periodo (1932-1 ), luego de una larga y fecunda labor como juez en los tribunales de ew York., donde adquirió gran reputación nacional. Se desempeñó también como profesor en la Universidad de Yale . De todos los jueces de la Corte fue el que más adhe 'ón demostró al New Deal , quedando como único disidente e n el caso ""Panam.a R..e.ñning Co." (ver infru, nota 468) en el cua l fue declarada

la inconstitucionalidad de la National Industry Recovery Act. 466 Harlan Fiske Stone ingresó al Tribunal en 1925 y en 1941 fue designado Chief Justice por Roosevelt, posición que ocupó hasta su fallecimiento en 1946. Viejo amigo del presidente Coolidge, fue su Attorney General en 1924 y luego miembro de la Corte. Su can-era anterior a la Corte estuvo dividida t-ntre su ex.ilosa práctica como abogado en Sullivan & Cromwell y sus clases como profesor en la Universidad de Columbia. Su carrera es curiosa. Llegó a la Co•"ie de la mano de un presidente republicano y ostentando una dilatada act.ivic!Hcl como abogado al servicio de importantes firmas de Wall Street. No obstante, en el Tribunal fue un defensor del programa de gobierno de Roosevelt, de quien supo obtener confianza suficiente como para ser designado al frente de aquél.

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tos a apoyar las medidas de intervención económica del New Dea[466. En el medio de estas dos tendencias estaba el noveno de los miembros, Roberts 467 , que, junto con Hughes, intentaba equilibrar las posiciones. Si bien inicialmente se produjeron casos como "Nebbia", "Home Building'' y "West Coast Hotel", arriba mencionados , en los que la Corte acompañó las decisiones del Presidente, luego la Corte se opuso fuertemente a la política presidencial en "Panama Refining Co. v. Ryan" 468 y "A.L.A. Schechter Poultry Corp . v. United States" 469 , declarando inconstitucional una de las leyes centrales del New Deal . Ello determinó a Roosevelt a provocar cambios en el Tribunal de los "nueve ancianos" (the nine old men), como se decía despectivamente a esa Corte. Fue así como envió al Congreso un proyecto de reformas conocido como el Court Packing Plan ("plan para empaquetar a la Corte") 470 , que de haber sido aprobado le habría permitido a Roosevelt colocar allí seis nuevos jueces, elevando los miembros del tribunal a quince . Con ello el Presidente se aseguraba una cómoda mayoría. El proyecto finalmente fracasó en el Senado, pero el cambio de mentalidad en la Corte estaba producido. A partir de alli, paradójicamente, comenzaron a producirse recambios en los miembros de la Corte, que dieron a Roosevelt la oportunidad de nombrar en años posteriores a ocho jueces 466

Véase

BIA NCH I,

Alberto

B .,

La regulación económica, § 1R, ps. 107 y si-

guientes. ~67 El paso de Owen J osephus Roberts por la Corte Suprema se extiende por 15 años (1930-1945) que han quedado m arcados por su si nuoso manejo de las posiciones dentro del Tribunal, ya que tanto enfre ntó al New Deal alinead o con lo s horsemen como se volcó a favor de aquél cuando a rreciaron las críticas contra la Corte como consecuencia de su actitud hostil hacia el programa de gobierno de Roosevelt. 468 293 U.S. 388 (1935). 46u 295 U.S . 495 (1935). 470 Si bien preten día ser un sistema integral de reform as de la justicia federal , era claro que estaba dirigido directame nte a la Corte. En lo esencia l, permitía la des ignación de un nu evo juez fed eral por cada uno de los CXlslentes que habían esta do en el cargo por espado de diez anos o más, y no se hub1eran retirado dentro d~ los seis meses de haber cumplido setenta años. D1cho nuevo juez sería des ignado e u el tribunal dond e el septuagenario se desempeñara. Puede verse el texto completo de este proyecto de ley y sus documentos anexos en Wnvr, Elder, Cuide to the U.S. Supreme Court, znd ed ., Congressional Quarterly, Washington D.C., l 990, ps. 957 a 975 .

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en el Tribunal 47 1 y elevar a Hru·lan F. Slone a Chief Justice, siendo, después de Washington, el Presidente que más nombramientos ha efectuado hasta el presente. Así, a partir de 1938 comenzaron a incorporarse a la cláusula del debido proceso de la Decimocuarta Enmienda los diferentes derechos contenidos en el bill of rights. Tales por ejemplo, los de la Primera Enmienda, como el de reunión (assembly) 472 , de petición 473 , de libre ejercicio del culto religioso 474 , de no imposición de un culto determinado 475 , los derechos de la Cuarta Enmienda en contra de registros e inspecciones arbitrariasm, y de eliminación de la prueba incorporada ilegalmente a un proceso criminal 477 , lo derechos emanados de la Quinta Enmienda contra la auto-incriminación 478 y el doble juzga miento por el mismo delito 479 los derechos de la Sexta Enmienda a la asistencia letrada 480, a un juicio rápido 181 y público 48 ' celebrado ante un jurado 483 , a la posibilidad de confrontar o carear testigos 484 y a poder obligar de manera compulsiva a declarar a los testigos de descargo en favor del acusado 4 "'\ también, el derecho a no ser sometido a castigos crueles o inusuales, contenido en la Enmienda Octava 486 . Un nuevo impulso liberal se experimentó con la llegada al Tribunal del Chief Justice Earl Warren en 1953 487 , que fue 471 En la era de Roosevelt llegaron al Tribunal Hugo Lafayette Black (19371971), Stanley Reed (1938-1957), Felix Frank.furter (1939-1962), William O. Douglas (1939-1975), Frank Murphy (1940-1949), James F. Byrnes (1941-1942), Robert H . Jackson (1941-1954), y Wilcy B . Rutledge (1943-1949 ). 472 "De Jonge v. Oregon", 299 U.S. 353 (1937). 473 "H ague v. ClO", 307 U .S. 496 (1939). 474 "Cantwell v. Connecticut", 310 U.S. 296 (1940). 475 "Everson v. Board of Educat.ion", 330 U.S. 1 (1947). 4i6 "Wolf v. Colorado", 338 U .S . 25 (1949). •11 "Mapp v. Ohio", 367 U.S. 643 (1961). 478 "Malloy v. Hogan", 378 U.S. 1 (1964). 479 "Benton v. Maryland", 395 U.S. 784 (1969). 480 "Gideon v. Wainwright", 372 U.S. 335 (1963). 481 "Klopfer v. North Carolina", 386 U .S. 213 (1967). 482 "In re Oliver", 333 U.S. 257 (1948). 4 8:J "Duncan v. Louisiana", 391 U.S. 145 (1968). 484 "Pointer v. Texas", 380 U.S. 400 (1965). 4 85 "Washington v. Texas", 388 U.S. 14 (1967). 486 "Robinson v. California", 370 U.S. 660 (1962). 487 Earl Warren (1891-1974), hijo de inmigrantes escandinavos tuvo una activa vida política en su estado natal, California, donde luego de ocup~r diversos cargos des de 1919 llegó a ser gobernador (1943-1953). Fue luego presidente de

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fructífera en materia de progreso de los derechos individuales. Los casos más célebres de su época son, sin duda, "Brown v. Board of Education" 488 , referido a la igualdad total entre negros y blancos, y "Baker v. Carr" 489 • El primero acabó con la doctrina de "Plessy v. Ferguson" 490 de "iguales pero separados" (separate but equal), al declarar la inconstitucionalidad de la segregación racial en las escuelas públicas, que impedía el acceso de niños negros en escuelas exclusivas para blancos, en las que se concentraba la mayoría del presupuesto para educación. El segundo, ya analizado antcriormente 491 , desterró las cuestiones electorales del campo de las cuestiones políticas y permitió efectuar una mejor distribución distrital (reapportionment). Asimismo, fueron incorporados los derechos no enumerados de la Enmienda Novena 492 • El voto disidente del juez Harlan en "Poe v. Ullman" 4 9 ' establece claramente que la enumeración de derechos efectuada en las Enmiendas Primera a Octava no implica la eliminación de otras libertades no específicamente establecidas allí 494 , lo cual -bueno es recordarlo- en el derecho la Corte Suprema norteamllricana, desde su nominación por el presidente Einsenhowur, el 30 de septiembre de 1953 (reemplazando al ChiP( Justice Frederick M. Vin•on) , hasta su retiro, el 23 de junio de 1969. Murió el 9 de julio de 1974 (dalus extraídos de la obra The Supreme Courl at Work, Congressional Quar'terly lnc., Washington D.C ., 1990, p. 197). La época que estuvo al frente del1'ribunal ha sido caracterizada como la de mayor "activismo" judicial de la Corte de los Estados Unidos, donde ésta, conducida lúcidamente por un presidente enérgico, sin grandes dotes de jurista pero enormemente pragmático, logró profundas innovacion"s en la vida del país, eu favor de una mayor igualdad social. Tal ve1. el último r epresentante de esta época haya sido el juez William Joseph Brennan, quien renunció a su silla en la Corte en julio de 1990 , luego de una prolongada actuación en el Tribunal desde octubre de 1956. De lados los estudios efectuados sobre este período dll la Corte norteamericana, posiblemente 1:!1 más acabado sea el de Sr.HWAilTZ, Bernard, Super Chief: Earl Warren and his Supreme Couri·A Judit:ia.l Biography, New York University Press, New York, 198::1. 488 347 U.S. 483 (1954) . 489 369 U.S. 186 (1962). 490 163 U.S. 537 (1896). 491 Véase supra, § 22. 492 Antecedente inmediato de nuestro artículo 33, sobre derechos implícitos. 493 367 u.s. 497. 543 (1961). 494 "Thc full scope of the liberty -dice- guaranteed by the Due Proc
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constitucional argentino posee hondas raíces • Esta ~e~dencia había comenzado ya antes de 1937 , con el reconoc1m1ent~ a 495

la enseñanza de idiomas extranjeros' 96 , y el ~ereci:o a, enVlar

a los niños a escuelas priva das 4 y 7 , pero se mtens1fico poste498 riormente , con el reconocimiento del derecho . a P~~cre~f Y la prohibición de exámenes corporales compu lswos , · Sm en:aun a partir b argo , comenzó a visualizarse "más. claramente de 1965 cuando se afirmó en Gnswold v. eonnect'1cu t"soo e1 derecho 'a la privacidad (right of privacy) y quedó confirmada en 1973 , en el célebre caso "Roe v. Wade" 501 , la legitimidad searches and seizures; and so on. lt is a rational continuum which, broadly speaking, includes a freedom from all substantial arbitrary impositions and purposelcss restrainLs (. .. ) and which also recognizes , (. .. ) that certain interests require particularly careful scrutiny of the states need asserted to justify their abridgement". Con ello, la Corte norteamericana daba la razón , finalmente, a Madison, en su disputa con Hamilton, quien se había opuesto a la enumeración expresa de los derechos , por com•iderar que ello podría s uponer la supresión de los que no fueran objet.o de mención expresa. Asimismo, aventaba los temores que sobre la misma exp•·esaba STORYcuando decía: "Esta máxima (la de la Enmienda Novena) bien comprendida es verdadera y sabia, pero se ha abu ado singularmente de ell a para sostener las más extrañas y las más perniciosas herejías políticas" {S'T'OHY, Joseph , Comentario sobre la Constituci6r¡ de los Estados Unidos, versión castellana de la 3" edición norteamericana de Nicolás A. Calvo, Librería de Mayo. Buenos Aires. lHH1. t. IJ, p. 427) . <95 Acerca del artículo 33, nuestra doctrina ha señalado desde antiguo que "sirve a la vez para fijar la interpretación de la Constitución, afirmando sus principios fundamentales, contra los que quisiesen suponer que la letra autoriza la restricción de ciertas libertades, o la suposición de que no es constitucional , ni tiene valor legal, lo que no está expresamente dicho en la Constitución: interpretación que pervierte el espíritu y falsea los fin es a que ella responde" (V>:IJIA, Agustín de, Constitución argentina, Coni I·Inos. , Buenos Aires, 1907, p. 47); en igual sentido, GONZÁLEZ CALDERÓN, Juan A., Derecho constitucional argentino, oh . ci L t . I , ps. 404 a 407. <96 "Meyer v. State of Nebraska", 262 U.S. 390 (1923). 497 "Pit>rcc v. Society of Sist.ers of the Holy N ames of J es us and Mary'', 268 U.S . 510 ( 1925).

"Skinner v. State of Oklahoma ex rel. Williamson", 316 U .S. 535 (1942). "Rochin v. California", 342 U.S. 165 (1952). ;;oo 381 U.S. 479 (1965), caso en que se declaró inconstitucional una ley de ese estado que prohibía el uso de anticonceptivos. Este fallo fue confirmado luego en "Carey v. Population Services International", 431 U.S. 678 (1977), donde se declararon inconstitucionales restricciones impuestas por el estado de N ew York para la venta de anticonceptivos. Tales restricciones prohibían la venta de aquéllos a menores de 16 y la venta a mayores de esa edad que no fuera hecha por un farm acéuLico. Ml 410 U.S. 113 (1973). 498 •Y~

TENDENCIAS JURiDJCO·POLíTICAS DEL CO ITROL

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constitucional del aborto. Ésta continúa siendo, aunque con muchos vaivenes, la sentencia clave para esta temática 502- , decidida por medio del voto del Justice Blackmun con mayoría de 7 a 2 503 . Otros muchos derechos personales han ingresado también a estas libertades preferidas: el derecho al matrimonio 50 \ el derecho a vivir juntos de todos los miembros de una familia 50fi el derecho a decidir el internamiento de los hijos en instituto~ 506 mentales , el derecho a la educación familiar privada de los 0 hijos ¡; \ el derecho de los encargados de la educación de menores a no ser despedidos del trabajo por embarazo, alegando el nocivo 502

Se trataba de un caso planteado en marzo de 1970 po1· una mujer soltera

Y entonces embarazada --Jane Roe- residente en el estado de Texas cuya legis-

lación le impedía abortar. Luego de efectuar una extensa reseña histórica del aborto en lnglaten-a y los Estados Unidos, el voto de Blackmun concluye que el der·ccho de un punto. No obstante, la legalización del aborto no fue absoluta. La Corte intentó hacer un balance entre el compelling interest (inter és apremiante o imper~tivo) de lu mujer abortante y el dt>l Estado en proteger la vida de un futuro ciudadano. Para ello acudió a la tesis de la viabilid:1d (uiability ) entendida como la posibilidad del feto de tener vida fuera del seno materno , y determinó -con la misma ausencia de autoridad científica que había acusado para establecer en qué momento comienza la vida humana- que el embara zo debía dividirse en tres trimestres. Durante el primero -época de total ausencia de viabilidad- estableció un deno!cho pleno de la mujer a abortar sin que el Esta do pudiera exigir otra limitación que no fuera la intervención de un médico debidamente habilitado. E n el segundo trimestre - con una viabilidad más clara- el Estado, si bien uo puede prohibirlo, sí puede poner limites al aborto que sean razonables. en functón de la salud maternal. En el tercer trimestre el Estado puede prohibtr el aborto siempre y cuando el embarazo no comprometa la salud de la madre. 50~ Votaron en disidencia los jueces Rehnquist y White y concurrieron, pero con votos separados, el entonces Presidente (Chief Justice) Burger y los jueces Stcwart y Douglas. !\ll4 "Zablocki v. Redhail", 434 U.S. 374 (1978). sos "Moore v. City of East Cleveland", 431 U.S. 494 (1977) . 50il "I'arham v. J.R.", 442 U.S.584 (1979) . 507 "Wis consi n v. Yoder", 406 U.S. 205 (1972), donde se declaró inconstitucional la penalización de la inasistencia de los alumnos a una escue la si los padres la promovían por motivos religiosos .

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

efecto que ello pudiera tener sobre los alumnos 508 , el derecho a la planificación sexual no integrada de la familia 509 , etcétera. 2. LA UBERTAD DE EXPRESIÓN. En lo referente a la protección de la libertad de expresión, los casos son innumerables y reflejan una evolución hacia la más amplia protección de este derecho. Así, por ejemplo, en "West Virginia Board of Education v. Bamette" 510 debía analizarse la sanción impuesta por un consejo escolar a un alumno, testigo de Jehová, que se había negado a saludar la bandera. La opinión mayoritaria del Tribunal redactada por el juez Jackson centró la cuestión no en la libertad religio a sino en la libertad de expresión. "La cuestión - dijo- no está centrada en la posesión personal de una religión particular, o de la sinceridad con que ella es sostenida (. .. ) El verdadero propósito del Bill of Rights fue apartar ciertos asuntos de las vicisitudes de las controversias políticas, colocándolos más allá del alcance de las mayorías y establecerlos como principio aplicables por los Tribunales (. .. ) Los derechos de la Primera Enmienda son susceptibles de restricción solamente cuando es necesario evitar un daño grave e inminente a lo intereses que el Estado legalmente debe proteger (. .. ) Si existe una estrella fija en nuestra constelación constitucional es que nadie puede prescribir cuál es la ortodoxia en política, nacionalismo, religión u otras materias opinables o forzar a los ciudadanos a confesar a través de palabras o actos su fe (. .. ) Aquello que comienzan a eliminar coercitivamente la disidencia se encontrarán en poco tiempo exterminando a los disidentes. La unificación compulsiva de las opiniones obtiene tan sólo la unanimidad del cementerio" 5 11 • Más recientemente, la Corte empleó los mismo argumentos en "Wooley v. Maynard" 512 , en el cual un matrimonio pertenecienle a los Testigos de Jehová impugnó la constitucionalidad de una ley de New Hampshire que obligaba a colocar en las patentes de los autos la leyenda "Vivir libre o morir"; no hacerlo constituía un delito leve. La Corte, a través del Chief Justice sos "Cleveland Board of Education v. La Fleur", 414 U.S. 632 (1974) . r.oa "E isenstadt v. Baird", 405 U.S. 438 (1972). s1u 319 U.S. 624 (194.'3). úll Votaron en disidencia los Ju stices Frankfurter, Roberts y Reed. r.1~ 430 U .S. 705 (1977).

TE NDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

399

Burger, dijo: "Aquí, como en Barnette, nos encontramos con una medida estatal que obliga a un individuo a ser un instrumento en el fomento de una pública adherencia a un punto de vista ideológico que él encuentra inaceptable. La ley obliga a que el individuo emplee su propiedad privada como pancarta móvil para publicitar el mensaje del Estado y caso contrario ser sancionado. Ello no está justificado por interés estatal alguno. La libertad de expresión de la Primera Enmienda contempla tanto el derecho de hablar libremente como el de guardar silencio. Alnbos derechos son complementarios del concepto más amplio de la libertad de pensamiento". Este período asimismo tuvo un capítulo importante vinculado con el llamado lenguaje simbólico. Muchas conductas, algunas reprochables de por sí -tales como la quema de la bandera- o bien inofensivas -como dormir en un parque público- han sido consideradas lenguaje expresivo o simbólico y gozan de la protección a la libertad de expresión que ampara la Primera Enmienda. El primer caso, "Stromberg v. People of State of California" 5 ' 3 , tuvo lugar cuando la Corte declaró la inconstitucionalidad de una prohibición decretada contra el despliegue de una bandera roja como símbolo o emblema de protesta contra el gobierno organizado. Dijo en tal sentido que la ley cercenaba la oportunidad de ejercer libremente la libertad de discusión. Años más tarde se produjo "Brown v. Louisiana"51\ suscitado como consecuencia de una protesta de un grupo de ciudadanos negros en una biblioteca pública de Louisiana. En dicha biblioteca, los negros tenían prohibido el acceso. Un grupo de cinco de ellos se presentó solicitando un libro y ante la negativa a entregárselo y el requerimiento de que abandonaran el lugar, se produjo una "sentada" de los negros en señal de protesta. Los manifestantes fueron desalojados por la policía y condenados -bajo las previsiones de una ley de Louisiana- por quebrantamiento de la paz. La Corte, con ajustada mayoría de cinco a cuatro, revocó la condena, sosteniendo que la conducta de los convictos estaba protegida por las Enmiendas Primera y Catorce 515 • m

283 U.S. 359 (1931).

5 14

383

u.s.

131 (J 966).

De todos modos , la Corte norteamericana no ha extendido la protección con"t.it.ucional a todas las demostraciones públicas de protesta. Así en "Adderley 5 15

400

CONTROL DE CONSTITUCIONALiflAD

Uno de los casos más célebres en esta materia es "United States v. O'Brien" 516. El caso se suscitó cuando David O'Brien quemó públicamente su credencial d~l Selecti~e ~ervice, en señal de protesta contra la guerra de Vtetnam. O B~ten Y sus compañeros fueron acusados por violación a 1~ Secctón 462 b 3 de la Unive rsal Military 'Irain ing and Sermce Act de 1948, que prohibía toda mutilación voluntaria de tales documento,s. .La Corte, por el voto del Chief Justice Warren, condenó a O Bne~ por violación de dicha ley 517 • Otr? caso en el qu~ fue anahzado el lenguaje simbólico fue "Tinker v. Des ~01nes Scho?l District"s 1s. En este caso, a diferencia del ant.enor, prevalectó el derecho de los apelantes. El caso se produjo cuando un grupo de estudiantes se colocó brazaletes negros en señal de protesta contra la guerra de Vietnam. Las autoridades del colegio los int-imaron a que se los quitaran y frente a la negativa fueron su spendidos hasta tanto regresaran sin ellos. En las instancias de los tribunales federales inferiores, la medida adoptada contra los estudiantes fue admitida, aun en contra de jurispru dencia anterior de las Cortes de Distrito 519 • La Corte, en su opinión mayoritaria, conducida por el juez Fortas, revocó estas decisiones y sostuvo que el uso de los brazaletes no implicaba una conducta que potencial o efectivamente quebrantara el orden. v. Fl ot'ida", 385 U.S. 39 (1966), un grupo de 32 estudiantes de la U nivers idad de Florida fueron cond enados, según u na ley de Florida, por ingresar ilegalme nLc en la cárcel del condado, como señal de protes ta contra el arresto de otros estud iantes ocurrida el día anterior y contra el sistema de segregación racial en las cárceles. Lu ego de ser in tima dos a abandonar la cárcel, fu eron arresta dos. La Corte sostu vo que el estado de Florida ha bía act uado dentro de sus pre\ri siones legales y que poseía derecho a desaloj ar la cárcel para preserva rla de otr os usos que los legalmen te establecidos. fi l~ 391 u.s. 367 (1968). 5 17 Dijo la Corte "We think it clear th at a government regula tion is sufli cic ntly justified if it is within the constitution a l power of the Govemment; if it furthers an important or s ubstancial governmental inter est; if the gove¡·nmental resLr icLion is unrelated to t he s uppression of free exp ression; if th e incidental restriction on a lleged First Amendment freedoms is no greater t ha n is essen tial to t h e fu rth crance of t.ha L iuW rest". 6 18 393 u .s. 503 (1969) . 5 19 . E n "Burnside v. Byars", 363 F.2d 744 (1966), el Qu in to Circuito h a bía p:olub tdo a las a utoridades escolar es pon er en vigencia u n a disposición que impidiera el u Ro de "botones de la lib erLad" ({reedom buttons ).

TENDENCIAS JURiD!CO-POLITICAS DEL CONTROL

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Un caso más difícil fue "Street v. New York" 520, relacionado con la quema de la bandera. Street, un ciudadano negro, escuchó por la radio que James Meredith, líder en la lucha por los derechos civiles de los negros, había sido asesinado. Inmediatamente tomó una bandera y ya en la calle le prendió fuego y la arrojó al pavimento, gritando: "No necesitamos ninguna bandera maldita"; "esta es mi bandera, yo la quemé. Si dejaron que eso le ocurriera a Meredith no necesitamos la bandera norteamericana". Street fue condenado por una disposición del estado de Nueva York, que tipificaba como delito leve el mutilar públicamente cualquier bandera de los Estados Unidos o proferir palabras insultantes contra ella. La Corte, en un fallo de 5 votos contra 4, absolvió a Street. Con igual criterio fue resuelto "Spence v. Washington" 521 • Spence había sido condenado, conforme las previsiones de una ley del estado de Washington 5 '", por colocar en ambos lados de una bandera de su propiedad, luego desplegada en la ventana de su departamento en la Universidad, símbolos de la paz hechos con una cinta, como señal de protesta contra la invasión a Camboya y contra la matanza ocurrida en la Universidad de Kent State. La Corte, con el voto disidente del entonces Chief Justice Burger Y de los justices Rehnquist y White, revocó la condena del tribunal local. Para ello sostuvo que la actitud de Spence, protegida por la Primera Enmienda, no había quebrantado la paz en absoluto. Durante este período, la Corte desarrolló también la doctrina de la real malicia (actual malice), nacida como modo de brindar una mayor protección a la libertad de expresión, Y en particular al periodismo. Según esta doctrina, cuando una publicación ofende a una figura pública, ésta sólo puede obtener la condena de su presunto agresor si logra demostrar que los datos o la información publicados son falsos y que fueron utilizados a sabiendas de ello o con desprecio negligente por su autenticidad. Sin la concurrencia de estos dos extremos no o2o 394 U.R . 576 (1969). s 21 522

418 U.S . 405 (1974).

Esta ley, llamada del "uso impropio", prohíbe colocar en las banderas, emblemas y otros símbolos nacionales o estatales dibujos, figuras , palabras o an~m­ cios. No se trata de la ley que también en el mismo estado prohíbe la profanación (desecration) de la bandera.

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hay condena. La Corte Suprema estrenó la doctrina en el caso "New York Times Co. v. Sullivan" 523 , vinculado con la lucha por la igualdad de blancos y negros de comienzos de la década de 1960. Martín Luther King había sido arrestado por la policía del estado de Alabama y sus partidarios publicaron en el "New York Times" una solicitada en su apoyo, en la que criticaron duramente el accionar de la policía. Los oficiales afectados plantearon una demanda contra el diario señalando que la solicitada incurría en inexactitudes y obtuvieron una condena económica en los tribunales locales. La Corte, por el voto del juez Brennan, revocó la sentencia con fundamento en la real malicia 524 • Esta doctrina ha sido aplicada posteriormente en casos tales como "Curtis Publishing Co. v. Butts" 525 ; "Rosenbloom v. Metromedia, Inc." 526 ; "Gertz v. Robert Welch, Inc." 527 ; "Hustler Magazine v. Falwell" 528 , y "Masson v. New Yorker Magazine, Inc." 529 , entre otros muchos. 3. SiNTESIS. En síntesis, hacia finales de la década de 1930, el control de constitucionalidad cambió sustancialmente de rumbo. En lo atinente a la libertad patrimonial y contractual se debilitó, intensificándose para proteger en los Estados Unidos los derechos civiles. La Corte no ha vuelto a declarar inconstitucional ninguna ley al respecto 630 , a punto tal que autores como Gunther se han preguntado si el mismo ha sido abandonado 53 1. De tal suerte, la Corte norteamericana construyó a partir de esa época un doble standard de constitucionalidad. Por un lado, los derechos económicos, y por el otro las llamadas libertades fundamentales (v. gr., libertad de ex6 23 524

376 U.S. 254 (1964).

Dij~ Bn;nnan : "Th~ constitutional guarantees require , wc think, a federal

rule that pt ohtbtts a public official from recovcring dama¡¡es for a defamatory falschood rel~tong to his official conducl unless he preves that the statement w~s madc w1th "actual malice" -that is, with knowledge that it was false or w1th 525 recklcss dtsregard of whether it was false or not-" (376 U S 279-280) 388 U .S . 130 (1967). . . · 526 403 U.S. 29 (1971). 527 418 32::J (1974). 628 485 U.S. 46 (1988). 529 501 U .S. 496 (1991 ). "~ 0 Un solo fallo decl 6 · t' 457 0957) fu ar tncon~ Itucional una ley: "Morcy v. Doud", 354 U.S. 6~' G YN" e. re;ocado luego e~ N.ew Orleans v. Dukes", 427 U.S. 297 (]976) U lHErt- ULLIVAN, Con.shtutwn.al Law, Cit, p. 47R. .

u.s.

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presión, de reunión, de religión, de privacidad) . Con relación a ~o~ prim~ros, sólo una grosera inconstitucionalidad puede permitir al Tnbunal invalidar la ley. Por el contrario, con relación a las segundas, es el Estado el que debe justificar la existencia de un interés especial en la restricción de las mismas. Como vemos, la presWlción de constitucionalidad de las leyes juega de manera distinta en un caso y en otro. En lo atinente a las libertades fundamentales, cede sólo frente a casos de seguridad nacionaP'J2 , intereses rnilitares 638 o a los efectos de asegurar el censo a los fmes electorales 534 • l. LA DECADENCIA E INESTABILIDAD INS· Si bien el comienzo de esta tercera etapa también coincide en los Estados Unidos y la Argentina y está claramente delimitada en ambos países por los mismos problemas de arranque, nadie puede negar que los norteamericanos y nosotros en este período hemos transitado por rumbos económicos, políticos y jurídicos completamente diferentes. Los Estados Unidos lograron convertit·se en el país más poderoso de la Tierra. El liderazgo que Inglaterra perdió rápidamente luego de la Primera Guerra Mundial fue continuado por sus herederos, los norteamericanos, que lograron establecer fmalmente lo que Raymond ARON ha llamado lúcidamente la "República Imperial" 535 • El gigantismo de los Estados Unidos en lo externo estuvo acompañado, como vimos, de un enorme esfuerzo por democratizar la vida interna del país y lograr imponer poco a poco un equilibrio político y económico entre los diferentes grupos que constituyen su heterogénea población. Así, de la concentración casi total del poder político y económico en manos de una minoría b) ARGENTINA. -

TITUCTONALES.

G32 "Toyosaburo Korematsu v. United Statcs", 323 U.S. 214 (1944), donde se justificó la internación de ciudadanos norteamericanos de origen japonés en campos de concentración al comenzar la Segunda Guerra Mundial. saa "Rostker v. Goldberg", 453 U.S. 57 (1981), que admitió la constitucio· nalidad de la Military S electiue Seruice Act , la cual permitía la discriminación en razón de los sexos, posibilitando la registración de los varones y no de las

mujeres.

"Marston v. Lewis", 410 U.S. 679 (1973) . ARON, Raymond, La républiqz¿e impériale. Les États Unis dans le monde (1945-1972) , Calmann-Levy, 1973. Puede verse la versión española (Alianza, Madrid, 1976). 5a4

535

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presión, de reunión, de religión, de privacidad). Con relación a los primeros, sólo una grosera inconstitucionalidad puede permitir al Tribunal invalidar la ley. Por el contrario, con relación a las segundas, es el Estado el que debe justificar la existencia de un interés especial en la restricción de las mismas . Como vemos, la presunción de constitucionalidad de las leyes juega de manera distinta en un caso y en otro. En lo atinente a las libertades fundamentales, cede sólo frente a casos de seguridad nacionaP32 , intereses militares 533 o a los efectos de asegw·ar el censo a los fines electorales sa•. h) ARGEN'l'INA. TITUCIONALES. Si bien

l. LA DECADENCIA E INESTABILIDAD INS-

el comienzo de esta tercera etapa también coincide en los Estados Unidos y la Argentina y está claramente delimitada en ambos países por los mismos problemas de arranque, nadie puede negar que los norteamericanos y nosotros en este período hemos transitado por rumbos económicos, políticos y jurídicos completamente diferentes. Los Estados Unidos lograron convertirse en el país más poderoso de la Tierra. El liderazgo que Inglaterra perdió rápidamente luego de la Primera Guerra Mundial fue continuado por sus herederos, los norteamericanos, que lograron establecer finalmente lo que Raymond ARON ha llamado lúcidamente la "República Imperial" 535 • El gigantismo de los Estados Unidos en lo externo estuvo acompañado, como vimos, de un enorme esfuerzo por democratizar la vida interna del país y lograr imponer poco a poco un equilibrio político y económico entre los diferentes grupos que constituyen su heterogénea población. Así, de la concentración casi total del poder político y económico en manos de una minoría sa2 "Toyosaburo Korematsu v. United States", 323 U.S. 214 (1944), dond e se justificó la internación de ciudadanos norteamericanos de origen japonés en campos de concentración al comenzar la Segunda Guerra M~d1al . . . m "Ruslker v. Goldberg", 45a U.S. 57 (1981), que adm•l•ó la constitu~IO ­ nalidad de la Mili tary Selectiue Seruice Act, la cual permitía la discnmmac16n en razón el e Jos sexos, posibilitando la registración de Jos varones Y no de las mujt!res. 5~4 "Marston v. Lewis", 410 U.S. 679 (1973). 5~~ ARON, Raymond, La république impériale. Le~ ~tats Unis dans le monde (1945-1972) , Calmann-Levy, 1973. Puede verse la verswn espaftola (Ahanza, Madrid , 1976).

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blanca de origen anglosajón s:•s que p:edominab~_ hasta la ~écada de 1950, se fue produciendo una mcorporac10n p~ulatm~. de los restantes estamentos sociales y minorías a la vida pohbca , cultural y económica. En la Argentina los cincuenta años que van de 1930 a 1980 fueron , en cambio, el escenario de una permanente turbulencia política y del decaimiento de nuest.r~ 7conomía. Por lo pronto , 1930 significa para nosotros el liDClO del uso del golpe de estado como instrumento político sistemát~co. Dcsd~ el 6 de septiembre, fecha del derrocamiento del presidente Yngoyen, ya no hubo paz institucional. Se recobraría tan sólo en 1983 con la finalización del último gobierno de facto. Lo que hasta ese momento había sido una sucesión razonablemente ordenada de mandatarios, se convirtió en un tumultuoso cambio y recambio de presidentes de iure derrocados por funcionarios de facto que a su vez entregaban - como podían- el poder a nuevos presidentes de iure que serían rápidamente volteados por una nueva intervención militar. Solamente dos presidentes pudieron terminar su mandato constitucional en estos cincuenta años: Agustín P. Justo (1932-1938) y Juan D. Perón (19461952), que fue derrocado durante su segundo mandato en 1955. Si tomamos el mandato constitucional de seis años, establecido por la Constitución de 1853, es fácil sacar cuentas de que en un período de cincuenta y tres años debían sucederse 8 o 9 presidentes. Pues bien, entre 1930 y 1983 en la Argentina hubo 24 , de l.os cuales 13 fueron de facto 507 • Ello determinó que la presenc1a de las Fuerzas Armadas -en particular del Ejércitoen la política fuera decisiva: sobre 24 mandatarios 14 fueron generales -retirados o en actividad-, incluyendo a' Agustín P. 5 36 :

Usualmente designada con la sigla WASP (white-anglo-snxon-protestant) Los presidentes de iure fueron Ilipólito Yrigoyen (1928-1930); Agustí~ P. Justo (1932-1938): Roberto M. Ortiz ( 1938-1940); Ramón S. Castillo (1940-1943)· Juan DoiiD ngo Perón (1946-1955 y 1973-1974); Arturo Frondizi (1958-1962)· Artur~ ~· ~lh~(1963-1966); Héctor Cámpora (1973); Raúl Lastiri (1!!73)· Mari~ Estela 507

r

"~ a~eja~~~i~ ¡e~~o:~~ ~~a~~ ~it~~~e~~n:~, P~csidentc provi~ional durante 9

facto Jfu~;on ,)lo! s(· é Félix Uriburu (1930-1931); Ped;~ P.J~~~~o~z~~~:;~els~~:n)·L~sdedle m lt'O . r arre 1944-1946)· Ed d A L · ' 0955-1958); José María Guid:~~9~2-.lsZ~r~' 095c5J; ¡Pedroo Eug~mio Aramburu Roberto M Le · . ( . ' uan aros ngama (1966-1970); 1 R. Videla (197~~~~~~ J~~2;;;;q~ );v1~~~a~l~; ~~stín ~anusse (1971 -1973); Jorge Y Reynaldo 1:1. Bignone 0982-19S3). ' eopo do F. Galtlen (1981-1982)

1

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Justo y Juan D. Perón, únicos presidentes constitucionales que completaron sus períodos. El fenómeno -reproducido , por lo demás , a lo largo de toda América Latina- despertó en la Argentina el interés de historiadores y politólogos extranjeros ~ • El Congreso era cerrado con cada intervención militar, se producía el reemplazo de todos los gobernadores de provincia, el país quedaba sumido en el estado de sitio y la Corte Suprema o bien convalidaba jurídicamente el golpe de estado como en 1930 53 » y 1943 540 , o era removida íntegramente y se designaban nuevos jueces, como ocurrió en 1955, 1966 y 1976. Reinstalado un gobierno constitucional éste procedía a la designación de una nueva Corte Suprema. El único caso en que no hubo una interrupción total fue en 1962 al ser derrocado el presidente Arturo Frondizi, cuando merced a una aplicación sui géneris de la Ley de Acefalía entonces vigente 541 se salvó parcialmente la legalidad constitucional 542 • Si a ello agregamos la renovación casi total que produjo el juicio político de 1947, podemos comprender fácilmente que la ineslabilidad no dejó resquicio del mapa institucional por abarcar. Excede en mucho los límites de este trabajo internarme en los meandros históricos de este proceso, de modo que remito a los estudios generales 54 a, sin perjuicio de recordar también algunos trabajos de la época que recopilaron los escritos presentados por los defensores de los jueces acusados y que constituyen una buena crónica de lo 38

53H Fu
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CON'l'ROL DE CONSTITUCIONALIDAD

1do5"" . Sin querer tomar partido a favor de quienes adacon tec . ·d 546 1 · rt s miraban 545 0 criticaban a los jueces destüm os , o c1e o e que este proceso, al cual sólo sobrevivió Tomás D. Casares, marca el primer tramo de la decadencia institucio~al ~e la Corte Suprema. Derrocado Perón en 1955, la R~voluc1ó~ Llb:rtadora se tomó revancha, destituyó a todos los JUeces (mcl~T~O Casares), y ya nada pudo detener esta práct~ca que se¡~U1na repitiéndose rftmicamente con cada nuevo gobierno. Haciendo un simple recuento, la Corte sufrió seis renovaciones totales desde 1947 hasta 1983. En suma, el esfuerzo del período anterior, signado por el acercamiento a las potencias europeas, se interrumpe en esta etapa para dar lugar a la progresiva latinoamericanización de r. 44 F:ntre ellos los de Alfredo Palacios , defensor de Antonio Sag~rna , y de Madano Drago, defensor de Benito N azar Anchorena (PALA< 'IOO, Alfredo L., La Corte Suprema ante el tribunal ckl Senado, Jus, Buenos Aires , 1947, y DKAGO, Mariano J .. )!,'/.juicio político como instrumento de opresión, El Ateneo, Buenos Aires , 1947). r.45 Derrocado el gobierno peronista en 1955, GONZÁLF.Z CALOEHÚN escribió un >tpasionado trabajo de critica al régim en depuesto, entre cuyos temas aparece el del juicio político de 1947. Decía: "La C-orte Suprema de la Nación, hasta mediados de 194 7, estaba integrada por jueces capaces y adornados con características innegables de alta moral y dignidad personal. Su versación en materias jurídicas la habían demos trado en las sentencias dadas sobre las diversas ramas del derecho, público y pt'ivado" ( . .. ) "El juicio político entablado y s u~tanciado a mediados de 1!)47 , a la CorLe Suprema es la más grande arremetida que la dictadura haya hecho contra las in tit uciones democráticas y republicanas legadas al país por las ¡;eneraciones precedentes , orientadas por el espíritu tutelar de mayo de 1810 y por los ilu tres cons tituyentes del 53. Fue un atropello inaudito a los fueros de la justicia, el golpe de gracia dado a l a libertad civil , la exhibición descarada de la omnipotencia de la fuerza material de un gobernante desorbitado, el allanamiento de los derechos humanos , el gesto impúdico del régimen totalitario que uo admite control alguno de su absolutismo" (GoNZÁLEZ CALDEKON, ,Juan A., No hay justicia sin libertad , Zavalía, Buenos Aires, 1956, ps . 129 a 131). 6<6 En otro encendido alegato, que sucumbe también a la pasión contemporánea, GoNZÁLF.Z RounA expresaba: "La Corte destituida en 1947 no había sido el guardián celoso de la Constitución ni del derecho . Ejercía una suerte de dictadura doctrinaria que no se apoyaba en el saber ni en la verdadera rectitud. El espíritu que inspiraba sus fallos era ora reaccionario. ora casuístico, ora político. En los casos ?e que se trata este libro, la falta de honestidad intelectual -pecado contra el espJntu que cuando es consciente no cabe perdonar- resultó manifiesta Un 'l'ribu nal digno de ese nombre no se marcha de feria cuando la vida institucionai de la Nación es tá en peligro. Ese solo hecho hubiera bastado para condenarlo. Al ~s~eculur c.on los plazos y las vacaciones judiciales para sostener a todo trance la po~tc<ón polít1ca adoptada, perdió automáticamente toda autoridad. Perdió tamb~en el respeto de los .ciudadanos" (GoNzALEZ RouRA, Octavio, El "affaire» de la Corte Suprema argenttna , Rosso, Buenos Aires, 1950, p . 21).

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nuestra vida política y económica. Los resultados están a la vista y son seguidos atentamente por los observadores internacionales. Paul O'Neill, secretario del Tesoro de los Estados Unidos, sin preocuparse demasiado por la diplomacia, decía a "The Economist", en julio de 2001, que los argentinos "Han entrado y salido de crisis desde hace setenta años. No tienen una sola industria de exportación que valga la pena mencionar. A ellos les gusta así. Nadie los obligó a ser lo que son" 547 • Compartamos o no estas antipáticas afirmaciones, hay algunos resultados de nuestra economía que nos obligan a reflexionar :sobre su exactitud. Alguien podrá objetar a esta altura de mi análisis algo que es -en principio- dificil de refutar. Los cincuenta años que estoy considerando como un periodo único son en realidad muchos períodos diferentes. Y no dudo en reconocer que esta observación tiene mucho de cierto. No es lo mismo la década de 1930 liderada en lo constitucional por el conservadorismo de GONZÁLEZ CALDERóN , que la década de 1945-1955, signada por la reforma constitucional de 1949 y la influencia jurídica de Arturo Enrique SAMPAY, su autor intelectuaP 48 , que impuso el Véase Ilo w the Bug Can Spread, en el diario "The Economist". 1917/01. Acerca de la Constitución de 1949, SAMPAY ha escrito: "El ciclo oligárquico abierto con el derrocami ento de Yrigoyen el 6 de septiembre de 1930, se cierra con el alzamiento militar del 4 de junio de 1943, cuyo programa era instalar las industrias pcsttdas como medio para obten"r la independencia económica, y ~e remacha dicho cierre del ciclo oligárquico con la insurgencia popular del 17 de octubre do 1945 dirigida a defender el prog-re ~o de la justicia social que se había a lcanzado en esa época gracias a la política realizada desde la Sect·eta!'ia dtJ Trah~tjo del gobierno nacional por el entonces coronel Juan Domingo Parón. Este triunfo de los sectores populares allanó el camino para imponer la reforma constitucional del 11 de marzo de 1949" (. . .) "La llamada Constitución de 1949 se proponía hac.:er efectivo el gobierno de los sectores populares y liberar al país del imperialismo, estatizando el manejo de los recursos financieros , de los recursos nnturales y de los principales bienes de producci<\n, con la finalidad de ordenar planificadamente para conseguir un desarrollo autónomo y armónico de la economía, que concediera bieneslar moderno a todos y a cada uno de los miembros de la comunidad. Apuntaba, pues, a consumar en la Argentina la revolución social requerida por el mundo contemporáneo. La reforma constitucional de 1949 no organizó adecuadamente el predominio y el ejercicio del poder político por los actores populares, debido, primero, a la confianza que los sectores populares triunfantes tenían en la conducción carismática del general Perón, y en segundo , al celoso cuidado que el propio general Perón ponía para que se formara paralelamente al gobierno legal un coadyuvante poder real de esos sectores populares, a fm dtJ conservar el carácter pluriclasista de su movimiento, por lo que el nuevo 547

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abandono de los Estados Unidos como meca constitucional para buscar en la filosofía aristotélico-tomista un cauce filosófico diferente, y que encontraría en Tomás D. Casares un fiel exponente en la Corte 549 • Su ideario, por lo demás, está fuertemente teñido de estatismo 550 • Esta década se diferencia además de las dos siguientes (1955-1975), donde, bajo el impulso intelectual de juristas y hombres públicos como Alberto G. Parégimen iba a durar hast.a que la oligarquía cautivara a los oficiales de las fuerzas armadas; porque es rigurosamente exacto , lo que expresa Aristóteles, que el que tiene en su poder las armas decide la permanencia o no del régimen político. Tal era , entonces, el talón de Aquiles de la mentada reforma, la cual, precisamente como Aquiles , fue muerta por el enemigo en la flor de la juventud a causa de tener vulnerable nada menos que su soporte. ~~fectivamente, de nuevo ganaron el predominio político los antagonistas de los sectores populares , y éstos, como era natural que sucediera, restablecieron íntegramente la Constitución de 1853"; cfr. SAMPAY , Arturo E., "La evolución constitucional argentina" en Las constituciones de la Argentina (1810-1 972), Eudeba, Buenos Aires , 1975, ps. 71 y 72. 549 Un resumen de la tarea de 'lbmás D. Casares en la Corte puede verse en PEAKSON, Marcelo, lrnroducción a las enseñanzasjurldicas del Dr. Casares como mini:;tro de la Corte, Rev_ "Universitas", año 10, nv 39 , marzo de 1976. 5fi0 Su ideario poütico fue resumido de la siguiente manera: 1) transformar los latifundios en propiedad de empresas de bien püblico y en es pecial de cooperativas integrada por lo trabajadores de la tierra; 2) expropiar los monopolios capitalistas poseedores de medios de producción y distribución; 3) estatizar y cooperativizar la función de recoger y administrar el ahorro social; 4) estatizar la extracción, la industrialización y la comercialización de los materiales energéticos: 5) estatizar el comercio exterior; 6) proteger las pequeñas y medianas empresas agrarias, industriales y comerciales, otorgándoles créditos para modernizar sus técnicas de trabajo , y crear cooperativas de producción y de distribución en las cuales dichas empresas se integren formando comlllfo'jos de alta productividad; 7l reali?.ar la reforma urbana para que cada habitante de las ciudades disponga de hogar higi énico y decoroso , a cuyo efecto el Estado financiará la co nstrucción de vi vicudas por cooperali vas y la compra por los inquilinos de las casas que habitan , 8) instituu· la asistencia médica gratuita para el pueblo y transformar en propiedad de cooperativas a las fábricas de productos medicinales pertenecientes a los monopolios; 9) utilizar pla.nificadamenle todos los recursos sociales destinados a la educación - los del Estado federal , provincias , municipios e illstitutos privados- a fm de obtener de inmediato que en todas las regiones del país sus habitantes completen los estudios primarios, y también obtener, en breve plazo, que como mínimo cursen estudios secundarios; 10) fundar universidades y modernizar las que haya , en las distintas regiones del país, orientando la formación profesional y las investigaciones científico-técnicas a las necesidades socioeconómicas de las respectivas regiones; 11) transformar a las Academias en entidades del Estado y asignarles como función las investigaciones científicas de alto nivel; 12) realizar una política internacional orientada a obtener apoyos para promover el desarrollo económico autónomo del país (véase la obra citada en nota 548, ps. 76 y 77).

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dilla 551 y de destacados profesores como Carlos Sánchez Viamonte 552 o Segundo V. Linares Quintana llli 3 (sin dejar de men5 1 ~ Cuando Alberto G. Padilla cumplió 80 años en 1979 se constituyó una Comisión de Homenaje y su personalidad académica fue presentada por el Dr. Luis Botet, su sucesor en la cátedra de Derecho Constitucional 11 en la Facultad de Derecho de la UBA , quien lo hizo con las siguientes palabras: " . .. Recibido de bachiller en el Colegio Nacional de Tucumán en 1914, ese mismo año aprobó el examen de ingreso a la Facultad de Derecho de Buenos Aires . El Centro de Estudiantes lo designó primero redactor y después director de su órgano 'La Revista Jurídica ', así como orador para representarlo en el homenaj e de la Univet·sid ad a José Manuel f.strada y en el acto de apertura de los cursos de 1919, siendo ésa la primera vez en que a los estudiantes se les dio intervención en esa ceremonia anual. Recibió el título de abogado en 1920 y enseguida el de Doctor, con la presentación de una tesis que fue recomendada al Premio Facultad. Rl Consejo Directivo lo designó profesor suplente en la cátedra de Derecho Constitucional en 1928, pasando a ser después Profesor Extraordinario por haber estado a cargo del curso en varias oportunidades. Dirigió el seminario de la asignatura al establecerse el mismo. Restituido a la cátedra en 1955, fue designado profesor titular por concw·so, habiolndose desempeñado como La! hatita 1970. Formó parte de varios períodos del Consejo Directivo, desempeñándose como Vice-Decano y Decano en ejercicio. Fue nombrado Delegado-Interventor en 1955. Integró en varias oportunidades los jurados para la elección de profesores y en 1967 fue Rector sustituLo de la Universidad de Butlnos Aires. Habló en actos universitarios y de otras instituciontls y en homenajes a los profesores Lucio V. López, Joaquín V. González, Osvaldo Magnasco, Antonio Bermejo, Luis María Drago y Manuel Augusto Montes de Oca. En 1956 fue designado miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, en la que ocupa el sitial que tiene como patrono a Félix Frías. Fue S~cretario y Presidente de eRta Academia en el periodo 1974-77 . Perteneció al Directorio del Colegio de Abogados de Buenos Aires , cuya presidencia ocupó por dos períodos. Ha pronunciado conferencias en las Facultades de Derecho de Córdoba y Tucumán, en el Instituto Popular de Conferencias y en otras Instituciones. Ha colaborado en la Revista de la Facultad, en 'Jurisprudencia Argentina' y en 'La Prensa'. Entre sus publicaciones sobre temas de derecho se cuentan: La Constitución de los Estado~ Unidos como precedente argentino , Jurisprudencia constitucional de la Corte americana , El Presidente de los EE. UU. , su función y sus poderes, Invocación del Preámbulo, Historia externa de la Constitución, Lecciones sobre la Constitución. , etc. Sobre temas históricos ha publicado: El general Roca de ministro a presidente, El general Celedonio Gutiérrez y la poUtica de la Conf"edera.ción, Alberdi en viaje por América y Europa, La presidencia de Avellaneda , etc." (Homenaje al Dr. Alberto Gabriel Padilla , Buenos Aires , 1979). úú 2 Carlos Sánche:<. ViamonLe fue un fecundo estudioso del derecho constitucional , actividad que compa1-tió con la política, habiendo sido diputado nacional y provincial. Entre sus obras se cuentan El hábeas corpus (1927); La cultura frente a la universidad ( 1928); Ley marcial y estado de sitio en el derecho argentino (1931); Democracia y socialismo (1933); Defectos sociales de la Co':'stituáón de 1853 (193;j)· Hacia un nuevo derecho cor~stitucional (1938) ; CuestiOnes m stLtucionales (Labor parlamentaria) (1941); Manual de derecho constitucional (1944); El problema contemporáneo de la li.bertad (1945) , etcéL~ra . . . . G5:J Pocos profesores y juristas han reumdo tantos titulas Y distmc10nes a~a­ démicas como Segundo V. Linares Quintana. En su obra Tratado de mterpretactón

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cionar a Rafael Bielsa y Juan Francisco Linare~ , ~ue , ~1 bie~ cultivaron preponderantemente el derecho adrrum~tratlvo hl. n notables aportes al derecho constitucional -sm perJUlC10 cLero . · · b de otros muchos-) , se giró nuevamente hac1a 1os v1e~?s rum os del constit.ucionalismo alberdiano y de la generac1?n de_l 80. Tampoco fue igual la Corte S'_lprema baj~ 1a pres1denc~a. ~e Roberto Repetto ~fi• que bajo Lms R. Longh1 55 5 , luego del JUlClO constitucional (Buenos Aires, 1998) figura una reseña de su vida académica que transcribo textualmente: "Abogado y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (Uni versidad Nacional de Buenos Air.,s). Prof.,sor Titular Emérito de Derecho Constitucional de la Univet·sidad acional de Buenos Aires. Profesor Titular Emérito de Derecho Constitucional y Derecho Público Pr-ovincial y Municipal de la Universidad Nacional de La Plata. Miembro de Número y ex Presidente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires . Miembro de Número y Presidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Polfticas. Miembr-o de Número de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires. Miembro de Ntímero de la Academia Argentina de la Historia. Miembro Correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de Madrid. Miembro de Honordel Tnstituto de Estudios Políticos de Madrid. Miembro de Honor de la Academia de los Doctores de Barcelona . Miembro de Honot· del Instituto de Derecho Político de la Unive1·sidad Nacional de Córdoba. Profesor Visitante de Ciencia Política y Derecho Con•titucional de la Universidad de North Carolina (Chapel Hill, N.C .. U.S.A.). Miembro Honorario del Instituto de Estudios Legislativos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. Ex Directo r del Instituto de Derecho Constitucional y Polftico de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ex Din~ctor del Instituto de Derecho Constitucional y Ciencia Política "Carlos Sánchez Viamonte" de la Universidad Nacional de La Plata. Fundador, ex Presidente y Presidente Honorario de la Asociación Argentina de Ciencia Política. F.x Miembro del Comité Ejecutivo de la International Political Science Association. Primer Premio Nacional de Ciencias (Historia , Filosofía, Ciencia• Sociales, Política~ y Económicas) (1955/57). Premio de la Fundación Bunge y Born en Derecho (1981). Premio Laurel de Plata, del Rotary Club de Fluenos Aires . Premio Konex de Platino: Humanid ades-De,·echo Constitucional (1996 ). Ex Profesor de la Escuela de Gucn-a Naval. Miembro del Comité Consultivo de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional". 554 Roberto Repetto nació en Buenos Aires en 1881. Fue profesor de derecho civil en la Universidad de Buenos Aires desde 1907. fecha en la que fue designado Juez de 1• Instancia en lo Civil. Entre 1910 y 1916 fue Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y postRriormente, en 1932, fue designado Mimstro de la Corte Suprema, presidiendo el Tribunal al morir J osé Figueroa Alcorta. }{enunció en 1946 y murió en Duenos Aires en 1950. Había sido miembro de ~a Acad~mia Nadonal de Derecho de Buenos Aires. Los datos sobre su vida estun recogtdos de una serie de documentos recopilados en In Memoriam - Roberto Repetto. Buenos Aires, 1981, publicación efectuada con motivo de celebrarse el centenano de su nacimiento. M!\ Luis R. Long-hi ingresó a la Corte Suprema 1947 1 d · · · político Y permaneció allí hasta 1955, cuando fue remo~~o por 1:~~~o1:!i~~~~~

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político de 194 7, o bajo Alfredo Orgaz desde 1955 566 • Sin embargo estas diferencias -aun profundas- no son suficientes para impedir un análisis en conjunto de toda esta época. No alcanzan para que en una mirada en retrospectiva dejemos de encontrar fuertes elementos unificadores que -al menos en lo constitucional- superan las diferencias profundas. Como es fácil de imaginar, el ambiente era poco propicio para el desarrollo cabal del derecho constitucional. Ésta es la más destacada de todas las características de este período: un derecho constitucional acorralado, enflaquecido, falto de oxígeno cívico. A pesar de los esfuerzos doctrinarios de los muchos y valiosos consiitucionalistas de este período , al derecho constitucional argentino entre 1930 y 1983 le ocurrió lo mismo que al español bajo el período anterior a la sanción de la Constitución de 1978. La vida política es para el derecho constitucional como la tierra para el árbol que hunde sus raíces en ella en busca de nutrientes. Si la vida política está asfixiada, lo estará también el derecho constitucional. Cinco décadas plagadas de interrupciones constitucionales y situaciones de emergencia económica y política consumen la mayoría de los esfuerzos intelectuales en la elaboración de doctrinas que las expliquen, las critiquen o las justifiquen, con olvido o imposibilidad de desarrollar otros aspectos. Por otro lado, la constante renovación de la Corte hizo que el Tribunal estuviera peligrosamente cerca de cada presidente. Todo ello es una constante en estos cincuenta años, más allá del signo político que los gobiernos hayan tenido. Puede decirse, en síntesis, que la etapa aquí considerada está caracterizada por el desarrollo hipertrófico de tres grandes temas constitucionales: a) la justificación de los gobiernos de facto ; b) el estado de sitio, y e) el intervencionismo estatal en lo económico. Pero haciendo una síntesis más apretada aún, puede decirse que las cinco décadas que transcurren entre 1930 y 1980 en la Argentina están marcadas por el derecho consese año. Junto con él fueron deBignados y también removidos Felipe S. Pérc1., J'u sto L. Álvarez y Rodolfo G. Valenzucla. 556 Alfredo Orga1. ll egó a la Corte designa do por el presidente Lonardi en 1955 y renunció en 1960. Juntó con él juraron Manuel Argañaraz (1955-1958), Enriqu e V. Galli (1955-1958), Carlos H errer a (195!1-1958) y Jorge Ver a Vallejos (1955-1956).

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titucional de la emergencia, que tiene como marco gen~r.al la enorme predisposición de la Corte a con~alidar la~ d~c1s1ones ejecutivas. Al margen de esta deformación const1t~~10n~l, .la Corte logró, no obstante, desarrollar muchos prmClplüs JUnsprudenciales que en lo teórico han sido valiosos, pero que dadas las circunstancias políticas descriptas, sufrieron frecuentemente un severo problema de aplicación en la práctica. 2. EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA EMERGENCIA. En lo que se refiere a la emergencia política, ya la Acordada del 10 de septiembre de 1930 ~ 7 admite que el gobierno provisional del general Uriburu "estaba en posesión de las fuerzas militares y policiales necesarias para asegurar la paz y el orden y proteger la vida y propiedad de las personas", lo que luego la llevó a convalidar los actos de dicho presidente enmarcados dentro del artículo 86 de la Constitución, sin reconocerle todavía facultades legislativas 55" , pero admitiendo la validez de la destitución de jueces 559 • El reconocimiento de facultades legislativas en el presidente de facto sólo tuvo lugar a partir del golpe de Estado del 4 de junio de 1943 -el que también motivó una acordada análoga a la de 1930 560- , en "Municipalidad c/Mayer" 561. Este criterio luego fue reiterado y ampliado en varios casos, especialmente a partir de la nueva in legración de la Corte posterior al juicio político de 1947. Entre ellos puede citarse "Enrique Arlandini" 562 , "Martín & Cía. Ltda. c/Erazo" 563 y "Ziella c/Smiriglio Hnos." 564 • La Revolución de 1955, a su turno, da un paso más adelante, atribuyéndose directamente el uso de las facultades constituyentes y legislativas. En lo que a estas últimas se refiere, la Corte prestó su asentimiento en el caso "Lopardo Petrucci" 565 al declarar la validez del decreto 4070/56, de suspensión del divorcio vincular, para convalidar Fallos , 158:290 (1930). "Autos Administración de Impuestos Internos c/Malmonge Nebreda" Fa · llos, 169:309 (1933). ' 559 "Avellaneda Huergo", Fallos , 172:344 (1935). 56 Fallos , 196:5 (1943). 561 Fallos , 201 :239 (1945). 062 Fallos, 208:184 (1947). 563 Fallo.~, 208:497 ( 194 7). 664 Fallos, 209:25 (1947). 66 ·~ Fallos, 243 :265 (1959). M7

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más tarde todo el hecho revolucionario en "Juan Domingo Perón" 566 . En este mismo período nace la doctrina de la convalidación de la destitución de los jueces por el gobierno de facto con el caso "José Maria Sagasta" 567 • Igual reconocimiento de facultades legislativas efectuó la jurisprudencia que analizó el período posterior al derrocamiento del presidente Frondizi en 1962. Así debe tenerse en cuenta, por ejemplo, la causa "Alberto Cassino" 568 . Y más profundamente aún reconoció la Corte la actividad del gobierno m1litar de 1966, al que además de admitirle facultades legislativas 569 le reconoció poderes revolucionarios en orden a "realizar los actos necesarios para el cumplimiento, de sus fmes " en "Ricardo Molinas" 570 . Esta doctrina luego se repitió con motivo del golpe militar de 1976 en la causa "César Arias" fi 71• En este último petiodo, además, la Corte sostuvo en el caso "Jaime Lokman" que las actas institucionales y el estatuto de] proceso de reorganización nacional (así fue denominado el movimiento militar), integraban la Constitución 572 . Hay autores para los cuales la doctrina de facto no debe computarse como un instituto de emergencia, ya que se trata, a su juicio, de una violación al orden constitucionaP 7 ~ . En todo caso, creo que se trata de un instituto de emergencia inconstitucional, tal como lo es también la ley marcial a la cual aludiré enseguida. 'l'ampoco el reconocimiento de medidas extraordinarias como el empleo de la ley marcial, esto es, la extensión de la jurisdicción militar a los civiles, ha estado ausente en el pensamienLo de la Corte, ya sea en períodos de iure como de facto 074 • 566

Fallos , 238:76 (1957).

~r.1 Fallo~,

668 Fallos,

24 1:50 ( 1958).

270:483 (1968). "Lanfranclti de E scala", Fallos, 271 :58 (1968). 570 Fallos, 270:367 (1968). fi71 Fallos , 302:104 (1 977). 572 Fallos, 299 :142 (1977) 57:; D ALI.I\ V! A, Alberto R., Derecho constitucional económico , Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1999, p. 363 . <>7 4 Son varios los antecedentes en los que fue aplicada la ley marcial en nu est ro pafs: a) en 1868, en San ,Juan, se pretendió aplicarla contra unos montoneros de Felipe Varela, detenidos en Salta. Procesados por el juez federal, la Corte ratificó la comp etencia judicial y desestimó la jurisdicción militar; b) en 1869, un decreto del presidente Sarmiento facultó al general Arredondo a sujetar a las leyes militares a los ciudadanos que resistieran las resoluciones de las autoridades nacionales. Con tal motivo fue sometido a un consejo de guerra el ca569

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La reforma constitucional de 1949 estableció además el llamado "estado de prevención" y alarma (art. 34) y por decreto 19.376/51 , del presidente Juan D. Perón, aprobado el mismo día de su emisión por ley 14.062, se declaró el llamado "estado de guerra interno", con efectos similares a la ley marcial, cuya constitucionalidad fue convalidada por la Corte en "Alberto Attias" r.75, con disidencia del juez Casares 576 • Bajo la presidencia de Arturo Frondizi se implantó nuevamente la ley marcial. El primer caso relevante fue "Vicente Pucci" 577 , donde la Corte denegó el hábeas corpus a favor de un obrero ferroviario movilizado bajo las disposiciones de la ley 13.234 578 y el decr. 10.394/58, a quien se le había impuesto además la jurisdicción militar con motivo de tales normas 579 , pero el caso más significativo ha sido "Rodríguez, Ruggero y Tambascio" 580 , ya analizado más arriba 581 . Este fallo dio pie posteriormente a una enorme cantidad de sentencias producidas bajo el gobierno militar de 19761983, que justificaron la extensión de la jurisdicción militar a civiles acusados de atentar contra la seguridad y el orden públicos. Así pueden citarse, sin agotar la nómina, los casos becilla montonero Zacarías Segura, quien fue ejecutado; e) el 6 de septiembre de 1930, t!l gobierno de facto del gt1neral Uriburu e~tablec ió la ley marcia l por medio de un bando militar que amenazaba el fusilamiento de los sor¡¡rendidos in frapanti delito contra la seguridad pública o contra lo• bienc~. sin forma alguna de proceso; d) el 5 de febrero de 1931, el gobierno de Uriburu ordcpó por decreto medidas sobre ley marcial, previéndose la pena de muerte y prisión aplicable por tribunales militares , por procedimiento sumario; e) el 26 de julio de 1931 , el comandante de la 3ª división del Ejército declaró por un bando militar el imperio de la ley marcial en la zona do operaciones en Corri entes, ~o n motivo de un motín; aqui, en lugar de los vicios señalados , el jefe militar asumió el poder legislativo; {J el 4 de junio de 1943 fue decret~'l da por el general Rawson y levan Lada a los cuatro días por el general Ramírcz , sin ser aplicada. 5 75 Fallos, 223:206 (19fi2). Véase también "Fiscal c/Ahualli ", Fallos , 2:.!4 :82 (l 052). 76

r.

Fallos . 223:213 . Fallos, 243:306 ( 1959). . E sta ley y la 12.913 regulaban el llamado Servicio de Defensa Nacional por mcdw del cual lo civiles debían contribuir a la defensa nacional en tiempo~ de ¡;uerra. S?Y . La defensa de Pucci pretendía la revisión de la condena impuesta en sede ~¡litar por via de un h_á beas corpus y la Corte sostuvo que este remedio nodobi~ co mo recurso de revtstón de decisiones adoptadas e n otros órdenes jul'lS 1CC10113. 1es. 58 Fallos , 254:116 (1962). SRl Véase supra, § 90, b. 5i7 578

°

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"Lanza Ybarrola" 582 , "Papetti" 583 , "Saragovi" 68 \ "Arancibia Clavel" 58·\ "Weinzette1" 586 , "De la Torre" 587 y "Diessler" 688 cuyo estudio fue hecho en su momento por BIDART CAMPOS y VANOSST ó89 . A su vez la Corte ha analizado los poderes de guerra del Presidente en el conocido precedente "Merck Química Argentina c/Gobierno Nacional" 590 , fallo en el cual fueron abordadas numerosas cuestiones, entre ellas la del comportamiento de la llamada "propiedad enemiga" 591 • Se analizan en él las atribuciones del Presidente durante un conflicto armado y se colocan tales competencias , incluso, por encima de lo prescripto por la Constitución: " .. . no cabe discusión alguna sobre la existencia y preexistencia de tales poderes de guerra -dice la Corte-, por cuanto los principios rectores de que está informado en mira a la salvaguardia de la integridad e independencia nacional o salud y bienestar económico-social que significa uno de los objetos primarios de toda sociedad civil, son forzosamente anteriores y, llegado el caso, aún mismo superiores a la propia Constitución 5 ~ (. •• ) Que por lo tanto no es del resorte del Poder Judicial juzgar y resolver sobre aquellas necesidades, los medios escogidos y la oportunidad en que pudieron o debieron ser realizados, desde el momento que el exclusivo poder autorizado para determinar sobre la procedencia o razonabilidad bélica de esas y otras medidas adoptadas en el curso del estado de guerra, es el mismo órgano de gobierno asistido de aquellas atri2

58~ Fallos, 295:997 (l976). En este caso, si bien fue ratilicuda la validez de la ley marcial, por las particularidades del mismo, se declaró competente a la justicia ordinaria. 5H3 Fallos, 301:419 ( 1979). 584 Fallos , 300:1173 (1978). . . oM Fallos, 302:973 (1980). También aquí la Corte justifica la constJtucwnalidad de la ley marcial en situaciones de excepción, pero en el caso en particular declara la competencia de los tribunales civiles. 586 Fallos, 302:1626 (1980). 5H7 Fallos , 30:1 :172 (1981). &RH Fallos , 303:308 (1981l. ~s~ Véansc los trabajos citados en el cap. V, nota 151. ~~o Fallos, 211:162 (1!:148). ·t dos 5 91 Sobre la propiedad enemiga antes y después del fall~ me rem' o a . . e 1 L propiedad enemiga y la ConSlltU · d L ~· Obras ' respectivamente: ADnor.UE, · ar os,946a D · NHÜFI::I\ Eduar o a con¡ts· ' '>: un l'd ción nacional, Depalma, Buenos fir;s. 1 Alfa B~enos Aires, cación de La "propiedad enemiga . Su wconslltucwna 1 a , •

d

1957. 592

Fallos, 211:196.

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buciones insusceptibles de ser calificadas como judiciales" 593 . Como puede verse, la doctrina de este fallo otorga poderes al Presidente más allá de cualquier norma jurídica y excluye el control judicial, no sólo sobre los fines, sino sobre los medios empleados. No menos importante en materia de decisiones de emergencia fue la convalidación de la llamada Ley de Expulsión de Extranjeros en el caso "Simón Scheimberg" ' 9 \ al que ya he hecho referencia 595 • En cuanto a la emergencia económica, la experiencia acumulada en esta materia a lo largo del período aquí considerado no es menor. En realidad, es abrumadora y ha producido una literatura jurídica de vastos alcances. Esta serie juriprudencial corre en este período a través de los casos "Avico c/De la Pesa"~Yo, "lnchauspe c/Junta Nacional de Carnes" 597 , "Russo c/Delle Donne" 698 , "Cine Callao" 599 , por mencionar tan sólo los más significativos, que ya he analizado cuando sostuve que en la Argentina la emergencia económica se ha comportado como una cuestión política encubierta, adonde me remito 600 • 3. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD. Hasta aquí he efectuado una reseña de los fallos que jalonan la doctrina de la emergencia económica elaborada entre 1930 y 1960, lo que indica la fuerte restricción que sufrió el derecho de propiedad individual en este período. A esta serie debe agregarse "Fernández Orquín c/Ripoll" 60 \ resuelto poco antes del golpe militar de 1966, en el cual se debatía la constitucionalidad de los arts. 7~ , s~ y 11 a 14 de la ley 14.451, que disponían, entre otras medidas de restricción de la propiedad, el congelamiento de los arrendamientos rurales, creando a tal fin diversas catego· rías de locadores. La Corte, precedida de un dictamen del procurador Ramón Lascano 602 , que propiciaba la declaración de ~9a Ml4 595

Fallos, 211 :211. Fallos , 164:344 (1932),

Véa se supra , nota 314. 172:21 (1934). 597 199:483 (1944). 59R 243:467 (1959) . 599 247 :121 (1960). 600 Me r ci.Ilito a lo dicho supra § 116 e 601 Fallos, 264:416 (1966). ' ' · 60 ~ Fallos , 264:418-419. 596

Fallos, Fallos, Fallos, Fallos ,

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inconstitucionalidad de las normas, y mediante un fallo muy dividido 603 , entendió que aquellas eran constitucionales, acudiendo para ello a criterios fundados en eminentes políticas desarrollistas de subordinación de la propiedad individual al interés general 604 • Esta doctrina fue expresamente derogada dos años más tarde en "Muñiz Barreto de Álzaga c/Destefanis"606, donde nuevamente se discutía la constitucionalidad de la ley 14.451. Sin embargo, en esta ocasión, una Corte unár.oa Votaron en di~idencia los jueces Luis M. Boffi Boggero, P edro Aberastury y Carlos J. Zavala Rodríguez. mientras que la mayoría estuvo integrada por Aristóbulo Aráoz de Lamadrid , Ricardo Colambres, Esteban Tmaz y Amílcar Mercader. r.o• Para ello sostuvo, con múltiples citas de autores extra nj eros, entre otras consideraciones, que "para la promoción de una política económica expansiva constituye medio apto la radicación y seguridad de trabajadores agrícolas, de tal manera que ije incremente la población campesina independiente y se m ejore también su situación económica (consid. 12 ) (. . .) parece admisible que la reducción del peonazgo y el aumento de los propietarios rurales y de su nive l de vida puede favorecer el desarrollo económico agropecuario y la consolidación d e otros tipos de industria vinculados con la producción rural y con Jos medios y elementos de trabajo y bi enestar que ell a requiere, todo lo que es susceptible de constituir una de las bases eficientes para el crecimiento y la expansión económica integral (consid. 22) ( .•. ) Que t!S importante todavía señalar que esta Corte Llene deci dido que no es acertada una interpretación estática de la Constitución nacional. Porque ella dificulta la ordenada marcha y el adecuado progreso de la comunidad nacional que debe acompañar y promover la Ley Fundamental - Fallo.q , 256:588 y otros-. A lo que debe agregarse que la interpret.ación dinámica resulta imperiosa cuando a la clásica consagración de la garantía de las libertades individuales y jurídicas se agregan cláusulas dt! contenido social que rcqujeren la exégesiR concertada del conjunto, como lo es el actual artículo 14 'nuevo' de la Constitución nacional (consid. 6 9) ( . .. ) las cláusulas legales que congelan las rentas de los fundos agrícolas arrendados, ya sea por constituir ellos colonias de renta , ya por ser de propiedad de sociedades anónimas , pueden estimarse respaldadas constitucionalmente en cuanto tendientes a la proscripción de formas de explot.ación rural que conspiran contra la expansión económica y social en razón de que dificultan la radicación de los arrendatarios y el ulterior proceso que de ella, y de la meJora económica que de aquéllos se espera (consid. 11) (. .. >. Que además Y .en cuanto las leyes respectivas organizan un sistema que prop~cta la enaJena_etón d~ los fundos en cuestión a los arrendatarios y tiende a evitar la actuacl.on. pas•va o el ausentismo de las grandes organizaciones estableciendo un procedmuento que, en definitiva, garanliza que aquélla no se opere en forma expoliatona (arts. 8, 11 a 14 y correlativos de la hoy 14.451) cabe igualmente aseverar que la gar~nt•a de ]a propiedad no se halla de este . modo afectada de ma~era que a.utonce a considerarla desco nocida en su eseneta (cons1d. 12) (... ) la ctrcunstanc1a de que Ja congelación de rentas pueda perdurar opera como incentivo legal a los fine s de la conducta adecuada a los objetivos legítimos de la normac1ón V1gente para este orden de cuestiones" (consid. 13). G05 Fallos , 270:374 (1968) .

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CoNTROL DE coNS'I' t'l'UCIONALlDAD

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607

, , el aval de la ProcuraclOn ' conto con t' n cuestión "os. Con este n1me Go6 , que ademas . . al la norma lVa e . l declaró inconstttu~~~n_ , d de mayor protección a a segundo f~1lo . s~ IDlCla :r::::t~d~ bajo 1a Corte de 1966-1973. propiedad 1nd1V1dual exp dado "Empresa Mate Dentro de esta línea merece ser recor . . M d S A "so9 en el cual fue cuestionada la cons~arangerrl.ad dedn ledsec~ i92i/66 que prohibió 1a cosecha de yertltuclOna 1 a e · ' ·d t rte de ba mate durante 1966, así com_o el rc~oVl o y ranspo , . artida e no estuVIese cubierta por una _gm~ es cua~qluidcr plib trans~ ito La Corteslo declaró inconstituciOnal pecta e re . . h '" b' el decr. 1921/66su . Asimismo, en "Santa Fe c!N1cc 1 , caro 1annO, El Tribunal por entonces est.aba integrado por F.duardo Ort~z Basualdo, R b . ·t E Chute Marco Aurelio Risolía, Luis Carlos Cabra \ y J ose F. B1dau. 0 err.~ su dictamen (Fallos, 270, 375-376), el Procurador, Dr. Eduar~o Ma:quardt , hi zo suya la tesi de su antecesor, Hamón Lascano, en la causa Orqum c/Ripoll", antes citada. . · · d 1 d Gos "Siendo la ley 14.451 una de aquellas qu e se dictan en eJerciCIO e po er de policía y que asume, además, un nít.ido car ácter de eroergen?1a, no pu ede perderse de vista que e te Tribunal ha declarado sohre este cap 1tulo (. .. ) que en circunstancias excepcionales y t.ransitorias (. .. ) cuadra el ejercicio del poder de policía del Estado en forma más enérgica que la que admiten los períodos de sosiego y normalidad. No obstante ello (. .. ) si bien la ernergenc_ia just.ifica con respecto a los poderes concedidos, un ejercicio pleno y a veces dtverso del ordinario, en constderación a las circunstancias excepcionales que la configuran , ella no autoriza si n embargo (. .. ) el ejercicio por el gobierno de poderes QUP la Constitución no le acuerda" (cons id. 92) . Luego, el l'aUo indica que "en es te se ntido resulta clar.. meute discriminatorio y hostil para determinadas categorías de personas la ci1·cunstancia de que, reconociendo la ley y el derecho a reajustar los precios de los arrendamientos, ello no obstante se obligue a a lgunos a seguir percibiendo un canon que puede res ultar no remunerativo o aún deficitario" (consid. 1 2~ ). Por ello, ent.iende la Corte que "la discriminación establecida en el ar tículo 8" de la ley 14.451. no se confo rma ni se aviene con el principio de la igualdad ante la ley de la Constitución nacional" (consid. 14) . 6119 Fallos, 269:393 (1967). s1o Co n disidencia del minist.ro Chute (Fallos , 269:399 y 400). Gll Dijo en esa ocasión que "los derechos de trabajar y comerciar libremente, de recoge!' y transportar los frutos o productos del t rabajo y de gozar de la propiedad así adquirida , resultan palmariamente r estringidos y lesionados por el dccr. 1921 del 17 de marzo de 1966. Restt;cción y lesión doblemente injustifi cada, si se atiend e al momento en que se decreta la medida, sin anuncio prev io que permita obviar los perjuicio que derivan de las inversiones y obligaciones que demanda el proceso de la producción y sin que el sacrificio que se exige a quienes plantaron sea objeto de resarcimiento alguno en los términos del decreto que se imp ugna en el sub lite , no obstante l as previsiones dP la Constitución nacional a propósito de la justa y previa indemnización con que el Estado debe compensar el des apropio de lo que toma a los particu lares por causa de ut ilidad pública" (consid. 6'').

En

TEI'\IlENCIAS JURÍOICO-POLfTICAS DEL CO:'\TROL

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dlo radicalmente su jurisprudencia anterior612 rígida t e ada .en el secular nominalismo la Corte adriti , men e an-

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tod.os .m.odos, el retorno a un criterio protector de la

P_:~pledad llldlV~d~al no tuvo durante este período caracteres

ng1dos o anacromcos. Ello está evidenciado, por ejemplo, en aquellos casos en los que se debatía la constitucionalidad de l_a ley de ~bastecimien~~ 17.724 615 . Dicha norma st" fue declaI a da constltucwnal en Inverlac S.A.C .l."" 17 , en el cual se sostuv0 61s: "Que la ley 17.724 ha sido dictada con la finalidad de asegurar una auténtica competencia, correctos usos comerci~le.s y evi~ar la especulación, como así también dotar al poder· pubhco del mstrumento legal que le permita vigilar los procesos de producción y distribución de bienes y servicios de uso común Y generalizado por parte de la población. Se trata en consecuencia, de una legislación de policía federal , dictada en ejercicio de las atribuciones que confiere el artículo 67 , inc. 16 de la Constitución nacional" 619 • Igual orientación se advierte en el caso "Rolando Pérez" 620 , en el que volvió a ser tratada la 01 2 Antes de este pronunciamiento se fij aba la ind emnización expropiatori a a la fecha de dt!s posesión , sin admitirse actualización de la misma a la fecha de la se ntencia deliniliva (Fallos, 241:73 ; 248:684; 250:fí0; 258:164; 25Y:293; 260:17fí; et.r.. ). 6\.J Sostuvo que "para mantener intangible el pri ncipio de la justa indemniz ación -decía la Corte- frente a la continuada depreciación de la monedri , el valor del bien expropiado debe fijarse al dia de la sentencia definitiva , su pu esto que entonces se transfiere el dominio y que el pago sigue a esa sentencia sin apreciable dilación. Porque si así no fuese, debe incluso quedar a sa lvo el der echo del expropiado a ser resarcido de la mora injustificada que lo perjudiqu e" (consid. 79 , Fulluo, 269:112 , esp. p. 114). ¡;¡4 Fallos , 285:!:\!:l (1973). fi1r. BO , 30/6/1968. 616 La ley disponía que los procesos de producción, comercialización y distl'ibución serán vigi lados a efecto~ de prevenir y evitar la fijación arbitraria de precios y toda clase de prácticas nociva ~ r estrictivas de la libre competencia (art. 2"), para lo cua l el Poder Ejecutivo qu edaba fa cultado incluso para "establecer o limitar márgen es y/o porcentajes de utilidad; y/o fijar precios topes" (art. 3°, inc. b). 617 Fallos, 276:222 (1970). GI S El fallo lleva las firmas de los ministros Chute, Risoüa, Cabra] y Bidau. 619 Consid. 5". 620 Fallos , 278:188 (1970).

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

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ley 17.724, admitiéndose la validez, incluso, del depósito previo de la multa para hacer viable la interposición del recurso de apelación contra la multa impuesta. Resulta elocuente testimonio también del concepto moderado de propiedad individual tenido por la Corte en este período el fallo de autos "C.A.V.l.C. c/Juan Maurín y Cía. S.R.L." 621 • La ley 3019 de San Juan había creado la Corporación Agroeconómica, Vitícola, Industrial y Comercial (C .A.V.l.C.) como ente regulador de la actividad vitivinícola, con similares características a las de la Junta Nacional de Carnes. Es así como se imponía a los productores del sector una retención obligatoria sobre el producto de sus actividades (hasta un monto máximo del 5% de su producción anual), que los convertía en accionistas de la Corporación. La Corte 6 ~ 2 , contando con un dictamen en igual sentido del Procurador 623 , entendió que el sistema era constitucional. Para ello se fundó , entre otras consideraciones, en su anterior fallo en autos "lnchauspe c/Junta Nacional de Carnes" 64.A dado que la similitud de los ordenamientos jurídicos considerados en uno y otro caso lo permitía. La finalización del gobierno de facto iniciado en 1966 trajo una renovación total de los miembros del Tribunal 625 • Bajo esta nueva composición se advirtieron algunos cambios que inclinaron al Tribunal hacia un criterio menos estricto del control constitucional sobre las restricciones a la propiedad. Como veremos, en algunos casos, los mismos fueron sustanciales. En materia impositiva el Tribunal exhibió un criterio fiscalista , ya que a los efectos de la procedencia de la repetición de impuestos, estableció la necesidad de probar el empobrecimiento por parte del contribuyente 626 . En "Cía. Nobleza de Tabacos 6

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Fallos, 27 7:147 (1970).

juece:"~~ilz f~~os~!~!od;~!:~· 5~0 :!~o~o~s~it~cion~l~dad

dEel sistema voLaron los jueces Ri•olía y Ca bJ•al. . u e y 1 au. n contra votaron los 623 Fallos , 277:150-165. 624 Fallos , 199:483 (1944). . 625 A parlir del mes de junio d 1973 l C . , a orte quedó mtegrada por los Jueces Miguel Ángel Ber~aitz com pe . nesto Corvalán N anclares H'éct oM residente, y por Manuel Aráuz Castex Er' • Petor h'asnatta y Agu st·ID D'1az B'1a1et. Procurador Gcuera! fue Enrique Carlos lit6 D b racc l. e e aclarase que, según los fall . . . del cm pobrecimient.o sólo r egía para socieos. que citare seguidamente, el criterio dades comerciales con fme s de lucro, pero no para personas individuales. .

TENDENCIAS JURíDICO-POLÍTICAS DEL CO.iTROI.

S ·A ·" 627 f ue rec h azada la demanda de repetición del imnn-,.. a l~s venias de la. actora, "ya que la misma no procede razon de <:t~e la accwnan~e no ha acreditado, como presup de su ~c~10n, haber sufndo un correlativo y proporcional pobrecimienlo derivado de la obligación fiscal a consecuencia del pago efectuado. En efecto: de la prueba rendida no q~e la ~ctora haya sido quien, en definitiva soportó la carga t:1butana -extremo éste que, tratándose de sociedades comerCiales o con fines lucrativos, no es inferible del solo hecho de los pagos y por su única virtud-" 628 • Esta posición fue mautenida luego en "Vialco S.A. c/Río Negro" 62 9 . De igual manera, la Corte ejerció una escasa revisión ele la eventual confiscatoriedad de las multas administrativas. Ea "Córdoba del Tucumán S.A." 630 se impugnaba la constitu~ nalidad de la multa aplicada por infracción a la ley 17.163 de 1967 sobre producción y comercialización del azúcar. La Corte, al confirmar la sentencia del juzgado en lo Penal Económico, sostuvo que "en materia de sanciones patrimoniales no cabe alegación de confiscatoriedad por causa de su monto. Y ello porque se trata de sanciones intimidatorias indispensables para lograr el acatamiento de las leyes que de otra manera sería impunemente burladas, y porque , además, se incurre voluntariamente en los hechos que trae aparejada su imposición así como también por ser regla establecida por la jurispruden~ia de esta Corte que no existe agravio a la Constitución nacional cuando la transgresión a la misma que se dice ocurrida es consecuencia de un acto u omisión discrecional del interesado" (p. 89). Con este mismo espíritu,. ~e convalidada -~amb1 é n la multa impuesta al diario "Argent1rusches Tageblatt , en au~os "Al Cía S A " 6 3 1 por infracción a las normas de prec1os emann Y · · · ' . · t t ces máximos establecidas en la ley de abastec1nn~n os e n on · t 6:< 2 Para ello se aludió al "carácter esencialmente reguVlgen e · . ·onan transgrelador de las normas penales-especia1es que sancl d siones a la política económica, o social del Estado, como suce e Fallo s, 287:175 (1973). Consid. 4º. 629 Fallos , 292:604 ( 1975). G ~O Fallos, 293:85 (1975). u3 1 Fallos , 293 :50 (1975). OS (BO 113172 ), que sustituyó a la anterior 632 ~e trataba de la ley 19.5 , ley 17.724. G27

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CoNTROL n E CON STITUC IONALID AD

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en la especie, en que se debate una infracción adm~nistrativa al régimen legal de abastecimientos. Y donde , al 1gual q~e ~n otras materias afines, se trata de proteger y asegurar la ehc~c1a del poder estatal y el estricto ~um_Plimiento de l~s medidas de planificación económica y soctal, mherentes al m~~mo , ~omo req uisito indispensable de una economía de expans10n ' . exltosa " 633 y un desarrollo pleno y justo de las fuerzas. econom!,cas . En contra de esta tendencia debe menciOnarse Ventura cfBCRA" "~4 el cual demuestra un efectivo criterio protector de la propiedad individual. El actor había entablado una ac~ión de amparo contra una circular del Banco Central, po.r medio de_la cual se había establecido que los titulares de pasaJeS al extenor debían abonar la diferencia, en moneda nacional , resultante entre el cambio vigente al momento de su emisión y pago y el que rigiera cinco días hábiles anteriores al momento de la iniciación del viaje. La Corte, unánimemente 63' , confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar al amparo y anuló la circular respectiva del Banco Central. Para ello, con citas de casos clásicos 636 , recordó que "es jurisprudencia de esta Corte , que el término propiedad empleado en los arts . 14 y 17 de la Cons titución nacional, ampara todo el patrimonio incluyendo derechos r eales o personales, bienes materiales o inmateriales y, en general, todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer, fuera de sí mismo, y de su vida y libertad; entre ellos, los derechos emergentes de los contratos" (p . 157). También es de recordar "Corporación Inversora Los Pinos S.A. c!MCBA""37 , donde se reconoció la responsabilidad del Estado por acto lícito 638 . Por último, fue mantenida la doctrina sobre desvalorización monetaria del período anterior 639 . Fallos , 293:62-63. Fallos , 294:152 (1976). 635 El 'l'r ibuna l estuvo integrado con los jueces Ber9aitz, Mas natta, Levene (h .) y Ram ell a. 636 ilustr a n el considerando 11 del fallo los precedentes "Bourdi é" (Fallos , 145:307 ) Y "Sto ra ni de Boidanovich" (Fallos, 184: 137) , de 1939 , que r emite al primero. 637 Fallos, 293:617 (1975). . ~3 8 La aclara era propietaria de un inmueble habilitado por la Municipahd ad pura ser desti nado a hotel alojamiento por hor as . E n virtud de un acto 633

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rEsta not(l contmlia en la páginn •iguien tc.J 6 a9

Véase "Dirección Nacion al de Via lidad d Echamendi", Fallos, 290: 362 (1974); "Fernánd ez c!Barreca", Fallos, 291:268 (197 5).

CoNTROL DE CONSTlT UCIO NALIDAD

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en la especie, en que se debate una infracción adm~nistrativa al régimen legal de abastecimientos. Y donde, al 1gual que ~n otras materias afines, se trata de proteger y asegurar la efic~c1a del poder estatal y el estricto cumplimiento de l~s med1das de planificación económica y social, inherentes al m1smo, como requi sito indispensable de una economía de expansión exitosa y un desarrollo pleno y justo de las fuerzas económicas" 633 • En contra de esta tendencia debe mencionarse "Ventura c/BCRA" GS-4 , el cual demuestra un efectivo criterio protector de la propiedad individual. El actor había entablado una acción de amparo contra una circular del Banco Central, por medio de la cual se había establecido que los titulares de pasajes al exterior debían abonar la diferencia, en moneda nacional, resultante entre el cambio vigente al momento de su emisión y pago y el que rigiera cinco días hábiles anteriores al momento de la iniciación del viaje . La Corte, unánimemente 635 , confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar al amparo y anuló la circular respectiva del Banco Central. Para ello, con citas de casos clásicos 636 , recordó que "es jurisprudencia de esta Corte, que el término propiedad empleado en los arts. 14 y 17 de la Constitución nacional, ampara todo el patrimonio incluyendo derechos reales o personales, bienes materiales o inmateriales y, en general, todos los intereses apreciables que un hombre pueda poseer, fuera de sí mismo, y de su vida y libertad; entre ellos, los derechos emergentes de los contratos" (p. 157). También es de recordar "Corporación Inversora Los Pinos S.A. c/MCBA" 637 , donde se reconoció la responsabilidad del Estado por acto lícito 63 H. Por último, fue mantenida la doctrina sobre desvalorización monetaria del periodo anterior 0" ". Fallos, 293:62-63. Fallos, 294: 152 (1976). El 'T'ri.b unal estuvo integrado con los jueces B er~a i tz , Mas natta, Lcvene (h. ) y Ramella . 636 I1 ustra n el considerando 11 del fallo los preceden tes "llourdié" (Fallos 145:307 ) Y "Stora ni de Boidanovich" (Fallos , 184 :137). de 1939, que remito pnmer o. " 37 Fallos , 293:61 7 (1975). 6 8 . ~ La actora era propietaria de un inmu eble habilita do por la Municipaltd ad para se r des ttnado a hotel alojamiento por h oras . En virtud de un acto 633

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!Esta nota continúa en la páRina siguient

. " Vé~s; D1recc16n NaciOnal de Vialidad c/Echam endi" , Fallos, 290:362 (1974), Fem andez d Barreca", Fallos , 291:268 (1 975).

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Un nuevo cambio completo en la composición de la Corte se produjo como fruto del golpe militar de 1976 y fueron designados Horacio Heredia, Adolfo R. Gabrielli, Alejandro R. Caride , Federico Videla Escalada y Abelardo Rossi. Como Procurador General fue nombrado Elías P. Guastavino. La nueva integración no trajo en este caso variantes sustantivas en el derecho de propiedad. Si bien, en materia impositiva, "Petraquímica Argentina S.A. c/Fisco Nacional" 640 señala la superación de la doctrina del empobrecimiento del contribuyente como requisito de la acción de repetición, otras materias merecieron similar tratamiento al que tuvieron bajo la Corte de 1973-1976. En lo relativo a la Ley de Abastecimiento se mantuvo inicialmente el criterio del período anterior en autos "Julio Levit S.A." 64 \ pero dado que el decr. 29/76 642 había dispuesto la derogación de las normas que imponían precios máximos, la Corte, en los casos de sanciones administrativas bajo el viejo régimen, aplicó el principio de la ley penal más benigna, disponiendo la revocación de las penalidades. Así lo hizo, por ejemplo, en "Mario Cairo S.A. c/Ministerio de Comercio de la Nución" 64 ' 1 y otras causas similares 644 • Sin pezjuicio de ello, mantuvo las multas no comprendidas en el decreto 29/76 645 . !Continuación de la nota 11.'18.)

administrativo municipal posterior (decreto 22.917/67), tal habilitación fue revocada. Ello motivó la promoción de una acción de dafios y perjuicios que fue resistida por la Municipalidad sobre la base de que con ello se había ejercido el podt'r de policía dentro de un ámbito propio y por razones de moralidad; que el derecho del propietario del inmueble era pr·eeario; que la actividad ejercida era ilícita y que e l decreto que ordenaba la revocación era de orden público. La Corte, al revoca¡· la sentencia 4ue había rechazado la demanda, dijo "que la legitimidad del obrar administrativo no empece el respelo ú..J úerechu úe la acLura para reclamar indemnización por el agravio inferido (. .. ) entr·e otros por cua n to dicha indemnización nu es la consecuencia de un obrar ilegítimo sino que tiene por objeto tutelar la incolumidad del patrimonio lesionado de la actora al dejar sin electo la autorización de que era beneficiaria, en base a la garantía que consagra el artículo 17 de la Constitución nacional" (consid. 8"). 640 Fallos, 297:500 ( 1977). 641 Fallos, 296:302 (1976). A42 Fechado el 2 de abril de 1976 CBO, 8/4/76). 643 Fallos , 295 :729 (1976). li44 "Ford Motor Argentina S.A.", Fallos , 295:815 (1976); "Coca Cola S.A.", Fallos , 295:874 (1976); "Piña Hnos. S.A.", Fallos, 295 :889 (1976); "Centa S.A.", Fallos , 296:459 (1976). 645 "Madereras Industrializadas Delta S.A.", Fallos , !:!!:HJ:::l62 (1977); "Palmar Buenos Aires S.A.'·, Fallos, 300:511 (1978); "Didakta S.A.'', Fallos, 304:1602 (1982); "Ufito S.R.L. ". Fallos . 304:1898 (1982).

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"N ' 1, Antón".,.s donde se debatía la constitucionaliEn 1co as ' · l t bl · dad de una ordenanza que ordenaba erradl~ar os es a eclmientos destinados a la fabricación de ladri11os, la Corte en ~ nánime 647 con la opinión favorable del P~ocurad~r Geormf~·~ rechazó ia acción del propietario desaloJado, se~alan­ ~~r~nt;e otras cuestiones que el :rri?unal :'ha. ~econoc1do al poder político la facultad de restnng1r el eJerciCIO de los derechos establecidos en la Constitución nacional a .fin ~e preservar otros bienes también ponderados en ella, atnbuc1ón que constituye la esencia misma de las potestades propias del poder legislativo" 649 · • • , En cambio, trat ándose de relac10nes laborales, asurruo una de perPosición desfavorable a la reincorporación compulsiva . M arce l o N azar" 650 Y "M'rt sonal despedido. En autos "Lms 1 a Ester Castro"s:;t, sostuvo que la reincorporación suprimía el derecho del empleador a la integración de su personal y la libertad de comercio e industria. Rechazó también, por lesivo al derecho de propiedad, el pago de los salarios dejados de percibir durante el período del despido, por no haberse prestado durante su transcurso t rabajos efectivos. Por último, en ''Vieytes de Fernández" 652 y "Valdez c/Gobiemo Nacional"~ 53 , fue establecida de manera general la indexación de las deudas dinerarias en mora, antes de que lo hicieran los tribunales ordinarios 654 • 4 . CoNSOUDACióN DE PRINCIPIOs JURISPRUDENCIALES. No sería justo ni objetivo, sin embargo, limitar el análisis de este período a la emergencia, aun cuando ella sea su rasgo dominante. Ciertamente, en estos cincuenta años la Corte Suprema estableció numerosos principios jurisprudenciales valiosos, que todos los días son invocados por el Tribunal en sus pronun~·lj

Fallos, 302:1579 (23/12/80). S~scrib en el fallo los doctores Gabrielli, Ros si, Frias, Gu ast avino y Black. ~ · 8 D1 clam en del Dr. Mario Ju sto López, Palios, 302:1579 , 1580 y 1581. F.ntre su s fundamentos se lec que "nadie puede invocar derechos adquiridos para oponerse a un camb1o en la política del gobierno" (con cita de Fallos, 31 :274). 6 '9 Cons•d . 2'. 65 Fallos, 302:3 19 (1980). 651 Fallos, 302 :1 489 (1980). 5 lj " Fallos, 295:973 (1976). 65 a Fallos, 295:937 (1976). 654 • La Cámar a Civil de la Capital Federal sólo a doptó est e criterio un afl.o mas tard e, en el plenario "La Amis tad S.R.L. cflt•\artc", LL , t . 1977 -D , p. 1 (1977). 6 7 :

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ciamientos actuales, por lo que no podrían dejar de ser mencionados 6'" . Durante este período la Corte, al amparo de aquel principio según el cual la interpretación de la Constitución "no puede olvidar los antecedentes que hicieron de ella una creación viva impregnada de realidad argentina, a fin de que dentro de su elasticidad siga siendo el instrumento de ordenación moral y política de la Nación" 656 , reconoció la responsabilidad del Estado057; estableció el concepto de cosa juzgada adnúnistrativa 658 ; protegió el derecho de reunión 609 ; dio nacimiento al control de razonabilidad 660 y a la acción de amparo 66 ', y admitió el control constitucional en esta última 66~; limitó el privilegio de la inejecutabilidad de las sentencias contra el Estado 663 ; admitió la indexación en deudas dinerarias como medio de proteger el capital en su exposición a la inflación 664 ; estableció las reglas sobre ejercicio de funciones jurisdiccionales de la Administración "" 5 ; morigeró los requisitos procesales del recurso extraordinario al desarrollar la doctrina de la arbitrariedad de la sentencia y de la gravedad institucional 666 ; limitó la delegación 655 Son varios los autores que se han ocupado de la historia de la Corte Suprema desde 1930 hasta nuestros días. Entre ellos: Orti!GA, Eduardo, La Corte Suprema. Entre la justicia sin poUtica y la poUtica sin justicia, Platense, La Plata, J 994; CARfilÓ, Alejandro, La Corte Suprema y su independencia, Abeledo-Perrot, 1996; PELI.l::T LASTRA, Arturo, Historia política de la Corte Suprema (1930-1990). Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001. En relación con la actividad de la Corte durante los gobiernos defacto, ANr.AROLA, Gerardo, "La función política de la Corte Suprema en los gobiernos de facto", en Función política de la Corte Suprema, libro de homenaje a Julio Oyhanarte, Alfonso Santiago (h.) y Fernando Alvarez (coords.) Ábaco , Buenos Aires, 2000, ps. 121 a 140. A su vez, el período 1976-1983, específicamente, está descripto por uno de los integrante del Tribunal, en defensa de las muchas críticas que éste debió soportar: GABHI ELLl, Adolfo R. , La Corte Suprema de Justicia y la opinión pública , Abeledo-Perrot, Bueno~ Aires, 1986. 65H "Bressani c/Mendoza", Fallos , 178:9 (1937). li57 "Tomás Dt!voto y Cía. Ltda. S.A. c/Gobierno Nacional", Fallos, 169:111 (1933). 658 "Carmlin de Cantón c/Gobicrno Nacional", Fallos , 175:368 (1936). tió9 "Campaña Popular en defensa de In ley 1420", Fallos , 207:251 (1947). GGO "Antonio Sofía", Fallos, 243:504 (1959). 661 "Ángel Siri", Fallos, 239:459 (1957). 662 "Carlos .J. Oulon", Fallos. 267:215 (1967). G6:1 "Pietranera c/Gobierno Nacional", Palios, 265:291 (1967). 664 "Santa Fe c/Nicchi", Fallo_. , 268:112 (1967). 666 "Fernández Arias c/Poggio", Fallos , 247:646 (1960). Rli6 Me remito a lo que dije supra, § 119, e Y d.

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legislativa 667 ; reconoció y aplicó sus poderes implícitos 668 ; protegió la libertad de expresión bajo el estado de sitio 669 ; consagró la tesis defmitiva sobre los establecimientos de utilidad nacional 670; dio interpretación definí ti va a la aplicación de la jurisdicción federal sobre los delitos cometidos por medio de la prensa 67 \ interpretó la cláusula de la igualdad en función del respeto a la libertad de cultos 672 y protegió esta última respecto de los Testigos de Jehová 673 ; protegió la colegiación obligatoria 674 ; limitó la discrecionalidad administrativa en la radicación de extranjeros 675 ; protegió el derecho a una rápida decisión judicial, tanto en causas penales 676 como civiles 677 , etc. En lo que concierne específicamente al control constitucional, la Corte estableció el errado principio del control a pedido de parte 678 , al que he dedicado ya una extensa crítica 679 ; prohibió que sea ejercido por órganos administrativos "xu; desarrolló la doctrina del voluntario sometimiento a un régimen jurídico"81 y dio de baja las cuestiones electorales como integrantes de las cuestiones políticas 682 • No obstante ello, las permanentes circunstancias políticas adversas para el desarrollo de un derecho constitucional con auténtica vocación republicana hicieron que muchos de estos principios tuvieran escaso arraigo en la realidad, no obstante su solemne invocación. Un caso típico lo constituye el control 667 06

"Raúl Osear Mouviel", Fallos , 237:637 (1957).

~ "Ana M. Pérez de Smith", Fallos, 297 :338 (1977).

669 "Marcelo Sánchez Sorondo", Fallos. 270:289 (19n8); "Primera Plana", Fa· llos, 276:92 (1970). 70 "Pucci c/Branifl", Fallos , 293:287 (1975). Para un análisis de este pro6 blema me remito a BIANCHI , Alberto B., Los establecimientos de utilidad nacional en las provincias y el sistema federal de gobierno, ED, t. 136, p . 468. 671 "Ramos c/Batalla", Fallos , 278:62 (1970). 672 "Benjamín Glaser", Fallos , 265:336 (1966). 73 "Barros c/Consejo Nacional de Educación", Fallos, 301:151 (1979). 6 7 6 • :sán~hcz c/Caja Fo_rense d~ la Provincía del Chaco", Fallos, 286:187 (1973). 67 ,; . Argu_.,llo c/Drrección Nactonal de Migraciones", Fallos, 268:393 (1967). 76 " Camllo Mozzatti", Fallos , 300:1102 (1978) 677 :Lucena de Llonch c!Ravier", Fallos, 265:147 (1966). 678 ~anadera Los Lagos c/Gobierno Nacional", Fallos , 190:149 (1941). 6 79 Vease supra § 40. 6 0 ~ "Ingenio Y Refinería San Mart(n del Tabacal c!Salta", Fallos , 269:243 (1967). HHI Véase supra § 66. 6 2 ~ Véase supra § 107 .

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de razonabilidad, cuyas vicisitudes ya he mencionado 683 • Lo mismo cabe decir del amparo. Nació vigoroso en 1957, pero poco después la propia Corte estaba retaceándolo 6R\ tarea que asumió la ley 16.986 de 1966, al establecer un catálogo de requisitos que lo asfixiaron completamente Gsa hasta su renacimiento con la reforma de 1994, donde ahora compite con institutos procesales tan o más efectivos que él, como la acción declarativa. Un problema análogo presenta la responsabilidad del Estado en la actualidad. Jurisprudencialmcnte está reconocida, pero en la práctica obtener el pago de una sentencia de condena contra el Estado nacional o las provincias es una tarea no exenta de trabas y dificultades 686 • § 126.

El derecho constitucional internacional

Consideraré ahora el último de los cuatro períodos en que he dividido la historia del constitucionalismo. Pero dado que todavía vivimos en él, la síntesis de su contenido no es tan nitida, ni tampoco permite formular conclusiones cerradas o definitivas. Me voy a limitar entonces a destacar sus perfiles más salientes, comenzando por el fenómeno de la globalización, que nos conduce paulatinamente a un derecho constitucional internacional. a) UNA NUEVA ERA EN LA CENTRALIZACIÓN DEL PODt:R PO-

La denominada "globalización", apoyada en lo técnico por el crecimiento exponencial de las comunicaciones, tiene que ver con dos fenómenos políticos centrales. En primer lugar, el predominio universal de los Estados Unidos a partir de la caída del muro de Berlín en 1989, que marcó el fin de la llamada

LÍTICO. -

6~3

Véa se 'upra § UO. . 6 ~4 ·'Aserradero Clipper S .KL. ", Fallos , 249:221 (1961 ) y los que mto supra

. . ·d · .· Genaro R., La acción de amparo y otros remed ws ext1a01 mm lOS, Edla , n• 24, 1982 , p. 3 . d · 6X6 Véase: BlANCHI , Alberto B., La responsabilidad del Esta o por su actt vidad legislativa, Ábaco, Buenos Aires, 1999, § 1, ps . 17 a 21. §58 , nota 659 .

tiMO CARRIÓ,

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C oNTROL DE c o NST tTUCI ONALIDAD

- ss7 el desmantelamiento de la Unió~ Soviéti_ca. Guerra Fna Y t dividido en dos eJeS, paso a El mundo , hasta ese momen o obierno cuyo objetivo contemplar los destinos marcados por un g , d do tal d " la economla e merca ' 1 A mblea General básico -declarado- era expan. lr como señaló el presidente Clint~n ante a sa oaa d las Naciones Unidas en septlembre de 1993 . e Coincidente con esta centralización debe computar~e el. otr~ fenómeno de nuestra época: el auge del derech.o constlt~:10na comunitario, como consecuencia de la p~ulatma creac10n de aquello que desde el Tratado de Maastn~~t .de _ 1~92 e~ formalmente la Unión Europea, cuya expres10n Jund1ca mas reciente es el Tratado de Arosterdam, del 2 de octubre de 1997, modificatorio del primero. La Umon Europea que hoy con~­ ce mos es l a obra de más de cincuenta años en pos de la umficación aduanera, monetaria y política de una gran parte de las naciones de Europa, y constituye la respuesta jurídica al intento por superar las guerras que han desgarrado este continente y la respuesta económica a los desafíos de la globalización. Su formalización ha tenido desde el punto de vista constitucional un impacto formidable, pues ha obligado a replegar todos los antiguos conceptos de soberanía y supremacía de ciertos órganos estatales y de sus decisiones, para acomodarlos a la existencia de órganos supranacionales y del derecho que de ellos emana. Es así como todos los países miembros de la Unión tienen un derecho constitu cional bifronte o bipolar. Por un lado el derecho constit ucional interno, y por el otro el que los pone en contacto con las restantes naciones de la Unión y los hace partícipes de ella 689 • 687 En un a a guda observación , Jorge VANOSSI señala que el siglo XX ha sido el más corto. Comien za en Sarajevo en 1914 al estallar la Primera Guerra y termina en 1989 con el fm de la Segunda Guerra, mar cado por la caída del Muro de Berlí n (VANOSSl, J orge R., El estado de derecho en el constit ucionalsmo social , 3~ ed., Eudeba, Buenos Aires, 2000, p. 834). 688 "l n a new era of peril and opportunity, our overriding purpose must be to expand a nd strengthen the world's co=unity of market-based democracies. During the co ld war we sought to contain a threat t.o surviva l to free institutions. Now we seek to enlarge the circle of nations t ha t Ji ve un der t hose free instit ut ions for our dream is of a day when the opinions a nd energies of every pcr so n ¡~ the world of th.riving democr acies that coopera te with each other and live in peace" (cit ado por K.! SSINGER, Henry, Diplomacy , Sirnon & Schuster, New York, 1994, p. 805). 689 Véase, por ejemplo, WEATHERIULL, Stephen, and BEAUMONT, P a ul , EC Law , 2nd ed., P enguin Books, London, 1995.

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,..,

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Guerra FríasA7 y el desmantelamiento de la Unió~ Soviética. El mundo, hasta ese momento dividido en. dos eJes, p~só. a contemplar los destinos marcados por un gob1erno cuyo ob)etwo básico -declarado- era expandir la economía de mercado, tal -aló el presidente Clinton ante la Asamblea General como Sen . a ssR de las Naciones Unidas en septiembre de 199 · Coincidente con esta centralización debe computar~e el. otro fenómeno de nuestra época: el auge del derecho const1tuc10nal comunitario, como consecuencia de la paulatina creación de aquello que desde el Tratado de Maastricht de 1992 es formalmente la Unión Europea, cuya expresión jurídica más reciente es el Tratado de Amsterdam del 2 de octubre de 1997, modificatorio del primero. La Unión Europea que hoy conocemos es la obra de más de cincuenta años en pos de la unificación aduanera, monetaria y política de una gran parte de las naciones de Europa, y constituye la respuesta jurídica al intento por superar las guerras que han desgarrado este continente y la respuesta económica a los desafíos de la globalización. Su formalización ha tenido desde el punto de vista constitucional un impacto formidable, pues ha obligado a replegar todos los antiguos conceptos de soberanía y supremacía de ciertos órganos estatales y de sus decisiones, para acomodarlos a la existencia de órganos supranacionales y del derecho que de ellos emana. Es así como todos los países miembros de la Unión tienen un derecho constitucional bifronte o bipolar. Por un lado el derecho constitucional interno, y por el otro el que los pone en contacto con las restantes naciones de la Unión y los hace partícipes de ella 689 • 687 En una aguda observación, Jorge V ANOSSI señala que el siglo XX ha sido el más corto. Comienza en Sarajevo en 1914 al estallar la Primera Guerra y termina en 1989 con el fm de la Segunda Guerra, marcado por la caída del Muro de Berün (V ANOSSI, J orge R., El estado de derecho en el constitucionalsmo social 3~ ed. , Eudeba, Buenos Aires , 2000, p. 834). ' 688 "In a new era of peril and opportunity, our overriding purpose must be to expand and strengthen the world's community of markel-based democracies. During the cold war we sought to contaín a threat to survival to free institutions. Now we seek to enlarge thll circle of nations tha~ live under those free inslitutions for our drerun is of a day when the opinions and energies of every person the world uf lhriving democracies that cooperate wilh each other and live in peace" (citado por KlSSINGER, Henry, Diplomaey, Simon & Schuster, New York, 1994, p. 805). ti 89 Véase, por ejemplo, WF.ATHERHILL, Stephen, and BEAUMONT Paul EC Law 2nd etl., P eng uin Books , London, 1995. ' ' '

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Estamos, en consecuencia, ante hechos que marcan una nueva etapa de la centralización en el sistema político comenzada hace aproximadamente qu inientos años. Si la Edad Media fue la era de la disgregación política luego de la caída del Imperio Romano, la Edad Moderna marcó una primera centralización con el lanzamiento de las naciones europeas a la conquista de nuevos mundos y la creación del llamado estado nacional y la doctrina de la soberanía, conceptualizados por Jean Bodin 690 y puestos en práctica -entre otros- por Richelieu 691 , para beneficio de los reyes de Francia. Pues bien, el fmal del siglo xx ha marcado un avance mayor hacia la tendencia cenVéase, por ejemplo, FRANKLIN, ,Julian H., Jean Bodin and the Rise of Theory , Cambridge, Cambridge University Press , 1973. 6 91 Armand Jean du Plessis, cardenal de Richelieu , nació en París en septiembre de 1585. '"mprendió inicialmente la carrera militar, pero para conservar el obispado de Lu9on (cerca de La Rochela) en la familia , se volcó a la carrera eclesiástica y a los veintidós años fue ordenado obispo. Como representante de los Estados Generales en 1614, volvió a entrar en la vidn política y pronto obtuvo el favor de la reina María de Medici, madre de Luis Xlll. Se convirtió en secretario de Estado en 1616. Al año siguiente perdió el favor político y, junto con la reina madre, fue desterrado de la corte. La reconciliación entre el rey Luis XIII y sumadl'e en 1622le proporcionó el capelo cardenalicio y en 1624 se convirtió en consejero del rey. A partil' de allí comenzó una eficaz política de alianzas y ofensivas con todas las naciones europeas tendiente a fortaltJcer el poder real. Para asegurar las rtJlaciones amistosas con Inglaterra, acordó el matrimonio entre la hermana de Luis Xlll, Enriqueta Maria, y el futw·o rey Carlos I de Inglaterra. Para restablecer el prestigio de Francia en los asuntos europeos y limitar el crecimiento de poder de los Habsburgo, ya establecidos en España y Austria, se alió con los holandeses y alemanes, enemigos de aquella dinastía. Para obtener fortalezas estratégicas en Italia y contrarrestar allí el poder de los Habsburgo, implicó a Francia en una lucha contra Austria y España cuando se planteó la sucesión al trono de Mantua (1628-1631). En 1631 subvencionó la invasión de Alemania por el defensor dtJ la causa luterana , Gustavo Adolfo , rey de Suecia. Más tarde, hizo de Francia un activo aliado de los protestantes alemanes mandando tropas fran cesas a luchar en la guerra de los 'I'reinta Años. Mientras tanto, al considerar que la fuerza de los hugonotes franceses era una amenaza para el poder absoluto del rey, siti ó su fortal eza de La Rochela, en 1628. Los hugonotes perdteron el poder militar y político; a pesar de ello, se les aseguró la libertad religiosa. Mediante medidas enérgicas y eficaces consiguió eliminar el peso político de las grandes familias francesas , haciendo del rey un monarca absoluto y convirtiendo a Francia en la primera potencia militar de Europa, especialmente a través de sus ¡¡ucrras con España. Llegó a apoyar la insurrección de Cataluña (1640), ocupan~o el Rosellón (1642), así como promovió la separación de Portugal de la monarqma hispánica (1640). F.stimuló las explotaciones y las colonizaciones francesas en Canadá y las Indias . Patrocinador liberal de la literatura, fundó la Aca~er~na Francesa. Murió en París, el 4 de diciembre de 1642. Véase: BELLUC, H1lan·e, Richelieu: A Study , J.P. Lippincott, London, 1929. 690

the

Ab.~oluti.~ m

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CoNTROL u~:: coNSfl'l'UCIONALlDAD

tralizadora. Los estados nacionales. europe~s ~e han :nido e~ una an confederación, que compite econonucamen e co_n e estad~ federal más poderoso del planeta, lo~ Esta~os ~n~dos. Ciertamente la centralización no terrruna alh. Sl o servamos el panor~ma que ofrece el mundo de ho_y vere~os que del mundo en la cual no este no e Xl'sL~ rerrión .,. · , celebrado · l -al enos formalmente- un acuerdo de cooperac10n reg10na , mu~os de los cuales preceden en su constitución a la etapa aquí considerada. Sin perjuicio del Mercosur, al que aludiré más adelante, y otros muchos en todo el mundo , en América vale la pena mencionar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte -North American Free Trade Agreement (NAFTA)- 6" 2 ; en Asia están la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático -Association of Southeast Asian Nations (AESAN)- 693 y la Asociación Hudasiática para la Cooperación Regional (South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC) 69 \ en África, la Unión Económica y Monetaria de África Occidcntal-West African Economy and Monetary Union (WAEMU)- 695 , la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (Southern Africa Development Community, SADC) 696 y la Unión del Magreb Árabe -Arab Maghreb Union (AMU)- 697 • La concentración política ha llevado asimismo a la concentración de los tribunales, o mejor dicho a la creación de tribunales con alcance internacional. La idea de una justicia internacional no es nueva y se remonta a los primeros años del siglo XX 698 , pero, indudablemente, la creciente necesidad de 692 Acuerdo celebrado en Texas en 1992 entre los Estados Unidos , Canadá y México. 693 Creada por la Declaración de Bangkok de 1967 e integrada por Brunei, Cambodia, Filipinas, Indonesia, Laos, Mala ia, Myanmar , Singapur, Tailandia y Vietnam. 69 4 Constituida en 1985 en Banglades h e integrada por Bangladesh, Buthan, lndia, Maldivas , Nepal, Pakistán y Sri Lanka. 695 Creada en 1994, está integrada por Benín , Burk.ina Faso, Costa de Marfil, Malí, Níger, Senegal, Thgo y Guinea-Bissa u. 696 Creada en 1980. la integran Angola, Dotswana, la Hcpública Democrática del Congo, Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Naroibia, Scychelles, Sudáfrica , Swa>.ilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe. 697 Constituida en 1989 , la inteb>Tan Argelia, Libia , Maurita nia , Marruecos y Túnez . G9~ Ya en la Tl Conferencia de La Paz de La Haya, de 1907, los E s tados Unidos propusieron crear un Tribunal de Justicia de carácter permane nte. La iniciativa no prosperó, pues las grandes polencias insistían en tener allí jueces

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reprimir el genocidio y otros crímenes de lesa humanidad hizo necesaria la instalación no ya de tribunale transitorios, como fueron los de Nüremberg y Tokio, sino de cort-es permanentes. Por tal motivo, muchos de ellos están específicamente pensados para la protección de los derechos humanos, la que hoy tiene indiscutible rango internacional 699 • Así, por ejemplo, al lado del ya tradicional Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas creado en 1946, con sede en La Haya 700 , apape~anentes ,

pero los demás participantes no lo aceptaron, por considerar que ello 1ba en contra del principio de igualdad entre los E tados. En dicha Conferencia, asimismo, se proyecLó una Convención que establecía un Tribunal Internacional de Presas; pero este documento no llegó a entrar en vigor por falta de suficiente número de ratificaciones y nunca llegó a funcionar el Tribunal. Otro caso digno de mención fue la creación de la Corte de Justicia Centroamericana instituida en la Conferencia de la Paz Centroamericana, reunida en Washington: con asistencia de delegados de las repúblicas de Guatemala , Costa Rica, Honduras, Nicaragua y El Salvador. El 20 de diciembre de 1907 se firmó la Convención para el estableci.J:nicnto de una Corte de Justicia Centroamericana, que sr. inauguró el 25 de mayo de 1908. La Convención no fue pror-rogada al t.érmino de los di ez años , y el 12 de marzo de 1918, conforme a lo establecido en el arl. 17 , concluyó esta experiencia. La Corte, a l dejar de funcionar, había conocido diez casos que le fueron some tidos. Asimismo, en la Conferencia de Paz de Parfs, celebrada al término de la Primera Guerra Mundial , fue elaborado el Pacto de la Sociedad de las Naciones, donde se planteó la creación de un Tribunal Permanente de Justicia Internacional, que quedó reflejado en el art. 14 (cfr. GAHC'IA Bw~>R, Carlos, El sistema. permanente de justicia internacional y la CortP de La Haya, Guatemala, 1\176, ps. 10 a 17). r;HH Acerca de la protección internacional de los derechos humanos véase, por ejemplo: NEwMAN, Frank, and W!CISSBROll'l', David, International Human Rights, Anderson Publishing, Cincinatti, 1990. También nuestros autores se han ocupado de esta cuestión ya desde hace tiempo. Asf, por ejemplo, HITTF.RS, Juan C., Derecho internacional de los derechos humanos , Ediar, Buenos Aires. 1991-1993. 700 El Tribunal Internacional de Justicia es el principal órga no judicial de las Naciones Unidas . Su creación fue prevista en la Conferencia de Dumbarton Onks de 1943. Un Comité de Juristas preparó el Estatuto del futuro Tribunal, basado en el del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de la Sociedad de Naciones, en las reuniones que celebró en Washington entre los días 9 Y 20 de abril de 1945. Dicho Proyecto de Estatuto se adoptó solemnemente en la Confercm:ia de San l<' rancisco el 6 de junio de 1945. El Tribunal, cuyos jueces fueron designados el 5 de febrero de 1946, se reunió por primera vez el 3 de octubre de 1946, y su Reglamento fue aprobado el 6 de mayo de 1946, con mod1ficac10ne~ introducidas en mayo de 1972 y en abril de 1978. El pnmer asunto qu~ conoc1o el nuevo Tribunal en materia contenciosa fue el del .Estrecho de Corfu , que se inició el 22 de mayo de 1947 ; y en materia consultwa, el dictamen del 28 de mayo de 1948 sobre las condiciones de admisión como miembro de las NaClones Unidas (cfr. Dt~Z DE VELA.~CU VALL>~IO, Manuel, Instttuctones de derecho mternacional ptiblico, 10• ed., Tecnos, Madrid, 1996, t. 1, p. 818).

432

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

recieron el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, creado por la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950 y reformulado en 1998 mediante el Protocolo nº 11; la Corte Interamericana de Derechos Humanos 701 ; el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con sede en Luxemburgo, previsto en el artículo 220 del Tratado de la Comunidad Europea; el Tribunal Internacional para el castigo de los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia 702 , etcétera 7o:J. Estos tribunales conforman lo que podría llamarse la justicia internacional formal. Sin embargo existe, y con importancia creciente, una justicia internacional informal, ejercida principalmente por tribunales norteamericanos, adonde acuden personas de todas las naciones en procura de una justicia que no encuentran en sus países de origen. La justicia norteamericana se está convirtiendo así en un foro mundial al cual llegan una gran cantidad de casos cuyas decisiones tendrán efectos fuera de las fronteras de los Estados Unidos. En otras palabras, jueces nacionales están administrando justicia transnacionaF04. En la Argentina existe un caso bastante conocido, 701

Un análisis detenido de este tribunal puede verse en la obra de

HIT'l'J•: Hs

citada en nota 699. 702 Greado por resol. 827 del 25 de mayo de 1993 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 703 Existe además una gran cantidad de tribunales con competencia para asuntos determinados . Así, por ejemplo, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, previsto en el Convenio de Montego Bay de 1982. 701 En el diario "Clarín" del 22/6/01 se reproduce un artículo de William Glaberson publicado en "The New York 'rimes" , que transcribo aqui ¡JUes es Ilustrativo de la dimensión que está cobrando esta justicia transnacional: "El año pasado, cinco ciudadanos chinos demanda•·on al ex primer ministro de su país, Li Peng, en un tribunal norteamericano, por su papel durante la represión en la Plaza de Tiananmen que dejó un saldo de cientos de civiles muertos en Beijing. "En septiembre del año pasado, mientras estaba de visita en Naciones Unidas, el presidente Robert Mugabe de Zimbawe debió enfrentar un juicio civil en el que se lo acusó de haber ordenado en su país matanzas, torturas y acciones terroristas y se pidieron 400 millones de dólares de indemnización. "Y en Brook.lyn un juez federal estudia los reclamos legales de canadienses e israelíes sumados a los de los estadounidenses contra un ferrocarril francés que transportó gente hasta los campos de concentraci6n nazi. "Estos y muchos otros casos son un reflejo de la reciente tendencia de recurrir cada vez má s al sistema legal estadounidense para juzgar errores y aciertos cometidos en el resto del planeta. "Esta tendencia, que comenzó a mediados de los 80 y se aceleró en estos últimos años, queda en mayor evidencia en los casos de derechos humanos. Pero se extiende también a otras áreas de la ley, como demandas de empresas que

TENDENCIAS JURIOICO-POLfTICAS DD.. CW

promovido por José Siderman y su familia. presario judío radicado en 'fucumán, fue se amparan en leyes sobre fraude, valores o prácticas • - • • penales a terroristas ext.ranjeros detenidos en el extzmqjent.. "'El paradigma de la Guerra Fria era un Estad una suerte de policía mundial', recordó Gregory Wallanoe. ~nternac1~nal Kaye Scholer de Nueva York, quien escribió ~ El parad1gma de estos nuevos tiempos post Guerra Fría es un convertido en abogado mundial'. "Algunos de los casos son básicamente simbólicos. Terminan eu ema:mt~5 fall~s civiles que nunca se cobrarán, tal vez. Pero otros desembocaron 191 KDsaciOncs cJv•les o en 1mportantes cobros realizados gracias a biene ~ retemdos en Estados Unidos . . "Existe de todos modos cierto resentimiento respecto de la expansión del SIStema legal norteamericano pero como muchos de los casos están relacionados con demandas de derechos humanos, quienes critican esta tendencia tienen dificultades para despertar alguna atención sobre sus preocupaciones. " l~n los últimos meses fueron acusados en Estados Unidos, entre otros , el ex presidente yugoeslavo Slobodan Milosevic, la República Islámica de Irán el pr-íncipe de Gales y la ex primera ministra británica Margarel Thatcher. ' "Esta expansión fue exp licada en estos últimos años como la consecuencia natural de un mundo interconectado. Pero últimamente , algunos abogados y estudiosos del derecho comenzaron a argumentar que todos Jos casos representan un gran cambio que es tá transformando a los tribunales norteamericanos en instituciones con influencia internacional. "'Lo que estamos exportando ahora , tal como hizo Gran Bretaña en el siglo XIX, es nuestra concepción sobre la ley', aseguró Burt N euborne, profesor de Derecho de la Universid ad de Nueva York. "Un ejemplo del nuevo pensamiento legal es la legislación aprobada por el Congreso norteamericano en 1996, que permitió por primera vez que los tribunales de EE.UU. se ocupen de juicios contra países que Washington tiene incluidos en la lista de naciones que fomentan el terrorismo. Libia, Cuba e Irán figuran en ell a. "En febrero , el Departamento del Tesoro autorizó la liberación de 96,7 millones de dólares en bienes cubanos congelados en Estados Unidos. El dinero fue entregado a Jos familiares de tres pilotos de Miami cuyos aviones fueron derribados por aviones caza cubanos en 1996. "El antecedente más import.ante de esta justicia global fue un histórico fallo de 1980 del tribunal federa l de apelaciones de Nueva York , que actualizó una ley rara vez utilizada, de 1789, y que autoriza a los extranjeros a demandar a otros extranjeros en EE.UU . cuando se trate de violacione~ a normas del derecho internacional, como homicidio o tortura. . "De todos modos , hay algunos tribunales que se ruegan a comprometerse con asuntos extranjeros. Cortes de EE.UU. se negaron , por eJemplo, a ocuparse de demandas en las que se acusaba al principe de Gales y a la ex pnmcra mtmstra británica Margaret Thatcher de haber violado derechos humanos en el Norte de Irlanda y en Libia . "Hay paíse que ya están tratando de expandir la influencia del sistema legal norteamericano.

promovido por José Siderman y su famili presario judío radicado en Tucumán, fue se amparan en leyes sobre fraude, valores o prácticas penales a terroristas extranjeros detenidos en el extranjero. "'El paradigma de la Guerra Fría era un Estado U c:om-en:ido en una suerte de policía mundial' , recordó Gregory Wallance, abogado en el estudio internacional Kay e Scholer de Nueva York, quien escribió sobre tendencia: 'El paradigma de estos nuevos tiempos post Guerra Fría es un E t.ados Unidos convertido en abogado mundial'. "Algunos de los casos son básicamente simbólicos. Terminan en enormes fallos civiles que nunca se cobrarán . tal ve z. Pero otros desembocaron en

acu~

saciones civiles o en importantes cobros realizados gracias a bienes extranjeros retenidos en Estados Unidos. "Existe de todos modos cierto resentimiento respecto de la expansión del sistema legal norteamericano pero como muchos de los casos están relacionados con demandas de derechos humanos, quienes critican esta tendencia tienen dificultades para despertar alguna atención sobre sus preocupaciones. "En los últimos meses fueron acusados en Estados Unidos, entre otro , el ex presidente yugoeslavo Slobodan Milosevic, la República Islámica de Irán, el príncipe de Gales y la ex primera ministra británica Margaret Thatcher. "Esta expansión fue explicada en estos últimos años como la consecuencia natural de un mundo interconectado. Pero últimamente, algunos abogados y estudiosos del derecho comenzaron a argumentar que todos los casos representan un gran cambio que está transformando a los tribunales norteamericanos en instituciones con influencia internacional. "'Lo que estamos exportando ahora, tal como hizo Gran Bretaña en el siglo X[)(, es nuestra concepción sobre la ley', aseguró Burt Neuborne, profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York. "Un ejemplo del nuevo pensamiento legal es la legislación aprobada por el Congreso norteamericano en 1996, que permitió por primera vez que los tribunales de EE.UU. se ocupen de juicios contra países que Washington tiene incluidos en la lista de naciones que fomentan el terrorismo. Libia, Cuba e Irán figuran en ella . "En febrero , el Departamento del Tesoro autorizó la liberación de 96,7 millones de dólares en bienes cubanos congelados en Estados Unidos. El dinero fue entregado a los familiares de tres pilotos de Miami cuyos aviones fueron derribados por aviones caza cubanos en 1996. "El antecedente más importante de esta justicia global fue un histórico fallo de 1980 del tribuual fed eral de apelaciones de Nueva York, que actualizó un<~ ley rara vez utilizada, de 1789, y que autoriza a los extranjeros a demandar a otros extranjeros en EE.UU. cuando se trate de violaciones a normas del derecho internacional, como homicidio o tortura. "De todos modos, hay algunos tribunales que se niegan a comprometerse con asuntos extranjeros . Cortes de EE.UU . se negaron, por ejemplo, a ocuparse de demandas en las que se acusaba al príncipe de Gales y a la ex primera ministra británica Margaret Thatcher de haber violado derechos humanos en el Norte de Irlanda y en Lib ia. "Ha y pafses que ya están tratando de expandir la influencia del sistema lega] norteamericano.

434

CoNTROL DE coNS'l'ITUCJONALIDAD

guido por el gobierno militar a cargo del general Antonio D. Bussi , sufriendo torturas y confiscación de sus bienes. Ante la imposibilidad de obtener una compensación en los tribunales argentinos, radicó una demanda ante la justicia federal norteamericana, por la cual obtuvo una sentencia de condena contra el Estado NacionaF 05 • No menos conocida es la actuación internacional del juez español Baltasar Garzón, quien ha estado muy activo en la persecución penal del ex presidente chileno Augusto Pinochet y de los militares argentinos responsables de la desaparición de personas durante el gobierno de 1976-1983. b) LA REVOLUCIÓN CONSERVADORA. - El segundo aspecto mencionable de estos últimos veinte años ha sido la llamada "revolución conservadora" de la década 1980-1990. Hacia fines de la década de 1970 el modelo político-económico inaugurado en los comienzos de 1930 estaba agotado. El welfare state, a cuyas expensas el Estado se había engrosado sin pausa por más de cincuenta años, necesitaba una revisión. Nacido bajo el New Deal de Franklin D. Roosevelt y aplicado luego no sólo por presidentes demócratas como Kennedy, Johnson y Carter, sino también por un republicano como Nixon, basado en un Estado central y fuertemente intervencionista, un control administrativo detallado de la economía, una justicia progresista, laicidad en la enseñanza pública, liberalización de las costumbres, la redistribución de la riqueza mediante el impuesto progresivo y la seguridad social, estaba en 1980 en franco retroceso. Lo mismo ocurría en el Reino Unido, donde una economía fuertemente estatizada reclamaba un camino de regreso. Fue asi como ambos países encararon a comienzos de la década de 1980 un cambio en sus políticas. Se produjo así la llamada "revolución conservadora", que condujo en Inglaterra la primera mi"A principios de este mes , un juez federal anunció que trataría de lograr que Henry Kissinger, el ex secretario de Estado, prestara lest.imonio por la desaparición de un estadounidense en Chile cuando el dictador Augusto Pinochet lomó el pod er en ese país en los años 70. "Jack Goldsroith, profesor de derecho en la Universidad de Chicago, indicó que los norteamericanos nunca consideraron las consecuencias de aplicar sus leyes en todo el mundo: 'A EE.UU. le encanta exportar su~ valores, pero no si ello da a otras naciones el poder para revisar lo que hacen los norteamericanos'". 705 "Siderman v. Republic of Argentina", 965 F.2d 699 (92 Circuito, 1992).

TENDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

435

706

nistra Margaret Thatcher , cuya obra de gobierno ella misma 707 h a r~la;o~do , Y. en los Estados Unidos, et ·presidente Ronald Reagan , ~e ~wen se ha ocupado con admiración un francés 7U'J. En lo. econom1co, el programa inglés consistió en el desmantelamiento de nn~chas de sus haciendas estatales, las que pasaron al sector pnvado, y la reducción de los programas sociales. E.n los Estados Unidos, Reagan dispuso un programa de gobierno completamente opuesto al de su predecesor ,Jimmy CarLer. Estableció la reducción de impuestos, del gasto público Y dispuso el refuerzo de la defensa nacional. En función de ello, a partir de marzo de 1981 , el Congreso promulgó la rebaja de impuestos más grande de la historia de Estados Unidos y redujo el gasto al recortar partidas presupuestarias para gastos sociales y ayudas a los estados y demás autoridades locales . Paralelamente aumentó el presupuesto de la defensa 71 0 • Lapo7Uo Margaret Thatcher (1925), primera mujer en ocupar el cargo de primer ministro del Reino Unido (1979- 1990), nació en GranLham y estudi ó ciencias químicas en la Universidad de Oxford. Después de ingresar en el Partido Conservador, fue ele¡:ida diputada de la Cámara de los Comunes en 1959. Ministra de Educación y A~untos Científicos (1970-1974) en el gabinete de Edward Heath, provocó una oleada de protestas al abolir la gratuidad de la leche en las escuelas. Tras la derrota de los conservadores en 1974, se enfrentó a Heath por el liderazgo del partido, que obtuvo en 1975. Cuatro años más tarde condujo a los conservadores a la victoria electoral, con la promesa de sofocar la crisis de la economía británica y de reducir el intervencionismo gubernam ental. Alentada por el éxito de su política para las islas Malvinas en 1982, condujo al Partido Conservador a una victut·ia arrolladora en las elecciones generales de junio de l 983. Reelegida ~n las elecciones de junio de 1987 , se convirtió en el primer jefe de gobierno británico del siglo xx que se ha mantenido en el cargo durante tres mandatos consecutivos. En 1990 y debido a la polémica sobre s u política fiscal y a s us reticencias a com prometer a Gran Bretaria en la unión monetaria con Europa, su liderazgo fue severamente cuestionado. Dimitió en noviembre Y la su cedió como líder· del Partido Conservador y como primer ministro su antiguo protegido John Major. 707 'l' HATCHER. Margaret, 1'he Downing Street Years , Harper Collins, J.ondon, 1995. 70H Ronald Reagan ocupó la Casa Blanca enLrc 1980 y 191:!8. He relatado una muy sintética biografía en La regulación económica, Ctt. , § 37, p. L54 y nota ~U , adonde me remito. 709 SuHMAN, Guy, La réuolution conseruatrice américaine, Fayard, Paris, 1983. 1 10 En política internacional , Reagan y su secretario de Estado Alexander Haig se alejaron ele la política de distensión con la Unión Sovié tica Y pusieron de manifiesto una política de dureza; la isla de Granada fue Jllvadida en octubre de 1983. En América Central , Reagan respaldó a las fuer zas gubernamentales de El Sa lvador, pero apoyó la actividad guerrillera contra el gobierno andinista en

436

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

lítica conservadora en ambos países fue continuada por los sucesores de Thatcher y Reagan, es decir por John Major 711 y George Bush m, respectivamente, de modo que la misma se extiende hasta los primeros años de la década de 1990. Ciertamente el cambio político se hizo sentir también en lo jurídico, y la doctrina de los profesores liberales se ha ocupado de la cuestión con eminente sentido crítico 713 , Señalaba en ella que durante el gobierno de Reagan fueron designados 368 jueces federales -más de la mitad del total de los integrantes de la justicia federal- extraídos de las filas republicanas 714. Si bien Reagan fracasó en la nominación de algunos de sus candidatos 715 , logró colocar, en cambio, importantes Nicaragua. En abril de 1986 llevó a cabo un bombardeo aéreo sobre Libia, en represalia por ataques terroristas contra ciudadanos estadounidenses. Suman· dato se debilitó en 1987 debido al aumento del déficit público y comercial y a la investigación, realizada por el Congreso, sobre la venta gubernamental de armas a Irán para financiar a la "contra" nicaragüense. En diciembre, Reagan y Gor· bachov firmaron un tratado para eliminar los misiles de alcance medio. 711 John Major, nacido en 1943, fue primer ministro entre 1990 y 1997. Nació en Lond1·es, en el seno de una fa:>~ilia de clase trabajadora. Abandonó los estudios a los 16 años y trabajó en un banco durante casi dos décadas, hasta que fue elegido diputado para el Parlamento en 1979. Protegido de Margaret Thatcher, ascendió rápidamente a distintos cargos ha sta ser nombrado ministro de Asuntos Exteriores (1989) y canciller del Exchequer; fue ministro de Hacienda (1989-1990), antes de sustituir a Thatcher como primer ministro y como líder del Partido Conservador, en noviembre de 1990. Continuó la política de privatizaciones llevada a cabo por su predecesora. Obtuvo para el Partido Conservador una elaborada victoria en las elecciones de abril de 1992. Participó en las ne· gociaciones para lograr el alto el fuego en Irlanda del Norte entre los grupos paramilitares republicanos y unionistas, en agosto de 1994. En 1995 fue reelegido lider de su partido por un estrecho margen de votos , pese a la fuerte oposición de sus correligionarios a la Unión Europea. La propia situación de división interna del Partido Conservador lo llevó a perder estrepitosamente las elecciones de ma· yo de 1997 frente a l candidato laborista Tony Blair, pasando a abandonar de inmediato el liderazgo conservador. Véase: MAJOR, John , John Major: The Au· tobiography , Harper Collins, New York, 1999. 712 Vtíanse los datos biográficos que doy en La regulación económica, t . 1, § 37 , p. 156, nota 44. 713 Véanse: SCIIWARTZ, Hermano, Packing the Courts . 'J'he Conseruatiue Campaign to Rewrite the Constitution, Charles Scribner's Sons, New York, 1988: SCllWARTZ. Bernard , The New Right and the Constitution. Tuming Back the Legal Clock, Northeastern University Press, Boston, 1990. 7 14 ScHWAH'l"l, Bernard , The New R ight .. . , cit., p. 222. 715 El caso más recordado es el de ltobert H. Bork para la Corte Suprema y los de Bernard Siegan y Lino Graglia, para las Cortes de Circuito (Sr.HWAR'Ft, 13ernard, ob. cit., p. 222).

TENDENCIAS JURfDICO-POLÍTICAS DEL CO.OTROL

437

representantes de la derecha, tanto en la Corte uprema 716 como en los tribunales inferiores 717 • Fue así como las decisiones de la Corte Suprema reflejaron el cambio. Este período puede dividirse en dos. La primera parte, hasta 19 6 está bajo el comando del Chief Justice Warren Burger, signado por un débil mantenimiento de las doctrinas liberales de la era de Earl Warren 71 H. Pero con el retiro de Burger y su reemplaz.o por William Rehnquist, lo que aseguró en la Corte el dominio del Partido Republicano, las tendencias conservadoras se acentuaron, dando lugar a la era Rehnquist del Tribunal 719 • Un ejemplo del cambio jurisprudencia! experimentado lo constituye la interpretación que la Corte ha hecho respecto de la "taking clause" de la Enmienda Quinta 720 . Para comparar la evolución habida en la Corte sobre esta materia, pueden ser tomados cuatro casos, dos del período anterior al cambio y dos del posterior, si bien todos muy próximos en el tiempo. El primero es "Pruneyard Shopping Center v. Robbins" 721 , sen7lr; Reagan designó en primer lugar a Sandra Day O'Connor (1981) en reem· plazo de Potter Stewart, luego a Antonin Scalia (1986), que ocupó el sillón de Rehnquist cuando éste fue designado Chief Justicie, y en tercer lugar a Anthony McLeod Kennedy (1988), que reemplazó al juez Powell. Durante s u presidencia, además, se retiró el Chief Justice Warren E. Burger (1969·1986), siendo reemplazado por William Rehnquist (había sido designado en 1971 por el presidente Nixon). Por su lado, el presidente Bush designó en 1990 al juez Souter, como reemplazante de Brennan, y en 1991 a Clarence Thomas, para reemplazar a Thurgood Marshali, acentuando más aún la tendencia conservadora en el Tribunal. De tal suerte, al finalizar la presidencia de Bush (padre) en 1992, la Corte con· servaba un solo representante de la vieja guardia liberal, el juez Blackmun, legendario redactor del fallo "Roe v. Wade", 410 U.S. 1J ~ (1973) , que legalizó el aborto. y un liberal moderado, Stcvens. Los restantes siete jueces pertenecían -<:on matices- al ala conservadora. 717 Me refiero, por ejemplo, a las nominaciones de Richard Posner en la Corte dl! Apelacionc del Séptimo Circuito en 1981, o de Alex Kozinski en la del Noveno en 1985. 718 Para un estudio del período del Chief Justicc Burger. véase BLA.~l , Vincent, The Burger Court. The Counter-Revolution That Wasn 't , Yale University Press, 1983. 7 19 Véase: SAvAGE, David G., Thming Right. The Making of the Rehnquist Supreme Court , John Wiley & Sons, lnc., New York , 1992; YAHIIROUGII , Tinsley !<.:., The Rehnquist Court and the Constitution, Oxford University Pre•s, New York, 2000. 720 Antecedente inmediato de nuestro artículo 17, la Enmienda Quinta dice en s u parle final que "tampoco podrá enajenarse la propiedad privada para darle usos públicos, sin una compensación justa". m 447 U.S. 74 (1980).

CONT RO L DE CON::lTl'I'UCIONALIDAD

438

tencia en la cual se discutía si el propietario ~e un shoP_ping center se podía oponer a que un grupo de es~ud1antes reahz~~a dentro del mismo una manifestación contrana a una resoluc10n de las Naciones Unidas. La Corte Suprema de California entendió que el propietario del establecimiento comercial no podía oponerse a ello y esto fue confirmado por la Corte Suprema con el voto del ahora Chief Justice Rehnquist. El segundo caso, "Hawaii Housing Authority v. Midkiff' m, involucraba el cuestionamiento constitucional de una ley de Hawaii 723 , tendiente a evitar la concentración de la propiedad privada en manos de pocos terratenientes 724 • Para ello establecía transferencias forzosas de la propiedad a favor de los arrendatarios de las tierras. La Corte, de acuerdo con el voto de la jueza O'Connor, admitió la constitucionalidad de la ley. Pero dos casos fallados en 1987 mostraron ya la impronta republicana en el tribunal. En el primero , "First English Evangelical Lutheran Church of Glendale v. County of Los Angeles"m, la Corte Suprema, con el voto del Chief Justice Rehnquist, revocó un fallo de los tribunales de California, que había rechazado una demanda de un propietario para que se le indemnizaran los daños ocasionados a su propiedad duran te el período previo a la determinación definitiva de la expropiación . La falta de indemnización de tal es perjuicios fue interpretada por la Corte como un atentado contra la Enmienda Quinta. El segundo caso e escaso voto mayoritario se debe a Scalia 7~6 es "Noll , Cuyo J'D . Coasta1 Commission"m Se debat ' ' l orma , . an 1 V. ade C ]'~ · d . la aqm SI e estado 1 orrua p.o ía obligar a los propietarios costeros a establ ecera una serVJdumbre de ( la 0 bt ., d paso easement) como requisito para encJOn e un permiso p 1 r · su casa frente a la play L arca a amp laCIÓn y refacción de a. a orte concluyó que si el estado 72 '

467

u.s.

229 (1984)

7~3 Hawaii Land Rcfor:n Act

(1 967). H asta es a época Ha waü tenf por ej emplo, el 75 % de la tierr ~ resto~ de propieda d feudal. E n Oa hu G UNTI!.F.R, Y S ULLIVAN, Constitutio~a~r~"a; propJed~d de 22 terratenientes. Con/ 7~5 482 U.S . 304 (1987) • Cl t ., p . ()04. 726 . La mayoria de cinc~ a e CT~, ef Ju sticP Rehnq uist , y los ju~~~n~~}~ tobt~vo ~fr el vuto de l j uez Scalia el vo ar~~ lo4s8~ueUces de la minoría liber~l: Bre~~w~ yhOl'ICo nn or. En disidCJ;cia '' .S. tl25 (1987). ' ars a , Blackmun y Steven s. 7t4

TE NDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

pretendía el establecimiento de tal servidumbre de paso, debía indemnizar previamente a los propietarios. El brote conservador en materia de propiedad privada tuvo también algunos apoyos doctrinarios aislados. Los constitucionalistas norteamericanos por lo general apoyan el liberalismo progresista de las decisiones de este período, aunque han merecido la crítica de la doctrina de las últimas décadas enrolada, mayoritariamente, en la corriente del más amplio respeto a los derechos de contenido no económico que, a la par, ha tolerado sin cuestionamientos la regulación estatal sin límites de la propiedad individual. Lo que el juez Black dio en llamar la doctrina "Allgeyer-Lochner-Adair-Coppage" 728 , ha sido así objeto de repulsa general 729 • De todos modos existe hoy una corriente de pensamiento que tiende al r egreso del conservadorismo en materia económica - cuyas ideas serán analizadas más abajo- y rescata algunos valores de esta época. Bernard Sit;GAN, uno de los más firmes representantes de esta nueva corriente conservadora en los Estados Unidos, escribió ya hace más de una década una obra dedicada a la defensa de las libertades económicas, en la que tiende a rehabilitar, entre otros , el tan criticado "Lochner". En la era de "Lochner", "Adair" y "Coppage" -dice- los salarios reales estaban elevándose , las horas de trabajo decrecían y la riqueza del país se elevaba. Hacia 1914, el ingreso nacional excedía el del Reino Unido. Alemania, Francia, Austro-Hungría e Italia combinados y el ingreso per cápita estaba muy por encima del de cualquier gran nación. Entre el final de la Guerra Civil y el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el producto bruto nacional creció a una tasa históricamente muy alta 700 • Al mismo tiempo, en el terreno de los otros derechos , la Corte de los Estados Unidos también ha mostrado un cambio de las tendencias nacidas en los años 1960 y 1970, sin haber abandonado completamente ese rumbo . Así, la mayoría conservadora se hizo notar durante este período en numerosos 728

u.s. 525 ,

"Linco ln Federal Labor Union v. Northwcstern Iron & Meta l Co.", 335 535 (19-19) .

Entre los actuales doctrinarios puede citarse a TRI BE. Lnw·ence, AmP.rican Con stitut ional Law, ob. cit., ps. 567 a 574. 7:JO ::llEGAN, Bernard, Economic Liberties and the Con.stitutiun, University of Chicago Ptess, Chicago & London, 1980, p. 125. 729

440

.. '

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

campos. Por ejemplo, limitó el uso del hábeas corpus 731 , con la disidencia del sector más liberal 732 • En materia de eutanasia, en "Cruzan v. Director, Missouri Department of Health" 733 , una mayoría conservadora 734 negó a los familiares de una persona en estado vegetativo y sin posibilidad alguna de recuperación el derecho a interrumpir su vida. En "Cohen v. Cowles Media Co." 735 , mayoría conservadora mediante 7"G, hizo lugar a una demanda de daños entablada por un informante en contra de una publicación que incurrió en violación a una promesa de confidencialidad. También el ala conservadora de la Corte se ha hecho notar en dos casos vinculados con la llamada affirmatiue action, es decir en aquellos casos de medidas de gobierno tendientes a proteger lo derechos de las minorías o de personas o corporaciones afectadas por alguna debilidad. Se trata de "City of Richmond v. J. A. Croson Co." 73 \ y "Adarand Constructors, Inc. v. Pena" 738 , donde la mayoría en ambos casos 739 sostuvo que el control judicial sobre estas medidas debe ser estricto y debe verificarse -como requisito de constitucionalidad- que están ordenadas a cumplir un interés público imperativo. En "Bray v. Alexandria Women's Health Clinic" 740 , donde también se nota la divergencia entre el sector conser7 1 3 "Teague v. Lane", 489 U.S. 288 (1989); "Penry v. Lynaugh", 492 U.S. 302 0989). Sobre el particular, véase: HoFFMANN, Joseph L. , The Supreme Court's New Vision of Federal Hábeas corpus for State Prisoners, "'!'he Supreme Court Review 1989", '!'he University of Chicago Press , ps. 165 a 193. 732 En el primero de los casos citados en la nota anterior votaron en contra los jueces Marshall y Brcnnan, 489 U.S. en p. 326. ' 733 497 U.S. 261 0990) . . n• ,Votaron en la mayoría el Chief Justice Rehnquist y los jueces White, Sea ha, O Connor Y Kennedy. En la minoría votaron los jueces Blackmun Brennan , Marshal y Stevens. ' 735 501 U.S. 663 (1991). 6 ¡¡ '" Votaron el Chief J~stice Rehnquist y los jueces Whiic, Stevens, Seaa Y Kennedy. En la mmona votaron los jueces Marshall Souter O'Connor Blackmun. ' ' y n 7 488 U.S. 469 (1989). 738 515 u.s. 200 (1995). 7o9 E 1 . . t e pn.mero. la mayoría estuvo integrada por el Chief Justice Rehn lJUlS . y 1os ¡ueces White O'Co K d S · · · · Blackmun M· h 11 n' nnor, enne y, caha, con dlsldencia de los jueces ' ars a Y rennan. En el segundo 1 Ch · f J · Y los jueces O'Connor Scalia Th K caso, e te usttce Rehnquist disidencia de los juec~s Bre ~r S~mas, Y ennedy votru·on en mayor(a, con la 740 506 U .S. 266 (199iJ. ' evens, Souter y Gmsburl{.

°.

vador mayoritario y el liberal en minoría m de la jurisprudencia de los tribunales sostuvo que las demostraciones llevadas a cabo en cont:a de las clínicas donde se practican abor1:.os ser mot1vo de una injunction (medida cautelar federales. No obstante ello, la cláusula de igualdad l'!nlnn-~.1 Ley de Derechos Civiles 74 3 fue interpretada a favor de un negro en "Patterson v. McLean que en "Runyon v. McCrary" 74 S, trece años an constitucional una ley penal que incrementa 1a peaatill. . aquellos que atacan o agreden a alguien en razón religión, sexo u otro tipo de condición personal- . N o fue muy feliz su jurisprudencia en materia de hh_..:M religiosa. La interpretación de las cláusulas religio Primera Enmienda 747 estaba bastante acotada. En erben v. Verner" 748 , la Corte había establecido que la cláusula de la libertad de cultos podía limitarse si existía un interés público imperativo (compelling state interest). A su vez, una ley relativa a la separación entre iglesia y Estado desde "Lemon v. Kurtzman" 7" 9 era válida solamente si estaba promovida por un interés secular que no tuviera como efecto primario el promover o inhibir la religión, y no comprometiera indebidamente al Estado con la religión. A comienzos de la década de 1990, sin embargo, estos estándares jurisprudenciales han variado y se

fed

741 En la mayoría votaron los jueces Scalia, White, Kenn.,dy, 'l'homas, Soutcr y el Chie( Ju stice Rehnquist. En la minoría lo hicieron los jueces O'Connor, Stcvens y Blackmun. 742 "Volunteer Medica} Glinic, loe. v. Operation Rescuc", 948 Federal Reporter, 2nd Series 218 (6" Circuito, 1991); "National Organization for Women v. Operation Res cue", 914 Federal Reporter, 2nd Series (4" Circuito, 1990); "New York StaLe National Organization for Women v. Terry", 886 Federal Reporter, 2nd Series 1339 (2 2 Circuito, 1989), certiorari denegado en 495 U .S. 94 7 ( 1990).

42 use § 1981. 491 u.s. 164 (1989). 74~ 427 u.s. 160 (1976) .

743

744

"Wisconsin v. Mitchell", 508 U.S. 476 (1993). La Enmienda Primera, además de la libertad de exp resión, contiene dos cláusulas sobre libertad religiosa, la denominada Establishment Clause , que pro· híbc al E stado adoptar religión alguna, y la Free Exercise Clause , que preserva la libe1tad de cultos. 746

747

748 749

374 u.s. 398 (1963). 403 U.S. 602 (1971) .

442

CoNTROL DE CONST ITUC IO NALIDAD

hallan hoy más confusos, ya que la Corte, en sendos casos resueltos en 1990 750 y 1992 75 \ los ha cambiado. En el primero de ellos abandonó parcialmente el test del compelling interest y en el segundo prohibió que se rezara como parte de las ceremonias de graduación en las escuelas públicas, molivando la crítica doctrinaria 752 • En materia de debido proceso en materia penal, un caso singular fue "Arizona v. Fulminante" 763 , donde se discutía la validez de las confesiones involuntarias de detenidos, obtenidas por engaño o bajo alguna forma de coerción. En este terreno, la jurisprudencia tradicional era que una confesión involuntaria era de suyo violatoria del debido proceso ";" . Sin embargo , al resolver "Fulminante", donde la coerción bajo la cual la confesión se había obtenido era evidente, la Corte, mediante una votación en donde las posiciones liberal y conservadora típicas no resultaron estrictamente alineadas, cambió en parte su criterio. Oreste Fulminante, acusado del homicidio de su hijastra, una niña de once años, fue inducido por un compañero de celda, que se hallaba trabajando para las autoridades de la prisión, a confesar su crimen a cambio de obtener protección frente a las agresiones físicas de otros detenidos. La confesión se produjo y Fulminante resultó condenado a la pena capital en primera instancia. La Corte Suprema de California revocó el pronunciamiento y la Corte Suprema lo confirmó, pero modificó al mismo tiempo su posición en cuanto a las confesiones involuntarias, mediante un fallo con numerosos votos concurrentes y cruzados . Así, los jueces White, Marshall, Blackmun, Stevens y Scalia admitieron la coerción en la confesión. Los jueces Rehnquist, O'Connor, Kennedy, Scalia y Souter entendieron que una confesión bajo coerción puede no producir daño alguno. Finalmente, los jueces White, Marshall, Blackmun, Stevens y 750

u.s. 872

"Employment Division Oregon Dept. of Httman Resources v. Smith", 494 (1990),

"Lee v. Weisman", 505 U.S. 577 (1992) . 762 Véase: SHEHRY, ::>uzanna, Lee v. Weisman Paradox Redux, "The Supreme Court Review", 1992, The University of Chicago Press, ps. 123 a 153; GREI•:NAWALT, Kent, Quo vadis: The Status and Prospects of "Tests" Under the Religion Clauses, "The Supreme Court Review", 1995, ps. 323 a 391. 75J 499 U .S . 279 (1991). 754 "Roge rs v. Hichmond", 365 U .S. 534 (1961); "Culombe v. Connecticut", 367 U .S. 56R, 602 (1961). 751

T F:N UENCIAS JUIÚDJCO-POLÍTl

Kennedy sostuvieron que en este caso la - · - nante no le había producido daño cut~ ....--.. • •• • pruebas que lo incriminaban. El aborto , tema clave en la jurispru los Estados Unidos, no ha dejado de estar pi'~~-~~~ de estos períodos. Desde 1973, "Roe v. Wade numerosas pruebas judiciales de las cuales retillllllll Así, pueden mencionarse casos como "Akron v. for Reproductive Health "n6 y "Thornburgh v. America.JI of Obstetricians and Gynecologists" 757 . No obstante. composición de la Corte que había ido dejando atrás a la guardia liberal de los años setenta, era probable que un caso sacudiera la estabilidad judicial de la legalidad del ab_..._ En este contexto la Corte resolvió "Webster v. Reprod Health Services" 758 , donde se cuestionaba la constituciona.__ de una ley de Missouri según la cual la vida humana come con la concepción y prohibia la asistencia financiera estatal o el uso de instalaciones públicas para el aborto. La Corte. sin embargo, con una ajustada mayoría de 5 a 4 759 , falló a favor de la constitucionalidad de la ley, pero sin derogar expresamente "Roe v. Wade". En los votos de Rehnquist, White y Kennedy se criticó fuertemente a "Roe", aun cuando no se hizo una declaración expresa en el sentido de derogarlo, lo que sí propuso el voto de Scalia; por el contrario, el voto de Brennan , Blackmun y Marshall se lamentaba de la amenaza que la doctrina de "Roe" estaba enfrentando 760 • La jueza O' Con755 En este terre no la Corte Suprema libró un a gran bata ll a co ntra las leyes esta tales que limitaba n el acceso a un aborto en los término es tablecidos en "Roe". Así, por ejemplo, el consentimiento impu esto por una ley de Missouri , decla rada i11constitucional en "Planned Parent.hood of Central Misso uri v. Da nforth", 428 U.S. 52 (1976) , a un cua ndo no decla ró inco nstituciona l la no as ignación de recursos económicos a los hospital es pú blicos para practica r abortos dentro de los progr a mas de bi e nestar socia l. En este se ntid o, pu eden verse t res casos: "Ma hcr v. R oe", 4.12 U.S. 464 (1977); "Har r is v. McRae". 448 U.S. 29 7 (1980) y "Rust v. Sullivan". 500 U.S. 173 (1991 ). 7sR 462 U.S. 416 (1983). 75 7 7ó8

476 492

u.s. 747 u.s. 190

(19 6). (1989).

759 Vot aron por la mayoría el Chie( Ju stice Rehnquist, y los jueces Sca lia, Kenncdy, Whit.e y O'Conn or. En la minoría votaron los jueces Brennan , T. Ma rshall , Blackmun y Stevens. 7üO Dicen, con cier to a ire romántico, que ·'un vient o helado sopla" (e n contra de "Roe"), 492 U .S. e n p. 560.

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nor si bien votó en la mayoría, se abstuvo de hacer algún ' . , de "Roe "1s1 . argumento sobre la derogac10n ., Desde el punto de vista de la libertad de expres10n, y en particular en el llamado lenguaje simbólico relativo al respeto a los símbolos patrios 762 , en "Texas v. Johnson" 763 siguió su línea anterior 764 , con una fuerte división que no refleja exactamente la mayoría conservadora y la mi noria liberal 765 • Otro caso digno de mención vinculado con la conducta expresiva fue "Clark v. Community for Creative Non-Violence" 766 • El caso se suscitó cuando un grupo que protegía los derechos de las personas sin techo pretendió dormir en una plaza (Lafayette Park) como demostración pública, siéndole ello impedido por una reglamentación del Servicio Nacional de Parques (N ational Par k Service) que prohíbe acampar en las plazas 767 • El grupo entonces sostuvo que la reglamentación, así aplicada, era inconstitucional, pues violaba la libertad de expresión. La Corte, con el voto del juez White, sostuvo que la reglamentación no era inconstitucional, revocando así la sentencia de la Corte de Ape76 1 Este caso sirve para aprender de la experiencia judicial norteamericana. Salvo Scalia, que tuvo una posición expresa en favor de la derogación de "Roe", los otros tres -Rehnquist, White y Kennedy- prefirieron no pronunciarse, no porque no estuvieran de acuerdo en ello, sino probablemente porque se hallaban en minoria (respecto de este tema) , y habrán quedado a la espera de encontrar el caso propicio para decir allí lo que la elasticidad de la mayoría permite, sin quedar sujetos a lo que escribieron en un voto minoritario y en un caso que tal vez no poseía las características necesarias de una declaración tan trascendente para la sociedad norteamericana. 762 Véase el . a nálisi s de .~sta línea jurisprudencia! en DHY , Murray, Flag BurnL~Ig and the ConstLtutwn, fhe Supreme Court Review", 1990, The University of Ch1cago Press, ps. 69 a 103. 763 491 U.S. 397 (1991). 764 .. Véase BrANC!ii, Alberto B. , El caso "Texas u. Johnson " y el dilema de la co/ts¡ón de los derechos constitucionales • "Rev. Jurídica de Buenos Airt!s" • t . 1990-II p. 11. . •

765

Votaron en la _mayoría los jueces Brennan, Marshall , Blackmun, Scalia Y ~ennedy. En la mmona, el Ch!e( Justice Rehnquist, y los jueces Stevens White y OConnor. ' 766 468 U.S. 2 8 (1984). 767 , L~ Comunidad para la No-Violencia Creativa (ta l el nombre de la entidad) habm sohc1tado permiso al National Park Service para efectuar una demostración en Lafayette Park Y el Mall, en Washington D.C. La misma consistía en erigir grupos de carpas en uno y otro lugar, como símbolo de protesta por los que no ~lcnen ca~a Y ~uermen en las calles. El permiso les fue conferido solamente para evantar as tl~ndas, pero no para dormir en ellas. Esta negativa fundad a en la reglamentactón del Servicio Nacional de Parques, motivó la dem;nda judicial.

TENDENCIAS JURiDJ CO-POLfnCAS DEL CO.ITROL

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laci?ne~ .. Si bien admitió que la petición del grupo implicaba el eJercJClO de conducta expresiva, sostuvo también que la misma no es un derecho absoluto y que debe ejercerse razonablemente en los lugares y momentos correctos. Disintieron los jueces Marshall y Brennan.

Por último, en este período la Corte ha sido muy severa y unánime en la represión del acoso sexual, al decidir que quien lo invoca no necesita probar daño psicológico o de otro tipo 768 • e) EL REBROTE LffiERAL. - La revolución conservadora iniciada. a comienz~s de la década de 1980 duró , como dije más arnba, poco mas de una década. Finalizó en los Estados Unidos con la llegada de William Clinton 7fi 9 a la presidencia en 19_92, lue_go de su victoria electoral ante George Bush, y en el Remo Urudo, con el ascenso de Tony Blair como Primer Ministro 770 • El presidente Clinton sólo pudo hacer dos designa"Harris v. For·klift Systems Inc.", 510 U.S. 17 (1993). Véase los datos biográficos que doy en La regulación económica , t. I , § 38, p . 163, nota 58. 770 Anthony Charles Lynton Blair, más conocido como Tony Blair, nació en 1953 y fue elegido Primer Ministro en 1997 , poniendo fin a 18 años de gobiern os conservadores. Se educó en colegios de Durham y de Edimburgo y después estudió derecho en el Saint John 's College de Oxford, antes de convertirse en abogado especia li zado en derecho sindical e industrial, en 1976. Inició s u carrera política en 198:~ . a l ser nombrado miembro del Partido Laborista en el Parlamento por la circunseripción electoral de Sedgefield. Pronto ll egó a los primeros puestos del laborismo, durante los gobiernos conservadores de Margarct Thatcher. Res ultó fa vorecido por los dos anterio res líderes laboristas, Ncil Kinnock y John Smith , porqu e se pensaba que su política de centro atraería al electorado británico, que había huido de un Partido Laborista influido por los sindicatos, a parlir de las elecciones generales de 1979. Desde 1984 has la 1987 , Blair fue el portavoz de la oposición sobre asuntos del tesoro y economía y, en 1992, se lo designó Ministro del Interior en la sombra (denominación del equipo formado por seudo-ministros pertenecientes al principal partido de la oposición , en el Reino Unido). 1'ras la muerle de John Smith en mayo de 1994 , Blair, con 41 años , se co nvirtió en el líd er más joven que había tenido hasta entonces el laborismo. Ya en el gobierno, el 26 de marzo de 1998 expuso ante la Cámara de lo8 Comunes su ambicioso proy ecto de reforma del Estado de bienestar, al cual presentó como un debate para establecer "el modelo para el siglo xxl", según el principio de lograr "tr abajo para los que puedan trabajar" y "seguridad para aquellos qu e no pueden". En la misma línea de reforma constituci onal, su gobierno había procedido a la descentralización regional, culminada en septiembre de 1997 con la aprobación de sendos referéndum en Ga les y Escocia que permitieron la creación, dos años más tard e, de sus respectivos parlamentos. Asimismo, se proyectó la elección directa del Alcalde de Londres (aprobada por los ciudadanos de ésta el 7 de mayo de 76A

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ciones en la Corte Suprema. En 1993 nombró a Ruth B. Ginsburg -segunda mujer en la historia del 'lribunal- en reemplazo de Byron White, y en 1994 designó a Stephen Breyer en reemplazo de Harry Blackmun. Estos dos nuevos jueces integran actualmente el ala liberal de una Corte que es usual que actúe bastante dividida entre el sector conservador liderado por el Chief"Justice Rehnquist y una minoría que en ocasiones alcanza a cuatro jueces, donde generalmente votan, junto con Ginsburg y Breyer, los jueces Souter y Stevens. Así, la presidencia de Clinton, pese a haberse extendido por dos períodos, no pudo quebrar la enorme influencia conservadora heredada de los años de Reagan y Bush, quienes tuvieron el cuidado de designar en el Tribunal jueces jóvenes, destinados a permanecer allí mucho tiempo. No obstante , la jurisprudencia que examinaré enseguida muestra una Corte más equilibrada, que se mueve pendularmente entre una tendencia y otra. Un repaso de la jurisprudencia de estos últimos años permite advertir que la Corte ha restringido el derecho de asociación, sosteniendo que deriva de otros derechos y por lo tanto sólo puede ser invocado cuando mediante una asociación se tiende a proteger derechos tales como la libertad de expresión o la pri vacidad 771 • Pero este mismo derecho ha dividido por 5 votos contra 4 a los sectores conservador y liberal en "Boy Scouts of America v. Dale" 772 • Se discutía aquí si era válida la expulsión de un homosexual declarado del cuerpo de los 1997 , en referéndum), y tal vez de otras urbe británicas. Su actilud fue decisiva a la hora de poner fin a casi treinta aílos de conflicto en Irl anda del Norte: el 10 de abril de 1998 se firmó, en las proximidades de Belfast (en el castillo de Stormont), después de casi dos años de negociaciones, un acuerdo de paz hi slórico para esetern.tono que preveía la creación de una asamblea autónoma y de un conseJo muustenal mterfronterizo Norte-Sur (formado por miembros de dicha asamblea Y por el primer mirustro irlandés). El pl an de paz sellado el 10 de abril fue obra del ex sen~dor estadourudense George Mitchell , en su calidad de principal n egoc1ador, Y conto con. la colaboración mediadora de Bertie Ahcrn, de Blair y del presidente estad~urudense B1ll Clinton , así como con la decisiva intervención en las rondas negociadoras de la ministra especial británica para Irlanda del Norte, Mo Mowlan. Asumsmo, para profundizar en su plan general de reforma mstJtucwnal de su país, el 20 de enero de 1999 presentó su proyecto para convertir a la Cámara de los Lores en un Senado de elección popular. 771 "City of Chicago v. Morales", 119 S. Ct. 1849 (1999); "Reno v. American-Arab Anti-Discrimination Community", 119 S. Ct. 936 (1999). m 120 S. Ct. 2446 (2000).

Boy Scouts, dada la violación que los principios de tal asociación. La servador a m, sostuvo la validez de la deciliilla•• en el derecho de asociación. En relación con las garantías para en un proceso criminal, en "Minnesota . o.n•-~ personas fueron procesadas por tráfico de esbll...ili. . . parte de la prueba fUe obtenida a partir policía los vieron empaquetando cocaína a del departamento en el que se hallaban. recientemente, en "Ferguson v. City of CJ:LaJil!lliiiJIIi'~ declarado inconstitucional, bajo la Enmienda l."'l..-:la. resultados de un test de uso de drogas lleva hospital sobre mujeres embarazadas sean inf;on!l'l:a,.... licia, si las pacientes no habían prestado u para ello m, pero se han considerado constitucio tos de detención de vehículos en las autopistas la tenencia de drogas 777 • Se ha sostenido -<:on Jos jueces Breyer y Ginsburg 778 - que el privilegio de Enmienda en contra de la autoincriminación sólo pro a procesos en los Estados Unidos, pero no frente a que podrían ser llevados a cabo en países extranjero obstante, el privilegio en contra de la autoincriminación ba sido reconocido también a favor de los testigos que podrían resultar incriminados 7H0 • Con mayoría más ajustada, aun el sector conservador de la Corte 7H1 ha interpretado restrictivamente la regla de la exclusión de prueba obtenidas ilegalmente (exclusionary rule) 7M2 , sosteniendo que no se aplica en proceVotaron los jueces Rehnquist, O'Connor, Scalia, Kennedy y Thomas. 525 U.R. 83 (1998). 775 121 S. Ct. 1281 (2001). 776 Votaron en la mayoria los jueces Steven , O'Connor. Souter, Ginsburg, Breycr y Kenncdy. En disidencia lo hicieron los jueces Rehnqui st, Scalia y Thomas. 777 "City of Indianapolis v. Edmond", 121 S. Ct. 447 (2000) . 778 Los siete restantes jueces votaron en la mayoria, esto es, Rehnquist, Stevens, O'Conuor, Scalia, Thomas, Kennedy y Souter. 779 "United Statcs v. Balsys", 524 U.S. 666 (1!:198). 7RO "Ohio v. Rei ncr", 121 S. Ct. 1252 (2001). 781 Votaron en la mayoria los jueces Thomas, Rchnquigt, O'Connor, Scalia, y Kenncdy. En la minoría , lo hicieron los jueces Stcvens, Ginshw·g, Souter y Breycr. 7 82 Acerca de la llamada "regla de la exclusión", pueden verse Jos casos citados por I SHAEL, Jerold H .; KAMTSAR, Yale, y LA r'Av ~. Wayne R. , Criminal Pro· 7n 774

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dimientos de revocación de la libertad condicional R~. Asimism? se ha sostenido -en fallo muy dividido 784 - que p_uede ser utl· lizada como evidencia en un proceso por tenencia de estupe· facientes la confesión de haber estado anteriormente en po· sesión de aquéllos, no pudiendo el condenado impugnar en el Tribunal de alzada el empleo de este medio de prueba 7Rr•• No obstante, en "Dickerson v. United States" 786 , donde se discutía la observación de las reglas establecidas en "Miranda v. Ari· zona" 787 sobre la lectura de los derechos en el momento de la detención, se mantuvieron los principios elaborados por la Corte Warren, con la estrecha disidencia de los jueces Thomas y Sea· lia. Asimismo en "Carmell v. Texas" 788 , con una disidencia del sector femenino y dos conservadores 789 , la Corte admitió que una condena por delitos sexuales sobre una menor no podía ser obtenida si el procedimiento aplicado era violatorío de la irretroactividad de la ley (ex post {acto law) 190 • Vinculado con el derecho a contar con un abogado defensor, previsto en la Sexta Enmienda, la Corte, en "Texas v. Cobb" 791 , en un fallo con ajustado triunfo de la mayoría conservadora 792 , sostuvo que no hay violación de tal derecho si quien ya tiene abogado defensor designado por un crimen confiesa ante la cedure and the Constitution , West Group, Minnesota , 1999, ps. 55 a 81. En la doctrina argentina: CARRió, Alejandro D., GaranUas constitucionales en el proceso penal , 48 ed., Hammurabi, Buenos Aires , 2000, cap. VI. 7 8.~ "Pennsylvarúa Board of Probation and Parole v. Scott" 524 U.S. 357 (1998). ' 7 4 . 8 Votaro_ n . en mayoría los jueces Rehnquist, O'Connor, Scalia, Thomas y Kennedy. En diSidencia lo hicieron los jueces Souter, Stevens, Ginsburg y Breyer. 7 8~ "Ohler v. United States", 120 S. Ct. 1851 (2000). 7 86 120 S.Ct. 2326 (2000). En LL , t. 2001-A, p. 867 , se ha publicado una traducción de un comentario a este fallo preparado por el profesor Milner S. Ball de la Universidad de Georgia. ' 78 7 384 u.s 436 (1966). 788 120 S. Ct. 1626 (2000). 789 . En minoría votaron las juezas O'Co nnor y Ginsburg, y los jueces Rehnqlllst y Kennedy. 790 Al condenado se le había aplicado una ley sancionada lu ego de cometidos los crímen~s , que permitía la condena sobre la base de su solo t.estimonio. La Corte consideró que ello violaba la Cláusula del Artículo 1, § 10, que prohíbe las llamadas ex post {acto law (retroactividad de la ley). 79 1 121 S. Ct. 1335 (2001) . 792 . ,Votaron en mayo~a ~os jue~e.s Rehnquist, O'Connor, Scalia, Kennedy, ~caha Y rhomas. En la m1nona lo hic1eron los jueces Breyer, Souter, Stevens y Gmsburg.

TE NDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

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policía, sin la presencia de su letrado, otro delito relacionado con el primero. Se trataba de un robo en una vivienda donde además habían desaparecido dos de sus ocupantes. El detenido por el robo había confesado su delito y designado a su abogado defensor. Mientras gozaba de la excarcelación, le confesó a su padre haber matado a los dos ocupantes de la vivienda. Éste informó del hecho a la policía, que lo detuvo inmediatamente, obteniendo la confesión de los homicidios y la localización de los cuerpos de las víctimas, sin la presencia del abogado defensor. Se adujo que la segunda confusión era inconstitucional, pero la Corte rechazó el planteo. En materia de libertad de expresión, en "Reno v. American Civil Liberties Union" 793 fue declarada la inconstitucionalidad de la denominada Ley de Decencia en las Comunicaciones (Communications Decency Act) , que prohibía la transmisión de pornografía por Internet con el objeto de proteger de ella a los niños y también se ha dado protección al lenguaje comerciaJ794 . No obstante ello, el sector conservador 795 , junto con el juez Breyer, ha permitido que se excluya de un programa de televisión estatal a un representante de un partido minoritario, sin que ello afecte la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda, en la medida en que un programa de televisión no es un foro público 796 . Asimismo, en "City of Erie v. Paps A.M." 797 , se declaró constitucional una ordenanza municipal que prohibía los desnudos en lugares públicos 798 y no se ha considerado protegido por la libertad de expresión el contenido de una carta enviada por un convicto a otro brindándole asistencia legal 799 • Dentro de la Primera Enmienda y con relación a la llamada Establishment Clause, la Corte sostuvo en "Mit521 U.S. 844 (1997). "City of Cincinnati v. Discovery Network, Jnc.", 507 U .S . 410 (1 993); "Ibañez v. Florida Board of Accountancy", 512 U.S. 136 (1994); "Rubin v. Coors Brewing Co.", fi14 U.S. 476 (1995); "44 Liquormat, Inc. v. Rhode Isl and", 517 u.s. 484 (1996). 79 ~ En este caso, los jueces Kennedy, Rehnquist, Thomas, Scalia y O'Connor. 7~6 "Arkan sas Educational Television Commission v. Forbes", 523 U.S. 666 (1998). 797 120 S. Ct. 1382 (2000). 7 98 En la mayoría votaron los jueces O'Connor, Rehnquist, Kenncdy, Souter, Hreyer, Thomas y ScAI;a. En disidencia lo hicieron los jueces Stevens y Ginsburg. 7f>9 "Shaw v. Murphy", 121 S . Ct. 1475 (2001). 793

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chell v. Helms" 800 , con disidencia del sector liberal 80 \ que la Ley de Mejora y Consolidación de la Educación sot que asigna fondos para ser distribuidos en escuelas públicas y privadas no es inconstitucional, aun cuando dichos fondos sean distribuidos en escuelas religiosas. Un rebrote liberal activista se advierte en "Romer v. Evans" 803 en el cual la Corte, en este caso con disidencia de su sector más conservador 804 , declaró la inconstitucionalidad de una enmienda a la Constitución del estado de Colorado por medio de la cual se prohibía el dictado de leyes que establecieran derechos de los homosexuales o lesbianas con fundamento en constituir una minoría. También ha variado su actitud frente a la demostraciones ante las clínicas donde se practicaban abortos 805 • En "Hill v. Colorado" 806 , con la disidencia de los jueces Thomas, Scalia y Kennedy, se decretó constitucional una ley de Colorado que declara inconstitucional la entrega de propaganda antiabortista a menos de treinta metros de tales clínicas. También se nota un cambio en su criterio en torno a las condenas agravadas por la comisión de delitos basados en odio racial (hate crime) en "Apprendi v. New Jersey" ~ 07 : se declaró inconstitucional una ley que permitía a los tribunales sin intervención de unjury, agravar las penas de quienes delinq~ían basados en tales circunstancias 808 • También constituye un avance del sector liberal auxiliado por el juez Kennedy sog lo 800

120 S. Ct. 2530 (2000). so1 I a · b . ~- mayon a se o tuvo por 6 votos contra 3, con votos de los jueces Thoma 0 G~msnbqUlu~gst,St 'Connor,S~alia, Kennedy Y Dreyer. En disidencia votaron losjuec~ , evens y outer. so1 Ed · ucatton Consolidation and lmprouement Act (1981) 803 517 U.S. 620 (1996). ·

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Thom::. Votaron en disidencia el Chief Ju stice Rehnquist, y los jueces Scalia y sos Véase en la etapa anterior el caso "B Clinic", G06 U.S. 266 (19 93 ). ray v. Al exa ndria Women's Health ijQ6 120 S . CL. 2480 (2000). 807 120 S. Ct. 2348 (2000) . sos La mayor ía y minoría en este e conservador voLaron mezclados E . 1 aso ~uestran que el sector liberal y el Scalia, Souter, Thomas y Ginsb~·r . ~n m?yor.ta lo h~cJeron los jueces Stevens., Kennedy y Breyer. Es relevanteg, ue rn:nona lo htcteron O'Connor, Rehnquist, mayoría defendiendo un princip . .b 0 ~ J~cces Thomas Y Scalia votaran en la 809 Votaron en la mayoría~~ l era , ~dos sus orígenes étnicos. y Brcycr. os Jueces ennedy, Stevens, Souter, Ginsburg

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decidido en "Legal Services Corporation •. Ve:lál~q~~r.~i:-ca, fue declarada inconstitucional bajo la Primera ti.JIIIIIÍim. . restricción impuesta a los abogados contra Service Corporation para impugnar la incolnstit11Xiieeati•• leyes que otorgan beneficios sociales 811 • En lo que al aborto se refiere, merece es¡;a::ial MAe~~aia "Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania _ Hacia 1992 la situación se había tornado más dificil "Roe". Dos de sus más encendidos defensores, lo jueces Brennan y Thurgood Marshall, se habían retirado de la Cone en 1990 y 1992 respectivamente, y habían sido reemplazados por los jueces Souter y Thornas, ambos de tendencia conservadora . Con una composición donde el último bastión de la defensa de "Roe" quedaba a cargo de su redactor, el juez Blackmun, llegó ante la Corte este caso vinculado con la constituci onalidad de una ley de Pennsylvania que establecía una serie de limitaciones al aborto; entre ellas se exigía: a) que los médicos analizaran con sus pacientes los riesgos del aborto y obtuvieran de ellas su consentimiento por escrito; b) que la mujer, luego de haber dado su consentimiento escrito, esperara 24 horas para abortar; e) que las mujeres solteras menores de dieciocho años obtuvieran el consentimiento de por lo menos uno de sus padres o bien autorización judicial; d) que los médicos reportaran cada aborto realizado a las autoridades sanitarias. "Roe", sin embargo, habría de sobrevivir una vez más. El fallo, con una mayoría de 5 a 4 ij 1a, estableció que todos estos requisitos eran constitucionales -a menos que se tornaran una carga indebida (undue burden) para la abortante- pero reafirmó que los estados no podían prohibir el aborto antes de la viabilidad, lo que constituye uno de los pilares de "Roe", aun cuando el voto de los jueces O'Connor, Souter y Kennedy se pronunció en contra de la división en trimestres. Solamente se declaró inconstiLucional el requisito que exigía la prueba de la notificación al esposo previa al aborto.

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s1o 121 S. Ct. 1043 (2001). All L a L egal Services Corpor ation u~ u ua entidad crcd n con el fin d e di•-

tribuir fond os entre organizaciones no estatales , qu e se dedican a otorgar servicios

legales gratis a personas indigentes que deseen reclamar beneficios socia ll:l~. R12 505 U.S. 833 (1992).

Mla Volaron en la mayorfa los jueces O'Connor, Kennedy y Soutcr, a quienes adhirier·on en parte Stevens y 13lackmun.

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIUAil

Por último, debe considerars~ el .caso . "Stenberg a\e

t"~,. Se discutía aquí la constltucwnalldad de un d y ~~raska que prohibía la práctica del llamado aborto e miento parcial (partial birth abortion), salvo ~n casos ~~

h

de vida para la madre. Recordemos que esta Intervencl n lugar en un estado avanzado del embarazo en el cua~ el. n.J.ecnc• extrae parcialmente el feto del seno materno Y ~o elimma. Corte por medio del voto del Justice Breyer, qmen obtuvo estredha mayoría de 5 votos contra 4 815 , declaró q~e l~ ley inconstitucional. Todo ello demuestra que la constÜUCluuaucua.. del aborto en la Corte de los Estados Unidos ha superado prueba más y constituye un principio muy arraigado ~~e fue derogado ni aun en los tiempos de claro predomm10 la mayoría conservadora. Asimismo, la Corte ha mantenido su condena al acoso xual, haciendo responsables a los empleadores de su y eliminación A\s y estableciendo también que puede darse acoso entre personas de un mismo sexo 817 • En materia de criminación, el sector liberal, también acompañado en este e por el juez Kennedy 8 18 , ha interpretado que la Ley de ricanos con Discapacidades (Americans with Disabilities protege a personas portadoras de sida, aun cuando no los síntomas de la enfermedad R' 9 • Se ha decidido también que esa ley se aplica a los detenidos R20 • En este período también se ha reforzado el sistema federal. limitando la cláusula comercial de la Constitución A2 t, reconociendo límites en el Congreso para aplicar la Enmienda Catorce 822, y reforzando la inmunidad soberana de los estadosA~. No obstante, en "Crosby v. National Foreign Trade Council" 824 , fue su 120 S. Ct. 2597 (2000). 61 ~ Votaron también en la mayoría los jueces Ginsburg, O'Connor, Stevem Y Souter. En la minoría votaron los jueces Rehnqui st, Scalia, Kennedy y Thomas. Rl6 "Faragher v. City of Boca Raton", 524 U.S. 775 (1998). 81 7 "Oncale v. Sundowner Offshoer Services", 523 U.S. 75 (1998). 8! 8 Votaron además los jueces Stevens , Souter, Breyer y Ginsburg. 819 "Bragdon v. Abbott", 524 U.S. 624 (1998). 820 "P ennsylvani a Department ofCorrection• v. Yeskoy", 524 U .S. 206 ( 1998). 821 "United States v. Lopez", 514 U.S. 549 (1995). R~ 2 "City of Boerne v. Flores", 521 U.S. 507 (1997). 8 2:1 "Idaho v. Coeur d'Alene Tribe", 521 U.S. 261 (1997); "Alden v. Maine~, 119 S.Ct. 2240 (1999); "Rimel v. Florida Board of Regents", 120 S.Ct. 631 (2000). S24 120 S. Ct. 2288 (2000).

d~c~arada incon~titucional una ley de Mlllaacl...•liia. h1~1a el comerciO con Birmania, ya que Cla~sula de Supremacía, pues el comercio tranJeras debe ser regulado de acuerdo con greso. Un caso interesante de esta serie e '"U Morrison" R25, pues si bien está referido a la tXIIIJIIIell-:ia gobierno federal y los estados, rozó directamente de derechos civiles y provocó un fallo de 5 vo victoria de la mayoría conservadora. Una estudian~ ........ por sus compañeros de clase promovió una acción ba" minada Ley de Violencia contra la Mujer (Vwlence L\RUUUit men Act) 826 , que prevé un remedio procesal contra las tic":s.iJIBII5 de la violencia en razón del sexo. La mayoría de la Corte firmó el fallo de la instancia anterior - que había rechazado demanda-, sosteniendo que el Congreso carecía de competencia para dictar la citada ley. La minoría, en cambio, sostuvo que el Congreso sí tiene facultades para dictar dicha ley derivadas de la Decimocuarta Enmienda, y se pronunció asimismo a favor de la ley en cuanto al fondo, habida cuenta del índice de violencia existente, el que había sido considerado al sancionarla. Por último, una cuestión relativa a la propiedad también ha dividido por 5 votos contra 4 a los sectores conservador y liberal , en "Phillips v. Washington Legal Foundation" 828 • El caso fue así: Texas -al igual que la mayoría de los estados y el Distrito de Columbia- tiene establecido un sistema -conocido con las siglas lOLTA (lnterest on Lawyers Trust Account)- mediante el cual el dinero que -por diversos motivos- los clientes entregan a sus abogados se deposita en una cuenta y genera intereses, los que son entregados a fundaciones para la ayuda legal de personas de bajos recursos. Con tal motivo, fue emprendida una acción con fundamento en que dicho sistema privaba de los intereses a los dueños del capital , constituyéndose así un taking sin compensación alguna y violatorio, por ende, de la Quinta Enmienda. Los jueces Rebnquist, ?'~o!_lnor, Sealía, Kennedy, Thomas y Souter aplic~o!_l el prmc1p10 ~e que lo accesorio sigue la suerte de lo pnnc1pal, y determmaron a2ñ

120 S. Ct. 1740 (2000).

8~6 Contenida en 42 USC § 13981. 827

828

. d Integrada por los jueces Rehnquist, O'Connor, Scalia , Thomas Y Kenne Y· 524 u.s. 156 (1998).

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que el interés obtenido es de los dueños del dinero depositado. Por el contrario , los jueces Ginsburg, Breyer, Stevens y Souter votaron a favor del IOLTA. d) LA ARGENTINA. - l. OBSERVACIÓN GENERAL. Los últimos veinte años en el derecho constitucional argentino han sido testigos de cambios fundamentales en lo político, lo económico y lo jurídico. En punto a lo primero, a comienzos de la década de 1980 la Argentina vivía el último de los gobiernos militares que signaron las cinco décadas anteriores, cuya finalización en diciembre de 1983 ha dado paso ya a cuatro períodos constitucionales consecutivos H2 ~, y nada hace suponer -por el momento- que pueda haber alguna interrupción de este tipo en el futuro. Desde este punto de vista, la continuidad político-constitucional se presenta firme. Iniciamos también el camino de la globalización, que ha tenido dos aspectos salientes. Por un lado, en 1984 el gobierno argentino suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sometiendo a nuestro país por primera vez a una jurisdicción internacional para la defensa de los derechos humanos. Asimismo, con la firma del Tratado de Asunción 8 ~ 0 , suscripto en 1990 con Brasil, Paraguay y Uruguay, se formó el Mercosur (Mercado Común del Sur), primer paso de una integración regional comunitaria, que nos puso en el comienzo del camino ya recorrido en Europa y nos enfrenta a los mismos desafíos constitucionalesm. En lo económico, la reforma del Estado comenzada en el invierno de 1989 ti~~ permitió sacar al país de la hiperinflación y del A2 9 Para encontrar un récord semejante hay que remontar se hasta 1930. cuando el general .José F. Uriburu derrocó al presidente Hipólito Ytigoyeu, finalizan do as( con una serie ininterrumpida de veinte presidencias constilucionales desde 1863. B3o Aprobado por ley 23.981
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eslancamiento. Por último, señalo como hito jurídico -sin desconocer su obvia trascendencia política- la reforma constitucional de 1994, que incorporó una gran cantidad de instituciones que hoy son el eje de nuestro sistema. Sería imposible desarrollarlas en estas páginas, pero diré al menos que, más allá de sus muchos errores y algunos aciertos, la reforma de 1994 ha sido tan trascendente para la vida nacional como lo fue en su momento la de 1860. En lo que hace específicamente a la enseñanza del derecho constitucional, estos últimos veinte años han sido t estigos de la aparición de dos ramas salidas de su tronco común. Por un lado, el llamado derecho procesal constitucional , impulsado desde hace veinte años ll33 , ya constituye una disciplina con autonomía académica en muchas universidades . El segundo gran desprendimiento lo constituyen los derechos humanos, a cuyo impulso ha contribuido sensiblemente Germán J. BIDART CAMPOS, con su pluma infatigable 834 • Otrora patrimonio exclusivo del derecho constitucional, esa pertenencia hoy está compartida con el derecho internacional como consecuencia de la ya mencionada globalización de la justicia, que en su intento por perseguir y castigar la violación de derechos humanos sin reconocimiento de fronteras políticas, ha desbordado los límites que hasta hace un tiempo le brindaba el derecho constitucional clásico. 2. LA CORTE SUPREMA Y su JURISPRUDENCIA. Si bien el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte, tanto en este último período como en sus anteriores, es uno de los temas centrales de este libro, en los párrafos que siguen voy a hacer una síntesis de los dos momentos históricos por los que ha atravesado a Corte Suprema desde 1983 hasta 1990 y de 1990 hasta la fecha . 1. 1983-1990. Lo primero que vale la pena señalar es que en diciembre de 1983 la Corte Suprema fue completamente renovada. Cesaron los jueces designados bajo el gobierno militar, 833 S AGUES, Nés lor P., Derecho procesal constitucional y j urisdicción constitucional , LL , l . 1981-C, p . 865 . 834

C ito por todas s u s numeros as obra~ l a más r ecie n te : TI·atado elem ental

de derecho constitucional, Ediar, 2000-2001 , t. l, vols. A y B.

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y el flamante presidente Raul Alfon~ín ?-ombró a cinco ma~s­ trados tres de ellos vinculados al radtcahsmo, uno de extracctón sociali~ta democrática, y el tercero salido de las filas del peronismo. Con ello Alfonsín se aseguraba la primacía de su partido en el Tribunal, pero abría puertas al pluralismo político. Así conformaron la Corte Suprema Genaro R. Carrió (quien fue elegido Presidente), José Severo Caballero, Augusto César Belluscio, Carlos Santiago Fayt y Enrique Santiago Petracchi, cuyos datos personales pueden encontrarse en la obra de PELLE!' LASTRA 835 y en una investigación realizada por la fundación Poder Ciudadano 836 • Como Procurador General - entonces integrante formal de la Corte- fue designado Juan Octavio Gauna. Por su conformación ideológica, y como Tribunal que inauguraba un período inmediatamente posterior a un gobierno de facto, la Corte en este primer período, que podemos computar hasta su ampliación en 1990, y dentro del cual se produjeron el reemplazo de Carrió por Jorge A. Bacqué en 1985, y el de Gauna por Andrés D'Alessio en 1987, se· caracteriza por una sensible orientación liberal-activista 837 de los derechos humanos. Intentó así llevar a cabo una revolución interrumpida por su ampliación en 1990. Uno de los hitos más conocidos en este terreno fue su ratificación a la condena impuesta por la Cámara en lo Criminal y Correccional Federal a los integrantes de las tres primeras juntas militares del Proceso 1976-1983 838 • En la misma línea debe ubicarse el caso "Ramón Camps" 839 • Son muchos además los fallos en los que intentó sobresalir como un tribunal protector de los derechos humanos. Entre sus primeras intervenciones en este sentido, cabe recordar los casos gemelos "Bazterrica" y "Capalbo" 840 , donde con mayoría de 3 a 2 841 cobijó 835 PELLF.T LAl>"TRA, Arturo, Historia poUtica de la Corte Suprema (1930-1990). Ad-Hoc, Buenos Aires, 2001, ps. 406 y siguientes. B36 Quién es quién en la justicia , prólogo de Luis Moreno Ocampo, Perfil. Buenos Aires, 1997. •a 7 Acerca del activismo de la Corte en este periodo: MOI\ELLO, Augusto M., La Corte Suprema en acción , Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1989. 8 38 Causa originariamente instruida por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en cumplimiento del decreto 158/83 del PEN, Fallos, 309:1689 (1986). 839 Fallos , 310:1162 (1987). 84 Fallos, 308:1392 (1986). 841 Votaron en mayoría los jueces Belluscio, Petracchi y Bacqué. En minoría lo hicieron los jueces Fayt y Caballero.

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bajo la protección del art. 19, la tenencia de estupefacientes ~ar~a~~~a'P!tson~ ~· doctrin~ ~atificada luego en "Alejandro 84

d · . ., · Asrm1smo, admitió el hábeas corpus como medio e reVJslOn .d~ una pena de arresto de ochenta días dispuesta por . la Just1c1a Municipal de Faltas - , rm · p1'd1·0• s u rech azo tn · l' . . tmtne ex1g1endo que ante hábeas corpus preventivos los tribu.n ales agotaran los trámites tendientes a hacer efectivo su 845 obJet0 Y confirmó el ejercicio del control constitucional en el a~par.o ll4 6 • • En "Sejean c/Zacks de Sejean" 847 , declaró la inconstltucwnahdad de la prohibición del divorcio vincular por considerarla contraria a la igualdad ante la ley. Tuvo varias decisiones importantes en la difícil relación de la libertad de expresión con otros derechos, lo que puede apreciarse en tres casos muy conocidos. En "Costa c/Muncipalidad" 848 admitió la responsabilidad periodística por la difusión de una noticia en la cual el actor aparecía como autor de un delito inexistente . En "Ponzetti de Balbín c/Editorial Atlántida" 649 fue protegida la int imidad de Ricardo Balbfn ante la publicación de una fotografia que lo registraba internado en una sala de terapia intensiva, y en "Campillay elLa Razón" 850 limitó la libertad de prensa ante una forma de distribuir noticias reñida con el derecho al honor, ya que se reprodujo un despacho que daba cuenta de un proceso penal sin indicar la fuente y sin usar el tiempo de verbo potencial. Al mismo tiempo, rechazó el derecho de réplica en "Ekmekdjian c/Neustadt" 85 \ y protegió la libertad de expresión en "La Prensa S.A. " ~, cuando se intentó aplicar precios máximos a este diario 85

842 En ellos fu e ampliado, de manera significativa, el espectro de protección de las acciones privadas mencionadas en el art. 19 de la Constitución, al declarar inconstitucional el art. 62 de la ley 20.77 1 y desincrimina r así el uso o tenencia de es tupefacientes para uso personal no es constitucional presu mir en a bstracto, que la tenencia de aquellos a fecta intereses colectivos. Derogaba con ell o la doctrina del caso "Ariel Colavini", Fallos, 300:254 (1978). 843 Fallos, 311 :2228 (1988). 844 "Octavio Di Salvo", Fallos, 311:334 (1988). 845 "Emilio F. Cafassi", Fallos , 311:308 (1988). 846 "Arenzo n c/Nación Argentina", Fallos, 306:400 (1984). 847 Fallos, 308:2268 (1986). 848 Fallos, 310:510 (1 987). 6~9 Fallos, 306:1892 ( 1984). R50 Fallos, 308:789 (1986). 851 Fallos, ~11 :2497 (1988). 85~ Fallos, 310:1715 (1 987).

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C ONTROL DE CONST IT UC IONALIDAD

bajo lo previsto por la Ley de Abastecimiento • Un c~so _de gran notoriedad periodística, aunque de es~aso co~te_mdo JU· ridico, fue "Horacio Verbitsky" 8M. Este conocido penod1sta promovió una denuncia por apología del delito contra un grupo de personas que intentaban publicar en diarios de amplia circulación una solicitada de apoyo al ex presidente defacto Jorge R. Videla. En primera instancia, el juez federal en lo criminal y correccional Martín Irurzun prohibió la solicitada, sentencia luego revocada en Cámara -con firma de los jueces Gil Lavedra y Arslanian R66- por considerársela un acto de censura previa reñido con la Constitución. Apelaron por vía extraordinaria el Fiscal de Cámara y los denunciados. Estos últimos sostenían que, si bien la sentencia les resultaba favorable , sus considerandos constituían una lesión a su derecho a publicar ideas por la prensa , pues dejaba abierta la posibilidad de que en caso de publicarse la solicitada quedarían incursos en el delito denunciado. La Corte 56 , que tenía muy acotada su intervención pues el Procurador General había desistido del recurso extraordinario interpuesto por el Fiscal de Cámara, sostuvo en esencia que no existía en los restantes recurrentes (esto es, los denunciados por Verbitsky) un gravamen actual y concreto. En materia de garantías en el proceso penal, aplicó la regla de la exclusión para la obtención de pruebas en "Reginald Rayford" 8~7 y amplió el ejercicio del derecho de defensa al hacer lugar a un recurso in forma pauperis 8 ~8 • Igualmente extendió este derecho al exigir mayores garantías en la orden de allanamiento en casos como "Fiorentino" 859 , "Cichero"R'w, y "D'Acos853

M 3 El fallo registra la disidencia de los jueces Bacqué y Petracchi, coincidentes en sostener que un diario, como empresa comercial, no puede estar ajeno a la a plicación de norma s generales dictadas para el comercio. sM Fallos, 312:916 (1989). 8~~ CNCiv. y Com . Fed., Sala l , 10/11/87. Ambas se ntencias pueden verse en : MI LLEn, J onathan M.; G ELLI, María A. y Cwuso, Susana M. , Constitución y derechos humanos, Astrea , Buenos Aires, 1991, t. 2, p. 942 y ss. H56 Suscri ben el voto mayoritario los jueces Belluscio, Petracclu y Bacqué; hay un voto separado muy parecido al de la mayoría del juez Caball ero y en di sidencia votó el juez Fayt. 8~ 7 Fallos , 308 :733 (1986). En igual se ntido véanse los casos "Roque A. Ruiz", Fallos , 310:1847 (1987), y "Alberto D. Francomano", Fallos, 310:2384 (1987). ~SR "Jorge N. fernández" , Fallos, 310:492 (1987). 859 Fallos, 306:1752 (1984). aso Fallos, 307:440 (1985).

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ta" 80 \ revocando así la doctrina del caso "Dante Gullo" 8 6 ~, y resolvió a favor de la prohibición de declarar contra uno mismo en "Roque Ruiz" 863 . Protegió el derecho de salir y entrar del país en un caso de negativa a emitir un pasaporte N"• y en "Alfredo Portillo" 865 -con disidencia parcial del juez Caballeroamplió libertad de conciencia frente a la obligación de prestar servicio militar 866 • Tuvo pronunciamientos importantes en el orden previsional. Ellos se produjeron en los casos "Antonio Tallo" 867 y "Rolón Zappa" 868 , en los que el Tribunal determinó que el haber mínimo jubilatorio debe representar el 82 % móvil de la categoría en actividad. Estos fallos produjeron en el Poder Ejecutivo una conocida conmoción económica a la que pretendió darse fin con el dictado de un decreto que establecía la emergencia previsional 869 • No obstante ello, en algunas de sus decisiones se nota una inclinación por la protección del interés sustentado por el gobierno. Así, por ejemplo, su actuación en la defensa de los derechos de los detenidos bajo el estado de sitio declarado a fines de 1985 deja mucho que desear, ya que en "Jorge Granada" 870 Fallos , 310:85 (1987). Fallos , 301:676 (1979). ssa Fallos , 310:1847 (1987). 861 "Olmos c!Estado Nacional", Fallos. 307 :1430 (1985). ar.s Fallos, 312:496 (19H!l). ~HH Se trataba de un católico, quien, invocando el quinto mandamit!ULO ("no matarás"), aducía 4ue el servicio militar con armas violentaba sus manda~s religiosos. En primera y segunda instancia había sido condenado como mfractor a la ley 17 .531 de st!rvicio militar, aplicándosele e~ adictonal de un año de serviCIO excedent,e . La Corte, luego de un examen deterudo de la cue~t,,ón Y co~ la dlstdencia del entonces presidente José S. Caballero, concluye en que es precl80 hacer lugar parcialmente al reclamo del actor y no hay motivo para obligarlo a prestar el servicio militar con uso de armas (consid. 17 , Fallos , 312:515). Ello, sm em: bargo, no lo exim e de prestar dicho servicio militar bajo ot.ras modahdade~, lll lo exime tampoco del año adicional por ser infractor a la convocatona m1lit~. El fallo, en su momento, despertó aplausos: BIDART CAMP0f;, Germán J .•. CJ_n bn· liante e innovador fallo de la Corte Suprema acoge parcialmente la objectón de conciencia para los deberes militares, ED, t . 133, p. ~6.4 ; y cr~ticas: PADILLA, M1guel, La objeción de conciencia como eximente del serutcto rntlttar con armas , LL, t . 1989-C, p. 401. 867 Fallos, 308 :615 (1986). 868 Fallos, 308:1848 ( 1986). HI;H Decreto 2196 del 28/11/1986, BO , 2/12/86, Adla , t . 1986-D, p. 4180. H70 Fallos , 307 :2284 (1985\. 861

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-salvo la disidencia del juez Belluscio 671 - no hizo aplicación de la doctrina de la razonabilidad, que tanto había costado elaborar hasta entonces 672 • Lo mismo cabe decir de su magra 873 intervención en el caso "Guillermo Walter Klein" , donde un amparo promovido por el allanamiento de un estudio jurídico demoró dos años en ser resuelto, y finalmente fue declarado abstracto. Y en "Olivares c/Estado Nacional" 87 \ donde un grupo de detenidos por el gobierno militar reclamaba una compensación económica, prosperó la prescripción de la acción opuesta por el gobierno. Su criterio en relación con los jueces destituidos y designados por los gobiernos de facto quedó reflejada en dos decisiones importantes 675 • En "Domingo R. Aramayo" 876 , un juez destituido por el gobierno militar en 1976 solicitaba ser repuesto en su cargo, con pago de los haberes dejados de percibir. La Corte rechazó su petición señalando que "la propia designación de esta Corte por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Honorable Senado implica ratificación de las remociones de los jueces que desempeñaban sus cargos el 24 de marzo de 1976". Por el contrario, en "Félix E. Dufourq" 877 , se trataba de un juez designado por el gobierno de facto que pretendía mantenerse en su cargo, y la Corte también rechazó su pretensión, diciendo que "la inamovilidad de los jueces designados por el denominado Proceso de Reorganización Nacional se encuentra limitada por la reinstalación de los poderes constitucionales toda vez que tales nombramientos no pueden privar al Poder Ejecutivo y al Senado de las facultades que normalmente le pertenecen conforme a la Constitución nacional". 87 1 No puede dejar de destacarse , sin embargo, algo paradójico. El juez disidente es de origen radical , mientras que tres de los que integran la mayoría (Petracchi, Fayt y Bacqué) no lo son. Hubo , en consecuencia, apoyo al gobierno, no al partido. 872 Su consagración habla tenido lugar en "Jacobo Timerman", Fallos, 300:816 (1978). 87:1 Fallos , 308:1489 (1986). 871 Pallas, 311 :1490 (1988). 875 Recordemos que la jurisprudencia imperante sobre la materia era la que surgía del caso "José M. Sagasta", Fallos, 241:50 (1958), donde la Corte estableció que un juez de iure perdía tal condición, y consiguientemente su estabilidad, con motivo de una designación practicada por un gobierno de facto. 876 Fallos , 306:72 (1984). 877 Fallos , 306:174 (1984).

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camm

En .lo que se refiere a los derechos de con son vanos los fallos mencionables dentro de este PErild~ chez Granel Obras de Ingeniería c/D.N.V. . manó rumbo en el terreno de la responsabilidad tado , a~ reco~ocerse allí el lucro cesante de~ re~ocación dlspue~ta. ~n razón del interés púhlicooOJ.Ilbratisa.a m~tado a la apreciacJOn discrecional del Trib al phtud fue m · d un ongera a más tarde en un caso de re ponsabilid d ext:acontrac~ual. En "Motor Once S.A. c/M.C.B.A., e ~c~~J~.la a(mplitud de la resp?nsabilidad por cambio en el' derecho o ~e 1vo norma.s de segundad en las estaciones de servicio) Y n~ fue re~onoc1do aquí el lucro cesante. Pero si fue reconocido en ~uncalan Forestal Agropecuaria S.A. c!Buenos Aires"s"', con m~t1vo ~e la re~ponsabilidad por obras hidráulicas que produjeron mundacwnes de campos 88" . Fue reconocida asimismo la actualización monetaria de deudas provenientes de contratos administrativos, en "Balpala Construcciones S.A. c/D.N.V." 883 y no tuvo objeciones constitucionales con rel ación a la Ley de Abstecimientos y el control de precios en "Laboratorios Andrómaco c/Estado Nacional" 8114 • Asimismo, en "C ambios TeJetour S.A. c/BCRA"R85, fue convalidada una resolución del Banco Fallos, 306:1409 (1984). Se debatía allí si la demandada debía indemnizar los daños y perjuicios y el lu cro cesante que había sufri do la empresa como consecuencia de la revocación, por razones de oportunidad, mériLo y conveniencia, de un contrato administrativo de obra pública. En las instancias anteriores, sólo había procedido el reclamo por los daños y pe1juicios , pero la Corte revocó esLo~ fallos ampliando el resarcimiento también a las ganancias frustradas, a unque decretando un resarcinllento prudencial que no abarcó la tota lida d de las Inismas. Véase BJANCH!, Alberto n., Nuevos alcances de la extensión de la responsabilidad contractual del Estado , ED, t. 111, p. 550. 8BO Fallos, 310:943 (1987). 8HJ Fallos , 312:2266 (1989). HH2 He analizado estos fallos con mayor detalle en BJANCHI , Alberto B., Res· ponsabiliclad del Estado por su actividad legislativa, Ábaco, Buenos Aires, 1999. 8Ra Fallos, 312:2373 (1989). El problema llevado a conocimiento de la justicia (al menos en lo que puede detecta rse de la sola lectura del pronunciamiento) era si el cobro de la depreciación monetaria del capital adeudado procedía, con base en la ley 21.392, a un cuando el acreedor, en el momento de percibir aq uél sin el debido reajuste, no hubi era formulado reserva en tal sentido. E l comentario de este caso puede verse en: BJANCHI , Alberto B ., El caso "Balpala Construcciones", un decisorio importante en materia de depreciación monetaria, LL, t. 1990-C, p. 444. ss• Fallos, 307:2345 (1985). R85 Fallos , 310:203 (1987). 878 8 79

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Central que obligaba a las entidades autorizadas a operar en cambios a venderle a aquél el excedente de las posiciones netas en divisas de determinadas fechas anteriores a un tipo de cambio menor al entonces vigente. 'l'ambién surgió de esta Corte el reconocimiento a la autonomía de los municipios en "Rivademar c/Municipalidad de Rosario" 886 , que cambió un viejo criterio basado en la autarquía sostenido desde 1911 887 • 11. DESDE 1990. Con la llegada del presidente Carlos S. Menem, la Corte sufrió un cambio importante . Desde el comienzo de su mandato Menem propició su ampliación, lo que generó el dictado de una inusual Acordada de rechazo a este intento 8HH , acto que presagiaba la fuerte disputa interna que sacudiría al Tribunal en los años siguientes. Finalmente, en abril de 1990, sus tradicionales cinco sillones 889 se aumentaron a nueve ~90 , y seis nuevos jueces fueron designados. Cuatro de ellos cubrieron las nuevas vacantes, y dos ocuparon las producidas en 1989 y 1990, con las renuncias de José S. Caballero y Jorge Bacqué, respectivamente. De tal suerte, ingresaron al Tribunal Julio C. Oyhanarte, Ricardo Levene (h.) -quien fue elegido Presidente-, Rodolfo C. Barra, Eduardo Moliné O'Connor, Julio S. Nazareno y Mariano A. Cavagna Martínez. Una vez más, la Corte era casi completamente renovada, esta vez sin interrupción del orden constitucional 891 • Se inicia con ello el segundo y último período aqui considerado, pues la llegada a la presidencia de Fernando de la Rúa en diciembre de Hl99 no trajo consigo ningún cambio en Fallos , 312:326 (1989). "Municipalidad de La Plata dFerrocarril Sud", Fallos , 114:282 (1911). 8R8 Acordada 44189, Fallos, 312:1513. MM9 La Corte Suprema ha cambiado tres veces el número de sus jueces. Por espacio de noventa y siete años , desd e su instalación en 1863 hasta 1960, su número fue de cinco miembros. En 1960, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, fue ampliado a siete Oey 15.271). En 1966, el golpe militar del general Onganía lo redujo a cinco nuevamente. Bajo la presidencia de Raúl Alfonsín se envió al Congreso un proyecto para incrementar a siete el número de jueces (Mensaje 1693, diario de la Cámara de Diputados de la Nación del 5/11/87) pero el proyecto no prosperó. Finalmente, en 1990, fue ampliado a nueve. M90 Conforme ley 23.774 (BO, 16/4/90). ~91 Lo qu e bajo la presidencia de Juan D. Perón se habla logrado mediante el juicio político de 1947 fue consumado, esta vez , con un acto legislativo. 886

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la c~mposición del Tribunal. En los más de diez años trans curndos desde en~onces se produjeron algunos cambios ue n~ ~Iteraron sustancialmente la nueva corriente que inspi;ó a la ~rte des~e entonce~ ..Julio Oyhanarte se retiró antes de cumP~Ir un ano de serVIcios y fue reemplazado por Antonio Bogg¡ano; a fines de 1993 renunciaron Barra y Cavagna Martínez dando lugar a las designaciones de Guillermo A. F. López ; G~stavo A Bossert, respectivamente, y a fines de 1995 se retiró R~cardo Levene (h.), siendo designado en su lugar Adolfo R. Vazquez. Luego de la ampliación, en la Presidencia se han desei?peñado sucesivamente Ricardo Levene, Antonio Boggiano Y. Juho S. Naz~reno. Menem ostenta así un récord de designaCIOnes en el Tribunal, ya que nombró diez jueces, de los cuales uno solo integró la minoría opositora : Gustavo A. Bossert. La nueva Corte Suprema surgida de la ampliación era el fruto de varias circunstancias. La primera, obviamente, se debe a la personal concepción del poder de Carlos Menem, demostrada a lo largo de su colorida década en la Casa Rosada, pero tampoco debe perderse de vista que también facilitó el profundo cambio en el 'l'ribunal la extrema debilidad política con que el gobierno del presidente Alfonsfn entregó anticipadamente el poder en julio de 1989, seis meses antes de la expiración formal de su mandato . Así, el nuevo Presidente, a l llegar al noveno mes de mandato, cumplió con su propósito de contar con mayoría en la Corte. El tratamiento del proyecto de ley en el Senado contó principalmente con la oposición de Fernando de la Rúa 892 , y en la Cámara de Diputados la sesión tuvo pasajes tumultuosos 893 , especialmente por la escisión que se produjo en el bloque radical 894 • Sancionada la ley, y con 892 El tratamiento de la ley tuvo lugar los días 28 y 29 de septiembre de 1989 (cfr. Diario de Sesiones, Cámara de Senadores, 2~ reunión, ps. 2604 a 2673). 893 La Cámara de Diputados trató el proyecto aprobado por la de Senadores en las sesiones de los días 4 y 5 de abril de 1990 (cfr. Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados , 58' reunión , ps. 7562 a 7711 ). 89< "La Nación" del6/4/90, relata los hechos de esta manera: "El jusiicialismo obtuvo en la madrugada de ayer un resonante triunfo polfticu, cua ndo la Cámara de Diputados convirtió en ley el proyecto oficialista que eleva de cmco a _nueve a los mi embros de la Corte Suprema de Justicia de la Nac1ón. La ses16n no careció de pasajes tumultuosos , en uno de los cuales -aseguraron fuentes radicales- empleados del bloque de la UCR fueron amenazados con un arma por un desconocido que se encontraba en el recinto. El ep1sodio, ongmado en uno de los habituales discursos y coniradiscursos de los dos bloques mayontanos, no

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las seis designaciones efectuadas en un so~o acto, Carlo~ Menem se aseguró una cómoda mayoría en el Tribun~l. ~ab1a p~esto allí cinco hombres de su partido y un extrapart1dano. Ha:1e~do cómputos formales, en 1990 el peronismo contaba :on se1s JUeces al radicalismo le quedaba solamente Bellusc10, en tanto qu~ Fayt y Oyhanarte prevenían de fuerzas minoritarias. Ciertamente, las circunstancias posteriores demostraron que la oposición al gobierno estaría encarnada inicialmente por los jueces Petracchi, Belluscio y Fayt. Boggiano, sucesor de Oyhanarte, sumaría sus fuerzas a la mayoría, al igual que Vázquez, al reemplazar a Levene; Bossert se integraría con la minoría y López con la mayoría. Dados estos alineamientos, un resultado habitual en la Corte argentina de la década de 1990 ante casos en los que el gobierno del presidente Menem ponía especial alcanzó a eclipsar el alarde de conducta parlamentaria desplegado por el bloque oficialista para mantener el quórum. Por otro lado, la sesión hizo aflorar las disidencias internas dentro del bloque de la UCR, cuya tensión fue fruto tanto de la iniciativa en tratamiento cuanto de resquebrajamientos ajenos a la norma. "Sin embargo, la afirmación deljusticialismo de que el aumento de miembros del máximo tribunal de justicia -que la Cámara baja convirtió ayer en ley a las 5.28- no persigue el objetivo de contar con un tribunal adicto fue seriamente puesta en duda durante la coronación de la reunión parlamentaria. "Formalmente, varios diputados centristas se quejaron de la manera 'prepotente' con que el presidente del cuerpo puso a votación los tres artículos de la ley, que se publica en esta misma edición. "Los legisladores que elevaron esa queja fueron Rafael Martínez Raymonda, Nicolás Garay y Alberto González. "Simbólicamenle, el bloque justicialista festejó el triunfo entonando la marcha peronista. En rigor, se debieron entonar varias otras marchas parlidarias, si se tiene en cuenta el aporte de los bloques de la Ucedé, del Partido Intransigente, de los demoprogr csistas, de los autonomistas y liberales de Corrientes y de los representantes del MPJ, entre otro. Tal vez el presidente Carlos Menem agra· dezca personalmente a varios de esos legisladores -incluyendo a Cristina Guzmán, Andr6s Fescina y a los correntinos- el haber contribuido al quórum, durante una reunión que se realizará hoy en la Casa Rosada. Pese a que forma parte de la práctica parlamentaria acordar ciertos mecanismos con los otros bloques parlamentarios , lo cierto es que la principal tarea de seducción la realizó el PJ sobre los diputados radicales. Pero el oficialismo no descuidó a la Ucedé: consiguió el compromiso del bloque liberal de mantener número en el recinto a cambio de la libre expresión de sus integrantes. Como se sabe, el bloque de la Ucedé terúa una posición dividida respecto del aumento de jueces de la Corte: mientras que cinco de sus miembros no aceptaban la modificación, seis de ellos eslaban a favor, pero con la salvedad de que debían ser siete y no nueve los miembros del tribunal. El PJ obtuvo el compromiso liberal a cambio de respetar a la totalidad de los oradores de la Ucedé. Un integrante de ese bloque -Federico Zamora- tuvo el

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énfasis ha sido el de 5 a 4. De todos modos, como ya veremos, e.s te resultado está lejos de ser "automático", como periodísticamente se lo ha presentado ante la sociedad. Esta nueva Corte nacía así bajo la acusación de la dependencia del poder poütico. Sobre este particular deseo hacer dos consideraciones que tienden a moderar el reduccionismo histórico que anida en quienes pretenden hacernos creer que esta Corte fue la única que rindió pleitesía al Poder Ejecutivo y que con ello se agota su obra de gobierno. En primer término , es necesario recordar que constituye una tradición de nuestra Corte Suprema el acercamiento con el poder político, de modo tal que la Corte de 1990-1999 no quebró precisamente una ünea de prístina independencia 895 • Por el contrario, es comprobable que bajo numerosas presidencias constitucionales (me abstengo de considerar las de facto), desde Mitre hasta De la dudoso privilegio de pedir el cierre del debate, Jo que obligó a muchos diputados a guardar para mejor ocasión los apuntes preparados para el encuentro. "La tensión interna de los diputados de la UCR fue de tan alto voltaje que puso en peligro la continuidad del presidente del bloque. César Jaroslavsky. Sintéticamente, las líneas de e~a crisis pueden explicarse de la siguiente manera: "Los diputados radicales se encontraban ante la disyuntiva de seguir el cri· terio de opon~rse al proyecto por razone s políticas y jurídicas -tal como lo expu~ieron Jorge Vanossi y Melchor Cruchaga-, o dejar que el oficialismo aprobara la norm a y no correr el riesgo de quedar 'pedaleando en el aire'. "Esta última situación se vincula con ciertos indicios -que tenían los diputados radicales- respecto de que el tema de la Corte estuvo y está siendo tratado por el Gobierno en las ya habituales conversaciones con Eduardo Angeloz. Inclusive, algunos diputados radicales sospechan que Angeloz alienta la designoción del Dr. Horacio Roilman como uno de los integrantes de lu Corte. El hloque no quería oponerse frontalmente y luego ser desmentido por el ex candidato presidencial de la UCR. Tal vez , por e o, Miguel Ángel Ortiz Pellegrini preparó un discurso que, si bien critica la norma, asegura que le toca a Carlos Menem aventar los malos presagios, y ello mediante la designación de los nuevos jueces. Ortiz Pellegrini es un cordobés no angelocista, 'sino más bien audaz', como suele autodetinirse. "La amenaza de la renuncia n la presidencia la esgrimió Jaroslavsky, superpuesto al aumento de miembros de la Corte, al enterarse de que el vicepresidente primero, José Alberto Furque, había designado a Guillermo Tello Rosas para integrar la Comisión Revisora de Cuentas de la Cámara. J aroslavsky, como tit ular del bloque, había designado a Antonio Berhongaray para el mismo cargo. "El enojo de Jaroslavsky hizo que Furque presentara su renuncia al cargo en el bloqu e; la fuerza de los hechos -es decir, el quórum que el oficiali smo había logrado- posp uso una discusión que la UCR deberá enfrentar la pró~ima semana." 89/i Sobre el particular véase B tANCHl, Alberto B., Una medLtac¡ón acerca de la función institucional de la Corte Suprema , LL, t. 1997-B, p. 994.

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Rúa, la Corte ha prestado constantemente atención a los r~­ querimientos del Presidente. En segundo lugar, la obra realizada por el Tribunal en estos años contiene ciertamente numerosos fallos favorables a los deseos del Presidente, y negarlo sería un acto de necedad. Pero al mismo tiempo existen muchos pronunciamientos -no tan destacados por el periodismoque muestran la cara positiva del Tribunal. Siguiendo esta línea de razonamiento, voy a señalar primero los fallos de la tendencia pro-gobierno, ya sea en materia política o económica. Entre los primeros, además de los que ya mencioné en el capítulo II, vale la pena recordar también los vinculados con el conflicto electoral en Corrientes suscitado en 1991, que tuvo como desenlace la intervención a la provincia a comienzos de 1992 896 y los fallos que protegieron esta decisión 897 • En el marco de este conflicto, además, la Corte intervino 898 o se abstuvo de hacerl~ 899 según las conveniencias 900 . Con igual disidencia fue conv.ahd_ada la remoción por decreto del Fiscal General de Investlgacwnes Administrativas 00 \ pese a que la ley 21 383 r~gulaba el ~~cionamiento de la Fiscalía Nacional de I~ve~t~:~ cwnes_ ~dmlmstrativas, establecía el mismo procedimiento de remocwn que el · t o para e 1 Procurador General 9o2. Tamb. , f . p revrs Ien u~ protegrda con mayoría de 7 a 2 900 la velocidad de 1 vocatona a la convención constituyente de 1994 al h a con. rec azar en "Polino" 904 f -por a 1ta de legrtimación- el planteo de nulidad de la R96 La intervención fue decidid d tJn receso el Congreso. a por ecreto 24.1 de febrero de 1992, estando Rg? "Presidente del Superior Trib . . tes", Fallos, 315:1673 (1992)· "R05 . ~-~al! ~e Justicia de la Provincia de Corrien1 1 1 5 • !allos, 315:2074 (1992). a•a "Electores y Apod ' d ; dical y D,~mocracia Cristia!:~. ~all~;o;i4a~~~~s(Justicialista, Unión Cívica RaR99 Apoderados y Elector ' .. • 1991). 316:972 (1993). es de la Alianza Frente de la Esperanza" ~ ll

•

E

,a~

. u el caso mencionado en 1 . ilelluscw y Petracchi, también votó : n~tadantenor, además de los jueces Fayt 901 "Molinas c/Poder ~'jecut · n SI enCJa el juez Boggiano ' .9ot Votaron en la may;ria lo~V.~e~::;:,nal", Fallos , 314:1091 (Ill9 1). né O C?nnor, Nazareno y Bog,:rian~ evene, Barra, Cavagna Martínez Moli90.l Votaron en la rua oría 1 . . . ' 08 Lope~. Nazareno M lin ~, JUeces Levene Petra h " B ¡ votaron los juecc~ FZyt ~ ~ Cou~or (estos dos últi~os por cscu ~oto~ lu~ci~, BosstJrt, 904 "Poli no c/Estado oggH•n~; . n a mmoría Nacional, Fallos , 317:335 (1994).

TENDEN CIAS JURÍDlCO-POLÍT!CAS DEL CONTROL

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905

ley 24.309 • Dentro de la temática de la Convención de 1994 debe destacarse también "Romero Feris" 906 , donde se rechazó u~ ~paro iniciado con el objeto de que se ordenara al Poder Ejecutivo abstenerse de convocar a la convención con las limitaciones previstas en los arts. 52 y 62 de la ley de convocatoria 907 • N o obstante, este caso fue decidido por 7 a 1 con la sola disidencia del juez Fayt 908 • En "Mercedes Aquino" 909 cubrió con su manto de protección los indultos presidenciales del año 1990, pero lo hizo con una mayoría de 5 a 2, que no refleja los alineamientos nacidos de la ampliación de 1990 910 • Tampoco refleja exactamente tal reparto interno de posiciones el caso "Escobar" 911 , en el cual fue ordenada la restitución en el cargo del gobernador de San Juan, alineado con la política del gobierno nacional 912 • Aquella distribución entre mayoría y minoría se ve en cambio en el fallo 5 a 4 ~ 1 ;¡ del caso "Juan Octavio Gauna" 914 , vinculado con la extensión de los poderes autonómicos de la Ciudad de Buenos Aires (bajo control del partido radical luego de 1996), en materia electoral. Finalmente, una de sus últimas intervenciones de socorro al gobierno justicialista tuvo lugar en "Chaco c/Senado de la Nación" 915 , ya analizado con motivo de las cuestiones políticas no justiciables 916 , donde también el resultado de 5 votos contra 4n17 se ve con toda nitidez. 905 Ya m e he ocupado de este fallo supra, § 74. 906 "Romero Fcris c/Poder Ejecutivo Nacional", Fallos, 317:711 (1994). 907 Obligación de votar en forma conjunta el núcleo de coincidencias básicas (ru1..

5 2) y

nulidad de los agregados, modificaciones y derogacion es del núcleo (arl. 6").

En la mayoría votaron los jueces Levene , Belluscio, Nazareno, Bossert y Petracclti , por un lado, y los jueces Moliné O'Connor y López, en otro voto. 909 Fallos, 315:2421 (1992). 910 Votaron en la mayoría los jueces Barra, Cavagna Martinez , Nazareno, Boggiano y Fayt (por su voto), y en la minoría los jueces Levene y Belluscio. 9 11 "A.T.E. San .Ju an" , Fallos, 317:874 (1994). 912 En la mayoría votaron los jueces Nazareno, Molin o\ O'Co nnor, Fayt Y Lópcz. En la minoría lo hicieron los jueces Levene, Petracchi y Bossert. 913 Volaron en la mayoría los jueces Nazareno, Molio é O'Connor Y López, a quienes se unieron con votos separados los jueces . Boggiano Y Vázquez. En minoría votaron, por un lado , los jueces Fayt, Bellusc10 Y Bossert, en tanto que P etracchi lo hizo con su propio voto. 914 Fallos , 320:875 (1997). 915 Fallos , 321:3236 (1998). 91G Véase sup ra § 9!i . · Q'C 917 Votaron en mayoría los jueces Nazareno (Presidente), Molmé . onnor, Boggiano , l"ópe~ y Vázquez. En minoría votaron los jueces P etracch1, Dossert, Fayl y Belluscio. 908

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C oNTROL DE coNSI'ITUCI ONALIDAD

No qui siera cerrar esta ap~eta~a reseña s~n mencionar lo~ fallos que en el campo universltar10 h~n. ~efle]ado la lucha po litica entablada entre gobierno y oposlc!On y la forma en que esta rivalidad se trasladó y fue resuelta en el seno de la Corte durante la década de 1990. Bajo el ext~nso recto~ado de ~s~ar Shuberoff, la Universidad de Buenos Aires ~ncaro una pOSICIÓn de confrontación con el gobierno del pres~~ente, Me~em , que dio como frut o dos fallos dignos de mencwn . El pnmero d~ ellos se susci tó cuando la UBA intentó evadir el control administrativo de sus actos ejercido por el Ministro de Educación a través del recurso de alzada, generando con ello el decreto 1111/90 , que restableció dicho recurso en el ámbito universitario. Este decreto fue impugnado por la UBA y la Corte convalidó la decisión del Poder Ejecutivo 9 18 en un fallo dividido por 5 a 3 9 19 . El segundo caso es "Monges c/UBA"n°, cuyas implicancias en los efectos inter partes y erga omnes de las sentencias ya he señalado n 1 • En este caso la lucha se daba entre el rector Shuberoff y el decano de la Facultad de Medicina, quien con el apoyo del Ministro de Educación había establecido un curso de ingreso que, con fundamento en el art. 50 de la Ley de Educación Superior 922 , no estaba alineado con la política del rectorado. Asépticamente analizado, el caso no tenía trascendencia política; en todo caso, su interés se restringía a la comunidad de aspirantes a la carrera de Medicina en la UBA. Sin embargo, el reparto de votos de la mayoría y minoría, sumado a lo extenso del pronunciamiento , no aconseja formular un razonamiento tan lineal. La Corte le dio , por 5 a 4 92 \ un ajustado triunfo al decano de la Facultad de Medicina. En varios fallos posteriores resueltos en 1999 se ha vuelto a reflejar esta misma disidencia interna del Tribunal. Las cues9 1 ~ "U n iver sidad de Buenos Aires c/Poder Ejecutivo Nacional", Fallos 314:570 (1991). • 919 , Votar on en mayoría los jueces Levene , Barra , Cavagna Martínez, Moüné O Connor, Naza reno, y en la minoría lo hicieron los j ueces Belluscio, Fayt y Petracclu . 9 20 Fallos , 319:3148 (1996). >l 2 t Véase supra § 50. 9~2 Ley 24.521, BO, 10/8195. ~2~ Votaron en mayoría los jueces Nazareno , Moliné O'Co nnor, Boggiano, López y Vá•.quez (con un voto separado) y en la minoría lo hicieron los jueces Helluscio, Fayt , Petr acchi y Bossert en cuatro votos sepa rados.

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tiones suscitadas en general son la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Ley de Educación Superior, la resistencia de las universidades nacionales a adecuar sus estatutos a dicha norma, y la gratuidad relativa o absoluta de la enseñanza universitaria oficial. La mayoría en general, integrada por los jueces Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López y Vázquez , se ha inclinado por la constitucionalidad de la ley, la adecuación de los estatutos y la aceptación de alguna forma de arancelamiento, en la convicción de que ello no conspira contra la regla de la gratuidad 924 • En materia económica, "Peralta c/Gobierno Nacional" 925 fue decisivo 92 6 • "YPF c/Corrientes" 927 fue un hito importante. La Corte dispuso aquí aplicar la tasa pasiva para el pago de las deuda en mora 928 , lo que favorecía la política de reducción de la masa monetaria pretendida por el Ministerio de Economía H~ 9 • También apoyó en "Prodelco c/Poder Ejecutivo Nacional" 930 -con la firma de todos sus jueces, aun cuando siguieron razonamientos diferentes 931 - el rebalanceo de las tarifas telefónicas aprobado por el decr. 92/97, tan discutido e impugnado por asociaciones de defensa del consumidor y el Defensor del Pueblo. Igual apoyo en lo económico, pero esta vez con un ajustado 924 "Ministerio de Cultura y Educación c/Universidad Nacional de Luján", Fallos , 322:842 (1999); "Ministerio de Cultura y Educación", Fallos, 322:875 (1999); "Ministerio de Cultura y Educación c!Universid ad Nacional de Cuyo". Fallos , 322:904 (1999); "Ministerio de Cultura y Educación", Fallos , 322:910 (1999); "U ni· versidad Nacional de Córdoba c/Nación Argentina", Fallos , 322:919 (1999). 925 Fallos, 313 :1513 (1990). 926 Ya lu he analizado supra §59. 927 Fallos, 315:158 (1992). H2M Véase especialmente los consids. 31 y 32 (Fallos , 315:176), del voto de . . . la mayoría. 929 Votaron por la aplicación de la tasa pas•va Jos Jueces que suscnben el voto mayoritario, es decir Lcvene, B~a, Fa~, Nazareno Y el volo separado_~el juez Cavagna Martinez. En di idencia parcial lo hicieron los JUeces Belluscto, Petracchi, Moliné O'Connor y Boggiano. 9 ~o Fallos, 321 :1252 (l!l!lB). . , , 9n El voto mayoritario está suscriplo por los jueces Nazareno , Moh_n e O Con~ nor López y Vázquez. En síntesis, sostiene que la cu estión no es revtsable po1 el Poder ,Judicial. Un voto separado de los jueces Belluscio Y Bossert entt en~e que la acción de amparo es improcedente, al igual que el voto d~l JU ez Fayt. El voto del juez Boggiano, en linea parcialmente con el de .la mayona , se pronunc1a por la irrevisabilidad judicial de la cuestión pero propl~H\ un contr~l JUdtctal más intenso que el de la mayoría. El volo del juez Petracch1 se pronuncia , entre otras cuestiones, por la falta de ilegalidad manifiesta del decreto tmpugnado.

CoNTROL u¡,; CONSTITUCIONALIDAD

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d 5 a 4 distribuido en función de los alineamientos liación lo ró el gobierno en el célebre caso nacldos de la amp ' g p . . , ,sa2 en el cual933 se de"Chocobar c/Caja Nacional de reVlsion ' . 'd', r 5 a 4 una cuestión de fuerte impacto presupuestano c1 10 po · · 1 la Ley vinculada con el reajuste de haberes preV1s10na es Y de Convertibilidad 93\ sellando así la suerte de. numerosas cau. · 1 sas prev1swna es en trámite 935 · También fue 1mportante , ·para d' d la política económica del gobierno en aquella epoca lo dec1 l o 936 en "Nación Argentina c/Arenera El Libertador" , donde se c~n­ validó en forma unánime el peaje como sistema de fin~nCla­ 9 37 miento de obras públicas sin el requisito de la vía altematl~a . En lo que debe considerarse una línea de apartallllento del ejecutivo, se computan algunos casos como el del rechazo unánime del intento reeleccionario del gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann 938 , un producto de la política menemista; el rechazo -también unánime- del intento reeleccionario del propio Carlos Menem, propiciado por Ortiz Almonacid 939 ; la reincorporación -también unánime- de los fiscales adjuntos de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas destituidos por el decreto 260/91 940 y la declaración de inconstitucionalidad, en "Video Club Dreams c/lnstituto Nacional de Cinematografía"•", de un decreto de necesidad y urgencia de materia impositiva 942 • Un capítulo interesante en la historia de la tensión entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo se ha escrito recientemente d

res~lta o e

Fallos, 319:3241 (1996). Votaron en la mayoría los jueces Nazareno, Moliné O'Connor, Lópcz, Boggiano y Vázq ucz, y en la minoría los jueces FayL, Oelluscio, Petracchi y Bossert. 0~4 Ley 23 .928, BO , 28/3/91. 9:15 Me remito a lo que dije supra §50. 936 Fallos, 314:595 (1991). 937 y~ase BIANCHI, Alberto B., y Mm uRA ESTRADA, Ricardo , El peaje: de la ley de conces~.on el~ obra pú_b hca a la Ley de Convertibilidad , LL, t . 1991-E, p. 1280. 38 ~ Parbdo Justlc1alista de la Provincia de Santa Fe", Fallos , 317:1195 (1994). 939 ",Juan Carlos Ortiz Almonacid", Fallos, 322 :385 (1999). 9 40 "Solá c/Estado Nacional", Fallos , 320:2509 (1997). Véase CAS:;AüNE, Juan C., Una sentencw trascendente de la Corte QlLe declara la nulidad de un decreto del Poder Ejecutivo , ED, t. 178, p . 687. 941 Fallos , 318:1154 (1995). 942 El exten~o fallo -ya analizado supra, § 59- se integra con cinco votos separad~s d,e los Jueces Fayt y López; Petracchi y Bossert; Belluscio, Boggiano Y Molme O Connor, qmen suscribe una disidencia parcial, pero sin revocar el fallo antenor. 9:J2

93 3

T ENDENCIAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

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a partir de los acontecimientos que desencadenaron la abrupta renuncia del presidente Fernando de la Rúa en diciembre de 2001. Antes de ello, y como una de las causas del desgaste final de esta administración, se había sancionado el decreto 1570/01 913 , que impuso fuertes restricciones al uso y disposición del dinero depositado en el sistema bancario 944 • Caído el gobierno del presidente De la Rúa y luego del breve interregno de Adolfo Rodríguez Saá 945 , la Asamblea Legislativa eligió como presidente a Eduardo Duhalde el 12 de enero de 2002 . Bajo su administración se han profundizado las restricciones económicas sancionadas por su predecesor 946 • Estando vigentes estas normas, la Corte resolvió - el primer día hábil judicial de 2002 un recurso directo 947 interpuesto por el Banco de Galicia en autos "Smith c/Estado Nacional" 94 ~. El fallo dice sucintamente: BO , 3/12/01. Según este decreto: 1) quedaban prohibidos los retiros en efectivo que sup era ran los $ 250 o u$s 250 por semana (conf. art. 2", inc. a); 2) los depósitos a la vista o a pl azo, las transferencias entre entidades ftnanciera s, las renovacivueo;, débitos en cuenta, los libramientos o acreditaciones de cheques, uso dP. tarjetas de crédito o débito, y en general cua lquier tipo de operatoria bancaria que no implicara disminución de fond os en el sistema fin anciero regido por la ley 21.526, aunque produjeran transferencias entr e en tidades financieras, eran intangibl es en los términos previstos en la ley 25.466 (conf. art. 4''); y 3) las entid ades ba ncarias no podían obstaculizar la transfer encia o di s posición de los fondos entre cuentas. 945 Fue elegi do por la Asamblea Legislativa por resol. 989/01 de l día 22/12/01 y ren unció el día 29/12/01. 946 El día 6/ l /02, el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.561. En lo que aquf intere~a, mediante la citada ley se declaró la emergencia pública en materia soc ial , económica, administrativa , fin a nci era y cambi aria , delegando fa cultades al Poder Ejecutivo a los efectos de proceder, entre otras cosas, al reordena mi ento del sist,ema financi ero , bancario y del mercado de cambios (conf. art. 1 ~). Asimismo, a través de ella se s uspendió la a plicación de la ley 25.166 hasta el 10/12/03 , con relación a los depósitos afectados por el decr. 1570/2001 (conf. art. 15). Con fet:ha 9/ 1/02, el Poder Ejecutivo de la Nación dict,ó el decr. 71/02, modificado por decr. 141/02, estableciendo en su artículo 5~ que el Mirtisterio de 1-;conomía reglamentar á la oportunidad y el modo de disposición por sus titulares de los depósitos en pesos o en divisas extranjeras respetando la moneda en que ~1:1

~ 44

(Esta nota c.:on.tinúa en la página sigwent~.)

El banco había intentado la vía r ecursiva extraordinaria que prevé el artículo 195 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación oegún la reforma introdudda por el art. 50 del decreto 1387/01. Acerca de esta msól!ta vía proces al véase B LANCHt , Alberto B., Per saltum por decreto de necestdad Y urgencia (La turbulencia juridica de la emergencia y sus efectos en el recurso extraordinario) , Rev. "Régimen de la Administración Pública", n• 279, P· 279. 948 LTJ, t. 2002-A, p. 770. 947

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a) la limitación fijada por el decreto 1570, y las normas dictadas en su consecuencia, carecen de razonabilidad, pues implican una violación a los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional, en tanto desconoce el derecho a disponer libremente y en su totalidad de su patrimonio 949 ; b) las sucesivas reglamentaciones han excedido el marco de la delegación, imponiendo condicionamientos y restricciones a la libre disposición de la propiedad privada, en abierta contradicción de las nonnas constitucionales mencionadas 950 ; e) el Estado no puede, en virtud de una nueva ley, arrebatar o alterar un derecho patrimonial adquirido al amparo de la legislación anterior, ya que el principio de no retroactividad deja de ser una norma infraconstitucional para confundirse con la garantía de la inviolabilidad de la propiedad reconocida por la Ley Suprema. En este sentido, la Corte señala que las normas en cuestión vulneran el patrimonio de los ahorristas cuyos depósitos hubieran sido efectuados bajo la vigencia de un régimen que garantizaba su inalterabilidad, y más aún cuando tal garantía había sido recientemente reforzada por la ley 25.466 que, con carácter de orden público, consagró la intangibilidad de los depósitos , y prohibió al Estado alterar las condiciones pactadas entre los depositantes y la entidad financiera, canjear los depósitos por diferentes activos del Estado nacional, prorrogar su plazo, o reestructurar su vencimiento. Sin tener en cuenta la postura fijada por la Corte Suprema respecto de la inconstitucionalidad de las normas citadas, el Poder Ejecutivo inmediatamente dictó el decreto de necesidad y urgencia 214/02 , de fecha 3/2/02 95 \ por medio del cual se (Continuación de la nnta 946.)

ht~bi~sen sido impuestos por sus titulares y que se encuentren sujetos a las restnccJOnes del decreto 1570/01. Asimismo. el Ministerio de Economía podrá establecer que la devolución de saldos en monedas extranjeras se efectúe en pesos al l1po de camb10 del mercado oficial , como así también los plazos y condiciones para ell o, cuand o entre los modos de di sposición de los fondos se ofrezcan distintas alternativas a opción ~e los titulares. En ejercicio de las facultades otorgadas por los decretos menciOnados, el Ministerio de Economía dictó las resols 6/02 9/02, 18/02 y 23/02. . . ' ~ 49 Consid. 10, in fine. 9 5° Consid. U . 9 ~ 1 no, 412102.

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impusieron nuevas restricciones econÓ""'~·cas ~ ~d~~~ de combatir la emergencia económica,_. Para retomar el hilo de la jurisprudencia, diré que fuera de los casos en los que el gobierno tenía un especial interés, nos encontramos -en conjunto- con un tribunal de tinte más conservador que el de 1983-1989. La revolución liberal-activista en el terreno de los derechos humanos, iniciada por la Corte designada por el presidente Alfonsín, no fue continuada por los magistrados surgidos de las designaciones de • Carl Menem. No obstante ello, esta Corte ha tenido pro~:~w~annen tos valiosos en este terreno que deben ser mencianllilliDS.. Uno de los casos que mejor ejemplifica el abandnn tendencia de la Corte anterior fue "Ernesto A. on donde con mayoría de 7 contra 2 954 , fue derogada la doctrina establecida en "Bazterrica" y "Capalbo", con retorno expresotsS 952 En lo que aquí interesa, mediante el mentado decreto se estableció: a) todos los depósitos en dólares estadounidenses serán convertidos a pesos a razón de 1,40 pesos por cada dólar estadounidense . Las entidades financieras deben cumplir con sus obligaciones devolviendo pesos a la relación indicada (conf. art. 22 ) ; b) a los depósitos se les aplicará el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) publicado por el BCRA, y una tasa de interés mínima (conf. art. 42); e) se emitirá un bono en dólares estadounidenses con cargo a los fondos del Tesoro Nacional , por el que podrán optar los depositantes en sustitución, que alcanzará hasta la suma tope de u$s 30.000, y podrá ser ejercida dentro de los 90 días de publicada la norma que reglamente la forma de emisión del bono (conf. art. 9°); d) las entidades flnancieras deberán depositar en el BCRA todos los billetes en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras que tuvieran como disponibilidades, las que serán convertidas a pesos a razón de 1,40 pesos por cada dólar estadounidense; y e) se suspende por el plazo de 180 días la tramitación de todos los procesos judiciales y medidas cautelares y ejecutorias en los que se demande o accione en razón de los créditos , deudas , obligaciones, depósitos o rcprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados por las disposiciones contenidas en el dccr. 1570/01, por la ley 25.561, el decr. 71/02, el decr. 214/02, las resoluciones del Ministerio de Economía y del BCRA dictadas en su consecuencia y toda otra disposición referida a dicha s materias (conf. art. 12). Por su parte, con fecha 6/2/02, el Ministerio de Economía dictó la re~ol. 46/02, publicada en el Boletín Oficial el 7/2/02, sustituyendo nuevamente el Anexo a la resol. 6/02 que, como se expresó en el escrito de inicio, ya habla sido modificado por las resols. 9/02, 18102 y 23/02 de ese mismo Ministerio. 95~ Fallos, 313:1333 (1990). 954 El voto mayoritario fue suscripto por los jueces Levene, Cavagna Mar· tfnez, Barra, Fayt, Nazareno, Moliné O'Connor y Oyhanarte. En disidencia votaron los jueces Petracchi y Belluscio. Y55 " ••. esta Corte en su actual composición, decide retomar la doctrina establecida a partir del citado caso Colavini, consciente de que tal variación ju -

TENDENCIAS JUIÚDICO-POLITICAS D

impusieron nuevas restricciones económi de combatir la emergencia económica _ Para retomar el hilo de la jurisprudencia. los casos en los que el gobierno tenía un =>J""""'.uu iaí_,fs.. contramos -en conjunto- con un tribunal vador que el de 1983-1989. La revolución hoenlkdillil• el terreno de los derechos humanos iniciada sign~da por el presidente Alfonsín, 'no fue COI1 mag¡strados surgidos de las designaciones de Menem. No obstante ello, esta Corte ha tenido tos valiosos en este terreno que deben ser Iru:!DI::Ia--L Uno de los casos que mejor ejemplifica el tendencia de la Corte anterior fue "Ernesto A. donde con mayoría de 7 contra 2 "64 , fue derogada la dadll"iill.a establecida en "Bazterrica" y "Capalbo", con retorno eliJII'"e!ID,.E'

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CON'l'ROL DE CONSTITUCIONALIDAD

al criterio de 1978 en "Colavini""5". Algunas afirmaciones consignadas en la sentencia constituyen una clara expresi?n ?el pensamiento de la nueva Corte. En 1986, Montalvo hab1a s1do detenido y trasladado a una dependencia policial por la presunta comisión de otra infracción. Al llegar arrojó una bolsita con 2,7 gramos de marihuana, hecho que luego admitió al prestar declaración indagatoria. Fue así condenado a un año de condena condicional y multa, por tenencia de estupefacientes con arreglo al art. 6º de la ley 20.771. La Corte, al confirmar la condena, rechaza el planteo de inconstitucionalidad de dicha norma y del artículo 14, segunda parte, de la ley 23 .737, modificatoria de la primera. Entiende que el consumo individual de estupefacientes no puede estar amparado por el derecho a la intimidad protegido por el artículo 19 de la Constitución. Según su criterio, la figura penal ha sido creada no para violentar la norma constitucional, sino en protección de la salud pública que la droga compromete , "porque lo que se quiere proteger no es el interés particular del adicto, sino el interés general que está por encima de él y que aquél, como suele suceder, trata de alguna manera de resquebrajar, dado que su conducta también constituye un medio de difusión de la droga" o de los estupefacientes 957 • Agrega lucgo 95 R que el art. 19 protege aquellas acciones privadas que de "ningún modo" ofendan al orden y la moral pública o los derechos de terceros. La expresión "de ningún modo" es interpretada por la Corte de manera absoluta, de forma tal que cualquier actividad que pueda llegar a ser perjudicial para el orden, la moral pública o los derechos de terceros cae bajo el imperio de los magistrados 9:;9 • Por últim~ , entiende que no es la cantidad lo que debe ponde:a:se, smo la n~turaleza y efectos de los estupefacientes, maXIme que el leg¡slador no pudo dejar de tener en cuenta risprudencial no afecta la garantía de igualdad ante la ley " (cons'd 62 v ¡¡ 313:1349). ··· .1 · , ra os, »56 Fallos, 300:254 (1978). 957 V!!.r cunsid. 72. 9 " 8 Consid. 11. 9 9 fi Los drogadictos -dice la Corte ofr . e~n su ejemp1o, su instigación o su convite a quienes no lo son al m "contagiu~o de la drogadicción y ~:o: e~ mue , Sllllos S';! puestos reales. El efecto un hecho público y notorio sea en¡ encla adconlag,w· de los drogadictos son . •0 un e emento e la verdad · ld' b' . los JUeces no pueden ignorar" (consid. 11 ). JUr tea o JetJVa que

J.J:.!'.UJ:. N\J l N:i JUJUUJCU-l'ULJ'I'JCAS

DEL CONTROL

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que, por lo gene:al, el tenedor, para comprar la droga, oficia de traficante y este lleva consigo cantidades pequeñas para pasar por consumidor" 960 • También es interesante, para verificar el retomo de ideas conservadoras al Tribunal, el caso "Comunidad Homosexual Argentina"9A ', donde le fue denegada por una mayoria de 7 contra 2 sGz la inscripción a dicha asociación en la Inspección de Personas Jurídicas. Son varios los párrafos de esta sentencia particularmente duros con la condición homosexual. Así, por ejemplo, el juez Belluscio alude a "personas que padecen tal desviación" y afirma "no se advierte cuál es la perfección que puede alcanzarse mediante el desarrollo de la homosexualidad" 9G3 • El juez Boggiano, por su lado, manifestó que "Toda defensa social de la homosexualidad ofende la moral pública y el bien común, cuya tutela la Constitución impone a los poderes constituidos y de modo eminente a esta Corte, para garantizar la dignidad de la persona humana creada a imagen y semejanza de Dios, fuente de toda razón y justicia" 964 . En la misma línea de pensamiento, es posible suponer que la Corte de este periodo nunca habría declarado la inconstitucionalidad de la indisolubilidad del matrimonio como lo hizo la del período anterior en "Sejean". De hecho, Antonio Boggiano, a poco de producido este fallo , publicó un trabajo en el cual deja muy en claro cuál es su posición frente al matrimonio. "El consentimiento matrimonial -dice- es un acto de la voluntad irrevocable para constituir un consorcio de toda la vida ordenado por su misma naturaleza al bien de los cónyuges y a la educación de los hijos. Cuando la ley niega este acto de la voluntad irrevocable abre un abismo entre el matrimonio legal y el matrimonio natural" 96!\. No menos señero en esta tendencia es el fallo recaído en el caso "Portal de Belén c/Ministerio de Salud y Acción SociaP66 , Ver consid. 16. Fallos , 314:1531 (1991). 9G2 Votaron en la mayoría los jueces Levene, Barra , Cavagna Martínez, Belluscio, Moliné O'Connor, Hoggiano, y Nazareno. En di sidencia votaron los jueces Fayt y Petracchi. Esta sentencia tiene a demás la particulari dad de que está inLegrada por nueve votos diferentes. 960 961

Fallos, 314:1571 y 1572. 314:1595. 91;5 B OGG IANU, Antonio, El divorcio en La Corte. Constitucionalidad del ma· trimonio indisoluble, Depalma, Buenos Aires, 1987, p . 22 . 966 Sentencia del 5/3/02. 96a

961 Fallo~ .

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

en el cual se discutía la constitucionalidad del uso de una píldora de propiedades abortivas. El caso se originó con motivo de que una asociación civil sin fines de lucro, denominada Portal de Belén, había promovido una acción de amparo para que se prohibiera la fabricación, comercialización y distribución de un producto farmacéutico conocido internacionalmente como morning after pill ("píldora de la mañana siguiente") que, se dice, tiene efectos abortivos. Por 5 votos contra 4, el Tribunal resolvió a favor del amparo. En la mayoría, por la prohibición de la píldora, votaron los jueces Nazareno, Moliné O'Connor, Boggiano, López y Vázquez. Los otros cuatro jueces, Belluscio, Bossert, Fayt y Petracchi, rechazaron el recurso extraordinario por razones de orden procesal, es decir que no se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión debatida. El voto de la mayoría tiene tres partes que siguen un derrotero lógico. En la primera de ellas se recopilan, con detalle, una serie de opiniones científicas según las cuales la presencia de la vida humana tiene lugar desde la concepción. La segunda analiza las propiedades y efectos de la píldora en la fecundación, llegándose a la conclusión -basada en un dictamen técnico agregado a la causa- de que inhibe o impide el anidamiento. A partir de allí el Tribunal sostiene que "todo método que impida el anidamiento debería ser considerado como abortivo". En otras palabra.s~ una vez fecundado el óvulo, la píldora impide su imp~antac.IOn. La tercera parte del voto analiza las normas jurídicas VJgentes en materia de protección de la vida humana 967. en pr:e~~ra tener unf ~mensi~~ objetiva del fallo analizado tengamos presente que hay vid~g~um · qaunea ad edg¡slalcton argentina determina, sin margen de duda' es e e momento de la ··6 L · ' lugar, el artículo 70 del eód e · . concepc¡ n. o dtce, en primer 1 tunidad de ratificar en 1990 3 ~v~ ' rn~rm~ que el Co?greso Nacional tuvo oporNiño por medio de la ley 23 .849 . Q:e~ e:ta~~n~encJón sobre los Derechos del entiende por niño todo ser hum d d ecJdo en esa oportumdad que "se los dieciocho años de edad" E ·tano es e_e1 momento de su conc~pción y hasta · s a norma -mtegrante de u l t d . pasaría a tener rango constitucional 1 d n ra a o mternacionalla misma jerarquía constitucional un du~o .e 1a ref?rma de 1994, que elevó a a !u prot~cción de los derechos h e rmiDado numero de tratados referidos umanos ,_entre ellos la citada Convención En segundo lugar con igual espín·t t b' ' u, aunque sm la m · 1 ·d · am Jén el artículo 75. inc 23 de la e f . . lsma e an ad , deben computarse Americana de Derechos H~manos ons . 't~cton y el artículo 4.1 de la Convención en los artículos 85 a 88. Se sigu.e ~~reWhmo, el Código P enal reprime el aborto cosa que una derivación inev · b o que el voto de la mayoría no e suscriben el fallo hubieran qul:dl; P:er!til~~isl:.ción. vigente. Si los juece~ oqt:: a ubncactón y comerciali?.ación de

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En los fallos que ilustran la serie sobre garantías constitucionales en el proceso penal, la Corte ha morigerado en parte los criterios del período anterior, pero sin derogarlos completamente. Consideremos para ello los casos "Carlos Daniel Torres" 96R, en el cual se admitió una orden de allanamiento expedida por un tribunal incompetente en términos sumamente vagos; "Jorge G. Yemal" 969 , en el cual la orden de allanamiento expedida a favor de la DGI carecía de fundamentos; y "Fernández Prieto" 970 , en el cual se admitió que la policía pudiera requisar un automóvil sin orden previa. Pero al mismo tiempo, en "Carlos A. Daray" 971 se anuló un procedimiento policial con detención de personas, donde se descartó la posibilidad de que los detenidos hayan actuado espontáneamente, favoreciendo la obtención de pruebas de cargo sobre adquisición irregular de automotores importados; y en "Vega" 972 se ratificó el criterio expuesto en "Fiorentino" acerca de los requisitos que debe tener el consentimiento prestado en el allanamiento sin orden judicial. Asimismo, en "José A. Martínez de Hoz" 973 se sostuvo la píldora en cuestión, tendrían que haber declarado la inconstitucionalidad del Código Civil, del C
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CONTROL DE CONS'I'ITUC ION ALIDAD

que evitar la prescripción de la acción no constituye fundamento válido para el auto de prisión preventiva. Es significativo en este campo lo decidido en "Horacio D. Giroldi" 971 , donde se interpretó que la doble instancia en materia penal exigida por la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 82 , 2.h.) no se satisface con la apelación extraordinaria ante la Corte Suprema, y en consecuencia fue declarada la inconstitucionalidad del art. 459, inc. 2º del Código Procesal Penal, en cuanto veda el recurso de casación en razón del monto . Con ello fue modificada la doctrina del caso "Luciano A . Jauregui" 97 \ donde se había entendido -cuando la Convención Americana no tenía rango constitucional- que la apelación extraordinaria satisfacía el requisito de la doble instancia. Esta doctrina ha sido mantenida luego en "Carlos Álvarez" 976 y "Gorriarán Merlo" 977 • Por último, en "Hernán J. Bramajo" 978 , "Claudia B. Acosta" 979 y "Roberto Felicetii" 980 , la Corte ha considerado las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entre los terrenos más trabajados por la Corte desde 1990 está la libertad de expresión . En "Ekmekdjian c/Sofovich" 981 abandonó el criterio de la Corte anterior, sentado, como vimos, en "Ekmekdjian c/Neustadt" 982 , y abrió el camino del derecho de réplica también preservado en "Petric c/Diario Página/12" 9Ra en un fallo de 8 votos contra 1, con disidencia del juez Belluscio 984 • Ha transitado también por el sendero de la doctrina de la real malicia, inaugurada por la Corte de los Estados Unidos a comienzos de la década de 1960 en "New York Times v. Sullin4 Fallos , 318:514, 530 (1995). Fallos, Fallos , Fallos , /:<'al/os, Fallos,

311:274 (1988). 319:585, 591 (1996). 977 322:2488, 2494 (1998). 978 319:1840 (1996). 979 321 :3555 (1998). 980 Sentencia del 21112/00, LL, diario del 7/3/01. Acerca de es te fallo , véase CARN01'A, Walter, El derecho a recurrir en materia penal , LL, diari.o del 7/3/01, y P ALACIO llE CAEHIO, Silvia B., El recurso extraordinario y la garantía de la doble instancia en el proceso penal , LL , diario del 26/6/01. 981 Fallos, 315:1492 (1992). HH~ Fallos, 311:2497 (1988). 983 Fallos, 321:885 (1998). 984 Acerca de es te fallo, véase GELL! , Maria A., El caso Petric, ualor agr·egado de la recti[icaci6n o respuesta, LL , t . 1998-F, p. 53. 97ó

976

T ENDENCIAS JURlDJCO-POLfTICAS DEL 00.;'11!0L

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van" 9 M . tr1 b1en . no puede afirmarse categóricamente que nuestra Corte haya adoptado la doctrina norteamericana. menos que ella figura mencionada en vari poco conocido, "Alejandro Moreno" 987 , ya hacía menciÓn de en Y aparece tambié~ citada en "Costa c/Muni.cipalidad , desde 1991, a partir del voto de los jueces Fayt y Barra en "Vago . · L a u rraca "989 , fue citada reiteradaniente en votos cJEd1c1ones disidentes "9 0 ; también la encontramos en los votos de la mayoría Y de la minoría en "Triaca elLa Razón" 99 ' , y fmalmente la mayoría del Tribunal aplicó las reglas de la real malicia en "Joaquín Morales Solá" 992 , para revocar una condena impuesta a un periodista por expresiones supuestamente difamatorias sobre un funcionario público = . Luego vamos a encontrarla citada también en "Ramos c/LR3 Radio B elgrano" ~ 94 y en "Eduardo Mencm" 99fi . Hay algunos rastros de la doctrina también en "Gesualdi c/Cooperativa Periodistas Independientes Limitada" 906 , donde se hizo lugar a una demanda de daño moral entablada por una jueza civil agraviada por una publicación inexacta que denotaba desórdenes en su Tribunal. Deben mencionarse también otros casos, significativos tambi én , dentro del área de la libertad de expresión. En "María R. Servini de Cubría" 997 se discutió la extensión constitucional de la censura judicial previa de un programa televisivo. La actor a ,

pe;;

9R5

376 U.S. 254 (1964).

9~6

Un análisis del desarrollo de la doctrina hasta el caso "Morales Solá",

citado más abajo , puede verse en BAIJENI , Gregario, Libertad de prensa . 2ª ed., Abeledo-Perrot, Buenos Aires , 1997, § 78, ps. 385 y siguientes. 987 Fallos, 269 :200 (1967). 988 Fallos, 310:508 (1987), consids. 10 a 14. 989 Fallos, 314:1517 (1991). 990 Por ejemplo, la disidencia de los jueces Barra , Fayt y Cavagnn Martínez en "Manuel Eduardo Abad", Fallos, 315:632 (1992); la disidencia de los tres jueces anteriores y de Petracchi en "Flavio A. Tavares", Fallos, 315:1699 (1992); la disidencia de los jueces Fayt, Boggiano y Petracchi en "Suárez c/Cherasny", Fallos , 318:823 (199fi). 991 Fallos, 316:2416 (1993 ). 992 Fallos , 319:!:!741 (1996). 993 Véase: BARRANCu:; y VEDIA , Fernando M., La libertad de expresión y el deba.te de los temas de interés público , LL , t . 1996-E, p. 325. 994 Fallos, 319:3428, 3439 (1996). 995 Fallos, 321:2848, 2863 (1998). 9 96 Fallos. 319:3085 ( 1996). 997 Fallos, 315:1943 (1992).

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titular de un juzgado federal, solicitó una medida cautelar para impedir la salida al aire de un programa con fundamento en que lesionaba su intimidad 998 • En segunda instancia ~»» obtuvo la medida, cuya procedencia era dudosa, pues estaba basada exclusivamente en los dichos de la actora. La Corte en fallo unánime, bien que a través de varios votos que registran diferentes aproximaciones al problema, revocó esta decisión. En "Gutheim elAlemann" 1000 , se dio primacía a la libertad de expresión por sobre el derecho a la intimidad reclamado por el actor 1001 ; en "Pérez Arriaga c/Gráfica Editorial Argentina S.A." 100 \ también se protegió la libertad de prensa al revocar una condena pecuniaria impuesta a dos diarios por haber reproducido un fallo sobre la constitucionalidad de la ley 23.515 mencionando los nombres de las partes, y en "Florencia Monzón" ¡oo:J se permitió que un periodista pudiera fotocopiar una causa penal, no siendo parte en ella. Asimismo en "Granada c/Diarios y Noticias S.A." 1004 , se revocó una condena impuesta a una editorial, con fundamento en una errónea interpretación de la doctrina del fallo "Campillay"' 00". Una decisión criticable a mi juicio fue la recaída en "Emisiones Platenses S.A." 1006 , con motivo de la distribución de la propaganda oficial en los medios de prensa. El intendente de La Plata había concedido espacios de publicidad oficial al diario "El Día" y otro diario solicitó que se le otorgaran también es998

Los hechos y anLecedentes de este caso están relatados con detalle en Fernando M. , Libertad de prensa y tutela judicial efectiua, La Ley, Buenos Aires, 1999, ps. 153 a 165. 99 9 CNCiv. y Com. Fed., Sala II, 9/5/92, LL , t. 1992-B, p. 571; ED, t. 147, p. 229. 1000 Fallos, 316:703 (1993). 1001 . Fe~erico Gutheim demandó a Juan Alemann exigiéndole el pago de da_ nos Y perJUICios con motivo de un comentario desdoroso sobre la conducta comercial del acto~ -en el marco de los hechos relativos a su detención a disposición del Poder11102 F.Jecubvo en 1976- que Alemann había vertido en un programa de radio Fallos, 316:1623 (1993). · 1003 Fallos , 317:2046 (1994). 1004 Fallos, 316:2394 (1993). 1000 La Cámara había ~puesto una condena a una editorial por re roducir u~t despacho penodístlco con mvocación de una "alta fu ente gubernament~l" pero es a not1c1a había s1do ratificad 1 Mi · · · ' de d 1'f d'd a por e rusteno del In tenor pocas horas después . un 1 a , 10 que aseguraba su exactitud. Se entendió entonces que la apli cac1 6n a este caso de la docrina "C ill " h b · 1008 F ¡¡ amp ay a fa stdo exageradamente formalista a os, 320 :1191 (1997). · TOLLER,

TENDENClAS JURÍDICO-POLÍTICAS DEL CONTROL

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pacios en condiciones similares. La Corte, por mayorí~ d~ , 5 contra 3 1007 , rechaza la acción sosteniendo que la Const1tuc10n no crea un derecho de los medios a recibir fondos gubernamentales y sólo impide que se establezcan sobre ella restricciones ilegítimas. No menos importante ha sido la preservación del derecho a la información objetiva, que tuvo un reconocimiento expreso en "Urteaga c/Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas" 100A, donde el actor reclamaba a diversos órganos del Estado información disponible sobre el eventual fallecimiento y destino de los restos de su hermano desaparecido en 1976 1009 , doctrina luego repetida en "Mario Fernando Ganora" 1010 y en "Palacio de Lois c/Poder Ejecutivo Nacional" 1011 • Asimismo se nota una impronta liberal en el fallo "Tanus c/Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", resuelto en enero de 2001 101 2, en el cual, con disidencias de los jueces Nazareno y Boggiano 101 3, una mujer fue autorizada a inducir su parto frente a una gestación de un feto anencefálico y, por ende, sin posibilidades de vida fuera del seno materno 1014 • Por último, quiero señalar tres tendencias jurisprudenciales que se han desarrollado en estos últimos años: la conversión de la acción declarativa de certeza en acción declarativa de inconstitucionalidad 101 5 , la reducción de las cuestiones políti_cas 1016 y el moderado empleo de la legitimación colectiva preVIsta en el artículo 43 de la Constitución 1017 • 1007 En mayoría votaron los jueces Nazareno, Belluscio, Boggiano, López y Vázquez. En disidencia votaron los jueces Fayt, Petracchi y Bossert. 1008 Fallos, 321::.!767 (1996). 1009 Véase BIANCHI , Alberto B., El hábeas data como medio de protección del derecho a la información objetiva en un valioso fall o de la Corte Suprema , LL , t. 1996-F, p . 297. 1010 Fallos , 322:2139 (1999). 101 1 Sentencia de fecha 13/2/01. 1012 LL . t. 2001 -A, p. 189. 1013 También voló en disidencia el juez Petracchi, pero su voto ti ene un sentido diferente, pues se pronuncia por rechazar el recurso extr aordinario de la demandada. . 1014 La cuestión había sido resuelta en igual se ntido por el Tribunal Supenor de la Ciudad de Buenos Aires, LL , t. 2001-B, p. 156. 1015 Véase supra§ 57, c. 101ti Véase supra § 116, d. 101 1 Véase supra §§ 72 . 73 Y 83.

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e) REFLEXIONES SOBRE ESTA ETAPA. - Aun cuando el período aquí considerado está en curso todavía, los años transcurridos desde 1980, fecha en la cual tentativamente he fijado el comienzo de esta última etapa, permiten cerrar su análisis con algunas reflexiones provisorias. Una primera indica que las barreras nacionales (políticas y jurisdiccionales) del derecho constitucional se están borrando para dar paso a un derecho constitucional internacional, que se extiende a impulsos del fenómeno político-económico de la integración regional y de la progresiva globalización de la justicia penal. Hasta hace veinte años, el derecho internacional era una rama del derecho que podía estudiarse separada de las ramas nacionales. Hoy ya no podemos hacerlo. Ello permite superar, además, antiguas limitaciones procesales como las de la competencia territorial y la prescripción, que no son aplicables en la persecución de los delitos de lesa humanidad. En lo concerniente específicamente a la jurisprudencia de la Corte argentina y la norteamericana, existen en este período algunas coincidencias que vale la pena recordar. Cada Tribunal ha tenido dos épocas diferentes. En los Estados Unidos, terminada la época dorada para el liberalismo activista de los años sesenta, comenzó una progresiva inclinación hacia formas más moderadas bajo el Chief Justice Burger, que se acentúa más aún en la década de 1980 con las designaciones ocurridas durante el largo período republicano Reagan-Bush,las que garantizaron un seguro predominio conservador en la Corte hasta la llegada del presidente Clinton, quien logró instalar un cierto equilibrio con las designaciones de Ruth Ginsburg y Stephen Breyer. En la Argentina se observan también estos dos periodos, pero cruzados con la Corte norteamericana. Cuando ésta marchaba hacia el conservadorismo, la argentina estrenaba su período liberal, que declina -sin extinguirse totalmente- en 1990, con la ampliación. Así, hemos tenido en estos ya casi veinte años dos composiciones distintas en la Corte Suprema, que han generado ciertamente orientaciones muy diferentes, pero enraizadas en algunas características típicas de nueslro Tribunal. Por lo pronto, y pese a que se ha insistido hasta el cansancio con la sujeción de la Corte al Poder Ejecutivo desde la ampliación, no veo que con ello se haya quebrado una línea de independencia anterior. Por el contrario, la Corte tradicionalmente ha tenido

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buenos ~ídos para el Poder Ejecutivo. Tampoco ha habido un apartamle~to del. modelo norteamericano al cual nuestra Corte Suprema Sigue Siendo t~n fiel como lo fue en "Eduardo Sojo", hast~ el punto ~e mencwnar como fundamento en sus fallos doctrma~ tan aJenas a nuestras instituciones como la de la real malicia, difícil de adaptar en nuestra legislación civil. Tal vez 1~ característica más propia de este último período es ~ue por pn:nera v~ z hubo en la Corte dos bloques de jueces nítidamente diferenciados, que al igual que en la Corte de los Estados Unidos, permiten anticipar -con un grado razonable de aproximación- cómo se alinearán la mayoria y la minoría. ~n nuestro Tribunal ha habido siempre disidencias y algunos JUeces se han hecho famosos por ellas. Luis M. Boffi Boggero , probablemente, sea el más recordado de los jueces di sidentes. Pero no se había experimentado hasta la ampliación la existencia de dos grupos tan característicos. No obstante ello, me permito insistir en que si bien el resultado de 5 a 4 ha sido repetido muchas veces 101 ~, fruto de los alineamientos producidos con la ampliación y sus secuelas en los posteriores nombramientos, un examen desapasionado permite comprobar que la mayoría, en numerosas ocasiones , se ha logrado de otra forma. Creo que el caso más típico es el del r ebalanceo telefónico , presentado en sociedad como un triunfo del gobierno menemista, que sin embargo obtuvo una aprobación por 9 contra O en la Corte, aun cuando se llegara a él por diferentes caminos argumentales. Pueden mencionarse también otros casos emblemáticos de la era menemista, tales como el de la privatización de Aerolíneas Argentinas 1019 donde fue inaugurado el remedio extremo del recurso p er saltum , con una mayoría de 6 a 1 1020 u la convalidación del llamado "Plan Bonex" en 1990, con "Peralta c/Gobierno Nacional" 102 \ alcanzado con una mayoría de 8 contra O1022 • Por último, algunos resultados de 5 101 ~ Véase, por ej emplo , "Chocobar "; "J or ge Rodríguez·J efe de Gabinete"; "Monges"; el caso de los sena dores del Chaco, "Ju an Octavio Ga una", etcéter a. """ ·•J osé Roberto Dro mi", Fallos, 3 13:863 (I 990 ). 1o"o Votaron en la mayoría Jos jueces Levene, Cavagna Martínez, Barra , P ctracchi, Nazareno y Moliné (estos dos últimos según su voto). En disidenci a votó el j ue1. Fayt. 10~1 Fallos, 31:i: l 513 (1990). 102" Votaron los jueces Leve ne, Cavagna Martínez, Barra , Fayt, Moliné O' Connor, Na zareno, Oyhanarte y Bellusci o. F.stos dos últ imos suscri hieron di si-

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votos contra 4 se han logrado con independencia de las posturas de la Corte ante el gobierno. Tal es el caso de "Ekmekdjian c/Sofovich" 1023 , donde la mayoría está suscripta por los jueces Cavagna Martínez, Barra, Nazareno, Fayt y Boggiano, y la minoría por los jueces Petracchi, Moliné O'Connor, Levene Y Belluscio. Una segunda característica de este período es la ausencia de un líder intelectual en el Tribunal. Ha habido en ocasiones jueces de la Corte representantes de una época por la incidencia de sus opiniones sobre sus colegas. No ha sido éste el caso de la Corte desde 1990, donde además de la fractura entre los dos bloques arriba mencionados, se ha notado a veces una gran dispersión en los fundamentos de los votos. Ello es el fruto -a mi entender- de la inexistencia de un líder en lo intelectual que aglutine las diferentes posiciones. Menciono, como ejemplos típicos de esta tendencia, los casos "Comunidad Homosexual Argentina" 102\ fallado con nueve votos separados; "Servi ni de Cubría", producido con siete votos diferentes, todos coincidentes en la solución fmal , al igual que "Urteaga" 1025 ; "Petric", que cuenta con siete votos , al igual que "Morales 1026 Solá" ; "Horvath c/Fisco Nacional" 1027 , integrado por seis votos , etcétera. Lo que sí me resulta muy dificil evaluar en este momento es el aluvió~ ~egislativo de las medidas de emergencia producidas d,~sd~ d1c1embre de 2001, las cuales generaron, además del c~so S~mt_h_ c/Estado Nacional" antes citado 1 02 ~, muchas deciswnes _Judiciales emanadas de tribunales federales inferiores Y de tnbunales locales 1029. Por ello me excusaré en esta ocasión de hacer tal análisis, que otros autores ya han abordado wao. dcncias de fundamentos el primero a . rechazand o el amparo p'or razone poyand o la med1da del gobierno y el segundo 102a s procesa 1es. ' Fallos , 315: 1492 (1992) 1024 Fallos, 314:1531 (1991) , 1025 Fallos, 321 :2767 (1998). 1026 Fallos, 319:2741 (1996). 1027 Fallos , 318:676 (1995) · 1028 Véa se n ota 948. · t n9 Muchos de ellos están re ·s . . loao Sin petjuicio de otras confn trados en LL , _dt ario del día 20/3/02, p. 12. Sn"th (o la razonabilidad t" bucJones mencwno: G ELL1 María A El una apltmctón . . cuestionablecues lo nada) LL d · . d • .. caso del . . ~ d ' Iano e1 20/2/02; C JA NCJAilDO Juan prtnclpto e razonabilidad , l.L , diario del Í413/02:

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Es evidente que en el momento de redactar estos párrafos finales, la disputa entre el Poder Ejecutivo y la Corte es un capítulo avivado constantemente por el juicio político que está en trámite contra todos los miembros del Tribunal ' 031 y de final incierto. Es evidente también que nuestra historia no registra - salvo en las instancias previas al juicio político de 194 7 y su desarrollo- un pico de tensión tan fuerte entre el alto Tribunal y el Poder Ejecutivo. Por último, jamás se ha hablado tanto de la Corte Suprema ni se han difundido ni conocido sus fallos como en estos últimos años. La crítica del periodismo 1032 , en el fondo, ha contribuido a despertar con fuerte intensidad el interés doctrinario, que se extiende también hacia algunos observadores extranjeros 1033 • Que se escriba a favor o en contra, en última instancia, es anecdótico. La vida del derecho se nutre de la polémica, y sin ella a lo único que podemos aspirar es al silencio y a la uniformidad de los cementerios 1034 • Como resultado de todo ello podemos disfrutar de la existencia en la actualidad de estudios completos sobre la labor del Tribunal -otrora casi inexistentes- 1035 que ya sea en su faz estrictamente jurisprudencial '036 como histórico-jurisprudencial 1037 , se suman al especial interés tam103 1 En el momento de escribir estas líneas los jueces del Tribunal están contestando los cargos formulados por la Comisión de Juicio Político de la Cámar a de Diputados. 1032 Cito por todos: VERntTSKY, Horacio, Hacer la Corte, Planeta , Buenos Aires, 1993. 10aa MtLLER, Jonathan M., Eualuating the Argentine Supreme Court Under Presidents AlfonsCn and Menem (1983- 1999). Este artículo de fut! rte tono crítico hacia la Corte del período 1990-1999 será publicado en fecha próxima en la Revista dt! Derecho de Southwestern University, donde el autor es profesor. Aprovecho ~8ta oportunidad para agradecerle el habenne permitido tener una versión preliminar de su trabajo. 1034 "Compulsory unifi cation of opinion achieves only the unanimity of the graveyard", voto deljustice Jackson en "West Virginia Board of Education v. Barnette", 319 U.S. 624, 641 (1943). 10a6 Durante años, y salvo por la siempre fecund a labor de BIDART CAMPOS, la Corte careció de un estudio completo y organizado de su jurisprudencia. Véase BmART CAMPOS, Germán J., La Corte Suprema. El tribunal de las garant{as constitucionale~, Allende & Brea, Buenos Aires, 1982. 1036 SANTIAGO (h.), Alfonso, La Corte Suprema y el control político. Función política y posibles modelos institucionales , Ábaco. Buenos Aires, 1999. _ 1037 Además de la obrn de PELLET LASTRA . citada supra en nota 835, vense CARRtó Alejandro La Corte Suprema y su independencia , Abeledo-Perrol, Buenos . '1::1n ""6 , y ()T,f:tZA F:duardo La Corte Suprema ' entre la justici.a sin poUti.ca A1res, • • , .. '

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bién despertado por el recurso extraord~n.ario, t~nto desde perspectiva general'oas como en el anáhs1s par~1cular de nas de las muchas facetas de su rica y compleJa P "v'""''·~·­ procesal '039. § 127. Conclusiones

Con la reseña histórica descripta en los párrafos dentes, creo haber demostrado la influencia que el control titucional posee en el diseño de una sociedad. Cierto es ese diseño proviene de los poderes políticos, que son los cargados de programarlo y ponerlo en práctica. Pero · de esas tareas podrá considerarse completada hasta que la te Suprema no otorgue su veredicto final. La Corte puede ser tan poderosa (y peligrosa) como el Presidente o el pero tiene la última palabra y ello le otorga de hecho condición de infalibilidad de la que no gozan aquéllos 104 0 • y la política sin justicia, Platense, 1994. Estas obras vienen a cubrir un de och o décadas nada menos desde la hi storia de la Cor te escriLa por (7.AVA.LlA , C ludorniro, Historia de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Jacobo Peuser, Buenos Aires, 1920). 1038 En la década de 1990 aparecieron una serie de obras ge nerales el recurso extraordinario que han permitido conocer mejor los meandros remedio no siempre bien conocido. SAGUF..S publicó su tercera edición Néstnr P. , Recurso extraordinario, 31 ed ., Astrea, Buenos Aires , 1992) y "~''.,-'"'"""',. las obras de LuGONES, Narciso (Recurso extraordinario, Depalma, 1992); B Aires , PAI.A.CIO, Lino E. , Elias P.
bien con el ingreso a un sistema de justicia internacional ese poder de la Corte argentina está morigerado la realidad indica que sus fallos son finales en la gran mayoría de t easos. En la Argentina hemos tardado en comprender esta cue tión. La Corte nunca fue un obstáculo serio para el gobierno y por lo demás, desde el juicio político de 194 7 -primer gran golpe a su independencia- todos los presidentes, hasta Alfonsín, pudieron nombrar a jueces confiables a su régimen, sin que la sociedad -o en todo caso el periodismo- reclamara por ello. Fue la astucia política de Menem -sólo comparable a la de Roca y a la de Perón- la que hizo sonar la alarma. Menem tenia en mente desde el inicio de su gobierno introducir modificaciones en la composición del Tribunal, y ante la imposibilidad de conseguir las renuncias necesarias para producir las vacantes deseadas , decidió ampliar el número de sus jueces. Si bien, como ya hemos visto, su intento no era original, pues tenía varios antecedentes lejanos y próximos, lo cierto es que su tenacidad y la firmeza de convicción que puso lograron que el Congreso aprobara la ley de ampliación. Fue entonces cuando la sociedad argentina terminó de entender la importancia de la Corte Suprema en un sistema político que le ha confiado el control de constitucionalidad. Hasta ese momento los constitucionalistas argentinos repetíamos con tono académico aquella advertencia de Hughes antes mencionada: "vivimos bajo una Constitución, pero la Constitución es lo que los jueces dicen que es" 1041 , pero creo que nadie había tomado cabal conciencia de las dimen siones que podía tener tal admonición. Lo cierto es que con su poder de controlar los actos del gobierno, la Corte, como intérprete final (e infalible) de la Constitución, puede tanto promover el liberalismo progresista como apoyar el conservadurismo más cerril. Pu.ede oto~g~ el salvoconducto a cuanta medida de emergencia restnnJa los derechos individuales, o confrontar con el Presidente Y hostilizar su labor. Está en condiciones de escuchar los reclamos del establishment económico, de la Iglesia Católica, de las asociafmal" ("No somos [los jueces] finale s porque seamos infalibles, sólo somos infalibles porque somos los finales"); citado por SHNAYI::RSON, Robert, Th e Illustraled H tstory of the Supreme Court o( the United States, Harry N. Abrams, lnc., New York, 1986, p . 45. 1041 Véase supra. nota 59.

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ciones sindicales, de las Fuerzas Armadas y de todos los de poder habidos en la sociedad y puede admitirlo.s o zarlos sin entrar en contradicciones evidentes, refug1ándose la "particularidad del caso". Puede fundar sus fallos en interpretación dinámica de la Constitución, o hundir sus en el original intent y saldrá al cruce con énfasis activista se refugiará en self restraint, según lo permita la política. Tanto agranda o achica el listado de las políticas como reconoce o desconoce la legitimación En esta tarea, además, no tiene fronteras legislativas limiten. No hay sector del derecho que escape a su pues para ello se ha munido de las doctrinas de la riedad y de la gravedad institucional, ni hay estadio nr,nr•'l'Ul•• que se resista ante la flexibilización del concepto de seJltencJ181 definitva. En síntesis, y recordando una vez más a Robert J "los conflictos que dividen a los jueces de la Corte reflejan un conflicto que penetra en la sociedad" 1042 • No ca dudas de que esta reflexión está respaldada por cientos fallos cuyo hilo conductor remonta al fundador de la doc del control, "Marbury v. Madison", donde el ingenio y la biduría política de Marshall -abrevados en fuentes confiables- le permitió encontrar una solución jurídica cable, sin traicionar los intereses de su partido 10 43 •

1012 "C n11 · h' ; Icts w 1ch have divided the Justicies always mirror a con11ict 1Up4e3r~~é es society" {cit. por SHNAVERSON' The Illustrated History et' t p 37) · •' ase supra § 4, b. · · ., · · ·

h. h w

lC

EPILOGO

CONCLUSIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE UN SISTEMA

1.

Diagnóstico

Hace poco más de una década me preguntaba si el sistema clásico de control constitucional estaba en crisis 1 • La respuesta a esta pregunta en términos actuales es más clara que entonces, pero también es más compleja. Me atrevería a decir, por un lado, que el sistema clásico sigue existiendo y es ejercido por la Corte Suprema y los tribunales, en general diariamente. De hecho, la jurisprudencia analizada en el capítulo IIP permite llegar a esta conclusión. Pero no caben dudas de que, paralelamente, este viejo sistema ha ido evolucionando hacia formas nuevas, sensiblemente diferentes a las originales. Estos síntomas aparecen además en buena parte de los caracteres centrales del control constitucional, lo que indica la medida de la evolución. Un arqueo de lo clásico y lo nuevo nos permite advertir que el control sigue siendo judicial y difuso y que no procede de oficio, ni puede ejercerse en casos abstractos. Asimismo, la ley declarada inconstitucional sigue vigente . Pero a medida que avanzamos en los restantes requisitos encontraremos cambios sustanciales. Uno de ellos es el del caso o controversia. Formalmente subsiste, pero nadie puede negar que el reconocimiento de la acción declarativa de inconstitucionalidad cons· ¡ · l· i rk control de con s· Alberto B .: ¿Está en cn· sts e s..suma e a sco 89 1 titucionalidad? , LL , 1990-E, P· 0 · ~ Véase especialmente § 28. 1 BI AN CHI ,

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tituye un paso importante hacia la flexibilidad total del conc~p­ to. No se ha llegado todavía al control abstracto .que practlca el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, pero la distancia no es tan grande como parece. En materia de legitimación, la reforma constitucional de 1994 produjo una revolución ya insinuada y que ha ~pactado fuertemente en las concepciones tradicionales al convahdar aforos colectivos otrora excluidos de los tribunales. Ello produce además un efecto directo sobre los efectos de la sentencia. No es lo mismo que la revisión judicial la pida un sujeto aislado que sólo pretende una decisión individual y para su caso, que si aquella es requerida por un legitimado colectivo que ni siquiera sabe los nombres y domicilios de aquellos que representa y que en todo caso identifica como "usuarios del servicio". Ciertamente marchamos en forma progresiva por el sendero de los efectos erga omnes de los pronunciamientos judiciales. Como primera síntesis fruto de este balance me permito decir entonces que el control constitucional, usado tradicionalmente como una defensa pasiva, se ofrece hoy como una herramienta activa, dotada además de alcances mucho más vastos de los que hasta ahora tenía. ¿Quién hubiera pensado hace veinte años que la Corte Suprema anularía por medio de una acción declarativa una cláusula de la Constitución estando todavía su tinta fresca? Mirado este fenómeno desde el Poder Judicial, puede decirse que se ha incrementado el poder de los jueces, quienes cuentan ahora con herramientas más efectivas para restablecer la legalidad constitucional de las que disponían antaño. Al mismo tiempo, si comparamos el sistema de control que hoy poseemos con los sistemas europeos, brevemente analizados en el capítulo primero, veremos que existe un acercamiento de nuestro sistema judicial y clifuso con aquellos sistemas de órg~no concentrado y control abstracto. Ello indica además que el sistema federal se asemeja cada día más al vigente en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Es significativo también que todos estos cambios están acompañados de una toma de conciencia colectiva de la función de los tribunales y de la Corte Suprema en especial. Decía en el capítulo anterior que uno de los efectos positivos de la ampliación de la Corte Suprema en 1990 y de la denuncia periodística que ello provocó fue habernos permitido compren-

CoNCLUSIONES SOBRE LA EVOLUC IÓN DE UN S ISTEMA

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der la importancia que tiene la designación de un juez de la Corte Suprema, pues un nuevo integrante en un tribunal dividido puede inclinar la balanza en un sentido o el otro.

n. Pronóstico Podemos preguntarnos también si la tendencia actual ha completado su evolución, o si es razonable esperar la venida de nuevos ciclos. Si bien anticipar el futuro es una tarea difícil, no me parece aventurado decir que el proceso está en marcha todavfa. Creo que razonablemente habrán de producirse profundizaciones de las tendencias actuales, ya que la reforma de 1994, motor principal de muchos de estos cambios, nos ha colocado en una suerte de pubertad que será sucedida por la madurez. Por lo pronto, cuestiones como los efectos de las sentencias y la legitimación colectiva ofrecen todavía un campo en el cual faltan precisiones esenciales. No es menos cierto que las medidas cautelares, otrora apéndice de los procesos ordinarios, están cobrando importancia día a día y su uso cotidiano tiende a convertirlas en procesos dotados de plena autonomía, aun cuando, como vimos, una reforma inconstitucional introducida en el artículo 195 del Código Procesal nacional pretende frenar este rumbo. Estamos, consecuentemente, transitando una revolución procesal cuyos alcances no están delimitados aún.

m. Valoración En el capítulo primero examiné muy someramente los sistemas de control constitucional concentrado, existentes en las naciones europeo-continentales, y tal como anticipé entonces, voy a hacer aquí una reflexión valorativa _sob~e ambos. Tal vez sea necesario empezar diciendo -con rms d1sculpas por la obviedad- que ninguno de estos sistemas es perfecto Y ambos merecen sus críLicas 3 . Las diferencias entre uno y otro se ex:l Por citar sólo una menciono la del convencional Zaffaroni, esbozada en no de l a Convención 'constituyente de la Ciudad de Buenos Aires dedll99X61X. el Se · · · d d fi d l siglo XVIII y com1enzos e · Dijo allí: "Los poderes JUdiCiales, es 0 m es e. . d . d m odelos h~sta la Segunda Guerra Mundial han seguido practlcamente os gtan es

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pli.can por sus antecedentes históricos y cultural~s. El s\ste:a 'udicial se originó en un pueblo que no ha temdo que uc. ar J , . político una vez que éste fue establecido. contra su reg¡men . . · En todo caso ha tenido que afianzarlo, pero sm mterrupclOnes. Los europeo~, por el contrario, hasta la paz de la postguer:~ en 1945, se debatieron permanentemente en esa lucha p la Constitución", interrumpida muchas veces, Y por ello han preferido un control con fundamento, expreso en ~1 texto de la Constitución y concentrado en un organo espec1al. Además, la tradición anglosajona confía más en los jueces que la eu-

-quü- nacieron - ~1

~'

de las dos grandes revoluciones de fines del siglo xvm: la nort~americana y la francesa. Se trata de modelos que nacen de revoluciOnes dl9· tintas; muy diferentes. Los norteamericanos se limitaron a sacar a los mgleset y necesitaron ordenar sus estados federados sobre la base de una ley suprema cuya custodia tenían que asignársela a algwen. Es decU' que neces•taron JUeces que controlaran a sus legisladores . Francia, por el contrano, hizo un~ revolución contra un poder absoluto y particularmente contra tnbunales arbitrarios, que cobraban por sus servicios y se disputaban los clientes. Por lo tanto, Francia tuvo por resultado un sistema en el que los legisladores controlaban a los jueces. Los jueces y la Corte Suprema norteamericana controlando legisladores; los legisladores franceses controlando jueces a través de su Tribunal de Casación. Los dos modelo fueron, entonces, el norteamericano con un sistema de designaciónp olítica, y el francés -que se extiende luego por toda Europacon un sistema de designación burocrática. Y los resultados de uno y de otro no fueron buenos. "Parece casi un sacrilegio decir que el resultado del sistema judicial norteamericano no ha sido bueno porque es bastante común que todo el mundo hable de él con admiración. Pero realmente no lo ha sido. Thvo muchos aspectos p<>sitivos y tiene el innegable mérito de haber sido el primero en consagrar el control de constitucionalidad, pero no nos podemos olvid ar que es una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos la que precipita la Guerra de Secesión; y que fue esa misma Corte Suprema la que durante muchos años legitimó el 'appartheid', el 'iguales pero separados'., No nos podemos olvidar de Sacco y Vanzetti; no nos podemos olvidar de que recién hacia 1957 la Corte Suprema norteamericana declaró la inconstitucionalidad de la ley de Virginia que prohibía los matrimonios mixtos entre negros y blancos. No podemos olvidar que esa Corte Suprema declaró la inconstitucionaüdad de ca i todas las leyes antitrust y que favoreció la cen· tralización política y económica de los Estados Unidos en detrimento del principio federal. No podemos olvidar que esa Corte declaró la inconstitucionalidad de las leyes de Roosevelt que trataban de superar la crisis de 1929 y de poner en marcha el 'New Deal'. Tampoco podemos olvidar que esa Corte Suprema encabeza un sistema judicial que en este momento está dando por resultado un sistema penal con más de un millón y medio de pre os, y que legitima sentencias de muerte a niños . Esto respecto del sistema norteamericano. "Con respecto al sistema europeo, debo decir que no le fue mejor. Esa bu· rocracia piramidal y napoleónica que se formó y se copió por toda Europa Y no

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ropeo-continental, y por ello no ha existido objeción en entregarles el control de constitucionalidad de la misma manera en que les fue confiada la revisión de las decisiones de la Administración. Por el contrario, en los países de Europa continental estas competencias no han sido por lo general atribuidas a los jueces ordinarios, sino que se han creado jurisdicciones especiales para ello. Asimismo pueden señalarse ventajas e inconvenientes recíprocos. El sistema concentrado aventaja al difuso , en cuanto genera reglas más claras de juego. La inconstitucionalidad ~uede decretarla un so~o órgano y una vez tomada una decisión, esta no puede ser modificada por los jueces. El sistema difuso por el contrario, permite la dispersión de opiniones, aunqu~ tenía poder político de control de constitucionalidad -y 51· lo teru' n t ó · t no J0 • 1 , . "• e ncamen ·e eJerc¡a en a practica- se convirtió en algo similar a una carrera militar e~ ~onde se entraba por la base y cuanto más se domesticaba al candidato m á~ ~~p~dbaamae~ec ~scendía hasta ~ue, ya totalmente domesticado , viejo Y medio tonto, g USpide Y no hacm más que reproducir lo mismo dentro de un sisten•u de autorreprod uccJón s1n fin . Como resultado de esto fue ese si•tema burocrático el que se puso al servicio de Hitler en Alemania, de Mu ssoli ni en Italia, del gobierno de V1chy en Francia, de Oliveira Salazar en Portugal y de Franco en España. "Así llegarnos al final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a la vista de los inconvenientes de los dos sistemas puros que habían existido hasta entonces, se ensaya en Europa un tercer sistema. Quiero decir, señora presidenta, que estoy obviando los ensayos latinoamericanos de juntar los vicios de los dos sistemas, que pululan por el continente. ~: 1 ensayo europeo trató de juntar las virtude~ de ambos , a través de dos instituciones: los tribuna les constitucionales, con capacidad de declarar la inconstitucionalidad erga omnes de las leyes, que se habfan iniciado en la entreguerra con un desgraciado fin porque habían compartido el des tino de las experiencias politicas en que se insertaron , es decir las de Austria, la República Checoslovaca y la República Española, pero que resucitan en la posguerra. Resucita en Austria el tribunal constitucional del 'Oktobervcrfassung' de 1921 debido a la inspiración de Kelscn, y los tribunales de Alemania, de ltalia, y más recientemente de España, de Portugal y de Grecia. Son tribunales que monopolizan la justicia que decide conflictos de poder, y que se separa n nítidamente de la justicia técnica y del servicio de justicia cotidiano que se pone en manos de un consejo de la magistratura, es decir, de un organismo de gobierno plural. Este cuerpo aparece primero en Francia en la Constitución de 1946 -aunqu e allí languidece y finalmente desapar ece en 1958 con la Quinta República-, alca nza su mayor desarrollo en Italia con el Consejo de la Magistratura italiano, y realmente inspira el Consejo de la Magistr~t~a ~ue adoptan:'os en este proyecto. En esta iniciativa mantenemos la sólida d1stmcton entre eltn?~nal que se encarga de los conflictos de poder del Estado.' de. los .part1dos políbcos, de la justicia electoral y de la declaraL-ión de inc~n~tJtuclOnahda?,, por un lado, y el que se encarga de la justicia técnica de serv1cto, por el otro ·

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la cuestión, por lo general, será dirimida por la Corte Suprema en forma fmal. . Si tuviera que elegir una clara ventaja del control dif~­ so sobre el concentrado, cuando éste actúa en abstracto, diría que permite un mayor acercamiento del juez con la realidad a la cual la norma está dirigida. De hecho, como hemos visto, también los sistemas concentrados tienden a este control. Desde este punto de vista -y como propio del espíritu anglosajón- destaco entonces los beneficios de un control que no juzga a la norma en abstracto, sino en la medida de su aplicación a un caso. Finalmente, para eso existe el ordenamiento jurídico. Ello permite además la subsistencia de la norma que sigue vigente y puede ser aplicada en otros casos. Como contrapartida de esta ventaja, tenemos que cuando una ley es manifiestamente inconstitucional, se sigue aplicando hasta su derogación o bien hasta que se produce una decisión judicial que - de hecho o de derecho- tenga efectos erga omnes. Mirado desde el punto de vista institucional, el sistema judicial difus? también facilita y fortalece la separación de poder~s. Es evidente que la función judicial despojada de la capacidad . ~e c?ntrolar la constitucionalidad de las leyes sufre ~a capttls dtmmutLO. Un juez sólo tiene plenitud en sus funciones cuando .al resolver un caso puede decidir si aplica no el ordenannento jurídico vigente. Ello le da ante los res-0 tantes poderes ~~a presencia muy diferente, ya que ejerce el control de la actiVIdad que realizan. Dicho de otra forma, el sistem~ . de 7hecks and balances sólo se logra cuándo el Poder Judicial tiene el poder de decidir si una ley o n 1 son constitucionales o si no lo s u reg amento on. rv. Una última reflexión

Mi última reflexión es que sie d . ejecutores del sistema de cont~ lo los J~ec~s los creadores mdicado intentar legislado e . 1o constituciOnal, no parece como aquella en la que , spec¡a mente en una faz evolutiva hasta el presente ha 'dnos enlcontramos. Desde su creación SI o regu ado p - · . nada parece indicar la necesidad d or VI?" JUnsprudencial y z?nes . de orden práctico aconse. an e ca~blr este rumbo. Raglslativa. Hemos visto h t ~ l adema~, esta abstención leas a e cansancw que la Corte Su-

~ lo.s

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prema tiene facultades suficientes para imponer las reglas de juego y no parece estar dispuesta a someterse a otras que no sean las dictadas por ella misma. Pudo crear el amparo, hacerlo victorioso y al mismo tiempo provocar su caída. Pudo sacar del ostracismo la acción declarativa y emplearla para enrostrarle a toda la convención constituyente sus excesos al introducir en el texto de la Constitución el art. 99, inc. 4º, tercer párrafo. En todo caso , si el Congreso o el Presidente quieren influir en el sistema de control constitucional, antes que hacer un ejercicio legislativo deben poner atención en los candidatos que eligen para integrar la Corte Suprema y someterlos a un previo y severo escrutinio. Con ello influirán mucho más en el control constitucional que si le ponen cercos normativos.

BIBLIOGRAFÍA

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ÍNDICE DE _FALLOS, ACORDADAS Y DICTAMENES CITADOS El núm ero romano corresponde al tomo, los númoros qu e están en negra indican las página• y los que están entre paréntesis hacen referencia a las notas .

A) l.

R epública A rgentina

Corte Suprema de Ju sticia de la. Nación

a) Fallos

Abad, Manu el Eduardo, Fallos, 315 :632 (199:.:!): 11-479 (990). Ábalos c/Pcia. de Mcndoza, Fallos, 255:262 (1963): 1-273 (17). Ahd ala, Emilio A. , Fallos , 306:1537 , 1539 (1984): l-354 (405). Abramovich c/Universidad de Buenos Aires, Fallos , 303:1880 (1981): TI-243 (455). Abruza c/Nación Argentina, Fallos, :106:1047 (1984): I-455 (826). Abud c/Buenos Aires, Fallos, 314:1186 (1991): I-404 (591-592), I-405 (593594). Acevcdo, Eliseo, Fallos, 28:406 (1885): I-137 (335). Acindar S.A. c/Administración Nacional de Aduanas, Fallos, 311:651 (1988): Il-344 (254). Acosta, Claudia B., Fallo.~, 321:3555 (1998): TI-478 (979). Acosta c/Crysf S.A., Fallos, 298:147 (1977): I-322 (262). Acuña c/Soc. Col. Arrigo Hnos., Fallos, 291 :354 (1975): I-453 (808). Acuña Hnos. S .R.L. c/Nación Argentina, Fallos , 286:166 (1973): II-303 (66). Adamini c/Poder Ejecutivo Nacional, Fallos, 323:2409 (2000): I-271 (il), 1-273 (14), II-163 (65). Adclphia S.A.I.C. , Fallos , 288:287 (1974): II-340 (232). Administración de Impuestos Internos c/Malmonge Nebreda, Fallo.s, 169:309 (1933): I-243 (332), II-412 (558). Administración General de Obras Sanitarias de la Nación c/Santiago del Estero, Fallos, 224:267 (1952): I-126 (307 ).

532

C O.OTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Administración Nacional de Aduanas, Fallos , :n6:2063 (1993): 11-339 (225). Agente Ma rítimo del Buque Tahama c/Capitán y/o Armad ores del Buque Islas Malvinas, FaUos, 275:1 (1969): II-342·343 (248). A.G.U.E.E.R.A. c/Pcia. de Buenos Aires, Fallos, 320:690 (1997): I-405 (600), I-408 (618 ), 1-411 (634 • l -412 (639), 1-415 (647), II-57 (214), ll-73 (271). Agüero Olmos, Roberto M.. Fallos. 306:512 (1984): I-453 (810), I-456 (829). Agujlar Becerra, Crescencio. Fallos. 306:949 (1984): 1-452 (798). AguiJar, Jorge Miguel, Fallas.. 313:1497 (1990): 1-312 (212). Alba c/Balpala Constru Ferroviarias S.A., Fallos, 310:746, 748 (1987): 1-355 (407). Alba c/Chcvy, Fallos , 295-(19 6): 1-354 (405). Albatros Caraván S.A. ~ Fallos, 312:759 (1989): Il-341 (238). Alberti, Haydée María Carmen, Fallos , 260 :153 (1964): 1-272 (10) I-310 (201-202). ' Alejandro Bianchi y Cia. · a ción Argentina, Fallos, 248:398 (1960): 1-328 (302-303). Alem, Leandro N ., Fallos, 54:481 (1893): II-170 (108-109), II-386 (417). Alemann y Cía . S.A., Fallo., 293:50 (1975): II-421 (631), II-422 (633). Alessandro c/Caja de ub · · Familiares para el P ersona l de la Industria, Fallos, 302:683 ( 1 ): ll-243 (455). Alimento de los And SA o'Ba.nco de la Pcia. del Neuquén, Fallos, 323:2418, 2445 (2000): 1-457 (842). Allende c/Brown Security Service, Fallos , 308:568 (1986): 1-450 (789). Almagro c/Nación Argentina, Fallos , 304:191 (1982): I-456 (829). Almeyra, Guillermo. Fallos, 249:522 (1961): II-171 (118). Alonso, Jorge F., Fallos, 31 :550 (1995): I-312 (211 ). Alonso, Jorge, Fallos, 317:1690 (1994): l -192 (132), Il-332 (208). Alta mura de Mascotra clfiendas israelitas Argentinas , Fallo_., 307:578 (1985): 1-455 (826), 1-456 (828). Álvarez, Carlos, Fallos, 319:585 (1996): Il-478 (976). Alvear, Marcelo T. de, Fallos , 167:314 (1933): I-243 (339), II-300 (49). Amaya Gómez, Pedro, Fallos , 238:58 (1957): II- 188 (185). Amiel, J o eph, Fallos 303:389 (1981): II-163 (59). Amoza de Fern ández cJCarnicerías Estancias Galli S.R.L., Fallos , 254:51, 55 (1962 ): U -245 (466). Antón, Nicolá FaUos, 302:1579 (1980): ll-424 (646 a 649). Antonio, J orge, FaUos, 236:657 (1956): II-170 (112) . Antonio, Jorge, Fallos, 248:189 (1960): l-357 (419), ll-322 (164-165), 11-323 (166-167), ll-324 (169-170). Antorcha Cía . Argentina de Seguros cJAerolíneas Argentinas, Fallos, 315:46 (1992): 1-312 (214}. Aparicio c/Pcia . de Salta, Fallos , 135:113 (1921): II- 162 (50) . Apoderados y E lectores de la Alianza F rente de la E speranza, Fallos , 316:972 (1993): Il-466 (89S-900). Aquino. Me rcedes, Fa.Uos, 315:2421 (1992): Il-210 , 211 (292), ll-467 (909-910).

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

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F ll 316·2063 (1993)· ll-339 (225). Administración Nacional de Aduanas, a os: • . d . d 1 Buque A ente MariLimo del Buque Tahama c/Cap1tán y/o Arma ores e g Islas Malvinas, Fallos, 275:18 (1969): ll-342-343 (248). AGuE ERA c/Pcia. de Buenos Aires, Fallos , 320:690 (1997): I-405 (600), l-411 (634), I-412 (639), 1-415 (647), ll-57 (214), II-73 (271). . . 1:408. Agüero Olmos, Roberto M., Fallos , 306:512 (1984): l-453 (810), l-456 (829). Aguilar Becerra , Crescencio, Fallos , 306:949 (1984): l-452 (798). AguiJar, J orge Miguel, Fallos, 313:1497 (1990): I-312 (212). Alba c/Balpala Construcciones Ferroviarias S.A., Fallos, 310:746, 748 (1987): l-355 (407). Alba c/Chevy, Fallos , 295:597 (1976): l -354 (405). Albatros Caraván S.A. c/Dager, Fallos, 312:759 (1989): II-341 (238). Alberti, Haydéc Maria del Carmen, Fallos, 260:15:~ (1964): I-272 (10), T-310 (20 1-202). Alejandro Bianchi y Cía . S.A. c/Nación Argentina, Fallo8 , 248:::398 (1960): I-328 (302-303). Alero, Leandro N ., Fallo.~. 54:481 (189::3): 11-170 (108-109), II-386 (417). Alemann y Cía . S.A. , Fallos, 293 :50 (1975): Il-421 (631), Il-422 (633). Alessandro c/Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria, Fallos, 302:683 (1980): ll-243 (455). Alimento de los Andes S.A. c/Banco de la Pcia. del Neuquén, Fa.llus, 323:2418, 2445 (~000) : 1-457 (812). Allende c!Brown Sccurity Service, Fallo.~ . 308:56R (1986): I-450 (789). Almagro c/Nación Argentina, Fallos, 304:191 (1982): l-456 (829). Almeyra, Guillermo , Fallos, 249:522 (1961): Il-171 (118). Alonso, Jorge F., Fallos , 318:550 (1995): 1-312 (211). Alonso, Jorge, Fallos , 317:1690 (1994): I-192 (132), Il-332 (208). Alta mura de Mascotra c/Tiendas Israelitas Argentinas, Fallos, 307:578 (1985): 1-455 (826), 1-456 (828). Álvarez, Carlos, Fallos, 319:585 (1996): II-478 (976). Alvcar, Marcelo T. de, Fallos, 167:314 (1933): I-243 (339), II-300 (49). Amaya Gómez, Pedro, Fallos, 238:58 (1957): Il-188 (185). Arniel , Joseph, Fallos, 303:389 (1981): Il-163 (59). Amoza de Fernández c/Carnicerías Estancias Galli S.R.L. , Fallos, 254:51, 55 (1962): II-245 (466). Antón, Nicolás, Fallos, 302:1579 (1980): Il-424 (646 a 649). Antonio, Jorge, Fallos , 236:657 (1956): II-170 (112). Antonio, Jorge, Fallos, 248:189 (1960): I-357 (419), Il-322 (164-165), II-323 (166-167), Il-324 (169-170). Antorcha Cía. Argentina de Seguros c/Aerolíneas Argentinas, Fallos, 315:46 (1992): I-312 (214). Aparicio c/Pcia . de Salta, Fallos, 135:113 (1921): II-162 (50). Apoderados y Electores de la Alianza Frente de la Esperanza , Fallos, 316:972 (1993): Il-466 (899-900). Aquino, Mercedes, Fallos , 315:2421 (1992): II-210 , 211 (292), II-467 (909-910).

(6Hil,

ÍNDICE DE FALLOS , ACORDADAS Y DICT.tllE..'ffi

CITADOS

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Aramayo, Domingo R., Fallos , 306:72 (1984): l-237 (314), II-294 (25), II-460 (876). Arancibia Clavel, Enrique, Fallos, 302:973 (1980): II -415 (585). Aráoz c/Pcia. de Salta , Fallos , 304:390 (1982): II-303 (66). Araujo, IIoracio Domingo, Fallos , 30:.!:583 (1980): I-456 (829). Ardissone, José, Fallos , 255:216 (1963): II -37 (119). Arenzon c/Nación Argentina, Fallos , 306:400 (1984): I-421 (659). Argentino Land and Investment Co. c/Nación Argentina, Fallos , 267 :393 (1967): I-266 (443). Argüello c/Dirección Nacional de Migraciones, Fallos, 268 :393 (1967): II-426 (675). Arias c/Nación Argentina, Fallos, 302:104 (1977): II-413 (571). Arias, Pedro Ricardo, Fallos, 294:50 (1976): I-453 (810). Ariando de Zehnder c/Pcia. de Córdoba, Fallos , 305:823 (1983): II -303 (66). Arlandini, Enrique, Fallo.~ . 208 :184 (1947): 11-213 (301), II-412 (562). Arning, Brauss y Cía. c/Pcdro Hahn y Cía., Fallos, 69:387 (1897): I-458 (845). Arostegui c/Dirección Nacional de Recaudación Prevü~ional , Fallos , 314:1455 (1991): I-412 (638). Arzobispado de Buenos Aires c/Astoul, Fallos , 187:628 (1940): II -339 (225). Arzuaga c/Hern!ra, Fallos, 183:29 (1939): II-342 (243). Aserradero Clippcr S .R.L .. Fallos, 249:221 (1961): I-421 (659), Il-427 (684). Asociación Argentina de Anestesiología, Fallos, 307 :1257 (1985): I-455 (824). Asoc ia ción Benghalcnsis c/Ministerio de Salud y Acción Social Fallos ::123 :1339 (2000): II -74 (278). ' ' Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés c/Buenos Aires, Fallos, 310:977 (1987): I-403 (584). Asociación Constitucional y Libertad ArgenLina, Fallos , 195:439 (1943): II -170 (114). Asociación Cultural Barker c!Pcia . de Buenos Aires, Fallos , 316:1175 (199::l): I-312 (216). Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina c/Nación Argentina , Fallos , 322:1436, (1999): I-313 (2 19). Asociación de Viajantes de Comercio c/Brornberg y Cía. S .A., Fallos, 257:136 (1963): II -245 (467) . Asociación del Personal Civil de Santa Fe, Fallos , 291:146 (1975): I-452 (804), I-453 (!l08) . Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argen~inos c/Nación Argentina, Fallos, 293:459 (1975): ll-342, 343 (248). Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) c/Poder Ejecutivo Nacional, Fallos , 323:3085 (2000): I-251 (390). Asociación Trabajadores del Estado c/P.E.N., Fallos, 320:2603 (1997): I-312 (217). Astilleros Conumar S .R.L ., Fallos, 312:1872 (1989): I-453 (810). Astilleros Tarrab S .A. c/Minozzi, Fallos, 307:973 (1985): II-31 0 (114) .• A.T.E. San Juan , Fallos 317:874 (1994): ll-189 (196), II-467 (911-9 12).

534

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Athuel Electrónica S.A. c/Pcia. de Tierra del Fuego, Fallos, 320:1875 (1997): I-412 (642). Attias, Alberto , Fallos , 223:206 (1952): Il-414 (575-576). Allias, Albei'Lo . Fallos , 229:335 (1952): I-245 (354). Audano, Héctor, Fallos , 235 :355 (1956): Il-176 (144). Ávalos c/Nación Argentina, Fallos , 304:805 (1982): II-243 (455). Avegno c/Pcia. de Buenos Aires, 14:425 (1874): I-73 (130), I-215 (224 a 226}, I-216 (239), Il-371 (::\44). Avellaneda Huergo, Alfredo, Fallos, 172:344 (1935): Il-412 (559). Avico c/de la Pesa, Fallos, 172:21 (1934): I-244 (347), I-326 (275), 1-427 (685), II-281 (640), II-282 (650), II-416 (596). Azar, Juan Roberto, Fallos, 299:428 (1977): II-284 (654). Azcona y Cía. c/D .G.I., Fallos, 304 :1109 (1982): I-455 (824). Azucarera Concepción c!Tucumán, Fallos, 143 :131 (1925): II-200 (243). Baeza c/Nación Argentina, Fallos, 306:1125 (1984): l -400 (570). Balbi, Ángel Antonio, Fallos, 314:110 (1991): I-452 (R03), I-454 (l:ll2). Balbuena, César, Fallos , 303:1769 (1981): I-360 (431-432). Baldini, Gabriela Javiera, Fallos, 295:455 (1976): Il-303 (66). I3aldomero Martínez c/Otero, Fallos, 2:127 (1865): 1-242 (331), II-291 (12), II-371 (339). Bolcstra, Ricardo R. , Fallos , 311:565 (1988): II-342, 343 (241:l). Balmaceda c/Donadello Hnos., Fallos, 297 :521 (1977): I-451 (795). Balpala Construcciones S .A. c/D.N.V. , Fallos, 312:2373 (1989): II-461 (883}. Balza c/Estado Nacional y COMFER, Fallos, 313:701 (1990): 1-312 (209). Bailante , María Nilda, Fallos , 311:103 (1988): Il-340 (234). Banco Buenos Aires Building Society, Fallos, 321:993, 1003 (199H): I-331 (318). Banco Central de la República Argentina cllnternational Electric S.C .A., Fallos , 291:51\ (1975): I-453 (810). Banco de Galicia y Buenos Aires s/solicita intervención urgente en "Smith, Carlos A. c/PEN s/sumarísimo", LL, t . 2002-A, p. 770: II-471 (947-948), II-472 (949-950), II-473 (952). Banco de la Nación Argentina c/G ianelli, Fallos, 101 :70, 79 (1904): Il-348 (267). Banco de la Nación Argentina dMartínez, Fallos , 303:1621 (1981): I-458 (850). Banco de la Nación Argentina c/Mendoza, Fallos , 226:408 (1953): I-126 (306). Banco de la Pcia . de Buenos Aires, Fallos, 186:170 (1940): I-227 (268). Banco de la Pcia . del Chaco dBCRA, Fallos , 315:47(1992): II-344 (253). Banco de Londres y América del Sud, Fallos, 300:1156 (1978): l-458 (848). Banco de Mendoza c/Dirección General Impositiva, Fallos, 247 :325 (1960): I-344 (365). Banco de Río Negro y Neuquén SA. dBCRA, Fallos, 303:1776 (1981): 1-266 (443).

Banco Español del Río de la Plata dMunicipalidad de Tucumán, Fallos, 237 :221 (1957): II-218 (326).

lNDICE DE FALLOS, ACORDADAS y DICTÁMENES CITADOS

535

Banco Ítalo Argent' d S J (53). m o e an uan c/San Juan, Fallos, 188:105 (1940): II-162

Banc~1;1f.ular

de La Plata, Fallos , 264 :443 (1966): I-354 (401 -402), II-311

Banco Río do la Plata S.A. c/Pcia. de Buenos Aires Fallos 210·500 (1948)· II-304 (70). ' ' . ' . Baquero c/Editorial Abril S.A., Fallos , 302:702 (1980): I-454 (813). Baracat, Anton10 Luis, Fallos, 298:321 (1977): I-453 (809). Barbarella,S.A. , Fallos , 300:1087 (1978): I-271 (8), II-162 (55). Barbuto c/Ragucci, Fallos , 300:429 (1978): I-457 (838). Barc~ ~~)omisión Municipal de la Vivienda, Fallos , 317:1076 (1994): I-455

8

Barernblit de Lerner c!Univcrsidad de Buenos Airo~;, Fallos 291 :13::1 (1975)· I-315 (230). ' . Barraco Aguirre c/Universidad Nacional de Córdoba, Fallos , 302:1503 (1980): II-241 (445). Barros c/Univcrsidad Nacional de Córdoba, Fallos, 301 :151 (1979): II-426 (673) Basterrica y Capalbo, Fallos , 308:1392 (1986): II-309 (106), II-456 (840-841), II-473. Bastiano c!Talavcra, Fallos , 304:148 (1982): I-450 (7R7). Baudrix c/Gobierno de Buenos Aires, Fallos, 5:326 (1868): I-443 (772-773). Becco, Ángel, Fallos, 190:392 (1941): 1-268 (446). Bejarano, Silverio, Fallos , 12 :372 (1872): I-285 (74-75). Belozercovsky, Jacobo, Fallos , 292:202 (1975): II-339 (225 ). Bellman, Pedro J., Fallos, 256:359 (1963): Il-171 (118). Bemberg y Elorlondo de Bemberg, Fallos , 224:810 y 845 (1952): I -244 (349). Bemberg, Otto S., Fallos , 242:460 (1958): II-339 (225), II-342 (248). Benasayag c/Carrizo, Fallos , 307:1948 (1985): I-354 (406). Bcneduce c/Casa Auguste, Fallos, 251 :4 72 (1961): 1-266 (443), II-244 (464), II-245 (466). Bcr~aitz, Miguel Ángel y otros, Fallos , 315:1854 (1992): I-289 (97) . Bergés c/Gobierno Nacional, Fallos, 166:264 (1932): II-240 (437). Beristayn de Vedoya c/Buenos Aires, Fallos , 157:352 (1930): II-36 (109, 111). Berlari c/Omega Cooperativa de Seguros, Fallos , 317:1684 (1994): I-457 (832). Bernardello c/Dirección Nacional de Aduanas, Fallos, 287 :456 (1973): I-450 (787), I-451 (792). Berrueta, Domingo Antonio, Fallos, 301:205 (1979): I- 191 (128). Bcrtotto, J osé Guillermo, Fallos, 160:104 (1931): II-170 (114). Bessio c/Nación Argentina, Fallos, 298:47 (1977): Il-342, 343 (248) . B.H.N. c/C6rdoba, Fallos, 112:63 (1909): I-215 (228-229), I-392 (533-534). B .H.N. c/Herzinjak, Fallos , 250:431 (1961): II-325 (176). B.H .N. c/Pcia. de Córdoba, Fallos, 256:104 (1963): I-392 (533-534). B.H.N. c/Quiroga, Fallos , 189:292 (1941) : I-354 (403). Bidone c/Nación Argentina, Fallos, 316:1802 (1993): II-41 (135) .

536

CONTROL DE CONSTI'l'UCIONALIDAD

Bizet c/Banco Mercantil Argentino, Fallos , 323:400 (2000): I-452 (799) I-453

ffi100.

'

Bocaccio, Eduardo Manuel, Fallos , 305:1694 (1983): I-451 (792). Bodegas Y Viñedos Amadeo Marañón c/l.N.V., Fallo s, 297:381 (1977): I-239 (322), Il-295 (33), II-371 (336). Bodeg" s Y Viñedos Giol c/Instituto Nacional de ViLivinicu ltura, Fallos, 310:703 (1987): I-455 (824). Boidanich d Ansaldi , Fallos, 184:137 (1939): II-316 (14 1). Bonati, Jorge Andrés, Fallos , 310:182 (1987): I-451 (796). Bonelli dMunicipalidad de la Capital, Fallos , 95:290 (1902): I-285 (77). Bonevo , Ricardo , Fallos , 155:182 (1929): I-314 (224). Bonfante c/Junta Nacional de Carnes, Fallos, 288:325 (1974): I-272 (10). Bonis, Pedro Luis, Fallos, 312:1891 (1989): II-342, 343 (218). Borgward Argentina SA. , Fallos , 238:391 (1957): II-310 (115), TT-326 (184). Borio, Aldo, Fallo s, 291 :160 (1975): II-342, 343 (248). Boroquímica S.A., Fallos, 304:153 (1982): Il-343 (250). Botta c/Junta Electoral de la Unión Cívica Radical, Fallos, 310:670 (1987): I-311 (208). Bourdié dMunicipalidad de la Capital, Fallos. 145:307 (1925): I-243 (338), II-303 (65), II-373 (353). Bozzano c/Nación Argentina (Estado Mayor de la Armada), Fallo8, 318:1256 (1995): I-273 (14), II-277 (629), II -284 (654). Bramajo, Hernán J. , Fallos, 319:1840 (1996): 1-361 (439), II-478 (978). Brasesco, Aurelio, Fallos , 266:159, 161:62 (1966 ): II-242 (453). Braverman c/Bocazzi, Fallos, 282:15 (1972): I-327 (296). Bravo c!YPF, Fallos, 253:406 (1962): II-325 (175). Bravo, Mario, Fallos, 115:163 (1911): I-277 (37), I-286 (80). Bressani c/Pcia. de Mendoza, Fallos , 178:9 (1937): l -319 (248), II-425 (656). Brieba, Rodolfo J. , Fallos , 306:2070 (1984): I-239 (322), Il-295 (33), II-371 (336). Briñas c/Buenos Aires, Fallos , 130:157 (1919): 1-286 (83-84). Brizuela c/Cín. Swifl del Plata, Fallos , 296:432 (1976): I-227 (268) . Brizuela c/Panadería Costa Azul, Fallos , 295 :47 9 (1976): I-454 (813). Bruno Hnos. d A.N.A., Fallos , 315:923 (1992): l-272 (10-11). Bruno, Raúl O., Fallos, 311:460 (1988): I-259, (415), I-366 (461-462). Buchbinder dM.C.B.A. , Fallos, 303:466 (1981): I -454 (818). Budano c/Facultad de Arquitectura, Fallos , 310:1045 (1987): II-339 (225). Buenos Aires c/Cattaneo de Mornagh.i , Fallos , 293:253 (1975): I-452 (804). Buenos Aires c/Cía. Unión Telefónica del Río de la Plata, Fallos , 210:396 (19411): II-321 (160). Buenos Aires c/ENTel, Fallos, 304:1186 (1982): I-180 (ñ:t). Buenos Aires c!Lacour, Fallos , 200:180 (1944): 1-215, 216 (230-231). Buenos Aires c/Nación Argentina (Gendarmería Nacional), Fallos , 297:236 (1977): II-40 (129). Buenos Aires c/SEGBA, Fallos, 305:1847 (1983): I-180 (53). Buenos Aires c/Valbuena Medrana, Fallos, 187 :444 (1940): Il-41 (138).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

537

Buldoni c/Montenegro. Fallos , 303:1359 (1981): 1-454 (!H6). Buonocore c/Universidad Nacional de Rosario, Fallos , 288:44 (1974): II-241 (448). Burger King Corp. c/Facilven S .A., Fallos , 303:633: II-339 (225). Bustos c/Servicios Especiales San Antonio S .A. , Fallos , 319:147!:1 (1996): II208 (276). Caballero Vidal, Juan Carlos, Fallo.q, 315:761 (1992): II-189 (196). Cabezas, García y Cía . c!Tucumán , Fallos , 170:158 (1934): I-324 (270-271), II -31 (88-89). Cabral c/MCBA, Fallos , 311 :2701 (1988): II-342, 343 (248 ). Cabral, Victorino José , Fallos, 95:51 (1902): 1-285 (77) . Cabrera c/Canale S .A. , Fallos, 306:250 (1984): II-310 (116). Cabrera c/Ferrocarriles Argentinos, Fallos , !H4:184 (1991): 11-344 (256). Cacciatore, Osvaldo A. , Fallos , 311:59:3 (1988): II -325 (179). Cacciatore, Osvaldo A ., Fallos , 314:657 (1991): II -342, 343 (248). Caciro c/Dalle Nogare , Fallos , 316:1706 (1993): I-455 (820) . Cafassi , Emilio F. , Fal/tJs, 311:308 (1981'1): 11-457 (811\). CaféH La Virginia S .A., Fallos, 317 :1282 (1994): 1-124 (~97). Cafés La Virginia S .A. c/DGI , Fallos , 320:1166 (1997): 1-273 (14) , ll-161 (49). Cafés, Chocolates Águila y Productos Saint Hnos. c!MCBA, Fallos , 274 :471 (1969): 1-421 (659). . Caffarena c/Banco Argentino del Rosario de Santa Fe, Fallos , 10:427 (187 1). 1-136 (330-331), l-195 (146 -147), 1-323 (264), Il-160 (41), ll-161 (42), li-371 (:341 ). . . , (1976)· II -423 (643) . Cairo S.A. c/Nación ArgenEttnaj FdallosF 295~~:os c/F~rrocarril Central ArCaja de Jubilaciones de mp ea os erro gentino, Fallos , 188:9 (1940): 1-35~ (4!5~el Personal del Banco de la Caja de Jubil aciones , Subsl.dlOS y Pe~slO~ d Sala E s piell, Fallos, :)13 :1088 Provincia de Buenos Alres c/San ova e (1990): 1-457 (832 , 837). . B ' uimicos Odontólogos, FarmacéuCaja de Previsión Social de M éd¡cos, d lOQCórdoha , c!Mcdical S .R.L., Fallos, · · y Obstetras e ticos, Vetennan 05 326 (182 190). , · nal del E"'tedo y Servicios Pubhcos 247:601 (1960): 1-883 (517), 11 ., . . al de Previo; ión para el Perso 37 8 1 5 CaJa Fallos. 308:1775 II-297 (37), Il-371 (:3 ).

~~~-~::si,

(19 ~l~. ;~ 2~ ~~;~~-.

Calvete, Benjamín , Fallos: :~310 ~:llo:;. 306:1277 (1984): I-4~:4(~~:\1966): Calvosu rJArenera 1guazu • . ., ,c/Catamarca, Fallos, . Cámara de D iputados de Catamarca . 241:23 II-225 (357). . Criminal y Correcc1onal , Fallos , 1 . al de ApelaciOnes en o Cámara N ac10n (1958): 11 -294 (2~{· 294:83 (1976): II-803-804 (68)Ú-425 (88!'i). Camarott.a, Veder, Fa os, Fallos 310:203 (1987).

T;le~~e~~~.' :~~~S02:254 '<.\~~o~~~;-:l~sn~i~~\78).

Cam?ios Cammos, a 'k de Fallos, 294. . s Sofí a Gersol • Cammo.,

538

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Campaña Popular en Defensa de la Ley 1420, Fallos, 207:251 (1947): Il-425 (659). Campbel\ Olguín, Dougald, Fallos, 277:23 (1970): II-181 (161). Campillay elLa Razón, Fallos, 308:789 (1986): II-457 (850), II-480 (1005). CampaR, José Manuel, Fallos , 267:22 (1967): II-181 (161). Camps, Ramón, Fallos, 310:1162 (1987): 11-456 (839). Candolo, Eugenio Miguel, Fallos, 304:1397 (1982): l-455 (825). Cantos, José Marra, Fallos , 312:253 (1989): ll-189 (196). Cañete c/Comesi S.A .• Fallos, 306:396 (1984): l-451 (794). Capitán Cortes S.A.C.l.F.I., Fallos, 302:645 (1982): l-451 (792). Capan Bonell S.A . c/Papel Prensa S.A., Fallos, 311:681 (1988): II-344 (254). Caputo de Barbieri c/Institulo Nacional de Previsión Social de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, Fallos, 317:170 (1994): l-453 (810). Carabajal , Héctor Raúl, Fallos , 291:384 (1975): Il-225 (356) . Carbini c/ELMA S.A., Fallos, 322:1341 (1999): I-452 (799). Cárcano c/Gorchs, Fallos , 98:107 (1903): II-227 (::!62). Cardozo, Ángel Daniel, Fallos, 180:275 (1938): Il-342 (243). Carie Huergo c/Jaureguiberry, Fallos , 248:840 (1960): I-327 (286). Carlomagno c/Waldorf, Fallos, 307:888 (198fi): 1-457 (839). Carlozzi c!TorneRe Ballesteros, Fallos, 207 :72 (1947): l-467 (923), II-316 (143). Carman de Cantón c/Gobierno Nacional, Fallos, 175 :368 (1936): li-425 (658). Caro! , Remigio J. , Fallos , :-111:881 (1988): Il-189 (196). Carozzo c/Caja de Jubilaciones, Fallos, 181:34 (1938): II-341 (242). Carrl:lra c/Blacek, Fallos , 301:917 (1979): II-304 (72) Carvalho c/F'adcte S.A., Fallos, 317:756 (1994): 1-320 (251). Casuñas c/Caja Forense 1• Circunscripción de Santa Fe , Fallos, 279:350 (1971): Il-38 (122). Casares c/Sívori, Fallos, 11:257 (1872): T-323 (266) . Casbarien, Abraham, Fallos, 302:856 (1980): IT-246 (474). Case S.A. , Fallos , 306:7!!8 (1984): II-163 (60). Cáseres, Martín H. , Fallos, 320:1891 ( 1997): I-361 (440, 444). Cassino, Alberto, Fallos, 270:484 (1968): II-413 (fi68). Castellanos, Joaquín, Fallos, 136:147 (1922): ll-187 (181 a 183), Il-188 (184), Tl-193 , 194. Castro c/Prieto, Fallo s, 214:177 (1949): I-344 (361). Castro, Mirta Ester. Fallos, 302:1489 (1980): II-424 (651). Castro, Daniel Alberto, Fallo~ . 310:1593 (1987): I-453 (810) . Cattaneo c/Nación Argentina, Fallos, 261 :12 (1965): Il -214 (158). Caus;a artículo 10 de la ley ~3.049, Fallos , 323:2648 (2000): I-361 (443). Causa origint~riamt:nte instituida por el Consejo Supremo de las Fuerzas ~rmadas en cumplimiento del decreto 158/83 del Poder Ejecutivo Na. Clonal , Fallos, 309:1689 (1986): II-456 (838). Cavta Y Bonapelch, Fallos, 160:101 (1930): I-450 (785 ). C.A.V~I.i23~Juan Maurín Y Cía . S.R.L., Fallos, 277:147 (1970): II-420 (621 C.A.V.I.C. c/Maurín Navarro, Fallos, 298 :732 (1977): II-326 (189).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS y DICTÁMU.t:S CITADOS

539

Ccnta S.A. , Fallos, 296:459 (1976): U-423 (644). Central Neuquén S .A . c!Buenos Aires, Fallos, 318:30 (1995): I-406 (606 60R) Cerámica Pilar S.A. , Fallos , 312:255 (1989): I-452 (797). ' . Cerámi ca San Lorenzo, Fallos, 307:1094 (1985): l-360 (433. 434) I-361 (444) I-368. ' ' Cerdeira c/Oxhídrica Argentina S.A., Fallos, 276:257 (1970): II-339 (225). Cernadas c/Santa Fe, Fallos , 184:639 (19:~9): II-225 (353). Cesio c/La Gran Muñeca S.A.. Fallos , ~06:1679 (1984): II -342, 343 (248) . Chaco c/Senado de la Nación, Fallos , 321:3236 (199R): II-205 (265), II-206 (266, 268), II-467 (915 , 917) . Chaparr o, Ernesto Toribio, Fallos , 303: 135 (1981): l-453 (807). Charles Hn os ., Fallos , 46:36 (1891): II-386 (420) . Cha zarr eta, Clodomiro, Fallos, 303 :857 (1981): 11-344 (251). Chiaparrone c/Juez de Paz, Fallos , 149:122 (1927): I-276 (~6). Chi cago Bridge & Iron, Suc. Argentina, Fallos, 285: 322 (1973): 1-216 (2a5). Chocobar c/Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado, Fallos , 319:324 1 (1996): f-202 (170), I-320 (255), I-381 (5 11), Il-470 (932, 933), Il-483 (1018). Chrys ler Fevre Argentina S.A.l.C ., Fallos , 302:326 (1980): 1-450 (78 7), 1-451 (792). Chrysofos, Alejandro Nicolás , Fallos, 312:551 (1989): I-455 (823). Chubut c/González, Fallos, 298:383 (1977): II-39 (127). Chumbita , Severo, Fallos, 17:22 , 38 (1875): Il-371 (342). Cichero, Ariel, Fallos, 307:440 (1985): II-458 (860). Cía . de Seguros El Comercio de Córdoba c/Ins tituto de Previsión Social de la Pcia. de Córdoba, Fallos , 258:315 (1964): Il-303 (66). Cicza c/InstiLuto de Previsión Social , Fallos , 307:630 (1985): II-47 (160). Cinc Call ao, Fallos, 247:121 (1960): l-216 (234), 1-427 (687), Tl-281 (643), II-283 (652), ll-416 (599). Coa rfire S.A. , Fallos, 193:115 (1942): l -458 (847). Coca Cola S .A. , Fallos, 295:874 (1976): Il-423 (644). Cocchia c/Nación Argentina, Fallos, 316:2624 (1993): I-247 (376), I-271 (8), I-388 (524 ). Colavini, Aricl , Fallos, 300:254 (1978): II-309 (105), II-457 (842), II -473 (955), II-474 (956 a 959), II-475 !960). Colegio de E scribanos de la Capital Federa l, Fallos , 321:2086 (1998): ll-42 (143). Colegio de E scribanos, Fallos , 316:356 (1993): I-455 (819). Col egio de Martilleros y Corredores Públicos, Fallos , 306: 136 (1984): l -451 (792). Co legio San Lucas S.R.L. c/Nación Argentina y Buenos Aires, FallVIi, 3 11:421 (1988): I-40::1 (586). Colell a c/Fevre y Basset S.A, Fallos , 268:352 (1967): II-207 (274), II-208 (275 ). Colombo Murúa c/de Estrada, Fallos, 310:2342 (1987): 1-404 (590) . Columbres c/La Taberna de Landrú, Fallo s, 292:296 (1975): I-450 (786, 787).

540

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Comisión Liquidadora Decreto Ley 8124/57 c/Carrera, Fallos, 300:1029 (1978): I-310 (203). Comodoro Rivadavia TV c/Chubut, Fallos, 317:524 (1994): II-41 (132). Compañía Argentina de Comodoro Rivadavia Explotación de Petróleo S .A. c/Chubut, Fallo s , 294:163 (1976): I-398 (564). Compartía Argentina de Teléfonos c/Santiago del E s tero , Fallos, 259:157 (1~64) : I-327 (292). Compañía Azucarera Concepción c/Tucumán, Fallos, 14R:l31 (1925): Il-200 (243). Co mp añla Azucarera Tucumana S.A. c/Tucumán . Fallos , 141 :271 (1924): 11200 (241 , 242). Compañía General de Combustibles, Fallos, 316:1533 (199R): II-37 (115). Compañía Nobleza de Tabacos S .A., Fallos, 287:175 (1973): Il-421 (627, 628). Compañía Sansinena de Carnes Congeladas c/Muncipalidad de hi Capital, Fallos, 132:101: Il-46 (151). Compañía Swift de La Plata S.A., Fallos, 310:1856 (1987): Tl-344 (253). Compañia Swift de La Plata S.A. c/Tucumán, Fallos, 273:241 (1969): Il-305 (76), TT-344 (253). Comun idad Homosexual Argentina, Fallos, 314:1531 (1991): Il-475 (961 a 964), II-484 (l 024). Con arpesa S.A. c/Pcia. del Chubut, Fallos, 312:1003 (1989): 1-404 (589), 1-414 (646). Condomí c/Caja de Acumulación del 13anco de la Provincia de Buenos Aires, Fallos , 170:12 (1933): Il-37 (117, 118). Con sejo P rofesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensw·a tic la Pcia. de Río Negro, Fallos, 316:842 (1993): 1-272 (10). Console de Ulla c/Universidad de Buenos Aires, Fallos , 313:1483 (1990): 11213 (303). Consorcio Damnificados de Promobra c/H.H .N ., Fallos, 311:2034 (1988): 11344 (253). Consultores Asociados S.A. c/Municipalidad de Cipolletti, Fallos, 317:826 (1994): II-345 (259). Con sumidores Libres Coop . Ltda . de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria, Fallos , 321:1352 (1998): Il-65 (241), Il-73 (273) . Cooperativa de Trabajo Transportes Automotores de Cuyo (T.A.C .) Limit,.da c/l' cia. de Mendoza, Fallos, 321:2501 (1998): 1-406 (604 , 605). Cóppola, Ruhén, Fu.llos , 311:1843 (1988): l-331 (316) . Córdoba c!Mattaldi Simón Ltda . S.A., Fallos , 205 :614 (1~46) : 1-358 (426 a 428). Córdoba c!Propietario desconocido, Fallos , 292:416 (1975): I-453 (810) . Córdoba del Tucumán S.A., Fallos , 293 :85 (1975): II-421 (630). Cordón cNázquez, Fallos , 270 :74 (1968): I-273 (18). Cornes c/Massuh S .A., Fallos , 316:1967 (1993): II-335 (220). Coronel c/La Pampa, Fallos , 304:144;j (1982): II-243 (455). Corporación Argentina de Productores de Carne. Fal/ns , 292 :229 (1975)· II310 (114), Il-326 (183). '

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁ.111ENES CITADOS

541

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Ai res c/Sánchez, Fallos , 210 :1153 (1948): II-238 (427). Corporación In versora Los Pinos S.A. c/MCBA, Fallos , 293:617 (1975): 11-422 (637 , 638) . Costa c/Mun icipalidad, Fallos, 310:508 (1987): II-457 (848), II-479 (988). Costes ciFra do, Fallos , 187:79, 85 (1940): II-218 (325). Covaci, Wil tlem. Fallos , 323:4 77 (2000): I-276 (36). Crédito Automotor Argentino S.A., Fallos, 304:348 (1982): l-452 (801). Cubas ciRt!yes, Fallos , 175:262 (1936): II-42 (140). Cuenze , Vicente, Fallos , 308:723 (1986): II-343 (250). Cugliani c/Pci a. de Salta, Fallos , 311:810 (1988): I-404 (587). Cullen c/Lle rena , Fallos, 53:420 (1893): Il-154 (18, 19), II-155 , 156 (30, 31), II-157 (32 a 34), II-158, II-215, 216, II-251 (497), II-387 (43 2). Curcio, Horacio Francisco, Fallos, 311:1446 (1988): II-341 (235). Cutule, Rafae l Víctor, Fallos , 303:167 (1981): l -453 (810). D'Acosta, Miguel Ángel , Fallo~ , 310:85 (1987): II-458, 459 (861). Dachary c/Nación Argentina, Fnllos, 300:ñ09 (1978): II-243 (455). Dana Montaño, Salvador, Fallo~ , 235:337 (1956): II-241 (439). Dana Montaña, Salvador, Fallos , 239:13 (1957): II-241 (449). Daray, Carlos A. , Fallos, 317:1985 (1994): 11-477 (971) . David Hogg & Cía. S.A., Fallos , 242:353 (1958): 11-244 (461, 462). Decl aración de inconstitucionalidad del decreto 2071 del P. E . N .-S us p en~ i ón de Acordadas 32 y 38/91 de la CSJN, Fallos , 314:948 (1991): l -291 ( 110 a 112). De Coulon, Carlos Santiago, Fallos , 301:1226 (1979 ): ll -188 (1~~~-. . . De la Fuente c/Hanco de la Ciudad de Buenos A1res, Fallos, 313.62 (1990). I-458 (844). De la Fuente, Ramón , Fallos , 177 :169 (1937): 11-241 (438). De la Ri estra Guillermo A. M., Fallos , 261:278 (1965): 1-327 (293). De la Torre, Úno, Fallos , 19:231 (1877): I-118 (271), l-173 (12 a 14), Il-371 (347) . 81)· Il 415 (587) (229) . . De la De Llano · · · ·· 6 . 723 ( 1 976): II-4'7 (154). De Martín c/B .H .N ., Fallos; 2~ . 7 (1978)· II -325 (177), Il-326 (187 ). De Pablo, Hilario, Fallos , 300.41 . Í-308 (192 a 194). De Vedia, Agustín, F a llos , 5:~.16 Ji;8~8).E"ccutivo Nacional, Fallos, 321:1187 Defensor del Pueblo de l a Nacwn o er J (1998): ll-66 (248 y 249_). ciP d EJ·ecutivo Nacional , Fallos, 323:2519 bl de h1 Nac1ón · 0 er Defensor del Pue 0 323·4098 . cJPEN (Decreto 1517/98), Fallos, . (2000): II -68 (260). 1 Pueblo de la Naclón ·2605 (1997): 11-64 (240), ll-66 Defensor d)~ ll-69 (263), ll-70 (266). (2000 . blo de la Nación, Fallos, 320. Defensor del Pue (244). 2·73 85 (1958): l -216 (132). Degó, F élix Antonio, Fallos , 24 . '

Torr~~a~~lo, :~::~:: ~~~;~~; g~63):. I-~15

542

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Deiver, Salomón, Fallos, 208:125 (1947): II-228 (373, 374). Del Río de Najle, Zulema E., Fallos , 286:290 (1973): 1-450 (787, 791). Del Val, Ricardo (Gobernador de Santa Cruz), Fallos, 313:584 (1990): I-312 (210). Delbene Hnos. S.A. y Sabia Ltda., Fallos, 247:52 (1960): 1-266 (443). Delfino y Cía. , Fallos, 148:430 (1927): II-386 (421). Delia Blanca cllndustrias Metalúrgicas Pescarmona, Fallos. 321:3123 (1998): l-442 (764, 766 a 768). Dell'Oglio c/B.H.N ., Fallos, 322:523 (1999): II-36 (114). Dentone c/Nación Argentina (Estado Mayor General del Ejército), Fallos, 318:1237 (1995): 1-273 (16). Dettori c/Santa Lucía Cristal S.A. , Fallos , 290:239 (1974): l-453 (810). D.G.!. c/Lucila l Habel Bombal S.A., Fallo s. 310:1597 (1987): 1-455 (824). D.G.!. c!Pnulista S.A., Fallo~;, 306:1283 (1984): TI-34 (lOfí, 106). D.G.!. c/Sú nchez Granel, Fallos , 308:1230: Il-342, 343 (24tl). Di Mascio, Juan Roque, Fallos , 311:2478 (1988): ll -346 (263). Di Salvo, Octavio, Fallos , 311:::!34 (1988): 11-457 (tl44). Di Tullio, Nilda, Fallos, 319:3071 (1996): I-457 (835). Diario,; Norte y Voz Pero nista, Fallos , 244:59 (1959): II- t 71 (lltl). Díaz de Bruni c/Bruni, Fallos , 294:357 (1976): Il-342, 343 (248). Día~ García, Jorge, Fallos, 259:11 (1964): I-238 (318), 11-295 (29). Diciani, Rodolfo Anunciado, Fallos, 303:347 (1981): 1-456 (829). Didakta S.A., Fallos, 304:1602 (1982): II-423 (ti45). Diessler, Alberto, Fallos, 303:308 (1981): II-415 (588). Diorio c/Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Pcia. de Buenos Aires, Fallos, 307:582 (1985): 11-303 (66). Dirección Nac. de Recaudación Previsional elLa Flor S.A., Fallos, 300:564 (1978): II-305 (77). Dirección Nacional de Recaudación Previsional elLa Cantábrica S.A., Fallos, 307:1656 (1985): l-272 (10), I -274 (24). Dirección Nacional de Vialidad c/Badaracco y Bottaro, Fallos, 183:88 (19::!9): Il-237 (425). Dirección Nacional de Vialidad c/Echamendi y Cattaneo, Fallos, 290:362 (1974): II-422 (639). Distribuidora Química S.A. c/Subsecretaría de Pu ertos y Vías Navegables, Fallos , 321:221 (1998): 1-275 (30), Il-40 (130, 131). Dixon Sudamericana S.A. , Fallos, 304:154 (1982): I-453 (tl10). Doncel de Cook c/San Juan, Fallos , 155:290 (1929): II-386 (422). D.O .T.A. de Transporte Automotor, Fallos, 296:222 (1976): 1-457 (832). Dovek c/Dinie y Cifen, Fallos , 294:373 (1976): l-452 (804). Dow Química Argentina S.A., Fallos , 293:242 (1975): l -456 (831). Dratman , Alfredo , Fallos , 196:584 (1943): II-170 (114). Droguería Aries S.A. c/Pcia. de Santa Fe, Fallos , 322:678 (1999): l-290 (103), I-408 (6 19), 1-409 (620). Dromi, José Roberto, Fallos , 313:630 (1990): l-422 (722).

Í.iDJCE DE FALIJOS, ACORDADAS Y DIC'I'ÁMENRS CITADOS

543

Dromi, José Roberto, Fallos. 313:86:3 (1990): I-192 (131), I-247 (::173) li-~5 (::325-326), II-136 (574 a 576), II -310 (110), II-327 (195), II-331 ' (206), Il-332 (207), II-333 (215), 11-483 (1019, 1020). Dufourq, Félix E., Fallos , 306:174 (1984): I-237 (314), II-294 (25), II-460 (877). Edclmun, Bernardo, Fallos, 246 :205 (1960): II-171 (118). Edesur S.A. c!Buenos Aires, Fallos , 321:551 (1998): I-408 (615 u 617). Edificio Tagle 2818 S.C.A. c!MCBA, Fallos , 301 :596 (1979): II-191 (198). Edilora Popular Ameri~ana (Diario El Mundo) c/Gobierno Nacional, Fallns , 289:177 (1974): I-327 (297), T-421 (659). Egües c/Pcia. de Buenos Aires, Fallos , 321:562 (1998): I-208 (205). E.H.l. , 322:1349 (1999): 1-271 (8). Eisenschlas c/Entel, Fallos , 301:807 (1979): II-243 (455). Ekmckdjian c/NeustadL, Fallos , 311:2497 (1988): II-457 (851), II -478 (892). Ekmekdjian c/Sofovich, Fallos, 315:1492 (1992): I-124 (294), II-134 (567), II -300, 301 (56), II-335 (220), II-478 (981), Il-484 (1023). El Hogar· Obrero c/Garcia, Fallos, 262:101 (1965): I-357 (414), I-452 (799), II-311 (123). El Hogar Obrero Cooperativa de Consumo, Edificio y Crédito Ltda., Fallos , 319:640 (1996): I-452 (799). El Libertador S.A. c!Buenos Aires, Fallos, 321 :2517 (1998): I-406 (603). El Mundo Cíu. de Seguros, Fallos , 254 :337 (1962): I-443 (771). El Tambolur c/Fisco Nacional, Fallos , 316:1930 (1993): II-345 (258). Ele~tores y Apoderados de los PartidoR .JuRticialista, Unión Cívica Radical y Democracia Cristiana, Fallos , 314:1915 (1991): II -221 (341), 11-236 (423), II-466 (898). Elinstall S.A.I.C. Fallos, 307 :1582 (1985): II-36 (112). Emisiones Platenses S.A. , Fallos, 320 :1191 (1997): II-480 (1006) , II-481 (1007). Emprel:>a dll TransporLlll:> Obispo San AlberLo S.A., Fallos , 288:224 (1974): II -303 (66). Empresa Mate Larangeira Mendes S .A., Fallos , 269:39::3 (1967): I-421 (flfi9), H-418 (609 a 611), II-419 (612 y 613). Empresa Plaza de Toro:;, Fallos, 7:150, 152 (~8~9):Il - 371 (340), II-38 4 <4 Empresas Eléctrica~'< de Bahía Blanca c/Muntc!pahdad de Bahía Blanca, a llos 212 ·105 (1948): II-219 (331). E cinas 'c/BaÚester Fallos, 321:2294 (1998): I-361 (441, 444) . n ' ' o· 985 (1997)· II-36 (113). Entre Ríos c/Encotesa. Fallos, 32 : 1 F ll 3Z3·1825 1837 (2000): II -245 EnLre Ríos c/Secretaría de Energ¡a, a os , . •

<;>:

(468, 469). . F ll 308 .214 7 (1986): 1-288 (95) . Equipos Hidráulicos S.R.L. s/qwebr~, ;3~~Í61 cl922): I-427 (682), II-281 Ercolano c/Lanteri de Renshaw, Falos, ') Ír -385 (411). (6 ,~9) Il-282 (648, 649), II-379 (376F, ll 262·211> (1965) : II-342 (248). ' ' · SR · ' (1987): I-403 ("85) Establecimientos Lovagho . .L . c/Salta allosos ,310:2812 o . ' Esta d o N ac1·onal c/Santiago del Estero, a

F

544

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Estado Nacional c/Sociedad Conferencia de Señoras de San Vicente de P aul. Fallo s, 241 :162 (1958): Il-41, 42 (138). Esteban c/Metal Mad era S.R.L., Fallos , 302:1149 (1980): l -272 (10). Estrada, Ubaldo, Fallos , 186:344 (1940): Il-243 (457). Expreso Singer S.A. c/M.C.B.A., Fallos , 310:1602 (1987): l-456 (827). Expreso Territorial Sud c!M.C .B .A., Fallos, 289:521 (1974): 1-454 (813). Faag c/A.N.A., Fallos , 307:294 (1985): I -330 (309). F á brica Argentina de Calderas S.R .L. c/Santa Fe, Fallos , 308:2569 (1986): l-401 (575, 576). Fábrica de Agua Lavandina Balcarce, Fallo.q, 212:456 (194R): I-266 (443). Famyl S.A. c!Estado Nacional, Fallos, 323 :2256 (2000): 1-30 (3), 1-271 (5). I-320 (257), II-33 (100, 102), II-69 (264), Il-208 (277 a 279). Fasola Castaño, Francisco, Fallos , 175 :1 66 (1936): Il-243 (45 6). Favicr Dubois (h .), Eduardo M ., Fallos , 319:1699 (1996): l-452 (802). Fayt c/Nación Argentina , Fallos, 322:161fi (1999): T-365 (456), I-372 (469. 471), l -381 , l -390, l-409, 4 10 (627), II-198 (235), II-285. F.C. Buenos AireR al Pacífico elLa Inmobiliaria, Fallos, 82:281 (1R99): TT -23T (425). Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Pllpel, Cartón, Quimicos y Afines c/Flaihan S.A., Fallos, 244 :309 (1959): I-216 (233). Federación Empleados !le Comercio c/Cía. Asociada de Metales y Mineral Asometa S.R.L ., Fallos, 254:162 (1962): II -3 3 (103). F ederación Empleados de Comercio c/Méndez, Fallos , 255 :129 (1963): II-33, 34 (104). Federación Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines c/Bodegas y Vil'ledos Ariw S.A., Fallos, 250:544 (1961): II -2 44 (464). FelicetLi , Roberto , Fallos, 323:4130 (2000): II-478 (980). Feli_ciani c!Banco de la Nación Argentina, Fallos , 284:218 (1972): II-46 (15::1). Fer1as Bonansea S .R.L. c!Gigena, Fallos , 311:1632 (1988): I-459 (851). Fernández , Carlos María, Fallos , 267:97 (1967): II -32 (91). fo'c ,·"~nde~ , Ju.'·ge N. , Fallos, ::l10:492 (1H87): II-45 8 (858). Fernandez Anas c/Poggio, Fallos , 247:646 (1960): I -266 (443) II -425 (66 ) 5 Fern ándcz c/Barreca Hnos ., Fallos, 291:268 (1975): II-422 (6a9) · Fernández c/Empres F ·¡ Ar · · ( 455 ). a errocarr¡ es gent1nos, Fallos , 302:192 (1980): II-243

FFcrn~dez

de Palacios, Rita, Fallos, 278:287 (1970): II-ao ( ) 4 69 · ernandez Gur tt" G z~e 1, . ermán, Fallos, 244:380 (1959): II-241 (4 4 0) F ern á n d ez 0 rqum ciRipoll F ll . II-416 (601, 602). ' a os , 264 :416 (1966): I-427 (688), II-281 (644), Fernándcz Prieto C11 rl Alb Fernándüz Propa~o c/L~s F terto_.dFdallos, 321:2947 (1998): II-477 (970). ra erm a Soc del Perso ¡ F · comotoras, Fallos , 3l0: 9 ::l 7 ( 1987 )· na errov1ario de LoPerradas Eduard D . · -3 44 (251). Ferrari d Mecías ~e Bae:~t~~t:allos, 318:9?0 (1995): I-452 (799). Ferrari c/Peiti, Fallos 199·46{7i~s, 296:552 (1976): ll-241 (448). , . 44): II -339 (225), II-344 (253).

ri

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

545

Ferrer Deheza, Miguel, Fallos, 295:726 (1976): II-241 (448). Ferri c!B.H.N., Fallos, 317:363 (1994): 11-339 (225), 11-344 (253). Ferro Carril Sud c/Municipalidad de la Capital, Fallos, 134:37 (1921): II-46 (152). Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico c/Joaquín del Río , Fallos, 119:5 (1914): II-237 (425). Ferrocarril Central Argentino c/Municipalidad de Rosario, Fallos, 104:73 (1906): I-180 (49). Ferrocarril Central Argentino c/Santa Fe, Fallo.~ . 68:227 (]897): 11-387 (423). Ferrocarril del Oeste c/Garbarini, Fallos, 105:80 (1906): II-237 (425). Ferrocarril Gran Oeste Argentino c/Pcia. de Mendoza, Fallos , 107:179 (1907): I -277 (37), I-286 (79). Ferroct1rril Gran Oeste Argentino c/Vidal Hermanos, Fallos, 120:::1::!2 (1915): II-237 (425). Ferrocarriles Argentinos c/Gandini, Fallos, 293:701 (1975): II-339 (225). Ferrocarriles Argentinos c/Pcia. de Buenos Aires, Fallos, 315:511 (1992): I227, 228 (268). Ferrocarriles del Estado c/Vidal, Fallos, 150:354 (1928): II-237 (425). Ferrum S.A. c/C.A.P.E.A., Fallos, 293:531 (1975): I-355 (409), ll-311 (124). Fiamberti de Zemba, Carolina, Fallos, 183:76 (1939): I-344 (365). Fibraca Constructora SCA c/Comisión Técnico Mixta de Salto Grande, Fallos, 316:1669 (1993): l-124 (295). Figueiras, Manuel, Fn.llos , 287:130 (1973): I-451 (792). Figueredo c/Villalón, Fallos, 315:369 (1992): I-453 (810). Figueroa c/Pcia. de Buenos Aires, Fallos, 317:1R8 (1994): I-412 (641). Filgueira de Álvarez c/Nación Argentina, Fallos, 310:2117 (1987): 11-41 (136). Filippi c/Ezeiza de Areco, Fallos, 250:716 (1961): l-327 (287). Financiera Aion S.A. c/Estado Nacional, Fallos, 301:729 (1979): 1-451 (794). Fiorentino, Diego E ., Fallos, 306:1752 (1984): Il-458 (859). Firmenich, Mario Eduardo, Fallos, 310:101 (1987): I-453 (810). Firpo c/Nación Argentina, Fallos, 312:1484 (1989): II-458 (843). Firpo Miró c/SanLa Fe, Fallos, 225:719 (1953): I-443 (771). Fiscal c/Ahualli, Fallos, 224:82 (1952): Il-414 (575). Fiscal c/Benítez, Fallos, 315:1223 (1992): 1-331 (317). Fiscal c!Hachi, Fallos , 301:618 (1979): I-456 (829). Fiscal de Estado de Río Negro, Fallos, 255:86 (Hl63): I-392 (532). Fiscal de San ,Juan e/José Sarmiento, Faltos, 98:309 (190~) : II-321 (158, 159). Fiscal General de Buenos Aires c/Bancn Nacional, Fallos, 18:340 (lH76): 11371 (348). Fiscal General de Jujuy, Fallos , 193:495 (1942): Il-188 (185). (::!::!?) 6 Fiscal Gtmentl de la Nación c/~gerich, .F~ll~sf,}~\3 ~;~~ ;:~;~-~:;o): Fiscal y Querellante c/Sconficnza, Fallos: ~\,:! • • F ¡¡ 298:408 (1977): Fiscalía Nacional de Investigaciones Admtmstral•vas, a os, Il-342, 343 (248). Fall 12 ·134 (1872): I-238 (316), I -239 08• · 1 cfManuel Ocampo, · Fisco N acwna ( ) II -295 (3 3). Il-371 (336). (322), Il-294 27 '

1

'·

546

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Fix c/Krummer, Fallos, 228:328 (1954): II-343 (249). Fleitas c/Insaurralde , Fallos, 320:732 (1997): I-457 (832). Flores c/Mercedes-Benz Argentina, Fallos , 303:1727 (1981): I-457 (834). Flores c!Pcia. de Buenos Aires, Fallos , 315:2157 (1992): I-228 (268). Fojo c/Nación Argentina, Fallos , 315:952 (1992): I-274 (27). Fontana c/Llorente y Cía. S.R.L., Fallos , 293 :439 (1975): II-339 (225). Ford Motor Argentina S.A., Fallos, 295:815 (1976): II-423 (644). Foschetto c/Struhl, Fallos , 219:392 (1951): Il-316 (145). Francioni, Manuel, Fallos, 110:391 (1908): 1-314 (227 , 228). Franck c/Bucnos Aires, Fallos, 275:357 (1969): I-447 (783) . Franco, Mario José, Fallos, 305:1745 (1983): II-343 (250). Francomano, Alberto D. , Fallos, 310:2384 (1987): II-458 (857). Franzani c/Nación Argentina, Fallos, 261:205 (1965): II-303 (66). Frente Justicialista de Liberación , Fallos , 285:410 (1973): II-235 (414), (415). Frías Molina c/I.N.P.S. , Fallos, 319:1828 (1996): Il-64 (237 a 239). Funes c/Colegio de Escribanos de Córdoba, Fallos , 271i:235 (1969): II-38 Fusco, Juan Santiago, Fallos , 285:329 (1973): Il-38 (120). Gabetta c/Nación Argentina, Fallos, 312:156 (1989): Il-244 (459, 460). Gabrielli c/Naci ón Argentina, Fallos, 315:2708 (1992): I-276 (36). Gache c/Astrada , Fallo.~ . 296:693 (1976): 1-451 (794). Gaggiamo c/Santa Fe, Fallos, 314:1477 (1991): II-213 (303). Galán c/Nación Argentina, Fallos, 213:310 (1949): Il-348 (268) . Galeano c/Administración Nacional de Aduanas, Fallos, 323:1421, (2000): I-332 (320). Gallardo c!Trenes de Buenos Aires, Fallos , 323:2590 (2000): 1-276 (36). Gal letti c/San Juan, Fallos, 148:65 (1926): 1-125 (302). Ganadera Los Lagos c/Gobierno Nacional, Fallos, 190:142 (1941): I-321 , (273, 274), 1-332 (321), I-337, 1-338, I-343, II-309 (100), Il-426 Ganora, Ma rio Fernando , Fallos, 322:2139 (1999): I-425 (678), 11-481 (1010)_ García, Al ej a ndro M., Fallos, 311:2228 (1988): II-457 (843). García, César Alfredo, Fallos, 256:602 (1963): 1-274 (22) . García de Machado c/Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de la Pcia_ de Córdoba, Fallos , 312:1681 (1989): 1-271 (8) . García Monteavaro clAmoroso y Pagano, Fallos , 238:60 (1957): II-163 (56). Gardey c/Gardcy, Fallos, 215:111 (1948): II-344 (254). Garibotto c/S .E .G.B.A., Fallos , 304:1636 (1982): 1-450 (787). Garré c/Ciampini, Fallos , 289:78 (1974): l-458 (809). Garré c!Poder Ejecutivo Nacional, Fallos 323:1432 (2000)· 1-277 (38) 11 87 (340), II-142 (609). ' . • gascón Cotti, Alfredo, Fallos, 313:594 (1990): II-136 (577 581 582) G~squet c/Jockey . Club, Fallos , 303:1928 (1981): 1-455 (8Í4) • . assman c/Supenor Gobierno de 1 p · · (19.90): II-342, 343 (248). a Cla. de Buenos Aires, Fallos, 313:227 GastaldJ c/Nación A t' rgen ma, Fallos, 295:409 (1976): I-450 (787).

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CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Fix c!Krummer, Fallos , 228:328 (1954): 11-343 (249). Fleitas c/Insaurralde, Fallos , 320:732 (1997): l-457 (832). Flores c/Mercedes-Benz Argentina, Fallos , 303:1727 (1981): l-457 (834). Flores c/Pcia. de Buenos Aires, Fallos , 315:2157 (1992): I-228 (268). Fojo c/Nación Argentina, Fallos, 315:952 (1992): 1-274 (27). Fontana c/Llorente y Cía. S.R.L., Fallos, 293:439 (1975): 11-339 (225). Ford Motor Argentina S.A. , Fallos , 295 :815 (1976): Il-423 (644). Fosche tto c/Struhl, Fallos, 219:392 (1951): 11-316 (145). Francioni, Manuel, Fallos , 110:391 (1908): I-314 (227, 228). Franck c!Buenos Aires, Fallos, 275 :357 (1969): 1-447 (783). Franco, Mario José, Fallos, 305:1745 (1983): ll-343 (250). Francomano, Alberto D ., Fallos , 310:2384 (1987): Il-458 (857). Franzani c/Nación Argentina, Fallos, 261:205 (1965): 11-303 (66). Frente Justicialista de Liberación, Fallos , 285 :410 (1973): II-235 (414), (415). Frías Molina c/I.N.P.S., Fallos, 319:1828 (1996): ll-64 (237 a 239) . Funes c/Colegio de Escribanos de Córdoba, Fallos, 275 :235 (1969): II-38 ( Fusco, Juan Santiago, Fallos, 285 :329 (1973): ll-38 (120). Gabetta c!Nación Argentina, Fallos , 312:156 (1989): II-244 (459, 460). Gabrielli c/Nación Argentina, Fallos, 315:2708 (1992): I-276 (36). Gache c/Astrada, Fallos, 296:693 (1976): 1-451 (794). Gaggiamo c/Santa Fe, Fallos, 314:1477 (1991): II-213 (303). Galán c/Nación Argentina, Fallos, 213 :3 10 (1949): ll-348 (268) . Galeano c/Administración Nacional de Aduanas, Fallos, 323:142 1, (2000): 1-332 (320). Gallardo c!Trenes de Buenos Aires, Fallos, 323:2590 (2000): I-276 (36). Galletti c/San Juan, Fallos , 148:65 (1926): I-125 (302). Ganadera Los Lagos c/Gobierno Nacional, Fallos , 190:142 (1941): I-321, (273 , 274), 1-332 (321), I-337, I-338, 1-343, ll-309 (100), II-426 Ganora, Mario Fernando, Fallos, 322:21::!9 (1999): I-425 (678), Il-481 (1010). García, Alejandro M., Fallos, 311:2228 (1988): II-457 (843). Garcfa, César Alfredo, Fallos, 256:602 (1963): I-274 (22). García de Machado c/Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de la Pcia. de Córdoba, Fallos , 312:1681 (1989): I-271 (8). García Monteavaro clAmoroso y Pagano, Fallos , 238:60 (1957): II-163 (56). Gardey c/Gardey, Fallos, 215:111 (1948): II-344 (254). Garibotto c/S.E.G.B.A., Fallos , 304:1636 (1982): I-450 (787) . Garré c/Ciampini, Fallos , 289:78 (1974): I-453 (809). Garré c/Poder Ejecutivo Nacional, Fallos , 323:1432 (2000): I-277 (38) II-87 (340), II-142 (609). ' Gascón Cotti, Alfredo, Fallos , 313:594 (1990): II-136 (577 581 582) Gasquet c/Jockey Club, Fallos , 303:1928 (1981): I-455 (8~4) ' . Gassm(1a9n90c/Superior Gobierno de la Pcia. de Buenos Aires Fallos 313·227 ): ll-342, 343 (248). ' ' . Gastaldi c/Nación Argentina, Fallos , 295:409 (1976): I-450 (787).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICfÁ.I\fENES CITADOS

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Gauna, Juan Octavio, Fallos, 320:875 (1997): II-467 {913, 914), ll-483 (1018). Gazzera, Felipe E., Fallos , 257 :187 (1963): 11-339 {225). Geadanes, Andrés, Fallos, 208:30 (1947): 1-268 {446). Gelpi, Laico y Cía., Fallos , 190:389 (1941): I-458 (847). Gerardo c/Banco de la Pcia . de Entre Ríos, Fallos , 302:252 {1980): II-339 {225). Gesualdi c/Cooperativa de Periodistas Independientes, Fallos , 319:3085 {1996): 11-479 (996). Gewer, Adriana D., Fallos, 304:335 {1982): I-452 {804). Gianelli, Sandra l. , Fallos, 302:345 (1980): II-342, 343 {248). Gibbs c/Mendoza, Fallos , 93 :219 {1901): 11-238 (429). Giffoni, Luis Vicente, Fallos, 303 :1039 (1981): II-47 (159). Gil c/Universidad Tecnológica Nacional, Fallos , 312:245 (1989) : II-41 {137). Gil de Giménez Colodrero c/Nación Argentina, Fallos , 316:1718 (1993): 1-272 (12). Giménez, Nancy Gladys, Fallos, 311:185 (1988): I-455 (824). Giménez, Nicolás, Fallos , 283:248 (1972): II-342, 343 {248). Gioia c/Gioia de Garris, Fallos, 248:836 (1960): I-458 {848). Giorgi, Alfredo A., Fallos , 307:671 {1985): 1-357 {418), 11-311 (123). Giroldi, Horacio, Fallos , 318:514 {1995): 1-124 {299), ll-478 (974). Giulitta c/Gobierno Nacional , Fallos , 189:156 (1941): II-207 (273). Glaser, Benjamin , Fallos, 265:336 (1966): II-426 {672). Godoy c/Universidad Nacional de La Plata, Fallos, 1621, 1630 {1990): II-213 {303). Godoy, Santiago, Fallos, 172:396 {1935): II-241 (438). Gomer c/Pcia. de Córdoba, Fallos, 310:142 {1987): I-401 {577), I-402 (579), 1-403, 404, 413, 415. Gómez c/Frigorífico Swift, Fallos, 252 :219 {1962): 1-443 (771). Gómez Diez c/Congreso de la Nación , Fallos, 322:528 (1999): I-412 {643), I-413 (644), II-87 (339), 11-142 (608). González Bergez, Pablo, Fallos , 313:588 (1990): 11-136 {578), l -198 {232). González c/ANSES, Fallos, 323:555 (2000): 1-361 {442). González c/Chubut, Fallos , 323:518 (2000): l-271 (4). González c/Mendoza, Fallos, 316:2855 {1993): 1-412 {637). González c/Nación Argentina, Fallos, 299:93 (1977): II-243 (455). González dRinland, Fallos , 293:534 (1975): Il-339 (225). González Roque , Fallos , 264:7 (1966): Il-188 {185). 53 (810) · F ll 293 ·80 (1975): I -4 · ' . A González Sugasti, ntomo, a os , .' 488 (1998): II-478 (977). Gorriarán Merlo, Ennque, Fallos. 322.: d Cooperativa de Servicios ProfeGraduados en Ciencias Económ~cas Asdoc•Ca . os . Económicas de la Capital ·o Profeswnal e Iencias sionales ele onse) . -42 {142). Federal, Fallos , 311:1132 {19:~~·· 91¿1 (1986): II-188 (186, 19D, Il-193, Graffigna Latino, Carlos, Fallos , . .194, II-219 {333) . 1673 (1981)· ll-246 {474). Graffigna, Carlos S., Fal~o~ , 303: F ll s Ú6:2394 (1993): 11-480 {1004). Granada c/Diarios y Nouc,as S.A., a o '

548

CONTROL DE CONST!TUC!ONALlDAD

307 ·2284 (1985): I-246 (361, 362) , Il-174 (139), Granada, Jorge H ., F a llos, · 11-175 (140 a 143), II-459 (870) . , c/BHN Fallos 247 :634 (1960): II-342 (248). G ran d I ' ' 1981)· II-339 (225). Greco Hnos. S.A. , Fallos, 303:8102 ( Fallos 202'184 (1945): l-221 (252), , · Gregolinsky y Cía. c/Impuestos nternos, 1-343 (358). 8 379) Griet Hn os. c/Tucumán, Fallos, 137:212 (1922): l-228 (269), II-380 (37 , • II-378 (427). Grosso c/Nunnari, Fallos, 288:97 (1974): Il-342, 343 (248). Guardi a, Ca rl os c/C .S .J .N., Fallos, 307: 1779 , 1782 (1!:185): 1-364 (402), ll-24'7 (475). Guardian Ass ura nce Co. Ltd . c/Gobierno Nacional, Fallos , 150:89 (1927): I326 (277), II-161 (45, 46). . Cuida c/Estado Nacional, Fallos , 323: 1566 (2000): 1-248 (381), l-249 (387 a 389), 1-438 (746, 749 a 752). Gul\o, Dante, Fallos, 301:676 (1979 ): ll-459 (862). Gundin, J orge Ornar, Fallos, 314:451 (199 1): II-344 (257). Gulheim c/Alemann, Fallos, 316:703 (1993): ll-480 (1000, 1001). Guzmán c!Entre Ríos , Fallos, 279:283 (1971): II-41 , 42 (138). Hagelin c/Nación Argentina, Fallos, 316: 3176 (1993): I-124 (296). Halladjian, Jorge Adolfo, Fallos, 302:457 (1980): I-271 (8) . Heredia c/Cía . Sudamericana BTB S.A., Fallos, 248:402 (1960): II-342 (248). H ern ández c/Nación Argentina, Fallos, 306:250 (1984): II-326 (185). Hern ández, Simón, Fallos, 322:1988 (1999): II-159 (37), II-206 (270). Hilanderías Olmos S.A., Fallos, 301:962 (1979): I-271 (8). Hilerct y Rodríguez c!I'ucumán, Fallos, 98 :20 (1903): I-243 (336), II-161 (43. 44), II-303 (64), ll-379 (374, 375), II-380 (377). H .I.R.U. S.R.L. c/Federación Argentina de Trabaja dores de la Industria Ga• tronómica , Fallos, 245 :552 (1959): l-277 (37), I-392 (531). Horta c/Harguind eguy, Fallos , 137:47 (19 22): I-238 (3 15), l -243 (337), Il-294 (26), II-387 (424). Horvath c/Nacitín Argentina (D.G .l.), Fallos, 318:676 (1995): I-202 (170), L-248 (380 , 383, 384), II-162 (54), Il-214 (305 , 306), II-484 (1027). Hughes Too! Co. S.A. c/Nación Argentina, Fallos, 307:178 (19R5): Il-57 (217). Iachemet e/Armada Arge ntina, Fallos, 316:779 (1993): l-272 (10), 1-427 (961). Ianua S.A. cNelázquez, Fallos, 293 :374 (1975): I-453 (808), I-456 (829). Ibáñez, J osé, Fa llos, 136:244 (1922): II-210 (292), II-300 (51). Tbarra c/Sentcncia del Consejo de Guerra del Comando de la V Brigada, Fallos, 308:1960 (1986): II -340 (233). Iglesias c/Naciún Argentina, Fallos, 317:1071 (1994): I-457 (840) . Inchuus pe c/Junla Nacio nal de Carnes, Fallos, 199:483 (1944): II-281 (641) Il-283 (65 1), II-416 (597), 11-420 (624). ' Indo S.A . c/Nación Argentina (DGI), Fallos, 318:785 (1995): l -272 273 (1 4 ) Il-161 (47, 48), ll-213 (304). , '

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

549

Industrias Ramallo S.R.L., Fallos, 267 :123 (1967): II-303 (66). Ingenio Río Grande S.A. c/Nación Argentina, Fallos , 276:366 (1970): II-342, 343 (248). Ingenio y Refin er ía San Martín del Tabacal c/Salta, Fallos, 269:243 (1967): l-259 (411), Il-426 (680). Instituto de Servicios Sociales Bancarios c/Banco de Crédito Provincial S.A., Fallos, 312:745 (1989): II-344 (253). Instituto Endocrínico Zimasa S.A. , Fallos , 177:448 (1937): I-443 (771) . Instituto Quimioterápico Argentino S.A. c/Municipalidad de Matanza, Fallos, 239:219 (1957): II-219 (332). Inverlac S .A.C. I. , Fallos , 276:222 (1970): Il-419 (617 a 619). Iribarren c/Santa Fe, Fallos , 315:2956 (1992): I-405 (595), I-410 (628). Iribarren c/Santa Fe, Fallos, 322:1253 (1999): I-409 (626), l-412 (637). Irigoyen, Hipólito, Fallos. 165:199 (1932): Il-210, ~ 11 (292), II -300 (52). lsasi Egües c/Nación Argentina, Fallos , 311:371 (1988): I-453 (810). Iscaro, Rubens , Fallos. 236:632 (1956): II-170 (111). T.T.A.C. S .A. c/Pcia. de Buenos Aires, Fallos , 253:356 (1962): ll-342 (245, 248). Iturraspe c/Unión Cívica Radical del Pueblo, Fallos, 240:11 (19ñ8): II-228 (375). Jaramillo c/Chumbita, Fallos, 17 :22 (1875): I-268 (446) . Jnuregui , Luciano A. , Fallos , 311:274 (1988): U-478 (975). Jefatura de Policía de Concordia c/B .H .N ., Fallos, 139:259 (1923): l-180 (50). Jewish Colonization Association, Fallos , 147:402 (1926): Il-162 (51). Jujuy c/Salta, Fallos , 228:264 (1954): II-227 (365). J uncalán Forestal Agropecuaria S.A. c/Pcia. de Buenos Aires, Fallos , 312:2266 (1989): Il-461 (88 1). Junta Electoral de la Pcia. de Buenos Aires, Fallos, 305:926 (1983): II-236 (417) . Junta Electoral Nadonal-Pcia. de Entre Ríos, Fallos, 256:208 (1963): II-205 (263). J unta Electoral Nacional , Fallos , 313:358 (1990): Il-342 (247). Juzgado de Instrucción Militar n 2 50 de Rosario, Fallos, 306:303 (1984): I-328 (304, 305). Kelly, Guillermo Patricio, Fallos , 242:112 (1958): I-327 (2R4). . Kewel, Eugenio, Fallos, 260 :64 (1964): II- 188 (185). Kieba c/Teca ri Soc. Inm. y Coro., Fallos, 247 :683 (1960): I-310 (19? ). KJappcnbach David Fallos, 245:429 (1959): I-354 (404), Il-311 (124). Kle in , Guill:rmo W~lter, Fallos, 308:1489 (1986 ): l-248 (370), l-313 (221, 222), I-400 (572), I-401 (574), II-460 (87:l). Krasilowsky, David, Fallos , 244:279 (1959): 11-.343 (250). Kudrnac Jaromir, Fallos , 246:58 (1960): ll-~42 (24~) . . F llns 292·190 Kupfers~hmidt c/Lotería de Beneficencia Nacwnal y asmos, a , ' . (1975): I-272 (10) .

550

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

La Capital del Plata Soc. Cooperativa de Crédito Ltda. c/D i Pietro S.A., Fallos 304:1724 (1982): 1-451 (794). La Hola~do Americana Cía. de Seguros S.A. c/Capitán y/o Propietario yt Arm ador del Buque Cap. San Agustín, Fallos, 296:576 (1976): 11(250). La Rolando Sudamerica na Cía. de Seguros e/Admin istración General de Pu~ los, Fallos , 294:380 (1976): 1-456 (829, 832) . La Nueva Metropol de T.C. e I., Fallos , 296:224 (1976): I-454 (815). La Pl ata Remolques S.A. c/Pcia. de Buenos Aires, Fallos, 311 :1835 (19 1-404 (588) . La Prensa S .A. , Fallos , 310:1715 (1987): 11-457 (852), II-458 (853). La Rinconada S.A. c/Nación Argenti na, Fallos, 289:36 (1974): 11-310 (114 Il-326 (183). La Romería S.A., Fallos, 323:2708 (2000): I-453 (808). La Torre c/Colombo y Cia., Fallos, 252:236 (1962): 11-344 (255). Laboratorios Andrómaco c/Nación Argentina, Fallos , 307:2345 (1985): 11(884). Lamar S.R.L. c/A. N .A., Fallos, 304:749 (1982): Il-342, 343 (248). Lamí Dozo, Basilio, Fallos, 306:911 , 918 (1984): I-287 (90). Lanati c/Dirección Nacional de Vialidad, Fallos, 314:661 (1991): I-447 (7 Lanfranconi c/Rabufetti, Fallos , 302:189 (1980): 1-451 (793). Lanfranchi de Escala c/Jaureguiberry, Fallos , 271 :58 (1968): II-413 (569). Lanza Ybarrola, Fallos, 295 :997 (1976): ll-415 (582). Lapiduz c/DGI, Fallos, 321:1043 (1998): I-208 (205). Larralde c!Banco de la Pcia. de Buenos Aires, Fallos, 303:386 (1981) : I (806). Lastra c/Obispado de Venado Tuerto, Fallos, 314:1324 (1991): II-248 (481 Ledesma c/Alpesa S.A., Fallos , 290:322 (1974): II-305 (75). Leg~za ~ación Argentina, Fallos , 264:37 (1966): I-421 (659). Le~utzamo.n c/Wajsman, Fallos, 302:1666 (1980): 11-32 (94). Letva c!Pcta. de_ Entre Ríos, Fallos, 315:1013 (1992): I-405 (597). Leloutre c!Nacwn Argentina, Fallos, 301:484 (1979): Il-243 (455) . León SpacJUk e H¡1· 08 S ·e ·A· c/D'trece¡.6n p rovmcial . de Vialidad · p ·. L Comentes, Fallos , 317:44 (1994): I-271 (8) y cta. de r.:rman c/M.C .B .A., Fallos , 303:1262 (1981): 1-4SO (790) stangu et c/Nación Argentin F ll . Levit S A F ll 29 a, a os, 302: 1584 (1980): II-244 (458) 6:302 (1976): II-423 (641) . L . .' ' . a os, evy c!Mtmste ri o de Economía S . · . Fallos, 320:1426 (1997): 1~5;~~;~;)tendencia de Seguros de la Nación, Ltebau, Gustavo Luis Fall · 3 5 Lifchif, León, Fallos, ~ : ~~· ( l~~;~ II(1992): II-303 (66) . Lm a res c/Dcscotte F ll · ·244 (458). Linck R' d , a os , 315:839 (1992): II-303 (66) Línea~ d:c;:;a~,s~7~:~:· d2 ~ 4L:~ 83 (1976): 1-272 (10). · e !toral S.A (L1TSA) c!P . 319·23.7 L' B. 4 (1995): 1-406, 407 (60g 610) cta. de Corrientes, Fallos In era onaerense S A F, ll , . ' . ., a os, 278 :5 1 (1970); I-443 (771).

50 3

ÍNDICE DE

I'Al.l.OS.

AVIWI:IlAIJIAS

~ y DlcrA.v:n."ES CITADOS 551 Liporace c/Uni versidad de Buen . Livieri , Francisco. Fallos 247 .674Aires(• F_aJto&, 299:185 (1977): II-241 (441). L. • · 1 960). U -241 (442) ~vorno S .A. c/Dirección de Vinos, Fallos , 247:181 (19BO): II-341 (240) L1zondo, Felipe B., Fallos, 263: 15 (1965): I -238 (318), II-188 (185). · Lloveras dAutoplan Círculo de Ahorro para Fines Determinados Fallos 31!\:1259 (1992): I-452 (799). ' ' Lloyds Bank c!Okecki, Fallos, 318:2060 (1995): I-361 (437 444) Lobos d Donovan , Fallos , 54:180 (1893): II-224 (347). ' . Lokman, Jaime, Fallos , 299:142 (1977): fl-41 3 (572). Lombardo, Juan José, Fallos , 306:224 (1984): II-342, 343 (248). Lopardo, Miguel, Fallos, 264:206 (1966): I-273 (17). Lopardo Petrucci de Amoroso Copello dAmoroso Copello, Fallos , 243 :265 ( 1959): II-412 (565). López d de P edro, Fallos, 248 :702 (1960): 1-327 (285). López c/Explotaci ón Pesquera de la Patagonia S.A. , Fallos , 315:1209: Jl -300 301 rn6~ ' Lópcz dMunicipalidad de Catamarca, Fallos , 302:417 (1980): II-342 343 (248). ' López Cuesta dCaja Forense de Abogados y Procuradores de la Pcia. de Santa F e, Fallos, 275 :256 (1969): II-38 (12 2). López de Reyes dlnstituto Nacional de Previsión Social, Fallos, 244:548 (1959): I-265 (443). López Rega, J osé, Fallos, 311:252 (1988): 11-342, 343 (248 ). Loray dConstrucciones Vitub SRL, Fallo.•, 264:13 (1966): I-357 (4 16), II-311 (123). Lorenzo dNación Argentina, Fallos , 307:2384 (1985): 1-279 (45), I-399 (567, 569), II-135 (570, 573). Losa c/Caja de Previsión Social para Abogados de la Pcia . de Buenos Aires, Fallo s, 316:221 (1993): 1-361 (436, 444). Loussi nian S.A. d A .N .A ., Fallos, 305:54 (1983): II-341 (236). Lucena de Llonch d Ravier, Fallos , 265 :147 (1966): II-426 (677). Lu!lngo, Simón, Fallos, 6:227 (1868): II-210 (292), II-300 (52). Luque, Jorge, Fallos , 272:67 (1968): 1·458 (849).

M. Heredia y Cía. c/Pcia. de Santa Fe, Fallos, 257 :127 (1963): Il-303 (66). Mac Key Zern ik, Sergio, Fallos, 311:2242 (1988): Il-327 (194). Machado, Celia, Fallos, 302:772 (1980): 11-173 (131). Machicote, Juan Carlos, Fallos, 300:642 (1978): II-163 (61). Mndariaga Anchorena dNación Argentina, Fallos , 303:1040 (1981): Il-339 (225 ), Il-343 (250). Maggio, Ángel, Fallos , 286:240 (1973): II-342, 343 (248). Magín Suárez, Luis, Fallos, 310:2845 (1 985 ): 11-181, 11-188 (188), 11-189 (192 a 195), 11-193. Magistra S.A. , Fallos, 299:276 (1977): II-39 (128). Ma ldonado de Gallego c/Gallego, Fallos, 252:313 (1962): 1-458 (847). Malenky, Rubén, Fallos, 264 :364 (1966): I-221 (251), 1-272 (10), 1-343 (359).

552

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Ma ltaglialti c/ANSES, Fallos, 321:1467 (1998): l -355 (410). Mallo Daniel, Fallos. 282:392 (1972): Il- 172 (123). . Mana~ta c!Embajada de la Feder ación Rusa , Fallos , 317:1880 (1994). l -273 (19), Il-341 (241) . Mancini Serafm Fallo.~. 245:532 (1959): II-225 (356). Mangia~te c!AADI-CAPIF, Fallos , 318:141 (1995): I- 124 (298). Ma ngo crrraha, Fallos , 144:219 (1925): I-316 (233, 234). Mán taras Rod ríg uez . Fernando, Fallos , 268:553 (1967): II-188 (185). Man ube ns, Dolores, Fallos, 311: 667 (1988): II-343 (250). Man1.oni de Corti c!Roger Tagliab ue (Suc.), Fallos , 304:429 (1982): II-33• (225). Manzoratte c/Pcia. de Buenos Aires, Fallos , 280:228 0971): II-339 (225). Ma rgarita Belén (Chaco), Fallos, 311:1762 (1988) : Il -333 (216). Marín , Rubén Hugo, Fallos , 304:351 (1982): Il-188 (185). Marílima Kcy Kar S.R.L. c/MCBA, Fallos , 311:2088 (1988): l-331 (315 ). Martclli c/Buenos Aires , Fallos , 169:359 (1933): II-36 (111). Martí de Martíncz c!Editoriul Allántida S.A ., Fallos, 290:245 (1974): II-163 (57). Ma rtín & Cía . Ltda. c/Administración Gene r al de P uertos, Fallos , 257:99 (1963): I-124 (292). Ma r tín & Cía. Ltda. c/Erazo, Fallos , 208:497 (1947): Il-412 (563). Ma r tín de Brunt c/Paparas , Fallos , 305:1979 (1983): II-339 (225), Il-342-343 (248). Ma r tinelli, José Antonio, Fallos, 319:6R7 (1996): l -453 (810). Martinengo c!Banco de Intercambio Regional S .A., Fallos, 307:1121 (1985): 11-303 (66). Ma rtinet c/B.H .N. , Fallos , 303:502 (1981): II-243 (455). Martinez c/Corazza, Fallos , 302:328 (1980): I-452 (800). Martínez , Baldomero c/Otero, Fallos , 2:127 (1865): II-212 (296 298) II-371 ~3~. ' ' Martínez de Hoz, José A., Fallos, 316:365 (1993): II-477 (973). Martínez Galván de Rivademar c/Municipalidad de Rosario, Fa llos, 3 12:326 ~~~~;): I-122 (280), I- 128 (309), II-215, II-220 (339), II-309 (104), II-462

Mart~n ez, José Agu,;tín, Fallos, 312:826 (1989): I -455 (826)

Mart~nez MoreM , Raúl , Fallos, 252:241 (1962): II-241 (438·, 447) MarL~nez , O~onbal, Fallos , 305:2046 (1983): l-327 (300) .

~:~~~:s·R~a~ L~is, F~llos, 319:699 , 700 (1996): l-361 (438, 444) Marzoc~hin~c/~m::~~~~~ Fall~~· 2Ar71 : 1 6~ (1968): II- 188 (185). .

gentma de S SA ( 19 90): 1-453 (810). mpama eguros · ., Fallos, 313 :253 Masi , Alfredo , Fallos , 256:114 (19 . 87), Il-294 (25), II-295 (30) 63). I-237 (314), I-238 (319), l -287 (86, Maspero c!MCBA, Fallos 246·7 0 . Massera E ·¡·1 E ' · (1960): II-330 (66) ' m¡ Fallos 305 59 · Masso de Lenzo M' :ll (] 983): II-342 343 (248) , ana ., Fallos , 305:1992 (1983): I-456 (82~)).

°M ,

ÍNUICE DE F

ALLOS, ACORDADAS Y DlCfÁMl:i'<""ES CITADOS

553

Mat~ei, Ángel, Fallos, 272:188 (1968): II-339 (225). Máximo Daian S.A. c/R~be~to Daian S.A., Fallos, 302:656 (1980): I-453 (8 10). Mazza, Fasce Y Antomettl c/Fisco Nacional Fallos 124·39 (1916)· I -286 (81, 82).

,

•

o

o

M>~.zza , Pró~pcr·o,

Fallos, 293:26 (1!:175): II-303 (66). MCBA c/Cía . Primitiva de Gas, Fallos , 211:958 (1948): 11-316 (144). MCBA c/C luh Atlético Vélez Sár~:~Cield, Fa/tus , 306:1:!65 (1984): 11-339 (225). MCBA c/Etchevarne, Fallos, 307:1179 (1985): II-344 (251). MCBA c/Muzlera Mooney, Fallos, 249:469 (1961): Il-342 (248). MCBA c/Rodríguez, Fallos, 204:671 (1946): I-327 (281). Mejail, Lucía y Cía. S.R.L. c/M.C.B.A., Fallos, 311:59 (1988): I-453 (810) I-456 (829).

'

Méndez cNentura S.A, Fallo.~ , 321:3150 (1998): II-41 (133). Méndez Cabra! de Bullrich c/C>tmpos y Co nstruccion es S.A., Fallos, 256:327 (1963): I-310 (200).

Méndez de Basombrío, Adela, Fallos, 256:372 (1963): I-357 (420, 423), II -310 (117).

Méndez Valles c/A. M. Pescio S.C.A., Fallos , :n8:2639 (1995): l-123 (300). Mcndoza Hn os. c/Pcia. de San Luis, Fallos, 1:485 (1865): Il-306 (81). Menvielle Sánchez c/Universidad Nacional de Córdoba , Fallos, 3 15 :724 (1992): II -242 (451).

Mercado de Abasto de La Plata c/Fisco de la Pcia. de Buenos Aires, Fallos, 301:859 (1979): II-342, 343 (248).

Merck Química Argentina c/Nación Argentina, Fallos , 211 :162 (1948): I-177 (26), I-245 (351), I-319 (247), II -168 (101 , 103, 104), II-415 (590 a 592), II-416 (593).

Merino c/Mendiola de Merino, Fallos , 252:90, 91 (1962): II-176 (144). Meschini c/Banco Hipotecario Nacional, Fallos , 317:777 (1994): II -344 (253). Messerer c/Suess S.R.L. , Fallus, ;jQ1 :991 (1979): ll-32 (92 y 93). Miguel, Carlos Esteban, Fallos, 308:1631 (1986): Il-163 (61). Milo c/Nación Argentina, Fallos , 267:247 (1967): II-303 (66). Mili de Percyra c/Corricntcs, Fallos, 324:3219 (2001): l-332 (322), I-333 (325), l-342.

Ministerio de Cultura y Educación c/Universidad Nacional de Cuyo, Fallos, 322:904 (1999): Il-469 (924).

Ministerio de Cultura y Educación c/Universidad Nacional de Luján , Fallos, 322:842 (1999): I-272 (12), II-469 (924).

MinisLerio de Cultura y Educación s/art. 34 ley 24.521 , Fallos, 321:3620, 3624 (1998): I-271 (4), I-290 (105).

Ministerio de Cultura y Educación, Fallos , 322:875 (1999): II-469 (924). Ministt:!rio de Cultura y Educación, Fallos, 322:910 (1999): II-469 (924). Minond, Luis, Fallos , 318:908 (1995): II-189 (196). Miolato de Krebs c/Krebs, Fallos , 294:220 (1976): II-38 (123), II-39 (125). Miranda de Rive ro c/Buessau S.A.l.C., Fallos, 322:232 (1999): I-450 (790). Miranda, Luis A. , Fallos , 219:400 (1951): l- 126 (304). Miron, Cristoff, Fallos , 294 :9 (1976): I-450 (786).

554

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Mizrahi de Tucumán S.A. c/Pcia. de Tucumán, Fallos , 295:850 (1976): 1-272 (10). Modegraf S.C .A. c/Nación Argentina, Fallos , 312:2526 (1989): 1-455 (821). Molas , Antonio J. , Fallos, 303:715 (1981): 1-327 (299). Malinas c!Nación Argentina (P.E.N .), Fallos , 314:1091 (1991): Il-466 (901, 902). Malinas, Ricardo, Fallos, 270:367 (1968): Il-413 (570). Moltedo c/Municipalidad de Pinamar, Fallos , 308:1832 (1986): Il-339 (225). Monges c/UBA, Fallos, 319:3148 (1996): 1-216 (236), 1-271 (8), 1-278 (14), 1-352 (396), 1-381 (508, 511), 1-386, 1-390, Il-60 (224), Il-163 (66), Il(920, 923), II-483 (1018). Monner Sans c/Llabres, Fallos , 306:299 (1984): ll-342, 343 (248). Monsegur, Enriqueta Roland de, Fallos, 169:358 (1933): Il-36 (111). Montalvo, Ernesto A. , Fallos, 313:1333 (1990): II-309 (107), Il-473 (953, 954). Montenegro c/Tucumán, Fallos, 299:138 (1977): ll-246 (474). Montesano Rebón, Aldo L., Fallos , 288:342 (1974): II-239 (321), II-295 (32). Monteverde c/López Sanabria, Fallos, 286:83 (1973): 1-453 (810). Monti c/Swift Armour Argentina S.A., Fallos , 313:342 (1990): 1-452 (799 1-453 (810). Monzón, Florencio, Fallos , 317:2046 (1994): II-480 (1003). Moño Azul S.A. , Fallos, 316:687 (1993): I-275 (28), II-33 (98). Morales c/Cánovas, Fallos, 234:335 (1956): 1-327 (283). Mor ales Solá, Fallos, 319:2741 (1996): II-479 (986, 992), II-484 (1026). Morante c!UBA, Fallos, 300:1138 (1978): II-239, 240 (434). Moreno c/Caja Nacional de Previsión de la Induslria y Comercio, Fall 305:307 (1983): Il-330 (227). Moreno, Adhemar R., Fallos, 246:237, (1960): 1-223 (257), Il-297 (40). Moreno , Alejandro, Fallos , 269:200 (1967 ): II-479 (987). Morixe Hnos. S.A., Fallos, 319:1524, 1529 (1996): 1-272 (9), 1-344 (360). Motor Once S.A. c/M.C.B.A. , Fallos, 310:943 (1987): Il-461 (880). Mouvi el, Raúl Osear, Fallos , 237:637 (1957): 1-241 (327), I-314 (225), II(667). Movimiento Popular Argentino, Fallos , 253:44 (1962): II-171 (118). Moya, Benito , Fallos, 303:696 (1981): II-173 (132). Mozzatti, Camilo, Fallos , 300:1102 (1978): II-325 (178), Il-326 (188), II-421 (676). Mozzi c/ANSES, Fallos , 322:206 (1999): I-453 (810). Municipalidad de La Banda (Santiago del Estero) c/Ferrocarril Central Argentino, Fallos , 182:293 (1938): II-321 (160). Municipalidad de la Capital c/Elortondo, Fallo s, 33:162 (1888): 1-137 (337, 338), 1-208 (204), 1-271 (3), 1-323 (267 , 268), I-324 (269), ll-238 (428, 429), Il-387 (431). Municipalidad de la Capital c/Mayer, Fallos , 201:239 (1945): 1-290 (106), II-412 (561). Municipalidad de la Capital Federal c/Ferrocarril CenLral Argentino, Fallos, 126:146 (1917): 1-268 (446).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

555

Municipalidad de La Plata c/Ferrocarril del Sud, Fallos , 114:282 (1911): Il220 (337), Il-387 (426), ll-462 (887). Municipalidad de Laprida c/UBA, Fallos , 308:647 (1986): 1-273 (19), 11-326 (191). Municipalidad de Tucumán c/Cía. Eléctrica del Norte, Fallos, 184:21 (1939): ll-342 (248). . Municipalidad de 'l'ucumán c/lnstituto de Previsión Social de Tucumán, Fa.llos, 228:539 (1954): Il-321 (161). Municipalidad de Zapala c!I'elefónica de Argentina S.A., Fallos , 320:2162, 2170 (1997): 1-180, 181 (54). Muñiz Barreto de Álzaga c/Destefanis, Fallos , 270:374 (1968): II-417 (605), II-418 (606, 607). Muñoz Gutiérrez c/Alefa, Fallos, 286:205 (1973): 1-457 (833). Murchison S.A., Fallos, 291 :268 (1975): 1-453 (807). Nación AFJP c/Catamarca , Fallos, 323:1206 (2000): I-409 (625), 1-411 (633). Nación Argentina c!Arenera El Libertador, Fallos , 314:595 (1991): II-470 (936). Nación Argentina c!Bracamonte, Fallos , 254 :12 (1962): II-342 (248). Nación Argentina c/Chacofi S.A., Fallos, 285 :89 (1973): II-419 (614). Nación Argentina c/Ferrario, Fallos , 251:246 (1961): Il-238 (431), Il-239 (432, 433). Nación Argentina c/Granados, Fallos , 266:47 (1966): 11-339 (225). Nación Argentina c/lngenio y Refinería San Martín del Tabacal, Fallos, 209:390 (1947): ll-238 (427). Nación Argentina c/Madereras Industrializadas Delta S .A., Fallos , 299:362 (1977): Il-423 (645). Nación Argentina c!I'amet S.A. , Fallos, 259 :65 (1964): 11-343 (250). Nardoni c/Textil Alfa S.A. , Fallos, 302:915 (1980): 1-451 (794). Navarrete, Osvaldo Víctor, Fallos , 312:1470 (1989): I-453 (810). Navarro, José Luis, Fallos , 305:50 (1983): I-451 (792), I-453 (810). Nazar, Luis Marcelo. Fallos , 302:319 (1980): Il-424 (650). Nazer c/A nsuini, Fallos, 303:841 (1981): II-452 (804). Nellar, Juan C., Fallos, 319:705 (1996): II-189 (196). Newland c/Pcia. de Santiago del Estero, Fallos, 310:606 (1987): I-403 (583). Nicosia, Alberto Osear, Fallos , 316:2940 (1993): 1-222 (254), II-180 (160), ll-181 (162), II-182 (164), II-183. Nobleza Piccardo S.A. c/Estado Nacional-DGI, Fallos, 321:270 (1998): I-410 (631). Nobleza Piccardo S.A. c/Estado Nacional-DGI, Fallos, 321:3487 (1998): I-371 (468), I-390, II-201 (249, 251), II-275 (622). Noguera Isler c/Nación Argentina , Fallos, 263 :460 (1965): II-303 (66) . Noticias Gráficas, Fallos , 205 :545 (1946): I-327 (282). Nougués Hnos . c/Pcia. de Tucumán, Fallos, 97 :177 (1903): II-306 (8 2). Núñez c/Rocca de Ominelli, Fallos , 125:10 (1916): II-387 (425).

556

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Obra Social para Empleados de Comercio y Actividades Civiles c/Proceda S.R.L., Fallos , 303:2091 (1981): I-452 (805). Oddone c/Pcia . de Formosa, Fallos , 285:240 (1973 ): II-227 (367). Oddone, Luis Alberto, Fallos, 312:2348 (1989): II-339 (225) . O'Gorman , Jorge Edgardo, Fallos , 306:1844 (19M): Il-303 (66). Ojeda c/Mendoza, Fallos , 300:4 75 (1978): I-453 (810). Oliva Paz c/Correas Moya, Fallos , 243:13 (1959): II-344 (253). Olivares c/E stado Nacional, Fallos, 311:1490 (1988): I-246 (366), II-460 (874). Olmos c/Estado Nacional, Fallos , 307:1430 (1985): II-459 (864), Olver P. Legal, Fallos, 270:240 (1968): II-188 (185). Operto c/Comuna de Lehmann , Fallos , 323:86 (2000): I-456 (831). Orfila , Alejandro, Fallos , 154:192 (1929): I-180 (51), Il-214, 215 (308), II-224 (349,
lNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

557

Partido Obrero Revolucionario (Trotzkista), Fallos, 237 ::~86 (1957): 11-228 (376). Partido Obrero, Fallos, 253 :133 (1962): Il-234 (410). Partido Provincial Uni ón Santiagueña, Fallos , 238:288 (1957): I-327 (301). Partido Socialis ta - Comité Ejecutivo Nacional , Fallos , 248 :61 (1960): II-229 (379, 380). Partido Socialista - Orden acional, Fallos , 285:138 (1973): II-235 (411). Partido Socialista de los Trabajadores, Fallo s, 287:31 (1973): II-235 (412). Partido Unión Cristiana Democrática, Fallos , 305 :1262 (1983): II-236 (418), Il-341 (239). Partido Unión Popular, Fallos , 252:54 (1962): II-229 (:181 ). Partido Unión Popular, Fallos , 256:47 (1963): II-229 (382). Pasant, Roberto M., Fallos , 253 :454 (1962): II-218 (327). Payró, Elbio Francisco , Fallos , 300:353 (1978): Il-32 (90). Pazos c/Trejo, causa P. 178.XXXIV, sentencia del 11/3/93: II-335 (220) . Pcia . Corrientes c!Boo , Fallos , 307:973 (1985): II-326 (183). Pcia. Corrientes c/Frete:;, Fallos, 296:78 (1976): I-456 (829) . Pcia . Corrientes, Fallos , 283:143 (1972): II-225 (358). Pcia. de Mendoza (Gobernador Dr. Roque Pérez) c/Senado de la República, Fallos, 2:253 (1865): I-284 (72, 73). Pcia . de Mendoza c/Nación Argentina, Fallos , 243 :176 (1959): I-277 (37), I-287 (89). Pcia. de Mendoza c/Nación Argentina, Fallos , 298:511 (1977): l -259 (413 , 414), 1-272 (10). Pcia. de Tierra del Fuego c/Nación Argentina, Fallos , 321:1888 (1998): 1-273 (15), Il-37 (116), II-159 (36). Pelado Viejo S .A. c/Nación Argentina, Fallos , 295:701 (1976): IT-342, 343 (248). Peleo S.A. c/Sccreta ría de Recursos Naturales, Fallos, 322:2799, 2803 (1999): I -409 (623). Pelcsson de Lastra c/MCBA, Fallos, 308:135 (1986): ll-339 (225). Pduffo, Ángel, Fallos , 238:183 (1957): II-241 (438). Pelliza, Esilda María , Fallos , 247 :551 (1960): Il- 163 (56). Penjerek, Norma Mirta, Fallos, 257 :132 (1963): ll-325 (174). IT- 32~ (186). Pcnsalle S .A. c!Nación Argentina, Fallos , 312:2150 (1989): Il-~39 (225). Peralta c/Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la PolicíA F edera l, Fallos 311·1804 (1988): I-451 (796). 1 Pe ralta c/G~bier~o acional , Fallos, 313:1513 (1990r¿~;4~ i3;~· ~~~ {~¡¡¿• 1 1 <925), n -483 c1o21: 1022>: ' ' l 320 1556 (1997)· l-407 (611 a 614). Pereyra c/Eslado Nacional, Falos,. :F ll 133·372 (1921): II-227 (364). Pereyra Traola c/Pcia. de Buenos AirFesl,l a ;o\238. (1947): l-263 (440). · de Córdoba ' a os, ·. Pen:yra l rao1a c/P c1a. (l9 4 8): I -359 (430). l ¡p · de Córdob>J. Fcollos , 212 ·160 ; 9 .65 ( 1923¡: I-344 (365) . Pereyra lrao a e c'a: ll 1 P ereyra lraola, Martm, Fa os, .

~-!!~ \~~~i1 ¡:;~> <~~~~ 4 (:~~. ~~:>.an~¡;~

7

558

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

· S A Fallos 316: 1623 P érez Arriaga c/Arte Gráfica Editorial Argentlna . ., ' (1993): ll-480 (1002). (314)

Pérez c/ENTEL, Fallos , 3~0: 1~:~lo~19:;~\;~:3tl977): ·I-191 (123-126), I -225 Pérez de SmJth, Ana Mana, ' 4 II-426 (668). 1 4 (262), l.I-172 (126), II-F29 8 < ~ ;. ;;:: ;>f3): 1_34 (14), 1-191 (124-127), 9 Pérez de Sm1th , Ana Maria? a11os , · 1-239 (321), 11-295 (32). Pércz Aurora Fallos, 271 :406 (1968): ll-339 (225). p . ., Roland~ Fallos 278:188 (1970): II-419 (620). p:~:~~s (Sucesión) cfB~enos Aires, Fallos , 169:245 (1933): Il-36 (110, 111). Perón, Juan Domingo, Fallos, 238:76 (1957): ll-213 (301), Il-413 (566). Peso c!BCRA, Fallos , 307 :2061 (1985): I-315 (231 , 232). PeLric cfDiari o Página 12, Fallos, 321:885 (1998): Il-478 (983, 984). Petroquimica Argentina S.A., Fallos, 297 :500 (1977 ): Il-423 (640). Petroquímica Comodoro Rivadavia c/Pcia. del Chubut, Fallos, 312:995 (1989): I-311 (206, 207) . Petrus S .A. c/Nación Argentina, Fallos, 210:855 (1948): II- 200 (244). Peusso c/Ferreyra, Fallos , 303:1521 (1981): 1-458 (846). Peyrú, Os valdo J ., Fallos , 310:1401 (1987): l -329 (308), 1-330, 331 (3 10 a 313). Pietranera c/Nación Argentina, Fallos, 265:291 (1967): Il-425 (663). Pignata c/La Alejandrina S.R.L., Fallos , 251 :279 (1961): 1-327 (288). Pincdo, Co rina, Fallos, 263:296 (1965): I-276 (36). Piña Hnos. S .A. , Fallos , 295:889 (1976): II-423 (644). Pirelli Cables c/Entel (e.l .), Fallos, 322:298 (1999): II-47 (157). Pita Oliver, H ., Fallos, 187:505 (1940): 1-450 (785). Pitto, Luis M., Fallos , 252:177 (1962): ll-209 (280 , 282). Plaza, Osear Juan , Fallos, 308:84 (1986): II-344 (254). Polino c/Nación Argentina, Fallos , 317:335 (1994): 1-290 (101), l -405 (598, 599), I-408 (618), I -415 (647), II-85 (327, 328), Il-136 (579), II-137 (584, 585), II-198 (233), ll-203 (255, 256), II-275 (621), II-278 (631), II-466 (903, 904), II-467 (905). Ponzetti de Balbín c/Editorial Atlá ntida, Fallos , 306:1892 (1984): II-457 (849). Porcelli c/Banco Nación, Fallos , 312:555 (1989): 1-246 (369). Portal de Belén c/Ministerio de Salud y Acción Social, sentencia del 5/3/02: II-475 (966), Il-476 (967). Portillo, Alfredo, Fallos, 312:496 (1989): II-459 (865, 866). Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Pcia. de Corrientes, Fallos, 315:1673 (1992 ): Il-466 (897). Primera Plana , Fallos , 276:92 (1970): II-1 72 (121, 122), II-426 (669). Pro c/Osvaldo Y Norberto Olivieri S.A., Fallos, 295 :33 (1976): 1-453 (810). Proc~~~~~r Fiscal c/Gobernador de San Luis, Fallos, 9:537, 543 (1870): II-371

0

(i

Procurador Fiscal de Salta, Fallos , 156:318, 321 (1930): I-279 (45), 1-286, 287 (85).

y DICTÁMENES CITADOS

559

Procurador p · de II-371 (343). e • FalkJs 4:311 (1867}: II-154, 155 (21} Procurador Fiscal de Santa Fe ' (23, 26). c/Senorans, Fallos , 6:67, 72 (1868): II-155 Procurador General Ramón Laseano e . 267:352 (1 967): 11-227 (366}. ' n Pela. d e R ío Negro c/Neuquén, Fallos ,

Prod~i~~:~03~e{• ~-~~~iv(~3~acionaJ, Fallos, • 93 1).

321 :1252 ( 1998): ll-ss c95 , 9B).

Prop~ls?ra Siderúrgica S.A., Fallos , 315:1820 (1992): II-163 (63). Provmc¡a de Santa Fe c/Nicchi, Fallos , 268:112 (1967 ): II-309 (109), II-419 (612, 613), II-425 (664). Provincias Córdoba y Santa Fe sobre límites, Fallos , 24:62 (1882}: II-312 (127}. Provincias de Santa Fe y Córdoba, Fallos, 114:425 (1911): II-227 (363). Prun.a Bertot, Fernando, Fallos, 312:3 11 (1989): II-342, 343 (248). PuCCJ c/Braniff International, Fallos, 293 :287 (1975}: II-426 (670}. Pucci , Vicente, Fallos, 243:306 (1959): I -245 (360) 1-423 (68 a 70) 11-414 • (577, 579). ' Pueyrredón, Horacio, Fallos , 170:246 (1934): II-170 (114). Pupelis, María Cristina, Fallos, 314:424 (1991}: I-272 (9, 14}, I-444 (778 779), II-163 (62), II-276 (627). ' Quaglia c/Sansoni , Fallos , 293 :463 (1975): 1-453 (810). Quinteros, Juan L. , Fallos, 321 :958 (1998): 1-456 (830). Quirino Arismendi c/Paloma, Ornar, Fallos, 293:323 (1975): II-303 (66). Rabinovich c/Banco Comercial de Buenos Aires, Fallos , 293 :323 (1975): 1-450 (787), I-451 (792), l-456 (829). Radulescu c/Nación Argentina, Fallos, 290:83 (1974): I-272 (10). Rallin, Hugo Félix, Fallos , 314:407 (1991): I-272 (10), I-274 (25). Ramos c/Batalla , Fallos, 278:62 (1970): II-426 (671). Ramos c/MCBA, Fallos, 181 :264 (1938): II-162 (52). Ranieri c/Cía. General de Fósforos Sudamericana S.A. , Fallos , 267 :484 (1967): 11-342 (248). Rasspe Sohne c/Nación Argentina, Fallos , 249:51 (1957): I-272 (10). Rattagan , Tomás Miguel , Fallos, 258:255 (1964): l-274 (23). Ravaglia c/Santa Fe, Fallos , 317:1224 (1994): I-290 (102), I-405 (599), I-408 (618), I-415 (647), II-137 (586). Rayford, Reginald, Fallos, 308:733 (1986): II-458 (857). Refinerías de Maíz S.A., Fallos, 307:1016 (1985): II-342 (244). Reginensi de Pérez cNalls de Pérez, Fallos, 237:337 (1957): I-344 (361). Rey c/Rocha, Fallos , 112:384 (1909): I-467 (922), II-315 (137, 138). Ribo c/Nación Argentina, Fallos , 311:1237 (1988): II-47 (156). Ricci c/Autolatina Argentina S.A., Fallos , 321 :1058 (1998): l-320 (256), l-331 (319), I-455 (825). Rico, Aldo y otros, Fallos, 319:1654 (1996): 1-289 (98).

CONTROL DE CONSTITUCIONAL!UAD

560

Río Negro c/Estado Nacional, Fallos, 322:1135 (1999): I-409 (62 1, 622), I-4U (639).

Ríos, Antonio J ., Fallos , 310:819 (1987): II-236 (422). . . Ríos c/SindicaLo de Trabajadores de Correos y TelecomunJcacloncs , Fallos, 294:313 (1976): ll-339 (225). Ríos, Gómez y Ríos, Fallos , 1:32 (1863): Il-371 (338). Ríos, Ramón, Fallos , 300:700 (1978): II-163 (58). Ríos Seoane, Francisco, Fallos , 3 15:859 (1992): II-342, 343 (248), 11-344 (255). Risolía de Ocampo c!Rojas, Fallos, 323:1934 (2000): I-438 (753), I-439 (758 a 761), Il-281, 282 (647). Rivadavia Televisión S.A. c/Nación Argentina, Fallos, 316:664 (1993): I-312 (2 14). Rivarola c/Consorcio de Propietarios Ugarteche 3236, Fallos, 323:2879 (2000): I-457 (841). Riveros , Santiago Ornar, Fallos , 313:1392 (1990): II-210, 211 (292) . Roa c!BCRA, Fallos, 298:113 (1977 ): II-342, 343 (248), II-343 (250 ). Rochman de Blitman c/Gryncwaig, Fallos, 298:85 (1977): II-342, 343 (248). Rodríguez Araya, Agustín, Fallos, 200 :253 (1944): I -243 , 244 (340), II-300 (50). Rodríguez c!Estado Nacional, Fallos, 318:219 (1995): 11-183 (165). Rodríguez c!Rodríguez de Schreyer, Fallos , 316:64 (1993): 1-383 (5 16), l -453 (808), II-329 . Rodríguez de Bouza c/Cía. de Seguros La Comercial e Industrial de Avell aneda, Fallos, 255 :29 (1963): II-245 (465). Rodríguez de Dinapoli , Aída, Fallos, 306:1312 (1984): Il-344 (251) Rodríguez Elizalde c/Banco Provincial de Salta, Fallos, 310:295 (1987): II-327 (192). Rodríguez, Fermín . Fallos , 48:17, 23-24 (1892): II-170 (110). Rodríguez, Jorge -.Jefe de Gabinete de Ministros-, Fallos, 320:2851 (1997): 1-192 (132), 1-247 (378), l-271 (6), 1-321 (258), l -428 (699), 1-434 (729 a 731), I-435 (732 a 734), 1-436 (735 a 737), I-440, II-280 (636), II-332 (213), 11-483 (1018). Rodríguez, Roberto Candelario, Fallos, 279:40 (1971): 1-224 (260), II-298 (43). Rodríguez, Ruggero y Tambascio, Fallos, 254:116 (1962): I-245 (358), I-317 (235, 236), II-177 (150), II-414 (580). Rodríguez Varela c/Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 315:2990 (1992): Il-247 (476). Rojas , Isaac Francisco, Fallos , 256:474 (1963): II-342 (248). Rokuro Yamaguchi, Jorge, Fallos , 302:219 (1980): I-457 (832). Rolón Zappa, Víctor, Fallos , 308:1848 (1986): II-459 (868). Rol ón Zappa, Víctor, Fallos, 311:1644 (1988): I-361 (435, 444). Romano , Catalina Ana, Fallos, 30 1:236 (1979): II-241 (444). Rom a no, Félix Norberto, Fallos, 264:301 (1966): Il-304 (71). Romero , César Enrique, Fallos , 286:23 5 (1973): l-239 (321), II-295 (32). Rom ero Fcris c/Poder Ejecutivo Nacional, Fallos , 317:711 (1994): 11-467 (906, 908) .

ÍNDICE DE FALLOS. ACORDADAS y

:Álii:ID."ES CITADOS

561

Roncoroni de Claisse c/Uhart, F. ll Rosmarin c/Hiriart F llc 263 a os, 251 :455 (1961): I-327 (289). Ross c/Na . ' .a s, :145 (1965): I-357 (415). Rossi Cibi~~ó~~rget~ma, Fallos, 311:1232 (1988): II-343 (248). (897). ' Jgue Angel, Fallos, 315:2074 (1992): II-312 (213, 215), II-466 Rou sselot (361). c/Concejo D e l 1'berante d e Morón Fallos, 313:1596 (1990): II-226 Ru~i , Beatriz A., Fallos , 301:524 (1979): II-243 (355) Rm z c!N · · Ar · · , I-42~cl(~~9). gcntma, Faltos, 256:386 (1963): I-392 (535), I-393 (536), Ru~z, Antonio M.,

Fallos , 256:386 (1963): II-393 (536).

Ru~z, Roque A., ~allo.~. 3 10:1847 (1987): II-458 (857), ll-459 (863).

Ru¡ z Vargas c!Pc!a. de 'fucumán , Fallos , 308:134 7 (1986): I-456, 457 (832) Russ~ ~)~lle Donne, Fallos , 243 :467 (1959): 1-427 (686), II-281 (642), II-4Hl

5

Rybar c/García Y Obispado de Mar del Plata. Fallos 315:1294 (1992)· II-248 (482, 483). ' . S.A. Cía. Industrial Financiera e Inmobiliaria "Fome!" (en liquidación) in re OtLo Scbastián Bemberg y Josefma Elortondo de Bemberg, FaLlos, 225:667 (1953): I-244 (349). Saademo, Selim , Fallo s, 308:1202 (1986): II-342, 343 (248). Sabaté, Domingo, Fallos , 283 :189 (1972): II-241 (443). Saccone c/Menisses, Fallos , 94 :444 (1902) : I-307 (187). SAFE Agropecuaria S.A. c/Pcia. de SanLa F e, Fallos , 286:76 (1973): 1-397 (560). Sagasta, José María, Fallos , 241 :50 (1958): I-287 (88), II-413 (567), 11-460 (875). Saker c/Allegrone, Fallos , 287 :327 (1973 ): I-453 (808). . Saladeristas de Barracas c/Buenos Aires, Fallos , 31:273 (1887): II-55 (202), Il-384 (409, 410), II-386 (419). Salamanca, María Julia Martínez de Hoz de , Fallos, 234:52 (1956) : II-339 (225). Sali, Riza, Fallos, 218:558 (1950): I-125 (303). Salvo c/Mendoza, Fallos , 298:452 (1977): I-457 (833 , 836). Samaras c/Mati, Fallos, 294:324 (1976): I-453 (809) . Sambucetti , Juan Carlos, Fallos, 314:1251 (1991): II-340 (228). San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales , Fallos, 317 :1541 (1994): I-272 (14), II-163 (64). San Luis en Compañía Azucarera 'fucumana S.A. c/'fucumán, Fallos , 141:271 (1924): It-224 (348). San Miguel , José, Fallos, 216:606 (1950): I-245 (350). Sanabria, Ernesto , Fallos , 317:95 (1994): I-356 (412, 413) . Sánchez c/Caja Forense de la Provinci a del Chaco, Fallos, 286:187 (1973): 11-303 (66), II-426 (67 4). Sánchez c/Universidad de Buenos Aires, Fallos , 303:1060 (1981): Il-243 (455).

CoNTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

562

Sánchez Ceschi cJBuenos

.

ll

215•157 (1949): 11-219 (329) . 306:1409 (1984): II-461

Aires~ F~ ~N V. Fallos

Sánchez Grane l Obras de Ingemena

· · ·•

'

Sánc~~:~:r-;~~i~ar~:!~~~:~~ia~:0~:.2~~0~~~~~):(;~;~~~ ri~:~~

(250). 1854 (2000): 1-411 (635). Santaella c!Nación Argentina, Fallos, 308:2068 : Il-342, 348 (248). Santander, Silvano , Fallos , 254:282 (1962): ll-339 (225). Santiago del Estero c/Nación Argentina, Fallos, 307:1379 (1985): 1-898 (565, 566), 1-404, 406 (607), 407, 409. Santiago Graffigna Ltda ., Fallos, 223:436 (1952); l-268 (446). Santfn c/Impuestos Internos, Fallos, 212:51 (1948): I-359 (429, 430). Santos c/Valentini, Fallos, 307:282 (1985): Il-344 (251). Saragovi, Horacio, Fallos, 300:1173 (1978): ll-415 (584) . Sardi c/Mendoza, Fallos, 171:79 (1934): 1-263 (440). Sauze Almagro, Rodolfo, Fallos, 252:244 (1962): Il-171 (118). Scaccheri de López, María, Fallos , 310:2214 (1987): II-333 (216). Scheimberg, Simón, Fallos, 164:344 (1932}: 1-244 (341), Il-360 (314}, II-418

~:~a Cruz c/Nación Argentina, Fallos , 323:1849,

(594, 595).

Schiariti c/ANSES, Fallos, 323:1861, 1865 (2000): II-33 (99). Schvartz, Luis c/Reconstrucción de San Juan , Fallos , 255 :187 (1963): 1-357 (417}. Segura Olivera c/Buenos Aires, Fallos, 316:3200 (1993): 1-412 (640). Sejean c/Zacks de Sejean, Fallos, 308:2268 (1986): I-318 (242), I-319 (246, 249}, II-310 (111), II-457 (847), Il-475. Semanario Azul y Blanco, Fallos , 250:832 (1961): 11-171 (118). Señores Jueces de Cámara (Comisión de Informá tica}, Fallos , 317:580 (1994}: I-452 (799). Sergejew c/Nación Argentina, Fallos , 244 :182 (1959): 11-342 (246). Sergio Pablo Artigue, Fallos, 317:247 (1994): I-276 (36). Serra c/MCBA, Fallos , 316:2454 (1993): II-300, 301 (56), II-335 (221). Servicio Nacional de Parques Nacionales c!Franzini, Fallos, 318:445 (1995}: II-208 (276}. Servini de Cubría , María R., Fallos, 315:1943 (1992): II-479 (997). Shary c/Municipalidad de Rosario, Fallos, 103:373 (1906): II-321 (160). Sierra c/Asociación Argentina de Anestesiología, Fallos 314:1404 (1991)· 1-453 (810). • . Siganevich, Samuel , Fallos , 177:390 (1937): Il-136 (582) II-224 (352) S~gra S .R.L., Fallos, 320:1962, 1976 (1997): I-273 (15). ' . Silva c/Casenave Y Facchini Soc. de Hecho, Fallos , 294 :59 (1976): 1-456 (829). S~lva de Zelaya ~Saavedra de Silva, Fallos , 218:595 (1950): II-303 (66). de Docentes Particulares, Fallos , 295 : 838 (1976): II-339

Smdi~;;~)~rgentino

S~nd~cato Argentino de Músicos, Fallos, 248:800 (1960): II-171 (119). Smd1cato Argentino de Músicos, Fallos, 253 :229 (1962): I-266 (443)_

ÍNDICE DE FAU.OS, ACORDADAS Y DICrÁKESES CITADOS

563

Sindicato de Obreros y Empleados Viu.inícolas c/Con:es y C(a ., Fallos , 251 :526 (1961): ll-244 (463). Sindicato de Trabajadores de la I.ndustria de la Alimentación c/Ministerio de Trabajo, FalkJs, 319:14,20 ( 1996): 1-260 (416). Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, Fallos, 292:331 (1975): 1-454 (814), 11-342, M3 (248). Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines, Fallos. 249:569 (1961): 1-421 (659). Siri, Ángel, Fallos, 239:459 (1957): 1-241 (326), 1-446 (781), II-57 (215), ll-299 (48), 11-425 (661). Sivak, Benjamín, Fa.llos , 245:204 (1959): 11-339 (225). Sluzevsky, Jorge, Fallos , 269 :225 (1967): 1-327 (295). Soengas c/Ferrocarriles Argentinos, Fallos, 313:664 (1990): I-427 (689). Sofía, Antonio, Fallos , 243 :504 (1959): 1-246 (363), 11-170 (107), II-171 (116, 117), 11-425 (660). Sojo, Eduardo, Fallos , 32:120 (1887): 1-136 (332), 1-195 (148), 1-215 (226), 1-338 (355), 1-365 (457), II-309 (99), Il-387 (430), II-483. Solá c/Fadul de Sobrino, Fallos , 308:1699 (1986): 1-456 (828). Solá c/Podcr Ejecutivo Nacional, Fallos, 320:2509 (1997): 11-470 (940). Solari Yrigoyen, Hipólito, Fallos, 305:269 (1983): II-173 (133). Solari, Juan A., Fallos , 220:35 (1951): I-423 (666, 667). Soria de Guerrero c/Bodegas y Viñedos Pulenta S.A. , Fallos , 256:556 (1963): Il-198 (227 a 230). Soria de Martínez, Cristina, Fallos, 303:1264 (1981): I-451 (794). Sosa c/Neuquén, Fallos, 310:211 (1987) : 11-33 (97). Spadoni, Horacio E ., Fallos , 305 :204 (1983): II-173 (133). Spinofer S.A ., Fallos, 258 :227 (1964): I-421 (659). Slegmann, Horacio Raúl, Fallos, 227:688 (1953): 1-287 (85). Stevenson, Anny May c/Consejo Nacional de Educación , Fallos , 211:682 (1948): II-219 (310). Strada c/ocupantes del perímetro ubicado entre las calles Deán Funes, Saavedra, Barra y Cull en , Fallos , 308:490 (1986): II-346 (263). Stora ni de Boidanovich, Victoria, Fallos, 184:137: ll-316 (141). Suárez c/Álvarez, Fallos, 154:101 (1929): 1-268 (446). Suárez c/Cherasny, Fallos, 318:823 (1995): II-479 (990). Sueldo de Posl eman, Mónica, Fallos , :H0:804 (1987): 1-268 (446) . Superintendencia de Seguros de la Nación, Fallos, 316:188 (Hl93): I-271 (7). Susso c/Sociedad Compagno, Fallos, 180:21 (1938): II-340 (229). Tagliarini c/Sur S.A., Fallos , 295 :152 (1976): Il-339 (225). Talleres Metalúrgicos Ba rari S.A. c/Agua y Energía Eléctrica S.E ., Fallos, 320:101 (1997): I-216 (238), I-275 (29). Tallo, Antonio, Fallos , 30R:615 (1986): II-459 (867). Tavares, Flavio A., Fallos , 315:1699 (1992): 11-479 (990). Tejerina, Wenceslao, Fallos , 307:2106 (1985): II-241 (446).

564

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Telefónica de Argentina c/Poder Ejecutivo Nacional, Fallos, 321:1338 (1998): l-312 (218). Temporelli de Montagna c/Consejo General de Educación de Santa Fe, Fallos, 267:150 (1967): l-327 (294). Teltarnanti c/Aranguren (Sucesión), Fallos , 184:361 (1939): II-39 (126), II-41 (138). The South American Stores Gath & Chaves c/Buenos Aires, Fallos, 149:137 (1927): Il-35 (107, 108), II-41. Thompson C.S.F. S.A.C.l., Fallos, 307:1332 (1985): l -330 (309). Tillard c/Municipalidad de Córdoba, Fallos, 261:103 (1965): II-218 (328). Timerman , Jacobo, Fallos, 300:816 (1978): l-246 (364), 11-173 (129, 130), Il- 175, 11-460 (872). Tiscornia, Agustín ErnesLo, Fallos, 310:1623 (1987): 11-41 (134), II-341 (237). Tomás Devoto y Cía. Ltda . S.A. c/Gobierno Nacional, Fallos , 169:111 (1933): Il-425 (657). Tomasell a Cima c/Congreso de la Nación, Fallos, 322:2370 (1998): II-206 (269). Torres, Osear Claudio, Fallos, 315:1043 (1992): II-477 (968). Toth, Alfredo, Fallos, 310:2693 (1987): 1-454 (811). Toublanc c!Lucifora, Fallos, 304:1717 (1982): Il-342, 343 (248). Transportes Rfo de la PlaLa, Fallos, 304:1621 (1982): Il-342-343 (248). Triaca elLa Razón, Fallos , 316:2416 (1993): II-479 (991). Trinchero. Carlos, Fallos, 262:181 (1965): I-421 (659). Tripulantes sublevados del buque de guerra chileno La Pilcomayo, Fallos, 43:321 (1891): II-386 (418). Trossi, Luis, Fallos, 247:528 (1960): II-171 (118). Trovalo c/Cámara de Senadores de la Nación, Fallos, 320:1931 (1997): Il-183 (166). Trovato c/Cámara de Senadores de la Nación, Fallos, 321:2339 (1998): II-183 (167), II-184 (169). Thbio Torrecillas, Carlos A., Fallos , 302:934 (1980): 11-188 (185). Tucumán c/Unión Cañeros Azucareros Monteros, Fallos, 204:310 (1946): II238 (4:10). Turón de Erlebach c/Delicia, Fallos , 254:201 (1962): I-327 (291). Udaquiola Holmberg c/Saguier de Silva Ri estra, Fallos , 244:536 (1959): II-342 (248). Ufito S.R.L., Fallos , 304:1898 (1982): 11-423 (645). Ugarte c/Santoro, Fallos, 307:599 (1985): 1-453 (810), 1-454 (817). Ulla c/Caldo Miretti, Fallos, 252:328 (1962): 1-327 (290). Unilever c/Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, Fallos , 323:3160 (2000): I-124 (301). Unión Cívica Radical c/Campos, Fallos, 285:147 (1973): II-205 (264). Unión Cívica Radical Bloquista, Fallo s, 244:164 (1959): II-230 (384, 385). U nión Cívica Radical de la Pcia. de Buenos Aires c/Resolución de la Junta Electoral, Fallos, 308:1745 (1986): II-236 (421).

ÍNDICE DE FAU.OS, ACORDADAS Y DIC'I'ÁME!I.'ES CITADOS

565

Unión Cívica Radical lntran igente de la Pcia . de Bs. As. Fallos 257 ·155 (1963): II-229 (383). ' ' . Un~ón C_fvica Ra~cal. Fallos, 322:1133 (1999): I-453 (808). Umón C!vtca Radical-J"un ta Reorganizadora acional Fallos 189·155 (1941)· II-228 (371). ' ' . • . Unión de Fuerzas Sociales (Junta Electoral I-29 (2), I-227 (268).

acional), Fallos 315:71 (1992)· ' .

Un!ón del Ce.nt~o Democrático, Fallos , 306:2048 (1984): II-236 (419). Umó74~~~~ovtarta c/Poder Ejecutivo Nacional, Fallos , 323:1665 (2000): I-438 Unión Obrera Metalúrgica c/Nación Argentina, Fallos , 319:371 (1996): I-192 (132), ll-332 (210, 211). Universidad de Buenos Aires c/Poder Ejecutivo Nacional Fallo s 314·570 (1991): II-240 (436), II-468 (918, 919). ' ' .• Universidad Naciona l de Córdoba c/Nación Argentina, Fallns, 322:919 (1999): T-216 (237), I -272 (10), II-469 (924). Urteaga c/Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., Fallos , 321:2767 (1998): I-425 (678), II-481 (1008), II-484 (1025). Vaca Narvaja c!Pér ez, Fallos , 220:911 (1951): I-126 (304). Vaccaro c/Paramio, Fallos, 310:302 (1987): II-327 (193). Val de Anido c/Chaco Argentino S.A. , Fallos, 289 :197 (1974): II-304, 305 (74). Valdez c/Cintioni, Fallos , 301:319 (1979): I-320 (250). Valdcz c/Nación Argen Lina, Fallos , 295:937 (1976): II-424 (653). Varela c/Alpargatas S .A., Fallos , 291 :499 (1975): I-327 (298). Varela c/Cía. Nobleza de Tabacos S.A., Fallos, 303:5íl6 (1981): I-453 (808). VascheLLi c!Dirección General Impositiva, Fallos , 315:222 (1992): Il-303 (66). Vázquez c/Casabianca, Fallos, 235:662 (1956): I -238 (315), II-294 (26). Vázquez, Héctor 0. , Fallos, 307 :1018 (1985): I-456 (829). Vázquez, Norberto José, Fallos , 254:437 (1962): I-276 (36). Vega c/Consorcio de Propietarios del Edificio Loma Verde, Fallos, 316:3 104 (1993): I-320 (252 , 253). Vega c/Martíncz, Fallos , 123:82 (1916): I-268 (446) . Vega, Fabián Alberto , Fallos , 316:2464 (1993): II-477 (972) . Velasco, Eduardo Ellas, Fallo s, 271:124 (1968): II-163 (56). Velázquez c/Vallejo Sáenz, Fallos , 255:119 (1963): I-354 (402), II-311 (124). Venendal S.R.L. elLa Botica de los Sabores S.R.L., Fallos, 307:109 (1985): II-342, 343 (24!l) . Venini, Horacio J., Fallos, 286:17 (1973): l-237 (314), I-239 (320), II-294 (25), II-295 (31). Ventura c/BCRA, Fallos , 294:152 (1976): II-422 (634 a 636). Verbitsky, Horacio , Fallos , 312:916 (1989): I-289 (99), II-458 (854, 856). Verrocchi c/A.N.A., Fallos , 322:1726 (1999): J-196 (154), 1-437 (739, 741 a 744), I-440, I-441 (762, 763), II-281, 282 (647). Vialco S.A . c/Río Negro, Fallos , 292:604 (1975): II-421 (629). Vianini, José, Fallos, 321:2131 (1998): I-450 (788).

566

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Vicente Montañana e Hijos S.R.L., Fallos, 303:1104: Il-339 (225). Videla Cuello c:JLa Rioja , Fallos, 313:1638 (1990): I-427 (690). Videla Cuello (su sucesión) c:JLa Rioja, Fallos, 318:1808 (1995): 1-355 (408). Videla , Jorge Rafael , Fallos, 306:2101 (1984): II-339 (225). Video Cable Comunicaciones cllnstituto Nacional de Cinematografía, Fallos, 316:766 (1993): Il-342, 343 (248). Video Club Dreams cllnstituto Nacional de Cinematografía, Fallos , 318:1154 (1995): 1-196 (151), 1-271 (5), I-320 (257), 1-432 (718, 720), 11-281, 282 (647), 11-470 (941, 942). Vieytes de Fernández c/Buenos Aires, Fallos , 295:973 (1976): 11-309 (109), Il-424 (652). Vila c/Empresa Constructora Red Caminera Argentina, Fallos , 221:728 (1951): 11-303 (66) . Vilche c/Nación Argentina, Fallos, 304:1891 (1982): 11-243 (455). Villanueva c!Municipalidad de la Capital, Fallos , 24:248 (1882): 1-277 (37), I-285 (76, 77). Viñedos y Bodegas Arizu c/Mendoza, Fallos , 156:20 (1929): Il-380 (380, 381). Viñuales c/Pcia. de Jujuy, Fallos, 149:187 (1927): 1-240 (324), II-296 (35). Viola, Carlos J., Fallos, 313:114 (1990): II-189 (196) . Vitón c!Ugarte, Fallos , 103:53 (1905): I-285 (78). Volcán Cuareta S.A., Fallos, 261 :36 (1965): 1-266 (443). Von Brevern, Roman , Fallos , 300:1004 (1978): 11-339 (225). Von der Heyde c/Banco Central de la República Argentina, Fallos, 315:301 (1992): 1-457 (838). Watch Tower Bible and Tract Society c/Nación Argentina, Fallos, 299:352 (1977): 1-421 (659). Weinzettel, Carlos 1., Fallos, 302:1626 (1980): 11-415 (586). Western Electric Co. Inc. of Argentina c/Corporación Argentina Americana de Films, Fallos, 193:524 (1942): 1-309 (195 a 198), I-313. Yema!, Jorge G., Fallos , 321:510 (1998): ll-477 (969). Yezzi c/Frigorífico Anglo S .A., Fallos, 191:362 (1941): II-339 (225). Youssefian c!Secretaría de Comunicaciones, Fallos , 323:3083 (2000): 1-313 (220). YPF c!Pcia . de Corrientes, Fallos, 315:158 (1992): II-292 (16), 11-310 (112) II-469 (927 a 929). ' Yrur~i:S~mpresa Cia. Argentina de Televisión , Fallos , 30B: 171 (1981): I-457 Zaballa c/Astorga, Fallos, 11:423 (1872): 1-243 (334, 335). Zamoran~, Carlos M., Fallos, 298:441 (1977): II- 172 (125), II-173 (128). Z~pata Ttmberlake c/Stehlin, Fallos, 311:2247 (1988): II-343 (250) Zarat~, J~sé Miguel, Fallos, 247:708, 711 (1960): II-176 (144). . Zaratlegu1 c/Nación Argentina, Fallos , 311:2580 (1988): 1-351 (395) I-400 (570), ll-135 (571), ll-164 (69). '

ÍNDICE DE FALLOs

' ACORDADAS y DICTÁMENES CITADOS 567 Zeiguer c/Bernat S C.A F l'Ziella . . . . ., a ws, 298:55 (1977): I-456 (829) dSmll"lgho Hnos., Fallos , 209:25 (1947): 11-213 (30li, II-412 (564).

b) Acordadas

Acordada 112000, Fallos 323·128 7 2 Acordada 20/1996 F ll ' · ( 000): I-294 (121 a 123) 3 2 Acordada 4/1984 Fa~o:\ ~~ (~ ( 1996 ): 1-2 92, 293 (114 a Í17). A d d ' ' · 84): I-291 (109) cor a a 41/1998, Fallos, 321:1536 (1998): I-294 C120) Acordada 44/1989, Fallos, 312:1513 (1989): II-462 (888i Acordada 44/1995, Fallos, 318:1772 (1995): I-292 (113) · Acordada 6011996, Fallos, 319:2078 (1996): I-293 (119): Acordada del 2 de abril de 1945, Fallos, 201 :245 (1945): I -291 (107). Acordada del 7 de marzo de 1968, Fallos , 270:83 (1968): I-291 (108). Acordada del 7 de junio de 1943, Fallos , 196:5: II-213 (305). Acordada del 10 de septiembre de 1930, Fallos , 158:290 (1930): I-225 (261), II-213 (299), II-291 (13), II-298, II-299 (44), II-405 (539).

0

9

2. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal

Sala 1 Asociación Benghalensis c/Ministerio de Salud y Acción Social, 5/3/98, ED, t. 178, p. 779 : 11-74 (279). Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires dEdesur, 16/3/00, LL , t. 2000-C, p. 399: II-62, 63 (231). Telemetrix S.A. dAGP, 30/5/00, LL , t. 2001-A, p. 368: II-246 (472). Torello c/INSSJP, 2/2/00, LL , t. 2000-B, p. 274: 11-140 (601). Sala Il Gambier dMinisterio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 18/6/98 (Causa 25.841/97): Il-140 (597-598). Gambier dPoder Ejecutivo Nacional, 19/8/99, LL, t. 1999-E, p. 624: II-140 (599). Nieva dPEN-Decreto 375/97 , 26/8/97: II-67 (253), II-86 (333). Terragno dEstado Nacional, 3/6/97 (causa 4737/97), LL , t . 1997-F, p. 564: ll-85 (329), II-86 (330), Il-141 (605). Sala Ill Adelco (Liga del Consumidor) dEstado Nacional-PEN (decreto 92/97), 15/5/98, ED, diario del 17/7/98: II-74 (276). Colegio Público de Abogados de la Capital Federal dDirccción Nacional de Migraciones, 17/4/97 (causa 6128/96): 11-74 (281). Defensor del Pueblo de la Nación dEstado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos), 4/6/96, LL, t. 1996-C, p . 405: II-68 (259).

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

568

Defensor del Pueblo de la Nación c/Poder Ejecutivo, 14/2/97, LL , t. 1997-C, p . 836: H-61 (228), Il-66 (24 7). . . . Defensor del Pueblo de la Nación c/Poder EJecutivo Nac10nal s/amparo, 23/9/97 , Rev. "Régimen de la Administración Pública", nº 230 , p. 132: Il-61, 62 (228) . 9 Nicali c/Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1117/00, causa n 11.654/00: JT -247 (477). Schroder c/Estado Nacional-Secretaría de Recursos Naturales, 8/9/94, LL, t. 1994-E, p. 449: II-137 (587 , 588). Sala IV Asociación de Reproductores Argentinos de Cine y Video c/Telefé S .A., 13/10/92, causa 3745/92: II-73 (269). Cámara de Armadores de Poteros Argentinos, 9/5/00 (causa nY 41.882/99): II-74 (277). Consumidores Libres Coop. Ltda. c/Estado nacional , 17/10/97 , LL, t. 1997-F, p. 273: 11-73 (273). Defensor del Puehlo de la Nación c/Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 7/3/00, LL, t . 2000-C, p . 162: II-6 8 (258) Marccr c/Tribunal de Disciplina del CPACF, 13/7/00, causa n9 45.693: II-284 (655). Siracusa c/Corte Suprema de Justicia de la Nación. 31/5/00, causanº 26.561: Il-247 (477). UBA c/Jcfe de Gabinete, 9/5/00, causa n 9 45 .697/99 , LL , t. 2001-B, p. 433: Il-239 , 340 (434), TT-246 (471). Viceconte c/Ministerio de Salud y Acción Social , 2/6/98, LL , L. 1998-F, p. 102: II -139 (595, 596). Youssefian c/Secretaría de Comunicaciones, 23/6/98, LL, t. 1998-D, p. 712: II -67 (253), II-73 (274), Il- 138 (589). Youssefian , Martín c/Secretaría de Comunicaciones, 17/10/97 , LL, t. 1997-F, p. 270: II-52 (178). Sala V Consumidores Libres Coop. Ltda. c/Estado nacional , 20/10/95, LL, t. 1995-E, p . 470: II-65 (242). Consumidores Libres Coop. Ltda. c/Poder Ejecutivo Nacional, 9/5/97, Rev. "Régim en de la Administración Pública", n 9230 , p. 130: Il-61 (228). Labatón c/Estado nacional , 25/9/96, LL , t. 1998-F, p. 352: II-139 (593).

Sala de feria Diez, Carlos c!Poder Ejecutivo Nacional, 10/1/01 LL t. 2001-B p 278· I-386

(522 ).

•

,

' .

.

3. Cámara Nacional de Casación Penal

Sala III, Jorge R. López Vega, 1117/00, LL, t. 2001-B , p. 401: I-361 (445) .

CoNTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

568

. f 14/2/97 , LL , t. 1997-C, Defensor de1 P ue bl 0 d e la Nación c!Poder EJcCu IVO, p . 836: II-61 (228), Il-66 (2~7) . p d r E 'ecu tivo Nacional s/umpa ro , Defen so r del Pueblo de la Nación e/ o e J.ó p ' bl'ca" no 230 p . 132: 23/9/97 , Rcv. "Régime n de la AdmmlstracJ n u J • ,

a n2 11 654/00: . II-247 (477). L Schroder cfEstado Nacional-Secretaría de Recursos Naturales, 8/9/94 , L , t . 1994-E, p. 449: Il-137 (587, 588). II-61 , 62 (22R).

.,

Niculi dCorte Suprema de Justicia de la NacJOn, 11/7/00, caus

Sala IV Asociación de Reproductores Argentinos de Cine y Video c/Telcfé S.A., 13110/92, causa 3745/92: TT -73 (269). Cámara de Armadores de Poteros Argentinos, 9/5/00 (causa nº 41.882/99): II-74 (277). Consumidores Libres Coop. Ltda. c/Estado nacional, 17/10/97, LL, t . 1997-F, p. 273: II-73 (273). Defensor del Pueblo de la Nación c/Ministerio de Obras y Servicios Públicos, 7/3/00, LL , t. 2000-C, p. 162: Il-68 (258) Marcer d Tribunal de Disciplina del CPACF, 1317/00, causa nQ45.693: II -284 (655). Siracusa c/Cort.e Suprema de Justicia de la Nación, 3115/00, causa n" 26.561: II -247 (4 77). UBA c/J cfe de Gabinete, 9/5/00, causa n° 45.697/99, LL , t. 2001-B, p. 433: II-239 , 340 (434), II -246 (471).

Viceconte dMinisterio de Salud y Acción Social, 2/6/98, LL , t. 1998-F, p. 102: II-139 (595, 596). Youssefian dSecretaría de Comunicaciones, 23/6/98, LL, t . 1998-D , p. 712; Il-67 (253), ll-73 (274), Il-138 (589). Youssefian , Martín c/Secretaría de Comunicaciones, 17/10/97, LL , t. 1997-F, p. 270: II-52 (178).

Sala V Co nsumidores Libres Coop. Ltda. c/Estado na cional, 20/10/95, LL, t. 1995-E , p. 4 70: Il-65 (242). Conf
Sala de feria Diez, Carlos d Poder Ejecutivo Nacional , 10/1101, LL, t. 2001-B, p. 27R: I-386 (522). 3 . Cámara Nacional de Casación Penal

Sala III, Jorge R. López Vega, 11/7/00, LL, l. 2001-B, p. 401: I -361 (445) .

ÍNDICE

DE FALLOS , ACORDADAS y DICTÁMENES CI TADOS

tí69

4. Cá mara Nacional d e Apelaciones

en lo Ciuil Sala A

~:J.~ ec/1c/M'r~spóortesb22

de Septiembre, 13/10/97: I-439 (757) ICro mn1 us C1udad d B · e uenos Aires, 15112197: I-439 (757).

SalaB Benav.ent c/Calabr6, 19/5/98, LL , t. 1998-E . 12 . Napoh c/Puccian o, 25/ 11/98 LL t 1999 D ' p 3. I 439 (757). p ' • · - , p . 449· I-439 (757) avón c/Valenzuela, 7/ 10/98, LL , t. 1999-B, p . 405.: I-439 (757)·.

Sala C

Mac~eras c/Vivas, 9/ 10/97, LL ,

t. 1998-B, p. 90: I-439 (757). ValleJos c/De los Constituyentes S.A ., 23/ 2/98, LL , 1998-D, p . 111: J-439 (757).

SalaD Castillo c!Transportes Automotores Cuyo Ltda., 30/11/98, LL, t . 1999-D p. 242: I-439 (757). ' Stark c/Raffaceillino, 15/9/97, LL, t. 1999-D, p. 737 : I-439 (75 7).

Sala E Almeida de E s tela c/Empresa Gral . Roca S.A., 9/3/99, LL, t. 1999-F, p. 55 : I-439 (757). Heredia c/Da Cruz Henriquez, 22/6/00, ED , t. 188, p. 486 : I-439 (757).

Sala F Muraca c/Empresa de Trans portes El Puente S .A., 11/9/97, ED , t. 174, p. 535 : 1-439 (757 ).

Sala G Barrientos c/Peralta, 17/2/00, LL, t . 2000-E, p. 398: 1-439 (75 7). De Cario c/Varela S.A., 23/ 10/98, LL, t. 1999-C, p . 745 : 1-439 (757).

Sala J Atrio de la Fuente c/Transporte Río Grande S.A., 25/9/97: 1-439 (757). Sala. M Báez dMicroómnibus La Vecinal, 29/10/97: I-439 (757). 5. Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Comercial La Razón S .A ., s/quiebra, fallo plenario, 27/10/94, LL, t . 1994-E, p . 413 : II-292 (18). Vázquez c/Bilbao, 218/93 , fallo plenario, LL, t. 1993-E, p . 126: II-292 (17).

570

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

6. Juzgados federales Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) c/Poder Ejecutivo Nacional, Juz. Nac. Cont. Adm. Fed. n• 1, 18/3/99, LL, t. 1999-C, p. 192: II-73 (275), Il-141 (603). Defensor del Pueblo c/Poder Ejecutivo, Juz. Nac. Cont. Adm. Fed. n° 11, 7/2197, II-66 (246). Kattan c/Poder Ejecutivo Nacional, Juz. Nac. Cont. Adm. Fed. n• 2 (firme), 10/5/83, ED, t. 105, p. 245 : II-52 (178), II-135 (568). Monner Sans c/Poder Ejecutivo Nacional, Juz . Nac. Cont. Adm. Fed. n• 1, 30/10/97, LL, t . 1998-D, p. 219: II-68 (261), Il-138 (590). Nieva c/PEN-Decreto 375/97, Juz. Nac. Cont. Adm . Fed. n• 10, 8/7/97: l -438 (724), II-86 (332). Nieva c/PEN-Decreto 842/97, Juz. Na c. Con t. Adm . Fed. n• 5, 24/9/97: II-87 (337). Tognarelli c!Estado Nacional y Telecom S.A., Juz. Fed. Córdoba n° 1, 13/2/96: II-61 (227). Unión Industrial de Córdoba c/Poder Ejecutivo Nacional, Juz. Fed. Córdoba n• 2, 6/2/97 : II-61 (227). 7. Juzgados Nacionales en lo Civil

Dalbón dGobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Juz. Nac. Civ. n• 54, 2/9/97, LL, t. 1997-F, p. 291 : II-139 (594).

8. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires Aguirre de Luqui dGCBA, Fallos TSJ, 1:352 (1999): I-152 (404). Anjues dGCBA, Fallos TSJ , 1:141 (1999): l-149 (391). Argüello dGCBA, Expte. 690/00, 19/4/01 : I-153. Artes Visuales S.R.L. dGCBA, Fallos TSJ, 1:152 (1999): I-157 (397). Asesores Empresarios dGCBA, Fallos TSJ, 1:117 (1999): I-149 (388). Asociación Civil Mirando al Sur del Barrio Samoré c/GCBA, Fallos TSJ 1:271 (1999): I-150 (393). ' Asociación de Telcradiodifusoras Argentinas dGCBA s/amparo, cxpte. 334/00 28/4/00 : I-155 (415, 416), I-161 (430). ' Banque Nationale de París dGCBA, Expte. 380/00 , 16/8/00: I-150 (397) B~rros dGCBA, Expte 201199, 9/2/00: I-150 (392) . Bianchi dGCBA, Fallos TSJ, 1:151 (1999): I-151 .(398) B~anch¡ dGCBA, Fallos TSJ, 1:296 (1999): I-151 (397). ~~11 dGCBA, Fallos TSJ, 1:193 (1999): l-152 (401) . lance_ dGCBA, Fallos TSJ, 1:73 (1999): l-151 (397) Bozzm¡ dGCBA , Fallos TSJ, 1:229 (1999): I-150 (39i).

ÍNDICE DE FALLOS , ACORDADAS

y mcr·:A.MENES

CITADOS

57

Caram c/Corach, Fallos TSJ 1 Caram c/Corach Fall Ts/ 1:269 (1999): 1-152 (403) Catalán c/GCBA E'< llos TS • 1:281 0999): 1-153 (411) . Cavallari c/GCBÁ ~ os J , 1=654 0999): 1-152 C404) Colegio de Gradu~do:p~. A60/9~ SAO, 25/6/99: I-152 (39s). 1 :259 (1999): I-150 e(393) rqwtactura y U r b BDJsmo . c/GCBA, F allos TSJ Consultores Navesur S .A. c!G.CBA, Fallos TSJ, 1:146 (1999): I-149 (388). ' Defensora del Pueblo de la Ciudad de B , . 1:44 (1999): I-149 (390). uenos Aires c!GCBA, Fallos TSJ, Defensora 1:381 Defensora 1:620

del Pueblo de la Ciudad de Buenos A. el (1999 ): I-150 (394), I-152 (406 a 408) rres . GCBA, Fallos TSJ, del Pueblo de la Ciudad d B ·. (1999): I-154 (413), 1-160 t428~.enos Aires c/GCBA, Fallos TSJ,

Defenl~~~~ ~~~ 9~~:e~~~ 5~e (~~ 4~.i~~::2 d(~~~~~nos

Aires c/GCBA, Fallos TSJ,

Doy c/GCBA, Fallos TSJ, 1:134 (1999): 1-152 (400). Ducros c/GCBA, Fallos TSJ, 1:519 (1999): 1-152 (404). Farkas c/GCBA, Fallos TSJ, 1:5 (1999): I-149 (389). Farkas c/GCBA, Fallos TSJ, 1:148 (1999): 1-151 (397). Federación Argentina de Box c/GCBA, Fallos TSJ, 1:132 (199~) : I-151 (397) Federación Argentina de Box c/GCBA, Fallos TSJ, 1:282 (1999 ): I-154 (411!). 1-160 (428). ' Financiera Nadclpa S.A. c/GCBA, Fallos TSJ, 1:235 (1999 ): I-150 (392). Fiore c/GCBA, Fallos TSJ, 1:691 (1999): I-156 (417). Fiore c/GCBA, sentencia del 28/4/00 : I-156 (418). Furci c/GCBA, Fallos TSJ, 1:128 (1999): I-151 (397 ). Corbato c/GCBA, Fallos TSJ, 1:11 (1999): 1-149 (388). lráizoz c/GCBA, Fallos TSJ, 1:658 (1999): I-150 (395). Jaime Bernardo Col\ S.A. c/GCBA, Fallos TSJ , 1:304 (1999): I-151 (397). Kismer de Olmos c/GCBA, Fallos TSJ, 1:231 (1999): 1-150 (393). Liga de Amas de Casa Usuarios y Conl':umidores de la República Argentina c/GCBA (27/9/00), ED, diario del 18/5/01: 1-151 (397 ). Losa c!GCBA, Fallos TSJ, 1:139 (1999): 1-151 (397), 1-152 (400l, 1-160 (427). Manuel Tienda León S.A. c!GCBA, Expte . 383/00, 22/6/00: 1-150 (392), 1-151 (397) . Massalín P ar t iculares c!GCBA, Fallos TSJ, 1:56 (1999): 1-150 (396), 1-156, 157.

572

CoNTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

c!GCBA Fallos TSJ 1:641 (1999 ): I-150 (39~). ' • ' TSJ 1·302 (1999)· 1-151 (B97). Midl:md Com P-rcial S.A. c!GCBA. Fallos • · ;

Me l0

. Minis terio Público c/Consejo de la :Magis tratura, Fallos TSJ, 1:307 (1999). I -153 (409). Negro c/GCBA, Fallos TSJ, 1:290 (1999): 1-150 (393). Niella c/GCBA, Fallos TSJ, 1:243 1999): I-150 (392) . Ortiz Basualdo c/GCBA (y sus aam:mladBtS :iurphy c/GCBA, y López Aleonada c/GCBA), Fallos TSJ, 1:76 ): 1-151 (398). Palacio c/GCBA (16/ ~/00), LL, aa¡!lrlla.ento de Derecho Constitucional del 2717/01 : 1-151 (397). . 1:136 (1999): I-153 (411). Partido Ju sticialista c/GCBA._ Fi 1-150 (393) . P az c/GCBA , Fallos TSJ, 1:23; P ér ez Du brez c/GCBA, Fallos 1 U 999l: I-149 (388). Perrone c/GCDA, Fallos TSJ. l. I- 149 (388). Piaggi c/GC DA, Expte. 248/00. 1 1-150 (392). I-151 (397). Pi neda c/GCBA, Fallos TSJ, 1-149 (388). Podcstá de Raimondi c/GCBA. Fi . 1:708 (1999): l -151 (397). Ram írez c/GCBA, Fallos TSJ, Rodríguez c/GCBA, Fallos TSJ_ Rolando c/GCBA, Fallos TSJ. Sandrini c/GCBA , Fallos TSJ. Sussman de Vcnturini c/GCBA .F. Traballi c/GCBA, Fallos TSJ.

): l -152 (405). ): I- 149 (391). t: 1-151 (397). 1-151 (397). • 1:227 (1999): 1-150 (393 ).

1-151 (397).

Vázquez Ferrciros c/GCBA, F1 Vlaicevich c/GCBA, Fallos TSJ_ Yaryura c/GCBA, Fallos T J.

- 1-152 (404).

Zacarías c/GCBA, Fallos T J.

): 1-152 (401) .

Norton c/Municipalidad de Godoy Cruz, SC Mendoza, Sala 1, 18/ 10/96, LL , )_ t . 1997-B, p. 92: l-447 { 10. Cámara Contencioso Adm in istrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires

Spisso c/GCBA, Sala 1, 815101, expte. n 2 1: Il-196 (217).

ÍNDICE

DE FALLOS, ACORDADAS y DICTA.\U:NES CITADOS

573

11. Tribunales de la Provincia de Buenns Aires

CCiv. Y Com . Azul , Giacchino c!Freyre 19/2/98 LLBs A s t 1998 ' ' · ·• · • p. 1231: I-439 (757). C2QCiv. Y Com. La Plata, Maggio c/Línea 18 SRL 30/6/98 LLBs As t 1999 • . . . .• . • p. 73 : l -439 (757). CCiv. Y Com . Quilmcs, Pereyra c/Scmeniuk, 15/6/99, LLBs.A.~ .• t . 1999, p. 721: I-439 (757 ). 1~ .

Dictámenes , Dictámenes, Dictámenes, Dictámenes , Dictámenes , Dictámenes , Dictámenes , Dictámenes, Dictám enes, Dictámenes. Dictámenes , Dictámenes, Dictámenes, Dictámenes , Dictámenes , Dictámenes , Dictámenes, Dictámenes , Dictámen es , Dictámenes, Dictámenes. Dictámen es, Dictámenes , Dictám enes,

Colección de Dictámenes de la Procuración clel Tesoro de la Nación

64 :100 (1958): I-260 (417). 67:189 (1958): I-260 (417). 70:118 (1959): I-260 (417). 72:137 (1960): I-260 (417), II-47 (161). 7H:1:-l6 (1961): I-260 (417). 79:124 (1961): I-260 (417). 84:102 (1963): I-261 (422). 89:344 (1964): I -261 (423). 91 :108 (1964): l-261 (423). 87 :241 (1966): JT -47 (161). 101:82 (1967): l-261 (425 ). 157:214 (198 1): I-261 (425). 159:83 (1981): I-261 (424). 161:240 (191:!2): 1-261 (425). 165:119 (18H3): II-47 (162 ). 176:116 (1986): I-261 (423) 177 :40 (19H6): ll-47 (162). 186:140 (1988): l-261 (425). 18R:127 (1989): T-261 (424). 189:140 (1989): I-261 (425). 190:1 (19R9): I-261 (424). 192:144 (1990): T-261 (425). 193:56 (1990): II-47 (162). 236:25 (2001): l-261 (426).

B)

Estados Unidos

l. Corte Suprema

Abbott Laboratories v. Gardner, 387 U.S. 136 (1967): l -297 (128), l -300 (143), l-378 (491) .

574

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Ableman v. Booth , 62 U.S . (21 Howard) 506 (1858): I-190 (120 ). Abram¡; v. United States, 250 U.S. 616 (1919): II-387 (437). Adamo Wrecking v. United States. 434 U.S . 275 (1978): 1-378 (497). Adamson v. Californi a, 332 U.S. 46, 74/75 (1917): Il-391 (453). Adarand Constructors, lnc. v. Pena, 515 U .S . 200 (1995): II-440 (738, 739). Adderley v. Florida, 385 U.S. 39 (1966): Il-398, 399 (515). Adkins v. Children's Hospital, 261 U .S. 525 (1923): II-382 (388). Aetna Life lnsurance Co . v. Haworth, 300 U .S. 227 (1937): 1-278 (40 ). I -395 (547). Agins v. City of Tiburón, 447 U .S. 255 (1980): I-298 (134). Akron v. Akron Center for Reproductivo Health, 462 U .S. 416 (1983): II-443 (756). A.L.A. Schechtcr Poultry Corp . V. United s~ates, 295 u .s . 495 (1935): II-393 (469). Alabama v. Arizona, 291 U.S. 286 (1934): 1-394 (542). Alden v. Maine, 119 S .Ct. 2240 (1999): II-452 (823). Allen v. McCurry, 449 U.S. 90 (1980): I-459 (855). Allen v. Wright, 468 U.S. 737 (1984): II-17 (7}, II-21 (32), II-23 (46). Allenbcrg Cotton Co. v. P itlman, 414 U.S. 1109 (1973): I-465 (906), I-466 (909) . Allgeyer v. Louisiana, 165 U .S . 578 (1897): II-382 (392), II-439 (728 ). Alma Motor v. Timken Co., 329 U .S. 129 (1946): 1-276 (33). Amchem Products lnc. v. Windsor, 521 U .S . 591 (1997): Il-105 (406). American Pipe and Construction Co. v. Utah, 414 U .S . 538 (1974): 11-127 (539). American Surety Co. v. Baldwin , 287 U .S. 156 (1932): l-464 (891). Apprendi v. New Jersey, 120 S. Ct. 2348 (2000): II-450 (807, 808). Arizona v. Californ ia, 283 U.S . 423 (1931): I-394 (542). Arizona v. Fulminante, 499 U.S . 279 (1991): II-442 (753). Arkansas Educational Television Commission v. Forbes , 523 U .S. 666 (1998): II-449 (796). Ashwander v. Tennessee Valley Authority, 297 U .S. 288 (1936): I-100 (201 a 208), I -202 (173), 1-231 (284), I-275 (32). Association of Data Processing Service Organizations, lnc. v. Cam p, 397 U .S . 150 (1970): Il -16 (4), II-29 (79). Atlee v. Richardson, 411 U.S. 911 (1973): 11-167 (92). A. T. & T. Corporation v. lowa Utilities Board , 119 S. Ct. 721 (1999): 1-297 (131). Attorney General ex re\. Kies v. Lowery, 199 U .S. 233 (1905): II-217 (317). Babbitt v. United Farro Workers, 442 U.S. 289 (1979): I-396 (556). Baker en Nixon v. United States, 506 U .S. 224 (1993): II-179 (156). Baker v. Carr, 369 U .S. 186 (1962): l -223 (256), 1-233 (294), l-234 (301), II-20 (23). Il-153 (14), Il-164 (73), II-229 (382), II-230 (386), II-231 (390, 391), Il-234 (409), Il-249 (484), 11-251 (495), II-297 (39), Il-395 (489).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

575

Bakery & Pastry Drivers v. Wohl, 315 U.S. 769 {1942): 1-465 (906 ¡ BarbJer v. Connolly, 113 U.S. 27 (1885): II-383 (402). . Barrows v. Jackson, 346 U.S. 249 (1953): II-27 (70) Beck v. Washington, 369 U.S. 541 (1962): 1-462 (87G), 1-463 (888). Ben nett v. Spear, 520 U.S . 154 (1997): 11-17 (11), II-30 (84). Benton v. Maryland, 395 U.S. 784 (1969): II-394 (479). Berea College v. Kcntucky, 211 U.S. 45 (1908): I-276 (33). Block v. H irsh, 256 U.S. 135 (1921 ): I-317 (237), II -383 (397). Blonder Tongue Laboratories v. University of Illinois Foundation , 402 U.S. 313 (1971): I-467 (920).

Blum v. Yaretsky, 457 U.S. 991 (1982): II -26 (61). Board of School Commrs . v. J acobs, 420 U.S. 128 (1975): I-304 (170). Bond v. Floyd, 385 U.S. 116, 128 (1966): II-79 (292J. Boske v. Comingore, 177 U.S. 459 (1900): II-179 (41). Botiller v. Dominguez, 130 U.S. 238 {1889): I -123 (283). Bowe v. Scott, 233 U.S. 658 (1914): I-460 (866). Bowsher v. Synar, 4 78 U .S. 714 (1986): Il-79 (291). Boy Scouts of America v. Dale, 120 S. Ct. 2446 (2000): II-446 (772), TI-447 (773).

BoynLon v. Virginia, 364 U.S. 454 (1960) : I-468 (924). Bragdon v. Abbott, 524 U.S. 624 (1998): II -452 (818 , 819). Brn.n i!T Airways v. Nebraska Stale Boa rd , 347 U.S. 590 (1954): l -461 (872). Braunfeld v. Brown, 366 U.S . 599 (1961): ll-26 (66) . Bruy v. Alexandria Women's Health Clinic, 506 U.S. 266 (1993): ll-440 (740), 11-441 (741).

Brinkerhofl'-F ariss Trust Co. v. Hill, 28 1 U.S. 673 (1930): I-464 (895). Brown v. Board of Education, 349 U.S. 294 (1955): II-297 (41). Brown v. Board of Education of Tope k a, 34 7 U .S . 483 (1954): I-59 (79), 1-223 (258), I-235 (304), 11-75 (284), ll-129 (553), II-297 (41), Il-308 (94), 11-395 (488). Brown v. Commonwealth of Massachusetts, 144 U.S. 573 (1892): I-463 (884). Brown v. Louisiana, 383 U.S. 131 (1966): II-399 (514). Brown v. Maryland, 25 U .S. (12 Wheaton) 419 (1827): l-85 (17::l), II-358 (306). Brown v. Walker, 161 U .S. 591 (1896): II -210 (290). Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976): I-185 (82). Burke v. Barnes. 479 U.S. 361 (1987): I -304 (165). Bush v. Gore, 121 S. Ct. 525 (200 0): I-258 (409), II-291 (11). II-352 (275).

Calder v. Bull , 3 U.S . (3 Dalias) 386 (1798): I-202 (171), 1-216 (240). Calderon v. Ashmus, 523 U .S. 740 (1998): I-397 (558). California Ba nkers Association v. Schultz, 416 U.S. 21 (1974): 1-~98 <13 6). C· fi ld v. United States, 167 U .S. 518 (1897): II-383 (399, 400 · am le 620 (1885)· II - 373 (31'\2) . Campbell v. H olt , 115 U .S . U S 392 Ú998): ll -17 (4), ll-28 (74). Campbell v. Loulslana, 523 296 (1940): Il-394 {474). Cantwell v. Conned¡cuL, ~10 238 (1902): 1-460 (864). Capital City Dlary v. Oh!O, 18

US 3U.S.

576

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Carafas v. La Vallee Fire. 391 U.S. 234 (1968): I-305 (179). Cardinale v. Louisiana, 394 U.S. 437 (1969): I-459 (853), I-467 (915) . Carey v. Population Services lnternational , 431 U .S. 678 (1977): ll-396 (500). Carmell v. Texas. 120 S. Ct. 1626 (2000): II-448 (788 a 790). Caro! v. Bcckcr, 285 U.S. 380 (1932): I-234 (297). Carrington v. Rash , 3 O U.S . 89 (1965): IT-233 (401). Carter v. Carter Coal Co. , 298 U.S. 238 (19::!6): I-100 (201), I-276 (33). Cary v. Curtís, 44 U.S. 236 (1845): I-190 (114). Central Union Tel. Co. v. Edwardsville, 269 U.S. 190 (1925): I-460 (858), I-463 (887). Chac Chan Ping v. nited States, 130 U.S . 581 (1889): I-123 (284). Ch apin v. Fyc, 179 U.S. 127 (1900): 1-460 (R67). CharleslOn Federal Savings & Loan Asso ciation, v. Alderso n, 324 U.S. 182 (194."i): I-461 ( 75). 1-465 (900), I-466 (913). Chase e Iredcll en Calder v. Bull. 3 U .S. (3 Dallas) 386 (1798 ): T-216 (240). Chastleton Corporation v. inclair, 264 U.S . 543 (1924): I-31 7 (238). Cherokee Nat ion v. Sou&.hern Kansas R. Co., 135 U.S. 641 (1890): I-178 (33). Chesapeake & Ohio R. Co. v. McDonald, 214 U.S. 191 (1909): 1-463 (889). Chicago & Southem Airlines v. Wa terman S. Corp ., 333 U.S. 103 (1948): I-57 (73). Chis holm v. Georgia. 2 .S . (2 Dallas) 419 (1793): 1-73 (127), IJ-358 (299. 300), II-371 (345). Chubb v. Washington, 293 U.S. 520 (1934): I-460 (867). Cincinnati P.B.S. - P. Paeket Co. v. Bay, 200 U.S. 179 (1906): I-465 (906). CIO v. McAdory, 325 U .. 472 (1945): I-463 (889). City of Boeme v. flores, 521 U.S. 507 (1997): II-452 (822). City of Chieago v. orales. 119 S. Ct. 1849 (1999): II-446 (771). City of Cincinnati . Discovery Network, Inc., 507 U.S. 410 (1993): II-449 (794 ). City of Erie v. Pap . 120 t. Ct. 1382 (2000): I-305 (173), II-449 (797 , 798). City of Los Angeles v. Lyons, 461 U.S. 95 (19H:i): 11-24 (49, 50). Cily of Mesqu iLe v. Aladdin' Castle, Inc., 455 U.S. 283 (1982): 1-304 (166). City of Richmond v. JA. Cro on Co. , 488 U.S. 469 (1989): II-440 (737 , 739). Civil Aeronautic Board v. American Air Transport, 344 U.S. 4 (1952): II-334, 335 (218). Clark v. Community for Creative Non-Violence, 468 U.S. 288 (11:184): II-444 (766, 767). Clarke v. Securities Industries Association, 479 U.S. 750 (1987): II-29 (81). Clemcnts v. Fashi ng, 457 U.S. 957 (1982) : Il-26 (62). Clcveland Boa rd of Education v. La Fleur, 414 U.S. 632 (1974 ): II-398 (508). Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998): II-24 (54, 55). Coffman v. Breeze Corp., 323 U .S. 316 (1945): II-276 (33). Cohen v. Cowl es Media Co., 501 U .S. 663 (1991): II-440 (735, 736). Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheaton) 264 (1821) : I-81 (157), I-82, I-177 (27 a 30), Il-151, 152 (6). Colegrove v. Barret. 330 U.S. 804 (1947): I-234 (299).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS y DI'C'r:uc¡;:ns CliU.lllQS

Colcgrove v. Green, 328 U.S. 5 49 (1 946 ): 1_234 ( Coleman v. Alabama, 377 U.S. 129 (1964): I-465 ( Co leman v. Mill er, 307 U.S. 4::1 (1939): II-80 (294 ~~ 11(222, 223).

a

Columbia Heights Realty Co. v. Rud olph, 217 U.S. 547 (191 Cornmercial Trust of New Jersey Co. v. Miller 262 U.S. 51 ( (96).

'

Commodily Futures Trading Commission v. Schor, 478 U.S. 833 (19 6 I(60).

.

Connall y v. General Construction Co., 269 U.S. 385 (1926): II-382 (388). Cook v. United States. 288 U.S. 102 (1933): I-123 (288). Coopcr v. Aaron , 358 U.S. 1 (195!:!): 1- 59 (7!:!), 1-223 (258), 11-297 (41). Cooper v. Feder al Rese rve Bank of Richmond, 467 U.S. 867 (1 984): II-124 (517).

Coppage v. State of Kansas, 236 U.S. 1 (1915): II-381 (386), II-439. Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469 (197/'í): l-464 (862). Cramp v. Board of Public Instruction, 368 U.S. 278 (1961): I-460 (859). Crosby v. National Foreign Trade Counci l, 120 S. Ct. 2288 (2000): II-452 (824).

Crowell v. Randell, 36 U.S. (10 Peters) 36H (1836): I-459 (852), 1-462 (876). Crown, Cork & Sea! Co. v. Parker, 462 U.S. 345 (1983): II-127 (539). Cruzan v. Direclor, Missouri Depar tment of Health, 497 U.S. 261 (1990): fl -440

(73~.

734).

Culombe v. Connecticut, 367 U.S. 568 (1961): II-442 (754). Curri n v. Wallace, 306 U.S. 1 (1939): 1-395 (548). Curtis Publishing Co. v. Butts, 388 U.S. 130 (1967): II-402 (525). Dames & Moorc v. Regan, 453 U.S. 654 (1981): I-186 (88), I-188 (100), I-256 (404).

Davis v. Bandemer, 478 U.S . 109 (1986): Il -234 (406). Davis v. Mann , 377 U .S. 678 (1964): Il-233 (399). De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (19~7): II-394 (472). Dchs v. United States, 249 U.S . 211 (1919): II-388 (440). Decatur v. Paulding, 39 U.S. (14 P eters) 497 (1840): II-152 (10). Department of Commercc v. United States House of RepresentativeR, 525 U.S . 316 (1999): II-23 (45), II-24 (53), Il-83 (317), Il-84 (321 a 3~3).

Dickerson v. United Stntes, 120 S. Ct. 2326 (2000): II-448 (786). Dillon v. Gloss, 256 U.S. 368 (1921): 11-197 (221). District of Columbia Court of Appeals v. Feldman, 460 U.S. 462 (1983): 1-467 (915).

Dove v. United Stntes, 423 U.S. 325 (1976): I-304 (164). Dred Scott v. Sandford, 60 U .S. (19 Howard) 393 (1856): II -291 (9), II-358, 359 (308), II-359 (310).

Duke Power Co. v. Carolina Environmental Study Group Inc., 438 U.S. 56 (1978): II-25 (60).

Duncan v. Kahanamoku, 327 U.S . 304 (1946): 1-47 (40).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

577

Colegrove v. Green, 328 U.S. 549 (1946): I-234 (298, 300). Coleman v. Alabama, 377 U.S. 129 (1964): I-465 (902). Coleman v. Miller, 307 U.S. 43 (1939): II-80 (294 a 296), II-90 (348), II-197 (222, 223). Columbia Heights Realty Co. v. Rudolph , 217 U.S. 547 (1910): I-467 (919). Commercial Trust of New Jersey Co. v. Miller, 262 U.S. 51 (1923): II-167 (96). CommodiLy Futures Trading Commission v. Schor, 478 U.S . 833 (1986): I -282 (60). Connally v. General ConsLruction Co., 269 U.S. 385 (1926): II-382 (388). Cook v. United StaLes, 288 U.S. 102 (1933): I-123 (288). Cooper v. Aaron, 358 U .S . 1 (19fi8): I-59 (78), I-223 (258), II-297 (41). Cooper v. Federal Reserve Bauk of Richmond , 467 U.S. 867 (1984): II-124 (517). Coppage v. State of Kansas, 236 U.S. 1 (1915): II-381 (386). II-439. Cox Broadcasting Corp. v. Cohn, 420 U.S. 469 (1975): I-464 (862). Cramp v. Board uf Public InsLruction, 368 U.S . 278 (1961) : I-460 (859). Crosby v. National Foreign Trade Council, 120 S. Ct. 2288 (2000): II-452 (824). Crowell v. Randell , 36 U .S . (10 PeLP.rs) 368 (1836): I-459 (852), I-462 (876). Crown, Cork & Seal Co. v. Parker, 462 U.S. 345 (1983): 11-127 (539). Cruzan v. Director, Missouri Department of H ealth, 497 U .S. 261 (1990): II -440 (733, 734). Culombe v. Connecticut, 367 U.S. 568 (1961): II-442 (754). Currin v. Wallace, 306 U.S. 1 (1939): I-395 (548). Curtis Publ ishing Co. v. BuLts, 388 U.S. 1::!0 (1967): II-402 (525). Dnmcs & Moore v. Regan , 453 U.S. 654 (1981): I-186 (88), I-188 (100), I-256 (404). Davis v. B andemer, 478 U.S. 109 (1986): Il-234 (406). Davis v. Mann, 377 U.S. 678 (1964): II-233 (399). De Jonge v. Oregon, 299 U.S. 353 (1937): II-394 (472). Debs v. United States, 248 U.S. 211 (1919): II-388 (440) . • . g 39 U ·S · (14 P eten¡) 497 (1840): li-152 (10). · D~::calur v P au Id m , "'25 . v U nited States House of Rt:prcsentatJvt:s, u Ús), II-24 (53), II-83 (317), II-84 (321 a 323). Di ckerson v. United SLates, 120 S. Cl. 2326 (2000): II-448 (786).

Depu~~e~tl~f(~;9~~~~;3

Dillon v. Gloss, 256 U .S . 36~ (1921): IIF - 1~~ (221)460 U S 462 (1!'183): I-467 District of Columbia Court of Appcals v. e roan, . . (915). S 325 (1976)· I-304 (164). Dove v. United StaLes, 423 U .. . 9 H d.) 393 (1856): II-291 (9), II -358, Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. (1, owar 359 (308), II-359 (310). . tal Study Group Inc., 4:18 U.S. 56 Duke Power Co. v. Carohna Env¡ronrnen (1978): 11-25 (60). 327 U S 301 (1946): I -47 (40). Dun can v. Kahanamoku, · ·

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

578

Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145 (1968): Il-394 (483). Dunn v. Blumstein, 405 U.S. 330 (1972): l-306 (182), Il-131 (560). Dureley v. Mayo, 351 U.S. 277 (1956): I-461 (874). Eakin v. Raub , 12 Sergeant & Rawle 330 (1825): 1-201 (166) . Eddings v. Oklahoma, 455 U .S. 104 (1982): 1-460 (863), 1-464 (894). Edelman v. California, 344 U.S. 357 (1953): 1-463 (886) . Edgar A. Leavy Leasing Co. v. Siegel, 258 U.S. 242 (1922): II-383 (401). Edmonson v. Lesville Concret Co., 500 U.S. 614 (1991): Il-28 (72). Eisen v. Carlisle & Jaquelin, 417 U.S. 156 (1954): Il-116 (464), II-117 (470). Eisenstadt v. Baird, 405 U.S. 438 (1972): II-27 (67), II-398 (509). Ellis v. Dixon, 349 U.S. 458 (1955): I-461 (873). Employment Division Oregon Dept. of Human Resources v. Smith, 494 U.S. 872 (1990): II-442 (750). Equitable Lifc Assurance Society v. Brown 187 U.S. 308 (1902): I-459 (856). Erie R. Co . v. Purdy, 185 U.S. 148 (1902): 1-462 (882). Evangelical Lutheran Church of Glendale v. County of Los Angeles, 482 U.S. 304 (1987): II-438 (725). Evans v. Gore, 253 U .S. 245 (1920): I-293 (118). Everson v. Board of Education, 330 U.S. 1 (1947): II-394 (475). Ex parte Curtís, 106 U .S. 371 (1883): I-178 (34), I-179 (41). Ex parte Endo, 323 U.S . 283 (1944): l-256 (403). Ex parte Garland , 71 U.S . (4 Wallace), 333 (1866): 11-210 (288). Ex parte Grossman, 267 U.S. 87 (1925): II-210 (288). Ex parte Milligan, 71 U.S. (4 Wallace) 2 (1866): I-47 (39), Il-176, 177 (146). Ex parte Siebold, 100 U.S. 371 (1879): I-179 (36). Ex parte Yarbroug, 110 U.S. 651 (1884): 1-179 (36). Fairfax's Devisee v. Hunter's Lessee, 11 U.S. (7 Cranch) 603 (1813): 1-82 (159). Far East Conference v. United States, 342 U.S. 570 (1952): 1-302 (153, 154). Faragher v. City of Boca Raton, 524 U.S. 775 (1998): II-452 (8 16). Farrar v. Churchill, 135 U.S. 609 (1890): 1-467 (919). Federal Elcction Commission v. Akins, 524 U .S. 11 (1998): II-23 (42), II-24 (53). Ferguson v. City of Charleston, 121 S. Cl. 1281 (2001): II-447 (775, 776, 778) .

Ferguson v. Georgia , 365 U .S. 570 (1961): I-462 (882). Ferguson v. Skrupa, 372 U.S. 726 (1963): 11-391 (456). Fidelity National Bank & Trust Co. v. Swope, 274 U .S. 123 (1927): I-394 (543). Field v. Clark, 143 U .S. 649 (1892): 11-199 (237). First National Bank of Boston v. Bellotti , 435 U.S. 765 (1978): l -306 (182). Flast v.. Cohen, 392 U.S . 83 (1968): 1-278 (44), l-305 (176), II-17 (8), 11-20 (20). Flemmmg v. Nestor, 363 U.S. 603 (1960): I-202 (176), I-216 (241). Fletcher v. Peck, 10 U.S. (6 Cranch) 87 (1810): 1-81 (155), 1-273 (20).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

579

Fon Yue Ting v. United States, 149 U.S. 648 (1893): 1-123 (285). Forbes v. State Council of Virginia, 216 U.S. 396 (1910): 1464 { 1)_ Forsyth v. Hammond , 166 U.S . 506 (1897): 11-217 (315). Foster v. Neilson , 27 U.S. 253 (1829): I-186 (85), I-187 (92), ll-152 ( ). Franks v. Bowman Transportation Co ., Inc., 424 U.S. 747 (1976): I-305 {lt Franks v. Delaware, 438 U.S. 154 (1978): I-464, 465 (899). Freeman v. Howe, 65 U.S . (24 Howard) 450 (1860): I-193 (138). Frothingham v. Mcllon, 262 U.S. 447 (1923): II-19 (18), II-20. Fullert.on v. Texas, 196 U.S. 192, 194 (1905): I-466 (913) Gardner v. Toilet Goods Association, 387 U.S. 167 (1967): I-378 (492). Garrity v. New Jersey, 385 U.S. 493 (1967): I-460 (861). Gelpcke v. Dubuque , 68 U.S. 175 (1864): II-381 (384). General Telephone Co. of the Southwest v. Falcon, 457 U.S. 147 (1982): II-102 (384). Georgia v. McCollum , 505 U .S . 42 (1992): II-28 (73). Gerstein v. Pugh, 420 U.S. 103 (197!í): I-306 (185). Gertz v. Rohcrt Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974): II-402 (527). Gihbons v. Ogden, 22 U.S. (9 Wheaton) 1 (1824): I-83 (167), I-84 (170, 172), II-160 (38 a 40), 11-358 (305). Gibbs v. Burke, 337 U.S. 773 (1949): 1-461 (874). Gideon v. Wainwright, 372 U.S. 335 (1963): II-394 (480) . Gitlow v. Unit.ed States, 268 U.S. 652 (1925): 1-231 (283). Goldwater v. Carter, 444 U.S. 996 (1979): 11-80 (298), Il-90 (349), 11-165 (78, 79). Gompers v. United States, 2::!::! U.S. 604 (1914): I-229, 230 (271). GranL Bros. v. United States, 232 U .S. 647 (1914): I-467 (919). Gray v. Sander~. 372 U.S. 368 (1963): II-233 (394). Great Lakes Dredge & Dock Co. v. Huffman , 319 U.S. 293 (1943): 1-396 (549). Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965): 11-396 (500). Haguc v. CIO, 307 U.S. 496 (1939): Il-394 (473). Hall v. Beals, 396 U.S. 45 (1969): l -304 (167), Hansberry v. Lee, 311 U.S. 32 (1940): II-124 (517). Hanso n v. Denckla, 357 U.S. 235 (1958): l -464 (891). Harding v. lllinois, 196 U.S. 78 (1904): l-460 (864). Harl in v. Missouri, 439 U.S. 459 (1979): I-465 (902). Harper v. Virginia Board of ElecLions, 383 U.S. 663 (1966): 11-233 (399). Harris v. Forklift Systems, lnc., 510 U.S. 17 (1993): II-445 (768). Harris v. McRae, 448 U .S. 297 (1980): II;!!3 J7i5~90 (1919): I-463 (887). Hartford Life lnsurance_ Co . v. ~~;o~,67 U S. 2.29 (1984}: 11-438 (722) . Hawuii I;lousing Authonty ~~~) 409 (179Z): ·1-73 (126), l-281 (53). Hayburns c.ase,f2Cl!·S: (2 t ' 177 U S 170 (1900): l -466 (913}. · · ) H nkel v Clty o lllctnna 1, e .. . 324 U S 117 128 (1945): I-465 (906 . Herb v. Pttcrurn, · · '

580

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Herndon v. Georgia, 295 U .S . 441 (1935): l-460 (864), l-464 (891). Hiawassee River Power Co. v. Carolina-Tennessee Power Co., 252 U.S. 341 (1920): 1-464 (896). Highland Fanns Dairy v. Agnew, 300 U.S. 608 (1937): Il-218 (324). Hilton v. South Carolina Public Railways Commission , 502 U.S. 202 (1991): I-369 (467). Hill v. California, 401 U.S. 797, 805 (1971): 1-462 (879). Hill v. Colorado, 120 S. Ct. 2480 (2000): II-450 (806). Hillsborough v. Cromwell, 326 U.S. 620 (1946): 1-395 (548). Hirabayashi v. United States, 320 U.S. 81 (1943): 1-256 (403). Hite v. Fairfax (1796): 1-81 (153). Hoffman La-Roche v. Sperling, 493 U.S. 165 (1989): 11-117 (469). Hoke v. United States, 227 U.S. 308 (1913): 1-178 (34). Holiday v. Johnson, 313 U.S. 342 (1941): l-461 (874) . Hollingsworth v. Virginia, 3 U.S. (3 Dallas) 378 (1798): II-197 (219) Home Building & Loan Association v. Blaisdell, 290 U.S. 398 (1934): l-230 (272), 1-244 (348), II-353 (283), 11-389 (445), 11-393. Honeyman v. Hanan, 300 U .S . 14 (1937): I-466 (907 , 911). Honig v. Doe, 484 U .S. 305, 339 (1988): 1-305 (176, 178). Honig v. Students of Lhe California School for the Blind, 471 U .S. 148 (1985): 1-304 (171). Hooper v. People of the State of California, 155 U .S. 648 (1895): l-178 (34). Hulbert v. City of Chicago , 202 U.S . 275 (1906): 1-463 (885). Humphrey's Executor v. United States, 295 U.S. 602 (1935): l-185 (82). Hunt v. Washington State Apple Advertising Commission, 432 U .S. 333 (1977): 11-75 (285), 11-78. Hurn v. Oursler, 289 U .S. 238 (1933): l-194 (43). Hustler Magazine v. Falwell, 485 U .S. 46 (1988): II-402 (528). Ibañez v. Florida Board of Accountancy, 512 U .S. 136 (19fl4)· II-449 (704). Idahn v . Cocur d'Aleut: Trlbe, 521 U.S. 261 (1997): ll-452 (823). Illinois Central R. Co. v. Kentucky, 218 U .S. 551 (1910): I-465 (901). lllinois v. Gates, 462 U .S. 213 (1983): 1-459 (854), 1-468 (924). In re Baiz, 135 U .S. 403 (1890): 11-165 (80). In re Debs, 158 U.S. 564 (1895): l-184 (78, 79). In re Nt:agle, 135 U.S. 1 (1890): I-184 (76, 77). In re Oliver, ::!33 U.S. 257 (1948): Il-394 (482). In re Quarles , 158 U .S . 532 (1895): 1-178 (31). lnLernational Stcel & Iron Co. v. National SureLy Co. , 297 U .S . 657 (1961): 1-466 (908). International Union , United Automobile Workers v. Brock, 477 U.S. 274 (1986): Il-75, 76 (286). lnterstate CornmerctJ Commission v. Brimson, 154 U.S. 447 (1894): l-178 (31). James Everard Breweries v. Day, 265 U.S. 545 (1924): 1-178 (32). Jay Burns Baking Corp. v. Bryan, 264 U.S. 105 (1928): ll-382 (::191).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DicrJ.MD

,Jenkins v. Georgia, 418 U .S. 153 (1974): 1-464 (899). John v. Paullin, 231 U .S. 583 (1913): 1-463 (889). Johnson v. Browne, 205 U.S. 309 (1907): l -123 (287). Jones v. United States , 137 U.S . 202 (1890): II-152 (7). Juilliard v. Greenman, 110 U.S. 421 (1884): I-178 (32). Kansas v. Colorado, 206 U.S. 46 (1907): I-179 (41), I-190 (122). Katzinger Co. v. Chicago Metallic Mfg. Co., 329 U.S. 394 (1947): I-395 (548). Keogh v. Ncely, 284 U.S. 583 (1931): 1-233 (296). Kiernan v. City of Portland, 223 U.S. 151 (1912): II-217 (3 19). Kimel v. Fl orida Board of Regents, 120 S.Ct. 631 (2000): 11-452 (823). Kline v. Burke Construction Co. , 260 U.S. 226 (1922): I-190 (114, 118). Klopfer v. North Carolina, 386 U .S. 213 (1967): II-394 (481). Knox v. Lee , 79 U.S. (12 Wallace) 457 (1871): I-178 (31 , 35). Koenig v. Flynn, 285 U.S. 355 (1932): I-234 (297). Kramer v. Union Free School District, 395 U.S. 89 (1969): II-233 (402). Krcmens v. Bartlcy, 431 U.S. 119 (1977): l -304 (165). Krippendorf v. Hyde, 110 U.S. 276 (18H4 ): 1-194 (139). Ku~p er v. Pontikcs, 414 U.S. 51 (1973): TI-234 (405). Laird v. Tatum, 408 U .S. 1 (1972): II-20 (25, 27). Lane v. Williams, 455 U.S. 624 (1982): 1-304 (163). Lanza v. New York, 370 U .S. U.S. 139 (1962): I-465 (906). Lee v. Weisman , 505 U.S . 577 (1992): II-442 (751). Legal Services Corporation v. Velazquez, 121 S.Ct. 1043 (2001): II-45 1 (810, 811). Lemon v. Kurtzman, 403 U .S. 602 (1971): 11-441 (749). Lesser v. Garnett, 258 U.S. 130 (1922): ll-197 (220) . Lewis v. Continental Bank Corp., 494 U.S. 472 (1990): I-282 (58). Li Sing v. United States, 180 U.S. 486 (1901): I- 179 (40). Lincoln Federal Labor Union v. Northwestern !ron Metal Co. , 335 U.S. 525 (1949): I-202 (174 , 175), II-391 (455), Il-439 (728). Liner v. ,Jafco, Inc., 375 U .S. 301, 306 n.3 (1964): I-305 (174). Liquormat, Inc. v. Rhodc lRland, 517 U .S. 484 (1996): Il-449 (7911) . Lisenha v. People of the State of Cali fornia, 314 U.S. 219 (1941): I-466 (913) . Loan Association v. 'l'opeka , 87 U .S. (20 Wallace) 655 (1874): II-381 (383, 384). Lochner v. New York, 198 U .S. 45 (190fi): l-231 (281), II-353 (280), II-354, II-378 (369 a 371), 11-439 . Loftus v. Illinois, 334 U .S. R04 ( 1!:!48): l -466 (910). Logan v. United States, 144 U.S. 263 (1892): I-178 (32) . Lubin v. Panish. 415 U.S . 709 (1974): ll-234 (404). Lucas v. Forty Fourth Gen . Assembly, 377 U.S. 713 (1964): 11-233 (397). Lujan v. Defenders of Wild Life, 504 U .S. 555 (1992): II-17 (11), Il-22 (37), Il-24 (52). ' Luthcr v. Borden , 4R U.S. (7 Howard) 1 (1849): l-94 (191) , Il-153 (l::l , 16), Il-157, 158 (35), II-214, 215 .

582

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Lynumn v. Illinois, 368 U.S. 908 (1961): I-465 (906), I-466 (909). Macaulcy v. Watcrman S.S. Corp. , 327 U.S. 540 (1916): 1-396 (549). Maher v. Roe, 432 U.S . 464 (1977): Il-443 (755). Malloy v. Hogan , 378 U.S. 1 (1964): II-394 (478). Manhattan Life lns. Co. v. Cohen, 234 , U.S . 123 (1914): 1-464 (899). Mapp v. Ohio, 367 U .S. 643 (1961): 11-394 (477). Marbury v. Madison, 5 U.S. (1 Cranch) 137 (1803): I-58 (75), I-63 (93), I-7Z (120), I-73, I-74 (133), I-76 (136), I-77 (140), I-81, I-87 (179), I-88 a 91 (183), 1-136 (334), 1-195 (144, 145, 149), I-200, I-204, I-222 (255), I-223 (258), I-326 (278), I-338, l-365 (458), Il-151 (6), II-250 (494), II-297 (38 , 41), ll-306 (80). Marcus Brown Holding Co. v. Feldman, 256 U.S. 170 (1921): li-383 (401). Marshall v. Dye, 231 U.S. 250 (1913): II-217 (320). Marston v. Lcwis, 410 U.S . 679 (1973): II-403 (534). Martin v. Hunter's Lessee, 14 U.S. (1 Wheaton) 304 (1816): I-81 (156), I-83, l-190 (121), II-358 (302). Martin v. Mott, 25 U.S. (12 Wheaton) 19 (1827): II-152 (9). Maryland Casualty Co. v. Pacific Coa! & Oil Co., 312 U.S. 270 (1941): I-395 (548). Maryland Co=. for Faire Rep. v. Tawes, 377 U.S. 656 (1964): II-233 (398). Massachusetts v. Laird, 400 U.S. 886 (1970): II-167 (89). Masson v. Ncw Yorker Magazine, Inc., 501 U.S. 496 (1991): Il-402 (529). Matsushita Electric Ind. Co. v. Epstein, 516 U.S. 367 (1996): Il-126 (533). McArthur v. Clifford, 393 U.S. 1002 (1968): II-166 (86). McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheaton) 316 (1819): I-83 (165), I-121 (305), I-175 (22), I-176 (25), I-197, II-358 (304). McGoldrick v. Compagnie Générale Transatlantique, 309 U.S. 430,434 (1940): I-467 (915). McGowan v. Maryland, 366 U.S . 420 (1961): Il-26 (65). McCrAin v . Daugheriy, 273 U.S. 135 (1927): I-179 (37). Menominee Tribe of Indians v. United States, 391 U.S. 404 (1968): I-124 (290). Mercoid Corp. v. Minneapolis-Honeywell Regulator Co. , 320 U.S. 680 (1944): l-395 (548). Meyer v. Nebraska, 262 U.S. 390 (1923): II-396 (496). Michel v. Louisiana, 350 U.S. 91 (1955): I-460 (858). Miles v. Gra.ham, 268 U.S. 501 (1925): 1-293 (118). Miller v. Albright, fi23 U.S . 420 (1998): II-28 (75, 76). Miller v. Cornwall R. Co. , 168 U.S. 131 (1897): I-460 (860). Milis v. Green, 159 U.S. 651 (1895): I-305 (175). Minnesota v. Carter, 525 U.S. 83 (1998): II-447 (774). M~nor v. Happersett, 88 U.S. (21 Wallace) 162 (1875): II-217 (314). M1randa v. Ari zona, 384 U.S 436 (1966): II-448 (787). Missouri v. Holland , 252 U.S. 416 (1920): I-179 (41), I-231 (282). Missouri v. Illinois, 180 U.S. 208 (1901): 11-46 (148).

ÍNDI CE DE FALLOS, ACOiillADAS Y DICfÁMENES CITADOS

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Mistrctta v. United States, 488 U.S. 361 (1989): l-283 (65), 1-387, 388 (523). Mitchell v. Helms, 120 S. Ct. 2530 (2000): Il-450 (800, 801). Moore v. City of East Cleveland, 431 U.S. 494 (1977 ): II-397 (505 . Moore v. New York Cotton Exchange, 270 U .S. 593 (1926): I-194 (142). Moore v. Ogilvie, 394 U .S. 814 (1969): I-306 (182). Mora v. McNarn a ra, 389 U.S. 934 (1967): II-166 (85). Morey v. Doud, 354 U.S. 457 (1957): II-402 (530). Morrison v. Olson, 487 U.S. 654 (1988): T-185 (82) , 1-282 (61). Mountain Timber Co. v. Washingto n, 24::! U.S . 219 (191 7): Jl -218 (322). Mugler v. Kansas, 123 U.S. 623 (1887): I-178 (34), II-384 (404). Mullane v. Central Hanover Bank & Trus t Co., 339 U.S. 306 (1950): Il-116 (461), ll -117 (472) , II-126 (527).

Muller v. Oregon , 208 U.S. 412 (1908): ll-382 (395). Munn v. Illinois, 94 U.S. 113 (1877): II-382 (393 , 394). Murdock v. City of Menphis, 88 U.S. (20 Wallace) 590 (18 75): l-467 (919) . Muskrat v. United States, 219 U .S. 346 (1911): I-282 (57). Myers v. Bethl chcm Shipbuilding Corp. , 303 U .S. 41 (1938): l-301 (146, 147). Myers v. United States , 272 U.S. 52 (1926): I-185 (80 , 81). NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449 (1958): 11-131 (558). Nashville, Chattanooga & St. Louis Railway v. Wallace, 288 U.S. 249 (1933): I-394, 395 (546).

National Mut. Ins. Co . v. Tidewater Transfer Co., 337 U.S. 582 (1949): I-282 (59).

Nehhia v . New York, 291 U.S. 502 (19:34): II -353 (284), 11-389 (446). II -893 . Ncbraska Press Al;sociation v. Stuart, 427 U.S. 539 (1976): I-305 (176). Necly v. Henkel , 180 U.S. 109 (Hl01): I-179 (38). New Orleans v. Dukes, 427 U.S. 297 (1976): II-402 (530). New York ex rel. Bryant v. Zimmerman, 278 U.S. 63 (1928): I-460 (863). New York Statc Club Association v. City of Ncw York, 487 U .S. 1 (1988): II -76 (287).

New York Ti mes v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964): II-402 (523 , 524), II-478, 479 (98ó).

Ncw York Times v. United Staies, 403 U.S. 713 (1971 ): I-186 (87) . Nickcl v. Cole, 256 U.S. 222 (1921): I-463 (890). Nis himura Ekiu v. Uniied States, 142 U.S. 651 (1892): I-179 (40). Nixon v. United States, 506 U.S. 224 (1993): II-179 (156 a 159), II-249 (485). Noble State Bank v. Haskell, 219 U.S. 104 (1911): I-274 (21) , II-383 (396) . Nollan v. California Coasta l Commission, 483 U.S. 825 (1987): II -438 (726, 727).

Norman v. Reed, 502 U.S. 279 (1 992): l -306 (182). North Carolina v. Rice, 404 U.S. 244 (1971): Il-441 (742) . Northea stero Florida Chapter of the Associated General Contractors of America v. City of J acksonvi\le, 508 U .S. 656 ( 1993): l -304 (168), II-22 (38, 39) .

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS y DICl

Mistretta v. United Sta tes, 488 U.S. 361 (1989): I-283 (65), I Mitchell v. Helms, 120 S. Ct. 2530 (2000): II-450 (800, 1)_ Moore v. City of East Cleveland, 431 U.S. 494 (1977): ll-397 Moore v. New York Cotton Exchange, 270 U.S. 593 (1926): I-194 Moore v. Ogilvie, 394 U.S. 814 (1969): I-306 (182). Mora v. McNamara, 389 U.S. 934 (1967): IT-166 (85). Morey v. Doud, 354 U.S. 457 (1957): II-402 (530). Morrison v. Olson , 487 U.S . 654 (1988): I-185 (82), I-282 (6 1). Mountain Timber Co. v. Washington, 243 U.S. 219 (1917): II-218 (322)_ Mugler v. Ka nsas, 123 U .S. 623 (1887): 1-178 (34), II-384 (404). Mullanc v. Central Hanover Bank & Trust Co., 339 U.S. 306 (1950): Il-116 (461), II-117 (472), II-126 (527). Mullcr v. Oregon, 208 U.S. 112 (1908): II-382 (395). Munn v. Illinois, 94 U.S. 113 (1877): II-382 (393, 394). Murdock v. City of Menphis, 88 U.S. (20 Wallace) 590 (1875): I-467 (919). Muskrat v. United States, 219 U.S. 346 (1911): I-282 (57). Myers v. Bethlehem Shipbuilding Corp., 303 U.S. 41 (1938): I-301 (146, 147). Myers v. Uniled States, 272 U.S. 52 (1926): 1-185 (80 , 81) . NAACP v. Alabama, 357 U.S. 449 (1958): II-131 (5fi8). Nashville, Chattanooga & St. Louis Railway v. Wallace, 288 U .S. 249 (1933): I-394, 395 (546 ). National Mu t. lns. Co. v. Tidcwater Transfer Co., 337 U.S. 582 (1949): I -282 (59). Ncbbia v. New York, 291 U.S. 502 (1934): Il-353 (284), II-389 (446), Il-393. Nebraska Press Associaliun v. Stuart, 427 U.S. 539 (1976): I-305 (176). Neely v. Henkel, 180 U.S. 109 (1901): I-179 (38) . New Orleans v. Dukcs , 4:.!7 U .S. 297 (1976): TJ-402 (530). New York ex rel. Bryant v. Zimmerman, 278 U.S. 63 (19::!8): I-460 (863). New York Stalc Club Associa lion v. City of Ncw York, 487 U.S. 1 (1988): II-76 (287). New York Times v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964): II-402 (523 , 524), II-478, 479 (985). New York Times v. Uniied Slalcs, 403 U.S. 713 (1971): I-186 (87 ). Nickel v. Cole, 256 U.S. 222 (1921): I-463 (890). Nishimura Ekiu v. United Siaies, 142 U.S. 651 (1892): I-179 (40 ). Nixon v. Uniied Siatcs, 506 U .S. 224 (1993): II-179 (156 a 159), II-249 (485). Noble State Bank v. Haskcll, 219 U .S. 104 (1911): l-274 (21), II-383 (396). Nollan v. California Coastal Commission , 483 U.S. 825 (1987 ): II-438 (726, 727). Norman v. Recd, 502 U.S. 279 (1992): I-306 (182) . North Carolina v. Rice, 404 U.S. 244 (1971): II-441 (742). Northeastern Florida Chapter of lhe Associatcd General Conlractors of America v. City of Jacksonville , 508 U.S. 656 (1993) : I-304 (168 ), ll-22 (38, 39).

584

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Northern Sccurities v. United States, 193 U .S . 197 (1904): l -178 (32), l-255 (398). Norton v Shelby County, 118 U .S. 425 (1886): l-345 (368). O'Malley v. Woodrough, 307 U .S. 277 (1932): I-293 (118). Ocala Star Banner Co. v. Damron, 401 U.S. 295 (1971): l -464 (899). Oetjen v. Central Leather Co. 246 U.S. 297 (1918): II-152 (7), Il-164 (71, 72). Ohio Forestry Association , 1n c. v. Sierra Club, 52<1 U.S. 726 (1998): I -299 (140). Ohio v. Reíner, 121 S. Ct. 1252 (2001): II-447 (780, 781). Ohlcr v. Unitcd States, 120 S . Gt. 1851 (2000): II-448 (784, 785). Old Colony Trust Co. v. Commissioner of Interna! Reve nue , 279 U.S. 716 (1929): 1-394 (544). Olsen v. Nebraska, 313 U.S. 236 (1941): II-391 (454). Oncale v. Sundowner Offshoer Services, ñ23 U.S. 75 (1998): li-452 (817). Oppenheim er Fund. Inc. , v. Sanders, 437 U.S. 340 (1978): II-117 (467). Oregon v. Kcnnedy, 456 U.S. 667 (1982): I-465 (904). Oregon v. Mitchell, 400 U.S. 112 (1970): Il-46 (149). Orr v. Orr, 440 U.S. 268, 274/275 (1979): I-462 (880), l-465 (899). Osborn v. Bank of the United States, 22 U.S. (9 Wheaton) 738 (1824): I-1 93 (137). Osborne v. Clark, 204 U.S. 565 (1907): I-465 (903). Owen Equipment & Erection Co. v. Kroger, 437 U.S. 36.'5 (1978): l -190 (119). Owings v. Norwood's Lessee, 10 U.S. (5 Cranch) 344 (1809): l-462 (877). Oxley Stave Co. v. Butler County, 166 U.S. 648 (Hl97): l-460 (865). Pacific Gas and Electric Co. v. Stale Energy Resources Conservation & Development Commission, 461 U.S. 190 (1983): 1-297 (129). Pacific Statcs Telephone & Telegraph Co. v. Oregon, 223 U.S. 118 (l!H2): II-217 (318). Palmer Oil Corp. v. Amerada Corp., 34:! U.S. 390 (1952): l-459 (857). Panama Refining Co. v. Ryan, 293 U.S. 388 (1935): II-393 (468). Parham v. J .R. , 442 U .S. 584 (1979): II-397 (506). Parker v. Illinois, 333 U.S. 571 (1948): l -460 (858), l-463 (889). Pattcrson v. McLean Credit Union, 491 U.S. 164 (1989): II-441 (744). Payne v. Tennessee, 501 U.S. 808 (1991): I-369 (467). Payton v. ew York, 445 U.S. 573 (1980): I-465 (899). Pearcy v. Stranaham, 205 U.S. 257 (1907): II-166 (8 1, 82). Peck v. Find, 266 U.S. 631: I-317 (238). Pennel v. City of San José, 485 U.S. 1 (1988): I-298 (133). Pennsylvania Board of Probation and Parole v. Scott, 524 U.S. 357 (1998): II-448 (783). Pennsylvania Department of Corrections v. Yeskey, 524 U.S. 206 (1998): IT452 (820). Pennsylvania R. Co. v. Illinois Brick Co., 297 U.S. 447 (1936): I-460 (858). Pennsylvania v, Mimms, 434 U.S. 106 (1977): I-305 (179).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

585

P enry v. Lynaugh, 492 U.S. 392 (1989): II-440 (731). P erkins v. Elg, 307 U.S. 325 (1939): l -395 (548). Phillips Petrolcum Co. v. Shutts, 472 U.S. 797 (1985): II-125 (525). Phillips v. Washington Legal Foundation, 524 U.S. 156 (1998): Il-453 (828). Piedmont & Norlhern Railway Co. v. Uniterl States, 280 U.S. 469 (1930): l -394 (542). Pierce v. Society of Sisters of the Holy Names of Jesus and Mary, 268 U.S. 510 (1925): II-27 (68, 69), Il-396 (497). Pierce v. United States, 252 U.S. 239 (1920): II-388 (442). Pigeon River Improvement, Slide & Boom Co. v. Charles W. Cox, Ltd. , 291 U.S. 138 (1934): I-124 (290). Planned P arenthood v. Cascy, 505 U.S. 833 (1992): II-451 (812 , 813). Planned P arenthood of Central Missouri v. Danforth, 428 U.S. 52 (1976): Il-443 (755). Plessy v. FerguRon , 163 U.S. 537 (1896): l -59 (80), l -235 (305), II-75 (284), Il-307 (93), Il-395 (490). Poe v. Ullrnan , 367 U.S. 497 (1961): l-396 (555), Il-395 (493, 494) . Pointer v. Texas, 380 U.S. 400 (1965): ll-394 (484). Pollard v. Unitcd Stateo, 352 U.S. 354 (1957): l-461 (874). Pollock v. Farmer's Loan & Trust Co., 157 U.S. 429 (1895): l -100 (201). Powell v. McCormack, 395 U.S. 486 (1969): I-22::1 (256), II-79 (292), II-88, Tl-204 (257 , 25!:!), II-205 (259), II-297 (39). Powers v. Ohio, 499 U.~. 400 (1991): II-27 (71). Preiscr v. Newkirk, 422 U .S. 395 (1975): I-305 (176). Price v. Johnston, 334 U.S. 266 (1948): I-461 (874). Prigg v. Pennsylvania. 41 U.S. fi::l9 (1842): I-177 (30). Prize Cases, 67 U.S. 635 (1862): I-184 (75). Processing Service Organization Inc. v. Camp, 397 U .S. 150 (1970): Il-29 (79). Prun eyard Shopping Center v. Robbins, 447 U .S. 74 (1980): II-437 (721). Public Service Comm . of Utah v. Wycoff Co., 344 U.S. 237 (1937): I-278 (42). Radio Station WOW v. Johnson, 326 U.S. 120 (1945) : 1-464 (891). Railroad Commission Cases, 116 U.S. 307 (1886): Il-383 (403). Railway Conductors v. Penn . Railway Co. , 323 U.S. 166 (1944): I-396 (549). Raines v. Byrd , 521 U.S. 811 (1997): II-24 (57), II-83 (316, 319, 320), II-90 (3fi0). Ral ey v. Ohi o. 360 U.S. 423 (1959): I-464 (897). Renne v. Geary, 501 U.S. 312 (1991): 1-297 (132), 1-396 (557), II-22 (36). Ren o v. American-Arab anti Disuimin alion Community, 119 S. Ct. 936 (1999): Il-446 (771). Reno v. American Civil Liberties Union, 521 U.S. 844 (1997): I-296 (125), I-347 (381), l-348 (384), ll-449 (793). Reno v. Catholic Social Services, lnc., 509 U .S. 43 (1993): 1-296 (125). Rescue Arrn y v. Municipal Courl, 331 U.S. 549 (1947): l-276 (34). Rey nolds v. Sims, 377 U.S. 533 (1964): I-234 (303). ll-233 (396). Rhode Island v. Massachuselts, 37 U.S. (12 Peters) 657 (183!l): I - 190 (1.16).

586

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Robinson v. California, 370 U.S. 660 (1962): II-394 (486). Roch in v. California, 342 U.S. 165 (1952): II-396 (499). Roe v. Wade, 410 U.S . 113 (1973): I-305 (180), II-308 (98), II-396 (501), II-397 (502, 503). II-437 (716), Il-443 (755, 760), Il-444 (761), Il-451, II-476, 477 (967). Rogers v. Richmond, 365 U .S . 534 (1961): II-442 (754). Roman v. Sincock, 377 U.S. 695 (1964): Il-233 (400). Rorner v. Evans, 517 U.S. 620 (1996): II-450 (803, 804) . Rosenbloom v. Melromedia, Inc., 403 U.S. 29 (1971): II-402 (526). Rostker v. Goldberg, 453 U.S. 57 (1981): Il-403 (533). Roudebush v. Hartke, 405 U.S. 15 (1972): II-205 (262). Rubín v. Coors Brewing Co., 514 U .S. 476 (1995): Il-449 (7f:l4). Runyon v. McCrary, 427 U.S. 160 (1976): Il-441 (745). Rust v. Sullivan , 500 U.S. 173 (1991): II-443 (755). Sable Communlcations v. Federal Communication Commission, 492 U.S. 115 (1989): I-347 (379). Saltonstall v. Saltonstall, 276 U .S . 260 (1928): I-461 (875). Sanders v. Armour Fertilizer Works, 292 U .S. 190 (1934): Il-111 (432). Santa Clara County v. Southern P acific Railroad, 118 U.S. 394 (1886): II-307 (90). Saunders v. Shaw, 244 U .S . 317 (1917): I-494 (898) . Schaefer v. United States, 251 U .S. 466 (1920): IJ-388 (441). Sche nck v. United States, 249 U .S. 47 (1919): II-388 (439). Schick v. Reed, 419 U.S. 256, 266 (1974): II-210 (288). Schlesinger v. Reservists Commitlee to Stop the War, 418 U.S. 208 (1974): II-21 (28). Shaw v. Murphy, 121 S . Ct. 1475 (2001): Il-449 (799). Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963): II-441 (748). Sibron v. New York, 392 U.S. 40 (1968): I-305 (176, 179). Sierra Club v. Morton, 405 U .S . 727 (1972): l-299 (142), II-20 (26, 27), II-23 (48), ll-75 (282). Silber v. United States, 370 U.S. 717 (1962): I-467 (920). Siler v. Louisville and Nashville Railroad, 213 U.S. 175 (1909): I-194 (143) ' I-276 (3::!). Simmerman v. Nebraska, 116 U.S. 54 (1885): I-464 (891). Simon v. Eastern Kcntucky Welfare Rights Organization, 426 U.S. 26 (1976): II-21 (31), II-26 (63). Singleton v. Wulff, 428 U.S. 106 (1976): ll-18 (14). Sinkfield v. Kell y, 121 S. Ct. 446 (2000): II- 25 (58). Skelly Oil Co. v. Phillips Petroleum Co., 339 U .S. 667 (1950): I-396 (550). Skinner v. Oklahoma, 316 U.S. 535 (1942): II-396 (498). Slaughterhouse Cases, 83 U.S. 36 (1873): II-307 (89) II-353 (278 279) II-381 (382). • ' • Smiley v. Holm , 285 U.S. 355 (1932): I-234 (297). Snyder v. Harris, 394 U.S. 332 (1969): Il- 128 (545) .

ÍNDICE DE

FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

587

Socialist Labor Party v. Gil!igan, 406 U.S. 583 (1972): I-298 (298) Sosna v. Iowa, 419 U.S. 393 (1975): I-306 (185). · South v. Peters, 339 U.S. 276 (1950): 1-234 (299). SouLhcrn P acific Te:rninal Co. v. ICC , 219 U.S. 498 (1911 ): 1-305 (180). Spector Motor SerVIce v. McLaughlin, 323 U.S . 101 (1944 ): I-2-76 (33). Sp e ncc v. Wu~hmgton, 418 U.S. 40:1 (1974)· Il-401 (521) Standard Oil Co. V. United States, 221 1 (1911): rr:384 (405). State of Oh10 ex re!. Davis v. Hildebrant, 241 U.S . 565 (1916): Il-218 (241). State of Oh10 ex re!. Bryant v. Akron Metropóli tan P ark District 281 U S 74 (1930): II-218 (323). ' .. Steffel v. Thomson, 415 U.S. 45 2 (1974): I-304 (169). Stemberg v. Carhart, 121 S. Ct. 2597 (2000): II-452 (814, 815). S tewart v. Dunham, 115 U.S. 61 (1885): I-194 (139). Street v. New York . 394 U.S. 576 (1969) : II-401 (520). Stromberg v. California , 283 U.S . 359 (19:il): II-399 (5 13). SuiLum v. Tahoe Regional Planning Agency, 520 U.S. 725 (1997): I-296 (126). Super Tyre Engineering Co. v. McCorkle, 416 U.S. 115 (1974): 1-305 (179). Supreme Tribe of Ben-Hur v. Caubl e, 255 U.S. 356 (1921): II-124 (516), II-128 (541). Swafford v. Tcmpleton, 185 U.S. 487 (1902): l-179 (36). Sweet v. Rechel, 159 U.S. 380 (1895): I-178 (34).

u.s.

Taylor v. Beckham, 178 U.S. 548 (1900): II-217 (316). Taylor v. Kentucky, 436 U.S. 478 (1978): l-461 (869). Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989): II-440 (731, 732). Tennessee Coa!, Iron & R. Co. v. Muscoda Local n 2 123, 321 U.S. 590 (1944): I-395 (548). Terlinden v. Ames, 184 U.S. 270 (1902): II-165 (76). Termini ello v. Chicago, 337 U.S. 1 (1 949): I-468 (924). Texas & P acific Ra ilway v. Abilene Cotton Oil Co., 204 U.S. 426 (1907): 1-301 (150). Texas v. Cobb, 121 S. Ct. 1335 (2001): II-448 (791, 792). Texas v. Johnson, 491 U.S. 397 (1991): II-444 (763, 765). Texas v. United States, 523 U.S. 296 (1998): I-297 (127), I-299 (141). Texas v. Whi te, 74 U.S. (7 Wallace) 700 (1869): II-217 (313). Thc Cherokee Tobacco, 78 U.S. 616 (1871): I-123 (281). The Pocket Veto Case, 279 U.S. 655 (1929): II-81 (303). The Schooner Exchange v. McFaddon, 11 U.S. (7 Cranch) 116 (1812): 1-179 (41). Thomas v. Collins , 323 U.S . 516 (1945): II-391 (452). Thomas v. Statc of Towa, 209 U.S. 258 (1908): I-464 (896). Thomas v. Union Carbide Agrl. Prods. Co., 473 U.S. 568 (1985): 1-282 (60). Thompson v. Union P.R. Co., 76 (9 Wallace) U.S. 579 (1870): I-177 (30). Thornburgh v. American College ofObstetricians and Gynecologists, 476 U .S. 747 (1986): II-443 (757). Tinker v. Des Moines School District, 393 U.S. 503 (1969): II-399 (518).

588

CONTROL DE CONSTITUCJONI\L!DAD

Tiverton Board of License Comm'rs. v. Pastore, 469 U.S. 238 (1985): I-304 (172).

Toilel Coods Association v. Cardner, 387 U.S. 151:! (1967) : 1-300 (144), I-378 (492). Tomkins v. Missouri, 323 U .S . 485 (1945): 1-461 (874). Toyosaburo Korematsu v. Unitcd Stales, 323 U.S . 214 (1944): 1-256 (403), II-403 (532). Trans World Airlines lnc. v. Franklin Mint Corp., 466 U.S . 243 (1984): 1-124 (290). Tribe of Ben Hur v. Caublc, 255 U.S. 356 (1921): Il-96 (368). Underhill v. H erna ndez, 168 U.S . 250 (1897): Il-164 (72). Ungar v. Sarafite , 376 U.S. 575 (1964): I-464 (893). United Air Lines v. Mahin , 410 U.S. 623 (1973): I-465 (905). United Min e Workers v. Cibbs, 38::! U.S . 715 (1966): 1-194 (143). United Public Workcrs of America v. Mitchell, 330 U.S. 75 (1947): 1-300 (145), I-377 (489), I-396 (552) . United Stales and Interstate Commerce Commission v. Students Challenging Regul atory Agency Procedures (SCRAP), 412 U.S. 669 (1973): Il-25 (59). United States Civil Service Commission v. National Association of Letter Carriers, 413 U .S . 548 (1973): I-396 (554). United S tates Department of Treasury v. Calioto, 477 U.S. 556 (1986): I-304 (165). United States ex rel. Champion Lumber Co. v. Fisher, 227 U.S. 445 (1913): 1-460 (!:!60). United States Parole Community v. Ceraghty, 445 U.S. 388 (1980): 1-304 (162) . United States v. Alaska Steamship Co., 253 U.S. 113 (1920): l-304 (165). United States v. Álvarez Machaín, 504 U.S. 655 (1992): 1-257 (406, 407). United States v. Balsys, 524 U.S. 666 (1998): Il-447 (779). United Statcs v. Barnow, 239 U.S . 74 (1915): II-179 (41). United States v. Belmont, 301 U.S. 324 (1937): 1-186 (8fi), I-187 (93), Il-164 (74, 75). United States v. Bevans, 16 U.S. (3 Wh eaton) 336 (1818): 1-179 (4 1). United States v. Butler. 297 U.S. 1 (1936): I-201 (169). United States v. Carolene Products, 304 U.S. 144 (1938): Il-390 (449). United States v. Classic, 313 U.S. 299 (1941): 1-179 (36). United States v. Cruickshank, 92 U.S. 542 (1875): I-177 (30). United Statcs v. Curtil'< s-Wright Export Corp. , 299 U .S. ::!04 (1936): I-185, 186 (83), 1-257 (405). United States v. Fruehauf, 365 U.S. 146 (1961): 1-280 (50). United States v. Harris, 106 U .S. 629 (1883): l-178 (34). United States v. Kl ein, 80 U .S. (13 Wallace) 128 (1871): ll- 210 (288). United States v. Lee Yen Tai , 185 U .S. 213 (1902): I-123 (286). United States v. Lopez, 514 U.S. 549 (199!'i): II-452 (821). United States v. Marigold, 50 (9 Howard) U.S. 560 (1850): 1-178 (31).

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

588

Tiverton Board of Liceos~ Comm'rs. v. Pastore , 4 59 U .S . 238 (1985): 1-304

G· d 387 U S. 158 (1967): 1-300 (144), 1-378 (172). . . Toilet Goods Assoc1at1on v. ar ner, · (492). . . U S 485 (1945)· 1-461 (874). Tomkins V. Mtssoun, 323 .. · d S t a23 u .s. 214 (1944): 1-256 (403), ta es, Toyosaburo Kor~matsu v. Untte 11-403 (532) .

Tran~ World Airlines Inc. v. Franklin Mint Corp. , 466

Tribe(:~.o~en

u ·s · 243 (1984)·· 1-124

Hur v. Cauble, 255 U.S. 356 (1921): II-96 (368).

Und erhill v. H ernande7., 168 U .S. 250 (1897): II-164 (72). Ungar v. Sarafite, 376 U.S. 575 (1964): I-464 (893). United Air Lines v. Mahin, 410 U.S . 623 (1973): 1-465 (905) . • Unitcd Mine Workers v. Gibbs, 383 U.S. 715 (1966): 1-194 (143). · United Public Workers of America v. Mitchell , 330 U .S. 75 (194 7): 1-300 (145), I-377 (489), 1-396 (552). . United States and lnterstate Commerce Commission v. Studenls Challengmg Regulatory Agency Proc~dures (SCRAP), 412 U.S. 669 (1.97~) : Il-25 (59). United States Civil Service Commission v. National Assoc1alwn of Letter Carriers, 4 13 U .S. 548 (1973): 1-396 (554) . United Statcs Dcpartment of Treasury v. Galioto, 477 U .S. 556 (1986) : I-304 (165). United States ex re!. Champion Lumber Co. v. Fisher, 227 U.S. 445 (1913): l-460 (860). United States Parole Community v. Geraghty, 445 U.S. 388 (1980): l-304 (162). United States United States United States United States United States (74, 75).

v. Alaska Steamship Co., 253 U.S. 113 (1920): 1-304 (165). v. Álvarez Machaín, 504 U.S. 655 (1992): I-257 (406, 407). v. Balsys, 524 U.S. 666 (1998): IT-447 (779). v. Barnow, 239 U .S. 74 (1915): 11-179 (41). v. Belmont, 301 U .S. 324 (1937): I-186 (85), I-1 87 (93), II-164

United States United States United States United States United S tatcs United States 186 (83),

v. Bevans, 16 U.S. (3 Whcaton) 336 (1818): 1-179 (41). v. Butler, 297 U .S. 1 (1936): 1-201 (169). v. Carolene Products, 304 U.S. 144 (1938): 11-390 (449). v. Classic, 313 U .S. 299 (1941): I-179 (36). v. Cruickshank, 92 U.S . 542 (1875); 1-177 (::10). v. Curtiss-Wright Export Corp ., 299 U .S. 304 (1936): I-185, 1-257 (405).

Un~ted

States v. Umted States v. Untled Sta tes v. Un~ted States v. Umted States v. Umted States v.

Fruehauf, 365 U.S. 146 (1961): 1-280 (50). Harris, 106 U.S. 629 (1883): 1-178 (34). Klein, ~O U .S. (13 Wallace) 128 (1871): II-210 (288). Lee Yen Tai, 185 U.S. 213 (1902): I-123 (286). Lopez, 514 U.S. 549 (1995): II-452 (821). Marigold, 50 (9 Howard) U .S. 560 (lil50): 1-178 (31).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

589

United States v. Moreland, 258 U.S. 433 (1922): I-231 (285). United St.ates v. Morrison, 120 S. Ct. 1740 (2000): II-453 (825). United States v. Mosley, 238 U.S. ::J83 (1915): I-179 (36). Unit.cd States v. Muñoz-Florcs, 495 U.S. 385 (1990): Il-199 (238), II-200 (245). United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974): II-291 (10). United States v. O'Brien , 391 U.S. 367 (1968): II-399 (516, 517). United States v. Palmer, 3 Whcaton , 610 (1818): II-152 (7). United Stat.es v. Pink, 315 U.S. 203 (1942): I-188 (94, 95). Unit.ed Statcs v. Ri ce, 327 U.S. 742 (1946): I-304 (163), II-334, 335 (218). United States v. Richardson, 418 U.S. 166 (1974): II-18 (13), II-21 (29). United States v. Salcrno, 481 U.S. 379 (1987): I-346 (374). United States v. Sandoval , 231 U.S. 28 (1913): Il-165 (77). Unit.ed States v. Tennessee & Coosa R. Co. , 176 U.S. 242 (1900): l-467 (919). United States v. W. T. Grant Corporation, 345 U.S. 629 (1953): I-306 (183). United States v. Western Pncific Railroad, 352 U.S. 59 (1956): l-302 (159). Vac hon v. New Hampshire, 414 U.S. 471:! (1974): l -467 (917) . Valley Forgc Christian College v. Americans United for Separation of Church and State, lnc., 454 U.S. 464 (1982): 1-282 (59), Tl-16 (4), II-21 (33). Van Brocklin v. Tennessee, 117 U.S. 151 (1886): 1-179 (39). Vanee v. Terra?:as, 444 U.S. 252 (1980): I-467 (920). Velvel v. Nixon, 396 U.S. 1042 (1970): 11-166 (87). Ward v. Village of Monroeville, 409 U.S. 57 (1972): 1-464 (R99) . Ware v. Hylt.on , 3 U.S. (3 Dalias) 199 (1796): I-73 (131), 1-81 (153), 11-151 (5). Warth v. Seldin, 422 U.S. 490 (1975): 11-16 (2), Il-21 (30), 11-26 (64). Washington v. Texas, 388 U.S . 14 (1967): ll-394 (85). . . Washington v. Washington State Commercial Passenger F1shmg Vessel Association, 444 U.S. 816 (1979): I-124 (290). Wayman v. Southard , 23 U.S. (10 Wheaton) 1 (1825): 1-387 (523). Webb v Webb 451 U S 493 (1981): 1-461 (870). Webb's .Fabul~us Pha~~acies, Inc. v. Beckwilh , 449 U .S. 155 (1980): 1-461

Webs~~~S~:

Rcproductive Heallh Service, 492 U .S. 490 (1989): 1-299 (1::!8),

II-443 (758 , 759). Weinbcrger v. Rossi, 456 U.S. 25 (1982): 1-124 (291).

Weinstein v. ~radford, 423 U .S. 14 7 (~97~-)~31~3~~i~.8ti~233 (395). Wesberry V. Sanders, 376 uh -~0~ g~6 3~9 (1937): II-353 (285), II-389 (447), West Coast H olel v. Parrts , · · Jl-393 . . U S 90 (l917): I-467 (919). West v. Rutledge T!mber Co., ~44 . . 319 U S 624 (1943): ll-398 Wcst Virginia Board of Educatton v. Barnett.e, ..

Whe~(e~0L!;::e~5B~~!!)& Supply Co. v. United States, 281 U.S. 572 (1930): 11-334 (218) .

590

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

While River Lumbcr v. Arkansas ex rel. Applegate, 279 U.S. 692 (1929): l -464 (896). Whitney National Bank v. Bank of New Orleans, 379 U.S. 411 (1965): I-379 (503). Whitney v. California, 274 U.S. 357 (1927): 1-462 (878), 1-464 (899), l -465 (906), I-467 (914). Whitney v. Robertson, 124 U.S. 190 (1888): 1-123 (282). Whyy, 1nc. v. Boro ugh of Glassboro, 393 U.S. 117 (1968): l-465 (902). Wiborg v. United States, 163 U.S. 632 (1896): 1-467 (919). Wiener v. United States, 357 U.S. 349 (1958): I-185 (82). Wiley v. Sinkler, 179 U.S. 58 (1900): 1-179 (36). Wilkes v. Dinsman, 53 U.S. 390 (1849): l-178 (33). Wilson v. Cook, 327 U.S. 474 (1946): I-467 (915). Wi\liams v. Georgia, 349 U.S. 375 (1955): l-463 (883). Williams v. Rodhes, 393 U.S. 23 (1968): Il-233 (403). Williams v. Standard Oil Co., 278 U .S. 235 (1929): II-382 (389). Williams v. Su!Tolk los. Co., 38 U.S. (13 Peters) 415 (1839): II-152 (8, 11). Willing v. Chicago Auditorium Association, 277 U.S . 274 (1928): I-394 (541). Willner v. Committec on Character, 373 U .S. 96 (1963): l-466 (907) . Winous. Point Shooting Club v. Caspersen, 193 U .S. 189 (1904): l-460 (867). Wisconsin v. Milchell, 508 U.S. 476 (1993): II-441 (746) . Wis consi n v. Yoder, 406 U .S. 205 (1972): Il-397 (507). Wolf v. Colorado, 338 U.S. 25 (1949): Il-394 (476). Wolfe v. North Carolina, 364 U .S. 177 (1960): l-463 (889). Wol!T Packaging Co. v. Court of lndust. Reltns., 262 U.S. 522 (1923): II-382 (390). Wood v. Georgia, 450 U .S. 261 (1981): l -468 (924). Wooley v. Maynard, 430 U.S. 705 (1977): Il-398 (512). Wright v. United States, 302 U.S. 583 (1938): ll-81 (303). Wyoming v. Oklahoma, 502 U.S. 437 (1992): II-22 (40), ll-30 (82, 83). Yakus v. United States, 321 U .S . 414 (1944): 1-190 (115). Yazoo & Mississippi Valley R.R. v. Jackson Vinegar Co., 226 U.S . 217 (1912): 1-347 (477). Youngstown Sheet & Tube Co . v. Sawyer, 343 U.S. 579 (1952): I-58 (77), I-174 (15), l-186 (86), I-255 (400), l-256. Zablocki v. Redhail , 434 U .S . 374 (1978): Il-397 (504). Zahn v. lnternational Paper Co ., 414 U .S . 291 (1974): II-128 (546). Zucht v. King , 260 U .S. 17 4 (1922): 1-459 (857). 2. Cortes de Circuito A.H. Robins Co., 880 F.2d 709, 740 W Circuito, 1989): Il-114 (452). Agent Orange Products Liability Litigation, 818 F.2d 145, 168-69 (2" Circuito, 1987): Il-119 (484).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

591

Air Line Stewards & Stewardesses Association, Local550 v. American Airlines Inc., 490 F.2d 636 (7° Circuito, 1973): 11-100 (381). Alexander v. Yale UniverRity, 631 F.2d 178 (2 2 Circuito, 1980): Il-100 (381). Alliancc to End Repression v. Rochford, 656 F.2d 975 (1977): ll-100 (380). Anderson v. City of Albany, 321 F.2d 649 W Circuito, 1963): II-103 (389). Appleton Electric Co. v. Advanced United Expressway, 494 Federal Reporter, znd Series 126 (7° Circuito, 1974): 11-118 (474), II-128 (543). A"sure Competitive Transportation Inc. v. United States, 629 F.2d . 467, 471 (7° Circuito, 1980): I-380 (506) . Beef Industry Antitrust Litigation, 607 F.2d 167 (5° Circuito, 1979): Il-124 (515). Berman v. Narragansett Racing Association, 414 F.2d 311 (1" Circuito, 1969): II-118 (475). Bermudez v. U.S. Department of Agriculture, 490 Federal Reports, 2 11 u Series (Circuito del D .C., 1973): 11-109 (423). Burnside v. Byars, 363 F.2d (5º Circuito, 1966): II-400 (519). Carpenter v. Davis, 424 F.2d 257 (5u Circuito, 1970): 11-100 (380), II-103 (391). Carter v. Butz, 479 F.2d 1084 (32 Circuito, 1973): II- 114 (452). City of New York v. International Pipe and Ceramics Corp, 410 F.2d 295 (2° Circuito , 1969): Il-99 (378). Complon v. Jesup , 68 Federal Reporter, 263 (6" Circuito, 1895): I-194 (40). Cook County College Teachers Union Local 1600 v. Byr d, 456 F.2d 882 (7° Circuito, 1972): II -113 (449). Corrugated Container Antit.rust Litigation, 643 F.2d 195 (5° Circuito, 1981): II-122 (505). Cox v. American Cast Iron Pipe Co., 784 F.2d 1546 (11 2 Circuito, 1986): 11-101 (383). Crocke\.1. v. Reagan, 720 F.2d 1355 (Circuito del D.C. , 1983): 11-83 (312), 11-167 (97). 2 Cullen v. New York State Civil Service Commision, 566 F.2d A46 (2 Circuito, 1977): 11-104 (399). Chateau de Ville Productions , Inc. v. Tams-Witmark Music Library, lnc., 586 • F.2d (22 Circuito, 1978): ll-113 (448). . 0 Chicken Antitrust Litigation American Poultry, 669 F.2d 228 (5 C1rcwto, 19A2): Il-122 (506). Da Casta v. Laird, 471 F.2d 1146, 1147 (2° Circuito , 1973): U -167 (93). B k Sh t 433 F.2d 733 (5° Circmto, 1970): II-100 (379). ~~a:~;:~s:~:~rito~ ~f Paci!ic Islands, 876 F.2d 1401 (9° Circuito, 1989):. ll-124 (513) . E · t ¡ Protection Agency (EPA), 759 Eagle-Picher lndustrie_s, lnc. v. nDVU"Con~;:5; 1-378 (495). F.2d 905 , 911 (Ctrcmto del · ·• ·

592

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Edwards v. Carter, 580 F.2d 1055 (Circuito del D.C., 1978): II-81 (306), Il-82 3 7

Eisen( ~ 6·arlisle & Jaquelin, 391 F.2d 555 (2° Circuito , 1968): Il-103 (392). Eisen v. Carlisle & Jaquelin, 479 F.2d 1005 (2° C1rcmto, 1973): Il-116 (463), Il-121 (497). Elliot v. Weimberger, 564 F.2d 1219 (92 Circuito , 1977): Il-118 (477). Environmental Defense Fund, Inc. v. Corps of Engineers of U.S. Army, 492 F. 2d 1123 (52 Circuito, 1974): Il-109 (421). Ernst & Ernst v. U.S. District Court for Southern District of Texas, 457 F. 2d 1~99 (5° Circuito, 1972): II-104 (398). Esplin V. Hirschi, 402 F.2d 94 no• Circuito, 1968): Il-110 (427), Il-127 (538). Four Scasons Securities Laws Litigation, 525 F.2d 500 (10º Circuito, 1975): Il-115 (459), 11-125 (524). Franks v. Kroger Co. , 649 F.2d 1216 (60 Circuito, 1981): Il-122 (504). García v. Gloor, 618 F.2d 264 (5° Circuito, 1980): II-101 (382). General Motors Corp . Engine Interchange Litigation, 594 F.2d 1106 (7" Circuito, 1979): II-123 (512). Gold Strike Stamp Co.v. Christensen, 436 F.2d 791 (10 2 Circuito, 1970): II-99 (378). Goldwater v. Carter, 617 F. 2d 697 (Circuito del D.C., 1979): Il-80 (297). Gonzalez v. Cassidy, 474 F.2d 67 (50 Circuito, 1973): Il-104 (400), II-125 (520). Gregg v. Barrett, 771 F.2d 539, 543 -546 (Circuito del D. C. , 1985): II-83 (313). Grisby v. North Mississippi Medica! Center, Inc. 586 F.2d 457 (5 2 Circuito, Hl78): II-125 (522). Guthrie v. Evans, 815 F.2d 626 (11" Circuito, 1987): II-124 (519). Harrington v. Bush, 553 F.2d 190, 213 (Circuito del D.C., 1977): II-81 (304 305). ' Harris v. Palm Springs Alpine States, lnc., 329 F.2d 909 (9° Circuito 1964)· II-101 (382). ' . Hervey v. City of Little Rock, 787 F.2d 1223 (8° Circuito, 19R6): II-114 (451). Holmes v. Continental Can Co., 706 F.2d 1144 (112 Circuito ' 1983)·. II-122 (504).

Holtz(~:)~ v. Schlesinger, 484 F.2d 1307 (2

2

Circuito, 1973): II-81 (301), II-167

Huntlelr 1v. Atchinson, T & S.F. Ry. Co., 188 F.2d 294 (7o Circuito 1951)· - 00, 101 (381). ' . International Pancakes Franchise Litigation 487 F2d 30" (8" e· ·t 9 II-122 (504). ' . ,, IJ:"CU! o, 1 73): lnvestment Co. Institute v. Board of Governors of Federal Res S 551 F 2d. 1270 ffi .C. Circuit, 1977): I-380 (504). erve ystem,

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

593

Jenkins v. Raymark Industries, Inc. , 782 F.2d 468 (5° Circuito, 1986): II-114 (455). Johnson v. General Motors Corp., 598 F.2d 432 (5° Circuito, 1979): II-118 (476). Kainz v. Anheuse r-Busch Inc., 194 F.2d 737 (7" Circuito, 1952): II-97 (371). Kamm v. California City Development Co. , 509 F.2d 205 (9° Circuito, 1875): 11-112 (439). Katz v. Carte Blanche Corp., 496 F.2d 747 (::! 2 Circuito, 1974): IJ-111 (436). Kennedy v. Sampson, 511 F.2d 430 (Circuito del D.C. , 1974): II-81 (302). Klicker v. Northwcs l Airlines, 563 F.2d 1310 (9" Circuito, 1977): 1-302 (157). Kyriazi v. Weste rn El cctric Co., 647 F.2d 388 (3° Circuito, 1981): 11-119 (486). La Mar v. H . & B. Novelty & Loan Co. , 489 F.2d 461 (9º Circuito, 1973): II-107 (413). Larinoff v. U.S., 533 F.2d 1167 (Circuito del D .C., 1976): II-108 (416). Lichten v. Eastern Air Lines, 189 F.2d 939 (2ª Circuito, 1951): I -302 (155). Lynch v. Rank , 747 F.2d 528 (9° Circuito, 1984): II-103 (394). Mader v. Arme!. 402 F.2d 15!; (6° Circuito, 1968): II-116 (462). Marshall v. Holiday Magic Inc., 550 F.2d 1173 (9Y Circuito, 1977): TT-123 (510). McGowan v. Faulkner Concrete Pipe Co., 659 F.2d 554 (5" Circuito, 1981): 11-82 (310), II-103 (393). Miller v. Ackerman , 488 F. 2d 920 (8 2 Circuito, 1973): II-101 (382). Mitchell v. Laird, 488 F.2d 611 (Circuito del D .C., 1973): II-80 (299), II-81. Moore v. House of Representatives, 733 F.2d 946 (Circuito del D.C., 1984): 11-89 (344) . Mungin v. Florida E asl Cost Ry. Co., 441 F.2d 728 (5" Circuito, 1971): II-113 (444), II-123 (510). National Indus . Contractors v. OSHRC, 583 F.2d 1048 (8° Circuito, 1978): 1-378 (498) National Organization for Women v. Operation Rescue , 914 F.2d (4° Circuito, 1990): II-441 (742). Nelson v. Greater Gadsden Housing Aulhorily, 802 F.2d 405 (1986): II-121 (499). New York State Na tional Organization for Women v. Terry, 886 F.2d (2° Circuito, 1989): II-441 (742). Nix v. Grand Lodge of lnternational Association of Machinists & Aerospace Workers, 479 F.2d 382 (5° Circuito, 1973): Il-109 (426). Northern District of California Dalkon Shield !UD Products Liability Liti• gation, 693 F.2d 847 (9" Circuito, 1982): II-108 (417). . 0 Norwalk CORE v. Norwalk Redevelopment Agency, 395 F .2d 920 (2 CJrcu•to, 1968): Il-109 (425).

594

CONTROL DE CONSTITUC!ONALllJAD

Officers for Justice v. Civil Service Commission of City & County of San Francisco, 688 F.2d 615 (92 Circuito, 1982): Il-123 (509). Oljato Chapter of the Navajo Tribe v. Train, 515 F.2d 654 (D.C. Circ uito 1975): I-380 (505). Orlando v. Laird, 443 F.2d 1039, 1043 (22 Circuito, 1971): Il-167 (90). Peck v. Find, 2 F.2d 912 (1925): I-3 17 (238). Penson v. Terminal Transport Co., 634 F.2d 989 (5" Circuito, 1981): Il-125 (523). Pcntland v. Dravo Corporation, 152 F.2d 851 (30 Circuito, 1945): II-97 (371). Philadelphia Electric Co. v. Anaconda American Brass Co. 43 F.R.D. 452, 463 (1968): Il-101 (382). Premier Electric Construction Co. v. National Electric Constructors Association, 814 F.2d 358 (1987): II-1 26 (531). Ramirez de Arellano v. Weinberger, 745 F.2d 1500 (Circuito del D.C . 1984): ll-167 (97). Redmon v. Commerce Trust Co., 144 F.2d 140 (80 Circuito, 1944): II-104 (401). Riegle v. Federal Open Market Committee, 656 F.2d 873 (Circui to del D.C., 1981): Il-82 (308). Robinson v. Lorillard Corp ., 444 F.2d 791 W Circuito, 1971): II-109 (426). Sanchez Espinoza v. Reagan, 770 F.2d 202 (Circuito del D.C., 1985): II-167 (97). SarnofT v. Connally, 457 F.2d 809, 810 (9° Circuito, 1972): II-167 (9 1). Saunders v. Naval Air Rework Facility, 608 F.2d 1308 (1979): Il-126 (530). School Asbestos Litigation, 921 F.2d 1310, 1317-18 (3 2 Circuito, 1990): Il-108 (417). Shelton v. Pargo , Inc., 582 F.2d 1298, 1308, n. 31 (4° Circuito, 1978): II-124 (513). Siderman v. Republic of Argentina , 956 F.2d 699 (92 Circuito, 1992): Il-434 (705). Simmons v. United States, 406 F.2d 456, 460 W Circuito, 1969): II-166 (88). Six Mexican Workers v. Arizona Citrus Growers, 904 F.2d 1301 (1990): Il-121 (498). Stebbins v. Nationwide Mutual Insurance Co. , 469 F.2d 268, 270 n. 3 (40 Circuito, 1972): II-114 (450) . Stewart v. Winter, 669 F.2d 328 (50 Circuito, 1982): II-101 (383). Swanson ~· AI:nerican Consumer Industries, lnc. , 415 F.2d 1326, 1399 n. 9 (7 ~ Ctrcutto , 1969): II-101 (382).

Telecomm_uni~ations

Research and Action Center (TRAC) v F d 1C mumcatwns Com · · · e era om(507). mission, 750 F 2d . 70 (Circuito del D.C., 1984): I-380

ÍNDICE llF: FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

595

Tuft v. McDonell Douglas Corp . 581 F.2d 1304 (80 Circuito 1978): II-100 (381~ ' Vnnd er Jagt v. O'Neill , 699 F.2d 1166 (Circuito del D.C., 1982): II-82 (304), Voluntcer Medica! Clinic, Inc. v. Operation Rescue, 948 F.2d 218 (6° Circuito 1991): II-441 (742). ' Walter v. City of Mesquite, 858 F.2d 1071 (52 Circuito, 1988): II-124 (519). Weight Watchers of Philadelphia, In c. v. Weight Watchers Internatio nal , Inc. 455 F.2d 770 (2° Circuito, 1972): II-123 (512). Weinberger v. Kend1·ick, 698 F.2d 61 (2° Circuito, 1982): II-124 (515). West Virginia v. Chas Pfizc r & Co., 440 F.2d 1079 (20 Circuito , 1971): II-115 (459), II-123 (511). Williams v. Vukovich , 720 F.2d 909, 925 (60 Circuito, 1983): 11-122 (504). Young v. Katz, 447 F.2d 431 (52 Circuito, 1971): II-122 (503). Ze nith Laboratories, [n c. v. CartP.r Wallacc, lnc. S::JO F.2d 508 U!° Circuito, 1976): II-114 (4iil).

3. Cortes de Distrito Abulaban v. R.W. Prees prich & Co., 51 F.R.D. 469 (Distrito Sur de New York): Il-119 (487). Alexander v. Avco Corp ., 380 F. Supp 1282 (Distrito Central de Tenncsscc, 1974): II-119 (481). Allen v. Isaac, 99 F.R.D . 45 (Distrito Norte de Illinois, 1983): II-101 (382) . Ange v. Bush, 752 F.Supp. 509 (D .D.C. 1990): II-167 (98) . Antibiotics Antitrust Actions, 333 F.Supp 296 (Distrito Sur de New York, 1971): II-123 (511). Ashe v. Board of Elections in the City of New York, 124 F.R.D. 45 (Distrito Este de New York. 1989). II-100 (380). Berland v. Marck, 48 F.R.D. 121 (Distrito Sur de New York, 1969): II-113 (44 7). Berman v. Narraganset1; Racing Association, 48 F.R.D . 333, 338 (Distrito de Rhode Island, 1969): II-104 (401). Brennan v. Midwestern Unitcd Life Ins. Co ., 259 F.Supp 673 (Distrito Norte de Indiana. 1966): U-112 (443). Brewer v. Republic Steel Corp., 64 F.R.D. 591 (Distrito Norte de Ohio, 1974): II-119 (482) Brown v. Cameron-Brown Co. , 92 F.R.D. 32 (Distrito Este de Virginia, 1981): II-110 (430). D 615 (Distrito de South Dakota, 1974): Il-116 B uneh v. B arne tt , 62 F .R . . (462).

596

CoNTROL DE coNSTJTUCIONALIIJAD

Carpenter v. Hall , 311 F.Supp 1099 (Distrito South Texas, 1970): Il-103 (391), II-112 (441). Caruso v. Celsius Insulation Resources, Inc., 101 F.R.D. 530 (Distrito Central de Pennsylvania, 1984): ll-111 (431). . . Class Clay, Inc. v. Northwestern Public Serv-i.ces Co., 63 F.R.D. 34 (D1stnto de South Dakota, 1974): II-107 (415). Collins v. Bolton, 287 F.Supp 393 (Distrito Norte de Illinois, 1968). Il-108 (416). Cranston v. Reagan , 611 F.Supp 247 (D.D .C . 1985): ll-168 (100). Crasto v. Esta te of Kaskels, 63 F.R.D. 18 (Distrito Este de New York, 1974): II-111 (437). Cusick v. N V. Nederlandsche Combinatie Voor Chemische Industrie, 317 F.Supp 1022 (Distrito Este de Pennsylvania , 1970): Il-120 (491). Cherner v. Transitron Electronic Corp ., 221 F.Supp 48 (Distrito de Massachusetts, 1963): II-125 (520). Chevallier v. Baird Savings Association, 72 F.R.D . 140 (Distrito Este de Pennsylvania, 1976): II-112 (443). Christman v. American Cynamid Co., 92 F.R.D. 441 (Distrito de West Virginia, 1981): ll-101 , 102 (383). Dale Electronics, lnc. v. R.C.L. Electronics, Inc., 53 F.R.D . 531 (Distrito de New Hampshire): 11-101 (382). Deckert v. Independence Shares Corp., 27 F.Supp 763 (Distrito Este de Pennsylvania, 1939): ll-97 (374). Dellums v. Bush, 752 F.Supp 1141 (D.D.C. 1990): IT-167 (98). Dolgow v. Anderson, 43 F.R.D . (Distrito Este de New York, 1968): II-103 (386), Il-121 (500) . Elkind v. Ligget & Mycrs Inc., 66 F.R.D . ::!6 (Distrito Sur de New York, 1975): II-102 (384). Ellison v. Rock Hill Printing and Finishing Co., 64 F.R.D . 415 (Distrito Sur de South Carolina, 1974): 11-119 (483). Environmental Defense Fund, Inc. v. Corps of Engineers of U.S. Army, 348 F.Supp 916 (Distrito Norte de Missisippi, 1972): II-109 (421). Epstein v. Weiss, 50 F.R.D. 387, 392 (Distrito Este de Louisiana 1970)· II-103 (390). ' . First American Corp ., v. Foster, 51 F.R.D . 248 (Distrito Norte de Gcorgia 1970): II-104 (402). ' Fischer v. International Tel. & Tel. Corp., 72 F.R.D . 170 (Distrito Este de New York, 1976): ll-103 (395). Gentry v. C. & D. Oil Co., 102 F.R.D. 490 (Distrito Oeste de Arkansas, 1984): II-101 (382). Gibb v. Delta Drilling Co., 104 F.R.D . 59 (Distrito Norte de Texas, 1984): ll-106 (397).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

597

Greenman Securities Litigation, 94 F.R.D. 273 (Distrito Sud de Florida 1982): II-107 (415 ). ' GuiJo v. Veterans' Coop. H. Association , 13 F.R .D. 11 (Distrito de Columbia 1952): II-97 (374). ' Hardy v. U.S. Steel Corp. 289 F.Supp 200 (Distrito Norte de Alabama 1967): ' IT-114 (453). Heech v. Pittsburg Steel Co ., 40 F.Supp 243 (Distrito de Pennsylvania 1941): II-122 (502). ' Hess v. Hughes, 500 F.Supp 1054 (DiRtrito de Maryland, 1980): II-109 (425). Hmes v. Anderson , 439 F.Supp 12 (Distrito de Minnesotn, 1977): II-109 (419). Hobbs v. Northeast Airlines, Inc., 50 F.R.D. 76 (Distrito Es te de Pcnnsylvani 11 , 1970): II-112 (442). Illinois v. Harper & Row Publishers, loe., 301 F.Supp 484, 488, nota 9 (Distrito Nortt: dt: Illinois, 1969): II-110 (427). Jones v. Bliziner, 536 F.Supp 1181 (Distrito Norte de Indiana, 1982): II-102 (384). Kjeldahl v. Dlock, 579 F.Supp 1130 (Distrito de Columbia, 198~) : II-108 (416). Klcint:r v. First National Bank of Atlanta, 97 F.R.D. 683 (Distrito Norte de Georgia, 1983): II-110 (428). Klinkhammer v. Richardson, 359 F.Supp 67 (Distrito de Minnesota, 1973): II-101 (382) . Korn v. Franchard Corp. , 50 F.R.D. 57 (Distrito Sur de New York, 1970): II-116 (462). Kril:;tiansen v. John Mullins & Sons, Inc. , 59 F.R.D. 99 (Di s trito Estt: de New York, 1973): Il-110 (427). Landau v. Chase Manhattan Bank, 367 F.Supp 992 (Distrito Sud de New York, 1973): II-107 (414). Leffel v. Wisconsin Interscholastic Athletic Association, 444 F.Supp (Distrito Este de Wisconsin , 1978): Il-118 (47R). Lopez v. Heckler, 572 F.Supp 26 (Distrito Central de California , 1983): H-109 (420). Lowery v. Reagan, 676 F.Supp. 33 (Distrito de Columbia, 1987): 11-83 (314), II-167 (97). Lynch v. Spcrry Rnd. Corp. , 62 F.R.D. 78 (Distrito Sur de New York, 1973): II-118 (474). Mason v. Garris, 360 F.Supp 420 (Distrito Norte de Georgia, 1973): II-103 (388). McCarthy v. Director of Selective Servicc System, 322 F.Supp 1032 (Distrito Este de Wisconsin, 1970): II-125 (523), II-126 (fi28).

598

CONTROL OE CONSTITUCIONALlOAD

McCoy v. Salero Mortgage Co., 74 F.R.D . 8 (Distrito Este de Michigan, 1976): II-114 (455). Milberg v. Western Pacific R.R. Co., 51 F.R.D . 280 (Distrito Sur de New York, 1970): Il-103 (385). Molthan v. Temple University of Commonwelth System of Higher Education, 83 F.R.D. :168 (Distrito Este de Pennsylvania) : Il-101-102 (383). Mudd v. Busse, 68 F.R.D . 522 (Distrito Norte de Indiana, 1975): Il-103 (391). Neloms v. Southwestem Electric Power Co. , 72 F.R.D. 128 (Distrito Oeste de Louisiana, 1976): II-119 (479). Page v. Curtiss Wright Corp. , 332 F.Supp 1060 (Dis trito de New Jersey, 1971): II-114 (454). Pasquier v. Tarr, 318 F.Supp 1350 (Distrito Este de Louisiana , 1970): Il-126 (528). Payton v. Abbott Laboratorics, 100 F.R.D. 336 (Distrito de Massachusetts, 19!:l3): II-111 (431). Pearson v. Easy Living Inc., 534 F.Supp 884 (Distrito Sur de Ohio, 1981): II-125 (523). Philadelphia Electric Co. v. Anaconda American Brass Co., 43 F.R.D. 452 (Distrito Este de Pennsylvania, 1968): II-120 (489) . Philadelphia Electric Co., v. Anaconda American Brass Co., 42 F.R.D. 324, 326 (Distrito Este de Pennsylvania, 1967): II-124 (514). Plummer v. Chemical Bank, 91 F.R.D. 434 (Distrito Sur de New York, 1981): Il-122 (504) . Raye v. Medtronic Corp., 696 F.Supp 1273 (Distrito de Minnesota, 1988): Il-111 (431). Renta! Car of New Hampshire Inc., v. Westinghouse Elec. Corp., 496 F.Supp 373 (Distrito de Massachusetts, 1980): 'il-104 (396). Research Corp . v. Pfister Associated Growers, Inc., 301 F.Supp 497 (Distrito Norte de 11linois, 1969): II-104 (403), II-128 (543). Rodríguez v. Family Publications Service, Inc. , 57 F.R .D. 189 (Distrito Central de California, 1972): Il-107 (414). Schaffner v. Chemical Bank, 339 F.Supp 329 (Distrito Sud de New York, 1972): II-111 (435). Shepard v. Wheeling, 4 Southeastern Reporter 635 (1887): 1-345 (370). Shipley v. Pittsburg & L.E .R. Co., 70 F.Supp 870 (Distrito Oeste de Pennsylvania, 1947): II-97 (374) Shivelhood v. Davis, 336 F.Supp 1111 (Distrito de Vermont, 1971): II-100 (379). Singleton v. Drew, 485 F.Supp 1020 (Distrito Este de Wisconsin, 1980): II-108 (418). Smith v. Vowell, 379 F.Supp 139 (Distrito Oeste de Texas, 1974), confirmado por el 5º Circuito, 504 F.2d 759 (1974): II-109 (424).

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

599

S tate of Idaho v. Freeman, 529 F.Supp 1107 (Distrito de Idaho, 1981). 11-197 (224) .

Slong v. Ducyrus-Erie Co., 481 F.Supp 760 (Distrito Este de Wisconsin, 1979): 11-114 (455). Sullivan v. Chase lnvestment Services of Boston, In c., 79 F. R. D. 246 (Distrito Norte de California, 1978): II-110 (429). Technograph Printed Circuits, Ltd. v. Methode Electronics, Inc. , 285 F.Supp 714 (Distrito Norte de lllinois, 1968): 11-101, 102 (::183) . Tober v. Charnita lnc., 58 F.R.D. 74 (Distrito Central de Pennsylvania, 1973): ll-101 (383), 11-113 (444). Van Gemert v. Bocing Co ., 259 F.Supp 125 (Distrito Sud de New York, 1966): 11-108 (416), Il-109 (422). Vaughns v. Board of Education of Prince George's County, 355 F.Supp 1034 (Distrito de Maryland, 1972): II-11.9 (480). Wai nwright v. Kraftco Corp., 53 F.R.D. 78 (Distrito Norte de Georg:ia, Il-122 (503). Walker V. City or Houston, 341 F.Supp 1124 (Distrito Sur de Texas, II-113 (444). Weiss v. Tenney Corp., 47 F.R.D. 283
1971): 1971): 11-120 11-102 1973):

Zerkle v. Cleveland-Cliffs !ronCo., 52 F.R.D. 151, 159 (Distrito Sur de New York, 1971): 11-122 (502). 4 . Tribttnales locales

Daar v. Yellow Cab . Co ., 63 California Reports 724 (1967): II-121 (493). Devidian v. Automotive Service Dealers Association, 111 California Reports 22 (1972): II-120 (495). Johnson v. American Airlines Inc. , 203 California Reporter 638 (1984). II-125 (524). Mountain States Telephone Co. v. District Court, 778 Pacific Rcporter, 2nd Series (Colorado, 1989): II-117 (473). Norris v. Clymer, 2 Pennsylvania State Reports , 277 (1845): 1-201 (167).

600

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Nottingham Partners v. D ana, 564 Atlantic Rcporter, taware, 1989), Il-1 23 (508).

znd

Series 1089 (De-

.. & Co ., 224 California Reports 605 (1986): II-121 (493). State v. Lcv1. St rauss

C) Francia 1. Consejo de Estado

Allain, 20/2/1989, Rec. 60: II-258 (532). AJ iain 26/2/1992, Rec. 659 : II-258 (528). Associ~ tion "Les Verts", 23/1111984, Rec. 382: II-260 (546). Association Greenpeace France, 29/9/1995: 11-259 (544). AsLudill o Calleja, 24/6/1977, Rec. 290 : II-261 (557). Barel, 28/5/1954, Rec. 308: II-257 (525). Bereciartua-Echarri, 1/4/1988, Rec. 135: II-261 (557). Brocas, 19/10/1962, Rec. 553: II-258 (531), Il-259 (537). Comp agnie Générale d'Énergie Radioélectrique, 30/3/1966, Rec. 257 : Il-262 (564). Consorts Yener, Sect. 29/4/1987, Rec. 152: Il-261 (560). Croissant, 717/1978, Rec. 292 : II-261 (557). Dame Caraco , 5/2/1926, Rec. 125: Il-261 (555). Dame Cramencel, 213/1966, Rec. 157: II-259 (538). Dame Kirkwood , 30/5/1952, Rec. 291: 11-260 (549), II-261 (556). Decerf, 28/5/1937, Rcc. 534: II-261 (556). Dclmas, 3/6/1981, Rec. 244: II-258 (536), II-262 (568). Desreumcaux, 3/1111933, Rec. 993 : II-258 (529). Duc d'Aumale et Michel Lévy, 9/5/1867, Rec. 472: II-255 (519) . Epoux Deltel , 16/1211955, Rec. 592: 11-261 (555). Gény, 9/6/1952, Rec. 19: 11-259 (539). Geo rger ct Teivassigamany, 27/6/1958, Rec. 403: II-258 (534). G.I .S .T.I., 23/9/1992, Rec. 346: II-260 (548). H irschowitz, 8/6/1951, Rec. 320: II-258 (535). Karl et Toto Sam é, 317/1931 , Rec. 727 : II-261 (553). Lafitte, 1/5/1822, Rec. 1821-1825.202: II-255 (517)

ÍNDICE DE FALLOS, ACORDADAS Y DICTÁMENES CITADOS

601

Legros, 21/7/1972, Rec. 554: II-261 (558). Le Regroupement National , 27/10/1961, Rcc. 594: II-259 (537). Meyet, 10/9/1992, Rec. 328: Il-259 (537). Ministre chargé du plan et de l'aménagement du territoire c/Communauté urbaine de Strasbourg, 8/1/1988, Rec. 2: II-262 (562). Ministre de l'lntérieur c/Cohn-Bendit, 22/12/1978, Rec. 524: II-261 (554). Myrtoon Steams hip Co., 22111/1957, Rec. 632: ll-259 (542). Nicolo, 20/10/1989, Rec. 190: Il-260 (549). Paris de Bollardie re, 11/7/1975, Rec. 423: II-259 (543). Préfet de la Gironde c/Mahmcdi, 18/12/1992, Re c. 446: II-260 (54 7), II-260 (551). Prince Napoléon , 19/2/Hi75. Rec. 155, concl. David: Il-256 (522-523). Rebeuf, 11/1/1963, Rec. 18: II-258 (536). Rekhou , 29/5/1981 , Rcc. 220: II-260 (550). Rouché, 1817/1930, Rec. 771: II-257 (526). Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et gouverneur de la colonie royale de Hong Kong, 15/10/1993, Rec . 267: II-261 (559). Rubin de Servens, 2/3/1962, Rec. 143: II-258 (530). Société des étains et wolfram du Tonkin, 1/6/1951, Rec. 312: II-260 (545). Société des trans ports en commun de la région d'Hano1, 28/6/1967, Rec. 279: II-259 (538). Société lndichinoise d'Élcctricité, 2317/1961, Rec. 519: II-260 (545). Société !'Alfa, 2517/1947, Rec. 344: Il-257 (527). Société Nachfolger Navigation, 23/10/1987, Rec. 319: II-261 (561). Société Navigator, 1317/1965, Rec. 423: II-260 (550). Société Ranc, Tiburce et Cie., 7/12/1945, Rec. 247: 11-261 (555). Sohr, 12/11/ 1949, Rec. 473: II-259 (540). Syndicat des justiciables, Bidalou et Meyet, 3/12/1993 , Rec. 339: Il-258 (533). Tallagrand, 29/1111968, Rec. 607 : II-257 (526). Taurin et Mérienne, 29/10/1954, Rec. 566: Il-260 (545). Tixier, 2/11/1951, Rec. 512: Il-258 (535). Villa , 16/11/1956, Rec. 433: 11-260 (550). Vo Thanh Nghia, 2211211978, Rec. 523: 11-261 (555). 2. Tribunal de Conflictos

Compagnie fran~aise des pétroles (Algérie), 17/11/1975: Rec. 799. II-261 (555). Marguigny, 5/1111880, Rec. 800: II-257 (524).

602

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Préfet de Paris et COFACE c/Compagnie Financiere C.I.C., 2/12/1991, Rec. 478: Il-262 (563). Radiodiffusion fran~aise, 212/1950, Rec. 652. Il-259 (541). 3. Consejo Constitucional

Bayeurte, 8/6/1995, Rec. 213: II-263 (573). Delmas, 11/6/1981, Rec. 97: ll-263 (569). Diémert et Bannel, 25/10/1988, Rec. 183: TI-263 (572). Evolution de la Nouvelle-Cáledonie, 23/8/ 1985, Rcc. 70: ll-263 (570). Minvielle, 4/6/1988, Rec. 79: II-263 (571).

D)

Reino Unido

Bonham, Thomas, 8 Coke Reports, 114 (Common Pleas, 1610): I -63 . Bowman v. Middleton, 1 Bay, 252: I-71 (118). City of London v. Wood, 12 Modern 669, (Mayor's Court 1701): I-69. Day v. Savadge, Hobart 85 (King's Bench, 1614): l-68. Dimes v. Grand Junction Canal Co., 3 House of Lords Cases 759 (1852): I-69 (108). Giddings v. Browne, 2 Hutchinson Papers 1-15: l -71 (114). Godden v. Hales, 2 Shower 475 (King's Bench, 1686): l-69. Lee v. Bude & Torrington Junction Ry, LR 6 Common Pleas 576 (1871): 1-69 (109). Parish of Great Charte v. Parish of Kennington, 2 Strange 1173 (1730): I69 (107).

ÍNDICE

ALFABÉTICO

El número romano corresponde al tomo y los arábigos a las páginas

A

ACCIONES DE CLASE (cont.): - requisitos previos: II-98. ABORTO : II-89, Il-3 97 , TI-443 , II- - sentencias contradictorias: II-107 . 451 , II-476. - "stare decisis": ll-107 . ACCIÓN DE AMPARO: l-420, II-57. ACEFALÍA PRESIDENCIAL: II-209. ACCIÓN DECLARATIVA ACORDADA (CORTE SUPREMA): I- caracteres principales: I-414. 290. - de certeza: I-146, I-397. ACTIVISMO JUDICIAL : I-214 , I- de inconstitucionalidad: I-403. 228, I-231. - - Ciudad de Buenos Aires: I-146 . ACTO DE GOBIERNO: Il-254. - - Provincia de Buenos Aires: I-144. ACTO INSTITUCIONAL: II-266 . - diferentes tipo ~: I-413. "ACTUAL MALICE": Il-401, ll-478. - en los Estados Unidos: I-394. ACUERDOS EJECUTIVOS: I-128, I- importancia actual: I-390. 187, I-189. - marco legal: I-414. ACUERDOS REGIONALES : Il-430 . - negación como caso judicial: I-391 . ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: I258. - nulidad de la Constitución : I-410 . ACCIÓN DIRECTA DE INCONSTI- "AFFIRMATIVE ACTION" : Il-440 . AGRAVIO ACTUAL: I-289. TUCIONALIDAD: I-385, 1-415 ACCIÓN POPULAR: I-154, I-417, II-54. AHORRO OBLIGATORIO: I-248 . ACCIÓN PURA DE INCONSTITU- ALBERDI , JUAN BAUTISTA: IICIONALIDAD: I-417 . 364. "AMICUS CURIAE" : I-148. ACCIONES DE CLASE : II-94. - casos futuros: Il-105 . AMNISTÍA: II-209. - certificación: II-11 3. "ANCILLARY JURISDICTION": I- conflictos de intereses: II-104. 192, I-194. - daños y perjuicios: II-110 . ANENCEFALIA: II-481. - dirección del proceso: II-119 . APOLOGÍA DEL DELITO : II-458. - efectos de la se ntencia: Il-124 . ARBITRARIEDAD DE SE TENCIA: - notificación : II-114. Il-315. -

representante de la clnse: II -10 2 ,

II-103.

ARGUMENTO CONTRAMAYORlTARlO : I -198. l-215. I-266.

604

CON'l'ROL DI!: CONSTITUCIONALIDAD

ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y USUARIOS: II-72. "ATTO POLITICO": Il-265. AUTONOMÍA MUNICIPAL: II-462 . AUTONOMÍA UNIVERSITARIA: JI2::19. II-468 .

"CIVIL LAW": I-364. CLINTON , WILLIAM: II-445 . COKE, EDWARD: l-6:1, I-71. ··COMMON LAW": l-66, I-67 , l-10::1, I-364 . "COMMON PLEAS", TRIBUNAL DEL: 1-43, 1-64, I-67 . COMPRA DE LOUISlANA: Il-::159 . l3 COMPROMISO DE MISSOURI: IlBENTHAM. JEREMY: I-69. 359. BERMEJO , ANTONIO: II-385 . COMUNIDAD HOMOSEXUAL AR"BILL OF ATTAINDER": ll-354. GENTINA: Il-475 . "BILL OF PEACE": Il-94. CONCEPTO JURÍDICO INDETER"BILL OF RIGHTS" (1689): I-43, IMINADO : II-317. 49. CONFLICTO DE LAS CÁMARAS "BILL OF RlCHTS" (1791): II-352. LEGISLATIVAS : II-201 . BLACKSTONE , WILLIAM: I-65 . CONFLICTO DE PODERES: Il-92, ll-219, II-225 . CONFLICTOS INTERADMINISe TRATIVOS: Il-245. CARTA MAGNA: I-39, I-40 , I-42, I- CONGRESO DE LA CONFEDERA46, II-351. CIÓN ARGENTINA: I-208. CASO FEDERAL, PLANTEO DEL: I- CONSEJO DE ESTADO (FRANCIA): 449. I-105 , I-106, II-254 , II-25 7. - en l a Argen tina: l -449. CONSEJO DE LA MAGISTRATU- en los E stados Unidos: I-459 . RA: I-11 7, l-131 , Il-184. II-194. CASO JUDICIAL O CONTROVER- CONSTITUCIONALISMO SIA: I-139, l-163 , I-265 . - creación inglesa: l-38 . - acordadas: I-290. - prehistoria e historia : II-350. - actualidad: l -299 . CONTENCIOSO ADMINISTRATI- caso abstracto : I-303 . VO : l -101, I-106, I-120, I-121. - concepto: I-276. CONTEXTO DE ADJUDICACIÓN : II-61. - contexto fáctico: I-297. - en la legitimaci ón colectiva: II-50. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD - en relación con el tiempo: I-296 . - a cción declarativ a: I-390. - madurez: I-296 . - "as a ppl icd to particular facts": I - opiniones con sultivas: I-280 . 346. - sentido amplio y se ntido restringi- Ciudad de Bue nos Aires: l -146. do : I-269. - concentrado : 1-108 , I -147 , T-163 . CENSURA JUDICIAL: II-479 CENTRALIZACIÓN DEL PODER - concepto: l-276 . - de oficio: I-320. POLÍTIC O : Il-427 . "CERTIORARI BEFORE JUDGE- - difuso: I-92 , l-147, I -163. - dimensión política: l-222, I-251 . MENT": ll-331 , II-346 . "CERTIORARI" NEGATIVO: II-300, - efectos: I-343. - ejercido por la administración púII-328. blica: I-258. "CERTIORARI" POSITIVO (DE AD - en el amparo: l -420 . MISIÓN): II-300 , II-330, ll-335 . - en el hábeas corpus: I -4 22. "CHAIRMAN ACT": II-384 .

ÍNDICE ALFABÉTICO

- en el hábeas data : I-425. - en la acción declarativa : l -390. - en los decretos de necesidad y urgencia: I-427 . - e n los reglame ntos a dministrativos: I-373. - c~q uP.m a clásico: I-136. - importanci a: I-271. - legitimidad de los j ueces: I-198. - límites: I-272. - "on its fac e": I-346. - poder implícito: I-173. - por Acordada: I-290. - por omisión: I-443. - reglas generales: I-270, - s istema provi nci al : I-141. CONTROL DE RAZONABILIDAD : 1-246, I-4::!2, II-171. II-172, II-173, II-175 , II-427. CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: II-454. CONVENCIÓ EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS : II-262. COOLEY, THOMAS: I-98, II-386. "CORRALITO" BANCARIO : II-47 1. "CORTE COSTITUZIONALE" (ITALIA): I-111. CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS: II-432. CORTE SUPREMA - ampliac ión: II-462 . - atribucio nes originarias: I-294. - carga de tarea: II-347 . - custodio de las garantías constitucionales: II-298. - fij ación de políticas: II-308. - función arbitral : II-312. - fun ción casa toria: I-348, I-357 , II310. - función constituyente : II-301. - fun ción creadora del derecho: II299 . - función política: I- 236. - guardiana del proceso político: I242. - inestabilidad política: I-240. intérprete final de la Constitución: II-297 .

605

CORTE SUPREMA (cont.): - jefatura de la j us ticia fed eral: II 294. - obligatoriedad de sus fallos: I-356. - poder del Estado: Il -292. - poderes implícitos: 1-189. - proceso político democrático: I-232. - reducción de tareas : II-314. - "rol" institucional : II-290. "COURT PACKING": I-254, II-393 . "COURT OF CHANCERY'': II-94. CROMWELL, OLIVER: II-47 . CUESTIÓN FEDERAL: I-449, li-3::!0. CUESTIONES ABSTRACTAS: I-28a, I-303 . - exce pciones: I-303. CUESTIONES ELECTORALES : II220, II-227 . CUESTIONES POLÍTICAS: I-139. - acordadas: II-246 . - acuerdo del Senado: Il -194. - amparo: II-172. - apreciación discrecional de los poderes políticos : II-160. - categorías de Brennan: II-249. - clasificación: II-27 3. - conveniencia oportunidad o acierto del legislador: II-159. - criterios de clasificación: Il-250 . - decisiones internas de las universidades: II-239. - declarac ión de uti lidad pública: II238. - distritos electo rales (distribución): II-230 . - empleo público: II- 212 . encubi erta: Il-280 . expropiación: Il-154. formación y sa nc ión de las leyes: Il-199 . fundamentos : II-2 ñl. hábeas corpus: II-173. - intervención federal : II -154. - junta de calificación de perso nal mili tar: II-243 . - ley marcial : II-176. - límites: Il-166. - mérito intrínseco de las leyes: 11 160.

606

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

CUESTIONES POLÍTICAS (cont.): - noción: II-149 . - poderes de emergencia: Il-169. - poderes de guerra : Il-166. - polftica administrativa: II-236. - reconocim ie nto de go biernos extranjeros: II-164. - relaciones internacionales: II-163. - veto pa rcial : II-207 .

D

DOCTRINA (cont.): - de la autorrestricción de los jueces: 1-201, I-212, I-228 . - de la discrecionalidad equitativa: II-82 , II-90. - de la discrecionalidad reparadora: II-82 , II -88, II-90. - de la emergencia: I-247 , I-427, II412. - de la estricta necesidad: I-275. - de la incompatibilidad inconciliable : I-215 . - de la razo nabilidad: I-246, l-432, II-171, II-17 2, II-173, II-460 . - de la real malicia: ll-401 , Il-4 78. - de la separabilidad: I-345. - de los actos propios: Il-48, Il-49 . - del error claro y manifiesto: l-202, I-275 . - del "overbreath": I-347. - del sometimiento voluntario a un régimen jurídico: II-35 . "DROIT ADMINISTRATIF": 1-55 , I364. DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION : I-257. "DUE PROCESS OF LAW": 1-::!07 .

DEBATE HAND-WECHSLER: I-204. DECLARACIONES DE INDULGENCIA: I-49. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO : 1-101. DEFENSOR DEL PUEBLO : 1-386, II-59, II-62 . "DELEGATA POTESTAS NON POTEST DELEGARE": 1-197. DELEGACIÓN LEGISLATIVA: I247. DERECHO CONSTITUCIONAL - etapa de la libre empresa: II-351. - etapa de la preocupa ción social: Il351. - etapa formati va: II-35 1, II-355. - etapa internacional: 11-352. E DERECHO DE PROPIEDAD: II-302, EFECTOS DEL CONTROL DE CONSII-307, ll-373, II-4 16, II-453. TITUCIONALIDAD : I-164, I-343. DERECHO DE RÉPLICA: 11-478. en la nulidad de reglame ntos: IDERECHOS DE INCIDENCIA CO373 . LECTIVA : II-52 , II-53 , II-58 , IIEFECTO "ERGA OMNES": I-159, 1147. 345 , I-351 , I-372 , I-373, 1-380, lDILEMA DE MADISON: I-229. 381, l -384, I-386, I-389, Il-142. DIMENSIÓN POLÍTICA DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALI- EFECTOS "INTER PARTES'': II-60 . "EL FEDERALISTA": l-74, I-104, IDAD : I-222, I-251. 175, l-215 , II-357 . DISTRITOS ELECTORALES (DISTRIB UCIÓN): Il-230, 11-395. EMERGENCIA ECONÓMICA: I-244, II-280, li-309 . DIVISIÓN DE PODERES: II-91 . DIVORCIO VINCULAR: II-310 , Il- ENMIENDAS DE LA RECONS475 . TRUCCIÓN (ESTADOS UNIDOS): DOCTRINA: Il-306. - de la autopreservación del Estado: ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PÚI-245 . BLICO: II-242.

606

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

DOCTRINA (cont.): - de la autorrestricción de los jueces: I-201, l -212, 1-228. - de la discrecionalidad equitativa: ll-82 , II-90 . - de la discrecionalidad reparadora: ll-82, II-88, II-90. - de la emergencia: I-247 , I-427 , ll412. - de la estricta necesidad: I-275. - de la incompatibilidad inconciliaD ble: I-215. DEBATE HAND-WECHSLER: I-204. - de la razonabilidad: I-246, I-432, DECLARACIONES DE INDULGENIl-171, ll-172 , Il-173, Il-460 . CIA : I-49. - de la real malicia: Il-40 1, II-4 78. DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIU- - de la separabilidad: I-::!45. - de los actos propios: Il -48, II-49. DADANO: I-101. DEFENSOR DEL PUEBLO : I-386, - del error claro y manifie to : l -202, I-275. ll-59, II-62. "DELEGATA POTESTAS NON PO- - del "overbreath": I-34 7. - del sometimiento voluntario a un TEST DELEGARE": l-197 . régimen jurídico: II-35. DELEGACIÓN LEGISLATIVA: I"DROIT ADMINISTRATIF": I-55 , I247 . 364. DERECHO CONSTITUCIONAL - etapa de la libre empresa: ll-351. DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION: l-257. - etapa de la preocupación social: ll"DUE PRO CE SS OF LAW": I-307 . 351. - etapa formativa: II-351 , II-355 . E - etapa internacional: Il-352. DERECHO DE PROPIEDAD: II-302, EFECTOS DEL CONTROL DE CONSII-307 , II-373, II-416, ll-453 . TITUCIONALIDAD : I-164, I-343 . DERECHO DE RÉPLICA: II-478. en la nulidad de reglamentos: 1DERECHOS DE INCIDENCIA CO373 . LECTIVA : Il-52, II-53 , Il-58, IIEFECTO "ERGA OMNES": I-159, I147. 345, I-351, I-372, I-373, I-380, IDILEMA DE MADISON: l -229. 381 , I-384, I-386, I-389, II-142. DIMENSIÓN POLÍTICA DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALI- EFECTOS "INTER PARTES'': II-60 . "EL FEDERALISTA": l -74, I-104. IDAD : I-222 , I-251. 175, l-215 , II-357. DISTRITOS ELECTORALES (DISTRIB UCIÓN): Il-230, ll-395 . EMERGENCIA ECONÓMICA: I-244, II-280, Il-309 . DMSIÓN DE PODERES: II-91. DIVORCIO VINCULAR: II-310, 11- ENMIENDAS DE LA RECONS475. TRUCCIÓN (ESTADOS UNIDOS): DOCTRINA: II-306 . - de la autopreservación del Estado: ESTABILIDAD DEL EMPLEADO PÚI-245 . BLICO: Il-242.

CUESTIONES POLÍTICAS (cont.): - noción: II-149. - poderes de emergencia: ll-169. - poderes de guerra: II-166. - política administrativa: II-236. - reconocimiento de gobiernos extranjeros: Il-164. - relaciones internacionales: Il-163 . - veto parcial: ll-207.

607

ÍNDICE ALFABÉTI CO

ESTABLECIMIENTOS DE UTILI- GUERRA CIVIL (ESTADOS UNIDOS): II-306. DAD NACIONAL: ll-;j09. ESTADO DE GUERRA: 1-245, Il-414. GUERRA DE LAS ROSAS: II-151. ESTADO DE SITIO: I-374, II-169, II- GUERRA FRÍA: 11-428. 459. ESTÁTICA SOCIAL: Il-378. H ESTRADA, JOSÉ MANUEL DE: IIHÁBEAS CORPUS : I-338, I-422, II375. 173 . ESTUPEFACIENTES: II-309, II-457 , HÁBEAS DATA: T-425. II-473. - derecho a la información objetiva: "EVARTS ACT": Il-348 . Il-481. "EXCHEQUER", TRIBUNAL DEL: IHABER MÍNIMO JUBILATORIO: 43. II-459. EXPROPIACIÓN: II-154 , II-2:.!7. HOBBES, THOMAS: 1-52. EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS: IHUELGA: II-244. 244, II-360.

F "FACIAL CHALLENGE": 1-346. FACULTADES DE SUPERINTENDENCIA: I-290. FISCALÍA NACIONAL DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS: II-466. FORMACIÓN Y SANCIÓN DE LAS LEYES: II-199. "FORUM SHOP.PlNG": I-377. FRONDIZI, ARTURO : 11-405 .

G GARANTÍAS CONSTITUCIONALES EN EL PROCESO PENAL: II-477. GARANTÍA FEDERAL: II-214. GENERACIÓN DE 1837: II-363. GENERACIÓN DEL 80: II-375. "GERRYMANDERING": I-2:13 . GLOBALIZACIÓN: II-427 . '·GLORIOSA REVOLUCIÓN" (1688): l -43, I-49. GOBIERNO DE PACTO: II-177, Il 212, IJ- 404, II-460. GONZÁLEZ , JOAQUÍN V.: Il-37~ . GOROSTJAGA , JOSÉ BENJAMIN: II-369. GRAVEDAD INSTITUCIONAL: ll320.

IGLESIA CATÓLICA: II-247. IGUALDAD ANTE LA LEY: II-303 II-307 . ' INCONSTITUCIONALIDAD - form al: I-370, I-374, I-375, I-386. - planteamiento por órganos del Estado: II-45 . - por omisión: I-443. - sobreviniente: I-316 . INDEXACIÓN: 11 -419, 11-473. INDULTO: II-209. INSTRUMENTO DE GOBIERNO: I48. INTERÉS EN LA DECLARACIÓN DE 1NCONSTITUCIONALIDAD : II-31. INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL: T- 228. INTERVENCIÓN FEDERAL: II-154, II-2 14. INTERVENCIONISMO ESTATAL: II-388. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY: II-448. "JURA CURIA NOVIT": I-3 29 , I-3:n J

JEFE DE GABINETE DE MINISTROS: 1-11 7, II-184 .

608

CoNTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

JEFFERSON, THOMAS: I-200. JUAN SIN TIERRA: I-40. "JUDICIARY ACT" (1789): I-78 , I-82, I-88, I-89, II-320, ll-323, II-348. "JUDICIARY ACT" (1925): II-348 . JUDICIABILIDAD PLENA: Il-269 . JUECES ADMINISTRATIVOS: I~64.

JUEZ NATURAL DE LA CAUSA: I267 , l-268, Il-48. JUICIO POLÍTICO : II-178. - en sede provincial: Il-187. JURADO DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS: Il-184. JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL: I-167 , I-169-17::! , I-322. ,JURISDICCIÓN MILITAR: I-245, Il414. JURISDICCIÓN PRIMARIA: I-300. JUSTICIA DELEGADA: I-106 , Il256. JUSTICIA FEDERAL, PODERES IMPLÍCITOS : I-189. JUSTICIABILIDAD : Il-16. JUSTO , AGUSTÍN P. : Il-404. K

"KING'S BENCH": I-43, I-45. L

LEGITIMACIÓN PROCESAL (cont.): - materia tributaria: Il-144. - Ministerio Público: II-92 . - personas individuales: II-184 . - requisitos constitucionales: II-23. - requisitos prudencinles: II-26. LEGITIMADOS INDIVIDUALES: II134 . LEGITIMIDAD DE LOS JUECES: I198. LENGUAJE EXPRESIVO: II-399, Il444. LEY DE ABASTECIMIENTO: II-419, II-423 , II-458. LEY MARCIAL: II - 15~ . U-176, II414. LEY SANTAMARÍA DE PAREDES: I-108. LlBER'rAD CONTRACTUAL: II-353. LIBERTAD DE CONCIENCIA: II459. LTBERTAD DE CULTOS: Il-441. LIBERTAD DE EXPRESIÓN: II-387, II-398, II-449 , Il-457, Il-4 78. LIBERTADES PREFERIDAS: II-354. LÍMITES INTERPROVINCIALES: II-226. LINARES QUINTANA, SEGUNDO V.: Il-409. LOCKE , JOHN : I-41, I-51.

"LAISSEZ FAIRE": I-244 , II-307, IIM

~81.

"LAW LORDS" : I-351. LEGISLADORES : Il-79. LEGITIMACIÓN COLECTIVA A GRAN ESCALA: II-54. LEGITIMACIÓN PROCESAL - asociaciones de consumidores y usuarios: II-72. - cla~es de personas: II-93. - Defensor del Pueblo: II-62. - doctrina del sometimiento voluntario: II-35. - evoluci ón en los Estados Unidos: II-19. - fundamento constitucional: II-17. - legisladores: II-79.

MADISON. JAMES: I-50, I-78. MAJOR, JOHN: Il-436. MARSHALL, JOHN: I-79-86. "MASTER OF THE ROLLS": II-94. MATIENZO , JOSÉ NICOLÁS: Il 377.

MEDIO AMBIENTE : Il-55 . MERCOSUR: 1-130. MINISTERIO PÚBLICO: I-1:31. II92. MITRE, BARTOLOMÉ: 11-365. MODELOS CONSTITUCIONALES : II-352. MONOTRIBUTO: II-68.

609

ÍNDICE ALFABÉTICO

MONTESQUIEU, CHARLES LOUIS DE SECONDAT: I-102. ''MOOTNESS": I-303 . MORENO, MARIANO : II-363 . MULTAS ADMINISTRATIVAS : II421. MUNICIPIOS: ll-220. N

"NECESSARY ANO PROPER CLAUSE": I-174, 1-175. NEW DEAL: II-389, II-393 . NULIDAD DE LA CONSTITUCIÓN: li-198. NULIDAD DE REGLAMENTOS: I373.

o OMISIONES CONSTITUCIONALES: I-448. OPINIÓN CONSULTIVA: I-280. p PACTO FEDERAL DE 1831: 11-363. PADILLA, ALBERTO G.: II-409 . "PARLAMENTO LARGO": I-48. PARTIDOS POLÍTICOS: II-227 . "PENDANT JURISDICTION": I-194. PERÓN, JUAN D.: II-404. PERSONAL MILITAR: II-243 . PESIFICACIÓN: ll-47a . PETICIÓN DE DERECHOS (1628): I-43, I-44. PLAN AUSTRAL: I-246. PLAN CONINTES: I-245, II-177 . PODER CONSTITUYENTE: Il-301. PODER DE POLICÍA: 1-85. PODERES DE GUERRA DEL PRESIDENTE: Il-166 , Il-168, Il-415. PODERES DISCRECIONALES: I-37 , I-fi8 . PODERES IMPLÍCITOS : I-173 . - de la Corte Suprema: I-189, I-238, I-292. - del Congreso: I-174. - del Presidente: I-181.

PODERES INHERENTES: I-173, T186. "PREINFORCEMENT REVIEW": I376, I-379, 1-380. PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD: I197. PRINCIPIO DE LEGALIDAD : I-37, I-117. PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE LEGITIMIDAD : I-263 . PRINCIPIO NOMINALISTA: Il-419. PRIVATIZACIÓN DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS : I-247, II-135 . PRIVATIZACIÓN DE AEROPUERTOS: II-68 , II-86 . PROCESO AUTÓNOMO DE CONSTITUCIONALIDAD: I - 10~) . PROCESO PENAL, GARANTÍAS CONSTITUCIONALES : Il-4 77. PROCESO POLÍTICO DEMOCRÁTICO: 1-232. PROCESO PURO DE CONSTITUCIONALIDAD: I-160. PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA NACIÓN : I-169, I-259, 1-385. PRONUNCIAMIENTO DE URQUIZA: II-363. PROPIEDAD ENEMIGA: I-245 .

Q QUEMA DE LA BANDERA: Il-401. R

REAGAN , RONALD: II -435 . REBALANCEO TELEFÓNICO: Il-61 , II-71 , Il-469. RECURSO EXTRAORDINARIO - caso federal : I-449. - discrecionalidad: 1-382. - gravedad institucional: 1-383, II310, II-320 . - juicio político: Il-183. - legitimación para interponerlo: l -458 . - sentencia arbitraria: Il-315. - sentencia defini t iva : 11-337 . - trascendencia: 1 -~81.

610

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

RECURSO EXTRAORDINARIO (cont.): - uso discrecional: Il-312. RECURSO "IN FORMA PAUPERIS": II-458 . RECURSO "PER SALTUM": I-192, 1247, 1-433 , Il-85 . ll-331, Il-471. REFORMA CONSTITUCIONAL: Il137, 11-196. REGLA 23 DE PROCEDIMIENTO CIVIL: ll-96. REGLAMENTOS - autónomos : I-130. - de necesidad y urgencia: I-130, I247, 1-249, I-427 , II-470. - delegados: I-130, 1-247. - ejecutivos: I-130, 1-374. - nulidad: 1-373. RELACIONES INTERNACIONALES: II-163. REPETTO, ROBERTO: Il-410 . RESIDUOS PELIGROSOS: ll-137. RESPONSABILIDAD DEL ESTADO: II-422, Il-461. "REVOLUCIÓN CONSERVADORA": II-434. REVOLUCIÓN DE MAYO : Il-362. RICHELIEU, CARDENAL DE: II-429. ROCA, JULIO A.: II-374 "RULE OF LA W": I-53, I-54, I-56, I369.

STORY, JOSEPH: I-93. SUPREMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN: l. 34, I-37, I-122, 1-125,1-127. T

"TAKING CLAUSE": II-437 . TARIFAS DE SERVICIOS PÚBLICOS: Il-245 . TASA DE INTERÉS : Il-310. TEORÍA ECOLÓGICA: II-51. TEORÍA PURA: I-30 . THATCHER, MARGARET: II-435. TONINAS OVERAS: II-134 . TOCQUEVILLE, ALEXIS DE: l-96. TRATADOS INTERNACIONALES: I-122-124, 1-128 . TRIBUNAL ADMINISTRATIVO: I265-267. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - Alemania: 1-112. - Austria: I-110 . - Bolivia: I-115 . - Chile: 1-115 . - Colombia: 1-115. - Ecuador: I-115. - España: I-3 1, 1-112, I-164, I-Hi5. - Perú : 1-115. - Turquía: 1-113. - Venezuela: T-115 . S TRIBUNAL FISCAL: I-267. SACRALIZACIÓN DE LOS JUE- TRIBUNAL INTERNACIONAL DE CES: II -271. JUSTICIA: Il-431. SALARIOS PÚBLICOS ("IUS VA- TWAIN, MARK: Il-372. RIANDI"): I-249 . SEGUÍ, JUAN FRANCISCO: II-366. u SEGURIDAD SOCIAl,.: I-369. "SELF-RESTRAINT": I-140, I-229, I- UNIÓN EUROPEA: Il-428. 231. UNIVERSIDADER NACIONALES: SENTENCIA DEFINITIVA: ll-337. II-239. SERVICIO MILITAR: II-459. SERVICIO PÚBLICO : II-245. V SPENCER, HERBERT: II-378. "STANDING": ver LEGITIMACIÓN VETO DE BOLSILLO: ll-81. PROCESAL. VETO PRESIDENCIAL: Il-207. "STARE DECISIS": l-60, 1-349, I-353, VÍA ADMINISTRATIVA PREVIA: II-363. 300 .

611

ÍNDICE ALFABÉTICO

w WARREN, EARL: II-391. "WELFARE STATE": Il-431 . "WRlT OF CERTIORARI": 1-348, T358, 1-377, II-300, II-346 , Il-348 .

"WRIT OF ERROR": II-320, Il-323, II-348. "WRIT OF MANDAMUS": 1-78, 1-87.

z ZAVALÍA, CLODOMIRO: II-377.

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Dr CAPUA, SEBASTIÁN: R esponsabilidaa ae los funcionarios municipales. Alcances civiles, penales, administrativos y políticos de los intendentes, concejales y demás funcionarios. Prólogo de Alberto B.

Bianchi. Los ~tlcances de la autonomía municipal y los tipos de responsabilidad. La responsabilidad civil . La responsabilidad penal. La responsabilidad administrativa. La responsabilidad política.

0.: Las medidas cautelares contra la A dministración Pública. Prólogo de Juan C. Cassagne.

GALLEGOS FEDRIANI, PABLO

Principios generales. Naturaleza y caracteres. Clasificación. Finalidad. Requisitos para su procedencia. Aspectos procesales. La medida cautelar y el amparo. Medida cautelar innovativa. Medida autosatisfactiva. Medida cautelar autónoma. Medida precautelar. La medida cautelar y la Administración Pública. La suspensión del acto administrativo.

JULJo: Función política de la Corte Suprema. Obra en homenaj e al Dr. Julio Oyhanarte.

Ü YHANARTE ,

El poder político de la Corte Suprema de los Ullidos. Origen histórico. Los modeloa iultitueiorualn de Su te Suprema y lot CODftic:t.o. ele podera 11 papel polftico de la Corte Suprema • lu c:riiM iDati&11cioDaln. La Corte da del wtado CODatitudoD8l de dencbo: pardiaoa del proceso polftico y tiibuul ele praatlu CODatitucionales. La f'uaci6n polftica ele la Corte Suprema en loa rob~ de facto. La Corte Suprema de JUitieia y el ~ ele luDciooet dilerec:ionaln. El juicio político 1 loa juradoe de e»,iuiciamiento de mqiltndoa 1 ftmcionariol. ¿Retrocede el reloj jur(ctico

cone

Su.p,...., .. .,..

ele la Corte Suprema en materia de control ele lol decreto~ de D8C81idad y urpru:ia? AúJiaia de la rucmabilidad de lu reglamentacioDn de loe dereebol pei'IIOIIaln. Lu Cortes ~nalea y lo. dencboa econ6micoa y

IOCialel. La Corte Suprema y el derecho a oonoaer la verdad. Por loa autores Gerarclo ANcAIOLA, Fernando BARIWICOB y VIDIA, Alberto B. BJANCRI, Fabiú O. CANDo\, 9uuDa G. CAYUSo, Mana A. GIW, Rolando E. DIHO, Laura Morm, Federieo G. Poi.AK, P. SAooas, AlfoDIO 9ArmAoo (h.)

8PorA. Coontinaclol"llll: Alfouo ~

'1 Fernando ÁLvA&U.

~%ndación lk (l)erec/w- t5onBt:iéucional $ód~ ~&rada

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